Arrancamientos, retiradas de tutela o cómo el sistema "hunde a las madres en lugar de ayudarlas"

Fátima tenía tan solo 26 años cuando se precipitó por la ventana de la vivienda donde residía, en el distrito madrileño de Villaverde. Ocurrió el pasado 31 de diciembre. Poco antes, la joven acababa de dar a luz a su quinto hijo. La mujer de origen peruano entró en la red de tutela siendo menor y, una vez emancipada, la Administración decidió que no se daban las condiciones para que ella y su pareja pudieran criar a sus hijos, según publica el diario Abc. Sin acceso a una vivienda y tras encadenar trabajos precarios, todas las criaturas que dio a luz le fueron retiradas de sus brazos. Las circunstancias en torno a su fallecimiento están siendo investigadas, si bien parte de su entorno habla de suicidio. Algunas voces lo encajan como una muestra de los fallos del sistema de tutela y la desprotección de los servicios sociales a los más vulnerables.

No existen datos precisos sobre los motivos por los que la Administración toma la decisión de retirar a un menor de su hogar, pero las instituciones sí publican algunos informes, estudios y estadísticas que permiten integrar algunas nociones para acercar la lupa al problema. El Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia, es una de las principales herramientas disponibles. La última edición, con datos de 2023, indica que hay un total de 51.972 menores atendidos por el sistema de protección, 30.074 tutelados. 

El informe permite desgranar la situación respecto al acogimiento familiar y el acogimiento residencial. Es decir, los menores que van a parar a otras familias y aquellos que son internados en centros. A 31 de diciembre de 2023, existían 17.112 menores en centros y 18.097 en acogimiento familiar. La mayoría de las entradas en centros son consecuencia de lo que se conoce como tutela ex lege, los casos en los que la Administración pasa a ostentar la tutela del menor tras haber constatado una situación de desamparo. 

El desamparo es, según define el Código Civil en su artículo 172, el resultado del "incumplimiento, imposibilidad o ejercicio inadecuado de los deberes de protección". Según el mismo boletín estadístico, las tutelas ex lege estuvieron detrás del 42% de los nuevos ingresos en los centros en 2023. Les siguen las definidas como "otras causas" (27%), guarda provisional (27%), guarda voluntaria a solicitud de los padres o tutores (4%) y guarda judicial (0,2%).

Es revelador echar también un vistazo a los motivos por los que un menor sale de un centro. El informe integra la mayoría de las bajas en el epígrafe de otras causas (50%) sin especificar, seguido del cumplimiento de la mayoría de edad (26%), la reintegración del menor a su familia (16%) y por paso a acogimiento familiar (8%).

Los protocolos

Si la constatación de una situación de desamparo es clave para la retirada de la tutela, entonces el interrogante más inmediato es obvio: ¿cómo se determina que existe esa situación de desamparo? En este punto entra en juego el criterio de las comunidades autónomas, que tienden a replicar en términos generales los parámetros contemplados por el Código Civil. Entre otras cuestiones, dicha ley orgánica subraya que "la situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo" y "en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad". La ley estima que "se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente". 

Si bien las autonomías cuentan con un marco legal específico para regular estas situaciones, lo cierto es que las herramientas internas de valoración no siempre son públicas. Esa es la opacidad que señalan algunas de las familias afectadas, quienes de forma organizada han ido denunciando en los últimos años un trato abusivo por parte de la Administración y los agujeros negros en torno a la valoración de desamparo. 

Pero algunas comunidades sí detallan sus protocolos públicamente. En Andalucía existe la herramienta VALÓRAME, en Euskadi está vigente BALORA y en la Comunitat Valenciana rige el instrumento VALORA, similares en su funcionamiento y en la descripción de las situaciones. Un dato: aunque ninguna habla expresamente del falso síndrome de alienación parental, en estas tres comunidades se menciona como elemento relevante la exposición o "instrumentalización" de los menores en situaciones de conflicto entre los progenitores y sólo en el caso valenciano se explicita que dicho indicador "no se aplicará en casos de violencia de género".

En el supuesto específico de la violencia machista, el protocolo valenciano cuenta con un epígrafe dedicado a abordar los casos de exposición del menor a situaciones de violencia machista, indicando que se "calificará la existencia de esta tipología cuando se hayan intentado o articulado todos los recursos institucionales para la protección de víctimas de violencia de género y la mujer víctima rechace, no admita o incumpla las medidas propuestas o provistas".

Los protocolos consultados tienen en común la mención a situaciones de vulnerabilidad como señal de alerta, en las que se constata una "atención adecuada" pero también "dificultades personales, familiares o sociales" que implican que la desprotección puede aparecer en el futuro, tal y como sintetiza el protocolo andaluz. El texto valenciano matiza que la detección de este tipo de circunstancias debe conllevar "una intervención de protección, apoyo, compensación o reparación" desde los servicios sociales.

Sin embargo, algunas voces denuncian que esta vulnerabilidad social o económica es una puerta directa a las retiradas de tutela. En un análisis publicado en 2017 por el diario El Salto, distintas familias afectadas alertaban de la gran cantidad de casos cuyo telón de fondo era precisamente la vulnerabilidad, sobre todo económica o derivada de contextos de violencia de género. "Cuando van a pedir ayuda a los servicios sociales, en vez de ayudar, les quitan a los menores. Están enmascarando la pobreza apartando a sus hijos de sus padres. En el caso de las familias desahuciadas, si nadie les acoge, en 24 horas les retiran a sus hijos", señalaban. En ese mismo artículo sostenían que a las niñas tuteladas que han sido madres, como el caso de la joven que perdió la vida en Villaverde (Madrid), "las persiguen toda la vida".

"Hundir a las madres"

María dio a luz a su hijo en una ambulancia de camino al Hospital Materno Infantil de Málaga. Tras varias horas de un parto que ponía fin a un embarazo de riesgo, María veía cómo a su niño se lo llevaban lejos de ella. No es la primera vez que le sucede. Con una anterior pareja ya tuvo tres hijos cuya custodia le fue retirada después de una relación que ella denuncia como violenta. Ahora, ellos viven con la hermana de su expareja. 

Con su recién nacido ha vuelto a pasar. El detonante de la retirada fue una prueba de consumo de drogas que resultó positiva. Los sanitarios del hospital trasladaron al bebé al nido –el lugar donde se ubica los recién nacidos que no pueden estar con sus familias por circunstancias médicas o cualquier otra– sin ninguna explicación, según ella misma relata. En el mismo momento en el que se le informó de los resultados de la primera prueba, María pidió que se repitiera el procedimiento, algo que se le denegó durante 24 horas. A María le quitaron a su niño incluso después de que esa segunda prueba, además de otra análoga realizada al bebé, resultara negativa. infoLibre ha podido conocer de primera mano el testimonio de esta madre, si bien no ha tenido la opción de acceder a los resultados de las pruebas mencionadas.

Después de hablar con protección de menores y denunciar su situación ante un juez, María, junto con la ayuda de su hija mayor –que ahora tiene 18 años pero que hasta hace poco estaba bajo custodia de su tía– ha conseguido que se abra una investigación sobre su caso. Ahora, tiene esperanza de poder volver con su niño. 

Herencias del franquismo

Casos como el suyo comenzaron a llegar a oídos de Consuelo García del Cid hace más de una década. La escritora e investigadora recuerda nítidamente las caras de aquellas mujeres jóvenes que asistieron a una de sus charlas allá por 2014. Tras la conferencia, aquel grupo decidió presentarse. "Somos víctimas de los servicios sociales, nos han quitado a nuestros hijos". A partir de aquel momento, comenzó un proceso de investigación que culminó años después en la publicación del libro El desmadre de los servicios sociales, donde la autora busca exponer "las irregularidades" que subyacen en casos de menores tutelados por la Administración.

Al otro lado del teléfono, García del Cid distingue entre arrancamiento y retirada de tutela. "Lo primero sucede cuando una madre es obligada a entregar a su hijo en un juzgado, o cuando se conceden custodias a maltratadores", puntualiza, casi siempre en contra de la voluntad de los menores. En estas situaciones reparó el Defensor del Pueblo en su último informe. Las retiradas de tutelas, por su parte, se producen "cuando a una madre le dicen que no vaya al colegio a recoger a sus hijos, o cuando le arrebatan a su recién nacido del hospital".

En todos estos supuestos, disecciona la investigadora, el telón de fondo es similar: "Prevalece el modelo de familia tradicional" heredado de la dictadura franquista. "Muchas de las trabajadoras sociales que pasaron a formar parte de la Administración" con la llegada de la democracia venían de entidades como el Patronato de Protección a la Mujer, reformatorios franquistas donde la figura de la visitadora social era clave. Estas profesionales accedían a los centros a partir de una oposición y entre los requisitos exigidos figuraba el acatamiento a los principios del Movimiento Nacional. A finales de los setenta, las visitadoras se transformarían automáticamente en asistentas sociales. No hubo relevo ni renovación, lamenta la escritora, sino que el actual modelo es heredero directo de aquel.

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Pero hay más. Varias de las congregaciones religiosas que gestionaban la red de centros franquistas mantuvieron también su actividad ya en democracia, creando fundaciones o asociaciones volcadas en la acción social y recibiendo fondos públicos para cumplir con su cometido. Las Adoratrices, una de las que mayor presencia tenía en los reformatorios, recibe hoy millones en subvenciones para atender a mujeres y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. 

Con todo este entramado como paisaje global, sucede que la Administración "en lugar de ayudar a las madres en riesgo de exclusión, lo que hace es hundirlas", denuncia García del Cid. Gracias a los contactos que a lo largo de los años ha ido haciendo, ha podido constatar que "lo habitual" es que los arrancamientos y retiradas de tutelas afecten a mujeres en situación vulnerable, si bien no es exclusivo de este tipo de perfiles. "Afecta también a las familias de clase media o alta, aunque con algunas mujeres como las migrantes se ceban", añade.

Coincide en el diagnóstico el activista Victoriano Fernández, presidente de la Asociación de Familias para la Sociedad del Siglo XXI. A su juicio, "sí que hay un patrón" según el cual las mujeres en riesgo de exclusión están especialmente indefensas, pero en su opinión "el problema es el sistema en sí", tendente a "buscar errores en las familias en lugar de ayudarlas". Y eso, concluye el activista, puede afectar a cualquiera.