Sin rastro de lo aprendido en pandemia: la salud pública se queda al margen de la subida en gasto sanitario

El titular que se extrae de la última Estadística de gasto sanitario público del Ministerio de Sanidad es positivo. Al menos, a priori. Toda la inversión en el sistema subió con respecto al año anterior. La que va a parar a los hospitales, la que percibe la atención primaria o la dedicada a farmacia. Pero hubo una excepción. Entre 2022 y 2023 —el último año analizado en las cuentas que publica el departamento de Mónica García—, el gasto en salud pública cayó. Y no poco. Lo hizo, en concreto, un 43,6%, pasando de 3.023 millones a 1.704. Y eso, al menos a juicio de los expertos, es una malísima noticia.

Antes de la pandemia, la salud pública era la rama sanitaria más desconocida. No sólo eso. Era, según también los mismos datos oficiales, la peor financiada: 823 millones le destinó el Gobierno en 2019, el 117% menos que un año después. A nivel profesional, tampoco era un área demasiado codiciada. Los médicos recién graduados casi no la tenían en cuenta a la hora de elegir destino y eso fue algo que pasó incluso durante 2020, el año en el que se demostró fundamental y que prometió ser un punto de inflexión. Lo reclamó así por ejemplo el epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Daniel López Acuña.

Fue durante su intervención en la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados cuando afirmó que "si algo ha quedado claro en esta pandemia es que gastar en salud no es un gasto, sino una inversión fundamental". "Los recortes experimentados en salud pública, agudizados durante más de una década tras la crisis financiera del 2008, han redundado en el debilitamiento de los recursos humanos, la infraestructura y la capacidad operativa, tanto de los equipos de salud pública de las estructuras centrales del Gobierno del Estado, como en los de los departamentos de salud pública de las comunidades autónomas", señaló ante la Cámara. Entre 2020 y 2021 se comprobó que esas palabras parecían haber surtido efecto. La inversión volvió a subir, en esa ocasión, un 43,2%, hasta los 2.559 millones.

La explicación que da el Ministerio de Sanidad es sencilla: en esos años había que destinar lo máximo posible a la vacunación contra la covid-19. Y, en paralelo, al resto de servicios de salud pública, que incluyen por ejemplo las actividades para la defensa y fomento de la salud, las campañas de sensibilización ciudadana para la promoción de la salud o la prevención de enfermedades. Hubo un incremento, por tanto, ad hoc que, en cualquier caso, los expertos reclaman que habría que mantener. O incluso incrementar.

Es lo que dice por ejemplo el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), Eduardo Satué. La reducción de la partida entre 2022 y 2023 es "significativa y relevante", pero es que la inversión es "mínima", señala. Incluso "deprimente", se aventura a decir. Y no es una cosa de ahora. Además, hay que tener en cuenta otro factor, y es que las vacunas "pueden llegar a suponer hasta la mitad de toda la inversión en salud pública", por lo que lo que queda para estructura, personal, planificación o prevención es todavía muchísimo menos que lo que reflejan las estadísticas oficiales. "La partida para todo eso es absolutamente irrisoria", lamenta.

Coincide con él López Acuña. Subraya la explicación del Ministerio, pero cree que no sirve. "En 2023 se ha regresado a los bajos niveles de gasto en salud pública observados a partir de 2008 y eso resulta preocupante. Debería haberse fortalecido en lugar de privilegiar el gasto en atención sanitaria y las transferencias al sector privado", explica a infoLibre.

¿Otra pandemia?

La explicación es sencilla. Según explican ambos expertos, esta bajada en la inversión tiene consecuencias y las tiene para todos. La ciencia ha sido clara: una próxima pandemia no sólo es probable, sino que es muy posible. Y no en demasiado tiempo. Por eso hay que estar preparados. Como mínimo, más que cuando irrumpió la generada por el coronavirus. Esa fue de hecho la intención que recogió la llamada declaración de Zaragoza, un documento en el que la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los integrantes del Sistema Nacional de Salud se comprometieron a fortalecer la vigilancia en salud pública. "Es una de las funciones esenciales", recogieron en el texto.

La voluntad fue positiva, pero por el momento se ha quedado en un mero papel. "La intención está recogida en todos los planes y cualquier representante político la suscribe, pero eso no se traslada a la práctica y es muy grave", denuncia Satué. Habla claramente de una "pirámide invertida" que vuelca todos los esfuerzos financieros en los hospitales y deja de lado a una atención primaria que atiende al 30% de la población y resuelve el 90% de las situaciones que le llegan. "El gasto más importante está destinado al mínimo de población, cuando debería ser al revés", sostiene.

La salud pública tiene un papel fundamental que repercute en la vida de todos. Incluso a nivel mundial. Fue otro de los aprendizajes de la pandemia: no estaremos a salvo hasta que todos estemos a salvo. "Sirve para prevenir, pero también para vigilar la calidad del aire o de las aguas, por ejemplo", explica Satué al otro lado del teléfono. "Refuerza las infraestructuras y los programas que permiten llevar a cabo la mejora en la preparación pandémica", subraya López Acuña.

No sólo eso. "Tiene también una función fundamental en la evaluación de lo que se hace. En decidir, por ejemplo, a qué se destina el dinero", subraya. Pone un sencillo ejemplo: se puede acordar que es necesaria la construcción de un nuevo hospital, pero eso puede tener como consecuencia la reducción de los fondos destinados a otra necesidad sanitaria. ¿Qué es más prioritario? Responder también es tarea de la salud pública.

En todo caso, ya no es sólo la inversión pura y dura de capital, sino la mejora de su funcionamiento, algo para lo que el presidente de Sespas sitúa como fundamental la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), un proyecto que llevaba 14 años pendiente, que tumbó en el Congreso la derecha y la ultraderecha de PP, Junts y Vox y que el Ministerio de Sanidad ya ha vuelto a poner en marcha. "La salud pública no es un juguete, o se está con ella, o se está con el negacionismo", subrayó Mónica García, confirmando que su departamento volvería a presentar la ley.

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En cualquier caso, fuentes del Ministerio subrayan que las autonomías, por su parte, sí han continuado aumentando su gasto en salud pública, porque el Estado ha fomentado la descentralización de las compras de material después de la pandemia. La Estadística de gasto sanitario público, no obstante, no presenta los datos, pero sí refleja la inversión que hacen las regiones en varias áreas sanitarias, llegando a una conclusión poco novedosa: Madrid está a la cola. Sobre todo si hablamos de atención primaria.

A nivel general, la presidida por Isabel Díaz Ayuso es la región que menos dedica a su sistema sanitario público en relación con el PIB (un 4,1%), y la segunda que menos destina por habitante (1.719 euros), sólo por detrás de Andalucía (1.648). En el otro extremo de la tabla, Extremadura (que destina el 8,9% sobre su riqueza), Murcia (8,2%) y Canarias (8,1%).

Si acercamos la lupa a lo destinado a atención primaria, Madrid dedica tan sólo un 10,7% de su Producto Interior Bruto a esta partida, un porcentaje que en Galicia, la segunda región que menos destina, es del 11,8%. En este caso, en el otro extremo de la tabla se encuentra La Rioja, con un 16,7% del PIB.