Las agresiones a médicos han registrado en 2025 un nuevo máximo histórico en España, 879, y las físicas ya suponen el 19%, aunque siguen siendo mayoría las amenazas y coacciones ejercidas por pacientes con cita programada en su consulta habitual, sobre todo de doctoras, de Atención Primaria.

Es la cifra de agresiones más alta comunicada a los 52 colegios provinciales, con 324.887 médicos colegiados, desde que comenzó hace dieciséis años la serie histórica del Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC).

Así lo han remarcado el presidente de la OMC, Tomas Cobo, y el secretario general, José María Rodríguez Vicente, en la rueda de prensa en la que se han presentado estos datos con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se conmemora cada 12 de marzo.

Los datos confirman una tendencia ascendente sostenida durante esta serie histórica, en la que se han contabilizado 8.987 agresiones a médicos en todo el país.

Una década y media de violencia que tuvo un pico importante tras la pandemia, en 2022. "Pasamos del aplauso a la agresión", ha lamentado Rodríguez, que ha pedido un plan nacional para frenar la violencia cronificada contra los sanitarios desde la pandemia.

La Atención Primaria ha seguido concentrado en 2025 el mayor número de agresiones, el 58,6% y también la consulta habitual, ocho de cada diez, con lo que "la violencia se genera en el núcleo de la práctica clínica diaria".

"No es un problema de control de accesos, sino de relación asistencial", según ha remarcado Rodríguez, quien ha focalizado el origen histórico de la agresión en el paciente programado: en el 48% de los casos es el que causa la agresión. El no programado en el 31,3%; el acompañante sólo en el 19,4% y el paciente desplazado en el 1,2%.

La agresiones se producen en pleno horario laboral en el 96,1% de los casos, con lo que son excepcionales los episodios fuera.

Otro punto crítico sobre el que se ha alertado es el del sector privado, en el que se ha registrado un "salto sin precedentes" de incidentes, del 12% histórico al 17% en 2025.

La violencia, además, afecta especialmente a las médicas, en un 64% frente a un 36% de hombres, en un sector cada vez más feminizado. Es una brecha estructural que discrimina a las profesionales desde hace más de una década.

También el riesgo de sufrir agresiones está directamente vinculado a la edad porque son más acusadas entre profesionales jóvenes y de mediana edad y descienden drásticamente a partir de los 56 años, y es residual a partir de los 66.

Pese al aumento de casos comunicados, sólo el 48,8% de las agresiones llegan a denunciarse formalmente ante las fuerzas de seguridad o en los tribunales.

Pero ¿por qué este nivel de infradenuncia?: según Rodríguez, porque los profesionales han normalizado las agresiones como actos que forman parte del día a día del ejercicio de su trabajo y porque tras la agresión aparecen sentimientos de indefensión, impotencia, humillación y rabia.

Además, por considerar que las denuncias no son ágiles, y son una pérdida de tiempo, ya que no hay sanciones ejemplarizantes o son mínimas, por no sentirse protegido institucionalmente, pero también por temor a represalias futuras por parte del agresor o agresora y sus familiares.

El 13,5% de esas agresiones, además, acaban en baja laboral, con lo que también se quiebra la continuidad asistencial.

Una de las médicas agredidas es Elena Sánchez, que trabaja en Puertollano, en Ciudad Real, una médico de urgencia que asistió a una persona con síntomas de un síndrome de abstinencia, a la que le pautó la medicación correspondiente, con la que parecía haberse quedado tranquilo, pero que terminó abalanzándose sobre ella y propinándole patadas por todo el cuerpo y la cabeza.

"Las secuelas son las secuelas invisibles, porque las físicas se curan. Lo psicológico es lo mas difícil", ha comentado la doctora, que está siendo asistido por el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, que gestiona la OMC.

La presión de Washington sobre La Habana no se limita al petróleo: una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, han cerrado o reducido en el último año sus contratos con Cuba para recibir médicos por la insistencia de EEUU en que no colaboren en prácticas que tacha de “trabajo forzado”, según informa EFE.

La maniobra estadounidense tiene consecuencias económicas drásticas, porque la exportación de servicios profesionales ha sido durante años una de las tres principales fuentes de ingresos en divisas de la isla, con el turismo y las remesas, todas ellas afectadas por la presión de Washington.

Las brigadas médicas -que arrancaron hace más de seis décadas y han llevado a 600.000 profesionales a 165 países, según datos oficiales- son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados.

De un lado, los países anfitriones acceden a personal sanitario cualificado y pueden mejorar de forma rápida y eficiente los sistemas de salud de sus países. Además, los médicos desplazados obtienen un salario en dólares mejor que el que perciben en su país y el Gobierno cubano genera divisas (que asegura emplear en su propio sistema sanitario).

Por otro, de acuerdo con ONG como Prisoners Defenders, La Habana se queda con un promedio del 85% del pago de los países anfitriones, retiene los pasaportes de los médicos en el exterior y penaliza a aquellos que dejan la misión antes del tiempo pactado.

Por eso, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, de origen cubano, calificó este sistema de "esquemas de trabajo forzado", con "prácticas laborales abusivas y coercitivas"; algo que el Gobierno cubano rechaza.

En consecuencia, Rubio -partidario de la mano dura con el Gobierno cubano desde el inicio de su carrera- anunció que revocaría las visas de los funcionarios cubanos y extranjeros involucrados en la contratación de personal cubano.

El informe de 2024 sobre la trata de personas del Departamento de Estado sitúa los ingresos de Cuba por la exportación de servicios profesionales entre los 6.000 y los 8.000 millones de dólares (5.150 y 6.975 millones de euros).

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron entre 2018 y 2020 más del 40% del total de las ventas de la isla al exterior.

Las nuevas sanciones de EEUU contra las brigadas médicas han sido recibidas con preocupación y rechazo en América Latina y, especialmente, el Caribe.

Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago, defendieron al inicio estos programas, vitales para sus sistemas de salud, pero tuvieron luego que reajustar sus lazos con La Habana y realizar cambios en los términos de las contrataciones.

Una fuente de la Organización de Estados Caribeños Orientales (OECS, en inglés) explicó a EFE que algunas de las islas han decidido suspender el programa, mientras que otras todavía están presentando quejas ante Estados Unidos.

Bahamas anunció en junio pasado la suspensión de la contratación de personal médico cubano y la cancelación de sus convenios vigentes con La Habana, con la idea de empezar a contratar directamente al personal sanitario, algo que por el momento no se ha materializado.

Granada informó en septiembre pasado que equipararía las condiciones de los médicos cubanos a las de sus nacionales, y Antigua y Barbuda anunció en enero que había reclutado a 120 enfermeros de Ghana, aunque sin finalizar expresamente su acuerdo con Cuba.

Guyana ha puesto fin en silencio este febrero al sistema, según medios locales.

Trinidad y Tobago, por su parte, ha avanzado que su prioridad ahora es reclutar profesionales locales. Desde 2003 un total de 770 médicos cubanos han trabajado en el país.

Venezuela era un país fundamental en este sistema y su continuidad está ahora en duda con la tutela de Washington a Caracas luego de la intervención militar que condujo a la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Según cifras oficiales, en junio de 2025 había cerca de 13.000 profesionales cubanos en el país suramericano, en su mayoría médicos. Caracas pagaba estos servicios con petroleo, algo ahora vedado.

Ninguno de los dos países ha dado por cancelado el convenio de 2000 que regía el sistema de cooperación y su futuro es una incógnita.

Guatemala, una de las misiones más estables y antiguas, anunció este febrero que cerraría este año de manera “progresiva” el acuerdo. Actualmente trabajan en el país centroamericano 412 profesionales cubanos.

Honduras, con 120 médicos, mantiene por el momento la colaboración, pero además de la presión externa hay denuncias de ONG locales y el acuerdo caduca este año, con lo que está en juego su renovación

En Nicaragua también hay personal médico de la isla, aunque se desconoce la cantidad. Managua, que recientemente obligó a los cubanos a solicitar visa para entrar en su territorio, no ha anunciado por el momento cambios en su acuerdo sanitario con Cuba.

Al menos 4.000 médicos, según una primera estimación policial a falta del dato definitivo de la delegación de Gobierno, se han manifestado por el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión médica y para avisar de que comenzarán nuevas huelgas a partir del próximo lunes, según informa EFE.

Los profesionales sanitarios ataviados muchos de ellos con batas blancas han portado pancartas con frases como 'Hago horas a destajo y me pagan con vocación' o 'Mejores condiciones igual a mejor atención' detrás del lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo', en un día donde la lluvia ha dado un respiro.

La manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, convocada por seis sindicatos médicos, discurrió en un ambiente festivo, con la participación de familias con niños, portando globos rojos con corazones y al grito de 'Mónica dimisión' y 'Este estatuto lo vamos a parar'.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) rechazan el estatuto que Sanidad ha acordado con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF para regula las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

La nueva protesta de este sábado es la antesala a una serie de huelgas médicas que comenzarán a partir del lunes y hasta junio, y en las que se ha programado una semana de paro al mes.

"Aquí solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos, al igual que tienen sus compañeros del resto de Europa, tener un ámbito de negociación propio que permita al médico negociar directamente con la administración, o se acabará desmantelando la sanidad y se quedará sin médicos", ha advertido el secretario general de CESM, Víctor Pedrero.

Ángela Hernández, secretaria general de Amyts y portavoz de Apemif de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo, ha confiado en que "se abran vías de diálogo". "No vamos a parar porque la profesión médica ha despertado. Aquí estamos jóvenes, mayores, nos hemos unido todos y esta unión de enfado médico no se veía desde el año 95 y sobre todo porque lo pedimos es justo".

"Nos sentimos muy frustrados porque realmente el modelo que hay ahora no nos permite prestar una atención sanitaria de calidad a los pacientes. Queremos dar siempre el mejor servicio y el modelo nos frustra porque supone un detrimento de la calidad asistencial y compromete también la seguridad del paciente", ha explicado a EFE Óscar Cordero, médico residente de cuarto año que se ha desplazado desde León.

En la protesta también participan estudiantes de Medicina, como Lucía y Carolina, que además tienen padres médicos. "Debe ser reconocido todo el esfuerzo que se está haciendo detrás, de lo que no se ve y no está reconociendo. Tenemos padres médicos y hemos vivido lo que son guardias sin dormir, luego volver a casa, ocuparte de tus hijos, volver a trabajar al día siguiente estando cansado; no queremos tener esa vida", asegura Lucía.

"Al final, aunque no hayamos ejercido, hemos vivido un poco lo que es ver a médicos quemados que llevan no sé cuántos años dándolo todo por este país y por la sanidad. Como futura médica, yo no quiero vivir esto", añade Carolina.

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un fallo en el preparado de un tratamiento, que ha afectado también a otros tres enfermos, uno de los cuales está ingresado en la UCI, han confirmado a EFE fuentes del hospital, que aseguran que se ha tratado de un error humano y que Sanidad de Castilla y León (Sacyl) lo asume como propio, según recoge EFE.

Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad y se han debido a un fallo en la preparación de un medicamento, en concreto, en la disolución del fármaco administrado a un número concreto de pacientes, por lo que no existe riesgo para otros, han insistido desde el hospital.

Han asegurado que se ha tratado de un fallo humano, que la gerencia hospitalaria asume como propio del hospital, sin señalar a nadie de la plantilla como responsable, y ha afectado a un total de cinco pacientes: dos han fallecido, otro está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha sido dado de alta.

El gerente del HUBU, Carlos Cartón, ha explicado en rueda de prensa que el error se ha detectado en la ficha del fármaco, un 'patrón' que guía la preparación del medicamento, y en concreto el número de la disolución del vial, que "no se hizo cómo debía haberse hecho". Desde el hospital de Burgos han indicado que, en cuanto tuvieron conocimiento de la situación, se abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, y que se han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos.

También han afirmado que han estado en contacto con las familias y los pacientes en todo momento y que han sido transparentes con ellos al ofrecerles información y las explicaciones oportunas, además de poner a su disposición los recursos del centro y sus servicio jurídicos.

Cartón ha insistido en que se ha tratado de un fallo humano, que ha afectado a un exceso de concentración del fármaco administrado y que no tiene que ver con el tratamiento o la dosis prescrita, aunque los cinco pacientes afectados recibieron el mismo fármaco preparado del mismo modo pero en días distintos.

Muy pocos doctores están dispuestos a ejercer en prisión. De hecho, el de facultativo de Sanidad Penitenciaria debe ser de los pocos –si no el único– procesos de empleo público en el que se cuentan menos aspirantes que plazas ofertadas. Esta compleja realidad está provocando una falta de profesionales médicos. Un agujero del que se está beneficiando la sanidad privada. En el último lustro, el Ministerio del Interior ha tenido que desembolsar a diferentes clínicas más de un millón de euros para cubrir la asistencia médica básica de los reclusos.

El sistema penitenciario español, entendiendo como tal aquel que depende del departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska, cuenta con 65 cárceles –además de dos hospitales psiquiátricos y 13 centros de inserción social–. Las direcciones de al menos 17 de ellas, según los datos recopilados por infoLibre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, han ajudicado desde la pandemia importantes contratos a empresas del sector de la salud para que se hagan cargo de la atención primaria de sus internos. En total, se han desembolsado más de 1,1 millones de euros.

Las adjudicaciones recogidas por este diario se limitan a aquellas centradas en proporcionar a los reos la asistencia sanitaria más básica. No se han tenido en cuenta, por tanto, las que giran alrededor de especialidades –desde ginecología a psiquiatría u odontología–, que engordan aún más la cuenta. Ni los servicios médicos puntuales que por su cuantía se tramitan como contratos menores. Del mismo modo, se han dejado fuera de la factura aquellas adjudicaciones en las que no se establece una cuantía total por el servicio, sino que se fija un precio por hora –lo que impide conocer la facturación final–. Y las que han acabado canceladas por incumplimiento.

Uno de los últimos contratos de este tipo fue formalizado hace solo un par de semanas, el pasado 11 de diciembre. A un lado, la directora del Centro Penitenciario de La Moraleja-Dueñas. Al otro, la empresa CMD Salud Castilla y León. Y sobre la mesa, 51.620,58 euros. La firma se produjo apenas unas horas antes de que la cárcel de Valdemoro modificase su contrato de atención primaria con Gestión Sanitaria Tressalud para aumentar el número de horas de servicio, elevando el valor del mismo de 34.342,88 a 51.342,88 euros.

Cuando se licitó el servicio, el centro penitenciario madrileño solo tenía cubiertos dos de los diez puestos de facultativos previstos. Y ambos médicos se encontraban de baja. Una situación que se ha mantenido hasta final de año sin que "exista previsión cierta" sobre su "reincorporación". "Estas circunstancias determinan una situación sobrevenida de imposibilidad de prestación satisfactoria del servicio sanitario de atención primaria, por falta de personal facultativo propio que hace imprescindible incrementar la prestación del servicio contratado", resalta la dirección de la prisión en el acuerdo de modificación del contrato.

En una situación similar se encuentran en la prisión de Alicante, que lleva los tres últimos años recurriendo a la sanidad privada. "El personal médico propio [...] se ha visto reducido en los últimos años como consecuencia de jubilaciones, renuncias y situaciones de incapacidad temporal, pasando de tres médicos a un único médico en estos momentos. Asimismo, el centro carece desde el año pasado de subdirector médico. Como consecuencia de ello los efectivos de personal médico propio [...] son insuficientes para garantizar adecuadamente la asistencia sanitaria", recogía el informe justificativo del último contrato, de hace unos meses.

Varios años ha estado también la prisión de A Lama, en la provincia de Pontevedra, apoyándose en clínicas externas para poder dar cobertura sanitaria a sus internos, con contratos cuyo valor se ha movido entre los 21.010,54 y los 61.864,11 euros, respectivamente. Adjudicaciones a las que también han recurrido las cárceles de Villena, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Huelva, Soto del Real, Málaga I, Málaga II, Mallorca, Zaragoza, Algeciras, Teixeiro –si bien en este caso el contrato no estipula una facturación total, sino un precio/hora– y Puerto III.

Esta última, la cárcel gaditana, se encuentra en estos momentos en una situación complicada. A finales de noviembre, la dirección del centro se vio obligada a romper el contrato suscrito con Emergencias 360 con el que se pretendía cubrir la atención médica básica de los presos hasta la próxima primavera. "El servicio dejó de prestarse a mediados del mes de agosto, el médico dejó de acudir al centro aduciendo que la empresa no le pagaba la nómina", reza la propuesta de resolución de contrato del pasado mes de noviembre, que resalta que la ausencia de facultativo, "que no fue sustituida", generó "un riesgo" para la "salud y seguridad de la población reclusa".

Diez días antes de oficializar la ruptura con dicha compañía, contratada por la cárcel de Algeciras en años anteriores, la dirección de Puerto III puso en marcha un nuevo proceso de adjudicación para cubrir el servicio sanitario hasta el arranque de 2027. Sin embargo, el concurso ha quedado desierto. La única empresa que concurrió al mismo renunció a la licitación después de no responder al requerimiento que se le hizo para presentar los certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y los títulos de los médicos que prestarían los servicios requeridos.

Lo mismo le sucedió el pasado otoño a la prisión de Algeciras, donde solo están cubiertas tres de las nueve plazas previstas de facultativos. Su licitación para dar atención médica primaria y de urgencias a los internos hasta octubre del próximo año quedó desierta. En este caso, no recibió una sola oferta. Ahora, están tramitando un nuevo contrato similar aunque con un presupuesto de licitación ligeramente superior –59.700 euros, en lugar de los 57.360 euros que pusieron sobre la mesa en octubre–.

En Instituciones Penitenciarias son plenamente conscientes de que, al igual que ocurre en la calle, las cárceles tienen un problema de falta de médicos. No obstante, recuerdan una y otra vez que la atención médica de los presos está garantizada. Y que la oferta de empleo público en este ámbito es constante. El problema es que muy pocos quieren optar a dichas plazas. El pasado año, por poner un ejemplo, se convocaron 89. Y, según la última memoria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tan solo se recibieron 23 instancias.

La clave está, según los expertos, en las condiciones de trabajo. De media, en los centros penitenciarios los médicos pueden estar ganando 1.000 euros menos al mes que en los de salud. Una desigualdad que se debe, fundamentalmente, a la diferencia de pagadores. En el primer caso los facultativos dependen de la Administración General del Estado. En el segundo, de las propias comunidades autónomas. La Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003 dio a las regiones 18 meses para asumir las competencias de sanidad penitenciaria. Veintidós años después, sin embargo, solo Euskadi, Cataluña y Navarra lo han hecho.

El 21 de diciembre ha hecho un año que no estás, y en este tiempo he comprendido algo que quizá solo se entiende cuando falta alguien imprescindible, y es que tu labor no terminó contigo, pero sí dejó un vacío que obliga a mirar la realidad con una mezcla de responsabilidad y lucidez. Desde entonces, cuando veo tus textos, tus análisis y tus intervenciones públicas, lo hago con una mirada nueva. Y cuanto más los analizo, más evidente resulta que muchos de tus diagnósticos no solo eran certeros, sino premonitorios. Parece mentira que, pese a compartir toda una vida, hoy que ya no estás siga aprendiendo de ti.

Tú insistías en que “la salud no es una mercancía, sino un derecho fundamental”, una idea que hoy, en pleno avance de dinámicas privatizadoras, adquiere un sentido especialmente urgente. Lo decías porque sabías que la estructura de un sistema sanitario no es neutral, responde a decisiones políticas, a modelos de gestión y a intereses que, cuando no están bien alineados con el bien común, generan inequidad.

Mientras escribo estas líneas, también sigo con preocupación cómo continúa el sufrimiento en Palestina, aunque ya no sea noticia. Los bombardeos y asesinatos se suceden sin que la comunidad internacional detenga el genocidio, y pienso a menudo en cómo tú analizabas esta masacre desde la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Sé que te dolería profundamente ver cómo sigue creciendo una tragedia que afecta, sobre todo, a población civil indefensa, especialmente niñas y niños.

Hace unos días se fue, también, Robe Iniesta, de Extremoduro, otro placentino y uno de tus cantantes preferidos. Podría decir que, allí donde estés, a buen seguro os habéis encontrado para conversar sin imposturas, como solo saben hacerlo las voces honestas, mientras escribís nuevos versos, cuales poetas.

En el ámbito sanitario, en estos últimos meses han estallado casos que materializan todo aquello que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), y tú de forma muy particular, veníamos señalando desde hace décadas. Las terribles consecuencias de la privatización de los cribados de cáncer, que estallaron en Andalucía y se han extendido por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), y las grabaciones del Hospital de Torrejón en Madrid, donde directivos de Ribera Salud, empresa que gestiona el hospital bajo el modelo de concesión administrativa (gestión privada), discutían abiertamente estrategias para seleccionar pacientes según rentabilidad o aumentar listas de espera, constituyen una prueba empírica de cómo el ánimo de lucro altera la lógica del servicio público.

Nada de esto te habría sorprendido. Lo anticipaste cuando defendías que los mecanismos privados trasladados a lo público generan incentivos incompatibles con los valores del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tus argumentos siempre fueron claros al respecto y, como bien trasladabas, el aseguramiento universal es sostenible solo si se basa en planificación, control público y cohesión territorial. La evidencia internacional lo respalda, y tú insistías en ella mucho antes de que fuera políticamente oportuno reconocerlo, incluso cuando había quien miraba para otro lado.

El debate actual sobre una posible ley estatal que elimine la gestión privada del SNS, y que refuerce la transparencia y los controles públicos, es precisamente el tipo de avance regulatorio que llevabas pidiendo desde que comenzaste tu actividad en la FADSP. Es más, se trata de aquel documento de consulta previa al que ya hicimos alegaciones hace casi 20 meses, denominada “Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud”. 

Los datos, una vez más, han terminado dándote la razón: cuando la gestión se privatiza, la opacidad crece, se fragmenta la asistencia y se favorecen decisiones guiadas por el beneficio empresarial a costa de la salud de la población.

Si algo tengo claro este año es que te sentirías orgulloso de la continuidad del trabajo que impulsaste. Casi 45 años después de su creación, la FADSP no solo se mantiene activa, sino que sigue siendo un actor clave en el análisis de políticas sanitarias, en la denuncia de desigualdades territoriales, en la defensa de la Atención Primaria como pilar del sistema y el azote de las políticas privatizadoras.

Tu capacidad para unir rigor técnico con compromiso social es hoy una herencia organizativa. La metodología de los informes, la insistencia en la comparación territorial, la mirada crítica hacia la privatización, el uso de indicadores objetivos, todo ello forma parte del ADN de la Federación.

Y en cada debate que mantenemos, en cada posicionamiento público, aparece una frase tuya que se ha convertido casi en un principio rector: “El Sistema Nacional de Salud seguirá existiendo mientras haya personas dispuestas a defenderlo.”

No era un mensaje retórico, era un recordatorio sobre la dimensión política de lo común, un aviso sobre la necesidad de vigilancia democrática.

En este sentido, hemos impulsado la movilización social, consiguiendo que salieran a la calle cientos de miles de personas en todo el territorio, exigiendo la defensa de la sanidad pública, con especial hincapié en la Atención Primaria, y el fin de la privatización creciente.

No voy a fingir que la pérdida no pesa. Pero también sé que tu legado no es una parte del pasado, sino una estructura de pensamiento que nos sigue guiando. En lo personal, echo de menos muchísimos momentos y cosas, pero si me centro en este ámbito del que hablo, destaco tus argumentos precisos, tu ironía fina, tu humor negro y tu capacidad para desmontar una tesis con dos datos y una reflexión incómoda. En lo colectivo, echo de menos tu autoridad intelectual, que siempre ejerciste sin arrogancia y ahora es más necesaria si cabe.

Te escribo este artículo porque, aunque ya no pueda consultarte, sigo recurriendo a tu manera de analizar la realidad y, con ello, construir un argumento propio. La situación sanitaria de este país aún requiere una mirada crítica, firme y fundamentada, la misma que tú ejerciste con una coherencia que nunca se quebró. Y en ese sentido, continúas siendo el referente.

Seguiremos defendiendo lo que tú defendiste. Seguiremos organizándonos, porque, como te gustaba repetir parafraseando a Gramsci, continuamos luchando “con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad”. Si algo hemos aprendido es que no basta con tener razón; hay que trabajar para que la razón se convierta en realidad.

Y seguiremos haciéndolo desde la convicción de que una sanidad pública accesible, robusta, universal, equitativa y de calidad no solo es justa, sino eficiente y necesaria para una sociedad que quiere reconocerse a sí misma.

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Sergio Fernández Ruiz es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y colaborador de la Fundación Alternativas.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han levantado de la reunión de este miércoles con el Ministerio de Sanidad, que ha lamentado que no se sumen al consenso con los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco y apuesten por la confrontación, según ha informado EFE.

Ambos sindicatos han abandonado la mesa sin emitir respuesta alguna a la propuesta for mal que les ha presentado el Ministerio ni al preacuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales que integran el ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), según ha informado Sanidad en una nota de prensa. La Confederación y el Sindicato han acusado al Ministerio de "dinamitar toda voluntad de diálogo" para negociar con este colectivo un estatuto marco que regule sus condiciones laborales y se emplazan para decidir nuevas movilizaciones.

Sanidad lamenta que "hayan optado por mantener una estrategia de presión" y sigan exigiendo constituir una mesa de negociación específica y paralela a la del ámbito común, algo "incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente", que impide la fragmentación de los procesos negociadores y la creación de estatutos propios por categoría profesional.

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha anunciado que el "Ministerio daba por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo en la reunión del lunes -con los otros sindicatos- y no se iban a mantener dos líneas de diálogo paralelas". Los miembros del comité de huelga han abandonado entonces la reunión "una vez comprobado que tanto este encuentro como el del pasado jueves, convocado con apenas 24 horas de antelación y en el momento álgido de las concentraciones de los cuatro días de huelga nacional, sólo tenían por objeto desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente".

El departamento que dirige Mónica García insiste en que el nuevo texto que ha elaborado a raíz del preacuerdo con las cinco organizaciones del ámbito incorpora todas las demandas e importantes avances como la mejora de los derechos laborales, organización del trabajo, conciliación, supresión progresiva de las guardias de 24 horas, movilidad con garantías y refuerzo del modelo público de gestión.

Pero ha vuelto a dejar claro que ni va a invadir competencias autonómicas, porque sería incompatible con el marco constitucional, ni a promover un estatuto propio por categorías, ya que rompería la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

CESM y SMA consideran "inaceptable este desprecio institucional" y reprochan a Sanidad haber "señalado a las organizaciones sindicales por 'haberse levantado de la mesa'", cuando -prosiguen- ha sido el Ministerio el que ha planteado la ruptura y ha anunciado que no se iba a abordar el orden del día fijado previamente. Esta actitud "supone una mala fe negociadora y una importante falta de veracidad y compromiso", sostienen. También critican que Sanidad haga "gala de un importante preacuerdo firmado con los sindicatos mayoritarios que no atiende ninguna de las reivindicaciones de médicos y facultativos".

En esa propuesta que les trasladó el pasado 1 de diciembre, y sobre la que no se han pronunciado, Sanidad plantea un marco específico para la realización de la jornada de guardia, que deberá ser objeto de negociación en la mesa sectorial correspondiente, cuya implantación se realizará en cada centro mediante la programación funcional, dentro de los límites establecidos.

Según la oferta, a la que ha tenido acceso EFE, el acuerdo regulará los aspectos esenciales de esta jornada, incluyendo la organización de la prestación, los criterios de planificación y asignación, la retribución, los descansos, las posibles exenciones y el régimen de adscripción del personal.

Asimismo, establece que la organización de las guardias deberá incorporar criterios de flexibilización y conciliación, garantizando en todo caso el correcto funcionamiento de la actividad asistencial.

No obstante, promueve una evolución progresiva del modelo de organización del trabajo, "orientada a reducir la dependencia estructural de las guardias y a favorecer una planificación más racional de los recursos humanos, la protección de la salud laboral y la conciliación del personal".

De este modo, serán los servicios de salud los que deberán planificar la dotación de personal de los centros y unidades con el fin de garantizar la adecuada cobertura de la atención urgente y el cumplimiento de los límites de jornada y descansos establecidos, "asegurando en todo caso la plena prestación del servicio público esencial sanitario y el estricto respeto a dichos límites". Además, "se podrá contemplar, en el marco de la negociación, la realización de guardias a solicitud del personal".

La retribución deberá ser "adecuada a la naturaleza, responsabilidad y penosidad del trabajo, manteniendo una relación proporcionada con la retribución de la jornada ordinaria". Y se garantiza que, en las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, "el personal perciba, desde el primer día, el 100 % de sus retribuciones ordinarias mediante el complemento retributivo correspondiente".

Del mismo modo, se refuerza la movilidad, que requerirá, "con carácter general, el consentimiento" del interesado; sin él, quedará limitada "a supuestos excepcionales de necesidad asistencial urgente, debidamente justificados" por un máximo de siete días anuales.

Por ultimo, reconoce "el derecho del personal a conocer, con al menos seis meses de antelación, la planificación y distribución de su jornada ordinaria y de guardia".

El Ministerio de Sanidad ha logrado este lunes alcanzar un preacuerdo con los sindicatos de la mesa de negociación del estatuto marco (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde), por lo que se ha suspendido la convocatoria de huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) de enero.

Así lo ha informado el Ministerio y fuentes sindicales después de la reunión que han mantenido desde esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado viernes les convocó para consultarles si retiraba el borrador del estatuto marco tal y como le habían exigido las comunidades del PP.

Las cinco organizaciones sindicales del ámbito de negociación de esta ley han rechazado explícitamente que se retire el borrador y han logrado arrancar al Ministerio el compromiso de establecer una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también incluye el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social.

Además, abre la puerta a una jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del (SNS). Por el contrario, se excluyen todas las materias que exceden el ámbito competencial del Ministerio, que se abordarán mediante un acuerdo específico.

Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del SNS. Con ello, y a expensas de que Sanidad materialice este preacuerdo que de momento es verbal, estas organizaciones han suspendido la huelga indefinida del personal del SNS que habían previsto a partir del 27 de enero en protesta por no atender sus demandas en materia de jubilación anticipada y jornada laboral.

Los cinco sindicatos se quejaban además de la "deslealtad" del Ministerio por haber abierto una negociación paralela con las organizaciones médicas CESM y SMA, que exigen un estatuto propio para estos profesionales pero que CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde rechazan de plano.

Esta huelga de los sindicatos del ámbito es independiente de las tres convocadas este año por CESM y SMA, a los que Sanidad ha convocado el próximo miércoles para tratar de desencallar la situación.

También es independiente de la que ha programado para mediados de enero la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), integrada por una veintena de organizaciones sindicales y no sindicales médicas, de la que no forman parte ni CESM ni SMA, pero que también exige un convenio específico para estos profesionales.

Por ahora, Apemyf ya ha adelantado que ese paro "sigue adelante". Pero a diferencia de los médicos, los sindicatos del ámbito, además del Ministerio, rechazan de plano un estatuto médico.

En su nota conjunta, los cinco reiteran que los avances acordados hoy en asuntos como la jornada laboral, las jubilaciones parcial y anticipada o el nuevo modelo de clasificación profesional con el reconocimiento retributivo correspondiente y que beneficia, por ejemplo, a las enfermeras, han sido fruto del trabajo realizado en ámbito de negociación y "no en otros foros paralelos no legitimados" para acordar las condiciones del personal del SNS.

Tras el encuentro, han manifestado su "moderada satisfacción" por el resultado y por el "cambio de actitud" del Ministerio y "particularmente por la disposición de la ministra" para facilitar la consecución de acuerdos concretos "en la línea de las cuestiones irrenunciables que las organizaciones sindicales vienen planteando".

Así, y a la espera de constatar que todos los avances comprometidos se materializan en una nueva versión del texto, estas organizaciones han reconocido que "esta negociación que ya dura casi tres años no está siendo nada fácil" dada la complejidad que supone negociar la mejora de las condiciones de trabajo "del conjunto del personal estatutario del SNS".

"A las tres de la mañana ya no sabía si lo que estaba diciendo era verdad o si estaba exagerando por puro cansancio". Así recuerda la anestesista Itziar Insausti un momento de crisis que vivió la semana pasada. Llevaba más de veinte horas seguidas de trabajo en el Hospital de La Paz cuando los cirujanos la llamaron para valorar a un paciente con una infección grave. No era una urgencia inmediata, pero sí una operación que, si se retrasaba demasiado, podía costarle la vida al enfermo. "Yo era la anestesista más senior de la guardia y me tocaba decidir si lo operábamos ya o si podíamos esperar a primera hora de la mañana, cuando todos estuviéramos descansados", explica. "Pero estaba tan agotada que no tenía certeza de si mi criterio era real o era fruto de la fatiga. Después de 20 horas ya no sabes si decides bien".

La urgencióloga Mar Laínez describe una escena similar en su servicio en el Hospital de Móstoles. "Cuando llevas desde las ocho de la mañana trabajando y siguen entrando pacientes a las dos, a las cuatro o a las seis de la madrugada, no puedes más. A esas horas no eres la misma médica, no tomas decisiones igual de rápidas y el paciente lo nota. Es inhumano trabajar 24 horas seguidas con este nivel de estrés", denuncia. Ambas acumulan años de carrera, noches enlazadas y decisiones críticas bajo una fatiga que reconocen como el mayor enemigo dentro del hospital. "En todas mis salidas de la guardia me llevo en la cabeza a algún paciente con el que dudo si habría actuado mejor estando descansada", confiesa Laínez. Sus voces reflejan el malestar que ha empujado a miles de médicos a una huelga nacional de cuatro días, celebrada esta semana, para rechazar el borrador del nuevo Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad. La protesta ha coincidido con un nuevo intento de negociación entre el Comité de Huelga —formado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz— y el equipo de la ministra Mónica García. Un encuentro, celebrado este jueves, que terminó sin avances relevantes. Aunque Sanidad ha retirado el ultimátum de mantener su propuesta y se ha comprometido a seguir negociando el próximo 17 de diciembre, los sindicatos insisten en que el contenido del texto sigue sin incorporar ninguna de las cuestiones de fondo que les han llevado al conflicto.

La situación de desacuerdo resulta especialmente llamativa porque al frente del Ministerio de Sanidad se encuentran dos dirigentes que conocen de primera mano esa realidad asistencial. Tanto la ministra, Mónica García, como el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, han sido médicos en activo hasta hace relativamente poco tiempo y han trabajado en hospitales públicos sometidos a las mismas dinámicas que denuncian los profesionales en huelga. Esa trayectoria previa, que durante años les ha situado del lado de las reivindicaciones laborales y de la crítica a la sobrecarga del sistema, ha intensificado la frustración ante un texto que consideran insuficiente. "Precisamente porque saben lo que es una guardia, duele más que no hayan ido más lejos", lamenta Insausti.

Las experiencias que describen ambas facultativas reflejan las razones por las que los médicos han llegado a este punto. Los sindicatos denuncian que el problema central es que siguen existiendo jornadas que pueden alargarse hasta 24 horas seguidas, unas condiciones que consideran "insostenibles" tanto para quien trabaja como para quien es atendido. "Somos la única categoría sanitaria que está 24 horas seguidas trabajando. Vemos pasar tres turnos de enfermeras, de técnicos y de celadores y nosotros seguimos ahí, sin relevo", recuerda Insausti.

Por ello, una de las principales reclamaciones es eliminar estas guardias encadenadas. Según los profesionales, el borrador del nuevo Estatuto Marco no corrige esta situación, sino que la maquilla al establecer que "la jornada de guardia no podrá ser superior a 17 horas de trabajo efectivo en los días laborables". "El Ministerio dice que ya no habrá guardias de 24 horas, pero es falso, ya que entre semana las llaman de 17 horas, pero se hacen a continuación de una jornada ordinaria de siete u ocho horas, y los fines de semana directamente lo permiten", denuncia Insausti.

Otra de las cuestiones que reclaman con fuerza es que las guardias sigan considerándose "jornada complementaria". Dicha categoría provoca, según los sindicatos, que estas horas se paguen por debajo de la jornada ordinaria y que, además, no cuenten como tiempo de trabajo real. Es decir, no tienen el reconocimiento que sí tendría una hora extraordinaria. "Las guardias no cuentan para nada, no computan para jubilarte y no te reducen la jornada, pero sin ellas no llegas a fin de mes porque el sueldo base es muy bajo", denuncia Laínez.

La regulación de la jornada real es otro punto clave. Los médicos denuncian que el borrador deja intacta la expresión "necesidades del servicio", un concepto amplio que, en la práctica, actúa como una cláusula de escape. Esta fórmula permite a los centros sanitarios ampliar horarios, imponer más guardias de las previstas o modificar los turnos cuando falte personal, algo frecuente en servicios tensionados como urgencias, anestesia o cuidados intensivos. Según los profesionales, esta coletilla convierte en ineficaz cualquier límite horario teórico porque "basta con invocarla para programar semanas de cincuenta o sesenta horas, cubrir ausencias inesperadas o compensar plantillas insuficientes". "Si la ley deja esa puerta abierta, seguiremos con cinco guardias al mes y con déficits estructurales que se tapan a base de cansancio médico", advierte Insausti.

En cambio, el Ministerio de Sanidad defiende que su propuesta supone "el mayor avance en veinte años" y "un intento real" de mejorar las condiciones de un sistema que arrastra carencias desde hace tiempo. El departamento de Mónica García subraya que el texto introduce por primera vez un límite explícito a la jornada, que reduce la duración máxima de las guardias y que refuerza los descansos obligatorios.

El debate competencial también está dificultando alcanzar ciertos acuerdos respecto a los puntos más sensibles de la negociación. El equipo de Mónica García insiste en que el Estatuto Marco es una ley básica que debe respetar el reparto territorial de la sanidad, y que determinadas reclamaciones —como las retribuciones o las políticas de contratación— dependen exclusivamente de las comunidades autónomas. Los médicos, sin embargo, sostienen que ese argumento no puede servir para bloquear los cambios esenciales. Recuerdan que el Estado sí tiene la capacidad de fijar las bases del régimen estatutario, los límites de jornada, la definición de lo que es una guardia y los descansos mínimos que garanticen la seguridad del paciente.

"Las jornadas ordinarias de 35 horas dependen de cada comunidad, igual que el precio de la hora de guardia, pero la regulación  del tipo de descanso obligatorio y los límites de tiempo de trabajo es algo que tiene que fijar el Estado", aclara Laínez. Para los sindicatos, el problema no es jurídico sino político, ya que durante dos décadas "ningún Gobierno ha querido reordenar un sistema que sobrevive gracias a la disponibilidad ilimitada de sus médicos". "Defender nuestras condiciones laborales es defender la seguridad del paciente. Eso es exactamente lo que hacemos cuando vamos a la huelga", recuerda la urgencióloga.

El enfrentamiento actual no puede entenderse sin mirar atrás. El Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal estatutario se aprobó en 2003, durante el segundo Gobierno de José María Aznar. Desde entonces, apenas se ha tocado pese a que el sistema sanitario se ha visto afectado por un aumento de la presión asistencial, plantillas ajustadas, un incremento constante de las urgencias y una estructura organizativa que no se parece a la de hace veinte años. Además, la descentralización ha provocado que cada comunidad autónoma haya ido gestionando sus recursos humanos de forma distinta, lo que ha generado un mosaico desigual de horarios, retribuciones, ratios de personal y niveles de estabilidad. 

Para Insausti, esta reforma es "la única oportunidad" para corregir un marco que ha quedado obsoleto. "No puede ser que cada comunidad funcione con reglas propias sin unos mínimos comunes. Pedimos un texto que impida jornadas de 24 horas y que reconozca nuestro trabajo como lo que es." Laínez coincide en que la normativa vigente ha dejado a los profesionales expuestos a decisiones unilaterales de cada consejería. "El Estatuto actual no protege. Permite diferencias abismales y fomenta la precariedad. Necesitamos una actualización real, no un lavado de cara."

A menos de un mes para las elecciones autonómicas, Extremadura hace un guiño a la sanidad privada. La Junta ha dado luz verde a que los jefes de servicio de los hospitales públicos puedan ejercer también en clínicas de pago. El Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente la reforma de la normativa existente para eliminar la dedicación exclusiva de estos cargos intermedios.

¿Cuáles son los argumentos? Fidelizar a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) para que no se marchen a otras regiones con mejores condiciones, atraer a nuevos talentos y fomentar la libertad profesional. Además, subrayan que era “una reivindicación histórica del sector”.

Lo cierto es que Extremadura –junto a Navarra– era la única comunidad del país que mantenía esta medida. La misma existía desde 2006 y se puso en marcha siendo el recientemente fallecido expresidente Guillermo Fernández Vara (PSOE) consejero de Sanidad.

Lo que hace ahora el Gobierno de María Guardiola (PP) es modificar ese decreto 152/2006, de 31 de julio en cuyo artículo 6 se recoge: “El desempeño de un puesto de jefe de servicio o sección se realizará en régimen de dedicación exclusiva, no pudiéndose renunciar al complemento específico que el puesto tenga asignado”.

Fue Vox quien abrió la veda. El pasado mes de mayo registró una propuesta en la Asamblea para que se permitiera a estos profesionales (son 220 jefaturas) ejercer tanto en la pública como en la privada. Semanas después el asunto se llevó a la Mesa Sectorial de Sanidad por parte de la consejera del ramo, Sara García Espada, y es ahora cuando se le da el visto bueno final.  

Habría que recordar que cuando el popular José Antonio Monago estuvo al mando de la Junta (entre los años 2011 y 2015, gracias a la abstención de IU) no planteó ningún cambio al respecto.

Con la reforma aprobada y ya publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), ¿qué supondrá el cambio? En el análisis de las consecuencias aparecen las voces críticas. Entre ellas, la de Remigio Cordero, portavoz de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública y que ha ejercido durante 42 años de médico internista en hospitales de Badajoz. Su resumen es que habrá un evidente conflicto de intereses. Lo explica así: “Son los jefes de servicio y sección los que tienen capacidad de reducir la oferta o aumentar la demanda, como en las peticiones de consulta, de pruebas diagnósticas o de intervenciones quirúrgicas. Si se produce un exceso de demanda, sale beneficiada la oferta subsidiaria de la sanidad privada”.

Del mismo modo, añade: “La diferencia en las retribuciones médicas entre el sistema público y el privado es que en el primero se cobra por salario y en el segundo por acto médico. Ese excedente de demanda podría producir un aumento de actos médicos, lo que significaría un incremento de retribuciones”.

Cordero, que también fue docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (UEx), pone el foco en la diferencia entre complementariedad y competencia. “La complementariedad entre dos sistemas exige que no existan elementos comunes. Cuando la alternativa a la sanidad pública es la privada para asumir la demanda excedente, la colaboración se convierte en competencia. Sus beneficios aumentarán cuando disminuya la eficiencia de la competidora”.

Y asegura que esa realidad que describe se podría dar con más frecuencia en especialidades como traumatología o xirugía maxilofacial, donde las listas de espera son más largas.

¿Qué responde al argumento de la Junta de la fuga de especialistas o la dificultad para nombrar a responsables por esta ‘limitación’? “Si bien amenazan con irse, después no lo hacen, porque el prestigio como profesional te lo da ser jefe de servicio en la pública”, afirma quien también ocupó ese cargo. 

En este contexto, asegura que en Extremadura la sanidad privada no tiene, de momento, gran calado y destaca de manera muy positiva la inversión presupuestaria que se hace con respecto a otras regiones (influyen el envejecimiento de la población y la dispersión rural). “El modelo somos nosotros, no Madrid”, apunta.

Como comparativa, mientras Extremadura gasta en torno al 9% de su PIB (Producto Interior Bruto) en Sanidad, la Comunidad de Madrid se queda en el 4%. Y si las derivaciones de la pública a la privada para poder hacer frente a la actividad hospitalaria suponen el 4,7% en Extremadura, en Madrid llegan casi al 11% y en Cataluña al 22%.

No obstante, añade un matiz: el nuevo hospital privado que Quirón está construyendo en Badajoz. “Entre otras cosas, hará falta que más profesionales de la pública se pasen allí para ponerlo en marcha”.

Otra voz de denuncia contra la recién aprobada reforma es la de Juan Luis Domínguez Carlos, de la Federación de Sanidad de CCOO de Extremadura. “Esto es muy sencillo: los jefes de servicio son los que gestionan las listas de espera de cada especialidad. Y lo que no podemos permitir es que esas listas de espera bajen, para cumplir con la ley de plazos, a costa de derivar a la privada”, expresa. Y añade: “Yo puedo pensar que todo el mundo es bueno, pero sobre todo lo que quiero es que haya controles para que las cosas se hagan bien. Y no puede ocurrir que dejemos que se deteriore lo público para justificar que es mejor la privada”.

En este sentido pone el foco en las llamadas peonadas, las horas extra que los profesionales sanitarios hacen –y cobran– fuera de su horario habitual. “Esto también lo controlan los jefes de servicio”, apunta.

De este modo, en el primer semestre de este 2025, las consultas de tarde han aumentado en los hospitales extremeños un 50% y, además, la mitad de las pruebas de diagnóstico se han hecho o bien en esas horas o bien en la privada.

“Nos hemos gastado más de 22 millones en peonadas extraordinarias sin control. Esto no es sostenible, nos tememos un intento deliberado de deterioro de la sanidad pública para engorde de la privada”, denunciaban este verano, al respecto, desde Unidas por Extremadura.

Pero para la Junta el balance es positivo porque, efectivamente, se han reducido las listas de espera. Remarcan, sobre todo, las quirúrgicas: se ha rebajado en un mes el tiempo de espera para ser intervenido, llegando a los 134 días de media (con datos de junio).

De este modo, se cumple con la ley de plazos, que establece un máximo de 180 días naturales en el caso de las operaciones.

Frente a esta gestión, la oposición es muy crítica. Así, considera la eliminación de la dedicación exclusiva para los jefes de servicio otro paso más hacia la privatización. “No tiene nada que ver con la libertad individual de los médicos, que respetamos, sino con el blindaje del sistema público. La sanidad no se puede ver como una mercancía o un bien de mercado”, expresaba la socialista Isabel Gil Rosiña tras el anuncio de la reforma del decreto.

“¿Se imaginan a un directivo de Coca-Cola trabajando por las tardes para Pepsi? Entonces, ¿por qué lo permitimos con la sanidad pública? Algunos solo piensan en hacer negocio con ella”, manifestaba, por su parte, Irene de Miguel, líder de Unidas.

Cuando la consejera de Salud y Servicios Sociales anunció esta modificación, a finales de mayo, ya desde CCOO mostraron su oposición al considerarla "oportunista y muy cuestionable" tras 19 años en vigor. El sindicato acusaba a la Junta de querer influir en las negociaciones a nivel estatal con el Ministerio de Sanidad para el nuevo Estatuto Marco que, precisamente, contempla la exigencia de dedicación exclusiva para puestos directivos y jefes de servicio, prohibiendo que trabajen en la privada. El objetivo: evitar conflictos de intereses y asegurar que los gestores se dediquen por completo al sistema público.

Domínguez Carlos subraya al respecto: “Es que la política tiene que salir de este tipo de negociaciones. Lo que no puede ser es que, según el color de la autonomía, me levanto o me quedo en la mesa de negociaciones. La protección de la sanidad pública debe estar por encima de eso”. “Porque, al final, se convierte en una batalla más”, añade en relación a que los intereses son más partidistas que sanitarios. De hecho, la dedicación exclusiva será un elemento más de confrontación del PP contra el PSOE que saltará a la hora de negociar el citado Estatuto Marco desde el Gobierno con las autonomías.

El teléfono repiqueteaba: en la pantalla, uno de esos números larguísimos de centralita. «¿Diga?». Del otro lado, una doctora se disponía a cantarme el resultado de una prueba rutinaria. Tras las preguntas de rigor y las recomendaciones sabidas, la doña (imagino que con tremendo sobresalto) reparó en el peso y la altura que figuran en mi ficha y quiso saber si me había visto un endocrino. Le dije que no (me hago muchos análisis y sé que mis glándulas están en perfecto orden de revista) y ella, extrañada, se ofreció a derivarme. «Si lo prefieres, puedo recetarte unas inyecciones para bajar peso. Son caras, pero te ahorras pedir cita con el especialista».

—¿Cómo dice?

—Es una medicación que te hace perder el apetito.

—¿Y por qué demonios iba a querer yo eso?

Mi interlocutora calló unos segundos. Me dijo que debía pedir una cita con mi médico de cabecera para la derivación y que me mandaría por correo el informe. Yo le dije que prefería cambiar de médico. Me dijo que, si quería, me daba el alta para facilitar el trámite. A los dos días, un sobre, con chispeante membrete hospitalario, aguardaba en mi buzón. Leí los papeles. En la firma, doña mengana de tal, residente de segundo año.

Ser gordo e ir al médico es una experiencia fascinante: hay galenos convencidos de que la conjuntivitis la causa el michelín. A mí, como les he contado en alguna ocasión, la orondez no me ha traído más que alegrías; y nunca me he hecho un chequeo en el que me quedase algo para septiembre. Y aunque no esté en disposición de discutir si los males achacados al sobrepeso son tantos como los pintan, algo me dice que recomendar fármacos milagrosos con tropecientos efectos secundarios (el brebaje se utiliza para tratar la diabetes, lo del adelgazamiento es colateral) a un tipo al que nunca has visto ni examinado y que fue a consulta para mirarse una cosa del cerebro y no de la barriga… quizás computa como mala praxis.

Si me hubiese preguntado, podría haberle contado que llevo meses sin dar más de dos pasos porque al ritmo al que suben los precios y al precio al que nos pagan la página, retirarme diez minutos del escritorio podría llevarme al desahucio. El estrés crónico creo que tampoco te hace tipín, pero chico, inyéctate este remedio fabuloso y si revienta por algún lado ya te diremos que la culpa es tuya por no haberte puesto a dieta a tiempo.

Ignoro (y paso de perder el tiempo estudiándolo) cómo funciona el puñetero Ozempic o qué le pasa a la gente cuando deja de tomárselo (intuyo que el efecto rebote debe de ser de aúpa), pero me preocupa que los médicos de la sanidad pública (si los residentes andan así, imagínense los jefes de servicio) consideren recetar tan alegremente fármacos peligrosos que, en el mejor de los casos, tratan el síntoma (miren si no lo que pasa con los ansiolíticos y los antidepresivos, que los regalan en los ambulatorios).

La bata blanca impone mucho, pero que un neurólogo te quiera poner a dieta no es muy distinto a que el cartero te llame narizotas. Un insulto, vamos. Los gordos tendremos fama de risueños y bonachones, pero podemos ser enemigos formidables: con el cabreo he empezado a redactar un minucioso recetario cuyo ingrediente principal es la carne de médico entrometido. El kilo, contando los años de facultad y especialización, sale más barato que el dichoso medicamento, que se vende a ciento cincuenta machacantes al mes. He googleado sus efectos y la gente se queda en la sombra de lo que fue. Quita, quita. Encomendémonos, hermanos de contorno generoso, al feliz John Falstaff, que supo que adelgazar era diluirse y que, enflaquecido, nadie lo amaría. También en mi barriga un millar de lenguas claman mi nombre («Falstaff inmenso, enorme Falstaff»). Este es mi reino y lo haré crecer.

El médico palestino Refaat Alathamna, recién evacuado a España con su mujer y sus seis hijos gracias a una campaña apoyada por personalidades del mundo de la cultura española y profesionales sanitarios, relató este miércoles en Madrid parte de su calvario durante la guerra en la Franja de Gaza.

"Ser médico y padre en Gaza es muy duro", relató Alathamna en una rueda de prensa en Madrid, donde aterrizó junto a su familia el 23 de noviembre procedente de Jordania tras un vuelo con escala en Catar.

Padre de seis hijos, entre ellos un bebé nacido en Jordania hace apenas un mes, Alathamna logró salir de Gaza tras más de año y medio de lucha, y más de diez desplazamientos internos por culpa de los bombardeos continuos.

Alathamna reiteró la importancia de las ayudas de la población civil, ya que “la mayoría de la gente que sobrevive en Gaza es gracias a ellos” porque el bloqueo que continúa ejerciendo Israel sobre la Franja no permite la entrada de la ayuda humanitaria necesaria.

“Lo más terrible es tener cinco niños y sentir la impotencia de no poder cuidarlos” por tener que salir todos los días a comprar agua y buscar baterías para conseguir luz cuando cayera la noche, contó en la rueda de prensa.

En su labor como médico, Alathamna tenía guardias a diario en las que llegaban decenas de heridos de golpe. “Los niños gritaban por sus padres, pero los padres habían muerto” explicó.

Además, relató las numerosas situaciones en las que tanto él como su familia estuvieron a pocos metros de misiles y bombardeos de los que se salvaron por cuestión de segundos. “Cayó un misil y mis hijos justo habían salido. Por suerte no estaban en el sitio exacto por pocos metros”, afirmó. A pesar del alto el fuego vigente, “el problema de Gaza no termina, el sufrimiento no ha acabado”, denunció.

Ahora quiere encontrar en España un nuevo hogar, empezar de cero y tratar de olvidar todo lo ocurrido durante la guerra. La campaña para sacar a Alathamna y su familia de Gaza la pusieron en marcha el pasado julio el director de cine Javier Fesser, la actriz Athenea Mata y la fundadora de la asociación sin ánimo de lucro "Hola Gaza", Lorena Santana.

En ella han colaborado más de 260 personalidades de la cultura española y profesionales sanitarios del país, así como los ministerios españoles de Asuntos Exteriores y de Ciencia, Innovación y Universidades, y los gobiernos de Bolivia y México, según sus organizadores.

En el último mes, infoLibre ha revelado que varios médicos inhabilitados en Reino Unido han trabajado posteriormente en la sanidad española, algunos de ellos incluso en la pública. Tras esos hechos desvelados en el marco de la investigación Bad Practice (Mala Praxis, en español) —coordinada por OCCRP, The Times y VG,—, la duda que surge es: ¿cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en España sin ningún tipo de problema?

El Ministerio de Sanidad ha reconocido, en respuesta a consultas de infoLibre, que no lo sabe. Este medio preguntó: "¿Tiene constancia el ministerio de cuántos médicos con inhabilitaciones o sanciones en otros países tienen actualmente colegiación en España?". El departamento dirigido por Mónica García respondió que "no se tiene constancia". 

La excusa dada por Sanidad para desconocer esa información es "que el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) continúa con su implementación y todavía no se ha incorporado la totalidad de los datos". El REPS es un sistema gestionado por el ministerio en el que las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las organizaciones y colegios médicos deben subir información sobre los profesionales sanitarios que trabajan en España.

Tal y como explicó infoLibre, debía estar operativo en 2018, pero aún a día de hoy sigue faltando información en el mismo. Por ello, el Ministerio de Sanidad no sabe cuántos médicos han sido inhabilitados en España y, según reconoce ahora, tampoco cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en el nuestro.

De todos modos, la explicación del ministerio resulta sorprendente en tanto que la información sobre inhabilitaciones en el extranjero no llega a través de lo que vuelcan esos otros organismos españoles en el REPS, sino que es el propio ministerio quien la recibe a través de otro mecanismo. Se trata del sistema de Información del Mercado Interior (IMI), un aplicativo informático utilizado por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) para, entre otras cuestiones, lanzar alertas cuando inhabilitan o sancionan con una suspensión del ejercicio a un profesional sanitario.

El IMI tampoco se ha implementado de la mejor forma posible y, de hecho, no todos los países envían las alertas que deberían, pero el principal problema en España se da con la posterior custodia de la información. El Ministerio de Sanidad integra la información que recibe en el REPS y la remite a la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la organización que agrupa a los colegios de médicos españoles —existe uno por provincia—. 

Después, la OMC - CGCOM es la que se encarga de avisar a los colegios provinciales en caso de que alguno de esos médicos sancionados pueda estar colegiado en nuestro país. En ese proceso, se han dado casos en los que el colegio provincial en el que el médico sancionado en el extranjero estaba colegiado no había llegado a saber de esa sanción previamente. Aun así, para la mayoría no se conoce siquiera si el colegio estaba al día de esa inhabilitación porque no ha accedido a aclararlo.

infoLibre ha preguntado también al ministerio por qué no se ha hecho esa investigación o estimación a través de la información que llega de alertas de otros países y si se piensa hacer en un futuro. Sanidad no ha aclarado nada más sobre esa supuesta imposibilidad para conocer el número exacto de médicos inhabilitados en el extranjero que pueden ejercer en España.

Este medio hizo llegar las mismas preguntas a la OMC - CGCOM. La organización simplemente contestó: "No deben estar colegiados si tienen una inhabilitación. Es necesario un certificado de idoneidad profesional". Pero el problema en España es otro.

Los Estados de la UE para colegiar a un médico le exigen un certificado de idoneidad si ya está trabajando en otro país. Ese documento lo expide la autoridad médica del Estado donde ya está colegiado para acreditar que el doctor es apto para ejercer y no tiene sanciones. Pero la cosa se complica cuando un médico está colegiado en dos países.

En ese caso, puede ser sancionado o inhabilitado en uno de los Estados, pero como ya está colegiado en otro, se puede ir a trabajar a ese sin necesidad de volver a colegiarse y, por tanto, sin que nadie le pida un certificado de idoneidad. Ese tipo de casos son los que se han producido en España, tal y como han demostrado infoLibre y Bad Practice.

Quien sí ha realizado una investigación para saber cuántos médicos inhabilitados en otros países tenían entre sus doctores es el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA). Uno de los casos revelados por infoLibre ha sido el del doctor Jorge Horacio Esbry, que tras ser inhabilitado en Reino Unido por mala praxis e insinuaciones sexuales a una paciente, había seguido trabajando en Murcia y Alicante.

Esbry estaba colegiado en Alicante. El colegio ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle provisionalmente. Además, el COMA ha hecho una investigación para "verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia".

No solo eso. Tras la investigación de este medio, el COMA ha trasladado a infoLibre su intención de modificar los estatutos del colegio para dar mayor publicidad a las inhabilitaciones y sanciones médicas, asunto sobre el que pesa una gran opacidad en España. También tiene la pretensión de poner impedimentos para que no se puedan producir este tipo de casos.

De hecho, su intención es homologar la sanción de Esbry en Reino Unido para que tampoco pueda ejercer en nuestro país. Además, en España existe al menos un precedente como este caso y también relacionado con el COMA. El colegio ya expulsó a un médico tras haber sido inhabilitado en el extranjero —en ese caso, en Alemania—. 

El COMA alegaba que como un doctor no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país —ya que no se le expediría el certificado de idoneidad—, en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España. La razón sería que no cumpliría los requisitos que se piden para poder colegiarse y, por tanto, su registro  previo no sería válido.

El médico inhabilitado en Alemania recurrió la decisión del COMA de expulsarle y en 2011 un juzgado resolvió dando la razón al colegio. La Justicia falló que el médico había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

Habrá que ver si el caso de Esbry termina de la misma forma y acaba habiendo jurisprudencia al respecto. En cualquier caso, sin una investigación oficial previa —que por ahora, ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM pretenden hacer— que determine cuántos médicos inhabilitados en el extranjero están trabajando en España, tampoco se puede saber en cuántos casos se podría actuar de esta forma. De hecho, de los distintos casos revelados por Bad Practice en nuestro país por ahora solo ha habido consecuencias para Esbry.

Además, mientras en Europa distintos Gobiernos han anunciado medidas para que el sistema funcione mejor a nivel internacional y dejen de darse este tipo de situaciones, en España ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM han comunicado nada similar. Ni públicamente ni ante las múltiples preguntas que les ha hecho llegar infoLibre.

Natalia Prego y Ángel Ruíz-Valdepeñas fundaron durante la pandemia Médicos por la Verdad, que hoy es ya una de las principales organizaciones negacionistas de España. Tanto Médicos por la Verdad como Prego y Ruíz-Valdepeñas se dedicaron a desinformar y difundir teorías de la conspiración durante los peores momentos del covid-19. Los dos eran doctores, pero él fue sancionado y ella no. ¿La principal diferencia entre ambos? Que cada uno estaba colegiado en una provincia distinta.

Los médicos en España necesitan estar colegiados para poder ejercer. Pero no existe un único colegio, sino que hay uno por provincia. En total, 52. Se agrupan en la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), pero cada colegio tiene potestad para tomar sus propias decisiones y marcar sus reglas y normas. Y las sanciones médicas no son una excepción.

Los colegios provinciales establecen su régimen disciplinario y se encargan de sancionar (o no) a los médicos que cometen alguna infracción. Los colegios son también quienes deciden qué consideran infracción y qué no, algo que suelen desarrollar en sus estatutos.

Esa autonomía de cada colegio provincial y la falta de transparencia que hay en España con las sanciones médicas generan una falta de control sobre las inhabilitaciones y suspensiones a doctores. Los problemas de coordinación son habituales. La sociedad no puede fiscalizar si los médicos sancionados están cumpliendo con las penalizaciones que se les han impuesto y ni siquiera el Ministerio de Sanidad tiene el listado completo de los médicos que tienen prohibido ejercer.

La investigación Bad Practice (Mala praxis en español), de la que forma parte infoLibre, ha revelado cómo más de 100 doctores tienen permiso para ejercer en algún país europeo tras haber sido inhabilitados en otro. Pero los mencionados desajustes en España provocan también situaciones como que haya médicos inhabilitados que han logrado saltarse la sanción y los controles dentro del territorio nacional, simplemente marchando a trabajar a otra provincia distinta de la que están colegiados.

Además, los criterios de un colegio de médicos y otro para sancionar pueden ser completamente distintos. Ruíz-Valdepeñas, como ya ha explicado infoLibre, fue inhabilitado durante seis años por el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB) en 2021 por postular la negación de la pandemia y alentar a no cumplir con las medidas recomendadas para frenar el covid-19. El COMIB consideró que había tenido actitudes que suponían "un importante riesgo para la salud pública" —aunque la sanción ahora mismo está paralizada, después de que el facultativo la recurriera, a espera de decisión judicial—.

El propio colegio anunció esa suspensión temporal. El COMIB es una excepción en la opacidad española con las sanciones médicas, ya que el resto de colegios no acostumbra a publicar ni difundir el nombre de los médicos a los que sanciona. El colegio balear sí lo hace para las sanciones por infracciones graves. Pero cada colegio es autónomo y actúa según su propio criterio. De hecho, así lo demuestra la comparación entre los casos de Ruíz-Valdepeñas y Prego.

La doctora Natalia Prego está inscrita en el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra (CMPONT). Su colegio también informó públicamente sobre su caso al inicio de 2021. El CMPONT difundió que había acordado remitir a la OMC - CGCOM el expediente abierto a Prego para que se resolviera a nivel estatal debido "al alcance y a la repercusión que en diferentes medios de comunicación nacionales y redes sociales han tenido las declaraciones [de la doctora]".

El CMPONT había abierto un expediente a Prego por realizar "declaraciones presuntamente negacionistas sobre el covid-19" y "poner en entredicho las distintas medidas de las autoridades sanitarias". Los motivos alegados eran los mismos que el COMIB con Ruíz-Valdepeñas. Pero Prego se salvó de la sanción.

La OMC - CGCOM concluyó que no tenía competencias sobre la posible infracción de Prego y que tenía que ser su colegio quien decidiera. El CMPONT, finalmente, no resolvió el expediente. Según ha explicado a infoLibre, porque "pasó la pandemia y el boom de todo este tema, así que fue perdiendo fuerza y quedó en nada". La decisión de la OMC de devolver el expediente al CMPONT y la del CMPONT de no resolverlo y no imponer ninguna sanción no fueron comunicadas públicamente.

Lo cierto es que la OMC - CGCOM no tiene competencias para sancionar a los médicos, que dependen de sus colegios provinciales. La organización estatal solo tiene potestad cuando los posibles infractores son miembros de las juntas directivas u órganos de gobierno de los distintos colegios. Los estatutos del Colegio de Médicos de Pontevedra tampoco recogen la posibilidad de derivar un expediente a la OMC. 

Prego y Ruíz-Valdepeñas, por su parte, siguen con sus labores en la actualidad. Ella sin haber sido sancionada y él a la espera de que la Justicia decida si la suspensión que le impuso el COMIB se convierte en firme. Prego está completamente volcada en Médicos por la Verdad. Ahora tienen en marcha una campaña de petición de donativos para convertir la organización en una fundación. 

Ambos médicos han seguido desinformando y difundiendo mensajes negacionistas. Ruíz-Valdepeñas, además, ofrece consultas por su propia cuenta con un amplio catálogo de pseudoterapias y supuesta medicina alternativa. El doctor ha sido incluso investigado por homicidio imprudente después de que falleciera un bebé en un parto que él mismo asistió en un domicilio particular.

Ruíz-Valdepeñas y Prego demuestran cómo las sanciones médicas en España dependen de la normativa, la forma de actuar y la predisposición que tenga cada colegio de médicos. De todos modos, aunque cada organización decida qué tipo de régimen disciplinario establece para sus propios colegiados, se apoyan en las líneas generales que marca la OMC - CGCOM en sus estatutos. Varios colegios parten de estos para redactar los suyos propios, incluido el apartado disciplinario. 

De hecho, los estatutos de las organizaciones provinciales están supeditados jurídicamente a los de la OMC. Aun así, cada colegio adapta, modifica, amplía o personaliza lo que considera. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Madrid recoge como una falta grave el impago "de dos o más trimestres de las cuotas colegiales". En cambio, los de Pontevedra, Barcelona o Valencia no recogen ningún tipo de falta similar.

Lo mismo sucede con mentir en el currículum. Mientras el Colegio de Médicos de Navarra, el de Baleares o el de Valencia consideran una falta grave que un doctor indique "una competencia o título que no se posee", otros, como el de Barcelona, el de Almería o el de Vizcaya, no recogen nada similar.

Eso sí, el Colegio de Médicos de Vizcaya aprobó unos nuevos estatutos en 2024 y su régimen disciplinario ahora va más allá que la mayoría en cuanto a la lucha contra el negacionismo y las pseudoterapias. Así, entre las faltas muy graves recoge "ofrecer prácticas inspiradas en el charlatanismo, carentes de base y autorización científica, que prometan a las y los pacientes, o a sus familiares, curaciones imposibles" o "proponer o aconsejar actuaciones contrarias a las recomendaciones médicas científicamente aceptadas".

A pesar de las diferencias en las faltas establecidas en unos estatutos y otros, muchos colegios recogen también fórmulas genéricas como "la infracción negligente de las normas deontológicas" —en el de Valencia— o "las simples irregularidades en la observación de la normativa profesional vigente" —en el de Navarra—. Ese tipo de indicaciones les permite sancionar por infracciones que no vengan recogidas de forma expresa en los estatutos. 

Luis Calvo, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario, explica a infoLibre que se hace para "poder sancionar otras cosas, sobre todo si están ya recogidas en el código deontológico". "Es lo que en derecho se conoce como tipificación por remisión y es algo habitual. Una norma, en este caso los estatutos, tipifica una infracción si te saltas otras normas. No hace falta llevarlo todo a los estatutos porque si no el régimen disciplinario sería una norma muy larga".

A este problema de que determinadas actuaciones solo sean consideradas como infracciones por algunos colegios, se suma la falta de transparencia en este asunto, como ya ha explicado infoLibre. En España no se puede saber quiénes son los médicos sancionados ni a qué colegio pertenecen. Por tanto, es imposible fiscalizar cuántas sanciones impone cada colegio, de qué tipo son o por qué motivos.

Esa falta de transparencia impide saber si hay colegios que no están poniendo sanciones o comprobar si hay médicos suspendidos o inhabilitados en nuestro país que han marchado al extranjero a trabajar. Pero esos fallos no solo se producen de cara al exterior. También pasa dentro de nuestras fronteras.

El traumatólogo Luis Santiago Mesa empezó a trabajar para el Servicio Canario de Salud en 2016. No hubo ningún problema con su contratación ni saltó ninguna alerta. Otro médico se dio cuenta de que Mesa, debido a una sentencia judicial, estaba inhabilitado desde 2012 hasta 2017 y denunció el caso. La Consejería de Sanidad de Canarias lo despidió, pero el médico llegó a trabajar durante 15 días en la sanidad pública de las islas a pesar de su inhabilitación.

Para evitar este tipo de casos las Administraciones disponen de acceso al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), que gestiona el Ministerio de Sanidad. Se creó a partir de un decreto ley de 2012. Debía estar operativo en 2018, pero no se cumplió con el plazo que marcaba la ley. De hecho, no llegó a abrirse a la ciudadanía hasta 2022 y, a día de hoy, aún hay problemas porque no tiene la información de todos los sanitarios ni de todas las comunidades autónomas, lo que ahonda en la falta de control de las sanciones médicas.

Las comunidades pueden ver en el sistema si un sanitario tiene alguna sanción, pero únicamente si esa información ha sido incluida. Al no estar completo, un caso como el de Mesa podría llegar a repetirse. De hecho, la Consejería de Sanidad madrileña denunció en declaraciones a infoLibre que el ministerio no pone a disposición de las comunidades "ningún registro ni ningún protocolo" que avise de si un doctor tiene una inhabilitación o sanción en España o en el extranjero. Esa es, precisamente, una de las finalidades del REPS, pero ni contiene todas las sanciones que se han impuesto en territorio nacional ni incluye las extranjeras. 

El propio ministerio ha reconocido en declaraciones a infoLibre que el registro aún se está implementando. La Comunidad de Madrid realizó esa queja cuando infoLibre le preguntó por el caso de la doctora Claudia Loren Martínez Higueros, que, a pesar de haber sido inhabilitada en Reino Unido tras equivocarse en dos operaciones y mentir para ocultarlo, ha podido trabajar posteriormente en la sanidad pública española —incluida la madrileña— sin problema.

Para la doctora Martínez Higueros no ha habido consecuencias en España. El Colegio de Médicos de Navarra, donde está registrada, no ha hecho nada al respecto. El organismo tampoco ha contestado a infoLibre, a pesar de que este medio lleva más de un mes contactándole y haciéndole llegar distintas consultas.

Para quien sí las ha habido es para el doctor Jorge Horacio Esbry. Este cirujano fue inhabilitado en Reino Unido, al igual que Martínez. Ambos siguieron trabajando en España tras esa sanción, tal y como ha revelado la investigación Bad Practice (Mala Praxis, en español), coordinada por OCCRP, The Times y VG, y llevada a cabo por 50 medios entre los que se encuentra infoLibre.

La diferencia es que Esbry está colegiado en Alicante. El colegio de esa provincia ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle de forma provisional mientras la Justicia se pronuncia al respecto. La intención es poder homologar su inhabilitación de Reino Unido en nuestro país para que aquí tampoco pueda seguir ejerciendo.

Pero lo que ha pasado con Esbry es una excepción. infoLibre ha desvelado varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que ejercen en España. Solo el Colegio de Médicos de Alicante ha tomado medidas y, por ello, Esbry es el único que ha tenido que afrontar consecuencias en nuestro país. De nuevo, cada colegio ha actuado según su propio criterio.

Más de 100 médicos han sido inhabilitados en España desde 2010 debido a lo que los colegios de médicos consideran faltas graves o muy graves. Así lo ha podido averiguar infoLibre tras varias solicitudes de acceso a la información pública. Estos datos nunca se habían publicado. Hasta ahora.

En nuestro país, ni la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ni el Ministerio de Sanidad ni los colegios de médicos —hay uno por provincia— difunden las identidades de los facultativos inhabilitados. Hay alguna excepción, pero lo habitual es que estas sanciones se produzcan sin que ni siquiera la ciudadanía se entere. 

Ahora, la investigación Bad Practice (Mala praxis en español) revela, al menos, las cifras que maneja la OMC - CGCOM, que recopila la información de estas sanciones después de que se las notifiquen los colegios provinciales. Son 126 doctores los que han sido suspendidos en los últimos 15 años. ¿Pero quiénes son?

No hay respuesta. Ante las solicitudes de información que ha realizado infoLibre, al amparo de la ley de transparencia y en el marco de la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—, tanto la OMC - CGCOM como el Ministerio de Sanidad se han negado a hacer públicos sus nombres.

Hay una excepción, el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB), que sí informa sobre los médicos a los que inhabilita. Pero esto no es lo habitual. La razón de los colegios de médicos para ocultar la identidad de los doctores sancionados es la protección de sus datos personales.

Los actores implicados en las inhabilitaciones son multitud: la OMC - CGCOM, el Ministerio de Sanidad, los colegios provinciales, las comunidades autónomas —que tienen las competencias de sanidad transferidas— o incluso la Justicia —que también puede decretar ese tipo de sanciones—. Pero, más allá de la OMC - CGCOM, ningún otro organismo agrupa todas las suspensiones que se imponen a los médicos en nuestro país, y mucho menos, publica la información. 

El Ministerio de Sanidad aseguraba a infoLibre el pasado mes de mayo que en ese momento solo tenía constancia en su registro de 14 facultativos inhabilitados. A la OMC - GCCOM le constan más de 100 desde 2010, pero eso no significa que todos sigan suspendidos. Esta operativa hace muy complicado saber cuántos doctores sancionados hay en España en un determinado momento, quiénes son y qué ha sido de ellos. La fiscalización, a diferencia de en otros países europeos, es casi tarea imposible.

A pesar de las trabas y la opacidad, infoLibre ha podido confirmar ya varios casos de médicos inhabilitados en Reino Unido que están ejerciendo en España. Pero encontrar casos a la inversa —facultativos inhabilitados en España que se han ido a atender a otros lugares— es más complicado por esa ocultación de su identidad.

En el caso de la excepción del COMIB, sus estatutos ya recogen que "las faltas graves serán sancionadas con amonestación pública". Otros colegios, como el de Madrid, el de Granada o la propia OMC, aunque estipulan que "en caso de sanción por falta muy grave que afecte al interés general se podrá dar publicidad" o fórmulas similares, no acostumbran a hacerlo.

En 2021, el COMIB suspendió al doctor Ángel Ruíz-Valdepeñas. En 2023, a la doctora Nadiya Papel. Ambos son célebres negacionistas. Ruíz-Valdepeñas fue dado de baja de colegiación durante seis años por negar el covid-19 en redes sociales y medios de comunicación y alentar a incumplir con las medidas sanitarias recomendadas durante la pandemia, entre otros motivos. "Ha promovido acciones contrarias a la evidencia científica, así como una inadecuada praxis profesional", resolvió el COMIB.

Papel, por su parte, también ha pronunciado declaraciones controvertidas sobre el coronavirus y contra las vacunas, pero fue expulsada del colegio por promocionar como soluciones médicas productos como "lejía, agua oxigenada o disolvente industrial" para pacientes con cáncer.

Pero más allá de excepciones como las inhabilitaciones del COMIB, pocos casos de médicos sancionados en España tienen nombre y apellido. ¿No existen doctores con infracciones tan graves como las de Ruíz-Valdepeñas y Papel? Sí. Entre el centenar de médicos inhabilitados seguramente habrá situaciones de igual, o incluso mayor, gravedad. Pero en la mayoría de casos no se puede saber quiénes son ni por qué fueron sancionados.

Los colegios de médicos establecen en sus estatutos el régimen disciplinario que imponen a sus colegiados. Normalmente recogen tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. Entre las leves se encuentra, por ejemplo, no comunicar la información profesional de forma adecuada al colegio.

Entre las graves, infringir el secreto profesional, emitir informes faltando a la verdad o actuar indisciplinadamente respecto al colegio. Por último, entre las faltas muy graves está atentar contra la dignidad de los pacientes, desatender intencionadamente a los enfermos o cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delito doloso —aquel cometido con conocimiento de causa—. 

Los médicos que han sido inhabilitados por los colegios son los que han cometido alguna falta grave o muy grave. Esos dos tipos de infracciones se sancionan, normalmente, con una inhabilitación temporal, conocida también como suspensión temporal del ejercicio profesional, que puede extenderse de unos meses a unos años. La inhabilitación permanente, conocida también como expulsión del colegio, se da, según recogen los estatutos de la mayoría de colegios provinciales, cuando hay una "reiteración en la comisión de faltas muy graves".

Pero no solo los colegios pueden suspender a un médico. También lo puede hacer la Justicia en los casos en los que sus acciones sean constitutivas de delito. Normalmente el tribunal que toma una decisión de este tipo lo notifica al colegio provincial donde el médico estaba registrado y ese colegio, a la OMC. Por tanto, esos casos también deben estar incluidos en la contabilización de la OMC - CGCOM. Sin embargo, en ocasiones también es complicado conocer cuáles han sido los doctores sancionados por la Justicia porque las sentencias en España se publican anonimizadas.

Los casos de inhabilitación contabilizados y recopilados por la OMC - CGCOM incluyen tanto las inhabilitaciones permanentes como las temporales. La organización no ha accedido a aclarar cuántos casos corresponden a cada tipo de sanción a pesar de que las solicitudes de infoLibre pedían ese desglose.

Pero no recoge solo 126 inhabilitaciones. En realidad, la OMC - CGCOM tiene contabilizadas casi medio millar. ¿Cuál es el problema? La forma de actuar del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) en 2012, que desvirtúa la estadística.

Ese año la OMC - CGCOM contabilizó 359 inhabilitaciones, cuando el promedio anual del resto de ejercicios es de ocho. 355 de las 359 corresponden al colegio de Madrid. En 2012, la doctora Sonia López Arribas fue escogida presidenta del ICOMEM. Tras ello, la organización inhabilitó a 355 médicos que no estaban al corriente de pagos.

Ahora, el ICOMEM ya no utiliza ese tipo de sanción, destinada a las infracciones más graves, para los médicos en situación de impago. Tampoco es una causa habitual de inhabilitación en los colegios de otras provincias. Por ello, para tener en cuenta únicamente las inhabilitaciones por infracciones médicas graves o muy graves, hay que descontar esos 355 casos. Lo que resulta en el dato de 126 doctores suspendidos desde 2010.

Sin contar 2012, el récord se dio en 2019, con 13 inhabilitaciones. En lo que va de 2025 se han decretado ocho. infoLibre ha podido conocer el dato de las inhabilitaciones del ICOMEM en 2012, pero para el resto de ejercicios se desconoce el desglose por colegios provinciales. La OMC - CGCOM no ha facilitado ese detalle, solicitado por este medio. La organización alega que informar de cuántos médicos han sido inhabilitados y desglosarlo para cada colegio provincial podría permitir que alguien identificara quiénes son y quedara, así, desprotegida su identidad.

Esa protección de los datos personales es la máxima de la mayoría de colegios de médicos y del propio ministerio. Pero no conocer quiénes son los médicos suspendidos también impide saber qué están haciendo a día de hoy: si realmente están cumpliendo con la sanción, si siguen ejerciendo pero en otro país, si han cambiado de profesión…

Bad Practice ha revelado que más de 100 doctores inhabilitados en algún país europeo cuentan a día de hoy con permiso para ejercer en otros Estados. Algunos de ellos fueron sancionados en el extranjero y ahora trabajan en España. Pero por esa falta de transparencia de las Administraciones españolas, no se ha podido comprobar si también hay médicos inhabilitados en nuestro país que han utilizado la misma treta y ejercen en otros lugares.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Sanidad si se plantea algún cambio normativo para que las sanciones a los doctores en España empiecen a ser públicas, igual que sucede en países como Reino Unido, Suecia o Noruega. El ministerio ha asegurado que ese cambio "requeriría una norma con rango de ley que estableciera expresamente los supuestos, finalidades, destinatarios y salvaguardas aplicables" de un posible registro de inhabilitaciones, pero no ha aclarado si tiene intención de llevarlo a cabo.

A pesar de esa posible necesidad de una ley, que, en cualquier caso, por lo menos serviría para reforzar la base legal para hacer públicas las inhabilitaciones, ya hay instituciones como el COMIB anunciando las sanciones más graves con la identificación del doctor afectado. El Colegio Oficial de Médicos de Baleares detalla a infoLibre que actúa de esta forma porque "es obligación del colegio velar no solo por la buena praxis médica, sino por el bien de toda la sociedad y de los ciudadanos".

"Nosotros entendemos que es importante decir quiénes son los médicos a los que se inhabilita para que se les pueda fiscalizar y la sociedad sepa quiénes son. Nuestros casos surgieron a raíz de la pandemia y hay una doctora que ha ido más allá con tratamientos con lejía para el cáncer. Eso afecta a los pacientes y a la sociedad. No podemos ocultarlo, es una realidad que está ahí y hay que denunciarlo", explica el COMIB.

"Allí donde es público quien incumple, y hablamos de infracciones graves, las cosas funcionan mejor. Es una de las mejores maneras de proteger y promover servicios de calidad. ¿Por qué nos sigue resultando tan difícil señalar a quien incumple?", reflexiona Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia.

La publicación de las inhabilitaciones a doctores ayudaría a su fiscalización e incluso a evitar que se salten los controles y sigan ejerciendo. La publicidad de estas sanciones en Reino Unido ha permitido que Bad Practice e infoLibre revelaran que varios médicos inhabilitados en ese país ahora atienden a pacientes en España.

Del mismo modo, se han conocido casos de médicos inhabilitados en nuestro país que han seguido ejerciendo dentro de nuestras fronteras. Como el doctor mallorquín Mateu Verd Vallespir, que a pesar de estar inhabilitado por la Justicia por negligencia médica en una liposucción que acabó con el fallecimiento de la paciente, entre otros motivos, continuó con su desempeño profesional. Tal y como explicó el Diario de Mallorca, cuando ya estaba suspendido de colegiación, realizó una operación de cirugía estética a otra paciente que también falleció y fue detenido por ello.

Algo similar pasó con Ruíz-Valdepeñas. Su caso acabó en la Justicia, ya que recurrió la inhabilitación del COMIB. A día de hoy hay dos procesos penales abiertos al respecto y hasta que los tribunales decidan no se sabrá si la suspensión del colegio de médicos se convierte en firme, así que ha podido seguir ejerciendo. De hecho, ha asistido partos a domicilio. Uno de esos partos, en Ibiza, acabó con el fallecimiento del bebé. Por ello ha sido investigado por homicidio imprudente. 

Tanto en el caso de Ruíz-Valdepeñas como en el de Verd, la ciudadanía se enteró de que no se estaban cumpliendo las sanciones cuando hubo consecuencias fatales para los pacientes y su mala praxis llegó hasta la Justicia y saltó a la prensa. Pero, ¿qué están haciendo el resto de médicos inhabilitados? ¿Cuántos han seguido ejerciendo en España? ¿Alguno está colegiado en el extranjero y atiende a pacientes en otro país? No se puede saber.

Sin embargo, en estos días hemos visto como nuestros nombres se han expuesto sin ningún tipo de consideración, despersonalizando la identidad que representa y todo lo que hay detrás de esa firma. Vulnerar la identidad de un profesional difundiendo su firma como un objeto crea un daño personal y profesional que termina generando inseguridad, desconfianza y vulnerabilidad. Tanto a quienes exponen como a quienes difunden este tipo de datos, exijo más consideración y respeto por nosotros y por lo que nuestra firma representa. Porque existe la ley, pero antes que la propia norma debería estar la responsabilidad personal de cada uno, y el respeto a la identidad de los demás. Cuando esto ocurre en sede parlamentaria a manos de nuestros diputados, la decepción es aún mayor, porque precisamente es de ellos de quienes cabría esperar el máximo respeto por las personas a las que están representando, y no esta vulneración absoluta de nuestros derechos y nuestra identidad con fines particulares y afán mediático.

Nuestro nombre no es una marca en un papel, es el compromiso personal y profesional con un proceso complejo en el que nos esforzamos mucho por dar lo mejor de nosotros mismos a nuestros pacientes y a toda la sociedad. No nos mezclen en disputas de las que somos parte afectada, sin pretender con estas palabras equipararnos a nuestras pacientes, que son el centro de nuestra preocupación.

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Francisco Javier Flores Álvarez es socio de infoLibre.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha suspendido al doctor Jorge Horacio Esbry. Así lo ha confirmado el propio COMA ante las preguntas de infoLibre. El colegio le ha abierto un expediente disciplinario, ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante y le ha suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión médica al considerar "que se ha podido cometer un ilícito penal y una infracción del código deontológico y de los estatutos del COMA" al ejercer en España mientras pesaba sobre él una inhabilitación en Reino Unido.

infoLibre ha revelado durante las últimas semanas, en el marco de la investigación internacional Bad Practice (Mala praxis, en español), varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que no han tenido problema para seguir ejerciendo en España. Uno de ellos es Jorge Horacio Esbry, que, al menos por ahora, no podrá seguir haciéndolo.

El facultativo, de origen argentino, trabajaba para una clínica de Londres desde 2015. En 2017 atendió a una paciente a la que intentó besar. También le profirió improperios verbales con intención sexual y le puso unos nuevos implantes mamarios en contra de la voluntad de la mujer —ella solo quería retirarse los que ya tenía—. Estas son solo algunas de las infracciones que quedaron probadas según el tribunal médico de Reino Unido que llevó el caso.

El tribunal, del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) —el organismo que se encarga de resolver cuando se encuentran indicios de mala praxis por parte de médicos— sentenció que Esbry había tenido conductas indebidas en tres categorías: actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y comportamiento de carácter sexual. Así que se le inhabilitó y se le prohibió la colegiación en Reino Unido, por lo que Esbry no puede volver a trabajar en el país. "Imponerle una suspensión inmediata es necesario para proteger a los ciudadanos y al interés público", resolvió el tribunal que lo juzgó.

Esa sanción en Reino Unido data de 2020. Pero tras ella, Esbry, que ya estaba colegiado en España, siguió trabajando en nuestro país sin ningún problema. El doctor ha seguido ejerciendo como cirujano estético y reparador en al menos tres clínicas privadas de Murcia y Alicante hasta este mes de octubre, cuando se publica la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—.

El COMA ha comunicado ya a esas clínicas que Esbry está "suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión" y que, por tanto, al menos hasta que se resuelva el caso, no puede volver a trabajar.

Además, el colegio le ha abierto un expediente disciplinario "por infracción del código deontológico y de los estatutos colegiales así como de la normativa legal" al haber seguido trabajando en España sin tener en cuenta que había sido inhabilitado en otro país.

El COMA también ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante "por si los mismos revistiesen carácter penal, de fraude en el ejercicio de la profesión médica, a sabiendas de la suspensión que pesaba acordada por el Medical Practitioners Tribunal, incurriendo en un posible delito de intrusismo profesional u otro tipo delictivo".

Casos como el de Esbry se dan cuando los doctores sancionados en otro país ya estaban colegiados en España antes de ejercer en el extranjero. Para colegiarse en nuestro país, a los médicos se les pide un certificado de idoneidad expedido por el Estado en el que ejercían previamente, en el que se debe recoger que no tienen ninguna sanción. Sin ese documento un médico no puede colegiarse en España. Pero si ya estaba inscrito en un colegio de nuestro país y se marcha al extranjero sin darse de baja, a su vuelta nadie le va a pedir un certificado.

De todos modos, el Colegio de Médicos de Alicante, a diferencia de otros, está abierto a homologar ambas situaciones. Es decir: dado que un médico no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país (ya que no se le expediría el certificado de idoneidad necesario), en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España por no cumplir con los requisitos que se piden para poder inscribirse en un colegio.

Ahora, según lo que decida la Fiscalía –que tiene que resolver si lleva el caso a los tribunales o no–, la Justicia se podrá pronunciar al respecto. "Se mantendrá la suspensión temporal hasta que Fiscalía diga si presenta denuncia en el juzgado o no. El expediente sancionador [del colegio], mientras, queda suspendido por si hay una causa penal", explica el COMA a infoLibre.

En 2011 un juzgado de Alicante resolvió sobre un caso similar. El COMA había expulsado del colegio a un médico por haber sido inhabilitado en Alemania por la Justicia de ese país. El facultativo reclamó ante los tribunales españoles, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante dio la razón al colegio de médicos y la inhabilitación se homologó en nuestro país. Según el juez, el médico, tal y como interpreta el COMA para estos casos, había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

En el caso de que sobre Esbry no haya causa judicial porque la Fiscalía no vea indicios de delito y no presente denuncia, será cuando el propio Colegio de Médicos de Alicante resuelva internamente a través del expediente disciplinario que ha abierto y se encuentra suspendido. En cualquier caso, durante todo ese proceso el doctor tiene prohibido ejercer como médico debido a la suspensión provisional que ha decretado la junta directiva del COMA de forma unánime.

infoLibre ha intentado recabar también la versión de Esbry, pero este ha declinado hacer declaraciones. Este medio contactó con el doctor por primera vez el pasado 19 de septiembre. Más de un mes después, no ha dado respuesta a ninguna de las preguntas que se le han hecho llegar.

El caso de Esbry es el primero revelado por Bad Practice e infoLibre en España en el que se toman medidas. Este medio ha informado también sobre otros tres doctores inhabilitados en Reino Unido que han seguido trabajando en España. Se trata de Juan Ruiz Alconero, Ramón Martos Martínez y Claudia Lorena Martínez Higueros, que están colegiados en Madrid, Almería y Navarra, respectivamente.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) respondió a infoLibre sobre el caso de Ruiz Alconero: "(...) el hecho de haber sido sancionado en Reino Unido no implica que, con motivo de esa sanción, deba ser inhabilitado en España". Añadió que "no se ha adoptado ni se plantea ninguna medida disciplinaria contra este doctor".

Los colegios de Almería y Navarra, por su parte, no han respondido a las preguntas de infoLibre, a pesar de que este medio contactó con ambas instituciones por primera vez el pasado 30 de septiembre.

En todo caso, los colegios deberían haber sabido de la existencia de estas sanciones a sus médicos antes de la publicación de la investigación de infoLibre y OCCRP. Existe un mecanismo, llamado Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), a través del cual los países de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) lanzan alertas cuando sancionan a algún facultativo.

En España esas alertas llegan al Ministerio de Sanidad, que luego las remite a la Organización Médica Colegial (OMC) y al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Tras ese aviso, la OMC - CGCOM informa a los colegios provinciales de médicos.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante explica a infoLibre que, de hecho, no ha actuado antes en el caso de Esbry porque hubo un problema con la alerta sobre este doctor en 2020. Reino Unido mandó un aviso al IMI cuando se suspendió a Esbry el 7 de marzo de 2020. El COMA recibió la notificación por parte de la OMC - CGCOM, aunque sin copia de la resolución del tribunal británico, pero fue "en los días previos a la aprobación del estado de alarma [...] y debido a la excepcionalidad coyuntural derivada del covid-19, impidió la puesta en marcha de los mecanismos de verificación y tramitación de sanciones internacionales".

El colegio, además, explica que tras conocer el caso de Esbry por la publicación de la investigación Bad Practice, "ha procedido a verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia". De nuevo, a infoLibre no le consta que otros colegios hayan hecho esa misma revisión, ni tampoco la OMC - CGCOM o el Ministerio de Sanidad.

La doctora Claudia Lorena Martínez Higueros trabajó en el Hospital Chelsea & Westminster de Londres entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. Durante ese contrato temporal, de solo medio año, cometió al menos dos fallos clínicos. En una ocasión, intervino a una paciente en la pleura —una membrana que se sitúa entre el pulmón y las costillas— derecha cuando tenía que hacerlo en la izquierda. En otra, realizó una biopsia a un paciente en el riñón derecho cuando, de nuevo, tenía que hacerlo en el izquierdo. Además, mintió para intentar ocultar ambos errores.

Esa mala praxis acabó con su carrera en Reino Unido. En abril de 2024 un tribunal médico decidió que no podía volver a ejercer en el país y que tenía que ser eliminada del registro de médicos. Pero Martínez Higueros ha seguido trabajando. Ahora, en España. Este mismo año, ha atendido a pacientes durante unos meses en el Hospital Universitario de Móstoles cubriendo una baja maternal en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). No es su única actividad en la sanidad pública. Hasta este mes de septiembre, según el registro del Ministerio de Sanidad, trabajaba también en el Hospital Universitario de Donostia-San Sebastián.

El caso de la doctora Martínez no es una excepción. Tal y como ha revelado la investigación internacional Bad Practice (Mala praxis, en español), decenas de doctores en Europa ejercen en un país distinto del que han sido sancionados sin ningún tipo de problema. Varios de ellos trabajan en España. Con Claudia Lorena Martínez, son al menos ya cuatro los doctores inhabilitados en Reino Unido, que a pesar de esa sanción, han seguido ejerciendo y visitando a pacientes en nuestro país. Los otros tres lo hacían en la sanidad privada.

Todos esos casos han sido confirmados por infoLibre, único medio español que forma parte de Bad Practice. La investigación, coordinada por OCCRP, The Times y VG, ha corroborado también que más de 100 médicos que han sido inhabilitados en un país tienen a día de hoy licencia para ejercer en otro, pero, debido a la falta de transparencia con las sanciones en la profesión médica existente en algunos Estados europeos como España, esa cifra es solamente la punta del iceberg.

Aun así, casos como el de la doctora Martínez Higueros dejan claro que el control de este tipo de casuísticas tiene importantes agujeros negros en el continente. Los problemas se producen, sobre todo, cuando los médicos ya tienen permiso para ejercer en otro país antes de ser sancionados. Cuando eso ocurre, es complicado que luego el otro Estado les impida volver y trabajar. 

Es lo que pasó con la propia Martínez, que tras ser inhabilitada en Reino Unido volvió a España para trabajar porque ya estaba inscrita anteriormente en el Colegio Oficial de Médicos de Navarra. Al estar colegiada, no existe un mecanismo que se active de forma automática para homologar una sanción en el extranjero. Diferente es la situación cuando un médico inhabilitado intenta colegiarse en España. En ese caso, no tienen permitido hacerlo, ya que se les pide un certificado de idoneidad del país donde estaban registrados y este no debería expedirlo debido a la sanción.

El Ministerio de Sanidad, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países tras la publicación de Bad Practice, no ha reaccionado a los datos revelados por la investigación y, al menos, por ahora, no ha anunciado ninguna medida para evitar este tipo de casos. Tampoco se ha propuesto llevar a cabo una evaluación para conocer exactamente cuántos médicos inhabilitados en el extranjero ejercen a día de hoy en España.

Claudia Lorena Martínez es una radióloga intervencionista, una especialidad en la que, como radiólogos, se guían por la imagen —con procedimientos como los rayos X o las ecografías—, pero, además, no solo diagnostican a través de ese tipo de técnicas, también intervienen en los pacientes con tratamientos mínimamente invasivos, como pueden ser las biopsias, los drenajes o los cateterismos.

Tras graduarse en Medicina en México y homologar su título en España, se especializó en la Universidad de Londres. Comenzó a trabajar en Irlanda y, finalmente, volvió a Londres para ejercer en junio de 2018. A finales de 2019 obtuvo un contrato temporal de seis meses en el Hospital Chelsea & Westminster, donde ejerció hasta febrero de 2020 y donde cometió los errores que la llevaron ante un tribunal médico del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), el organismo que se encarga de resolver cuando hay quejas o indicios de mala praxis por parte de doctores en Reino Unido.

Los problemas con la radióloga surgieron a raíz de las intervenciones a dos pacientes a los que atendió en 2019. El 10 de diciembre de aquel año una mujer de 73 años acudió a urgencias del hospital por dificultades para respirar. Los superiores de Martínez Higueros le encargaron una "aspiración pleural diagnóstica izquierda", pero, en lugar de eso, la doctora le realizó un "drenaje pleural terapéutico del lado derecho". Es decir, intervino en la pleura que no tocaba y, además, le realizó una intervención distinta a la que le habían pedido. Todo ello demostrado por el tribunal médico que la juzgó —un procedimiento habitual en Reino Unido—.

Doce días después, otro paciente, de 58 años, acudió a urgencias. Llevaba días con sangre en la orina, náuseas y fiebre, y tenía antecedentes de piedras en el riñón. Tras una resonancia magnética, que había hecho la propia Martínez, se le diagnosticó un quiste en el riñón derecho y una lesión en el izquierdo. Después de que un equipo multidisciplinar estudiara el caso del paciente, se detectó que la lesión del riñón izquierdo era "sospechosa de malignidad" y se pidió una biopsia del mismo, que, de nuevo, se encargó a la doctora. Pero la radióloga realizó la biopsia en el riñón derecho. Ante esta situación, el hospital tuvo que repetir la prueba para realizarla en el izquierdo.

En ambas ocasiones, Martínez Higueros tenía que intervenir en un órgano izquierdo pero lo hizo en el derecho. Además, en ambas ocasiones, realizó anotaciones falsas en los informes clínicos y el historial de los pacientes para ocultar sus errores, según resolvió el tribunal médico. En el caso de la mujer indicó que era imposible intervenir en la pleura izquierda y que, por ello, lo hizo en la derecha tras contactar con el resto del equipo médico. En el caso del hombre modificó el informe días después para indicar que la lesión identificada y biopsiada se encontraba en el riñón izquierdo, cuando antes había escrito que se encontraba en el derecho. También aseguró que ella no había hecho la biopsia.

Las anotaciones eran falsas, según determinó el tribunal. Además, el MPTS entendió que la doctora las había realizado a sabiendas de que no eran verdaderas, ya que era consciente de que en el caso de la mujer no había avisado al equipo médico de esa supuesta imposibilidad para realizar la intervención en la pleura izquierda y de que en ambas ocasiones había intervenido ella y lo había hecho en el órgano derecho.

Por ello, el tribunal dictaminó que Martínez Higueros había tenido conductas indebidas en dos categorías: actuaciones clínicas y prácticas deshonestas. El MPTS consideró más graves las segundas, de las cuales se la encontró culpable, precisamente, por haber mentido en sus anotaciones a sabiendas: "Intentó encubrir sus fallos clínicos". Además, el tribunal resolvió que había puesto en riesgo la seguridad de los pacientes.

Aun así, la doctora, a día de hoy, afirma que todo es mentira y que esas acusaciones contra ella son un invento. En conversación con infoLibre, ha asegurado que no es cierto que cometiera los errores: "Es un caso de corrupción dentro del Colegio de Médicos [de Reino Unido]. Denuncié a unas personas que son influyentes allí, en temas de mala práctica médica. Ese es el caso [...] Eran errores graves como procedimientos que incluso llegaron a causar muerte de pacientes y yo denuncié eso".

Tras esa afirmación la doctora no ha querido especificar quiénes son esas personas de forma concreta —aunque ha subrayado que son "personas que desempeñan puestos de gerencia en un hospital de Londres"—, ni consta nada sobre esa supuesta acusación en el expediente del tribunal médico, que es público. Tampoco ha aportado prueba alguna ante las preguntas de infoLibre al respecto.

De hecho, tras esa llamada, este medio le hizo llegar una batería de preguntas por escrito a través del correo electrónico, pero la doctora en el momento de publicación de esta información no las ha respondido. Tampoco ha vuelto a coger el teléfono ni a contestar los distintos mensajes que se le han enviado desde entonces.

Durante la conversación con infoLibre, la doctora aseguró que había apelado la resolución del MPTS, pero unos segundos después se contradijo y afirmó que estaba "en búsqueda y espera de la ayuda legal en España" para poder apelar ante una instancia superior. "El problema principal es que no tuve la suficiente defensa legal, no tuve los medios para tener una defensa legal apropiada", añadió. La doctora contó con tres abogados distintos ante el tribunal médico durante distintos lapsos de tiempo del proceso.

A día de hoy, no consta que haya tomado acciones legales y el plazo para apelar la decisión ante la justicia ordinaria de Reino Unido ya ha expirado. Eso sí, la normativa inglesa también permite a los médicos solicitar volver a colegiarse una vez han pasado cinco años desde la sentencia del tribunal médico. Cuando optan por esa vía, vuelven a ser juzgados por otro tribunal médico, que debe decidir si permitirles de nuevo la colegiación o no. Martínez Higueros aún no está en el plazo para poder hacerlo; aunque ese tipo de peticiones no suelen ser exitosas para los doctores.

Tampoco lo fue la que realizó su último abogado, David Morris, ante el tribunal médico. Morris pidió que no fuera inhabilitada de forma permanente en Reino Unido y se optara por una suspensión temporal con una revisión del caso al final de la misma, pero el tribunal no aceptó. Para esa petición, el abogado recordó que Martínez Higueros había declarado lo siguiente: "Entiendo perfectamente que, basándose en sus conclusiones, el Tribunal se ve obligado a dictaminar que he incumplido gravemente las normas y que debo ser sancionada para proteger a los ciudadanos".

El tribunal resolvió que se trataba "de un caso grave de falta de honestidad en el ámbito clínico que afectaba a dos pacientes y que ponía en riesgo su seguridad", que, "había mostrado un desprecio deliberado por la seguridad de los pacientes, anteponiendo sus propios intereses a los de estos" y que "había abusado de la confianza que los pacientes, sus compañeros y la sociedad habían depositado en ella" como doctora. Por todo ello, el MPTS consideró que su conducta indebida era "fundamentalmente incompatible con el mantenimiento de su colegiación" y decidió inhabilitarla de forma permanente y no acceder a esa suspensión temporal.

Pero esa eliminación del registro médico a la que se le sentenció en Reino Unido no ha impedido que Martínez Higueros siga colegiada en Navarra. De hecho, así consta en el buscador de la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), donde también se recoge que actualmente trabaja con "ejercicio privado".

A pesar de ello, Martínez Higueros aseguró en la llamada con infoLibre que no estaba ejerciendo en España como doctora y que no estaba visitando a pacientes, sino que trabajaba como investigadora. Cuando se produce esa conversación, el 30 de septiembre, en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), del Ministerio de Sanidad, constaba que la doctora ejercía en el Hospital Universitario de Móstoles (Madrid) y en el Hospital Universitario de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).

Ante esta situación, infoLibre le traslada estos datos y ella niega la mayor: "Estoy registrada con esos hospitales porque he estado haciendo algunas investigaciones con ellos". Ambos son hospitales públicos y dependen de las consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y del País Vasco, respectivamente. Entonces, la doctora asegura que trabaja investigando "enfermedades cardiovasculares" para ambas consejerías, pero desde Londres. "Hago algunos estudios, llevo casos, reviso documentos, hago ensayos clínicos y ese tipo de cosas".

Tras varias preguntas, la doctora cambia otra vez de explicación, y afirma que trabaja para el grupo de investigación CIBER CV, especializado en enfermedades cardiovasculares, que depende del Instituto de Salud Carlos III (ISC III). Es ahí cuando dice que no trabaja para las consejerías sino que lo hace para ese grupo del ISC III, que es estatal y depende del Ministerio de Sanidad.

Pero el CIBER CV ha asegurado a infoLibre que "no existe ninguna relación contractual entre el CIBER y la doctora" y que Martínez Higueros no tiene ninguna "vinculación con nuestra institución". El organismo también ha afirmado que no les consta ninguna relación con Martínez Higueros en el pasado. Lo que asegura la doctora es que investiga para grupos del CIBER que trabajan en esos hospitales, pero la institución aclara a infoLibre que no tiene grupos sobre enfermedades cardiovasculares en el Hospital Universitario de Móstoles ni en el de Donostia. Las consejerías de Sanidad madrileña y vasca también han negado que la doctora trabaje actualmente para ellas.

La Comunidad de Madrid, eso sí, ha aclarado que la doctora Martínez Higueros trabajó para el SERMAS cubriendo una baja maternal durante cuatro meses, de enero a abril de 2025, en el Hospital Universitario de Móstoles y que desde entonces no ha vuelto a trabajar para ellos aunque en el REPS conste que sí. Así que, aunque Martínez Higueros aseguró en la llamada que solo se dedica a la investigación, al menos hasta hace unos meses atendía a pacientes en nuestro país y, además, en la sanidad pública.

El REPS, como sucede con el caso de Martínez Higueros en el hospital de Móstoles, no siempre está actualizado. Las propias instituciones médicas y sanitarias tienen que remitir la información de sus profesionales al Ministerio de Sanidad, pero no se mantiene una actualización constante. En cualquier caso, que hasta septiembre apareciera en el REPS que también trabajaba en el Hospital Universitario de Donostia, indica que en algún momento debería haber ejercido en el mismo.

A pesar de ello, el Departamento de Salud - Osakidetza del Gobierno Vasco ha respondido a infoLibre que la doctora "no trabaja en esa institución". El departamento no ha querido aclarar si anteriormente ha trabajado para el hospital o para otras instituciones del País Vasco alegando la protección de datos personales de la doctora. La mención al Hospital Universitario de Donostia en el perfil de la doctora en el REPS desapareció justo después de que infoLibre hubiera realizado esas preguntas sobre ella a la consejería vasca.

El Colegio Oficial de Médicos de Navarra, donde está registrada la radióloga, ha asegurado a este medio que continúa colegiada pero que no tiene constancia de que esté ejerciendo. "Ella al colegio no le ha informado de que esté trabajando en ningún sitio". La institución también ha explicado que los médicos a pesar de que tienen que confirmar su propia información laboral al colegio, no siempre la actualizan. Ante el resto de preguntas que le ha hecho llegar infoLibre, como si se había tomado alguna medida al conocer que la doctora había sido inhabilitada en Reino Unido, el colegio ha declinado responder.

La única institución que ha contestado sobre ese asunto es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que no tenía "ninguna notificación de que la doctora tenía algún tipo de sanción". El departamento también explica que como "la ley le ampara y puede acceder a un puesto de trabajo con normalidad, no podemos hacer absolutamente nada". "Tendrá la inhabilitación en Reino Unido pero mientras aquí no tenga ninguna prohibición…", detalla la consejería, que también afirma que no le consta ningún tipo de incidente o problema con la doctora cuando ha trabajado para el SERMAS.

La consejería se queja de que el ministerio no pone a disposición de las comunidades "ningún registro ni ningún protocolo" para que se les avise de si un doctor tiene una inhabilitación o algún tipo de sanción en el conjunto de España o en el extranjero. Así, asegura que únicamente puede conocer las propias sanciones que se dan en el SERMAS.

El Ministerio de Sanidad, por su parte, no ha respondido a las preguntas concretas sobre el caso de Martínez Higueros que le ha hecho llegar infoLibre. Tampoco la OMC - CGCOM. Ambas instituciones, al igual que la consejería vasca, se amparan en la protección de los datos personales para no dar respuesta sobre los doctores inhabilitados en otros países que ejercen en España, primando así esa protección por encima de la salud de los ciudadanos y del propio interés público. La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), de la que Martínez Higueros asegura ser socia, también ha declinado realizar declaraciones por el mismo motivo.

Esta situación de opacidad beneficia a los médicos sancionados. La propia Martínez Higueros es consciente de ello. Durante la llamada con infoLibre, la doctora ya avanzaba que no quería que quedara rastro del caso: "Es un caso que necesito limpiar". 

Las siguientes preguntas que este medio le hizo llegar vía mail no las respondió y, en su lugar, envió un escueto mensaje: "Solamente expresarle de la manera más atenta, que no consiento ni le autorizo a realizar ninguna publicación en mi nombre o que tenga ningún vínculo con mis datos personales o profesionales". Aún después de esa respuesta, infoLibre le hizo llegar otro correo anunciándole la publicación de este reportaje y dándole una última opción a responder. No contestó. 

En cualquier caso, la huella digital le preocupa. Hasta ahora no se había podido confirmar que la radióloga había seguido ejerciendo en España tras su inhabilitación en Reino Unido, pero la prensa inglesa cubrió lo que había ocurrido en su país. Fueron varios los medios, como My London o Radiology Business, los que informaron de su inhabilitación. 

Debido a ello, cuando se buscaba a la doctora en internet, era normal que aparecieran noticias sobre las conductas indebidas que había protagonizado. Ahora, en cambio, al poner 'Claudia Lorena Martínez Higueros' en Google, el primer resultado del buscador es la web 'draclaudiamartinezhigueros.com', creada por la propia doctora en lo que parece una estrategia para modificar los resultados cuando se busca su nombre.

En la página presume de "una trayectoria internacional en hospitales y centros de referencia" y de "precisión técnica, innovación médica y un profundo compromiso con cada paciente". La web está disponible tanto en inglés como en español y en la misma asegura haber colaborado "con centros de prestigio como el Grupo CIBER" y trabajar "para distintas entidades sanitarias públicas y privadas en España", a pesar de lo que dijo en su conversación con infoLibre.

También facilita un correo electrónico de contacto, cuyo dominio pertenece a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Al ser preguntada durante la llamada, la doctora dijo que disponía del mismo porque en su momento hizo la residencia médica en la sanidad madrileña. La consejería, en cambio, ha asegurado a infoLibre que posiblemente tenga esa dirección de mail porque este mismo año ha trabajado en el Hospital de Móstoles.

Su estrategia digital, de todos modos, no ha consistido únicamente en el lanzamiento de la web. Multitud de supuestos medios de comunicación, como Diario Financiero, Diario Siglo XXI, Murcia.com o Pamplona Television, publicaron este 29 de mayo la misma nota de prensa. Esta hablaba sobre la experiencia de la doctora y enlazaba a su web con una clara intención de mejorar el posicionamiento de la misma en buscadores y borrar su pasado en Reino Unido.

El 84% de los sanitarios españoles ha sufrido algún tipo de violencia en su trabajo en el último año. El dato, procedente del informe Salud mental de enfermeras y médicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), coloca a España como uno de los países europeos donde los profesionales de la salud están más expuestos a las agresiones físicas y verbales.

El estudio, con más de 90.000 encuestados en los 27 países de la Unión Europea, Islandia y Noruega, revela que el 77,6% de las personas que trabajan en la sanidad europea han sido víctimas de violencia. Además, la OMS advierte en el informe de que la exposición constante a este tipo de situaciones duplica la probabilidad de sufrir problemas de salud mental. En Europa, el 24% de los sanitarios padece ansiedad y un 13% depresión, unas cifras similares a las registradas en España.

Uno de los principales factores que señalan los sindicatos para explicar este clima laboral es el deterioro de los servicios públicos. Irene Álvarez, responsable de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, apunta que las cargas de trabajo que soportan los profesionales y la saturación de determinados servicios también "generan una espiral de violencia". "Cuando hay una saturación en determinados servicios de salud y la ciudadanía los percibe como deteriorados, lo acaban pagando con el que tienen delante", añade.

La asiduidad con la que se repiten estos hechos ha provocado que profesionales como Carmen Alonso, enfermera en el Hospital Universitario de Móstoles (Madrid), hayan normalizado los insultos como parte de su día a día. "Si ya de por sí nuestro trabajo es complicado y a eso le sumas la tensión de estar oyendo frases como 'te voy a matar', cuando llegas a casa tienes ganas de poco", relata Alonso a infoLibre.

Si ya los datos a nivel europeo son preocupantes, España supera con creces varias estadísticas vinculadas a la violencia que se ejerce en los centros de salud y hospitales. En cuanto al manejo de la ira de los pacientes, una de las situaciones más habituales, un 76% de los sanitarios españoles lo ha sufrido en el último año, cinco puntos por encima de la media europea (71%).

No obstante, la brecha se vuelve aún mayor cuando se analizan los niveles de violencia física y amenazas. En España, el 35% del personal ha sufrido agresiones físicas en los últimos doce meses, lo que sitúa al país como el tercero con mayor incidencia, solo por detrás de Irlanda y Polonia. A ello se suma que el 50% de los profesionales declara haber recibido amenazas violentas, casi 20 puntos por encima del promedio europeo.

Alonso incide en que descalificativos como "inútil" o frases como "para eso te pago" por parte de los usuarios son habituales en cada jornada. Además, advierte de que las ataques físicos "son cada vez más frecuentes". "Una de las agresiones que yo he recibido fue en la unidad de hospitalización de Móstoles. Una paciente se empezó a poner cada vez peor y, cuando le dijimos a su hija que saliera de la habitación, lo mínimo que me llamó fue 'hija de puta' y me intentó pegar. Menos mal que estaba mi compañera para poder calmarla", detalla.

La actitud de los pacientes y sus familiares, según Álvarez, ha cambiado "de manera drástica" en los últimos años. "Los compañeros y compañeras nos trasladan que cada vez es más frecuente que les falten al respeto. Antes las familias siempre eran colaboradoras y ayudaban en lo que podían en los hospitales, y ahora en la mayoría de los casos no atienden a sus familiares ni respetan al personal", amplía la representante de CCOO.

A escala nacional, el Informe de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud 2024, publicado por el Ministerio de Sanidad, también confirma el aumento de la violencia en los centros públicos. En total, durante el año pasado se notificaron 17.070 agresiones a trabajadores del sistema público, lo que supone 2.364 casos más que en 2023 y un incremento del 15,7%. El dato equivale a 24,6 ataques por cada 1.000 profesionales en activo, la cifra más alta desde que existen registros homogéneos (2017).

De todas las agresiones notificadas, 2.946 fueron de carácter físico (empujones, golpes u objetos arrojados) y 14.217 de tipo no físico (insultos, amenazas, coacciones o vejaciones). Aunque las segundas siguen siendo mayoría, ya que representan el 84% del total, las agresiones físicas no dejan de crecer desde 2021, según el informe.

Sin embargo, tanto Alonso como Álvarez coinciden en que la realidad "va más allá de lo que reflejan los datos oficiales". "Nadie notifica cada vez que se nos falta al respeto a diario. A día de hoy, lo único que se denuncia en la mayoría de las ocasiones son las agresiones físicas", lamenta la enfermera de Móstoles.

Más de un centenar de médicos inhabilitados en países europeos tras haber incurrido en conductas indebidas siguen teniendo licencias o permisos para trabajar en otros lugares. Es una de las principales conclusiones de la investigación Bad Practice (Mala praxis, en español), que ahonda en cómo decenas de doctores se saltan los controles en el continente para ejercer en un país distinto del que han sido sancionados.

La investigación, coordinada por OCCRP, The Times y VG, y llevada a cabo por 50 medios entre los que se encuentra infoLibre, revela también que entre esos médicos sancionados hay doctores que a día de hoy están habilitados para ejercer en España. Además, al menos tres de ellos siguen ejerciendo en nuestro país sin ningún tipo de problema. Los tres fueron inhabilitados en Reino Unido por infracciones como mala praxis clínica o comportamientos y comentarios sexuales hacia sus pacientes, pero ahora atienden y visitan a pacientes en clínicas españolas.

A pesar de la falta de transparencia que hay en nuestro país con los datos de los médicos habilitados para ejercer y los de los sancionados que no pueden trabajar, infoLibre ha podido confirmar varios casos de doctores a los que se les ha prohibido ejercer la medicina en otro país europeo pero a los que ningún tipo de control les ha impedido tener licencia en España. Los tres facultativos que siguen ejerciendo aun estando inhabilitados son Jorge Horacio Esbry, Ramón Martos y Juan Ruiz Alconero.

Todos trabajaban anteriormente en Reino Unido. Allí es un procedimiento habitual que sea un tribunal médico del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) quien resuelva cuando hay quejas o indicios de conducta indebida por parte de doctores. Los tribunales que juzgaron a los tres fueron claros en cada caso.

"La conducta del doctor es fundamentalmente incompatible con continuar habilitado", sentenció uno de esos tribunales sobre Ruiz Alconero. "Imponerle una suspensión inmediata [de la profesión] es necesario para proteger a los ciudadanos y al interés público, debido a la gravedad de su conducta indebida", resolvió otro respecto a Jorge Horacio Esbry. "Resulta necesario inhabilitarle para el ejercicio profesional a fin de proteger la confianza pública en la profesión médica y promover los estándares adecuados de conducta de sus miembros", sentenció el tercer tribunal sobre el caso del doctor Martos.

El MPTS no tuvo dudas en el caso del doctor Ruiz Alconero. Este médico, licenciado por la Universidad de Alcalá de Henares, lleva toda su carrera dedicado a realizar trasplantes e injertos capilares. Al menos entre 2016 y 2017 trabajó en la clínica KSL Hair, situada en Glasgow (Escocia) y conocida por operar a los jugadores del Celtic y del Rangers —los dos clubes de fútbol más importantes de la ciudad—, que la promocionaban en redes sociales. 

Pero este centro médico también se hizo famoso en Reino Unido por las quejas de muchos de sus pacientes, que han denunciado múltiples operaciones fallidas. El cirujano capilar español operaba en esa clínica sin haber visitado ni visto en persona a sus clientes antes de la intervención y sin estar habilitado como médico en el Reino Unido. A veces tampoco atendía a los pacientes después de la operación, a pesar del necesario postoperatorio en una intervención de este tipo, y ni siquiera se encargaba de darles el alta. 

Otra de las infracciones que quedó probada, según el tribunal médico, es que en algunas ocasiones había permitido a asistentes o técnicos sin la preparación necesaria llevar a cabo ciertas partes del procedimiento que debería haber ejecutado él como cirujano, como inyectar la anestesia local, extirpar injertos, extraer folículos o realizar incisiones a los pacientes. Llegó incluso a abandonar la sala de operaciones durante algún trasplante y, por tanto, no solo no continuó él con la intervención sino que dejó de supervisarla.

Por todo ello, el MPTS se explayó en su sentencia: "El Tribunal considera que la deshonestidad acreditada del Dr. Ruiz Alconero dañaría la confianza de la sociedad en la profesión si no se declarara su inhabilitación para el ejercicio profesional. Asimismo, sus fallos en la atención clínica ponen a los pacientes en riesgo de sufrir daños. El Tribunal entiende que una persona razonable y debidamente informada de los hechos se alarmaría ante la actuación descrita. A la vista de los hechos probados y de la gravedad de la conducta indebida, el Tribunal concluye que es necesaria una declaración de inhabilitación para promover y mantener los estándares de conducta propios de la profesión médica".

A pesar de ello, a Ruiz Alconero no le ha ido mal. Ahora ejerce en España, donde tiene su propia clínica en el madrileño barrio de Chamberí: Capilae. Además, aparece citado como experto capilar en distintos medios de comunicación y participa en seminarios y congresos sobre el tema. En su perfil de LinkedIn se promociona con la siguiente afirmación: "Toda la cirugía al completo realizada por mí mismo. Nadie más toca la cabeza de mis pacientes más que el médico [sic]". Las frases chocan totalmente con lo que resolvió el tribunal de Reino Unido.

infoLibre ha contactado por diversas vías con su clínica en Madrid, pero han declinado hacer declaraciones. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid, donde está colegiado Ruiz Alconero, ha asegurado ante las preguntas de infoLibre que "el hecho de haber sido sancionado en Reino Unido no implica que, con motivo de esa sanción, deba ser inhabilitado en España".

Y, por chocante que pueda parecer, la legislación vigente en España avala la afirmación del Colegio. Para colegiarse en España, a los médicos se les pide certificar que no tienen sanciones en el país en el que ejercían antes. El problema se suele producir cuando se colegiaron en España, luego se fueron a trabajar a otro país, fueron inhabilitados allí y después regresaron. Es lo que pasó con Ruiz Alconero, que se colegió en Madrid en 1999 y en Reino Unido en 2017 —a pesar de que trabajaba en Escocia, sin poder hacerlo, al menos desde 2016—. Al estar ya colegiado aquí cuando Reino Unido lo sancionó, no le supuso un problema volver a ejercer en España.

El Colegio madrileño también asegura a infoLibre que Ruiz Alconero "no ha sido sancionado disciplinariamente nunca" por su parte y que en el momento de la inhabilitación en Reino Unido, la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) –que agrupan y coordinan a los colegios de médicos provinciales–, les informó de que "se había procedido a la suspensión del registro del Dr. Ruiz Alconero [en ese país] sin especificar la causa". "A este colegio no le consta ninguna otra información sobre la suspensión de este registro", añaden, a pesar de que la sentencia del tribunal médico inglés es pública. 

El Colegio afirma, además, que "la suspensión [en Reino Unido] puede ser debida a múltiples causas, sobre todo administrativas". Pero no fue ese el motivo de la inhabilitación de Ruiz Alconero, como ya le había indicado infoLibre. De hecho, según la sentencia, quedó demostrado que el doctor tuvo conductas indebidas en tres categorías distintas: actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y ejercicio de la profesión sin habilitación. 

Que haya respuesta del Colegio madrileño, más allá de reconocer que no han investigado el caso de uno de sus médicos pese a haber sido sancionado en otro país, es una excepción. El organismo asegura no saber por qué se sancionó a Ruiz Alconero y que "no se plantea ninguna medida disciplinaria contra este doctor ya que no se ha objetivado ninguna causa para ello", pero al menos ha respondido a las cuestiones de infoLibre. 

No sucede igual con el Ministerio de Sanidad y con la OMC - CGCOM, que se niegan a aclarar nada sobre los casos específicos de estos tres doctores. Ambos citan la protección de datos personales como la razón que les impide hablar sobre los médicos inhabilitados. El ministerio alega también que las sanciones a los doctores en España son confidenciales, a pesar de que Ruiz Alconero, al igual que Esbry y Martos, fue penalizado en Reino Unido, donde se da completa publicidad a este tipo de infracciones y a las sentencias sobre los casos.

Uno de los problemas en España es esa confidencialidad de las sanciones. Aquí no se publica a qué médicos se ha inhabilitado o impuesto algún tipo de castigo. Además, tanto el ministerio como la OMC - CGCOM se han negado a facilitar esta información ante múltiples solicitudes de información realizadas por infoLibre al amparo de la ley de transparencia. La protección de los datos personales de los médicos inhabilitados pasa por encima del interés público y la protección de la salud de los ciudadanos. Por tanto, ¿se puede pedir cita con un médico en nuestro país y que resulte que ha sido sancionado? Sí, podría pasar, y lo más probable es que el paciente no lo supiera.

Eso es, precisamente, lo que muy posiblemente haya ocurrido con la mayoría de los pacientes que ha atendido el doctor Jorge Horacio Esbry en Alicante y Murcia durante los últimos años. Fue inhabilitado en 2020 en Reino Unido, como ya ha explicado infoLibre, pero ejerce sin problemas en clínicas de esas dos provincias desde entonces.

Con Esbry, al igual que con Ruiz Alconero, el MPTS encontró conductas indebidas en tres categorías. En su caso, en las de actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y comportamiento de carácter sexual. Todo se remonta a una paciente que Esbry operó en una clínica de Londres en 2017. Le practicó una extracción de implantes mamarios, una mastopexia —la cirugía estética para levantar y remodelar el pecho— y una liposucción.

Entre otras infracciones recogidas en la sentencia, el doctor la intentó besar; le profirió improperios verbales con intención sexual como que "debería ser el primer hombre en probarlos [en relación a los pechos]"; le puso unos nuevos implantes mamarios en contra de la voluntad de la mujer, que solo quería retirarse los que ya tenía; y la engañó asegurando que los nuevos no eran de alto perfil —un tipo de implante mamario que hace sobresalir más del pecho y tiene una forma más redonda— cuando sí lo eran.

A pesar de todo ello, Esbry sigue trabajando y atendiendo a pacientes en al menos tres clínicas privadas de Murcia y Alicante, según infoLibre ha podido confirmar. 

La clínica Mejórate, ubicada en Montesinos (Alicante), dice no saber nada sobre la sanción británica, pero asegura que estudiará el caso para tomar una decisión. Las otras dos no han contestado a las preguntas de este medio. Una de ellas es la clínica Praxis, en El Campello (Alicante), especializada en pseudociencias y supuestas terapias de medicina alternativa como la cromoterapia o la aromaterapia. Esbry ejerce en ella a pesar de ser cirujano estético y reparador, una ocupación que no tiene nada que ver con la actividad de dicho centro. Praxis pertenece al doctor alemán Miguel Corty, que fue candidato de Vox a la alcaldía de su municipio.

El doctor Esbry ha declinado realizar declaraciones para esta investigación. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante, en el que está registrado, en cambio, ha asegurado a infoLibre que no tenía conocimiento del caso hasta este momento pero que ahora "ha procedido a investigar y averiguarlo". La OMC - CGCOM ha declinado, como para el resto de casos concretos, hacer valoraciones, pero ha asegurado que informó al Colegio Oficial de Médicos de Alicante, igual que al resto de colegios provinciales, de la inhabilitación de Esbry en Reino Unido después de que el Ministerio de Sanidad —a quien le llega la información a través del Sistema IMI— se lo transmitiera.

Si el Colegio Oficial de Médicos de Alicante efectivamente acaba investigando a Esbry, algo que aún debe terminar de oficializarse, se trataría de la única investigación en España para los casos de médicos inhabilitados en otros países revelados por Bad Practice. 

No sucede igual en otros lugares. De hecho, mientras el ministerio español no quiere hablar de los casos de Ruiz, Esbry y Martos, en otros Estados las instituciones se han mostrado preocupadas, incluso públicamente, sobre doctores en situaciones similares que han acabado ejerciendo en su país. 

El secretario de Salud y Seguridad Social del Reino Unido, Wes Streeting, ha solicitado una "aclaración urgente" al General Medical Council (GMC), el organismo que regula la profesión médica en Reino Unido, sobre los doctores inhabilitados que Bad Practice ha revelado en ese territorio.

En Noruega la situación ha ido incluso más allá. El ministro de Salud y Servicios Asistenciales, Jean Christian Vestre, ha anunciado que propondrá a los países de la Unión Europea y a los Estados nórdicos la creación de un registro de doctores a nivel europeo.

"Estos errores no deberían haber ocurrido y es positivo que la Autoridad Sanitaria Noruega se tome el asunto en serio y haya adoptado medidas inmediatas para solucionarlo. Pero también es importante contar con medidas a largo plazo para evitar que esto vuelva a ocurrir", ha declarado a VG, medio coordinador de Bad Practice. La investigación transnacional ha revelado una veintena de casos de doctores inhabilitados o sancionados en otros países que actualmente ejercen en Noruega.

El registro propuesto por el Gobierno noruego podría ayudar a que no se produjeran este tipo de casos. Además, si fuera acompañado de un sistema europeo en el que las habilitaciones y las sanciones se compartieran entre los distintos Estados, cuando un médico fuera inhabilitado en un país, directamente pasaría a tener prohibido ejercer también en el resto del continente.

Así, casos como el de Ruiz Alconero o Esbry no sucederían. Tampoco el del doctor Ramón Martos Martínez, que a pesar de tener prohibido el ejercicio en Reino Unido desde 2021, sigue colegiado en Almería y tiene su propia consulta privada en esa capital andaluza. 

Él, a diferencia de Esbry y Ruiz Alconero, se personó ante el tribunal médico inglés para que no le quitaran la licencia. Y, aunque incluso admitió algunas de las conductas indebidas, la decisión del tribunal fue clara: "La conducta del Dr. Martos quedó tan por debajo de los estándares razonablemente esperables de un médico, que constituye una conducta indebida grave". Por ello, se procedió a su inhabilitación. 

El doctor trabajaba en distintos hospitales ingleses y tenía también su propia consulta privada en el país. A pesar de que, a diferencia de Esbry y Ruiz, él no tuvo conductas indebidas en su praxis clínica, el tribunal demostró que había primado sus propios intereses por encima de los de sus pacientes en diversas ocasiones y que había mentido presumiendo de cargos que no tenía y al presentarse a una oferta de trabajo.

En dos ocasiones propuso a sus pacientes que fueran a visitarlo a su consulta privada para obtener un diagnóstico o unos resultados más rápidos que si esperaban a las citas y tiempos del hospital público en el que los atendía. Según el tribunal, los casos no requerían de una mayor urgencia y el doctor, aún así, intentó que se pasaran por su clínica privada poniendo "su propio interés financiero por delante de los intereses de sus pacientes en un acto deplorable y de grave conducta indebida". "El doctor Martos repetidamente actuó de forma deshonesta en pro de sus propios intereses", añade la sentencia.

Por otro lado, el facultativo se describió a sí mismo como Fellow of the American College of Cardiology (FACC) y Fellow of the Royal College of Physicians of London (FRCP) en los membretes y documentos oficiales de un hospital en el que trabajaba y de su clínica privada, así como en diversas webs médicas. En realidad, no era fellow [miembro] de ninguna de las dos asociaciones, por lo que, de nuevo, se le encontró responsable de una conducta indebida, que, además, según el tribunal, le podría haber beneficiado de cara a su ejercicio privado para conseguir más pacientes.

Esa situación ya había sido investigada por uno de los hospitales en los que trabajaba antes de que el MPTS decidiera sobre su inhabilitación. Entonces, solo se abordó su uso de las siglas del FACC, pero él no comentó que había hecho lo mismo con las del FRCP. Del mismo modo, falsificó el historial de un paciente en la carta a otro doctor para inducir a error en la citada investigación interna, según resolvió luego el tribunal médico del MPTS.

Tras todo ese proceso, Martos fue despedido y se presentó a una oferta de otro centro asegurando que buscaba trabajar "en un hospital universitario con un departamento de cardiología más dinámico". Ocultó que le habían expulsado del anterior puesto y que estaba siendo investigado por conducta indebida.

Ni el doctor ni el Colegio Oficial de Médicos de Almería han contestado a las preguntas de infoLibre sobre el caso. El Colegio, eso sí, intercedió por Martos en 2021 enviando una carta al tribunal médico inglés en la que aseguraba que no había problemas con su trabajo en España y apuntaba que aquí "no es necesario ni habitual que los especialistas acrediten o consignen" la membresía (fellowship) a ese tipo de organizaciones. Aún así, la sentencia recuerda que eso no es motivo para el uso interesado de unas atribuciones inexistentes, y más al tener en cuenta que el doctor había ejercido en el Reino Unido durante varios años

El Grupo HLA, para el que trabaja Martos en Almería a día de hoy, sí ha dado respuesta a las preguntas de infoLibre, pero únicamente ha indicado que forma parte de su plantilla porque "está colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de Almería y cumple con las titulaciones y los requisitos legales necesarios para ejercer la profesión médica en España", sin entrar a valorar su sanción en Reino Unido ni aclarar si la conocían antes de las revelaciones de Bad Practice.