Un Gobierno con el piloto automático y comunidades sin quita de deuda, el efecto del parón presupuestario

La consigna en el Gobierno es ya trabajar en los Presupuestos de 2025, pese a que se había apuntado como garante de la estabilidad de la legislatura armar unos nuevos en 2024. Las cuentas están prorrogadas, por novena vez desde la instauración de la democracia. El Consejo de Ministros dio luz verde a finales del pasado diciembre a un acuerdo por el que se establecían los criterios de aplicación de la extensión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, conforme a lo recogido en el artículo 134 de la Constitución española, donde se determina que, si a 1 de enero no hay ley presupuestaria, se considerarán prorrogados de forma automática las cuentas públicas del ejercicio anterior.  

En los PGE se perfilan los ingresos y los gastos que tendrá el sector público estatal y en ellos se fijan los objetivos estratégicos y los recursos que se asignan a las políticas públicas que se quieren impulsar. ¿Qué supone que se prorroguen? Varios expertos del ámbito económico coinciden en que la repetición de las cuentas de 2023 no debe suponer “problemas graves” para cumplir con los compromisos de gasto adquiridos por el Gobierno, ya que “se puede recurrir al decreto para desarrollar los ajustes de las cuentas anteriores” y encajarlos. A lo que suman otra guía de actuación: los objetivos remitidos a Bruselas en abril de 2023, ya validados por las autoridades comunitarias. Los Presupuestos de 2023 recogían una cifra de gasto de casi 486.000 millones de euros, la más alta de la serie histórica, que son con los que el Ejecutivo podrá empezar a jugar de partida.  

Para Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso de Sumar –dice no compartir la renuncia a presentar los PGE, a lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado que saben que "no era posible"–, un Presupuesto "es una mirada global a muchos instrumentos que están en manos del Estado y del sector público para seguir impulsando la transición verde, la revolución digital, el no quedarnos descolgados del progreso, la mejora de los derechos sociales… y eso se pierde”. A su entender, “no es lo mismo hacerlo todo de una vez, que la Cámara se paralice en cuanto a otras actividades para dedicarse al tema presupuestario”, por lo que, el que no vaya a salir adelante una de las leyes económicas “más importantes” del año y que “es una gran palanca para el desarrollo y la mejora del bienestar de los ciudadanos”, no es “una buena noticia”. “El ritmo será más lento y la visión será asimétrica”, indica. Actuar vía decreto “es menos eficiente y efectivo” que “tener todas las políticas públicas juntas para asignar los recursos limitados de la manera más eficiente posible para conseguir el mayor impulso del crecimiento y del reparto de éste”, finaliza. Pero, ¿están en peligro medidas propulsadas por el Ejecutivo? 

Alza de pensiones y prestaciones por desempleo

La revalorización de las pensiones está vinculada al Índice de Precios al Consumo (IPC) por ley y está “garantizada”, como la elevación de las prestaciones por desempleo, según fuentes del Gobierno, que anotan además que en el primer caso “influirá para bien” el que “se espere una inflación inferior” a la de los años previos. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones descartan también que estén en riesgo prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y mantienen que la Administración está preparada para trabajar con unas cuentas dilatas y poder seguir dando respuesta a las necesidades ciudadanas. 

Crecida de los salarios públicos

Lo mismo sucedería con el compromiso de incremento de los salarios de los empleados públicos, que se incluyó en las medidas anticrisis desplegadas a causa de la guerra de Ucrania. Fuentes del Ministerio de Hacienda que capitanea Montero señalan que por lo que respecta a los funcionarios, existe “una enmienda en uno de los reales decretos ley tramitados como proyectos de ley que alude al 2% de subida”, con lo que el estiramiento de las cuentas de 2023 “no afectará" a este asunto, porque "va por otra norma”. 

Fondos europeos

La aplicación de los fondos europeos será salvable, asimismo. Desde Hacienda explican que “los créditos que se iban a presupuestar en el PGE 2024 por la anualidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) eran menores que los créditos que ya incluye la prórroga”. Es decir, la prolongación de las cuentas “cubre las transferencias” del plan de recuperación, por lo tanto, el que no haya nuevos Presupuestos “no pone en riesgo la ejecución y el despliegue de los fondos europeos”. En la misma línea, el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, ha defendido que no supondrá "ningún frenazo ni va a tener ningún impacto" en el despliegue del PRTR y su adenda -la Comisión Europea aceptó la española el pasado 2 de octubre y el 17 de ese mismo mes el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) ratificó la decisión-. No obstante, sí ha reconocido que el Ejecutivo tendrá que estudiar ahora si había algún "pequeño elemento" incluido en la ley presupuestaria de 2023 y que no requería el desarrollo de alguno de los elementos de la adenda, que debe ser desplegada. De haberlo, "tendría que ir en otro vehículo”, ha dicho. Economía calcula que las convocatorias y la ejecución de los fondos UE están en el orden de unos 1.500 millones al mes desde hace "bastante tiempo". 

Impuesto a la banca y a las energéticas

En el ala de Sumar confiaban en que los PGE de este año contribuyeran a suprimir lo “extraordinario” del impuesto a la banca y a las energéticas. Pretendían consolidar el gravamen tanto a unas entidades como a otras, tras un año de beneficios récord, e iban a intentar hacerlo vía enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. Esto no será posible, si bien, fuentes de la formación que encabeza Yolanda Díaz aportan que “se puede hacer como enmienda en otros proyectos de ley”, con lo que sigue siendo una posibilidad real. 

Viviendas de alquiler social 

Algunos de los expertos sondeados planteaban que medidas como las prometidas viviendas de alquiler social podrían quedar en el aire debido a la ausencia de cuentas, pero desde el Ministerio del ramo trasladan que esto no será así y que en los PGE de 2023 este apartado se incluía “dentro del desglose” asociado al anterior Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El actual titular del departamento de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha proclamado que "no hay ningún drama en trabajar con la prórroga presupuestaria”, al entender que los Presupuestos anteriores son "buenos", incluidos los apartados relativos a su área, y permiten continuar operando "con los fondos europeos". Gracias a éstos, y de vuelta a la vivienda, se destinarán 4.000 millones a la promoción y rehabilitación de 43.000 viviendas que se dirigirán al alquiler social.

Fondos para las comunidades

Desde los territorios gobernados por el PP como Castilla y León o Andalucía se ha criticado que no vaya a haber Presupuestos -pese a que ese partido vetó en el Senado el primer paso para lograrlos que es la senda de déficit- y Coalición Canaria ha exigido al Ejecutivo que cumpla con los asuntos que se pactaron para la legislatura y la investidura de Pedro Sánchez, como se hizo con otros partidos como el BNG o el PNV. Fuentes del Ejecutivo insisten en que hay “mecanismos suficientes” para satisfacer esas demandas y vuelven a una herramienta parlamentaria: el decreto. Junto a ello, desde el Ministerio de Hacienda indican que “se actualizarán” las entregas a cuenta, aunque aún no concretan cómo. Martín Urriza recuerda que "ya ha habido unas entregas a cuenta sustanciosas, porque primero se hace una liquidación previa y luego la final con los datos definitivos y va a haber una transferencia significativa”. En concreto, Hacienda entregó 123.356 millones en ese concepto a las comunidades de Régimen Común y a las ciudades con Estatuto de Autonomía durante 2023, un importe histórico. Para las fuentes consultadas, la “dificultad” presupuestaria para los territorios este año serán “las tres décimas que se recortan de los objetivos de déficit público y de deuda”, que tendrán que “rebajar en 4.600 millones el margen de gasto que tenían”.

Doble dificultad en Cataluña

Especialmente complicado lo tendrán en un punto del mapa nacional: Cataluña. Allí a la prórroga de las cuentas nacionales habrán de unir que el Parlament ha tumbado las autonómicas del Gobierno de Pere Aragonès al prosperar las enmiendas a la totalidad que habían presentado cuatro grupos. Es más, ese movimiento desencadenó un efecto dominó: acabó provocando un adelanto electoral en la región, cuyos habitantes acudirán a las urnas el próximo 12 de mayo, y fue el detonante para que el Gobierno de España desechara la idea de sacar adelante los Presupuestos estatales de este ejercicio. En ese escenario, habrá que “analizar”, según fuentes socialistas, cómo se materializa la condonación del 20% de la deuda autonómica que pactaron PSOE y ERC para la investidura de Sánchez, y que luego hicieron extensiva al resto de autonomías, dado que no podrán utilizar para hacerlo los PGE. En este punto reconocen que "sí podría haber retrasos". De momento, la inversión en carreteras e infraestructuras, que en el proyecto presentado por el Ejecutivo de Aragonès superaba los 3.000 millones, será una de las víctimas de la prórroga de las cuentas en vigor en Cataluña y que volverán a ser ampliadas hasta después de los comicios, la composición del nuevo Ejecutivo y la ratificación de las siguientes.

Refuerzo educativo en matemáticas y lectura

El objetivo era que el anunciado plan de refuerzo en Matemáticas y Comprensión Lectora empezara a aplicarse durante este ejercicio y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha confirmado que será así, aunque las cuentas de 2024 no vean la luz. Ha certificado que su departamento “está en condiciones de hacer las aportaciones necesarias para su puesta en marcha". Este plan tendrá una dotación económica superior a los 500 millones de euros para toda la legislatura y no está cerrado cuánto se asignará este año.

Montero ha querido dejar claro que se aprovechará el trabajo técnico y los preacuerdos alcanzados con las diferentes formaciones políticas en el proceso negociador de estos meses para avanzar en las cuentas de 2025, que confía en poder presentar "cuanto antes". Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha puesto el foco en septiembre por dos motivos: España, como el resto de Estados miembros de la Unión Europea (UE), tendrá que presentar un plan fiscal a medio plazo ese mes, que es en el que se suele difundir el proyecto de PGE. Si esta vez se sigue la hoja de ruta habitual, antes del verano deberían convocarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administraciones Locales, para que el anteproyecto pudiera estar listo en septiembre. Luego, el Congreso de los Diputados contará con tres meses para tramitar las cuentas. La aprobación definitiva tendría que ser antes del 31 de diciembre, si la liquidez del tablero político lo permite.