Un total de 22 mujeres han sido asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas en lo que va de año. El balance que deja la violencia machista a las puertas del ecuador de 2026 hace saltar las alarmas de quienes acostumbran a examinar las estadísticas: los feminicidios han aumentado un 83% respecto al año pasado. "Estamos en un momento de rearme patriarcal", señalan las voces expertas. 

El Ministerio de Igualdad convocó el lunes el comité de crisis precisamente para analizar la acumulación de casos en los últimos meses, entre ellos el asesinato de una niña menor. En lo que va de año, han sido tres los menores asesinados en casos de violencia de género contra sus madres, la peor cifra de la serie histórica a estas alturas del año.

"La concentración de casos obedece a distintos factores, pero estamos ante una situación extraordinaria que muestra un aumento preocupante de los feminicidios". Habla Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. El experto considera necesario el análisis riguroso de una situación de extrema urgencia, huyendo de relatos alarmistas. "El resultado de una concentración como la actual es consecuencia de algo, no tiene que ver con el azar", afirma en conversación con este diario.

Lorente menciona cuestiones clave, como el factor individual y las características particulares de cada caso, pero también enarbola un enfoque global al plantear elementos culturales, contextuales y sociales presentes en cada feminicidio. "Cada caso individual se ve influido por un contexto relacional, familiar, laboral y social donde los factores individuales se pueden potenciar o minimizar", razona. El momento actual resulta, además, especialmente sensible porque precede a una época tradicionalmente crítica para las víctimas: los meses estivales, en los que el periodo vacacional, la convivencia y el calor tienen impacto en la violencia machista, con un incremento sostenido de las cifras. 

Graciela Atencio, investigadora y cofundadora de la web Feminicidio, recuerda que prácticamente todos los años asistimos a "una explosión de casos", pero alerta de que "cada vez hay menos distancia entre una acumulación y otra", un factor que resulta a su juicio "muy significativo". En lo que va de año, se han celebrado ya cuatro comités de crisis, una herramienta pensada para analizar los errores del sistema tras acumulaciones de cinco asesinatos o más en el periodo de un mes. Todos los meses, salvo en abril, las instituciones han tenido que reunirse para estudiar los fallos estructurales a la hora de proteger a las mujeres. En todo 2025 fueron tres los comités de crisis convocados.

"El feminicidio es el resultado de una violencia machista multicausal, así que debemos ver cuáles son los otros elementos presentes en la sociedad que producen este aumento de los asesinatos", sugiere la experta.

Las voces consultadas encuentran una explicación plausible en el aumento de los discursos de odio y la normalización de un rechazo casi militante a las políticas de igualdad. Lorente lo percibe así en las redes sociales, pero también en los programas de máxima audiencia. "Hay un clima de agresividad y violencia" que funciona no solo como caldo de cultivo, sino como aliciente para los agresores, expresa el exdelegado. 

Los hombres que ya están insertos en la violencia "entienden que aquello que les pasa es producto de las denuncias falsas y de la perversidad de las mujeres", mensajes que calan en la población general, pero que tienen especial impacto entre aquellos socializados en la violencia contra las mujeres. Y hay más: para el exdelegado, ese clima propenso a la difusión de mensajes negacionistas permea también en aquellos agentes que deben brindar protección a las mujeres. "Si tú como juez, como forense o como policía estás inmerso en ese debate, acabas minimizando la situación de riesgo", afina. 

Atencio habla directamente de un "momento de rearme patriarcal" marcado por la "negación de la violencia machista y el envalentonamiento colectivo del machismo y la misoginia", una atmósfera que se expone sin disimulo "en redes sociales y se traslada a la vida real", coincide la periodista.

Ambos expertos inciden en un extremo que consideran fundamental: alertar sobre el repunte de feminicidios debe servir para reclamar más políticas públicas, no para revertir las conquistas en igualdad. Es ahí donde radica la diferencia entre la perspectiva feminista y el discurso abanderado por la reacción ultra. 

Los primeros son críticos con el sistema porque creen que existe un amplio margen de mejora en beneficio de las mujeres. Los segundos, en cambio, impugnan las políticas de igualdad porque son genuinamente negacionistas de la violencia machista. 

Vox es la máxima expresión de ese sentir. El partido de extrema derecha volvió a exigir la derogación de la ley contra la violencia de género la semana pasada en el Senado. La senadora ultra Paloma Gómez no dudó en instrumentalizar la vida de las víctimas para exigir recortes en la lucha contra la violencia machista. Cargó contra medidas que "han evidenciado sus limitaciones", reprodujo un marco ficticio de denuncias falsas y denunció el supuesto "riesgo penal" que recae sobre los varones como consecuencia de la legislación vigente.

Ante una situación de crisis, sin embargo, los expertos apuestan por reforzar las medidas, destinar más recursos y definir estrategias garantistas para las mujeres. "Habría que activar campañas públicas que inunden las redes para contrarrestar estos discursos, además de preparar a toda la población ante esta situación de emergencia global", asiente Atencio. 

Si los expertos insisten en la importancia de poner en marcha más políticas públicas y destinar más recursos a la lucha por la igualdad, es porque la estrategia contra la violencia ha demostrado dar sus frutos. Una mirada amplia a las cifras oficiales así lo atestigua: el número de feminicidios se ha reducido un 32,4% desde el año 2003. Si la media de crímenes mortales durante los primeros diez años de la estadística era de 66 asesinatos al año, durante la segunda década la cifra cayó hasta los 52. Un descenso progresivo que da cuenta del impacto de la legislación y las medidas dirigidas a la prevención, la detección y la protección de las mujeres. 

Con el paso de los años, además, las víctimas de violencia machista han sentido cada vez más confianza para acudir a las autoridades: las denuncias han pasado de 135.539 en el año 2009 a 204.342 en 2025, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otra parte, las llamadas al 016 han escalado desde las 15.715 en 2007 hasta las 130.257 consultas registradas el año pasado.

"Violencia física y sexual generalizada y sistemática". Es la denuncia de la Global Sumud Flotilla, después de que sus activistas fueran detenidos por las fuerzas israelíes. Los abogados de la flotilla han documentado "niveles de violencia extrema", entre los que se encuentran "acoso y abusos sexuales" sistematizados contra las personas detenidas, una realidad que viene a constatar el ejercicio de la violencia sexual como política de guerra contra la población palestina.

"Los miembros de la flotilla detenidos han denunciado abusos sexuales y eso se corresponde con denuncias de otros detenidos y detenidas palestinas. Nosotros confirmamos que Israel utiliza la violencia sexual como arma de represión", explican desde Amnistía Internacional. Una tendencia, añade la organización a preguntas de este diario, que lleva décadas produciéndose y que se corresponde también "con el sistema de apartheid que lleva a cabo el Estado de Israel contra la población palestina". 

A la violencia sexual ejercida por parte de las fuerzas israelíes se suma la impunidad de la que gozan los agresores, producto de la permisividad y connivencia de un régimen político que avala la violencia como eje central de su estrategia colonial y consecuencia también del miedo paralizante que atraviesa a las víctimas. El pasado mes de marzo, la Procuraduría General Militar de Israel decidió retirar los cargos a cinco soldados acusados de agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar israelí de Sde Teiman, después de que se filtrara un vídeo constatando la violación.

La activista palestina Jaldia Abubakra sostiene que el ejercicio de la violencia sexual no solo no es motivo de condena, sino que se trata de una medalla más entre las fuerzas israelíes. "Venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo: la violencia sexual se ha utilizado siempre para intimidar y abusar de la población palestina", señala en conversación con infoLibre. 

"Lo hemos visto en las cárceles sionistas, durante las detenciones e interrogatorios", expone la activista, quien insiste en que la mayoría de las víctimas "no quiere dar testimonio, ni nombres concretos, porque estigmatiza a las personas que son violentadas". Abubakra recuerda el caso de Rasmea Odeh, quien denunció torturas y violencia sexual por parte de las fuerzas israelíes ya en los años 70.  

En febrero de 2024, Naciones Unidas ponía la lupa sobre la violencia que las fuerzas israelíes ejercían sobre mujeres y niñas palestinas. Sus expertos hablaban de informes en los que se acreditaba la existencia de violencia sexual durante las detenciones, testimonios directos sobre humillaciones y situaciones degradantes, pero también dinámicas como el traslado a la fuerza de menores separados de sus familias.

Meses después, un análisis elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los civiles recurren a violencia sexual y de género en todos los territorios palestinos ocupados. "La frecuencia, prevalencia y gravedad de los delitos sexuales y de género perpetrados contra los palestinos desde el 7 de octubre en los territorios palestinos ocupados indican que formas específicas de violencia sexual y de género son parte de los procedimientos operativos de las fuerzas de seguridad de Israel".

El uso de la violencia sexual como arma de guerra ha quedado ampliamente respaldado con el paso del tiempo. Otro informe, elaborado por la misma comisión en marzo del año pasado, pone negro sobre blanco el uso de la violencia "sexual y reproductiva" contra la población palestina "como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación", incluyendo la "destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva".

Según el análisis internacional, la "amplia gama de violaciones" documentadas son en realidad "un elemento clave en el maltrato de los palestinos y son parte de la ocupación ilegal y la opresión de los palestinos como grupo". Las pruebas reunidas por la comisión dan cuenta además del aumento exponencial de esta forma específica de violencia en los últimos años. 

Otro informe reciente, publicado el pasado mes de abril por la organización West Bank Protection Consortium, alerta sobre el uso de la violencia sexual por parte de los colonos como mecanismo articulado para propiciar los desplazamientos. Según el análisis, más del 70% de los hogares de personas palestinas desplazadas por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania señalan al terror sexual como factor clave en su decisión de abandonar su tierra.

"Israel es un ente violador". Habla Irene Zugasti, coautora del libro Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio (Akal, 2026). Israel incorpora "consciente y deliberadamente la violencia sexual como parte de su política de guerra y genocidio", lo que supone una escalada respecto al ampliamente estudiado ejercicio de la violencia sexual como herramienta de guerra en los conflictos armados.

Israel, sostiene la periodista e investigadora, ha ido más lejos. "Con los sucesos de Sde Teiman se comprobó cómo mandos militares sionistas y todo un sistema judicial y político protegieron a los perpetradores, perfectamente identificados, e incluso turbas de gente fueron a pedir su liberación", apunta. El mensaje, por tanto, es claro: "No es que se hiciera la vista gorda ante el delito de forma tácita, es que se explicitó claramente que era un ejercicio de violencia tolerable e incluso encomiable". Se pasa así de "práctica tolerada a doctrina". 

Y por eso la violencia sexual también recae sobre hombres palestinos. "Tiene que ver con los objetivos políticos de esta violencia, pues se considera una humillación y una deshumanización contra quien la sufre", personas que después cargan con "el estigma y el trauma, buscando también quebrar su comunidad". 

Pero Israel "no solo viola y tortura en prisiones", abunda Zugasti, también lo hace "en los domicilios que arrasa cuando hace redadas aleatorias en los campos de refugiados, cuando obliga a desnudarse y humilla a quienes tienen que atravesar los checkpoints y cuando las fuerzas israelíes se graban en TikTok humillando y riéndose de la ropa interior de las mujeres palestinas".

La violencia sexual, machista y reproductiva contra las palestinas debe enmarcarse además en un contexto muy concreto: el del genocidio y la limpieza étnica. El citado informe de Naciones Unidas concluye que esta forma específica de violencia no solo ha aumentado en los últimos años, sino que se está perpetrando en todo el territorio palestino ocupado "como una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino".

La politóloga Carolina Bracco, doctora en Culturas Árabe y Hebrea, profundiza en ese extremo en su artículo Violencia sexual y reproductiva en Palestina: las mujeres como blanco estratégico del genocidio. "El genocidio en Gaza debe ser comprendido como la fase más reciente de un proyecto colonial de asentamiento que, desde sus orígenes, tuvo como objetivo la eliminación de la población originaria palestina con el fin de garantizar la supremacía judía sobre el territorio", escribe la investigadora. 

Bracco enmarca el ejercicio de la violencia sexual como una práctica sistémica que hunde sus raíces en "una Nakba continua, iniciada en 1948 y jamás interrumpida". El objetivo, insiste la autora, "era reemplazar a la población existente, sentando las bases de un orden colonial cuya lógica eliminatoria continúa operando hasta el presente".

Coincide Abubakra. La palestina recuerda que en el marco del genocidio en Gaza y Cisjordania se han venido implantando "controles militares donde se dejan tiradas a embarazadas en los checkpoints, desangrándose y perdiendo muchas de ellas a sus bebés". La activista insiste también en el carácter histórico y estructural de esta forma específica de violencia. Recuerda las palabras de la exministra de Justicia Ayelet Shaked, quien hace más de diez años llamó abiertamente a disparar a mujeres palestinas embarazadas porque "dan a luz a pequeñas serpientes". En 2009, soldados israelíes encargaron camisetas con el dibujo de una mujer palestina embarazada bajo el lema "un disparo, dos muertes".

"En tanto reproductoras de la vida y de la continuidad nacional, las mujeres palestinas han sido históricamente construidas por el régimen colonial como amenazas demográficas. En este marco, la violencia sexual, obstétrica, física y simbólica ejercida contra ellas ha sido una práctica persistente y estructural", escribe Bracco. "Su finalidad es intervenir sobre la reproducción de la vida palestina y quebrar su continuidad en el tiempo".

La académica gazatí Hala Shoman habla de reprocidio para referirse al modo en que Israel es responsable de "perpetrar la violencia eliminatoria colonial mucho antes del 7 de octubre de 2023". Se trata, en sus propias palabras, del "ataque sistemático contra las capacidades reproductivas de un grupo, tanto biológicas como sociales, como estrategia deliberada de aniquilación". "No es simplemente un elemento del genocidio, sino una táctica central de género que instrumentaliza la violencia, tanto rápida como lenta, para atacar a la población actual y al futuro".

Abubakra lo resume así: "Perseguir a las mujeres palestinas es una política de la entidad sionista, porque son ellas las que dan vida a la resistencia". 

Después de todo lo ocurrido en el entrenamiento y del significado que guarda, la respuesta del club ha sido destacar que el problema está en la filtración que ha permitido que se conozca lo ocurrido, y se ha señalado hacia quien lo ha hecho para intentar adoptar medidas contra él, una iniciativa que refleja muy bien cuál es el sistema impuesto por el modelo androcéntrico, y cómo su exigencia es mayor conforme el ambiente donde se presenta el conflicto es más masculino.

Un sistema de poder se sostiene sobre la injusticia, y para que pueda perpetuarse necesita de dos elementos esenciales. Por un lado, la capacidad de someter para que todo se ajuste a lo establecido por las jerarquías, a sabiendas de que cada pieza tiene que realizar su función a cambio de la recompensa correspondiente, y por otro, el silencio para que no se descubran las dinámicas, elementos y relaciones que se llevan a cabo dentro de él como parte de la injusticia. No basta con que cada uno haga su parte, sino que además debe guardar silencio sobre todos los demás.

Gracias a ese mutismo el sistema de poder se mantiene sobre la injusticia, y nadie cuestiona nada por ese silencio que invisibiliza, y por esa complicidad que obliga para que el todo y las partes obtengan su recompensa.

De ese modo, entre el silencio y la ceguera resulta difícil conocer y tomar conciencia de nada.

La desigualdad y la sumisión de las mujeres a lo que el modelo androcéntrico ha establecido se basan en esa injusticia de tomar lo masculino como superior, y en el silencio para cuestionar lo que sucede como parte de sus dinámicas y relaciones. Esa idea hace que cualquier situación que se presente sea integrada dentro de la normalidad definida por el sistema, de ahí que la violencia de género se aceptada, como manifiesta el 22% de los jóvenes al afirmar que “si es de poca intensidad no es un problema para la pareja” (CRS 2025).

Por lo tanto, no hay desigualdad ni injusticia en que las niñas no fueran a la escuela ni las mujeres a la universidad, tampoco en que no pudieran votar o trabajar sin el permiso del marido, ni en que cobren menos por el mismo trabajo, ni en que no tengan las mismas oportunidades para ocupar puestos de responsabilidad ni de representación política, todo es parte de esa organización creada por la cultura androcéntrica y su normalidad.

El problema está en quien rompe el silencio, en el chivato que muestra la injusticia y denuncia los hechos. Y quienes han roto el silencio masculino han sido las mujeres y el feminismo, de ahí toba la violencia desatada contra ellas, contra las “chivatas”.

Y como ocurre en otras situaciones, cuanto más masculinizado sea el contexto, más necesario es el silencio para que la invisibilidad se mantenga. Y nada más masculino en su definición y configuración que las relaciones familiares y de pareja, tanto que el sistema todavía hoy, en pleno siglo XXI, se sustenta en las labores domésticas que realizan las mujeres en todo el planeta. 

Por eso el silencio es esencial sobre lo que ocurre en casa, y por esa razón siempre se ha dicho que la violencia que sufren las mujeres en las relaciones de pareja es un tema privado en el que no se debe entrar, salvo que el resultado sea grave. Recuerdo cómo en los años 2000 se decía desde algunas posiciones jurídicas que desarrollar una ley contra la violencia de género era “criminalizar las relaciones de pareja”, algo que no es muy diferente a lo que hoy critican muchos cuando dicen que “ahora todo es violencia”, para cuestionar que muchas conductas que antes ejercían con impunidad ahora son denunciadas y condenadas. 

De manera que para el machismo el problema de la violencia de género son las “chivatas” que denuncian lo que pasa en casa y, como el Real Madrid o cualquier otra persona, entidad o empresa, lo que hay que hacer es actuar con quien rompe el silencio con independencia de que una vez conocido lo ocurrido se tenga que actuar sobre el responsable.

Esa imposición del silencio, una vez que la sociedad es lo suficientemente consciente del problema de la violencia de género, es lo que lleva a hablar de denuncias falsas para que se mantenga la normalidad impuesta que cada agresor establece en su casa y en su relación. Ya no pueden imponer el silencio a las mujeres, pero tratan de taparles la boca con sus críticas y amenazas, y presentando sus palabras como falsas. 

La realidad de la violencia de género es muy clara, como recoge la Macroencuesta del 2024. Más de 2,4 millones de mujeres maltratadas cada año, de ellas más de 141.000 mujeres violadas al año por sus parejas, y solo un 9% de denuncias. El silencio predomina, pero cada vez es menor y el eco del conocimiento mayor. Y eso para el machismo es inaceptable, de ahí su violencia en las redes y su guerra cultural, y su estrategia de cuestionar a las mujeres que sufren la violencia de los hombres, en lugar de criticar a los agresores. En definitiva, es la misma “estrategia del chivato” que se mantiene como parte de su modelo para conseguir dos objetivos: uno, criticar todo lo relacionado con la violencia de género, y el otro, desviar la mirada del problema real para situarlo en temas secundarios, con el objeto de que la gente se mantenga lejos de su realidad y acepte que todo es un “invento ideológico”, como tanto repiten.

No lo conseguirán porque hoy sabemos que quien actúa contra una violencia estructural, como es la violencia de género, está defendiendo los Derechos Humanos y la democracia, y ante eso nunca nos van a callar.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Un agente de la Policía Nacional, suspendido de empleo y sueldo desde hace un año, fue detenido este viernes tras haber sido señalado por un intento de sumisión química contra una mujer en un contexto de ocio. Tan solo un día después, fueron hallados tres cadáveres en lo que se investiga como un nuevo caso de violencia de género. El principal sospechoso es un agente de la Guardia Civil que habría acabado con la vida de su mujer y su hijo. Y también el fin de semana fueron detenidos tres policías canadienses como presuntos autores de una agresión sexual en Barcelona.

La acumulación de casos de violencia machista con agentes de la autoridad involucrados hace saltar las alarmas de quienes llevan tiempo advirtiendo sobre la violencia estructural que se instala en los cuerpos de seguridad y sobre su impacto en la vida de los grupos más vulnerables. La reflexión en torno a la violencia ejercida por las fuerzas del orden cobró especial relevancia tras la denuncia contra el exjefe de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez, pero no es la primera vez que la lupa se sitúa sobre aquellos a quienes se presupone garantes del bienestar de las mujeres.

El Ministerio del Interior no cuenta con un registro concreto sobre el número de asesinatos machistas cometidos por agentes en activo o retirados, según confirman fuentes del departamento a infoLibre. No obstante, algunos casos han ido trascendiendo mediáticamente. En los últimos tres años han sido al menos siete los feminicidios perpetrados a manos de miembros de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, una cifra de peso teniendo en cuenta que los agentes y los militares apenas representan en torno al 0,7% de la población.

Pero no solo se trata de los crímenes mortales. El año pasado, seis agentes de policía fueron investigados por acceder al sistema de seguimiento VioGén para consultar información privada sobre una víctima que resultó ser la expareja de un compañero denunciado por malos tratos. Y hace cinco años, el Tribunal Supremo condenó a un agente de policía por espiar a mujeres que conocía por internet para así chantajearlas.

A nivel interno, la Policía Nacional cuenta desde hace un lustro con un protocolo de actuación contra la violencia machista, en funcionamiento desde principios de 2022. "El procedimiento se inicia cuando tiene lugar la apertura de un atestado policial o procedimiento judicial por violencia de género", indican fuentes de Interior. Los casos registrados han pasado de 61 a 121 en cuatro años, si bien no siempre el agresor es policía.

No es casualidad que el sector policial sea el segundo más señalado por las mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia institucional machista, solo por detrás del judicial. Según los datos recopilados por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) en su segundo informe, el año pasado la policía fue reportada por el 11,5% de las mujeres encuestadas como una institución especialmente violenta. "Este dato confirma la relevancia de analizar el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los itinerarios de protección frente a las violencias machistas", concluyen las expertas. 

El problema no es exclusivo de España. En marzo de 2020, el Centro para la Justicia de las Mujeres (CWJ) presentó una denuncia formal alegando que las fuerzas del orden en Reino Unido no estaban respondiendo adecuadamente a los casos de violencia doméstica en los que estaban implicados agentes de la policía. Un informe oficial publicado hace dos años constató que las víctimas tienen miedo a no ser creídas o a que la policía tienda a proteger a sus compañeros en casos de violencia machista con agentes involucrados. El mismo estudio concluye que algunos agresores utilizaron su posición, sus conocimientos y su poder para intimidar a la víctima o disuadirla a la hora de denunciar. 

Cuando la violencia de género echa sus raíces en entornos con agentes de las fuerzas de seguridad implicados, entran en juego elementos determinantes para las mujeres: no solo opera una desigualdad de poder propia de la violencia machista, sino también una posición institucional de ventaja para el agresor, marcada por el manejo de armas de fuego, el acceso a datos sensibles, el conocimiento del sistema, el ejercicio de una autoridad desmedida y la presencia de redes corporativas que dificultan la denuncia. 

Pero el análisis de las dinámicas propias de los cuerpos policiales pasa necesariamente por el estudio de su estructura, origen y funcionamiento como institución. "Los actos de discriminación en los cuerpos de seguridad, o su habitual uso excesivo de la fuerza, no son realizados por ovejas negras que pueden ser identificadas y expulsadas redimiendo así a las fuerzas del orden, sino que están institucionalizados, forman parte constitutiva de las actuaciones policiales", escribe la investigadora Nuria Alabao en este artículo.

Tatiana Romero, historiadora y activista antirracista, comparte diagnóstico y parte de una base concreta: "La función de los cuerpos de seguridad es ejercer la violencia de la que el Estado mismo tiene el monopolio. El nacimiento de la policía está totalmente relacionado con el disciplinamiento de los cuerpos y por tanto hablamos de personas cuyo hacer cotidiano es el ejercicio de la violencia". Si su función formal pasa por el "ejercicio de la violencia como núcleo de su trabajo, lo extraño sería que fuera de ahí no fuesen violentos", expone al otro lado del teléfono.

El debate sobre la violencia como herramienta propia de las fuerzas policiales ha estado tradicionalmente presente en lo que respecta al trato hacia las personas migrantes. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

Este análisis está íntimamente relacionado con el ejercicio de la violencia machista en el ámbito privado. "Desde una perspectiva feminista antirracista y anticolonial los cuerpos de seguridad del Estado jamás serán un aliado porque son los mismos que históricamente han ejercido y ejercen violencia hacia las comunidades migrantes y racializadas, tanto mujeres como hombres, personas trans y disidencias sexuales", escribe en este texto la doctora en Derecho y Ciencias Políticas Florencia Brizuela.

Tatiana Romero añade que la Policía como institución no solo no ha pasado por un proceso de democratización, sino que además está atravesada actualmente por una total "ausencia de control", producto de un proceso de "fascistización de la reproducción social", lo que conlleva, según ella, un "ejercicio desmedido de la violencia en sus funciones". En ese contexto, continúa la historiadora, la "impunidad" normalizada en cuanto al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad resulta especialmente nociva, porque los agresores "van a entender que esa impunidad es extensible a la violencia que ejercen en sus ámbitos privados". 

Hace casi medio siglo, Adolfo Suárez era designado presidente del Gobierno. Y hace cuatro décadas, Ariadna (nombre ficticio) se convirtió en víctima de violencia sexual del mismo hombre que todos elogiaban, según denuncia hoy. La proximidad de los actos de homenaje al expresidente acelera las pulsaciones de su víctima, decidida a romper con el silencio que ha pesado sobre ella durante años. Con ese propósito ha remitido esta semana tres cartas a sendos actores clave: el Ministerio de Igualdad, el de Justicia y a la reina Letizia. "Merezco vivir en paz", escribe en las misivas, a las que ha tenido acceso infoLibre.

Ariadna se dirige a todos ellos tratando de expresar los motivos de su silencio y las razones que la llevan a buscar hoy reparación. Solo tras un proceso "terapéutico largo y difícil", se apresura a detallar, la víctima pudo "entender lo ocurrido, procesar el trauma y compartirlo públicamente". En ningún caso, aclara, "ha sido un silencio libre y voluntario, sino condicionado por unos daños psíquicos ocasionados por una figura política de mucho poder en nuestro país, que me impedían hablar sin temor".

La víctima denunció al expresidente, fallecido hace doce años, en diciembre de 2025. Lo hizo a sabiendas del nulo recorrido penal de la causa, pero con la certeza de que sus vivencias debían salir del ámbito privado y agotar todas las vías a su disposición para reclamar justicia. El caso fue archivado según lo previsto, pero la denunciante confía en que existen todavía otras puertas a las que llamar para conseguir una reparación simbólica del dolor con el que ha cargado durante décadas. 

En la carta dirigida a la reina expresa su "preocupación personal ante la proximidad de los actos conmemorativos previstos, a partir del próximo mes de julio de 2026, con motivo del cincuenta aniversario del nombramiento de quien fuera mi agresor como presidente del Gobierno de España". Una fecha marcada en el calendario que despierta en ella "un temor real a experimentar una nueva forma de invisibilidad y revictimización".

El fallecimiento de Suárez, uno de los líderes indiscutibles de la Transición, no supuso para su víctima un bálsamo, sino todo lo contrario: su muerte no hizo más que "aumentar su ensalzamiento por parte de los diferentes gobiernos y las instituciones públicas", por lo que el daño "lejos de cesar perdura a día de hoy".

Ariadna está convencida de que la búsqueda de justicia no pasa exclusivamente por los tribunales. Y es esa convicción la que le empuja a reclamar medidas de reparación que reconozcan el daño sufrido, sin negar "la relevancia histórica y política que muchas personas atribuyen" al acusado. "No es mi intención cuestionar dichas valoraciones, si bien debería tenerse en cuenta que la memoria pública también convive con experiencias de dolor en las que no ha habido justicia ni reparación, como la mía", escribe.

La víctima se apoya en la ley del solo sí es sí para reclamar la reparación como "un derecho fundamental en el marco de obligaciones de derechos humanos". Ariadna y su equipo jurídico defienden que el texto legal debe tener efectos materiales en casos como el suyo, por lo que exige acciones concretas "al igual que se está avanzando en la reparación de las víctimas de los abusos sexuales por parte de la Iglesia católica en delitos prescritos y cuyos agresores han fallecido".

A Justicia e Igualdad les plantea la posibilidad de trabajar hacia una "declaración pública o acto institucional" que contribuya a restituir su "dignidad como persona y como mujer", además de instarles a la adopción de "medidas de memoria, sensibilización y prevención que eviten la repetición de situaciones similares". Cree que su caso puede servir a otras muchas mujeres como ella. 

A los ministerios de Félix Bolaños y Ana Redondo les propone también la valoración de "medidas de reparación complementaria, incluida, en su caso, una compensación económica acorde con los daños sufridos y su prolongación en el tiempo".

Las alarmas de la denunciante saltaron gracias a un curso organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). "En conmemoración del 50 aniversario del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, este curso realiza un análisis del principal protagonista de la Transición", describe la universidad. El evento se celebrará durante tres días y constará de diversos paneles, en los que no participa ninguna mujer experta.

La previsión del acto removió a la víctima y le hizo pensar, tal y como narra a este diario, en los otros muchos homenajes que estaban por venir. Así que decidió que era el momento de activar todos los mecanismos a su alcance e interpelar a las instituciones.

Ariadna conoce bien las secuelas que deja la revictimización, por eso desde que dio el paso de verbalizar públicamente su caso señaló dos elementos como principales obstáculos en su proceso de recuperación: la serie Anatomía de un instante y el aeropuerto de Madrid bautizado con el nombre de su presunto agresor.

El pasado mes de enero, la víctima tuvo un primer encuentro con la ministra de Igualdad, precisamente para poner sobre la mesa esas dos losas que pesan sobre ella. La cita, sin embargo, no dio los frutos esperados. A lo largo de una hora, la denunciante deslizó la necesidad de poner en marcha medidas de reparación, pero no encontró en aquella reunión ningún compromiso real por parte de las instituciones.

Pero Ariadna no ceja en su empeño. Rechaza volver a enterrar lo sucedido en la intimidad de su hogar, así que pide abrir un "espacio de diálogo institucional" para abordar su caso desde "una perspectiva de justicia reparadora".

Andrés tenía vigente una orden de alejamiento cuando asesinó a puñaladas a su expareja. Ocurrió este martes, a plena luz del día, en la vía pública y bajo la mirada atónita de los vecinos de Figueres (Girona). El agresor había sido detenido por maltrato y amenazas. El lunes se celebró un juicio rápido, el acusado reconoció los hechos y aceptó los seis meses de prisión impuestos por la justicia, pero eso no le impidió seguir hostigando a su víctima. Horas después fue arrestado de nuevo por lesiones y quebrantamiento de condena. Tras quedar en libertad, acabó con la vida de la joven.

Este último caso de violencia de género se suma a otros que se han concentrado en apenas unos días. El sábado, un hombre asesinó a su mujer y a su hijo, antes de quitarse la vida, en la casa cuartel en la que residían en Dolores (Alicante). El lunes, otra mujer fue asesinada por su marido en Arguedas (Navarra) y un joven acabó con la vida de su madre y su padrastro tras un tiroteo en El Ejido (Almería), un crimen que se investiga como violencia de género y vicaria. Tan solo un día después, un varón mató a la bisabuela de su expareja, en Loja (Granada). Cinco mujeres, un hombre y un joven han sido asesinados en contextos de violencia machista en solo cuatro días. 

En lo que va de año, el número de feminicidios en pareja o expareja confirmados asciende a 20. En ocho de los casos registrados existían denuncias previas: el 40% del total. Un porcentaje muy por encima de la media global. En toda la serie histórica, la tasa de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tras haber dado el paso de denunciar es del 22,4%. Con ese telón de fondo, el caso de Figueres ha abierto una grieta en la ya deteriorada confianza de las víctimas en un sistema que vuelve a demostrarse ineficaz.

A Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, este último caso le recuerda a otro similar registrado el pasado mes de abril en Córdoba. El agresor había sido denunciado apenas dos días antes de cometer el feminicidio y la víctima fue incluida en el sistema, pero con riesgo medio. Él desobedeció las medidas de protección y terminó con su vida. "El sistema falla conceptualmente. Cuando tenemos una tasa tan alta de homicidios con denuncia previa, podemos afirmar que la denuncia no está siendo una fuente de protección y seguridad", sostiene el exdelegado. 

Las voces expertas detectan elementos de peso en este último caso, particular por su atrocidad, pero con patrones comunes a otros feminicidios registrados en el pasado. La abogada María Naredo se detiene en la rapidez de los procedimientos, los llamados juicios rápidos, muchas veces incapaces de evaluar rigurosamente una situación de riesgo y actuar en consecuencia. "La justicia sigue sin entender que la violencia va escalando y se comporta basándose en ciclos", sostiene la letrada, por lo que valorar sin contexto un episodio aislado de violencia puede conllevar una evaluación parcial del problema. "Muchas veces no se dan las bases para que la víctima cuente la globalidad de la violencia, no se evalúa el cuadro completo, sino una parcela ínfima y eso lleva a imponer penas rebajadas", sostiene. 

Para Naredo, si bien la protección debe ser "máxima e inmediata", la investigación ante una denuncia por violencia machista "no puede saldarse con una pena de conformidad de seis meses de prisión", sino que debe ir más allá y explorar toda la violencia sufrida en su conjunto. 

Isaac Guijarro, cofundador del despacho Olympe Abogados, pone por delante que los fallos del sistema tienen responsables directos: "En este caso han fallado los jueces y las juezas que decidieron no dictar prisión provisional a pesar de haber quebrantado la orden de alejamiento y pese a sus numerosos antecedentes". A su juicio, la desobediencia ante las medidas impuestas por la justicia debería haber sido suficiente indicador para constatar su "desprecio absoluto a la administración de justicia" y por tanto el riesgo que pesaba sobre la víctima.

El abogado insiste en que "no son fallos puntuales", sino déficits que se reproducen de manera habitual. En la administración de justicia las fallas afloran prácticamente a diario, asiente Guijarro. "El hecho de no adoptar medidas cautelares o no acordar prisión provisional pese al quebrantamiento de una medida pasa cada día", porque existe una tendencia a "minimizar el riesgo, el dolor y las secuelas psicológicas en las víctimas en favor de no restringir las libertades del agresor". Verbalizarlo es, a su entender, el punto de partida para corregirlo: "Minimizarlo y no reconocer que se está haciendo mal y que tenemos un sistema tremendamente deficiente impide reparar todas las disfuncionalidades que existen", lamenta. 

En marzo de este mismo año, un hombre asesinaba a su expareja a tiros en plena calle. El agresor, que contaba con licencia de armas de uso deportivo, se desplazó hasta el centro de trabajo de la víctima y acabó con su vida de varios disparos a primera hora del día, en Zaragoza. El verano pasado, otro hombre le quitaría la vida a su pareja ante la mirada de los viandantes en Marbella (Málaga). El agresor la golpeó hasta matarla en una calle próxima a su trabajo. Meses antes, en febrero de 2025, otra mujer era asesinada en Langreo (Asturias) por su pareja, en la vía pública. La apuñaló delante de varios testigos. 

Los feminicidios en la vía pública no son los más habituales, pero existen. El año pasado, según el balance anual confeccionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 4,3% de los crímenes mortales tuvieron como escenario central la calle, un porcentaje idéntico al registrado el año anterior y que se ha mantenido prácticamente inmutable en el último lustro.

Miguel Lorente recuerda que el asesinato en la vía pública es una anomalía en criminología, pero uno de los elementos diferenciales de la violencia machista. "Es un crimen moral, así que el agresor tiende a asumir las consecuencias y actúa con total indiferencia, porque normalmente se va a entregar o a quitar la vida, así que no le importa exponerse", asiente el médico forense. "No tiene sentido desde el punto de vista criminal, pero en violencia machista sí pasa". 

Pero además, agrega María Naredo, asesinar en plena calle es la máxima expresión de "la escalada de la violencia". Al principio, abunda la jurista, la violencia machista tiende a producirse en la "intimidad y de manera más sutil, primero con violencia psicológica o de control, después con maltrato físico", pero el hecho de que el agresor "cometa un acto de tal gravedad en la calle nos habla de una escalada en la cual ha habido muchos incumplimientos por parte de las instituciones", remata.

Nos faltaba la mitad de la Historia. Y nos falta todavía buena parte. Los avances no se levantan casi nunca de cero. Alguien empujó antes. Pero quiénes. No es una forma de hablar para explicar que la historia que vivieron y movieron las mujeres no había sido contada. O, más justo, que ha sido ignorada deliberadamente, mantenida de forma consciente en la oscuridad, en el territorio de las puertas para dentro del hogar, donde no siempre estuvieron. Ellas en la sombra, aquellas que impulsaron avances, que se rebelaron, que se arriesgaron cuando la sociedad no estaba a favor de permitir su libertad, pero también las que resistieron en el lugar que se les asignaba y las que se derrumbaron bajo un tejido social y familiar patriarcal que durante siglos nos aplastó.

Mucho silencio.

Frente a esa desmemoria, desde hace un tiempo, surgen narrativas que encienden luces en espacios que nunca antes fueron iluminados. Y una se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí ignorándolo, desoyendo sus nombres o nombrándolas con muy escaso conocimiento, siguiendo adelante con una historia desequilibrada que pretendió y había conseguido ser única. Hasta ahora. El feminismo es también un ajuste de cuentas con los relatos anteriores que tensa la posición de lo fijado. Que desestabiliza lo consensuado. Que propone nuevas palabras para lo político. Que remueve el gran caldero de lo que ya fue escrito. Por eso, el feminismo es revolución.

Este año se cumplen cien de la fundación del Lyceum Club Femenino, una institución fundada durante la dictadura de Primo de Rivera y desconocida hasta hace muy poco para casi todos. Lo cuenta Eva Cosculluela en El club de las modernas (Seix Barral, 2026), un ensayo narrativo de honda investigación que explica cómo un grupo de mujeres se unió y reunió hasta que la Guerra Civil también terminó con el sueño de la igualdad. María de Maeztu, Zenobia Camprubí, Clara Campoamor, Victoria Kent, Isabel Oyarzabal, María Lejárraga, María Rodrigo y muchas mujeres más de distintas disciplinas e ideologías, ateas y devotas, republicanas y monárquicas, intelectuales que se pusieron de acuerdo y salvaron las diferencias para dar un fuerte impulso al poder transformador de la cultura y de la educación para nosotras.

El Lyceum nació contra viento y marea. Una institución antifamiliar y anticristiana, dijeron de ellas. Ataques en la prensa y campañas: “¡Desgraciados niños que tienen una madre liceómana!” Proyectaron ideas, algunas se consiguieron y otras no: la Casa de los Niños, una guardería laica que atendía a los hijos de las trabajadoras; el Comité del Libro para El Ciego, una biblioteca circulante de libros para que las personas con discapacidad visual pudieran leer o la relevante petición presentada al Gobierno para promover una reforma legal que terminara con la denigración de las mujeres, con normas que reconocían al hombre como autoridad única dentro del matrimonio. Pero, sobre todo, y esto sí molestaba, dio espacio al diálogo que nos entendía como mujeres libres y seres humanos con pensamiento propio.

La última aparición del Lyceum en la prensa, recuerda Cosculluela, es una pequeña nota del 5 de agosto de 1936 donde agradecen la solidaridad de las socias y simpatizantes por los donativos recibidos para enviar al frente.

El año que viene se celebra otro centenario, el de la mítica Generación del 27, y esperemos que, por primera vez, se ponga en nómina a las mujeres que también formaron parte, completando la lista que ha trascendido por libros de texto y conmemoraciones anteriores: Maruja Mallo, Josefina de la Torre, Concha Méndez, María Teresa León, Rosa Chacel, María Zambrano y otras tantas. No solo como mujeres de, sino como intelectuales con peso artístico, político y público. Víctimas de la Historia que escribieron ellos: la de la guerra, del exilio, de la dictadura y de la Sección Femenina, que pasó a ocupar el espacio del Lyceum en la Casa de las Siete Chimeneas muy poco tiempo después.

Sirva ese expolio simbólico y físico, como lo llama la autora en su último capítulo, para recordar que la libertad y los derechos se pierden de un día para otro y que, como decía Almudena Grandes, la línea del progreso no es siempre una línea recta. Que hoy, hay a quien no le interesa leer sobre esto; que hoy, hay quien nos quiere todavía quietas, desunidas e ignorantes de nuestra propia historia. Pocas cosas más inspiradoras que la constancia de que otras estuvieron primero, que empujaron primero, que abrieron camino, que encendieron la luz. 

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, impartió este martes una clase magistral de cómo la misoginia y los sesgos machistas están todavía presentes en casi todos los espacios. Lo hizo en una rueda de prensa y ante decenas de periodistas. "Esto lo ha escrito una mujer que no sé si ni siquiera sabe de fútbol", lanzó refiriéndose a la periodista del diario ABC María José Fuenteálamo. A otra comunicadora, Lola Hernández, le concedió el micrófono así: "A ver, esa niña, también tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos". 

Al otro lado del teléfono, Fuenteálamo resume lo sucedido con una exclamación que bien podría ser un lema común para el conjunto de las mujeres: "Qué cansancio histórico". Aun extenuada por el señalamiento del empresario, la periodista cree que sus palabras tienen un valor incalculable para demostrar que el machismo "sigue estando ahí, si es que hay alguien que lo dude a estas alturas". 

Los comentarios del empresario han resonado con fuerza y su eco ha lanzado algunas preguntas, no solo sobre las raíces del machismo en el mundo del deporte, sino también sobre la respuesta social e institucional hacia conductas que parecían abocadas a la extinción. "Responde a una cultura machista muy profundamente integrada en la vida de las personas, sobre todo de algunas personas de más edad", ha sentenciado este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, destacó en redes sociales que "las periodistas deportivas merecen respeto profesional" y por tanto "no deben ser infantilizadas, ignoradas o cuestionadas por el hecho de ser mujeres". A su juicio, "el menosprecio machista a estas periodistas solo nos dice que tenemos que seguir luchando contra el machismo estructural en el deporte".

Y la eurodiputada Irene Montero ha planteado que se trata de una "forma muy evidente de despreciar" el trabajo de las mujeres, "su competencia profesional y su formación". En definitiva, ha añadido, "él no está viendo a una periodista, está viendo a una mujer a la que cree que puede tratar como un ser inferior". La también exministra de Igualdad ha concluido señalando que "para muchos hombres poderosos, el machismo es su forma de vida y no hacen ningún esfuerzo por cambiar, porque saben que su poder les protege y les da impunidad".

María José López, abogada y directora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), enmarca las palabras del jefe del club deportivo en una "actitud totalmente antigua y caduca". No cree que sea una anomalía, en términos generales, pero sobre todo no resulta extraño en un mundo como el del fútbol. "Todavía existen comportamientos paternalistas. Como la incorporación de la mujer es relativamente reciente, parece que debemos pedir permiso para ejercer nuestra actividad", asiente en conversación con este diario. Los comentarios machistas expresados el martes "responden al propio personaje, pero también esconden actitudes que sí vemos en el deporte". 

A la misma conclusión llega la periodista feminista Montserrat Boix. "En algunos espacios, como el futbolístico, no ha cambiado nada", lamenta. La comunicadora, sin embargo, cree que sí hay un avance de puertas para afuera: "Lo interesante es que esto ya parece raro y anacrónico".

La escritora feminista Laura Freixas, expresidenta de la organización Clásicas y Modernas, no lo tiene tan claro. Ella sí percibe un retroceso generalizado, producto del peso que han ido ganando "las ideas machistas y reaccionarias" en todo el mundo. La actitud de Florentino Pérez, remarca la escritora, tiene mucho en común con la de Donald Trump, quien se ha ensañado especialmente con las mujeres periodistas. En ese contexto, la respuesta debe pasar por "una censura social, una reprobación por parte de políticos, periodistas y todos los estratos de la sociedad".

La conversación en torno a las palabras del empresario no se limita al análisis sobre el machismo estructural que se instala en el mundo del fútbol, sino que plantea una necesaria reflexión sobre la tolerancia hacia este tipo de conductas y la respuesta social ante quienes las ejercen. Con este telón de fondo, cabe preguntarse qué implicaciones tiene que en la sala de prensa donde Florentino Pérez se expresó el martes no sobrevolara ningún reproche por parte de los allí presentes, sino solo silencio cómplice. 

En esa línea se ha pronunciado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández: "Tolerancia cero contra el machismo significa esto: si Florentino Pérez no pide disculpas a la periodista y a las mujeres, ningún representante público debería volver a ponerse a su lado. Ni en el palco. Ni en las cenas. Ni en las fotos".

Lo cierto es que el paso de los años parece haber ido diluyendo aquella suerte de consenso social en torno a la necesidad de señalar, impugnar y corregir los sesgos machistas que se han reproducido siempre en todos los espacios, una tarea planteada por el feminismo que llegó a tener calado en prácticamente todas las esferas.

En mayo de 2018 nacía la iniciativa No sin mujeres, alrededor de la que se agrupaban economistas y académicos españoles de renombre. A través de un manifiesto publicado entonces, todos ellos se comprometían a no participar como ponentes en ningún evento o mesa redonda sin la presencia de mujeres expertas. La mecha prendió rápidamente y enseguida caló en casi todos los lugares donde la ausencia de mujeres se convirtió en un anacronismo que no debía tener cabida. Meses después, lanzaron su propio manifiesto centenares de profesionales y activistas del sector energético. Clamaban que En energía no sin mujeres.

Aquel mismo año nacía, en el mismo sentido, la iniciativa Sin mujeres, no hay panel, en el seno de la Comisión Europea. El proyecto buscaba "concienciar sobre la importancia de la igualdad de género en paneles y eventos públicos", garantizando la presencia de al menos una mujer panelista. La reacción fue masiva e interpeló a toda la sociedad, derivando en iniciativas concretas para dejar no solo de participar, sino también de asistir o consumir cualquier contenido que no contara con mujeres.

Alrededor de estas corrientes emergieron también bases de datos de expertas, como Sí con mujeres o Brussels Binder. El mundo ya no tendría excusa para no incluir sus voces. Y si así sucedía, la ausencia de mujeres se daba de bruces con un reproche generalizado y sin titubeos. Ocurrió con Nadia Calviño en 2022. La entonces ministra de Asuntos Económicos se negaba a ser retratada en un acto sobre liderazgo empresarial en el que no figuraba ni una sola mujer. Aquella decisión era producto de una promesa que había realizado meses atrás: no participar en debates sin presencia femenina.

Aquella eclosión que nació al calor de las movilizaciones feministas masivas parece haber ido perdiendo fuerza con el paso de los años. En 2024, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, posaba sonriente en una fotografía junto a más de una docena de grandes ejecutivos, todos hombres. En el centro de la imagen, el presidente argentino, Javier Milei. Era solo una muestra de cómo el avance reaccionario empezaba a revertir las conquistas feministas.

En los medios de comunicación, la representación femenina tampoco está para celebraciones. Un informe publicado el año pasado con el apoyo de ONU Mujeres concluía también que ellas siguen infrarrepresentadas, pues suponen solo el 29% de los sujetos y fuentes de las noticias en los medios tradicionales y el 27% en los digitales. "La visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación sigue siendo inferior a la de los varones", advertían las expertas, "una situación que no ha mejorado con el tiempo".

Y en febrero de este año, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) destacó que las radios y televisiones catalanas han reducido la presencia de mujeres en la información política en los últimos dos años, según su informe El pluralisme polític en els continguts informatius i d'actualitat de la televisió i de la ràdio lineals. La vicepresidenta del organismo, Laura Pinyol, afirmaba que "estamos lejos de la paridad en los informativos, donde el esfuerzo por la representación de las mujeres parece haber pisado el freno".

La violencia sexual que de forma sistemática y endémica recae sobre las mujeres no ha estado nunca entre las preocupaciones de la extrema derecha. Sus principales líderes se han esforzado no solo en mirar hacia otro lado, sino en desacreditar la investigación, los proyectos y las demandas feministas. Con una excepción: siempre que la mención a las mujeres sirva para cargar contra la población migrante.

"¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias". El lema figura en una serie de carteles difundidos la semana pasada con el sello de Vox. El partido de Santiago Abascal se arma contra las personas migrantes, instrumentalizando a las mujeres y con fines electorales. Lo hace en plena campaña de las elecciones andaluzas, siguiendo la estela del discurso ultra en otros puntos del planeta.

El Ministerio de Igualdad ha tomado cartas en el asunto y lo ha puesto en manos de la Fiscalía de Granada. "Esa propaganda afecta y es contraria a los derechos y principios básicos", señaló a finales de semana la ministra Ana Redondo. La Junta Electoral también estudiará la cartelería. Facua Andalucía, por su parte, ha instado este lunes a los ayuntamientos de Granada y Almería a retirar la propaganda por incitar al odio.

La de Vox no es una estrategia que emerja espontáneamente, sino que ha sido ampliamente manoseada por la extrema derecha en todo el globo. Es lo que el análisis académico ha tildado como feminacionalismo. 

La extrema derecha occidental ha encontrado en la violencia machista una ventana de oportunidad para defender no solo políticas punitivistas, sino abiertamente xenófobas. Ha ocurrido en países como Italia, Alemania y Francia. La ultraderecha se ha inclinado tradicionalmente o bien por negar las raíces de la violencia contra las mujeres, o bien por introducir una suerte de variante extranjera vinculando a los agresores con personas migrantes. 

Sara R. Farris, autora de En nombre de los derechos de las mujeres. El auge del feminacionalismo (Traficantes de sueños, 2021), lo explica así en su libro: "Al fomentar una retórica de división, o de separación maniquea del debate político e ideológico en un 'nosotros' (blancos, europeos, occidentales, cristianos, civilizados, 'respetuosos con las mujeres') contrapuesto a un 'ellos' (esos otros no blancos, no europeos, no occidentales, musulmanes, incivilizados, misóginos), los partidos nacionalistas de derechas solo pueden beneficiarse". Sobre esta idea ahonda también la investigadora Nuria Alabao en su libro Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales (Katakrak, 2025): "Uno de los ejes fundamentales de la extrema derecha es intentar vincular la migración con un problema de seguridad. Ese sentimiento antiinmigrantes que empieza a existir se construye a partir de ahí".

A Vox dice preocuparle ahora la seguridad y el bienestar de las mujeres. Pero al partido ultra no parecía inquietarle lo más mínimo la violencia estructural que sufren las mujeres cuando eran las formaciones progresistas o el movimiento feminista quienes introducían el problema en la agenda. 

En marzo de hace seis años, el Ministerio de Igualdad hacía suyo un lema que el feminismo había popularizado en las calles: "Queremos que el grito feminista ‘sola y borracha, quiero llegar a casa’ se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros", sostenía el departamento en plena campaña por su embrionario proyecto legislativo de libertad sexual, la que posteriormente se conocería como ley del solo sí es sí. 

Entonces, el propio Santiago Abascal afirmaba que aquello era "entre cómico y aberrante". Y añadía: "¿Alguien puede explicarle a este Gobierno que un Ministerio no es una fiesta de pijamas y que con el dinero de los españoles no se promueven mamarrachadas?". Sus palabras las refrendó el eurodiputado Jorge Buxadé. "No queremos que las mujeres lleguen solas y borrachas a casa", sentenció en un mitin.

Más ejemplos: la diputada ultra María Ruiz cargó hace cuatro años en sede parlamentaria contra un discurso feminista que a su juicio propaga el "odio al varón dificultando las relaciones de pareja o promocionando que es mejor llegar a casa solas y borrachas". 

Vox no ha dudado en retorcer y manipular el lema clásico del feminismo, una consigna que busca reivindicar la libertad sexual de las mujeres, su derecho a habitar el espacio público y la necesidad de extirpar la violencia de los contextos de ocio. El activismo feminista ha popularizado esta reivindicación con el objetivo de desplazar el foco hacia el agresor, impugnando la narrativa tradicional que sitúa la responsabilidad de no sufrir violencia exclusivamente en la víctima y enumera toda una suerte de conductas preventivas para esquivarla.

Sobre el acoso callejero –y por extensión, sobre los temores que atraviesan a las mujeres cuando caminan solas por la calle–, también ha tenido algunas palabras el partido de Santiago Abascal. Hace dos años, Carla Toscano censuró "la banalización que supone hablar de piropos y de acoso callejero como si fuera violencia". En el Congreso, la diputada afirmó sin titubeos que sentía pena por "no volver a oír ciertas cosas por las calles", equiparando el acoso con una "muestra de admiración" por parte de los hombres.

Pero la ultraderecha no solo ha ridiculizado los discursos feministas, sino que ha cargado pública y reiteradamente contra las políticas públicas encaminadas a mejorar la vida de las mujeres y ampliar sus derechos, llegando a demandar el cierre del Ministerio de Igualdad. 

Hace tan solo un año, los ultras sustituyeron los puntos violeta organizados en espacios festivos en Zaragoza por "espacios seguros unisex". La crítica a los llamados puntos violeta ha sido constante por parte de la extrema derecha, cuyos líderes han institucionalizado la caricatura de esta herramienta bajo la denominación de "puntos violeta podemitas". Carlos Flores, el diputado de Vox condenado por violencia de género, aseguró hace tres años que "las españolas no necesitan puntos violeta, sino fronteras bien guardadas".

Es, en esencia, el espíritu que define las políticas de la extrema derecha en materia de género: cabalgar entre el negacionismo y la instrumentalización de las mujeres para librar su batalla contra la población migrante. En el año 2022, el programa electoral italiano confeccionado por la coalición de Giorgia Meloni, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi introducía el problema de la "violencia sexual contra las mujeres" dentro del apartado en torno a la "seguridad y lucha contra la inmigración ilegal". Hoy, los acuerdos en Extremadura y Aragón solo mencionan a las mujeres para consagrar la prohibición del burka y el nicab.

Abril de 1926. Un grupo de mujeres procedentes de la élite intelectual buscaba desesperadamente la forma de construir un espacio seguro, algo así como un hogar propio para intercambiar ideas, crear y tenderse la mano unas a otras. Cuando la dictadura de Miguel Primo de Rivera comenzaba a tambalearse, nacía el Lyceum Club Femenino de Madrid, con nombres como el de Clara Campoamor, Victoria Kent y María Lejárraga entre sus impulsoras. Aquel sería un ejemplo pionero de cómo el ímpetu, la ambición y la organización de las mujeres eran capaces de cimentar nuevos mundos. Su estela ha permanecido a lo largo de los años en la voluntad imparable de organización feminista, hasta hoy. 

Este viernes tendrá lugar en València la presentación de una nueva iniciativa que bebe de aquel espíritu: la red social La Nuestra. "Somos herederas de esa tradición, por eso hemos quedado para encontrarnos y para bailar", celebra la escritora Cristina Fallarás. La red social nace con el objetivo de "rescatar, preservar y dar visibilidad a todos los testimonios" de víctimas de algún tipo de violencia de género, tras haber constatado la deriva hostil de las plataformas ya existentes, donde los relatos de las mujeres no tienen cabida "porque el algoritmo los hace desaparecer". 

La Nuestra tiene, por tanto, el propósito de "relatarnos en un lugar que sea nuestro y poner a las mujeres en contacto con la garantía de que lo estarán haciendo en un sitio amable". El potencial político de la iniciativa es claro: "La transformación radical". En un contexto de avance reaccionario, en el que "los fascismos se basan en mentiras y abstracciones no demostrables", los testimonios de las víctimas son una poderosa herramienta para combatir y desmontar sus discursos. 

La Nuestra dirige inevitablemente la mirada hacia todas aquellas que la precedieron. Lo que hoy es una red social, antaño fue el salón de una casa en el centro de Madrid. El Lyceum Club Femenino "fue el primer espacio genuinamente femenino en el que se implantó una nueva sociabilidad", escribe la investigadora Rocío González Naranjo en su libro Marisabidillas, frívolas y peligrosas (Hoja de Lata, 2026). Durante toda su existencia, comparte la historiadora, la organización "fue un ejemplo de actividad colaborativa en todos los ámbitos del saber", pero la historia "androcéntrica –y de los vencedores– condenó" al club al "ostracismo, sufriendo una violencia simbólica que perdura en nuestros días". 

"La necesidad de reunirse comenzó, seguramente, en una tertulia" y fue producto de un "ambiente de ebullición asociacionista", documenta la historiadora. Aquellas mujeres pioneras tenían un espejo en el que mirarse: una treintena de clubes similares habían echado a andar en todo el mundo. El fervor de las mujeres era internacional e imparable. Aunque no resulta sencillo atribuir una única autoría a la constitución del foro, la escritora cree que "hay que verlo como una iniciativa plural, pues la necesidad de un espacio propio se fue haciendo más urgente entre estas mujeres, deseando aportar cada una su granito de arena en la creación de una habitación propia". Todas ellas, añade, "buscaban un hogar en el que poder reunirse". 

A lo largo de una década, las socias realizaron "grandes cosas que parecían imposibles para las mujeres en aquella época", como la creación de una guardería gratuita para los hijos de las trabajadoras o la puesta en marcha de cursillos para analizar el encaje de las mujeres en la legislación. "Se expusieron públicamente, participando en los debates políticos más trascendentales de la Segunda República en lo que respecta a las mujeres", como el voto femenino o la abolición de la prostitución. Y, sin embargo, aquello que construyeron se quedó encallado en los márgenes del relato histórico, una suerte de herencia de la burla pública que sufrió entonces aquel grupo de mujeres organizadas. 

El club fue caricaturizado como un espacio donde "por pocas pesetas se tomaba un buen té", una descripción que intencionadamente encerraba la iniciativa en el cajón de la frivolidad y extirpaba su trasfondo político. La mirada masculina pasó de puntillas por la asociación, devaluándola reiteradamente al presentarla como "un simple lugar de encuentro entre mujeres", una tendencia que ha permanecido intacta más de cien años después. 

Las mujeres organizadas alrededor del club podían tomar té o pasar las tardes conversando, pero con ello buscaban también tomar "las riendas de sus vidas", liberándose a través de "una independencia económica proporcionada por el trabajo". La experiencia duró cerca de diez años. "Todo aquello se derrumbó con el estallido de la guerra", escribe González Naranjo. 

Otras asociaciones fueron emergiendo paralelamente durante aquel periodo, antes del golpe fascista. "Fue la edad de oro del asociacionismo femenino y de la participación de las mujeres en obras magníficas que, desgraciadamente, cayeron en el olvido", escribe la historiadora. 

Algunas coexistieron en una especie de ecosistema decidido a conceder espacios a las mujeres para la participación en la vida pública. O, al menos, para dar la batalla por conquistar los lugares que les habían sido vedados. En los años veinte del siglo pasado nació el Círculo Sáfico de Madrid, una red de mujeres lesbianas intelectuales, muchas vinculadas precisamente al Lyceum Club Femenino y a la Residencia de Señoritas. Se juntaban con un propósito tan sencillo como político: hablar. La guerra, sin embargo, también las enterraría en el silencio.

Para entonces, las Sinsombrero todavía no eran conocidas como tal. Aquellas mujeres de la Generación del 27, como Maruja Mallo y Margarita Manso, no se articularon en torno a un espacio físico, pero sí fueron capaces de tejer un grupo consolidado, decididas a desplegar su potencial creativo y desafiar a quien quería situarlas siempre un paso por detrás de sus compañeros. 

No todos los grupos de mujeres que se desarrollaron durante aquellos años eran interclasistas. En pleno conflicto, las mujeres anarcosindicalistas se congregaron alrededor de la organización Mujeres Libres. A lo largo de los tres años que duró la guerra, anarquistas de todo el país se coordinaron para resituar la emancipación de género como cuestión central de la lucha de clases, ante la inacción displicente de sus compañeros. Y ya en clandestinidad, lejos de la mirada del régimen, se tendieron la mano las mujeres organizadas alrededor del Movimiento Democrático de Mujeres. Eran familiares de los presos, militantes de la lucha antifranquista y mujeres decididamente feministas que supieron interpelar a sus compañeras, a las militantes y a las amas de casa, para cambiar las cosas.

La tradición de buscar espacios de encuentro para ser capaces de tener agencia propia ha sobrevivido a lo largo de los años. Son, en parte, herederas legítimas de ese anhelo feminista organizaciones que perduran hoy, como la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, constituida a principios de los setenta; la organización Ca la Dona, nacida en la Barcelona de finales de los ochenta y El Club de las 25, agrupación que vio la luz en 1997.

También La Nuestra. Tras su paso por València, las impulsoras de la red social recorrerán otras ocho localidades en los próximos meses. "Hay algo interesantísimo en juntarnos", desliza Fallarás. "La potencia de todo empieza después de la conferencia, cuando nos damos cuenta de que llevamos tres horas sentadas hablando". Ese entusiasmo que expresa hoy la escritora bien podría ser el mismo que hace cien años se instaló en el salón de alguna casa, donde nacería el Lyceum Club Femenino.

Uno de los asuntos que ha atravesado el discurso de Vox desde su nacimiento ha sido la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. En 2023, los pactos entre PP y Vox situaban la "violencia intrafamiliar" como uno de sus ejes y evitaban mencionar la violencia de género, una cuestión que se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción y que aprovechó la oposición en acuerdos como los de la Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares. 

Tres años después, la violencia machista ha desaparecido de los recientes acuerdos de Extremadura y Aragón. En su lugar, Vox ha situado en primer plano la "prioridad nacional" y la criminalización del uso de los recursos públicos por parte de los migrantes. Una cuestión en la que ha arrastrado al PP. Acuerdos que, en ninguna de las dos regiones, contemplan tampoco la creación de una consejería de Igualdad y en lo que solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab.

Hasta ahora, el discurso de la extrema derecha española no se ha alejado del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, como el aborto, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso. Eso no ha cambiado, apuntan las expertas consultadas por infoLibre, pero sí sus prioridades de cara a la opinión pública.

¿A qué se debe el cambio? Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y experta en extrema derecha, lo interpreta como una combinación de cálculo estratégico y jerarquización de prioridades. "Vox está en un momento de tensión interna y con horizonte electoral cercano, así que ordena su agenda en función de rentabilidad inmediata”. Es decir, qué temas “movilizan más y cuáles desgastan más al rival", explica en conversación con este medio.

Ese cálculo coloca la inmigración en el centro. "Ahí entra la prioridad nacional como el eje que más incomoda al PP y más cohesiona a su electorado", añade López. A su juicio, no hay una renuncia ideológica, sino un cambio de foco. "Es una estrategia de visibilidad, algunos temas se ponen en primer plano y otros se relegan, sin desaparecer”, aclara. Coincide con ella Ana Bernal-Triviño, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del ensayo ‘No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa): “Es un cambio de metodología más que de estrategia”.

Así, considera que Vox puede dejar de lado la "violencia intrafamiliar" en un acuerdo de gobierno sin modificar su posición sobre el feminismo o la violencia de género. Y eso se nota en sus políticas. “Si observamos su acción en territorios donde tienen influencia, como la Generalitat Valenciana, vemos señales claras , como el debilitamiento de servicios LGTBI, de que sus posiciones sobre género y diversidad siguen siendo las mismas”, apunta.

Por su parte, Bernal-Triviño recuerda que en los pactos de 2023 “ya se habían producido concesiones”: “Ha habido una reconfiguración de consejerías y concejalías dedicadas a la mujer que se han metido en asuntos sociales y otras áreas. Lo que se ha modificado está hecho ya, no se plantean nuevos dilemas porque ya se ha cedido en esta cuestión”, plantea. En el caso de Extremadura, en 2023 se eliminó la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia,

Los acuerdos en Extremadura y Aragón ilustran bien ese desplazamiento. La única referencia directa a las mujeres aparece vinculada a la prohibición del burka y el nicab. Los textos aprobados en los recientes pactos sostienen que no se permitirá la imposición de prácticas que "invisibilizan a la mujer" y vulneran los valores de igualdad y dignidad. La mujer aparece así no como sujeto de políticas de igualdad, sino como elemento de una batalla contra determinadas prácticas asociadas a la inmigración musulmana.

Para López, esa operación responde a un patrón conocido en las extremas derechas europeas: el "femonacionalismo". "Consiste en apropiarse de elementos del discurso feminista  como la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres, pero resignificándolos en clave culturalista. Ya no se habla de desigualdades estructurales, sino de proteger a ‘nuestras mujeres’ frente a un ‘otro’ que suele identificarse con la inmigración, especialmente musulmana", explica la experta.

No es una estrategia nueva. "Esto lo hemos visto claramente en figuras como Marine Le Pen en Francia o en partidos de Países Bajos, y se intensifica sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el islam empieza a construirse a nivel global no solo como una amenaza de seguridad, sino también como una cultura ‘atrasada’ que supuestamente oprime a las mujeres", añade la politóloga.

De esta manera, la ultraderecha busca presentarse como defensor de la igualdad sin asumir el feminismo ni las políticas públicas de igualdad. "Permite a Vox presentarse como defensor de ciertos valores de igualdad mientras desplaza el foco hacia un enemigo externo", señala López. Pero advierte de la trampa: "En realidad es una falsa defensa de la igualdad, porque no busca ampliar derechos, sino construir un adversario, el islam, sobre el que articular un discurso identitario y excluyente", plantea López. 

Con todo, Bernal-Triviño advierte de que “Vox no se ha hecho feminista”: “Que esto no nos lleve a pensar que cuando lleguen a unas generales, no van a plantear cuestiones que tensen la agenda feminista”, plantea. “Es lo que ya sucede cada vez que la ultraderecha conquista espacios de poder a nivel nacional. Muchas de las leyes que quieren tumbar, solo pueden hacerlo si llegan al gobierno estatal y ese es su principal objetivo”, añade.

Ese mismo patrón ayuda a explicar por qué Vox explota menos que antes el discurso de las denuncias falsas, la supuesta discriminación contra los hombres o la impugnación frontal del feminismo. No porque haya abandonado esas ideas, sino porque ya no necesita formularlas de manera permanente. "Vox ha conseguido algo muy difícil en política: tiene una identidad muy definida y reconocible con una agenda dura en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles y no necesita estar recordándola constantemente para que su electorado la identifique", sostiene López.

A su modo de ver, la extrema derecha “puede desplazar ciertos temas, como el de las denuncias falsas, y poner en primer plano otros que ahora le resultan más rentables, como la inmigración, seguridad, prioridad nacional, sin que eso implique una moderación real", apunta la experta. En su opinión, no hay señales de giro en la práctica institucional. "Hay menos ruido en algunos temas, pero el mismo marco ideológico de fondo".

La pregunta es si ese menor ruido también busca reducir resistencias entre las mujeres, ya que la extrema derecha ha tenido más dificultades para atraer voto femenino que masculino. López pide matizar: "Sigue existiendo una brecha de género clara, las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres. No estamos ante un vuelco, ni mucho menos". Pero esa brecha no es inmóvil. "En algunos segmentos, especialmente entre mujeres jóvenes, sí se aprecia una ligera aproximación", añade Lopez.

Bernal-Triviño sostiene que “el dique” del voto femenino “no ha desaparecido” pero sí admite que es “menos sólido” que antes porque la ultraderecha “ha ganado la batalla por el relato” al lograr que  “muchos jóvenes”, especialmente varones, “digan que las mujeres han llegado demasiado lejos”: “Se han hecho campañas de desinformación muy potentes, con artículos de opinión y podcast, como argumento de autoridad”, sostiene. Así, la experta cree que “no hay menos énfasis” en cuestiones relacionadas con el feminismo, sino que “hay más convencimiento”.

"Esto encaja con un patrón que hemos visto en Europa: el voto femenino se convierte en un objetivo prioritario para la derecha radical en fases más avanzadas de su ciclo político, cuando ya han consolidado una parte importante del electorado conservador", añade López. A partir de ahí, estas fuerzas intentan ampliar base con otros marcos como la seguridad, identidad, malestar económico y acceso a recursos públicos. En esa estrategia está ahora Vox.

Marisa Paredes, única, grande y libre para desgracia de la extrema derecha patria y fortuna de la cultura de España. Por eso, en la Comisión de Cultura en el Congreso, donde se ha aprobado una iniciativa socialista para que desde el Gobierno se impulse y homenajee su trabajo y su figura, quedó claro que era una mujer comprometida para la mayoría y deslenguada para los que quieren un país pequeño y uniforme.

Fue tan diva cinematográfica como mujer con conciencia crítica. Qué despropósito para esa derecha carca que prefiere mujeres florero que den bien en cámara, pero que no se salgan nunca del guion. Ciertamente, volvimos a palpar cómo su activismo la convirtió para algunos en una figura incómoda, por cómo era imposible separarlo de su incuestionable estrellato en el séptimo arte.

Paredes no renunció nunca a defender derechos o denunciar injusticias, su “no a la guerra”, su voz clara en tiempos donde no era fácil alzarla. Es de agradecer que la extrema derecha evite que ese recuerdo se borre sin más. En el debate parlamentario volvimos a ver cómo se intentó manchar su memoria, simplemente por su activismo progresista.

En una semana en donde hemos visto actuar a la extrema derecha contra la protección de nuestras lenguas, después de asistir a censuras en los teatros de nuestros pueblos, claro, Marisa Paredes sin duda es incómoda. Porque no dudaba en alzar la voz frente a la intolerancia o en defender la cultura libre y sin censura.

Por eso hoy es tan necesario reivindicar la figura de Marisa Paredes en toda su dimensión. Porque entendió antes que muchos que la cultura no es neutral cuando se enfrenta a la injusticia. Que el silencio, en determinados momentos, no es prudencia sino complicidad.

Porque la hija de la portera de la plaza de Santa Ana, que soñaba en ser actriz viendo salir a los actores del Teatro Español, nunca olvidó quién era y de dónde venía. Sólo así se entiende a Marisa Paredes y su mirada del mundo, tal como decía ella: “ser rico se hereda, y ser pobre también”, dijo en una entrevista (El País, 2024).

Más de 75 películas, construyendo personajes complejos y memorables. Su nombre quedó ligado a directores como Fernando Trueba, Jaime Chávarri, Agustí Villaronga y, de forma inseparable, Pedro Almodóvar, con quien filmó Entre tinieblas, Tacones lejanos, La flor de mi secreto o Todo sobre mi madre. Fuera de España trabajó con Arturo Ripstein, Guillermo del Toro, Raúl Ruiz, Roberto Benigni o Manuel de Oliveira, consagrándose como una actriz generacional y referente.

Pero su papel más valiente no estuvo en la pantalla. Fue una mujer libre en un tiempo que no lo ponía fácil. Feminista, coherente y valiente, una verdadera pionera para tantas actrices y mujeres en España y, sobre todo, en su Madrid natal, donde sus vecinos añoran un homenaje a la altura de su estrella.

Por eso, cuando hoy se pretende deslegitimar el compromiso cultural o caricaturizar la defensa de la democracia de tantos artistas como una pose fingida, conviene recordar figuras como la suya. No como nostalgia, sino como referencia. Porque la cultura debe incomodar, debe ser el espejo en el que a veces cuesta verse reflejado, ese es uno de sus más altos valores. Y hay voces y miradas, como la de Marisa Paredes, que siguen recordándonos por qué.

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Marc Lamuà es portavoz socialista de Cultura y diputado por Girona.

"Le dije que quería abortar. Me aconsejó que si lo hacía no se lo contara a nadie. Tras la consulta tomé la decisión de no decírselo a nadie". Es uno de los testimonios que la periodista Ana Requena (Madrid/Albacete, 1984) recoge en su libro Provida. Un manifiesto a favor del aborto (Now Books, 2026). Las palabras pertenecen a una de las muchas mujeres atravesadas por el estigma tras tomar la decisión de interrumpir su embarazo y percatarse de que aquello que parecía un derecho consolidado está, en realidad, marcado por una suerte de clandestinidad anacrónica que se expresa en la discreción durante el procedimiento y en el sigilo posterior, en la negación de todo relato que se salga de los moldes. 

La autora disecciona los motivos por los que la reacción patriarcal no renuncia a dar la batalla contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, impugna el discurso esencialista que insiste en situar a la maternidad como único propósito vital de las mujeres y concede voz a quienes, sin saber muy bien por qué, han cargado con una vergüenza extraña pero aleccionadora tras haber abortado. 

Aunque el movimiento feminista evita deliberadamente llamarlas así, las organizaciones antiabortistas han conseguido calar en el debate público bajo el nombre de provida. ¿Es hora de reapropiarse del término?

Tenemos que reapropiarnos del término provida, algo que el feminismo ya lleva unas décadas intentando. Si miramos los folletos de las comisiones proderecho al aborto que las feministas hacían en los años 80, ya se puede ver cómo reclamaban el término provida para el feminismo y cómo impugnaban que los grupos ultra lo utilizaran y se escondieran detrás de él para promover posturas antiabortistas. Hay que recuperar ese activismo, señalar que detrás de términos que suenan aparentemente bien se esconden posturas muy reaccionarias que buscan que las mujeres no tengamos derechos sobre nuestros cuerpos. Provida debe ser un término que aluda en todo caso a quienes defienden vidas dignas, con derechos y en las que los sujetos que ya estamos aquí tengamos autonomía y capacidad de decisión sobre nuestros proyectos personales. 

¿Por qué la reacción patriarcal pone en el foco los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?

En el marco de la ola reaccionaria, el derecho al aborto se identifica como una de las palancas estratégicas para intentar contestar a una efervescencia feminista y conquista de derechos. Atacar al aborto es cuestionar algo esencial: que las mujeres somos ciudadanas de primera, no seres sujetos a la validación y decisiones externas. La batalla sobre el aborto siempre vuelve porque es la base de la autonomía y la libertad de las mujeres, pero también porque tiene que ver con el modelo de sociedad en el que vivimos. Controlar los cuerpos de las mujeres implica también controlar de alguna manera los medios de producción, porque el cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo, como dice Silvia Federici. El cuerpo y el útero de las mujeres son una maquinaria de reproducción de fuerza de trabajo, por lo que el hecho de que las mujeres tengamos autonomía implica que vamos a decidir sobre nuestras maternidades en nuestros propios términos y que hay un poder que pierde el control. Cuando decimos que las mujeres queremos tener derecho a abortar, estamos atacando también esa manera patriarcal y capitalista de organizar el mundo.

En el libro plantea precisamente eso: la idea de que la mujer como madre es funcional al sistema capitalista. Ese discurso se ha traducido últimamente en políticas pronatalistas por parte de gobiernos conservadores de todo el mundo. ¿Qué intencionalidad esconden estas políticas?

El relato con el que se ponen en marcha este tipo de políticas explota los estereotipos de género y la idea de que lo mejor que le puede suceder a una mujer es ser madre. Explotan ese relato porque es necesario para seguir situando a las mujeres como la parte de la población que sostiene los cuidados no remunerados, unos cuidados que son fundamentales para que el resto de la sociedad y de la economía siga en marcha. Por eso siempre sospechamos de este tipo de políticas cuando están sostenidas por estos relatos. Pero, además, son políticas muy contradictorias con el resto de la agenda de estos líderes. Si quieres fomentar la natalidad, pero al mismo tiempo estás en contra de la reducción de la jornada laboral para todo el mundo, o no pones en marcha prestaciones universales por crianza, o estás en contra de que haya más permisos remunerados para cuidar, o de regular el mercado de la vivienda, entonces no estás haciendo políticas pronatalistas, estás haciendo políticas que buscan explotar un ideal concreto de mujer que te interesa a ti para tu agenda política o para tu modelo de sociedad. Lo que sabemos es que si las mujeres en muchos lugares del mundo están dejando de tener hijos es, entre otras cosas, por la dificultad para conciliar y por la penalización que aún hoy implica tener un hijo.

Mucha de esa retórica antiabortista ha sido adoptada en España por Vox. ¿A la ultraderecha le sale rentable ese discurso en el contexto español?

En España ha habido bastante consenso respecto al derecho al aborto. Lo vimos hace años cuando [Alberto Ruiz] Gallardón, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, intentó llevar a cabo esa reforma tan regresiva. Pero precisamente porque existe ese consenso en nuestro país, Vox intenta minar el derecho al aborto de otras formas: no propone necesariamente reformas muy regresivas del aborto, sino que su línea de actuación principal tiene más que ver con lanzar una retórica y una serie de propuestas que vayan desplazando el foco del debate público a si el aborto es un hecho deseable y responsable. Es decir, a que la gente pueda dudar de las mujeres y sus motivos para abortar. Es una estrategia para tratar de limar el derecho al aborto, lanzando esa idea de que las mujeres son unas irresponsables. Creo que buscan preparar el terreno para lo que pueda venir después, aunque es una buena noticia que ante sus propuestas haya una respuesta masiva. 

Y en medio de todo esto, ¿dónde se sitúa el Partido Popular? Tradicionalmente se ha dicho que hay dos espíritus dentro del partido respecto al aborto. 

No sabemos ya cuántos espíritus hay en el Partido Popular, ni con ese tema, ni con la violencia de género, ni con el feminismo en general. El PP ha dado muchísimos bandazos en la manera en la que defendían o criticaban muchos de estos derechos. No hay un discurso claro, pero en esa confusión sí transmiten algunas ideas. El PP de [Alberto Núñez] Feijóo aceptó la sentencia del Constitucional que avala la ley del aborto, pero en su discurso lo sitúa como una prestación sanitaria y nunca como un derecho. Saben que tener una postura muy beligerante contra el aborto que implique proponer una reforma legal muy significativa no tendría mucha aceptación, pero siguen siendo muy comedidos y alguna de esas almas del PP sí se sitúa más cerca de Vox.

Las clínicas acreditadas se han erigido como las principales garantes del derecho al aborto, pero es un problema que el acceso al aborto esté hoy privatizado. ¿Cómo se reivindica el aborto en la red pública sin obviar la labor de las clínicas?

Hay que entender que cuando hablamos de las clínicas privadas, en el caso del aborto, no estamos hablando de Quirón ni de grandes grupos. Se trata de clínicas privadas que nacen en muchos casos de la militancia, vienen de profesionales y activistas que se preocuparon por formarse, por traer técnicas seguras y que con mucha convicción montaron las primeras clínicas donde las mujeres podían interrumpir voluntariamente su embarazo. Es gracias a ese activismo y a ese empeño que se abrieron muchos de estos centros. Así que no son grandes grupos que se lucran con esto, porque de hecho tienen grandes dificultades para cobrar por parte de las comunidades autónomas, algunas no son precisamente muy bien tratadas. Ese es el contexto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de aborto en la privada. Y desde luego reivindicar que la sanidad pública tiene que hacerse cargo de los abortos. ¿Habría sitio en ese contexto para las clínicas privadas? Yo creo que seguramente sí, lo que no es normal es que se encarguen del 90% de las interrupciones.

Otro de sus grandes problemas es el acoso frente a los centros. Existe un marco legal que lo castiga, pero sigue produciéndose. 

No parece que la reforma penal esté funcionando, porque tal y como está redactado ese artículo es necesaria una intimidación, una coacción o una violencia más explícita de la que normalmente sucede. Muchas veces no hay una agresión física explícita o nadie te está amenazando verbalmente, pero eso no significa que esas personas no estén interrumpiendo el normal funcionamiento de una clínica o no estén interceptando a mujeres y mandando un mensaje muy claro con su presencia, rezando o con fetos de juguete en las puertas de una clínica. Pasar por eso es desagradable y estigmatizante, no hace falta que exista violencia o intimidación explícita, pero los tribunales están pidiendo ese plus para que funcione el artículo del Código Penal. Lo que se pidió aquí ya en su momento fue que se pensara en esas zonas de seguridad que se han aprobado en otros países, áreas en las que no pueden ir estos grupos a rezar. Hay quien dice que eso sería más eficaz.

En la política se ha instalado la idea de introducir el aborto en la Constitución. ¿Es una medida simbólica o puede tener efectos materiales para las mujeres?

Me parece una medida más simbólica que efectiva a la hora de garantizar el derecho al aborto en el día a día. No la menosprecio, ese valor simbólico puede ser importante, pero creo que hay que rebajar expectativas respecto a lo que luego podría significar. En parte tiene que ver con la redacción y el capítulo que se ha elegido, porque no está entre los derechos fundamentales y eso hace que no tenga tanto rango. Pero lo que vemos es que los problemas son de aplicación de la ley. Podemos tener el aborto en la Constitución, pero si la ley no se cumple, si no acabamos con las barreras que existen, no servirá de mucho.

¿Cuáles son esas barreras?

Tienen que ver con la objeción de conciencia, con cómo se registra esa objeción, con cómo los hospitales públicos organizan sus recursos humanos, su logística y sus quirófanos. Pero también tienen que ver con la falta de información, con el estigma, con las dificultades en el acceso y con la falta de una educación sexual integral. Y todos esos asuntos ya están contemplados en la legislación, pero no están siendo plenamente desarrollados.

En uno de los capítulos del libro recoge una vivencia de una mujer que quería abortar y cuyo ginecólogo le aconsejó no decírselo a nadie. ¿Cómo opera todavía el estigma?

La inmensa mayoría de mujeres que me escribieron para compartir sus historias para el libro me pidieron que no compartiera sus nombres, se mostraban muy precavidas a la hora de que se mostrara algún tipo de información que las pudiera comprometer. Es como si el aborto aún fuera algo que nos fuera a definir, que fuera a cambiar la mirada que los demás tienen sobre nosotras. Eso es muy relevante, es muy significativo pensar que en una sociedad donde hace 40 años que el aborto es un derecho aún haya esa sensación. Y, sin embargo, todas esas mujeres tenían mucha necesidad de compartir sus vivencias y de expresarlo, hablar con normalidad de un episodio de sus vidas que significó una cosa distinta para cada una. Ese estigma es fundamental para entender por qué es en realidad un derecho muy clandestino. Y ese mismo estigma está diciendo a las mujeres que si abortan tienen que sentirse de una manera muy concreta. Solo permitimos el aborto si es un drama o un trauma, si acaso en determinadas situaciones de la vida: si la mujer es joven o si está en unas circunstancias personales malas o precarias. Cuando nada de eso sucede, entonces parece que el aborto pesa más. Pero el aborto es un derecho y no hay una manera de sentirse después de haber abortado, no hay una experiencia igual.

¿Y cómo se extiende el estigma a los profesionales? Isabel Díaz Ayuso habla de listas negras para referirse al registro de objetores, pero precisamente los señalados han sido siempre quienes se han prestado a realizar abortos.

Si tenemos un problema ahora mismo es con el estigma de los profesionales que sí están dispuestos a intervenir en un aborto y no con el de los profesionales que deciden no hacerlo. Si desde la carrera hay estigma, ese estigma se va a reproducir después durante tu práctica profesional. Puede haber profesionales de la medicina que salgan de la carrera sin apenas saber nada de la interrupción voluntaria del embarazo, algo que no pasa con ninguna otra práctica médica. Esa omisión y esa ocultación ya está generando estigma, ya está insinuando que hay algo indeseable.

Verano de 2020. En medio de una pandemia mundial sin precedentes, muchas trabajadoras del hogar seguían cuidando, atravesadas por la incertidumbre, para velar por la salud de los más vulnerables. Lo hacían, muchas veces, sin contrato y sin la protección necesaria, en unas condiciones de precariedad que, en un contexto de crisis sanitaria, ponían en riesgo su vida. Algo así sucedía también con los repartidores que no dejaron de pedalear para llevar comida a domicilio. Y con las jornaleras que continuaron labrando la tierra en el peor de los escenarios. Fue también a partir de entonces cuando los trabajadores de los sectores más precarizados empezaron a ser escuchados. La organización colectiva comenzaba a dar sus frutos.

Los repartidores, las jornaleras, las camareras de piso, los manteros y las trabajadoras del hogar se han organizado utilizando sus propios medios, confrontando la atomización propia de sectores inestables y al margen de unos sindicatos que no habían sabido entender sus necesidades. 

Eulalia Corralero guarda un recuerdo nítido sobre todo el proceso de organización. La camarera de piso que empezó a trabajar a los 14 años habla ya desde su particular retiro, la consecuencia última de toda una carrera profesional marcada por condiciones extremas. "Tengo una incapacidad permanente por una artritis reumática, sobrevivo con 600 euros al mes", comparte en conversación con este diario. "Es la misma situación de muchas mujeres en trabajos feminizados", se apresura a señalar, habituada a conjugar la primera persona del plural para subrayar que sus circunstancias son en realidad estructurales e idénticas a las que soportan sus compañeras. 

Corralero prestó sus manos para poner las bases de las primeras organizaciones de camareras de piso. Fue una de las fundadoras de Las Kellys en una zona tan simbólica como Lloret de Mar, donde el turismo se inserta como parte de la identidad del litoral, una bandera que ha ondeado siempre ajena a las condiciones de quienes la sostienen. "Nos movió la necesidad de dar un paso al frente y decir que no podíamos seguir trabajando empastilladas y con dolores de por vida", rememora hoy.

Algo similar anida en la memoria de Ana Pinto, quien empezó a trabajar en el campo con 16 años. "Hace ya mucho tiempo", asiente al otro lado del teléfono. La organización, en su contexto, vino acelerada por una denuncia colectiva: la de un grupo de trabajadoras de origen marroquí que decidieron hace ahora ocho años poner el foco en los abusos sexuales y laborales a manos de sus empleadores. "Entonces veníamos sufriendo cada vez más normas abusivas, el señalamiento, los despidos y los castigos", rememora. "Estábamos muy cabreadas por cómo nos estaban tratando y entonces llegó la denuncia de las compañeras". 

Pinto pone el acento en el contexto: menciona el auge del movimiento feminista en aquel momento, con las huelgas y manifestaciones masivas, pero también los precedentes sembrados por las kellys y los riders. "Era un momento de mucha ebullición y sentimos que debíamos aprovechar esa oportunidad, ya que las compañeras habían sido valientes". Así se dio vida a Jornaleras en Lucha.

Para aquel entonces, el colectivo Territorio Doméstico ya contaba con un puñado de años de experiencia a sus espaldas. Nació hace ahora dos décadas, como suele nacer la rabia colectiva: fruto de la conversación cotidiana de quienes sufren la explotación en sus carnes. Las trabajadoras del hogar se encontraban en los parques y en las plazas, ponían nombre al agotamiento, a los malos tratos y a los despidos improcedentes. Lo hacían con infinita cautela, pero reconociéndose en sus compañeras y creando espacios seguros. 

Rafaela Pimentel fue una de sus impulsoras. "No teníamos redes ni gente conocida dentro de la privacidad del hogar", cuenta hoy. Tras unas jornadas sobre el empleo en el hogar, varias de las trabajadoras se juntaron en el centro social autogestionado Eskalera Karakola, en Madrid. "Comenzamos a escucharnos, a hablar de lo que nos pasaba y así surgió". Enseguida aquel fervor se tradujo en la constitución del colectivo, encaminado a pelear por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. "Queríamos encontrarnos, sostenernos, acuerparnos –como decimos nosotras– y acompañarnos en toda esta lucha". 

También Lamine Sarr habla de las redes, invisibles pero sólidas, que precedieron al Sindicato de Manteros. "Lo que hicimos nosotros fue formalizar una organización que ya existía de manera informal", asevera. Los trabajadores ya estaban presentes en las calles, continúa, ya hablaban entre ellos, ya se apoyaban y se ayudaban. Así que, en realidad, la organización "ya existía, porque existía la solidaridad".

Si en algo coinciden los trabajadores que han decidido organizarse de forma autónoma es en su crítica unánime a los sindicatos mayoritarios. El grueso de las voces consultadas introducen también un matiz: la valía de los militantes de base que sí han intentado cambiar las cosas, pero su incapacidad frente a una estructura que no tiene en cuenta a quienes se encuentran en los márgenes. 

"Les ha costado mucho entender que esta nueva forma de trabajar hay que abordarla con nuevas estrategias". Habla Felipe Díez, uno de los fundadores de Riders X Derechos. "Los sindicatos no han logrado ver que la manera de entrar y organizarse aquí es distinta", asiente a preguntas de este diario e incide en que se trata de un sector con "bajísima remuneración, con un porcentaje alto de personas migrantes y que no cuenta con una estructura sindical". 

En ese contexto, los sindicatos mayoritarios "han sido tristemente lentos" e incluso cuando lo han intentado, "siempre se han encontrado con un tope interno que tiene que ver con los altos mandos y con una estructura sindical que no pretende cambiar las cosas ni arriesgarse". A los riders, asiente el exrepartidor y hoy investigador, lo que les ha quedado es "la autoorganización y trabajar con sindicatos alternativos". 

Al mismo punto llega Pimentel. "La relación ha sido muy difícil", reconoce, porque "no han visto el trabajo del hogar y de los cuidados como tal". Y por eso, añade, las trabajadoras han buscado sus propias herramientas. "Nosotras creemos en la acción sindical, pero los sindicatos mayoritarios trabajan sin darnos la palabra ni escucharnos", lamenta. Ellas, denuncia la activista, sencillamente no caben ahí. Pero sí han encontrado cobijo en "los sindicatos pequeños", con quienes han podido encontrar espacios de escucha. Este Primero de Mayo, Territorio Doméstico saldrá a las calles en una convocatoria conjunta con  otros colectivos y organizaciones sindicales minoritarias.

Algunas de las experiencias narradas por las trabajadoras reflejan un desencanto latente con los sindicatos clásicos tras años militando. Es el caso de Corralero. "Los sindicatos no habían hecho nada por las camareras de piso. Todas habíamos ido a huelgas, a manifestaciones, estábamos sindicadas, pero no habíamos conseguido nada", relata, tras haber permanecido cerca de dos décadas afiliada a Comisiones Obreras. "Cuando se negociaban los convenios, las mejoras eran más sustanciosas para los hombres que para nosotras, siempre íbamos a la cola. Ahí nos dimos cuenta de que la manera de conseguir cosas era organizarnos nosotras mismas". 

Pinto lo dice claro: "La relación ha sido más nefasta que con los empresarios". Aunque la jornalera reconoce que a día de hoy han conseguido normalizar la interlocución con algunos de ellos, señala que en un primer momento estuvieron "totalmente abandonadas". Tanto es así que no era extraño encontrarse con situaciones rocambolescas, como la elección de un delegado sindical que era a su vez "el encargado que venía por la mañana y te decía que o apretabas o te ibas a la calle". 

Y así, con el viento en contra, los y las trabajadoras decidieron moverse. "Fue complejísimo", reconoce el que fuera repartidor, precisamente porque "sabías que dar la cara significaba quedarse sin tu trabajo". En un contexto de precarización e invisibilidad, trabajadores como él se preguntaban cómo decirle a un compañero que se sumara a una huelga "trabajando 16 horas al día, sin papeles y con hijos que mantener". Son, clama, las condiciones perfectas para que nadie se organice. Pero los riders lo hicieron. Y pronto llegarían las movilizaciones, el foco mediático y las reuniones con líderes políticos. 

Díez echa la vista atrás y reconoce sentir orgullo, pero no aparta la mirada de las muchas fallas que siguen asolando al sector. "Los problemas estructurales se mantienen. Ahora se contrata, pero sigue habiendo trabajo informal y la organización algorítmica sigue funcionando igual. Las condiciones no son buenas y el despido sale gratis".

Para Sarr, el mayor de los éxitos ha sido "cambiar la narrativa". "Cuando se hablaba del top manta, se pensaba en personas violentas que no querían trabajar. Ahora es distinto: se piensa en el colectivo y en la lucha antirracista que estamos haciendo". Todos los logros, asiente el trabajador, se han conseguido "gracias a la organización".

Todas las personas entrevistadas coinciden en algo: la satisfacción de haber alzado la voz y de que ahora sean más quienes no tienen miedo a organizarse. Corralero habla del "empoderamiento de las camareras de piso", mujeres que siempre habían estado "con la cabeza gacha, mirando el suelo para limpiar". Eso es, precisamente, lo que más orgullo le hace sentir. "Esto puede ser una profesión digna, pero tiene que ser valorada". 

Igual que ella, Pimentel mira a sus compañeras tras haber dado un paso al lado, dejándoles el testigo y con la certeza de haber hecho un buen trabajo. "Para muchas, el orgullo que tenemos es que cada vez hay más compañeras que se organizan".

Pinto lo tiene claro: "Vengo de familia jornalera. Hemos sufrido mucho en los tajos, no solo yo, sino también mis compañeras, mis vecinas, mi madre, mis amigas. Ahora podemos decir que no tienen la libertad de hacer lo que les dé la gana, porque estamos luchando por nuestros derechos. Nosotras mismas y teniéndolo todo en contra", sentencia.

¿Mónica García o Emilio Delgado? Más Madrid, camino de unas primarias muy enconadas. Pero este proceso no va sólo de nombres para encabezar la candidatura para las elecciones autonómicas del próximo año, sino que también tiene un potente trasfondo político sobre el modelo de partido y el futuro de la izquierda.

Más Madrid está en un momento determinante para este joven partido, que nació en 2019, pero que desde 2021 se aupó como líder de la oposición frente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un modelo que hasta ahora no había prendido en la comunidad: un espacio a la izquierda del PSOE con carácter regionalista y con implantación municipal pero sin dirección federal ni réplicas en otras comunidades. Una herramienta que se ha mirado en el espejo de opciones como Compromís.

Las elecciones del próximo año son vitales para la formación, que medirá su fuerza para seguir liderando el espacio progresista ante un PSOE que quiere revertir el sorpasso y que ha apostado por una candidatura encabezada por Óscar López, ministro de Transformación Digital y una de las figuras con más peso político del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Y detrás de las primarias de Más Madrid está también el debate de fondo que sacude a la izquierda desde hace meses: adecuar el discurso para llegar a un público que se ha desconectado de los progresistas (como los hombres jóvenes) o reforzar la lucha para defender los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ en un momento de avance de la ola de ultraderecha.

Delgado lleva tiempo insistiendo en la tesis de que la izquierda ha dejado un espacio abierto a la ultraderecha obviando a sectores de la población al señalar, por ejemplo, a los hombres que van a los gimnasios. Los partidarios del portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea creen necesario hacer un discurso más integrador y de lucha de clases frente a las clásicas críticas a los gymbros que salpican las intervenciones, por ejemplo, de Rita Maestre, líder en el Ayuntamiento.

Esos postulados de Delgado han causado rechazo por su enfoque en muchos sectores de Más Madrid. En una entrevista en febrero, el político incendió a parte de su partido cuando contestó de esta manera a la hora de abordar la cuestión LGTBI: “Creo que durante mucho tiempo ha habido mucha gente que ha estado invisibilizada y que no podía permitirse ser ella misma. Y han estado absolutamente metidos en un rincón de la historia y castigados. Y hay que hacer visible a toda esa parte de la población y tiene que tener sus derechos absolutamente reconocidos”.

Para añadir: “Hay que hacerlo de tal manera que hagamos visible lo que ha sido invisible hasta ahora sin invisibilizar lo que siempre ha sido visible, es decir, sin sustituir, sin desplazar a la población que siempre ha gozado de mayor visibilidad. Y en esto no siempre acertamos. ¿Qué tiene la izquierda que decirle a los chicos varones, por ejemplo, o a los señores mayores, para que sientan que también se están teniendo en cuenta los problemas específicos que tienen? Y yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos hombres que creen que para ser feminista tienen que renunciar a su propia masculinidad y creo que la izquierda tiene que hacer un trabajo importante ahí y decir que no, que hay masculinidades muy distintas y de lo que se trata es de que todas sean respetuosas con cualquier otra expresión identitaria, sexual o de género”.

Estas palabras fueron criticadas por referentes del colectivo que tienen un papel político e institucional destacado en Más Madrid. La diputada Jimena González dijo que estas declaraciones eran un disparate: "Sé que está lejísimos del sentir y de la posición de Más Madrid. Comprar el marco del reemplazo y aplicarlo a la visibilidad LGTBIQ+ es una torpeza inmensa". La senadora Carla Antonelli también lamentó las palabras de su compañero de partido, que pidió disculpas posteriormente.

Ese debate no se limita solo a Más Madrid, sino que se extiende por la mayoría de formaciones de izquierdas. Esa división se palpó también a raíz del acto de Delgado con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, en la sala Galileo de Madrid. Por un lado, generó mucha ilusión por zarandear el tablero político, pero también tuvo críticas entre sectores de la izquierda por la imagen de “dos hombres diciendo lo que tiene que hacer el espacio”, como señala una dirigente de izquierdas.

Además, existe un debate interno entre muchos dirigentes del espacio de la izquierda: ¿el espacio progresista va a renunciar a mujeres candidatas para tratar de subir votos entre los hombres jóvenes? Por el momento, a nivel nacional, el espacio de Sumar no ha elegido a su número uno tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir. Los grandes partidos irán con hombres: PSOE (Pedro Sánchez), PP (Alberto Núñez Feijóo) y Vox (Santiago Abascal). La única formación que por ahora ha escogido a una mujer es Podemos con Irene Montero. Una candidatura que se encuentra a la espera de saber qué sucede al final con las negociaciones para una confluencia de izquierdas.

En muchos espacios de la izquierda se rechaza comprar ese marco de la ultraderecha de que hay una excesiva representación de mujeres y de personas LGTBIQ+ frente a los hombres heterosexuales en las instituciones. Estos dos grupos de votantes fueron esenciales para que la izquierda lograra conservar el Palacio de la Moncloa tras las últimas elecciones generales. 

Aunque se avanza en igualdad, los datos evidencian que no existe ese ‘reemplazo’. En el Congreso, por ejemplo, hay 194 diputados frente a 156 parlamentarias. En el Consejo de Ministros, con Pedro Sánchez a la cabeza, se sientan trece hombres frente a diez mujeres. Asimismo, en el Gobierno sólo hay un miembro reconocido LGTBI (Fernando Grande-Marlaska). 

Las primarias de Más Madrid prometen muchos titulares. Por los nombres. Por los votos. Por el censo. Pero, detrás de ellas, hay un debate que la izquierda todavía no ha resuelto.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este lunes que inicia una investigación por los comentarios machistas proferidos en febrero por el juez David Maman Benchimol, el magistrado encargado de la denuncia contra el ex jefe de la Policía Nacional. 

El promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces ha acordado incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas contra el magistrado ocho de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Madrid. En el marco de una actividad formativa impartida a finales de febrero en el Colegio de la Abogacía de Madrid, el togado aseguró que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirmó que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y deslizó que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Sus comentarios han sido objeto de duras críticas por parte de líderes políticos y compañeros de profesión, derivando algunas de ellas en quejas formales. El propio Ministerio de Igualdad, mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, registró una queja argumentando que sus palabras podían constituir una falta grave recogida en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por suponer un "exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos". Según la misma norma, este tipo de faltas podrán ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros.

El despacho Olympe Abogados también formalizó una queja el mismo jueves por la noche, mientras que un centenar de organizaciones y particulares emitieron al final de la semana pasada un manifiesto conjunto que se tradujo igualmente en una queja formal, por entender que sus declaraciones "pueden resultar incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto a la ciudadanía y ausencia de estereotipos de género exigibles a quien ejerce funciones jurisdiccionales".

La diligencia informativa equivale a una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar los hechos denunciados. El siguiente paso, si así lo aprueba la Comisión Permanente, consistiría en incoar expediente y tratar de dilucidar si lo sucedido puede ser constitutivo de una falta. Entonces, el promotor elevaría una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria, cuyos miembros decidirán si se debe sancionar al responsable o archivar el caso.

Maman Benchimol compartió sus opiniones machistas en un contexto formativo y tan solo un día después de que una mujer denunciara al ex jefe de la Policía Nacional, José Ángel González, como presunto autor de una agresión sexual. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima. El magistrado lleva más de una década trabajando directamente con víctimas, tras especializarse en violencia contra la mujer en el año 2011.

El destierro de la vida pública, el deterioro progresivo de los derechos sexuales y reproductivos, el arrinconamiento en la privacidad del hogar y hasta el fin de la participación política. Es, en síntesis, el proyecto abanderado por influencers, tecno-oligarcas y líderes ultra para la mitad de la población. En alianza con la manosfera, cada vez más voces en todo el mundo tratan de divulgar un modelo social antifeminista sustentado sobre la base de la supremacía masculina y el sometimiento de las mujeres. Algunos empiezan incluso a clamar por lo que parecía una regresión impensable: el fin del voto femenino.

Así empieza a suceder en suelo estadounidense. La lógica es la siguiente: si el voto femenino tiende a inclinarse por opciones progresistas, entonces supone una amenaza al proyecto ultra jaleado por los tecno-oligarcas. Repeal the 19th nace en Estados Unidos hace cerca de una década, pero se hace fuerte en el último año. Sus partidarios claman por una medida radical: derogar la decimonovena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, la que permite el sufragio femenino desde hace más de un siglo.

No se trata de consignas meramente simbólicas, ni de proclamas que alienten a las mujeres a dar un paso atrás en la vida política: son discursos deliberadamente pensados para reclamar la abolición del voto femenino sin matices. Uno de los máximos exponentes de esta particular batalla es Nick Fuentes. 

El influencer estadounidense de apenas 27 años se ha erigido como una de las principales figuras encargadas de difundir estos postulados. "Yo eliminaría el derecho al voto a cientos de colectivos. A las mujeres, por supuesto", expresaba el activista ultra en una entrevista. No es fruto de un ataque fortuito e imprudente de sinceridad, sino que se trata de un discurso minuciosamente estructurado en torno a la idea de arrebatar a las mujeres sus derechos como sujetos políticos.

La aparente excentricidad discursiva del activista ultra no es óbice para que sus ideas hayan calado en un sector nada desdeñable de la población estadounidense. Y de hecho, no son pocos quienes las replican. Andrew Tate, otra estrella de la manosfera, ha apoyado de forma explícita el fin del sufragio femenino. Joel Webbon, pastor nacionalista cristiano, ha defendido restringir el sufragio excluyendo a las mujeres y Dale Partridge, otro pastor estadounidense, ha demandado directamente derogar la enmienda que concede el derecho a voto a las mujeres. Muchos de sus simpatizantes más fundamentalistas –incluso mujeres– se inclinan por la idea de un voto por hogar. Representado, eso sí, por el varón como máxima figura de autoridad.

Según este artículo, firmado por la investigadora Theresa K. Vescio y el profesor Nathaniel Schermerhorn, la defensa de los valores asociados a la masculinidad hegemónica se ha traducido, en contextos electorales, en un apoyo generalizado a Donald Trump. Así que no resulta extraño que sea en esta órbita donde se haya instalado en mayor medida el rechazo total a los derechos de las mujeres. El impacto de la idea no es residual y ha encontrado acomodo incluso en las altas esferas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, divulgó a finales del año pasado en sus redes sociales un reportaje en el que líderes nacionalistas cristianos abogan abiertamente por erradicar el derecho al voto femenino. John McEntee, ex alto cargo de la Casa Blanca de Donald Trump, aseguró de forma jocosa que la decimonovena enmienda debe desaparecer, mientras que el abogado Paul Ingrassia –muy próximo a la Casa Blanca tras haber desempeñado labores de asesor y enlace con distintos departamentos– sugirió que los planteamientos contrarios al voto femenino pueden llegar a ser "muy lógicos".

Todos estos eslabones conforman una cadena de legitimación en aumento: voces de notable relevancia, especialmente en el plano digital, difunden un discurso radicalmente opuesto a los derechos de las mujeres, mientras que figuras de peso a nivel político lo normalizan arropando las ideas planteadas, por muy descabelladas que parezcan.

Pero ¿tienen estos discursos incidencia política? ¿En qué se traduce toda esta batalla cultural? Lo cierto es que sus efectos empiezan a asomar también en el plano político. El Senado de Estados Unidos está actualmente debatiendo en torno a la Ley SAVE America, una propuesta que exigiría presentar una prueba de ciudadanía para poder votar. Se trata de una traba burocrática con sesgos de género, puesto que en suelo estadounidense muchas mujeres adoptan el apellido de su cónyuge, por lo que su certificado de nacimiento no coincidiría con sus datos actuales. Según una encuesta de Pew Research, alrededor del 85% de las mujeres cambian su apellido tras contraer matrimonio.

La iniciativa fue impulsada por republicanos y respaldada por el presidente. Aunque tiene mal pronóstico en el Senado, lo cierto es que algunos líderes republicanos han tomado la iniciativa de presentar sus propios proyectos en estados como Florida, Misisipi, Dakota del Sur y Utah.

Pero la negación del voto femenino es, en realidad, una pieza más de todo un ecosistema alentado por la reacción antifeminista y que trata de arrinconar a las mujeres hasta su desaparición de la vida pública. Más allá de los derechos políticos de las mujeres, la ofensiva ultra se ha materializado en iniciativas ultraconservadoras en distintas esferas. Un ejemplo claro son las políticas que buscan poner trabas al ejercicio de la libre interrupción del embarazo, especialmente en lo que respecta al apoyo decidido a organizaciones antiabortistas, pero también los incentivos pronatalistas que buscan apuntalar la institución de la familia tradicional en oposición a los avances feministas y las disidencias sexuales.

"Es importante recalcar que la del movimiento por los derechos de los hombres no es una comunidad que pueda adscribirse únicamente a lo que entenderíamos como la manosfera en términos virtuales, ya que surgió en Estados Unidos en la década de los 70 y desde entonces se ha ido expandiendo por diferentes estados como el español", observa la politóloga Alicia Valdés en su libro Auge. Género, juventud y extrema derecha (Endebate, 2026). El análisis de casos como el del movimiento por los derechos masculinos, continúa la escritora, es un claro ejemplo de que "lo virtual no tiene una demarcación única en internet".

La propuesta de la agenda "ultraderechista y antifeminista estaría permeando no solo a chicos jóvenes, sino también a otros sectores poblacionales mediante el conjunto de espacios en los que se mueven figuras como los coaches, los mentores de gaming o de gimnasio, las tradwives y los criptoinfluencers", completa Valdés. Además, la autora señala que "estas figuras poseen un alto grado de parasitismo ideológico que les permite generar ideales masculinos adaptables a las narrativas políticas que más les convengan". 

Ahondan en la misma idea Paula C. Chang y Andrea G. Galarreta. En su ensayo Criptoprofetas. Hipermasculinidad y nueva derecha (Seriecero, 2026), las autoras coinciden en que "el mundo cibernético no es paralelo ni un complemento del mundo real", sino que está inscrito en él. "El hombre blanco, instalado en su masculinidad exaltada", deambula en la búsqueda de "identidad, inmerso en una dialéctica que actúa por oposición, señalando a las mujeres feministas". 

La ola reaccionaria que nació en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado "reivindicaba el patriotismo, la familia o la religión y operaba mediante estructuras asociativas como los partidos, y su propaganda era difundida por los medios tradicionales", mientras que en la actualidad "se mueven en la hiperconexión de subjetividades insularizadas". Así consiguen llegar a un público amplio que acoge con los brazos abiertos propuestas tan anacrónicas como el fin del derecho a voto para las mujeres.

La nueva moda está en la proteína. No hay producto que se le resista. Cereales con proteína, yogur con un plus de proteína, batidos, galletas… Hasta Starbucks ha sacado una línea de café con proteínas. Y no es lo único. Los estadounidenses ya consumen té helado con proteína, nachos (marca Kardashian) con proteína, lechuga con proteína y hasta agua con proteína. 

Y la locura por este macronutriente se está notando en los datos. Según un estudio del Consejo Internacional de Información Alimentaria, en 2025 el 70% de los estadounidenses querían consumir más proteína. Un 20% más que hace tres años. Aun así, lo cierto es que ya tomamos la suficiente. Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, el consumo medio está alrededor de un gramo por kilogramo de peso corporal, un rango que ya está dentro de lo recomendado. 

En España, parece que la fiebre se ha contagiado. Ya el año pasado, el Observatorio de Tendencias de Cofares detectó que la demanda de proteínas había aumentado en los últimos meses. En concreto, la venta de estos suplementos creció un 175%. 

Pero esta nueva obsesión por lo proteico no se basa solo en una ambición por ser más saludable. Tampoco por una nueva investigación científica o por sus aparentes beneficios. Su subida al estrellato de la nutrición tiene dos vertientes más alarmantes: la llegada a la cultura popular de la machosfera y el auge de la extrema delgadez. 

Es uno de los pilares de cualquier hombre que vea los vídeos de Lladós o crea que Alvise puede salvar a España del terrible feminismo. La obsesión por el gimnasio y los batidos de proteínas siempre han sido algo especialmente masculinizado, pero para la machosfera es algo más. No va de salud, va de éxito.

“La moda de la proteína tiene una relación muy estrecha con la machosfera y el antifeminismo. La comida, y sobre todo la que vemos representada en las redes sociales, funciona como una forma de comunicar una cierta identidad, una cierta disciplina y un cierto control”, apunta Silvia Díaz, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y experta en machosfera. 

Pero todo tiene una misma causa. Nuestra percepción de nosotros mismos pasa por una pantalla. “Desde el auge de la era digital y las redes sociales, nos vemos demasiado en foto y esto altera la percepción del propio cuerpo. La presión estética ha estado desde siempre sobre las mujeres pero ahora, también sobre los hombres”, asegura la Dra. Marina Pibernat Vila, antropóloga por la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La consecuencia principal está en lo que se conoce en internet como gymbros (algo así como colegas de gimnasio). Esos chicos cuya principal ocupación es, llueva o truene, ir al gimnasio. Su bebida por excelencia es, por supuesto, el batido de proteínas. “Estas ideologías te dicen que si tienes una disciplina casi espartana y haces ejercicio, tendrás éxito en la vida. Porque hay que estar en forma: es una especie de forma de disciplinar el cuerpo, y eso se supone que te va a dar éxito”, reitera Pibernat. 

Aunque ir al gimnasio no es malo, como es evidente, llevarlo al extremo sí puede serlo. Aquí llega el looks-maxxing. Este es un término especialmente controvertido que tiene su origen en la cultura incel. Para ellos, todos sus males tienen su origen en una única cosa: las mujeres. Las culpan de su falta de felicidad, vida social o éxito, porque ellas prefieren tener relaciones con hombres más musculados y atractivos que ellos. Hasta tienen una teoría de que el 80% de las mujeres se acuestan con tan solo el 20% de los hombres (a nadie le salen las cuentas). 

Solo hay una solución en la comunidad incel que no está directamente relacionada con ejercer violencia contra las mujeres: tratar de colarse en ese 20%. Por ello, estos chicos se someten a todo tipo de intervenciones para así intentar ser más atractivos. 

“Es como crear un personaje en un videojuego e intentar usar tantos puntos como puedas para mejorar tu aspecto”, comienza una guía de YouTube sobre ello. Operaciones estéticas, técnicas para tratar de marcar más la mandíbula, ir al gimnasio, dietas para bajar peso y por supuesto, una obsesión por la proteína. Por eso es especialmente relevante la forma en que se está denominando esta obsesión de las redes: protein-maxxing. Parece casi el mismo concepto. 

Los incels creen que mejorar su aspecto físico les traerá éxito. Que estar delgado es lo mejor que pueden hacer. Pero no solo ellos. En los últimos años, la obsesión con la extrema delgadez se ha ido insertando poco a poco en la cultura popular hasta llegar a la situación actual. 

Ya lo expresó la directora de cine Chloe Wallace en sus redes sociales tras la gala de los Óscar. “Cada alfombra roja, cada evento, cada vez que abro Instagram, ahí están, más delgadas que la semana pasada (...), más y más, como si hubiera una competición que nadie nombra, pero todas están jugando”, denunció en Instagram. 

Precisamente, la pérdida de peso es uno de los grandes componentes que explican la nueva moda de la proteína. Y el auge del Ozempic, también. El fármaco, que en realidad sirve como tratamiento para la diabetes, ha sido popularizado por famosos como Kim Kardashian o Elon Musk como un milagro para la pérdida de peso. 

Y en el delirio del Ozempic se necesita proteína. Según la AARP, una organización estadounidense que busca mejorar la calidad de vida de personas mayores de 50 años, consumir suficiente proteína es vital para evitar varios efectos secundarios del consumo del fármaco, como la pérdida ósea y muscular. 

Pero la razón principal que hace que el Ozempic se haya convertido en sinónimo de delgadez es que provoca la pérdida del apetito. El fármaco consigue reducir la necesidad de comer de quien lo toma y así la bajada de peso se consigue en tiempo récord. La proteína sigue la misma lógica: si en una comida incluyes más proteínas, podrás comer menos para mantenerte saciado durante más tiempo. 

Por supuesto, esta nueva obsesión tampoco tiene nada que ver con la salud. “La tendencia de la extrema delgadez te impulsa a poner el foco en tu cuerpo, en vez de en tu conocimiento o tu formación, por ejemplo. Son discursos que surgen del mercado de diversas industrias, desde la alimentaria hasta las de la moda o la belleza, que asumen que estás mal con tu aspecto porque vemos una gran cantidad de imágenes que no se corresponden con la realidad”, argumenta Pibernat. 

“Ahora lo que tenemos en mente son los cuerpos estilizados de la publicidad, del cine y de la televisión. Esto nos ha distorsionado la idea de qué es un cuerpo normal, corriente y perfectamente sano. Como tenemos esa distorsión provocada por ese consumo cultural, hay una mayor incomodidad con el propio cuerpo. Y ahí hay un mercado inmenso”, zanja la experta. 

Los comentarios machistas del juez David Maman Benchimol no han pasado desapercibidos, especialmente entre quienes comparten profesión con el magistrado. No son pocos los juristas que han decidido que no basta con una condena simbólica a lo expresado en febrero por el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, sino que es urgente tomar medidas. Profesionales y organizaciones han interpelado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para demandar una investigación exhaustiva sobre sus manifestaciones. Así que el futuro del juez está ahora en manos del órgano judicial.

"Con su ideología machista y misógina debería abstenerse de juzgar al exDAO o, si no, habría que recusarlo", deslizó el jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Su petición enseguida se transformaría en una solicitud formal: su departamento ha enviado un escrito al CGPJ, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, pidiendo la apertura de diligencias informativas y un expediente disciplinario contra el juez. Según la queja formal presentada por el Ministerio, a la que ha podido acceder infoLibre, el magistrado podría haber cometido una "falta grave" debido a sus declaraciones.

El escrito de Igualdad argumenta que sus afirmaciones "no constituyen meras opiniones aisladas, sino que reflejan una serie de prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos que afectan directamente a la percepción de imparcialidad del órgano judicial y comprometen la confianza pública en la Administración de Justicia". A su juicio, sus comentarios reflejan una "trivialización de la violencia de género y de los mecanismos de protección legalmente establecidos", además de constituir una "absoluta falta de perspectiva de género y la reproducción de estereotipos" contrarios al principio de igualdad reconocido constitucionalmente.

Igualdad también repara en la asunción implícita de "teorías sin aval científico, como el denominado síndrome de alienación parental" y en la falta de reconocimiento de las personas menores de edad "como víctimas directas de la violencia de género, en contradicción con el marco normativo". El departamento reprocha igualmente la "actitud tránsfoba" del juez y fundamenta su petición apoyándose tanto en el ordenamiento jurídico español como en el marco internacional. "Es una queja formal y vamos a hacer seguimiento del asunto", insisten desde la cartera de Ana Redondo a preguntas de este diario.

La de Igualdad no es la única queja que se ha registrado en las últimas horas. El despacho Olympe Abogados presentó el jueves a las 22:40 horas otro escrito a través del Formulario de Atención Ciudadana del CGPJ. Isaac Guijarro, cofundador del despacho, explica a infoLibre que las manifestaciones de David Maman Benchimol "no se pueden enmarcar en un ejercicio de la libertad de expresión", puesto que el magistrado no asiste a las jornadas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde las pronuncia, para "dar su opinión como ciudadano, sino como juez". "Cuando actuamos como profesionales no nos podemos abstraer de nuestra ideología", sintetiza el letrado. En otras palabras: "Un juez misógino en lo personal va a ser un misógino en lo profesional".

Para Guijarro, esto es algo que impacta en "todas las víctimas que pasan por su juzgado, por las decisiones que toma y por el trato que les puede dar", así que el Poder Judicial debería, bajo su punto de vista, tomar medidas inmediatas abriendo un procedimiento disciplinario por sus palabras.

También lo creen así más de un centenar de entidades y particulares que han suscrito un manifiesto conjunto que previsiblemente se traducirá también en una queja formal el próximo lunes, según señalan las promotoras a preguntas de este diario. Las entidades se apoyan sobre distintos principios constitucionales –como el de igualdad, pero también la tutela judicial efectiva o el sometimiento de la justicia a la ley–, citan los compromisos internacionales suscritos en materia de violencia machista e insisten en la imparcialidad de la justicia para exigir una investigación efectiva. "Un discurso público judicial que exterioriza prejuicios de género puede erosionar, al menos objetivamente, esas garantías y la confianza en la imparcialidad del órgano", argumentan.

Así que la pelota está ahora en el tejado del CGPJ. "Si hay quejas presentadas, se iniciarán los trámites", explican fuentes del órgano judicial. En un primer momento, el Promotor de la Acción Disciplinaria debe abrir una diligencia informativa, en una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar "si los hechos encajan en algún tipo disciplinario". En caso de que se considere que hay "materia e indicios de que el juez pudiera haber cometido una infracción", el siguiente paso consiste en incoar expediente. "En este segundo momento, si se abre expediente disciplinario, se investiga en profundidad para ver si ha cometido algún tipo de falta", exponen las mismas fuentes. 

A partir de ese momento, el funcionamiento es similar al de una instrucción judicial. "Se persona el Ministerio Fiscal, se toma declaración al juez, se recaban pruebas y todo lo necesario para ver si esos hechos denunciados son constitutivos de una falta", completa un portavoz autorizado. Si el señalado es responsable, entonces el promotor confecciona una "propuesta de sanción que eleva a la Comisión Disciplinaria, quien a modo de tribunal será la que decida si se sanciona o no".

Las mismas fuentes no aciertan a concretar durante cuánto tiempo puede prolongarse la investigación, en caso de iniciarla. "Puede depender de la dificultad del caso o de cuestiones como las pruebas que se soliciten", agregan. Al cierre de esta edición, el CGPJ todavía no contaba con una notificación formal de las quejas registradas, pero las voces consultadas insisten en que una vez llegue, se activarán los mecanismos pertinentes. 

Es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que recoge cuáles son las faltas por las que sus señorías pueden ser sancionados. Según las quejas ya registradas, las declaraciones del magistrado podrían haber incurrido en una falta grave recogida en el artículo 418.5, por suponer un "exceso o abuso de autoridad o de consideración respecto de los ciudadanos". En añadido, el precepto 419.2 tipifica como falta leve toda "desatención o desconsideración" con los ciudadanos. 

Igualdad añade que las manifestaciones del juez "podrían encuadrarse en el incumplimiento del deber de abstención de prejuicios y de mantenimiento de la apariencia de imparcialidad exigible a todo miembro de la carrera judicial". Añade que, en un contexto formativo como es el de las jornadas en las que se enmarcan sus declaraciones, "resulta especialmente grave" porque contribuye a "perpetuar prácticas contrarias a los estándares de protección de los derechos humanos". 

Pese a los esfuerzos por exigir una respuesta a la altura por parte del Poder Judicial, lo cierto es que no todo el mundo confía en la diligencia del órgano a la hora de actuar contra este tipo de situaciones. "El CGPJ es el gran culpable en este país de que la justicia sea machista, por su inacción, su sectarismo y por taparse entre ellos", clama Isaac Guijarro. Para el abogado, "el problema de estos jueces es la impunidad: saben que hagan lo que hagan y digan lo que digan, no van a tener consecuencias". 

En el año 2018, el CGPJ recibió una queja por las palabras del juez Francisco Javier Martínez Derqui en torno a una denunciante. En una grabación accidental, el magistrado se refería a la víctima como "bicho" e "hija de puta". Ella formuló una queja formal. El CGPJ abrió una diligencia informativa, pero la investigación quedó archivada. La clave es que el órgano judicial entendió que la grabación se había producido accidentalmente, sin consentimiento y en el ámbito privado. 

Enero de 2025. Al CGPJ llegan centenares de quejas por el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaa, en el marco de la causa contra Íñigo Errejón. En octubre del mismo año, el caso queda archivado. El Promotor de la Acción Disciplinaria consideró que los fragmentos del interrogatorio difundidos públicamente ofrecían una visión "descontextualizada".

Según la estadística anual de la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ, en 2024 se presentaron 22.056 escritos –incluyendo quejas, peticiones de información, sugerencias y agradecimientos– ante la unidad y otros órganos de gobierno. Esos escritos dieron lugar a 16.409 expedientes, pero únicamente una pequeña parte acaba, tras aplicar los filtros internos precisos, en un expediente formal contra un juez. La última Memoria del CGPJ detalla que en ese mismo año se adoptaron un total de 17 acuerdos en el ámbito disciplinario. En dos de ellos, la deriva final fue el archivo, mientras que en 15 se impuso una sanción. Al cierre del año, existían 12 expedientes incoados pendientes de resolución.

Guijarro sugiere trabajar sobre vías alternativas y efectivas para que los tribunales sean espacios libres de violencia machista. "El Gobierno debería modificar la Ley del Poder Judicial para permitir a los abogados especializados recusar a los jueces que hayan tenido públicamente un comportamiento machista o misógino", sugiere. La ley contempla la recusación en distintos supuestos, por lo que el abogado cree que entre los motivos recogidos deberían incluirse, en los procedimientos de violencia contra las mujeres, las expresiones o manifestaciones misóginas. Lo contrario, concluye el letrado, deriva en un clima de total impunidad.