En realidad, hace ya mucho tiempo que los Veintisiete deberían haber pasado de las palabras a los hechos ante las reiteradas violaciones israelíes de los derechos humanos de los palestinos y de las normas más básicas del derecho internacional en relación con sus vecinos. Se trata no solamente de ser coherentes con los principios y valores que dicen defender, sino también de que el violador sienta que su comportamiento tiene un coste, con la aspiración última de que eso le impulse a cambiar su pauta de comportamiento para ajustarse a lo que cabe esperar de quien, contra toda evidencia, insiste en autoproclamarse una democracia plena al frente del “ejército más moral del planeta”. En esa línea, el anuncio por parte del gobierno español de plantear en la Unión Europea la anulación del Acuerdo de Asociación con Israel, vigente desde el 1 de junio de 2000, cobra pleno sentido.

Además de ofrecerle un diálogo político regular, dicho acuerdo establece una zona de libre comercio que le permite a Israel introducir sus bienes y servicios en condiciones muy ventajosas –hasta el punto de que la UE es, desde hace tiempo, su primer socio comercial, por delante de EEUU y China–. Asimismo, le garantiza acceso a muy diversos programas comunitarios, como el Horizonte Europa (investigación tecnológica, incluyendo proyectos de doble uso civil y militar), el Programa Audiovisual Euro-Med y otros en el terreno de los intercambios juveniles, la cooperación cultural y científica y la promoción de startups. Sobradamente conocido es que, a pesar de que oficialmente esté expresamente prohibido, Israel también lleva años colocando en el mercado comunitario productos elaborados en los ilegales asentamientos de Cisjordania.

Hasta ahora, la UE –al margen de lo que ha hecho individualmente alguno de los países miembros– no ha sido capaz de ir más allá de los lamentos y las condenas meramente discursivas cada vez que el más extremista gobierno de la historia de Israel se ha saltado las reglas de juego. Es decir, nada más que palabras cuando el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu está cometiendo un genocidio en Gaza, anexionándose definitivamente Cisjordania, ocupando por vía militar más territorio soberano de Siria y Líbano, agrediendo ilegalmente a Irán o aprobando una ley que establece la pena de muerte solo para los ciudadanos árabe-israelíes (en abierta contradicción con la idea misma de la democracia).

Esa permanente inacción se hace aún más insostenible desde junio del pasado año, cuando, venciendo resistencias de algunos gobiernos, la propia Unión Europea se atrevió a realizar un examen sobre el terreno para determinar si realmente Israel estaba violando sistemáticamente los derechos humanos de los gazatíes. Cabe recordar que el artículo 2 del citado Acuerdo de Asociación establece que el respeto de los derechos humanos se convierte en la vara para medir las relaciones entre ambos actores. La revisión efectuada por el Servicio de Acción Exterior de la UE no dejó duda alguna sobre la responsabilidad israelí en esa materia. Sin embargo, y hasta hoy, los Veintisiete no han sido capaces de traducir en hechos esa contundente conclusión, dejando a la propia UE desprestigiada como referencia moral y política, desamparados a los palestinos y aún más convencidos a los gobernantes israelíes (y a su población) de que, efectivamente, nada ni nadie los va a detener en su intento de imponer su dictado en la región, redibujando los mapas y las fronteras a su gusto.

Desgraciadamente, ya era conocido de antemano que la propuesta española no iba a prosperar. Y eso ha llevado a algunos a recurrir nuevamente a nuestro más famoso hidalgo, intentando ridiculizar una posición de la que cualquier demócrata y defensor de los derechos humanos debería enorgullecerse, al tiempo que otros (poco ocurrentes) han vuelto al consabido “brindis al sol”. La propuesta española –con el añadido de Irlanda y Eslovenia– es cualquier cosa menos un gesto inútil. Por un lado, es una exigencia ética para todo demócrata y es absolutamente coherente con la conclusión alcanzada por la misma UE. Por otro, sirve para retratar a cada uno, mostrando nuevamente la ceguera y el temor de quienes no quieren ver la realidad y se asustan ante las posibles consecuencias de defender la legalidad internacional. Y, por supuesto, el hecho de que esa postura pueda tener un determinado efecto en términos electorales para quien la presenta, ni la invalida ni la hace menos digna de apoyo.

Mucho más que excusarse por mostrar que el rey está desnudo (Netanyahu tiene una orden de busca y captura por crímenes de guerra y contra la humanidad por parte de la Corte Penal Internacional y se enfrenta a tres causas judiciales en su propio país), son otros los que tendrán que tapar sus vergüenzas por no sumarse a una iniciativa tan elemental como esta.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

El balance de muertos por los ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo aumentó este sábado a 1.189 y el de heridos a 3.427, según el balance actualizado difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

El balance de las últimas 24 horas registró 47 muertos y 112 heridos, señaló el departamento, dependiente del Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Entre el total de los fallecidos desde el comienzo de la ofensiva israelí, hay 124 niños, mientras que la cifra total de los heridos incluye 409 menores.

Respecto al sector sanitario, la misma fuente reporta 51 muertos del personal sanitario y 126 heridos.

Entre los fallecidos este sábado están los periodistas Ali Shaib, reportero de la televisión Al Manar afiliada a Hizbulá, y Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen, además de su cámara Mohamed Fatouni, en un ataque israelí en la localidad de Jezzine, en el sur de Líbano, según informaron estos medios.

Al Mayadin señaló que su corresponsal Fatouni falleció en un ataque israelí dirigido "contra un grupo de periodistas" en la zona de Jazín. Mientras, la agencia de noticias libanesa NNA confirmó la muerte de Shaib y Fatouni, junto a otras dos personas.

Al Mayadin defendió la labor de Fatouni que describió como una reportera "reconocida por ofrecer una cobertura precisa y objetiva" y que se destacó por su cobertura de "los enfrentamientos entre la resistencia y el Ejército israelí".

Además, al menos cinco rescatistas libaneses y otras cinco personas de nacionalidad siria murieron este sábado en ataques aéreos separados israelíes contra el sur de Líbano, según informaron la asociación de rescate y medios libaneses.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, pero paralelamente también desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

Allí se enfrenta al grupo chií Hizbulá, que trata de contener su avance entre crecientes miedos a una invasión.

Los ataques se producen en medio de la escalada de tensión en Oriente Medio por la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, mientras Teherán continúa sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del Golfo.

Pinar Selek fue detenida, encarcelada durante dos años y medio, torturada y luego se exilió. Fue absuelta cuatro veces, pero, desde hace veintisiete años, no ha cesado el acoso judicial del poder turco hacia ella, lo que la ha obligado a quedarse en Francia. ¿Su delito? Haber querido investigar sobre los kurdos de Turquía y sus movilizaciones políticas, sociales y culturales a principios de la década de 1990.

Todo lo que había recopilado durante sus tres años de etnografía le fue confiscado. El libro que publica ahora, en la colección Démêlés de la editorial de la Universidad Paris-Cité, constituye, por tanto, una revancha personal, además de una obra de ciencias sociales.

Su libro, titulado Lever la tête : la recherche interdite sur la résistance kurde (Levantar la cabeza: la investigación prohibida sobre la resistencia kurda), narra el recorrido de una investigación que le fue prohibida pero que está inscrita en el propio cuerpo de la investigadora. También documenta la situación de un pueblo que, según la Liga de Derechos Humanos de Turquía, sufrió la muerte de más de 20.000 civiles y la evacuación de más de 3.700 pueblos entre 1992 y 1995.

Su título es una traducción de serhildan, término kurdo que designa una forma de levantamiento popular, forjado a partir de las palabras ser (cabeza) y hildan (levantar). Esta entrevista se realiza en un momento en que los sueños de autonomía kurda en Rojava han sufrido un duro golpe tras la ofensiva de las tropas sirias en esta región situada al norte de Siria y al este de Turquía.

Mediapart: ¿Cómo ve la situación de los kurdos hoy en día, a la luz del interés que ha mostrado por este pueblo durante tres décadas?

Pinar Selek: Cuando vi la nueva tragedia que afectaba a este pueblo, esta vez en Siria, pensé que mis investigaciones podían ser importantes para comprender lo que pasa y lo que se dice hoy en día.

Aunque mi campo de investigación es antiguo, comenzó en un momento de guerra, que se parece a lo que está sucediendo hoy, y tiene sentido en un momento en el que los kurdos están viviendo uno de los períodos más duros de su historia.

El núcleo de mi investigación consiste en comprender cómo la acción colectiva de los kurdos ha trascendido sus partidos y organizaciones y ha superado las reivindicaciones iniciales, para inventar múltiples formas de solidaridad y afirmación que constituyen lo que yo denomino una “danza de mil cabezas”. Esta danza atraviesa momentos dolorosos, como el actual, pero no por ello se detiene.

¿No están enterrados, sin embargo, los sueños de autonomía de los kurdos? ¿Podemos pensar que las semillas sembradas por la experiencia política de Rojava no desaparecerán con la ofensiva del ejército sirio contra esos territorios? ¿Cómo imaginar que los kurdos vuelvan a levantar la cabeza cuando hoy se ven obligados a agacharla?

En el libro recuerdo la experiencia olvidada de la República de Mahabad, creada en 1946, tres años después de una masacre que marcó la historia kurda, durante la cual ese pueblo vivió una forma política inédita instaurada por el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), caracterizada ya por una importante participación de las mujeres en la vida de la ciudad. Esa experiencia solo duró tres años, pero tuvo muchas repercusiones.

Hoy en día, es evidente que los kurdos han recibido un duro golpe. Un gran golpe. Pero el movimiento kurdo es un movimiento social, cultural y político con repercusiones en las comunidades y las redes militantes, no solo en los territorios kurdos, sino más allá, hasta en Europa.

Sigue vivo el dinamismo político y social que pude observar antes de que mis investigaciones fueran confiscadas. Los kurdos han sabido crear un saber hacer, especialmente diplomático, que una nueva ofensiva militar no podrá detener.

Usted se muestra muy crítica con la militarización del movimiento kurdo, aunque hay que entenderla como una reacción a la violencia del poder turco, al considerar que esta militarización “lo carcomía por dentro, alterando sus múltiples dinámicas socioculturales” y que “los espacios de debate se transformaban en centros de mando, donde la supervivencia inmediata prevalecía sobre la deliberación colectiva y la diversidad de opiniones”. ¿Diría usted que las dificultades actuales son también el resultado de los callejones sin salida de esa militarización del movimiento y que el llamamiento a deponer las armas del fundador del PKK, Abdullah Öcalan, encarcelado desde hace años por Turquía, va en la dirección correcta?

En mi opinión, hace tiempo que el movimiento kurdo en Turquía quería poner fin a la lucha armada. El PKK se desarrolló en los años 60 y 70, en un momento político en el que el principal repertorio de las luchas por la independencia era la guerrilla, con el símbolo de Che Guevara compartido en todo el mundo.

Como soy antimilitarista, no soy socióloga del PKK y llevo años sin poder acceder a mi terreno de trabajo, no puedo pronunciarme sobre la estrategia actual del PKK.

Lo que sí sé es que el PKK llevaba mucho tiempo queriendo deshacerse de las armas, subrayando hasta qué punto la lógica militar —por comprensible que fuera en el contexto de la intensa represión militar sufrida— dañaba y destruía la dinámica del movimiento.

¿Quién soy yo para afirmar que la resistencia, tal y como ha tomado forma en las cárceles y en la clandestinidad, debe o no debe —o ya no debe— recurrir a las armas?

Sin embargo, he podido observar hasta qué punto, para muchos kurdos, esa lucha armada, incluso cuando la consideraban necesaria, lastraba toda una parte de un movimiento político que no solo pretendía afirmar los derechos nacionales o étnicos, sino cambiar la vida: las relaciones de género, las relaciones de clase... Dominaciones que, además, eran a menudo invisibilizadas por el sistema tribal tradicional kurdo.

Al transformar la tradición en una herramienta de lucha, al abordar los conflictos de clase y de género hasta entonces invisibilizados en el sistema tribal, la movilización de los kurdos tuvo consecuencias inesperadas y transformadoras, que no se limitaron a la reivindicación de derechos y escaparon al control de quienes la iniciaron.

Creo pues que esas nuevas ideas, esas nuevas reivindicaciones puestas en práctica en el movimiento kurdo podrían servirnos a todos si los kurdos tuvieran por fin la libertad de consolidarlas.

¿Cuáles son esas “nuevas ideas”?

Mi investigación se ha centrado en las transformaciones del espacio de las luchas sociales y activistas cuando, sobre todo bajo el efecto de la represión llevada a cabo por el Estado turco, se ha producido una convergencia, necesaria, entre los nuevos movimientos sociales, las movilizaciones feministas o LGTBI y las luchas lideradas por las minorías kurdas, pero también armenias.

Durante mucho tiempo, las movilizaciones kurdas se llevaban a cabo entre bastidores o en la clandestinidad. La obligación de abandonar los pueblos reprimidos y vaciados del territorio kurdo de Turquía y de emigrar a las ciudades transformó la dinámica en marcha. Una consecuencia esencial de la “urbanización” del movimiento kurdo fue su participación en el espacio de las luchas sociales en Turquía.

Una acción de ese tipo puede ser reprimida, pero tiene algo insuperable, porque la experiencia crea una nueva existencia. Una transformación de la realidad que un testigo describe así: “Ya no se puede volver a meter al genio en la lámpara.”

Este movimiento social constituye ahora una red con dinámicas propias, ampliada por los desplazamientos forzados de la población hacia las grandes ciudades de Turquía y Europa, lo que aumenta el número de personas capaces de conectar espacios y conflictos distintos.

¿Cómo han podido los kurdos transformar los espacios políticos turcos?

Eso se sitúa a diferentes escalas. En primer lugar, han adquirido un lugar importante en el tablero electoral, en la medida en que el hecho de aliarse o no, de apoyar o no las luchas kurdas, ha reconfigurado el tablero político turco.

Pero los kurdos también han transformado toda la cultura política del país. Antes, nunca se veía a la gente bailar en una manifestación, ni siquiera en las feministas o del colectivo LGTBI, como ocurre hoy en día. En términos de acción, estrategia política y modos de convergencia, los kurdos han revolucionado la relación con la política en toda Turquía, mucho más allá del propio territorio kurdo.

Varios testimonios recientes cuentan que las poblaciones árabes reclutadas por los militares kurdos en Rojava se sentían oprimidas y discriminadas: eso no encaja con la imagen igualitaria que propaga Rojava para todas las poblaciones —hombres y mujeres, kurdos y minorías— que viven bajo su administración. ¿Cómo ha recibido usted esa información?

Soy socióloga y como tal no me conformo con la visión distante que ofrecen algunos medios de comunicación. Pero, lamentablemente, esos testimonios no me sorprenden. Tanto los zapatistas como los kurdos siempre han dicho que, en tiempos de guerra, es difícil, si no imposible, mantener los principios, seguir siendo coherentes, individual o colectivamente, con los principios de acción igualitarios y emancipadores que nos hemos fijado.

Los kurdos son, junto con los palestinos, el pueblo del Oriente Medio al que se le ha negado cualquier proyecto nacional. ¿Es posible imaginar la emancipación o la autonomía de los kurdos fuera de un proyecto de Estado-nación, como hacen cada vez más palestinos ante la constatación de que la política israelí ha hecho imposible un Estado palestino?

Desde la década de 1980, el movimiento kurdo ha afirmado que el Estado-nación, que es una forma hostil hacia las minorías, no debe considerarse una culminación. Los kurdos, al igual que los palestinos, reclaman libertad, derechos e igualdad, no la reconstitución de sistemas políticos que han demostrado ser colonizadores y opresores.

Estos pueblos, debido a su historia, han creado recursos para inventar algo diferente, en un momento en el que se ve lo mortífero que es el nacionalismo de los Estados-nación. Al igual que los movimientos feministas han cambiado la percepción y el poder colectivo de lo que era una “mujer”, cabe esperar que las luchas étnicas de los kurdos transformen lo que se puede esperar de una reivindicación y una construcción nacionales para convertirlo en algo distinto de lo que conocemos en la forma actual de los Estados-nación.

“Mi cuerpo es mi investigación”, escribe en su libro: ¿qué quiere decir con eso?

Al torturarme, la policía turca quiso separar a la investigadora de sus investigaciones. Pero al confiscar mi trabajo y encarcelarme, en realidad me obligó a introducir esos materiales en mi cuerpo y en lo más profundo de mi memoria. Cuando escribí esta obra sobre una investigación prohibida desde hace veintisiete años, tenía la sensación, metafóricamente, de sangrar por todas partes. No creo que sea posible llevar a cabo una investigación —sobre todo sobre un tema así— de manera neutral. En este sentido, puedo decir que mi cuerpo y mi investigación forman un todo.

Hace usted varias referencias al antropólogo anarquista James C. Scott, y en particular a la importancia que concede a los gestos y resistencias infrapolíticas, cuando el contexto militar o político general no permite una rebelión abierta. ¿No parecen insignificantes esas acciones en un mundo cada vez más dirigido por la fuerza bruta?

Vengo de una familia marxista y mi abuelo, que fue diputado, me dio una vez esta lección: una noche de invierno, puso una cacerola al fuego y, al cabo de un rato, me dijo que metiera la mano para calcular la temperatura del agua. Esta rondaba los 30 grados, por lo que estaba lejos de la ebullición. Luego nos fuimos unos diez minutos y me pidió que volviera a meter la mano. La temperatura del agua había bajado a 10 ó 15 grados. La moraleja, me explicó, es que nunca hay que dejar que el fuego se apague, incluso aunque no se pueda generar un calor intenso.

En la cárcel, las mujeres con las que estaba me decían todo el tiempo que no pensara en el juicio, que no pensara en salir, sino que me concentrara en el aquí y ahora, para no ceder a un sentimiento de impotencia y desesperación, para no volverme insensible a las cosas importantes, aunque parezcan pequeñas. Así es como aprendí kurdo, hice amistades, aprendí bailes, en lugar de concentrarme solo en mi próximo juicio, cuando no sabía cuánto tiempo permanecería en prisión.

Es cierto que no se puede cambiar el mundo con resistencias infrapolíticas, pero las necesitas para hacer algo incluso en los momentos en que sientes que no puedes hacer nada. En la sociedad de control en la que vivimos, no hace más que reforzarse la tendencia a pensar que hemos perdido. Por eso es aún más importante no dejar que el fuego se apague.

¿Se puede decir que los kurdos han logrado escapar del Estado desde la perspectiva política que James C. Scott trazó para los pueblos del territorio que él denominaba Zomia?

Mi problemática se articulaba entre dos dimensiones: la preservación a largo plazo de los recursos socioculturales en un contexto represivo y su actualización durante la acción política. El reto consistía en entender un movimiento social, impulsado por una población rural hasta entonces silenciosa, en un contexto de guerra. Al compartir la vida cotidiana de los pueblos, mediante un enfoque etnográfico durante más de tres años, pude acercarme a las prácticas comunes, las transmisiones y las formas de compromiso invisibles.

Y comprendí cómo, durante décadas, los modos de resistencia infrapolítica frenaron la asimilación étnica llevada a cabo por el Estado turco. Las zonas rurales de las regiones mayoritariamente kurdas se convirtieron en “espacios entre bastidores” donde se transmitió en secreto parte del patrimonio cultural, forjando una contrahistoria.

En estos espacios de ingobernabilidad parcial, donde las relaciones de poder podían eludirse momentáneamente, circularon “textos ocultos” hasta la década de 1980, momento crucial marcado por el surgimiento de la contestación política kurda.

Inspirada por las palabras de una de las personas encuestadas (“Hay que esconder bien los tesoros”), yo utilizo el término “tesoro” para referirme al conjunto de prácticas sociales que han construido un modo de vida invisible frente a la autoridad estatal.

Traducción de Miguel López

El impacto humano de la represión desencadenada por el régimen teocrático supera los 2.500 muertos y más de 18.000 detenciones arbitrarias en menos de tres semanas, represión realizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y su milicia voluntaria, los Basij, que  operan con total impunidad. No se trata solo de un ejército; es una estructura económica y religiosa que ve cualquier demanda de libertad como una "guerra contra Dios" , delito que castigan con la muerte.

Esta represión es necesario examinarla bajo una perspectiva feminista crítica, ya que la opresión en Irán no es un fenómeno aislado, sino la expresión máxima de una misoginia estructural presente en las instituciones religiosas a lo largo de la historia. Hemos de considerar: 

1- La teocracia como patriarcado absoluto: El régimen iraní utiliza el cuerpo femenino —y su control mediante el velo obligatorio y leyes de tutela— como el pilar fundamental de su identidad política. Si la mujer se libera, el símbolo del Estado teocrático cae.

2- La transversalidad de la opresión:  Esto no es de ahora, ya que históricamente, desde el catolicismo inquisitorial hasta el fundamentalismo islámico, las religiones institucionalizadas han codificado el control sobre la mujer para asegurar el orden social patriarcal. La diferencia en Irán es que este control es Ley de Estado, ejecutada por una "Policía de la Moral" que ahora enfrenta una resistencia sin precedentes.

3- La respuesta de las mujeres en sintonía con los nuevos tiempos feministas, donde se alzan contra el Estado teocrático patriarcal bajo el lema "Mujer, Vida, Libertad",  lema que  ha evolucionado de una protesta por el hiyab a una enmienda a la totalidad del sistema. El feminismo iraní hoy es la punta de lanza de una revolución democrática.

El reciente anuncio del Consejo de Defensa Nacional de Irán (enero de 2026) sobre la adopción de una doctrina de "ataques preventivos" marca un cambio peligroso. El régimen ya no espera a ser atacado; ahora declara que cualquier "señal objetiva de amenaza" justifica una agresión.

 Para el régimen, la prioridad es cambiar la narrativa de "Pueblo contra Tiranía" a "Nación contra Invasor Sionista/Americano". Toma así sentido el uso de misiles balísticos remanentes o enjambres de drones contra infraestructuras críticas en Israel (como la planta de desalinización de Hadera o bases aéreas) buscaría provocar una respuesta israelí masiva; por otra parte, el régimen espera que las bombas israelíes cayendo en suelo iraní despierten un sentimiento nacionalista que obligue a los manifestantes a abandonar las calles "por la unidad de la patria". Sin embargo, analistas sugieren que esta vez la población podría culpar al régimen de atraer la guerra.

Un problema de alcance internacional surgiría si la Guardia Revolucionaria (IRGC) siente que pierde el control de las ciudades, podría intentar colapsar la economía mundial un minado del Estrecho para cerrar el paso por donde circula el 20% del petróleo mundial, lo que dispararía los precios globales y presionaría a la administración Trump para que obligue a Israel a detenerse o para que alivie las sanciones a cambio de "paz" o mediante una táctica de “Guerra Naval Asimétrica” con el empleo de lanchas rápidas suicidas y misiles antibuque contra petroleros en el Golfo Pérsico para internacionalizar la crisis.

Tampoco ha de olvidarse que aunque Hezbolá y las milicias en Siria han sido debilitadas tras la guerra de junio de 2025 y la caída de Al-Assad, el régimen iraní todavía tiene activos que le permiten atentar contra bases de EEUU en Irak o centros de inteligencia israelíes en el Kurdistán para forzar un conflicto regional que justifique la ley marcial total dentro de Irán.

Por otra parte, la inestabilidad interna de Irán ocurre en un contexto de tensión máxima tras los ataques recíprocos entre Israel y Teherán durante el último año, pero a diferencia de 2009 o 2019, el enfrentamiento actual contra la misoginia del régimen ha unido a clases sociales que antes estaban divididas (comerciantes del Bazar, estudiantes y minorías étnicas,) por ello los ayatolahs intentan etiquetar a las manifestantes feministas como "agentes del Mossad" y deslegitimarlas ante los sectores más conservadores. Sin embargo, la brutalidad de la masacre (con más de 2.500 muertos en este mes) ha hecho que este discurso pierda eficacia. Para la mujer iraní, el "enemigo" ya no está en Tel Aviv o Washington, sino en los cuarteles de los Guardianes de la Revolución.

El régimen está más aislado que nunca, pero su capacidad de matar sigue intacta. La caída dependerá de si se producen deserciones masivas en las fuerzas de seguridad de rango medio ante la negativa de seguir masacrando a su propio pueblo.

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Carpi (J.Luis Carpintero) es socio de infoLibre.

El ejército israelí ha reforzado y ampliado sus cinco bases militares en el sur del Líbano durante el último año. Las bases se suponía que eran temporales, tal y como afirmó el propio ejército a principios de este año, pero tras los últimos refuerzos ahora parecen tener un carácter más permanente.

Así lo demuestra una investigación de NRC. Las cinco bases, denominadas por Israel como las "Cinco Fortalezas", han sido equipadas en 2025 con muros perimetrales reforzados, según la comparación de imágenes por satélite y fotografías. Las cinco fortalezas cuentan con puestos de observación de hormigón, equipos de vigilancia y, al menos en uno de los casos, se aprecia la presencia de una ametralladora.

Bases militares israelíes en el sur del Líbano

"Si el ejército quiere quedarse aquí los próximos veinte años, puede hacerlo. La infraestructura básica necesaria ya se ha instalado", afirma Nicholas Blanford, analista de seguridad británico y experto en Hizbulá que vive en el Líbano desde hace tres décadas. "Israel está enviando un mensaje al Líbano: habéis sido derrotados y hemos vuelto".

El excomandante de las fuerzas terrestres armadas neerlandesas Mart de Kruif ve "muchos indicios de que estas bases son de naturaleza permanente" en los hallazgos de NRC.

Después de que Hamás atacara Israel en octubre de 2023, no solo se desencadenó una sangrienta guerra en Gaza, sino que también se reavivó el conflicto entre Israel y Hizbulá en el Líbano. Hizbulá, el mayor grupo armado chií y partido político del Líbano, lanzó cohetes contra objetivos israelíes en solidaridad con Hamás. Tras meses de ataques mutuos, Israel escaló el conflicto en 2024 con bombardeos a gran escala, invadió el sur del Líbano e inició una guerra terrestre. Desde octubre de 2023, han muerto aproximadamente 4.000 libaneses y 130 israelíes.

El 26 de noviembre del año pasado, el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un alto el fuego. Parte del acuerdo establecía que Israel retiraría sus tropas y que, a partir de entonces, las fuerzas armadas libanesas garantizarían la seguridad en el sur.

Sin embargo, justo antes de que la retirada tuviera que completarse el 18 de febrero de este año, Israel anunció que sus tropas permanecerían en cinco puntos justo al otro lado de la frontera —la llamada Línea Azul— en el Líbano. Se trataba de "una medida temporal", según declaró un portavoz del ejército, necesaria para "la protección de los ciudadanos israelíes". Según el portavoz, esta decisión contaba con el visto bueno de Estados Unidos.

No fue así para el propio Líbano. En un comunicado conjunto del presidente, el primer ministro y el presidente del Parlamento, el país dejó claro que consideraba cualquier presencia israelí adicional en su territorio como una "ocupación".

Muchos de los residentes que han regresado a la zona gravemente devastada durante el último año viven efectivamente la situación como una ocupación, en parte debido al uso frecuente de drones israelíes. "Se siente como si Israel lo controlara todo aquí", dice Ahmad Sbleen (42). Está tomando café en una mesa frente a su casa, cerca de la base israelí de Labbouneh. Mientras habla, un dron zumba sobre la vivienda. "Cada vez que algo se sale de la norma, llega un dron a inspeccionar. Los drones están siempre aquí. Después del atardecer, nos quedamos dentro".

Mohammed, que no quiere que se publique su apellido por motivos de seguridad, vive en el pueblo de Khiam, frente a la base israelí en la colina de Hamames. "No hay seguridad. A veces disparan al azar desde la base contra la carretera que baja hasta el pueblo", dice este hombre algo mayor y de aspecto cansado. Su familia vive ahora en otro lugar. "Hace poco lanzaron una bomba sobre un grupo de personas que simplemente estaban recogiendo fruta".

Ahora parece que Israel no solo ha mantenido su presencia, sino que ha reforzado sus posiciones hasta tal punto que las bases podrán seguir operando durante años.

Para esta investigación, NRC recopiló imágenes por satélite de las cinco bases militares, fechadas entre enero y noviembre de 2025, analizó fotografías tomadas por fotógrafos en la región y, cuando fue posible, visitó las zonas circundantes a los fuertes. Las cinco bases muestran signos de expansión. Los hallazgos fueron remitidos a expertos en defensa.

Las imágenes por satélite que se muestran a continuación indican que los terraplenes de tierra alrededor de las bases han sido elevados y reforzados con las llamadas barreras Hesco. Se trata de sacos resistentes con estructuras de acero, rellenos de arena o piedras, que pueden colocarse unos junto a otros y apilarse para formar un muro. Además, se han construido nuevos puestos de observación de hormigón en varias esquinas de las bases. Cada base está equipada con sistemas de vigilancia como cámaras, megáfonos, antenas y radares.

Además, parece haberse producido un aumento del personal. Las imágenes por satélite muestran que los recintos se han ampliado. Justo al lado de las bases, se han acordonado terrenos adicionales con terraplenes de tierra, donde se observan numerosos tanques y otros vehículos militares estacionados.

El excomandante De Kruif señala: "Estas medidas de seguridad son de carácter estructural, destinadas a contrarrestar ataques con morteros y otras amenazas terrestres, y a proporcionar protección frente al fuego de artillería".

De Kruif comandó 45.000 tropas de la OTAN en el sur de Afganistán en 2008 y 2009. "Allí también utilizábamos bases operativas avanzadas temporales, pero consistían en sacos de arena y tiendas de campaña. Los terraplenes con barreras Hesco no se utilizan para bases temporales. Las posiciones de tiro de hormigón que aparecen en las imágenes también pueden durar años".

El analista Blanford también señala la posible existencia de refugios dentro de los terraplenes. Afirma que es lógico que los soldados sigan reforzando sus refugios mientras permanezcan allí, incluso si la duración de su estancia es incierta. "Israel está haciendo todo lo posible para evitar bajas en su propio bando. Ese es un tema extremadamente sensible en Israel".

Hizbulá surgió tras la invasión israelí del Líbano en 1982 y, con el apoyo de Irán, creció hasta convertirse en uno de los mayores grupos armados de la región. Desde su zona montañosa, el movimiento libró una guerra de guerrillas contra Israel. Ante la ausencia del Estado libanés, Hizbulá también presta servicios públicos de interés general en el sur, como educación y atención sanitaria.

Durante las últimas décadas, se han construido asentamientos en el lado israelí de la frontera, incluidos puestos militares para protegerlos. Durante la escalada de 2024, Israel decidió establecer también una presencia militar en el Líbano. Además de las cinco bases, existen dos "zonas de amortiguamiento" (áreas acordonadas por Israel) y dos pequeños puestos avanzados justo al lado del muro fronterizo, construidos únicamente con algunos bloques de hormigón y alambre de púas. La misión de paz de la ONU, Unifil, también observó que Israel había ampliado el muro fronterizo hacia territorio libanés en las últimas semanas.

A principios de este año, muchos residentes del sur del Líbano regresaron a sus hogares. Sin embargo, decenas de pueblos en la franja fronteriza inmediata son en gran medida inhabitables. Los daños no son solo consecuencia de los enfrentamientos entre Israel y Hizbulá. Durante el último año, Israel también ha seguido bombardeando y volando casas.

En el pueblo de Aitaroun, unos chicos toman café en un bar. El propietario murió en junio por el impacto de un dron israelí. "Mucha gente no tiene más remedio que volver porque no tiene dinero para alquilar alojamiento en otro lugar", dice Mansour, que solo quiere que se mencione su apellido por motivos de seguridad. Es psicólogo, trabaja en Beirut y suele regresar a su pueblo natal los fines de semana. "La gente aquí tiene problemas psicológicos; están ansiosos y deprimidos. Mi hermana sufre ataques de pánico desde que la casa de nuestros vecinos fue bombardeada".

El pueblo se encuentra al pie de una colina. La base israelí de Jal al-Deir está construida en lo alto. Cada mañana, los residentes escuchan el arranque de los motores pesados de los tanques. "A menudo oímos música los sábados por la noche. Hacen fiestas hasta altas horas y disparan contra el pueblo, incluso contra los paneles solares", dice Mansour. "A veces llaman a las puertas de la gente y exigen que abandonen sus casas porque viven demasiado cerca de la base y suponen un riesgo para la seguridad de los soldados. Ellos se sienten inseguros. ¿Puedes creerlo?".

A pesar de la tregua, el ejército israelí sigue llevando a cabo ataques casi a diario. Durante el último año, Unifil ha contabilizado más de 11.000 actividades israelíes en el Líbano, entre ellas vuelos de drones y cazas, bombardeos y ataques de artillería. Desde noviembre del año pasado, han muerto más de 300 personas, entre ellas al menos 127 civiles. Soldados del ejército libanés y de Unifil también se ven regularmente alcanzados por fuego israelí.

La fuerza internacional de mantenimiento de la paz ha observado que el ejército israelí ha reforzado las fortificaciones, especialmente durante los meses de verano. "No vemos indicios de que tengan intención de marcharse", afirma la portavoz de Unifil, Kandice Ardiel.

El veterano neerlandés Bert Kleine Schaars se refiere a los puestos de observación de hormigón como "fortificaciones sólidas". "Eso no se levanta para un periodo corto". Kleine Schaars sirvió como suboficial en la misión de paz de la ONU en el Líbano a principios de los años ochenta y actualmente es presidente de la organización de ayuda Veteranen voor Libanon.

También señala el aumento del número de vehículos blindados en las bases. "Calcula entre cuatro y seis hombres y mujeres por vehículo. Eso suma rápidamente un pelotón de entre treinta y cuarenta soldados por base".

El conflicto entre Israel y el Líbano se encuentra en un punto muerto. Según el acuerdo de alto el fuego, el Líbano debe localizar las armas abandonadas por Hizbulá e impedir que el movimiento se rearme. Israel afirma que solo se retirará cuando esa tarea se haya completado y amenaza con más violencia. Sin embargo, las autoridades libanesas no se atreven a proceder al desarme por miedo a acabar en un conflicto armado con Hizbulá.

Aunque Hizbulá ha abandonado sus posiciones militares en el sur, el movimiento se niega a entregar sus armas en el resto del país. Afirma actuar en defensa propia y considera que la exigencia de un desarme total supone capitular ante los "intereses israelíes", mientras que el Líbano, con su débil ejército, "sigue siendo impotente".

El hecho es que, desde el alto el fuego, Unifil no ha observado ninguna actividad militar de Hizbulá en el sur, según declaró anteriormente un portavoz a NRC. El comandante de Unifil, Diodato Abagnara, también afirmó a principios de este mes al Canal 12 de Israel que no ve "ningún indicio de que Hizbulá se esté rearmando" en el sur.

Unifil ha declarado en repetidas ocasiones que la presencia israelí dificulta que el ejército libanés logre un control completo de la zona.

El ejército israelí, por su parte, considera su presencia totalmente legítima. "Las FDI operan meticulosamente de acuerdo con el derecho internacional y con los entendimientos del alto el fuego entre Israel y el Líbano", afirmó un portavoz en respuesta a los hallazgos de NRC. Las Cinco Fortalezas son necesarias para "establecer una línea defensiva" para las comunidades situadas en el lado israelí de la Línea Azul.

"En el pasado, la organización terrorista [Hizbulá] planeó una invasión [de Israel] en estas zonas. Gracias al ejército israelí, esto se evitó". Como consecuencia de la aplicación insuficiente por parte de Unifil y teniendo en cuenta los crecientes intentos de Hizbulá de rearmarse, las FDI se ven obligadas a actuar, según el portavoz. "Los trabajos de adaptación en las fortificaciones durante el último año tenían como objetivo mejorar las defensas".

Marieke de Hoon, profesora adjunta de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Ámsterdam, tiene una visión diferente. Sí ve indicios de que Israel está violando el derecho internacional con su presencia militar continuada en el Líbano. "En principio, las fuerzas armadas no pueden estar presentes en el territorio de otro país sin el consentimiento de ese país. Una excepción es cuando existe una necesidad de legítima defensa, pero en ese caso debe haber un ataque armado inminente. No puede basarse en un peligro hipotético que pueda surgir en el futuro".

Continúa: "Además, Israel puede alegar que el Líbano no está cumpliendo el alto el fuego y que, por tanto, se ve obligado a intervenir. Pero entonces Israel no debe crear por sí mismo una situación en la que el Líbano sea incapaz de aplicar los acuerdos. Todas las partes deben cooperar de buena fe".

El Líbano no es el único lugar donde el ejército israelí se está atrincherando. Hace unos días, la organización británica de investigación Forensic Architecture publicó un análisis de las ampliaciones en Gaza, donde las FDI han construido ya 48 bases militares.

Israel también está construyendo nuevos puestos militares en el sur de Siria. Tras la caída del régimen de Asad en diciembre de 2024, el ejército se adentró en la zona desmilitarizada, un área al este de los Altos del Golán que Israel ocupa desde 1967. Su ejército lleva a cabo regularmente incursiones terrestres en Siria, matando a residentes, expulsándolos de sus hogares y secuestrando personas de forma arbitraria, según Human Rights Watch.

En los tres casos, la autodefensa es la justificación de Israel para su presencia militar.

El analista Blanford cuestiona que las bases en el Líbano sean necesarias, dado que Israel domina el espacio aéreo libanés y, por tanto, ya tiene una buena visión de lo que ocurre sobre el terreno. Según él, las fortificaciones son principalmente un mensaje para los ciudadanos israelíes de que el ejército los está protegiendo. También cree que sirven como moneda de cambio en negociaciones. "Y están destinadas a mostrar a los libaneses que Israel puede hacer lo que quiera".

El mar se fue encrespando y les tragó furioso. Aylán, el niño sirio, y su hermano y su madre, se hundieron en la sombra y murieron ahogados. ¿Ahogados? ¿O cayeron abatidos por todos? Que cada cual deduzca lo que crea verdadero. Yo pienso que murieron por manos homicidas, aunque el mar los lanzara a una playa siniestra. Tenía su boquita taponada de arena y besaba la tierra que no quiso acogerlo. Le hicieron una foto letal, espeluznante, que ha recorrido el mundo electrizando a todos. Nadie vino a salvarlo de su trágica muerte. Ni los ángeles suyos ni los ángeles nuestros. Muy pronto olvidaremos su final lacerante y será sepultado su recuerdo por siempre. Pero nunca pensamos que son muertes diarias, que cada noche caen personas inocentes, que cada tarde vuelan infantes por el cosmos, en busca de otra tierra que sea algo más justa.

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Alfonso Jiménez es socio de infoLibre.

Si se atiende exclusivamente a los titulares parecería que la gira de Donald Trump por varios países del Golfo –en su primera salida al exterior (tras la sobrevenida excepción del viaje al Vaticano), repitiendo la misma pauta que ya siguió en 2017– ha estado únicamente centrada en asuntos políticos, con la reunión con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, como evento más mediático. Sin embargo, son muchos los detalles que muestran que la agenda del empresario y mandatario estadounidense ha estado mucho más dedicada a atender a sus negocios personales y a los asuntos económicos que puedan beneficiar a su país.

En esa línea se incluye el gesto del emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, regalándole un Boeing 747-8 equipado para servir como avión presidencial, valorado en unos 400 millones de dólares, a la espera de que cuando Trump abandone la Casa Blanca pase a manos de la Fundación que todo expresidente pone en marcha para su mayor gloria (y beneficio). Más chocante aún puede ser el ofrecimiento de un antiguo yihadista como Al Sharaa para instalar una Trump Tower en Damasco, en tanto que la construcción de campos de golf y de instalaciones turísticas de la marca Trump que se anuncian en Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) resultan ya business as usual.

A todo eso se añade, en una clave nacional entremezclada con un obvio interés personal, el acuerdo de asociación estratégica logrado con Riad, valorado en unos 600.000 millones de dólares. Además de plantear proyectos en ámbitos tan diversos como la energía, las infraestructuras, la explotación de tierras raras y la inteligencia artificial –todo ello enmarcado en el macroproyecto Visión 2030, impulsado por Mohamed bin Salman para hacer del país una potencia global–, contempla el mayor programa de venta de armas de la historia, con un montante estimado en 142.000 millones de dólares, con el objetivo de dotar a Arabia Saudí de tecnologías de defensa de última generación. Unas cifras que incluso palidecen ante el anuncio efectuado por Mohamed bin Zayed de que EAU invertirá unos 1,4 billones de dólares en Estados Unidos durante la próxima década, especialmente en los sectores de la nueva economía, la energía y la inteligencia artificial. Qatar no ha querido quedarse atrás y también ha anunciado ambiciosos proyectos económicos, aunque los 200.000 millones de dólares estimados parecen poca cosa en comparación con lo firmado en Riad y Abu Dabi.

De todo lo anterior lo que cabe concluir es que Trump busca un beneficio personal y sumar inversores para impulsar su proyecto MAGA, procurando de paso que esos países no se sientan tentados a buscar apoyos alternativos en China.

En todo caso, la gira también ha tenido un significativo perfil político. Por un lado, destaca el abierto desencuentro producido con Israel, en la medida en que Trump ha rechazado las insistentes peticiones israelíes para que hiciera escala en Tel Aviv, sin que eso signifique que Washington vaya a dejar de apoyar a su aliado en la masacre que está realizando en Gaza. Un gesto que solo puede interpretarse como un indicio de que Trump no está dispuesto a alinearse con Benjamin Netanyahu en todas sus aventuras más allá de lo que le resulte conveniente. Así queda de manifiesto tanto con el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Washington con la milicia huzí de Ansar Allah, como con la negociación directa establecida con Hamás, de la que ha obtenido la liberación de un soldado israelí-estadounidense. Y lo mismo cabe decir de las negociaciones en marcha con Irán para llegar a un posible acuerdo sobre su controvertido programa nuclear, mientras Netanyahu sopesa el momento de lanzar una campaña militar para eliminarlo.

Por otro lado, el levantamiento de las sanciones a Siria y la mencionada reunión con Al Sharaa, junto con la salida del contingente militar que EEUU ha mantenido hasta ahora en ese país, es el gesto político más llamativo. Trump no solamente rehabilita a alguien por cuya cabeza se ofrecían diez millones de dólares hace apenas unos meses, sino que abre la posibilidad de que los sirios puedan encarar su futuro inmediato en mejores condiciones, dejando de ser parias marginados de la comunidad política y económica internacional. De paso, envía un mensaje de confianza tanto a Arabia Saudí como a Turquía, reforzando a sus gobernantes como mediadores regionales, al atender la petición expresa que ambos le habían hecho llegar.

Por esa vía Trump espera lograr que Al Sharaa, agradecido, se comprometa a eliminar todas las armas químicas que había acumulado el régimen de Al Asad y que no solamente renuncie a amenazar a Israel, sino que incluso termine por reconocerlo sumándose a los Acuerdos de Abraham. En cuanto a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, calcula que se animarán a financiar tanto la reconstrucción de Líbano y Siria como los planes de reubicación (es decir, de limpieza étnica) que Israel tiene en mente para los gazatíes. En el caso concreto de Riad, la zanahoria más atractiva que Washington puede ofrecerle es la firma de un acuerdo que permita a Arabia Saudí poner en marcha un programa nuclear que, en última instancia, le pueda servir algún día como elemento de seguridad frente a Irán.

Una compleja ecuación en la que, de forma cada vez más visible, los palestinos, sencillamente, no cuentan.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Todo comenzó con la denodada lucha de un reducido grupo de judíos sionistas del centro y este de Europa –descendientes, muchos, no de la Diáspora, sino de conversos históricos, lo cual los honra aún más— por la independencia de la opresora Administración colonial británica en la Palestina de entreguerras, la nueva Tierra Prometida para aquel bendito grupo de iluminados: el primer gran hito de esa carrera humanitaria fue la voladura, en julio de 1946, del hotel Rey David de Jerusalén, por la cual convierten en mártires de su noble causa a 91 personas, soldados y funcionarios de la Administración británica de distintas nacionalidades. Entre ellos, 48 palestinos y 17 judíos.   

Pero esa lucha no bastaba. Había que limpiar la sagrada tierra del Israel bíblico de las gentes que la profanaban con su presencia: en Deir Yasin, en abril de 1948, grupos paramilitares sionistas ejecutan, muchos a cuchillo, a un centenar de palestinos, incluidos mujeres y niños. Poco después, en la subsiguiente guerra suscitada por la fundación del Estado de Israel, esos grupos, junto a soldados de las flamantes Fuerzas de Defensa de Israel, promueven una campaña de advertencia del luctuoso suceso, previniendo a la población árabe de su repetición: 700.000 palestinos, ocupantes de la Tierra Prometida por Yahveh a su pueblo elegido, huyen, librándose así del terror gracias a tan humanitaria advertencia. También se librarían de la molesta posesión de sus casas, de sus campos, de todos sus bienes, que serían transferidos al nuevo Estado por la Ley de la Propiedad Ausente. La cual recuerda, por cierto, a otra ley similar, muy cara a los descendientes de republicanos españoles fugitivos de otro terror. Y es que las leyes humanitarias, con todo, no son privativas de Israel.

Habían quedado unos 150.000 ocupantes de la sagrada tierra, que serían, si bien no del todo de buen grado, más o menos tolerados. Eso sí, bajo la administración militar. Por su seguridad, probablemente. Durante unas protestas por su discriminación, en octubre de 1956, fue decretado un toque de queda en las poblaciones árabes: en Kafr Qasin, 49 campesinos son ametrallados al regreso del campo por transgredir una medida que no podían conocer, atareados en sus labores agrícolas como estaban. Un pequeño fallo de humanidad por parte de las humanitarias Fuerzas de Defensa de Israel. No obstante, la injusticia sería reparada por la condena ejemplar impuesta al jefe militar responsable de la masacre: el pago de un céntimo de séquel. Larga sería la lucha de la población palestina de Israel —musulmana, cristiana o, en menor medida, drusa— por sus derechos. Al fin, fue derogada la ley marcial en 1966 y los palestinos fueron reconocidos como ciudadanos israelíes.  

En junio de 1967, las FDI, constituidas ya en el brazo armado de Yahveh y ejecutor de sus divinos mandatos, atacan preventivamente Egipto en lo que se conocerá como Guerra de los Seis Días. La destrucción por completo de la aviación egipcia en el ataque sorpresa devino en la aplastante superioridad aérea de Israel frente a sus cuatro enemigos. A partir de ahí, la conquista de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la península del Sinaí y los Altos del Golán por las FDI sería un paseo militar. Yahveh invitaba a su pueblo a tomar el resto de la Tierra Prometida. Comenzaba, así, su lenta colonización: unos 300.000 palestinos y 100.000 sirios huyeron o fueron expulsados de su tierra ancestral en Cisjordania y los Altos del Golán. 

La ONU, por cuya resolución 181 había nacido Israel en 1948, adopta una larga serie de resoluciones, condenando la ocupación de esos territorios por el Estado que había alumbrado, y disponiendo la protección de su población. De esto último también se encargarían las humanitarias FDI, reprimiendo, cariñosamente, su lucha de liberación primero y su Intifada cívica después. Hasta hoy, con las consecuencias de todos conocidas.

Buena parte de aquellos 700.000 fugitivos del terror desatado en Deir Yassin acabaron ocupando la también bíblica Gaza. De ellos descienden mayoritariamente quienes hoy, advertidos, faltaría más, por las humanitarias Fuerzas de Defensa de Israel, pululan entre hambres, ruinas y bombas, en pos de una incierta salvación del furor desaforado de tan humanitarias fuerzas. Las humanitarias FDI. Embajadoras de amor y paz ante los pueblos de Oriente Medio.

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Rafael Muñoz Herrador es socio de infoLibre.

La caída del régimen de Assad ha abierto en Siria el debate sobre la regulación del uso de criptodivisas. Estos activos digitales presentan un abanico de oportunidades, como una mayor inclusión financiera y una reducción del coste de las transferencias, pero también de riesgos, por su elevada volatilidad, porque ponen en peligro la soberanía monetaria y porque facilitan los flujos financieros ilícitos.

Las divisas digitales permiten efectuar pagos directamente a través de un sistema online, y las transacciones se realizan mediante una tecnología encriptada conocida como blockchain, en la que no interviene ningún banco central ni autoridad. Existen miles de criptodivisas, pero las más conocidas son Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Tethers (USDT).

Desde el lanzamiento de las criptodivisas en 2009, su valor ha fluctuado ampliamente. En 2021, el valor de mercado de los criptoactivos se situó en 2,6 billones de dólares, pero en 2022 su valor cayó por debajo del billón, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). El marco regulatorio para las criptodivisas aún está en sus primeras fases, especialmente en los países en desarrollo, donde no obstante la adopción de criptodivisas ha sido muy vigorosa.

Es lo que ha ocurrido en Siria, un nuevo mundo financiero que analiza The Syria Report, el más antiguo medio online del país, que cubre la actualidad política y económica del país desde 2001. En los últimos años, los sirios han empezado a utilizar criptomonedas. “Una minoría hace sus pinitos con criptomonedas como Bitcoins y Ethereum, pero la mayoría trabaja con stablecoins, que utilizan porque son más fáciles de transferir”, explica Sinan Hatahet, vicepresidente del Programa de Inversión e Impacto Social de la ONG Foro Sirio. Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está vinculado al de otra divisa; por ejemplo, Tether está vinculado al dólar estadounidense.

Muchos en Siria utilizan criptomonedas para transferir remesas. “Alguien de Alemania puede enviarle USDT [Tehther] a través del sistema hawala y transferirlos a una de las pocas oficinas hawala de Damasco, y de otras ciudades, que tienen capacidad para retirar efectivo”, indica Hatahet. El hawala es una red informal de transferencia de fondos basada en la confianza, que se utiliza en Oriente Próximo y el norte de África y que suelen operar trabajadores inmigrantes. La “capacidad de retirar efectivo” se refiere a que tengan una “oficina que acepte transferencias de Tether y stablecoins, y las retitre en dólares o en la moneda local”, añade.

Más allá de las transferencias entre particulares, “recientemente múltiples organizaciones han adoptado USDC [USD Coin] y USDT [Tether] para transferir salarios a sus empleados”, continúa Hatahet.

Finalmente, los grupos terroristas de Siria también se han beneficiado de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas para recaudar fondos.

Los asistentes a la Conferencia del Diálogo Nacional, celebrada en marzo en Damasco, emitieron una recomendación para regular las criptomonedas. Los participantes debatieron si una rápida adopción de las criptomonedas podría enviar la señal de que se trata de una forma de eludir las sanciones internacionales. Se discutió la posibilidad de utilizar criptodivisas para construir la cartera del banco central, pero se fijó como una posibilidad a largo plazo, no a corto.

Anteriormente, el 31 de diciembre, un grupo llamado Centro Sirio de Investigación Económica (SCER) publicó una propuesta de Ley de Política Bitcoin en Siria en Telegram. Esa cuenta ya no existe, no tienen página web ni presencia en las redes sociales. Esto sugiere que, más que un grupo de reflexión, se trata probablemente de un grupo de sirios interesados en presionar a favor de las criptomonedas. En cualquier caso, su propuesta de regular las criptomonedas tuvo un amplio eco en publicaciones centradas en las divisas digitales.

Proponían construir “una economía digital y una infraestructura bancaria centralizada y descentralizada”, facilitar el comercio electrónico y las remesas, y emitir un “marco regulador integral para legalizar el intercambio, el comercio y la minería de bitcoin y activos digitales en línea con las leyes internacionales y locales”. También abogaron por permitir que instituciones, bancos, plataformas de cambio de divisas y empresas de nueva creación presten servicios financieros que simplifiquen el manejo de activos digitales.

Hay distintas formas de adoptar las criptomonedas, desde permitir determinadas transacciones hasta adoptarlas ampliamente, incluso como activo de reserva en la cartera del banco central. Hatahet aboga por un enfoque gradual. “Podemos empezar regulando los monederos electrónicos, el uso de stablecoins, y de fondos permitidos para comprar y vender criptodivisas”.

Una “adopción total” de las criptodivisas no es el “camino más seguro”, porque Siria necesita reintegrarse en el sistema financiero mundial y debe cumplir plenamente las normas, advierte. “No se puede cumplir totalmente con la normativa y al mismo tiempo estar muy implicado en las criptomonedas, hay que encontrar un término medio”, añade.

En un escenario ideal, la regulación de las criptomonedas sería “conforme a las normas internacionales y a los protocolos KYC [Conozca a Su Cliente], y el banco central debería ser abierto, transparente, práctico y controlar todas las transacciones que se realicen. De lo contrario, acabaremos en una economía muy poco fiable”, sostiene Hatahet.

Aunque la espina dorsal de las criptomonedas es su naturaleza descentralizada, Hatahet apunta que, en algunos casos, las criptomonedas y la tecnología blockchain “se han adoptado en un muchos ámbitos distintos sin dejar de estar centralizadas; esto elimina algunas de sus características originales y la facilidad de uso, pero es un compromiso para seguir cumpliendo las normas. No se puede cumplir la normativa estando descentralizado”.

Hay un “espectro de personas que ven la criptomoneda como una forma de escapar a la regulación y el cumplimiento de la normativa, y hay personas que ven que hay un gran valor en la tecnología blockchain, siempre y cuando cumpla con las normas internacionales”, subraya Hatahet.

Binance, la mayor plataforma de criptodivisas del mundo, en un post publicado en su página web el 14 de enero pasado, afirmaba que “la naturaleza descentralizada del Bitcoin lo hace resistente a las presiones geopolíticas y ofrece a Siria una vía para eludir los sistemas financieros tradicionales dominados por las potencias occidentales y las sanciones”.

Dentro del Gobierno sirio de transición, hay dos enfoques sobre la adopción de las criptomonedas. Los que creen que “como no tienen acceso a las instituciones financieras tradicionales”, el cripto les hará “más fácil contrarrestar las sanciones”, describe Hatahet. Por otro lado, están quienes esperan que “se levanten las sanciones en Siria para que no haya necesidad de estas vías alternativas” y, como parte del proceso de construcción del Estado, quieren que el sector financiero permanezca “bajo supervisión estatal”, añade.

“Si existe un marco y un calendario claros para su reintegración en el sistema financiero y monetario internacional, sólo adoptarán criptomonedas a un nivel mínimo”, adelanta Hatahet.

Por el contrario, si persisten las sanciones, se podría adoptar la criptomoneda a gran escala. “Cualquier adopción generalizada de la criptomoneda a nivel de banco central disuadirá a los actores internacionales de comprometerse a levantar las sanciones en Siria, ya que temerán que se utilice para el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo”, avisa Hatahet. El Gobierno “no dará grandes pasos antes de ver cuál es la política de Estados Unidos respecto al levantamiento de las sanciones a Siria”.

El SCER también propuso que los empresarios pudieran “utilizar los recursos energéticos del país para minar Bitcoin y activos digitales”. La minería se refiere al proceso de creación de los bitcoins, que necesita hardware especializado diseñado para resolver problemas matemáticos complejos y, por tanto, requiere mucha electricidad. Dada la grave crisis eléctrica de Siria, “no hay forma viable de minar criptomonedas”, afirma Hatahet.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que la minería de criptomonedas y los centros de datos “representaban el 2% de la demanda mundial de electricidad –y casi el 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero– en 2022, y que esta cifra aumentará hasta el 3,5% en 2025”, según un estudio de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD) de Naciones Unidas.

Varios medios especializados en divisas digitales han publicado recientemente artículos en los que abogan por respaldar parcialmente la libra siria con criptodivisas como forma de lograr la estabilidad monetaria, y se refieren al ejemplo de El Salvador.

En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, a principios de este año, el Gobierno salvadoreño dio marcha atrás, como parte de las condiciones impuestas por el FMI en un nuevo programa de asistencia financiera al país centroamericano, según Americas Quarterly.

Tradicionalmente, los bancos centrales respaldan la moneda local con oro, activos físicos, bienes inmuebles y maquinaria pesada. Los defensores de las criptomonedas sostienen que éstas podrían formar parte de las carteras de reserva. “La razón por la que esto se plantea como solución es que existen dudas sobre el valor actual de la libra siria en el mercado nacional e internacional”, explica Hatahet. “La propuesta consiste en deshacerse de todos los billetes para crear una reserva de valor que refleje el dinero real, pero este dinero, en lugar de emitirse en papel, se emite electrónicamente”, detalla.

El Banco Mundial (BM) sostiene que los criptoactivos “no cumplen hoy los requisitos básicos de los activos de reserva”, según un informe de 2024 titulado ¿Pueden los criptoactivos desempeñar un papel en las carteras de las reservas exteriores? Hoy no, y probablemente tampoco en un futuro próximo.

Los autores de ese informe, en un blog en el sitio web del Banco Mundial, aseguraron en septiembre de 2024 que “los principales criterios para los activos de reserva son la liquidez y la seguridad”. Las principales criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, tienen volúmenes de negociación considerables, pero siguen siendo muy inferiores a los de los activos de reserva tradicionales. Además, la profundidad general del mercado y el potencial de manipulación de los precios siguen planteando problemas.

Los criptoactivos “han mostrado un potencial de rentabilidad elevado, a menudo superior al de los activos tradicionales, pero esta rentabilidad implica una volatilidad y un riesgo elevados que los bancos centrales suelen evitar en sus estrategias de gestión de reservas”, señalan los autores.

Además, el marco regulador de las criptomonedas aún está evolucionando, y “la aplicación de las orientaciones internacionales y las nuevas normas vinculantes se encuentra en sus primeras etapas y sigue siendo desigual en los distintos países”.

Es poco probable que los bancos centrales incluyan los criptoactivos, incluidas las stablecoins, “en su combinación de activos hasta que dichos activos desempeñen un papel más sustancial en el sistema monetario mundial y se conviertan en medios de intercambio y almacenes de valor ampliamente aceptados, nada de lo cual parece probable en breve”, sostienen los autores del informe del Banco Mundial.

En 2021, 15 países en desarrollo se encontraban entre las 20 primeras economías en cuanto a porcentaje de población que posee criptomonedas, según un informe de 2022 de la Unctad. En un informe de 2023, este organismo de Naciones Unidas argumentó que las criptomonedas han sido más aceptadas en los países en desarrollo debido a una regulación más débil de sus mercados financieros, una menor estabilidad macroeconómica y la reducción de los costes de las remesas.

“La eliminación de los bancos como intermediarios promete transferencias más rápidas y baratas y la inclusión financiera de los no bancarizados. Dado que el porcentaje de la población no bancarizada tiende a ser mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados, la inclusión financiera se cita a menudo como una ventaja clave de los activos digitales para los países en desarrollo”, destaca la Unctad.

Sin embargo, la agencia ha pedido que se limite el uso de criptomonedas en las economías en desarrollo debido a varios riesgos. La Unctad argumenta que pueden poner en peligro la “soberanía monetaria” y la “estabilidad financiera” de los países, además de permitir la “evasión o elusión fiscal” a través de flujos extraterritoriales cuya propiedad no es fácilmente identificable.

Mientras que 67 países desarrollados han adoptado leyes fiscales sobre criptomonedas hasta noviembre de 2021, “la mayoría de los países en desarrollo carecen de regulación fiscal” sobre ellas, señala la Unctad. Incluso cuando existen normativas fiscales, su eficacia no está asegurada, ya que “la falta de un enfoque universalmente acordado sobre el tratamiento fiscal de las criptomonedas crea un sistema desigual propenso a la arbitrariedad regulatoria”.

Hatahet está de acuerdo en que los riesgos de las criptomonedas son “mucho mayores” en las economías en desarrollo. Las criptomonedas “socavan la soberanía del Estado sobre el sector financiero, y normalmente en los países en desarrollo se necesita un enfoque más centralizado para coordinar la inversión internacional”, advierte. Los inversores internacionales “prosperan en mercados muy regulados”, por lo que para “remediarlo se necesita un enfoque más centralizado, incluso cuando se adoptan criptomonedas”, reclama.

Según un informe del FMI de 2023 titulado Políticas para los criptoactivos, hacer frente a “los riesgos de los criptoactivos para la estabilidad macroeconómica y financiera”, requiere que los gobiernos “salvaguarden la soberanía monetaria y refuercen los marcos de política monetaria, se protejan contra la excesiva volatilidad de los flujos de capital y adopten un tratamiento fiscal inequívoco de los criptoactivos”.

El GAFI, el organismo mundial de vigilancia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, admite en su sitio web que las criptomonedas pueden hacer “los pagos más fáciles, rápidos y baratos, y proporcionar métodos alternativos para aquellos que no tienen acceso a los productos financieros habituales”, pero advierte de que, al no estar reguladas en su mayor parte, pueden “perder su valor y ser vulnerables a ciberataques y estafas”, además de convertirse en un “refugio seguro para las transacciones financieras de delincuentes y terroristas”.

El GAFI ha emitido normas globales y vinculantes para prevenir la financiación del terrorismo, como la diligencia debida con el cliente (DDC), el mantenimiento de registros y la notificación de transacciones sospechosas (ROS).

El vínculo entre las criptomonedas y el terrorismo en Siria ha sido evidente en los últimos años. El Counter ISIS Finance Group (CIFG), subgrupo de la Coalición Global contra el ISIS, ha documentado cómo el Estado Islámico (ISIS) se ha apoyado en las criptomonedas para pedir donaciones, incluso lanzando crowdfundings, abusando del sector de la caridad. Muchas de estas iniciativas de crowdfunding están dirigidas a las mujeres retenidas en los campos de Al-Hol y Al-Roj, en el noreste de Siria.

En agosto de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había desbaratado tres campañas de ciberfinanciación del terrorismo incautándose de más de 300 cuentas de criptomonedas: una de las campañas implicaba a Al-Qaeda y a grupos terroristas afiliados en Siria.

En julio de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó en su lista negra a un miembro tayiko del grupo islamista HTS, Farruj Fayzimatov, afincado en Idlib, que utilizaba las redes sociales para pedir donaciones. Según Chain Analysis, el 12 de diciembre de 2024 aún seguía solicitando fondos para el HTS a través de las redes sociales.

En octubre de 2022, la empresa estadounidense Bittrex pagó una multa de 24 millones de dólares por no mantener un programa contra el blanqueo de capitales y por ayudar a sus clientes a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos a varios países, incluidas 7.999 violaciones de las sanciones en Siria.

En noviembre de 2023, Binance Holding Limited fue multada con 4.300 millones de dólares por incumplir las sanciones estadounidenses en varias jurisdicciones, incluida Siria. La empresa había supervisado 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones terroristas, entre ellas el ISIS, pero no presentó ningún Informe de Actividades Sospechosas (SAR), como estipula la normativa estadounidense.

A los pocos días de la ofensiva militar que derrocó al régimen de Assad, el 30 de noviembre de 2024, la agencia de noticias vinculada con el HTS News Agency of Sham publicó un llamamiento de la Sala de Operaciones Militares pidiendo donaciones de moneda digital para “contribuir a la liberación del país y al retorno de los desplazados” y publicó la dirección de un monedero de USDT.

Este mismo lunes, Malhama Tactical, una empresa yihadista de seguridad privada en Siria, anunció en un post en la red X que había recaudado 457 USD de los 2.000 USD necesarios para comprar una impresora 3D para necesidades militares. El grupo dijo que aceptaba donaciones a través de “MONERO, USDT, BTC y otras criptodivisas; PayPal y ShamCash Transfer dentro de Siria”. Malhama Tactical se estableció en el noroeste de Siria en 2015 y se compone principalmente de combatientes de Uzbekistán y el Cáucaso ruso. Sham Cash es un sistema de pago digital que permite a los usuarios enviar y recibir fondos a través de códigos personales, así como retirar efectivo sin restricciones a través de agentes de venta libre (OTC), según Crystal Intelligence. La plataforma admitía pagos tanto en liras turcas como en dólares estadounidenses.

El taxi espera a Luis Moreno Ocampo con el motor ya en marcha. “¿Conoce el Des Indes?”, le pregunta al conductor. Es un cinco estrellas de La Haya donde se alojó en 2022. El aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, desaparece a sus espaldas. Llama a su antigua asistente. “Joanna, he vuelto”, le dice. “Tuvisteis que prescindir de mí durante un tiempo, pero creo que es hora de volver”.

El taxista mira por el retrovisor. “¿Puedo hacerle una pregunta, señor? ¿Es usted de la Corte Penal Internacional?”. Ocampo responde que durante 10 años fue el fiscal jefe de la Corte Penal de La Haya. “Quería combatir crímenes”. El prestigioso trabajo, procesar a criminales de guerra, convirtió al argentino en uno de los abogados más famosos del mundo. Lo dejó en 2012, pero cuando se trata de la Corte Penal Ocampo todavía usa la forma “nosotros”, según un documental sobre él emitido hace dos años. “Protegemos a la gente», le dice al taxista. “Estoy orgulloso de ello”.

El exfiscal, que ahora tiene 72 años, sigue involucrado al más alto nivel en el ámbito de los derechos humanos. Sólo que ahora entre bastidores, como consultor, para clientes que no quiere revelar.

Desde los Países Bajos, Ocampo se disponía entonces a presentar una demanda contra Qatar por apoyar el terrorismo. Iba a ser la primera vez que se considerara responsable a un país de ello. Países Bajos es el escenario ideal para un proceso internacional, opina. Aquí tiene su red del Tribunal Penal, aquí tiene un nombre. Allí donde Ocampo llama, las puertas se abren. Activistas de derechos humanos, abogados, todos están interesados, incluso honrados cuando se acerca a ellos para defender su causa.

También lo hizo Liesbeth Zegveld. En 2018, Ocampo le pidió una reunión a la famosa abogada de derechos humanos y profesora de reparaciones de guerra en la Universidad de Amsterdam. Zegveld es conocida por haber conseguido numerosas indemnizaciones para víctimas de las guerras.

Poco después, ambos se estrechaban en Ámsterdam.Allí le contó más sobre su plan. Quiere probar en una demanda civil que Qatar transfirió dinero a terroristas de Jabhat Al-Nusra, una organización que causó numerosas víctimas sobre todo al principio de la guerra en Siria. Las transacciones de fondos son demostrables, cree. Una condena supondría una indemnización de decenas de millones que se repartirían entre las víctimas y el financiador que pagara el caso. Quién es, nunca se sabrá. El financiador quiere ocultar su nombre. En los Países Bajos, Ocampo es el único que conoce su identidad.

Para los inversores, estos pleitos son una forma de consegur ingresos. Se llama “financiación de litigios de terceros”. Está en auge en los Países Bajos y el resto de Europa. Por regla general, funciona así: un inversor paga los costes legales de una reclamación. En caso de ganar, el financiador recibe una parte de la indemnización. El modelo más conocido es el de las reclamaciones de daños y perjuicios en casos de consumo. Por ejemplo, los automovilistas que demandaron a Volkswagen en el caso del software manipulado por la compañía automovilística o los propietarios de paneles solares que quieren llevar al Gobierno a los tribunales para cambiar la ley holandesa. Estos financiadores también están apareciendo en casos de derechos humanos. El dinero hace posibles procesos judiciales que de otro modo nunca habrían despegado. El inconveniente es que no siempre está claro qué intereses están detrás de un caso. ¿Se trata de justicia para las víctimas o son un medio para ganar dinero?

Tras conocer a Luis Moreno Ocampo, Liesbeth Zegveld se pone manos a la obra. Para iniciar una causa civil, hay que encontrar vícitmas que puedan actuar como demandantes. Para ello, se contrata a Lourans Issa. Es un intérprete sirio y activista de derechos humanos con una amplia red detrás. Sabe dónde puede encontrar a las personas que son el objetivo: entre los solicitantes de asilo.

En 2018, los sirios de los Países Bajos leen un anuncio en Facebook. Dice que las víctimas de Al-Nusra que quieran una “compensación” pueden presentar una denuncia por correo electrónico. Un empresario sirio de Róterdam lee el mensaje. Apenas puede dormir. Su negocio en Alepo fue saqueado por los rebeldes de Al-Nusra. “Antes de la guerra en Siria, teníamos una casa”, cuenta en una cafetería al periódico holandés NRC, socio de infoLibre en la red de medios EIC (European Investigative Collaborations). “Lo hemos perdido todo”. Aún lleva consigo su tarjeta de visita después de todos estos años. Está amarillenta, pero intacta.

Un sirio de Zoetermeer también ve el mensaje y envía su testimonio por correo electrónico. Escribe que fue torturado por combatientes de Al-Nusra. Tras escapar, luchó por su vida en un hospital turco durante mes y medio. Después de recibir sus correos, los sirios fueron invitados enseguida a entrevistarse con Lourans Issa, dicen. El intérprete sería su único contacto en el caso. “Lourans Issa me dijo que podría recuperar millones de euros”, recuerda el empresario sirio. “Todos mis daños serían compensados”.

Cuando las víctimas sirias oyen hablar de millones, ya no dudan. Aunque, desde el momento en que deciden sumarse al caso, corren peligro. El equipo de Ocampo teme que agentes secretos de Qatar chantajeen o amenacen a los denunciantes sirios. Así que contrata a una empresa de seguridad. “Nos dieron un número de teléfono de contacto”, continúa el empresario sirio. “Si ocurría algo, podíamos llamar. En cinco minutos alguien estaría aquí”.

Ahora que ha encontrado las primeras víctimas, Zegveld está publicitando el caso con una ofensiva mediática internacional. Envía una carta pública al emir de Qatar. En ella le pide que deje de patrocinar el terrorismo y que indemnice a las víctimas. Si el emir no responde en unas semanas, amenaza con presentar una demanda civil contra él en los Países Bajos en nombre de los sirios.

Las amenazas de Zegveld también atraen la atención fuera de los Países Bajos. En abril de 2018, concedió una entrevista de 20 minutos en la cadena estatal saudí Al Arabiya, que fue emitida en todo el mundo árabe. El periodista le pregunta a Zegveld si tiene pruebas de lo que dice. “Sabe, ante todo nos esforzamos por llegar a un acuerdo en este caso", responde Zegveld. "Un proceso judicial prolongado obviamente tampoco beneficia a Qatar".

Así, incluso antes de que se presente la demanda, Zegveld ya está ocupándose de la reputación internacional de Qatar. Lo hace en un momento en que el emirato se está esforzando en ofrecer una imagen más positiva al mundo. Dentro de cuatro años, en 2022, Qatar acogerá la Copa del Mundo de Fútbol, lo que debería aumentar el perfil internacional del Estado del Golfo. Y este caso de financiación del terrorismo amenazaba con atraer la atención internacional.

Para llevar el caso a los tribunales, se necesitan pruebas de que Qatar dio dinero a los terroristas de Al-Nusra. Alguien debe ser capaz de hacer la conexión. Y entonces un sirio da un paso adelante y dice exactamente lo que el equipo de Ocampo quiere oír.

En febrero de 2019, se sienta en primera fila en las oficinas de Amnistía Internacional en Ámsterdam. Vestido con un traje negro clásico con corbata rosa, Majed Al Saleh escucha una conferencia organizada por la Syria Legal Network, un grupo de abogados sirio que trabajan por la justicia internacional. Lourans Issa, el intérprete que está buscando víctimas para Ocampo, habla sobre el escenario sobre la búsqueda de personas desaparecidas. Un tema sobre el que Al Saleh también tiene algo que decir.

“Dijo que era un coronel sirio y que tenía una lista de un millón de nombres de sirios desaparecidos”, explica Hussameddin Shehadeh, presidente de Syria Legal Network (Red Legal Siria). “Lo dijo bastante alto”. Shehadeh no se creyó la historia de Al Saleh. “En la guerra, la gente desaparecía de muchas maneras y de golpe, ¿por qué iba a tener una sola lista?”. Después de la reunión, Al Saleh llama a la junta directiva de la Syria Legal Network y dice que le han ofrecido dinero por la lista de nombres. ¿Qué quiere?, piensa Shehadeh, ¿vender su sospechosa lista? Lourans Issa está interesado en la historia de Majed Al Saleh y le informa sobre la demanda contra Qatar. Y entonces Al Saleh cuenta una historia increíble. Dice que no era un coronel cualquiera, sino que trabajaba para el servicio de inteligencia y, por tanto, tiene información sensible sobre los flujos de dinero de Qatar al grupo terrorista Al-Nusra. Dice incluso que ha participado en las negociaciones y que estaba al tanto de todo.

Issa le presenta entonces a Ocampo, que se convence de que el “ex oficial de inteligencia sirio” puede tener pruebas de “la transferencia de fondos al Frente Al-Nusra”. Al Saleh se convertirá en el testigo clave del caso contra Qatar.

¿Qué hace un fiscal que ha actuado contra los mayores criminales del mundo después de jubilarse? “Ganar dinero”, tal y como le dice Ocampo al entonces jefe de la ONU, Ban KI Moon, en un correo electrónico al despedirse de la Corte Penal Internacional en 2012. El argentino comienza entonces a trabajar en Nueva York como abogado y consultor. En todo el mundo, hay clientes dispuestos a pagar generosamente por su asesoramiento y su red de contactos.

En 2017, correos electrónicos filtrados revelaron cómo operaba Ocampo. Por ejemplo, en una investigación sobre crímenes de guerra en Libia para llevar a sus responsables ante la justicia. Su investigación debería marcar el comienzo de la paz en Libia, dijo en una entrevista con CNN. “Sin justicia, habrá más represalias en Libia y más sangre”. Pero Ocampo es contratado para su trabajo por un multimillonario libio que es parte en el conflicto. Cuando el multimillonario corre el peligro de acabar en el punto de mira del Tribunal Penal, Ocampo intenta protegerlo.

El asunto parece ya olvidado. Cuando la Corte Penal celebra su vigésimo aniversario, en 2022, Ocampo se dirige a los asistentes al acto. Sus sucesores se sientan entre el público, al igual que los expresidentes del tribunal. Ocampo es recibido con aplausos. Jelle Postma también está deseando colaborar con Ocampo. Cuando el argentino le pidió a este antiguo empleado del servicio de inteligencia holandés en 2021 que creara una fundación para ayudar a las víctimas sirias a conseguir una indemnización, a Postma le pareció una buena idea, dice ahora: “Quería hacer algo por las víctimas del terrorismo”. Ocampo firmó una carta de intenciones y pagó el primer mes de alquiler de la oficina de la fundación de Ámsterdam. Pero Jelle Postma oyó hablar tan poco de las víctimas, que al cabo de un tiempo empezó a sospechar. “Tuvimos que pagar a las víctimas, pero en realidad no sabíamos nada sobre el caso”.

En los Países Bajos, la reclamación de daños y perjuicios no acaba de despegar. Poco después de su ofensiva mediática en 2018, Liesbeth Zegveld ya se había retirado del caso. “Desde entonces, he cortado todo contacto con Ocampo”, revela por correo electrónico. “El deber de confidencialidad de los abogados me impide dar más información”. El expediente pasa entonces de abogado en abogado. Ninguno de ellos lleva el caso a los tribunales porque creen que faltan pruebas, explican a NRC bajo condición de anonimato, obligados por su deber de confidencialidad. Según añaden, ni siqueira desde los Países Bajos pueden demandar a Qatar. Los países gozan de inmunidad.

En Londres, en cambio, unos abogados británicos ven una oportunidad. Allí se encuentra una sucursal del Doha Bank, vinculada a la familia real catarí, que podría ser demandada. Ocho refugiados sirios que solicitado asilo en los Países Bajos serán representados por un bufete internacional británico. Su caso se llevará en Londres. Pero para el financiador de la operación eso no es suficiente. También “facilita pruebas” para un caso en Estados Unidos a cambio de una “participación en los beneficios”, revelará más tarde el abogado de los sirios. No dice de qué caso se trata, pero casi simultáneamente en Estados Unidos se inicia un procedimiento contra otro banco catarí que supuestamente hizo un pago a un terrorista del Estado Islámico que decapitó a un periodista estadounidense en Siria.

Pero, según el banco, la declaración en la que se basan los abogados contiene errores ortográficos, el lugar desde el que se transfirió el dinero parece que no existe y falta el número IBAN, que ya era obligatorio entonces. Una falsificación, argumenta el banco. Los abogados retiran sus pruebas y abandonan el caso.

También aparece un extracto bancario en Londres. La defensa del banco catarí empieza a hablar de ello en una de las vistas: se trata de un supuesto recibo de una transferencia a sorprendentemente el mismo terrorista del Estado Islámico que protagoniza el caso fallido en EEUU. Sólo que, esta vez, al terrorista se le había pagado a través del Doha Bank. Pero los abogados de los sirios en Londres tienen más material entre las manos: el testimonio de Majed Al Saleh, quien afirma que dos empresarios qataríes financiaron actividades terroristas a través del banco. Debido a su explosiva declaración, incluso llega a ser amenazado. “Porque sé la verdad sobre su financiación y apoyo ideológico al Frente Al-Nusra en Siria”, informó al tribunal.

En un barrio obrero de Helmond, los vecinos ven de repente a un holandés muy conocido. "Es un tipo realmente agradable", le elogia uno de ellos. Se trata de Ray Klaassens, antiguo mercenario y famoso por aparecer como despiadado instructor jefe en el programa de televisión Kamp Van Koningsbrugge. Klaassens dijo a los residentes locales que se encarga de la seguridad del hombre que vive al final de la calle, Majed Al Saleh. Tiene cámaras de seguridad en la fachada de la casa. Al Saleh ha empezado a conducir recientemente un Mercedes. “Uno de esos grandes”, precisan los vecinos. No les les sorprende; les aseguró que era un coronel importante.

Al Saleh, coronel desertor, así es como se presenta en otros sitios. Al hacerlo, suele enseñar documentos importantes que supuestamente posee. A Ahmad Al Hosain, un profesor fugitivo de Damasco, Al Saleh le ofreció documentos del catastro sirio. “Le pregunté cómo los había conseguido”, cuenta Al Hosain por teléfono. “Porque, que yo sepa, un coronel tiene poco que ver con el registro de la propiedad. Luego me dijo que tenía un contacto en el ministerio en Siria". Al Hosain lo considera “una historia poco creíble”.

Al excomandante sirio Qassem Saadeddine Al Saleh le hizo una propuesta sorprendente. “Majed me envió un mensaje en el que decía que quería sacar a la luz archivos secretos”, explica Saadeddine, que luchó para el Ejército Libre Sirio. “El contenido iba a persuadir a Estados Unidos de atacar a Asad”. Cuando el excomandante viajó a Helmond para ver los archivos, resultó que no estaban allí. Al Saleh le dijo que le habían dado otro importante puesto: se había convertido en el asesor de comunicación de un conocido general desertor, Mohammed Haj Ali.

Haj Ali conoció a Al Saleh en una manifestación en Gemert, en la provincia holandesa de Brabante, donde reside. El antiguo general guarda una sensación extraña del encuentro. “Majed confundió los términos coronel y teniente. Una señal de que miente”, recuerda. Haj Ali también descubrió que Al Saleh se presentaba con diferentes apellidos. En su red del Ejército Libre Sirio, nadie conocía a Majed Al Saleh, asegura. El general rompió el contacto con él.

Un día, aparecieron unas furgonetas de mudanzas en la puerta de la casa de Al Saleh en Helmond. Se mudaba a una espaciosa villa blanca en Maarssen, situada cerca de un lago con 12 casas similares. Los vecinos apenas ven a Al Saleh, algunos ni siquiera saben qué aspecto tiene. Actualmente está montando un lujoso restaurante en el centro de Róterdam. Su socio, que no quiere que su nombre aparezca en los periódicos, está impresionado: Al Saleh lo paga todo de su bolsillo. El alquiler, la reforma. “Al principio, como refugiado, vivía de subsidios. Pero fue como si de repente hubiera abierto un grifo de dinero”.

Desde que Majed al Saleh se convirtió en testigo, miles de euros han sido transferidos a su cuenta, según documentos en posesión de NRC. El principal remitente de esos pagos es una pequeña y desconocida consultora de Ámsterdam-Zuid. El propietario de la agencia está dispuesto a reunirse con los periodistas, a condición de que su nombre no sea mencionado.

En una soleada mañana de febrero, llega a la hora acordada, entra en el restaurante de un centro de negocios de Ámsterdam-Zuid. “Todavía estoy en un chat”, dice el consultor. “Pídeme algo”. Cuando vuelve unos 15 minutos más tarde, deja el teléfono sobre la mesa frente a él y se queda con un auricular puesto. “Todavía tengo que seguir con esta llamada durante un tiempo”.

Dice que conoce a Ocampo de la Corte Penal. Hizo trabajos ocasionales para él. Así es cómo Ocampo llegó a él para pagar a Majed Al Saleh. El consultor redactó un contrato que establecía que Al Saleh se encargaría del “desarrollo de negocios” para él durante tres años en Líbano, Siria y Qatar: “Así es como lo vestí”. El contrato es principalmente una “tapadera”, admite el consultor, para pagar a Al Saleh por su “declaración para la demanda”. “No directamente, sino a través de intermediarios. Ése era mi cometido", continúa. El consultor y otro intermediario le pagan 17.000 euros al mes, según las cuentas a las que ha tenido acceso NCR. No se puede rastrear el origen del dinero, destaca el consultor: “Se transfiere sin que se pueda rastrear a nadie”.

“Quizá hubiera algo moralmente incorrecto en el caso”, reconoce. “Pero también he trabajado para el príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salman", se explaya, "¿es moral todo lo que hago? También conduzco un coche de gasolina”.

Al cabo de un tiempo, según el consultor, Al Saleh empezó a pedir más dinero. “No estaba satisfecho. Así que también le pagué el coche”. ¿El reluciente Mercedes? “Era de segunda mano, eso tampoco le gustó”.

Según Stuart Sime, profesor de la City St George's University de Londres, es obvio que no se debe pagar a los testigos para que declaren. “Sólo pueden recibir una asignación para gastos. Cualquier cosa más allá de eso puede afectar a la veracidad de su testimonio”, sostiene Sime.

Ocampo no respondió a las preguntas de la NRC sobre los pagos. En el juicio contra Qatar, en noviembre de 2024, sí habló de “pagos de seguridad” a Al Saleh, de los que él sería responsable.

“Algo así parece completamente erróneo”, dice Sime. “No hay autorización para pagar a un testigo a través de una estructura opaca. Esto suena más bien a 'te pagamos para que prestes la declaración que necesitamos”.

Si los pagos se hubieran interrumpido al cabo de de dos años, habría recibido medio millón de euros en cumplimiento de su contrato. El consultor no lo considera una “cantidad anormal”. “En el juicio, su declaración podría suponer decenas de millones”. El propósito de la demanda estaba claro para el consultor: “Obtener la mayor compensación posible”. 

El caso contra Qatar estaba diseñado para que no fueran las víctimas, sino el financiador anónimo, quien se beneficiaran más con la reclamación de daños y perjuicios. En un contrato que las víctimas tenían que firmar y al que ha podido acceder NRC, se establece que el financiador se llevará entre el 40% y el 45% de la indemnización final.

La tensión entre los intereses del financiador y los de las víctimas es común en este tipo de casos, revela Stefaan Voet, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Los financiadores de litigios hacen posible que se persigan casos de interés público. “Pero ya se trate de política climática, productos defectuosos o derechos humanos”, dice Voet, “al financiador le preocupa sobre todo una cosa: los beneficios. Es una industria multimillonaria”. A Voet eso no parece importarle. ”Un financiador de litigios asume el riesgo por completo y puede haber algo a cambio”, añade. Pero en las estructuras de financiación, advierte Voet, puede haber riesgo de abuso. En en ese caso, el patrón es: “El financiador crea un caso, recluta a víctimas y encarga el procedimiento a un abogado. La parte contraria se ve presionada y, temiendo por su reputación, estará tentada de poner dinero para cerrar el caso”. De esta forma, las víctimas son utizadas simplemente como llave de acceso a la sala del tribunal, para presionar a la otra parte a llegar a un acuerdo. “Y entonces parece más bien un chantaje”, concluye.

Para evitar estos abusos, Voet establece algunas normas básicas que deben cumplir los financiadores de litigios. “Para que al menos haya transparencia sobre la financiación”.

En el caso de Qatar, el financiador se esconde detrás de empresas interpuestas y terceros. Uno de los contratos al que ha tenido acceso NRC, establece que es Swiss Coleridge quien paga, pero no hay ninguna organización con ese nombre en Suiza. En otros contratos figuran como financiadores pequeñas empresas de Uruguay y del paraíso fiscal de islas Nevis, en el Caribe. Algo inadmisible, critica el profesor Voet, porque así no se puede comprobar qué intereses hay detrás de un caso. “En el de Qatar, por ejemplo, el financiador puede tener vínculos con un Estado rival”. Entre 2017 y 2021 Qatar se vio envuelto en una guerra diplomática con los países árabes vecinos, que se acusan mutuamente de connivencia con los terroristas. “Entonces infligir daños de imagen sería el verdadero objetivo”.

En el otoño de 2022, Qatar tenía previsto albergar la Copa del Mundo de la FIFA. En Londres, el tribunal aún no había juzgado el fondo del caso. La nueva actuación de Ocampo se produjo en junio. Di el paso informando al Relator Especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo. Ocampo explicó que representaba a 17 víctimas. Pregunta al relator si la ONU puede exigir responsabilidades a Qatar. El relator contestó que lo estudiaría.

Cuando comenzó el campeonato el 20 de noviembre, voló hasta el emirato un invitado especial, Luis Moreno Ocampo. Había recibido la invitación de un representante catarí, justo después de acudir a la ONU. En Doha, Ocampo se reúne con abogados que trabajan para Qatar y con los que firmó un contrato. “Fui contratado por Qatar como mediador”, escribe Ocampo en un comunicado en respuesta a preguntas de NRC. Ocampo se compromete contractualmente a resolver todos los casos pendientes contra Qatar.

El contrato, según admitió Ocampo más tarde en su declaración en el juicio de Londres, incluye “pagos mensuales” para sí mismo. También contiene una “gratificación”, que se cobra si se resuelven los casos. Sobre las cantidades, Ocampo no quiso decir nada. Pero un abogado de su equipo sí lo hace: seis millones de dólares (más de 5,5 millones de euros). Lo que da a Ocampo un doble papel. Representa a las víctimas sirias, pero al mismo tiempo tiene un interés financiero personal en un acuerdo con Qatar.

Parece un claro caso de conflicto de interés, mantiene el profesor Stuart Sime. “Un representante no puede actuar para dos partes al mismo tiempo. Cualquier profesional sabe que no puede hacerse. Vayas por donde vayas, siempre perjudicas a una de las dos”.

Tras los acuerdos con Qatar, es imperativo que Ocampo actúe lo más rápidamente posible. Al regresar de su viaje, vuelve a contactar con el relator de la ONU sobre terrorismo. “Dijo que los problemas con el gobierno en cuestión se habían resuelto”, recuerda la entonces relatora Fionnuala Ní Aoláin. “Eso significaba que la denuncia fue eliminada de nuestro sistema de registro de información”, continúa. La ONU retiró la causa contra Qatar.

El testigo clave también se marchó. Al Saleh informó a los abogados de Londres que ya no participaría en el caso. Su testimonio, que de todos modos era deficiente, según dijo a sus abogados, ya no puede utilizarse como prueba. No especifica el motivo de su motivo de su marcha. Ante el tribunal, Ocampo sugirió que Al Saleh se había retirado por motivos económicos. Había oído que Al Saleh había ido a “negociar” con representantes de Qatar para “dar por terminado su testimonio en el proceso”.

Según los abogados del equipo sirio, Al Saleh sucumbió a una “campaña de intimidación”. Citaron ejemplos de supuestas amenazas contra Al Saleh. Con ello los abogados intentaron convencer al tribunal de que Qatar había interferido ilegalmente en el proceso judicial y, por tanto, debía pagar.

Si Al Saleh temía por su vida, su asesor de seguridad debería saberlo. Pero éste se presentó ante el tribunal de Londres con una explicación muy diferente. “No siguió ninguna instrucción de seguridad”, dijo Ray Klaassens por teléfono a NRC. El guardaespaldas comenzó a dudar del caso en plena misión. Una sensación que se reforzó cuando escuchó a Al Saleh hacer “una declaración falsa” a la policía sobre un teléfono supuestamente robado. “En un momento dado dije: estamos tratando con un chiflado. También se lo hice saber al juez en Londres”.

En enero de 2023, cinco años después de que se abriera el caso, las víctimas sirias tienen más noticias. Reciben una invitación de una abogada del equipo de Ocampo y se reúnen en un hotel NH de Ámsterdam. Allí arranca una hoja de un bloc de notas con el logotipo de NH y dibuja cómo será el acuerdo con Qatar. Cada uno recibirá una parte. El financiador. El intermediario. Y las víctimas también, que deben firmar rápido, ahora, inmediatamente, un documento que la abogada trae consigo.

El empresario sirio mira preocupado a su hijo, que habla mucho mejor inglés que él. ¿Lo ha entendido bien? ¿Seguro que esto era lo prometido? Porque recibe una oferta que es sólo una fraccion de los millones que le habían prometido. El empresario piensa en Lourans Issa, que le había advertido de antemano de que podía ser un acuerdo mísero. Así que el empresario, como algunos otros sirios, se negó a firmar.

Lourans Issa hizo a las víctimas una oferta alternativa, cuentan a NRC. “Me dijo: dadme vuestras firmas y me aseguraré de que recibáis vuestros millones”, detalla el empresario sirio. Pero hay una condición: tienen que retirar la demanda contra Qatar.

Los sirios de la provincia holandesa de Drente también recibieron una visita. El 26 de febrero de 2023, Lourans Issa camina con las manos en los bolsillos de sus vaqueros hasta la puerta principal de una vivienda social donde se han reunido cuatro víctimas. Toca el timbre, mira un momento por encima de sus gafas directamente a la cámara del portal. “Pensamos que podría ayudarnos», dice una de las víctimas: “Lourans nos prometió más de dos millones de euros por persona”.

Lourans les aconsejó que fueran rápidos, explican ahora los sirios, porque sus nombres ya se habían filtrado a Qatar. Así que firmaron, al igual que el empresario y el hombre de Zoetermeer. Momentos después, su abogado en Londres recibe una carta de dimisión.

Pero, ¿dónde está el dinero?

Unas semanas después, las víctimas llaman a Issa. “Me dijo: 'Estoy ocupado, no tengo tiempo para ti”, cuenta uno de los sirios de Drente. Cuando meses después seguían sin recibir el dinero, empezaron a darse cuenta. “Issa nos ha estafado”, protesta el empresario sirio. “Él mismo hizo un trato con Qatar y se aseguró de que abandonáramos el caso”.

En 2024, las víctimas enviaron por correo una petición colectiva de ayuda a a su antiguo abogado. En el correo, que se leyó en el tribunal de Londres, escriben que han sido engañados. Explican que cancelaron sus procedimientos por consejo de Issa, porque él les dijo que era necesario para llegar a un acuerdo. “Pero el resultado es muy decepcionante. Seguimos sin tener noticias suyas”.

Issa cuenta a los sirios que tiene cáncer. Ya no contesta al teléfono.

Mientras, Ocampo sigue negociando con Qatar. El estado de esas conversaciones no está claro, ya que se llevan a cabo al margen de los procedimientos judiciales. Ocampo y un abogado, según sus propias declaraciones, dicen que están ofreciendo a Qatar retirar las demandas del financiador a cambio de decenas de millones. Según Ocampo, no se llegará a ningún acuerdo pero la demanda quedará fuera de la discusión. El financiador se retiró en 2024, explica uno de los abogados del caso. El juez cerró el caso. Las víctimas sirias se quedaron sin indemnización.

“Ocampo jugó con nosotros”, acusa una mujer joven con velo sentada en el sofá de un salón de Drente junto a su cuñado, que también es uno de los demandantes en el proceso. “Él sólo ha utilizado nuestras historias en beneficio propio”. El caso le devolvió el trauma a la mujer, que era todavía una adolescente cuando Al-Nusra la secuestró. Desde entonces se despierta con pesadillas “dos o tres veces” a la semana: “Estoy reviviendo la historia”.

Jelle Postma, que debía pagar a los sirios, confirmó que su fundación nunca desembolsó dinero: “El suspendió el dispositivo de seguridad, se retiró el dinero y se cortaron todas las líneas telefónicas. Ocampo dejó a las víctimas con las manos vacías”.

En febrero de 2025, Lourans Issa espera detrás de un gasolinera en un polígono industrial del distrito Bijlmer de Ámsterdam. Pantalones de chándal, el pelo gris peinado hacia atrás. Hace frío, pero Issa quiere pasear. “Necesito fumar”. Está curado. El tumor ha desaparecido sin tratamiento, según los médicos. “Lo llaman un milagro médico”, asegura.

Apenas puede decir nada sobre el caso. “Acuerdos de confidencialidad”. Pero Issa dice que está decepcionado. “Esto empezó como un caso de derechos humanos”, explica. “Y se convirtió en un negocio en el que sólo se trataba de dinero”.

Lourans Issa se echa a reír cuando escucha que las víctimas le acusan de haber sido sobornado por Qatar. “Que lo lo demuestren”. Nada es cierto, dice. Sobre sus contactos con Qatar no quiere hablar en el polígono industrial de Bijlmer. Pero antes, por teléfono, fue más sincero. Que contactase con Qatar como intérprete, lo calificó por teléfono de “normal”. “Todos estábamos en contacto con Qatar. Los abogados estaban en contacto con Qatar, Ocampo estaba en contacto con Qatar, Majed estaba en contacto con Qatar”, enumeró Issa. “Y ahora soy el chico malo que hizo que todo estallara”.

“¡Milord!”, resuena en la lujosa sala del tribunal londinense con paredes recubiertas de roble la mañana del 3 de febrero de 2025. Caros abogados británicos se enfrentan en el Tribunal Real de Justicia en el “caso terrorista de Qatar”, como lo ha bautizado la prensa británica. Han acudido al tribunal en equipos y con carpetas llenas de pruebas.

En la sala se discute quién debe pagar los costes del demanda fallida. Los abogados de los sirios dicen que Qatar ha frustrado el caso, pero los abogados del banco argumentan en sentido contrario. Dicen que el equipo de abogados de lo sirios se equivocó. Llegaron con un testigo clave “poco fiable”, asegura la abogada del banco, que repite su nombre: Majed Al Saleh. También llama a Ocampo el “cerebro” detrás de los procedimientos y advierte de que “todavía tiene muchas preguntas que responder, pero no lo hace”.

A finales de febrero, el juez dictaminó que el equipo legal de las víctimas debía pagar por costas varios millones de dólares. Majed Al Saleh no compareció ante el tribunal de Londres. Tampoco parece sentirse a gusto en el barrio obrero de Helmond donde mantiene su vivienda de alquiler. “Hola”, suena una voz desde el portero automático con vídeo digital. “¡Estoy en el extranjero!”. Sobre el caso judicial, no quiere responder a más preguntas. “¿El problema con Qatar? Eso ya se ha resuelto”.

Una investigación llevada a cabo por el periódico holandés NRC, socio de infoLibre en la red de medios de investigación EIC (European Investigative Collaborations) revela que el exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo puede haber incurrido en un conflicto de intereses tras aceptar dinero por parte de Qatar para mediar en una demanda contra el emirato por financiar el terrorismo.

En el año 2018, el exfiscal aceptó liderar una demanda interpuesta por un grupo de refugiados sirios contra Qatar por financiar al grupo terrorista Jabhat al-Nusra. Para ello, su equipo reclutó en Países Bajos a los refugiados, prometiéndoles una compensación millonaria, algo que finalmente no se produjo.

Es ahora cuando se sabe que el exfiscal Ocampo, según la investigación de NRC, firmó un contrato con Qatar por el cual recibiría un salario mensual y un bono multimillonario si actuaba como “mediador” para resolver los casos en curso contra el emirato.

Stuart Time, profesor de la City St. George's University de Londres, afirma que estos hechos son un claro conflicto de intereses. "Un representante nunca debe actuar para dos partes simultáneamente. Todo profesional sabe que eso es inaceptable. Sea cual sea el camino que tome, está perjudicando a una de las dos", dice.

Además, han surgido dudas sobre las pruebas presentadas en la demanda al conocerse que un testigo sirio que afirmó tener información privilegiada sobre la financiación de Al-Nusra por Qatar, recibió cientos de miles de euros en su cuenta bancaria. Los pagos se realizaron a través de una consultoría holandesa, que admite que el dinero se transfirió como un “encubrimiento”.

En declaraciones a NRC, los demandantes sirios dicen que se sienten utilizados y que han sufrido consecuencias negativas por culpa del juicio.

Desde entonces, Ocampo se ha retirado del caso y se ha negado a responder a la mayoría de las preguntas que al respecto le ha hecho NRC. Sin embargo, ha publicado una declaración en su sitio web personal. En ella asegura que, mientras llevaba el caso, contactó con Qatar. "Le sugerí que creara un fondo especial no sólo para las víctimas de Al-Nusra, sino para todas las víctimas sirias. Que, en lugar de negar la responsabilidad ante los tribunales, acogiera a todas las víctimas, incluidas las afectadas por el régimen de Assad", explica.

"Tras años de una relación difícil", añade, "Qatar me contrató como mediador para facilitar un acuerdo con las víctimas de Al-Nusra. Un año después, la mediación fracasó y no se llegó a ningún acuerdo. La razón principal fue que Qatar quería conocer la identidad de quienes financiaron el fondo para litigios". 

Dieciséis personas, entre ellos tres menores, murieron este jueves al hundirse al norte de la isla griega de Lesbos dos balsas en la que viajaban tras partir de la cercana costa turca, informaron las autoridades de Grecia y Turquía y ha recogido EFE.

Los guardacostas griegas localizaron uno de los botes cuando empezaba a llenarse de agua y lograron rescatar con vida a 23 personas, todas procedentes de Afganistán y Siria, que fueron enviadas a centro de refugiados en Lesbos, en el mar Egeo oriental. Poco después, un helicóptero localizó en el mar siete cadáveres, tres mujeres, un hombre, dos niños y una niña, informó la Guardia Costera griega

Según señalaron los rescatados a las autoridades, en la balsa había un total de 31 personas, por lo que una estaría desaparecida, informó la emisora pública helénica ERT.

Por otra parte, las autoridades turcas también informaron sobre el hundimiento de otro bote en la misma zona, con nueve muertos y 25 supervivientes. Los migrantes rescatados, de nacionalidades desconocidas por ahora, fueron primero trasladados a la costa turca y luego enviados en ambulancias a hospitales en las provincias de Balikesir y Çanakkale, informó la agencia de noticias oficial turca Anadolu.

Los guardacostas turcos seguían cerca del mediodía rastreando la zona del accidente con aviones y drones, al estimar que falta aún una persona por localizar.

El año pasado al menos 125 inmigrantes murieron en el este del Mediterráneo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

La reciente ola de violencia en la costa siria, que dejó más de un millar de muertes según observadores, incluyó en muchos casos "ejecuciones sumarias" de base "sectaria" por parte de elementos afiliados al caído régimen de Bachar al Asad pero también por otros que apoyan a las autoridades de la transición, indicó este martes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y recoge EFE.

"En algunos casos familias enteras, incluyendo mujeres, niños y personas no combatientes, fueron asesinados en ataques que se dirigieron particularmente contra ciudades y poblaciones alauitas" (rama del islam chií que profesa la familia de Al Asad), indicó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina Thameen Al-Kheetan.

La fuente agregó que la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk ha verificado por ahora la muerte de 111 personas (90 hombres, 18 mujeres, un niño y dos niñas), aunque otras organizaciones, como el observatorio Sirio de Derechos Humanos, elevaron este martes la cifra de víctimas a 1.093.

"De acuerdo con muchos testimonios recogidos por nuestra oficina, los perpetradores de los crímenes fueron casa por casa preguntando a los residentes si eran alauitas o sunníes antes de decidir si los asesinaban o no. Algunos supervivientes nos contaron que mataron a muchos hombres frente a sus familias", afirmó Al-Kheetan.

El portavoz agregó que los días 6 y 7 de marzo personas armadas supuestamente afiliadas a las antiguas fuerzas de Al Asad irrumpieron en hospitales de Latakia, Tartús y Baniyas, donde se enfrentaron a fuerzas afines a las actuales autoridades, causando decenas de víctimas que incluyeron pacientes, médicos y estudiantes de medicina.

"Otros abusos denunciados en los últimos días han incluido saqueos de domicilios y tiendas por parte de personas anónimas que se aprovecharon del caos", agregó Al-Kheetan, quien subrayó que muchos civiles han huido de la violencia a zonas rurales y otros se han registrado en la base aérea cercana que controla Rusia.

La fuente expresó la preocupación de la oficina de la ONU por los discursos de odio y la desinformación que circulan al respecto de estos hechos en las redes sociales, "lo que podría aumentar las tensiones y dañar la cohesión social en el país". El alto comisionado Türk urgió que los responsables de estos crímenes respondan ante la justicia, y ha dado la bienvenida a la apertura de investigaciones sobre estos sucesos por parte de las autoridades de transición. "Todos los responsables deben rendir cuentas, independientemente de su afiliación", subrayó.

Las fuerzas sirias iniciaron el pasado jueves 6 de marzo una operación contra milicianos alauitas en las provincias costeras de Latakia y Tartús en respuesta a una emboscada y ataques a gran escala contra efectivos militares, algo que provocó una oleada de violencia sin precedentes desde la caída del expresidente el 8 de diciembre.

En cuatro días de violencia inaudita desde la caída del régimen de Bachar al Asad, más de mil personas han muerto en las regiones del oeste de Siria de mayoría alauita, entre ellas unos 740 civiles pertenecientes a esta minoría religiosa que han sido ejecutados y asesinados "a sangre fría", según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

 La ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores en el terreno, reporta que al menos 1.018 personas han muerto desde el jueves en las provincias costeras de Latakia y Tartús -feudos de la comunidad alauita y de Al Asad-, así como en las demarcaciones centrales de Hama y Homs, escenario de unos de los acontecimientos más sangrientos de los últimos años.

La violencia estalló el jueves, cuando grupos leales a Al Asad emboscaron y mataron en Latakia a decenas de efectivos de seguridad de la nueva administración de Damasco, algo que derivó en intensos enfrentamientos y en una posterior campaña de represión contra la población alauita. 

Desde la caída del anterior régimen, varios grupos de exmilitares leales a Al Asad han efectuado ataques esporádicos contra las nuevas autoridades, pero la emboscada de este jueves fue la primera operación a gran escala y la más sangrienta desde el pasado 8 de diciembre.

Cientos de personas salieron a las calles de varias provincias sirias el jueves y el viernes para expresar su apoyo a las fuerzas de seguridad y denunciar los ataques de los remanentes del exrégimen.

Según medios de comunicación sirios y grupos de activistas, la insurgencia pro Al Asad está liderada por el comandante Ghiath Dalla, una de las figuras militares más prominentes del antiguo régimen y muy próximo al expresidente, que habría fundado un grupo llamado 'Consejo Militar para la Liberación de Siria'.

Su principal objetivo, según recoge la prensa local, es la "liberación total del territorio sirio de todas las fuerzas ocupantes y terroristas", en referencia a la alianza islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), que derrocó a Al Asad en una fugaz ofensiva de apenas dos semanas.

Esa alianza, ya disuelta e integrada en las fuerzas de seguridad del nuevo Gobierno, es la heredera del Frente Al Nusra, la exfilial de la organización Al Qaeda en Siria, y está apoyada también por una serie de grupos islamistas proturcos acusados de cometer todo tipo de crímenes de guerra durante los 14 años de conflicto en Siria.

En reacción a los ataques del jueves, Damasco lanzó una campaña para aplacar los focos de insurrección, llevando refuerzos desde las provincias septentrionales de Idlib y Alepo, los baluartes de la oposición a Al Asad.

Parte de esos refuerzos son milicianos del grupo proturco Ejército Nacional Sirio (SNA), que está a su vez inmerso en solitario en una campaña contra las zonas del norte de Siria controladas por los kurdos.

Según el Observatorio, reconocido por su fehaciente seguimiento de las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Al Asad, la llegada de los refuerzos fue el preludio de una serie de masacres, ejecuciones sumarias y torturas a la población civil, muchas de las cuales fueron grabadas en vídeos que la ONG pudo verificar.

Entre los asesinados se encuentran mujeres y niños, siempre según el Observatorio, que hizo un llamado a la comunidad internacional "para que adopte medidas urgentes y envíe equipos internacionales especializados de investigación para documentar las graves violaciones" que han cometido las fuerzas de seguridad y grupos aliados.

Damasco no ha reconocido explícitamente estos actos, aunque sí ha anunciado la creación de un comité que investigará y mandará a juicio a los responsables de "crímenes" cometidos durante las operaciones militares en la costa siria.

La comunidad alauita, a la que pertenece el clan de Al Asad y que dominó el Ejército durante el régimen anterior, supone aproximadamente el 10 % de la población siria y tiene su núcleo en Latakia y Tartús, donde las autoridades de Damasco realizan operaciones contra los remanentes del exrégimen desde hace semanas.

Varios altos cargos militares de Al Asad acusados de cometer crímenes de guerra y reprimir a la ciudadanía han sido arrestados en estas campañas.

Sin embargo, el Observatorio también ha documentado decenas de "actos de venganza" por parte de miembros de las fuerzas de seguridad contra estos individuos, algo que se ha generalizado en la campaña militar de esta semana en la costa.

"Existe una creciente preocupación de que la respuesta de mano dura de Damasco al ataque por parte de los remanentes del régimen arraigue las divisiones sectarias y alimente un nuevo ciclo de violencia", alertó el centro de investigación sirio ETANA.

El grupo chií libanés Hizbulá -uno de los principales aliados de Al Asad junto a Irán- se ha desvinculado de la ola de violencia, mientras que los patriarcas de las iglesias de Siria condenaron las "masacres contra civiles inocentes" y rechazaron "cualquier intento de división".

El presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, intentó tranquilizar este domingo a la población y aseguró que la violencia es "un desafío esperado" en la fase de transición que atraviesa el país, al tiempo que urgió a "proteger la unidad nacional y la paz civil".

Al menos 340 civiles de la minoría alauita han muerto, muchos de ellos ejecutados a manos de las fuerzas de seguridad, en medio de los enfrentamientos entre las tropas del nuevo régimen de Damasco e insurgentes leales al derrocado presidente Bachar al Asad, informó este sábado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, según informa EFE.

"En la mayor venganza colectiva, 340 ciudadanos fueron asesinados y ejecutados a sangre fría en la costa y las montañas de Latakia", dijo la ONG en un comunicado, en el que indicó que otros más de 200 combatientes de ambos bandos perdieron la vida en estos choques desde el jueves, por lo que el número total de muertos supera los 540.

La minoría alauita, una rama del islam chií, es a la que pertenece la familia Al Asad y alrededor del 10 % de la población de Siria. Esta comunidad, cuyo núcleo se encuentra en las provincias costeras de Latakia y Tartús -los principales feudos del derrocado presidente- dominó instituciones como el Ejército durante el régimen del mandatario.

El Observatorio dijo que estos "crímenes" fueron ejecutados por las nuevas autoridades de Damasco y otros grupos aliados "de una manera similar a las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del antiguo régimen" de Bachar al Asad.

Según la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, estas "masacres" tuvieron lugar principalmente en las localidades de Baniyas, en la provincia de Tartús, así como en zonas rurales de Latakia y municipios como Al Qardaha y Jableh, donde estalló la violencia el jueves.

Al menos 89 miembros de los ministerios de Interior y Defensa sirios perdieron la vida en choques directos desde entonces, mientras que los insurgentes pro Al Asad sufrieron 120 bajas hasta el momento, de acuerdo con el recuento de la ONG.

Los choques estallaron después de que insurgentes alauitas lanzaran un ataque contra las fuerzas de seguridad en la localidad de Jableh, en Latakia, lo que desencadenó la mayor ola de violencia en Siria desde el derrocamiento de Al Asad el pasado 8 de diciembre.

Según el Observatorio, las fuerzas de seguridad sirias "siguen persiguiendo y peinando" este sábado las zonas donde se esconden los remanentes de Al Asad, e informó de que se están produciendo "combates callejeros" en Latakia y Tartús.

Las nuevas fuerzas sirias están mayoritariamente compuestas por excombatientes de la ahora disuelta alianza islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), la agrupación que lideró la ofensiva contra Al Asad y cuyas raíces proceden del Frente Al Nusra, la exfilial de Al Qaeda en Siria.

El nuevo libro del periodista Marc Marginedas, Rusia contra el mundo, más de dos décadas de terrorismo de Estado, mafia y propaganda, ofrece un análisis necesario y exhaustivo del papel de Rusia desde su nacimiento en 1991 tras la caída de la Unión Soviética hasta la actualidad. Y busca la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué sostiene este "imperio" que con los años ha derivado hacia el totalitarismo? Marginedas (Barcelona, 1967) ha sido corresponsal de El Periódico en Moscú y también reportero en la guerra de Irak (2003-2010), la guerra de Afganistán (2006-2010), la crisis de Darfur de 2004 y durante la ofensiva de Israel en el sur del Líbano en 2006.​

infoLibre publica en exclusiva un extracto del capítulo nueve del libro, editado por Ediciones Península, que llega este miércoles 26 de febrero a las librerías:

Acostarse rodeado de guerrilleros yihadistas tumbados en colchones, junto a un guardián en la puerta armado con un fusil de asalto vigilando todos y cada uno de tus movimientos, hace imposible el reposo. A lo máximo a lo que puede aspirar uno es a dejarse llevar por un ligero duermevela, en una vigilia plagada de sobresaltos y desvelos. Y ello, pese a que el día anterior había sido intenso y agotador: interrogatorios, conversaciones que no llevaban a ninguna conclusión y un trato aceptable, aunque trufado de sutiles amenazas.

Aquellos combatientes que me retenían desde la media tarde del día anterior en un puesto avanzado del Estado Islámico para Irak y el Levante en el centro de Siria no guardaban similitud alguna con las katibas (‘brigadas’) que normalmente acogían y guiaban a los periodistas foráneos que se internaban en las zonas de Siria bajo control rebelde. Muchos de ellos eran extranjeros, de otros países árabes o venidos incluso del Cáucaso ruso, parecían mayores que los pipiolos soldados de reemplazo integrados en el Ejército Sirio Libre, estaban mejor alimentados, su destreza con el manejo de las armas era a todas luces superior y alternaban hostilidad con amabilidad, intercalando las buenas palabras con admoniciones nada veladas. Imposible establecer con ellos algún vínculo de complicidad.

Se trataba de mi tercer viaje a la Siria en guerra. Acababa de iniciarse el mes de septiembre de 2013, y dos días atrás, había llegado a las proximidades de la fortaleza bizantina de Qasr Ibn Wardan, cerca de la ciudad de Hama, de la mano del Ejército Sirio Libre (ESL), el grupo armado opositor que desde hacía dos años combatía al régimen del dictador sirio Bashar al-Ásad. Mi propósito era cubrir un eventual ataque norteamericano contra posiciones gubernamentales, que se preveía inminente, en respuesta al bombardeo con gas sarín por parte del régimen sirio en la periferia de Damasco a finales del mes anterior, en el que murieron cientos de personas y miles resultaron heridas.

Pero nada salió como estaba previsto. No solo el ataque estadounidense no se produjo, sino que acabé siendo capturado por la milicia. Justamente en un momento en que los yihadistas estaban imponiéndose en el seno del movimiento armado rebelde y estaban marginando a los sectores moderados de la oposición que pedían democracia, derechos humanos y la caída del régimen.

Al día siguiente de mi captura, en cuanto despuntó el sol, las perspectivas de una pronta liberación se desvanecieron definitivamente. A medida que las horas pasaban y la canícula estival se hacía sentir en la piel, iban desfilando por aquel edificio en medio del páramo un buen número de guerreros del ISIS, de aspecto taciturno y largas barbas. Era como si la noticia del apresamiento de un reportero español hubiera cundido entre las unidades de combatientes yihadistas de los alrededores, suscitando la curiosidad de los milicianos de la región. Todos los que pasaban por aquel lugar me miraban con una mezcla de huroneo y desdén, continuándose el debate, iniciado horas antes, sobre la suerte que yo debía correr.

Muchos de los sirios, situados en el escalafón inferior del organigrama de mando, se habían mostrado partidarios de mi liberación. Sin embargo, la discusión se zanjó a las pocas horas, hacia la media mañana, cuando llegaron al campamento dos fornidos combatientes, uno de los cuales había venido desde Rusia y se expresaba en el idioma de ese país con un fuerte acento del Cáucaso. Por la edad que tenían — ambos superaban la treintena— y el respeto que inspiraban entre la tropa, saltaba a la vista que eran el equivalente a comandantes regionales del ISIS, gentes con capacidad de decisión.

Todos los reporteros que trabajábamos en las zonas bajo control rebelde de Siria sabíamos que, a aquellas alturas de la guerra, el secuestro por parte de un grupo yihadista podía solucionarse de dos maneras: o con una liberación en las horas siguientes a la captura o con una retención de larga duración, llegándose a perder por completo el rastro del reportero. El instinto me empujó a intentar ganarme a aquellos dos mandamases, buscando suscitar su interés y hasta su piedad, para evitar el temido secuestro prolongado. Y opté por dirigirme al combatiente procedente de Rusia, en la equivocada creencia de que, si le hablaba en un lenguaje conocido por él, quizás mostraría mejor predisposición hacia mi persona y me dejaría marchar.

«Yo solo he venido a Siria a explicar al mundo exterior el sufrimiento de los civiles sirios; he venido antes dos veces, me han acogido las milicias del Ejército Sirio Libre; pregúnteles a ellos, nunca he tenido problemas», le intenté recordar, tras una corta conversación en la que había pretendido, sin éxito, congraciarme con él. «Tú has entrado dos veces anteriores a Siria y te ha salido bien; pero ahora te vamos a matar», me amenazó.

Me quedé de piedra, sin argumentos. Aquella era una respuesta de lo más chocante e inapropiada para aquel entorno y contexto. No había en su parlamento ninguna alusión a mi condición de cristiano, una circunstancia que, a ojos de un musulmán radical, podía llegar a constituir un impedimento para trabajar en Dar al-Islam (‘casa del Islam’), un lugar donde, según la cosmogonía de un extremista, residen los musulmanes y que se contrapone a Dar al-Harb (‘casa de la guerra’), donde el Islam puede y debe expandirse.

Sus palabras solo desprendían indignación por haber entrado en Siria en dos ocasiones de forma ilegal, prescindiendo de permiso o visado emitido por las autoridades de Damasco, como hacían los colegas que cubrían el conflicto desde el territorio controlado por el régimen de Bashar alÁsad, el presunto enemigo del Estado Islámico.

Mi cautiverio se prolongó durante seis meses, acabando una fría mañana invernal de marzo de 2014 en un puesto fronterizo turco al norte de Siria. Durante las primeras horas de mi captura, fui trasladado a toda prisa a Alepo, probablemente por el temor de mis secuestradores a que los rebeldes sirios moderados lanzaran una operación para liberarme. En la segunda ciudad del país, tras un mes confinado en solitario en un hospital reconvertido en prisión donde los presos sirios, muchos de ellos activistas en favor de la democracia, eran torturados salvajemente, fui enviado a una casa abandonada en la periferia de la ciudad, donde me encerraron en una celda con el resto de los periodistas extranjeros desaparecidos en los meses previos.

El secuestro fue una auténtica prueba de resiliencia para todos los confinados, entre los que nos encontrábamos periodistas y cooperantes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Dinamarca y Bélgica, entre otros países. Tres yihadistas de origen británico, capitaneados por Mohamed Emwazi, conocido por la prensa como Jihadi John, asumieron el control de nuestro cautiverio entrado ya el otoño. Nos golpeaban de forma recurrente, nos trasladaban constantemente de sitio y apenas nos alimentaban.

Tras esta calamitosa y traumática experiencia, una vez liberado, Oriente Próximo se convirtió, a los ojos de mis empleadores, en lo que los anglosajones denominan como una no go zone. Y por esta razón solicité a Enric Hernández, entonces director de El Periódico, que me enviara a Rusia, país en el que, como ya he explicado en el preámbulo de este libro, había trabajado como corresponsal durante cuatro años y medio a finales de los años noventa y principios de este siglo.

Pese a las apariencias, no se trataba de ninguna huida. Aquella inusual conversación en Siria con un yihadista llegado del espacio postsoviético, junto con otros extraños incidentes de los que fui testigo durante el cautiverio y en los que también estuvieron involucrados extremistas islámicos de habla rusa, habían azuzado mi curiosidad e impulsado mi deseo de regresar a Rusia, una decisión profesional que, dado el papel preponderante que estaba jugando el Kremlin en la guerra de Siria, tenía la virtud adicional de mantenerme en el mismo ámbito informativo que antes del secuestro.

Eso sí, había que extremar las precauciones. En los relatos que escribí para El Periódico y en la entrevista que concedí a Catalunya Ràdio sobre el secuestro al año exacto de mi liberación y semanas antes de instalarme en Moscú, decidí mencionar esta sospechosa conversación que me suscitaba muchos interrogantes, aunque nunca revelé que aquel extremista fuese, en realidad, un combatiente llegado de territorio ruso. La razón era simple: tenía que evitar a toda costa provocar vetos, suscitar sospechas o crearme problemas con las autoridades en mi nuevo destino moscovita. Ahora, fuera de Rusia, sin posibilidad alguna de regresar al que considero mi país de adopción mientras no se produzca un cambio político en la cúpula del Kremlin, ha llegado el momento de desvelar todo lo que sucedió en aquellas primeras y trascendentales horas como rehén del Estado Islámico.

Puede que observar los centros comerciales, o malls, que han surgido en la ciudad de Idlib en los últimos años sea una de las mejores formas de entender cómo podría ser la Siria del mañana.

En un fascinante artículo publicado justo antes de la victoriosa ofensiva del grupo Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) sobre Damasco, el investigador Patrick Haenni mostraba hasta qué punto esos lugares cristalizaban las tensiones, pero también los posibles acomodos entre las normas islámicas, el consumismo y la creación de un espacio público que representan, aunque de distinta forma, los distintos componentes religiosos, políticos y sociales de la región de Idlib.

¿Por qué algunos cafés y restaurantes regentados por capitales próximos al HTS aceptaban el narguile mientras otros, menos vinculados al HTS, lo prohibían? ¿Por qué se aprobó una ley más estricta que regulaba la mezcla de sexos en estos lugares precisamente al mismo tiempo que el HTS enviaba mensajes de “moderación” a la comunidad internacional? ¿Cómo conciliar los imperativos ascéticos de una cultura combativa e islamista con las aspiraciones consumistas, incluso hedonistas, de la sociedad?

El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Hayat Tahrir Al-Sham estuvo recientemente en el Foro Económico de Davos (Suiza) para anunciar un plan de privatización y mantener conversaciones con Tony Blair, entre otros, y Ahmed al-Sharaa pronunció el jueves 30 de enero su primer discurso a la nación desde la caída de Bashar al-Assad, ¿qué visión política y económica del mundo tiene HTS?

Para responder a esas y otras cuestiones, Mediapart entrevista a Patrick Haenni, investigador afiliado al Instituto Universitario Europeo de Florencia. En junio publicará, junto con Jerome Drevon, un libro titulado Transformed by the people. HTS' road to power in Syria (Transformados por el pueblo. El camino hacia el poder de HTS en Siria), un análisis detallado de las mutaciones ideológicas y políticas de este movimiento, basado en más de cinco años de trabajo de campo en el antiguo bastión del movimiento en el noroeste de Siria.

¿El HTC es representativo de ese “Islam de mercado”, a la vez conservador en el plano moral y liberal en el económico, que usted analizó hace unos años en relación con los Hermanos Musulmanes egipcios?

En L'Islam de marché yo analizaba la convergencia entre globalización e islamización, y mostraba las afinidades entre el islam político y el nuevo orden liberal, incluso neoliberal, que se estaba instaurando en los años 1990 y 2000. Ahora estamos en una configuración radicalmente distinta. El HTS es un producto de la guerra y refleja ahí su evolución.

El HTS es un grupo armado, un movimiento de combatientes que, de batalla en batalla, ha perdido a muchos de sus cuadros iniciales, que a veces eran urbanitas con buena formación, por lo que ha visto cómo su base social descendía de nivel.

Una parte muy importante de la primera generación, cultivada y politizada como Ahmed al-Charaa, murió en los combates o se fue como consecuencia de las escisiones del HTS, primero con el Estado Islámico y después con Al Qaeda.

Como consecuencia de esa poda, a partir de 2019, el movimiento tuvo  que reclutar localmente en la región de Idlib, lo que ha provocado un cambio sociológico. El movimiento se vuelve más provincial, y su nueva base social se forma con cuadros surgidos de las clases medias bajas y con combatientes de una base muy rural.

Hemos pasado así de un movimiento en parte internacionalista, que solía reclutar clases medias, a un movimiento más local y con menos formación, más arraigado en la base de la escala social. Eso ha obligado al HTS a simplificar la formación ideológica impartida a los combatientes y en gran medida a despolitizarlos.

Además, la experiencia del ejercicio del poder que se instauró en Idlib en 2017 bajo el nombre de "Gobierno de Salvación de Siria" es el producto de un movimiento militarizado con recursos humanos y financieros limitados que nunca tuvo como prioridad la gobernanza local, ni la ha visto como el lugar donde realizar sus ideales políticos. Su único objetivo utópico fue siempre la toma de Damasco, Fath al-Sham, en árabe, como el nombre de su movimiento.

A diferencia de los kurdos, que han creado una dinámica de funcionarización de la sociedad siria en el noreste al haber conseguido colocar a casi 220.000 personas en una administración con la intención de encarnar su ideal militante y preparar la Siria del mañana, Charaa hace gobernanza local por defecto, debido a la falta de recursos humanos y financieros, pero también porque sus intereses están en otra parte.

En Idlib no hay una administración fuerte, sino un sector público magro, un Estado mínimo y una tendencia a descargar el servicio público en el sector asociativo, las ONG, internacionales o locales, o las Naciones Unidas: un tercio de la población de Idlib vive en campamentos y sobrevive gracias a la ayuda de la ONU.

Lo mismo ocurre con sectores de alto contenido ideológico, como la educación, donde los salarios se pagan con fondos occidentales, y los libros de texto y los exámenes los asume el gobierno provisional de la oposición siria, con sede en Turquía.

En cuanto al Estado sirio, desde la toma del poder también ha comenzado la reducción de personal, con el despido de casi el 30% de los empleados del sector público, junto con la supresión de las subvenciones para determinados bienes esenciales, como el gasóleo de calefacción, el transporte público, la gasolina y, lo que es más importante, el pan, cuyo precio se ha multiplicado por 10 en algunos lugares.

En efecto, estamos en un régimen neoliberal, pero se trata de un neoliberalismo que, también en este caso, funciona “por defecto”, y no como consecuencia de una motivación ideológica para frenar la intervención del Estado.

¿Es posible identificar la “ideología” del HTS, ya sea económica o política?

El HTS no tiene una ideología estructurada. Son, por supuesto, islamistas que se han desradicalizado pero sin convertirse en moderados.

Su desradicalización es el producto involuntario de cuatro dinámicas: su ruptura con la yihad global; su ruptura con el salafismo como proyecto de purificación forzada de la religiosidad; su apuesta por las mayorías silenciosas para marginar mejor a las minorías radicales que actúan dentro o fuera del movimiento; y, como resultado, la práctica tácita de un “salafismo inverso” de aceptación de cierta inercia social que permite a un islam popular, sufí en particular, reafirmarse en la escena social tras haber estado oculto durante casi una década.

Esta desradicalización no se produce en nombre de una ideología, sino que es el producto de una trayectoria que el HTS sólo domina parcialmente. Como era de esperar, cuando pedimos a los líderes del movimiento que se definan, sus respuestas varían y siguen siendo evasivas: hablan de movimiento revolucionario, islamismo, yihadismo político, conservadurismo suní...

¿El compromiso alcanzado en Idlib entre las normas del Islam y la sociedad a la que se aplican puede reproducirse en Damasco, cuya composición sociológica y diversidad religiosa son muy diferentes a las de una pequeña ciudad conservadora y homogénea del norte del país?

El líder del HTS, Ahmed al-Charaa, es más un político que un ideólogo con una receta clara para reformar la sociedad según sus convicciones. En Idlib encontró una forma de equilibrio en una sociedad polarizada entre la austeridad revolucionaria y combatiente, y una voluntad que piensa que la revolución y la lucha deben conducir a la creación de una nueva sociedad que deje espacio para una vida social no constreñida por la austeridad deseada por los primeros.

Por tanto, Al-Charaa ha llegado a un compromiso entre un ala islamista populista, a veces salafista, de línea dura y austera, y una sociedad, todavía musulmana y conservadora, pero que quería volver a vivir y respirar. En Idlib, el compromiso era posible porque el margen de diferencia entre estas dos tendencias no era drástico.

En Damasco, en cambio, la polarización es mucho más fuerte. Por un lado, está el fortalecimiento de este ala populista islamista y a veces salafista, que vuelve a ocupar un campo religioso menos controlado en Damasco que en Idlib. Allí, el HTS tenía el control de las mezquitas, las escuelas y los institutos de la sharia. Los predicadores estaban controlados, a veces directamente, a veces indirectamente, por ejemplo limitando a los más duros a ejercer en las instituciones religiosas que no controlaban.

En Damasco y las demás grandes ciudades, se dejan ver en camionetas los radicales extranjeros y los grupos de predicadores (dawa), recordando las versiones más conservadoras de las normas islámicas y estableciéndose en un ámbito religioso poco controlado en la actualidad.

En un plano más profundo, asistimos también a la afirmación de una identidad suní reivindicativa, difícil de contener y que tiene sombras de violencia vengativa. Se está reafirmando en la costa y en la región de Homs, sobre todo en zonas urbanas confesionalmente mixtas y moldeadas por un recuerdo de la guerra civil marcado a menudo por el odio y el derramamiento de sangre.

Por otra parte, vemos también cómo se están reafirmando la sociedad civil y las clases medias urbanas, con sus estilos de vida radicalmente diferentes y su deseo de defenderlos. También ellas salen a la calle. Prueba de ello son las pequeñas pero continuas manifestaciones, sobre todo de mujeres, con lemas abiertamente laicos como “la religión para Dios y la nación para todos”. El resultado es una sociedad civil politizada que quiere formar parte del juego, improvisando reuniones y sesiones de formación política en cafés de activistas.

Ahora bien, los nuevos dirigentes de Damasco no podrán prescindir de esas élites urbanas que controlan la economía y que, en última instancia, son las depositarias de la experiencia estatal. Desde la toma de Damasco han sido constantes las reuniones con ellas, aunque aún no sepamos qué tipo de reparto de poder son susceptibles –o no– de crearse. Es evidente que, aunque siempre han (co)existido diferentes visiones de las normas religiosas, las presiones opuestas que obligaron a Charaa a arbitrar en Idlib son mucho más divergentes en Damasco.

Las antiguas políticas de arbitrajes practicadas en Idlib son ahora, para los nuevos dirigentes, una práctica de la gran división ideológica cada vez más compleja.

La toma de Damasco se ha visto principalmente desde dos ángulos: la victoria final de una revolución o el comienzo de la imposición de una ideología islamista. ¿Las tensiones actuales se basan principalmente en la ideología y la religión?

No exclusivamente. Esas dimensiones son reales, pero hay otra, no menos fundamental, que es la dimensión de clase.

La toma de Damasco es vista por muchos en la capital como un desembarco sociológico desde la provincia de Idlib, bastión del HTS antes de su victoriosa guerra relámpago del mes pasado. Como esos revolucionarios del campo de Idlib que llegaron al lujoso barrio damasceno de Al-Malki y crearon el “Consejo de Notables de Al-Malki” dentro de una mezquita local. Una iniciativa que hizo rechinar a la burguesía local, dado que no hay más “notables” en Al-Malki que en el distrito XVI de París (zona donde viven las clases más acomodadas, ndt).

Mientras antes era la encarnación de lo marginal, la provincia de Idlib ahora se está convirtiendo implícitamente en una marca de estatus social. Los coches con matrícula de Idlib son mejor tratados por la policía de tráfico, que les da prioridad por la liberación que se les atribuye.

Sobre todo, y mucho más en profundidad, la política de nombramientos y despidos en la función pública adopta el sesgo de un doble apoyo a la pertenencia suní y, más concretamente, a veces a las redes de solidaridad creadas en torno a la experiencia de poder desarrollada por HTS en Idlib en los últimos años.

En cierto modo, esta afirmación revolucionaria y social de una provincia específica dentro de la capital recuerda lo que ocurrió en Damasco cuando el partido Baas tomó el poder en 1963, que fue también la afirmación tanto de la provincia como de una región.

El investigador francés Michel Seurat dijo hace mucho tiempo que “el Estado en el Mashreq es una assabiyya [grupo o red de solidaridad -ndr] exitosa”; la Siria actual le da claramente la razón una vez más.

Pero esta forma de revancha del campo sobre las ciudades, ¿no es una venganza, como cuando los talibanes tomaron Kabul en 1996 o cuando los jemeres rojos tomaron Nom Pen?

Contrariamente a la visión que los talibanes tienen de Kabul, el activista medio del HTS no tiene esa idea de Damasco como ciudad pecadora. De momento, el contacto entre lo rural y lo urbano es ambivalente.

Por un lado, está la reacción defensiva de las élites, las salidas en camioneta de los “emprendedores morales” que vienen a predicar la buena palabra y que a menudo son cargantes para los vecinos, pero, por otro, están los selfies de las jóvenes con los combatientes llegados del campo o la satisfacción de las élites totalmente agotadas por la asfixiante depredación que ejercía sobre ellas el antiguo régimen.

En Idlib sobre todo, el movimiento está arraigado en las pequeñas clases medias, a menudo provincianas, pero no desconectadas del estilo de vida urbano que existe en las grandes ciudades.

Y cuando la presión moral sobrepasa cierto umbral, como ocurrió con el intento de islamizar los manuales de enseñanza en Damasco, de imponer una policía de la moral en Idlib o de privar a las mujeres de participar en los debates sobre el futuro de la justicia en Alepo, entonces las autoridades ponen un límite y exigen dar marcha atrás.

Esa marcha atrás también puede producirse espontáneamente: el consejo de notables del barrio de Al-Malki, como el de otros barrios de la ciudad, está ya clínicamente muerto, simplemente porque el injerto de la cultura provinciana no ha arraigado.

En definitiva, a pesar de las diferencias cognitivas, no se trata ni de un triunfo revanchista de lo rural sobre lo urbano –Charaa pasó su adolescencia en el barrio de Mezze, más bien acomodado– ni de la imposición de la islamización desde arriba, como fue el caso de los talibanes.

Pero esta afirmación provincial es también muy contextual. En Damasco se ha importado el principal sindicato de abogados y sustituido por el sindicato local de Idlib. En las regiones, la “ruralización” del poder puede ser más fuerte y adoptar la forma de planes de reducción basados en las afiliaciones religiosas.

También puede adoptar la forma de una islamización del Estado. En Deir ez-Zor, por ejemplo, la autoridad del Estado central se ejerce en realidad a través de los ex compañeros de armas de Charaa, de la pequeña ciudad de Sheheil, al este del Éufrates, durante mucho tiempo bastión del Frente Al-Nusra. En cuanto tomaron el poder, despidieron a varias funcionarias municipales por no llevar el pañuelo. Pero también en este caso se trata más de una iniciativa local que de la aplicación de un programa ideológico debidamente elaborado desde arriba.

En realidad, durante los últimos siete años, los líderes han tendido a sopesar sus bases, e incluso a controlar a los más vehementes ideológicamente. Y seguimos enfrentándonos a una desradicalización de arriba abajo, a menudo impuesta por la dirección del movimiento a mandos intermedios ariscos.

Entonces, ¿quiénes son los nuevos amos de Damasco?

Como auténtico agente de desradicalización, el HTS nunca ha hecho su presentación identitaria. El grupo nunca ha elaborado una carta o documento fundacional en el que exponga su nueva doctrina o identidad política.

El movimiento ha evitado un aggiornamento teológico. Su desradicalización es fruto del ejercicio del poder, no de un cambio ideológico asumido y argumentado.

La desradicalización está profundamente arraigada, es a largo plazo y difícil de revertir, ya que ha cristalizado por los cambios en la fuerza del movimiento, es decir, arrinconando a los partidarios de la línea dura, aunque no han desaparecido todos los radicales ni mucho menos.

Sin embargo, el movimiento guarda silencio sobre su propia transformación. Una revolución silenciosa para algunos, entre los que me incluyo, o una conspiración de silencio por parte de un nuevo poder que ya domina el arte de la taqiyya y el disimulo, para los escépticos que buscan un toque oriental. Sin duda, es demasiado pronto para dar una respuesta definitiva.

Lo que sí podemos decir ya es que esta desradicalización es única en el panorama yihadista, por dos razones. En primer lugar, no se trata de una revolución doctrinal, pues los yihadistas suelen empezar por la ideología, como hicieron los yihadistas egipcios o libios. En segundo lugar, se trata de una desradicalización llevada a cabo por un actor en posición de fuerza, mientras que la desradicalización de los yihadistas suele ser producto de una fase de debilidad y de la experiencia carcelaria.

Aquí la desradicalización se produce desde una posición de poder. Más que eso, es el producto del ejercicio del poder y de las limitaciones que impone.

Cuando nos vemos obligados a formar una alianza con el ejército turco, un ejército de la OTAN nacido de la experiencia de un Estado laico, tenemos que responder a quienes rechazan el principio de buscar el apoyo de fuerzas infieles.

Cuando se trata de reafirmar la autoridad de la línea del HTS frente al discurso de los ideólogos de la yihad global, adoptar la escuela shafií de jurisprudencia permite producir legitimidad local y control religioso. Así pues, el shafiísmo no es un reflejo del tradicionalismo, sino el producto de una estrategia asertiva de diferenciación.

Cuando se trata de gestionar un ámbito religioso muy denso, con más de 1.200 mezquitas y numerosos institutos de sharia, la mayoría de los cuales proceden de la tradición sufí, a diferencia del Estado Islámico dispuesto a imponer su dogma a toda costa, el HTS “se las arregla”, es decir, rehabilita al bajo clero local y sus cosmovisiones.

Cuando los nuevos reclutas son locales, poco instruidos, más apegados a la defensa de su pueblo que al advenimiento de un califato global, y cuando, además, el Estado Islámico sigue siendo un competidor, la formación ideológica de los combatientes se revisa a la baja, se simplifica y se desradicaliza: es necesario actuar como baluarte –a riesgo de deserciones hacia el Estado Islámico– y hacerlo accesible.

Una cosa lleva a la otra, el HTS ha emprendido progresivamente un camino “termidoriano” y ha renunciado a “purificar el dogma” y la sociedad, es decir, a renunciar al ideal salafista de tabula rasa y, cada vez más –y en gran medida de forma empírica–, a aceptar “la inercia de lo social”, en palabras del historiador François Furet. El HTS ha sido transformado por la sociedad que controla. La desradicalización del HTS es el salafismo al revés.

De manera estratégica, el HTS en Idlib se ha comportado de forma profundamente transaccional, incluso en cuestiones de normas religiosas, y no ha aclarado su línea ideológica. Desde este punto de vista, hay efectivamente un elemento de taqiyya y disimulo en esta vaguedad estratégica.

Pero, ¿qué se está ocultando? ¿Un radicalismo impenitente que saldrá a flote una vez tomado el poder o, por el contrario, un reenfoque ideológico en una línea revolucionaria, suní y conservadora, pero desradicalizada y que no dice todavía su nombre para facilitar el injerto de un modelo aún frágil en un entorno que a veces lo ve aún con escepticismo?

Aunque todo es posible, me inclino por la segunda opción. En efecto, aunque el HTS se ha mostrado muy transaccional, tendrá que serlo aún más tras su victoria frente a las presiones externas: el llamamiento internacional a la inclusividad y la paranoia no menos global y local con el Islam político.

Los nuevos dirigentes no podrán conservar el poder sin conservar el Estado, lo que presupone un pacto con la comunidad internacional y con las élites urbanas, únicas poseedoras de experiencia estatal, ambas imposibles de obtener en caso de un régimen islámico de línea dura.

La actual estructura de limitaciones al ejercicio del poder tras el 8 de diciembre debería marcar la brújula ideológica del movimiento en el rumbo de reajustes centristas que ha mantenido desde la ruptura con Al Qaeda en 2016.

¿Podría ser la trayectoria del HTS un modelo de desradicalización para otras organizaciones de ese tipo?

A fin de cuentas, el reenfoque ideológico del HTS recuerda menos a las experiencias yihadistas del pasado que a la de los partidos de extrema derecha, que han seguido una trayectoria a veces similar de desmarque de los extremos en un contexto de fuerza, de deseo de conquistar el poder y sin grandes esfuerzos de conceptualización doctrinal.

De hecho, la experiencia de Idlib arroja algo de luz sobre las pretensiones centristas de estos partidos. En primer lugar, el reenfoque ideológico nunca es puramente instrumental. En Idlib, como en otros lugares, cuando un movimiento radical se reorienta ideológicamente, provoca importantes tensiones internas, escisiones, salidas y purgas. Este proceso no conduce necesariamente a una auténtica moderación, pero sí elimina a los elementos más radicales.

En segundo lugar, la reorientación no sólo transforma los extremos; el propio centro se redefine al absorber los aspectos ideológicos de los sectores radicales. En Idlib, esto se refleja en la persistente influencia de la cultura salafista. Sigue existiendo un radicalismo conservador, pero fuera del movimiento y en forma de desafío populista al mismo.

Además, la reorientación nunca es puramente política. El HTS ha tenido que transigir con las realidades sociorreligiosas de Idlib y luego de Damasco y aceptar una cierta revancha por parte de la sociedad, que está tomando el camino de vuelta a la tradición, al igual que los partidos de extrema derecha europeos se están adaptando a la modernidad sociológica –aceptación de valores liberales, abandono de los modelos familiares tradicionales, etc.– y renunciando a la tabula rasa conservadora.

El reenfoque ideológico es entonces sostenible en general. El HTS, al igual que los partidos de extrema derecha europeos, ha consolidado su reorientación alejándose de los elementos radicales, lo que hace improbable una vuelta a los años del terror.

A diferencia de los partidos europeos, el HTS no opera dentro de un marco democrático institucional. Su reorientación se basa en cálculos políticos: garantizar la paz social apostando por mayorías silenciosas, obtener la aceptación internacional necesaria para recibir ayuda humanitaria y encarnar una alternativa ganadora al régimen sirio.

El reenfoque ideológico no funciona necesariamente sólo en clave electoral. En Idlib, la reorientación ideológica del HTS ha coincidido con una relativa reducción del autoritarismo que, a diferencia del Egipto de Sissi o la Siria de Bashar al-Assad, funciona menos mediante la cruda represión que mediante la supresión de cualquier opción política competidora.

El poder permanece cerrado. El HTS concede áreas limitadas de libertad política y social, al tiempo que controla las instituciones clave. El reenfoque ideológico se utiliza para reducir las alternativas políticas en nombre del rechazo a los extremos (al-ghulû, en terminología islamista).

En Idlib, como en otros lugares, los reajustes ideológicos de agrupaciones políticas anteriormente radicales pueden acabar apoyando formas bastante corrientes de “extremo centro”, por utilizar el concepto de Pierre Serna. La desradicalización del HTS, una rareza en el paisaje yihadista, está muy en sintonía con el espíritu de los tiempos, singularmente iliberal y global.

Traducción de Miguel López

La caída de Bashar Al Asad el pasado 8 de diciembre dejó al descubierto un país en ruinas. Ciudades enteras arrasadas, una población sumida en la pobreza y más de seis millones de refugiados en todo el mundo. Las imágenes de decenas de edificios oficiales despojados de sus burócratas y sus secretos también ilustran a la perfección el fulgurante desplome del régimen que gobernó Siria con mano de hierro durante 53 años. En uno de esos recintos, el de la Dirección General de Inteligencia, situado en el barrio de Kafr Sousa, en Damasco, periodistas de Siraj (Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism), que al igual que infoLibre es miembro del consorcio de medios de investigación OCCRP, encontraron el pasado 27 de diciembre una lista negra de periodistas extranjeros. Ése es exactamente el título del documento, que incluye los nombres de 150 reporteros de todo el mundo. Trece son periodistas españoles.

Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Rosa Meneses (El Mundo); Álvaro de Cózar y Mayte Carrasco (El País); Daniel Iriarte (Abc) y Ethel Bonet (La Razón) se unen en el documento al premio Pulitzer Manu Brabo y a Ricardo García Vilanova y Antonio Pampliega, ambos secuestrados por los yihadistas en 2013 y 2015, respectivamente. También aparece Roberto Fraile, que fue asesinado en Burkina Fasso en abril de 2021 por terroristas de Al Qaeda. Los fotógrafos Daniel Leal-Olivas y Sergi Cabezas completan la lista española.

Todos ellos comparten el honor de haber sido señalados por la inteligencia de Al Asad, junto con el estadounidense Austin Tice, periodista de The Washington Post que desapareció en agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil en Siria y del que aún no se sabe si está vivo o muerto. También aparecen en la lista negra la norteamericana Marie Colvin, reportera de The Sunday Times, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de Paris Match, asesinados en un ataque del ejército sirio en la ciudad de Homs en febrero de 2012. Además, el informe menciona a James Foley, secuestrado en noviembre de 2012 por el Estado Islámico y decapitado en agosto de 2014, en una ejecución filmada por los yihadistas.

La lista, que tiene fecha del 4 de marzo de 2013, fue elaborada por el Ministerio de Información sirio, en concreto por el Departamento de Medios Extranjeros, e iba dirigida al comandante director de la Dirección General de Inteligencia. Está redactada en árabe y formaba parte de una carpeta etiquetada como Periodistas en Siria. Era la portada del expediente donde se halló un documento sobre Austin Tice.

El documento no es más que una prueba más del control que el régimen de Bashar Al Asad pretendía ejercer sobre los periodistas. Como publicó OCCRP, el Gobierno sirio abrió también una operación para investigar a Siraj, que en 2019 empezó a publicar reportajes sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos de Al Asad, y a cuyos reporteros acusaba de espionaje.

La lista negra hallada en diciembre apenas incluye una corta anotación por periodista, con las fechas y lugares por los que cada uno de ellos entró “ilegalmente” en Siria en 2012 y 2013. En algún caso, ni siquiera eso. O sólo se añaden las fechas en que los reporteros publicaron sus crónicas sobre la guerra en sus respectivos medios.

Es más, en el caso de los españoles, se incluye el nombre de una enfermera danesa de Médicos sin Fronteras, Adriana Ferracin Kleivan, que publicó en un blog del gratuito 20 Minutos una breve reseña de su experiencia en el hospital donde trabajaba, tras el bombardeo de un mercado.

Ninguno de los periodistas, todos ellos curtidos en zonas de conflicto y conocedores de Oriente Próximo, se ha sorprendido cuando infoLibre les ha comunicado su inclusión en la lista negra de Al Asad. Algunos de ellos no sólo conocían la existencia de semejante documento, sino que incluso sabían que formaban parte de uno similar. Ricardo García Vilanova fue, junto con Javier Espinosa y Antonio Pampliega, de los primeros que entraron en Siria en diciembre de 2011, cuando apenas había periodistas extranjeros cubriendo la guerra. En el documento no aparece ninguna referencia a ese año. “Entonces ya nos hablaron de una lista en la que estábamos los tres, colgada en la pared de una comisaría de policía y que estábamos buscados”, recuerda el fotoperiodista, freelance al que el Ministerio de Información sitúa al servicio de la agencia France Presse. “También trabajé entonces para The New York Times, CNN o Der Spiegel”, explica, “porque esos primeros meses casi éramos los únicos periodistas en Siria, y hasta julio y agosto, cuando se abrió la frontera turca, no empezaron a llegar reporteros de otros medios”.

“El régimen te hacía saber que estabas bajo vigilancia, te lo decían en el consulado cuando ibas a pedir el visado”, asegura Mónica García Prieto, entonces reportera de El Mundo. Cuando, semanas después del segundo asedio a la ciudad de Homs, la televisión siria emitió un documental en el que un activista confesaba unos supuestos crímenes tras haber sido torturado, aparecieron también unas capturas de pantalla de Mónica García Prieto y Javier Espinosa, asegura la periodista.

A García Prieto no le extraña en absoluto que el Ministerio de Información fuera el autor de la lista. Cuando ésta se elaboró hacía pocos meses que ya no figuraba al frente de ese departamento Mohsen Bilal, su titular desde 2006. Bilal había sido embajador en España durante cinco años y habla un perfecto castellano. “Tenía muy buena relación con él”, destaca Mónica García Prieto. “Cuando visitaba Siria, con visado, pero no le avisaba, me enviaba un ramo de flores al hotel con una nota del estilo ‘no vuelvas a hacerlo sin avisarme’, para que no hubiera duda de que él sabía dónde estaba yo”, cuenta la reportera. “El control del régimen era extremo”, subraya, “y se tomaban como una ofensa personal que nos lo saltáramos”.

Javier Espinosa acaba de volver de Siria, adonde llegó hace tres semanas. Pese a que el régimen de Al Asad ya no existe, en la misma frontera le recomendaron que fuera al Ministerio de Información para que le sacaran de la lista negra y evitarse problemas en el futuro. “Tienes prohibida la entrada en el país”, le dijeron. Estuvo en el ministerio pero, de momento, los funcionarios “no están en condiciones de ocuparse de esos trámites”, concede el periodista. Espinosa apunta que su relación con el régimen hasta el estallido de la guerra era “más o menos normal”. En 2010, con ocasión del décimo aniversario de la llegada al poder de Bashar Al Asad, formó parte de la comitiva oficial. Así que en 2011 solicitó visado desde Líbano, donde residía, para entrar legalmente en el país. Y se lo concedieron, pero sólo cuando él ya había cruzado la frontera con los rebeldes por Idlib, en el norte del país.

Todos los reporteros permanecieron en zonas controladas por los rebeldes, el Ejército Libre Sirio (ELS), durante el tiempo en que cubrieron el conflicto –“No se podía cruzar la línea del frente”–, por lo que no fueron controlados por agentes del régimen o sufrieron ningún tipo de acoso. “Estuve en Siria cerca de 100 días, siempre en territorio liberado”, detalla el fotógrafo Daniel Leal-Olivas, “así que el Gobierno sirio no podia hacernos nada en esa zona”.

Mayte Carrasco, sin embargo, cree que los periodistas eran vigilados. Se remite al ataque que sufrió el centro desde el que trabajaban los reporteros en Homs, y donde fueron asesinados Marie Colvin y Rémi Olchik, que luego se demostró intencionado. “No usábamos los teléfonos móviles porque eran localizables”, recalca.

El problema, añaden todos, se presentaba si intentaban entrar en el país solicitando un visado. A Rosa Meneses se lo denegaron a final de 2012 cuando quiso regresar tras haber pasado dos semanas en el país. Ethel Bonet, que ahora trabaja para el canal de televisión France 24 y para el diario catalán Ara, sólo retornó a Damasco tras el 8 de diciembre. “Era casi una cuestión personal”, subraya, “poder decir ‘por fin he vuelto”. Mayte Carrasco, que informaba para El País, Canal Plus Francia, Telecinco y el periódico argentino La Nación, menciona que estar en la lista negra siria impidió a muchos periodistas utilizar el aeropuerto de Beirut, por el control que Hizbulá, aliado del régimen sirio, ejercía en Líbano. Antonio Pampliega ni se plantea viajar a Irán, también aliado del régimen caído, ahora que sabe que aparecía en los informes de inteligencia de Al Asad.

Adriana Ferracin, la enfermera que el Ministerio de Información catalogó por error como periodista, también tuvo problemas para conseguir un visado en 2022, que le fue denegado sin ninguna explicación. “Les pasó lo mismo a muchos otros compañeros de Médicos Sin Fronteras”, precisa. Diez años antes había trabajado en Alepo y Al Salamah. “Fueron tiempos intensos, montamos hospitales que recibieron muchos heridos por bombardeos sobre infraestructuras civiles, escuelas y mercados. También perdimos a colegas sirios e incluso vimos el resultado de las bombas de fósforo blanco en niños”, describe la enfermera, que entró en Siria “cuatro veces” por periodos de tres o cuatro meses cada una.

El entonces corresponsal de Abc en Estambul, Daniel Iriarte, sólo estuvo 72 horas en Siria, tiempo suficiente para que le colocaran en la lista negra. Estando aún en la capital turca, ya le hablaron de la existencia de semejante documento. “Fue el primer periodista en mencionar la presencia de elementos extranjeros en las filas de los grupos armados”, anotó sobre Iriarte el autor del documento. “Sí, el régimen sirio explotó para su propaganda la historia que escribí sobre la presencia de milicianos libios en las tropas rebeldes”, lamenta. Pero eso no fue óbice para incluirlo en la lista negra. Al mismo tiempo, los rebeldes le acusaron de ser un espía de Al Asad. “Ninguno de los dos bandos me quería ver”, se ríe ahora, así que tuvo que escribir sus crónicas desde el otro lado del frontera, en Turquía.

Los reporteros aseguran que lo normal en aquellos día era “entrar y salir” de Siria cada cierto tiempo. “La frontera con Turquía era un coladero, podías entrar andando”, resalta Manu Brabo, premio Pulitzer en 2013 precisamente por las fotos que había hecho en Alepo –junto con otros cuatro reporteros de AP– un año antes. En la lista figura dos veces, como Manu Brabo y como Manuel Varela Brabo, como si fueran dos personas distintas que hubieran entrado ilegalmente en el país en fechas y lugares diferentes: por Aleppo en septiembre de 2012 y por Idlib en noviembre. Además, figura como reportero de France Presse. Las informaciones del Ministerio de Información no parecen haber sido recopiladas con demasiada precisión.

Según fue transcurriendo 2012 y elementos de Al Qaeda y el Estado Islámico empezaron a infiltrarse en los grupos rebeldes, el trabajo de los periodistas extranjeros fue haciéndose más difícil. Álvaro de Cózar llegó a Alepo en julio de 2012 y allí permaneció un mes. “Al poco tiempo, los periodistas nos convertimos en objetivos”, relata, “empezamos a no ser bien vistos”. De hecho, recuerda que James Foley le advirtió a él y a otros reporteros españoles de que no fueran a Idlib, de donde acababa de salir, porque allí abundaban los radicales. Fue en esa zona donde el estadounidense fue secuestrado. La misma sensación de inseguridad y miedo tuvo Rosa Meneses. Ella llegó cuando acababa de desaparecer Austin Tice. En un pueblo que había caído en manos de los salafistas, vio cómo empezaban a instaurarse los tribunales islámicos y cómo trataban a los soldados del régimen que habían hecho prisioneros.

“Les robaron la revolución”, sentencia Ethel Bonet tras detallar que pasó de poder “dormir casi en casa de cualquiera” a tener que llevar pañuelo para pasar inadvertida. Los activistas en el bando rebelde tuvieron que marcharse y fueron sustituidos poco a poco por salafistas.

La hostilidad a la prensa extranjera fue sólo el anticipo de lo que vendría después. El fotógrafo Sergi Cabeza abandonó Siria en marzo de 2013, cuando “empezaron los secuestros”. El 4 de septiembre el Estado Islámico capturó en Raqa a Marc Marginedas, reportero de El Periódico de Catalunya. Doce días después fueron secuestrados en la misma provincia y por el mismo grupo Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Marginedas estuvo cinco meses y 26 días en poder de los yihadistas; Espinosa y García Vilanova, seis meses y 14 días. El secuestro de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre a manos de Al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria, ocurrió en Alepo casi dos años más tarde, en julio de 2015, y fue mucho más largo. “299 días”, cuenta Pampliega.

Posiblemente fueron Pampliega y García Vilanova, rememora éste, los últimos que vieron a Austin Tice en Homs antes de desaparecer: “Nos dijo que se iba a Damasco, que tenía contactos allí”.

Además de Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Manu Brabo han vuelto a Siria tras la huida de Bashar Al Asad a Moscú. García Vilanova, de hecho, no ha dejado de viajar al país árabe en todos estos años, pese a su secuestro en 2013. El pasado diciembre entró por el norte, donde se sigue librando otra guerra: la de los kurdos. Y regresará en un par de semanas, asegura. Ni él ni Espinosa ni Ethel Bonet son optimistas respecto al futuro de Siria. “El país está arrasado, como Gaza, y tiene por delante unos desafíos brutales: carece de recursos económicos, todo el mundo tiene armas, hay muchísimas facciones…”, enumera Javier Espinosa. Pese a que los gestos del nuevo gobierno parecen “positivos, de momento, la lógica dice que saldrá mal”, advierte el periodista de El Mundo. El nuevo líder sirio, Ahmed Al Shara, ha sido “bastante pragmático, hasta ahora, lo que no significa que sea fiable, ”, apunta con cautela. “Que, con las muertes causadas por el régimen, no estén pasando a cuchillo a los alauíes y no se haya desatado una guerra civil ya es un milagro”, destaca.

Ése es precisamente el temor de García Vilanova, que la población no acepte las leyes religiosas que pretenda imponer el nuevo gobierno y estalle un nuevo enfrentamiento. Sin olvidar las injerencias de otros países, como Turquía o Irán. “Es una locura que [Al Shara] haya retrasado las elecciones hasta dentro de cuatro años”, protesta el fotógrafo. Manu Brabo ya ha visto “tensiones” entre radicales y minorías, pero de momento cree que la situación es “estable” y, como Espinosa, alaba que los sirios “no se estén matando entre ellos” pese a la “mucha sangre que algunos tienen en las manos”.

Por el contrario, Siria fue el último conflicto que cubrieron Álvaro de Cózar y Sergi Cabeza. Desde 2007, el periodista de El País venía informando de los conflictos más relevantes desatados en África y Oriente Próximo. En 2011 llegó a Siria procedente de Túnez y Libia, siguiendo el rastro de la primavera árabe. También Mayte Carrasco, qu ahora trabaja para Canal Sur y filma documentales en zonas de conflicto, venía de Libia, Túnez y Egipto, cuando entró ilegalmente en Siria en enero de 2012. Sergi Cabeza, que formó equipo con Antonio Pampliega y José Manuel López para AP, después de informar para La Vanguardia y Berria, llegó a El Cairo apenas un mes después de que cayera Mubarak, y tuvo allí su base hasta 2015. Después de Siria, dejó el periodismo. Pero no por lo que vio allí, sino “por la precariedad”, aclara. Esa otra guerra.

A 30 kilómetros de Damasco se encuentra la prisión de Sednaya, conocida como el "matadero humano" de Siria. En la carretera que da acceso a la prisión hay algunos vehículos de guerra abandonados y, ya en la entrada, un cartel en el que se lee "Siria Libre" recibe a todo el que se acerca hasta allí. Tras años de fuerte vigilancia del ejército, hoy el acceso al recinto no está controlado así que en el interior hay periodistas, curiosos y personas que buscan a sus familiares. 

Es el caso de Sami. Es sirio, pero lleva algún tiempo viviendo en Líbano. Hoy, junto a su hermana, recorre la laberíntica prisión en busca de algún rastro de su padre. Según relata, el régimen de Al Asad lo encarceló durante seis años. Fue el castigo que le impusieron cuando descubrieron que quería exiliarse del país en busca de una vida mejor. Seis años después, no saben si está vivo o muerto. Es la situación de miles de familias: se calcula que en todo el país hay hasta 150.000 personas desaparecidas.

Esta prisión hoy abandonada, pero igualmente siniestra fue liberada el mismo día de la caída del régimen, hace tan sólo cinco semanas. En ese momento, 2000 personas fueron puestas en libertad. En el interior se encontraron los cuerpos de 40 personas muertas. Diversas organizaciones han documentado la presencia de espacios subterráneos en los que mantenían en condiciones aún más infrahumanas a algunos de los prisioneros.

Recorrer sus pasillos es pasear por un escenario del horror. En el suelo hay basura, restos de medicamentos o de cajetillas de tabaco e incluso prótesis ortopédicas. En las celdas, casi todas sin ninguna entrada de luz natural, se amontona la ropa sucia de los reclusos. A algunos no les permitieron ducharse en años, así que en cuanto se abrieron los candados se deshicieron de lo que llevaban puesto. El hedor, cinco semanas después, da buena cuenta de cómo era la situación: espacios en los que no podían convivir más de cinco personas estaban ocupados por 30. El frío recorre el edificio. De hecho, muchos de los presos murieron por hipotermia.

Majad Hamdan llevaba catorce años sin pisar Siria. Desde hace ocho vive en Zamora, donde es presidente de la Asociación Siria de España. El sábado aterrizó en Damasco para reencontrarse con su familia tanto tiempo después. Su sonrisa permanente delata la emoción que siente. “Pensábamos que nunca íbamos a volver a nuestro país”, dice aliviado. No olvida, sin embargo, que él mismo estuvo encarcelado por el régimen en diversas ocasiones y que su tío pasó cuatro años en esa misma prisión en la que él hoy grababa imágenes. “Le trataron peor que a un animal”, aunque por suerte, dice, hoy está a salvo.

Es el símbolo del régimen de terror al que el clan Al Asad, primero el padre y luego el hijo, sometieron a la población siria durante el medio siglo en el que estuvieron en el poder. Entre sus muros se cometieron todo tipo de atrocidades. Desde desmembramientos a la utilización de ácido para hacer desaparecer los cadáveres. Amnistía Internacional calcula que más de 30.000 presos fueron ejecutados o murieron de hambre, falta de atención médica o tras ser torturados entre 2011 (cuando empezó la guerra civil) y 2018. Desde entonces no hay registros oficiales.

Ha pasado sólo un mes y medio. El 8 de diciembre de 2024, Báshar Al Asad huía a escondidas de Siria tras la caída del régimen que él mismo dirigió con mano de hierro durante casi catorce años. Se ponía así punto y final a un mandato de terror en un país que hoy está devastado. Es el mismo tiempo que ha transcurrido desde la última vez que un ministro de Exteriores español pisó el suelo de Damasco. Este jueves, el jefe de la diplomacia española no sólo visitaba la ciudad, sino que se ha reunido con el nuevo líder de facto, Ahmed al Sharaa, que ha cambiado la chilaba que llevaba tiempo atrás por el traje y la corbata. El encuentro, que se ha celebrado en el Palacio del Pueblo —residencia de Al Asad hasta su derrocamiento— ha dejado una imagen simbólica: la del apretón de manos entre ambos.

Al Sharaa, hombre fuerte en Siria tras la victoria de los rebeldes el pasado 8 de diciembre, pertenece al grupo islamita HTS, que Estados Unidos y la ONU tienen catalogado como terrorista. Es una de las sombras que rodea a esta etapa: el temor a una posible radicalización del nuevo gobierno que eche por tierra los derechos de las mujeres y de las minorías étnicas. Son líneas rojas que, como ha repetido insistentemente el Gobierno español en los últimos días, no va a dejar que se traspasen. Este jueves Albares ha asegurado que, en su encuentro, Al Sharaa, ha sido contundente en su compromiso con là inclusión y ha condenado enérgicamente al Estado Islámico. "Hay que juzgar a las nuevas autoridades por sus hechos" , ha dicho.

"Las mujeres tenemos miedo al islamismo. Necesitamos que nuestros derechos no retrocedan", comenta preocupada Fida Alboutroz, que lleva trabajando veinte años en la embajada española como traductora. "Hay ciudades en las que ya han prohibido que las mujeres se suban a los mismos autobuses que los hombres". Ella nunca dejó de trabajar a pesar de la guerra, pero aprendió a convivir "con el miedo, la escasez y la lluvia de obuses". Hoy afirma que "lo más urgente ahora es que se apruebe una Constitución para que se convoquen elecciones".

La apuesta del Ejecutivo español es la de una transición pacífica que convierta un movimiento militar —por HTS— en uno político. Es la idea que ha trasladado Exteriores durante la gira express que ha realizado el ministro en Oriente Medio. Pero para ello hay requisitos que consideran imprescindibles. Como que se refuerce la seguridad, el control de armas químicas y la destrucción de drogas sintéticas de las que Siria es uno de los grandes productores a nivel mundial. También que se celebre una Conferencia de Diálogo Nacional. Un encuentro que el gobierno sirio ya ha anunciado y con el que quiere definir là hoja de ruta del país contando con la participación de representantes de todos los ámbitos de la sociedad y las instituciones.

Si se empiezan a dar pasos en este sentido, España defenderá el próximo 27 de enero ante la Unión Europea la necesidad de levantar las sanciones que se impusieron a Siria hace trece años. Aunque fuentes gubernamentales reconocen que no hay prisa, si senalan que a quien realmente perjudican es a la población. "Hay señales de que Siria está en otro momento", ha advertido el jefe de exteriores. La postura española está alineada con la de los principales países de la Unión Europea. De hecho, Albares es el cuarto ministro de exteriores que visita el país tras Francia, Alemania e Italia.

El acercamiento entre ambos países ha dado además otro paso este jueves. La bandera española ha vuelto a ondear en la embajada española de Damasco, algo que no sucedía desde 2012 cuando se produjo la salida del Embajador. Acompañado del enviado especial para Siria que España mantiene en la capital del país desde hace algunas semanas, el ministro ha participado en un acto en el que han participado policías nacionales y en el que se ha condecorado a algunos trabajadores y trabajadoras por su dedicación. "Que el contacto y el apoyo en este nuevo período se intensifiquen es una buena noticia", ha recalcado Albares.

Lo que comenzó como un levantamiento popular contra el régimen de Al Asad, al calor de las revueltas de la Primavera Árabe en 2011, se convirtió en una cruenta y larguísima guerra con múltiples facciones enfrentadas. Un conflicto armado que ha dejado un país destrozado y no sólo metafóricamente hablando: según Naciones Unidas, 300.000 personas han muerto y hay millones de desplazados y refugiados. Cómo levantar de nuevo un país que se ha desangrado durante tanto tiempo es una de las grandes incógnitas tras la caída del régimen alauita.

Para facilitar la reconstrucción, el ministro ha anunciado un paquete de ayudas españolas por valor de 11,1 millones de euros que podría agilizar el proceso. España destinará 6 millones para ayuda humanitaria, 1,6 para cubrir el déficit alimentario y 3 millones para ayudar a los refugiados que quieran volver. Además, se destinarán medio millón de euros para la rendición de cuentas, es decir, a la investigación de crímenes de guerra de la que el Gobierno quiere que se encargue la ONU.

El ministro también ha visitado la prisión de Sednaya, a 30 kilómetros de Damasco, conocida como el "matadero humano". Acompañado de altos cargos de Naciones Unidas ha recorrido sus instalaciones, hoy abandonadas, para conocer de primera mano el horror al que se enfrentaron los miles de prisioneros que pasaron por el siniestro edificio. Se calcula que 30.000 reclusos fueron asesinados en tan sólo 7 años. Sednaya se ha convertido en el símbolo de la represión de los Al Asad ejercieron sobre el pueblo sirio durante los 50 años que estuvieron en el poder.