Una de las características relevantes del capitalismo es su carácter expansivo. Este sistema ha conseguido históricamente absorber todos los modelos económicos anteriores y extenderse a toda clase de pueblos y culturas por todo el globo terráqueo. Una determinada forma de interacción de propiedad, trabajo, ciencia y mercado, con sus derivadas institucionales y sociales, ha colonizado el planeta. Actualmente, incluso el país capaz de hacer frente a este sistema, se halla bajo la presión de las grandes empresas tecnológicas en régimen de propiedad privada (no hay socialización de los medios de producción en China). De manera que la acumulación de capital, el desarrollo de la ciencia y el trabajo aplicado dirigido al mercado siguen siendo esenciales al sistema globalizado. 

En un primer momento, el instrumento fundamental de expansión del capitalismo fueron los Estados nacionales del s. XVII. Su componente político-militar fue clave para dicha expansión (normalmente mediante guerras). Las luchas obreras de fines del XIX y del XX lograron que algunos de estos Estados generaran mecanismos de redistribución y regímenes democráticos. Pero actualmente asistimos al desmontaje de las instituciones básicas de los mismos, y a una acumulación sin precedentes de capital orbitando las tecnológicas y la industria armamentística. Aún más preocupante es que dicha acumulación está formando oligopolios con instrumentos de expansión más dinámicos y útiles que los Estados. Usan las viejas instituciones para extraer beneficio de los ciudadanos, pero las vacían de recursos sociales, de redistribución, y emplean nuevos medios de formateo de la opinión global. Gracias a ello han creado sistemas políticos basados en la desinformación y la desestructuración social, a los que financian y expanden por el globo arruinando los viejos sistemas de dominio. 

En sus últimas declaraciones el presidente Biden —de triste memoria— alertaba de la emergencia de estos oligopolios que podrían dominar los EEUU. Pero ya lo habían hecho cuando la alianza Big Tech con fondos de inversión y empresas de la comunicación  acariciaba la victoria de Trump. Así, los demócratas perdieron algunos vagones del tren y Europa, el tren completo. 

Hace tan sólo unos días, el ministro de Asuntos Exteriores de la CDU, Wadephul, canceló su viaje a China. Su partenaire en el gobierno, por boca del representante de exteriores del SPD, Adis Ahmetovic, criticó esa demora: “Es una mala señal… Especialmente en un período de tensión global, el diálogo directo con China es de suma importancia”. En efecto, la coalición de gobierno alemán (Unión Demócrata Cristiana CDU y Partido Socialdemócrata SPD) no presenta un frente unido ante Pekín. Pero Europa, tampoco. Esta contradicción no afecta sólo a Alemania, cuyo volumen de comercio anual con China alcanzaba en 2023 250.000 millones de euros, cuatro veces superior al mantenido por Rusia antes de comenzar la guerra con Ucrania, sino que repercute en toda Europa. 

Parece que la CDU suspendió el viaje del Ministro de Exteriores a China para dar tiempo al encuentro de Xi Jinping con Trump. Así el alejamiento europeo no impedirá al pragmático Xi llegar a un acuerdo con Trump. Y será éste digno representante de los grandes magnates USA quién acuerde con China y no Europa. Acordarán lo que acuerden, sobre tierras raras, aranceles, etc. Y Europa, como en Ucrania y en Gaza, quedará al margen. Adiós acuerdos estratégicos sobre el modelo de desarrollo ante el cambio climático, adiós a la colaboración e intercambio de tecnologías, sobre las fuentes de energía, materias primas, etc. La derecha europea sabe que, actualmente, la acumulación de capital es acumulación de finanzas, de bancos, de grandes tecnológicas, de armamentísticas y de medios políticos cutres y globales. Por eso el nuevo canciller Merz se aleja de Merkel y se escora hacia Trump, asume el mandato de proveer de armas americanas a Ucrania e inicia la andadura de conectar emigración y delincuencia para prometer deportaciones masivas y seguir el socaire. Si hay que subirse al carro Trump, ¿por qué no?

El capital no conoce color ni patria. De modo que, al otro lado del muro que se está construyendo, en China, se tiene el mismo temor. China está igualmente sometida a la presión de sus grandes empresas tecnológicas (en gran parte de capital privado). Incluso alguna de ellas ha coqueteado con otras del sector americano y sus mercados. Por ejemplo, el gigante DIDI (el Über chino) quiso salir a bolsa en NY y transferir sus datos a EEUU sin permiso. Inmediatamente recibió una multa de 1.155 millones de euros por violar las medidas de seguridad en el uso de datos. Así, aunque Oriente y Occidente están bajo la fuerza coercitiva económica de las grandes empresas, la diferencia está en que China, pese a ser un régimen autoritario, tiene controladas a sus empresas. De hecho, las de grandes dimensiones, las críticas, que el PCCh considera de riesgo (Tencent Holding, Alibaba Group, Meituan, Xiaomi, NetEase, Huawei, Ant Group, Didi, etc.), según el Plan Quinquenal 2026-2035 (aún por aprobar, pero ya presentado) seguirán supercontroladas. Primero porque las empresas públicas no desaparecerán, sino que se “modernizan” para ser constituir el nervio y ser “empresas centrales competitivas”, cumpliendo el papel de anclaje en los mercados unificados, por ejemplo mediante la gestión de infraestructuras energéticas, transporte o datos (redes). Y segundo, porque sigue el control estatal. Y seguirá de manera aún más estricta en la vigilancia y supervisión antimonopolio y competencia, mediante la incorporación de estructuras del PCCh a los órganos corporativos de las grandes empresas, reservándose el derecho de adquirir participaciones especiales (golden share) para preservar el derecho de supervisión, incluso de veto, con la supervisión sistemática del crédito, del sistema regulatorio, imponiendo sanciones y, en las tecnológicas, supervisando tecnologías, datos y sistemas de seguridad, etc. Y atención a quienes huyen de la intervención del Estado como de la peste, todas estas medidas estatales (y partidarias) no han impedido ni impiden avanzar a este país, sino que lo han convertido en una gran potencia.

Mario Draghi, en su exposición ante el Premio Princesa de Asturias, habló de la necesidad de una iniciativa de políticos europeos con firme decisión de hacer frente a la amenaza militar rusa, pero también de hacer frente a la dependencia de la América de Trump o de alguien similar. Hay aquí un salto sobre las instituciones para alcanzar cierta fortaleza. Y aunque habló en relación a las finanzas y la economía, era evidente que se trataba de una alternativa al actual gobierno europeo que posterga decisiones y deambula en la indefinición entre adoptar posiciones clónicas con la ultraderecha o recordar que un día fue una derecha civilizada. Evidentemente parece urgente hacer algo frente al peligro de la dependencia, la inacción de Europa y los excesos de la ultraderecha. Y también es obvio que para mantener la autonomía Europea hay un coste militar. Pero Europa, si es que aún existe, también debe saber jugar la baza diplomática. Y aquí pueden entrar nuevos actores con más fuerza. Hay que evitar la dependencia, pero también una guerra cuyo alcance nadie conoce. No se nos puede exponer a una guerra nuclear como lo está haciendo Trump (tira la piedra y esconde la mano) y no adoptar todas las medidas diplomáticas posibles.  

Sin embargo, la derecha europea no está demasiado interesada en ello. El canciller Merz ha evitado el encuentro con China y ha comenzado a hablar como la ultraderecha ligando emigración y delincuencia. La derecha europea parece más dependiente que nunca de EEUU y la izquierda está casi desaparecida, cuando no es vilipendiada por los ultras financiados por la Casa Blanca. Tierras raras y sangre europea en Ucrania (aparte de la defensa de la democracia, el mayor yacimiento europeo está en la región de Zaporiyia, al sureste, o el de la costa del Mar Azov); tierras raras y negociación de fondo en la financiación de Argentina, Trump y Xi Jinping para desbloquear el comercio de tierras raras en China… ¿No les suena la canción? Es una balada de los héroes de Silicon Valley. Y mientras se entonan, Trump fuerza a Europa a comprar armas a las empresas estadounidenses —en unión con estos héroes de las Big Tech—, para entregarlas a Ucrania. Si Europa entra en guerra con Rusia y ambas se debilitan o se hacen astillas, Trump podrá recoger el trofeo sin dificultad gracias a su retirada olímpica del campo minado ucraniano. ¡Buen negocio! ¿No?

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

El economista y político italiano Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro de Italia, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025, según informa EFE.

Draghi (Roma, 1947) tomó las riendas del BCE en noviembre de 2011, en medio de una tormenta económica marcada por la crisis financiera global y de deuda, hasta octubre de 2019, cuando fue sustituido por la francesa Christine Lagarde.

El que fuera gobernador del Banco de Italia (2005-2011), adoptó importantes medidas de política monetaria como la reducción de los tipos de interés y en 2015 lanzó un programa de compra de deuda que se prolongó hasta marzo de 2016 para atajar el aumento de las primas de riesgo, conjurar la deflación y reactivar la economía de la zona euro mediante la inyección de 60.000 millones de euros.

Licenciado en Economía por la Universidad de La Sapienza de su ciudad natal y doctor por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), entre 1991 y 2001 fue director general del Tesoro italiano durante diez gobiernos de diferentes ideologías y, posteriormente, se incorporó a la firma Goldman Sachs, de la que fue vicepresidente para Europa.

En 2005 fue nombrado gobernador del Banco de Italia y en 2011 asumió la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), cargo que ocupó hasta 2019.

En febrero de 2021, después de un período de inestabilidad en la política italiana, recibió el encargo del presidente de la República Italiana, Sergio Matarella, de formar un nuevo gobierno, y tomó posesión como presidente del Consejo de Ministros, cargo del que dimitió en octubre de 2022 ante la falta de apoyo parlamentario de sus socios de la derecha y de los populistas del Movimiento Cinco Estrellas.

A lo largo de su trayectoria como economista y estadista, Mario Draghi ha sido considerado una figura clave en la defensa de la integración europea y la cooperación internacional.

Calificado por algunos como 'el salvador del euro' su labor como presidente del BCE fue ampliamente reconocida por su compromiso con la estabilidad de la moneda única y con los valores fundamentales de la UE.

Durante la crisis de deuda soberana originada en 2008, su declaración de que el BCE haría "lo que fuera necesario" para preservar la moneda única fue un hito que restauró la confianza de los mercados y reforzó la cohesión del proyecto europeo.

El denominado "Plan Draghi", iniciado en 2015 y mantenido hasta 2018, buscaba reducir la inflación al nivel del 2 por ciento, fijado por el BCE y sostener el crecimiento económico de los países de la Unión a través de la compra de activos públicos y privados.

A pesar de que este plan recibió críticas sobre su eficacia y sus posibles efectos negativos en el sistema financiero, muchos expertos han destacado que se trató de una herramienta fundamental para la salvación de la economía europea en una de las crisis más graves de las últimas décadas.

Posteriormente, como primer ministro de Italia, Draghi lideró un gobierno de unidad nacional con perfil técnico, apoyado por fuerzas parlamentarias de ideología diversa, enfocado en ejecutar reformas estructurales y gestionar los fondos del programa de recuperación Next Generation EU.

En ese rol, promovió el multilateralismo, la cooperación entre los Estados miembros de la UE y el fortalecimiento del papel de Europa en la escena global, defendiendo políticas comunes en materia de salud, transición energética y digitalización.

Reconocido por su independencia y su visión de largo plazo, Draghi ha abogado por una Europa más unida, resiliente y solidaria y a nivel internacional ha mantenido estrechos vínculos con las principales democracias del mundo, contribuyendo a alinear la respuesta europea ante desafíos como la pandemia, el cambio climático o los conflictos geopolíticos.

Bajo encargo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado mes de septiembre, presentó un informe sobre el futuro de la economía europea, en el que apuesta por acometer tres grandes transformaciones si quiere ser competitiva: acelerar la innovación, abaratar la energía sin renunciar a la descarbonización y reducir dependencias estratégicas, incluido el refuerzo de la defensa.

Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, ha recibido numerosos reconocimientos como el Gran Collar de la Orden del Infante Don Enrique de Portugal, la Cruz Federal de la República de Alemania al mérito, la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio de Ucrania, el Global Citizen Award del Atlantic Council (EEUU, 2015), el Premio Europeo Carlos V (España, 2024) y el PoliTO Foresight and Innovation (Italia, 2025).

Draghi, nombrado en 2012 Person of the Year por el periódico Financial Times, es miembro de la junta directiva del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (EEUU) y honorario de la Brookings Institution y el Institute of Politics de la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard (EEUU). 

El informe Draghi sobre la competitividad en Europa parece haberse convertido en una referencia obligada en cuanto se ha hecho público. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido convertirlo en su hoja de ruta, con “prosperidad, seguridad y democracia” como consignas. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó estar “100%” de acuerdo con las conclusiones y remedios recomendados por su predecesor al frente de la institución monetaria.

Tras la presentación del informe ante el Parlamento Europeo, el 17 de septiembre, todos los eurodiputados acogieron favorablemente el informe del ex banquero central, y cada grupo destacó los puntos que consideraba importantes. Todos se hicieron eco de la contundente valoración de Mario Draghi a lo largo de las 400 páginas: Europa se enfrenta a “un desafío existencial”.

El retraso de Europa respecto a Estados Unidos, negado durante mucho tiempo, se reconoce ahora como algo evidente. “La renta per cápita disponible ha crecido casi el doble en Estados Unidos que en Europa desde el año 2000”, señala Mario Draghi. Del mismo modo que ahora se acepta que China se está poniendo al día, compitiendo cada vez más con Europa y amenazando a sectores enteros de su economía. En resumen, las instituciones europeas, que en 2000 se fijaron el objetivo de construir un continente de “paz, progreso económico y social y democracia”, han fracasado.

Como señala Draghi, hay mil maneras de medir hasta qué punto se ha estancado el poder europeo. La productividad en Europa, un factor descuidado durante mucho tiempo, no deja de caer por detrás de la del continente americano. Ha seguido reduciéndose la inversión productiva de manera alarmante, cayendo hasta el 22% del PIB, y la inversión pública se ha hundido.

Aunque la Unión Europea siga generando excedentes comerciales, su participación en el comercio mundial disminuye visiblemente porque es incapaz de satisfacer las nuevas demandas. Esto se debe a que “la estructura industrial de Europa ha permanecido estática”, centrada en la industria del automóvil durante los últimos veinte años, en detrimento de las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías, la tecnología digital y tantos otros sectores.

Si no se pone las pilas, “Europa corre el riesgo de una lenta agonía”, advierte el ex presidente del BCE. Para conservar su estatus económico e internacional, y recuperar cierta independencia, la UE debe volver a las políticas proactivas y hacer un gigantesco esfuerzo inversor en áreas consideradas estratégicas: energía, defensa, tecnología digital e inteligencia artificial.

“Se necesita un mínimo de entre 750.000 y 800.000 millones de euros de inversión anual adicional, correspondiente al 4,4 y 4,7% del PIB europeo”, para dar un giro a la economía europea, escribe Draghi. “A modo de comparación, señala el informe, el gasto en inversión durante el Plan Marshall entre 1948 y 1951 representó entre el 1 y el 2% del PIB europeo”.

Parece que estábamos esperando el informe de Mario Draghi para reconocer públicamente lo que viene sucediendo desde hace años. Porque, por brutal que sea, la situación que describe no es nueva. Desde principios de la década de 2000, el crecimiento de la zona euro ha ido cayendo inexorablemente, y aún más desde la década de 2010. El hundimiento de su productividad, su pérdida en términos de investigación e innovación, y su dependencia en ámbitos tan estratégicos como la defensa, la tecnología digital, los semiconductores y los productos farmacéuticos, por citar sólo algunos, han sido bien documentados.

No necesitamos esperar a conocer nuevas cifras para saber que la integración europea, basada en el principio único de la “competencia libre y no distorsionada”, es disfuncional. Sólo el mercado de la energía, sector clave donde los haya, lo ilustra perfectamente. Mucho antes de la guerra de Ucrania, que agravó la situación, los especialistas del sector habían señalado la aberración que suponía liberalizar ese mercado.

Hoy, los resultados están a la vista: los precios son “de cuatro a cinco veces más altos que en Estados Unidos”, la economía está expuesta a una “volatilidad insoportable” y “las reglas del mercado impiden a las empresas y a los hogares ver las ventajas de las energías renovables reflejadas en sus facturas”. Una situación que hace más que problemático cualquier intento de enderezar al continente.

Pero quizás hacía falta alguien tan indiscutible como Mario Draghi, considerado el salvador de la eurozona durante la crisis de la deuda europea, para atreverse a mencionar los hechos que hasta ahora muchos venían escondiendo bajo la alfombra.

Para muchos observadores, este informe es la última oportunidad para salvar la construcción europea. La situación es urgente. Según los defensores del informe, las convulsiones geopolíticas, el auge del proteccionismo en todo el mundo, la guerra de Ucrania, los espectaculares virajes de Estados Unidos tanto en términos estratégicos como industriales, los retos que plantea el cambio climático y la crisis del modelo industrial alemán ya no permiten el statu quo y la dilación que han sido el hábito de las instituciones europeas durante muchos años.

Sin embargo, las críticas de Mario Draghi han guardado las formas. Se dan las cifras, se hacen las comparaciones, pero no hay análisis desagradables, a excepción de los trámites burocráticos de las instituciones –en lo que ya hay unanimidad– sobre las razones de esta reclasificación. Sin duda en busca de consenso, no aparece ninguna crítica real a las políticas europeas, a la desregulación y la liberalización excesiva, a la competencia interna de todos contra todos, a los estándares sociales mínimos erigidos en dogma, o a la austeridad que se ha convertido en norma desde la década de 2010. Se limita a señalar que “el mercado único, todavía fragmentado después de décadas”, no ha cumplido sus promesas.

Retorno de las políticas industriales, necesidad de inversión pública, autorización de ayudas públicas en sectores estratégicos, programas compartidos a nivel europeo, necesidad de aplicar medidas arancelarias y proteccionistas para proteger tecnologías o actividades estratégicas... Todas esas propuestas, insisten sus partidarios, son una denuncia implícita del camino seguido por las instituciones europeas en los últimos años. “Este informe acaba con el dogma de la austeridad presupuestaria”, se felicita el economista Thomas Piketty.

Aunque Mario Draghi pretende romper con el principio de destrucción creativa, tan apreciado por la Comisión Europea, la ruptura se detiene ahí. Bien mirado, el programa no parece haber cambiado: el mercado, eficiente por naturaleza, y el sector privado siguen siendo los vectores cardinales de la acción, y a las políticas públicas se les pide simplemente que se pongan a su servicio para devolver al continente la competitividad de la que carece. No se recomienda revisar las políticas de desregulación fracasadas ni volver al mínimo común denominador social y medioambiental.

La transición ecológica apenas se toca, como un punto ciego para el sector privado o como un gran obstáculo para la economía del laissez-faire. Por supuesto, se habla del Green New Deal, de la descarbonización de la energía, el transporte y las fábricas para 2030-2035, y de los impuestos sobre el carbono en las fronteras, pero todo eso parece más palabrería que convicción. No se prevé realmente ningún cambio de trayectoria con respecto a los modelos existentes.

En un momento en que las perturbaciones climáticas plantean inmensos riesgos sociales, económicos y financieros, como demuestran las recientes inundaciones en Europa Central y los enormes incendios en Grecia, esta cuestión, que debería estar en el centro de la transformación del modelo europeo, se aborda de la única manera que ven las empresas: el tecno-solucionismo aplicado por grandes grupos privados.

Draghi propone el lanzamiento de vastos programas europeos en los ámbitos de la energía, la tecnología digital, la inteligencia artificial, las tecnologías limpias y la investigación para promover el hidrógeno, la captura de CO2, la metanización, etc. El único cambio importante que recomienda es la escala de intervención: en lugar de campeones nacionales, ahora hay que crear campeones europeos.

Según Draghi, deben revisarse por completo las normas de competencia aplicadas por la Comisión para permitir la aparición de esos nuevos gigantes, los únicos capaces de defender la bandera europea frente a Estados Unidos y China.

Todo esto, por supuesto, se está determinando sin la participación de los ciudadanos, sin la menor preocupación por la justicia social o la preservación del bien común. Apenas se mencionan las competencias y los conocimientos técnicos de los trabajadores, aunque sólo sea para desarrollar estas actividades. El esquema esbozado se limita a una gran asociación entre el capital y la burocracia europea, lo cual no es nada nuevo.

Draghi insiste en que esta vasta reconfiguración tecnológica e industrial, que supuestamente traerá crecimiento, competitividad, independencia y “resiliencia” al continente europeo, debe ir acompañada de una inversión pública masiva. Y para lograrlo, hay que emprender “reformas estructurales” que permitan a la Comisión Europea ejercer plenamente su papel decisorio e impulsor.

Pero todos estos cambios recomendados son una especie de déjà vu. Muchas de las propuestas se remontan a los debates que agitaron a los Estados miembros en el momento de la crisis de la eurozona en 2010. Así ocurre con la creación de una unión de capitales, supuestamente el camino real para proporcionar al sector privado toda la financiación que necesita.

También vuelve a aparecer la idea de reforzar los recursos presupuestarios y las competencias de la Comisión en relación con los Estados miembros, para dotarla de la capacidad de impulsar los grandes programas europeos y financiarlos mediante deuda. Para lograr una mayor eficacia y rapidez, se propone de nuevo reforzar el poder de decisión de la Comisión suprimiendo el derecho de veto de los Estados miembros, bastando la mayoría cualificada en todas las cuestiones.

Como era de esperar, estas propuestas han suscitado el mismo rechazo que hace quince años. Vuelve la misma oposición de entonces. Apenas se había hecho público el informe, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, hizo pública su feroz oposición a cualquier cuestionamiento de la ortodoxia presupuestaria, así como a cualquier proyecto de deuda común a escala europea.

Luego, otros países, como Países Bajos, se han unido a este frente de rechazo. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha sido el último en sumarse. En una entrevista concedida a Bloomberg el lunes 16 de septiembre, se declaró totalmente «pillado en la trampa de la deuda común”, reiterando su apego a “la mayor libertad de comercio posible”.

Los gritos de los opositores tradicionales a cualquier cambio en las normas europeas no deben ocultar los interrogantes y recelos de los demás. El funcionamiento antidemocrático de las instituciones europeas, la falta de contrapesos a sus decisiones y su negativa incluso a reconocer sus errores pasados hacen que muchos representantes se muestren reacios a transferirles aún más poder.

¿Cómo confiar en una Comisión Europea que, sin tener en cuenta la experiencia previa, como demuestra su nuevo pacto de estabilidad presupuestaria o su plan de reforma del mercado eléctrico, aboga por el mismo dogmatismo? ¿Cómo confiar en unos organismos que han favorecido sistemáticamente los intereses de los grupos de presión en detrimento de los ciudadanos? ¿Cómo creer que un simple lavado de cara de la construcción europea, que no ha conseguido nada y quizá incluso ha acelerado el estancamiento del continente, puede bastar para reparar treinta años de errores?

“Los valores fundamentales de Europa son la prosperidad, la igualdad, la libertad, la paz y la democracia. Si Europa ya no puede garantizarlos a sus ciudadanos –o tiene que cambiar unos por otros– habrá perdido su razón de ser”, advierte Mario Draghi. A pesar de su intento de insuflar nueva vida al proyecto europeo, puede que ya estemos ahí.

Traducción de Miguel López

El exprimer ministro italiano Mario Draghi dijo este lunes que la economía europea necesita acometer tres grandes transformaciones para ser competitiva en la escena global: acelerar la innovación, abaratar la energía sin renunciar a la descarbonización y reducir dependencias estratégicas, incluido el refuerzo de la defensa, según informa EFE. 

En su esperado informe sobre el futuro de la competitividad europea, el italiano propone para ello adoptar una "nueva estrategia industrial europea" que pasa, entre otras medidas, por invertir conjuntamente en bienes de interés público, emitir deuda común para financiar ciertos proyectos de innovación, y mejorar la coordinación de las políticas industriales, comerciales y de competencia de los Veintisiete. 

Para ello, la Unión Europea (UE) necesitará entre 750.000 y 800.000 millones de euros en inversiones adicionales cada año si quiere aumentar su productividad y competir en la escena global con Estados Unidos o China. Esta suma es el equivalente a entre el 4,4 % y el 4,7 % del PIB de la UE en 2023 y supondría invertir más del doble de lo que el Plan Marshall destinó en para reflotar la economía europea tras la II Guerra Mundial.

Draghi advierte de que la UE afronta el "reto existencial" de aumentar su productividad y su crecimiento económico o, de lo contrario, tener que dar marcha atrás en algunas de sus ambiciones y objetivos, desde la lucha contra el cambio climático hasta la financiación de su modelo social, y defiende que "el único modo de ser más productiva es que Europa cambie radicalmente". 

El crecimiento europeo se ha ralentizado hasta el punto de que, en las últimas dos décadas, la brecha entre el PIB de la UE y Estados Unidos se ha ensanchado desde el 15% hasta el 30% y China va ganando terreno, mientras que factores que lo impulsaban, como el crecimiento demográfico, el auge del comercio internacional o la disponibilidad de energía rusa barata van desapareciendo, recuerda el informe. 

En este contexto, el expresidente del Banco Central Europeo propone "tres áreas de acción para revigorar el crecimiento" europeo, con el foco puesto en el aumento de la competitividad y la productividad. "Las necesidades de inversión que esto supone son enormes", dijo Draghi en una rueda de prensa junto a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ante quien defendió que la UE afronta un "desafío existencial" y de no actuar se encamina a "una agonía lenta".

La primera es acelerar la innovación, en particular en el sector tecnológico dónde la brecha es particularmente grande con otras potencias, reduciendo las barreras que frenan el traslado de las innovaciones al mercado, atrayendo financiación y mejorando la formación de los europeos. 

La segunda consiste en rebajar los precios de la energía, que en Europa son hasta cinco veces superiores a los de Estados Unidos, y aprovechar la descarbonización del continente para dar un impulso a industrias como la de las tecnologías limpias, para lo que plantea un "plan conjunto de descarbonización y competitividad" que aúne los esfuerzos de los sectores productores y los que permiten la reducción de emisiones.

Por último, Draghi llama a reducir las dependencias de terceros para suministros estratégicos, como las materias primas o los semiconductores, en un entorno geopolítico internacional crecientemente inestable, en el que potencias como China o Estados Unidos apuestan por políticas más asertivas para competir entre sí, a través de una "política exterior económica" que favorezca acuerdos comerciales con naciones ricas en recursos. 

Asimismo, insta a reforzar la seguridad y aumentar la capacidad de la industria de defensa europea, que ve minado el peso de las inversiones en el sector por la fragmentación del mismo entre países.

Cumplir con este objetivo supondría que la UE tiene que aumentar su cuota de inversiones desde el 22 % del PIB de hoy hasta el 27 %, revirtiendo la tendencia de las últimas décadas en la mayoría de grandes economías que ha llevado a una "persistente" brecha con los Estados Unidos, según el documento.

Para cubrir estas necesidades, Draghi aboga por completar la unión de mercados de capitales europea para impulsar las inversiones privadas, incluido a través de incentivos fiscales, pero advierte de que estas no podrán por sí solas costear la tarea y será necesario el apoyo público. Defendió que la UE financie conjuntamente inversiones en bienes comunes como las interconexiones energéticas, innovaciones punteras o adquisición de equipamiento de defensa, y consideró que podría ser necesaria la emisión de deuda pública europea.

La emisión de "activos seguros comunes", dijo Draghi, podría seguir modelos ya existentes como el del fondo de recuperación poscovid Next Generation (NGEU) pero tendría que estar acompañada de "salvaguardas", entre ellas unas reglas de disciplina fiscal más fuertes para asegurar que el aumento de la deuda común europea va acompañado de unas sendas de deuda nacional más sostenibles. "El uso de un activo seguro común tiene un precedente bien establecido en el NGEU. Las circunstancias actuales son igualmente graves, aunque menos dramáticas", dice el informe.

Preguntada sobre si estaría a favor de esta emisión de deuda común, que resulta divide a los países y algunas rechazan de plano, Von der Leyen dijo que "si definimos prioridades comunes deben ser financiadas por financiación común". Pero precisó que las dos formas de financiarlas son el presupuesto de la UE, que se nutre principalmente de las contribuciones de los Estados miembros, y los recursos propios del mismo (que son fundamentalmente los derechos de aduanas y parte de la recaudación del IVA).

Esta semana es de alto voltaje en la política europea. Conoceremos el contenido del informe Draghi y quizá a los comisarios y comisarias que gobernarán Europa junto a Von der Leyen. Pero a usted le da igual, y es normal.

Mario Draghi presidió el Consejo de Ministros de Italia desde 2021 hasta 2022, momento en que ganó Meloni. Previamente había presidido el Banco Central Europeo desde 2011 hasta 2019, cargo que ocupó tras haber sido gobernador del Banco de Italia. Llegó allí tras ostentar la vicepresidencia para Europa de Goldman Sachs, el cuarto banco de inversión del mundo y el encargado de asesorar a Grecia sobre cómo ocultar la dimensión de su deuda. Considerado un tecnócrata, él ha sido el autor del informe que puede marcar el futuro de la competitividad; es decir, de los fundamentos económicos que guiarán Europa.

La Presidenta de la Comisión, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, solicitó a Draghi este informe ante la constatación de la pérdida de competitividad europea frente a EEUU y China. Un dato abre las discusiones: El PIB per cápita estadounidense creció un 60% en los últimos treinta años, el doble que el europeo. A otro italiano de referencia en asuntos europeos, Enrico Letta, le pidió otro reporte, en este caso sobre el mercado único europeo (puede leerse aquí). Letta constató fallos importantes en asuntos estratégicos como la energía, las telecomunicaciones y los servicios financieros. Pero insisto: ¿esto qué tiene que ver con nosotros? De hecho, ¿cuántas páginas de periódico o minutos de tertulia se le ha dedicado a todo esto? Si es así, será que no es tan importante, podría pensarse. En absoluto: aunque pueden parecer dos “informes” de los miles que se publican a diario, y sus recomendaciones han de someterse a los procedimientos y discusiones en las instituciones europeas, ahí está el germen de cómo viviremos en Europa en los próximos años. Casi nada.

Y sin embargo a usted esto no le quita el sueño. Porque Europa sigue siendo una entelequia lejana que no conseguimos integrar en nuestro día a día ni con fondos europeos, ni con cargadores unificados para los móviles, ni mandando a nuestros estudiantes de Erasmus. Entender sus procedimientos está al alcance sólo de especialistas, y personajes como Draghi se nos presentan como grandes ejecutivos internacionales que poco o nada tienen que ver con los salarios, las pensiones o la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, sus palabras definirán el futuro.

Lo que ese informe afirme, que será reflejado por algunos periódicos, generalmente en sus páginas salmón, y poco o nada debatido en las tertulias televisivas, marcará el debate económico con el que Europa intentará encontrar un lugar en el mundo. Sobre él articularán sus políticas los conservadores y liberales, huérfanos de propuesta económica tras el fracaso del neoliberalismo; y contra él o alrededor de él tendrán que argumentar y presentar su programa las diversas izquierdas; también ante él reaccionarán las extremas derechas, pero en este caso hay poca duda de que se opondrán con todos los aspavientos que puedan para subrayar su perfil “antiglobalista”. 

Mientras tanto, la Comisión Europea confirmará su organigrama con menos paridad de la que existía –ante las propuestas de los Estados de enviar mayoritariamente varones para su composición– y, si las cosas se confirman como pintan, Von der Leyen intentará dejar en segundo plano el Pacto Verde –como ya demostró en sus prioridades para los próximos cinco años, que puede consultar aquí– y hará énfasis en la “reindustrialización limpia”; veremos cómo. 

Lo que Europa discute nos queda lejos, pero nos toca muy de cerca. Los debates, las tensiones y las dinámicas políticas de todos los Estados, cada uno con sus peculiaridades, están recorridas por corrientes de fondo comunes. De ahí que sea necesario articular políticas, no sólo institucionales, sino también sindicales, de movimientos sociales, culturales y ciudadanas que entren a este tipo de debates y muestren su posición. Atentos a los próximos días, porque se van a dibujar los caminos que luego habremos de recorrer.

Más cooperación y reforma de todas las instituciones como herramientas y más competitividad y valores como recetas. Esa frase podría resumir el esperado “informe Draghi”, que se presentará en principio en los próximos días pero que el antiguo primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo avanzó el miércoles a los presidentes de los grupos parlamentarios y a grupos de diplomáticos.

Mario Draghi considera que la Unión Europea necesita reformas profundas para aumentar la competitividad de sus economías y que eso permita aumentar el potencial de crecimiento económico para poder seguir el ritmo a China y Estados Unidos. Si Europa pierde esa carrera, advierte el hombre al que se atribuye la salvación del euro en los peores momentos de la crisis financiera hace tres lustros, dependerá de otros y perderá su soberanía. El PIB per cápita estadounidense creció un 60% en los últimos 30 años, el doble que el europeo.

Draghi contó a los diplomáticos que su informe pide “reformas sin precedentes por parte de todos los actores de la Unión Europea”, sobre todo en esos campos: la competitividad y los valores. El bloque necesita ser más competitivo para depender menos de otros. Draghi dijo a eurodiputados y embajadores, reunidos en grupos separados en Bruselas, que una de las causas de la pérdida de competitividad europea es el creerse que siempre será rica. La autocomplacencia.

El italiano parece querer meter miedo para forzar a la acción. Asegura que sin aumentar la competitividad de las economías europeas todo estará en peligro, desde la paz hasta la prosperidad, pasando por la protección del clima y todas las políticas sociales. Sin más competitividad, teme Draghi, Europa dependerá más de actores externos. “Perderemos nuestra autonomía, nuestra independencia y nuestra soberanía”, según él. Sin cambios, y con una guerra en continente europeo, los europeos seremos “geopolíticamente vulnerables”.

Draghi habla continuamente de competitividad, pero no sobre el vacío sino sobre una serie de asuntos que considera esenciales para la economía europea: el precio de la energía, la innovación, los mercados de capitales, las ayudas de Estado, la falta de mano de obra cualificada y las inversiones en Defensa. Su informe lleva recomendaciones para cada uno de esos asuntos y será, de alguna forma, la guía de trabajo con la que cuenten los comisarios cuando el 1 de diciembre -porque su toma de posesión se retrasará probablemente un mes- asuman sus funciones. Después llegarán las crisis y quizás los papeles de Draghi acabarán casi todos en algún cajón del Berlaymont, sede central de la Comisión Europea.

El informe es complejo, pero llevarlo a la práctica parece políticamente casi imposible. Draghi reconoce que conlleva decisiones difíciles y toca casi más competencias nacionales que europeas. Por eso lo presentará también en una cumbre informal en noviembre a los líderes nacionales, porque si ellos no se ponen a la labor poco podrá hacer Von der Leyen con un montón de papeles que obligan a cambios para los que la Comisión Europea no tiene más que unas pocas competencias.

Pero el informe Draghi es a la vez aceptable para casi todos los gobiernos y grupos políticos precisamente porque se centra en competitividad. Los conservadores ven aspectos que pueden defender, así como los socialistas, los liberales y los ecologistas. Sólo la extrema derecha y la extrema izquierda desconfían o directamente lo rechazan.

¿Qué teme Draghi que pasaría si no se hace nada para disparar la competitividad europea? Que las fallas que dejaron a la vista las últimas crisis se cronifiquen. La competitividad china y estadounidense son superiores y la pandemia enseñó las dependencias europeas. Por ejemplo, la desindustrialización del continente: Europa produce menos del 10% de los semiconductores que se hacen en el planeta y ni un gramo de paracetamol.

La pandemia demostró que la industria europea estaba coja y el continente dependía de China para sus suministros sanitarios, la guerra en Ucrania dejó el sistema energético europeo temblando y la ayuda militar a Ucrania está vaciando los arsenales. Así, Draghi cree que hay que reducir dependencias del exterior, hacer que la transición ecológica vaya de la mano de los ciudadanos para frenar sus reticencias y que aumente la inclusión social para que quienes se queden atrás sean los menos posibles. También quiere cambios profundos en ayudas de Estado, normas de competencia y política comercial para “destrabar” el potencial de crecimiento del bloque.

El informe Draghi llega pocos meses después del informe Letta, su paisano italiano, también ex primer ministro. El de Enrico Letta es más limitado y trata de cómo mejorar el Mercado Interior para que ayude al crecimiento económico. Draghi y Letta son lo que los italianos llaman “hombres de la reserva de la República”, ex altos cargos políticos con apabullante currículum profesional y académico, disponibles para cuando haga falta un tecnócrata o un giro político. Centro-izquierda Letta y centro-derecha Draghi, los dos con pasado europeo, los dos muy escuchados en Bruselas. Dos hombres que piensan que la Unión Europea es un ciclista: o pedalea o se cae.

El informe Letta, ya público, detecta problemas antes que soluciones. Cuenta por ejemplo que sólo el 17% de las pymes se benefician del mercado interior o que sólo tres de los 447 millones de ciudadanos de la Unión Europea trabajan en un país que no es el suyo. También que el Mercado Interior existe sólo sobre el papel en tres sectores clave: energía, telecomunicaciones y mercados financieros. Porque usted no puede ni contratar electricidad de la francesa EDF, ni contratar internet de la alemana Deutsche Telekom ni pedir un préstamo al belga KBC. Y ve problemas de tamaño: cada operador telecom chino tiene una media de 467 millones de clientes, cada estadounidense tiene 107 millones de media, cada europeo sólo cinco. Imposible así de que los grandes grupos telecom europeos compitan con los gigantes chinos y estadounidenses.

Letta recuerda que el 80% de las compras militares hechas por gobiernos europeos para ayudar a Ucrania se hacen fuera de Europa, principalmente porque la industria europea no tiene capacidad para producir más. O que cada año más de 300.000 millones de euros de ahorro de los europeos acaba invertido en los mercados financieros estadounidenses.

Mario Draghi (Roma, 1947), ex primer ministro italiano, ex presidente del Banco Central Europeo, expresidente europeo de Goldman&Sachs, ex presidente del Banco Central de Italia y podríamos seguir un rato con un currículum apabullante de una persona formada en las prestigiosas Sapienza de Roma y MIT estadounidense, es el tapado más visible para reemplazar a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, si los dirigentes nacionales así lo deciden.

Es un secreto a voces que el presidente francés Emmanuel Macron mueve el nombre de Draghi, que al alemán Olaf Scholz no le importaría descabalgar a su compatriota Von der Leyen a cambio de varios altos cargos menos visibles pero influyentes, que la italiana Giorgia Meloni sostendría a Draghi porque en Bruselas los italianos son primero azzurri y después del partido, que a Pedro Sánchez no debería parecerle mala idea y que el polaco Donald Tusk, el único del Partido Popular Europeo (de Von der Leyen) entre los cinco más grandes, quiere colocar a su ministro de Exteriores Radek Sikorski como sucesor de Josep Borrell como Alto Representante.

Von der Leyen sigue siendo favorita, pero en todas las quinielas aparece Draghi. El italiano es visto como una persona carismática y de mucho prestigio, un igual entre los líderes cuando Von der Leyen lo más que había llegado a ser antes de tocar techo en Bruselas era ministra de Defensa de Angela Merkel.

Draghi tiene tantas ventajas como inconvenientes. Además de su prestigio, el italiano tiene un perfil económico que encaja perfectamente con las prioridades que los dirigentes europeos quieren para la próxima Comisión Europea: competitividad, reindustrialización (militar también) e incluso Estado de derecho. El italiano es favorable a la transición energética, base de la política climática.

Draghi sería un presidente, esperan diplomáticos y altos funcionarios contactados en las últimas semanas, que pisaría el acelerador a fondo con grandes proyectos, como hizo entre 1985 y 1995 el francés Jacques Delors, quien pasó a la historia como el mejor presidente que tuvo nunca el Ejecutivo comunitario. El italiano, se cree en Bruselas, se lanzaría a tumba abierta a realizar lo que propondrá en las próximas semanas en su esperado informe (del que ya se conocen muchos aspectos).

Draghi tiene además condiciones que lo hacen ideal para el puesto. No es alguien que tras un mandato en la Comisión Europea vaya a buscar continuar su carrera política. A sus casi 77 años (los cumple el 3 de septiembre) los cinco años de un período de presidencia del Ejecutivo comunitario le llevarían casi hasta los 82. Sería la guinda a una carrera política con pocos precedentes, sobre todo tras su paso por el Banco Central Europeo en los peores momentos de la crisis financiera.

Draghi tiene también inconvenientes para salir elegido si cae Von der Leyen. El Partido Popular Europeo se resistirá a perder el cargo si es la formación más votada, como estiman todos los sondeos, que les dan cerca de 180 eurodiputados por poco más de 140 de los socialistas y ni 100 de los liberales. Las extremas derechas, cuya unidad es casi imposible, podrían superar a los populares, pero sus dos grandes grupos no deberían sumar más de 150.

Su carisma y autoridad política son otro freno, porque los líderes nacionales no querrán que en la Comisión Europea haya alguien que no siga sus órdenes, como sí ha hecho en prácticamente todo la alemana Von der Leyen.

Alemania, y con ella países de los conocidos como “frugales”, como los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Austria o Suecia, pueden temer que el italiano proponga programas de endeudamiento europeo (como el que se puso en marcha para financiar los 750.000 millones del NextGenerationEU). Alemania soportó de muy mala gana las políticas monetarias expansivas de Draghi, las que permitieron salvar el euro comprando masivamente deuda de los países más atacados por los mercados financieros, como España e Italia en 2012 y 2013.

A la extrema derecha le debería molestar un presidente que, como prácticamente cualquier italiano no ultra, se ha declarado antifascista en el pasado y ha participado en marchas antifascistas en recuerdo a los caídos en la resistencia a la dictadura de Benito Mussolini. El antiguo estudiante de los jesuitas, admirador hasta las cachas del retirado futbolista Francesco Totti, sería un torbellino en Bruselas. Lo contrario a Von der Leyen.

La Unión Europea de la segunda mitad de la década será distinta. Las elecciones se toman como un parteaguas, pero los cimientos del cambio ya están puestos. Será una Unión más centrada en la seguridad, más dura con la inmigración irregular pero que tratará de abrir más resquicios a la regular porque la necesita como agua de mayo y sobre todo centrada en tres aspectos: competitividad, proteccionismo y reindustrialización, militar incluida.

Las bases teóricas de ese giro, provocado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania con su correlato de crisis energética e inflacionaria, por el giro proteccionista estadounidense o, de ganar Donald Trump, incluso rival y aislacionista, y por una China que es cada vez más rival geopolítico (ver su papel en Rusia) que socio comercial (a pesar de las resistencias de Alemania), las ponen dos italianos, Enrico Letta y Mario Draghi.

Encargados por la Comisión Europea para elaborar dos informes, respectivamente sobre cómo reforzar y mejorar el Mercado Interior y sobre cómo aumentar la competitividad de la industria europea, Letta y Draghi, dos ex primer ministros con un pasado político y un currículum apabullante, dos de esos “hombres de la reserva de la República”, como gusta decir a los italianos, dos tipos que sonaron y suenan para altos cargos europeos, volaron solos, hicieron poco caso al encargo tal y como había sido hecho y consultaron mucho. Sus informes (el de Draghi aún no es público, pero él mismo contó en una conferencia en La Hulpe, cerca de Bruselas, sus líneas maestras) son lectura obligatoria para el alto funcionariado europeo y para los gobiernos. Porque esos textos son la hoja de ruta de la próxima legislatura europea.

¿Qué dicen esos textos y qué podemos inferir de ellos para saber por dónde iremos en los próximos años? Ambos buscan cómo relanzar un proyecto que temen que, debido a rencillas nacionales o al auge de la extrema derecha, se vaya frenando hasta pararse. Quieren evitar aquella euroesclerosis de la que sólo el impulso de la Comisión Delors consiguió salir. Temen que dinámicas nacionales o de pequeños grupos de países hagan que Bruselas pierda peso y eso gripe el motor común. Letta, que fue la primera persona a la que oímos aquello de que en Europa hay países pequeños y países que todavía no saben que son pequeños, y Draghi, el hombre que contó que el euro es como un abejorro (“todas las leyes de la física dicen que el abejorro –el euro– no puede volar. Y sin embargo, vuela”) saben que la Unión es como un ciclista: o pedalea o se cae. 

Los informes dicen que la Unión Europea debe ganar peso porque de lo contrario Estados Unidos y China se la comerán viva. Eso significa reindustrializar para reducir dependencias de terceros países y, de paso, para crear masivamente empleo industrial, que en las últimas décadas se ha ido perdiendo en aras de una globalización que dejó a Europa sin producir ni un gramo de paracetamol, como advirtió Josep Borrell al inicio de la pandemia. Significa generar campeones industriales a imagen de Airbus, fusión de varias aeronáuticas europeas que ahora gana a Boeing. Y hacer lo mismo con la industria de Defensa, porque no se trata de la Europa de la Defensa y mucho menos de unas Fuerzas Armadas de Europa, sino más bien de la “Europa de las armas”, de recuperar una capacidad industrial militar que los países europeos tuvieron hasta el final de la Guerra Fría pero que fueron perdiendo.

Draghi, que en el difícil encaje de renovar a los altos cargos comunitarios podría aparecer, Macron mediante, como el sustituto de Von der Leyen, dice que hay que pisar el acelerador a fondo, que no hay tiempo que perder.

Draghi escribió que la respuesta europea a las crisis de los últimos años “ha sido limitada porque nuestra organización, toma de decisiones y financiación se diseñaron para el mundo de antes –antes del Covid-19, antes de Ucrania, antes de la conflagración en Oriente Próximo, antes del retorno de la rivalidad entre las grandes potencias–. "Pero necesitamos una Unión que esté a la altura del mundo de hoy y de mañana. Y por eso lo que propongo es un cambio radical, porque un cambio radical es necesario”.

Draghi reconoce los errores de la salida de la crisis financiera de 2008: “Seguimos una estrategia deliberada de reducción de los costes salariales en relación con los demás y, al combinarla con una política fiscal procíclica, el efecto neto fue únicamente debilitar nuestra propia demanda interna y socavar nuestro modelo social”.

Europa fue ingenua, piensa el italiano: “En un entorno internacional benigno, confiábamos en la igualdad de condiciones y en un orden internacional basado en reglas, esperando que los demás hicieran lo mismo. Pero hoy el mundo está cambiando rápidamente nos ha cogido por sorpresa”. Dice también que otras regiones “ya no siguen las reglas del juego y están desarrollando activamente política para reforzar su posición competitiva”, y ahí entra también Estados Unidos, no solo China. Draghi recuerda que de las primeras 50 empresas de tecnología del planeta, sólo cuatro son europeas.

Letta por su parte diagnostica problemas antes de buscarle soluciones. Cuenta en su informe que sólo el 17% de las pymes del bloque aprovechan el mercado interno. Y sólo 3 millones de los 447 millones de europeos trabaja en un país diferente al suyo. Constata que en tres sectores importantísimos no hay mercado interior de hecho, como son la energía, las telecomunicaciones o los mercados financieros. Y le pone números: un operador telecom chino tiene de media 467 millones de clientes. Uno estadounidense tiene 107 millones. Un europeo cinco millones. Más de 100 operadores telecom en 27 mercados, imposible tener gigantes con capacidad industrial y financiera para competir a nivel mundial.

La industria de la Defensa es también en buena parte nacional. Y los europeos gastan mucho, pero gastan mal. Letta pone números. El 80% de las compras militares hechas para ayudar a Ucrania se hacen fuera de Europa, principalmente a Estados Unidos, pero también a países como Corea del Sur o Turquía. Se gasta el dinero del contribuyente europeo en industrias que generan riqueza, empleo y contribuciones fiscales fuera de Europa. ¿De dónde sacar dinero para alimentar a la industria militar, la transición ecológica o la digital? En parte de una nueva fuente, del ahorro privado europeo que termina invertido en Estados Unidos, unos 300.000 millones de euros al año, según los números de Letta.

Letta va más a las soluciones prácticas, pero pensadas a medio y largo plazo. Y pide dinero. El ex primer ministro italiano asegura que harán falta fondos públicos a nivel europeo para nivelar la diferente capacidad presupuestaria que tienen los Estados miembro de ayudar a la industria privada. Si por ejemplo la industria alemana cuenta con unas ayudas públicas que la española no puede tener porque las cuentas no dan para eso, las españolas competirán con una mano en la espalda.

Letta, que contó a los jefes de Gobierno en abril que mientras el PIB per cápita estadounidense creció un 60% en los últimos 30 años, el de la UE lo hizo un 30%, cree que la solución es profundizar en el mercado único para borrarle imperfecciones, porque se diseñó en los años 80 y ya empieza a estar obsoleto. Pide eliminar las barreras que quedan a la libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas, crear leyes comerciales europeas aplicables a los 27, en lugar de 27 códigos de comercio diferentes como ahora, e innovaciones como una bolsa europea para empresas tecnológicas, donde puedan obtener financiación a mayor escala que en las actuales bolsas nacionales.

A sabiendas de que más deuda común para que necesidad de fondos genera reticencias en algunos gobiernos, Letta tira por la mediana: “una fórmula de contribución a las ayudas estatales que obligue a los Estados a destinar parte de los fondos nacionales a financiar iniciativas paneuropeas”.

Cuando este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compartía en una carta abierta a la ciudadanía que se daría unos días para “reflexionar” si continuaba o no en el cargo tras los ataques a su esposa, Begoña Gómez, España sufrió un auténtico terremoto político que dejaba en vilo al país. Esa noche, mientras algunos fijaban su atención en el Palacio de La Moncloa, otros miraban a un lugar a más de 1500 kilómetros de Madrid: Bruselas.

No se sabe nada de la decisión que tomará Pedro Sánchez este lunes, pero, si dimite, a nadie se le escapa a estas alturas que el presidente del Gobierno es uno de los políticos españoles que más importancia le ha dado a su perfil internacional. Su voz se ha escuchado alta y clara, especialmente en la Unión Europea, donde goza de un gran prestigio entre los líderes de los Estados miembros. Sánchez fue clave en numerosas negociaciones como, por ejemplo, la implantación de la excepción ibérica o el desarrollo de  los fondos de recuperación tras la pandemia. Además, a todo ello hay que sumarle la exitosa presidencia rotatoria de España en el Consejo, que elevó aún más su figura entre los líderes de los 27.  

Pero, ¿qué cargos podría ocupar Sánchez en la Unión Europea? A priori, el presidente español tendría la posibilidad de acceder a los dos puestos más importantes en la organización supranacional: el de presidente de la Comisión y el de presidente del Consejo. Sin embargo, el líder socialista tiene muchas más posibilidades de ser lo segundo que lo primero.

En el caso de la presidencia de la Comisión, el cargo parece reservado desde hace mucho tiempo para la actual titular, Ursula von der Leyen, y, aunque en los últimos meses su nombre parece estar en entredicho por las numerosas críticas que está recibiendo y las dudas acerca de su continuidad dentro de su propia formación, el Partido Popular Europeo (PPE), el nombre de Sánchez parece imposible para sustituirla. 

El principal motivo es que el nombramiento del presidente de la Comisión, aunque sea propuesto por los líderes de los Estados miembros, tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y, si se cumplen los pronósticos, este no sería nada favorable a Pedro Sánchez. Todas las encuestas de las elecciones del 9 de junio otorgan una victoria muy contundente al PPE y un retroceso a los socialdemócratas, por lo que una Eurocámara netamente conservadora nunca aceptaría un candidato que no fuera conservador y menos uno como Sánchez, el cual, además, ha tenido durante la legislatura fuertes encontronazos con el líder del PPE en el Parlamento, el alemán Manfred Weber.

En el caso de la presidencia del Consejo, Sánchez sí tendría muchas más posibilidades, pues es un puesto elegido directamente por los jefes de Estado y, por ello, no tendría que pasar por el filtro del Parlamento. De hecho, no es la primera vez que el líder del Ejecutivo español suena en las quinielas para optar a este cargo, que hace las veces de “jefe de Estado” de la Unión, presidiendo, dirigiendo y mediando en las reuniones entre los presidentes y jefes de Gobierno de los países. 

A Sánchez le avalan su perfil de prestigio y el apoyo de los socialdemócratas europeos, pero, pese a todo, tiene realmente difícil poder presidir el Consejo. El primer motivo es evidente: los presidentes europeos que le deben elegir por mayoría cualificada (15 ‘síes’ de 27) son mayormente conservadores del PPE. De hecho, tan solo 3 Estados miembros (sin contar España) están presididos por la izquierda. Es cierto que uno de ellos es Alemania, sin duda uno de los países con más peso en la elección, pero más allá de los germanos, sólo Dinamarca y Malta tendrían a Sánchez como opción ideológica preferente. 

Sin embargo, el reparto de los principales puestos de la Unión Europea podría darle una oportunidad. Tradicionalmente, liberales, conservadores y socialdemócratas se han dividido los tres cargos más importantes de la organización: el presidente del Consejo, de la Comisión y el Alto Representante para Asuntos Exteriores. Por ejemplo, esta legislatura la UE ha tenido una presidenta de la Comisión conservadora (Ursula von der Leyen), uno del Consejo liberal (Charles Michel) y un Alto Representante socialdemócrata (Josep Borrell). Por tanto, si la alemana continúa en su puesto, es previsible que un político de la izquierda moderada como Sánchez pueda optar a liderar el Consejo.

Pese a esta coyuntura, es muy complicado que Estados importantes como Francia, Italia o Polonia le den su apoyo. Emmanuel Macron parece que se inclina por un candidato con un respaldo más transversal, Giorgia Meloni y Sánchez no pueden estar más en las antípodas en cuanto a las cuestiones importantes de la Unión y, por último, Donald Tusk y el líder socialista ya han tenido varios encontronazos en cuanto a la política de defensa de los 27. Además, la fuerte postura de Sánchez en lo relativo al reconocimiento de Palestina, algo muy divisivo en el seno de la UE, podría quitarle aún más puntos . En este sentido, muchos analistas piensan que el nombre de Sánchez ha salido a la palestra más por la falta de candidatos fuertes en las filas socialdemócratas que por ser una posibilidad realista.

Por otra parte, el cargo de presidente del Consejo es un puesto muy jugoso y, por eso, el sillón que ahora ocupa el belga Charles Michel tiene muchos pretendientes. Hace unos meses, con su dimisión al frente del gobierno portugués por un caso de corrupción del que luego ha salido indemne, Antonio Costa parecía ser el favorito en todas las quinielas para hacerse con la presidencia. Como a Sánchez, le pesa la mayoría conservadora de líderes europeos, pero el reparto de poder en la UE también le abre una posibilidad. Especialmente, a un líder tan respetado y prestigioso como Costa, quien tiene en Europa tanto o más peso que Sánchez. Su exitosa trayectoria de gobierno en Portugal, sus buenas relaciones con los líderes europeos y su forma de abandonar el cargo para luego ser absuelto, son algunas de sus principales credenciales.

Más allá de Costa, otro nombre que ha emergido con mucha fuerza es el de Mario Draghi, que, junto al portugués, es el favorito para presidir el Consejo. El italiano es la navaja suiza de la política europea y parece que, allí donde hay una vacante en el viejo continente, su nombre siempre sale a la palestra. A su favor tiene su gran desempeño en las instituciones europeas, el apoyo de líderes como Macron y su perfil trasversal, que gusta incluso a su sucesora a los mandos de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni. Por otra parte, en su contra juega el haber ocupado ya una infinidad de cargos en Europa y el ser una figura que ya parece más ligada al pasado que al presente y al futuro de la Unión. También es importante recalcar que Draghi figura igualmente en las quinielas para presidir la Comisión en el caso de que Von der Leyen no repita.

Otros nombres que se han barajado han sido el del expresidente italiano Enrico Letta, que en las últimas semanas presentó su aplaudida hoja de ruta para la UE de cara a la próxima legislatura, el del exprimer ministro sueco Stefan Löfven o el de la actual primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Sin embargo, todos ellos parecen estar a una gran distancia de Costa o de Draghi, algunos por su falta de renombre y otros, como en el caso de la líder de Dinamarca, por las medidas antiinmigración implementadas por su Gobierno, que han causado gran polémica entre las filas socialdemócratas. De la carrera parece caerse el todavía primer ministro en funciones holandés, Mark Rutte. Su perfil liberal, muy respetado, y su veteranía al frente de los Países Bajos parecían credenciales suficientes para colocarle muy arriba en las apuestas, pero, finalmente, todo indica que Rutte cambiará Europa por la OTAN para suceder a Jens Stoltenberg al frente de la alianza militar.

Además, según publica Politico, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se inclinarán por un perfil diferente al de Michel al elegir al próximo presidente del Consejo. Las ambiciones políticas del belga y su pobre desempeño en el cargo le han puesto en el punto de mira, así que lo más probable es que los 27 se inclinen por un político más experimentado, ya en la parte final de su trayectoria, y que pueda guardar un perfil bajo, limitándose a las tareas propias del cargo. En este molde encajan mucho mejor tanto Costa como Draghi, cuyas carreras políticas parecen acabadas y no tanto Sánchez, mucho más joven que ambos y en un momento vital muy distinto.

Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es la fuerte presencia de políticos españoles en las instituciones europeas. Quizás, la más importante de todas sea Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversión, pero también está Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo o, incluso, se podría barajar un futuro puesto de Teresa Ribera en la UE relacionado con la transición ecológica durante la próxima legislatura. Así, si Sánchez accediera a la presidencia del Consejo, el equilibrio territorial de la UE se podría resentir.

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

Este jueves los grupos parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos han presentado una proposición de ley en el Congreso que materializa una medida que ha generado expectación y que, hasta este día, no se conocía cómo se iba a aplicar: los impuestos temporales a las energéticas y la banca por sus beneficios extraordinarios. Lo que inspiró a Pedro Sánchez, en sus propias palabras, fue la iniciativa de Mario Draghi en Italia: “Estamos estudiando el caso italiano para aterrizarlo y adaptarlo a nuestra legislación”, dijo a principios de julio en una entrevista en el diario El País. Sin embargo, contra todo pronóstico, no se ha basado en el modelo italiano. El Gobierno de coalición ha innovado fiscalmente para tratar de ingresar 7.000 millones de euros entre 2023 y 2024 y propone una vía más ágil que la italiana, pero que podría acarrear complicaciones. 

En resumen, lo que existe en Italia es un impuesto a los beneficios extraordinarios, que es lo que anunció Pedro Sánchez que iba a replicar. Pero en España al final lo que hay no es un “impuesto” (sino “prestación patrimonial”) y no grava los beneficios de las empresas (sino los ingresos). El sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha considera que el Gobierno ha optado por un modelo más sencillo que el italiano para agilizar el trámite parlamentario. En primer lugar, porque justificar el gravamen de los beneficios es más complejo. 

Supongamos que una empresa energética en 2022 tiene unos beneficios superiores, no por el repunte de los carburantes sino porque ha reducido sus gastos respecto al año anterior. El gravamen debería contemplar múltiples excepciones, como esta. “En el trámite parlamentario ya no habrá que hablar de sujección, exenciones para delimitar el hecho imponible, cómo se cuantifica la base imponible y la base liquidable”, enumera José María Mollinedo, portavoz de Gestha, a infolibre. 

Otro motivo de la simplificación es que así se reducen los frentes judiciales que esta iniciativa podría desencadenar. “La complejidad y las excepcionalidades de definir un impuesto a los beneficios permitiría a las empresas energéticas y financieras buscar pequeños resquicios en la legislación para tratar de recurrirlos y tumbarlos”, sostiene el técnico de hacienda. 

En el entorno internacional hay una diferencia entre el concepto de taxes (impuestos o tasas) y levies. Levies, aterrizado al sistema tributario español, sería una figura conocida como “prestación patrimonial de carácter público no tributaria”. Mientras que los impuestos son estructurales y gravan una actividad económica siguiendo unas pautas de manera constante, esta figura lo hace de manera extraordinaria, acotada, temporal y finalista. 

“Extraordinaria”, porque se justifica en un impacto económico que beneficia mucho a algunas empresas y a la vez perjudica mucho a la mayor parte de los actores económicos (el encarecimiento de la energía y la subida de tipos de interés). “Acotada”, porque solo afectará a menos de una veintena de grandes empresas energéticas y financieras, las que cumplan unos requisitos de facturación. “Temporal”, porque solo estará activo en 2023 y 2024. Y “finalista” porque lo recaudado ya tiene un destino: financiar las medidas ya aprobadas y otras anunciadas para contener la inflación en aquellos sectores más vulnerables.

En el caso de las energéticas, en lugar de comparar los beneficios de 2021 y 2022 y gravar el margen extra resultante, lo que se hará es gravar todos los ingresos de 2022 un 1,2%. En el caso de los bancos, en lugar de mirar el impacto de la subida de tipos de interés en sus beneficios, se cogerán todas las comisiones e intereses netos que hayan ingresado y se le gravará un 4,8%. 

José María Mollinedo considera que la diferencia entre “impuesto” y “prestación patrimonial” es clave: “Es importante que no sean tributos, sino prestaciones patrimoniales, para evitar los problemas que podría dar la doble imposición”. En el caso de que el Gobierno de coalición hubiera adoptado el modelo italiano, es decir, que figurara como un impuesto que grava esos beneficios extraordinarios, habría tenido que hacerse deducible para evitar la mencionada doble imposición. Ocurre con el impuesto sobre determinados servicios digitales, la conocida como tasa Google. Es un gravamen del 3% a los ingresos de las grandes compañías de publicidad digital y transmisión de datos, como la propia Google, Facebook o Apple. También es temporal: se aplicará hasta que exista un impuesto internacional a estas grandes tecnológicas, una iniciativa que se retrasa por su enorme complejidad técnica. 

Estas empresas pueden deducirse el impuesto y luego el Estado les devuelve parte, aquello que ya estaría gravado en el impuesto de sociedades: “Estas empresas son muy poderosas y no han pleiteado este tema. La asociación española que las agrupaba fue muy combativa. Sin embargo, no fueron a los tribunales”, expresa el secretario general de Gestha. Por lo tanto el 3% de la tasa Google, el estado en la práctica ingresa un porcentaje menor. “No vemos mayor problemática si se hubiera hecho así. Pero en lugar de poner un 1,2% a las energéticas y un 4,8% a la banca, habrían tenido que poner un 1,3% y un 4,9%, para asegurarse de que el Estado ingresa los 7.000 millones que esperan recaudar”, sostiene el portavoz de Gestha.

Mollinedo es crítico con la iniciativa del Gobierno y la considera “contradictoria” con lo que Pedro Sánchez anunció en el debate del estado de la nación: “Hablaba de tributar a las energéticas y a los bancos por sus beneficios extraordinarios. Esta contraprestación no trata de corregir eso, está recayendo sobre las cifras de ventas”, ha afirmado el portavoz de Gestha.  

En segundo lugar, Mollinedo sostiene que esta contraprestación no discrimina a las empresas socialmente responsables. Y pone un ejemplo: “Supongamos que exista una empresa energética que no ha transmitido los precios de los carburantes a los clientes, y que a raíz de esto, los clientes deciden comprar más a esta empresa y por lo tanto sube su volumen de ventas. Esta empresa tendría un menor beneficio extraordinario, porque ha sido responsable de no repercutirlo al cliente. Sin embargo, por obtener un mayor volumen de venta, sufriría un impacto del gravamen proporcionalmente superior a las demás”.

Es decir, las empresas que más se han contenido, si han ganado algo de cuota de mercado premiadas por los clientes que han reconocido la contención de los precios, ahora sufrirán un castigo. Esto ocurre también con las entidades bancarias de mayor tamaño que hayan ofrecido hipotecas a tipos fijos por debajo de las medias del sector, algo que ha beneficiado a los clientes, en sacrificio de maximizar el beneficio extraordinario.

“Lo deseable sería que fueran criterios comunes para ambos sectores”, sostiene el secretario general de Gestha, que a su vez defiende mecanismos más complejos para tratar de diferenciar las particularidades de las empresas afectadas. Las empresas energéticas y financieras que cumplen los requisitos para ser gravadas suponen menos de una veintena. Entre ellas hay condicionantes muy variados y este fenómeno les afecta de manera diversa. “Esto va a necesitar una revisión durante el trámite parlamentario”, advierte José María Mollinedo, que hace una última puntualización: “Debe aprobarse antes del 31 de diciembre. Si no, podría haber problemas de retroactividad”. Así lo espera el Gobierno.

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha aceptado este jueves la dimisión del primer ministro, Mario Draghi, un día después de que volviera a fracasar ante una cuestión de confianza en el Senado, según informa Europa Press. Draghi lo anunciaba este jueves en una comparecencia en la Cámara de Diputados: “Voy a ver a Mattarella para comunicarle mi determinación”.

El secretario general de la Presidencia italiana, Ugo Zampetti, ha indicado en una breve comparecencia ante la prensa desde el palacio del Quirinal que Mattarella ha recibido a primera hora del día a Draghi y ha "tomado nota" de su dimisión, la segunda en una semana. Así, ha explicado que "el Gobierno sigue en funciones para gestionar los asuntos actuales" hasta que se forme un nuevo Ejecutivo.

El Senado de Italia aprobaba este miércoles una cuestión de confianza al primer ministro, quien había puesto como condición el respaldo de la cámara para continuar al frente del Ejecutivo. Superó esa moción, con tal solo 95 votos a favor y 133 senadores presentes, ya que sus socios de Gobierno se ausentaron de la cita. De hecho, tres socios de su coalición de gobierno: la conservadora Forza Italia (FI) de Silvio Berlusconi, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y el populista Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Giuseppe Conte, le retiraron su apoyo en ella.

El Senado de Italia ha aprobado este miércoles una cuestión de confianza al primer ministro, Mario Draghi, quien había puesto como condición el respaldo de la cámara para continuar al frente del Ejecutivo, si bien es cierto que sus socios de Gobierno se han ausentado de la cita, según informa Europa Press.

De este modo, Italia revive una situación semejante a la ocurrida la semana pasada, cuando Draghi sacó adelante una votación vital para su gobierno, aunque su aliado Movimiento 5 Estrellas (M5E) no acudió a la cita. Esto motivó al primer ministro a presentar su renuncia al cargo, que sin embargo, fue desestimada por el presidente del país, Sergio Mattarella.

Este mismo miércoles, el jefe de Gobierno se había mostrado dispuesto a seguir al frente de sus funciones siempre y cuando se solucionasen las disputas en el seno de la coalición de gobierno. "Es necesario un Gobierno firme y cohesionado", ha manifestado Draghi, quien ha pedido el respaldo al Parlamento.

En esta ocasión, la confianza al primer ministro ha salido adelante con 95 votos a favor y 39 en contra, si bien es cierto que el resultado queda en segundo lugar debido a la ausencia en el hemiciclo de los tres principales partidos: Liga, Forza Italia y M5E, según la agencia AdnKronos.

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, que presentó la semana pasada su dimisión tras la ausencia del Movimiento 5 Estrellas en la votación de una cuestión de confianza en el Senado, se ha mostrado este miércoles dispuesto a permanecer en el cargo si se solucionan las disputas en el seno de la coalición de gobierno, según informa Europa Press.

"Es necesario un Gobierno firme y cohesionado. Italia necesita un pacto de desarrollo concreto y sincero", ha manifestado Draghi, que ha reclamado al Parlamento un "respaldo" al Ejecutivo y un "respeto mutuo" al papel de cada uno de ellos. "Italia no necesita una fachada de confianza que se desvanece cuando hay medidas inoportunas", ha explicado.

"Necesitamos un pacto de confianza sincero y concreto, como el que nos permitió cambiar el país para mejor. A los partidos y parlamentarios: ¿Están preparados para reconstruir este pacto?", se ha preguntado durante una comparecencia ante el Senado, tal y como ha recogido el diario italiano 'La Repubblica'.

Así, ha explicado que la "dolorosa" decisión de dimitir llegó debido al "fracaso de la mayoría de la unidad nacional", antes de resaltar que la votación de la moción de confianza "no puede ser ignorada". "No es posible minimizarla, ya que llega tras meses de lágrimas y ultimátums. La única vía si queremos seguir juntos es reconstruir de nuevo este pacto con valentía, altruismo y credibilidad", ha argumentado.

"Los italianos lo piden especialmente. Las movilizaciones de los últimos días no tienen precedentes y es imposible ignorarlas", ha destacado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "durante los últimos meses, la unidad nacional ha sido la mejor garantía de la legitimidad democrática y la efectividad de este Ejecutivo".

"Creo que un primer ministro que nunca se ha presentado ante los votantes debe tener el máximo apoyo posible en el Parlamento. Esto es aún más importante en un contexto de emergencia en el que el Gobierno debe adoptar decisiones que afectan profundamente la vida de los italianos", ha señalado, antes de recordar a los parlamentarios que ocupan sus escaños por decisión de los italianos. "Hay una respuesta que dar a todos los italianos", ha remachado.

Mario Draghi ha presentado este jueves su dimisión como primer ministro de Italia alegando que se ha "roto el pacto de confianza" que mantenía cohesionado al Ejecutivo después de que Movimiento 5 Estrellas se ausentase esta misma jornada de la votación de una cuestión de confianza presentada en el Senado, según informa Europa Press.

Tras este nuevo desencuentro en el seno del Gobierno, Draghi ha mantenido una reunión con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, quien ha manifestado el rechazo de la dimisión del primer ministro, la cual se preveía que se formalice esta noche.

Al finalizar el episodio en el Senado, donde el Gobierno ha sacado adelante, con la ausencia de Movimiento 5 Estrellas, una cuestión de confianza que buscaba la tramitación por la vía rápida de un paquete medidas contra la inflación, Draghi se ha reunido con Mattarella en el Palacio de Quirinale, residencia oficial del presidente.

Al concluir esta primera reunión, Draghi ha convocado a su Consejo de Ministros para comunicarles su renuncia al cargo, hasta que el presidente Mattarella ha dado un nuevo giro a los acontecimientos, rechazando la dimisión del primer ministro, en lo que parece un gesto para tratar de ganar tiempo hasta poder nombrar un nuevo Gobierno.

Según un comunicado de la Presidencia, Mattarella ha invitado a Draghi a reunirse de nuevo para mantener comunicaciones con el resto de miembros del Gobierno y hacer balance de la situación generada tras los resultados de la votación de la cuestión de confianza en el Senado, recoge Adnkronos.

Tras su primer encuentro con el mandatario italiano, Draghi se ha reunido con los miembros de su Consejo de Ministros, ante los que ha asegurado que la votación ha sido "muy significativa desde el punto de vista político", con lo que ha justificado su renuncia.

Desde Movimiento 5 Estrellas han defendido que la ausencia de sus miembros en la Cámara Alta se debe a las discrepancias con el fondo y la forma de la propuesta, desmarcándose tajantemente de cualquier intento de generar una crisis en el Ejecutivo.

El primer ministro ha puesto también en valor su propio compromiso a lo largo de su mandato para "continuar por la senda común" y tratar de "suplir las necesidades" que se les han trasladado desde las diferentes fuerzas políticas, recoge el diario Corriere della Sera.

"Gracias por su trabajo y por los tantos resultados obtenidos. Debemos estar orgullosos de aquello que hemos logrado, en un momento muy difícil, por el interés de todos los italianos", ha indicado Draghi en su discurso de despedida ante sus ministros.

El Gobierno de Italia ha sacado adelante una cuestión de confianza en el Senado a pesar de que Movimiento 5 Estrellas, uno de sus integrantes, se ha ausentado de la votación en lo que puede constituir el inicio de una nueva crisis en el seno del Ejecutivo, según informa Europa Press.

El Senado ha dado 'luz verde' a una cuestión de confianza planteada por el propio Gobierno, encabezado por el primer ministro, Mario Draghi, con el fin de acelerar el proceso de tramitación de un paquete de ayudas económicas contra la inflación, evitando así que el Parlamento pudiera presentar enmiendas al proyecto.

Pese a la ausencia de M5E, un total de 212 senadores han estado presentes en la sala, superando la mayoría requerida de 166 parlamentarios para poder llevar a cabo la votación. El Ejecutivo ha sacado adelante la propuesta con 172 votos a favor, 39 en contra y ninguna abstención. La líder de M5E en el Senado, Mariolina Castellone, ha defendido que la ausencia de sus miembros está motivada por las discrepancias respecto al fondo y la forma de la propuesta presentada, si bien ha rechazado que con esto se busque una crisis dentro del Gobierno, según recoge la agencia Adnkronos.

"Quienes quieren confundir los planes lo hacen para explotar la situación y culparnos del momento de sufrimiento que vive el país", ha aseverado Castellone, quien ha defendido que la ausencia de su formación en la votación tan solo busca hacer ver el resto del Ejecutivo que la línea política que se está siguiendo "es falsa". En la misma línea, se ha defendido de las acusaciones vertidas contra M5E por su "irresponsabilidad" y ha criticado que "irresponsables son los que no dan respuestas al país". "La estabilidad se construye sobre bases sólidas, sobre las acciones que tome el Gobierno", ha dicho.

En este escenario, resurgen los habituales fantasmas de una crisis de gobernabilidad en Italia, acostumbrada a constantes alternancias en la cúpula de autoridades. De hecho, hace días que el primer ministro Draghi advirtió de que no contemplaba un Ejecutivo sin el M5E, ni el surgimiento de otro gabinete encabezado por él.

Por tanto, tal y como señala el diario Corriera della Sera, se pone sobre la mesa una posible dimisión del primer ministro, poniendo de nuevo la pelota sobre el tejado del presidente del país, Sergio Mattarella, que tendría que optar entre convocar elecciones o pedir a Draghi un nuevo esfuerzo.

Por el momento todo es una incertidumbre, si bien lo único que hay en claro es que el Consejo de Ministros previsto para esta tarde ha sido aplazado y se prevé que Draghi convoque a sus ministros tras concluir su encuentro con el presidente Mattarella.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha reunido este jueves con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo rumano, Klaus Iohannis, en el Palacio Mariyinski, en el centro de Kiev. "Hoy estoy muy ocupado, tengo reuniones importantes. Doy la enhorabuena a los cuatro líderes por estar hoy aquí", ha señalado Zelenski en un mensaje difundido a través de su cuenta de Facebook.

Con su visita, los líderes tratan de mostrar su apoyo a Ucrania en la lucha contra Rusia y sobrepasar las críticas recibidas desde Ucrania por la falta de medidas más contundentes. "Este es un momento relevante. Es una señal de unidad para todos los ucranianos", ha aseverado Macron tras llegar a la capital.

Los líderes han recorrido previamente las calles de la ciudad ucraniana de Irpin, tomada durante semanas durante las fuerzas rusas y que "es al mismo tiempo una localidad devastada y heroica", en palabras del mandatario galo.

Además, han visitado la zona acompañados de un asesor de Zelenski en el arranque de una agenda política con la que quieren reiterar su apoyo a las autoridades y el pueblo ucranianos ante la invasión iniciada el 24 de febrero.

Comienza la cosecha del trigo en Andalucía, pero los precios de los cereales, contraviniendo la lógica capitalista que debería bajarlos al crecer la oferta, siguen en máximos históricos. La escalada en la que están inmersos desde hace dos años, y que se recrudeció con la guerra en Ucrania, no frena. Este último mes, la cotización del trigo blando –el utilizado para hacer pan y alimentar al ganado– en España subió casi un 6% y llegó a alcanzar un máximo esta misma semana de 406,35 euros la tonelada, según los registros de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). La cebada se apreció casi un 5% –386,5 euros– y la avena, un 4,4%. El maíz rozó los 384 euros la tonelada tras encarecerse casi un 2,5%.

La salida de las cosechadoras en el hemisferio norte no consigue sosegar un mercado “muy nervioso” y abonado al miedo, pero también “muy dispuesto a utilizar cada noticia [sobre la guerra y los problemas de producción] como razón, o excusa, para mantener los precios altos”, advierte Jorge de Saja, director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac). Hay confusión, subraya, pero también especulación.

Ambos factores explican que desde julio 2019 los precios del trigo, el maíz, la cebada y la avena se hayan duplicado en España. Desde julio de 2021, han aumentado más de un 77%. Y casi la mitad de esa subida se ha producido desde enero.

El 24 de febrero, Rusia bloqueó las exportaciones de cereales de Ucrania en los puertos del Mar Negro, hasta ahora uno de los principales productores y exportadores mundiales: el quinto de trigo, el cuarto de maíz, el primero de girasol… La mitad del maíz que exporta el país eslavo se lo compra la Unión Europea. Junto con Rusia, Ucrania suministra el 38% de las exportaciones mundiales de trigo.

El temor a la falta de materia prima y a la consiguiente subida de los precios forzó la búsqueda de proveedores alternativos. España, que consume más cereales de los que produce, empezó enseguida a comprar maíz en Estados Unidos, un millón de toneladas, y un poco menos en Argentina y Brasil. El Gobierno también permitió la siembra de girasol, necesario para la alimentación del ganado, en terrenos hasta ahora obligados al barbecho por las normas de la UE. Los precios empezaron entonces a relajarse “un poco”, admite Jorge de Saja, pero no todo lo que debían, en parte por culpa de la huelga del transporte en marzo. Finalmente, con la cosecha a las puertas, irrumpió una prematura ola de calor que mermará la producción. “Perderemos entre un 10% y un 15% de la cosecha”, lamenta José Manuel Álvarez, secretario general de Accoe. Ahora el mercado está pendiente de los termómetros en Castilla y León, la principal región productora española, que no debería sacar las cosechadoras al campo hasta julio, pero que ya piensa en adelantar la siega por las altas temperaturas. “La cosecha de cereal en España va a ser mala, y en Castilla y León también, y no va a cubrir los elevadísimos costes de producción que tenemos, especialmente en las provincias más castigadas y que peor cosecha tienen como León, Zamora y Salamanca”, alertó este viernes el responsable de la patronal agraria Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, informa Europa Press. “La sequía de mayo”, abundó, “se ha llevado por delante las expectativas”.

Con todo, el escenario puede oscurecerse aún más. Francia sufre la peor sequía de su historia, advierte José Manuel Álvarez. En Marruecos se ha perdido el 70% de la cosecha de trigo. El Gobierno de EEUU prevé que la producción nacional de trigo caiga por primera vez en cuatro años. Mientras, en Ucrania, la guerra echará a perder el 35% de la suya. Según el Consejo Internacional de Cereales (IGC), la de China también va a recortarse un 1,4%. En resumen, la producción mundial de cereales va a caer un 1,75% este año: un 1,54% la de trigo y un 2,47% la de maíz. Con una menor oferta, los precios seguirán subiendo. Y el consumo se reducirá. El IGC calcula que sufrirá su primer descenso desde 2015. Las exportaciones se recortarán casi un 3%.

En cualquier caso, España, apunta Jorge de Saja, no va a dejar de fabricar alimentos ni de alimentar al ganado. “Pero, ¿a qué precios?”, se pregunta. El problema, y muy serio, lo tendrán en el norte de África. Egipto, el mayor comprador de cereales del mundo, depende al 100% del trigo que les suministraban Ucrania y Rusia, resalta José Manuel Álvarez. A Marruecos también le vendía Francia, pero la sequía gala puede mermar su capacidad exportadora a la antigua colonia. “La crisis alimentaria que se avecina, y que en algunos países africanos ya está presente, tendrá proporciones gigantescas y unas consecuencias humanitarias terribles”, advirtió el presidente italiano, Mario Draghi, tras llamar al líder ruso, Vladímir Putin, este jueves. Le pidió que liberara el cereal bloqueado en Ucrania. Putin contestó que lo hará si Occidente levanta las sanciones a Rusia. En ese país, las condiciones meteorológicas han sido buenas y la cosecha será excelente, de acuerdo con las previsiones de la FAO. Los intentos de Ucrania para exportar parte de su grano a través de Polonia, por ferrocarril, no le han permitido más que sacar cantidades pequeñas.

Draghi, dice Jorge de Saja, está mirando con el rabillo del ojo hacia Libia, que vive instalada en el caos político desde la caída de Muamar el Gadafi en 2011. Y nadie olvida que el alza de los precios de los alimentos fue uno de los detonantes de la primavera árabe, las protestas que entre 2010 y 2012 se extendieron por el norte de África y Oriente Próximo y expulsaron del poder a los dirigentes de Túnez, Libia, Egipto y Yemen.

En España, pese a los suministradores alternativos, los precios de los cereales no han dado tregua. “La situación no justifica unos precios tan altos”, protesta Jorge de Saja. Javier Alejandre, técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), concede que las medidas se tomaron quizá “demasiado tarde” y que el efecto de las siembras adicionales permitidas no se verá hasta la próxima campaña. De forma que sólo en abril el pan y los cereales han subido un 4,4%. Un 7,9% desde enero. Y un 12,1% en los últimos 12 meses, según las estadísticas con las que el INE elabora el Índice de Precios al Consumo. Desglosado ese aumento de precio, resulta que la harina ha subido mucho más: un 9,12% en abril y un 17,2% desde enero. En un año, nada menos que el 23,2%. En abril, se han encarecido más los bollos, un 6,5%, que el humilde pan, un 3,8%. Pero la pasta, que se elabora con trigo duro, más escaso y más caro, ha aumentado un 25% en el último año.

El director general de la asociación que agrupa a los fabricantes de piensos reconoce que no les ha quedado más remedio que trasladar el alza del precio de los cereales a sus productos. “No todo, pero sí una buena parte, lo que se puede”, apunta sin precisar más. La subida del alimento para los animales es un coste más para el ganadero que éste, a su vez, repercute en la leche o la carne. Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura, los piensos compuestos se han encarecido entre un 19% y un 25% en lo que va de año. Así que, en abril, la carne de vacuno ha subido un 3,6% de precio, la de cerdo y pollo –consumidores intensivos de pienso–, aún más, un 5,9% y un 6,7%, respectivamente, mientras que la leche se ha encarecido un 2,4%.

Cómo evolucionen los precios dependerá no sólo de la meteorología y la inminente cosecha, sino también de si Putin desbloquea el cereal ucranio. Aunque parece poco probable que Occidente acceda a aflojar las sanciones mientras intenta liberarse de su dependencia de la energía rusa. “Los consumidores hemos dado por sentado que la cadena alimentaria funciona a precios razonables y es inmune a todo, pero deberíamos reflexionar si no hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades alimentarias y si podemos permitirnos un sistema de alimentación maravilloso, que responda a las más altas exigencias de sostenibilidad y, además, barato”, se plantea Jorge de Saja.

José Manuel Álvarez cree que la capacidad de acción de España y Europa es limitada porque no tienen muchas posibilidades de producción. “No hay más tierra, a diferencia de Brasil, que está extendiendo los cultivos por la Amazonia”, explica. A su juicio, la única solución es investigar en producciones transgénicas para conseguir variedades de cereal con mayores rendimientos. Una dura pugna, pues, entre soberanía y calidad alimentarias.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, finalmente ha accedido a renovar su cargo como jefe de Estado tras el consenso alcanzado por la mayoría de los partidos italianos y podría ser reelegido este mismo sábado en la octava votación a pesar de su intención declarada de dejar el cargo. Finalmente, ha logrado 759 de los 505 votos necesarios para ser elegido, con lo que se convierte en el segundo presidente con más apoyo tras los 832 votos que logró Sandro Pertini en 1978, según informa Europa Press.

Si todo sale según lo planeado, Mattarella ha sido reelegido presidente con el respaldo de todos los partidos excepto los Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni. "Diputados eufóricos por no haber cambiado nada y por haber forzado a Mattarella a otro mandato. ¿Qué celebran? Que su sueldo está a salvo", ha reprochado Meloni.

"La reelección de Sergio Mattarella a la Presidencia de la República es una espléndida noticia para los italianos. Agradezco al presidente su elección para apoyar la muy fuerte voluntad del Parlamento de reelegirlo para un segundo mandato", ha declarado tras la votación el primer ministro, Mario Draghi.

"¡Buen trabajo, presidente!", han publicado Giuseppe Conte y Matteo Renzi en Twitter. "Sergio Mattarella ha sido reelegido presidente de la República. Le agradecemos que haya aceptado nuestra propuesta de renovar su mandato al frente del Estado. El guardián de la unidad nacional será decisivo para garantizar la estabilidad y la credibilidad de Italia. ¡Buen trabajo!", ha indicado por su parte el coordinador nacional de Fuerza Italia, Antonio Tajani.

La incógnita de la reelección se despejó a media tarde del sábado y después de una semana de incertidumbre. "Si hace falta, aquí estoy", ha afirmado Mattarella este sábado tras un encuentro en el palacio del Quirinal con responsables políticos, según recoge la prensa italiana.

Los dirigentes políticos "expusieron la situación" a Mattarella "rogándole" que aceptara un segundo mandato, ha explicado a la prensa la senadora Julia Unterberger, presidente del grupo Por las Autonomías. Mattarella "no ocultó que tenía otros planes, agradeció el aprecio y dijo que si hay que echar una mano, ahí está", ha añadido Unterberger.

Este nuevo mandato facilita la estancia de los diputados hasta las elecciones generales de 2023 y Draghi seguirá como jefe del Gobierno, con la confianza de un presidente cuyas competencias son básicamente ceremoniales, si bien tienen la responsabilidad de nominar a los primeros ministros y a sus gabinetes.

“Una camisa de fuerza”. Así describe Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las reglas fiscales que han gobernado las finanzas de la UE durante 23 años. Hasta que la pandemia forzó su suspensión. “No sirvieron para salir de la crisis anterior de forma adecuada y en esta no podemos permitirnos otra respuesta fallida”, advierte. Entonces, a la misma altura de la crisis en que Europa se encuentra ahora –dos años de caídas del PIB– “ya se estaban adoptando medidas de recorte y de austeridad”, recuerda Tamames, cuyo fin era volver cuanto antes al 3% de déficit público y el 60% de deuda que dictaban las normas aprobadas en 1997.

El resultado de ponerse esa camisa de fuerza es conocido: débil crecimiento económico, aumento de la desigualdad, ruptura de la cohesión social, polarización política… Una década después, el estallido del coronavirus ha impuesto un cambio radical en la forma de encarar la crisis subsiguiente: préstamos para que los gobiernos sufraguen sus planes de lucha contra el desempleo (SURE), los fondos de recuperación NextGeneration –140.000 millones para España–, las compras de emergencia de bonos que aún hace el BCE. Medidas excepcionales que están amortiguando el golpe asestado por el covid a la economía y la sociedad pero que, al mismo tiempo, han disparado de nuevo el déficit y la deuda de los Estados miembros. Por primera vez en la historia de la zona euro, la deuda pública de los países que lo integran ha superado el 100% de su PIB.

“Existe un consenso en Europa sobre que las reglas fiscales se pensaron en los años 90 teniendo en la cabeza un mundo económico que no es el de hoy y que, por tanto, hay que actualizarlas”, explica Jorge Tamames. La insatisfacción con esas normas es “general”, apunta Javier Ferri, investigador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). Así que abrir la reforma va a ser fácil, añade. Entrar en los detalles, no tanto. Hasta el punto de que la negociación necesaria para ponerlas al día puede convertirse en un auténtico campo de batalla europeo. Sin ir más lejos, modificar el protocolo que establece los umbrales de déficit y deuda requiere la unanimidad del Consejo Europeo. La negociación debería comenzar este año, mientras dure la suspensión de las reglas fiscales, en principio hasta 2023. De momento, la reforma del Pacto de Estabilidad se encuentra en fase de consulta pública, por lo que son numerosas las propuestas que se están presentando para abordar una cuestión tan capital.

Ya antes de la pandemia había sido objeto de debate el cambio de las normas fiscales, que fueron reformadas en 2005, 2011 y 2013, y en 2016 adquirieron unas cláusulas de flexibilidad. Pero ahora atraviesan un momento crucial, apunta el investigador de Elcano. Si se recuperan en 2023 tal y como están, y vuelve la austeridad, peligrará la recuperación económica y, si dejan de aplicarse, “se socavará la autoridad de las instituciones europeas”.

En España, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el mismo Real Instituto Elcano han elaborado propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Todas ellas presentan elementos comunes. “Hay una constatación tácita de que a los umbrales del 3% de déficit público y 60% de deuda pública no se va a volver en ningún momento cercano”, concede Jorge Tamames. Cuestión distinta son cuáles deben ser los nuevos valores. Un documento elaborado por los economistas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) planteaba el pasado octubre elevar al 100% el umbral de deuda. “No hay cifras mágicas”, objeta el investigador de Elcano, “ni el 60% ni el 100% garantizan la sostenibilidad”.

Javier Ferri cree que la discusión sobre esos parámetros es importante, pero más aún lo es el “cambio de paradigma”. Y que lo deseable sería pasar “de reglas más cuantitativas a reglas más cualitativas”. “Se trata de que los agentes económicos sepan que los gobiernos se toman en serio los procesos de consolidación a medio y largo plazo”, sostiene, de forma que esos planes “hagan creíbles los objetivos [de déficit y deuda]”.

Javier Santacruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), cree que los tan denostados umbrales de déficit y deuda darán paso a objetivos de empleo, inflación, crecimiento económico, desigualdad o convergencia de niveles de renta. “Los que antes eran indicadores auxiliares serán ahora los indicadores clave”, resume.

Tanto el Banco de España como la AIReF como el Real Instituto Elcano coinciden en sus críticas a las reglas fiscales europeas: demasiado complejas, poco transparentes e incluso poco creíbles: los países corrigen sus déficits pero no las causas estructurales que los originan, mientras que la regla de la deuda nunca se ha utilizado, “quizás con razón”, precisa el documento del Real Instituto Elcano, elaborado por Enrique Feás, Carlos Martínez Mongay, Miguel Otero-Iglesias, Federico Steinberg y Jorge Tamames. Según los cálculos del Banco de España, la zona euro necesitaría mantener un superávit fiscal del 1,1% del PIB durante 20 años para reducir la ratio de deuda al 60% fijado en el Pacto de Estabilidad.

También repiten las soluciones. La principal es un instrumento fiscal central y permanente, que consolide e institucionalice el NextGeneration creado para combatir la crisis del covid. Su fin debería ser financiar inversiones públicas, “que es lo primero que se recorta cuando hay una crisis”, destaca Jorge Tamames. En concreto, las destinadas a la transición ecológica y digital. Además, añade la AIReF, serviría para estabilizar la economía de la UE “en el caso de un shock, especialmente cuando la política monetaria está restringida”, como es el caso actual, con los tipos de interés en negativo y la capacidad de maniobra del BCE al límite. Como se financiará con eurobonos, dice la Autoridad Independiente Fiscal, ese nuevo instrumento reforzará la disciplina fiscal si el acceso a la deuda europea se condiciona al cumplimiento de los planes fiscales nacionales. La AIReF habla también de un seguro de desempleo común y de “acuerdos ad hoc y temporales, financiados con deuda común” como ya se ha hecho con el SURE o con las líneas de liquidez del MEDE.

Las tres instituciones defienden igualmente la aplicación de una regla de gasto “sencilla y transparente”, la que limita el crecimiento del gasto público –excluidos la inversión o las prestaciones de desempleo, por ejemplo– a un cierto umbral calculado a partir del crecimiento potencial o de medio plazo de la economía. La regla dispondría de una cláusula de salvaguarda para países muy endeudados y su cumplimiento sería vigilado por las instituciones europeas y nacionales.

Apoyados en los antecedentes, Jorge Tamames confía más en la eficacia de la zanahoria que en la del palo a la hora de hacer cumplir las reglas fiscales a los gobiernos. “Las sanciones pecuniarias han demostrado ser ineficaces en el pasado y deben abandonarse como mecanismo de aplicación”, aconseja la AIReF. En su lugar, prefiere dar apoyo financiero a los países en situación precaria, pero condicionado a la puesta en marcha de reformas consensuadas, dice el investigador de Elcano.

El fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo en la vigilancia de las políticas fiscal y tributaria, diseñar senderos específicos de reducción de deuda para cada país y conceder mayor protagonismo a las autoridades fiscales independientes de cada Estado miembro son también parte de los esquemas dibujados por el Banco de España, la AIReF y Elcano para hacer más flexibles y eficaces las reglas fiscales de la UE. El Banco de España, además, subraya la necesidad de que vayan acompañadas de reformas estructurales y reclama que se complete la unión bancaria y se avance en la de mercado de capitales.

Pero, ¿caminan en la misma dirección el resto de los países europeos? Alemania ya no parece estar en la disposición de blandir el látigo de la austeridad como hizo en la anterior crisis. Aunque la política económica del socialdemócrata Olaf Scholz no debería desviarse demasiado de la ortodoxia merkeliana, los nuevos vientos –“la austeridad expansiva está absolutamente desacreditada”, recalca Jorge Tamames– que soplan desde Europa invitan a la convergencia, asegura Javier Ferri. “Las propuestas [de las instituciones españolas]”, sostiene, “son fáciles de comprar también por los centroeuropeos, en principio; el debate político ya es otra cosa”.

Jorge Tamames también recela de la negociación “política”. A algunos países como Francia y Alemania, avisa, les gustaría dar “un perfil bajo” al debate en Bruselas sobre la reforma de las reglas fiscales. Emmanuel Macron afronta unas elecciones presidenciales en abril y Scholz prefiere evitar las críticas de la derecha, aunque se ha mostrado a favor de cambiar el Pacto de Estabilidad. Así que el investigador de Elcano teme que el club de los frugales –además de Alemania, lo conforman Austria, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia— opte por alargar otro año la suspensión de las normas fiscales antes que “sentarse a negociar una reforma ambiciosa”. Tampoco Países Bajos parece liderar con tanto brío como antes la cruzada frugal contra los derrochadores del sur.

Por el contrario, Javier Santacruz cree que una discusión de semejante calado va a convertirse en un debate que durará “años”. Se abrirá ahora, dice, pero de momento seguirán aplicándose las reglas fiscales, pero con flexibilidad, “no lo que se hizo en 2010”. A su juicio, 2022 será “un año perdido” para la política europea, “de transición, en el que no se va a poder reformar nada”. Para empezar porque “no se va a hacer nada hasta abril, hasta la segunda vuelta de las elecciones francesas”. Y luego, dependiendo del resultado –“la diferencia puede ser muy grande si continúa Macron o no”, apunta– habrá que “recomponer el eje franco-alemán”. Tampoco está claro qué va a suceder en Italia si finalmente Mario Draghi opta por presentarse a las elecciones presidenciales. Su pronóstico, por tanto, es que se mantendrá el objetivo de déficit en el 3% al menos hasta 2025. “Habrá un cambio total del modelo, no sólo de los parámetros”, recalca, “pero llevará tiempo negociarlo”.

Barbara Baarsma es la consejera delegada de Rabo Carbon Bank y Roel Beetsma es el vicedecano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Amsterdam. Ambos han elaborado una propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad por encargo del Gobierno holandés. Su análisis pone el foco en la “vulnerabilidad” que para la Unión Europea suponen los elevados niveles de deuda y priorizan su reducción, fundamental para conseguir márgenes presupuestarios, un colchón que permita el crecimiento y apoye la convergencia entre los Estados miembros, pero también las necesarias inversiones en la transición ecológica.

Por eso no dejan de recordar que los países que salieron más endeudados de la crisis financiera son aquellos con los mayores aumentos de deuda tras el covid: 20 puntos porcentuales de media frente a 11-13 puntos de los países con deudas media y baja. No los citan, pero se trata de España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica y Grecia.

Y aquí sí que se abre una primera brecha con las propuestas españolas. De hecho, Jorge Tamames recomienda “no obsesionarse con la deuda”. “En la medida en que haya crecimiento económico y el déficit estructural se estabilice en índices bajos, la deuda en relación con el PIB decrece de forma natural”, explica. Javier Ferri admite que los “austeros se pasaron un punto” en su día. “Pero, entre el derroche y comportarse de forma frugal, me quedo con esto último”, matiza. España, lamenta, habría podido gastar más para hacer frente a la pandemia, si sus cuentas hubieran estado más saneadas. “Que a partir de ahora vaya a haber un punto menos de exigencia y de austeridad, no quiere decir que las reglas [fiscales] ya no valen y que el gasto público es libre”, zanja.

No obstante, los economistas holandeses coinciden con los españoles en buena parte de sus propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Quieren una regla de gasto más sencilla y “observable”, a diferencia de la actual, aseguran, que se basa en la brecha de PIB y es difícil de medir. También plantean sustituir –las instituciones españolas prefieren eliminarla– la regla que exige a los países más endeudados reducir en una veinteava parte cada año la diferencia de su deuda pública con el umbral del 60%. Baarsma y Beetsma plantean no tocar esta última cifra porque, a su juicio, proporciona “un ancla visible y resultaría políticamente difícil de cambiar”. Sí que consideran la regla del 1/20 “poco realista”.

Además, están de acuerdo con los españoles en reclamar más protagonismo para las autoridades fiscales independientes en la supervisión del cumplimiento de las reglas. Y en sustituir las sanciones por incentivos positivos, en forma de acceso a líneas de crédito o subvenciones, para compensar a los países que respeten las normas fiscales. Pero, he aquí la segunda brecha, ni de lejos piensan en un instrumento fiscal permanente financiado con eurobonos. Los holandeses ya fueron los más agresivos en su rechazo a mutualizar la deuda cuando en Bruselas se discutía el diseño de los fondos de recuperación contra el covid.

Para Javier Ferri, el “cambio de paradigma” debería pivotar sobre tres ejes: una reducción “a un ritmo más acompasado a la economía”, tanto de la deuda en relación con el PIB como de la exigencia de tener superávits estructurales en las fases de expansión; poner el foco en la composición del gasto público, para que contribuya al crecimiento, y que aquel sea compatible con los objetivos de la transición digital y ecológica.

Los temores de Javier Santacruz se centran en la negociación del procedimiento de déficit excesivo, el que se aplica a los países que superan el 3% y que puede terminar siendo “una batalla de todos contra todos”, así como en la del régimen sancionador a los incumplidores. “Veinte años de euro han dejado muchos muertos en el armario”, advierte, que pueden salir en un momento tan complejo como el que se avecina. El miedo de Jorge Tamames, en cambio, es que la reforma se quede corta: “La UE siempre ha sido tímida y conservadora”.