La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado este miércoles que el Gobierno va a cumplir con su compromiso de presentar los presupuestos, pero no ha dado fechas y ha querido insistir en que tener unas cuentas prorrogadas "no está suponiendo un problema".

En una entrevista en RNE, la también portavoz del Gobierno ha remarcado que el presupuesto prorrogado "no es cualquier presupuesto" y ha permitido poner en marcha "el enésimo escudo social" en estos últimos años, tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Se han puesto "encima de la mesa 5.000 millones que ya se están viendo en los bolsillos de la gente", ha dicho Saiz, quien ha querido dejar claro que tener un presupuesto prorrogado "no está siendo un obstáculo" para llevar a cabo políticas que pretenden "proteger a la gente y poner en el centro a la gente".

Preguntada por el plazo en el que podrían presentarse las nuevas cuentas, ha dicho textualmente "no me quiero pillar los dedos" con las fechas, pero ha garantizado que el Ejecutivo cumplirá con su compromiso.

En este sentido, ha recordado que ha estallado una guerra que tiene consecuencias mundiales y que se están monitorizando los efectos en el cuadro macroeconómico, en la previsión de ingresos y gastos, en cómo puede afectar a la inflación y cómo está funcionando el paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno.

Todas estas cifras, ha añadido, "tienen que servir para que el presupuesto que se diseñe sea adecuado a la situación del momento".

Ha hecho referencia a algunas comunidades autónomas que tienen un presupuesto aprobado y al mismo tiempo "se están produciendo recortes que están causando daño a la gente" y ha puesto el ejemplo de Andalucía, "con la crisis de los cribados y con tardar en diagnosticar una patología como el cáncer".

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este lunes que la intención del Ejecutivo es presentar los presupuestos de 2026 en el primer trimestre del año y que "de ninguna manera" la legislatura estará acabada si no salen adelante, según informa EFE.

En una entrevista en la Cadena SER, ha reconocido que el país atraviesa un momento "ciertamente oscuro y dificultoso" y por ello es "más importante que nunca" la tarea de "poner voz" a todas las medidas que está desarrollando el Gobierno.

Respecto a los nuevos presupuestos de 2026, Saiz ha dicho que la intención es presentarlos en el primer trimestre del año y que apelarán a la responsabilidad de los grupos políticos para que estén "al lado de un buen proyecto de presupuestos".

No obstante, ha reconocido que conlleva "un importante trabajo de negociación y de diálogo constante con las fuerzas políticas", un trabajo que "ahora mismo" se hace con "discreción" y "hacia adentro" para buscar los apoyos necesarios.

Preguntada por el caso concreto de Junts, la portavoz del Gobierno ha recordado que esta formación ya ha dicho que "las relaciones están rotas", pero ha querido dejar claro que el Ejecutivo trabaja todos los días "en recobrar la confianza de las fuerzas políticas que sustentan y que respaldan las diferentes propuestas".

"Eso es lo que estamos haciendo todos los días, trabajar por cumplir los acuerdos y por buscar acuerdos en torno a buenas medidas que mejoren la vida de la gente", ha subrayado la ministra portavoz, quien ha dejado claro que "de ninguna manera" la legislatura estará acabada si esos presupuestos no salen adelante: "Tenemos mucho que hacer todavía".

La ciudadanía tiene que ser consciente de todo lo que se está haciendo con unos presupuestos prorrogados "tan positivos", ha remarcado Saiz, quien ha añadido que se están poniendo en marcha medidas tan importantes como revalorizar las pensiones o prorrogar el escudo social.

Preguntada por el resultado del PSOE en las elecciones de Extremadura, en las que el partido ha perdido 10 escaños, la nueva portavoz ha argumentado que el fracaso de los socialistas se relaciona con la "deshumanización" de los políticos, llevada cabo por las derechas.

El Senado ha vuelto a plantear al Tribunal Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno, también a instancias del grupo popular, mayoritario en la Cámara, en esta ocasión por no haber presentado y remitido al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, según informa EFE.

Esta iniciativa parte de una decisión adoptada por el pleno de la Cámara Alta el pasado 22 de octubre, según recuerda la institución en un comunicado, cuando los senadores acordaron enviar un requerimiento al Gobierno para instarle a presentar el proyecto presupuestario, paso previo a la iniciación del conflicto. "Ante la falta de contestación por parte de la Presidencia del Gobierno, la Cámara Alta ha presentado formalmente ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre las dos instituciones", explica la nota del Senado.

Uno de los efectos que el PP pretende conseguir con la presentación de este conflicto -el Senado ya ha tramitado una docena en lo que va de legislatura- es que el Tribunal Constitucional fije un "plazo máximo" al Ejecutivo para que presente las cuentas públicas de 2026, además de anular las prórrogas que ha acordado desde 2023. 

Durante el debate plenario de octubre el PP tachó de "anomalía democrática" que el Gobierno no hubiera presentado los presupuestos, y tras una bronca discusión con reproches cruzados con los senadores de otros grupos, el requerimiento fue aprobado por 144 síes (todos del PP), 101 noes y 14 abstenciones.

El conflicto ante el Constitucional se sustenta en el convencimiento de que la falta de presentación del proyecto junto al "abuso indefinido de la prórroga presupuestaria" vulneran varios artículos de la Carta Magna. Porque, según los senadores, el no presentarlos incumple precisamente el cometido constitucional del gobierno de presentar cada año un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Por ello aseguran que las Cortes Generales "no pueden ejercer su competencia en materia presupuestaria" prevista en los artículos 66.2 y 134.1. y simplemente se "limita" la capacidad del Parlamento a modificar los textos o, en última instancia, aprobarlos o rechazarlos. Además inciden en que se habría vulnerado el artículo 23 de la Constitución, porque se impide la participación de los senadores en la función presupuestaria.

En cuanto al "uso abusivo" de la prórroga presupuestaria atribuido al Ejecutivo, con unas cuentas prorrogadas desde 2023, entiende que se hace "al margen" del Parlamento y contra la Constitución. Ante la falta de unos presupuestos actualizados, el gobierno asegura que pueden aguantar la legislatura hasta el 2027 ya que cuentan con los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).

En otro ámbito, el Senado entiende que existe una relación directa entre la no aprobación de los presupuestos y la pérdida de la confianza parlamentaria otorgada en la investidura, y afirma que los dos precedentes en los que los presidentes del Gobierno adelantaron las elecciones al no poder sacar adelante sus presupuestos constituyen una "convención constitucional".

Ello sucedió en 1995, cuando Felipe González disolvió las Cortes después de perder el apoyo de CiU para aprobar las cuentas públicas, y en 2019, cuando Pedro Sánchez hizo lo propio una vez que el Congreso rechazó su proyecto presupuestario.

En suma, el Senado solicita al Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado su atribución constitucional para participar en la aprobación de los presupuestos, para modificarlos y para controlar la acción del Ejecutivo y por abusar de las prórrogas presupuestarias.

En consecuencia, reclama que las prórrogas sucesivas de las cuentas de 2023 sean declaradas nulas y pide al tribunal que aclare los efectos jurídicos del posible reconocimiento de inconstitucionalidad y establezca un plazo máximo para que el Gobierno presente los presupuestos.

El Gobierno francés aprobó este lunes un proyecto de ley especial que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un Presupuesto estatal para 2026 mientras el Ejecutivo intenta negociarlo con la oposición parlamentaria antes del final de enero, informa EFE.

"Este es un paliativo, un esparadrapo, nos da algunas semanas suplementarias para negociar" con los grupos de la oposición en el Parlamento, manifestó la portavoz del Ejecutivo francés, Maud Bregeon.

Tras el Consejo de Ministros Extraordinario que aprobó la medida, Bregeon explicó que el presidente francés, Emmanuel Macron, juzgó que esta solución provisional de un ley especial "no es satisfactoria" y urgió al Gobierno a aprobar "lo más rápidamente posible, en enero" unos presupuestos estatales que incluya un déficit del 5% del PIB.

Para su adopción, este proyecto de ley tendrá que ser debatido y votado mañana en el Parlamento, en el que el Ejecutivo tiene una mayoría muy relativa. En una rueda de prensa en la que estuvieron también presentes el ministro de Economía y la de Hacienda, Roland Lescure y Amélie de Montchalin, respectivamente, alertaron del carácter provisional de una ley especial que permite a Francia "mantener que sus comisarías y escuelas sigan funcionando y que los funcionarios reciban sus salarios".

El Ejecutivo del primer ministro Sébastien Lecornu tenía de plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar unas cuentas para 2026, algo que no logró debido a las divisiones de la Asamblea Nacional francesa. Para lograr un acuerdo sobre la prórroga, estuvo recibiendo a lo largo de este lunes a los principales líderes políticos, excluidos los de la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que han rechazado todo contacto con el Gobierno.

Una ronda de conversaciones que sirve para constatar el acuerdo mayoritario para prorrogar las cuentas del año pasado y proseguir las negociaciones para el presupuesto de 2026. Los primeros en ser recibidos por Lecornu fueron los socialistas, que están sirviendo de apoyo para la continuidad del Gobierno, a costa de importantes concesiones que ponen en peligro el respaldo de los conservadores y de ciertos sectores del centro-derecha.

El líder socialista, Olivier Faure, acusó a la derecha de "rechazar todo compromiso" y aseguró que ellos mantendrán sus "exigencias", que pasan por "una mayor justicia social y evitar recortes en los servicios públicos".

Entre los partidos recibidos por Lecornu, Los Ecologistas adelantaron que no darán su aprobación para el actual plan presupuestario. También fueron citados en el Palacio de Matignon los líderes de la coalición 'macronista', los comunistas y la derecha conservadora.

Si todos ellos están de acuerdo en prorrogar los presupuestos de forma provisional, los puntos de divergencia son importantes sobre la adopción de unas nuevas cuentas, puesto que la derecha y miembros de la coalición 'macronista' rechazan las subidas de impuestos y apuestan por los recortes como única manera de equilibrar las cuentas.

A ello se une el plazo de un mes dado por Macron y los intereses electorales de los diferentes partidos de cara a la campaña de las elecciones municipales de marzo, lo que puede dificultar todavía más la búsqueda de compromisos.

Al tiempo, los diferentes organismos económicos alertan de los problemas que puede acarrear la prórroga de los presupuestos, si se extiende en el tiempo, y la necesidad de que las cuentas de 2026 sitúen el déficit por debajo del 5%.

El presidente del Tribunal de Cuentas, el exministro socialista Pierre Moscovici, aseguró que Francia debe cumplir la trayectoria presupuestaria que presentó a Bruselas, que pasa por una reducción progresiva del déficit para situarse por debajo del 3% del PIB en 2029, y consideró que de ello depende "la credibilidad" del país. También aseguró que no reducir el déficit en 2026 supondría tirar la pelota para adelante y recordó que en 2027 hay elecciones presidenciales, lo que hará más difícil todavía llegar a compromisos de recortes del gasto.

Cada 22 de diciembre, España se detiene frente al televisor. El bombo gira con su estridente aunque familiar tintineo de bolas, mientras los niños de San Ildefonso cantan números largos y millones de personas revisan sus décimos, esperando que algún cántico les conceda el milagro de la Navidad. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no es solo un sorteo, es un ritual colectivo que apela a la esperanza de un cambio de vida.

Sin embargo, este juego propone tanto ganadores seguros como perdedores casi garantizados. Mientras la mayoría de los jugadores recupera poco o nada de lo invertido, El Estado, las administraciones de lotería, las entidades bancarias y la industria televisiva y publicitaria no compiten con el azar.

El resultado del sorteo es secundario. Pase lo que pase, ellos siempre ganan El Gordo.

La Lotería de Navidad de este 2025 juega con un total de 198 series, cinco más que el año anterior. Cada una está compuesta por 100.000 números, lo que eleva a 198 millones la cifra de décimos puestos a la venta. Si dicha cantidad de boletos se vendieran en su totalidad, el Estado alcanzaría una recaudación bruta de 3.960 millones de euros.

De esa cantidad, el 70% se destina a premios, lo que supone que este lunes se reparten 2.772 millones de euros. El 30% restante queda en manos de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), cuyo margen se reparte entre costes de producción, distribución y gestión, así como otros gastos operativos. No obstante, su finalidad principal es el refuerzo de las arcas públicas.

SELAE es una empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda. Su propietario es el propio Estado y, por ende, la ciudadanía. Teniendo en cuenta que se trata de una de las empresas más lucrativas de España (con un beneficio neto de 2.437 millones de euros en 2024 según sus cuentas públicas) su papel como fuente de ingresos para el Estado resulta clave. Solo este año pasado, la compañía abonó 812 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades y transfirió al Tesoro Público 2.275 millones de euros.

Tal aportación se traduce en un plus en la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones o las políticas de empleo.

Aunque estos resultados proceden del conjunto de sorteos que gestiona la entidad, el Sorteo Extraordinario de Navidad mueve por sí solo más dinero que las ventas combinadas de Euromillones, Lotería Primitiva y Bonoloto.

A esta recaudación hay que sumar la retención de Hacienda, que grava con un 20% la parte del premio que supere los 40.000 euros. En la práctica, esto se traduce en una retención de 72.000 euros por cada décimo premiado con El Gordo, 17.000 euros por cada segundo premio y 2.000 por cada tercer premio. 

De este modo, el verdadero impacto del 22 de diciembre se produce en la economía pública. La tradición nacional se convierte en un mecanismo indirecto de recaudación mediante el cual millones de personas aportan voluntariamente recursos al Estado, sin que ello se perciba como una carga fiscal adicional.

Los loteros son la pieza clave en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Sin embargo, la magnitud del concurso no les asegura la mejor rentabilidad, puesto que no perciben ningún porcentaje adicional por la venta de los grandes premios.

Sus ingresos proceden de una comisión fija por venta, en concreto el 4,5% del precio de cada décimo, lo que equivale a 0,90 euros por boleto. No hay excepciones ni existe ninguna bonificación ligada al importe del premio.

Sin embargo, sí se permite una remuneración adicional en la gestión del pago de los premios. Los establecimientos cobran una comisión por abonar los décimos premiados, fijada en un 2,5% cuando el importe anual pagado en premios no alcanza los 200.000 euros. A partir de esa cifra, la comisión se reduce al 1,25%. 

Más allá de los ingresos directos, que un premio importante recaiga en una administración suele traducirse en un beneficio intangible: visibilidad y reputación. La notoriedad asociada a haber vendido un gordo actúa como reclamo y suele provocar que aumente la afluencia de clientes en los años posteriores. El azar se convierte en una forma de publicidad difícil de cuantificar, pero su impacto puede generar fenómenos como el de Doña Manolita en Madrid, con estimaciones de venta cerca de 70 millones de boletos (según Business Insider España), que equivale a ganar 157 premios de El Gordo.

Entre los beneficios mencionados, la Lotería de Navidad también se convierte en un puente entre entidades bancarias y segmentos de clientes de alto valor. Aunque los bancos no obtienen ingresos directos por el pago de los premios de la Lotería de Navidad, el sorteo sí genera beneficios indirectos relevantes.

Los premios superiores a 2.000 euros solo pueden cobrarse en bancos autorizados por Loterías y Apuestas del Estado, como BBVA o CaixaBank. En muchos casos, el premiado no era cliente del banco previamente, de modo que el cobro del décimo se convierte en una oportunidad de captación de nuevos clientes.

Una vez ingresado el premio, el dinero suele permanecer durante un tiempo en el sistema bancario. Esa liquidez adicional refuerza el balance de la entidad y puede ser utilizada para concesiones de créditos o inversiones.

Además, tras el cobro del premio, las entidades suelen ofrecer servicios de asesoramiento financiero, como cuentas de ahorro, depósitos, fondos de inversión o productos de banca privada. Una parte de los ganadores acepta este acompañamiento, lo que se traduce en ingresos a medio y largo plazo a través de comisiones de gestión o inversión.

Este sorteo no es solo una cita con la suerte, sino uno de los mayores acontecimientos mediáticos del año en España. La retransmisión en directo, liderada por RTVE y seguida también por otras cadenas, se sitúa año tras año entre los programas más vistos de la temporada. En 2024, el sorteo congregó a más de 8 millones de espectadores, según datos de Kantar Media, monopolizando la atención televisiva durante toda la mañana.

Esta audiencia masiva convierte el espacio en un escaparate publicitario privilegiado, que permite a las cadenas vender los bloques de anuncios a precios superiores a los habituales. Según estimaciones de Infoadex, la inversión en publicidad relacionada con la Lotería de Navidad puede superar los 20 millones de euros cada año solo en medios tradicionales.

No solo eso, el fenómeno del Sorteo de Navidad ha sido aprovechado para la construcción de relatos memorables. Desde hace más de una década, su anuncio oficial se ha consolidado como uno de los acontecimientos publicitarios más esperados del año, hasta el punto de marcar simbólicamente el inicio de la Navidad en España. Anuncios como Carmina (2016, sobre una maestra jubilada que cree haber ganado el décimo), El bar de Antonio (2014, cuyo lema fue "El mayor premio es compartirlo") y Justino (el primer spot de animación de la Lotería de Navidad) han provocado lágrimas en más de un telespectador y han revolucionado el imaginario español sobre la Navidad.

Ninguno de los beneficios que genera este fenómeno sería posible sin los jugadores, el verdadera actor imprescindible de este esquema. Aunque, paradójicamente, rara vez gana un premio.

Según las predicciones de consignación publicados por Loterías y Apuestas del Estado para 2025, cada español habría gastado de media 76,08 euros en el Sorteo de Navidad, 2,2 euros más que el año anterior.

Las razones de este desembolso van mucho más allá de la mera expectativa matemática de ganar. Con unas probabilidades tan bajas (1 entre 100.000 de acertar El Gordo), no tendría sentido que la expectativa se centrara únicamente en el premio. Realmente, la Lotería de Navidad se ha convertido en una narrativa relacionada con la superstición, el costumbrismo y la oportunidad de compartir la ilusión con los seres queridos.

Pero, ¿es una pérdida de dinero? Aunque la mayoría de jugadores no vea el dinero llegar a su bolsillo, este no desaparece.

Como se explicó anteriormente, la Lotería de Navidad promete otros beneficios más allá del décimo agraciado. El jugador realiza una aportación indirecta al sistema del que se beneficia como ciudadano, por lo que la pérdida individual se transforma en un retorno colectivo.

Desde esta perspectiva, todos ganan.

Los diputados franceses adoptaron de forma definitiva los presupuestos de la Seguridad Social para 2026, lo que abre la puerta a la secuencia de adopción de los presupuestos generales para el año próximo que el Ejecutivo cuenta con aprobar antes del 31 de diciembre, informa EFE.

En total, votaron a favor del texto 247 diputados, frente a los 232 que lo hicieron en contra, un margen de quince votos, dos más de los que habían salvado el texto en primera lectura hace una semana. El proyecto había sido masivamente rechazado en el Senado, donde la derecha y el centro-derecha tienen una amplia mayoría.

Hasta el último momento se había mantenido el suspense sobre esta nueva votación, porque la formación La Francia Insumisa había incrementado la presión sobre los ecologistas para que se opusieran al proyecto, tras haberse abstenido en primera lectura. Pero finalmente mantuvieron su primera postura, lo que permitió al primer ministro, Sébastian Lecornu, confirmar un triunfo que le permite seguir en el puesto, pese a que su futuro inmediato sigue sujeto a muchas incertidumbres.

El jefe del Gobierno tuvo que hacer muchas concesiones a los socialistas, en particular la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 que retrasaba dos años la edad mínima de jubilación.

Esas medidas generaron división en el seno de la coalición macronista y elevaron el gasto previsto en unos 5.000 millones de euros, lo que pone en peligro el compromiso de situar el déficit público en el 5% que París había adquirido con Bruselas para retornarlo al 3% en 2029.

Lecornu deberá ahora encontrar acuerdos para adoptar los presupuestos generales del Estado antes de que acabe el año, una tarea que no parece sencilla. Los diputados rechazaron en primera lectura el proyecto inicial, que sin embargo, fue adoptado por el Senado.

Una comisión mixta de ambas cámaras debe reunirse este viernes para acordar un texto que debería ser votado la semana siguiente. Tan difícil parece que se logre un compromiso aceptable, que cada día son más las voces que piden a Lecornu que utilice el mecanismo constitucional que le permite adoptar los presupuestos sin voto parlamentario.

Algo a lo que el primer ministro se comprometió a renunciar para dar carta de naturaleza a la negociación parlamentaria, pero a lo que puede recurrir si de esta no sale un proyecto mayoritario. En caso de adoptar las cuentas sin voto, la oposición puede presentar una moción de censura, cuyo resultado sería muy delicado para un Lecornu que carece de mayoría en la cámara baja.

Podría correr así la misma suerte que sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier, que perdió una moción de censura en diciembre de 2024 tras apenas tres meses en el cargo, y el centrista François Bayrou, que cayó en una moción de confianza en septiembre pasado.

El Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar este jueves la senda de déficit propuesta por el Gobierno, pero ha aprobado subida salarial para los empleados públicos, esta última, con el apoyo del PP. El rechazo a la senda pone fin a los trámites previos a los presupuestos y deja vía libre al Gobierno para presentar las cuentas del próximo año.

Los objetivos de estabilidad han sido rechazados por 177 votos en contra -los de PP, Vox, Junts y UPN-, 166 a favor y 5 abstenciones (Podemos y la exdiputada de Sumar Àgueda Micó), en línea con la votación de la primera senda a finales de noviembre.

A pesar de este resultado, con esta segunda votación quedan cumplidos los trámites previos a los presupuestos y el Gobierno ya podría presentar las cuentas del próximo año en cualquier momento, ajustadas a los objetivos de estabilidad incluidos en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el pasado año en lugar de a los rechazados este jueves.

Estos objetivos son los mismos a nivel global -que el déficit público baje al 2,1% del PIB en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028-, pero con un reparto distinto entre subsectores, más estricto para las comunidades autónomas.

Con este rechazo, las comunidades autónomas tendrán que cerrar en equilibrio presupuestario en lugar de con un déficit del 0,1% del PIB como planteaba la senda, lo que equivale a perder un margen de gasto que Hacienda cifra en 5.485 millones en el periodo 2026-2028 y que podría ser aprovechado por el Estado.

La votación no afecta al techo de gasto del Estado para 2026, que no necesita el aval de las Cortes, y que continúa fijado en 216.177 millones (incluidos 4.151 millones de fondos europeos), un 8,5% más.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado que haya partidos "instalados en el no por el no" y, más concretamente, que el PP perjudique a las propias regiones que gobierna al votar en contra.

El diputado del PP Juan Bravo ha criticado que el Gobierno quiera aumentar el gasto a costa de "más impuestos y más deuda", a lo que el diputado de Vox Pablo Sáez ha añadido que la reducción del déficit solo es posible con "un importante aumento de la presión fiscal" y el diputado de Junts, Josep María Cruset, que se trata de la misma senda que ya fue rechazada.

Los socios del Gobierno han mostrado su apoyo para avanzar hacia los presupuestos, aunque ERC ha pedido un reparto más justo de los objetivos de déficit y Bildu ha criticado las "carencias" de la senda por las restricciones de Bruselas, un punto en el que ha coincidido con PNV, que ha cargado contra la regla de gasto.

Podemos ha mantenido su abstención en protesta por el gasto en defensa y la diputada Micó porque no hay un trato "justo" para los valencianos.

El Gobierno prevé presentar el proyecto de presupuestos en torno a febrero del próximo año, lo que obligará a prorrogar por tercera vez las cuentas de 2023, que son las actualmente vigentes.

"El Gobierno está trabajando justamente con la aprobación del techo de gasto para presentar, a la mayor brevedad posible, el proyecto de presupuestos", ha insistido Montero, unas cuentas que seguirán compatibilizando la responsabilidad fiscal con "políticas progresistas que amplían derechos y corrigen desigualdades".

En cuanto a la subida salarial del 2,5% para 2025 y del 1,5% para 2026 para los 3,5 millones de empleados públicos, ha salido con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP, y pese a los votos en contra de Vox.

Con 309 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, el real decreto ha sido convalidado y se tramitará como proyecto de ley, permitiendo que en el sector público estatal la subida de 2025, incluyendo los atrasos desde el pasado 1 de enero, se haga efectiva en una nómina adicional este mismo mes, lo que afectará a 540.000 empleados públicos.

El resto de las administraciones públicas tendrán que establecer el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025. 

En cuanto a 2026, a la subida del 1,5% se podría sumar otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC ese año es igual o superior al 1,5%.

En su intervención, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que los empleados públicos merecen "buenas condiciones" y ha recordado que las subidas forman parte de un acuerdo marco sellado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que contempla un incremento del 11 % para el periodo 2025-2028.

A los incrementos de 2025 y 2026 se añadirá un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. "Más servidores públicos, mejor remunerados, más Estado del Bienestar", ha subrayado López.

Los socios habituales del Gobierno han apoyado la medidas aunque con algunas críticas, mientras que Junts, que no ha intervenido, se ha abstenido en la votación.

BNG y EH Bildu han cuestionado que en la negociación del acuerdo marco se dejará fuera a sindicatos territoriales como ELA, LAB y Ciga y han apuntado a la necesidad de fijar subidas y salarios "acordes al territorio".

Pese a su voto a favor, el diputado del PP Ángel Ibañez ha cargado con dureza contra la forma de negociar y aprobar esta subida "tarde, mal y sin diálogo con las administraciones territoriales".

También ha afeado que el acuerdo, que se extiende hasta 2028, condicione "las políticas retributivas de futuros gobiernos" y ha cuestionado el interés de un Ejecutivo que "ha usado la función pública para colocar amiguitas".

Vox ha cargado contra la forma de articular esta subida y ha reprochado "la incertidumbre e improvisación" con la que trabaja el Gobierno.

Igualmente, se ha aprobado este jueves la ley de servicios de atención a la clientela, que incluye la atención en catalán, euskera y gallego a la ciudadanía de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, así como el bloqueo de las llamadas spam y garantizar la atención humana. La Cámara Baja ha dado luz verde a una ley que inició su andadura en 2011 y ha necesitado más de una década para culminar su camino.

El Congreso de los Diputados ha tumbado la mayoría de enmiendas introducidas por el PP en el Senado, que pretendían limitar la atención en lenguas cooficiales así como ampliar los tiempos de espera máximos para atender llamadas.

Sin embargo, el respaldo de PP, Vox y Junts ha hecho que las restricciones a la publicidad del juego hayan decaído del texto legal, entre ellas, prohibir la presencia de personajes populares en estos anuncios y limitar esta publicidad en redes sociales.

Con esta legislación, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico y garantizar que el 95% de las llamadas que reciban sean atendidas en una media de tiempo inferior a tres minutos y no se podrán atender sólo por contestadores automáticos o inteligencia artificial, siempre deberá existir la opción de hablar con un operador humano.

Asimismo, las reclamaciones de los clientes deberán ser atendidas en un plazo máximo de 15 días. Y las empresas de más de 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros tendrán que ofrecer atención a la clientela en las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde el catalán, el euskera o el gallego sean lengua cooficial.

Sobre la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad solo han votado a favor del veto los diputados de Junts, mientras que PP y Vox se han abstenido. El resto -hasta 171 votos con PSOE, Sumar, ERC, PNV, Coalición Canaria y EH Bildu- han votado en contra. Se ha votado tras rechazar la enmienda a la totalidad de devolución presentada por Junts, ya que el PNV ha retirado finalmente la suya para incluir cambios durante su tramitación que eliminen invasión de competencias.

Bustinduy, se ha comprometido a que la reforma cuente con "la financiación necesaria para ser viable y salir adelante" y ha agradecido la colaboración y el apoyo unánime de las entidades sociales, muchas de ellas presentes este jueves en el hemiciclo.

"Este país lo necesita y lo vamos a necesitar cada uno de nosotros", ha aseverado Bustinduy, quien ha recalcado que la reforma "no es del ministerio, ni del gobierno de coalición, sino del país" y con el empuje de las asociaciones.

Para Junts "es una contundente invasión competencial" y con "una visión centralista y sin ningún tipo de garantía sobre los recursos económicos necesarios", ha señalado Josep Maria Cruset Domènech.

El diputado catalán ha lamentado la presión a Junts para apoyar una ley "pésima" para Cataluña. "No nos hará movernos de la defensa de los catalanes", ha aseverado Cruset, quien ha añadido que no regalan sus votos "a cambio de nada" o "de una ley nefasta".

El PNV ha retirado su enmienda a la totalidad pese a que sigue manteniendo que la norma "no respeta el ámbito competencial", ha argumentado Maribel Vaquero, aunque pedirá una decena de cambios competenciales a través de enmiendas parciales "que además introduzcan mejoras".

El diputado del PP Enrique Belda ha trasladado en el debate el "firme compromiso" de su líder, Alberto Núñez Feijóo, con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aunque ha advertido que "sin los presupuestos se cae todo el edificio de los derechos que se están articulando".

El PSOE ha dicho no entender por qué Junts ha pedido la retirada de la reforma que persigue afianzar derechos y que cuando cuenta con el respaldo de las entidades sociales catalanas: "Las personas con dependencia nos están esperando, estemos a la altura".

Desde Sumar, Lander Martínez ha argumentado que el texto puede mejorarse en la tramitación: "Es una ley de país construida con los movimientos sociales, como ley de país hagamos de un consenso social un consenso político".

"Invade competencias, pero se puede solucionar", ha señalado Jordi Salvador, de Grupo Republicano, quien ha advertido que "sin financiación quedará en papel mojado".

También EH-Bildu ha defendido mejorar "lo necesario" con enmiendas: "Espero que esta vez sí se cumplan los compromisos y respeten las competencias de los territorios históricos", ha dicho Isabel Pozueta.

Noemí Santana, de Coalición Canaria, ha apoyado la tramitación. "Esperamos que más allá de las palabras bonitas, sea una ley para garantizar derechos". Para Vox "no es esta la reforma de la dependencia que necesita España", ha aseverado Rocío de Meer.

El ministro de economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este lunes en el Congreso que el Gobierno elevará dos décimas, hasta el 2,9%, el crecimiento previsto para la economía española en 2025. Lo ha hecho en la comisión para dar cuenta de los avances del Plan de Recuperación, y ha confirmado, además, que el avance estimado para 2026 se mantendrá en el 2,2%.

El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico que acompañará a la senda de déficit público, prevista de aprobación por parte del Gobierno, según ha confirmado Cuerpo este lunes. La cifras de crecimiento económico y de déficit público son la base para el cálculo del techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2026, que también tienen previsto aprobarse este martes en el Consejo tras tres años de parálisis.

La revisión del crecimiento del PIB se produce dos meses después de que el Gobierno elevara una décima, al 2,7%, su previsión para 2025, una actualización que tuvo lugar días antes de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) corrigiera al alza el crecimiento económico de 2024, hasta el 3,5%, momento a partir del cual las previsiones para España de organismos nacionales e internacionales se han ido acercando al 3%. Conforme a las cifras revisadas por el INE, el producto interior bruto (PIB) creció un 1,1% en el primer trimestre, un 0,9% en el segundo y un 0,8% tanto en el tercero como en el cuarto.

En 2025, el PIB ha registrado avances trimestrales del 0,6% en el primero, del 0,8% en el segundo y del 0,6% en el tercero, en un contexto de contracción del sector exterior por la caída de las exportaciones, después de que el anuncio de aranceles por parte de Estados Unidos generase un adelanto de las ventas al exterior en un primer momento.

Pese al difícil contexto exterior, la Comisión Europea también ha elevado su previsión para España al 2,9% en 2025 y al 2,3% en 2026, un avance que estará impulsado por la demanda interna, en particular por el consumo de los hogares y la inversión. Las previsiones de otoño de Bruselas mantienen a España como la economía que más crece en la zona euro.

Para 2026 el Gobierno ha decidido mantener en el 2,2% el crecimiento previsto, aunque el ministro Cuerpo ve posible revisarlo al alza en los próximos meses si la economía española mantiene el pulso como lo está haciendo. "Si terminamos este año en torno al 2,9% de crecimiento, ya tendremos de saque un 1,1% de efecto arrastre, con muchas probabilidades de seguir actualizando al alza esas previsiones", ha dicho Cuerpo.

"(Somos) muy optimistas con respecto a la evolución, y con el objetivo principal de que estas cifras de crecimiento se traduzcan en el día a día de los de los hogares con mejoras en cuanto a reducción de la desigualdad y de los indicadores de pobreza", ha añadido.

En ese sentido, ha afirmado que llevará "como novedad" al Consejo de Ministros "indicadores de desigualdad para que veamos efectivamente que hay una conexión enorme entre cómo va la economía y cómo le va en el día a día a los a los ciudadanos".

Junts ha anunciado este jueves que ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso y que hará lo mismo con las que lleve al parlamento en el futuro, incluidos los presupuestos generales del Estado, una medida con la que asegura queda "bloqueada" la legislatura.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha subrayado que sin los votos de su formación "no se pueden aprobar leyes" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe "desde el primer día" que su partido no vota para garantizar la "estabilidad" de España sino a favor de los intereses de Cataluña.

Nogueras ha explicado que Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y que vetará también las nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

Ha enfatizado que el Gobierno no podrá aprobar los presupuestos para el próximo ejercicio ni el techo de gasto, a menos que "una sus votos con el PP y Vox".

El Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa", ha insistido Nogueras, quien ha añadido que este paso de Junts es un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar y ha recordado que su formación no pide "favores" sino "coherencia" y que se cumplan los acuerdos.

Nogueras ha remarcado que el presidente Pedro Sánchez “debería dar explicaciones en el Congreso” sobre cómo piensa gobernar a partir de ahora. La portavoz ha recordado que el PSOE y Sumar no solo deben explicaciones a Junts, sino a todos los catalanes, e insistió en que Cataluña debe recibir lo que le corresponde. “Nuestra responsabilidad —que debería ser la de todos los servidores públicos catalanes— es hacer lo necesario para que eso ocurra”, dijo. “Es inaceptable que los partidos catalanes, los 19 diputados socialistas catalanes y el Gobierno de Cataluña, con el presidente Illa al frente, no hagan nada ante la deuda, la falta de respeto y el menosprecio constante del gobierno español hacia Cataluña".

Ante esta situación, el Ejecutivo ha insistido en los argumentos que expuso después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, informase de que su partido rompía el acuerdo al que había llegado con el PSOE al inicio de la legislatura.

"Mano tendida siempre", han subrayado fuentes del Gobierno a EFE tras conocer el nuevo paso dado este jueves por Junts. Han insistido también en que las iniciativas incluidas en el acuerdo de investidura con Junts que dependían en exclusiva del Gobierno, o se ha cumplido o están en vías de hacerlo.

En esa línea, han subrayado que el Ejecutivo mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Han insistido asimismo en que el Gobierno cumple con sus compromisos y han recalcado que siempre lo ha hecho.

El PP ha resaltado que "el Senado no debe admitir ni tolerar" que el Gobierno falte a su "deber constitucional de presupuestar", según ha expuesto en su iniciativa de plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no presenta un proyecto de ley presupuestaria para 2026.

Esa iniciativa del PP de requerir al Gobierno a aprobar el proyecto, que serviría como aviso antes de plantear el conflicto, será votada en el pleno del Senado el próximo miércoles.

En una nota de prensa este viernes, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado que la intención es "forzar" al Gobierno a que remita a las Cortes el proyecto de presupuestos para 2026.

En el texto de la propuesta, de veinte páginas, al motivar jurídicamente el requerimiento, el PP expone que el Senado no debe admitir ni tolerar la ausencia de proyecto presupuestario cuando ha pasado el plazo constitucionalmente establecido (30 de septiembre), "ni tampoco puede admitir la práctica fraudulenta de modificación presupuestaria al margen del Parlamento como consecuencia de la falta de presupuestos".

En ese sentido, el comunicado del PP destaca que "la prórroga injustificada y continuada de los presupuestos atenta contra los derechos de los senadores de trabajar para debatir, enmendar y votar" la ley presupuestaria.

Previsiblemente el requerimiento será aprobado por el pleno del Senado este próximo miércoles y el conflicto se planteará si el Gobierno contestase de forma negativa o bien no respondiese en el plazo de un mes, ni aprobara el proyecto de ley.

Si este conflicto de atribuciones llega al Tribunal Constitucional, será el octavo que envía el Senado contra el Gobierno y el Congreso esta legislatura.

En las catorce legislaturas anteriores esta figura de resolución de conflictos entre órganos constitucionales solo había sido empleada en cinco ocasiones.

Lo ha dicho Oscar López en la entrevista dominical de este diario: "habrá legislatura larga". También habrá más polarización y una nube tóxica, gracias a la Vox Factory que se extenderá hacia las solitarias llanuras del PP, con un Feijóo más aislado, dentro y fuera de las fronteras de su propio partido, cada día más disgregado gracias a Carlos Mazón en Valencia (y al Club de las Pitiusas). Habrá legislatura larga pero ¿habrá presupuestos? Algún veterano exministro que aupó a Sánchez a la Secretaría General contaba la semana pasada en la cafetería del Congreso que sí los habrá. ¿Son imprescindibles? Todo indica que no. 

La economía española se hace soluble en una imagen, la de Pedro Sánchez subido a un tren bala superando la velocidad de sus propias previsiones. La Comisión Europea, sobre los presupuestos, no ha dicho nada. Conviene recordar, en cambio, lo atenta que sí estuvo a la renovación del CGPJ. Para la Comisión Europea, las cuentas del país son irrelevantes siempre que España mantenga su crecimiento y garantice más inversión en seguridad y defensa. 

Sánchez afronta la legislatura hasta el 2027 como el agente Ethan Hunt en la cinta dirigida por Brian de Palma, una perfecta síntesis retromaníaca entre el cine de Hitchcock, las novelas de Le Carré y las películas traducidas al pop de James Bond inspiradas en los relatos de Ian Fleming. La saga cinematográfica de Misión Imposible tuvo un lejano origen televisivo: la brillante serie creada en 1966 por Bruce Geller, 50 concisos minutos preñados de delirantes e intrincadas tramas de espionaje que avanzaban al frenético ritmo de la mecha explosiva que inmortalizaron sus cabeceras pegadas al mítico tema de Lalo Schifrin. Conviene leer la prensa mientras se escucha el tema firmado en sus diferentes versiones, una pieza que rezuma tensión e incertidumbre y resume la realidad política desde otra óptica. A veces, la clave de una época nos la ofrece una simple melodía.

Misión Imposible fue una buena síntesis del cine de espías para un mundo que no tardaría mucho tiempo en adivinar desde el balcón a centenares de drones bajo el cielo caido de Kiev, pandemias larvadas en los manglares de Birmania o guerras híbridas consagradas desde un teléfono móvil desde Moscú. Sánchez/Hunt aborda el horizonte político de este país afilando su existencia y nuestras sospechas en cada segundo del día, mientras corre la mecha larga de esta caótica legislatura. 

Lo bueno de las sagas, como en las series de televisión, es que hacen necesarios determinados tropos para que el espectador pueda abrazarse a ciertas certezas sin las cuales la realidad sería pura intemperie, un lugar inhóspito en el que vivir sería realmente insoportable. Todo el cine de acción de Tom Cruise nos remite a la icónica imagen de Harold Lloyd colgado de las agujas de un reloj. Quizá haya más afinidad entre el genio del cine mudo y Sánchez del que sospechamos entre el presidente del gobierno y Cruise. Las simpatías que depositamos en las dos figuras del cine residen precisamente en su capacidad para convertir la proeza imposible en un instante reconocible, vivido y celebrado anteriormente, mientras que el gobierno de coalición ha logrado convertir las sucesivas votaciones imposibles en un destilado de empatía política entre el electorado progresista, quizá porque el verdadero suspense no reside en la acción sino en el lenguaje, donde realmente se trenzan los límites de la lealtad, la traición, el pragmatismo y ciertas dosis de hipocresía, ocultas bajo un abrigo de sofisticada elegancia. 

El macguffin de Misión Imposible siempre ha sido un código, una serie de números o de artefactos convertidos en el motor de toda la acción. En la política española, los Presupuestos Generales del Estado han sido ese macguffing que, en algún otro momento de nuestra historia, también fueron la llave para garantizar toda una legislatura. Hoy no es así, pero como publicaba infoLibre este lunes, hay varias razones por las que es casi seguro que no habrá presupuestos generales. La falta de acuerdo sobre la senda de déficit, el aumento en Defensa que ha posicionado en contra a Podemos, el aumento de los ingresos o las demandas de ERC y JUNTS.

Sumar ha encendido la mecha y le ha encargado a Pedro Sánchez la misión imposible de presentar sus presupuestos antes de que concluya el mes de abril. Seguro que ya comienzan a escuchar la sintonía de Schifrin. La tarea, aparentemente improbable, sucede en mitad de un debate sobre el rearme de Europa. Habrá legislatura larga y la aprobación o la caída de los PGE será un buen medidor de la posición que ocupan las fuerzas políticas parlamentarias que apoyaron la investidura del Presidente del Gobierno. La votación servirá para medir las flaquezas del PSOE y del PP pero también las de Sumar, Podemos, Junts y PNV reunidos frente a Vox. Conviene estar atentos y no despistarse del camino, porque en toda saga de espías, una misión suele ocultar otra latente y, generalmente, más importante, que trasciende más allá del momento presente, anticipando lo que vendrá tiempo después. Conviene saber que quien reclame más inversión en seguridad y defensa para una Europa geopolíticamente más autónoma debe asumir que es tan necesaria como la inversión en vivienda social para la España plurinacional que pretende continuar aprobando políticas de progreso, la misma España que lidera la economía de la UE y gana el 90% de las votaciones en la Corte de los Leones. Esa es la ballena lenta, el submarino nuclear y silencioso cuyo radar nos permitirá determinar si en 2027 volverá a conjurarse la investidura de un gobierno progresista o aterrizará finalmente otro que conjugue los programas de PP y Vox. Evitar ese escenario es, con absoluta certeza, la verdadera misión.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha estimado este jueves que el reparto de los 4.000 menores migrantes no acompañados empezará "en la primera quincena de abril".

Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3, recogida por EFE, en la que ha señalado que los datos que ofreció Junts per Catalunya (JxCat) sobre el reparto de menores "son una simulación" porque en el real decreto ley "no aparece ni un solo número".

Torres ha recordado que las comunidades tienen hasta el lunes 31 de marzo para aportar el número de menores que están atendiendo en sus autonomías, y que, a partir de ahí, habrá una redistribución en la Conferencia Sectorial que se convocará con ese objetivo.

Sobre los presupuestos generales del Estado, el ministro ha comentado que están trabajando para presentarlos y hacerlo "cuanto antes", que su voluntad era hacerlo en el primer trimestre y que no renuncian a poder hacerlo en 2025.

Tras incidir en la importancia de tener presupuestos, no solo para el Gobierno sino también para las comunidades y las corporaciones locales, ha apuntado que tienen claro que para eso necesitan el apoyo de los grupos parlamentarios. 

Ha apuntado, no obstante, que si finalmente no cuentan con esos apoyos caminarán con los acuerdos que están tomando en el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó este jueves a la Unión Europea (UE) hacer pedagogía para explicar que el aumento del gasto en seguridad que se necesita no se ciñe a un término utilizado como el de "rearme" y que ratificó que no le gusta. En la rueda de prensa que ofreció tras la reunión del Consejo Europeo y que recoge EFE, reiteró el rechazo que antes de asistir a la cumbre había manifestado respecto a la palabra "rearme" del plan previsto por la Comisión Europea.

A su juicio, se trata de una aproximación incompleta al desafío que Europa tiene ante sí y la defensa solo se puede explicar en un concepto más amplio como el de seguridad. Señaló que, por ejemplo, hay amenazas distintas en el este que en el sur de Europa, que dijo que puede ser objeto de ataques híbridos ante los que es necesario reforzar la ciberseguridad. La lucha contra el terrorismo, la inestabilidad en el Mediterráneo o la emergencia climática son aspectos que subrayó que también hay que tener en cuenta.

Por ello, consideró necesario hacer pedagogía y dejar claro que cuando ahora se habla de seguridad y defensa se está hablando fundamentalmente de tecnología. En muchas ocasiones, precisó, de "tecnología de doble uso", porque explicó que, por ejemplo, se puede invertir en drones utilizables tanto en casos de conflicto como para luchar contra los incendios.

Pero su discrepancia con el término utilizado por la Comisión no impidió que reiterara su pleno compromiso con la necesidad de gastar más en defensa y con la meta de que España llegue antes de 2029 al 2% de su PIB en gasto en ese ámbito.

Sánchez aseguró que está razonablemente satisfecho por el hecho de que tanto las conclusiones sobre defensa de la cumbre europea del pasado 6 de marzo como el Libro Blanco sobre la Defensa presentado por la Comisión Europea o la cláusula de escape de las reglas fiscales recogen buena parte de las demandas de España.

Volvió a reclamar que haya subvenciones y no sólo préstamos a los países para su gasto en defensa, aunque tal y como dejó claro en su viaje de este mes a Finlandia, respaldó que son países como los nórdicos y bálticos los que deben acceder a ellas de forma prioritaria.

En su defensa del sistema multilateral y después de que los líderes hayan compartido un almuerzo de trabajo con el secretario general de la ONU, António Guterres, Sánchez resaltó la trascendencia que va a tener la IV Conferencia Internacional para el Desarrollo que se va a celebrar este verano en España y, en concreto, en la ciudad de Sevilla. Según el presidente del Gobierno, los Veintisiete respaldan que de la cumbre española salga un compromiso ambicioso y firme de la comunidad internacional para mejorar el sistema de financiación al desarrollo.

Respecto a Ucrania, insistió en la necesidad de una paz justa y duradera y reprochó al presidente ruso, Vladímir Putin, sus maniobras dilatorias para seguir con sus objetivos "neoimperialistas".

También se refirió a la situación de Gaza para condenar el ataque "atroz e inaceptable" de Israel contra civiles y defender la solidaridad con el pueblo palestino y la apuesta por la solución de los dos Estados. "Aquellos que dicen que no quieren esa solución, ¿qué alternativa ponen encima de la mesa?, ¿la deportación masiva de gazatíes?", se ha preguntado.

En su análisis de la situación económica europea destacó el crecimiento que experimenta España, que dijo que es totalmente compatible con la descarbonización y la cohesión social. Los Veintisiete pospusieron una decisión sobre aranceles a Estados Unidos y Sánchez respaldó intentar llegar a un acuerdo para evitar una guerra comercial, pero en caso de que sea una realidad, reiteró que Europa tendrá que responder unida y de manera proporcionada y rápida.

Ya en materia doméstica, Sánchez ha asegurado que no se rinde para intentar aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado y que están hablando con los grupos para ello, pero ha recalcado que, con los vigentes, España ya lidera el crecimiento económico en Europa. El líder del Ejecutivo ha ratificado la intención de consensuar unas nuevas cuentas del Estado pero ha asumido que si no se aprobaran otros presupuestos, se prorrogan los vigentes.

El presidente del Ejecutivo ha afirmado que el Gobierno está trabajando con los grupos para conseguir los apoyos necesarios a los presupuestos. "No renunciamos. Lo que hacemos es trabajar con ellos (...) No nos rendimos. Por supuesto que queremos aprobarlos", ha insistido.

No obstante, ha remarcado que con los actuales presupuestos, los prorrogados de 2023 y que fueron preparados por su Gobierno en la anterior legislatura, España lidera el crecimiento y la creación de empleo de las principales economías y el Ejecutivo está dando respuesta a muchas políticas sociales a las que se comprometió en los acuerdos de investidura.

Ante la insistencia de los periodistas por saber qué ocurriría si no puede aprobarse un nuevo texto presupuestario es cuando ha contestado que se prorrogan los presupuestos, descartando así un posible escenario de adelanto electoral. "Sin ninguna duda. Porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad y seguir haciendo una política económica que está sentando bien a las empresas, a la economía española, al empleo en nuestro país y a Europa", ha añadido.

Al hilo de ello ha recordado que España representa el 50% del crecimiento económico de la UE y el 30% de los nuevos empleos que se crean en la Europa comunitaria.

El mensaje oficial de que el Gobierno va a intentar aprobar los presupuestos es el repetido por todos los ministros pese a que reconocen también la dificultad de lograrlo, tal y como volvió a poner de manifiesto el pasado martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Fuentes del Gobierno han apuntado esta semana que el horizonte temporal que se plantean para decidir si renuncian a los presupuestos en caso de no contar con los apoyos necesarios es el mes de mayo. El año pasado fue el 13 de marzo cuando el Ejecutivo hizo pública su decisión de desistir de presentar las cuentas del estado de 2024 y trabajar para intentar aprobar las del 2025. Ante la dificultad para aprobar los presupuestos, Sánchez ya dejó claro en enero, con motivo de su participación en el Foro Mundial de Davos, que se encuentra cómodo con los actuales prorrogados de 2023 porque fueron hechos por su Gobierno progresista en la pasada legislatura.

Sánchez también ha aprovechado la rueda de prensa desde Bruselas para calificar de "lamentable" el rechazo del Congreso a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública debido al "cálculo partidista" del PP, pero ha asegurado que volverán a llevar al Parlamento la creación de ese organismo. El jefe del Ejecutivo ha considerado "bastante lamentable" la votación que, con el rechazo del PP, Vox y Junts, ha impedido que prosperara esa Agencia, que ha considerado que es una medida muy importante para prestigiar y reforzar la sanidad pública en España.

Ha explicado que cuando llegó a la Presidencia del Gobierno y en medio de la pandemia de coronavirus se encontró un sistema "absolutamente debilitado, abandonado, frágil" y en un tiempo récord se fortaleció ese sistema que ha dicho que siempre ha sido "la Cenicienta de las comunidades autónomas".

Como presidente, ha explicado que es muy duro que partidos de Gobierno que han sufrido también la pandemia desde instituciones que han gobernado, por "cálculo partidista" y no por algo lógico, racional o defensa del interés general, hayan votado en contra. "No vamos a cejar en el intento. Vamos a sudar la camiseta porque es una absoluta irresponsabilidad y un síntoma más de la oposición destructiva y sin rumbo que vota sí en las comisiones y luego vota no en el pleno", ha añadido.

Tras recordar que el grupo socialista había asumido enmiendas de otros grupos, incluso del PP, ha recalcado que la creación de esta Agencia es un compromiso y, por tanto (tal y como había adelantado también su ministra de Sanidad, Mónica García), lo volverán a llevar al Congreso. En esa segunda ocasión ha expresado su confianza de que pueda conseguir el apoyo mayoritario del Parlamento y ha garantizado que van a "sudar la camiseta" para ello.

El ala socialista del Gobierno ha insistido este jueves en que sigue negociando con los grupos los presupuestos generales del Estado y que lo hará mientras sean "útiles" para aplicarse este 2025, mientras que desde el ala de Sumar piden que se presenten. Así lo ha explicado este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha dejado claro que "siguen dialogando", en tanto que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que su obligación es presentarlos, según informa EFE.

La ministra de Hacienda ha señalado que todavía no han renunciado a presentar los presupuestos para 2025 y que aun estando a mediados de marzo "este Gobierno pelea hasta el último balón, dialoga, y nosotros estamos trabajando para presentar los presupuestos". Y ha apuntado que seguirán negociando con los grupos "para intentar que la fecha en la que pueda entrar el presupuesto en la Cámara sea útil para el conjunto de los ciudadanos".

Por su parte, Díaz ha defendido que la obligación del Gobierno es presentar unos nuevos Presupuestos Generales y, al menos, intentar conseguir que se tramiten. "Yo creo que la ministra de Hacienda debe de presentar los Presupuestos Generales del Estado (...) creo que esto debe de hacerse (...) si después no salen pues lógicamente habrá que tomar una decisión, pero la obligación del Gobierno es presentarlos", ha apuntado la ministra de Trabajo.

Fuentes del Gobierno aseguraban este martes tras el Consejo de Ministros que hay contactos con algunos grupos parlamentarios para sondear las posibilidades reales que existen, pero reconocían que no se ha abierto negociación alguna con ellos y que parece difícil lograr los apoyos necesarios para aprobar las cuentas. Horas antes, el líder de ERC, Oriol Junqueras, había advertido al Gobierno de que si no cumple los compromisos pactados -como el traspaso de Rodalies- no sólo no habrá presupuestos este año, sino tampoco en 2026.

Desde el Ejecutivo se recalca que ni siquiera un acuerdo con Junts garantizaría la aprobación de un proyecto presupuestario que depende de un complicado puzzle parlamentario. El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar hablando de "inversiones multimillonarias en defensa" cuando "ni siquiera tiene presupuestos que sustenten esas inversiones".

También ha afeado a Sánchez por comprometer cosas para las que "no tiene autorización" o de tomar decisiones "cuando no tiene mayoría para tomar la decisión" en el Congreso.

Desde el mundo empresarial, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que "un país tiene que tener presupuestos" y lamentado que nos "estamos acostumbrando, ya no solo a que no haya presupuestos, sino a que incluso ni se presenten". Ha comentado la posibilidad de que no se presenten sería "una mala noticia" y ha recordado su importancia para definir las partidas e inversiones a realizar, por ejemplo, ante los retos digitales, la sostenibilidad, la defensa o la ciberseguridad.

"Que no haya presupuestos, yo creo que es una mala noticia, pero es más, lo que no entiendo es que incluso no se presenten", ha dicho para añadir que deberían aprobarse y comenzar el trámite en las Cortes y "que el Parlamento, que para eso está, pues que decida".

El Gobierno de coalición no ha aprobado aún unos presupuestos en la presente Legislatura, ya que hace un año renunció a presentar los de 2024 ante la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña que imposibilitaba una negociación presupuestaria a nivel nacional.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este viernes que suspende toda negociación con el PSOE, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, y ha exigido a los socialistas una reunión urgente en Suiza, según informa EFE.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa desde Bruselas, donde ha reunido a la permanente de su partido, después de que la Mesa del Congreso decidiera posponer nuevamente su decisión sobre si admite a trámite la proposición no de ley de Junts que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

Puigdemont ha constatado que "la decisión (de la Mesa) fue no tomar ninguna decisión", lo que, a su juicio, significa que el PSOE ha entendido que Junts "va en serio" y que "el riesgo de la ruptura era real", por lo que los socialistas han preferido no dar un "portazo" a la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza.

La decisión de suspender las negociaciones sectoriales con el PSOE, ha explicado Puigdemont, responde a la necesidad de "evitar que se juegue con el calendario" y que los socialistas "alarguen" su postura sobre la cuestión de confianza.

"Han entendido que la voluntad y la determinación de Junts son reales, lo eran y lo son. Y que si no se recupera la confianza y se respeta el acuerdo en la letra y el espíritu no iremos bien", ha sostenido.

Según ha explicado, la suspensión de las negociaciones con el PSOE afectará a leyes como los Presupuestos Generales del Estado o la convalidación parlamentaria de los decretos ley que impulse el Gobierno, algunos de los cuales Junts había aprobado hasta ahora "para ayudar a salir del paso" al Ejecutivo. "Que no nos busquen", ha dejado claro Puigdemont.

Aun así, el líder de Junts ha aclarado que su formación no se ha instalado "en la trinchera del no" y que las negociaciones en marcha para la delegación integral de competencias en materia de inmigración a Cataluña "no se pararán", ni tampoco las que afectan a la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Para "comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos", Puigdemont pedirá al PSOE una reunión "urgente y extraordinaria" en Suiza con el mecanismo de verificación internacional, que coordina el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, con el que, según consta en el acuerdo de investidura, representantes socialistas y de Junts deben reunirse una vez al mes.

La voluntad de esta reunión extraordinaria no es publicar las actas de todos los encuentros, aunque sí ver las conclusiones a las que ha llegado Galindo: "Nos creemos la conclusión del mediador", ha dicho el líder de Junts.

Y ha agregado: "Como sabíamos que llegaríamos a este momento, queríamos que al final hubiese alguien que nos haya oído a los dos, haya visto lo que hemos hablado y que no tenga intereses en ninguna de las partes".

Puigdemont ha apuntado que la actual situación de bloqueo se puede solucionar sin necesidad de que se produzca una reunión presencial con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el líder de Junts ha situado en el plano "simbólico".

"No le hace falta reunirse conmigo para desencallar la situación y resolver esta crisis. Es fácil, tenemos un acuerdo que no se está cumpliendo", ha subrayado Puigdemont, que ha añadido: "Que nadie se piense que este movimiento lo estamos haciendo porque Sánchez no se ha reunido conmigo. Podemos vivir perfectamente sin reunirnos".

El expresidente de la Generalitat ha reconocido, asimismo, que la reunión con Sánchez "ya se podría haber hecho para hacer teatro", algo que JxCat no ha querido "nunca".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que van a seguir trabajando "hasta la extenuación" para restablecer los puentes con Junts, mientras que el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado que el diálogo es la seña de identidad del Gabinete de Sánchez.

En declaraciones a la prensa en Málaga, Montero ha apuntado que el Gobierno es "inagotable en su capacidad de acuerdo y de diálogo" y tienen "que hablar mucho, dialogar mucho y generar confianza", por lo que seguirán "trabajando" con Junts y con el resto de grupos políticos. En ese diálogo, la también ministra de Hacienda ha incluido los presupuestos: "El Ministerio va a seguir trabajando con el resto de grupos, y cuando se den la condiciones adecuadas con esta formación política, para posibilitar que España tenga nuevas cuentas públicas".

No obstante, la también vicesecretaria general del PSOE ha respetado la posición de Junts, "como es lógico en democracia", así como ha recordado que el Gobierno, durante la anterior legislatura y esta, ha dado "muestras" de que ante situaciones "complicadas, adversas" ha sido "capaz de reconstruir la confianza y de llegar a acuerdos y establecer el diálogo".

En rueda de prensa en Valladolid, el ministro Bolaños ha defendido que la seña de identidad "indiscutible" del Gobierno es el diálogo, sentarse con quien piensa diferente, y que esa forma de actuar la va a llevar a cabo con Junts y con cualquier otra fuerza política. "Cuando llegamos a acuerdos con fuerzas políticas diferentes a la nuestra, cumplimos esos acuerdos y en concreto, en relación con Junts, algunos de los acuerdos que hemos firmado ya están en el Boletín Oficial del Estado, otros están en vías de materializarse y otros están en negociación", ha expuesto.

El PSOE, por su parte, no ha querido entrar a valorar el anuncio de Junts y ha insistido en que las conversaciones con el partido catalán seguirán en la "discreción".

Según han manifestado fuentes socialistas a EFE, las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont seguirán "en la discreción" que siempre mantienen en las conversaciones y han precisado que cuando haya un acuerdo, lo comunicarán "de inmediato". "Como hemos hecho en todos los procesos", han subrayado.

Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes, 27 de diciembre:

El PSOE ha cerrado este lunes el apoyo de Sumar a su paquete fiscal, aunque se ha visto obligado a aplazar la comisión que iba a debatir estas medidas ante la oposición de sus socios parlamentarios de izquierdas -ERC, Bildu, Podemos y BNG-, que siguen reclamando el impuesto a las energéticas.

El PSOE pactó con PNV y Junts excluir el impuesto energético de su paquete fiscal -en el que sí se encuentra el impuesto a la banca y otros como el de los vapeadores-, una decisión que ha encontrado una oposición frontal por parte del resto de sus socios parlamentarios, que amenazaron con tumbar las medidas.

Este lunes, PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo por el que la formación liderada por Yolanda Díaz renuncia al impuesto energético a cambio de algunas de sus reivindicaciones, como gravar los seguros sanitarios privados y los bienes de lujo, como los yates.

El acuerdo también prevé introducir un IVA del 21 % para los apartamentos turísticos -algo que en la propuesta del PSOE solo se planteaba como un impulso para modificar la directiva europea de este impuesto- y elevar la fiscalidad del ahorro para rentas de más de 300.000 euros -pasaría del 28 % al 30 % en lugar de al 29 %, como preveía la propuesta socialista-.

También plantea suprimir el régimen fiscal especial de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario), desplegar el Estatuto del Artista o mejorar la fiscalidad de las cooperativas.

Este lunes estaba previsto el debate y votación de este paquete legislativo, que el PSOE había introducido como enmiendas parciales a la ley que establece un tipo mínimo sobre las multinacionales. Sin embargo, a falta de apoyos suficientes para sacarlo adelante, el presidente socialista de la Comisión de Hacienda ha desconvocado la sesión, con el argumento técnico de dar tiempo para analizar los nuevos vetos introducidos por el Gobierno a algunas enmiendas.

En la práctica, esto da al PSOE algunos días de margen, hasta el próximo jueves, para seguir negociando con ERC, EH Bildu, BNG y Podemos su apoyo, ya que sus votos son imprescindibles.

Por el momento, ERC ha reiterado que no apoyará unas medidas que entiende que benefician a banca y energéticas y ha instado al Gobierno a "volver a negociar" para encontrar "un punto de equilibrio".

En ese mismo sentido, Podemos ha tachado de "vergonzoso" que se quiera renunciar al impuesto a las grandes energéticas cuando se necesitan recursos para reforzar lo público, en especial tras la dana.

Desde EH Bildu han instado al PSOE a "reiniciar" la negociación de su paquete fiscal para intentar superar la actual "situación de bloqueo" provocada por los vetos cruzados entre los diferentes socios parlamentarios. "No existe motivo alguno para retirar los impuestos y que estas grandes empresas dejen de aportar a las arcas públicas", añade, al tiempo que pide a todos los partidos que piensen en las necesidades sociales a pesar de las "amenazas" de algunas empresas.

Vox, por su parte, ha denunciado el "uso partidista de las instituciones por el Gobierno" al desconvocar una comisión por falta de apoyos.

La comisión volverá a reunirse este jueves para debatir las enmiendas, por lo que el dictamen ya no se votará en el Pleno de esta semana, como estaba previsto, sino en el de la próxima, lo que supone apurar al máximo el plazo para que estas normas tributarias estén en vigor antes del 1 de enero de 2025.

El 89,8 % de las bases de Podemos que han participado en la consulta vinculante organizada por la formación morada han aprobado que sus cuatro diputados no apoyen los presupuestos generales para 2025 si el Gobierno no rompe relaciones con Israel y no interviene en el mercado de la vivienda para bajar el precio del alquiler. "Si el PSOE quiere los votos de Podemos, va a tener que aceptar estas dos condiciones", ha manifestado en rueda de prensa su portavoz, Pablo Fernández.

Han participado en la consulta 38.324 personas y han aprobado las exigencias pactadas 34.417.

En concreto, Podemos preguntó a sus bases en una consulta celebrada entre el pasado martes y domingo si debía condicionar su apoyo parlamentario a los presupuestos a que el Gobierno rompa relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, incluido un embargo total de armas, y adopte medidas para intervenir el mercado de la vivienda.

Entre estas medidas, la formación plantea bajar por ley un 40 % el precio de alquiler de vivienda, tomando como referencia el último contrato asociado a ese inmueble, y prohibir la compra de vivienda en España que no sea para residir, con la posibilidad de que los propietarios alquilen sus casas tras vivir en ellas al menos durante los primeros cuatro años.

Podemos abrirá este martes una consulta a sus bases para preguntarles si quieren que se condicione el apoyo a los presupuestos del próximo año a la ruptura de relaciones con Israel y a la imposición de medidas para bajar los precios del alquiler, como el tope de precios. En una declaración emitida este lunes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que los inscritos de la formación podrán votar hasta este domingo, según informa EFE.

La primera de las condiciones que plantea la dirección de Podemos a las bases es la ruptura "inmediata" de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, "incluido un embargo total de armas". En segundo lugar, se pide el refrendo de los inscritos para exigir al Gobierno que baje por ley los alquileres un 40%, prohibiendo la compra de vivienda a quienes no van a vivir en ella y "desmantelando de una vez por todas los comandos escuadristas como Desokupa".

Con la ajustada mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo de Pedro Sánchez, los votos de los cuatro diputados de Podemos en el Congreso se prevén imprescindibles para que salgan adelante las cuentas de 2025, y en este sentido ha afirmado que la formación "debe ejercer su poder al máximo" para presionar al Gobierno.

"Creo que en este contexto es lo mínimo que se le puede pedir a este Gobierno para que pueda contar con el apoyo de Podemos", ha considerado la líder de la formación morada, que ha cargado contra las medidas de la coalición PSOE -Sumar, cuando se cumple un año de acuerdo de Gobierno.

"Cuando se conforma un gobierno en el que solo manda el Partido Socialista, en el que no hay ruido como ellos lo llamaban, en el que no hay presión, las únicas medidas que adopta ese Gobierno son prácticamente las mismas que podría tomar un Gobierno del Partido Popular", ha afeado.

Si el devenir político nunca estuvo escrito, en estos tiempos líquidos, globales e interdependientes, mucho menos. Acostumbramos, porque es más sencillo, a acudir a lógicas simplistas para interpretar los hechos, pero raramente se logra explicar nada por esta vía. “Si no hay Presupuestos, el Gobierno está acabado”, dicen algunos (no hablo de las derechas, para las que el Ejecutivo actual estaba acabado antes de empezar, y ahí siguen ojipláticos sin acertar en su estrategia). “Si hay Presupuestos, Sánchez agota la legislatura”, apuntan otros.

Una mirada un poco más amplia no sólo se aleja de esas máximas, sino que atisba, al menos, cinco mariposas aleteando sobre el Gobierno progresista. Esto no quiere decir que no vaya a haber más –con toda seguridad las habrá, cuitas judiciales incluídas–, pero estas cinco tienen ya fecha en el calendario.

El primero de estos acontecimientos tendrá lugar el próximo fin de semana en el Maresme, cuando Junts per Catalunya se dé cita en un congreso que, además de situar a Puigdemont en la presidencia –carece de cargo orgánico desde 2022–, defina su estrategia. ¿Hasta dónde la solución a la situación judicial del líder será lo que marque todo? Se adivina que notablemente. 

Además de este extremo, ¿quiere Junts recuperar la estirpe y esencia de la antigua CiU, combinando el pragmatismo negociador de la burguesía catalana con un acercamiento más plural al catalanismo o, por el contrario, optará por endurecer posiciones y resucitar por sí solo el espíritu procesista, una vez rota la unidad del independentismo? Más allá de lo que ocurra con Puigdemont, esta decisión es clave para entender si puede haber un acercamiento al Partido Popular de Feijóo o si, por el contrario, seguirán apoyando al Gobierno de coalición, dando por hecho que el precio de su apoyo ha de seguir subiendo.

Lo que ocurra el próximo fin de semana tendrá efectos en la posición de Junts en el Congreso de los Diputados, pero también repercutirá sobre los afiliados de ERC, que el próximo 30 de noviembre tendrán que elegir una nueva dirección que, a su vez, será clave para determinar el rol de los republicanos en su relación con el Gobierno central y con el Ejecutivo catalán de Salvador Illa. Dos momentos, con conexiones entre sí, que se colarán por los pasillos del congreso que los socialistas celebrarán a su vez en Sevilla el mismo fin de semana. 

Nada hace pensar que Sánchez tenga problemas en esa cumbre socialista para revalidar su liderazgo, pero el malestar de algunas federaciones puede abrir grietas en un PSOE en plena transformación, con buena parte de los históricos más relevantes en clara oposición al secretario general, crecientes críticas al hiperliderazgo y necesidad de entender los últimos movimientos del Gobierno, sobre todo los referentes a la relación con el independentismo catalán. La ponencia política que acabe aprobando ese congreso, pero, sobre todo, el clima de cohesión, fragmentación o desafección con que salgan los delegados y delegadas será clave.

En esta atmósfera influirán más factores, no sólo las cuitas internas, y uno de ellos será lo que venga del exterior: los vientos por la ultraderecha que llegan de Europa pero, sobre todo, lo que acabe ocurriendo el próximo 5 de noviembre en EEUU. Una victoria de Harris supondrá una inyección de esperanza para los socialistas. Por contra, si Trump ganara, los nubarrones se acercarían a Sevilla. El estado de ánimo, como sabemos, explica tanto o más que los argumentos y los intereses en política y puede precipitar movimientos en uno u otro sentido. 

En este contexto, en efecto, se verá si el Gobierno es capaz de sacar adelante o no unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que le permitan gestionar los desafíos del momento aprovechando las oportunidades que aún brindan los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y así y todo, ni la ausencia de Presupuestos ni su aprobación, por sí solas, significarán nada más que eso: habrá nuevos Presupuestos Generales o se seguirán prorrogando los de 2023. 

Ninguno de estos cinco acontecimientos, considerados uno a uno, podrán responder a la pregunta sobre la robustez y duración del Gobierno de coalición, que es la que planea desde el 23J del año pasado. Todos, entre sí, dibujan un panorama de interdependencias, clave para entender las múltiples aristas de un momento de creciente complejidad. A fin de cuentas, si la política no fuera tan endiabladamente compleja, no sería tan interesante. Y ya lo dice la maldición china: “Que vivas tiempos interesantes”.