Febrero de 2025. La escritora feminista Cristina Fallarás publica en sus redes sociales el testimonio de una mujer anónima. La autora de la publicación habla de un "copywriter, mayor referente ahora mismo en España, muy macarra" y relata que este hombre, cuyo nombre no se menciona en ningún momento, la "acosó sexualmente", la "engañó, manipuló, chantajeó" y "presionó para que accediera a ser su amante". 

Más de un año después, la periodista y divulgadora se ve obligada a pisar los tribunales en respuesta a una demanda interpuesta por Israel Bravo. Él es copywriter –algo así como un redactor publicitario–, se considera el mejor en su ámbito y cree que hay razones para pensar que el relato de aquella mujer lleva su nombre. Así que ha decidido demandar a Cristina Fallarás, a quien exige una indemnización que asciende a 20.000 euros, por entender que ha vulnerado su honor.

En realidad, la denuncia contra la feminista no es un fenómeno aislado. No son pocos los individuos y organizaciones que han decidido llevar a voces del movimiento feminista ante la justicia, con un fin muy claro: poner coto a la divulgación del mensaje feminista y silenciar a las cientos de miles de mujeres decididas a narrar sus violencias. 

¿Pero quiénes son esos sujetos? Israel Bravo (1977) reside en Andorra –un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España– porque le "sale de los cojones", según él mismo afirma. "Esto lo digo para los podemitas, los envidiosos, los casposos y los medios subvencionados y babosos del estado", escribe él mismo en su página web. Cosecha 26.400 seguidores en Instagram, aunque no cuenta con ninguna publicación en la red social. En realidad, tal y como él mismo admite en diversas entrevistas, su trabajo lo canaliza a través del correo electrónico, con una bolsa de hasta 60.000 suscripciones. También cuenta con una membresía llamada Me la saco, con miles de seguidores.

El nombre escogido resume con precisión las bases sobre las que se asienta su discurso. Porque si bien el publicista se presenta como una suerte de servidor de quienes buscan prosperar en el mundo de los negocios, en realidad su marco discursivo es puramente ideológico. Y uno de los principales canales de difusión que ha encontrado –así suele suceder en tiempos de machosfera– son los podcast. 

En una entrevista emitida en el canal Wall Street Wolverine hace un año, el publicista no tiene ningún pudor en sentar cátedra sobre el feminismo. "El feminismo está haciendo daño a las mujeres y a la sociedad", pronuncia. Y añade: "Cuando el feminismo trata de manipular a las jóvenes les hace sentir odio por las cosas pasadas". Para reforzar sus tesis, incluye también experiencias personales: "A mí me viene una tía con un discurso feminista y, si no se lo desactivo en una tarde –la mayoría de veces sucede, la verdad–, no me interesa en absoluto, porque paso de gente que está metida en una secta".

En el canal Carisma y confianza desarrolla en profundidad esto último, protagonizando el vídeo Ligar provocando (no apta para femilocas), en el que asegura que "la mayoría de las feministas woke están a un buen polvo de votar a Vox". E incluso llega a afirmar que las niñas manipulan a varones adultos: "Las mujeres desde niñas manipulan, hacen daño a otras niñas, desde niñas manipulan y engañan a hombres también".

Con sus intervenciones públicas, el publicista consagra un discurso sólido que busca deslegitimar el feminismo como movimiento político, un posicionamiento ideológico claro que sirve para contextualizar su guerra particular contra militantes feministas como Cristina Fallarás. 

Sergio Candanedo (1988) demandó a la periodista feminista Yolanda Domínguez en noviembre de 2019, también apelando a su derecho al honor. Fue el Tribunal Supremo el encargado de dirimir sobre la demanda interpuesta por el youtuber ultra, más conocido bajo el pseudónimo de Un tío blanco hetero. Ella le llamó "machista, troll y violento con las mujeres". Él decidió denunciarla por haber supuestamente vulnerado su derecho al honor. Los jueces le dieron la razón a la divulgadora feminista.

En el año 2018, el influencer decidió sumergirse en el mundo de las redes sociales especializándose en una materia: el antifeminismo. Lo hizo, además, en un momento simbólico: aquel fue el año de las grandes movilizaciones feministas, las convocatorias contra la sentencia de La Manada y las huelgas del 8M. No tardaría en convertirse en uno de los referentes del ecosistema antigénero en suelo español, aunque hace ahora tres años anunció que dejaba el país por motivos fiscales. 

En sus redes habla de "charocracia", defiende sin matices el falso síndrome de alienación parental –al que sitúa como una forma de "maltrato infantil" que se lleva a cabo "de forma habitual"– y ridiculiza sistemáticamente al movimiento feminista. Hace cuatro meses, publicó en su canal el vídeo Así ha sido el 8M más desquiciado de la historia, en el que se burla reiteradamente de las manifestantes y carga contra figuras públicas como Cristina Fallarás o Irene Montero."Decir que Sarah Santaolalla tiene mitad tetas, mitad tonta, es algo así como un ataque terrorista", ironiza en el mismo vídeo.

En el discurso que se ha esforzado en difundir en los últimos años –no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación y en espacios de debate– insiste en premisas sin fundamento, según las cuales "la vida del hombre vale menos que la de la mujer" o "el feminismo fomenta la mojigatería, la represión y el discurso antisexo", criticando sin tapujos que "ahora se necesite un sí explícito para follar". 

En cuanto a su batalla judicial, lo cierto es que sigue estando detrás de algunas demandas importantes contra feministas, aunque de forma indirecta. En el año 2022, el youtuber recaudó los fondos necesarios para que Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, líder de Infancia Libre, denunciara a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, Pam, por vulnerar su honor al señalarle como agresor –aunque tampoco habían pronunciado su nombre–. La recaudación de fondos la hizo en alianza con la asociación Anavid, conocida por sus posiciones negacionistas y encargada de organizar junto a Vox una jornada en el Congreso sobre "ideología de género y denuncias falsas".

Fue el responsable también de conseguir financiación para que la jurista Guadalupe Sánchez llevara ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una resolución judicial del Tribunal Constitucional que daba amparo a una mujer y a su hijo, obligados por una sentencia a vivir en la misma ciudad que su maltratador. "Sin tu crowdfunding no habría sido posible", le dedicaba la letrada al creador de contenido.

En su cuenta de Instagram, Valentina Ortiz (1996) se define abiertamente como antifeminista y se erige como defensora de los hombres. Tiene 72.900 seguidores, una cifra que se multiplica por cinco en su canal de YouTube La entropía de Valen, en cuyos vídeos incluye direcciones de monederos para recibir aportaciones en bitcoins y criptomonedas. La argentina –residente en suelo español de forma intermitente– está detrás de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados, encargada de demandar a la humorista Pamela Palenciano en el año 2021 por su monólogo No solo duelen los golpes. Entre sus argumentos, una supuesta incitación al odio contra los hombres. La causa quedó archivada un año después.

En los últimos años, Ortiz se ha autoproclamado una de las principales creadoras de contenido encargadas de difundir discursos antifeministas en español. Los vídeos que comparte en su perfil acumulan miles de visitas y guardan un evidente parecido estético con los de otros youtubers, como Un tío blanco hetero. El grueso de su contenido está centrado en cargar contra el movimiento feminista, a cuyas militantes se refiere despectivamente como "femibolches" –un término formado por las palabras feminista y bolchevique–.

En su vídeo Odio a las feministas y te explico por qué, publicado hace tres meses, la ultra confronta lo que tilda como "perversiones" del feminismo –siempre en base a bulos e interpretaciones torticeras–, destaca su "repulsión" hacia las mujeres activistas e incluye menciones especiales a Beatriz Gimeno, Marta Nebot y, una vez más, Cristina Fallarás. También contra Sarah Santaolalla, a quien describe como "una choni con cara de muñeca inflable".

En un vídeo con el ultra Roberto Vaquero, llamado La gran estafa detrás de la violencia de género, elogia al negacionista Juan Soto Ivars, relativiza la violencia de género, difunde bulos encaminados a apuntalar la falacia de las denuncias falsas y niega la existencia del patriarcado en los países occidentales. 

Un patrón muy similar sigue el creador de contenido Isaac Parejo (1987). Conocido en las redes sociales como InfoVlogger, el activista construye su contenido a partir de análisis sobre la actualidad política, siempre desde posturas antifeministas y conservadoras. No en vano, él mismo presume de ser uno de los miembros fundadores de la fachosfera. 

A finales de 2022, interpuso una demanda contra Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, después de que este se refiriera en redes sociales a él y al grupo Los Meconios como "degenerados", tras una actuación junto a Vox interpretando la canción Vamos a volver al 36. Una vez más, la demanda se sustentaba en el derecho al honor del agraviado. Y de nuevo, fue desestimada íntegramente. 

En unas jornadas organizadas a mediados del año pasado por el partido de Santiago Abascal en el Congreso, el influencer perfilaba nítidamente su papel dentro del mundo de las redes sociales: "Había un espectro de la sociedad que estaba huérfano. Todo era progresismo, todo era wokismo. Había millones de personas que no tenían una voz y esa es la razón por la que nacimos los fachatubers". Los medios tradicionales, añadía ante los micrófonos, siguen "recibiendo dinero", pero "no están cumpliendo con su trabajo: influir en la sociedad y cambiar el voto de la gente. Y eso no lo están consiguiendo, lo estamos consiguiendo nosotros".

Este 7 de julio se cumplen diez años de una agresión sexual que estremeció a España y al mundo, y que marcó para muchas personas un antes y un después en la forma en que la sociedad nombra, entiende y responde a la violencia contra las mujeres. Pocos años antes, también durante los Sanfermines, Nagore Laffage había sido asesinada. Los dos casos, separados en el tiempo pero unidos por el mismo escenario, nos recuerdan que ninguna violencia ocurre en el vacío: cada una forma parte de una trama más amplia de desigualdad, impunidad y silencios que han sostenido la violencia contra las mujeres durante demasiado tiempo.

La llamada "Manada" fue un doloroso espejo que reveló dos cosas a la vez. Por un lado, habilitó una conversación social que las mujeres veníamos sosteniendo hace mucho tiempo: que el consentimiento no puede pensarse sin atender a las condiciones en las que se da, y que la ausencia de violencia física no significa que haya habido voluntad. Por otro, expuso cómo opera la revictimización: cuando se duda del relato de la víctima, o se le exige demostrar que opuso resistencia física, algo que la ley no contempla como requisito del delito. Esa exigencia persiste en algunos procesos judiciales y profundiza el daño en quien ya fue víctima. 

De esa doble revelación surgió una frase sencilla y poderosa: “Yo sí te creo”. Fue una respuesta colectiva frente a la soledad con la que las víctimas enfrentan los procesos penales y la expresión de un movimiento que crecía en distintas latitudes, con distintos acentos e historias, pero con una misma certeza: nunca más solas.

Ese fue, quizá, uno de los cambios más visibles de esta década: la masificación del reclamo. La violencia sexual dejó de pensarse como un hecho aislado para empezar a cuestionarse las condiciones sociales y culturales que la hacen posible. Cambió el lenguaje, cambió la conversación pública, cambió la capacidad colectiva de nombrar lo que antes se silenciaba.

Recuerdo con claridad las movilizaciones feministas de ese momento y, de manera muy especial, las del 8 de marzo. Fueron tan amplias y decisivas para abrir ese camino. En las calles se expresó una energía democrática extraordinaria que involucró a mujeres y hombres de distintas generaciones, procedencias y trayectorias que reclamaron una sociedad donde el miedo no sea parte de la vida cotidiana de las mujeres.

Y como todo avance genera resistencia, el patriarcado reaccionó con fuerza porque comprendió que se trataba de una disputa por el sentido común. Cuanto más se cuestionan privilegios naturalizados, cuanto más las mujeres dejan de pedir permiso para ejercer sus derechos, cuanto más la igualdad deja de ser una aspiración retórica para convertirse en una demanda política concreta, más se intensifican los discursos de negación, burla o miedo –en las redes sociales, en los discursos públicos, en la vida cotidiana–. Esa reacción, lejos de ser un signo de debilidad, confirma la potencia del movimiento de mujeres.

Desde ONU Mujeres insistimos en que poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas es una condición básica para el ejercicio de la democracia, el desarrollo sostenible y la paz. Diez años después, hay más conciencia, más información, más redes feministas, más hombres que se preguntan por su responsabilidad, más instituciones interpeladas y más mujeres que saben que su experiencia no es individual, ni vergonzante. Pero también persisten las amenazas: la misoginia crece, los discursos que niegan o ridiculizan estos avances, y una justicia que todavía tiene deudas pendientes con las víctimas. Sería un error pensar que ya lo hemos conseguido. También lo sería ignorar cuánto ha cambiado.

La democracia se mide también por la vida cotidiana de las mujeres. Recordemos a Nagore Laffage, y con ella, a tantas mujeres cuyos nombres conocemos y a tantas otras cuyos nombres nunca llegaron a la esfera pública.

Diez años después, el mensaje “No estás sola” sigue siendo transformador. Pero solo cuando ese mensaje se convierta en justicia efectiva, en políticas sostenidas y en una vida cotidiana sin miedo, estaremos más cerca de una sociedad igualitaria.

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Bibiana Aido es Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

Hace diez años, en la madrugada del 7 de julio, una joven fue violada por cinco hombres en un portal de Iruña (Navarra). Aquellos que presumían de llamarse La Manada se sentarían en el banquillo más de un año después. Para entonces, las calles ya estaban llenas de rabia y en las plazas retumbaba el grito de cientos de miles de personas que tendían la mano a una víctima que nunca se sintió sola. infoLibre charla con cuatro generaciones de hombres y mujeres que estuvieron allí. Son Teresa Sáez, cofundadora de Lunes Lilas; Patricia Aranguren, miembro de la Comisión 8M de Madrid; Samuel Parra, integrante de la Asociación de Hombres para la Igualdad de Género y el activista Javier P.

Aquel revulsivo precipitaría cambios legislativos de calado, abriría un debate social profundo sobre la noción de consentimiento y pondría en evidencia los sesgos misóginos que echan raíces en la justicia. Pero sobre todo marcaría un antes y un después para todas las mujeres, sembrando uno de los mayores hitos colectivos del feminismo: la ruptura del silencio.

Se hicieron llamar La Manada. Fueron ellos mismos, cinco agresores sexuales, quienes escogieron con escrupuloso cuidado y de forma perversamente premonitoria el sobrenombre. Trascendió a los medios de comunicación al instante, pero el movimiento feminista tuvo la habilidad de darle la vuelta. Las mujeres clamaron al unísono que de haber alguna manada, era la formada por las cientos de miles de compañeras que se organizaban en las calles para arropar a la víctima.

Han pasado diez años desde la agresión grupal en los Sanfermines de 2016, el señalamiento masivo de una hasta entonces sacralizada justicia que fue tildada de patriarcal y uno de los mayores revulsivos sociales de las últimas décadas. Echar la vista atrás se convierte en un imperativo para quienes no desisten en la tarea de construir memoria feminista, especialmente en tiempos inciertos.

En la madrugada del 7 de julio de 2016, cinco hombres –sus nombres: José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero Domínguez y Ángel Boza Florido– arrinconaron a una joven de 18 años en un portal de Iruña (Navarra). Fuera todavía bullía la fiesta, pero dentro el grupo se sirvió de su superioridad para someter a la víctima, utilizarla como un mero objeto, humillarla y vejarla hasta la extenuación. 

Ella denunció lo sucedido a la mañana siguiente. El caso inició su recorrido judicial en noviembre de 2017 y la Audiencia Provincial de Navarra emitió sus primeras conclusiones cinco meses después: los acusados crearon un escenario opresivo, pero los magistrados dictaminaron que no existió intimidación. En aquel momento, el Código Penal castigaba los delitos sexuales en dos categorías: abuso sexual –siempre que no existiera violencia e intimidación– y agresión sexual –es decir, una violación–. Los jueces determinaron que los hechos eran constitutivos de abuso sexual, pero se toparon con el descrédito de sus compañeros, la rabia de las calles y la desafección de todas las víctimas que llevaban demasiado tiempo expresando su falta de confianza en unas instituciones que no las creían.

Patricia Aranguren recuerda que crecer siendo partícipe de cada 7 de julio, la gran fiesta de su ciudad, significa para las chicas de su generación adquirir, casi sin pretenderlo, la noción feminista de que los espacios de ocio no siempre son seguros para las mujeres. "Recuerdo la agresión de La Manada como otras muchas que se dan en contextos de fiestas populares", asiente hoy. 

El movimiento feminista navarro convocó una concentración de repulsa tan solo un día después de que trascendiera la violación, pero lo sucedido enseguida cobró dimensiones extraordinarias: "Empieza a llegar a los medios nacionales, a moverse por prensa generalista, también se le da un tratamiento más amarillista y pasa a ser un tema del que todo el mundo está hablando", analiza la activista de la Comisión 8M de Madrid.

Cuando el caso entró en los pasillos de los tribunales, Aranguren se dirigió con sus compañeras al centro de Madrid para participar en una concentración de apoyo a la víctima. "Queríamos llegar unos minutos antes para desplegar la pancarta, pero casi no pudimos ni salir del metro por la cantidad de gente que había. Eso que iba a ser una concentración acabó convirtiéndose en una manifestación espontánea". La activista, recién aterrizada en la capital y arañando la veintena, llevaba tan solo unos meses militando en el movimiento feminista, pero en ese instante cobró conciencia de su potencial. Fue la primera vez que llamaron a la huelga feminista. 

Teresa Sáez, cofundadora de la organización Lunes Lilas, conserva el recuerdo nítido de las plazas abarrotadas. "Era muy impresionante ver a tanta gente, chicas jóvenes y también muchos chicos", presume. Aquella respuesta fue masiva también en parte porque interpeló al conjunto de la sociedad, incluidos los hombres. Así lo vivió Javier. Él acababa de cumplir la mayoría de edad en aquel momento y no dudó en participar en las movilizaciones. "Recuerdo perfectamente el día en que salió la sentencia, tengo la impresión de que el mayor momento de movilización fue entonces", comparte. 

Ninguno de los jueces apreció intimidación, pero solo uno hizo una demostración cristalina de cómo la cultura de la violación está instalada en el corazón de los tribunales. Ricardo González emitió un voto particular en el que se posicionó a favor de la absolución y describió lo que él entendía como un "ambiente de regocijo y jolgorio" por parte de los agresores y "menor actividad y expresividad en la denunciante". Aquel voto particular prendería la mecha de una rabia global que trascendió fronteras.

Aquello sirvió para "levantar la alfombra y ver toda la basura que llevábamos guardando mucho tiempo, en este caso con la justicia", completa Aranguren. "Se acumulaban casos en los que se juzgaba más a la víctima que a los agresores, en procesos muy revictimizantes", algo que se hizo evidente aquellos años.

Pero lo sucedido también agitó el debate público y las conversaciones privadas. Aunque en un primer momento se conjugó una "sensación unánime de indignación", conforme el caso fue avanzando emergió un sector que decidió "cuestionar la versión de la víctima", lamenta Javier. Recuerda con claridad aquella evolución: una primera fase de consenso social y otra en la que se consumó una suerte de "división marcada por un sesgo machista", especialmente entre aquellos hombres que "se tomaron a la defensiva el debate y parecían no comprender lo esencial".

Coincide Samuel Parra, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) y veinte años mayor que su compañero. "Recuerdo las conversaciones en mi entorno de una manera muy dispar", subraya. En la esfera laboral, el sociólogo encontró un discurso que "justificaba a los agresores, precisamente porque veían que entrar en el portal de manera voluntaria significaba" que la víctima, en realidad, sí había consentido. "Los medios tampoco ayudaron", sostiene. En su memoria, la intromisión constante en la vida privada de la joven, las tertulias en torno al contenido que publicaba en redes y la auditoría alrededor de su comportamiento. 

Entre las mujeres feministas emergió una suerte de cuarta ola que problematizó no solo la idea de consentimiento, sino que además puso en el centro el placer y el deseo en las relaciones sexuales. "Todo este caso nos sirvió para pensar en cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos y para pensar también más allá del consentimiento", introduce Aranguren. "Nosotras empezamos a pensar en el deseo, se abrió una reflexión muy interesante". 

En noviembre de 2018, el caso regresó a los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) deliberó en torno a los recursos presentados por ambas partes y un mes después ratificó la condena por abuso sexual. Los jueces, sin embargo, introdujeron algunos matices de peso: señalaron que la víctima había prestado "un testimonio convincente", pero además sostuvieron que no era "verosímil que consintiera el maltrato y la vejación, la atmósfera opresiva y el prevalimiento de grupo". 

A pesar de los pasos adelante, las conclusiones de la justicia no terminaban de ser congruentes: si ella no consintió, si su testimonio era verosímil y si existía un ambiente opresivo, ¿cómo era posible que los jueces no apreciaran agresión sexual?

Con ese interrogante, el caso aterrizó en el Tribunal Supremo. Y en julio de 2019 llegó la sentencia definitiva: los cinco agresores actuaron con "pleno conocimiento" de sus actos, "buscaron expresamente la situación, sin que la víctima tuviera conocimiento alguno" de lo que iba a suceder y el silencio de la joven solo se podía "interpretar como una negativa". Lo sucedido en aquel portal había sido una violación.

Pero algo fallaba si para obtener justicia una víctima debía dejarse la piel en los tribunales, una certeza que también comenzó a calar en el plano político. El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticó severamente al juez que emitió el voto particular –lo que desencadenó peticiones de dimisión entre todas las asociaciones de jueces– y puso la primera piedra de cara a una eventual reforma penal de los delitos contra la libertad sexual.

Con el cambio de gobierno, el equipo de Pedro Sánchez toma el testigo y es la vicepresidenta Carmen Calvo quien abandera el compromiso. En marzo de 2019, el Consejo de Ministros aprueba un primer anteproyecto de ley que elimina la distinción entre abuso y agresión, pero también redefine el concepto legal de consentimiento. Eran las primeras semillas de cara al futuro solo sí es sí.

Pero la disolución de las Cortes impidió su continuidad y tuvo que pasar un año hasta que un nuevo gobierno, esta vez de coalición, diera luz verde a otro anteproyecto, muy similar al anterior en sus aspectos esenciales. La ley se aprobó a finales de 2022, seis años después de la agresión en los Sanfermines y cuatro desde la primera sentencia que lo removió todo. No sería el punto y final: la ley sería reformada después de que una revisión de condenas en cadena –entre otras, las de tres miembros de La Manada– provocara un terremoto político entre los socios de gobierno. 

En abril de 2023, entraría en vigor una nueva reforma que ajustaba las horquillas y que introducía de nuevo una graduación penal más dura en aquellos supuestos en los que existiera violencia e intimidación. Unidas Podemos votó en contra, al entender que la reforma rompía el enfoque original de la ley y recuperaba el espíritu anterior.

La agresión de La Manada se produjo en el octavo aniversario de otro crimen grabado en la retina de las mujeres feministas: el de Nagore Laffage. En los Sanfermines de 2008, Diego Yllanes quedaría con la joven, compañera de facultad, tomaría algo con ella y se irían juntos a casa de él. En el interior de aquel apartamento, él intentó violarla y ella trató de resistirse. Yllanes la emprendió a golpes contra ella, la estranguló y acabó con su vida. 

También entonces hubo un juicio y de nuevo sobrevolaron las valoraciones misóginas de quienes debían hacer justicia. "¿Era su hija ligona?", fue la única pregunta que dirigió el jurado popular a una madre completamente rota que había tenido que enterrar a su hija quince meses antes.

Aquella herida volvió a supurar durante los años en los que se prolongó el caso de La Manada. "Veníamos de ocho años de trabajo muy intenso a raíz de su asesinato, fue un punto de inflexión en Navarra", analiza Sáez. Nagore fue el punto de partida. "Ahí empezamos a hablar de las relaciones, la libertad sexual, el derecho a estar en las calles y rompimos con el mensaje del terror sexual", ampliamente analizado por la socióloga Nerea Barjola. "La explosión que hubo con La Manada no habría sido posible sin Nagore", añade la activista, quien subraya que todo lo conseguido en estos diez años ha sido "gracias al feminismo". 

El empuje feminista hizo despertar a una mayoría social que por fin comprendía las razones de quienes llevaban años señalando las costuras del sistema. Pero nada de aquello fue espontáneo: en los cimientos estaba el trabajo previo de las mujeres, casi siempre invisible, la respuesta colectiva ante cualquier agresión y la habilidad de politizar todo lo que hasta no hace mucho quedaba relegado al ámbito de lo privado. También estaba la memoria feminista. La de Nagore y la de tantas otras, la misma que diez años después sigue intacta. 

Women Data Lab – La Ciba (Observatorio de Datos Abiertos y Derechos de las Mujeres) organiza este viernes una jornada para hablar sobre feminismo en el contexto de la inteligencia artificial. Bajo la premisa de que la desinformación se ha convertido en uno de los grandes retos de las democracias actuales, la cita contará con la participación de escritoras, periodistas, representantes políticas y académicas que tratarán la problemática desde distintos puntos de vista.

"En el ámbito de los derechos de las mujeres, la desinformación tiene un impacto específico: contribuye a negar desigualdades, cuestionar las políticas públicas de igualdad, desacreditar el feminismo y reforzar narrativas que invisibilizan o distorsionan la realidad de las mujeres", señalan en la presentación del coloquio.

En las mesas redondas se hablará sobre tres enfoques diferentes. La primera tratará las narrativas desinformativas contra los derechos de las mujeres. Es decir, la conversación versará sobre cómo se construyen y circulan las narrativas desinformativas que niegan desigualdades, desacreditan el feminismo y cuestionan las políticas públicas de igualdad; cómo se amplifican en los entornos digitales y cómo pueden medirse y responderse desde el feminismo de datos, con evidencias. Este debate correrá a cargo de Virginia Pérez Alonso (periodista y directora de infoLibre), junto con Carmen Domingo, filóloga, escritora y ensayista feminista.

La segunda mesa analizará el papel de los datos abiertos como infraestructura democrática y como base para una inteligencia artificial responsable. Qué datos alimentan la IA y los procesos automatizados de decisión pública, con qué calidad, trazabilidad y enfoque de derechos, para garantizar información veraz sobre la realidad de las mujeres y reforzar la confianza institucional. Aquí serán Mireia Fernández-Ardèvol, catedrática de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Karma Peiró, periodista especializada en tecnología y datos, directora ejecutiva de la Fundación Visualización por la Transparencia, quienes debatirán sobre estos aspectos.

Cerrarán el coloquio la politóloga Ana Gloria Gómez, Laia Garrigó, técnica Data x Woman y Ana Palacios, directora general del Dato en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Las tres expertas debatirán sobre iniciativas que ayudan a pasar del diagnóstico a la acción: proyectos y herramientas tecnológicas que usan datos abiertos, inteligencia artificial, visualizaciones interactivas u observatorios para combatir la desinformación y transformar datos en conocimiento útil para las políticas de igualdad.

Las investigadoras que han decidido dedicar su tiempo y trabajo a desentrañar las raíces del consumo de prostitución, se han topado tradicionalmente con un muro infranqueable. Ni estudios, ni encuestas, ni prácticamente análisis capaces de dimensionar la magnitud de un fenómeno poco estudiado. Esta semana, el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se han aliado para tratar de arrojar algo de luz a la situación y aportar información precisa, gracias a la Encuesta Nacional de Salud Sexual. Y las cifras son claras: el 26,65% de los hombres encuestados han pagado a una mujer en situación de prostitución para mantener relaciones sexuales alguna vez en su vida. 

El sesgo de género es evidente: ellas no consumen prostitución, en prácticamente ninguna circunstancia e independientemente de su contexto. Solo un 0,3% de las encuestadas dice acceder al sexo de pago, un porcentaje anecdótico y residual.

La encuesta permite trazar el perfil del cliente de prostitución en España, a partir de los microdatos que proporciona y que han sido analizados por infoLibre. Por grupos de edad, la tendencia es clara: son las generaciones de hombres mayores quienes más acostumbran a consumir prostitución. Concretamente, los hombres que tienen entre 65 y 74 años son los que reconocen con mayor frecuencia haber pagado a una prostituta (41,6%), seguidos de los mayores de 75 años (38,9%). 

Conforme la edad disminuye, el consumo de prostitución también lo hace, pero las cifras continúan siendo llamativas. El 33,7% de los hombres de entre 55 y 64 años admiten haber accedido a la prostitución, igual que el 28,9% de aquellos que tienen entre 45 y 54 años y el 24,9% de los que cuentan con edades entre los 35 y los 44 años.

Los hombres jóvenes presentan las tasas más bajas de consumo de prostitución. El 13,3% de los varones de entre 25 y 34 años dice haberlo hecho al menos una vez en la vida, e igualmente el 4,1% de aquellos cuyas edades oscilan entre los 20 y los 24 años. Pero hay un ligero repunte entre los más jóvenes: el 7,8% de los que tienen entre 16 y 19 años dicen haber pagado a una prostituta para tener sexo. Cabe destacar que el 5% de los hombres encuestados señala que su primera experiencia sexual fue con una prostituta. 

En casi todas las franjas de edad, los clientes de prostitución han llamado a la puerta de los burdeles en más de una ocasión, excepto en el caso de los más jóvenes (16-19 años y 25-34 años), quienes en mayor medida describen un acceso aislado y puntual a la prostitución. La mayoría de los entrevistados (21%) asegura que el momento en el que pagó por última vez por mantener relaciones sexuales fue hace más de cinco años.

Si el cliente de prostitución es fundamentalmente un hombre de edad avanzada, cobra sentido que la encuesta sitúe a los jubilados y pensionistas (40%) como aquellos que más frecuentan la industria de la prostitución, solo por detrás de situaciones de inactividad sin especificar. En el reverso, los estudiantes (4,9%) son los que menores tasas presentan.

Por debajo de la media se encuentran profesiones como militares y cuerpos policiales (12,3%), así como profesionales, científicos e intelectuales (17,1%). Y por encima, el grupo de oficiales, operarios y artesanos (29,7%), junto al de operadores de instalaciones y máquinas ensambladoras (30%)

La encuesta permite aproximar la lupa a algunas circunstancias de interés, como la religión de los encuestados. Los hombres católicos presentan las mayores tasas de consumo de prostitución: así lo afirma el 30,7% de los no practicantes y el 30,2% de los practicantes. En el extremo opuesto, son los agnósticos (21,1%) y los ateos (21,4%) los que en menor medida dicen haber pagado a mujeres en contextos de prostitución. En un término medio, se sitúan los creyentes de otras religiones (26,4%) y los que no se identifican con ninguna creencia (26,2%).

En una escala de autoubicación ideológica, los hombres que presumen de posiciones más a la extrema derecha son también quienes más reconocen consumir prostitución (29,6%), pero las diferencias respecto a quienes se sitúan más a la izquierda son irrisorias (29,4%). Siendo el uno el extremo más progresista, aquellos hombres que se ubican en la categoría dos y tres son los que presentan tasas más bajas de consumo de prostitución (19,1% y 19,5% respectivamente).

La encuesta evidencia que es en las localidades pequeñas donde existe un mayor consumo de prostitución. El 29,5% de los hombres encuestados que ha pagado por mantener relaciones, pertenece a municipios con menos de 50.000 habitantes. Por el contrario, los territorios con un menor consumo de prostitución (21,5%) son los que tienen entre 100.001 y 400.000 vecinos. 

En cuanto a la pornografía, la encuesta refleja que el 71,8% de los hombres accede a contenidos pornográficos, siendo en este caso una tendencia mayoritaria entre los más jóvenes. En este caso, las dinámicas se invierten: los hombres menores de 35 años son quienes más porno consumen, una práctica que va descendiendo de forma progresiva conforme aumenta la edad de los entrevistados.

Gustavo Fuentes, director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), ha sido imputado como presunto autor de delitos de agresión y acoso sexual, según ha adelantado esta semana elDiario.es. La víctima relata episodios de violencia sostenida en el tiempo –con tres agresiones específicas en 2013, 2021 y 2023– y humillaciones a los ojos de todos, según acreditan sus propios compañeros. Y las empresas responsables de velar por la seguridad de su trabajadora se excusan aludiendo a la existencia de protocolos de prevención a los que jamás llegó ninguna denuncia. 

Así lo señaló el martes Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) mediante un comunicado: su protocolo de actuación contempla "mecanismos de actuación aplicables" a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas, como es el caso de la productora. ADM es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía y que está, además, asociada a la RTVA. El ente público, su principal comprador institucional de contenidos, subraya que no le "consta" la presentación de ninguna "denuncia interna" en relación con los hechos publicados. 

Por su parte, la productora ha decidido suspender al presunto responsable, basándose en "los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones" y solo una vez los hechos quedaron en manos de la justicia. Es decir, cuando el daño llevaba más de una década instalado en el entorno laboral. 

Ambas entidades presumen de sus protocolos, pero ¿han sido útiles para la víctima? Esa es, precisamente, una de las cuestiones que con más insistencia plantean desde los sindicatos. Todas las empresas, con independencia del tamaño de su plantilla, tienen la obligación legal de establecer medidas de actuación, protección y prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo. La no adopción de estas medidas supone una infracción del ordenamiento jurídico. 

La ley de igualdad de 2007 obliga a las empresas a "promover condiciones de trabajo que eviten" el acoso sexual y por razón de sexo, un imperativo que años después quedó ampliado a la necesidad de impedir todo tipo de "delitos y otras conductas contra la libertad sexual", gracias a la conocida como ley del solo sí es sí. Además, España ratificó en el año 2022 el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El principio obliga a todos aquellos que lo suscriban a adoptar medidas de prevención, protección, control y reparación frente a estas conductas. 

Samuel Ortega, secretario de Organización en la sección sindical de UGT en RTVA y miembro de la Comisión de Igualdad de Canal Sur, recuerda la responsabilidad del ente público en lo que respecta a aquello que sucede en el seno de las empresas que prestan servicios para la televisión autonómica. En ese contexto, destaca que los miembros de la Comisión de Igualdad "siempre" han pedido, sin éxito, acceder y examinar los protocolos vigentes en las compañías que están en su órbita. 

"Es importante poder ver qué formación existe, cuáles son las medidas contempladas, quiénes son los miembros de los comités de denuncia y saber si la gente está informada", incide. Sin todos esos elementos, la mera existencia de los protocolos se revela insuficiente. 

"Si el protocolo no funciona, lo que hay que hacer es ponerlo a funcionar". Habla Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres de Comisiones Obreras (CCOO). Pero, sobre todo, asiente en conversación con este diario, la responsabilidad de las empresas debería ser "preguntarse por qué no ha funcionado el protocolo" y no excusar su inacción en la falta de denuncias, especialmente cuando la obligación de toda compañía pasa, en primer lugar, por la prevención y la detección. "Las mujeres no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos y como podemos", recuerda la responsable sindical. Señalar directamente a la ausencia de denuncias no solo parece ser una "excusa de alguien que no quiere involucrarse", sino que además "sitúa la responsabilidad en la víctima". 

Coincide Glòria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. "Volvemos a cargar todo el peso en la víctima", lamenta, una dinámica que pese a ser señalada constantemente por las expertas feministas sigue siendo dolorosamente frecuente. En oposición, la jueza cree importante "integrar en las empresas la obligación de que la denuncia no recaiga solamente en la víctima", en parte porque las mujeres no siempre encuentran una respuesta ágil, garantista y respetuosa en los mecanismos trazados por la propia compañía. 

Poyatos cree que, en términos generales, asistimos a un "cumplimiento más formal que real respecto a la legislación" en materia de prevención del acoso y la violencia sexual, lo que "dificulta mucho la detección y la toma de decisiones para impedir que la salud de las trabajadoras se vea afectada". Las empresas, completa, deben desarrollar una "diligencia activa en materia de prevención, no actuar como meras espectadoras", más aún en casos como el presente, cuando se trata ya no solo de salud laboral, sino de un posible delito.

"Cualquier espacio en el que una mujer interactúe con un hombre tiene que ser valorado desde un punto de vista de prevención de la violencia sexual a la que se expone", añade la jurista, por lo que el deber de las empresas pasa por saber "valorar ese riesgo que existe en los puestos de trabajo" con el fin de poder evitarlo. 

Las conductas denunciadas por la reportera de la productora sucedían a ojos de la mayoría. Los comentarios sexistas, misóginos y discriminatorios los pronunciaba el presunto agresor en público, sin pudor alguno y ante el silencio cómplice de quienes escuchaban, según se ha publicado este miércoles. Pese a que la violencia trascendía del ámbito privado, nadie activó los protocolos.

Uno de los testimonios recogidos por elDiario.es señala directamente al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, como conocedor directo de las conductas denunciadas. El relato recogido parece evidenciar que la violencia era conocida no solo por compañeros y superiores de la productora, sino por cargos de responsabilidad dentro de la propia televisión autonómica. 

El protocolo de RTVA, consultado por este diario, indica que "en caso de hallarse implicado personal laboral de una empresa externa que esté prestando un servicio" para la cadena, se aplicarán "los medios de coordinación necesarios para llevar a cabo la investigación y adoptar las medidas más idóneas y urgentes que den solución al problema planteado y eviten su repetición". 

"La sociedad no puede mirar para otro lado, tiene que hacer red, formar, concienciar y hacer llegar a todas las personas trabajadoras el mensaje de que es necesario tener los ojos puestos en todas las compañeras", exclama Carolina Vidal. Si hay una herramienta para terminar con la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, más allá de la existencia necesaria de los protocolos, esa no es otra que "la presión de la plantilla", concluye la sindicalista.

"Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano?". Las palabras fueron pronunciadas por el papa León XIV este lunes en la sede de la soberanía popular, la misma cámara que hace 17 años se unió para consagrar legislativamente el aborto como un derecho irrenunciable de las mujeres. Ya entonces, la Iglesia católica se consolidó como la principal voz discordante en el avance de los derechos reproductivos, situando la interrupción libre del embarazo como enemigo a batir. Casi dos décadas después, las palabras del pontífice resucitan un debate que se creía resuelto en suelo español, alentado por un contexto internacional de avance reaccionario que busca resucitar viejos fantasmas.

El movimiento feminista que ha peleado tradicionalmente por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se encontró respaldado, allá por el año 2009, por el consenso social. Trazar una ley garantista y amplia no era una batalla residual, sino una demanda de la mayoría. Frente a ese sentir mayoritario, se situó la Iglesia. La Conferencia Episcopal dijo de la ley que era "objetivamente incompatible con la recta conciencia moral" y comenzó a hablar de "ideología abortista y de género".

Los obispos reforzaron su narrativa en defensa de "quienes tienen derecho a nacer" y también escenificaron una supuesta preocupación por las mujeres que necesitaban apoyo para no ser "víctimas del aborto". Advertían de los peligros de confundir "la injusticia con el derecho" y no dudaron en sostener algunas de las pancartas que así lo expresaron en las calles. La ley del aborto de 2010 salió finalmente adelante y colocó a España en la vanguardia de los derechos reproductivos. A pesar del avance legislativo, los líderes religiosos no han adaptado su discurso a la realidad social de su tiempo, y ante cada mejora en el plano político, como la reforma de la ley aprobada hace ahora tres años, han vuelto a sacar las garras.

Aquellos argumentos han sido gasolina para los grupos antiabortistas, los mismos que todavía hoy se sitúan frente a las clínicas de interrupción del embarazo para hostigar, amedrentar y violentar a las profesionales y mujeres que deciden atravesar sus puertas, desafiando la legislación vigente. El Código Penal contempla como delito el acoso frente a estos centros privados, en un contexto en el que abortar sigue sin ser un derecho garantizado en la red de hospitales públicos. 

Pero si hoy existe preocupación por las palabras de León XIV, aplaudidas por el grueso de los parlamentarios, es por el telón de fondo en el que se enmarcan. El discurso de buena parte de los líderes políticos a nivel internacional pasa por cuestionar o arrinconar el aborto como derecho. Ya no se trata solo de rosarios, sino también de políticas públicas.

España se resiste al retroceso, pero desde hace años emergen cíclicamente intentos de cuestionar lo que es hoy un derecho consolidado. Sucedió en diciembre de 2024, al calor de la cumbre antiabortista celebrada en el Senado, en la que líderes ultras de todo el globo se dieron cita para clamar contra la "perversidad" del aborto. En aquel enclave participó el exministro del Partido Popular Jaime Mayor Oreja, un habitual en la difusión de los mensajes ultracatólicos contra el aborto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha decidido dejar en vilo a millones de madrileñas que en los últimos años asisten atónitas a un retroceso que ya no es meramente discursivo, sino material. Madrid es la única comunidad que se ha opuesto firmemente a cumplir la legislación, poniendo resistencias a la creación de un registro de objetores tildado por la presidenta regional como "lista negra". En paralelo, la líder conservadora acaba de aprobar el proyecto de ley para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, una apuesta política que tiene mucho que ver con los postulados de la Iglesia.

Pero si hay un partido que defiende sin matices las tesis antiabortistas, ese es Vox. La formación de Santiago Abascal plantea, como eje central de su proyecto político, "el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural". Los ultras son los responsables de exportar iniciativas idénticas a las puestas en marcha en otros países europeos, como la perversa propuesta de escuchar el latido fetal dirigido a las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo.

En la actualidad, tanto la derecha como la extrema derecha se han dado la mano a la hora de plantear enmiendas a la totalidad contra la reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitucional. Todas ellas fueron rechazadas. 

En el Congreso, a la intervención del papa le siguió un sonoro aplauso. Pero fuera de sus pasillos, no fueron pocos quienes se pusieron en guardia y advirtieron de los riesgos que conlleva normalizar un discurso diametralmente opuesto a los derechos de las mujeres.

Teresa Sáez reconoce preocupación. "Me parece una incoherencia", asiente la activista feminista al otro lado del teléfono, permitir tal negación de los "derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, sobre todo en un contexto en el que toda una legislación lo avala". Es, a su juicio, peligroso. Especialmente teniendo en cuenta un contexto internacional que se empeña en "volver a llevarnos al punto de partida, a reabrir debates de hace 40 años".

Para la feminista Alicia Miyares, la posición expresada por el papa es sencillamente "doctrinal" y sigue la línea fielmente reproducida durante años por la Iglesia. No obstante, sí cree que existe una negación sistemática de las mujeres y sus derechos por parte de los líderes religiosos. "La Iglesia no se siente cómoda con las mujeres, existe una omisión constante y dentro de su seno están en una posición de subordinación", analiza. 

La cuestión no tiene tanto que ver con la posición expresada por el pontífice, sino con el silencio posterior y sus implicaciones a nivel político. El movimiento feminista se pone en guardia, igual que lo hizo ante la gran amenaza de retroceso protagonizada por el Partido Popular durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2014, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso recuperar el espíritu de la ley de supuestos de 1985, obligando a las mujeres a justificar su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.

Entonces, feministas como Alicia Miyares pusieron rumbo a Madrid, decididas a llenar las calles. El llamado Tren de la libertad congregó a decenas de miles de mujeres que se manifestaron para pedir la retirada del anteproyecto de ley con el que Mariano Rajoy quería modificar la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo y también la dimisión del entonces ministro de Justicia. Consiguieron ambas demandas.

Cada vez que sobrevuela una amenaza de regresión, las feministas se atrincheran en la movilización que pasó enseguida a ser un hito histórico del movimiento. "En materias como estas, estamos fuertes para volver a hacerlo", dice convencida Teresa Sáez. Aunque la activista reconoce que el feminismo no está "permanentemente organizado", sí cree que mantiene intacta la capacidad de responder ante un asunto clave como el derecho al aborto. "Vivimos en el día a día de las mujeres y sabemos que nos va la vida en ello", asiente. 

A Júlia Salander (Barcelona, 1994) suelen decirle que no esté tan enfadada, que no exteriorice la rabia, que por qué no toma aire, sonríe y se calma. Para la politóloga y divulgadora feminista, el enfado no solo es legítimo en un contexto de avance ultra, sino que su negación es una de las muchas estrategias del machismo para disciplinar a las mujeres y que así sean más dóciles, menos molestas. Pero el feminismo, si no incomoda, pierde su razón de ser. 

La activista feminista, autora de Tu argumentario feminista en datos y Fuego al machismo moderno, recibe el Premio Joven infoLibre 2026 a la Igualdad —si quieres acudir a la gala aquí te contamos cómo puedes hacerlo— en un momento de auge reaccionario en el que las fuerzas de extrema derecha han decidido poner en el foco a las mujeres. Ella coge aire, pero no lo hace para dejar de hablar, sino para desafiar al silencio, desmentir bulos, visibilizar la realidad de las mujeres y poner nombre a las violencias que las atraviesan. 

Asistimos a numerosos análisis que sitúan a los jóvenes como especialmente vulnerables a los discursos de extrema derecha. ¿Coincide?

Cuando vamos a los datos, vemos que partidos como Vox tienen un porcentaje mucho más amplio de jóvenes que les votan. Hay sectores que siguen a Vito Quiles o a Alvise Pérez y esa masa más a la extrema derecha está compuesta en gran medida por chavales jóvenes. Entonces creo que hay una parte del fenómeno que es cierto. Una de las explicaciones del por qué a la gente joven le mueve más este tipo de discursos, tiene que ver con que se instrumentaliza en redes sociales. Las redes son uno de los vehículos para que estos discursos calen y además son discursos que te polarizan, hay un proceso de radicalización. El malestar de los chavales encuentra salida en el odio, porque el odio es una emoción que te moviliza mucho. Y cuando se van señalando colectivos como los responsables de tu malestar, ellos lo acogen. Además, ser antisistema antes era ser de izquierdas, pero ahora parece que lo que se sale de lo políticamente correcto es ser facha. Parece que esta provocación que consiguen es a través de discursos de odio. 

Habla de hombres jóvenes. ¿Qué pasa con las mujeres? Las chicas jóvenes estuvieron muy presentes en las grandes movilizaciones del 8M, ¿pero ahora? ¿Siguen ahí?

Las militancias van cambiando. Ahora mismo cuesta mucho movilizar a la gente, lo estamos viendo cada 8M con manifestaciones con cada vez menos gente. No sé si el movimiento feminista está en crisis, pero sí creo que hay profundos cambios, en parte porque existe un descrédito muy grande a nivel mundial. Hay un auge brutal de la extrema derecha y de los discursos reaccionarios que van a atacar al feminismo. Hemos ido consiguiendo derechos y al final el sistema reacciona. Además asistimos a un discurso que me molesta a nivel conceptual, esta idea de responsabilizar al feminismo del auge de la extrema derecha en los chavales. Aquello de que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Es una frase que me hace gracia, porque nadie diría que la democracia o la paz han llegado demasiado lejos. El feminismo lo que busca es erradicar la violencia que sufrimos las mujeres y en consecuencia conseguir la igualdad. ¿Qué es llegar demasiado lejos en conseguir la igualdad? Ojalá lleguemos lo más lejos que se pueda.

¿Son las redes sociales una herramienta que puede servir de alianza o es terreno enemigo?

Yo creo que sirven sobre todo para globalizar el movimiento feminista. Yo me entero de cosas que pasan en Argentina gracias a las redes sociales, gracias a que sigo a activistas feministas de allí y me entero de lo que ocurre. También pasa con Palestina. Las redes sociales, en esencia, son positivas. También es cierto que al final son empresas privadas y no son neutrales, como tampoco lo es el algoritmo. Pero yo misma hago divulgación en redes, principalmente, y la gente a la que yo consigo llegar es gracias a ellas. Yo todas las cuentas que sigo son cuentas politizadas, activismo de cualquier tipo. Pero depende de cómo entrenes tu algoritmo: te pueden salir gatitos o te pueden salir señores machistas. Creo que sí hay una parte muy importante dentro de las redes donde se mueve un activismo muy fuerte. Yo tengo vídeos con millones de visualizaciones y eso me parece una locura. 

Y entre esos millones, ¿recibe violencia?

Sí, pero me protejo mucho. Mi forma de protegerme es no leer comentarios o mensajes. Disfruto mucho de la divulgación, pero lo que más disfruto es estar en mi casa haciéndome mi guion. Y una vez subo el vídeo, intento protegerme. Obviamente mi contenido es polémico, el feminismo que no incomoda es marketing y yo sé que mis discursos generan controversia, porque me mojo. Así que recibo mucho odio de sectores de extrema derecha. Aquí creo que las redes sociales tienen una responsabilidad muy importante.Si Instagram me censura un pezón al segundo, es porque tiene herramientas para detectar, censurar y poner sus políticas como plataforma. ¿Entonces por qué estás permitiendo que vengan cien tíos a insultarme? Las propias plataformas toleran el bullying.

En sus redes ha hablado del crimen machista en Figueres. El vídeo del asesinato se viralizó, ¿cree que esas imágenes fueron útiles?

Es muy complejo. Sí he visto medios de comunicación como El Mundo que subieron vídeos de la víctima tendida en el suelo, sin censura. Ahí literalmente estás enseñando a una mujer que acaban de asesinar y esto me pone la piel de gallina. Yo creo que eso no es periodismo, simplemente morbo por el morbo. También debemos preguntarnos como sociedad por qué hay feminicidios que se viralizan y otros no. Todos deberían viralizarse, los feminicidios deberían ocupar titulares y deberían abrir telediarios durante días.

Este caso fue especialmente doloroso por los fallos del sistema. ¿Casos como este merman la confianza de las mujeres en las instituciones?

El sistema tiene fallos y señalarlos tiene esa consecuencia. Cuando yo señalo esos fallos lo que quiero es que desaparezcan, presionar a las instituciones para que se estructuren de otra forma, para que los protocolos sean otros. Y este caso es flagrante porque se podría haber evitado. Yo quiero que todas las mujeres denuncien, pero quiero que el sistema sepa responder. Cuando el sistema responda de una forma adecuada, las mujeres denunciarán más. 

Ozempic, cremas antiedad, presión estética… ¿ha empeorado la violencia que sufren las mujeres en ese sentido?

Hemos mejorado en algunos temas, como identificar la violencia. Ahora sabemos nombrar cosas que hace 20 años no se nombraban. Pero si pienso en qué hemos empeorado, es en la presión estética. Skincare, retoques estéticos, extrema delgadez… todo eso cala en chicas muy jóvenes. Y creo que las redes sociales son muy responsables: chavalas que solo se ponen filtros en la cara y que con 18 años lo que quieren es ir al cirujano, enseñarles la foto con el filtro y decir "quiero esta cara". Esto para mí es violencia, porque es un sistema que te hunde la autoestima, te genera unas inseguridades y unas necesidades tremendas para que tú vayas y consumas. Capitalismo y machismo hundiéndonos la autoestima a todas para hacer negocio.

La conversación en torno a la casita de Bad Bunny en los últimos días ha planteado precisamente ese debate: el peso de la cultura como cómplice de esa violencia.

Sí, yo creo que hay un punto aspiracional y elitista. Yo he ido al concierto de Bad Bunny, pero sí es cierto que representa lo mismo que ya vemos con las mujeres de revistas, pasarelas, actrices y cantantes. Si todas las mujeres que tienen éxito cumplen un canon, el mensaje es que para tener éxito hay que cumplir ese canon. Si yo quisiera estar en la casita, si yo quiero ser actriz, cantante o modelo, tengo que ser guapa, porque a esa cúspide social no llegan mujeres con otras corporalidades. Hay un sesgo.

¿Podemos gozar sin quitarnos las gafas violetas?

Es complicado. Yo soy feminista y estoy enfadada porque tengo motivos para estar enfadada, porque al final me levanto cada día con un feminicidio, una agresión sexual, la nueva manada de no sé qué pueblo, entonces yo estoy muy conectada con esa parte de enfado, pero también con la parte de esperanza, porque las feministas estamos enfadadas y esperanzadas, queremos una sociedad mejor. Pero yo no puedo estar 24 horas con estas emociones, porque me vuelvo loca, entonces me permito disfrutar de productos culturales sin estar todo el rato analizando y pasando por esa capa más analítica. Yo adoro el reggaeton desde hace muchos años, y a veces me encuentro cantando unas letras que… Pero son contradicciones que tenemos todas, yo las identifico, sé que están ahí y no pasa nada. No soy más o menos feminista por escuchar a Bad Bunny. Para mí el feminismo ha de liberar, no quiero un feminismo que me haga sentir más culpa.

Hemos oído en diversas ocasiones que esta será la legislatura en la que se acabe con la prostitución. A estas alturas, ¿a qué le suena?

Yo soy profundamente abolicionista. Si la abolición no llega, es por falta de interés político. No hay voluntad de abolir la prostitución y eso es terrible, para mí es uno de los ejes fundamentales cuando voto. Los partidos que están a la izquierda del PSOE son regulacionistas, o tienen un cacao mental tan grande que ni se posicionan. Por otro lado tenemos a un PSOE que parece ser el partido que abandera la abolición, pero luego vemos lo que pasa dentro con ejemplos como Ábalos. Al final solo lo utilizan cuando hay elecciones, por rédito electoral. Es triste, pero durante este mandato hemos visto que el feminismo no es relevante.

Otra propuesta en marcha es incluir el aborto en la Constitución. ¿Le preocupa que un eventual gobierno de extrema derecha vaya a por este derecho?

Me preocupa. Primero irían a por el aborto, pero al final desmantelarían todo. No es un "que viene el lobo", es que solo hace falta mirar a países que tenemos al lado donde ha llegado la extrema derecha y ver lo primero que hacen. Sí, da mucho miedo pensar en un gobierno de PP y Vox y qué nos pueden deparar esos cuatro años. 

Estamos en máximos históricos de delitos de odio. ¿Los discursos de odio se han trasladado a las calles?

A veces cometemos el error de pensar que lo que pasa en redes es de otro mundo. Detrás de las redes hay alguien y esas personas luego salen a las calles. Las dinámicas de polarización y radicalización no solo están en la pantalla, la gente existe, se relaciona y sale a la calle. La violencia que hay en el mundo digital es una violencia que pasa en el mundo real.

¿Todos los hombres son potenciales violadores?

Cuando a mí me preguntaron esto en un podcast, yo di una respuesta extendida. Luego se sacó un clip y a partir de ahí se viralizó. Si ahora me preguntas, giraría la cuestión: ¿por qué a todas las mujeres nos han pasado cosas? ¿Por qué todas tenemos alguna experiencia violenta? 

En un documento escrito a mano, con tinta azul y letra menuda, las monjas Adoratrices decían de Pilar que era una "joven de familia normal y buena moralidad", que presentaba una "conducta irregular" sin ningún "desliz moral", pero moviéndose con "cierta independencia", regresando "tarde a casa" y tratando con "chicos melenudos". Ese fue el motivo por el que acabaría internada en el Patronato de Protección a la Mujer. Aquel escrito, fechado en octubre de 1970, es uno de los pocos que han llegado a manos de las supervivientes. Hoy, tanto ellas como las investigadoras que siguen el rastro de esta opaca institución piden que las congregaciones religiosas hagan públicos todos los archivos a su disposición. Es una cuestión de justicia, reclaman, pero también la única forma de que mujeres como Pilar puedan escribir su historia.

Podemos ha solicitado, con motivo de la visita del papa León XIV a España, la entrega de toda la documentación en poder de las congregaciones religiosas que gestionaron los centros del Patronato durante más de cuatro décadas, así como todos los archivos relacionados con el robo de recién nacidos.

Es una de las reclamaciones que llevan formulando las supervivientes desde que dieron el paso de verbalizar sus relatos de violencia mientras estaban encerradas en la institución franquista, operativa hasta mediados de los 80, ya en democracia. "Las congregaciones establecieron el compromiso público de que nos lo iban a entregar, pero no lo han hecho". Habla Consuelo García del Cid, víctima del Patronato y una de las primeras mujeres en investigar y compartir públicamente lo sucedido en los centros.

En junio del año pasado, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) celebró un acto de perdón a las víctimas, en el que se cerraron distintos compromisos. Los religiosos dijeron entonces estar dispuestos a "esclarecer la verdad" con la "máxima transparencia y colaboración", ofreciendo respuesta a quienes "buscan conocer su historia personal". Prometieron también llevar a cabo una "revisión histórica y análisis crítico" de lo sucedido, impulsando una "reflexión hacia el interior" de sus archivos para poder "analizar con objetividad el impacto del Patronato de Protección a la Mujer" en la propia historia de las congregaciones.

Hace casi un año de aquello y las supervivientes siguen esperando. "Las Misioneras de María Ianua Coeli nos dijeron que cuando entró en vigor la Ley de protección de datos, compraron una trituradora de papel y destruyeron todo. Las Adoratrices nos han dado algún documento suelto, con fechas de entrada y salida. Y las Hijas de la Caridad ni contestan a nuestros correos", afirma García del Cid. "¿Se están burlando de nosotras?", se pregunta.

La víctima insiste en que el acceso a los expedientes serviría para "demostrar cuánto tiempo" permanecieron en los centros, probar el "trabajo gratis" que allí se desempeñaba y los detalles de "un sistema penitenciario oculto" que pasó desapercibido durante demasiado tiempo. "Para muchas de nosotras, nuestras vidas y nuestro futuro estuvieron marcados por el paso por estos centros", clama García del Cid. "Es nuestra historia".

Si alguien sabe bien el valor de los expedientes, son las investigadoras que desde hace años han tratado de arrojar luz sobre las raíces de los reformatorios franquistas. Una de esas personas es María Palau, coautora de Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato (Libros del K.O., 2026). "Esa documentación es privada y por tanto tenemos un acceso prácticamente imposible, aunque es una pieza fundamental del puzle porque nos permitiría completar el discurso de los verdugos, un discurso patriarcal, misógino e impregnado de nacionalcatolicismo, pero que nos ha permitido ir uniendo puntos para dibujar esa verdad", sostiene la periodista en conversación con infoLibre.

A su juicio, el acceso a los archivos es clave no solo para recuperar la historia del Patronato de Mujeres, sino también para dar forma a los muchos relatos individuales de las supervivientes. Cuando las congregaciones se resisten a compartir los expedientes, en realidad les están "negando gran parte de su identidad", lamenta la escritora. 

Coincide Carmen Guillén, autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Planeta, 2026). "En esta historia hay un vacío documental", expone al otro lado del teléfono. Lo sabe a ciencia cierta: la doctora en Historia Contemporánea lleva más de diez años buceando en las escasas fuentes documentales existentes para tratar hacer memoria en torno al Patronato. 

Guillén cree fundamental crear una comisión oficial de investigación que implique "la apertura total de los archivos, incluidos los eclesiásticos". La historiadora subraya que la Junta Nacional del Patronato conservaba hasta 1.186 cajas de documentación, pero una inundación sufrida en el archivo donde almacenaban redujo aquella cifra a 31. Las investigadoras han tenido siempre que "bucear en los márgenes" para construir el relato de lo allí sucedido. Acceder a los archivos y expedientes, clama la experta, "ayudaría a cubrir muchos huecos en esta historia". 

España tiene un espejo en el que mirarse: Irlanda. Las llamadas Lavanderías de las Magdalenas fueron instituciones gestionadas por congregaciones religiosas a las que iban a parar niñas y adolescentes pobres, en situación de vulnerabilidad o simplemente ajenas al orden moral dominante. Irlanda ha desarrollado políticas públicas de memoria y reparación hacia las víctimas, investigando lo sucedido, compensando económicamente a las supervivientes y reconociendo su responsabilidad en la violencia que recayó sobre ellas. 

Aunque las supervivientes han sido reconocidas como tal, las investigadoras creen que hacen falta más pasos hacia una reparación real del daño. "Los símbolos son importantes y ellas lo vivieron como una especie de acto de catarsis colectiva, pero es preciso un cambio en la Ley de Memoria Democrática para incluir oficialmente una reparación económica", asiente Guillén. "Les partieron la vida, condicionaron su futuro y no les dejaron estudiar", denuncia.

En este extremo se detienen todas las voces consultadas. "Muchas compañeras están al borde del desahucio, mientras las congregaciones siguen funcionando en terrenos regalados por el dictador", destaca García del Cid.

Las niñas internadas en aquellos centros fueron explotadas laboralmente, desarrollando trabajos forzados y sin remunerar como tónica general. Las víctimas también piden que se reconozcan esas labores como años cotizados, para lo que es preciso el acceso a los expedientes y a los libros de contabilidad, esclareciendo así las ganancias obtenidas. Y en ese sentido, demandan también una "investigación sobre las empresas que se beneficiaban con el trabajo forzado de las internas". 

Aquellas mismas niñas que ingresaban por desviarse de la doctrina de la época no solo fueron vejadas, explotadas y violentadas, sino que muchas de ellas llegaron embarazadas y nunca más volvieron a saber nada de sus bebés. "Dentro del complejo entramado institucional que generó el Patronato de Protección a la Mujer, pocos espacios resultan tan difíciles de abordar como los centros maternales", escribe en su libro Carmen Guillén. A medida que el alcance de la institución fue extendiéndose, la "atención a mujeres solteras embarazadas se consolidó como una de sus áreas centrales". Y en ese contexto se produjeron, escribe la historiadora, "procesos de adopciones forzadas y separación sistemática entre madres e hijos".

Un fenómeno que no es exclusivo del Patronato. "El robo de recién nacidos se desarrolló a través de múltiples elementos institucionales y sociales que funcionaron de forma continuada desde la Guerra Civil hasta la década de los 90", expone la investigadora, con "maternidades, hospitales y clínicas privadas" como los "escenarios principales de este proceso", mientras que los registros civiles "jugaron un papel crucial en la legalización del delito al permitir la inscripción fraudulenta de los recién nacidos como hijos biológicos de otras familias". Lo que Guillén llama "arquitectura de la desaparición" fue sostenido por "médicos, religiosas y funcionarios", quienes garantizaron "la eficacia del robo y también su ocultamiento durante décadas".

Las expertas creen que en lo que respecta a los bebés robados, todo está por hacer. Piden la aprobación de una ley nacional y bancos de ADN para la identificación de los niños y niñas "robados en las maternidades del Patronato" y arrancados también "en otras maternidades públicas y privadas".

Las batallas pendientes tienen, en realidad, mucho que ver con el presente. Porque aquellas dinámicas que han sido normalizadas e ignoradas durante décadas, tienen impacto todavía hoy. Lo explica Guillén: es importante, a su juicio, revisar todas las situaciones actuales que puedan seguir "reproduciendo esquemas basados en misoginia y discriminación por razón de etnia, condición social o discapacidad", especialmente ligadas con "retiradas de custodia, con las madres protectoras y con la violencia vicaria". Eso conlleva, en muchos casos, la vigilancia de los "centros regentados por las mismas órdenes religiosas que atienden a mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad", destaca la escritora. 

Palau recuerda que la estela de la institución no desapareció con la extinción de los centros, sino que hábilmente se valió de la desmemoria para ir tomando otras formas. "Esas monjas siguen ocupando los mismos espacios. No se hacen cargo de internas, pero sí de mujeres en situación de vulnerabilidad y tenemos indicios que nos llevan a pensar que el trato puede estar siendo similar". 

La periodista entiende que transformar el sistema de servicios sociales supone "un trabajo enorme", pero también cree que es clave ir dando pasos hacia otro modelo. Un primer impulso puede estar en revisar los requisitos que permiten a las congregaciones acceder a fondos públicos, para establecer la imposibilidad de acceder a ayudas públicas mientras no faciliten toda la documentación de la que disponen.

"Puede que ahora tu prioridad sea otra. Puede que ahora no sea tu momento. Pero ese momento llegará". La promesa interpela a aquellas mujeres decididas a buscar la información –a veces escasa, a veces confusa– sobre una técnica cada vez más popular: la congelación de óvulos. La vitrificación es una realidad para miles de mujeres que cada año deciden dar el paso de acudir a una clínica, pese a la información parcial, las muchas dudas que todavía pesan sobre esta práctica y los gastos que conlleva. La mayoría se topa con una industria volcada en ofrecer soluciones aparentemente rápidas e infalibles, pero con mucha letra pequeña.

La preservación de la fertilidad es el tipo de ciclo que "más ha aumentado en los últimos años, con una progresiva reducción de la edad media a la que tiene lugar", pasando de los 38 años a los 35, recoge la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) en el documento Hoja de ruta para una reproducción saludable y planificada. 

Según los datos recopilados anualmente por la entidad, el número de mujeres que congelan sus óvulos se ha ido multiplicando progresivamente a lo largo de los años. En 2010, primer ejercicio en el que existe registro, fueron 129 las que tomaron esta decisión, mientras que en 2023 la cifra escaló hasta las 7.158 mujeres que accedieron a la prestación. Estas mujeres, aquellas que eligen congelar óvulos por motivos que no son estrictamente médicos, constituyen el 79,8% del total de usuarias que acceden al servicio.

Pero ¿cuáles son los motivos que les empujan a hacerlo? Un artículo firmado por la socióloga Sara Lafuente, publicado en la revista científica BioSocieties en 2024, analiza las connotaciones sociales en la decisión de congelar óvulos, a partir de entrevistas con profesionales y usuarias. Lafuente pone el foco en aquellas mujeres que entrevén en la preservación una herramienta útil para ganar tiempo, pero también se detiene en esta técnica como síntoma de un contexto social que pone muchas trabas al desarrollo pleno de una crianza en condiciones.

Las entrevistadas hablan de elementos determinantes en su decisión, como la falta de una pareja estable, la precariedad laboral, la crisis habitacional o la falta de políticas sociales encaminadas a facilitar la conciliación. La congelación de óvulos se ha ido configurando, a juicio de la autora del análisis, como una suerte de parche para sortear obstáculos que tienen más que ver con políticas públicas y con el contexto socioeconómico que con decisiones libres. 

Al otro lado del teléfono, la socióloga se detiene en las raíces que empujan a las mujeres a decidirse por la congelación de óvulos y el peso del contexto tanto cultural como socioeconómico. Muchas de las pacientes que entrevistó para su trabajo reconocen haber retrasado "la maternidad no necesariamente porque haya una decisión consciente" encaminada a priorizar el trabajo o el ocio, sino por cuestiones como "la soledad, las condiciones económicas, el problema con la vivienda y porque saben que hoy tener hijos para las mujeres trabajadoras conlleva un coste" en distintos ámbitos que no siempre es asumido desde una perspectiva pública y comunitaria. 

Ocurre entonces que la congelación de óvulos llega a "muchas capas sociales" en comparación con otros países, por lo que existen mujeres que acceden a ella asumiendo el coste que implica, aunque suponga un esfuerzo significativo. Para Lafuente, no deja de ser una "solución individual, a través del mercado, para dar respuesta a problemas que no han sido resueltos desde lo colectivo".

En su libro Sueños y vasijas (Consonni, 2024), la periodista June Fernández hace una aproximación a la lógica mercantilista que envuelve a la preservación de la fertilidad. "La expansión de los mercados reproductivos se ha basado en tres hallazgos científicos del siglo XX: la fecundación in vitro (el óvulo es inseminado fuera del útero), la ovodonación (se implanta en el útero de una mujer un embrión fecundado en el óvulo de otra mujer) y la crioconservación de gametos y embriones (una técnica para almacenar material biológico congelados)", escribe. La demanda de estas técnicas, añade la autora, "se multiplicó gracias a dos cambios sociodemográficos: el retraso de la edad de reproducción y la visibilización de modelos familiares distintos al encabezado por parejas heterosexuales".

En ese sentido, "la mercantilización de la reproducción coincidió con la expansión del neoliberalismo en los años ochenta y noventa". Según la escritora Layla Martínez, autora de Gestación subrogada. Capitalismo, patriarcado y poder (Pepitas de calabaza, 2019), "estos servicios se presentaron de entrada como procedimientos médicos para lograr legitimación social, pero pronto pasaron de la lógica sanitaria a la lógica de mercado. Así, el neoliberalismo demostró que era capaz de comercializarlo todo, incluida la capacidad de crear vida".

En España, agrega la investigadora, "hay una confianza desmedida en la reproducción asistida como una solución". Una confianza que se construye alrededor de la "creencia de que cuando llegue el momento será una opción fácil", pero la realidad es que "no es nada fácil, ni garantista y la gente se encuentra con procesos costosos, largos y difíciles que no siempre funcionan". 

Coincide la ginecóloga Victoria Marcos. "Lo peligroso es que el marketing sea incorrecto. Una congelación de óvulos aumenta las posibilidades de embarazo, pero no lo asegura", reflexiona en conversación con este diario. Aunque matiza que algunas clínicas "son muy sensatas", la profesional sí cree problemático que otras tantas perfilen un panorama de garantía total según el cual la congelación de óvulos servirá, por sí misma, para garantizar poder tener hijos, "cuando la realidad es que no es así".

La Sociedad Española de Fertilidad señala el coste del proceso como el "principal obstáculo". Los precios oscilan entre los dos mil y los cuatro mil euros por ciclo, a lo que deben sumarse otros 300 o 400 euros anuales de mantenimiento de los óvulos preservados, según los cálculos de la misma entidad. A estas cifras pueden añadirse alrededor de otros mil euros, el coste del tratamiento previo a la extracción para estimular la producción ovocitaria.

La organización reclama "el desarrollo de políticas públicas que hagan asequibles estos tratamientos para las ciudadanas, erradicando así problemas de inequidad". Pero, además, los profesionales destacan que una vez que se consigue acceder al proceso, "puede ser altamente estresante a nivel físico y emocional", así que para "reducir al máximo el malestar que sufren muchas pacientes, deberían crearse rutas asistenciales pautadas que aseguren, por defecto, el máximo grado de comodidad posible para las pacientes".

La Seguridad Social únicamente se hace cargo del coste de la prestación en el caso de enfermedades que afecten de alguna manera a la fertilidad, pero el simple deseo de posponer la maternidad –el principal motivo por el que las mujeres recurren a la vitrificación– hace que el impacto económico sea asumido íntegramente por la paciente. 

El Partido Popular se sumergió de lleno en esta cuestión el año pasado, cuando en su ponencia política planteó financiar el servicio con fondos públicos. "No tener un hijo no puede ser una cuestión económica", señalaban entonces los conservadores. "Miles de españoles no pueden formar una familia porque las circunstancias económicas, políticas e incluso sociales se lo impiden", añadían los de Alberto Núñez Feijóo. La Xunta de Galicia es la única comunidad que, desde este año, incorpora el servicio en su red pública también para las mujeres de entre 30 y 35 años sin prescripción médica.

En el debate sobre el peso de la sanidad privada entran en juego diversos elementos. "En el Estado español ha habido históricamente un protagonismo muy fuerte del sector público en casi todos los ámbitos, pero no en la reproducción asistida", introduce Lafuente. En este terreno, el liderazgo del sector privado es indiscutible y existe además una "industria muy fuerte caracterizada por un problema: la compra de clínicas por parte de fondos buitre". Gigantes como el fondo de inversión KKR, con intereses en la Palestina ocupada, están detrás de clínicas dedicadas a la fertilidad. 

A día de hoy, analiza la socióloga, no existe ningún sistema encaminado a "poner coto a cuál es el formato de acumulación en el sistema privado", por lo que el hecho de que existan "fondos de inversión que buscan generar beneficios de forma muy rápida en el ámbito de la medicina es problemático en sí mismo". Como resultado, apuntala la investigadora, "es muy difícil saber si los tratamientos responden a un coste beneficio basado en la salud o a una cuestión puramente económica".

Para Lafuente, el debate no tiene tanto que ver con cuáles son las técnicas actualmente presentes en la privada que debe absorber la Seguridad Social, sino si las instituciones están en condiciones de ofrecer soluciones alternativas desde una perspectiva de políticas públicas. "La congelación de óvulos, aunque en muchos casos es útil, no deja de ser una respuesta que nos ha dado el mercado", zanja. 

Pero hay otra cuestión que rodea a la congelación de óvulos y que inquieta profundamente a las mujeres: las limitaciones a la hora de descongelar los preembriones o gametos femeninos. La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, vigente desde hace dos décadas, plantea la posibilidad de destruir los ovocitos o preembriones siempre como última opción, por detrás de su uso por la propia mujer o su cónyuge, la donación con fines reproductivos o la investigación. 

El cese de la conservación solo puede aplicarse una vez haya finalizado el plazo máximo de conservación previsto por la ley y si no se ha elegido antes otro destino. Para ello, además, es necesario que la paciente presente dos informes de especialistas diferentes y ajenos a su clínica, capaces de avalar que no reúne los requisitos adecuados para el embarazo. Es decir, un laberinto burocrático para las mujeres. ¿Y si la paciente deja de pagar el mantenimiento? Entonces el material pasa a ser propiedad del laboratorio.

El destino final de los óvulos y preembriones está, por tanto, sujeto a una serie de condiciones que limitan la decisión autónoma de cada mujer, una situación que no se produce respecto a la congelación de semen. Es esta asimetría la que quiere corregir ahora el Partido Socialista. La formación presentó el pasado mes de abril una proposición de ley para tratar de eliminar los obstáculos a la hora de decidir en torno a la conservación del material.

Su finalidad, según expone el grupo parlamentario, pasa por "equiparar la normativa de crioconservación de ovocitos con la del semen, reforzando la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre el destino de sus propios gametos". La legislación vigente, reseñan los socialistas, impide que la mujer decida "por sí sola poner fin a la conservación de sus ovocitos", su decisión queda "condicionada por una validación externa".

Lafuente lo encaja como un avance encaminado a corregir una "normativa profundamente paternalista", pero cree que es también una oportunidad perdida para revisar igualmente las condiciones en el caso de los preembriones. La diputada socialista Margarita Martín defendió en sede parlamentaria su iniciativa no solo para "reforzar la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus ovocitos", sino también persiguiendo el propósito de "abrir el camino para abordar con seriedad la situación de los preembriones crioconservados".

Un total de 22 mujeres han sido asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas en lo que va de año. El balance que deja la violencia machista a las puertas del ecuador de 2026 hace saltar las alarmas de quienes acostumbran a examinar las estadísticas: los feminicidios han aumentado un 83% respecto al año pasado. "Estamos en un momento de rearme patriarcal", señalan las voces expertas. 

El Ministerio de Igualdad convocó el lunes el comité de crisis precisamente para analizar la acumulación de casos en los últimos meses, entre ellos el asesinato de una niña menor. En lo que va de año, han sido tres los menores asesinados en casos de violencia de género contra sus madres, la peor cifra de la serie histórica a estas alturas del año.

"La concentración de casos obedece a distintos factores, pero estamos ante una situación extraordinaria que muestra un aumento preocupante de los feminicidios". Habla Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. El experto considera necesario el análisis riguroso de una situación de extrema urgencia, huyendo de relatos alarmistas. "El resultado de una concentración como la actual es consecuencia de algo, no tiene que ver con el azar", afirma en conversación con este diario.

Lorente menciona cuestiones clave, como el factor individual y las características particulares de cada caso, pero también enarbola un enfoque global al plantear elementos culturales, contextuales y sociales presentes en cada feminicidio. "Cada caso individual se ve influido por un contexto relacional, familiar, laboral y social donde los factores individuales se pueden potenciar o minimizar", razona. El momento actual resulta, además, especialmente sensible porque precede a una época tradicionalmente crítica para las víctimas: los meses estivales, en los que el periodo vacacional, la convivencia y el calor tienen impacto en la violencia machista, con un incremento sostenido de las cifras. 

Graciela Atencio, investigadora y cofundadora de la web Feminicidio, recuerda que prácticamente todos los años asistimos a "una explosión de casos", pero alerta de que "cada vez hay menos distancia entre una acumulación y otra", un factor que resulta a su juicio "muy significativo". En lo que va de año, se han celebrado ya cuatro comités de crisis, una herramienta pensada para analizar los errores del sistema tras acumulaciones de cinco asesinatos o más en el periodo de un mes. Todos los meses, salvo en abril, las instituciones han tenido que reunirse para estudiar los fallos estructurales a la hora de proteger a las mujeres. En todo 2025 fueron tres los comités de crisis convocados.

"El feminicidio es el resultado de una violencia machista multicausal, así que debemos ver cuáles son los otros elementos presentes en la sociedad que producen este aumento de los asesinatos", sugiere la experta.

Las voces consultadas encuentran una explicación plausible en el aumento de los discursos de odio y la normalización de un rechazo casi militante a las políticas de igualdad. Lorente lo percibe así en las redes sociales, pero también en los programas de máxima audiencia. "Hay un clima de agresividad y violencia" que funciona no solo como caldo de cultivo, sino como aliciente para los agresores, expresa el exdelegado. 

Los hombres que ya están insertos en la violencia "entienden que aquello que les pasa es producto de las denuncias falsas y de la perversidad de las mujeres", mensajes que calan en la población general, pero que tienen especial impacto entre aquellos socializados en la violencia contra las mujeres. Y hay más: para el exdelegado, ese clima propenso a la difusión de mensajes negacionistas permea también en aquellos agentes que deben brindar protección a las mujeres. "Si tú como juez, como forense o como policía estás inmerso en ese debate, acabas minimizando la situación de riesgo", afina. 

Atencio habla directamente de un "momento de rearme patriarcal" marcado por la "negación de la violencia machista y el envalentonamiento colectivo del machismo y la misoginia", una atmósfera que se expone sin disimulo "en redes sociales y se traslada a la vida real", coincide la periodista.

Ambos expertos inciden en un extremo que consideran fundamental: alertar sobre el repunte de feminicidios debe servir para reclamar más políticas públicas, no para revertir las conquistas en igualdad. Es ahí donde radica la diferencia entre la perspectiva feminista y el discurso abanderado por la reacción ultra. 

Los primeros son críticos con el sistema porque creen que existe un amplio margen de mejora en beneficio de las mujeres. Los segundos, en cambio, impugnan las políticas de igualdad porque son genuinamente negacionistas de la violencia machista. 

Vox es la máxima expresión de ese sentir. El partido de extrema derecha volvió a exigir la derogación de la ley contra la violencia de género la semana pasada en el Senado. La senadora ultra Paloma Gómez no dudó en instrumentalizar la vida de las víctimas para exigir recortes en la lucha contra la violencia machista. Cargó contra medidas que "han evidenciado sus limitaciones", reprodujo un marco ficticio de denuncias falsas y denunció el supuesto "riesgo penal" que recae sobre los varones como consecuencia de la legislación vigente.

Ante una situación de crisis, sin embargo, los expertos apuestan por reforzar las medidas, destinar más recursos y definir estrategias garantistas para las mujeres. "Habría que activar campañas públicas que inunden las redes para contrarrestar estos discursos, además de preparar a toda la población ante esta situación de emergencia global", asiente Atencio. 

Si los expertos insisten en la importancia de poner en marcha más políticas públicas y destinar más recursos a la lucha por la igualdad, es porque la estrategia contra la violencia ha demostrado dar sus frutos. Una mirada amplia a las cifras oficiales así lo atestigua: el número de feminicidios se ha reducido un 32,4% desde el año 2003. Si la media de crímenes mortales durante los primeros diez años de la estadística era de 66 asesinatos al año, durante la segunda década la cifra cayó hasta los 52. Un descenso progresivo que da cuenta del impacto de la legislación y las medidas dirigidas a la prevención, la detección y la protección de las mujeres. 

Con el paso de los años, además, las víctimas de violencia machista han sentido cada vez más confianza para acudir a las autoridades: las denuncias han pasado de 135.539 en el año 2009 a 204.342 en 2025, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otra parte, las llamadas al 016 han escalado desde las 15.715 en 2007 hasta las 130.257 consultas registradas el año pasado.

"Violencia física y sexual generalizada y sistemática". Es la denuncia de la Global Sumud Flotilla, después de que sus activistas fueran detenidos por las fuerzas israelíes. Los abogados de la flotilla han documentado "niveles de violencia extrema", entre los que se encuentran "acoso y abusos sexuales" sistematizados contra las personas detenidas, una realidad que viene a constatar el ejercicio de la violencia sexual como política de guerra contra la población palestina.

"Los miembros de la flotilla detenidos han denunciado abusos sexuales y eso se corresponde con denuncias de otros detenidos y detenidas palestinas. Nosotros confirmamos que Israel utiliza la violencia sexual como arma de represión", explican desde Amnistía Internacional. Una tendencia, añade la organización a preguntas de este diario, que lleva décadas produciéndose y que se corresponde también "con el sistema de apartheid que lleva a cabo el Estado de Israel contra la población palestina". 

A la violencia sexual ejercida por parte de las fuerzas israelíes se suma la impunidad de la que gozan los agresores, producto de la permisividad y connivencia de un régimen político que avala la violencia como eje central de su estrategia colonial y consecuencia también del miedo paralizante que atraviesa a las víctimas. El pasado mes de marzo, la Procuraduría General Militar de Israel decidió retirar los cargos a cinco soldados acusados de agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar israelí de Sde Teiman, después de que se filtrara un vídeo constatando la violación.

La activista palestina Jaldia Abubakra sostiene que el ejercicio de la violencia sexual no solo no es motivo de condena, sino que se trata de una medalla más entre las fuerzas israelíes. "Venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo: la violencia sexual se ha utilizado siempre para intimidar y abusar de la población palestina", señala en conversación con infoLibre. 

"Lo hemos visto en las cárceles sionistas, durante las detenciones e interrogatorios", expone la activista, quien insiste en que la mayoría de las víctimas "no quiere dar testimonio, ni nombres concretos, porque estigmatiza a las personas que son violentadas". Abubakra recuerda el caso de Rasmea Odeh, quien denunció torturas y violencia sexual por parte de las fuerzas israelíes ya en los años 70.  

En febrero de 2024, Naciones Unidas ponía la lupa sobre la violencia que las fuerzas israelíes ejercían sobre mujeres y niñas palestinas. Sus expertos hablaban de informes en los que se acreditaba la existencia de violencia sexual durante las detenciones, testimonios directos sobre humillaciones y situaciones degradantes, pero también dinámicas como el traslado a la fuerza de menores separados de sus familias.

Meses después, un análisis elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los civiles recurren a violencia sexual y de género en todos los territorios palestinos ocupados. "La frecuencia, prevalencia y gravedad de los delitos sexuales y de género perpetrados contra los palestinos desde el 7 de octubre en los territorios palestinos ocupados indican que formas específicas de violencia sexual y de género son parte de los procedimientos operativos de las fuerzas de seguridad de Israel".

El uso de la violencia sexual como arma de guerra ha quedado ampliamente respaldado con el paso del tiempo. Otro informe, elaborado por la misma comisión en marzo del año pasado, pone negro sobre blanco el uso de la violencia "sexual y reproductiva" contra la población palestina "como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación", incluyendo la "destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva".

Según el análisis internacional, la "amplia gama de violaciones" documentadas son en realidad "un elemento clave en el maltrato de los palestinos y son parte de la ocupación ilegal y la opresión de los palestinos como grupo". Las pruebas reunidas por la comisión dan cuenta además del aumento exponencial de esta forma específica de violencia en los últimos años. 

Otro informe reciente, publicado el pasado mes de abril por la organización West Bank Protection Consortium, alerta sobre el uso de la violencia sexual por parte de los colonos como mecanismo articulado para propiciar los desplazamientos. Según el análisis, más del 70% de los hogares de personas palestinas desplazadas por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania señalan al terror sexual como factor clave en su decisión de abandonar su tierra.

"Israel es un ente violador". Habla Irene Zugasti, coautora del libro Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio (Akal, 2026). Israel incorpora "consciente y deliberadamente la violencia sexual como parte de su política de guerra y genocidio", lo que supone una escalada respecto al ampliamente estudiado ejercicio de la violencia sexual como herramienta de guerra en los conflictos armados.

Israel, sostiene la periodista e investigadora, ha ido más lejos. "Con los sucesos de Sde Teiman se comprobó cómo mandos militares sionistas y todo un sistema judicial y político protegieron a los perpetradores, perfectamente identificados, e incluso turbas de gente fueron a pedir su liberación", apunta. El mensaje, por tanto, es claro: "No es que se hiciera la vista gorda ante el delito de forma tácita, es que se explicitó claramente que era un ejercicio de violencia tolerable e incluso encomiable". Se pasa así de "práctica tolerada a doctrina". 

Y por eso la violencia sexual también recae sobre hombres palestinos. "Tiene que ver con los objetivos políticos de esta violencia, pues se considera una humillación y una deshumanización contra quien la sufre", personas que después cargan con "el estigma y el trauma, buscando también quebrar su comunidad". 

Pero Israel "no solo viola y tortura en prisiones", abunda Zugasti, también lo hace "en los domicilios que arrasa cuando hace redadas aleatorias en los campos de refugiados, cuando obliga a desnudarse y humilla a quienes tienen que atravesar los checkpoints y cuando las fuerzas israelíes se graban en TikTok humillando y riéndose de la ropa interior de las mujeres palestinas".

La violencia sexual, machista y reproductiva contra las palestinas debe enmarcarse además en un contexto muy concreto: el del genocidio y la limpieza étnica. El citado informe de Naciones Unidas concluye que esta forma específica de violencia no solo ha aumentado en los últimos años, sino que se está perpetrando en todo el territorio palestino ocupado "como una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino".

La politóloga Carolina Bracco, doctora en Culturas Árabe y Hebrea, profundiza en ese extremo en su artículo Violencia sexual y reproductiva en Palestina: las mujeres como blanco estratégico del genocidio. "El genocidio en Gaza debe ser comprendido como la fase más reciente de un proyecto colonial de asentamiento que, desde sus orígenes, tuvo como objetivo la eliminación de la población originaria palestina con el fin de garantizar la supremacía judía sobre el territorio", escribe la investigadora. 

Bracco enmarca el ejercicio de la violencia sexual como una práctica sistémica que hunde sus raíces en "una Nakba continua, iniciada en 1948 y jamás interrumpida". El objetivo, insiste la autora, "era reemplazar a la población existente, sentando las bases de un orden colonial cuya lógica eliminatoria continúa operando hasta el presente".

Coincide Abubakra. La palestina recuerda que en el marco del genocidio en Gaza y Cisjordania se han venido implantando "controles militares donde se dejan tiradas a embarazadas en los checkpoints, desangrándose y perdiendo muchas de ellas a sus bebés". La activista insiste también en el carácter histórico y estructural de esta forma específica de violencia. Recuerda las palabras de la exministra de Justicia Ayelet Shaked, quien hace más de diez años llamó abiertamente a disparar a mujeres palestinas embarazadas porque "dan a luz a pequeñas serpientes". En 2009, soldados israelíes encargaron camisetas con el dibujo de una mujer palestina embarazada bajo el lema "un disparo, dos muertes".

"En tanto reproductoras de la vida y de la continuidad nacional, las mujeres palestinas han sido históricamente construidas por el régimen colonial como amenazas demográficas. En este marco, la violencia sexual, obstétrica, física y simbólica ejercida contra ellas ha sido una práctica persistente y estructural", escribe Bracco. "Su finalidad es intervenir sobre la reproducción de la vida palestina y quebrar su continuidad en el tiempo".

La académica gazatí Hala Shoman habla de reprocidio para referirse al modo en que Israel es responsable de "perpetrar la violencia eliminatoria colonial mucho antes del 7 de octubre de 2023". Se trata, en sus propias palabras, del "ataque sistemático contra las capacidades reproductivas de un grupo, tanto biológicas como sociales, como estrategia deliberada de aniquilación". "No es simplemente un elemento del genocidio, sino una táctica central de género que instrumentaliza la violencia, tanto rápida como lenta, para atacar a la población actual y al futuro".

Abubakra lo resume así: "Perseguir a las mujeres palestinas es una política de la entidad sionista, porque son ellas las que dan vida a la resistencia". 

Después de todo lo ocurrido en el entrenamiento y del significado que guarda, la respuesta del club ha sido destacar que el problema está en la filtración que ha permitido que se conozca lo ocurrido, y se ha señalado hacia quien lo ha hecho para intentar adoptar medidas contra él, una iniciativa que refleja muy bien cuál es el sistema impuesto por el modelo androcéntrico, y cómo su exigencia es mayor conforme el ambiente donde se presenta el conflicto es más masculino.

Un sistema de poder se sostiene sobre la injusticia, y para que pueda perpetuarse necesita de dos elementos esenciales. Por un lado, la capacidad de someter para que todo se ajuste a lo establecido por las jerarquías, a sabiendas de que cada pieza tiene que realizar su función a cambio de la recompensa correspondiente, y por otro, el silencio para que no se descubran las dinámicas, elementos y relaciones que se llevan a cabo dentro de él como parte de la injusticia. No basta con que cada uno haga su parte, sino que además debe guardar silencio sobre todos los demás.

Gracias a ese mutismo el sistema de poder se mantiene sobre la injusticia, y nadie cuestiona nada por ese silencio que invisibiliza, y por esa complicidad que obliga para que el todo y las partes obtengan su recompensa.

De ese modo, entre el silencio y la ceguera resulta difícil conocer y tomar conciencia de nada.

La desigualdad y la sumisión de las mujeres a lo que el modelo androcéntrico ha establecido se basan en esa injusticia de tomar lo masculino como superior, y en el silencio para cuestionar lo que sucede como parte de sus dinámicas y relaciones. Esa idea hace que cualquier situación que se presente sea integrada dentro de la normalidad definida por el sistema, de ahí que la violencia de género se aceptada, como manifiesta el 22% de los jóvenes al afirmar que “si es de poca intensidad no es un problema para la pareja” (CRS 2025).

Por lo tanto, no hay desigualdad ni injusticia en que las niñas no fueran a la escuela ni las mujeres a la universidad, tampoco en que no pudieran votar o trabajar sin el permiso del marido, ni en que cobren menos por el mismo trabajo, ni en que no tengan las mismas oportunidades para ocupar puestos de responsabilidad ni de representación política, todo es parte de esa organización creada por la cultura androcéntrica y su normalidad.

El problema está en quien rompe el silencio, en el chivato que muestra la injusticia y denuncia los hechos. Y quienes han roto el silencio masculino han sido las mujeres y el feminismo, de ahí toba la violencia desatada contra ellas, contra las “chivatas”.

Y como ocurre en otras situaciones, cuanto más masculinizado sea el contexto, más necesario es el silencio para que la invisibilidad se mantenga. Y nada más masculino en su definición y configuración que las relaciones familiares y de pareja, tanto que el sistema todavía hoy, en pleno siglo XXI, se sustenta en las labores domésticas que realizan las mujeres en todo el planeta. 

Por eso el silencio es esencial sobre lo que ocurre en casa, y por esa razón siempre se ha dicho que la violencia que sufren las mujeres en las relaciones de pareja es un tema privado en el que no se debe entrar, salvo que el resultado sea grave. Recuerdo cómo en los años 2000 se decía desde algunas posiciones jurídicas que desarrollar una ley contra la violencia de género era “criminalizar las relaciones de pareja”, algo que no es muy diferente a lo que hoy critican muchos cuando dicen que “ahora todo es violencia”, para cuestionar que muchas conductas que antes ejercían con impunidad ahora son denunciadas y condenadas. 

De manera que para el machismo el problema de la violencia de género son las “chivatas” que denuncian lo que pasa en casa y, como el Real Madrid o cualquier otra persona, entidad o empresa, lo que hay que hacer es actuar con quien rompe el silencio con independencia de que una vez conocido lo ocurrido se tenga que actuar sobre el responsable.

Esa imposición del silencio, una vez que la sociedad es lo suficientemente consciente del problema de la violencia de género, es lo que lleva a hablar de denuncias falsas para que se mantenga la normalidad impuesta que cada agresor establece en su casa y en su relación. Ya no pueden imponer el silencio a las mujeres, pero tratan de taparles la boca con sus críticas y amenazas, y presentando sus palabras como falsas. 

La realidad de la violencia de género es muy clara, como recoge la Macroencuesta del 2024. Más de 2,4 millones de mujeres maltratadas cada año, de ellas más de 141.000 mujeres violadas al año por sus parejas, y solo un 9% de denuncias. El silencio predomina, pero cada vez es menor y el eco del conocimiento mayor. Y eso para el machismo es inaceptable, de ahí su violencia en las redes y su guerra cultural, y su estrategia de cuestionar a las mujeres que sufren la violencia de los hombres, en lugar de criticar a los agresores. En definitiva, es la misma “estrategia del chivato” que se mantiene como parte de su modelo para conseguir dos objetivos: uno, criticar todo lo relacionado con la violencia de género, y el otro, desviar la mirada del problema real para situarlo en temas secundarios, con el objeto de que la gente se mantenga lejos de su realidad y acepte que todo es un “invento ideológico”, como tanto repiten.

No lo conseguirán porque hoy sabemos que quien actúa contra una violencia estructural, como es la violencia de género, está defendiendo los Derechos Humanos y la democracia, y ante eso nunca nos van a callar.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Un agente de la Policía Nacional, suspendido de empleo y sueldo desde hace un año, fue detenido este viernes tras haber sido señalado por un intento de sumisión química contra una mujer en un contexto de ocio. Tan solo un día después, fueron hallados tres cadáveres en lo que se investiga como un nuevo caso de violencia de género. El principal sospechoso es un agente de la Guardia Civil que habría acabado con la vida de su mujer y su hijo. Y también el fin de semana fueron detenidos tres policías canadienses como presuntos autores de una agresión sexual en Barcelona.

La acumulación de casos de violencia machista con agentes de la autoridad involucrados hace saltar las alarmas de quienes llevan tiempo advirtiendo sobre la violencia estructural que se instala en los cuerpos de seguridad y sobre su impacto en la vida de los grupos más vulnerables. La reflexión en torno a la violencia ejercida por las fuerzas del orden cobró especial relevancia tras la denuncia contra el exjefe de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez, pero no es la primera vez que la lupa se sitúa sobre aquellos a quienes se presupone garantes del bienestar de las mujeres.

El Ministerio del Interior no cuenta con un registro concreto sobre el número de asesinatos machistas cometidos por agentes en activo o retirados, según confirman fuentes del departamento a infoLibre. No obstante, algunos casos han ido trascendiendo mediáticamente. En los últimos tres años han sido al menos siete los feminicidios perpetrados a manos de miembros de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, una cifra de peso teniendo en cuenta que los agentes y los militares apenas representan en torno al 0,7% de la población.

Pero no solo se trata de los crímenes mortales. El año pasado, seis agentes de policía fueron investigados por acceder al sistema de seguimiento VioGén para consultar información privada sobre una víctima que resultó ser la expareja de un compañero denunciado por malos tratos. Y hace cinco años, el Tribunal Supremo condenó a un agente de policía por espiar a mujeres que conocía por internet para así chantajearlas.

A nivel interno, la Policía Nacional cuenta desde hace un lustro con un protocolo de actuación contra la violencia machista, en funcionamiento desde principios de 2022. "El procedimiento se inicia cuando tiene lugar la apertura de un atestado policial o procedimiento judicial por violencia de género", indican fuentes de Interior. Los casos registrados han pasado de 61 a 121 en cuatro años, si bien no siempre el agresor es policía.

No es casualidad que el sector policial sea el segundo más señalado por las mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia institucional machista, solo por detrás del judicial. Según los datos recopilados por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) en su segundo informe, el año pasado la policía fue reportada por el 11,5% de las mujeres encuestadas como una institución especialmente violenta. "Este dato confirma la relevancia de analizar el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los itinerarios de protección frente a las violencias machistas", concluyen las expertas. 

El problema no es exclusivo de España. En marzo de 2020, el Centro para la Justicia de las Mujeres (CWJ) presentó una denuncia formal alegando que las fuerzas del orden en Reino Unido no estaban respondiendo adecuadamente a los casos de violencia doméstica en los que estaban implicados agentes de la policía. Un informe oficial publicado hace dos años constató que las víctimas tienen miedo a no ser creídas o a que la policía tienda a proteger a sus compañeros en casos de violencia machista con agentes involucrados. El mismo estudio concluye que algunos agresores utilizaron su posición, sus conocimientos y su poder para intimidar a la víctima o disuadirla a la hora de denunciar. 

Cuando la violencia de género echa sus raíces en entornos con agentes de las fuerzas de seguridad implicados, entran en juego elementos determinantes para las mujeres: no solo opera una desigualdad de poder propia de la violencia machista, sino también una posición institucional de ventaja para el agresor, marcada por el manejo de armas de fuego, el acceso a datos sensibles, el conocimiento del sistema, el ejercicio de una autoridad desmedida y la presencia de redes corporativas que dificultan la denuncia. 

Pero el análisis de las dinámicas propias de los cuerpos policiales pasa necesariamente por el estudio de su estructura, origen y funcionamiento como institución. "Los actos de discriminación en los cuerpos de seguridad, o su habitual uso excesivo de la fuerza, no son realizados por ovejas negras que pueden ser identificadas y expulsadas redimiendo así a las fuerzas del orden, sino que están institucionalizados, forman parte constitutiva de las actuaciones policiales", escribe la investigadora Nuria Alabao en este artículo.

Tatiana Romero, historiadora y activista antirracista, comparte diagnóstico y parte de una base concreta: "La función de los cuerpos de seguridad es ejercer la violencia de la que el Estado mismo tiene el monopolio. El nacimiento de la policía está totalmente relacionado con el disciplinamiento de los cuerpos y por tanto hablamos de personas cuyo hacer cotidiano es el ejercicio de la violencia". Si su función formal pasa por el "ejercicio de la violencia como núcleo de su trabajo, lo extraño sería que fuera de ahí no fuesen violentos", expone al otro lado del teléfono.

El debate sobre la violencia como herramienta propia de las fuerzas policiales ha estado tradicionalmente presente en lo que respecta al trato hacia las personas migrantes. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

Este análisis está íntimamente relacionado con el ejercicio de la violencia machista en el ámbito privado. "Desde una perspectiva feminista antirracista y anticolonial los cuerpos de seguridad del Estado jamás serán un aliado porque son los mismos que históricamente han ejercido y ejercen violencia hacia las comunidades migrantes y racializadas, tanto mujeres como hombres, personas trans y disidencias sexuales", escribe en este texto la doctora en Derecho y Ciencias Políticas Florencia Brizuela.

Tatiana Romero añade que la Policía como institución no solo no ha pasado por un proceso de democratización, sino que además está atravesada actualmente por una total "ausencia de control", producto de un proceso de "fascistización de la reproducción social", lo que conlleva, según ella, un "ejercicio desmedido de la violencia en sus funciones". En ese contexto, continúa la historiadora, la "impunidad" normalizada en cuanto al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad resulta especialmente nociva, porque los agresores "van a entender que esa impunidad es extensible a la violencia que ejercen en sus ámbitos privados". 

Hace casi medio siglo, Adolfo Suárez era designado presidente del Gobierno. Y hace cuatro décadas, Ariadna (nombre ficticio) se convirtió en víctima de violencia sexual del mismo hombre que todos elogiaban, según denuncia hoy. La proximidad de los actos de homenaje al expresidente acelera las pulsaciones de su víctima, decidida a romper con el silencio que ha pesado sobre ella durante años. Con ese propósito ha remitido esta semana tres cartas a sendos actores clave: el Ministerio de Igualdad, el de Justicia y a la reina Letizia. "Merezco vivir en paz", escribe en las misivas, a las que ha tenido acceso infoLibre.

Ariadna se dirige a todos ellos tratando de expresar los motivos de su silencio y las razones que la llevan a buscar hoy reparación. Solo tras un proceso "terapéutico largo y difícil", se apresura a detallar, la víctima pudo "entender lo ocurrido, procesar el trauma y compartirlo públicamente". En ningún caso, aclara, "ha sido un silencio libre y voluntario, sino condicionado por unos daños psíquicos ocasionados por una figura política de mucho poder en nuestro país, que me impedían hablar sin temor".

La víctima denunció al expresidente, fallecido hace doce años, en diciembre de 2025. Lo hizo a sabiendas del nulo recorrido penal de la causa, pero con la certeza de que sus vivencias debían salir del ámbito privado y agotar todas las vías a su disposición para reclamar justicia. El caso fue archivado según lo previsto, pero la denunciante confía en que existen todavía otras puertas a las que llamar para conseguir una reparación simbólica del dolor con el que ha cargado durante décadas. 

En la carta dirigida a la reina expresa su "preocupación personal ante la proximidad de los actos conmemorativos previstos, a partir del próximo mes de julio de 2026, con motivo del cincuenta aniversario del nombramiento de quien fuera mi agresor como presidente del Gobierno de España". Una fecha marcada en el calendario que despierta en ella "un temor real a experimentar una nueva forma de invisibilidad y revictimización".

El fallecimiento de Suárez, uno de los líderes indiscutibles de la Transición, no supuso para su víctima un bálsamo, sino todo lo contrario: su muerte no hizo más que "aumentar su ensalzamiento por parte de los diferentes gobiernos y las instituciones públicas", por lo que el daño "lejos de cesar perdura a día de hoy".

Ariadna está convencida de que la búsqueda de justicia no pasa exclusivamente por los tribunales. Y es esa convicción la que le empuja a reclamar medidas de reparación que reconozcan el daño sufrido, sin negar "la relevancia histórica y política que muchas personas atribuyen" al acusado. "No es mi intención cuestionar dichas valoraciones, si bien debería tenerse en cuenta que la memoria pública también convive con experiencias de dolor en las que no ha habido justicia ni reparación, como la mía", escribe.

La víctima se apoya en la ley del solo sí es sí para reclamar la reparación como "un derecho fundamental en el marco de obligaciones de derechos humanos". Ariadna y su equipo jurídico defienden que el texto legal debe tener efectos materiales en casos como el suyo, por lo que exige acciones concretas "al igual que se está avanzando en la reparación de las víctimas de los abusos sexuales por parte de la Iglesia católica en delitos prescritos y cuyos agresores han fallecido".

A Justicia e Igualdad les plantea la posibilidad de trabajar hacia una "declaración pública o acto institucional" que contribuya a restituir su "dignidad como persona y como mujer", además de instarles a la adopción de "medidas de memoria, sensibilización y prevención que eviten la repetición de situaciones similares". Cree que su caso puede servir a otras muchas mujeres como ella. 

A los ministerios de Félix Bolaños y Ana Redondo les propone también la valoración de "medidas de reparación complementaria, incluida, en su caso, una compensación económica acorde con los daños sufridos y su prolongación en el tiempo".

Las alarmas de la denunciante saltaron gracias a un curso organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). "En conmemoración del 50 aniversario del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, este curso realiza un análisis del principal protagonista de la Transición", describe la universidad. El evento se celebrará durante tres días y constará de diversos paneles, en los que no participa ninguna mujer experta.

La previsión del acto removió a la víctima y le hizo pensar, tal y como narra a este diario, en los otros muchos homenajes que estaban por venir. Así que decidió que era el momento de activar todos los mecanismos a su alcance e interpelar a las instituciones.

Ariadna conoce bien las secuelas que deja la revictimización, por eso desde que dio el paso de verbalizar públicamente su caso señaló dos elementos como principales obstáculos en su proceso de recuperación: la serie Anatomía de un instante y el aeropuerto de Madrid bautizado con el nombre de su presunto agresor.

El pasado mes de enero, la víctima tuvo un primer encuentro con la ministra de Igualdad, precisamente para poner sobre la mesa esas dos losas que pesan sobre ella. La cita, sin embargo, no dio los frutos esperados. A lo largo de una hora, la denunciante deslizó la necesidad de poner en marcha medidas de reparación, pero no encontró en aquella reunión ningún compromiso real por parte de las instituciones.

Pero Ariadna no ceja en su empeño. Rechaza volver a enterrar lo sucedido en la intimidad de su hogar, así que pide abrir un "espacio de diálogo institucional" para abordar su caso desde "una perspectiva de justicia reparadora".

Andrés tenía vigente una orden de alejamiento cuando asesinó a puñaladas a su expareja. Ocurrió este martes, a plena luz del día, en la vía pública y bajo la mirada atónita de los vecinos de Figueres (Girona). El agresor había sido detenido por maltrato y amenazas. El lunes se celebró un juicio rápido, el acusado reconoció los hechos y aceptó los seis meses de prisión impuestos por la justicia, pero eso no le impidió seguir hostigando a su víctima. Horas después fue arrestado de nuevo por lesiones y quebrantamiento de condena. Tras quedar en libertad, acabó con la vida de la joven.

Este último caso de violencia de género se suma a otros que se han concentrado en apenas unos días. El sábado, un hombre asesinó a su mujer y a su hijo, antes de quitarse la vida, en la casa cuartel en la que residían en Dolores (Alicante). El lunes, otra mujer fue asesinada por su marido en Arguedas (Navarra) y un joven acabó con la vida de su madre y su padrastro tras un tiroteo en El Ejido (Almería), un crimen que se investiga como violencia de género y vicaria. Tan solo un día después, un varón mató a la bisabuela de su expareja, en Loja (Granada). Cinco mujeres, un hombre y un joven han sido asesinados en contextos de violencia machista en solo cuatro días. 

En lo que va de año, el número de feminicidios en pareja o expareja confirmados asciende a 20. En ocho de los casos registrados existían denuncias previas: el 40% del total. Un porcentaje muy por encima de la media global. En toda la serie histórica, la tasa de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tras haber dado el paso de denunciar es del 22,4%. Con ese telón de fondo, el caso de Figueres ha abierto una grieta en la ya deteriorada confianza de las víctimas en un sistema que vuelve a demostrarse ineficaz.

A Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, este último caso le recuerda a otro similar registrado el pasado mes de abril en Córdoba. El agresor había sido denunciado apenas dos días antes de cometer el feminicidio y la víctima fue incluida en el sistema, pero con riesgo medio. Él desobedeció las medidas de protección y terminó con su vida. "El sistema falla conceptualmente. Cuando tenemos una tasa tan alta de homicidios con denuncia previa, podemos afirmar que la denuncia no está siendo una fuente de protección y seguridad", sostiene el exdelegado. 

Las voces expertas detectan elementos de peso en este último caso, particular por su atrocidad, pero con patrones comunes a otros feminicidios registrados en el pasado. La abogada María Naredo se detiene en la rapidez de los procedimientos, los llamados juicios rápidos, muchas veces incapaces de evaluar rigurosamente una situación de riesgo y actuar en consecuencia. "La justicia sigue sin entender que la violencia va escalando y se comporta basándose en ciclos", sostiene la letrada, por lo que valorar sin contexto un episodio aislado de violencia puede conllevar una evaluación parcial del problema. "Muchas veces no se dan las bases para que la víctima cuente la globalidad de la violencia, no se evalúa el cuadro completo, sino una parcela ínfima y eso lleva a imponer penas rebajadas", sostiene. 

Para Naredo, si bien la protección debe ser "máxima e inmediata", la investigación ante una denuncia por violencia machista "no puede saldarse con una pena de conformidad de seis meses de prisión", sino que debe ir más allá y explorar toda la violencia sufrida en su conjunto. 

Isaac Guijarro, cofundador del despacho Olympe Abogados, pone por delante que los fallos del sistema tienen responsables directos: "En este caso han fallado los jueces y las juezas que decidieron no dictar prisión provisional a pesar de haber quebrantado la orden de alejamiento y pese a sus numerosos antecedentes". A su juicio, la desobediencia ante las medidas impuestas por la justicia debería haber sido suficiente indicador para constatar su "desprecio absoluto a la administración de justicia" y por tanto el riesgo que pesaba sobre la víctima.

El abogado insiste en que "no son fallos puntuales", sino déficits que se reproducen de manera habitual. En la administración de justicia las fallas afloran prácticamente a diario, asiente Guijarro. "El hecho de no adoptar medidas cautelares o no acordar prisión provisional pese al quebrantamiento de una medida pasa cada día", porque existe una tendencia a "minimizar el riesgo, el dolor y las secuelas psicológicas en las víctimas en favor de no restringir las libertades del agresor". Verbalizarlo es, a su entender, el punto de partida para corregirlo: "Minimizarlo y no reconocer que se está haciendo mal y que tenemos un sistema tremendamente deficiente impide reparar todas las disfuncionalidades que existen", lamenta. 

En marzo de este mismo año, un hombre asesinaba a su expareja a tiros en plena calle. El agresor, que contaba con licencia de armas de uso deportivo, se desplazó hasta el centro de trabajo de la víctima y acabó con su vida de varios disparos a primera hora del día, en Zaragoza. El verano pasado, otro hombre le quitaría la vida a su pareja ante la mirada de los viandantes en Marbella (Málaga). El agresor la golpeó hasta matarla en una calle próxima a su trabajo. Meses antes, en febrero de 2025, otra mujer era asesinada en Langreo (Asturias) por su pareja, en la vía pública. La apuñaló delante de varios testigos. 

Los feminicidios en la vía pública no son los más habituales, pero existen. El año pasado, según el balance anual confeccionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 4,3% de los crímenes mortales tuvieron como escenario central la calle, un porcentaje idéntico al registrado el año anterior y que se ha mantenido prácticamente inmutable en el último lustro.

Miguel Lorente recuerda que el asesinato en la vía pública es una anomalía en criminología, pero uno de los elementos diferenciales de la violencia machista. "Es un crimen moral, así que el agresor tiende a asumir las consecuencias y actúa con total indiferencia, porque normalmente se va a entregar o a quitar la vida, así que no le importa exponerse", asiente el médico forense. "No tiene sentido desde el punto de vista criminal, pero en violencia machista sí pasa". 

Pero además, agrega María Naredo, asesinar en plena calle es la máxima expresión de "la escalada de la violencia". Al principio, abunda la jurista, la violencia machista tiende a producirse en la "intimidad y de manera más sutil, primero con violencia psicológica o de control, después con maltrato físico", pero el hecho de que el agresor "cometa un acto de tal gravedad en la calle nos habla de una escalada en la cual ha habido muchos incumplimientos por parte de las instituciones", remata.

Nos faltaba la mitad de la Historia. Y nos falta todavía buena parte. Los avances no se levantan casi nunca de cero. Alguien empujó antes. Pero quiénes. No es una forma de hablar para explicar que la historia que vivieron y movieron las mujeres no había sido contada. O, más justo, que ha sido ignorada deliberadamente, mantenida de forma consciente en la oscuridad, en el territorio de las puertas para dentro del hogar, donde no siempre estuvieron. Ellas en la sombra, aquellas que impulsaron avances, que se rebelaron, que se arriesgaron cuando la sociedad no estaba a favor de permitir su libertad, pero también las que resistieron en el lugar que se les asignaba y las que se derrumbaron bajo un tejido social y familiar patriarcal que durante siglos nos aplastó.

Mucho silencio.

Frente a esa desmemoria, desde hace un tiempo, surgen narrativas que encienden luces en espacios que nunca antes fueron iluminados. Y una se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí ignorándolo, desoyendo sus nombres o nombrándolas con muy escaso conocimiento, siguiendo adelante con una historia desequilibrada que pretendió y había conseguido ser única. Hasta ahora. El feminismo es también un ajuste de cuentas con los relatos anteriores que tensa la posición de lo fijado. Que desestabiliza lo consensuado. Que propone nuevas palabras para lo político. Que remueve el gran caldero de lo que ya fue escrito. Por eso, el feminismo es revolución.

Este año se cumplen cien de la fundación del Lyceum Club Femenino, una institución fundada durante la dictadura de Primo de Rivera y desconocida hasta hace muy poco para casi todos. Lo cuenta Eva Cosculluela en El club de las modernas (Seix Barral, 2026), un ensayo narrativo de honda investigación que explica cómo un grupo de mujeres se unió y reunió hasta que la Guerra Civil también terminó con el sueño de la igualdad. María de Maeztu, Zenobia Camprubí, Clara Campoamor, Victoria Kent, Isabel Oyarzabal, María Lejárraga, María Rodrigo y muchas mujeres más de distintas disciplinas e ideologías, ateas y devotas, republicanas y monárquicas, intelectuales que se pusieron de acuerdo y salvaron las diferencias para dar un fuerte impulso al poder transformador de la cultura y de la educación para nosotras.

El Lyceum nació contra viento y marea. Una institución antifamiliar y anticristiana, dijeron de ellas. Ataques en la prensa y campañas: “¡Desgraciados niños que tienen una madre liceómana!” Proyectaron ideas, algunas se consiguieron y otras no: la Casa de los Niños, una guardería laica que atendía a los hijos de las trabajadoras; el Comité del Libro para El Ciego, una biblioteca circulante de libros para que las personas con discapacidad visual pudieran leer o la relevante petición presentada al Gobierno para promover una reforma legal que terminara con la denigración de las mujeres, con normas que reconocían al hombre como autoridad única dentro del matrimonio. Pero, sobre todo, y esto sí molestaba, dio espacio al diálogo que nos entendía como mujeres libres y seres humanos con pensamiento propio.

La última aparición del Lyceum en la prensa, recuerda Cosculluela, es una pequeña nota del 5 de agosto de 1936 donde agradecen la solidaridad de las socias y simpatizantes por los donativos recibidos para enviar al frente.

El año que viene se celebra otro centenario, el de la mítica Generación del 27, y esperemos que, por primera vez, se ponga en nómina a las mujeres que también formaron parte, completando la lista que ha trascendido por libros de texto y conmemoraciones anteriores: Maruja Mallo, Josefina de la Torre, Concha Méndez, María Teresa León, Rosa Chacel, María Zambrano y otras tantas. No solo como mujeres de, sino como intelectuales con peso artístico, político y público. Víctimas de la Historia que escribieron ellos: la de la guerra, del exilio, de la dictadura y de la Sección Femenina, que pasó a ocupar el espacio del Lyceum en la Casa de las Siete Chimeneas muy poco tiempo después.

Sirva ese expolio simbólico y físico, como lo llama la autora en su último capítulo, para recordar que la libertad y los derechos se pierden de un día para otro y que, como decía Almudena Grandes, la línea del progreso no es siempre una línea recta. Que hoy, hay a quien no le interesa leer sobre esto; que hoy, hay quien nos quiere todavía quietas, desunidas e ignorantes de nuestra propia historia. Pocas cosas más inspiradoras que la constancia de que otras estuvieron primero, que empujaron primero, que abrieron camino, que encendieron la luz. 

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, impartió este martes una clase magistral de cómo la misoginia y los sesgos machistas están todavía presentes en casi todos los espacios. Lo hizo en una rueda de prensa y ante decenas de periodistas. "Esto lo ha escrito una mujer que no sé si ni siquiera sabe de fútbol", lanzó refiriéndose a la periodista del diario ABC María José Fuenteálamo. A otra comunicadora, Lola Hernández, le concedió el micrófono así: "A ver, esa niña, también tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos". 

Al otro lado del teléfono, Fuenteálamo resume lo sucedido con una exclamación que bien podría ser un lema común para el conjunto de las mujeres: "Qué cansancio histórico". Aun extenuada por el señalamiento del empresario, la periodista cree que sus palabras tienen un valor incalculable para demostrar que el machismo "sigue estando ahí, si es que hay alguien que lo dude a estas alturas". 

Los comentarios del empresario han resonado con fuerza y su eco ha lanzado algunas preguntas, no solo sobre las raíces del machismo en el mundo del deporte, sino también sobre la respuesta social e institucional hacia conductas que parecían abocadas a la extinción. "Responde a una cultura machista muy profundamente integrada en la vida de las personas, sobre todo de algunas personas de más edad", ha sentenciado este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, destacó en redes sociales que "las periodistas deportivas merecen respeto profesional" y por tanto "no deben ser infantilizadas, ignoradas o cuestionadas por el hecho de ser mujeres". A su juicio, "el menosprecio machista a estas periodistas solo nos dice que tenemos que seguir luchando contra el machismo estructural en el deporte".

Y la eurodiputada Irene Montero ha planteado que se trata de una "forma muy evidente de despreciar" el trabajo de las mujeres, "su competencia profesional y su formación". En definitiva, ha añadido, "él no está viendo a una periodista, está viendo a una mujer a la que cree que puede tratar como un ser inferior". La también exministra de Igualdad ha concluido señalando que "para muchos hombres poderosos, el machismo es su forma de vida y no hacen ningún esfuerzo por cambiar, porque saben que su poder les protege y les da impunidad".

María José López, abogada y directora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), enmarca las palabras del jefe del club deportivo en una "actitud totalmente antigua y caduca". No cree que sea una anomalía, en términos generales, pero sobre todo no resulta extraño en un mundo como el del fútbol. "Todavía existen comportamientos paternalistas. Como la incorporación de la mujer es relativamente reciente, parece que debemos pedir permiso para ejercer nuestra actividad", asiente en conversación con este diario. Los comentarios machistas expresados el martes "responden al propio personaje, pero también esconden actitudes que sí vemos en el deporte". 

A la misma conclusión llega la periodista feminista Montserrat Boix. "En algunos espacios, como el futbolístico, no ha cambiado nada", lamenta. La comunicadora, sin embargo, cree que sí hay un avance de puertas para afuera: "Lo interesante es que esto ya parece raro y anacrónico".

La escritora feminista Laura Freixas, expresidenta de la organización Clásicas y Modernas, no lo tiene tan claro. Ella sí percibe un retroceso generalizado, producto del peso que han ido ganando "las ideas machistas y reaccionarias" en todo el mundo. La actitud de Florentino Pérez, remarca la escritora, tiene mucho en común con la de Donald Trump, quien se ha ensañado especialmente con las mujeres periodistas. En ese contexto, la respuesta debe pasar por "una censura social, una reprobación por parte de políticos, periodistas y todos los estratos de la sociedad".

La conversación en torno a las palabras del empresario no se limita al análisis sobre el machismo estructural que se instala en el mundo del fútbol, sino que plantea una necesaria reflexión sobre la tolerancia hacia este tipo de conductas y la respuesta social ante quienes las ejercen. Con este telón de fondo, cabe preguntarse qué implicaciones tiene que en la sala de prensa donde Florentino Pérez se expresó el martes no sobrevolara ningún reproche por parte de los allí presentes, sino solo silencio cómplice. 

En esa línea se ha pronunciado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández: "Tolerancia cero contra el machismo significa esto: si Florentino Pérez no pide disculpas a la periodista y a las mujeres, ningún representante público debería volver a ponerse a su lado. Ni en el palco. Ni en las cenas. Ni en las fotos".

Lo cierto es que el paso de los años parece haber ido diluyendo aquella suerte de consenso social en torno a la necesidad de señalar, impugnar y corregir los sesgos machistas que se han reproducido siempre en todos los espacios, una tarea planteada por el feminismo que llegó a tener calado en prácticamente todas las esferas.

En mayo de 2018 nacía la iniciativa No sin mujeres, alrededor de la que se agrupaban economistas y académicos españoles de renombre. A través de un manifiesto publicado entonces, todos ellos se comprometían a no participar como ponentes en ningún evento o mesa redonda sin la presencia de mujeres expertas. La mecha prendió rápidamente y enseguida caló en casi todos los lugares donde la ausencia de mujeres se convirtió en un anacronismo que no debía tener cabida. Meses después, lanzaron su propio manifiesto centenares de profesionales y activistas del sector energético. Clamaban que En energía no sin mujeres.

Aquel mismo año nacía, en el mismo sentido, la iniciativa Sin mujeres, no hay panel, en el seno de la Comisión Europea. El proyecto buscaba "concienciar sobre la importancia de la igualdad de género en paneles y eventos públicos", garantizando la presencia de al menos una mujer panelista. La reacción fue masiva e interpeló a toda la sociedad, derivando en iniciativas concretas para dejar no solo de participar, sino también de asistir o consumir cualquier contenido que no contara con mujeres.

Alrededor de estas corrientes emergieron también bases de datos de expertas, como Sí con mujeres o Brussels Binder. El mundo ya no tendría excusa para no incluir sus voces. Y si así sucedía, la ausencia de mujeres se daba de bruces con un reproche generalizado y sin titubeos. Ocurrió con Nadia Calviño en 2022. La entonces ministra de Asuntos Económicos se negaba a ser retratada en un acto sobre liderazgo empresarial en el que no figuraba ni una sola mujer. Aquella decisión era producto de una promesa que había realizado meses atrás: no participar en debates sin presencia femenina.

Aquella eclosión que nació al calor de las movilizaciones feministas masivas parece haber ido perdiendo fuerza con el paso de los años. En 2024, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, posaba sonriente en una fotografía junto a más de una docena de grandes ejecutivos, todos hombres. En el centro de la imagen, el presidente argentino, Javier Milei. Era solo una muestra de cómo el avance reaccionario empezaba a revertir las conquistas feministas.

En los medios de comunicación, la representación femenina tampoco está para celebraciones. Un informe publicado el año pasado con el apoyo de ONU Mujeres concluía también que ellas siguen infrarrepresentadas, pues suponen solo el 29% de los sujetos y fuentes de las noticias en los medios tradicionales y el 27% en los digitales. "La visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación sigue siendo inferior a la de los varones", advertían las expertas, "una situación que no ha mejorado con el tiempo".

Y en febrero de este año, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) destacó que las radios y televisiones catalanas han reducido la presencia de mujeres en la información política en los últimos dos años, según su informe El pluralisme polític en els continguts informatius i d'actualitat de la televisió i de la ràdio lineals. La vicepresidenta del organismo, Laura Pinyol, afirmaba que "estamos lejos de la paridad en los informativos, donde el esfuerzo por la representación de las mujeres parece haber pisado el freno".