Nos convencieron de que Medea mató a sus hijos para vengarse porque Jasón la había abandonado por otra. Quizá los mató porque se quedó sola con ellos. Medea inauguró en la mitología occidental el mito terrible de la mala madre, uno de los más persistentes de la cultura occidental, un mito que tiene la capacidad de enfermarnos hasta enloquecernos, como ha sido el caso de Lindsay Clancy, una mujer norteamericana que en 2023 mató a sus tres hijos e intentó suicidarse y que ahora está siendo juzgada. Una de las cuestiones más extraordinarias de este caso es que por primera vez esta madre no ha generado el rechazo unánime entre las mujeres, sino que, por el contrario, hay un gran movimiento de mujeres que se solidarizan con ella. Acabe como acabe el caso, el hecho de que este apoyo se haya visibilizado supone un importante cambio que viene a romper, al menos entre las mujeres, con el mito de la madre terrible, para poner en primer plano la salud mental de las madres y sus necesidades.

La defensa de Clancy se apoya en que sufrió psicosis puerperal, lo que seguramente es verdad. La psicosis puerperal se manifiesta con síntomas como profundos cambios de humor, insomnio y un estado similar al delirio, según los psiquiatras que están testificando. En dichos estados se llega a perder el contacto con la realidad y se pueden sufrir alucinaciones. Y, según dicen, no se sabe por qué se produce y podría estar relacionada con cambios hormonales. Creo que ahí está uno de los problemas: no son las hormonas y si seguimos por ahí, iremos mal. Los cambios hormonales nos influyen a todas (y a todos). Puede que en el parto y la lactancia los cambios sean más bruscos o se sufran con más intensidad. Pero las hormonas no llevan a nadie a matar a un hijo y si seguimos sin analizar lo que significa el ideal maternal occidental en la vida de las mujeres, no entenderemos nada. Basta con estudiar las transformaciones que se han producido históricamente en este ideal o en la manera en que lo viven las mujeres de diferentes culturas (todas con las mismas hormonas) para entender que no estamos hablando de una enfermedad que se pueda tratar con pastillas, sino de una sociedad que puede llegar a enfermar a las madres, y a algunas gravemente.

Esta sociedad ha creado un ideal de maternidad que se nos ofrece como incuestionable, imprescindible, gozoso, generoso, igual para todas las mujeres. Un ideal que borra, como todos los ideales, las zonas de sombra. No, las madres no somos todas iguales, ni queremos lo mismo, ni sentimos lo mismo, ni pensamos lo mismo. Muchas mujeres no pueden aceptar plenamente lo que la maternidad significa realmente. Nadie se lo ha explicado, nadie nos lo cuenta hasta que llega, imbuidas como estamos de las imágenes de la buena madre que todas aspiramos a ser. Muchas mujeres se sienten completamente desbordadas por una situación que impone, de alguna manera, el arrancamiento, aunque sea por unos meses, o años, del propio Yo. En un mundo en el que las mujeres nos hemos individualizado igual que los hombres, ese “arrancamiento” de la individualidad puede vivirse con dolor y como una pérdida insoportable. Dejas de ser el ser humano que eras. La mujer, ser humano completo, incorporada al mundo, se convierte únicamente en madre: ser humano que vive para el bebé. Y eso no es fácil, aunque haya toda una cultura dedicada a explicarte que es natural. No lo es. Las madres no dejamos, por arte de magia, de ser los seres humanos adultos que éramos; y, en muchas ocasiones, ante la dificultad y la resistencia a extirpar de raíz, tal como se nos pide que hagamos, ese Yo y nuestra vida anterior, aparecen los sentimientos de odio o de repudio al bebé. Porque la dependencia del bebé con respecto a la madre convierte a esta, a su vez, en alguien profundamente dependiente.

La dependencia se da en los dos sentidos y nadie nos prepara para una situación semejante. El amor al bebé no aparece solo (a pesar de esas hormonas) y lo normal es que haya momentos de completo rechazo. Deberíamos ser capaces de amar a ese bebé más que a nosotras mismas, pero no ocurre así. Entonces aparece el otro monstruo: la culpa, que también nos ahoga y que puede llegar a sumir a la madre en una espiral de odio a sí misma y a ese ser humano pequeño. No existe el amor puro que nos venden. “El ideal maternal es un invento que nos ha jodido vivas”, como dice una amiga terapeuta y especialista en maternidades.

Además, cuando se pare el cuerpo cambia. De un día para otro, el cuerpo es otro, duele a menudo y nos ofrece una imagen en la que no nos reconocemos. En esta sociedad en la que las mujeres hacen casi cualquier cosa por encajar en la norma física, nadie nos prepara para que lo que somos, lo que vemos en el espejo, cambie radicalmente de un día para otro. Y nos dicen que tenemos que estar felices, pero no estamos felices. Y más culpa.

Las que fuimos madres hace décadas podríamos decir que después de las despreocupadas maternidades de los 70 y 80 el ideal maternal volvió con más fuerza que nunca, quizá como reacción patriarcal, y que hoy es, para muchas mujeres jóvenes, literalmente insoportable. Se ha conseguido que muchas mujeres sientan culpa si sufren una cesárea, que sientan culpa si dan biberón, si vuelven a trabajar, si no se sienten exaltadas todo el tiempo, sino doloridas, cansadas y hartas. La lactancia, lejos de los edulcorados anuncios de la televisión, puede doler muchísimo. La cesárea impone un tiempo de recuperación que también es doloroso. Hay bebés que maman cada hora u hora y media. Se deja de dormir, no hay descanso y la falta de descanso puede durar años. Se dice que Clancy padecía insomnio. ¿Y si más que insomnio era la imposibilidad de dormir por estar atendiendo ella sola a las necesidades del bebé?

Recordemos que despertar a un prisionero cada hora es una forma de tortura. El dolor físico y el dolor moral por las pérdidas que, además, no se te permite reconocer… En definitiva, el enfrentamiento entre mito y realidad hace que podamos llegar a enloquecer, sí; que lloremos, que queramos que todo no sea más que una pesadilla, que nos arrepintamos, que queramos volver atrás. Creo que hay un momento en que toda madre quisiera escapar de sí misma y en que piensa que la han engañado.

Los ideales relacionados con la maternidad son mentira; somos seres humanos antes que madres, seres humanos igual que los hombres, seres humanos que ante un acontecimiento abrumador como lo es la maternidad necesitamos que todas nuestras necesidades individuales se tengan en cuenta, porque no hay una hormona salvadora: necesitamos dormir, necesitamos nuestro tiempo, necesitamos que se lleven al bebé de vez en cuando, que comprendan que nos duele, que comprendan que estamos hartas, que a lo mejor ese bebé no nos cae bien y que eso no nos convierte en un monstruo. Necesitamos no preocuparnos por el trabajo, tanto si es porque queremos volver como si es que no queremos; no preocuparnos por el padre (si es que lo hay), que nos mira raro; necesitamos que nadie nos juzgue si no nos comportamos como se supone que debemos comportarnos o si deseamos hacer cosas que parecen inconvenientes. Necesitamos que se nos escuche y que lo que digamos se tenga en cuenta, sea lo que sea.

La defensa de Clancy se escuda en que no recibió ayuda profesional, mientras que la Fiscalía afirma que sí la recibió: estuvo en tratamiento psicológico y llegó a estar internada. Sin embargo, aunque en múltiples ocasiones explicó que tenía pensamientos en los que mataba a sus hijos nadie se preocupó de no dejarla sola con ellos. La ayuda profesional priorizó siempre que ella se incorporase lo antes posible a su papel de madre, que cumpliese con la familia. Seguro que su marido “no podía” hacerse cargo de todo él solo… Lo que la supuesta ayuda profesional no entendió es que lo que Lindsay Clancy necesitaba era, precisamente, ser separada de la familia. Lo que sin duda no recibió fue ayuda profesional con perspectiva de género, que es lo que hubiera salvado la vida a los niños.

Patologizar absolutamente la depresión o incluso la psicosis post parto, como ahora se pretende, resultará positivo en algunos aspectos. Permitirá que se investigue, que socialmente se tenga la situación en consideración, que se legisle y que haya un diagnóstico al que agarrarse en casos extremos. Permitirá que se hable seriamente de asuntos que llevan siglos silenciados por ser cosas de mujeres. Pero lo negativo de la patologización es que la situación se entienda como únicamente biológica y se pretenda arreglar con fármacos. Porque no son las hormonas, es el daño psicológico que produce el choque entre el ideal maternal, que todas llevamos dentro casi como parte de nuestro ADN, y la realidad. Y la realidad es que las madres no estamos hechas de ninguna pasta especial; que cualquier ser humano puesto en esa situación, sufriría.

Reconocer la humanidad corriente de las madres es imprescindible para entender cómo ayudar socialmente. No sólo a las madres, que sí, especialmente, sino también a los bebés y a quienes quieren a las madres y no saben qué hacer. Y a todas las mujeres, sean o no madres, para que ningún mandato brutal siga cayendo sobre nosotras y provocando tanto dolor.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Esta es la frase a la que asomarme en el último especial de verano de TintaLibre, Amores tormentosos. El número reúne a 20 autoras y artistas para hablar del deseo, los celos, la dependencia, la violencia, el humor y la memoria. Su punto de partida es claro: una relación puede ser intensa o contradictoria, pero, sin consentimiento y libertad, deja de ser amor.

La pregunta no es si existe un amor femenino y otro masculino. El sentimiento puede ser universal, pero la forma de vivirlo se aprende. Durante siglos, al hombre se le asignaron la iniciativa y la autoridad; a la mujer, la espera, el cuidado y la renuncia. Ese reparto todavía aparece en los celos presentados como cariño, la insistencia convertida en conquista o el sufrimiento utilizado como prueba de autenticidad.

Las leyes han ampliado la capacidad de elegir mediante el divorcio, los anticonceptivos, la independencia económica y el matrimonio igualitario. La educación sentimental avanza más despacio. El consentimiento no es una formalidad ni una autorización permanente: debe ser libre, concreto y reversible. Un sí de ayer no obliga hoy, y el silencio no sustituye a la voluntad. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de su vida. El dato impide tratar el control, el acoso o la agresión como simples excesos románticos.

La tolerancia se vuelve especialmente visible cuando el hombre es famoso. Los casos no tienen la misma gravedad y no deben confundirse, pero comparten un mecanismo: el prestigio reduce el coste público de la conducta y desplaza la atención hacia la obra, el cargo o el talento.

Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí ofrecen el ejemplo menos extremo, pero muy revelador, de la desigualdad intelectual dentro de una pareja. El Instituto Cervantes resume que, desde su matrimonio, la vida intelectual de Zenobia se centró en su marido y que trabajó como secretaria, agente y traductora. También tradujo 22 volúmenes de Rabindranath Tagore y colaboró en la candidatura de Juan Ramón al Nobel. Él quedó como el poeta; ella, durante décadas, como la mujer que hizo posible su obra. Laia Arcusa revisa esa relación en El incordio de Juan Ramón Jiménez, dentro de este número de TintaLibre.

Pablo Picasso conservó intacta su condición de gran artista mientras las mujeres de su entorno quedaban reducidas a musas. Cuando Françoise Gilot lo abandonó, Picasso presionó a galerías y salones para perjudicar su carrera e intentó impedir la publicación de sus memorias. El Museo Picasso de París no dedicó una sala propia a la obra de Gilot hasta 2024. El caso no obliga a negar el cubismo; obliga a dejar de presentar como una nota privada el uso del poder artístico contra otra creadora.

Pablo Neruda narró en sus memorias un episodio en Ceilán en el que forzó sexualmente a una trabajadora doméstica que no respondía a sus avances. La confesión convivió durante décadas con la imagen pública del poeta del amor y premio Nobel. Cuando se propuso dar su nombre al aeropuerto de Santiago de Chile, colectivos feministas recordaron aquel relato. No era una acusación tardía: estaba escrita por el propio Neruda.

Norman Mailer apuñaló a su esposa, la artista Adele Morales, en 1960 y se declaró culpable de agresión en tercer grado. The New Yorker ha documentado que buena parte de su entorno literario culpó a Morales o interpretó el ataque mediante el mito del artista atormentado; el episodio incluso aumentó su notoriedad. Mailer obtuvo después dos premios Pulitzer. La víctima quedó asociada al apuñalamiento; él siguió siendo una figura central de la literatura estadounidense.

Roman Polanski se declaró culpable de mantener relaciones sexuales ilícitas con una menor de 13 años y huyó de Estados Unidos antes de la sentencia. Aun así, ganó el Oscar a la mejor dirección en 2003 y el César en 2020; este último premio provocó la salida de varias mujeres de la ceremonia. La industria no desconocía el caso. Decidió que el valor de la película pesaba más.

Donald Trump aporta el ejemplo político. En una grabación de 2005 presumía de imponerse sexualmente a las mujeres. En 2023, un jurado civil lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll. Trump negó los hechos, pero la sentencia fue confirmada y, en 2024, volvió a ganar la Presidencia con 312 votos electorales. El respaldo político no borró lo ocurrido; demostró que para millones de votantes no era motivo suficiente para retirárselo.

Estos seis casos van desde la subordinación y el borrado de una autora hasta la violencia sexual y la responsabilidad penal o civil. No son equivalentes. Lo común es la excepción concedida al hombre importante. Las consignas son conocidas: hay que separar la obra del autor, eran otros tiempos, el genio es complicado o los votantes ya lo sabían. Pueden servir para contextualizar; usadas como absolución, convierten a las mujeres en un detalle de la biografía masculina. No se trata de borrar obras, sino de no borrar hechos ni víctimas. La admiración no debería funcionar como indulto.

El especial de TintaLibre responde a esa tradición cambiando el punto de vista. Andrea Genovart satiriza determinadas masculinidades en Un fuerte aplauso para ellos; Flavita Banana llama Malratadores a su relato gráfico; Lara Moreno sitúa el consentimiento en el centro; Najat El Hachmi escribe sobre el cuerpo y las cicatrices; Marina Perezagua lleva el deseo a un escenario de guerra y cuerpos amputados; Luna Miguel revisa el modelo de Madame Bovary; Candela Sierra, Cristina Morales y las demás autoras utilizan la ironía, la ficción o la memoria sin reducir a las mujeres a musas o víctimas.

El número también evita una simplificación importante. La libertad no exige mujeres invulnerables ni relaciones sin conflicto. Permite querer pareja o no quererla, cuidar y ser cuidada, equivocarse y marcharse. Tampoco propone una masculinidad derrotada. Pide hombres capaces de aceptar un no, compartir los cuidados, renunciar al privilegio y responder por sus actos.

El amor ha evolucionado en la medida en que han cambiado las condiciones que lo rodean. Hoy hay más herramientas para elegir, poner límites y salir de una relación, aunque la violencia siga presente. Amores tormentosos recuerda que el deseo puede producir desconcierto, pérdida o contradicción. Otra cosa es el tormento impuesto mediante el miedo, la humillación o el control. Confundirlos beneficia al agresor, y cuando el agresor es un genio o un prohombre, la confusión suele recibir además aplausos. La obra puede permanecer. La impunidad del relato, no.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

A principios de los noventa, una revista de moda y una marca de cosmética se aliaron para rentabilizar la lucha contra el cáncer de mama. Compañías de prestigio comenzaron entonces a percatarse de que aquella enfermedad que afectaba a millones de mujeres en todo el mundo podía revertir en beneficios económicos, siguiendo una fórmula muy sencilla: capitalizar las reivindicaciones que legítimamente venían planteando activistas, organizaciones y pacientes. 

Charlotte Haley, diagnosticada con la enfermedad, tejió un lazo color melocotón para demandar más fondos, más investigación y más esfuerzos para entender, tratar y combatir la enfermedad. Casi sin pretenderlo, la estadounidense pasaría a la historia como la artífice de una exitosa y humilde campaña que enseguida acapararía las miradas de grandes empresas. Como colofón de la deriva comercial, el lazo se tornaría rosa en contra de la voluntad de su creadora, emancipándose de su origen genuinamente reivindicativo.

Varios años después, emergió el concepto pinkwashing en oposición a lo que empezaba a entretejerse como un panorama muy rentable para las empresas. Han pasado décadas, pero la denuncia está hoy más presente que nunca y las consecuencias siguen recayendo sobre quienes se atreven a plantearla. 

Teta y Teta, una organización sin ánimo de lucro, incluye en sus estatutos "desromantizar, desedulcorar y descomercializar el cáncer de mama y luchar contra su comercialización o pinkwashing". En los últimos años, se ha erigido como una de las principales entidades empeñadas en señalar la falta de transparencia y las estrategias comerciales que se lucran con la enfermedad a través de prácticas pensadas para sacar rédito económico. 

Lo cuenta su portavoz, Marina García Canedo, en conversación con este diario. Hace seis años, la asociación organizó una campaña poniendo en evidencia la falta de sujetadores de una sola copa adaptados a las mujeres con mastectomía. Compartir tiempo con las mujeres que así lo demandaban, cuenta al otro lado del teléfono, fue revelador para el equipo: "Pudimos ver hasta qué punto la publicidad dulcifica el cáncer de mama, aquello supuso un viaje dentro del activismo contra el pinkwashing". 

Así que emprendieron el viaje. Años después, recuperaron la genealogía del lazo melocotón y denunciaron su robo (simbólico) por parte de las grandes empresas. Las mujeres que participaron en las campañas convocaron entonces una primera gran concentración oficial, sin intermediarios y con un espíritu explícitamente crítico ante la capitalización de la lucha contra la enfermedad por parte de las empresas. La propaganda comenzaba a ceder el paso a la politización. Y así es como Teta y Teta se marca un objetivo: lanzar una reflexión en torno a la Carrera de la Mujer. 

El proyecto nace hace más de dos décadas, gracias a la empresa Sport Life Ibérica. En un primer momento, la iniciativa plantea donar parte de cada inscripción a la lucha contra el cáncer, una decisión que con el paso de los años se va convirtiendo en su seña de identidad. Hoy, la marcha se celebra en nueve ciudades del país, con el apoyo de compañías como Oysho, Santander o Central Lechera Asturiana. 

Según figura en su página web, el precio de la inscripción para salir a correr es de un mínimo de 13,95 euros, con la posibilidad de escoger una alternativa totalmente solidaria por 20,95 euros, importe que va a parar a organizaciones locales. La pregunta que se hicieron las activistas era obvia: teniendo en cuenta que solo hay una opción completamente solidaria, ¿cuál es el porcentaje de donación para la lucha contra el cáncer en el resto de los casos? Teta y Teta hizo un cálculo utilizando la información publicada en el apartado de Transparencia de Carrera de la Mujer: si la empresa matriz tuvo un beneficio total de 10.656.342 euros en el año 2024 y donó 86.628 a la Asociación Española Contra el Cáncer, entonces dicha donación supuso menos de un 1% de sus beneficios totales. 

La campaña de la organización fue un éxito y la cifra atravesó a todas las mujeres que salían a la calle con la certeza de estar haciéndolo por una buena causa. Pero la empresa no tardó en impugnar las estimaciones y rehacer las cuentas. Son las siguientes: el año pasado participaron 106.258 mujeres en las marchas y fruto de sus inscripciones se recaudaron 1.225.041 euros, según la información proporcionada a preguntas de este diario. Las donaciones a fines benéficos ascendieron a 264.967 euros, lo que equivale a un 21,6% del total. 

"En 2025, la entidad que recibió una mayor aportación ha sido la Asociación Española Contra el Cáncer", presumen en la web, con un importe de 96.197 euros, lo que supone el 7,8% de los ingresos procedentes de las inscripciones. O el 36,3% del total de las donaciones, tal y como insiste en destacar la empresa: "Es la referencia que consideramos correcta para valorar el peso de esta aportación", señalan.

No obstante, la información pública respecto a las cuentas deja algunos interrogantes, como a qué se destina el 78,4% restante que no va para fines benéficos o cuáles son los ingresos procedentes de otras fuentes distintas a las corredoras –como el que viene de empresas privadas o instituciones públicas–. infoLibre ha preguntado por todas estas cuestiones. Al margen de las donaciones, la organización invierte en "permisos, seguros, seguridad, servicios médicos, logística, personal técnico, montaje y desmontaje en cada una de las nueve ciudades". Es decir, costes de producción que "superan los ingresos por inscripciones". 

Por otro lado, abundan las mismas fuentes, el circuito "recibe ingresos por patrocinio de empresas privadas y cuenta con el apoyo institucional de ayuntamientos y diputaciones en cada una de las nueve ciudades", pero rechazan facilitar qué porcentaje del total de ingresos supone, "ya que esa información está vinculada a acuerdos comerciales sujetos a confidencialidad contractual con patrocinadores y proveedores". En ese extremo repara García Canedo: "A pesar de que hay una página de Transparencia, se escudan en los acuerdos comerciales privados para no revelar datos como cuánto dinero mueve el evento y de ahí cuánto se dona".

Con este telón de fondo, Teta y Teta critica que la carrera se presente como un evento solidario. En los últimos meses, la empresa se ha esforzado en cambiar la narrativa y matizar su carta de presentación, dibujando la iniciativa como eminentemente deportiva. En su web, aseguran ser "un evento deportivo" y un "referente internacional de apoyo solidario a entidades de todo tipo". Su objetivo, sostienen, pasa por "promocionar la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre todas las mujeres, promover la salud y concienciar sobre la importancia del ejercicio y los buenos hábitos para una vida más saludable y dar visibilidad a causas de apoyo a la mujer, como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos". Ni rastro del cáncer de mama.

En respuesta a preguntas de este periódico, la organización de la marcha sí admite que el cáncer de mama ha sido "desde las primeras ediciones una de las causas más visibles del proyecto", pero insiste en que la carrera "no es, ni se ha presentado nunca, como una carrera exclusivamente contra el cáncer de mama", sino como un "evento deportivo con un compromiso social más amplio". En el portal online de Sport Life Ibérica encuadran la carrera como un proyecto para "sacar a las mujeres a hacer deporte a la calle", estando "unida desde la primera edición a la lucha, prevención y diagnóstico precoz del cáncer de mama". 

"El problema no es necesariamente la Carrera de la Mujer, sino que todo el sistema valida y dulcifica este tipo de prácticas sobre una enfermedad que mata a 18 mujeres al día", subraya la portavoz de Teta y Teta. Para García Canedo, la raíz de la denuncia se basa no tanto en señalar a una marca de forma individual, sino al conjunto de condiciones de posibilidad que se instalan alrededor del fenómeno: "Una legislación que lo permite, un Estado que no mira a donde tiene que mirar y una sociedad de consumo que no tiene tiempo para politizarse y se da por satisfecha si le dicen que una compra puede servir de ayuda". 

Este es el discurso que la organización expuso a mediados de mayo en el programa Influ-realismo mágico, un videopodcast de RTVE. El programa Convertir el cáncer de mama en dinero, con Teta&Teta dejó de estar disponible en su página web prácticamente un mes después de la emisión. "Entonces pedimos explicaciones a la defensora de la audiencia", hilvana García Canedo. 

Según la web de la defensora de la audiencia, el programa recibió una queja por su "falta de rigor en la información sobre el objetivo de la Carrera de la Mujer" y la retirada del mismo fue objeto de 161 reclamaciones. En una respuesta formulada vía correo electrónico que publicó Teta y Teta a finales de julio, la defensora de la audiencia explicaba que la entidad organizadora de la Carrera de la Mujer "hizo una reclamación formal al considerar que varios programas de RTVE estaban haciendo una campaña de difamación contra ellos". En el caso del videopodcast, "se decidió atender la solicitud", en parte porque el contenido de aquel episodio "desvirtuaba la finalidad misma del programa". Este diario ha podido confirmar que la corporación recibió una petición para retirar el programa, alegando que contenía afirmaciones imprecisas, bajo la advertencia de tomar acciones legales.

La Carrera de la Mujer declina "entrar a valorar calificaciones legales sobre contenidos de terceros", si bien critica que el programa haya presentado "como dato contrastado una cifra económica que no lo es". Se refiere al dato del 1%, una tasa que la empresa considera incorrecta porque toma como referencia la facturación de toda la compañía y no los números específicos de la carrera.

Para García Canedo, la eliminación del programa es especialmente dolorosa porque en él figuraban testimonios de pacientes e "información de valor" para las mujeres. Una de ellas celebraba tener por fin "la oportunidad de hablar en primera persona". Lo decía sin rastro de ningún lazo rosa, pero cargada de razones. Los vídeos con sus intervenciones todavía están disponibles en redes sociales.

Diana Quer fue agredida sexualmente y asesinada la madrugada de un 22 de agosto en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Ocurrió exactamente hace diez años. Aquel caso abriría una reflexión sostenida en torno a la violencia que recae sobre las mujeres, su tratamiento mediático, su impacto judicial y las necesidades específicas de las víctimas que hasta aquel momento eran objeto de atención solo para llenar minutos de tertulia. Una década después los avances son palpables, pero muchos de los debates que entonces se abrieron quedaron inconclusos.

Un año antes del crimen contra la joven, entraba en vigor la reforma que introdujo la prisión permanente revisable en el Código Penal, una figura que tendrá un peso fundamental en el caso. Aquella modificación salió adelante con los votos exclusivos del Partido Popular. Los partidos progresistas consideraban que se trataba de una suerte de cadena perpetua encubierta y la oposición se organizó para plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional. Su derogación se entretejió entonces como uno de los principales compromisos de la izquierda. 

Diana Quer desaparece aquella madrugada de finales de agosto, pero su cadáver no fue encontrado hasta 497 días después. El ciclo político continúa durante la búsqueda y, dos meses antes de su hallazgo, la Cámara Baja tramita una proposición de ley encaminada a derogar la prisión permanente revisable. Estamos en el año 2017 y el grueso de la oposición expresa un consenso total en la materia.

Pero en diciembre de aquel año, José Enrique Abuín confiesa el asesinato y revela dónde se encuentra el cuerpo. El caso toma entonces una deriva abanderada por el padre de la víctima: la defensa de la permanente revisable. En enero de 2018, Juan Carlos Quer lanza una exitosa recogida de firmas contraria a la derogación, abriendo un debate que trasciende del plano político y que plantea la pena como avanzada, justa y equitativa. El PP de Mariano Rajoy se alinea con esta tesis y encuentra la oportunidad perfecta para no ceder un milímetro en sus planteamientos, llegando a proponer una extensión de la pena para otros delitos específicos. 

Pero en junio de aquel año Pedro Sánchez llega a La Moncloa. El debate se diluye y tanto la derogación como la ampliación quedan en un limbo. Dolores Delgado, entonces ministra de Justicia, se compromete con la familia de la víctima a paralizar cualquier acción política hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso.

En diciembre de 2019, la Audiencia Provincial de A Coruña condena a Abuín por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. La pena: prisión permanente revisable, confirmada definitivamente por el Tribunal Supremo un año después. Para entonces, la coalición en el Gobierno central entre el Partido Socialista y Podemos ya había renunciado a derogar la prisión permanente revisable, aunque años antes la habían calificado de "populismo punitivo". 

En el año 2021 el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el recurso y avala la constitucionalidad de la pena, en una decisión no exenta de polémica que generó discrepancias entre los magistrados. Lo que se conjugó como un debate intenso en términos sociales, políticos y jurídicos, quedó finalmente desactivado. 

Pero no se esfumó del todo. En octubre del año pasado, el Partido Popular volvió a registrar una iniciativa legislativa para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable. El Congreso lo rechazó en una votación extremadamente ajustada el pasado mes de marzo: 172 votos a favor y 174 en contra. 

Diana Quer fue perseguida, agredida y asesinada por ser mujer. Sin embargo, su asesinato no figuró en las estadísticas oficiales. Su nombre pasaría a la historia, pero su caso quedaría desdibujado en los registros, exactamente igual que había sucedido hasta entonces con otras víctimas que no mantenían ningún vínculo afectivo con sus agresores.

Lo que era una demanda clásica del movimiento feminista, se transformó entonces en deuda histórica. Hasta que a finales de 2021 el Gobierno anunció una medida pionera: la puesta en marcha de un registro de feminicidios más allá del ámbito de la pareja o expareja. España se convertiría en el primer país europeo en contabilizar esta forma de violencia.

"Lo que no se nombra no existe", asentía la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, quien presentó la iniciativa como una forma de "reconocer y visibilizar todas las formas de violencia". Entre 2022 y 2025, han sido contabilizados oficialmente 101 feminicidios más allá del ámbito de pareja. 

Julio de 2016. Cinco hombres violan a una joven en un portal de Iruña, Navarra. Es la primera noche de los Sanfermines. Menos de dos meses después, José Enrique Abuín acaba con la vida de Diana Quer. Ambos casos, apenas separados en el tiempo, sucedían en un momento histórico en el que no existía legislación específica contra los delitos sexuales.

El caso de La Manada y las movilizaciones posteriores harían evidente la necesidad de revisar la normativa contra la libertad sexual y abrirían un debate fundacional en torno al consentimiento, su encaje jurídico y su impacto social. Así nacería la ley del solo sí es sí.

La coexistencia de ambos crímenes serviría, además, para reforzar las tesis feministas en torno a la sobreexigencia que recae tradicionalmente sobre las víctimas. La trampa es perversa: resistirse y pagar con la vida o someterse y asumir el juicio público posterior. Aquellas que se revuelven ante una agresión sexual, argumentan las teóricas y militantes feministas, no dejan lugar a dudas sobre la ausencia de consentimiento, pero pueden toparse con una violencia extrema. Mientras, las víctimas que se someten para intentar salvar la vida serán sistemáticamente puestas en duda. 

El relato construido por algunos medios de comunicación durante los meses de búsqueda de la joven sirvió para exponer la vida privada de la víctima, culpabilizándola y obviando la violencia contra las mujeres como fenómeno estructural. La desaparición de Diana Quer sirvió para que algunos medios se apropiaran de su historia, tejiendo un relato en base a hipótesis que ponían el foco en la vida privada de la víctima y su entorno. 

Sobre ella se llegó a decir que tenía un "alma atormentada", que los "traumas adolescentes" que padecía tenían un papel protagonista en su vida y que "el cariño que no encontraba en un domicilio familiar resquebrajado por la ruptura de sus padres siempre lo había buscado en los brazos de los hombres". Ciertos medios se apresuraron a dibujar un perfil de la joven basado en la exposición de sus hábitos y su entorno, calificado de "problemático" y señalado en más de una ocasión como posible causa de su desaparición. La vida privada de la víctima pasó a tener apariencia de asunto público. 

El impacto mediático vino acompañado de la mirada crítica del feminismo, preparado para hablar de revictimización, terror sexual y cuestionamiento de las víctimas. Pero el cambio de narrativa no es una realidad diez años después: la herencia de lo sucedido con Diana Quer ha vuelto a resonar, a lo largo de la última década, con los nombres de Jennifer Hermoso, Elisa Mouliaá y tantas otras.

Hace diez años, un grupo de madres desesperadas y extenuadas tras lo que parecía una batalla judicial perpetua se organizaba en torno a Infancia Libre. La asociación, pensada inicialmente para visibilizar y luchar contra la violencia sexual que recae sobre los más pequeños, fue tildada enseguida de organización criminal. La justicia, en alianza con los medios de comunicación, prendió la mecha de lo que sería una persecución sin tregua contra las madres. Y al hacerlo lanzaba un mensaje aleccionador, una advertencia generalizada que ponía de relieve el alto precio a pagar por ponerle nombre a una violencia acostumbrada a permanecer oculta. 

Pasaría un largo año hasta que la policía finalizara su investigación y la Fiscalía Provincial de Madrid decidiera archivar la causa, ante la ausencia de datos precisos que apuntalaran la existencia de una trama criminal pensada para separar a las criaturas de sus padres valiéndose de denuncias falsas. La justicia les daba la razón, pero el relato en su contra había permeado en el conjunto de la sociedad.

El ensañamiento sistemático contra las madres no fue puntual ni aislado, sino que es la máxima expresión de un problema estructural presente en otras partes del mundo, como Argentina. Denunciar "un caso de agresión sexual a un niño o niña en la familia –aunque la denuncia sea de oficio por parte de un servicio médico– tiene muchas probabilidades de terminar con la condena de la madre, pérdida de la custodia y entrega del menor al agresor", tal y como escribe Beatriz Gimeno en su libro Misoginia judicial. La guerra jurídica contra el feminismo (Catarata, 2022). 

Las causas por las que se produce esta violencia institucional son diversas, prosigue la escritora y exdirectora del Instituto de las Mujeres, "pero se unen cuestiones con capacidad para roer el hueso del patriarcado". Por una parte, lo que la autora denomina "el tabú del incesto", unido al "deseo social de negarlo e invisibilizarlo, así como la incapacidad social e institucional para admitir que se trata de un crimen mucho más frecuente de lo que se cree". Por otro lado, entra en juego "el antifeminismo militante" que se expresa en "la desconfianza y el miedo que el patriarcado siente hacia el vínculo que las madres pueden establecer" con sus descendientes. Con este telón de fondo, "cuando una madre denuncia a un padre por abuso sexual a un hijo o hija, es muy posible que se esté introduciendo, sin saberlo, en una pesadilla sin solución".

Y son las madres quienes en mayor medida deciden denunciar formalmente los abusos revelados por sus hijas e hijos. Según Save the Children, ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas. 

Así lo atestiguan también las periodistas Patricia Reguero y Sara Plaza, autoras de Hija, yo sí te creo. Madres protectoras y su papel en la denuncia de la violencia sexual hacia la infancia (Libros del K.O., 2026). "A las niñas y niños no se les cree cuando dicen estar sufriendo violencia sexual, pero cuando es la madre quien denuncia, ni siquiera se les escucha porque todo el foco se desplaza", asiente Reguero a preguntas de este diario. Ahí comienza el despliegue de todo un "abanico de prejuicios" asentado sobre un sesgo machista muy evidente y otro sesgo "adultocéntrico que hemos empezado a ver y analizar más recientemente".

La abogada María Naredo coincide en que el castigo ejemplarizante contra las madres protectoras se cimenta sobre una "estructura de poder pétrea y asentada en la historia". En ese sentido, expresa la letrada feminista, donde el patriarcado ha demostrado ser "más rígido es precisamente en lo que respecta a la familia". Naredo concluye que "cuanto más cercano es el agresor y por tanto cuanto más se aleja de los mitos de la violencia sexual construidos por el propio patriarcado –el estereotipo de un violador desconocido que ejerce violencia en un callejón–, más reproche institucional existe contra quienes denuncian".

"Las prácticas protectoras de las madres se castigan desde varias instancias y de muchas formas", reflexiona Reguero. Cita herramientas como los puntos de encuentro, "lugares muy hostiles para ellas, donde se las observa al milímetro", pero también los "organismos encargados de hacer pruebas periciales que muchas veces son determinantes en los procesos". "Y, por supuesto, la justicia", añade, donde se genera una actitud "reactiva".

Así sucede con frecuencia respecto a aquellos casos en los que los abusos sexuales contra la infancia coexisten con violencia hacia las madres. Ahí, completa Naredo, se hace fuerte "el prejuicio de no creer a la madre ni al niño, el sistema se pone a la defensiva para que la impunidad siga existiendo". 

En el año 2009, la Fiscalía General del Estado emitió una circular donde afirmaba que en "los casos de separaciones matrimoniales conflictivas y en que existe litigio sobre la custodia", la experiencia judicial "lamentablemente acredita que no son excepcionales las denuncias por supuestos malos tratos o abusos que no responden a la realidad y tienen como finalidad influir sobre la decisión de custodia". Han pasado 17 años desde entonces y los pasos hacia adelante son incuestionables, pero la duda sembrada por la justicia sobre las madres todavía no se ha terminado de disipar. 

El análisis Violencia institucional contra las madres y la infancia, publicado por el Ministerio de Igualdad hace tres años, resume con precisión la respuesta del poder judicial y sus consecuencias. "Cuando la violencia institucional emerge dentro del sistema judicial es tal la profundidad con la que golpea y tan doloroso el daño que produce que es en virtud de esto que consideramos que debe ser reconocida y atajada con la mayor urgencia posible", advertía el estudio.

Naciones Unidas ha puesto de relieve, en reiteradas ocasiones, el patrón que existe en los procedimientos de familia en los que una mujer denuncia abusos contra sus hijos y los estereotipos que entonces orbitan en torno a ella, siempre valiéndose del falso síndrome de alienación parental como pretexto. El uso del falso síndrome está prohibido por la legislación, un veto que ha sido recientemente reforzado gracias a la reforma de la ley de protección a la infancia. No obstante, las expertas advierten que sus promotores en los tribunales han demostrado una más que sobrada capacidad a la hora de articular herramientas similares que, bajo eufemismos formales, persiguen exactamente los mismos fines. 

Naredo asiente convencida que el falso síndrome es, en realidad, el reverso del derecho de los menores a ser escuchados, así que "la mejor manera de desarticularlo es escuchar a los niños y niñas con todas las garantías". Pero la escucha activa está todavía lejos de ser una realidad.

En este contexto, emerge una situación contradictoria: "Si tú le preguntas a una persona cuál es el delito más abyecto, seguramente dirá que la violencia sexual contra la infancia, pero cuando observa que es la madre quien denuncia para proteger al menor y con eso está poniendo en cuestión la familia tradicional y mencionando algo tan prohibido como el incesto, entonces toda esa carga de prejuicios aparece". Habla Victoria Rosell, jueza y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Entonces, hasta la voz más comprometida comenzará a titubear y terminará "poniendo en duda a esa madre", sin pensar que en realidad es a ella a quien "más le cuesta dar el paso" por numerosos motivos, entre ellos la sensación de fracaso por la quiebra de su proyecto familiar o la culpa por la elección de una pareja sentimental que ha ejercido violencia contra sus criaturas. "Todas las madres protectoras me han dicho que primero no se lo podían creer, luego no se lo querían creer y ellas mismas exigieron un nivel de pruebas tremendo antes de ir a los tribunales", completa la jueza. 

En el origen del desprecio y el descrédito generalizado hacia las madres se sitúa no solo el sistema judicial, sino todo un entramado social, cultural y mediático que pone por delante las necesidades de los padres y devalúa el relato tanto de los menores como de las mujeres. El simple hecho de ponerle nombre a un tipo de violencia invisible genera una respuesta hostil automática. Así lo defiende Reguero: "Para muchos persiste esta idea de madre secuestradora y por tanto madre vengativa, dispuesta a aprovechar las supuestas ventajas del sistema y la normativa de protección de las mujeres frente a la violencia de género para negar a un hombre un derecho que se entiende como natural". 

Esta visión, concluye la periodista, continúa muy presente en el imaginario colectivo porque "hay muchísima gente a la que le resulta muy fácil concebir que una mujer es mala, pero muy difícil pensar en que un padre pueda agredir sexualmente a su hijo o hija".

Negar la violencia machista desde las instituciones tiene consecuencias materiales, más allá de la batalla cultural y simbólica librada por la extrema derecha. Las alianzas entre Vox y el Partido Popular en gobiernos municipales y autonómicos tienen efectos sobre las mujeres, atravesadas por los discursos negacionistas y cada vez más condicionadas por las políticas públicas que los blindan. Es el caso de Valladolid: el gobierno local aprobó el pasado mes de mayo una modificación del protocolo de acceso a la vivienda de alquiler social, sustituyendo los puntos concedidos a las víctimas de violencia de género por aquellos que se dirigen a las víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar. 

Se trata de una puntuación que se otorga a los solicitantes para ponderar la prioridad en el acceso a la vivienda social, en base a sus circunstancias y necesidades. El nuevo baremo no es simplemente un cambio de denominación inocuo, sino que desdibuja la realidad de la violencia machista, niega sus especificidades y revierte los avances en materia de políticas públicas, concretamente las medidas de acción positiva. En síntesis, hace palpable el discurso reaccionario que la extrema derecha lleva abanderando desde su entrada en las instituciones.

En València sucedió algo similar hace dos años. PP y Vox aprobaron nuevas bases para el acceso al empleo público municipal, deshaciéndose de los puntos adicionales que hasta aquel momento se reservaban a las mujeres y a las víctimas de violencia de género. Y un año antes, en Maracena (Granada), la alianza entre ultras y conservadores supuso la aprobación de nuevas bases para una bolsa social de contratación temporal, eliminando la puntuación específica reservada a las víctimas de violencia machista.

Y en enero del presente año, el aval a los presupuestos de Móstoles (Madrid) quedó atravesado por el sello ideológico de la ultraderecha, que logró modificar el enfoque de las ayudas relacionadas con la violencia de género dando paso a un cambio de denominación en sintonía con lo ocurrido ahora en el consistorio vallisoletano: violencia familiar en lugar de violencia machista. 

Priorizar el acceso de las víctimas de violencia machista a la vivienda y el empleo tiene un sentido evidente. La propia ley estatal contra la violencia de género establece que las víctimas "serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores", además de contar con "un programa de acción específico" para aquellas "inscritas como demandantes de empleo". La legislación así lo estipula desde hace más de dos décadas precisamente porque la falta de ingresos, la dependencia económica y la ausencia de una alternativa residencial lastran el proceso de ruptura y emancipación.

Los datos al respecto son especialmente significativos. El 65,3% de las víctimas mortales de violencia machista convivía con su agresor cuando fue asesinada. Son dos de cada tres. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, las mujeres que se reconocen más dependientes de su pareja tienden a expresar mayores tasas de violencia, en todas sus formas: así lo señala el 14,7% de las encuestadas, frente al 8,3% de quienes se sienten plenamente autónomas. 

El Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación, publicado por la Delegación del Gobierno en 2019, recoge que las mujeres que cuentan con una vivienda en propiedad tardan de media seis años y ocho meses en pedir ayuda. En cambio, aquellas que viven en un hogar que pertenece a su agresor tardan ocho años y dos meses. 

El análisis de 2023 Violencia económica contra las mujeres en sus relaciones de pareja o expareja recalca que la vivienda es una cuestión central en situaciones de violencia. "Algunas de las mujeres entrevistadas se marcharon de casa huyendo de sus agresores, o han sido desahuciadas de su casa por impagos a consecuencia de la violencia económica", dibuja el informe. En esas circunstancias, añade, "disponer de un techo se convierte en primera necesidad". 

El mismo estudio recoge que las mujeres usuarias del servicio Atenpro aseguran presentar dificultades económicas relacionadas con el acceso y permanencia en una vivienda, como no poder pagar el alquiler (34,6%), los suministros (29,1%) o hacer frente al pago de la hipoteca (14,2%).

El informe Mujeres ante los desahucios consagra la idea de que "experimentar violencia de género es un claro factor de riesgo de exclusión social", durante la propia relación y una vez se ha terminado. En ese sentido, en lo que respecta a los elementos que contribuyen a que las mujeres permanezcan en relaciones violentas, los autores creen relevante destacar la importancia de aspectos materiales, como carecer de recursos económicos y de alternativas habitacionales viables. Y por ese motivo, el grueso de las víctimas "necesitan ayuda para acceder a una nueva vivienda en la cual puedan desarrollar su vida de forma segura". Según datos recogidos por el Instituto de las Mujeres, la tasa de mujeres sin hogar ha aumentado un 47% en una década y la violencia machista está detrás del 21% de los casos.

La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha presentado tres escritos ante instancias judiciales y del Gobierno para exigir que el asesinato de Franyel, mujer trans 35 años asesinada por su pareja el pasado domingo en San Pedro Alcántara, núcleo de población de Marbella (Málaga), sea reconocida como víctima de violencia machista.

El asunto será investigado por una plaza de la sección de instrucción y no de violencia sobre la mujer, dado que la víctima no se había inscrito aún con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal indispensable en este ámbito, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

ATA ha dirigido sus escritos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella- Plaza número 2, que investiga los hechos; a la Fiscalía Provincial de Málaga, Sección de Violencia sobre la Mujer; y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, según ha informado ATA este viernes en un comunicado.

Ante el órgano judicial y la Fiscalía, ha trasladado los argumentos jurídicos para que se valore la competencia del órgano especializado en violencia sobre la mujer, "evitando que la falta de adecuación de la documentación registral de Franyel prevalezca sobre su identidad como mujer y sobre la realidad de la relación sentimental que mantenía con el investigado".

La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, ha argumentado que la finalidad de las leyes contra la violencia de género es proteger a las mujeres frente a la violencia machista, y ésta "no puede quedar anulada por una circunstancia meramente documental".

"Franyel era una mujer y fue asesinada por quien era su pareja. Interpretar una norma destinada a proteger a las mujeres de una forma que la deje fuera por lo que figura en un documento sería contrario a su propio espíritu y finalidad", ha declarado.

Además, ha advertido de la "especial situación" de las mujeres trans migrantes, cuya documentación de origen puede no corresponderse con su identidad de género, y considera que "esta circunstancia administrativa no puede convertirse en una puerta de exclusión del sistema de protección frente a la violencia machista".

La organización también ha trasladado el caso a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a la que solicita que impulse las actuaciones necesarias para garantizar un tratamiento institucional del asesinato con perspectiva de género y pleno respeto a la identidad de Franyel.

"Lo que se decida marcará también qué respuesta encuentran otras mujeres trans, especialmente migrantes, ante la violencia machista", ha insistido.

El presunto homicida, un hombre de 59 años fue arrestado por la Policía este lunes tras confesar el crimen a la llegada de los agentes a la vivienda, y el juez ordenó el miércoles su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Será investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio.

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que reúne a grupos feministas contrarios a la ley trans, ha respaldado la decisión del tribunal de no investigar como violencia de género el asesinato.

Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres "la cuestión no es la gravedad del crimen, que debe ser investigado y castigado con toda la contundencia del Código Penal, sino su correcta calificación jurídica".

Argumenta que la ley integral contra la violencia de género de 2004 no se aplica en función de identidades o percepciones subjetivas, sino que recoge las circunstancias que deben concurrir.

"No concurre el presupuesto legal de un hombre que ejerce violencia sobre una mujer que es o ha sido su pareja, ni puede calificarse esa relación como expresión de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres", señala.

"Existía una relación de pareja pero entre dos personas del mismo sexo biológico y, en este caso, también del mismo sexo registral", añade este grupo de entidades feministas, que incide en que debe encuadrarse como violencia doméstica.

Hay una constante que atraviesa la historia de los movimientos reaccionarios. Cambian las banderas, los discursos y las épocas, pero todos necesitan recuperar un determinado modelo de mujer.

No es casualidad.

El autoritarismo comprende que la política no empieza en los parlamentos, sino en la cultura. Antes de conquistar las instituciones necesita conquistar el imaginario colectivo. Necesita redefinir qué significa ser una "buena mujer": discreta, complaciente, cuidadora, agradecida y, sobre todo, alejada del poder.

Por eso me inquieta más el movimiento que los hechos aislados.

Las democracias no suelen enfermar de repente. Se deterioran cuando las sociedades normalizan aquello que poco antes habrían considerado inaceptable. El totalitarismo no llega como una tormenta; se instala como una costumbre.

Cada renuncia parece insignificante. Cada decisión se justifica por separado. Siempre hay quien dice que "no pasa nada". Sin embargo, la historia demuestra que sí pasa.

Las instituciones nunca son neutrales. No solo administran recursos; educan. Construyen narrativas y transmiten qué valores considera importantes una sociedad. Quien desprecia los símbolos desconoce cómo se construye una cultura democrática.

Karl Popper advirtió, con la paradoja de la tolerancia, que una democracia que deja de defender activamente sus principios termina facilitando su propia erosión. Los derechos no desaparecen únicamente cuando son prohibidos; también cuando dejan de ser defendidos.

Quizá ese haya sido nuestro mayor error. Creer que la igualdad era irreversible. Simone de Beauvoir ya advirtió que bastaría una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres volvieran a ser cuestionados. No era una predicción; era una lección de historia.

El verdadero retroceso nunca empieza derogando derechos. Empieza cambiando el relato. Convenciéndonos de que las políticas de igualdad ya no son necesarias, de que el feminismo ha ido demasiado lejos y de que la mujer tradicional representa un modelo que conviene recuperar.

Cuando ese relato entra en las instituciones deja de ser una opinión para convertirse en pedagogía política.

La cuestión no es si asistimos a un hecho aislado. La cuestión es si seremos capaces de reconocer el movimiento antes de que vuelva a convertirse en nuestro destino.

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Rocío Martín es socia de infoLibre.

Una mujer que acaba de sufrir una agresión puede entrar en una carpa violeta, sentarse, sentirse segura y decidir qué hacer después. Nadie debe obligarla a denunciar ni cuestionar su relato. Puede pedir asistencia sanitaria, acudir a la policía, volver a casa o solicitar que alguien la acompañe. Ese apoyo inmediato es la parte más visible de los puntos violeta, presentes ya en numerosas fiestas populares y festivales de música de todo el país. 

Su origen se remonta a 2014, cuando varios colectivos feministas empezaron a montar puestos improvisados con brazaletes morados en fiestas populares para repartir información sobre cómo actuar ante una agresión sexista. Un año después, en 2015, el Ayuntamiento de Pamplona instaló durante los Sanfermines la primera caseta municipal de este tipo, y desde entonces, la fórmula se ha extendido a prácticamente todo el país, impulsada también por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que destina presupuesto específico a esta red.

José Luis Izaguirre, socio y consultor de Egaleco —cooperativa de políticas públicas, igualdad y comunicación que gestiona dispositivos de este tipo sobre todo en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia—, resume la función de un punto violeta como “la parte visible de un dispositivo entero de prevención y atención frente a las vivencias machistas”, pensado para entornos de ocio donde se concentra mucha gente, se consume alcohol y aumenta el riesgo de agresión sexista. Detrás de la carpa hay una coordinación permanente con los servicios municipales, sobre todo con las técnicas de igualdad de cada ayuntamiento, que trabajan durante todo el año, no solo en fiestas y también con la policía y los servicios sanitarios.

En la práctica, la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad varía según el municipio y el tiempo disponible para preparar el dispositivo. Izaguirre explica que, al inicio del turno, los agentes de guardia, uniformados o de paisano, se acercan a la carpa para presentarse y dejar un contacto directo. “La colaboración siempre es muy positiva”, resume, aunque reconoce que lo ideal sería contar con más margen para diseñar protocolos conjuntos con policía, sanidad y la concejalía de Igualdad antes de las fiestas, algo que choca muchas veces con los plazos administrativos de las licitaciones públicas.

El perfil profesional de quienes atienden la carpa es amplio, pero todos comparten formación en violencias machistas y perspectiva de género. Egaleco recurre habitualmente a promotoras de igualdad con formación de grado superior y a titulados en másteres especializados en género y políticas públicas. “En cada dispositivo suele haber al menos dos profesionales, de forma que si una tiene que acompañar a alguien fuera de la carpa, la otra pueda seguir atendiendo” comenta Izaguirre. Cuando una mujer llega tras sufrir una agresión, la prioridad es buscarle un espacio donde se sienta segura. A partir de ahí, la profesional informa de los recursos disponibles, pero es ella quien decide. “No es agobiarla para que vaya a denunciar sí o sí, ni asustarla, ni mucho menos cuestionar su testimonio. Estamos para acompañar y para ofrecer recursos”, subraya.

Según la experiencia de Egaleco, los casos de agresión grave no son los más frecuentes. La función principal del punto violeta es la sensibilización. “Muchas mujeres se acercan porque el dispositivo transmite seguridad, para pedir información o simplemente porque han oído hablar de él, y también se acercan madres que agradecen que exista ese recurso para sus hijas” asegura Izaguirre. 

La extensión de estos servicios plantea también nuevos retos. Cada vez más ayuntamientos los incluyen en sus fiestas, pero Izaguirre advierte de la dificultad de preparar protocolos conjuntos con suficiente antelación y la tendencia de algunos pliegos de reducir las horas de formación exigidas al personal.

Junto a los puntos violeta, cada vez más ferias y festivales incorporan los puntos arcoíris, dispositivos especializados en la prevención de la LGTBIfobia.

Antonio Ferre, presidente de la Federación Andalucía Diversidad LGBT, los define como “un lugar donde cualquier persona LGTBI debe saber que puede acercarse y sentirse escuchada, acompañada y segura” ante discriminación, acoso o agresiones por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Las situaciones atendidas no siempre empiezan con una agresión física. Ferre explica que pueden arrancar con una burla, un comentario o una provocación hacia una pareja del mismo sexo, y escalar después hacia el acoso o la agresión. El protocolo de atención comparte filosofía con el punto violeta: primero se atiende a la persona, después se aborda el procedimiento, sin interrogar ni cuestionar el relato, y sin presionar a la víctima para que denuncie si no quiere hacerlo en ese momento.

Entre los lugares donde las personas LGTBIQ+ sufren más agresiones de odio, el informe Estado del Odio 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), señala la calle como el escenario principal (32%) y los espacios de ocio, como discotecas o bares, en tercer lugar (13%).

La Federación Andaluza LGBT ha instalado puntos arcoiris en eventos como la Caseta La Colega, durante la Feria de Málaga, o la Feria y Romería de San Miguel de Torremolinos. Algunos municipios empiezan a unificar puntos violeta y arcoíris en un único espacio. Ferre no rechaza esa fórmula, pero pone una condición: “Si unir significa sumar, nos parece positivo. Si significa reducir atención o especialización, no”, advierte. Su mensaje se dirige a las administraciones: un punto arcoíris, insiste, “no es un lujo ni un elemento decorativo de una fiesta, sino una inversión en seguridad y convivencia que no debería recortarse en momentos de ajuste presupuestario”.

Sara se quedó embarazada con solo 14 años. El proceso de gestación pasó desapercibido entre quienes debían cuidar de ella hasta el mismo día del parto, nueve meses después. Cuando comenzaron las preguntas, la adolescente señaló a su padrastro. El caso llegó a los tribunales, pero los jueces no fueron capaces de apreciar ningún delito de violencia sexual, a pesar de considerar probado que existieron relaciones entre ambos y que el acusado era efectivamente el padre del bebé.

El denunciado no negó los hechos, pero alegó encontrarse en un estado de inconsciencia durante el acto sexual, fruto de las altísimas dosis de alcohol ingerido. La menor, quien ocultó el embarazo a su familia, también exculpó al adulto y cargó con la responsabilidad afirmando que había sido ella quien había iniciado las relaciones sin que el adulto fuera consciente. La culpa es una de las consecuencias citadas con mayor frecuencia por las víctimas de violencia sexual en la infancia y la adolescencia, pero los jueces no supieron verlo. El padrastro de la joven fue absuelto.

"La indignación y la repulsa por unos hechos, por más justificada que esté su compartida extensión, nunca pueden actuar como un elemento que debilite el cuadro de garantías con el que una sociedad democrática quiere que sea enjuiciado cualquier acusado de un hecho delictivo", concluyeron los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra. 

Según el informe Por una justicia a la altura de la infancia, elaborado por Save the Children y basado en el análisis jurídico de sentencias, el 83% de los casos de violencia sexual contra niños que llegan a los juzgados terminan en condena. El estudio solo tiene en cuenta aquellos casos en los que existe resolución judicial, por lo que no figuran datos precisos sobre la tasa de sobreseimientos. En cuanto a las absoluciones, más de la mitad (58,9%) lo son por falta de pruebas.

Así le sucedió a Nuria. La Audiencia Provincial de A Coruña absolvió a su padre, denunciado por haber abusado de la joven cuando era menor. La absolución se apoyó en la ausencia de pruebas, pero también en el descrédito hacia el testimonio de la adolescente: "En el presente caso el análisis de todas las pruebas conjuntamente en los términos que quedaron expuestos nos llevan a la absolución del acusado", puesto que únicamente existió la declaración de la menor, cuyo testimonio, plasmaron los jueces en la sentencia, "genera dudas sobre su fiabilidad".

En diciembre de 2025, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidieron absolver a un hombre que había sido previamente condenado por un delito de abusos sexuales a una menor de 14 años. El motivo: apreciaron "serias dudas" sobre la solidez del relato de la joven. La justicia destacó además que la víctima había alterado su testimonio en las distintas fases del proceso judicial.

En este punto entra en juego un elemento clave: la prueba preconstituida. Se trata de una diligencia judicial que permite recoger anticipadamente el testimonio de una víctima con todas las garantías procesales, de modo que dicha declaración pueda ser utilizada posteriormente como prueba en el juicio. Su objetivo principal pasa por evitar que los supervivientes, más aún en el caso de los menores, se vean obligados a revivir lo sucedido una y otra vez en sede judicial. 

Según Save the Children, la prueba preconstituida solo se practicó en el 34,5% de los casos analizados y en un 1% fue solicitada pero no se efectuó. En un 63,8% de las resoluciones examinadas ni siquiera se menciona este elemento, por lo que no consta información sobre si llegó a tenerse en cuenta. En todo caso, advierte la organización, el hecho de que un dictamen judicial refleje la existencia de la prueba preconstituida no significa necesariamente que la denunciante no declare de nuevo en el juicio: "Observamos que incluso en el 60% de los casos en los que se ha grabado el testimonio, la víctima ha tenido que volver a declarar", lamentan.

La Audiencia Provincial de Salamanca reconoció, en una sentencia dictada en abril del año pasado, que el testimonio de la víctima no era suficiente para probar los abusos denunciados, pues no contaba con "la necesaria fuerza" debido a las "evidentes contradicciones existentes en sus variadas declaraciones y la inexistencia de corroboraciones periféricas que le doten de una mayor credibilidad". 

La denunciante había narrado agresiones sexuales por parte de la pareja de su madre, ambos denunciados con anterioridad por malos tratos. En ese extremo se atrincheraban también los jueces, quienes no comprendían que en aquella primera denuncia formulada la joven no hubiera expresado ningún episodio de abuso sexual: "Nada dijo [entonces] sobre esta supuesta agresión sexual que más tarde denunció y que hubiera sido muy fácil relatar", aseguraban los togados, sin ahondar en los motivos por los que una víctima puede tardar en verbalizar la violencia sufrida. 

"No es que los hechos analizados y que constituyen la base de la denuncia no sean ciertos, sino que no existe prueba bastante para, eliminada toda duda razonable, tener por ciertos los mismos y entender que sucedieran de la forma que se narra", concluían los jueces. 

El estudio La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas, elaborado por Themis Mujeres Juristas en 2020, revela que "las sentencias absolutorias se basan fundamentalmente en el testimonio contradictorio de la víctima", poniendo de manifiesto que su relato "no es espontáneo" o que sus declaraciones en el juicio son "contradictorias con lo declarado en instrucción". En pocas sentencias, advertían ya entonces las expertas, "el tribunal aprecia que puede existir retracción en el testimonio de la menor por la convivencia con el agresor o la presión familiar".

En verano del año pasado, la Audiencia Provincial de Jaén condenó a nueve años y un día de prisión a un hombre de treinta años que había agredido sexualmente a una menor de once. En realidad, el acusado ya había pasado por los tribunales dos años antes y había resultado absuelto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó repetir el juicio, porque entendía que los primeros magistrados habían usado argumentos irracionales para justificar su decisión, cuestionando sistemáticamente la veracidad del relato expresado por la menor, una niña tutelada. 

Algo similar ha sucedido recientemente: el alto tribunal andaluz ha exigido celebrar de nuevo un juicio contra un acusado de abuso sexual infantil, al considerar que los jueces "no ofrecieron una justificación racional en torno al pronunciamiento absolutorio". Los hechos juzgados sucedieron hace nueve años, pero la víctima todavía no ha obtenido reparación.

Los menores denunciantes tuvieron en ambos casos que soportar la revictimización propia de dictámenes basados en prejuicios, pero también la dilatación de procedimientos judiciales que parecían interminables, una losa para su recuperación. "Más de un tercio de los procesos se prolonga más allá de los tres años y todavía hay procesos que llegan a durar más de cinco", expone Save the Children. Según sus datos, aproximadamente el 52% de los casos se resuelven en los tres primeros años, pero un significativo 40,9% de los procesos se extienden más allá del tercer año y un 12,1% dura más de un lustro. Las dilaciones indebidas están presentes en el 50,6% de las atenuantes.

Cuando Lidia tenía ocho años, sus padres se divorciaron. En ese momento, el progenitor de la pequeña pasaba tiempo con su hija a través de un régimen de visitas, compartiendo cama los fines de semana alternos en los que convivían. Allí fue donde le realizaría tocamientos e intentaría violarla, cuando solo tenía diez años. Los abusos se repitieron hasta que, dos años después, la pequeña contó lo sucedido en el colegio. El proceso judicial echó a andar un mes después de la denuncia, pero el juicio no tuvo lugar hasta cuatro años más tarde, tras haber sido suspendido y pospuesto. Al acusado, condenado a dos años y seis meses de prisión, se le aplicó una atenuante por dilaciones indebidas. Lidia arrastra secuelas graves desde entonces, fruto de lo sucedido y del proceso que vino después.

Con la justicia especializada, exponen desde las organizaciones, el proceso legal "no se alarga en el tiempo, facilitando la recuperación de los niños, niñas y adolescentes víctimas". 

Y es en el marco de la justicia especializada donde se encuadran las conocidas como Barnahus –casa de los niños, en islandés–, un modelo de atención integral centrado en la atención de los menores para evitar la victimización secundaria. El recurso permite realizar la grabación del testimonio en un entorno seguro, con profesionales especializados.

La primera de estas herramientas echó a andar en Tarragona en el año 2020. Nació como proyecto piloto y desde entonces se ha ido replicando por todo el territorio catalán, si bien son varias las comunidades que ya están implementándolo. La ley de protección a la infancia trató de incorporar el espíritu de este modelo al sistema judicial, apostando por una mejor coordinación entre administraciones, mientras que la conocida como ley del solo sí es sí trasladó estos principios al ámbito específico de la violencia sexual. 

Un estudio que evalúa el impacto del modelo en el caso de Tarragona, publicado en octubre de 2024 por la Universitat Rovira i Virgili (URV), expone las mejoras relevantes en cuestiones fundamentales como la duración de los procesos judiciales, la calidad probatoria, el número de sentencias condenatorias y la experiencia de las víctimas. Según concluyeron los expertos, este modelo conlleva una reducción generalizada de los casos que acaban en sobreseimiento: los archivos representan el 36,4% del total, frente al 57,4% registrado cuando no interviene este recurso.

Además, sólo un 11,6% de aquellos procedimientos en los que existía prueba preconstituida terminaron en sobreseimiento, una tasa que se eleva al 76,8% cuando no se pone en marcha este tipo de prueba. Barnahus también es un elemento clave en la reducción de los tiempos: la media de duración del proceso judicial se desploma hasta poco más de un año, la mitad de la media registrada en términos generales.

Pero para mejorar la atención judicial que reciben los menores en los tribunales, son necesarios recursos. La ley de protección a la infancia exige caminar hacia una justicia especializada, pero no ordena directamente la creación de nuevos juzgados. Fue la ley de eficiencia de la justicia la encargada de desarrollar finalmente la previsión de nuevos tribunales de instancia con secciones propias a finales del año pasado, pero solo se crearon tres secciones independientes: en Madrid, Barcelona y Málaga. A principios de julio, el Gobierno aprobó la creación extraordinaria de medio millar de nuevas plazas judiciales, la mayor ampliación hasta la fecha. Solo una de ellas será específica de violencia contra la infancia y la adolescencia. 

Nota al pie: todos los nombres propios usados en este artículo son ficticios.

He presenciado cómo un hombre, a quien me referiré como el espectador, veía Jarrapellejos, una película en la que, en medio de un relato complejo sobre el poder, varios hombres violan a dos mujeres y las asesinan.

Me sorprendo mirándolo a él. No puedo dejar de preguntarme qué ocurre en su conciencia mientras ve la película ni qué pensará cuando termine. Me pregunto qué siente durante esos minutos en los que dos mujeres forcejean, gritan, intentan escapar, son violadas y asesinadas.

No sé qué piensa el espectador. Tampoco puedo saber con exactitud qué sintieron aquellas mujeres a las que dos actrices dan vida en la pantalla. Pero sí reconozco lo que esa escena despierta en mí y sospecho que muchas mujeres identifican esa sensación: la de contemplar el cuerpo de la mujer convertido en el lugar donde es posible el ejercicio del poder absoluto.

La escena me resulta insoportable y me alejo.

El espectador continúa viendo la película.

Durante horas pienso en lo que acabo de ver y en el espectador. Intento comprender qué ocurre en la conciencia de alguien que permanece ante unas imágenes que para mí resultan insufribles. Más tarde comprendo que me estaba haciendo la pregunta equivocada porque, en realidad, no era aquel espectador quien me interesaba. Era el poder. Porque la violación no es solo una agresión sexual, es la expresión extrema del dominio de un ser humano sobre otro. El sexo no es el fin, sino el lenguaje. Lo que en realidad se afirma es algo mucho más profundo: esa mujer ha dejado de ser tratada como una persona cuya voluntad merece respeto para convertirse en un cuerpo sobre el que todo está permitido. Es decir: puedo hacer contigo lo que quiera.

Y entonces aparece la única pregunta que importa: ¿por qué, cuando una cultura necesita representar el poder en su forma más cruda, tan a menudo lo representa sobre el cuerpo de una mujer?

Vivo en una sociedad que jurídicamente ha reconocido la igualdad entre hombres y mujeres. Las leyes han cambiado de una manera que habría parecido imposible hace apenas unas décadas. Las mujeres somos hoy, al menos en el ordenamiento jurídico, personas con los mismos derechos que los hombres.

Pero una cultura no cambia al mismo ritmo que sus leyes. El derecho puede reconocer a la mujer como persona mucho antes de que la sociedad haya transformado por completo las formas más profundas en las que mira a las mujeres, las interpreta y se relaciona con ellas. El lugar que una cultura reserva a las mujeres no se modifica por decreto. Se transforma lentamente a través de la educación, de las costumbres, de las religiones, de la literatura, del cine y del lenguaje. Durante siglos son hombres quienes escriben, interpretan y dotan de autoridad a los grandes relatos que ordenan la vida social. No solo establecen una relación con lo sagrado o con la ley, también definen qué debe ser una buena mujer, qué comportamientos merecen aprobación y cuáles merecen sospecha, desprecio o castigo.

La historia de las mujeres puede leerse también como la historia de un reconocimiento siempre incompleto de su plena condición de persona. Las leyes han desmontado una parte de ese edificio, pero la transformación cultural es más lenta, porque no afecta únicamente a las normas visibles, sino a las formas aprendidas de mirar y valorar.

Y es que el poder más eficaz no siempre necesita mostrarse como poder. Triunfa cuando consigue fundirse con la costumbre, con la tradición, con aquello que parece natural porque siempre ha estado ahí. Por eso el poder no reside únicamente en los parlamentos o en los tribunales. Habita también en las relaciones personales, en la familia, en la educación sentimental, en las expectativas que hombres y mujeres aprendemos desde la infancia. No se trata solo de quién tiene formalmente derechos. Se trata también de quién es escuchado, quién es creído, quién ve reconocida su voluntad como un límite que los demás deben respetar. Porque una persona no es meramente alguien a quien la ley reconoce derechos. Es también alguien cuya palabra tiene valor, cuyo deseo importa y cuyo cuerpo no está disponible para la voluntad ajena.

Al hilo de esto hay algo que siempre me ha llamado la atención: uno de los mayores temores de muchos hombres al ingresar en prisión es ser violados por otros hombres. Ese miedo revela algo esencial. No se refiere únicamente al dolor físico o a la humillación.

Revela el horror de ser privado de la capacidad de disponer del propio cuerpo, de convertirse en un cuerpo por completo sometido a la voluntad ajena. En ese sometimiento radical, cualquier ser humano comprende qué significa que otro decida, que su propia voluntad no cuente. Todos entendemos, de una manera inmediata, el significado de esa forma de poder.

Y, sin embargo, esa misma forma de poder aparece una y otra vez representada sobre los cuerpos de las mujeres en la ficción. Lo insoportable no es la escena concreta, sino que su repetición haya terminado por convertirla en una representación reconocible y habitual del dominio.

No sé qué pensaba el espectador mientras veía Jarrapellejos. Nunca podré saberlo. Pero sí sé lo que esa secuencia que yo no pude seguir viendo me ha llevado a pensar: la igualdad jurídica ha llegado mucho antes de que la sociedad haya alcanzado el reconocimiento cultural pleno de las mujeres como personas, cuya voluntad, cuya palabra y cuyo cuerpo poseen el mismo valor que los de cualquier otro ser humano.

Las leyes pueden cambiar mucho antes que una cultura. Una cultura se transforma cuando deja de considerar imaginable, representable y aceptable aquello que durante siglos le había parecido natural. Porque las culturas no solo revelan aquello que admiran; también delatan aquello que consideran disponible. Quizá la verdadera igualdad comience el día en que el cuerpo de las mujeres deje de ser el lugar privilegiado sobre el que una sociedad representa el ejercicio del poder más absoluto.

¿Cómo sabremos que ese cambio se ha producido? Tal vez cuando una escena como la de Jarrapellejos deje de parecernos una forma reconocible de representar el poder. Cuando, por primera vez, ya no nos resulte natural. Cuando nos resulte extraña. Porque quizá sea entonces, y solo entonces, cuando haya dejado de ser imaginable la suspensión de la condición de persona de un ser humano, aunque solo sea por el tiempo que dura una escena.

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Isabel Torné es socia de infoLibre.

Marzo de 2026. La Semana Santa se ve atravesada por una inesperada polémica. Una imagen salta enseguida a los medios de comunicación: la de un grupo de cofrades impolutos, la mayoría jóvenes, preparados para la gran celebración religiosa. Entre sus filas, ni una sola mujer. Sucedió en Sagunto (Valencia). La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, la única de la localidad valenciana, había vetado expresamente la participación de mujeres. Sus componentes lo habían determinado así, convencidos y orgullosos de su decisión. Apenas cuatro meses después, el municipio vuelve a estar en primera línea por otra polémica sexista.

A finales de julio, una peña taurina de la misma localidad se paseó por las fiestas patronales exhibiendo un cartel humillante para las mujeres. En la imagen, estampada también en camisetas y otros artículos, figuraba la caricatura de una mujer desnuda manteniendo relaciones sexuales con un toro. La ilustración quedaba coronada con la frase "pa una vesprà està bé" –para una tarde está bien–.

La peña Un forat es un forat –un agujero es un agujero–, una de las ocho decenas que participan en los festejos, presumió de su dudoso ingenio en el recinto taurino donde cada año se concentran los asistentes a las fiestas, en cuyas gradas conviven jóvenes y menores de edad. Las fiestas están consideradas de interés turístico autonómico desde el año pasado, un distintivo concedido a aquellos eventos de especial relevancia desde el punto de vista turístico, siempre que merezcan consideración por su impacto cultural y su puesta en valor de las tradiciones populares valencianas. 

Lejos de contribuir a la difusión de los valores culturales y populares de la localidad, la exhibición protagonizada por la peña valenciana ha despertado un reproche generalizado y sin paliativos. El Ayuntamiento decidió retirar la imagen una vez tuvo conocimiento de su existencia, tras crear una mesa de trabajo para impedir que ilustraciones como esta tengan cabida en las fiestas. 

La Generalitat Valenciana, por su parte, manifestó públicamente su "más absoluto rechazo a cualquier representación que contribuya a denigrar, cosificar o ridiculizar a las mujeres", especialmente tras los "importantes avances conseguidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres gracias al esfuerzo de toda la sociedad". El Gobierno regional insistió en que imágenes como la plasmada por la peña taurina "reproducen estereotipos sexistas" y presentan a las mujeres desde una "perspectiva de subordinación o humillación". La peña, ahora en silencio, lleva años haciendo alarde del logo en el contexto de las fiestas populares.

Este lunes, el Ministerio de Igualdad remitió dos oficios al Ayuntamiento y a la Federación de Peñas, en relación al cartel sexista. "Exigimos respeto, en cualquier celebración, a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación", señalaba el departamento en redes sociales.

La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre expresó su total rechazo al cartel, pero también censuró la complicidad institucional y la normalización de este tipo de proyectos, tradicionalmente impunes y elogiados: "El silencio, aquí, también es una posición. La dignidad de las mujeres no está en discusión. Ni en fiestas, ni fuera de ellas", asiente la organización feminista en un comunicado adelantado por elDiario y Levante. Se trata de una "imagen denigrante que se cuela en la fiesta con la excusa de siempre: que ‘es una broma’, ‘no seas exagerada’ o ‘esto es tradición", analiza la plataforma, "la misma cantinela de siempre para que las mujeres nos callemos y aplaudamos nuestra propia caricatura".

La Coordinadora Feminista de València se sumó a la denuncia ante "el infame cartel de la peña taurina", por considerar que infringe las leyes "utilizando los cuerpos de las mujeres de manera sexista, humillante y degradante". Igual que sus compañeras, las feministas valencianas exigen no solo una sanción a la altura, sino la devolución del dinero público que haya podido recibir la peña y plantean, en su denuncia, una investigación por posible apología del delito de zoofilia.

En la conexión entre maltrato animal, violencia y masculinidad arcaica pone el acento la psicológa María Ibáñez, activista feminista y defensora de los animales. La psicóloga dibuja este tipo de eventos como espacios de socialización masculina especialmente nocivos que en situaciones extremas refuerzan hábitos machistas bajo el pretexto de la tradición. En casos como el actual, la combinación de la cultura de la violación con el maltrato animal como expresión cultural resulta especialmente peligrosa para los menores. "Con el agravante de la complicidad de todo el que ha permitido durante años que eso existiera", apunta la especialista. 

El pasado mes de febrero, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas volvió a reprender a España por permitir que los menores "continúen presenciando violencia y muerte" en el marco de festejos taurinos populares. La Generalitat Valenciana, pese a ello, ha decidido multiplicar el presupuesto destinado al sector taurino para este año, hasta alcanzar los 1,03 millones de euros frente a los 450.000 euros previos.

La tradición es la gran invocada por quienes se atrincheran en la defensa de conductas con un claro sesgo machista. Sucedió hace escasos meses, en el contexto de la Semana Santa. Pero la polémica con la cofradía saguntina lleva viva más de dos décadas. A finales de los noventa, se celebró una primera votación, a iniciativa ciudadana, para decidir si la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo debía alterar sus estatutos y abrir la puerta a las mujeres. El intento cayó en saco roto. 

Pasaron largos años hasta que se planteó de nuevo abrir el debate. La segunda votación se fraguó hace cuatro años, con resultados prácticamente idénticos. Una asamblea extraordinaria puso sobre la mesa la posibilidad de sustituir el término "varones" de su reglamento interno y así permitir la entrada de mujeres. Una vez más, los miembros de la cofradía se inclinaron por mantener el veto. Pero en febrero del presente año, la ciudadanía se movilizó para reclamar una cofradía equitativa. Lo hizo, esencialmente, porque consideraba incompatible la exclusión con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que la Semana Santa de Sagunto posee desde el año 2004. 

En marzo de este mismo año, tiene lugar una nueva votación. Y una vez más, las mujeres se quedan fuera. Pero la polémica esta vez no se reduce a las calles de la localidad, sino que atraviesa fronteras y genera un tsunami de indignación generalizada en todo el país. El Gobierno abre entonces un expediente para revocar el reconocimiento oficial: discriminar a las mujeres por serlo es incompatible con los valores democráticos, zanjan las instituciones. A finales de marzo, el Ministerio de Igualdad toma cartas en el asunto y lleva el caso ante la Fiscalía. El Ministerio Público mantiene abiertas diligencias desde mayo. 

"La tradición es la tradición", se defendieron entonces los cofrades. 

¿Ha muerto la teología de la liberación (TL)? Es la pregunta que me plantean con frecuencia en mis conferencias tanto en el norte global como en el sur global. La pregunta refleja implícitamente la idea de su muerte, muy extendida en el imaginario colectivo, tanto laico como religioso.

Mi respuesta suele ser que tal idea no responde a la realidad, sino, más bien, al deseo de no pocos sectores ubicados del lado de los fundamentalismos religiosos, del neoliberalismo económico y del conservadurismo político. Y añado: la TL está viva y activa en el nuevo escenario político, religioso, cultural y económico, no solo en América Latina, donde nació, sino en todo el sur global, dando lugar al nacimiento de las teologías del sur global y a su tendencia descolonizadora de los discursos cristianos (Juan José Tamayo, Teologías del Sur. El giro descolonizador, Trotta, 2024, 2ª ed.).

La mejor prueba de dicha vitalidad es la celebración del 12º Foro Mundial sobre Teología y Liberación (FMTL), que está teniendo lugar del 31 de julio al 8 de agosto en la ciudad de Cotonú (Benín, África Occidental), en el marco del 17º Foro Social Mundial (FSM). Entre las razones que han llevado a elegir Benín como lugar del FSM y del FMTL cabe destacar las siguientes: Benín es un cruce de la espiritualidad vudú y la cultura panafricana, un lugar de memoria histórica de la trata de personas esclavas y un país con una fuerte movilización de la sociedad civil.

Es el sexto Foro que se celebra en África. Los cinco anteriores tuvieron lugar en Bamako (Mali, 2006), Nairobi (Kenia, 2007), Dakar (Senegal, 2011) y Túnez (2013 y 2015).

En el FMTL de Benín participan teólogas, teólogos, activistas, investigadores y comunidades de todo el mundo para reflexionar sobre la intersección de experiencias religiosas, justicia social y lucha contra todas las formas de opresión. Se trata de un encuentro global de mentes y corazones que busca fomentar el diálogo, explorar alternativas y tejer conexiones en la búsqueda colectiva de otro mundo posible. El tema del encuentro no puede ser más importante y de urgente análisis: rechazando la dominación económica, política y religiosa; reimaginar la soberanía desde una perspectiva de liberación.

La razón de ser del tema elegido es la constatación de la persistencia de la dominación económica, política, religiosa y ambiental en todo el mundo. Ante tamaña dominación global no podemos cruzarnos de brazos, sino que hemos de ofrecer una respuesta coordinada. Para ello, el Foro invita a involucrarnos en un proceso de descolonización de todas las dimensiones de la vida humana y ecológica y a reimaginar la soberanía en todas sus formas: colectivas e individuales.

La lucha por la soberanía económica exige deconstruir los mecanismos de opresión del capitalismo y devolver la dignidad humana a quienes se les deniega el actual modelo económico neoliberal y somete a una situación de injusticia estructural generadora de pobreza también estructural. La defensa de la soberanía política requiere desafiar el autoritarismo, la corrupción y la violencia, así como resistir a la necropolítica y trabajar en la construcción de la paz en tiempos de guerras que provocan genocidios y ecocidios, y de golpes de Estado que no respetan el derecho internacional, ni la soberanía de los pueblos.

El compromiso por la defensa de la soberanía religiosa demanda deconstruir los legados decoloniales, cada vez más extendidos por mor del imperialismo reigioso; frenar la manipulación de las religiones y su utilización para fines belicistas, sexistas, aporofóbicos, homófobos, xenófobos y racistas. A dicha deconstrucción debe responder la construcción de relaciones étnicas, ecuménicas, interreligiosas, interculturales e interespirituales, pacíficas, igualitarias y respetuosas de las diferencias.

La soberanía ecológica y social exige la recuperación del territorio, del que se apropian las multinacionales extractivistas, así como la recuperación de la memoria y la cultura de los pueblos originarios. Requiere, asimismo, analizar y eliminar las formas modernas de esclavitud y promover la justicia ecológica y la justicia de género frente a la violencia de género, las migraciones forzadas y el cambio climático.

Se trata, en definitiva, de revisar, resignificar, reformular y recrear la teología de la liberación en el nuevo escenario geopolítico, cultural y económico, de abrir nuevos horizontes para la soberanía y de descolonizar todas las relaciones humanas y ecológicas.

Los ejes temáticos que se están trabajando en el FMTL de Benín para el logro de tales objetivos son los siguientes: la liberación como horizonte hermenéutico y práctico; la liberación y la decolonialidad; la liberación y la democracia al servicio del bien común; la violencia, los derechos humanos y, especialmente, los derechos de las personas, los colectivos y los pueblos oprimidos a quienes se niega dichos derechos; la justicia ambiental y la seguridad alimentaria; las migraciones, las personas migrantes climáticas y las territorialidades; las nuevas lenguas y la reconstrucción de nuevos lenguajes simbólicos y míticos; el pacto entre las tradiciones religiosas y las políticas de justicia; el género, el feminismo y la diversidad; la juventud y las relaciones intergeneracionales.

La Teología de la Liberación, las Teologías del Sur global y las prácticas emancipadoras que promueven demuestran, con hechos y con palabras, que hay tradiciones religiosas y espiritualidades que no son opio del pueblo, sino caminos de liberación de las personas más vulnerables, de los colectivos empobrecidos y de los pueblos oprimidos, así como movimientos de resistencia frente al colonialismo, el capitalismo, el patriarcado, el soberanismo blanco, la injusticia cognitiva y la depredación de la naturaleza.

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Juan José Tamayo es teólogo y emérito honorífico de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'Pederastia, ¿pecado sin penitencia?' (Erasmus, 2024).

Invisible, relegada al silencio y muchas veces impune. La violencia sexual durante la infancia constituye uno de los mayores fracasos sociales e institucionales de nuestro tiempo, el retrato impoluto de un sistema que enmudece y se demuestra incapaz de proteger a los más vulnerables. Supone, además, una quiebra de las expectativas vitales de la víctima y la desacralización de la familia como institución segura. Uno de cada cinco menores es víctima de violencia sexual, según el Consejo de Europa. En España, el 28,9% de las personas que tienen entre 18 y 30 años se reconoce como tal. Casi tres de cada diez jóvenes.

Esta última cifra proviene del estudio Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, confeccionado hace un año por el Ministerio de Juventud e Infancia. Se trata de la macroencuesta más completa en la materia hasta la fecha, basada en 9.037 entrevistas a personas jóvenes. Los resultados constatan que la violencia sexual en la infancia es estructural y no únicamente una dolorosa excepcionalidad, resulta más habitual de lo que aparenta y está marcada por un evidente sesgo de género: ellas se nombran como víctimas en mayor medida (33,6%) que los hombres encuestados (24,4%).

La adolescencia es el momento más peligroso para los menores. El 26% de las personas encuestadas se remonta a esta etapa cuando recuerda los abusos sufridos, frente al 6,3% que menciona la infancia y el 3,4% que habla de violencia continuada. Acercando la lupa a aspectos concretos como la etapa evolutiva, se puede constatar un viraje estadístico en términos de género: en la infancia, son los niños varones quienes tienden a sufrir más violencia (6,8%), en comparación con las niñas (5,8%). Ellos también padecen violencia sexual de manera habitual o recurrente en mayor medida (6,4%) que las chicas (4,1%). 

La noción de la familia como espacio seguro se desmorona en contextos de violencia durante la infancia. Es precisamente el entorno familiar el principal escenario de abusos, según el 46,6% de las personas entrevistadas. Le siguen el comunitario o vecinal (37,3%) y el escolar (36,9%).

Sin embargo, el perfil de los agresores varía sustancialmente según las características de la violencia y de las víctimas. En el caso de los abusos durante la infancia, el rostro de los abusos es precisamente el de quien se presupone garante del bienestar familiar: el padre, citado por el 21,6% de quienes expresan haber sufrido violencia durante la niñez. En cambio, durante la adolescencia entran en juego las relaciones afectivas: la pareja de la víctima es mencionada por el 34,1% de los encuestados. 

Los matices en función del género de quien responde a la encuesta son, una vez más, reveladores. Los hombres víctimas de violencia señalan mayoritariamente a sus padres (28,3%). Las mujeres, en cambio, señalan a sus novios (40,4%). 

El informe Agresión sexual en niñas y adolescentes, según su testimonio. Evolución en España (2019-2023), confeccionado por la Fundación ANAR a partir de las vivencias de 4.522 niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual que llegaron a la organización buscando ayuda, constata que los agresores son, sin apenas excepciones, hombres adultos: ellos constituyen el 94,3% y el 78,6% es mayor de edad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar sus datos sobre sentencias condenatorias dictadas a lo largo del año pasado y los resultados muestran que el 23,5% del total de condenas impuestas a personas adultas corresponden a delitos de agresión sexual contra menores de 16 años. En el caso de los menores condenados, este porcentaje se eleva hasta el 58,3%.

Es en la esfera jurídica donde también ha decidido poner el foco la organización Save the Children. En un análisis publicado el año pasado, la entidad concluyó que el 98% de las personas que se sientan en el banquillo de los acusados son hombres. "Este dato evidencia una marcada tendencia de género en la comisión de abusos sexuales a la infancia", estiman los autores. En ocho de cada diez casos analizados –345 sentencias dictadas en 2023 y 2024–, el agresor es un conocido de la víctima. 

El mismo estudio confirma que los principales victimarios en el ámbito familiar son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%). Fuera del hogar, el 75,2% de los agresores eran conocidos o amigos de la víctima. El 63% son personas sin antecedentes y quienes sí los tenían eran, en su mayoría, por delitos que nada tenían que ver con la libertad sexual. "Estos datos muestran que por lo general los agresores de este tipo de delitos son difícilmente identificables como potenciales agresores sexuales de niños y niñas en base a sus antecedentes", afirman. 

El 52,5% de las personas que participaron en la encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia reconoce haber convivido con los abusos a lo largo de su vida. Nadie les tendió la mano, ninguna institución supo reconocer la violencia y no encontraron la ayuda necesaria para ponerle remedio. Solo un 9,6% denunció lo sucedido ante las autoridades, siendo los varones quienes en mayor medida dan el paso (14,3%) en comparación con las mujeres (6,1%). 

Pero sí hay algo que hacen tanto los chicos como las chicas: contárselo a alguien. Así lo indica el 27,2% de los supervivientes. La inmensa mayoría (61%) se apoya en sus amigos a la hora de romper el silencio. La amistad se entreteje como el principal colchón para amortiguar el golpe, por delante de las madres (30,3%).

Según Save the Children, son precisamente las madres quienes, una vez conocen los hechos, deciden denunciar formalmente lo sucedido. Ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas, una decisión no exenta de consecuencias. Naciones Unidas ha señalado en diversas ocasiones que el sistema judicial español no protege a los niños de padres abusivos y tiene un sesgo discriminatorio contra las mujeres. Las conocidas como madres protectoras han cargado desde hace años con el peso de una justicia que no da credibilidad a su palabra. 

En cuanto a la respuesta institucional, solo el 3,8% de los profesionales de la salud y la educación, espacios claves para la detección, decide dar la voz de alarma. 

La ausencia de herramientas a disposición de los menores, la falta de un entorno seguro que funcione como tabla de salvación y el silencio impuesto como única vía para seguir adelante dejan secuelas en quienes han sufrido esta forma de violencia. La Fundación ANAR indica que casi siete de cada diez problemas asociados a la violencia sexual (68,6%) tienen que ver con la salud mental. Los supervivientes hablan de miedo (21,7%), ansiedad (19,6%) y tristeza (18,8%). Entre las víctimas adolescentes aparecen además conductas suicidas (7,2%), autolesiones (5,2%), baja autoestima (3,5%), trastornos alimentarios (2,4%), depresión (2%) y adicciones (1,9%). Pese a los datos, un 70,3% de las víctimas no recibe ningún tipo de tratamiento psicológico en el momento de los hechos.

Además de las consecuencias directas sobre su salud, las víctimas también soportan el descrédito que sobrevuela a su alrededor, responsable de sembrar una duda perpetua que dificulta su recuperación. En seis de cada diez casos (63,4%) se han apreciado fallos en el entorno social de la víctima. La mayoría tienen que ver con actitudes negligentes (41,5%): es decir, la falta de atención, consideración o actuación cuando se conoce el problema. 

Pero también existe un miedo genuino a la revictimización que pueda sufrir la víctima durante el proceso (21,8%). Y así la inacción se configura erróneamente como una forma de protección. En el entorno se asienta también la negación (17,9%), la culpabilización de la víctima (9,8%) y la justificación de la violencia (9%), conductas que no solo apuntalan las secuelas psicológicas, sino que disuaden a los menores a la hora de denunciar y los condenan a vivir con el peso de lo sucedido durante largos años. 

Septiembre de 2013. La legislación española sitúa la edad de consentimiento sexual en los trece años. Es la cifra más baja en suelo europeo, solo por detrás de un territorio: el Vaticano. En aquel momento, existía un debate político y social en torno a la necesidad de elevar el umbral y abrir una reflexión sobre el consentimiento. El asesinato de una niña de trece años a manos de su pareja, un hombre de cuarenta, había hecho saltar las alarmas en el tablero político, varios años después de que Naciones Unidas llamara la atención sobre la laxitud de la ley española en esta materia. La reforma penal terminaría por situar la edad legal de consentimiento en los dieciséis, pero a la conversación alrededor la violencia sexual contra la infancia le quedarían todavía muchos tabúes que derribar. 

Especialmente en lo que respecta a los abusos que se reproducen en el mismo seno de la familia. Las organizaciones especializadas apuntan precisamente a ese extremo: el hogar como un espacio que no siempre resulta seguro para los menores. En ocho de cada diez casos, quien ejerce violencia es un familiar o conocido, mientras que dos de cada cinco víctimas señalan directamente al ámbito del hogar como escenario de violencia. 

Catalina Perazzo lleva más de una década investigando el problema estructural, sus múltiples expresiones y sus consecuencias en la vida de las víctimas. "Se trata de una violencia en la que impera la ley del silencio, se denuncia muy poco y se alimenta de la vergüenza de sus víctimas", especialmente cuando entra en juego "el chantaje" vinculado a la familia como institución, disecciona la portavoz de Save the Children. "Se sitúa el peso sobre los niños, señalados por romper la familia", lamenta. Ahí empieza la revictimización.

Pau Lluc escoge con cuidada precisión los datos que permiten demostrar aquello que lleva años siendo una certeza para quienes han visto sus vidas atravesadas por la violencia. Los estudios, las investigaciones y los análisis que se han ido consolidando en los últimos años "dinamitan la idea de que la familia siempre protege y dan de pleno en la diana de la familia patriarcal, ya que la mayor parte de las agresiones se cometen dentro de este contexto", asiente a preguntas de este diario. Lluc sufrió violencia sexual por parte de su padre cuando era una niña y comenzó a verbalizarlo públicamente con el firme propósito de construir un colchón para las víctimas. "En proporciones que el sociólogo David Finkelhor califica de epidémicas, son padres los que ejercen esta violencia", recalca la autora del poemario Despulles (Reclam editorial, 2024).

Afrontar la realidad de la violencia contra la infancia conlleva necesariamente señalarla. "Tenemos que perder el miedo a denunciar la violencia que se comete en el espacio donde más se ejerce: el hogar familiar. Y creo que tenemos que revisar también, desde un feminismo crítico, el papel que el patriarcado nos dio a las mujeres en el mantenimiento de la estructura familiar", asiente, "porque los trapos sucios –que decía la cultura popular– ya no se deben lavar en casa nunca más, como bien saben las cada vez más madres, conscientes y protectoras, con las que el sistema tan a menudo se ensaña". 

La ruptura del silencio se presenta entonces no solo como una necesidad para las víctimas, sino como un imperativo para el conjunto de la sociedad: "Si no vemos, ni nombramos, ni denunciamos la violencia intrafamiliar, continuaremos teniendo generaciones de niñas, niños y adolescentes sufriendo violencia sexual en silencio, entre las cuatro paredes de sus casas".

Pero poner nombre a los abusos experimentados en primera persona no es una tarea sencilla. "Habitualmente el abuso se da sin violencia" física explícita "aprovechando la confianza que existe", pero además "es vivido de una forma confusa y dolorosa", introduce Laura Rodríguez, psicóloga de la Fundación Vicki Bernadet. A la culpa y la vergüenza se suma "la preocupación por la reacción del entorno", que a menudo transita por la incredulidad, el descrédito y la negación de lo sucedido. Y de ahí que un porcentaje sustancial de las víctimas "no suelan revelarlo hasta entrada la adolescencia y, en la mayoría de los casos, cuando llega la edad adulta", en parte porque perciben el silencio como "una protección hacia uno mismo y hacia la estabilidad familiar". Callar por el bien común. 

Coincide Lluc. Si bien cada víctima afronta su situación en función de su contexto concreto, lo cierto es que en general "los procesos a la hora de verbalizar violencia sexual en la infancia son sumamente lentos", porque se trata de una violencia cimentada sobre las bases del abuso de poder, situaciones en las que "las víctimas se quedan atrapadas" porque casi nunca están "preparadas psicológicamente para comprender que las personas que aman les pueden hacer daño", así que la mera identificación de la violencia es compleja. "Las agresiones casi nunca empiezan de forma violenta y repentina, sino en forma de juego o confundido con los cuidados cotidianos", asiente. En este punto se hace evidente la importancia de una educación sexual reglada como herramienta de prevención.

A pesar de las dificultades, la superviviente destaca que las víctimas sí tienden a manifestar señales de la violencia sufrida. "El problema es que las personas adultas no las sabemos escuchar. Y aquí tenemos una gran responsabilidad como sociedad: tenemos que aprender a descifrar el lenguaje con el que nos hablan", subraya. 

Rodríguez comenzó a especializarse en violencia sexual contra la infancia hace algo más de dos décadas. Entonces, asegura la psicóloga, era un asunto "totalmente tabú". Los avances son innegables, pero el estigma no se ha diluido del todo. "Todavía no se está trabajando todo lo que se debería", especialmente en lo que respecta a la prevención. "Hay herramientas, pero pocas, y deberían ser más accesibles a los menores". 

Perazzo insiste en la misma línea: "Las personas que trabajan con menores deben tener herramientas para que estos se sientan seguros a la hora de contarlo", pero lo cierto es que todavía hoy sigue presente en el imaginario colectivo la idea de que la expresión de un episodio violento es una suerte de fantasía producto de la imaginación, algo así como "cosas de niños". 

El descrédito generalizado hacia su palabra está a la orden del día, a pesar de que "los estudios han dejado claro que la incidencia de casos que inventan es extremadamente baja", destaca Rodríguez. El problema, a su juicio, "tiene que ver con el hecho de que es difícil" para los adultos "aceptar que una persona de nuestra confianza ha podido abusar de nuestros hijos o hermanos". Se trata más de una "cuestión defensiva a nivel inconsciente, para no aceptar que esto ha pasado y tampoco tener que coger las riendas para hacer algo al respecto".

Según el informe Ojos que no quieren ver, confeccionado por Save the Children, el 85% de los colegios donde una víctima manifestó estar sufriendo violencia sexual no lo notificó. Así que los menores se enfrentan, sin ser conscientes, a una "sociedad que no está preparada para escucharles y a un sistema que todavía está lejos de estar a la altura de la infancia", remarca Pau Lluc. En ese contexto, se impone la necesidad no solo de interpelar al conjunto de la sociedad para aprender a escuchar a las víctimas, sino también para reconocer que la violencia contra la infancia "está completamente normalizada y forma parte intrínseca de la estructura patriarcal y adultocéntrica de nuestra sociedad".

A finales de los setenta, casi un centenar de intelectuales franceses enviaba una petición al parlamento galo solicitando la derogación de algunos artículos relativos a la edad de consentimiento sexual y la despenalización de las relaciones entre adultos y menores de quince años. Figuras de peso como Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir defendían sin matices que los menores estaban capacitados para prestar su consentimiento libremente y en condiciones de igualdad. 

Varias décadas después, el escritor español Fernando Sánchez Dragó presumía en uno de sus libros de haber mantenido relaciones sexuales con "lolitas" de unos trece años en Tokio (Japón).

Los ejemplos están por todas partes. Hace dos años, el alcalde conservador de Vita (Ávila) entonó, orgulloso y festivo, un cántico pedófilo frente a los vecinos de su pueblo. Se vio obligado a disculparse tras la indignación de quienes asistieron atónitos al espectáculo. A finales del año pasado, plataformas como Shein comercializaron juguetes eróticos con corporalidades infantiles. Y hace tan solo unos meses, Francia abrió una investigación contra Vinted por anuncios que hicieron sospechar de una presunta red de tráfico infantil encubierta. 

Rodríguez está convencida de que la "cosificación de la mujer y ahora también de la infancia" es un factor que "facilita una cultura patriarcal donde parece que se pueden traspasar los derechos de los otros", especialmente de los más vulnerables. La psicóloga pone el foco también en la pornografía, responsable de mostrar una "sexualidad alejada de la realidad, donde se cosifica a la mujer de forma vejatoria constantemente". En las webs pornográficas, el contenido asociado a términos como colegiala o adolescente se mantiene, a nivel global, entre los más populares. Un estudio publicado en The British Journal of Criminology concluyó en 2021 que la palabra teen –adolescente en inglés– era el término más frecuente en los tres principales portales porno del Reino Unido. También corren como la pólvora los vídeos generados por inteligencia artificial en los que personajes femeninos infantiles son modificados físicamente para mostrar un aspecto sexualizado. Según la organización WeProtect Global Alliance, entre 2020 y 2022 los deepfakes con temática sexual infantil aumentaron un 360%. 

"Tenemos un problema grave con la transmisión de los roles de género tradicionales que reproducen las estructuras de poder y sumisión", completa Pau Lluc. Una estructura responsable de socializar a "los hombres para ejercer violencia sobre las mujeres, sobre la infancia o para hacer la guerra". Mientras la base de esta estructura siga intacta, "continuaremos perpetuando diferentes tipos de violencia, entre otras la violencia sexual contra la infancia y adolescencia".

Han pasado diez años desde los sucesos de La Manada en Pamplona. Diez años desde unos hechos que marcaron para siempre la vida de casi todos nosotros.

Aquello no fue un abuso, ni un jolgorio festivo y consentido. Fue una violación salvaje. Y la respuesta social que siguió cambió la forma en que muchas personas entendían el consentimiento, la violencia sexual y el papel de la justicia.

Diez años después, queda bastante camino por recorrer (porque tenemos al PP y al alcalde de Móstoles por ahí, a Abascal y sus secuaces y su forma de entender la violencia machista, a Salazar y Ábalos del PSOE...), pero también una lección que no debería olvidarse: hay que escuchar a las víctimas, y seguir construyendo una sociedad en la que ninguna mujer tenga que demostrar que se resistió para que se reconozca que fue víctima de una violación o de una agresión.

Diez años dan para demasiados titulares. Para demasiados escándalos. Para demasiadas decepciones. Cambian los nombres, cambian los gobiernos, cambian los protagonistas... pero demasiadas veces permanecen las mismas inercias.

Entre otras mucha cosas, hemos conocido al ángel de Jorge Fernández Díaz, hemos condecorado con la medalla al mérito policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor. Descubrimos a Cristina Cifuentes robando cremas, a María Dolores de Cospedal y Villarejo conspirando entre grabaciones. Albert Rivera e Inés Arrimadas han desaparecido de nuestras vidas, lo mismo que Pablo Casado. Esperanza Aguirre ha pasado a ser activista de primera línea, cortando carreteras. Seguimos sin saber quién era "MpuntoRajoy". Hemos asistido a la exhumación de la tumba del dictador, convertida por unos en reparación democrática y por otros en una afrenta a España.

Hemos visto a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán investigados y algunos condenados por tramas de corrupción. Hemos conocido las investigaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presuntos delitos fiscales. Hemos visto hospitales en Madrid tratando de ahorrar hasta en el material sanitario de un solo uso, mientras las listas de espera crecían. Hemos visto al PP regalar cestas de fruta al PSOE y, según nos ha dicho un pajarito que venía del despacho de Abogados Cristianos, Santi Abascal está muy ofendido porque a él también le gusta mucho, mucho, muuuucho la fruta.

Hemos descubierto "El Ventorro" como símbolo de una comida de trabajo, un reservado y una gestión criminal. Hemos asistido al desastre de los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Ha fallecido el papa Francisco y la pederastia en la Iglesia española ha saltado al primer plano de la actualidad. El exministro Montoro se nos ha destapado, se nos ha salido de madre, parecía tonto el chaval. Hemos visto una España rota, hecha jirones por la amnistía a los líderes del independentismo catalán. Pero todos tranquilos: España para los españoles primero, la prioridad es nacional. Acordémonos de Torre-Pacheco.

Y así, mientras España arde, podríamos seguir hasta aburrirnos.

Pero ¿qué será de nuestra política dentro de diez años? Yo me lo imagino así:

Isabel Díaz Ayuso, Feijóo, MAR y Tellado ya no estarán entre nosotros (puede que vengan otros que igual les hacen buenos). El PP seguirá sin gobernar, los pensionistas y los trabajadores, por fin han dejado de votarles. Vox desaparecerá para siempre. El novio de Ayuso no se habrá suicidado ni se habrá exiliado, seguirá viviendo en su ático de lujo pero sin relaciones con Quirón. Puigdemont seguirá en Waterloo, "no viene porque no quiere". Los jueces encajarán bien las críticas a su trabajo, la ley será igual para todos. La monarquía estará a punto de desaparecer y Euskadi y Cataluña casi serán independientes (Otxandiano y Rufián serán los lehendakaris). Al "Perro Sánchez" me lo imagino presidiendo la ONU. Y por qué no: una mujer de izquierdas será presidenta del Gobierno. Los partidos a la izquierda del PSOE serán capaces de construir un frente común sin desperdiciar energías en discusiones estériles y batallas de egos. Los derechos conquistados sobrevivirán porque ha habido una ciudadanía dispuesta a defenderlos.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

Desde hace algún tiempo hemos leído en medios de comunicación noticias consideradas por una gran parte de la opinión pública como hechos aislados, fenómenos propios de nuestro tiempo, como anomias imposibles de generalizar. Primero supimos que había una red oculta en internet en la que grupos de varones emitían discursos de odio hacia las mujeres. Sobre todo, a modelos de mujer libres y con la suficiente autonomía para decir no a algunos hombres.

Después nos llegó información de hombres jóvenes que denostaban el feminismo y consideraban que la igualdad había llegado muy lejos. Más tarde supimos que 66.000 portugueses enviaban fotos íntimas de sus novias, esposas o amigas y las compartían con hombres anónimos por Telegram; también supimos de 7.000 italianos que hacían lo mismo en Facebook. Casi al mismo tiempo contemplamos con estupor otros hechos: decenas de hombres habían violado bajo sumisión química a Gisèle Pelicot. Y todo ello organizado y dirigido por su propio marido, un hombre aparentemente cariñoso y atento. También en Francia la justicia investiga más de 100 casos de monitores y profesores de extraescolares acusados de abusos sexuales a criaturas de infantil y primaria. Sin embargo, todo parecían excepciones, casos extremos que solo podían ser analizados como eso, como situaciones aisladas.

En otra dirección, nos hemos encontrado con la tramitación de una nueva ley en la comunidad de Madrid para considerar al concebido no nacido como un miembro de la familia. Dicho de otra forma, se trataría de otorgar derechos a quien no existe para quitárselo a quienes existen, las mujeres. En Chile se ha elaborado un proyecto que obliga a mujeres embarazadas a escuchar los latidos del feto antes de tomar la decisión de abortar legalmente.

En EE.UU., el grupo Repeal the 19th, movimiento liderado por hombres conservadores republicanos, en el marco de MAGA, exigen que se derogue la Decimonovena Enmienda de la Constitución, aquella que garantiza el derecho al sufragio femenino desde 1920. En EE.UU. también el secretario de Defensa anunció el miércoles que planea obligar a los soldados estadounidenses a partir de 30 años a someterse a análisis de testosterona. Se propone, de momento opcionalmente, un tratamiento de reemplazo de testosterona si no tienen la que les corresponde por edad. Ejército, testosterona y masculinidad.

Los hechos expuestos anteriormente son diferentes entre sí, incluso en algunos casos pueden ser entendidos como hechos excepcionales. O simplemente pueden oírse como extravagancias. Sin embargo, esas presuntas excepciones, todas juntas, pueden y deben ser leídas como un mapa. Como un mapa ideológico que intenta denostar al feminismo con el evidente objetivo de arrancar derechos a las mujeres; pero también como una muestra de que la extrema derecha está liderando culturalmente este proceso con la finalidad de convertir esas ideas en legislación. Ahora bien, esta guerra contra las mujeres sería insuficiente si no fuese acompañada de una propuesta de masculinidad normativa dominante y violenta, articulada simbólicamente alrededor de la idea de testosterona.

Los procesos sociales reactivos suelen comenzar con las mujeres, el eslabón social más frágil. Las mujeres somos en este momento el laboratorio de la extrema derecha. Daría la impresión de que piensan que, si esa estrategia funciona con ellas, funcionará con el resto. Su proyecto ideológico es reasegurar la familia patriarcal, legitimar la heterosexualidad hasta hacerla obligatoria y reabrir nuevos espacios de subordinación para las mujeres. Después hay otros campos, como la democracia o el mercado laboral, para los que también tienen su proyecto reaccionario. Sin embargo, a mí me interesa reflexionar sobre las mujeres como el test del neofascismo para acabar con las sociedades democráticas. Si acaban con nuestros derechos, podrán acabar con la democracia.

No quiero ser apocalíptica, pero no puedo dejar de pensar en el famoso poema de Bertolt Brecht: después de haberse llevado a todos, ‘ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde’.

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Rosa Cobo es profesora de la Universidad de A Coruña y escritora y teórica feminista.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una ley que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar. Feijóo dice que implantará esa misma ley en todo el Estado. Miguel Ángel Rodríguez puso su consabido tuit para molestar y para señalar por dónde va la cosa, por si a alguien se le había escapado: según los reaccionarios, esa célula que es el propio cuerpo de la mujer no es ella, sino una persona con derechos que la habita, incluso si es en contra de ella.

Al día siguiente aparecen todas las explicaciones sobre el tuit, sobre el significado de la ley y, finalmente, sobre el derecho al aborto en sí. Proliferan los artículos que afirman que más valía que se ocuparan de los niños nacidos que de los no nacidos, etc. Es decir, se insiste en aplicar racionalidad a determinadas políticas, en este caso, antifeministas. Se supone que, si desvelas la realidad, la gente lo entenderá, se dará cuenta de que los niños y las niñas que ya están en el mundo son más importantes que aquellos que no han nacido.

Lo malo es que no funciona así. Estoy convencida de que, en realidad, ni ellos mismos se creen que un óvulo fecundado sea una persona con derechos o, de lo contrario, tendrían que, por ejemplo, cerrar las clínicas de fecundación, donde hay miles de embriones fecundados sin derecho alguno, obviamente. Y podríamos meternos en discusiones bizarras acerca de qué hacer con los embriones abortados naturalmente y que se caen por el váter sin ninguna ceremonia; sin nombre, sin oración, sin culpa —a mí me pasó, que conste—.

Y, por supuesto, está la cuestión de que es metafísicamente imposible que a políticos que han demostrado con creces que no les importan los niños en absoluto —Madrid es una comunidad con más de 250.000 niños y niñas en riesgo de pobreza— les importen en realidad los no nacidos. Finalmente, si hay alguna persona inocente por ahí que se haya tragado verdaderamente eso del derecho a la vida, bla, bla, bla, a esa no la vamos a convencer con ningún argumento.

Esto no va de argumentos. Esta discusión es una cuestión ideológica irreductible a cualquier razonamiento, como casi todo hoy en día: las personas trans, el cambio climático, las vacunas, el feminismo, tomar el sol, la maldad de Pedro Sánchez o, según nos vaya, los catalanes. Detrás de todo esto hay una lógica reaccionaria que manipula emociones y no razones, que manipula la ira, el descontento o el miedo; que busca culpables y los encuentra.

En el caso del aborto, además, esta es una discusión antigua que ha ido evolucionando y transformando sus argumentos según se hacía necesario. A más derechos de las mujeres, más presión sobre su autodeterminación. Hasta el siglo XIX, nada menos que hasta el XIX, la Iglesia consideraba que el feto masculino no era “persona” —que abortarlo no tenía importancia— hasta la sexta semana de embarazo. El femenino, en cambio, no era persona hasta la decimoprimera, fecha en que abortar ya era pecado. Las mujeres somos más lentas en la personificación, al parecer de la Iglesia.

No es el aborto, aunque no deje de serlo. Ahora mismo, la cuestión del aborto es la clave de bóveda de todos los derechos de las mujeres. Sin ese derecho, todos están en riesgo. Si una mujer no tiene derecho a decidir si quiere o no quiere continuar con un embarazo, entonces es que no es una ciudadana capaz de tomar decisiones sobre su propia vida.

Si no tiene derecho a tomar esa decisión, entonces es que su cuerpo —por tanto, su vida, ella misma— no le pertenece enteramente, sino que pertenece al Estado, a una ideología, a su marido, a Dios o a quien sea, pero no a ella misma. Y eso es equivalente a la expulsión del ámbito público, a la subordinación completa. Por lo mismo que para nosotras el aborto es importante, lo es para la ultraderecha, cuyo proyecto de sociedad pasa por volver a una sociedad indiscutiblemente patriarcal donde los hombres sean los cabezas de familia y las mujeres, las reproductoras sometidas.

En el año 2017 me reuní, en mi calidad de diputada de la Asamblea de Madrid, con representantes de EPF —European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights—, el lobby encargado de luchar por los derechos reproductivos de las mujeres en Europa. Se trata de un conglomerado de asociaciones organizadas en torno al objetivo de trabajar políticamente en las instituciones europeas para que no se produzcan retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Estuvimos hablando de la emergencia de la extrema derecha en todo el mundo y del riesgo que eso podría suponer para el derecho al aborto, que es, desde hace décadas, el objetivo a batir por las derechas. Lo que aquella tarde de 2017 me trasladaron las personas del lobby europeo por los derechos reproductivos fue que el aborto iba a dejar de ser el centro de la estrategia de la extrema derecha. El centro de su estrategia, pero no su objetivo final.

La razón que me dieron entonces es que la extrema derecha había podido comprobar que el derecho al aborto ha arraigado fuertemente en la mayoría de las democracias europeas, hasta el punto de que ya no son únicamente los votantes progresistas los que lo defienden, sino que lo hacen incluso votantes conservadores, especialmente las mujeres, pero no solo ellas.

En definitiva, que se ha impuesto un sentido común que ya no pone el derecho al aborto en cuestión. La práctica en sí se ha desideologizado, ha dejado de estar relacionada con el feminismo y se ha normalizado socialmente. Ahora, en lugar del derecho al aborto, estos grupos de extrema derecha recomendaban centrarse en otras cosas —fundamentalmente, las leyes LGTB y trans— y, en todo caso, embarrar, dividir, crear un medio ambiente hostil al feminismo.

Por eso, ya no se dice que hay que prohibir el aborto. Simplemente, van a ir presentando al embrión como una persona con derechos. La estrategia se llama fetal personhood, o personalidad jurídica fetal. Si presentamos al embrión, a ese conjunto de células, como destinatario de políticas públicas, terminaremos entendiéndolo como un ser humano completo.

Da exactamente igual que, en realidad, no le demos ningún derecho porque legalmente, en el caso de España, no se pueda; da igual que sea impracticable, da igual que sea ridículo. Varios años hablando de personitas pequeñas con derechos y llegará el día en que una mujer que aborta sea una asesina. Antes hablábamos de un embrión, ahora decimos “concebido no nacido” y ahí ya han ganado, porque concebido parece algo que tiene vida propia.

Un embrión es un término médico, no tiene más vida que la de la mujer embarazada y es una célula o un conjunto de ellas. La palabra “concebido”, además, tiene importantes resonancias bíblicas y sagradas.

En varios estados de EE. UU. los embriones ya tienen personalidad jurídica plena y la policía puede entrar en una casa para ver si hay pruebas de que una mujer ha pretendido abortar, si ha comprado un medicamento abortivo; pueden controlar cuándo visita una embarazada al médico, lo que este le dice, pueden seguir el embarazo con ánimo de control, represión y castigo de cualquier intento de abortar.

También se restringe el derecho a la anticoncepción y cada vez hay más voces —y hay un movimiento— que claman por restringir el voto de las mujeres. No hace falta recordar Afganistán para entender lo rápido que puede ir esto. En Argentina, un proyecto de ley pretende castigar con cárcel las “denuncias falsas”, es decir, que impedirá denunciar la violencia machista. De ser uno de los países más feministas del mundo a meter en la cárcel a las mujeres que denuncian. Y en todo el mundo los derechos de las mujeres retroceden.

Si por un momento piensas que esto no puede pasar aquí, es que no has visto actuar a los líderes europeos delante de un bebé gigante, medio loco, francamente estúpido, violador y pedófilo, como es Trump. Sonrisas, buenas palabras, no se vaya a enfadar, sumisión, indignidad. ¿Estas son las personas que van a defender los derechos de las mujeres europeas?

¿Quién va a defender entonces los derechos de las mujeres? Nosotras, como siempre. Pero ahora, me temo, no estamos igual que cuando Gallardón quiso recortar el derecho al aborto y el rugido del feminismo lo escuchó hasta Rajoy, que tuvo que dar marcha atrás. Ahora sería difícil que hubiera unidad de acción ni siquiera en un asunto en el que estamos todas de acuerdo.

El caballo de Troya es el “concebido no nacido”, pero antes de eso el caballo de Troya ha sido conseguir un medio ambiente feminista que nos impide mirarnos, escucharnos, solidarizarnos unas con otras cuando es necesario, entender los verdaderos peligros y resistirnos a las agresiones externas; que nos impide poner lo fundamental de lo que nos une por delante de lo que nos separa.

El lobby antiaborto es el que quiere acabar con los derechos de las mujeres, está muy bien financiado, tiene muchos medios de comunicación a su disposición, tiene universidades, tiene un objetivo claro, aliados importantísimos… Lo tienen todo. ¿Y nosotras? Nosotras estamos solas y puede que ahora ni siquiera nos tengamos a nosotras mismas.

No creo que haya nada más importante para el feminismo, para nosotras ahora, que ser capaces de parar cualquier retroceso en el derecho al aborto. Margaret Thatcher dijo que el objetivo de sus políticas no era solo cambiar la economía, sino “cambiar el corazón y el alma de la gente”; y a veces creo que el alma ya nos la han cambiado. Ojalá estemos a tiempo de recuperarla.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Febrero de 2025. La escritora feminista Cristina Fallarás publica en sus redes sociales el testimonio de una mujer anónima. La autora de la publicación habla de un "copywriter, mayor referente ahora mismo en España, muy macarra" y relata que este hombre, cuyo nombre no se menciona en ningún momento, la "acosó sexualmente", la "engañó, manipuló, chantajeó" y "presionó para que accediera a ser su amante". 

Más de un año después, la periodista y divulgadora se ve obligada a pisar los tribunales en respuesta a una demanda interpuesta por Israel Bravo. Él es copywriter –algo así como un redactor publicitario–, se considera el mejor en su ámbito y cree que hay razones para pensar que el relato de aquella mujer lleva su nombre. Así que ha decidido demandar a Cristina Fallarás, a quien exige una indemnización que asciende a 20.000 euros, por entender que ha vulnerado su honor.

En realidad, la denuncia contra la feminista no es un fenómeno aislado. No son pocos los individuos y organizaciones que han decidido llevar a voces del movimiento feminista ante la justicia, con un fin muy claro: poner coto a la divulgación del mensaje feminista y silenciar a las cientos de miles de mujeres decididas a narrar sus violencias. 

¿Pero quiénes son esos sujetos? Israel Bravo (1977) reside en Andorra –un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España– porque le "sale de los cojones", según él mismo afirma. "Esto lo digo para los podemitas, los envidiosos, los casposos y los medios subvencionados y babosos del estado", escribe él mismo en su página web. Cosecha 26.400 seguidores en Instagram, aunque no cuenta con ninguna publicación en la red social. En realidad, tal y como él mismo admite en diversas entrevistas, su trabajo lo canaliza a través del correo electrónico, con una bolsa de hasta 60.000 suscripciones. También cuenta con una membresía llamada Me la saco, con miles de seguidores.

El nombre escogido resume con precisión las bases sobre las que se asienta su discurso. Porque si bien el publicista se presenta como una suerte de servidor de quienes buscan prosperar en el mundo de los negocios, en realidad su marco discursivo es puramente ideológico. Y uno de los principales canales de difusión que ha encontrado –así suele suceder en tiempos de machosfera– son los podcast. 

En una entrevista emitida en el canal Wall Street Wolverine hace un año, el publicista no tiene ningún pudor en sentar cátedra sobre el feminismo. "El feminismo está haciendo daño a las mujeres y a la sociedad", pronuncia. Y añade: "Cuando el feminismo trata de manipular a las jóvenes les hace sentir odio por las cosas pasadas". Para reforzar sus tesis, incluye también experiencias personales: "A mí me viene una tía con un discurso feminista y, si no se lo desactivo en una tarde –la mayoría de veces sucede, la verdad–, no me interesa en absoluto, porque paso de gente que está metida en una secta".

En el canal Carisma y confianza desarrolla en profundidad esto último, protagonizando el vídeo Ligar provocando (no apta para femilocas), en el que asegura que "la mayoría de las feministas woke están a un buen polvo de votar a Vox". E incluso llega a afirmar que las niñas manipulan a varones adultos: "Las mujeres desde niñas manipulan, hacen daño a otras niñas, desde niñas manipulan y engañan a hombres también".

Con sus intervenciones públicas, el publicista consagra un discurso sólido que busca deslegitimar el feminismo como movimiento político, un posicionamiento ideológico claro que sirve para contextualizar su guerra particular contra militantes feministas como Cristina Fallarás. 

Sergio Candanedo (1988) demandó a la periodista feminista Yolanda Domínguez en noviembre de 2019, también apelando a su derecho al honor. Fue el Tribunal Supremo el encargado de dirimir sobre la demanda interpuesta por el youtuber ultra, más conocido bajo el pseudónimo de Un tío blanco hetero. Ella le llamó "machista, troll y violento con las mujeres". Él decidió denunciarla por haber supuestamente vulnerado su derecho al honor. Los jueces le dieron la razón a la divulgadora feminista.

En el año 2018, el influencer decidió sumergirse en el mundo de las redes sociales especializándose en una materia: el antifeminismo. Lo hizo, además, en un momento simbólico: aquel fue el año de las grandes movilizaciones feministas, las convocatorias contra la sentencia de La Manada y las huelgas del 8M. No tardaría en convertirse en uno de los referentes del ecosistema antigénero en suelo español, aunque hace ahora tres años anunció que dejaba el país por motivos fiscales. 

En sus redes habla de "charocracia", defiende sin matices el falso síndrome de alienación parental –al que sitúa como una forma de "maltrato infantil" que se lleva a cabo "de forma habitual"– y ridiculiza sistemáticamente al movimiento feminista. Hace cuatro meses, publicó en su canal el vídeo Así ha sido el 8M más desquiciado de la historia, en el que se burla reiteradamente de las manifestantes y carga contra figuras públicas como Cristina Fallarás o Irene Montero."Decir que Sarah Santaolalla tiene mitad tetas, mitad tonta, es algo así como un ataque terrorista", ironiza en el mismo vídeo.

En el discurso que se ha esforzado en difundir en los últimos años –no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación y en espacios de debate– insiste en premisas sin fundamento, según las cuales "la vida del hombre vale menos que la de la mujer" o "el feminismo fomenta la mojigatería, la represión y el discurso antisexo", criticando sin tapujos que "ahora se necesite un sí explícito para follar". 

En cuanto a su batalla judicial, lo cierto es que sigue estando detrás de algunas demandas importantes contra feministas, aunque de forma indirecta. En el año 2022, el youtuber recaudó los fondos necesarios para que Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, líder de Infancia Libre, denunciara a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, Pam, por vulnerar su honor al señalarle como agresor –aunque tampoco habían pronunciado su nombre–. La recaudación de fondos la hizo en alianza con la asociación Anavid, conocida por sus posiciones negacionistas y encargada de organizar junto a Vox una jornada en el Congreso sobre "ideología de género y denuncias falsas".

Fue el responsable también de conseguir financiación para que la jurista Guadalupe Sánchez llevara ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una resolución judicial del Tribunal Constitucional que daba amparo a una mujer y a su hijo, obligados por una sentencia a vivir en la misma ciudad que el padre, quien había sido denunciado por violencia de género. "Sin tu crowdfunding no habría sido posible", le dedicaba la letrada al creador de contenido.

En su cuenta de Instagram, Valentina Ortiz (1996) se define abiertamente como antifeminista y se erige como defensora de los hombres. Tiene 72.900 seguidores, una cifra que se multiplica por cinco en su canal de YouTube La entropía de Valen, en cuyos vídeos incluye direcciones de monederos para recibir aportaciones en bitcoins y criptomonedas. La argentina –residente en suelo español de forma intermitente– fue portavoz de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados, encargada de demandar a la humorista Pamela Palenciano en el año 2021 por su monólogo No solo duelen los golpes. Entre sus argumentos, una supuesta incitación al odio contra los hombres. La causa quedó archivada un año después.

En los últimos años, Ortiz se ha autoproclamado una de las principales creadoras de contenido encargadas de difundir discursos antifeministas en español. Los vídeos que comparte en su perfil acumulan miles de visitas y guardan un evidente parecido estético con los de otros youtubers, como Un tío blanco hetero. El grueso de su contenido está centrado en cargar contra el movimiento feminista, a cuyas militantes se refiere despectivamente como "femibolches" –un término formado por las palabras feminista y bolchevique–.

En su vídeo Odio a las feministas y te explico por qué, publicado hace tres meses, la ultra confronta lo que tilda como "perversiones" del feminismo –siempre en base a bulos e interpretaciones torticeras–, destaca su "repulsión" hacia las mujeres activistas e incluye menciones especiales a Beatriz Gimeno, Marta Nebot y, una vez más, Cristina Fallarás. También contra Sarah Santaolalla, a quien describe como "una choni con cara de muñeca inflable".

En un vídeo con el ultra Roberto Vaquero, llamado La gran estafa detrás de la violencia de género, elogia al negacionista Juan Soto Ivars, relativiza la violencia de género, difunde bulos encaminados a apuntalar la falacia de las denuncias falsas y niega la existencia del patriarcado en los países occidentales. 

Un patrón muy similar sigue el creador de contenido Isaac Parejo (1987). Conocido en las redes sociales como InfoVlogger, el activista construye su contenido a partir de análisis sobre la actualidad política, siempre desde posturas antifeministas y conservadoras. No en vano, él mismo presume de ser uno de los miembros fundadores de la fachosfera. 

A finales de 2022, interpuso una demanda contra Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, después de que este se refiriera en redes sociales a él y al grupo Los Meconios como "degenerados", tras una actuación junto a Vox interpretando la canción Vamos a volver al 36. Una vez más, la demanda se sustentaba en el derecho al honor del agraviado. Y de nuevo, fue desestimada íntegramente. 

En unas jornadas organizadas a mediados del año pasado por el partido de Santiago Abascal en el Congreso, el influencer perfilaba nítidamente su papel dentro del mundo de las redes sociales: "Había un espectro de la sociedad que estaba huérfano. Todo era progresismo, todo era wokismo. Había millones de personas que no tenían una voz y esa es la razón por la que nacimos los fachatubers". Los medios tradicionales, añadía ante los micrófonos, siguen "recibiendo dinero", pero "no están cumpliendo con su trabajo: influir en la sociedad y cambiar el voto de la gente. Y eso no lo están consiguiendo, lo estamos consiguiendo nosotros".

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Nota de la autora: en una primera versión del artículo se señalaba que Valentina Ortiz estaba detrás de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados, una afirmación que ha sido matizada para aclarar que su papel fue el de ejercer la portavocía de la organización.

También se hablaba, en la primera versión, de una resolución del Tribunal Constitucional relativa al caso de una mujer obligada a vivir en la misma ciudad que su maltratador. Ese párrafo ha sido corregido para indicar que se trata de un hombre denunciado por maltrato.