Las autoridades de Países Bajos ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que detalla que dos cuentas de empresas vinculadas a Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, acumularon en el año 2015 algo más de 26 millones de euros. En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press y que responde a una comisión rogatoria del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, se adjuntan los extractos bancarios de los activos que, a 31 de diciembre de ese año, tenían ambas cuentas, las cuales están asociadas a las empresas Anline Services BV y Dotricia BV.

Sobre la primera, el magistrado instructor sospecha que detrás de ella están Oleguer Pujol y Luis Iglesias –yerno de Eduardo Zaplana–, ambos investigados en la causa sobre el origen de la fortuna de la familia Pujol. Esta sociedad, a su vez, tiene una participación en Dotricia de entre un 11 y un 15 por ciento. El juez había solicitado a las autoridades holandesas los movimientos de las cuentas bancarias vinculadas a las mencionadas empresas así como los estados financieros de ambas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, información que se recibió en la Audiencia Nacional el pasado 30 de enero.

Buscando 90 millones

De la Mata está buscando el destino y reparto de más de 90 millones de euros –procedentes a su vez de la venta de dos inmuebles por parte de la empresa española Longshore SL– que salieron de España a principios de 2015 con destino Dotricia, sociedad que, según el auto en el que solicitó la información bancaria, es una 'joint venture' "tras la que se esconden los compradores finales".

Estos compradores son dos partes diferentes, apunta el instructor: por un lado, Anline Services, tras la que sitúa a Oleguer Pujol y a Luis Iglesias, y una entidad de Luxemburgo, ESS-LUX SARL, detrás la que se encuentra, tras otras varias intermedias, el fondo de pensiones canadiense PSP (Canadá), cuyo porcentaje de participación en Dotricia se sitúa entre un 85% y un 89%. Por eso, el magistrado también ha solicitado información a Luxemburgo, pero está pendiente de ser recibida.

El informe aportado por las autoridades de Países Bajos –que está redactado en neerlandés y el magistrado ha ordenado traducir– indica que la cuenta de Dotricia tenía a finales de ese año 21.840.068 euros, mientras que el dinero en la cuenta de Anline Services ascendía a 4.162.727 euros. La suma da como resultado 26.002.795 euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José De la Mata, ha librado una Orden Europea de Investigación a Países Bajos para que se investigue el destino que tuvieron 90 millones de euros que "salieron del territorio nacional" a una sociedad holandesa detrás de la que estaría Oleguer Pujol en 2015, cuando el patrimonio de la familia ya estaba siendo investigado.

En un auto fechado el pasado 2 de octubre al que ha tenido acceso Europa Press, el juez explica que "se desconoce el destino y reparto de estos 90.016.092 euros que salieron del territorio nacional con destino a Dotricia BV" y se tiene "conocimiento" de que "detrás" de ella están Oleguer Pujol y el amigo de la familia Luis Iglesias.

El dinero tiene su origen en una operación que se practicó en enero de 2015, cuando la empresa Longshore SL, en la que tenía participación Dotricia BV, vendió dos inmuebles por los que recibió 222,7 millones de euros y transfirió como resultado a la empresa holandesa 90 millones.

Conforme detalla el instructor, la cuestión está en que Dotricia es en realidad una Joint Venture "tras la que se esconden los compradores finales que son dos partes", de un lado la holandesa Anline Services, "tras la que se encontrarían Oleguer Pujol y Luis Iglesias Rodríguez-Viña" y de otra, la entidad de Luxemburgo ESS-LUX SARL, que tiene la participación mayoritaria.

"En conclusión, se desconoce el destino y reparto de estos 90.016.092 euros que salieron del territorio nacional con destino a Dotricia BV, por lo que teniendo conocimiento que detrás de esta sociedad holandesa, a través de Anline Services se encuentran Oleguer Pujol y Luis Iglesias, sometidos a tributación en España, resulta necesario averiguar el destino de dichos fondos, a efectos de poder determinar las cuotas tributarias que les pudieran corresponden por el IRPF, periodo 2015", señala el magistrado.

Por eso, pide a las autoridades holandesas que requiera los movimientos de cuentas a Dotricia BV y Anline Services para el año 2015, así como los informes de su estado financiero en el mismo periodo.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación planteado por Joan Antón Sánchez Carreté, ex asesor fiscal del clan de los Pujol, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó la desestimación de su demanda contra Google Spain para que retirase de sus indexaciones la información personal sobre la condena que se le impuso por delito contra la Hacienda Pública (por hechos cometidos en 1991) y el indulto que le concedió el Gobierno en el año 2009, informó Europa Press.

En su recurso, el exasesor de los Pujol, que figuraba en la denominada lista Falciani facilitada a las autoridades españolas por el ingeniero informático suizo, señalaba que Google había cometido una intromisión en su intimidad y honor y que debía indemnizarle con 12.000 euros por daño moral.

La Audiencia de Barcelona, en la sentencia ahora ratificada, destacó que el caso planteado por el recurrente no estaba amparado por el "derecho al olvido" porque se trata de un "personaje público", ya que compareció en la Comisión de Investigación sobre Fraude Fiscal del Parlament de Cataluña y figuraba en la lista Falciani.

De hecho, Sánchez Carreté compareció en varias ocasiones ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el patrimonio de los Pujol. La última vez que lo hizo fue el pasado mes de julio, cuando afirmó que él no tuvo conocimiento de la existencia de un patrimonio del clan en el extranjero hasta que fue convocado a una reunión con los abogados de la familia el 7 de julio de 2014, apenas 18 días antes de que el exmandatario reconociera la existencia de este patrimonio sin declarar, mediante un comunicado público.

En un auto, el Supremo inadmite el recurso porque su único motivo carece manifiestamente de fundamento, por no atender a la verdadera razón de decidir de la Audiencia de Barcelona. En ese sentido, el Supremo destaca que la sentencia recurrida declaró que no era pertinente acceder a la petición del recurrente, ya que lo trascendente era establecer si podía considerarse "un personaje público, atendiendo a los hechos sin duda de interés público en los que se vio inmerso".

Personaje público

"No puede dudarse –indicó la Audiencia de Barcelona– de la trascendencia pública de la Comisión Investigadora sobre Fraude Fiscal, constituida en el Parlament de Cataluña y del interés que suscitó su desarrollo y el nombre de los que acudieron a la misma, entre los que se encuentra el apelante, lo que siendo objeto de la debida cobertura por los medios de comunicación, coloca a la (parte) recurrente en la situación de personaje público y justifica la publicación de los hechos a que alude el apelante, sobre su pasado en cuanto a la comisión del delito contra la Hacienda Pública, que no vienen centrados sin más en los años 90", ya que la sentencia al respecto de la Audiencia Provincial fue de 2003, la definitiva del Supremo de 2006, y el indulto de 2009.

El asunto investigado en la Comisión era público y de trascendencia general, concluyó la Audiencia. Añade que la inclusión del apelante en la lista Falciani le puso nuevamente en el punto de vista público.

Para el alto tribunal, "el recurso no puede ser admitido, porque se construye en base a sus propias valoraciones, sin sustento en infracción normativa y eludiendo, en definitiva, su "ratio decidendi" o razón decisoria. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial aprecia los hechos objeto de enjuiciamiento y valora jurídicamente los mismos, atendiendo a la jurisprudencia constitucional y a la doctrina de esta Sala".

La Audiencia de Barcelona, confirmada ahora, se basó en la doctrina del Supremo, fijada en sentencia de de 15 de octubre de 2015, que estableció que "el llamado 'derecho al olvido digital', que es una concreción en este campo de los derechos derivados de los requisitos de calidad del tratamiento de datos personales, no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos".

El TS dijo en la misma sentencia que el derecho al olvido ampara que el afectado, "cuando no tenga la consideración de personaje público", pueda oponerse al tratamiento de sus datos personales que permita que una simple consulta en un buscador generalista de Internet, utilizando como palabras clave sus datos personales tales como el nombre y apellidos, haga permanentemente presentes y de conocimiento general informaciones gravemente dañosas para su honor o su intimidad sobre hechos ocurridos mucho tiempo atrás, de modo que se distorsione gravemente la percepción que los demás ciudadanos tengan de su persona.

Cuatro cargos del Govern de Jordi Pujol se librarán de entrar en prisión tras un pacto con la Fiscalía con el que admiten que hincharon más de un 15% el coste de las obras de un plan de viviendas para jóvenes promovidos por Adigsa, por el que deberán devolver a la Generalitat más de 120.000 euros.

Con el acuerdo de conformidad suscrito este martes en juicio se imponen penas inferiores a dos años por cada uno de los delitos cometidos para el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fondevila; el falso técnico Jose María Penín; el jefe del área técnica de Adigsa Jordi Huguet, y el encargado de esta empresa pública Xavier Sala, con lo que no entrarán en la cárcel.

Los empresarios Jordi Honrubia y Ángel Egido también han suscrito el pacto, pero no el constructor José Antonio Salguero, que en su declaración como acusado ha dicho que cree que las comisiones que pagaban "iban para CiU", aunque la investigación no ha podido acreditarlo.

La "familia-organización" Pujol, tal y como la definió el juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, abrió al menos tres cuentas en Andorra el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92, según consta en un auto hecho público este lunes, en el que el instructor del caso Pujol llama a declarar como imputados por blanqueo de capitales a tres de los hijos del expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley, en concreto Oriol, Marta y Mireia. De esta forma, los siete hijos de Pujol Soley están imputados en la Audiencia Nacional.

La primera cuenta de la familia en el Andbank andorrano la abrieron en 1992 el primogénito Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercé Gironés, que llegaron a disponer de 12 cuentas, mientras que Oriol Pujol fue titular del primer contrato bancario en Andorra en plenos Juegos Olímpicos, ya que la fecha de apertura es el 8 de agosto, cuando el evento deportivo finalizó un día después, el 9 de agosto de 1992.

Mireia ha sido titular de una cuenta en Andorra desde el 21 de septiembre del mismo 1992, apenas un mes después de que se clausuraran los Juegos de Barcelona, durante los que su padre, Jordi Pujol Soley, ejercía de presidente de la Generalitat de Cataluña, cargo que abandonó en diciembre de 2003.

En el auto, De la Mata recuerda que un alto porcentaje de los fondos que entran en la cuentas de los Pujol "lo son en efectivo, desconociéndose el origen de los mismos y no consta razón alguna que los justifique". En concreto, el magistrado sostiene que la "familia-organización" ingresó desde 1992 un total de 48 millones de euros en tres bancos del país pirenaico, la mayoría en efectivo.

El primogénito repartía

El modus operandi del clan a la hora de cobrar presuntamente las comisiones consistía en que el primogénito recibía el dinero, que posteriormente repartía a partes iguales entre sus hermanos: "Tal distribución se hace mediante transferencias a cuentas bancarias de todos y cada de uno de ellos en la misma entidad bancaria andorrana", completa el magistrado en el mencionado auto.

De esta forma, De la Mata constata que la actuación del grupo familiar conserva "un patrón similar de comportamiento, manteniendo los fondos en Andbank hasta 2010, en que los pasaron a BPA. En BPA los mantuvieron hasta 2012, en que los ocultaron tras fundaciones panameñas hasta 2014, con la excepción en lo que ahora interesa de Oriol Pujol Ferrusola, que lo reintegró en efectivo metálico, desconociéndose su destino final", especifica la resolución judicial.

En cuanto a la esposa de Jordi Pujol Soley, Marta Ferrusola Llados, el magistrado destaca que tuvo tres cuentas en Andorra, una en Andbank y dos en BPA. La primera de ellas ingresó mediante transferencias 659.098 euros de los que 217.786 euros procedían de cuentas de su hermano mayor y 239.786 de su hermano Pere. Desde este depósito también se produjeron envíos de dinero en el sentido contrario. Así reintegró entre transferencias y reintegros en efectivo 176.369 euros, de los que 94.080 fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, y 12.020 euros a la cuenta bancaria de Pere.

El juez alude también a otra cuenta bancaria que está a nombre de la fundación Kopeland, "pero de la que su beneficiario final fue Marta Ferrusola Llados, que ingresó en 2012 166.834 euros y 916.995 dólares de EEUU, de los que 5.000 dólares fueron reintegrados en metálico, y 838.995 euros se transfirieron a nombre de la propia Marta Ferrusola Llados en el Banco Madrid de España para regularizar el dinero con la Hacienda española.

Una fundación panameña

El auto aporta nuevos datos sobre las cuentas de los tres hermanos imputados este lunes, que están citados a declarar el 27 y 28 de marzo. Así, Marta Pujol Ferrusola fue titular desde el noviembre de 1991 y hasta diciembre de 2010 de cuatro cuentas corrientes, cada una de ellas asociada a un tipo de moneda. Y en 2010 transfirió el dinero al Andbank para traspasarlos en 2012 a la fundación panameña Doral o Doneran. El 11 de julio de 2014 Marta regularizó en España 532.029 euros procedentes de cuentas bancarias andorranas.

Mireia fue titular, al menos desde el 21 de septiembre de 1992 y hasta el 15 de diciembre de 2010 de un contrato con Andbank. El 11 de julio de 2014, Mireia regularizó con la Hacienda española 1.072.767 euros procedentes de cuentas andorranas. 

Por su parte, Oriol abrió su primera cuenta bancaria con 25 años en Andorra junto a su mujer, Ana Vidal Maragall, en plenos Juegos Olímpicos de Barcelona '92. En concreto fue el 8 de agosto de ese año, y esa cuenta permaneció activa hasta el 18 de noviembre de 2010. Oriol reintegró su dinero del exterior en metálico.

El juez destaca en su auto que el informe de riesgos que elaboró Andbank, "probablemente en 2008, se indicó que Oriol no era una Persona Políticamente Expuesta (PEP)", cuando desde 1993 Oriol Pujol Ferrusola ya ejercía cargos en la Generalitat de Cataluña. Oriol fue portavoz de CiU en el Parlamento catalán desde 2007, llegando a ser secretario general de la formación nacionalista hasta su dimisión.

El comunicado del expresident

El auto de De la Mata resalta, además, que en el año 2000 la familia abrió otra cuenta en la Banca Reig en la que figura como titular de la misma el primogénito: Jordi Pujol Ferrusola, con un primer ingreso de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros). La entidad bancaria aportó al magistrado un escrito en el que el hijo mayor especifica que el titular real de los fondos es su padre, Jordi Pujol SoleyJordi Pujol Soley.

"La entidad bancaria también ha remitido un segundo documento, manuscrito de Jordi Pujol Soley, de mayo de 2001, en el que afirma ser propietario de la cuenta y declara que para el caso de su defunción, todo lo que haya en esa cuenta ha de pasar a Marta Ferrusola Lladós. El documento está firmado por Pujol Soley de dos formas, su propia grafía y el número de la cuenta manuscrito y en letras, tal y como consta en la cartulina de firmas ya referida. Siendo que el ingreso lo fue en efectivo, se desconoce el origen de tales fondos", destaca el auto.

Ante estas pruebas, De la Mata constata que el comunicado público realizado por el expresident catalán, en julio de 2014 en el que atribuía su dinero en Andorra a la herencia de su padre, "no se compadece con los datos ahora acreditados. No consta la realidad del legado mismo salvo por esas manifestaciones Pujol Soley, y el comunicado referido es en sí mismo un mero relato, sin contenido determinante alguno, ya que de otra manera contendría datos tales como la cantidad del legado, el lugar -“extranjero”- en el que se encontraban esos fondos, etc… acompañado de documentación que corrobore tales afirmaciones".

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado este martes a declarar como investigados por un delito de blanqueo de capitales a tres hijos del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol a los que aún no había tomado declaración en el marco de la causa sobre el patrimonio de la familia, según ha informado Europa Press.

Así, ha emplazado para el 27 de marzo a Marta y Mireia y para un día después a Oriol. La resolución recuerda que, por el momento, se desconoce el origen de los fondos de la familia y advierte que parte del dinero era distribuido por el mayor de los hermanos, Jordi Pujol Ferrusola, al resto de hijos del exmandatario catalán y a la madre, Marta Ferrusola.

Detalla en su auto todos los movimientos de cuentas de estos tres hermanos y señala que la mayoría de sus ingresos a partir de 1992 proceden de transferencias del primogénito desde 12 cuentas abiertas en el Andbank de Andorra.

"Un alto porcentaje de los ingresos lo son en efectivo sin que conste razón alguna que lo justifique", especifica el magistrado, que agrega que todos ellos recibían las mismas cantidades de forma simultánea.

De la Mata se refiere a la documentación facilitada por las autoridades andorranas mediante comisión rogatoria. Detalla que la primera cuenta se abrió con una partida de 307.000 pesetas y se acompañó de un escrito del expresident que detallaba que esos fondos eran de su propiedad. "Siendo que el ingreso lo fue en efectivo se desconoce el origen de tales fondos", agrega.

En cuanto a la madre y esposa de Pujol Soley, Marta Ferrusola, el magistrado destaca que tuvo tres cuentas en Andorra, una en Andbank y dos en BPA. La primera de ellas ingresó mediante transferencias 659.098,92 euros de los que 217.786 euros procedían de cuentas de su hermano mayor y 239.786 de su hermano Pere.

Desde este depósito también se produjeron envíos de dinero en el sentido contrario. Así, reintegró entre transferencias y reintegros en efectivo 176.369,02 euros, de los que 94.080,97 fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, 12.020,242 euros a la cuenta bancaria de Pere.

Comportamientos similares 

El juez describe comportamientos similares en la operativa bancaria de los tres hermanos y precisa que todos ellos, salvo Oriol, regularizaron estos fondos con la Hacienda española en 2014. Éste lo reintegró en efectivo "desconociéndose su destino final", agrega.

El auto destaca que en la operativa del grupo familiar se ha observado "un patrón similar de comportamiento". Dice que el clan al completo mantuvo el dinero en Andbank hasta 2010 y luego pasaron a contratar cuentas en BPA.

Esta última entidad mantuvo los fondos hasta 2012, momento en que la familia los ocultó "tras fundaciones panameñas" hasta el momento de la regularización.

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso del clan Pujol, José de la Mata, ha acordado la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales para el benjamín de la familia del expresidente catalán Oleguer Pujol.

De la Mata toma esta decisión pese a que la Fiscalía Anticorrupción había reclamado el ingreso en prisión de Oleguer Pujol al detectar que este empresario había cobrado una parte de sus comisiones en Miami (EEUU) en diciembre de 2015, un año después de que se iniciara la investigación en la Audiencia Nacional sobre su patrimonio en el exterior.

El juez difiere del criterio de Anticorrupción y precisa en su auto, dictado este jueves por la tarde, que aunque la actitud de Oleguer Pujol ha consistido en no colaborar y ha incurrido en ocultamiento, esta "incómoda" forma de actuar es "perfectamente legítima" y no puede justificar su entrada en la cárcel. Añade el magistrado que no existen elementos en el caso que apoyen la existencia de riesgo de fuga. Oleguer Pujol tiene "arraigo notorio en España" donde tiene familia y relaciones sociales y profesionales y siempre ha atendido los llamamientos judiciales. 

De la Mata destaca además que para comprobar si Oleguer Pujol maniobró para ocultar fondos de procedencia ilícita o si se limita a acometer actividades lícitas con fondos ya regularizados ante la Hacienda Pública "existen medios que pueden y deben utilizarse para hacer las comprobaciones oportunas antes de recurrir a las más grave".

Una comisión de 5 millones

En concreto, el benjamín del clan de los Pujol, Oleguer Pujol, ingresó el 1 de diciembre de 2015 en un banco de Miami su parte de la comisión de 5 millones de euros que percibió por su intermediación en la venta de la sede del Grupo Prisa en la Gran Vía de Madrid a una empresa de Amancio Ortega, según explican fuentes del Ministerio Público, que justificaban su petición de que ingresara en la cárcel porque los movimientos bancarios se produjeron un año después de que en 2014 fuera investigado en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción relata que con el dinero obtenido en Miami, Oleguer Pujol invirtió en Bonos del Estado en España. Y estos beneficios sí fueron ingresados en entidades bancarias españolas, por lo que habría blanqueado una parte de sus beneficios.

Según las mismas fuentes, Oleguer Pujol podría incluso haber realizado operaciones financieras al margen del fisco español en 2016, aunque estos datos están pendientes de una comisión rogatoria, lo que implicaría, en palabras del Ministerio Público, una "actualización delictiva" que habría justificado su ingreso en prisión.

El juez José de la Mata, que instruye en la Audiencia Nacional el caso Pujol en el que están incluidos todos los integrantes del clan familiar, considera que esta familia actuaba como una "organización". Desde hace unos meses, el caso Oleguer Pujol que investigaba el magistrado Santiago Pedraz, se ha acumulado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de De la Mata, que esta misma tarde ha decidido no enviar a prisión al pequeño de los Pujol, tal y como pedían los fiscales Juan José Rosa y José Grinda.

Sucursales del Santander

En el auto en el que le citaba a declarar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 afirmaba que el hijo menor del matrimonio Jordi Pujol y Marta Ferrusola firmó en noviembre de 2007 un contrato de compra de las sucursales del Banco de Santander por un total de 2.012.889.663 euros más 317 millones de euros de IVA actuando en representación de la sociedad limitada Samos Servicios y Gestiones.

En la operación también participaron los hijos del financiero Javier de la Rosa, Javier y Gabriela, y J.M.V.B. y su hijo J.M.V.C., que declararon este miércoles como investigados por delitos de blanqueo ante el magistrado.

Oleguer Pujol ya fue detenido en octubre de 2016 por orden del juez Santiago Pedraz, que le dejó en libertad tras presenciar los registros realizados por los agentes.

En la declaración del pequeño de los Pujol realizada esta mañana, el fiscal Grinda, según fuentes del caso, que a pesar de que Oleguer Pujol realizó dos regularizaciones de fondos opacos depositados en el extranjero en los años 2012 y 2013, no incluyó en ellas el dinero procedente de su parte de la herencia de su abuelo fallecido y que se encontraban en una cuenta de Andorra.

100 millones de pesetas

No fue hasta 2014, tras estallar el escándalo que implica a toda su familia, cuando incluyó esa cantidad, que superaba los cien millones de pesetas, en una declaración extemporánea complementaria. "Tuvo dos ocasiones anteriores para regularizar y no lo hizo de forma completa", dijo el fiscal, según las citadas fuentes.

Oleguer Pujol ha sido el último de los siete hermanos en haber declarado. Lo ha hecho por primera vez este jueves, a pesar de que la causa se abrió en junio de 2015. El único de sus hermanos contra el que pesan medidas cautelares es el mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que tiene prohibido abandonar el territorio nacional y debe comparecer semanalmente en los juzgados.

Sus padres, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, declararon en febrero de 2016 ante el magistrado que instruye la causa. Quedaron en libertad sin medidas cautelares. 

Además, los fiscales reseñan que el capital de Andorra, ingresado en el And Bank, también se movió de forma irregular. En 2006, Oleguer Pujol destinó 100.000 euros a Drago Capital, empresa que Oleguer compartía con su socio Luis Iglesias y en 2007 desvió 50.000 a la sociedad panameña Isla Quesito Real State Development, S.A

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado el ingreso en prisión sin fianza de Oleguer Pujol, el pequeño del clan liderado por el expresidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, según confirmó a infoLibre un portavoz oficial de la Audiencia Nacional.

El representante del Ministerio Público, José Grinda, considera que Oleguer Pujol, como integrante de la organización familiar, seguía todavía hoy realizando acciones vinculadas con el blanqueo de capitales, por lo que considera necesario su reclusión en la cárcel.

El instructor del caso, el magistrado José de la Mata, tendrá que decidir a primera hora de la tarde si acuerdo este ingreso en prisión "por reiteración delictiva", tal y como reclama el fiscal de Anticorrupción.

En el auto en el que le citaba a declarar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 afirmaba que el hijo menor del matrimonio Jordi Pujol y Marta Ferrusola firmó en noviembre de 2007 un contrato de compra de las sucursales del Banco de Santander por un total de 2.012.889.663 euros más 317 millones de euros de IVA actuando en representación de la sociedad limitada Samos Servicios y Gestiones.

En la operación también participaron los hijos del financiero Javier de la Rosa, Javier y Gabriela, y J.M.V.B. y su hijo J.M.V.C., que declararon este miércoles como investigados por delitos de blanqueo ante el magistrado.

Oleguer Pujol ya fue detenido en octubre de 2016 por orden del juez Santiago Pedraz, que le dejó en libertad tras presenciar los registros realizados por los agentes.

Según fuentes del caso, el fiscal José Grinda ha explicado que las millonarias cantidades obtenidas en la operación de las oficinas bancarias fueron depositadas por Oleguer Pujol en una cuenta de Miami, después de que bancos españoles como La Caixa rechazaran ingresarlas, informa Europa Press.

Según ha expuesto el Ministerio Público, el benjamín de los Pujol –que empleó empresas creadas ad hoc para ocultar los fondos, ha dicho– afloró recientemente estas cantidades en España a través de la compra de bonos del Estado, han informado fuentes presentes en la declaración.

El fiscal también ha destacado que, a pesar de que Oleguer Pujol, realizó dos regularizaciones de fondos opacos depositados en el extranjero en los años 2012 y 2013, no incluyó en ellas el dinero procedente de su parte de la herencia de su abuelo fallecido y que se encontraban en una cuenta de Andorra.

No fue hasta 2014, tras estallar el escándalo que implica a toda su familia, cuando incluyó esa cantidad, que superaba los cien millones de pesetas, en una declaración extemporánea complementaria. "Tuvo dos ocasiones anteriores para regularizar y no lo hizo de forma completa", ha dicho el fiscal.

El magistrado José de la Mata ha citado al investigado a las cuatro y media de esta tarde para comunicarle su decisión tras escuchar los argumentos del fiscal José Grinda. Podemos, personada en la causa como acusación popular, no se ha adherido a los argumentos de Anticorrupción porque considera que no disponen de suficiente información sobre la causa que implica a todo el clan, han precisado fuentes presentes en el interrogatorio.

Oleguer Pujol es el último de los siete hermanos en declarar. Lo ha hecho por primera vez este jueves, a pesar de que la causa se abrió en junio de 2015. El único de sus hermanos contra el que pesan medidas cautelares es el mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que tiene prohibido abandonar el territorio nacional y deben comparecer semanalmente en los juzgados.

Sus padres, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, declararon en febrero de 2016 ante el magistrado que instruye la causa. Quedaron en libertad sin medidas cautelares.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que usó dinero familiar que provenía de comisiones ilegales cobradas por su padre.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz la imputación de dos hijos del financiero Javier de la Rosa por el presunto cobro de no menos de 2,6 millones en comisiones que habría pagado Oleguer Pujol a través de paraísos fiscales por su mediación en la compra de oficinas del banco de Santander a cambio de 2.013 millones de euros del año 2007.

En su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, la Fiscalía consagra la tesis policial según la cual el dinero que Oleguer Pujol invirtió para la compra de esas oficinas bancarias procedía de la cuenta andorrana en la que participaban sus hermanos.

Abierta en el Andbanc, esa cuenta se nutrió entre 1992 y 2000 de transferencias e ingresos en efectivo por importe de 116 millones de las antiguas pesetas. "Esas cantidades -dice el informe de Anticorrupción- son invertidas en distintos productos financieros y parte es utilizada para financiar sus aportaciones [las de Oleguer Pujol] al fondo Drago Real Estate Partners y a inversiones en Panamá".

Condenado en el caso Kio, el financiero Javier de la Rosa había sido definido en 1992 por Jordi Pujol padre como "empresario modelo". Hace un año, De la Rosa optó por guardar silencio en la comisión Pujol creada por el Parlamento catalán.

Ahora, la investigación sobre el benjamín de los Pujol ha cercado a sus hijos Gabriela de la Rosa Misol y Javier de la Rosa Misol. Ambos aparecen sucesivamente como beneficiarios reales de una sociedad constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, Barcem Ltd.

Esa sociedad, que ya estaba siendo investigada por la UDEF, salió a la luz en los papeles de Panamá. Y ello porque, como relata Anticorrupción, "las acciones estaban custodiadas por el trust panameño denominado Mossfon Trust". Es decir, por el bufete Mossack Fonseca, donde se produjo la filtración masiva que acabó destapando miles de operaciones opacas en todo el mundo.

En 2008, prosigue relatando la Fiscalía, Barcem Ltd abrió una cuenta en otro paraíso fiscal, la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha, donde recibió mediante dos transferencias 2,6 millones de euros procedentes de otra de las compañías investigadas en el caso, la holandesa Marway BV. Finalmente, en 2014 transfirió "a una entidad suiza" 2,1 millones de euros.

¿Y quiénes están tras Marway BV, que previamente había recibido 6,2 millones de euros de una sociedad británica involucrada en la compra de oficinas del banco de Santander por parte de Drago Capital, la gestora de fondos comandada en España por Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias?

Pues de nuevo otros dos empresarios catalanes, padre e hijo, cuya imputación solicita también la Fiscalía. La Policía "ha constatado", dice el escrito de Anticorrupción, que tras Marway "estaban personas relacionadas con la sociedad española I.V.". El accionista mayoritario de esa inmobiliaria es J.M.V.B.. Su hijo José María consta como apoderado de la sociedad.

Los testaferros holandeses, también

Anticorrupción pide igualmente otras dos nuevas imputaciones, la de los testaferros profesionales holandeses Jaap Broers y Hohn Willekes, cabezas visibles de una compañía de planificación fiscal -ITPS Group- que controlaba las sociedades Ard Choille BV y la ya citada Marway BV.  En diciembre, y como publicó infoLibre, la Policía ya registró la sede de ITPS Group en La Haya en busca de pruebas sobre el desvío de fondos atribuido a Oleguer Pujol.

De las dos sociedades controladas por ITPS y que menciona en su escrito la Fiscalía, Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias serían los propietarios reales de una de ellas, Ard Choille BV. Y de la segunda, Marway BV, lo serían los dueños de Inmobiliaria V. SA. 

Aunque lo que Policía y Fiscalía tienen ya confirmado es que el pago a la empresa que los hijos de Javier de la Rosa poseían en las Islas Vírgenes -Barcem Ltd.- se articuló a través de Marway, no descartan que pudiera haber recibido más dinero directamente desde Ard Choille BV.

InfoLibre no ha logrado recabar la versión de los propietarios de dicha inmobiliaria, con cuya secretaria contactó telefónicamente. Tampoco ha sido posible localizar a los dos hijos de Javier de la Rosa cuya imputación reclama la Fiscalía.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga la denuncia efectuada por un exdirectivo de la Banca Natwest Mark que declaró a la Policía que distintos bancos pagaron "aguinaldos" a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol para obtener la gestión de los seguros sociales, el IRPF y otros saldos de la nómina de los funcionarios de la Generalitat.

El magistrado asegura en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, que la denuncia de esta persona, que trabajó en la banca entre los años 1987 y 1995 ocupando el puesto de director de la oficina central en Barcelona, apunta a la existencia de una "operativa destinada a que la familia Pujol amasase grandes cantidades de efectivo para su patrimonio".

Según su declaración, existían acuerdos que ligaban a las entidades bancarias con grandes empresas y organismos públicos "para gestionarles las nóminas de los empleados". De este modo, acumulaban saldos en las cuentas bancarias y pagaban a cambio "un porcentaje en efectivo", que el denunciante cifra en un 3%.

"Los aguinaldos a altos cargos y otras partes se llevaban en efectivo a los despachos", dice el auto que precisó que una de las oficinas era la del hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.

El magistrado asegura que muchos de los capitales que pudieron acumular durante el mandato de Pujol padre procedía de estas comisiones, ofrecidas por la cesión a las entidades de seguros sociales, del IRPF y de saldos medios "ociosos", es decir, recaudaciones que debían ir a la Seguridad Social o a Hacienda pero que el banco mantenía por largos periodos para obtener beneficios.

Cargos citados

El juez citó el próximo 13 de junio en calidad de testigos a ocho personas vinculadas con empresas públicas para que aclaren esta denuncia. Se trata en concreto del exgerente del Instituto Catalán de Suelo (Incasol) Antonio Paradell y la tesorera del ente Leticia Giraldi; el exdirector financiero de Ferrocarriles de la Generalitat Antonio Herce y el director general de la Consejería de Hacienda Francesc Xavier Ruiz del Portal.

También comparecerán ese día en la Audiencia Nacional los directivos de Natwest Antonio Tomás y Modesto Custodio, el gerente de la inmobiliaria de CCOO Habitage Entorn, José María Alibes y su sucesor en la mercantil Procivesa, Julio Parente.

El juez José de la Mata investiga al primogénito de los Pujol por presuntos delitos de blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental en el marco de la causa en que le investiga por cobrar comisiones ilegales, lavar capitales de supuesto "origen criminal" y dejar fuera del alcance de la Justicia española al menos 2,4 millones que transfirió a México.

En su opinión, Pujol Ferrusola coordinó durante años un importante patrimonio económico "siempre en beneficio de la familia" y depositó la mayor parte de los fondos en cuentas en Andorra. En esta actuación, el magistrado ve indicios típicos de una organización criminal y especifica que todos los Pujol siguen "pautas comunes de actuación, asignación de roles y distribución de cantidades multimillonarias" en función de los ingresos recibidos en esos depósitos ocultos. También demuestran "un particular sistema de rendición de cuentas".

El fiscal de Anticorrupción que investiga la "organización" formada por la familia Pujol, Antonio Bermejo, ha reclamado al juez José de la Mata la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España del hijo primogénito del clan: Jordi Pujol Ferrusola, según fuentes jurídicas presentes en la declaración en calidad de imputado del empresario catalán.

A la petición se ha adherido la Abogacía del Estado, que al igual que Anticorrupción considera que Jordi Pujol Ferrusola se encontraba en la cúspide de la trama corrupta.

El juez De la Mata deberá decidir ahora sí acuerda las medidas reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción y los servicios jurídicos del Estado.

Fuentes jurídicas de la defensa han asegurado que Jordi Pujol Ferrusola, que declaraba en calidad de investigado a petición propia, no fue interpelado por el juez De la Mata acerca de sus negocios. Fue a preguntas de su abogado cuando el primogénito de los Pujol-Ferrusola aseguró no haber cobrado comisiones ilegales.

En una declaración que solicitó realizar de forma voluntaria, Pujol Ferrusola ha indicado que el exmandatario catalán estaba "al margen" de los negocios que emprendió y con los que consiguió hacer crecer la herencia recibida de su abuelo Florenci Pujol.

Ha vuelto a desmentir el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones y ha justificado la cuantía de la fortuna familiar depositada en cuentas de Andorra en su pericia para las inversiones.

Estos abonos "en efectivo, de origen desconocido, no pueden asimilarse a una actividad legal", indica el juez, que completa que en algunos casos las transferencias que se han podido identificar se relacionan "con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluñasector público en Cataluña". El dinero se aportó a lo largo de los años en pesetas, euros, libras esterlinas, marcos alemanes y dólares de Estados Unidos.

De la Mata, que ha dictado hasta 13 autos este miércoles relacionados con los Pujol, basa sus cálculos del fraude en las investigaciones policiales. Y además califica a los integrantes del clan Pujol como una "organización-familia" con pautas comunes de comportamientoorganización-familia, cuyos integrantes coordinan sus actividades, asignan roles y reparten las cantidades "multimillonarias" entre todos ellos en cuentas bancarias "ocultas" en el extranjero.

"Testaferros profesionales"

Además, los Pujol han obtenido la ayuda, siempre según el juez, de un "número importante de testaferros profesionales en varias jurisdicciones, que actúan afanosamente para ayudar a ocultar los bienes".

Por su parte, la defensa del expresident aseguró a Europa Press que el patrimonio familiar de su cliente no tiene ninguna "conexión" con un ejercicio "desviado o torcido" de la gestión pública, por lo que su incriminación por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales carece de fundamento, y así quedará recogido en el "resultado final" de la investigación.

Declaración del expresident

En uno de los 13 autos difundidos por la Audiencia Nacional, el juez De la Mata asume la investigación sobre el expresident catalán iniciada en el Juzgado número 31 de Barcelona, al mismo tiempo que cita a declarar el 10 de febrero como "investigados" al propio Jordi Pujol Soley y a su mujer, Marta FerrusolaJordi Pujol Soley, como investigados por blanqueo de capitales.

Esta forma de actuar revela, según indica el instructor en el auto en el que asume la investigación sobre Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola, "la existencia de un patrón de comportamiento reiterado durante años, que apuntan elementos básicos de una organización", especifica el juez en un auto en el que acepta la competencia sobre la investigación sobre la supuesta herencia del expresident catalán Jordi Pujol Soley".

La resolución de De la Mata indica también que los miembros del clan "han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".

Y como prueba del origen del comportamiento delictivo, en el auto se especifica que en 2000 el primogénito del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, abrió una cuenta con un ingreso en efectivo de 307 millones de pesetas (1.845.107 euros). Aunque en realidad, tal y como prueba la documentación procedente de Andorra, el auténtico dueño era su padre, Jordi Pujol Soley. "Dicho patrimonio no consta que se justifique con los ingresos ordinarios que hubiera obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años de president de la Generalitat de Cataluña", apunta el juez.

En relación a esa cuenta, constan también en la causa dos documentos remitidos por la entidad bancaria, prosigue el auto de De la Mata: "Uno de ellos firmado por Jordi Pujol Ferrusola, fechado el mismo día de la apertura de la cuenta, en el que explica que él no es dueño de esos fondos que se ingresan, y que el real titular de ellos es Jordi Pujol Soley".

Para Marta Ferrusola

Y el segundo, en esta ocasión manuscrito, el juez De la Mata se lo atribuye al propio expresident catalán: "Un segundo documento, manuscrito de Jordi Pujol Soley, fechado en el mes de mayo de 2001, en el que afirma ser propietario de la cuenta número 63810 y declara que para el caso de su defunción, todo lo que haya en esa cuenta ha de pasar a Marta Ferrusola Lladós. El documento está firmado por Jordi Pujol Soley de dos formas, su propia grafía y el número de la cuenta manuscrito y en letras, tal y como consta en la cartulina de firmas ya referida".

Estas conclusiones del juez De la Mata contrastan con el comunicado público realizado por Pujol padre: "No se compadece con los datos ahora acreditados. No consta la realidad del legado mismo salvo por esas manifestaciones de Jordi Pujol Soley, y el comunciado referido es en sí mismo un mero relato, el lugar en el que se encontraban esos fondos, su destino, acompañado de documentación que corrobore tales afirmaciones", resalta el instructor.

Origen criminal

Asimismo, el auto explica que Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercé Gironés, son titulares de varias sociedades instrumentales "que no producen valor real alguno, y cuya única utilización ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero". Estas empresas facturaron más de 11 millones de euros por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación otras firmas "cuyo denominador común es que su principal cifra de negocios proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico".

Y el juez pone como ejemplo el envío de 4,4 millones de euros a Suiza el 27 de septiembre de 2002 a nombre de la sociedad Selecta Found con sede en las Islas Vírgenes.

Una parte de los ingresos de Pujol Ferrusola y de su mujer fueron distribuidos entre los hijos del expresident y la mujer de este, Marta Ferrusola: "En cantidades iguales o similares, y generalmente en momentos coincidentes con ingresos de origen desconocido verificados en la cuentas corrientes, de lo que tampoco consta acreditada razón alguna para ello. Tal distribución se hizo mediante transferencias a cuentas bancarias de todos y cada uno de ellos en la misma entidad bancaria andorrana", completa el auto en el que De la Mata cita al expresident y a su mujer.

Para De la Mata, esta forma de repartir el dinero revelan de nuevo la existencia de un "patrón de comportamiento reiterado durante años por los miembros de la familia, que apuntan nuevos elementos básicos de una organización".

Venta sospechosa

En otro auto, en el que el juez confirma la legalidad de la entrada y registro en el domicilio de Pujol Ferrusola, De la Mata explica que la constructora FCC se hace con la explotación de los derechos de explotación de un vertedero en un municipio catalán, promovido por una empresa en cuyo capital entró el propio primogénito de los Pujol y salió en un especio de dos años: "Vendiendo de forma sospechosa por un importe de 5.298.921 euros, cuando habría invertido menos de 300.000 euros, casualmente una semana antes de que FCC comprar todo el capital".

Asimismo, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga al clan de los Pujol indica que desde que comenzaron las pesquisas, Pujol Ferrusola "ha venido realizando un progresivo proceso de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir".

Y como ejemplo, De la Mata resalta que realizó "una clara operación de blanqueo para alzar bienes del alcance de la justicia, comprando una compañía en Panamá, traspasando todos sus saldos a ésta en Andorra, para luego transferir todo el dinero a México, evitando que la justicia española embargara cautelarmente 2.435.000 euros".

Pertrechados de una comisión rogatoria expedida por el juez Santiago Pedraz y concedida por Holanda, la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la UDEF han registrado este jueves en La Haya la sede de la empresa instrumental ITPS BV, algunas de cuyas filiales fueron utilizadas presuntamente por el menor de los hermanos Pujol Ferrusola, Oleguer, para ocultar a Hacienda y blanquear el cobro de comisiones. Los investigadores sospechan que Pujol y su socio, Luis Iglesias, se pudieron embolsar por ese sistema más de 11 millones de euros.

Las comisiones investigadas se derivan supuestamente de la operación de compra de oficinas del Banco Santander por parte de Drago Capital a través de la compañía Samos, efectuada a finales de 2007 y cifrada en 2.000 millones de euros. 

Un informe policial alertó en mayo de que la filial de ITPS que sirvió como canal de pago a Oleguer Pujol y su socio –Ard Choille BV– ya fue usada, al menos entre 2003 y 2005, por los principales implicados en la trama de corrupción conocida como Pretoria para cobrar no menos de 10 millones de euros. Pendiente de juicio, en el caso Pretoria aparecen inculpados dos antiguos altos dirigentes de Convergencia, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta.

Ahora, las investigaciones han constatado que Oleguer Pujol y su socio, Luis Iglesias, cobraron al menos cinco millones de euros a través de Ard Choille BV.

Como es frecuente en Holanda con las sociedades limitadas que llevan el sufijo BV, Ard Choille muestra una estructura societaria de muñeca rusa. Es decir, una compañía es propiedad de otra que a su vez pertenece a otra, etc. Y eso garantiza una opacidad absoluta. El mecanismo de pago empleado aquí fue igualmente enrevesado, aunque los investigadores ya han comenzado a tirar del hilo.

En teoría, el propietario último de Ard Choille BV es un gestor holandés llamado Jaap Broers. En principio, y según fuentes de la investigación, Anticorrupción no puede interrogar hoy a Broers, solo incautarse de la documentación que en culquier soporte, ya sea papel o digital, se almacene en la sede de ITPS BV.

El cobro de los cinco millones pagados a Pujol y su socio por Ard Choille se produjo en concepto de comisión de asesoramiento inmobiliario por la venta de la red de oficinas del Banco Santander a finales de 2007, operación cifrada en 2.013 millones de euros.

¿Quién pagó? Samos, el vehículo utilizado por Drago para la compra, pagó a Sun Capital Partners, un fondo de capital riesgo británico cuya honorabilidad ha invocado repetidamente la defensa de Oleguer Pujol para demostrar que nada extraño hay en esta ni en ninguna operación de las investigadas. A su vez, Sun Capital pagó a Ard Choille 5,3 millones por asesoramiento. Y de esos 5,3 millones, al menos 5,089 llegaron a manos de Oleguer Pujol y su socio. Además, Sun Capital pagó otros 6,2 millones a una segunda filial ligada a ITPS, Marway BV. El destino de esos 6,2 millones aún constituye un misterio.

Según un informe de la UDEF, la compañía a través de la cual Pujol e Iglesias percibieron los  5.089.512 euros que previamente había abonado Sun Capital a Ard Choille fue Aegle International Ltd., radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. El pagador, es decir, Ard Choille BV, se reservó para sí el 2,2% del total que había cobrado de Sun Capital.

Pero hay más. Anticorrupción investiga el destino de los otros 6,2 millones pagados por Sun Capital y también en concepto de asesoramiento a la segunda filial de ITPS BV, Marway BV. No se sabe a dónde fue ese dinero. Pero, como subraya la Policía en sus informes, "toda la documentación referida a Marway BV" se encontró "exclusivamente en poder de Oleguer Pujol Ferrusola, concretamente en un disco duro incautado durante el registro de su domicilio" hace un año.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada secreta en la que investiga por delitos de corrupción y falsedad documental a Oleguer Pujol Ferrusola y sus hermanos Jordi, Josep y Pere, hijos del expresidente de Cataluña Jordi Pujol, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Las nuevas pesquisas, impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, tienen como origen el sumario en el que Pedraz investiga el patrimonio y las actividades económicas de Oleguer Pujol.

En esta nueva investigación, adelatada por el diario El Español, el juez rastrea varios pagos de más de 100.000 euros que habrían recibido los cuatro hermanos de parte del empresario José Manuel Sola y que se habrían camuflado con facturas falsas por trabajos de asesoría no prestados.

Oleguer Pujol está imputado en el procedimiento principal por fraude fiscal y blanqueo de capitales junto a su exsocio en la firma Drago Capital Luis Iglesias. El juez le citó a declarar los pasados días 14 y 15 de julio aunque pospuso sin fecha las comparecencias a la espera de recibir varios informes de la UDEF y la Agencia Tributaria.

Sus tres hermanos, sin embargo, no se encuentran imputados por el momento en este procedimiento, según señalaron las citadas fuentes jurídicas, que añadieron que las nuevas pesquisas constituyen una ampliación de la primera investigación, que se abrió en octubre de 2014 a partir de una querella interpuesta por Guanyem Barcelona y Podemos.

Compra de inmuebles con "relevancia criminal"

Entre las operaciones que investiga el juez Pedraz se encuentra la operación firmada en noviembre de 2007 por la que la empresa Samos Servicios y Gestiones adquirió 1.100 sucursales del Banco Santander por un total de 2.177 millones de euros. También existen sospechas por la compra de un hotel en Canarias por valor de ocho millones, dinero que se habría abonado con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

En marzo pasado el juez rechazó proceder al embargo de la parte correspondiente a la venta del edificio del Grupo Prisa en la Gran Vía madrileña, que le correspondería como socio de la compañía Drago Real Estate Partners, propietaria de la mitad del capital de la empresa que se hizo con el inmueble.

Los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda y la Agencia Tributaria consideran que las operaciones financieras investigadas podrían contener "elementos de defraudación tributaria" con "relevancia criminal". En relación con el resto de miembros del clan Pujol, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironès, por haber cobrado presuntamente comisiones ilegales a empresarios a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos por parte de administraciones públicas catalanas.

La Fiscalía Anticorrupción quiere que el juez de la Audiencia Nacional que investiga al hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol asuma también la investigación que dirige una juez de Barcelona contra buena parte de la familia por haber ocultado en Andorra una fortuna sin regularizar durante más de 30 años.

Según ha informado Anticorrupción en un comunicado, la Fiscalía ha presentado este viernes en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona un informe en el que pide que la juez se inhiba en favor del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía lo justifica porque cree que la investigación "sobre la regularidad del origen de la fortuna amasada por los hijos de Jordi Pujol Soley no puede desarrollarse de modo autónomo a la investigación de los hechos que se imputan" a Jordi Pujol Ferrusola, su primogénito.

Recuerda que la Audiencia Nacional investiga desde diciembre de 2012 a Jordi Pujol Ferrusola por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, tras una denuncia de su exnovia Victoria Álvarez que desprendía "el posible origen ilícito de la fortuna amasada por él y sus hermanos".

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona abrió una investigación tras el anuncio del expresidente de la Generalitat el 25 de julio de 2014 en el que reconocía la existencia de fondos en el extranjero titularidad de sus hijos y de su mujer.

La versión de la familia es que esta fortuna tiene su origen en un legado familiar del padre del expresidente de la Generalitat, Florenci Pujol, de 1980, y que gracias a inversiones lo consiguieron multiplicar.

El juzgado de Barcelona –que mantiene imputados a Jordi Pujol, a su mujer, Marta Ferrusola, y varios hijos– intenta averiguar si con este patrimonio oculto en Andorra durante más de 30 años pudieron haber cometido, entre otros, un delito contra la Hacienda Pública.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar el próximo 15 de julio como imputado a Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, y un día antes a su exsocio, Luis Iglesias, en el marco de la causa en la que investiga el origen del patrimonio de Oleguer.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 toma esta decisión en una providencia dictada este miércoles a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió su declaración como imputados por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, pidieron el martes que Pujol e Iglesias, que fueron socios en la empresa Drago Capital, declaren como imputados al considerar que las operaciones financieras por las que son investigados podrían contener "elementos de defraudación tributaria" con "relevancia criminal.

En su petición, a la que tuvo acceso Europa Press, los representantes del Ministerio Público destacaban la "necesidad" de que los dos antiguos socios presten declaración "referida a los hechos que han introducido tanto la denuncia prestada por la Fiscalía como los que han ido conformando el aspecto objetivo del objeto procesal".

La solicitud, que se produce ocho meses después del registro del domicilio y el despacho de Oleguer Pujol, se realiza después de que la Agencia Tributaria haya puesto de manifiesto en al menos tres informes, "de una manera más o menos extensa", que en la actuación de ambos existen "elementos de defraudación tributaria que tienen relevancia criminal".

Tres informes que apuntan al delito

En concreto, en la causa consta un escrito firmado el pasado 26 de marzo por la delegada especial de la Agencia Tributaria en el que se apunta que del expediente administrativo de comprobación inspectora relativo a Iglesias "se desprende la posible existencia de cuotas impositivas defraudadas en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por importe superior a 120.000 euros".

En otro informe fechado el 11 de febrero de 2015 el organismo tributario señaló, en relación al "entramado societario domiciliado fiscalmente en Madrid" por Pujol e Iglesias, la existencia de "indicios de posibles ilícitos penales, fiscales y de otra índole".

Asimismo, un tercer informe de la Agencia Tributaria en Cataluña fechado el 1 de abril pasado señalaba que Pujol habría podido incurrir en "un presunto delito contra la Hacienda Pública".

Además, la Fiscalía reclama esta declaración a partir de otros tres informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que analizó la documentación recabada en los registros del piso y el despacho de Oleguer Pujol, que se produjeron en octubre de 2014.

Archivo de actuaciones

En su escrito, Anticorrupción también pide el "sobreseimiento libre" de las actuaciones contra las esposas de Pujol e Iglesias, Sonia Soms y María Zaplana, respectivamente, y el notario Antonio Morenés. En el despacho de este se formalizó la constitución de la empresa Samos Servicios y Gestiones, que firmó en noviembre de 2007 la compra de 1.100 sucursales del Banco Santander por un total de 2.177 millones de euros.

Además de esta operación, Pedraz investiga la compra de un hotel en Canarias, por valor de 8 millones de euros, que se habría abonado con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

El magistrado inició la investigación tras admitir a trámite parcialmente una querella presentada por Podemos y Barcelona en Comú en la que se denunciaban las actividades de Oleguer Pujol y su actividad en sociedades participadas por mercantiles con sede en Luxemburgo y Holanda en las que figuraba como administrador a través de la sociedad Drago Mediterranean Holding Cooperatief.

En marzo pasado el juez rechazó proceder al embargo de la parte de la venta del edificio del Grupo Prisa en la Gran Vía de Madrid que le correspondería como socio de la compañía Drago Real Estate Partners, propietaria de la mitad del capital de la empresa que se hizo con el inmueble.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó este lunes la declaración como imputados de Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, y de su socio, Luis Iglesias, en el marco de la causa en la que se les investiga por varias operaciones financieras que podrían constituir delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga desde octubre de 2014 al hijo del expresidente del Gobierno catalán por la compra de un hotel en Canarias, por valor de 8 millones de euros, que se habría abonado con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

El magistrado inició la investigación tras admitir a trámite parcialmente una querella presentada por Podemos y Barcelona en Comú en la que se denunciaban las actividades de Oleguer Pujol y su actividad en sociedades participadas por otras domiciliadas en Luxemburgo y Holanda en las que figuraba como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief.

El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, ha defendido este lunes su trabajo como gestor inmobiliario y ha negado tener "3.000 millones de euros", en alusión explícita a algunas informaciones que han apuntado que disponía de este dinero. En su comparecencia en la comisión de investigación del fraude y la corrupción que se celebra en el Parlament, ha esgrimido una auditoría de Deloitte a su empresa para demostrar que su aportación de capital fue de poco más de un millón de euros: "No tengo tres mil millones. Mucho de lo que se ha dicho es falso". En una declaración inicial de 45 minutos, ha asegurado que nunca ha gestionado dinero de su familia, que nunca ha hecho operaciones relevantes en Cataluña y que nunca ha trabajado para la administración pública: "Nunca he pedido la intervención de mi padre o mi hermano en temas de recalificaciones o cambios de usos".

Ha rememorado sus inicios en la banca de inversión trabajando en para Morgan Stanley, y ha explicado que volvió a España para fundar Drago Capital porque detectó, junto a su socio, que no existía la figura del "gestor inmobiliario" que trabajara con fondos institucionales y bancos de inversión. Remitiéndose de nuevo a la auditoría de Deloitte, ha dicho que Drago Capital gestionaba, en el año 2013, 2.730 millones de euros con un total de 1.600 inmuebles, y ha esgrimido que detrás hay una compleja estructura de accionistas legal y fiscalizada por esta auditoría.

Ha entrado en el detalle, sobre todo, de dos operaciones en las que participó, la adquisición de 1.152 oficinas del Banco Santander y la adquisición de tres edificios del Grupo Prisa, dos operaciones que se encuadran perfectamente, a su juicio, en la actividad de su empresa. En el caso de las oficinas del Banco Santander, ha destacado que el Banco de España "se la miró con lupa" y no puso impedimentos, y ha lamentado que se han dicho muchas mentiras sobre él.

En su exposición inicial, ha evitado hacer referencia ante los diputados a los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales que le imputa el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por siete operaciones inmobiliarias; entre ellas, la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 ordenó el 23 de octubre varios registros para aclarar el origen del dinero con el que se adquirió el establecimiento hotelero y 1.152 oficinas del Banco Santander.

Pujol Ferrusola ha calificado también como "innecesario y fuera de lugar" el registro de su casa de Barcelona en octubre por parte de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Ha tachado esta actuación judicial y policial de "causa general" porque ha asegurado que el fiscal anticorrupción José Grinda ya sabía de dónde provenían los fondos, pues tenía en sus manos un informe que evidenciaba que no había blanqueo, frente al que había elaborado la Udef.

Mireia Pujol se acoge al derecho a no declarar

Por su parte, Mireia Pujol Ferrusola se ha acogido a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación, tal y como anunció al inicio, y más adelante lo sustentó en su voluntad de que no la "manipulen". "No contestaré ¿Verdad que tengo derecho? Tengo muchas cosas que decir, pero no lo haré porque ustedes lo manipulan", ha afirmado para interrumpir las preguntas del diputado de Ciutadans Carlos Carrizosa, al que ha afeado que le hiciera preguntas sobre su madre y hermanos.

"Me está haciendo preguntas que no se refieren a mí, sino a mis hermanos. Ellos son ellos y yo soy yo. Pregúnteme por mí, y no responderé", ha añadido enojada, después de afrontar las preguntas de ERC, PSC, PP e ICV-EUiA sin apenas decir una palabra. Antes de esta interrupción y después de su primera intervención en la que ha avisado que se acogía a su derecho a no declarar y no responder pregunta, sólo había roto el silencio en respuesta a Marc Vidal (ICV-EUiA) para precisar que la familia no tiene cuentas en Suiza: "Fue un error".

En su comparecencia, los grupos querían que Mireia Pujol aclarara la fluctuación de su patrimonio, que durante 2012 y 2013 vio cómo se disparaba desde los 322.294 euros hasta los 639.018, unos movimientos que, tras saberse, dieron lugar a su imputación por parte del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona. Este ha sido el objeto de las preguntas del diputado de ERC Sergi Sabrià, a las que la hija pequeña de los Pujol no ha respondido y se ha ratificado en su derecho de no declarar, lo que ha lamentado a continuación el diputado del PSC Jordi Terrades, que le ha formulado cuestiones parecidas.

Pese a admitir que es un derecho que la ampara, Terrades ha asegurado que su posición no ayuda a aclarar el objeto de la comisión, tras la confesión de su padre de que tuvo dinero en el extranjero sin regularizar durante 34 años, y la ha enmarcado en una "estrategia del conjunto familiar de explicar muchas cosas y no aclarar las dudas". En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado del PP Santi Rodríguez, que ve muchos "silencios" detrás de las explicaciones dadas por la familia Pujol y que, en su opinión, persiguen tapar el origen del dinero del legado.

El diputado de ICV-EUiA Marc Vidal ha lamentado pero respetado la decisión de Mireia Pujol, a la que igualmente le ha preguntado por la gestión del dinero que tuvo en Andorra; el motivo por el que Andbanc les aconsejó dejar de tener cuentas en el banco; si la familia ha acordado "cargar el muerto" sobre Jordi Pujol Ferrusola y si su baja de CDC es consecuencia del trato dado a su padre.

Desde Ciutadans, Carlos Carrizosa ha apuntado que su silencio es difícil de entender y que solo pueden interpretarlo como que tiene "algo que ocultar", y ha asegurado que les habría gustado preguntarle cómo ha conseguido el dinero que tiene, dónde ha trabajado, si son ciertos los viajes de su madre a Andorra y si siente traicionada por CDC. La diputada de la CUP Isabel Vallet también ha criticado su silencio pese a respetar su derecho a no declarar, además de insistir en que le habrían preguntado por el origen del legado, por la gestión y el aumento de su dinero en el extranjero, sus viajes a Andorra y si es consciente de que ha sido "una defraudora y evasora fiscal".

Josep Pujol admite que a los 30 años era "un tío bastante rico"

Por otro lado, El hijo del expresidente de la Generalitat Josep Pujol Ferrusola ha reconocido ante la comisión de fraude del Parlament, que cuando tenía 31 años "ya era un tío bastante rico". "Mi primer sueldo era más alto que el de mi padre", ha asegurado al principio de la intervención ante la Cámara del único de los siete hijos del expresidente que no está imputado, en una comparecencia por videoconferencia desde Miami.

Josep Pujol ha comenzado desgranando su trayectoria profesional que siempre ha sido "absolutamente privada" y ha advertido de que contestará solo las preguntas de los diputados que crea que están destinadas a dirimir responsabilidades políticas. Se ha reivindicado como un "ciudadano normal y corriente" que estudió en Esade, trabajó en un banco de inversiones americano en los 90, en una consultoría que era líder mundial, y que volvió a Barcelona en 1994 después de haber vivido fuera de Cataluña desde 1984, cuando acabó sus estudios, aunque luego volvió a marcharse.

Josep Pujol, según la versión que sostiene la familia, también recibió su parte del legado que el padre del expresidente de la Generalitat les dejó y que ocultaron en el extranjero sin regularizar durante más de 30 años.