El pasado 14 de diciembre, Isak Andic, fundador de Mango, y su hijo Jonathan Andic realizaban una ruta sin aparente riesgo en el municipio de Collbató, en el macizo de Montserrat (Barcelona). En un momento del trayecto, Isak se precipitó por un terraplén, sufriendo una caída de más de 100 metros que le provocó la muerte en el acto. Al menos, esta es la versión que su único acompañante aquel día, Jonathan, ha explicado a la policía en las dos declaraciones que ha realizado sobre lo ocurrido. Sin embargo, este jueves El País publicaba una información asegurando que el único hijo varón de los Andic, está siendo investigado por los Mossos d’Esquadra por el presunto homicidio de su padre.

La hipótesis original de los investigadores coincidía con el relato de los hechos realizado por el heredero de la familia Andic, tanto así que la jueza a cargo del caso archivó provisionalmente la investigación el pasado mes de enero, después de que los Mossos concluyeran que la muerte de Andic fue accidental. No obstante, las incongruencias en las dos declaraciones prestadas por el primogénito del fallecido respecto a los indicios hallados por la policía en el lugar de la caída, y las insinuaciones de la mala relación paterno-filial realizadas a los Mossos por la pareja de Isak, Estefanía Knuth, suscitaron sospechas sobre una posible muerte provocada que desencadenaron la reapertura de la investigación.

Hace ya semanas que Jonathan Andic no es testigo en el proceso judicial que estudia la muerte de su padre, el empresario más rico de Cataluña. La Vanguardia  adelantaba el pasado jueves que la policía está analizando su teléfono móvil al milímetro en busca de evidencias. La investigación judicial se encuentra actualmente bajo estricto secreto de sumario en el juzgado de instrucción número 5 de Martorell, en el que Andic deberá declarar por tercera vez. Pero en esta ocasión como investigado.

Tras la muerte del magnate, el mayor de los Andic ha estado alejado de la vida pública catalana, de la que otrora él y su pareja eran miembros activos. Portavoces de la familia han explicado en un comunicado, del que se ha hecho eco EFE, que el proceso judicial "terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic".

Según las informaciones publicadas por El País, la policía aún se encuentra investigando y no ha hallado pruebas concluyentes sobre la implicación de Jonathan en la muerte de su padre. La declaración que realice como investigado será de gran relevancia para el curso de la investigación, pues él es el único testigo de los hechos.

A día de hoy, el motivo por el que Isak Andic se precipitó al vacío continúa siendo un misterio, la senda que él y su hijo transitaban no revestía riesgo alguno. De hecho, tras el accidente fue revisada por responsables de la zona, que ratificaron este aspecto.

Según indican fuentes citadas por El País, Estefanía Knuth y los tres hijos de Isak Andic, Jonathan, Sarah y Judith, se encuentran ahora en medio de una disputa económica por el reparto del legado del empresario fallecido. Al parecer, según aseguran dichas fuentes, quien fue la pareja del magnate hasta su muerte no estaría satisfecha con el porcentaje recibido, reclamando unos 70 millones de euros.

Una jueza de Martorell (Barcelona) ha reabierto la investigación por la muerte del empresario Isak Andic, propietario de la cadena de moda Mango, que los Mossos d'Esquadra apuntaron que fue accidental al caer desde 150 metros de altura en una excursión en Collbató (Barcelona) en diciembre pasado. Según ha adelantado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes judiciales y próximas al caso, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Martorell, que en enero pasado acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias, al no ver indicios de delito, ha acordado reabrir el caso.

La magistrada archivó provisionalmente en enero pasado las diligencias tras recibir el informe de los Mossos d'Esquadra sobre el fallecimiento, que apuntaban a una muerte accidental, y los resultados de la autopsia practicada al cadáver y tomar declaración a testigos y familiares del empresario fallecido. Los Mossos concluyeron que Andic, que había salido de excursión con su hijo mayor para hacer una ruta por las cuevas de salitre de Collbató, resbaló en uno de los senderos y cayó al vacío desde unos 150 metros de altura, lo que le provocó la muerte, aunque siguieron haciendo gestiones sobre el caso.

De hecho, las fuentes consultadas han detallado que no es infrecuente que en casos parecidos, tras un archivo provisional, el juzgado reabra la causa para incorporar ampliaciones de atestados policiales o incluso los resultados de las pruebas toxicológicas, que requieren de más tiempo que las autopsias.

Isak Andik Ermay -máximo accionista de la cadena de moda Mango y presidente no ejecutivo- nació en 1953 en Estambul (Turquía), en el seno de una familia judía de origen sefardí, y se trasladó a Cataluña a los 14 años, donde empezó a desarrollar su capacidad innata para el comercio. A los 17 años ya vendía ropa y calzado por los mercadillos y más tarde abrió varias tiendas de ropa vaquera e hizo incursiones en la moda de temporada.

Cuarenta años después de abrir aquella primera tienda, Andic se situó en el puesto número cinco de la lista Forbes de las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado de 4.500 millones de euros. Andic controlaba sus negocios a través de un holding en el que también figuran sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah.

El empresario Isak Andic, propietario de la cadena de moda Mango, de 71 años, ha fallecido este sábado al caer al vacío de una altura de unos 150 metros cuando hacía una excursión con varios miembros de su familia en las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona). Según han confirmado a EFE fuentes de la compañía, el empresario, que iba acompañado de su hijo y de su mujer, resbaló en uno de los senderos y cayó de una gran altura.

Fuentes de los Bomberos de la Generalitat y de los Mossos han informado a Efe de que han recibido aviso del accidente en torno a las 12:39 horas. Al lugar del accidente, situado en una zona de difícil acceso, se han desplazado patrullas de seguridad ciudadana, un helicóptero y la unidad de montaña de los Mossos.

Al parecer, el accidente se ha producido en un barranco próximo a las llamadas Cuevas de Montserrat de Collbató, que forman parte de la montaña de Montserrat.

Fuentes de los Mossos han asegurado que la unidad de montaña de los Mossos ha sido la encargada de extraer el cuerpo, que ha caído de un barranco desde una altura considerable, han añadido.

El consejero delegado de la compañía, Toni Ruiz, ha dicho en una nota enviada a EFE: "Con profundo pesar lamentamos comunicar el inesperado fallecimiento de Isak Andic, nuestro presidente no ejecutivo y fundador de Mango, en un accidente ocurrido este sábado".

"Isak ha sido un ejemplo para todos nosotros. Ha dedicado su vida al proyecto de Mango, dejando una huella imborrable gracias a su visión estratégica, su liderazgo inspirador y su compromiso inquebrantable con unos valores que son los que él mismo ha impregnado a nuestra compañía", continúa.

Su legado refleja los logros de un proyecto empresarial marcado por el éxito, y también por su calidad humana, su proximidad y el cuidado y cariño que, siempre y en todo momento, ha trasladado a toda de la organización, añade Ruiz. "Su partida deja un vacío enorme pero todos nosotros somos, de algún modo, su legado y el testimonio de sus logros. Nos corresponde, y este es el mejor homenaje que podemos hacer a Isak y que vamos a cumplir, velar para que Mango siga siendo el proyecto que Isak ambicionaba y del que se sentiría orgulloso", concluye.

El mundo empresarial y político ha lamentado este sábado el fallecimiento en un accidente de montaña del empresario Isak Andic, al que han reivindicado como un empresario de referencia y como baluarte de la internacionalización de un gigante de la moda como Mango.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en la red social X su pésame a la familia de Isak Andic y su reconocimiento a su "gran labor y visión empresarial", que ha convertido a la firma española Mango "en un referente mundial en la moda".

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha tildado a Andic de "genio de la industria textil" y ha añadido que fue un "honor entregarle el Premio Reino de España a la trayectoria empresarial".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado también el fallecimiento de "un empresario comprometido que, con su liderazgo, ha contribuido a hacer grande Cataluña y proyectarla al mundo" y que "deja una huella imborrable en el sector de la moda catalana y global.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha escrito en la misma red social que lamentaba la muerte de Isak Andic y ha recordado que era el fundador de un "grupo empresarial español referente en el sector textil y de la moda a nivel internacional" como es Mango.

También el presidente de Junts y expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha valorado en X la figura de Isak Andic, del que ha dicho que "supo anticiparse y liderar para crear una marca internacional que ha mantenido la personalidad que él quiso imprimirle" y ha considerado que "es una pérdida que se notará, porque las personas como él no son frecuentes".

Han expresado igualmente su tristeza por la noticia políticos como el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias, que se ha mostrado "conmovido" por la repentina muerte de "uno de los responsables del éxito internacional del sector de la moda en Cataluña" o el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que le ha definido como un "auténtico emprendedor, visionario y además amigo generoso y gran persona".

Desde el ámbito empresarial, el Círculo de Empresarios ha lamentado en su cuenta de X el fallecimiento de Andic, del que ha recordado que fue "un empresario ejemplar a quien el rey Felipe VI entregó el pasado mes de marzo el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial".

En nombre de la CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, se ha mostrado "consternado" por su fallecimiento y ha dicho que se trata "de una gran pérdida para el tejido empresarial español".

La patronal catalana Foment también ha comentado en la red X que lamentaba "profundamente" la muerte de Andic, al que ha tildado de "referente de la internacionalización de la moda catalana". También ha resaltado que "puso en valor el talento del país" y fue "un gigante de la empresa catalana".

El Cercle d'Economia, una entidad que preside Jaume Guardiola, también ha mostrado la "consternación" por la pérdida de "uno de los grandes capitanes de la industria de nuestro país". "Su contribución al sector de la moda y al conjunto del tejido empresarial ha sido inestimable", ha asegurado por su parte el presidente de la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Pimec, Antoni Cañete.

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha asegurado también que el fallecimiento de Andic es "una triste noticia para todos los que tuvieron la suerte de conocerle y una gran pérdida para el mundo empresarial español y para el sector de la moda mundial; en ambos, Isak Andic ha marcado una época con su ejemplo". "Mis más profundas condolencias a su familia, amigos y todos los que forman parte de la gran empresa que creó y a la que desde Inditex admiramos tanto", ha añadido Ortega.

El éxito de las huelgas en las tiendas de Zara y H&M ha contagiado a un sector, el del comercio textil, poco habituado a la protesta sindical. Lo está notando Mango, la segunda cadena española tras Inditex, que el pasado 21 de junio celebró sus primeras elecciones sindicales desde que Isak Andik la creara hace 40 años. Fue en su centro logístico de Lliçà d’Amunt (Barcelona), donde UGT y Fetico han constituido el primer comité de empresa de la historia de Mango. Poco después, votaron también a sus primeros representantes sindicales las dependientas de las tiendas de A Coruña. Y el próximo día 28 lo harán las trabajadoras de las tiendas de Madrid. El preaviso lo presentó CCOO, pero ya han elaborado candidaturas UGT, Fetico y Valorian –antes Fasga–.

En poco más de tres meses se ha puesto fin a años de lo que CCOO y UGT no dudan en calificar de “prácticas antisindicales”, incluidos despidos y represalias contra los trabajadores que intentaban sacar las urnas en los centros de trabajo de Mango. En el caso del almacén de Lliçà d’Amunt, la Inspección de Trabajo sancionó a la empresa con una multa de 30.000 euros por atentar contra la libertad sindical, una infracción muy grave: los mandos intermedios entrevistaron a sus 365 empleados y confeccionaron una lista negra señalando a quién pensaba votar cada uno de ellos. Los cuadros pretendían coaccionar a los trabajadores y orientar su voto hacia Fetico, según denunció UGT. Mango ha asegurado que desconocía lo que estaban haciendo sus directivos. Pero los servicios jurídicos del sindicato, que ganó las elecciones con 13 de los 21 delegados en juego, están preparando una demanda en el juzgado de lo Penal.

“Es increíble que una multinacional como Mango no tenga siquiera calendario laboral”, resaltan fuentes sindicales. En él se establecen desde los turnos de trabajo hasta el máximo de horas, los festivos o las vacaciones. Pero no es la única sorpresa con que se han encontrado los sindicatos al llegar a la empresa de Isak Andik. “En Mango no hay turnos fijos, y si un trabajador quiere cambiar el suyo tiene que ser él quien se busque a un compañero para que le sustituya”, detallan. Tampoco se conocen los criterios que la empresa utiliza para pagar los incentivos, añaden, lo que da amplio margen para la arbitrariedad en su reparto.

La primera reunión de los ejecutivos de Mango con el comité se celebró el pasado día 13 y fue tumultuosa. “Un fiasco”, resumen fuentes de UGT, que acusan a la empresa de “torpedear” a los representantes de los trabajadores. “Quieren un comité a la carta”, aseguran para explicar el comportamiento de Mango. Sólo pudieron debatir el primer punto del orden del día, la constitución del propio comité –“es obligatorio”, resaltan–, porque la empresa se negó a tratar los otros diez asuntos de la agenda, “que conocían desde hacía mes y medio”. Tampoco querían que el comité tuviera un presidente y un secretario, sino que cualquier delegado pudiera negociar o pactar actuando con la misma potestad que el presidente, explican las mismas fuentes.

“Es la primera vez que me encuentro con algo así, es completamente irregular”, lamentan. Además, rechazaban la creación de comisiones de trabajo; por el contrario, pretendían que bastaran varios delegados “a dedo” para negociar. Y se negaron a reconocer los correos corporativos de UGT. Según las mismas fuentes, la intención de la empresa era “anular al comité” y dar a Fetico –“que está alineado con la empresa”, denuncian– más poder del que le otorgan sus ocho delegados.

Así que UGT se mostraba dispuesta a denunciar a Mango de nuevo ante la Inspección de Trabajo, en esta ocasión por “mala fe”, dependiendo de cuál fuera su actitud en la segunda reunión con el comité, que mantuvieron el pasado martes. Entonces la empresa ya se avino a discutir el resto de los puntos de la agenda que habían quedado en el tintero el primer día y ambas partes se han citado para una tercera cita el 9 de noviembre.

Queda pendiente, no obstante, una posible denuncia ante la Inspección de Trabajo por la falta de seguridad en un área del centro logístico donde se maneja maquinaria pesada, también de noche, pese a que carece de luz. “De momento, la empresa se ha limitado a tomar nota, pero no ha hecho nada”, se quejan las fuentes sindicales. “En realidad, no podemos decir que hayamos avanzado”, concluyen.

Preguntada por sus primeras experiencias con un comité de empresa, Mango niega a infoLibre cualquier tipo de bloqueo y responde que las reuniones “se han celebrado con normalidad y de acuerdo con las dinámicas habituales de este tipo de encuentros”. “La compañía ha mantenido en todo momento una actitud positiva y colaboradora de escuchar y atender las peticiones de los sindicatos, proponiendo proactivamente iniciativas como la constitución de grupos de trabajo para una gestión más eficiente de las reuniones”, asegura.

Tampoco Fetico, el sindicato supuestamente favorecido por la empresa, cree que se haya producido ninguna situación irregular en el comienzo de las relaciones entre el comité y Mango. Un portavoz del sindicato reduce a una “pequeña tirantez” lo ocurrido en la primera reunión, donde no vio nada “chocante” en la actitud de la empresa. “Estamos plenamente implicados para mejorar las condiciones de trabajo desde la unidad de acción sindical”, resumen.

Que un comité de empresa fiscalice su gestión de los recursos humanos va a suponer un cambio sustancial para Mango después de cuatro décadas. El caso es que, mientras lidia con esa novedad a la que se ha mostrado tan renuente, la cadena textil se ha sentado a negociar con CCOO y UGT un convenio colectivo estatal. Como parte de la nueva patronal Arte, impulsada este año por Inditex, se ha unido al resto de las mayores empresas del sector para acabar con la atomización provincial de convenios con que han convivido hasta ahora. Por ese motivo, UGT acusa a la empresa de “beneficiarse de la negociación colectiva” al mismo tiempo que hace todo lo posible para que los sindicatos “no entren en su casa”.

La primera reunión de Arte con los sindicatos está programada para el próximo 27, sólo un día antes de las elecciones sindicales en las tiendas de Mango en Madrid. El objetivo de la negociación es homogeneizar las condiciones laborales de las 110.000 trabajadoras de 66 grandes empresas. Además de Inditex, Mango, Tendam –Cortefiel, Women’secret, Springfield–, H&M, Primark o Parfois, la nueva patronal acaba de anunciar tres nuevas incorporaciones: Hugo Boss, Mayoral y Encuentro Modas. Esta mesa fue impugnada por Fetico, que fue excluido por carecer de suficiente representación en el sector.

Mango, que cuenta con una red de 2.566 tiendas y 14.000 empleados empleados en todo el mundo, facturó 2.688 millones de euros en 2022. Tanto Ángeles Rodríguez Bonillo como Lola Luna, responsables de Comercio Textil en CCOO y UGT, respectivamente, denuncian las “presiones” que han recibido los trabajadores cada vez que han intentado organizar candidaturas en la empresa. En esta convocatoria, las amenazas han partido de los mandos intermedios, que se presentan por Fetico, revelan fuentes sindicales. Las listas definitivas de candidatos se cerraron el pasado jueves, pero en la semana que queda hasta las votaciones aún pueden producirse bajas, advierten. El comité deberán integrarlo 17 personas: 15 corresponden a los trabajadores no cualificados y dos a técnicos administrativos. UGT, por ejemplo, ha presentado una lista con 15 personas; Fetico, 82. Para mantener la candidatura, deben permanecer en ella el día de las elecciones al menos el 60% de los presentados en la lista.

La de Mango es una plantilla joven, muy feminizada, con un alto porcentaje de empleo a tiempo parcial, al igual que las del resto del sector. “Con mucha frecuencia entran en las tiendas pensando que es un trabajo de paso, por lo que no sienten la necesidad de sindicarse”, apunta Ángeles Rodríguez. “Cuando se quedan”, añade, “es la presión de la empresa la que juega en contra”. “Había mucho miedo”, tercia Lola Luna, pero las mejoras salariales conseguidas por las dependientas de Inditex y H&M y el éxito en A Coruña y Barcelona han envalentonado a las demás. El comercio textil es el quinto sector con las remuneraciones más bajas –22.215 euros anuales–, un 14,2% inferiores a la media nacional. Además, padece una brecha de género escandalosa, puesto que las mujeres cobran 19.026 euros anuales de media mientras los hombres suben hasta 25.298 euros.

Del ruido en las tiendas al ruido en la mesa de negociación. El año comenzó para Inditex con sus dependientas en huelga en casi toda España y continuó con nuevas movilizaciones en H&M que no acabaron hasta hace dos semanas con un acuerdo en Navarra. Las protestas se cerraron, además, con subidas salariales y mejores condiciones laborales para las trabajadoras –la mayoría son mujeres– en un sector hasta entonces difícil de movilizar y alejado del protagonismo sindical.

Al mismo tiempo, el gigante Inditex presentaba en sociedad una nueva patronal, la Asociación Retail Textil España (ARTE), a la que ha ido atrayendo a las grandes cadenas y con la que pretende negociar el primer convenio colectivo de ámbito estatal del sector. Se trata de homogeneizar las condiciones laborales de las 110.000 trabajadoras de 66 grandes empresas, ahora reguladas por más de una cincuentena de convenios provinciales: una dependienta de Mango o Cortefiel no cobra lo mismo si trabaja en Madrid, en Badajoz o en San Sebastián, pese a estar contratada por la misma empresa.

Así pues, patronal y sindicatos han acordado abrir las conversaciones el 27 de septiembre. Pero los preliminares de una negociación que se adivina muy complicada están lejos de ser pacíficos. Fetico, un sindicato sectorial, ha impugnado esta semana en la Audiencia Nacional la constitución de la mesa, el pasado 17 de julio, porque fue excluido. Y Acotex, la que hasta ahora figuraba como la patronal más importante del sector, con cerca de 800 empresas asociadas, reclama igualmente sentarse a la mesa de negociación, puesto que, según alega, lo que se acuerde en ella afectará a sus miembros, algunos de los cuales también se han unido a ARTE. Además de Inditex, la nueva patronal incluye a la sueca H&M, Iberian Sports Retail Group –propietaria de las marcas JD, Sport Zone y Sprinter–, la francesa Kiabi, Mango, la polaca Pepco, la irlandesa Primark, la japonesa Uniqlo, Bimba y Lola, All We Wear Group (AWWG) –Pepe Jeans London, Hackett y Façonnable, además de distribuidor de Tommy Hilfiger y Calvin Klein–, Punt Roma, Tendam –Cortefiel, Springfield, Women’s Secrets– y la portuguesa Parfois.

El pasado 12 de junio ARTE convocó a CCOO, UGT, Fetico, los vascos ELA y LAB, y la gallega CIG para constituir la mesa que debe negociar el convenio estatal del comercio textil. Pero tanto Fetico como LAB quedaron excluidos. Para participar en la negociación un sindicato debe contar con al menos el 10% de los delegados. Fetico dice que los tiene, hasta “casi un 15% en las empresas afectadas” por el futuro convenio, precisa a infoLibre su responsable de Comercio, Alejandro Blanco. “Acudimos a la convocatoria con las pruebas de esa representatividad, pero nadie quiso verlas”, protesta. UGT y CCOO, por el contrario, aseguran que Fetico no llega al 9% y que en esa cifra se incluyen sus delegados en grandes superficies, no sólo los de las cadenas de comercio textil. “No es verdad”, responde Blanco, que denuncia la existencia de “intereses creados” para impedir su presencia en la negociación. Así que acaban de presentar una demanda en la Audiencia Nacional para impugnar la mesa, integrada por ocho miembros de CCOO, cinco de UGT, uno de ELA y otro de la CIG.

Acotex, en cambio, dice que no van a entrar en ninguna discusión sobre su representatividad, pero defiende que debería participar en las negociaciones del convenio estatal porque lo que se decida en esa mesa también va a implicar cambios importantes para cadenas más pequeñas. Entre sus socios figuran Neck & Neck, Apodemia o Extreme. En principio, según estableció ARTE, el convenio irá dirigido a grandes grupos del textil, calzado, accesorios y productos para el hogar que cuenten con una superficie de venta física total superior a 3.500 metros cuadrados, o bien tengan tiendas físicas en al menos tres comunidades autónomas, o bien empleen más a de 400 trabajadores.

“Estuvimos en contacto con ARTE desde el principio, pero siempre fueron muy parcos en lo que a información se refiere”, explica el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola. Después incluso celebraron una reunión con la nueva patronal. “Pero finalmente nos contestaron que no contaban con nosotros en esa mesa”, añade. Aun así, Zamácola asegura que mantienen con ARTE “conversaciones informales”. “Veremos por dónde van los tiros [en la negociación del convenio] y a quién puede afectar”, adelanta el presidente de Acotex, quien teme que si, como parece, la homogeneización de las condiciones laborales es al alza, “muchas empresas de menor tamaño no se las van a poder permitir”. También advierte de las dificultades de gestionar la apertura de las tiendas en domingos y festivos, donde hay grandes diferencias dependiendo de las comunidades autónomas. “Inditex se puede permitir el lujo de aplicar condiciones laborales muy ventajosas, pero el resto de las empresas no pueden decir lo mismo”, lamenta. “Si el convenio va a afectar a nuestros asociados, queremos estar ahí”, zanja. De hecho, apunta a que los asociados de Acotex que finalmente han entrado en ARTE –como es el caso de Tendam– lo han hecho para tener voz en un acuerdo que tendrán que terminar aplicando. infoLibre ha preguntado a ARTE por el estado actual de sus relaciones con Acotex, pero no ha obtenido una respuesta.

Entre los miembros de ARTE se encuentra Mango, la cadena española creada por Isak Andic que, con 2.566 tiendas y 14.000 empleados empleados en todo el mundo, es la segunda empresa española del comercio textil tras Inditex. En 2022 facturó 2.688 millones de euros. Como otra señal más de los cambios que está experimentando el sector, Mango celebró el pasado 21 de junio sus primeras elecciones sindicales. Creada en 1984, nunca hasta ahora sus trabajadores habían tenido un comité de empresa. Aun así, el proceso ha sido turbulento. Tanto que la Inspección de Trabajo ha sancionado a la cadena por una infracción muy grave, atentar contra la libertad sindical, con una multa de 30.000 euros.

En el centro logístico de Lliçà d’Amunt (Barcelona), los mandos intermedios entrevistaron a sus 365 empleados y confeccionaron una lista negra señalando a quién pensaba votar cada uno de ellos. Los cuadros pretendían coaccionar a los trabajadores y orientar su voto hacia Fetico, según denunció UGT. Mango ha asegurado que desconocía lo que estaban haciendo sus directivos y ha acatado la sanción. Pero UGT, que ganó las elecciones con 13 de los 21 delegados en juego, estudia presentar una demanda en el juzgado de lo Penal. El recién elegido comité de empresa acaba de sentarse con la empresa y las conversaciones están siendo problemáticas, admite Óscar López Chamosa, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Cataluña. “No están acostumbrados a tratar con representantes de los trabajadores”, protesta.

López Chamosa duda que Mango desconociera lo que sus mandos intermedios estaban haciendo en Lliçà d’Amunt y recuerda que Fetico es “un sindicato de cuadros” al que los sindicatos de clase suelen referirse como un “sindicato amarillo”. Alejandro Blanco lo niega con rotundidad. “Representamos a los trabajadores de más de 360 empresas con un sindicalismo independiente de concertación y diálogo, alejado de las opciones políticas de otros sindicatos”, describe. “Y participamos en todos los procesos de forma limpia”, añade cuando se le pregunta por lo ocurrido en las elecciones de Mango.

Pese a la falta de costumbre, la empresa de Isak Andic tendrá también que negociar en la mesa del convenio estatal las condiciones laborales de sus trabajadores. Según plantea ARTE, el objetivo es pactar un “marco común estable y homogéneo” para todo el país, pero respetando los convenios de empresa existentes. Es el caso de Primark y Kiabi. Pero no va a ser fácil. Los sindicatos ya han dejado claro que la homogeneización debe ser al alza. “Queremos un convenio que marque suelos para todo el personal”, defiende Lucía Trenor, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Galicia y miembro de la mesa de negociación. Aunque también reconoce que no sería viable reclamar máximos para todas las condiciones laborales, sí que pide establecer unos “mecanismos garantistas”. “No hay tanta distancia entre el coste de la vida en una provincia y otra, las diferencias salariales actuales de vender una camiseta en Málaga o en Segovia no están justificadas”, continúa. Más aún, resalta, cuando se trata de grandes cadenas de tiendas con millones de euros de beneficios.

De forma que, avanza Trenor, CCOO va a pedir “más que el salario mínimo” y que los domingos y festivos se retribuyan, independientemente del problema que van a suponer las diferencias de regulación según los territorios: libertad total de apertura en Madrid, apertura en 10 domingos al año en la mayor parte de las comunidades autónomas, pero sólo ocho o nueve en País Vasco, Cataluña y Extremadura.

“Lo que no es de recibo es que haya tantos trabajadores con contratos de sólo 20 horas, en fines de semana, sin preavisos y con salarios que no permiten vivir”, resume la representante de CCOO, en empresas con márgenes de beneficios milmillonarios. El del comercio textil es, además, un sector altamente feminizado, por lo que también resulta ser el campeón del trabajo a tiempo parcial no deseado. Según las cifras recopiladas por CCOO y referidas al conjunto del comercio en España, la tasa de parcialidad alcanza el 26%, nueve puntos porcentuales por encima de la tasa general. En el caso de las mujeres es incluso superior, llega al 32%. Y casi no se ha reducido en la última década, apenas un punto desde 2014.

El sector también es el quinto con las remuneraciones más bajas –22.215 euros anuales–, un 14,2% inferiores a la media nacional. Y con una brecha de género escandalosa, puesto que las mujeres cobran 19.026 euros anuales de media y los hombres 25.298 euros.

El convenio estatal que comienza a negociarse en septiembre deberá ahora no sólo mejorar esas pobres condiciones laborales, sino también limar las enormes diferencias establecidas en los convenios provinciales. En cuanto a salarios, los mejores se pagan en Guipúzcoa y los peores, en Las Palmas, Lugo, Melilla o Extremadura. En Melilla, por ejemplo, el convenio lleva sin negociarse desde 1996, destaca Lucía Trenor. Y más allá de las retribuciones, hay diferencias de hasta 100 horas en la jornada anual entre algunos convenios.

“Nadie debe ir con miedo a este convenio que aún no existe”, recalca la dirigente de CCOO, “nosotros no vamos a poner en riesgo la viabilidad de las empresas e Inditex ya ha negociado antes en las mesas de los convenios provinciales y ha sido siempre muy responsable; el acuerdo depende de las dos partes”.

Una ola de euforia sindical recorre Estados Unidos, un país tradicionalmente reacio a la reclamación colectiva de los derechos laborales. Allí, que se sindicalicen los trabajadores de Starbucks, Amazon o Apple, aunque sea sólo en una cafetería de Buffalo (Nueva York), un almacén de Staten Island (también en Nueva York) o una tienda de Towson (Maryland), es carne de telediario. Porque primero hace falta que la mitad más uno de los trabajadores vote a favor de organizarse y porque es legal que la empresa se oponga a que su plantilla cree un comité. Y lo hacen, hasta el punto de que existen despachos de abogados especializados en el trabajo antisindical y de que los demócratas han llamado Ley de Protección del Derecho a Organizarse (Proact) a su iniciativa para mejorar los derechos laborales. La Proact pretende prohibir el despido de los trabajadores que se afilien a un sindicato y la contratación de esquiroles para sustituir a los huelguistas, además de imponer sanciones a las empresas que violen las leyes laborales, hasta con 100.000 dólares si son reincidentes. De esta manera se actualizaría la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que data de 1935. La Proact ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero los republicanos la bloquean en el Senado.

En Estados Unidos, la tarea sindical se desarrolla empresa a empresa; no existen los convenios sectoriales como en España. Los afiliados representan sólo el 10,3% de los ocupados y son sobre todo trabajadores públicos, profesores o trabajadores industriales. Pero la Gran Dimisión tras la pandemia, una tasa de paro en mínimos históricos –3,5%, una cifra desconocida desde 1969– y un presidente que pide a las empresas mayores sueldos –“Pay them more” – ha devuelto el poder a los trabajadores, que se hacen valer gracias a las dificultades que están sufriendo las empresas para encontrar mano de obra.

En comparación, España tiene un Estatuto de los Trabajadores más moderno –de 1980–, pero una tasa de afiliación sólo un poco superior, el 12,5%, según las últimas estadísticas de la OCDE, referidas a 2019. Sin embargo, la cobertura de la negociación colectiva alcanza al 80% de los asalariados, mientras que en Estados Unidos sólo tienen amparados sus derechos laborales por un convenio colectivo el 12% de los trabajadores. Lo que no quiere decir que no haya empresas españolas que imitan a las estadounidenses en su rechazo sindical. Grandes compañías sin comités de empresa. “En España se celebran elecciones sindicales en la mitad de las empresas donde es posible convocarlas”, explica el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, José María Martínez: la ley sólo las permite en empresas de más de seis trabajadores. Y el 90% de las españolas están por debajo de ese umbral, lo que deja a sólo un tercio de la población activa en situación de elegir a delegados de personal o comités de empresa, 7,8 millones de trabajadores. Por el contrario, cuanto mayor es el tamaño de la compañía, más probabilidades tiene su plantilla de contar con representantes sindicales. Aun así, una empresa como Mango, por ejemplo, con unos 4.500 empleados en España –y 12.000 en todo el mundo– carece de comité de empresa. La firma de Isak Andik acaba de sumarse a la nueva patronal Arte, que pretende unificar el heterogéneo mapa de convenios –y salarios– del sector.

Uno de sus promotores es Inditex, donde sí hay comités de empresa y cuyas empleadas en A Coruña acaban de protagonizar unas exitosas protestas que les han reportado un aumento de sueldo de 322 euros al mes para nóminas que no superan los 1.100. También consiguieron mejoras laborales las dependientas de Bershka en Pontevedra, tras llevar a cabo una huelga en 2017. Un año antes, curiosamente, habían conseguido votos suficientes para sindicalizarse sus compañeras de Zara en Nueva York. Entonces eran un millar, repartidas en ocho tiendas. La primera de ellas abrió en 1989, por lo que la plantilla tardó 27 años en organizarse. Su sindicato, RWDSU (Retail Wholesale and Department Store Union), representa también a las dependientas de Macy’s, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue o H&M, así como a trabajadores de supermercados y hasta farmacias o autolavados.

En Nueva York, Inditex incluso convocó con el sindicato una presentación conjunta ante la plantilla para explicarle las ventajas de organizarse. Pero no es lo habitual. Wal-Mart, la mayor cadena de supermercados descuento de EEUU y del mundo, es famosa no sólo por sus bajos salarios, sino también por sus prácticas antisindicales. Sobre los primeros, sus trabajadores reciben 6.200 millones de dólares al año en ayudas públicas, según el cálculo de la organización Americans for Tax Fairness, porque sus sueldos no alcanzan ni para el seguro médico –que en EEUU pagan las propias empresas–. Sobre las segundas, un juez condenó en 2015 a la compañía por haber clausurado con un falso pretexto –problemas de fontanería– cinco de sus tiendas en California, Texas, Oklahoma y Florida y haber despedido a 2.200 empleados. En realidad, dictaminó la sentencia, las cerró en represalia por el intento de la plantilla por sindicarse.

En España, algunas empresas estadounidenses tan notorias como Twitter, Facebook o Google carecen de comités. El dato fue conocido hace dos meses cuando Elon Musk y Mark Zuckerberg despidieron a cientos de trabajadores en todo el mundo, unos centenares de ellos en España. Otro tanto ocurre en NTT Data, la antigua Everis, una multinacional japonesa de tecnologías de la información con 15.000 empleados en España, donde sólo hay representación sindical en uno de sus centros de trabajo, el de Sevilla. Y su vida no ha sido fácil. La primera tentativa de convocar elecciones sindicales data de 2011, concurrieron CCOO y una Candidatura Indepediente, al tiempo que fueron despedidos cinco trabajadores. En 2015, los independientes se transformaron en la plataforma Actúa, “una candidatura creada por la propia empresa”, denuncia Guillermo Ramos, responsable de la sección de Alternativa Sindical de Clase (ASC), que desde 2019 tiene siete miembros en el comité. Los acompañan cinco de CCOO y otros cinco de Actúa. La empresa, cuyo presidente en España es el exministro Eduardo Serra, fue condenada en 2021 por la Audiencia Nacional por impedir la extensión del sindicato a otros centros de trabajo. Fueron despedidos dos delegados de ASC en Salamanca y Murcia. La sentencia ha sido recurrida por NTT Data en el Tribunal Supremo, que aún no ha dictaminado. Sí lo hizo antes, en 2019, cuando ratificó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaraba improcedente el despido de un delegado del sindicato que se encontraba de baja médica. Los jueces encontraron una “evidente relación causa efecto entre la actividad sindical del recurrente [el delegado] y la decisión del despido”.

Ramos explica que parte de la actividad de la empresa es el desarrollo de aplicaciones informáticas, que lleva a cabo en régimen de subcontrata sobre todo para las administraciones públicas. Consigue los contratos, sostiene el responsable sindical, ofertando a sus clientes tarifas casi por debajo de coste gracias a los bajos salarios que paga. Es una de las llamadas “cárnicas” del sector tecnológico. Como ocurre en muchas de estas empresas, resulta difícil organizar a unos trabajadores más inclinados a “buscar salidas individuales”, lamenta, y ahora también dispersos porque han seguido teletrabajando tras la pandemia. Y ello pese a que desde 2019, denuncia el representante de ASC, NTT Data ha despedido en Sevilla a 68 trabajadores por motivos disciplinarios –la empresa alega bajo rendimiento–, pero reconociendo al mismo tiempo la improcedencia de la medida en un documento que concede al afectado una indemnización. Ramos también se queja de que deben luchar en un doble frente: la empresa y los sindicatos UGT y CCOO que, según dice, no defienden a los trabajadores tanto como declaran hacerlo.

Es precisamente en el sector de consultoría y de tecnologías de la información donde se encuentran algunas de las mayores compañías sin organización sindical. Es el caso de KPMG, PwC, Deloitte y EY, las conocidas como Big Four, las principales auditoras y consultoras del mundo.

Lo mismo ocurre con Accenture, la heredera de otra de las grandes, la desaparecida Arthur Andersen. “Afiliación sí tenemos”, apunta Raúl de la Torre, responsable del sector TIC y consultorías de CCOO, “porque, aunque estas empresas no son precisamente nuestro ‘granero de votos’, sí hemos notado un aumento de afiliados, sobre todo porque cada vez las condiciones laborales son peores para los recién licenciados”. Desde 2008, protesta, los salarios de entrada no hacen más que bajar y son ahora un 25% inferiores a los de entonces. De hecho, el convenio sectorial de consultorías, el que se aplica a estas empresas, aún cuenta con 10 categorías profesionales con sueldos por debajo del SMI –1.000 euros–. De la Torre asegura que España es el segundo país de la UE que peor paga en consultoría, sólo por detrás de Grecia.

En 2021 saltaron a los periódicos las quejas de los jóvenes empleados de EY, Deloitte y el banco de inversión Goldman Sachs por las jornadas laborales de 12 horas y las presiones que sufren, todo a cambio de salarios muy bajos. En el caso de EY en Barcelona, los trabajadores descontentos enviaron un correo electrónico a sus superiores que luego se hizo público. “Es la cultura de la empresa”, concede el representante de CCOO, “se trata de perfiles de alta cualificación, con idiomas, estudios de máster, dos carreras universitarias… son muy individualistas y piensan que el trabajo en estas empresas es sólo un trampolín para dar el salto a otras con mejores condiciones”. Para ellos, la batalla colectiva ante la empresa les resulta extraña. Pero lo cierto, añade De la Torre, es que estas consultoras cada vez encuentran más dificultades para contratar. Tras convocar una huelga en junio, UGT y CCOO acaban de firmar un preacuerdo con la patronal del sector, AEC, que les reconoce subidas salariales del 10,75% para 2022. Pero el nuevo convenio colectivo, caducado desde 2019, no lo empezarán a negociar hasta este mes. De la Torre dice que han conseguido mejoras, pero las considera insuficientes. Por lo menos, han eliminado la pretensión de las empresas de fijar jornadas diarias de 12 horas y de convertir el sábado en día laborable. Las coonsultoras también querían suprimir el complemento por antigüedad. En un sector, resalta De la Torre, con beneficios millonarios.

En otras grandes empresas, la organización de las plantillas es un fenómeno relativamente reciente. En Mapfre, hasta el año 2000 la defensa de los trabajadores estaba al cargo de sindicatos supuestamente independientes, recuerda José María Martínez, hasta que las relaciones con Caja Madrid permitieron el contagio con los sindicatos de clase. Otro tanto ocurría en Mutua Madrileña, donde UGT sólo logró entrar en las últimas elecciones después de una historia “muy difícil”, indica Álvaro Vicioso, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de UGT.

En Mercadona, CCOO, UGT y CGT llegaron hace no más de 15 años, recuerda José María Martínez, mientras que en los supermercados Aldi, donde UGT es ahora mayoritario, hasta hace cuatro años no había representantes sindicales. Pero Bauhaus, una gran superficie de decoración y bricolaje alemana con una docena de tiendas en España, carece de comité de empresa, al igual que los supermercados de bajo coste españoles Primaprix, detalla Vicioso. En la empresa de recursos humanos Manpower, UGT acaba de conseguir un delegado. “Aquí cualquier trabajador puede hablar con el CEO’, es lo que nos dicen los responsables de la compañía para explicar que la plantilla no necesita representantes sindicales, todo muy a la americana”, apunta el responsable ugetista.

En Leche Pascual, con 2.300 empleados, el comité está compuesto por representantes del llamado Grupo Independiente desde hace más de una década. CCOO y UGT han intentado presentar candidaturas en el centro de producción de Aranda de Duero (Buegos), pero “se han caído antes” y nunca han llegado a la votación, lamenta Sebastián Serena, secretario del sector agrario de FICA-UGT. “La empresa dice que no cree en las condiciones laborales colectivas, sino en las individuales, e incluso presume de su paternalismo”, apunta el responsable sindical. En 2008, Leche Pascual fue condenada por conducta antisindical en una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo. CCOO había demandado a la empresa láctea porque, en menos de un año a partir de la convocatoria de elecciones sindicales, despidió a la mayor parte de la candidatura presentada por el sindicato. A todos ellos les dio indemnizaciones de 39 y 40 días por año de trabajo, por encima de los límites legales. Ganó la lista independiente.

En el centro de procesado avícola de Coren en Ourense, todos los delegados, desde siempre, pertenecen al Sindicato Independiente de Trabajadores, integrado por encargados, dice Rubén Requeixo, secretario comarcal de la Federación de Alimentación de la CIG. Pese a que lo han intentado, ningún sindicato de clase ha conseguido poner un pie en el grupo orensano, la principal cooperativa agroalimentaria española. La CIG estuvo “a punto” de presentar una candidatura en 2019, pero los miembros de la lista para cubrir los 21 delegados que correspondían se fueron dando de baja uno a uno: fueron despedidos… con indemnizaciones que en algunos casos rozaron los 200.000 euros, tras reconocer la empresa su improcedencia en el Servicio de Mediación y Arbitraje, cuenta Requeixo.

Coren es una de las empresas que ha tenido que dar de alta como asalariados del Régimen General a sus falsos autónomos. Ya no hay ninguno desde el 31 de agosto de 2018 en la cooperativa orensana, que cuenta con un matadero en Lugo y otro en Porriño (Pontevedra). En total, unos 300 autónomos consiguieron un contrato laboral tras las denuncias de la Inspección de Trabajo. Pero Coren ha disputado en los tribunales gallegos el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de estos trabajadores y, al menos de momento, ha ganado, protesta Rubén Requeixo, “a diferencia de lo que están sentenciando los jueces en el resto de España en casos similares”.

También fueron despedidos los tres periodistas del diario online Vozpopuli que en 2016 acababan de presentar el preaviso para celebrar elecciones. El Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) demandó a la empresa y el juez consideró nulos los despidos. A día de hoy el diario sigue sin comité de empresa. El Confidencial, que cuenta con más de 150 trabajadores, se creó en 2001, pero no contó con representantes de los trabajadores hasta 2020.

Fue en ese mismo año de la pandemia cuando CCOO demandó a Amazon por haber contratado a una agencia de detectives para espiar a los trabajadores en huelga de la planta de la multinacional en El Prat (Barcelona), la mayor que tiene en España. En realidad, a la agencia española la había contratado otra estadounidense, la mítica Pinkerton. Por entonces Amazon ya había sido denunciada por emplear estas tácticas ilegales en Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y otros países europeos, según publicó eldiario.es.

Y es que, pese al auge sindical, las espadas siguen en alto en EEUU. Un tribunal federal acaba de sentenciar que las empresas pueden pedir indemnizaciones por daños y perjuicios a los trabajadores que se declaren en huelga. “Si esa sentencia llega al Tribunal Supremo, el riesgo para el trabajo de los sindicatos puede ser brutal”, advierte José María Martínez. El responsable de CCOO reconoce que el sindicato mira hacia EEUU y observa con atención su despertar sindical: “Nos hace reflexionar sobre la manera de trabajar y sobre cómo activar a la gente, diseñando campañas menos clásicas”. Allí han sido los inmigrantes latinos la avanzadilla de la sindicación en la hostelería, el comercio y otros trabajos precarios, igual que antes fueron los trabajadores de color quienes la impulsaron en la industria. Los sindicatos, además, han jugado la baza de ofrecerles coberturas más allá de la simplemente laboral, como la ayuda en temas de extranjería, señala el representante de CCOO, quien también destaca el apoyo del Gobierno de Joe Biden. No en vano, añade, los inmigrantes latinos han sido fundamentales en las campañas para conseguir que sus conciudadanos se inscribieran para votar en Nevada, Arizona o Georgia, estados clave de la victoria demócrata.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso que va a “impulsar” la inclusión de Rusia en las listas negras de paraísos fiscales tanto de la Unión Europea como de la OCDE. No mencionó si también incorporará a la federación rusa en la lista española. Cada una de ellas es distinta. La europea sólo tiene nueve territorios en este momento. La OCDE dejó su lista en blanco en 2009, cuando sacó de ella a los tres últimos: Andorra, Liechtenstein y Mónaco. La española, en cambio, señala a 33 países.

Rusia no está en ninguna de ellas. Pero el pasado 24 de febrero, la UE decidió añadirla a su lista gris, la que reúne a los países que no cumplen los estándares de transparencia y equidad fiscales ni aplican las normas internacionales contra la erosión de las bases fiscales y el traslado de beneficios –las normas diseñadas por la OCDE para luchar contra las estrategias de planificación fiscal agresiva–, pero se comprometen a hacer reformas para mejorar su comportamiento. La decisión no tuvo que ver con la invasión de Ucrania, puesto que requiere un largo procedimiento de evaluación llevado a cabo por el grupo Código de Conducta, el órgano encargado de revisar cada seis meses tanto la lista negra como la gris.

“La incorporación de Rusia a la lista negra tiene más efectos reputacionales que prácticos”, apunta Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado. Estar en ella no implica recibir sanciones económicas, pero a los países señalados se les excluye del acceso a fondos de desarrollo y las empresas o particulares que recurran a ellos para sus negocios deben someterse a mayores controles y supervisión. El Parlamento Europeo no ha cesado de criticar la ineficacia de la lista negra, que en la actualidad incluye a países que representan menos del 2% de las pérdidas de ingresos fiscales mundiales.

La primera se elaboró en 2017 e incluía a 17 países. Desde entonces, la lista no ha hecho más que menguar. La última sólo incorpora territorios minúsculos: Samoa Americana, Fiyi, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas, Guam y Vanuatu.

El objetivo de la medida, dice Miguel Alba, responsable de Fiscalidad de Oxfam Intermón, es “desincentivar las inversiones en Rusia”. Y quienes utilicen territorio ruso para instalar sociedades fantasma también tendrán más problemas si Vladimir Putin termina en la lista negra europea. El objetivo, ha explicado Pedro Sánchez, es “aislar al Gobierno de Putin, a Putin y a la oligarquía” rusa.

Pero eso está ocurriendo ya sin necesidad de añadir a Rusia a la lista negra comunitaria. Las sanciones adoptadas por la UE han abocado a multinacionales de todo el mundo y de todos los sectores a abandonar el país eslavo enseguida. Petroleras como British Petroleum, que se deshará de su participación en la rusa Rosneft, y Shell, que ha anunciado su ruptura con Gazprom. Apple ha dejado de comercializar sus productos en Rusia. Las navieras MSC y Maersk no seguirán visitando puertos rusos. Volvo ya no vende sus coches allí. Mercedes Benz se desprenderá de su 15% en Kamaz, un fabricante local de camiones. Las zapatillas de Nike tampoco se podrán comprar en el país.

Hace sólo unos días, además, la OCDE decidió poner punto final a la solicitud de adhesión de Rusia. Ya había quedado paralizada en 2014, tras la invasión de Crimea, pero ahora el proceso está cerrado definitivamente. Por lo que se refiere a la lista negra de la UE, cualquier decisión tardará meses si se sigue el procedimiento reglado. Cuando un país entra en la lista gris, se analizan sus esquemas fiscales a la luz de unos criterios prefijados e incluso se inicia un “diálogo” con él para indicarle lo que debe cambiar. Sólo entonces y si no acepta las reformas que se le piden, entra en la lista negra.

En ese proceso está Rusia. En junio de 2021, la UE le pidió que hiciera cambios en sus Zonas Administrativas Especiales (SAR por sus siglas en inglés), las conocidas como offshore rusas: Kaliningrado, Vladivostok y otras áreas en el extremo este. Las empresas que se trasladen allí desde Chipre o Reino Unido, por ejemplo, obtienen un trato fiscal ventajoso en el impuesto de sociedades. Ese fue en principio el objeto de las SAR: atraer a quienes tenían sus negocios en otras plazas fiscalmente laxas fuera de la federación.

Pero Bruselas cree que esos territorios constituyen una competencia fiscal desleal y pide que se obligue a las empresas allí asentadas a abrir oficinas con empleados y que se dé acceso a las ventajas tributarias también a las empresas domiciliadas en Rusia. En teoría, el Gobierno de Moscú había accedido a cambiar las leyes precisas antes del 31 de diciembre de este año. La guerra ha dado al traste cualquier posibilidad de acuerdo. Es decir, si el procedimiento europeo sigue su curso natural, Rusia debería entrar en la lista negra de paraísos fiscales en la próxima revisión dentro de seis meses, independiente del impulso que quiera darle España.

Carlos Cruzado cree que sería mucho más efectivo introducir a Rusia en la lista española de paraísos fiscales. No sin antes adaptarla a la Ley de Prevención del Fraude Fiscal aprobada el pasado mes de junio, que amplía el concepto de paraíso fiscal a los territorios o “jurisdicciones no cooperativas” que no sólo sean opacas fiscalmente –porque no intercambian información sobre titulares reales de un patrimonio, por ejemplo–, sino que además faciliten la existencia de instrumentos o sociedades extraterritoriales diseñados para atraer beneficios, pero no tengan actividad real. Y, por supuesto, a aquellos países que no cobren impuestos de sociedades o sobre la renta o lo hagan con unos tipos menores que los españoles.

Con arreglo a esos nuevos criterios, el Ministerio de Hacienda debería haber actualizado ya la lista de paraísos fiscales, explica Carlos Cruzado.

Con Rusia, al igual que con otros muchos países, España tiene firmado desde 1998 un convenio para evitar la doble imposición; es decir, para impedir que una empresa pague en dos territorios distintos por el mismo hecho imponible. De modo que su inclusión en la lista negra de paraísos fiscales española también requeriría de todo un proceso de análisis y justificación. Una vez en ella, las empresas españolas con negocios en Rusia tendrían que cumplir mayores requisitos de información tributaria y deberían justificar mejor sus operaciones –declarando previamente las inversiones por encima de determinadas cuantías desde o hacia Rusia, por ejemplo–.

Tampoco tendrían acceso a determinadas exenciones, como las que disfrutan las retenciones a los rendimientos y ganancias, si las perciben a través de filiales en Rusia. Ni podrían deducirse los gastos pagados a través de empresas situadas allí o por servicios de entidades residentes en ese territorio. Ni podrían rebajarse impuestos por los dividendos y ganancias obtenidos en Rusia. Además, las sociedades domiciliadas en ese país que tengan inmuebles en España tendrían que pagar un gravamen especial, entre otros requisitos.

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) tiene registradas a unas 130 empresas españolas con intereses en Rusia. Entre ellas, Inditex, que mantiene 527 tiendas en el país de Vladimir Putin. No son pocas. En toda América, posee 790. Otra firma española de primera línea, Mango, cuenta con 130 locales. El Grupo Fuertes, que fabrica los embutidos El Pozo, mantiene una inversión en el mayor productor de carne ruso, el grupo Cherkizovo, que además acababa de ampliar el pasado mes de enero. Y tres fabricantes de componentes para el automóvil, Gestamp, Cie Automotive y Grupo Antolín producen allí para clientes locales. Todas ellas se verían afectadas por la declaración de Rusia como paraíso fiscal.

Cuestión distinta serían las grandes fortunas rusas, aclara Carlos Cruzado. Los ultrarricos tienen ya sus patrimonios ubicados en paraísos fiscales de todo el mundo, desde Chipre hasta el Caribe pasando por Suiza. Y no son fácilmente localizables porque los esconden utilizando múltiples sociedades interpuestas.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Hacienda por qué Pedro Sánchez ha mencionado sólo las listas de la UE y la OCDE, pero no la española. “Se trata de una respuesta europea al conflicto”, ha indicado un portavoz.

Unas 15.000 empresas españolas mantienen relaciones comerciales con Rusia y Ucrania, según los registros del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Exportan e importan hacia o desde los dos países donde acaba de estallar un conflicto bélico de difícil pronóstico. En riesgo se han puesto 11.300 millones de euros en operaciones de intercambio españolas con ambos territorios.

El Gobierno español minimiza la importancia del volumen de relaciones comerciales con Rusia y Ucrania: representan el 0,7% y el 0,2% de las exportaciones españolas, informa Europa Press. Aun así, hay nombres destacados del Íbex 35 con intereses en ambos países y marcas reconocidas que verán afectados sus negocios. De momento, Inditex, Mango, Tendam y Tous han cerrado todas sus tiendas en Ucrania y ni siquiera están operativos sus canales online. El grupo de Amancio Ortega cuenta con 79 establecimientos en el país gobernado por Volodímir Zelenski, de todas sus marcas, desde Zara hasta Uterqüe, donde emplea a 1.170 trabajadores. En Rusia Inditex tiene 527 tiendas y un canal de venta en internet. Todas se mantienen abiertas. El grupo gallego se ha limitado a explicar que sigue “muy de cerca la situación” y que irá tomando “las decisiones adecuadas a los acontecimientos”.

El Club de Exportadores de Inversores Españoles ya ha advertido de que el conflicto bélico ocasionará una “importante caída” de las exportaciones españolas a Rusia y Ucrania, mientras que está por ver el impacto en otros países como España de las sanciones que se impongan al Gobierno de Vladimir Putin. Una de ellas es la desconexión de Rusia del mecanismo SWIFT, que permite realizar transacciones bancarias en todo el mundo. Las empresas a las que ha preguntado infoLibre al respecto creen que aún es pronto para saber cuánto les puede afectar en su operativa. Inditex, por ejemplo, confía en no resultar demasiado perjudicada si la onda bélica en Ucrania termina por sentirse en las cadenas de suministro globales. Más de la mitad de su aprovisionamiento, destaca, se realiza “en proximidad”, desde sus centros de producción en Marruecos, Portugal y Turquía. El resto procede de Asia.

Mango ha clausurado igualmente sus 14 tiendas en Ucrania “para velar por la salud y seguridad” de sus equipos y clientes. A diferencia de Inditex, que sólo posee locales en propiedad, el grupo de Isak Andic reparte sus establecimientos entre tiendas propias y en franquicia. En Rusia sigue operando su canal de venta por internet y mantiene abiertas sus 130 tiendas.

Tendam ha cerrado las tiendas de Women’Secrets y Springfield que tiene en Ucrania, todas ellas en régimen de franquicia con un socio local: en 2021 eran 12 de Women'Secrets y ocho de Springfield. El grupo, que también posee Cortefiel y Pedro del Hierro, mantiene operativas en cambio las 52 tiendas propias de su marca de lencería en Rusia y las cuatro franquiciadas de Springfield, así como su canal online.

Lo mismo ha tenido que hacer la joyería catalana Tous, que cuenta con nueve tiendas en el país invadido. También poseen locales allí Bimba y Lola –dos en Kiev– y la cadena de bisutería y complementos Parfois –ocho–, así como la marca de porcelanas Lladró –dos en Ucrania y 20 puntos de venta en Rusia–.

Más allá del textil, el Grupo Fuertes, fabricante de los embutidos El Pozo, mantiene una inversión en el mayor productor de carne de Rusia, el Grupo Cherkizovo. Que, además, había ampliado a finales del pasado mes de enero. Ahora posee el 11,12% de la empresa, con la que lleva una década de asociación. Con Cherkizovo compartía hasta ahora la propiedad de Tambov Turkey, una empresa de producción de pavo. Cuando Fuertes anunció su nuevo porcentaje en el capital social de Cherkizovo, que factura 1.400 millones de euros anuales, declaraba su apuesta “por un mercado estratégico firme y de futuro como es Rusia”. Ahora expresa su “preocupación” por el conflicto recién abierto en la zona, pero advierte de que es “prematuro” evaluar el impacto que éste puede tener en su inversión.

Según los datos del Ministerio de Industria y Comercio, la inversión bruta española en Rusia desde 1993 asciende a 2.106 millones de euros, por sólo 60,66 millones en Ucrania. En sentido inverso, el flujo ha sido mucho menor: 545,9 millones de inversiones rusas en España y únicamente 36,5 millones las ucranianas.

También hay empresas con plantas de producción en Rusia. Entre ellas, tres dedicadas a fabricar componentes para el sector del automóvil. Gestamp posee cuatro instalaciones en el país eslavo, cuya producción se dirige al mercado local, explica la compañía. “Nada indica que nuestras plantas ni las de nuestros clientes vayan a cesar en su actividad, no hemos tenido ninguna variación sobre nuestro día a día”, añade. Cie Automotive cuenta desde 2015 con una planta de componentes de inyección de aluminio de alta presión en la región de Samara y Grupo Antolín con dos centros en San Petersburgo y Moscú. La empresa no ha querido comentar los riesgos a los que se enfrenta por culpa de la guerra con Ucrania porque “es un tema geopolítico”.

Las grandes fortunas han dejado la crisis del covid-19 muy, muy atrás. La recuperación de la economía española es renqueante, por las sucesivas olas de contagios y por la dependencia del turismo. Pero los más adinerados ya están no como antes de la pandemia, sino mucho mejor de como terminaron 2019. Al menos a tenor de lo que muestra la lista de la revista Forbes. Los 100 más ricos de España suman una riqueza de 153.575 millones de euros. Es un 17,7% más de lo que acumulaban en 2020, cuando el cerrojazo de la economía redujo su capital un 11,9%, e incluso un 3,6% superior a los 148.200 millones de euros con los que despidieron 2019. Puede parecer poco, pero son 5.375 millones más. Para hacerse una idea del volumen basta una comparación: en 2019, las fortunas de los 100 más ricos sólo habían conseguido crecer un 1% respecto al año anterior; en 2021 han más que triplicado ese aumento. Si se divide el aumento de riqueza entre los 100 integrantes de la clasificación, cada uno de ellos ha añadido de media 565.000 euros a sus cuentas al día.

Además, el patrimonio de los cinco más pudientes entre los superricos es cada vez mayor. Antes de la pandemia sumaba 78.800 millones de euros; después del coronavirus, su capital se eleva a 83.500 millones. Si en 2019 el dinero de los cinco megamillonarios españoles equivalía al 53,17% de la lista de los 100 de Forbes, este año ya suponen el 54,37%.

Un año más, la cabecera está dominada por Amancio Ortega, con una fortuna de 67.000 millones que, por sí sola, representa el 43,6% de toda la clasificación de Forbes. El dueño de Inditex sufrió una caída de 6.000 millones de euros en 2020, afectada la cotización de su grupo por el parón del consumo. Pero este año ya ha superado en 4.000 millones los 63.000 con que terminó valorando su capital la revista en 2019.

Para calcular el porcentaje de capital que los empresarios poseen en empresas cotizadas y sicavs, Forbes utiliza la información proporcionada por la CNMV y el Registro Mercantil. También recoge datos de activos inmobiliarios.

La segunda de la lista es la hija del fundador de Zara, Sandra Ortega, que igualmente se ha repuesto, con 6.300 millones de euros, del bache –5.600 millones – de 2020, porque en 2019 su fortuna alcanzaba los 6.000 millones.

2020 fue el año de Mercadona

Esa es la tónica entre los 20 primeros de la lista. Menos Juan Roig y su mujer, Hortensia Herrero, Juan Abelló, Manuel Lao y Tomás Olivo, el resto han mejorado sus cifras respecto a 2020. Pero hay que tener en cuenta que la riqueza de Roig y su esposa, los dueños de Mercadona, explotó el año del confinamiento. Este ejercicio, en cambio, ambos han caído en comparación con el anterior, pero aun así superan las cifras de 2019: 3.700 y 2.300 millones de euros, respectivamente. Los demás pertenecen a sectores especialmente dañados por el covid: Tomás Olivo –1.300 millones, un 38% menos que en 2019– es conocido como el rey de los centros comerciales y Manuel Lao –1.300 millones, un 18,75% menos– es el propietario de la empresa de juego Cirsa. El inversor Juan Abelló, el sexto más rico del país, suma un capital de 2.500 millones, 200 menos que el año pasado, pero 300 más de los que tenía antes de la pandemia.

Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, cuenta con una fortuna de 3.000 millones de euros, lo que le convierte en el tercer más rico de España tras los Ortega. También ha mejorado respecto a 2020, añade 600 millones a su capital, pero aún no ha recuperado los 4.100 millones de 2019. Sí lo han conseguido sus hermanos. María y Leopoldo, accionistas de la constructora. La primera, la novena más rica de España, posee una riqueza valorada en 2.200 millones de euros, casi un 30% superior a la de 2019. El segundo vuelve a tener los 1.600 millones de 2019 tras perder 200 durante la pandemia. Otro Del Pino, Joaquín, suma 850 millones de euros, sólo 50 millones por debajo de los que tenía hace dos años. Un poco más lejos en la lista –el número 79– se sitúa Fernando del Pino, ex accionista de la empresa familiar y ahora inversor. Tiene una fortuna de 350 millones, 80 más que en 2020, y no aparecía en la lista de 2019.

En total, la familia Del Pino acumula 7.950 millones de euros, por encima de la riqueza de Sandra Ortega.

Un rescate público y un juicio por delito fiscal

Entre los nuevos ricos de este año tras la pandemia destaca el nombre del banquero hispanovenezolano Juan Carlos Escotet, el presidente de Abanca, que resulta ser el quinto más adinerado del país. Posee una fortuna valorada en 2.700 millones de euros. En diciembre de 2013 Escotet compró Novagalicia Banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, por sólo 1.003 millones de euros, cuando poco antes el Estado le había inyectado 9.050 millones. Un rescate del que sólo se han recuperado 783 millones de euros.

También se ha estrenado en la lista José María Aristrain, con 950 millones de euros. Accionista de ArcelorMittal, se le juzga estos días en la Audiencia Provincial de Madrid. La fiscalía pide para él una pena de 64 años de prisión y una multa de 1.190 millones de euros de multa por 15 delitos fiscales cometidos entre 2005 y 2009: la deuda con Hacienda asciende a 210,98 millones de euros.

José Elías es otro de los nuevos ricos españoles de Forbes. Es accionista de Audax, pero también de los supermercados de congelados La Sirena. Su fortuna alcanza los 900 millones de euros.

Juan Miguel Villar-Mir ya estaba en la lista en 2019, con una riqueza de 850 millones, desapareció de la de 2020 y vuelve este año con 900 millones de euros. El pasado mes de mayo dejó la presidencia de su constructora, OHL, en manos de su hijo.

Las siete mujeres

En el grupo de los 20 megarricos sólo hay siete mujeres. La primera es Sandra Ortega y la segunda, Alicia Koplowitz, ex accionista de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y ahora con un grupo de inversiones, Omega Capital. Posee 2.300 millones de euros, 300 más que antes de la pandemia y después de que ésta no le afectara a su patrimonio el año pasado. Es la séptima persona más adinerada de España.

Les siguen Hortensia Herrero y María del Pino, esposa y hermana de otros dos ricos de la lista, en los puestos octavo y noveno. La número 11 es Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola, que suma 1.900 millones de euros, 300 más que antes de la pandemia. Su prima Carmen Daurella también es accionista de Coca-Cola y, con 950 millones, se sitúa en el puesto 28º de Forbes. Helena Revoredo es la viuda del fundador de Prosegur. Su riqueza asciende a 1.300 millones de euros, casi los que tenía en 2019 tras crecer en 350 millones desde la pandemia.

Florentino y los hoteles, a la espera; Mango y Pronovias, subiendo

¿Quiénes están aún esperando a recuperar los niveles de riqueza prepandemia? Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid es uno de ellos. El duodécimo español más pudiente amasa una fortuna de 1.700 millones, 300 menos que en 2019, pero 200 más que en 2020. El mismo patrón siguen los hermanos Juan María y Francisco Riberas Meray, accionistas de Gestamp, que fabrica componentes para el sector del automóvil. Cada uno de ellos posee 1.300 millones de patrimonio, más que en 2020 pero aún 100 millones por debajo de los que tenían antes del coronavirus.

Afectados por la crisis del turismo, el fundador de los Hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, y el presidente del grupo Iberostar, Miguel Fluxà, aún no han vuelto a cifras prepandemia. La fortuna de Fluxá, el número 22 de la lista, se ha quedado este año en 1.200 millones, cuando en 2019 más que la duplicaba, con 3.000 millones. Escarrer, el número 30, casi recupera los 1.000 millones de antes del covid, tras caer hasta 425 millones en 2020.

Por el contrario, la caída del consumo no parece haber tocado a Isak Andic, el propietario de la cadena de tiendas Mango, que con 1.600 millones de euros es el 14º más rico de España y cuyo patrimonio no ha dejado de aumentar desde los 1.200 millones de 2019. Lo mismo le ha ocurrido a otro empresario de la moda, Alberto Palatchi, el fundador de Pronovias. El vigésimo más pudiente del país, suma 1.300 millones de euros, cuando antes de la pandemia estaba en 950 millones.

Mención aparte merecen los casos de Julio Iglesias, que figura en el puesto 38º de Forbes, con una fortuna de 750 millones de euros, sólo 50 millones menos de los que poseía en 2019 y 2020, o las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil. Presidenta y accionista de El Corte Inglés, respectivamente, figuran en el puesto 52º de la lista. Cada una de ellas tiene 550 millones de euros de capital, por debajo de los 650 que poseían en 2020 pero por encima de los 450 con que aparecían antes del covid.

Finalmente, Carmen Thyssen es más rica que las dueñas de El Corte Inglés, pero un poco menos que el cantante de La vida sigue igual: aparece en el puesto 39º con una fortuna de 750 millones de euros. La pandemia no le hizo perder ni un euro, puesto que en 2020 mantenía los 600 millones del año anterior. Ahora ya es 150 millones más pudiente.

A finales de abril el Parlamento Europeo daba luz verde a un informe de su Comisión de Desarrollo sobre los motivos por los que resulta fundamental una regulación del sector textil. Con 505 votos a favor, 49 en contra y 57 abstenciones, la Eurocámara reclamaba una legislación para obligar a los proveedores del textil a garantizar el respeto de los derechos laborales.

Tras la llamada de la Cámara, es la Comisión Europea quien tiene ahora la última palabra. Las multinacionales y los sindicatos consultados por este periódico manifiestan su respaldo a la iniciativa recién aprobada, ¿pero en qué consiste exactamente y qué consecuencias podría tener para las empresas españolas?

Más del 70% de las importaciones textiles a la Unión Europea provienen de Asia, siendo China, Bangladesh, India, Vietnam, Camboya e Indonesia los primeros productores, según datos de la Organización Mundial del Comercio. Son algunos de los países considerados por sindicatos internacionales como los peores del mundo en materia laboral, con las evidentes consecuencias que ello implica. Una de las más contundentes sucedió en el año 2013 con el derrumbe del edificio Rana Plaza, en Bangladesh, que dejó a más de mil muertos y dos mil heridos.

Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, es una de las autoras del informe y principales artífices de la iniciativa. "Tras la catástrofe del Rana Plaza, que fue más bien un crimen anunciado, la Comisión Europea dio un paso al frente", señala Sánchez en conversación con infoLibre. "Lo que pasa es que fue un paso al frente en falso, porque anunció en 2015 que iba a desarrollar una iniciativa, que llamaron emblemática, para legislar sobre la cadena de valor textil mundial", pero dos años después, continúa, "no ha hecho absolutamente nada".

El derrumbe de la fábrica del textil bangladesí llevó a "una búsqueda entre los escombros de las etiquetas para ver quien estuvo produciendo ahí, y de las 29 marcas que se encontraron en un principio sólo nueve se comprometieron a ayudar con las indemnizaciones", recuerda Sánchez, por lo que la necesidad de regulación se produce además por la imposibilidad de encontrar responsables.

Tras el respaldo del informe en el Parlamento Europeo, se abre ahora una nueva etapa. "Con el 86% de apoyo, la Comisión no puede hacer oídos sordos, no tiene más remedio que ponerse en marcha", asegura Sánchez.

Víctor Garrido, responsable del sector Industria de CCOO, no lo tiene tan claro. "A nivel práctico es un impulso, el inicio de una serie de actividades en esta línea", pero "hay muchos intereses de muchas partes", lo que dificulta el proceso. A juicio de Garrido, debe haber "una vinculación real de los gobiernos donde están las empresas de las casas matrices, la garantía de que realmente se respeta la legislación laboral y el trabajo decente en el mundo". En esta labor el sindicalista considera imprescindible "partir de un objetivo de trabajo esencial: el de los acuerdos marcos". Este tipo de acuerdos, señala, "sí que vinculan a las empresas y a la participación de los gobiernos", por lo que son "esenciales para contribuir al trabajo decente en el mundo".

Garrido es coordinador a nivel mundial del acuerdo entre Inditex e Industriall, la Federación Internacional de Sindicatos que representa a más de 50 millones de trabajadores en todo el mundo. La colaboración entre ambos consiste en un Acuerdo Marco Global firmado en 2007 y renovado en el 2014, que fija sistemas de seguimiento de los programas y normas relativos a la calidad, la fabricación, la salud y la seguridad.

Este tipo de iniciativas voluntarias, señala el informe europeo, resultan positivas pero insuficientes, porque "no han logrado resolver las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos laborales en el sector". A juicio de Lola Sánchez, existen "tantas iniciativas voluntarias que salen de distintos organismos, apoyadas por diferentes instituciones, que las multinacionales no saben muy bien a cuál acogerse, y dependiendo de la región donde vayan a operar varían los estándares". Por ello, insiste, "es tan necesaria una legislación única y vinculante que permita a las empresas el monitoreo de su producción, porque tendrían sobre un papel los puntos a cumplir y la forma de hacerlo", en lugar de "bregar con un caos como el actual".

Por otro lado, añade Sánchez, "hay fábricas que operan en Bangladesh en base al acuerdo con Industriall, pero no todas, porque no es obligatorio". Esto evidencia "un lavado de cara" por parte de las multinacionales, porque una de las catástrofes más llamativas en el sector ocurrió en Bangladesh, "pero en otros países como Sri Lanka, por ejemplo, se ven situaciones completamente indignantes respecto a las instalaciones de las fábricas, las condiciones laborales o la imposibilidad para crear sindicatos”.

Legislación vinculante

"Lo primero es ser consciente de la capacidad que tienen las empresas multinacionales a la hora de moldear la globalización", expone Lola Sánchez, quien recalca que "si se les deja sin ningún tipo de criterio, si dentro de nuestro territorio tienen que cumplir con una serie de estándares pero cuando salen fuera nadie las vigila, lógicamente como grandísimas empresas que son funcionan muchas veces sin ninguna pizca de ética y lo que van a buscar es el máximo beneficio". El principal obstáculo que se interpone en la labor de evitar una situación tan enquistada, es que "la cadena textil es una de las más complejas que hay". Sin embargo, agrega, el trabajo legislativo "ya está hecho". Y es que el pasado febrero la OCDE publicó una guía sobre la Diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro en el sector de la confección y el calzado [consultar documento en este enlace].

La Comisión Europea, por tanto, únicamente tendría que hacer de las recomendaciones planteadas por la OCDE una cuestión obligatoria. La guía dibuja los potenciales riesgos en materia de derechos humanos y laborales –trabajo infantil, acoso y violencia sexual, trabajo forzado, tiempo de trabajo, salud profesional, salario, medioambiente...– teniendo en cuenta el contexto de los países donde el sector opera, la normativa internacional y la responsabilidad de las empresas. Propone, asimismo, las herramientas a tener en cuenta para llevar a cabo evaluaciones de los proveedores, identificar los daños, prevenir, cesar y mitigar el problema.

"Lo que hace la guía es convertir a la empresa en responsable de toda la cadena de valor", a través de una serie de directrices "bastante sencillas, que cualquier empresa puede implementar con muy poca inversión", señala Sánchez. Cada compañía "cuando contrata a una pequeña empresa en Bangladesh para que le cosa el dobladillo de unos pantalones tiene que saber a quién está contratando y en qué condiciones tiene a sus trabajadores esa subcontrata", continúa la eurodiputada, quien entiende que "es la debida diligencia que toda empresa debería de tener ya implementada por sí misma, respetando los derechos humanos". Lo que se le pide a la Comisión ahora "es que esta guía se convierta en obligatoria".

La situación, lejos de resolverse, se complica cuando entra en juego la palabra de las empresas. "Dicen que eso ya lo hacen, y que lo hacen desde hace mucho tiempo", añade Sánchez, que sin embargo considera que "algo se les escapa cuando hablando con sociedad civil de países productores se ve que no es así". "Inditex, Mango, Victoria Secret… Da igual la categoría de la marca, todas producen en las mismas condiciones", denuncia.

Precisamente Inditex, en respuesta a cuestiones formuladas por infoLibre, recuerda que la multinacional trabaja por defender los derechos humanos "desde hace más de una década y de manera muy estrecha con actores internacionales de máxima relevancia". Su implicación con las instituciones, asegura, "es total y al máximo nivel". La empresa de Amancio Ortega incide, asimismo, en que el cumplimiento de su código de conducta "es un aspecto ampliamente verificado". La compañía insiste en su especial compromiso en países como China, Turquía, India, Camboya o Bangladesh, donde impulsa campañas para mejorar las condiciones de sus trabajadores.

Respecto a la propuesta europea, Inditex subraya que su "respaldo a iniciativas que trabajen en esta dirección es total". También Mango se expresa en los mismos términos al recalcar que "cualquier política pública o privada que tenga el objetivo de evitar sucesos como el de Bangladesh tienen que ser bienvenidas siempre". A juicio de la cadena catalana, "el esfuerzo no ha de ser unilateral, por lo que es una gran iniciativa que se incorporen políticas públicas al respecto que facilitarían mucho el trabajo que las empresas privadas vienen haciendo desde hace ya años".

¿Y si no cumplen?

Si la Comisión Europea responde al llamamiento de la Eurocámara y se inclina por trazar el camino hacia una legislación vinculante, ¿qué ocurriría con aquellas empresas que no cumplan con los requisitos establecidos? ¿Sería posible una ruptura con los países proveedores que vulneran los derechos humanos y laborales de sus trabajadores? La respuesta, a juicio de Víctor Garrido, resulta evidente: "Es imposible que se produzca. Ni en Europa ni en ningún país". El motivo, recuerda el sindicalista, es que "se está produciendo entre el 70% y el 80% del textil en Asia, Turquía y Marruecos".

La solución planteada por Lola Sánchez apunta a dos cuestiones: controlar a las empresas y hacer partícipes a los gobiernos. "Los Estados han entrado ahora mismo en una espiral de competición a la baja entre ellos mismos, para ver quién ofrece a Occidente las condiciones más esclavas que pueda haber", señala la europarlamentaria, quien considera que la Unión Europea "debe tener una responsabilidad con el resto del mundo, porque tiene unos compromisos con los derechos humanos".

El objetivo consiste, por tanto, en "controlar a estas empresas y mandar un mensaje a los gobiernos: no tenéis que competir a la baja porque no vamos a permitir que nuestras empresas os obliguen a hacerlo". Las consecuencias de no tomar acciones al respecto, continúa Sánchez, son claras: "Al principio son los países más pobres los que compiten entre sí, pero es una carrera a la baja que ya nos está llegando". En territorios como Rumanía o Bulgaria, explica, "hay empresas que están ofreciendo las mismas condiciones laborales que se pueden encontrar en Bangladesh".

La presencia de empresas como Mango e Inditex en países donde los derechos no están garantizados es un secreto a voces. El último escándalo relacionado con los dos gigantes del textil saltó el pasado mes de octubre, de la mano de un documental de la BBC, Los refugiados que confeccionan nuestra ropa, que acusaba a proveedores de ambas compañías de explotar a refugiados sirios. Según la cadena pública, la mayoría de los refugiados descubiertos en las fábricas no tenían los permisos pertinentes, trabajaban en jornadas de más de 12 horas y no disponían de las condiciones de seguridad adecuadas.

Como respuesta, Inditex admitió la existencia de "una serie de problemas que resolver", pero negó que "en ningún caso" estuvieran "relacionados con la presencia de refugiados sirios, sino con deficiencias sobre la salubridad y la seguridad de algunos productos". Insistió, además, en su colaboración con la ONG Refugee Support Center para "regularizar el estatus estatus" de aquellos trabajadores que puedan estar en el país "de manera irregular, pero no explotados".

Por su parte, la firma catalana Mango negó haber autorizado los servicios de la lavandería turca señalada. A través de un comunicado, aseguró que no se trataba de un proveedor, "e incluso no consta como proveedor de ninguna compañía proveedora de Mango", de modo que, añadía, "los productos encontrados en las instalaciones especificadas son una excepción".

No es la primera vez, sin embargo, que empresas como Mango e Inditex son puestas en entredicho por sus políticas en determinados países. En el año 2011, el Ministerio de Trabajo brasileño investigó a Zara por un caso de trabajo esclavo en el país latinoamericano. En el 2013, el incendio en una fábrica de Bangladesh –con proveedores que trabajaban para Mango e Inditex– hizo saltar todas las alarmas sobre las condiciones laborales en el país. Y en el 2014, Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel fueron acusadas de emplear a niñas y adolescentes en sus plantas textiles de India y Bangladesh en condiciones cercanas a la esclavitud, según el informe Flawed fabrics. Como respuesta, Inditex puso en marcha planes de acción como el acuerdo sobre seguridad en la industria textil en Bangladesh, o la estrategia contra el llamado sumangali en India, sistema por el cual jóvenes menores de edad son enviadas a trabajar a fábricas del sector textil para pagar la dote de su casamiento.

La coordinadora de la campaña Ropa Limpia en España, Eva Kreisler, afirma en declaraciones a infoLibre que este tipo de prácticas son "mucho más habituales de lo que nos pensamos" y recuerda que "entre 250.000 y 400.00 refugiados sirios trabajan en la economía informal, lo que les hace blanco de mafias y explotación". La responsable de la campaña denuncia que en el sector textil la explotación está a la orden del día: "Es una industria muy poco transparente, abunda la subcontratación, se pagan salarios muy bajos, ofrece puestos donde se requiere poca o ninguna cualificación y las prácticas de compra de las empresas clientes contribuyen a deteriorar las condiciones de trabajo".

Derechos no garantizados

La Confederación Sindical Internacional, a la que pertenecen los sindicatos españoles UGT y CCOO, elabora de forma anual un índice global con los peores lugares del mundo en materia de derechos laborales. En su informe del 2016, el sindicato clasificó a los territorios en seis niveles: aquellos donde los derechos no están garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho; donde los derechos no están garantizados; donde existen violaciones sistemáticas de los derechos; donde se producen violaciones regulares de los derechos; donde se dan violaciones repetidas de los derechos; y finalmente donde las violaciones se suceden de forma irregular.

  En "los peores países" los trabajadores "están expuestos a unas prácticas laborales injustas"

Según el documento, los dos primeros grupos experimentan limitaciones idénticas de los derechos de los trabajadores, con una única diferencia: en el primero de ellos la situación está vinculada a unas instituciones disfuncionales como resultado de un conflicto interno o una ocupación militar. Pertenecen a este nivel países como Siria, Irak o Somalia. Por detrás de ellos, se encuentran lo que el sindicato califica como "los peores países del mundo para trabajar". "Los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos [a los derechos] y están por tanto expuestos a unos regímenes autocráticos y a unas prácticas laborales injustas", señala el informe. En este grupo están englobados países como Bangladesh, Vietnam, Camboya, China, India o Turquía –los últimos cuatro forman parte, además, de los diez peores países del mundo–. En todos ellos se asientan fábricas que trabajan para Inditex y Mango, mientras que en otros como Corea, Egipto, Indonesia y Pakistán se encuentran ubicados proveedores de esta última cadena.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2015, Inditex cuenta con un total de 1.725 proveedores que registraron 6.298 fábricas en 50 países de todo el mundo. Mango, por su lado, dispone de un total de 885 fábricas a nivel global. Mango ha cedido a infoLibre el listado de los 21 países donde ubica sus fábricas –China, Turquía, India, Vietnam, Marruecos, Bangladesh, Portugal, Pakistán, Camboya, España, Indonesia, Bulgaria, Egipto, Italia, Madagascar, Corea del Sur, Georgia, Isla Mauricio, Moldavia, Myanmar y Rumanía–, mientras que Inditex se ha limitado a señalar que "el 60% de la producción se concentra en áreas de proximidad –España, Portugal, resto de la Unión Europea, Europa no comunitaria, Marruecos y Turquía–", y la producción restante "procede de otros países".

Según su memoria anual, Inditex registra un total de 500 proveedores y 2.86 fábricas en la UE, 185 proveedores y 1.410 fábricas en la Europa no comunitaria, 74 proveedores y 234 fábricas en América, 130 proveedores y 316 fábricas en África y 836 proveedores y 2.252 fábricas en Asia. Fuentes de la empresa gallega subrayan, asimismo, la existencia de once clústers –en España, Portugal, Marruecos, Turquía, India, Bangladesh, Vietnam, China, Brasil, Argentina y Camboya– "que cubren el 91% de la producción global de Inditex". La figura del clúster se basa en "espacios de cooperación con el objetivo de promover un entorno productivo sostenible en un área geográfica estratégica para el desarrollo del modelo de negocio de Inditex".

Tal y como indica la última memoria de la empresa, el personal de Bangladesh (81 proveedores y 139 fábricas) en las fábricas del país es de 386.916 trabajadores, mientras que en China (340 proveedores y 1.106 fábricas) las plantillas suman 302.816 trabajadores. En Turquía (183 proveedores y 748 fábricas), la empresa cuenta con 155.256 empleados que fabrican sus productos, mientras que en Vietnam (cinco proveedores y 130 fábricas) la cifra del personal se reduce a 143.206 y en India (134 proveedores y 219 fábricas) se queda en 131.435. En Camboya (un proveedor y 68 fábricas), el número total de trabajadores es de 104.695, mientras que en Marruecos (106 proveedores y 211 fábricas) alcanza 62.333. En Portugal (171 proveedores y 887 fábricas), por su parte, la cifra es de 46.494 trabajadores; en Brasil (37 proveedores y 103 fábricas) 18.930; en España (216 proveedores y 172 fábricas) 8.362 y, finalmente, en Argentina (64 proveedores y 1.106 fábricas) son 5.505 los operarios que integran las plantillas de los fabricantes, aunque la compañía recalca que "estas fábricas no trabajan en exclusiva para Inditex, sino para muchas otras marcas que también les hacen sus pedidos".  

Mango, por el contrario, no cuenta con la cifra de personal que trabaja en las fábricas de proveedores: "El número de personas que trabajan para proveedores de Mango es un dato que no tenemos disponible actualmente", comunica.

¿Sistema de control eficaz?

Confirmada su presencia en países clasificados como "los peores del mundo" para los propios trabajadores, cabe preguntarse qué mecanismos utilizan las empresas para evitar que se produzcan las irregularidades laborales denunciadas por sindicatos y organizaciones no gubernamentales. En el caso de Inditex, "los proveedores están obligados a registrar todas las fábricas y talleres donde elaboran la ropa que producen", tal y como indica un portavoz autorizado en declaraciones a este diario. "Si los proveedores encargan, a su vez, parte de su producción o procesos de la misma a segundos o terceros deben comunicarlo por anticipado a Inditex" y hasta que esos terceros no son sometidos a un proceso de evaluación, el proveedor no está autorizado a utilizarlos.

El dueño de Inditex, Amancio Ortega. | Europa Press

Las auditorías pre-assessment son las evaluaciones previas de potenciales proveedores y fábricas, "realizadas por auditores internos o externos sin preaviso". Junto a ellas, existen las auditorías sociales, puestas en marcha con el objetivo de "verificar el grado de cumplimiento con el código de conducta y establecer planes de acción correctivos". Por otra parte, la auditorías especiales consisten en "visitas y revisiones sobre temas específicos como salud y seguridad de los trabajadores". Finalmente, Inditex contempla auditorías de trazabilidad, es decir, aquellas empleadas con el fin de "verificar la trazabilidad de la cadena de suministro a partir del análisis de la información recogida en el sistema de gestión de fabricantes".

En cuanto al carácter de los procedimientos de auditorías, Inditex señala que en el 2015, de las 10.977 auditorías realizadas, un total de 2.799 fueron internas y 8.178 externas. "Para llevar a cabo las auditorías, los equipos de Inditex están compuestos por más de 3.000 profesionales repartidos por todo el mundo", señala la empresa, aunque sin detallar el nombre de estos profesionales ni de las empresas auditoras escogidas para el proceso de evaluación.

En el último ejercicio fueron descartados un total de 35 proveedores "por no corregir determinados incumplimientos del código de conducta tras dar plazos específicos para su corrección", mientras que un total de 30 lo hicieron por motivos comerciales. "Cuando existe un incumplimiento nuestra prioridad es trabajar con el proveedor para subsanar y remediar la situación, de manera que pueda resolverse, mejorándose así las condiciones laborales al tiempo que se protege a los trabajadores", recalca la compañía, que sin embargo no concreta qué aspectos del código de conducta fueron incumplidas por los 35 proveedores descartados: "Los detalles de estos planes correctivos y su desarrollo –o, en su caso, incumplimiento– se comparten con las fuerzas sociales y sindicales implicadas y se mantienen con la necesaria discreción para no perjudicar a los trabajadores", indica la empresa.

En el caso de Mango, el grupo señala que en el año 2002 fue impulsado un código de conducta "fundamentado en los principios y la filosofía de las principales declaraciones y legislaciones de derechos laborales e infantiles del mundo", que es de "obligado cumplimiento tanto para Mango como para sus proveedores y está incluido en el contrato comercial que firman" los proveedores en el inicio de su relación comercial.

Para velar por su cumplimiento, Mango estableció un mecanismo de control basado en "exigentes auditorías en todos los centros de trabajo y equipamientos que intervienen en el proceso de producción y distribución". En el año 2015, Mango llevó a cabo "más de 396 auditorías" en todo el mundo, todas ellas "externas y totalmente ajenas a Mango, ONG y sindicatos". La empresa catalana tampoco concreta quienes son los encargados de desarrollar y poner en marcha las auditorías. 

Mango realiza, asimismo, una "selección previa de sus proveedores tras un detallado análisis de cada centro de producción", verificando que cumple con "los exigentes requisitos que establece la empresa en su código de conducta social, laboral y ambiental para fabricantes de prendas y complementos para el grupo". De este modo, "cualquier infracción implicaría su corrección por parte del fabricante quedando cancelada cualquier relación del fabricante con Mango, en el caso que no se subsanara". En el 2015 fueron registrados un total de 233 incumplimientos relacionados con infracciones de "tolerancia cero o sin intención de colaboración o mejora".

Teniendo en cuenta el conjunto de mecanismos diseñado para garantizar los derechos de los trabajadores, ¿cómo se explica la presencia de los dos gigantes del textil en países donde los derechos laborales son violados sitemáticamente?

El grupo de Amancio Ortega alude, como respuesta, a su colaboración con Industriall, la Federación Internacional de Sindicatos que representa a más de 50 millones de trabajadores en todo el mundo. La colaboración entre ambos consiste en un Acuerdo Marco Global firmado en 2007 y renovado en el 2014, que fija sistemas de seguimiento de los programas y normas relativos a la calidad, la fabricación, la salud y la seguridad.

  Eva Kreisler señala que al subcontratar la producción, "la responsabilidad se diluye"

Mango, por su lado, incide en que sus proveedores "saben que las colecciones han de producirse en centros que respeten los derechos humanos y laborales de los trabajadores, así como respeto al medioambiente", por ello, y a través de "los procesos de auditorías, internas y externas, comprobamos que como mínimo los requisitos legales de cada país se cumplan". Mango señala que "a lo largo de los años, la presión de la industria textil ejercida sobre los proveedores para garantizar el cumplimiento de la ley y de los códigos de conducta de las diferentes marcas internacionales, ha contribuido a la mejora y al desarrollo de la economía, la industria y por supuesto de las condiciones socio-laborales de las personas".

En cuanto a los países señalados como ejemplos negativos por sindicatos internacionales, Mango "considera que dejar de trabajar frenaría cualquier oportunidad de desarrollo social, económico, de infraestructuras y organizativo en estos países", por lo que prefiere "apostar por una relación de win-to-winwin-to-win –todos ganan–".

Eva Kreisler señala, sin embargo, que las prácticas habituales implican que al subcontratar la producción, "la responsabilidad se diluye" y las empresas eluden sus obligaciones hacia las personas que confeccionan su ropa. "Si a esto añadimos que la vigilancia de los derechos humanos se basa en ineficaces auditorías realizadas por las propias empresas, como ha quedado demostrado en sucesivas tragedias que han sacudido la industria, nos encontramos con un contexto idóneo para la explotación".

Vigilancia sindical

Víctor Garrido, responsable del sector Industria de CCOO y coordinador a nivel mundial del acuerdo entre Inditex e Industriall, explica en conversación con este diario cómo funciona el trabajo sindical con las empresas textiles en materia de derechos laborales.

"Con Mango estamos tratando ese tipo de cuestiones desde hace unos años", comenta, "menos que con Inditex", con quien el sindicato trabaja desde hace catorce años, y con quien colabora en el acuerdo marco desde hace una década. La labor sindical se basa, esencialmente, en ver "qué tipos de problemas hay en las fábricas, ir a los países para ver qué se está haciendo en el cumplimiento de la normativa OIT", y, como resultado, elaborar informes analizando la situación –como estos de China, Bangladesh o Turquía–.

El dueño de Mango, Isak Andic. | Europa Press

Garrido explica que en la actualidad existen "sólo cuatro empresas a nivel global que tengan acuerdos marcos en el sector textil", e Inditex es una de ellas. En este sentido, subraya que "el único acuerdo marco global de los 48 que hay en el sector industrial que permite la entrada de los sindicatos locales al centro de trabajo es el de Inditex", y añade que, en caso de que Mango siga los mismos pasos, ese será uno de los requisitos: "Que tengan libertad sindical, que ya lo dan todos los códigos de conducta, pero que se ejerza". A la pregunta sobre cómo se garantiza el ejercicio de ese derecho, Garrido señala que, precisamente, permitiendo la entrada de los sindicatos locales, "y eso ahora mismo sólo lo da ese acuerdo marco que es el de Inditex".

En cuanto a los mecanismos de control, Garrido sostiene que las empresas "tienen sus propios sistemas de auditorías internas, sociales, consultores externos, internos, y hay un sistema de verificación, que es el más potente –continúa–, y es que los sindicatos tengan acceso a las fábricas". Sin embargo, prosigue, en los "países donde no hay sindicatos" existe un "acuerdo con Inditex para potenciar los expertos sindicales, para que intenten desde Insdustriall que haya un experto sindical que esté vigilante". ¿Se cumple este objetivo?, se cuestiona el propio Garrido: "Hay que apostar por que se cumpla, hay que potenciar que se cumpla y hay que poner los mecanismos para que se cumpla", zanja.

En cuanto a la presencia de las empresas en países donde los derechos no están garantizados, Garrido matiza que "Inditex no llega a tener 190 fábricas en Bangladesh", cuando en su capital "hay más de 10.000 fábricas". Respecto al salario, añade, "en una fábrica de Bangladesh de Inditex pueden cobrar 80 euros" al mes, pero "el resto de empleados están cobrando 42 ó 45 euros", argumenta. Las empresas, agrega, en sus códigos de conducta "tienen obligado cumplimiento de la OIT, lo tenemos firmado en los acuerdos marco y es lo que estamos buscando con Mango también". En Camboya "estaba en la pobreza el 80%, y ahora lo está el 60%", continúa Garrido, quien invita a contemplar los "muchos condicionantes" que existen en esta materia.

En el caso de la India, pone como ejemplo Garrido, "la legislación dice que se puede trabajar con menos de 14 años", pero "no hay una fábrica de Inditex y Mango que trabaje con críos de menos de 18, no sólo porque es de obligado cumplimiento nuestro, sino porque así lo garantizamos", señala. En China, prosigue, "hay un sindicato único y vertical", pero sus trabajadores "ganan 350 euros al mes", mientras que en países como "Georgia, que es un país de la Comunidad Económica Europea –ya extinta–, no tienen salario mínimo y están por debajo de los 100 euros, y no hay fábricas de Inditex ni de Mango", señala el sindicalista, aunque Mango sí cuenta con fábricas en Georgia, tal y como han confirmado fuentes de la empresa a este medio.

Por su parte, Ropa Limpia, que trabaja en casos de violación de derechos humanos a través de sindicatos locales en todo el mundo, organizaciones en defensa de los derechos laborales o los propios trabajadores, entiende que "no se trata ahora de cortar relaciones con las fábricas denunciadas por explotación de refugiados, trabajo infantil y malas condiciones de trabajo, y dejar a la gente sin trabajo, sin salarios y sin compensación, sino de implicarse en resolver el problema y sobretodo prevenir que estos abusos no puedan suceder".

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) se reúne este martes para echar el cierre tras cinco años, una breve existencia para el órgano que nació como el superlobby de las mayores empresas españolas. En realidad, el CEC lleva ya un año con ventilación asistida, desde que suspendió la reunión prevista después de las elecciones del 20 de diciembre. La salida de su principal impulsor, César Alierta, de la presidencia de Telefónica, y la muerte de dos miembros destacados como Emilio Botín (Banco Santander) e Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) han terminado por dejar sin fuelle el grupo de los 17 más poderosos empresarios de España.

Aunque no son éstas las únicas razones del declive de un consejo que se fotografió al completo tanto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los jardines de La Moncloa, como con el rey Juan Carlos, en toda una muestra de fortaleza. El CEC no era un lobby al uso. “Su objetivo no era defender intereses sectoriales, actuando en un área, cuanto más concreta más efectiva, como hacen Seopan [el lobby de las grandes contructoras] o la patronal bancaria, por ejemplo”, explica Manuel Villoria Mendieta. catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparency International. Por el contrario, “sus fines eran estrictamente políticos”, apunta Juan Hernández Vigueras, miembro de la asociación ATTAC y autor de Los lobbies financieros.

“El CEC nació para crear un clima de opinión, para influir en la política económicainfluir en la política económica”, precisa Iván Medina, profesor de la Universidad de Valencia y uno de los autores de Los grupos de interés en España junto al catedrático Joaquim María Molins, de la Universidad Autónoma de Barcelona. El Consejo Empresarial de la Competitividad no es un think tank –a pesar de que así se presenta en su página web– como sí puede definirse el Círculo de Empresarios, ni una patronal al uso como la CEOE. Sobre el germen del Instituto de Empresa Familiar (IEF), nacido en 1992 e integrado por un centenar de compañías líderes en sus respectivos sectores, el CEC apareció en un momento marcado por la recesión económica, las movilizaciones sociales, la amenaza del rescate europeo y la crisis de imagen de la CEOE, embarrada con el encarcelamiento de su expresidente, Gerardo Díaz Ferrán.

Además, “frente a la CEOE, que siempre ha desarrollado una política más pactista, el CEC quería ser el interlocutor válido de las grandes empresas en política económica”, destaca Iván Medina, “querían tener una voz concreta y diferente a la de la patronal”. De ahí surgió el informe España 2018, que planteaba cómo reducir la tasa de paro al 12% ese año, haciendo reformas institucionales, aumentando el tamaño de las empresas, adelantando la reforma de las pensiones, ampliando la flexibilidad laboral, recortando aún más el gasto público o privatizando empresas públicas. Se trata de uno de los seis informes elaborados por el CEC desde 2011.

Personalismo e intereses enfrentados

No es su única obra. También ayudaron al Gobierno a vender en el extranjero la imagen de una España triunfadora que se sobreponía a la mayor crisis económica de los últimos 40 años. “El Ejecutivo”, precisa Iván Medina, “utilizaba a los campeones nacionales para publicitar la Marca España, para que explicaran al mundo que España era competitiva”. España emprende y exporta o España, un país de oportunidades tituló el CEC sus informes de 2013. Acciona, ACS, Ferrovial, Mango, Inditex, Mercadona, Iberdrola, Grupo Planeta, BBVA, Santander, Repsol… ofrecían la cara de éxito de una economía que superó los 6,2 millones de parados en 2013.

Sin embargo, el lobby del ÍBEX pecaba de “personalista”, a juicio de Juan Hernández Vigueras. César Alierta fue su principal impulsor y su único presidente. Pese a que, en teoría, el cargo debía ser rotatorio cada dos años. Con el abandono del aragonés, en plena incertidumbre política por la falta de Gobierno, y el escaso interés que su sucesor, José María Álvarez-Pallete, o Ana Botín y Dimas Gimeno, la nueva generación al frente de Santander y El Corte Inglés, parecen mostrar por el CEC, el lobby estaba tocado.

Y si a un posible problema de perdurabilidad se le añade la que Hernández Vigueras considera una “contradicción interna insuperable”, los intereses contrapuestos de grandes bancos y grandes compañías, el CEC “no podía durar mucho”, opina. Tampoco ayuda a su supervivencia el hecho de que el lobby no sea un órgano “institucionalizado”, carente de estructura y personal como sí tiene la CEOE, coinciden Hernández Vigueras y Medina. “Su actividad se limitaba a reuniones de amiguetes poderosos”, resume el asesor de ATTAC.

Misión cumplida

Juan Hernández Vigueras recalca que el Consejo Español de la Competitividad nació “en una coyuntura determinada y se acaba cuando ya está encauzada la política económica que querían”. “Ya no es la época de discutir la política económica, sino de la negociación colectiva, por ejemplo… ¿qué espacio tiene ahora el CEC?”, se pregunta Iván Medina. El momento político actual, responde a continuación, no da pie a “necesitar a los campeones nacionales” y la CEOE ha recuperado parte de su “prestigio” desde que Juan Rosell introdujo en la patronal “cierta transparencia, menor dependencia de las subvenciones o más oferta de servicios a los empresarios”.

De forma que, cumplida su misión –“aportar propuestas que mejoren la competitividad, ayuden a la recuperación económica y fortalezcan la confianza internacional en España”–, queda en manos del Instituto de Empresa Familiar casi en exclusiva el papel de lobby de las más pujantes empresas nacionales. Allí también se sientan miembros del CEC como Inditex, Ferrovial, Mango, Acciona y Mercadona. No hay que olvidar que el Instituto figura como miembro del CEC con tres representantes –Osborne, Prensa Ibérica y Barceló–. Además, a diferencia del Consejo Empresarial para la Competitividad, el IEF sí tiene una estructura permanente, su propio gabinete de estudios e incluso una red de 37 cátedras, en las que 200 profesores universitarios forman a más de 2.000 alumnos al año.

No es que el modelo de la CEC sea un invento español. Existe en otros países, recuerda Iván Medina. En el Reino Unido es el Institute of Directors (IoD), y desde hace mucho tiempo: fue creado en 1903. Pero el profesor de la Universidad de Valencia también cree que las empresas españolas no tienen necesidad de representación adicional: patronales, cámaras de comercio, círculos de empresarios, foros empresariales, el Instituto de Empresa Familiar… “Todos ellos tienen sus propios gabinetes de estudios y mesas donde negocian con los sindicatos, son órganos suficientes”, concluye.

Un camión procedente de TurquíaTurquía que ha llegado hasta el centro logístico de Mango en Lliça d'AmuntMango (Barcelona) ha transportado a diez inmigrantes, que aparecieron en la mañana de este miércoles entre la carga del vehículo. Al menos una mujer y un menor se encontraban entre las personas interceptadas, según informa la agencia Efe y recoge La Vanguardia.

El camión viajó en ferry desde el puerto de Izmir, en Estambul, hasta Séte (Francia). El conductor que cubrió este primer trayecto se desentendió del vehículo a su llegada a la costa gala. El viaje en carretera hasta España fue efectuado por otro conductor, que aseguró a la policía desconocer que había diez inmigrantes entre la carga, recoge la agencia de noticias.

Los responsables de seguridad de Mango se percataron de que el precinto del vehículo estaba manipulado y procedieron a comprobar el interior del camión, donde se encontraron a estas diez personas que, en principio, se encontraban en buenas condiciones físicas.

Los inmigrantes, cuya nacionalidad se desconoce, han sido trasladados al hospital de Granollers para un chequeo médico. El camión ha quedado inmovilizado en las instalaciones de Mango a la espera de que la policía tome las decisiones pertinentes.

Un año más, la lista Forbes española está encabezada por el fundador de Inditex, cuya fortuna equivale a la de los 24 siguientes nombres de la lista. Esa cifra, además, supone un incremento de 10.100 millones de euros respecto a la del año anterior.

De eliminar a Ortega de la lista, la fortuna total de los ricos de la lista Forbes descendería en 925 millones respecto a 2015. En total, este año crecieron 34 fortunas, mermaron 40 y se mantienen 16, siendo el perfil del rico español el de un hombre de 62,5 años.

A la lista se incorpora por primera vez la mujer de Juan Roig, sumando entre ambos 8.000 millones de euros, de los cuales 4.000 millones le corresponden a ella. El matrimonio adelanta este año a Del Pino y hermanos, que hasta ahora se mantenían en el segundo puesto del ranking.

Por detrás de Ortega, Roig y Del Pino se sitúan la hija del fundador de Inditex, Sandra Ortega, con una fortuna de 7.600 millones de euros, y el presidente de Mango, Isaak Andic, con 4.200 millones de euros.

La riqueza total de las 100 personas y familias más ricas de España alcanzó este año la suma de 198.425 millones de euros, lo que supone 9.175 millones de euros más que en 2015. De esas fortunas, sólo las cinco primeras (Amancio Ortega, Juan Roig y su mujer Hortensia Herrero, Rafael Del Pino, Sandra Ortega e Isaak Andic) constituyen por sí solas 99.212 millones de euros, lo que supone casi la mitad de la fortuna total.

Por detrás de los cinco primeros de la lista se sitúan la presidenta de Coca-Cola Iberian Partners, Sol Daurella, con una fortuna de 3.700 millones de euros; Francisco y Jon Riberas Mera, accionistas de Corporación Gestamp (3.000 millones de euros); familias Herráiz, Mahou y Gervás, dueñas de Mahou San Miguel (2.750 millones); el expresidente y mayor accionista de OHL, Juan Miguel Villar Mir (2.600 millones) y el presidente de Grifols, Víctor Grifols (2.500 millones).

En la lista Forbes de este año hay 17 mujeres, una más que el año pasado, y entre todas suman un patrimonio de 28.000 millones de euros, que supone un 14,11% del total.

Con 7.600 millones de euros, Sandra Ortega Mera, que ocupa el cuarto puesto en la lista general, se sitúa como la primera mujer con patrimonio propio de la lista, seguida por la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, con un patrimonio estimado de 4.000 millones de euros.

Por su parte, Sol Daurella, mantiene este año su tercer puesto en el ranking de mayores fortunas femeninas de España, con 3.700 millones de euros. Las familias también tienen un gran peso en la lista, de la que se desprende que 21 fortunas (un 13,49%) han sobrevivido generación tras generación y en la actualidad suman 26.775 millones de euros, como es el caso de la familia Herráiz Mahou y Gervás, los Álvarez (El Corte Inglés) o los Entrecanales (OHL).

Por su parte, 62 fortunas (un 72,4%) están capitaneadas por hombres, y suman un total de 143.650 millones de euros. Cataluña, con el presidente de Mango a la cabeza, reúne el mayor número de ricos, con 27 fortunas frente a las 25 de Madrid. Sin embargo, atendiendo a las comunidades que mayor riqueza generan, Galicia se sitúa a la cabeza con 83.600 millones de euros, seguida de Madrid, con 38.500 millones.

En este sentido, Navarra y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades que no están representadas en la lista de las 100 fortunas de España, como tampoco Ceuta y Melilla.

En cuanto al sector más fuerte de la economía española, el sector textil lidera la lista, generando una riqueza de 81.500 millones de euros y con Inditex y Mango a la cabeza.

El segundo sector es el alimenticio, con una riqueza generada de 18.150 millones de euros, de los que Mercadona supone 8.000 millones de euros, según la lista 'Forbes'.

El documental que la BBC emitió el lunes con el título Los refugiados que confeccionan nuestra ropa sostiene que al menos una de las fábricas que Mango y Zara utilizan en Turquía emplea refugiados sirios. Y lo hace a pesar de que el propietario de la empresa en cuestión negó su existencia al equipo de periodistas británicos que le preguntó al respecto. 

La referencia a las dos marcas españolas de ropa duran apenas unos minutos y en ella el programa denuncia no sólo la utilización de los refugiados sirios que huyen de la guerra como mano de obra barata sino las duras condiciones de trabajo de la fábrica. Lo que sigue a continuación s una transcripción de ese fragmento del programa, que conduce el periodista Darragh MacIntyre. Las imágenes muestran las prendas y a los empleados de la empresa en plena faena.

“Para averiguar cuáles son las condiciones reales de trabajo, vamos a ir [a la fábrica] de forma clandestina. Es más arriesgado de lo habitual. Las grabaciones ocultas son ilegales aquí y Turquía tiene una reputación por encarcelar periodistas. Estamos haciéndonos pasar por los propietarios de un nuevo negocio de moda”.

“El propietario de esta fábrica, donde las prendas son procesadas, dice que trabajan con todas las grandes marcas”.

Prenda de Zara mostrada en el programa.

“Hoy están procesando vaqueros para Mango y Zara.

Pueden verse las llamas. Los trabajadores usan también aerosoles con productos químicos peligrosos para blanquear los vaqueros. Lo hacen 12 horas al día. La mayoría ni siquiera tienen una simple mascarilla”.

Trabajadores expuestos a las llamas.

Un operario sin mascarilla utiliza un aerosol con productos químicos peligrosos.

“Al menos tres de los trabajadores son refugiados sirios. La fábrica, después, nos dijo que no empleaban refugiados”.

“Mango dice que la fábrica estaba trabajando como un subcontratista sin su conocimiento. Fue inspeccionada y concluyeron que en ella había buenas condiciones, a excepción de algunas medidas de seguridad personales. No encontraron ningún trabajador sirio”.

“La matriz de Zara, Inditex, dijo que las inspecciones son un modo altamente efectivo de monitorizar y mejorar las condiciones de trabajo. La empresa halló incumplimientos significativos [en la fábrica investigada por la BBC] en una auditoría realizada en junio y le dio hasta diciembre para llevar a cabo las mejores necesarias”.

Inditex reconoce las deficiencias sanitarias y de seguridad de la fábrica, defiende su sistema de control de proveedores y acusa a la BBC de no aportar pruebas sobre la utilización de trabajadores sirios de forma ilegal.

El autor del reportaje asegura que las empresas turcas ocultan las irregularidades de la vista de los auditores, de manera que las grandes marcas no se enteran de las condiciones en las que fabrican o procesan su propia ropa.

Al menos 23 personas han muerto y varias decenas han resultado heridas como consecuencia de un incendio registrado este sábado por la mañana en una fábrica de empacado de productos de la localidad de Tongi, en el distrito de Gazipur, al norte de Dacca, según ha informado el diario New Age.

Los cadáveres de 17 personas han sido trasladados al hospital de Tongi, según ha detallado el subinspector de la policía de esta localidad, Sumon Bhakta. Por su parte, el subinspector a cargo del Hospital Universitario Médico de Dacca, Bachchu Miah, ha informado de la muerte de otras cuatro personas.

Un responsable del servicio de bomberos de Gazipur ha contado que el incendio se ha originado por la explosión de una caldera en la fábrica Tampaco en torno a las 6:00 horas del sábado. El subcomisionado de Gazipur, S.M. Alam, ha señalado que se ha creado un comité de investigación formado por cinco personas para investigar el siniestro y que entregará sus conclusiones dentro de quince días.

La policía de Gazipur ha alertado de que el número de víctimas mortales podría ascender en las próximas horas. Parte del edificio incendiado, de cuatro plantas, se ha derrumbado como consecuencia de las llamas.

La fábrica incendiada es una factoría de empaquetado que estaba trabajando con los empleados del turno de noche en el momento en el que se originaron las llamas, según ha contado un testigo. En el momento en que el comenzó el incendio, había en la fábrica unos 250 trabajadores que se disponían a terminar su turno.

Son muy numerosas las fábricas de Bangladesh que trabajan para multinaciones europeas y estadounidenses utilizando mano de obra barata y en condiciones de trabajo muy precarias.

El de esta empresa de empaquetado es el peor accidente registrado en el país desde que en 2013 una fábrica entera se derrumbó en Dacca causando la muerte a 1.134 personas e hiriendo a más de 2.500. Aquella empresa producía prendas de ropa para El Corte Inglés, Inditex y Mango, entre otras marcas internacionales.

Justo cuando, según el ministro De Guindos, los españoles habían dejado de tener miedo a perder el trabajo, la plantilla de las tiendas de ropa Blanco lo han recuperado. Creían haberlo superado tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que en agosto de 2013 puso en la calle a 711 de ellos. Pero la venta de la empresa al grupo saudí Alhokair Fashion Retail Alhokair Fashion Retailha traído nuevas incertidumbres a sus 1.300 trabajadores actuales.

Blanco reconoce que ha encargado a la consultora Deloitte un plan para encontrar “la mejor estructura” que garantice la “viabilidad de la empresa”. En un comunicado interno remitido a la plantilla, la dirección anunciaba “cambios en la gestión, la organización y los recursos de la empresa”. A los sindicatos UGT y CCOO y al comité les ha explicado que está estudiando las ventajas fiscales que ofrece Dubai, y que también planea convertir tiendas en franquicias y externalizar departamentos. Además, el comité vaticina el cierre de varias tiendas tras desaparecer éstas de los presupuestos de este año.

Fuentes del comité de empresa aseguran que el Departamento de Comercio Internacional casi ha desaparecido, después de que sus miembros fueran despedidos tras formar a un grupo de nueve contratados extranjeros que serán trasladados a Dubai. Otro tanto ha ocurrido con el Departamento de Expansión. Para dirigirlo, Blanco fichó a Isak Halfon, un histórico del sector procedente de Mango, que ya trabaja en el emirato. 

Las ventajas tributarias que ofrece Dubai no admiten, en principio, muchas dudas. La presión fiscal es casi nula: no existen impuestos sobre la renta, ni sobre las ventas, el patrimonio y el capital. Tampoco se pagan aranceles comerciales.

UGT asegura que la empresa ha “paralizado” cualquier posible cambio en el Departamento de Logística. Blanco cuenta con dos grandes almacenes, en Parla y Seseña (Madrid), donde trabajan unas 120 personas. Otras 200 integran la sede central en Móstoles.

Los locales, en venta

Otro movimiento pone un punto más de incertidumbre al futuro de Blanco en España. Inversiones Blasol, la sociedad que gestiona los locales comerciales de Blanco, entró en concurso de acreedores el pasado 11 de noviembre. Según publica la web especializada modaes.es, esta sociedad, propiedad de Bernardo Blanco, el fundador de la cadena textil, ha puesto en venta las principales tiendas de la marca: las situadas en la calle de Goya de Madrid, la calle de Ercilla de Bilbao, y la de Pelayo en Barcelona. La web cifra en 6,18 millones de euros el valor de los activos de Inversiones Blasol, aunque precisa que éstos se encuentran embargados por los bancos: avalaban a Maemoda, una de las sociedades adquiridas por Alhokair.

Blanco posee ahora 119 tiendas repartidas por toda España. Y otro centenar más en 21 países. En Arabia Saudí suma ya 42 tiendas, por lo que se ha convertido en su segundo mercado después del español. Los planes de expansión de la empresa se centran en aumentar su actual presencia en Egipto, Jordania, Filipinas y Kazajistán, al tiempo que quiere introducirse en EEUU el próximo otoño con siete nuevas tiendas.

Un gigante árabe, tiendas bajo mínimos

Alhokair es el mayor franquiciador textil de Arabia Saudí. En ese país gestiona más de 70 marcas, entre ellas las españolas Cortefiel y Mango y las del grupo Inditex. De hecho, el grupo gallego entró en Arabia en 2000 de la mano de la compañía propiedad de los hermanos Fawaz, Salman y Abdul Majid Abdulaziz Alhokair. En enero de 2014 compraron Blanco por 40 millones de euros cuando estaba inmersa en un concurso de acreedores. Lo que supuso una inyección de capital y proporcionó “perspectivas de futuro” a la empresa, destacan fuentes de UGT. Un año después, sin embargo, las pérdidas en España siguen siendo “preocupantes”, apunta CCOO.

Además, tras el ERE, las tiendas se encuentran “bajo mínimos”, advierte el comité de empresa. “En muchas de ellas sólo hay cinco dependientas”. Con sueldos que rozan los 1.000 euros al mes, como es habitual en el sector. De ahí que, por un lado, las tiendas sufran un número de “hurtos desmesurado” por falta de control, denuncia CCOO. Y, por otro, hasta los propios informes de la empresa estén constatando el elevado nivel de estrés y otros problemas “psicosociales” que sufren los trabajadores; en especial, las dependientas, por culpa de la “presión por las bajas cifras de ventas, la incertidumbre y la continua fiscalización del Departamento de Auditoría Interna”.

“No hay ninguna decisión tomada ni un plan definido”, resume un portavoz de Blanco el futuro de la empresa. A los sindicatos les ha negado que prepare otro ERE, además de prometerles “para primeros de marzo” los detalles de la inminente reorganización.

Cada vez más desiguales. Cada vez más ricos (unos pocos) y cada vez más pobres (muchos otros). Es el paisaje demoledor que dibujó el último informe de Oxfam. Un ramillete de cifras que explican por sí mismas la magnitud de un problema que, como señala la ONG, no es "fruto del azar", sino el resultado de "políticas concretas" y que, por tanto, sería reparable. Valgan algunas: las 85 personas más pudientes del planeta poseen la misma riqueza que los 3.500 millones más pobres. En España, los 20 más ricos tienen tanto como el 30% más pobre de la población (cerca de 14 millones de personas) y vieron aumentar su patrimonio en 15.450 millones de dólares (12.230 millones de euros) entre 2013 y 2014. Esto quiere decir que por día, entre todos vieron engordar sus bienes en 42,3 millones de dólares, y por minuto, en 29.395 dólares (unos 23.500 euros), el valor de un salario medio anual en nuestro país. 

La rotundidad del informe Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas, lanzado en más de 50 países, hizo que la atención se centrase en los datos, pero no tanto en el quiénes. En los rostros de esos pocos ricos. En el caso de España, encontramos empresarios del sector de la moda –Amancio Ortega (Inditex), Isak Andic (Mango)–, la alimentación –Juan Roig (Mercadona)–, el turismo (Gabriel Escarrer, Meliá), el juego (Manuel Lao, Cirsa) y, sobre todo, de la construcción y las infraestructuras –Rafael, Leopoldo y María del Pino (Ferrovial), Juan Abelló (ex de Sacyr), Manuel Jove (ex de Fadesa), Florentino Pérez (ACS), Alicia Koplowitz (ex FCC), Juan Miguel Villar Mir (OHL), José Lladó (Técnicas Reunidas)–. 

Las tres personas más acaudaladas de España, según Oxfam Intermón, tienen una riqueza que es más de dos veces superior a la acumulada del 20% más pobre, que son más de 9 millones de personas. La fortuna del 1% con más recursos gana a la del 70% más pobre. "Somos un pésimo ejemplo", decía el pasado jueves José María Vera, el director general de la ONG durante la presentación de la campaña. No en vano, España es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años.

Dos son, a juicio de Oxfam Intermón, las razones que han alimentado un rápido aumento de los desequilibrios en todo el planeta: el "fundamentalismo del mercado" y la "captura política por las élites", que "resulta en leyes hechas a las medidas de los intereses de unos pocos". ¿Cómo combatirlo? Con políticas fiscales más redistributivas y con la inversión en políticas públicas "que garantizan la igualdad de oporunidades", junto con el acortamiento de las escalas salariales y la disminución de la brecha de sueldos entre hombres y mujeres. A juicio de la ONG, el Gobierno de Mariano Rajoy "va en la dirección contraria" al presentar una reforma tributaria injusta y unos Presupuestos de 2015 que no incrementan el gasto social.

"La pobreza y la desigualdad no son inevitables o accidentales, sino el resultado deliberado de decisiones políticas. Es preciso y urgente cambiar las reglas y los sistemas que han permitido esta explosión de la desigualdad", alertaba Oxfam el pasado jueves. Porque la desigualdad, concluía, "frena el crecimiento, corroe los cimientos democráticos, ahoga las oportunidades y alimenta la inestabilidad, al tiempo que profundiza la discriminación, sobre todo contra las mujeres", según Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional. 

A continuación infoLibre recopila los perfiles de los 20 españoles más ricos, según figura en la lista que elabora la revista norteamerica Forbes. Está liderada, a mucha distancia de los siguientes, por el padre de Zara, Amancio Ortega, uno de los hombres más arriba del podio. Todos ellos cumplen la condición indispensable para figurar en la tabla: tener más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. Ahora mismo, el total de españoles con esa riqueza es de 23 hombres y mujeres. A la relación siguiente, por tanto, habría que añadir a Alberto Cortina (puesto 21) y Alberto Alcocer (23) –los Albertos– y a Fernando Roig (22). 

Esta es la lista de los 20 españoles más ricos y su patrimonio:

01. Amancio Ortega Gaona, 59.400 millones de dólares (47.393 millones de euros)

En 2014, el fundador del imperio Inditex se convirtió en el tercer hombre más rico del mundo, tras el estadounidense Bill Gates y el mexicano Carlos Slim, aunque la actualización de los listados de Forbes le sitúan ahora como la cuarta fortuna del planeta, ya que le ha adelantado el americano Warren Buffet. Amancio Ortega (Busdongo de Arbas, León, 1936) inauguró la primera tienda de ropa Zara en A Coruña en 1975 y cuatro años más tarde constituyó Inditex, de la mano de su mujer, Rosalía Mera, fallecida repentinamente en agosto de 2013. En 2001 Inditex salió a bolsa, su gran salto de gigante. En julio de 2011, Ortega cedió la presidencia de la compañía a su mano derecha, Pablo Isla, aunque se mantuvo como consejero y máximo accionista. Según la revista, incrementó en 7.000 millones su fortuna el año pasado. Además, ha ido aumentando su patrimonio inmobiliario en los últimos años, parte de ellos adquirido a precios de ganga. En 2013, compró cuatro nuevos edificios en Madrid, Nuevo York y Londres por 830 millones de dólares. Entre su treintena de propiedades, la Torre Picasso de Madrid. 

Oxfam Intermón también ha hecho un cálculo de cuánto tiempo tardaría cualquiera de las tres personas más ricas del mundo (en marzo de 2014, cuando Forbes publicó la última edición de su lista, eran Gates, Slim y Ortega) en gastar toda su fortuna. A razón de un millón de dólares al día, el fundador de Inditex necesitaría unos 170 años. 

Inditex es hoy un coloso con 6.460 tiendas en 88 mercados, cuyas ventas totales, en el primer semestre del ejercicio 2014, ascendieron a 8.085 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El beneficio neto se situó en 928 millones. 

02. Sandra Ortega Mera, 5.600 millones de dólares (4.467 millones de euros)

Sandra Ortega, de 46 años, se estrenó en la lista Forbes en 2014. Hija de los fundadores de Inditex, Amancio Ortega y Rosalía Mera, es la segunda española con un patrimonio de al menos 1.000 millones de dólares (797 millones de euros), y ahora ocupa el puesto 258 del ranking general. Rosp Corunna es la sociedad patrimonial que aglutinaba los bienes de Mera y que ahora comprende los de Sandra y y su hermano Marcos, nacido con parálisis cerebral. Aunque mantiene una mínima participación en Inditex, no lleva las riendas del gigante textil. Está centrada en la Fundación Paidea Galiza, que su madre puso en marcha en 1986, y que se dedica a ayudar a los jóvenes con discapacidad física o mental a desarrollar su potencial y poder insertarse en el mundo laboral. 

03. Isak Andic, 5.000 millones de dólares (3.989 millones de euros)

El empresario textil Isak Andic es el fundador y accionista mayoritario de la cadena de moda Mango, cuya primera tienda abrió en 1984 en pleno centro de Barcelona. Ahora la compañía dispone de 2.400 establecimientos, el 65% de los cuales en régimen de franquicia, y en más de cien país. Andic, nacido en Turquía pero afincado en España desde los años sesenta, explicaba hace unos meses que Mango, que cada año abría 35.000 metros cuadrados de tienda, daría un salto cualitativo: 120.000 metros se inaugurarían en 2014 y entre 180.000 y 200.000 a partir de 2015. El grupo catalán facturó en 2013 1.846 millones de euros, un 9% más que en el ejercicio anterior, y el 83% de su negocio procedió del extranjero. El año pasado la compañía ganó 120,5 millones. Andic dejó en septiembre de 2013 su puesto como vicepresidente primero y miembro del consejo del Banco Sabadell. Su fortuna, de 5.000 millones de euros, le coloca en el lugar 294 del listado de Forbes. 

04. Juan Roig, 4.200 millones de dólares (3.352 millones de euros)

Juan Roig es el presidente ejecutivo de la cadena de supermercados Mercadona, de capital 100% español y familiar. La compañía que fundaron sus padres hoy está presente en 48 provincias de las 17 comunidades, y dispone de 1.511 tiendas. Según los últimos datos facilitados por la empresa, su cuota de mercado es del 14,1%, según los últimos datos facilitados por la empresa. Su plantilla está formada por 74.000 trabajadores, "todos con empleo estable", como se encarga de destacar la compañía. Roig, no obstante, no se ha privado de hacer polémicas declaraciones: "En España tenemos que imitar la cultura del esfuerzo con la que trabajan los chinos en los bazares", "No hay que recortar por recortar. Pero sí hay que frenar el derroche, y España es un país de derroche". Su nombre apareció como donante del PP en los papeles del extesorero Luis Bárcenas. Ocupa el puesto 366 en la tabla de la revista americana. 

05. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, 3.500 millones de dólares (2.792 millones de euros)

Su patrimonio aumentó en mil millones de dólares el año pasado tras las rentables operaciones internacionales de Ferrovial, compañía que preside desde 2000 y de la que posee el 20%. Es miembro de MIT Corporation, del consejo de Zurich Insurance Group y de los consejos asesores internacionales de Blackstone, IESE y MIT Energy Initiative. Del Pino y Calvo-Sotelo (Madrid, 1958) fue consejero de Banesto y de Uralita, y presidente de Cintra entre 1998 y 2009. Ferrovial es uno de los mayores grupos mundiales de infraestructuras, cuenta con 57.000 trabajadores y está presente en más de 25 países. Gestiona el aeropuerto de Heathrow, en Londres, la autopista 407-ETR en Toronto (Canadá) o la Chicago Skyway en Illinois (EEUU). Presta servicios a 827 ciudades en España, Reino Unido y Portugal. Su fortuna de 3.500 millones de dólares le ubican en el puesto 476 del escalafón. 

06. Daniel Maté, 2.400 millones de dólares (1.915 millones de euros)

Es un ejecutivo prácticamente desconocido para el gran público. Y ni siquiera hay foto oficial suya. Donostiarra, de 51 años, debe su abultado patrimonio a sus puestos de alto ejecutivo de la minera suiza Glencore, a la que se incorporó en octubre de 1988. En 1991, Maté se sumó a la división de zinc, cobre y plomo, convirtiéndose en codirector del departamento en 2000. Maté pasó a engrosar las listas de milillonarios cuando el gigante de materias primas salió a bolsa en mayo de 2011. Al año siguiente, la empresa anunció sus planes de fusión con Xstrata. No fue en realidad una unión de iguales, ya que los directivos de Glencore –caso de Maté– pudieron retener el control. En el ranking de Forbes se sitúa en la posición 763. 

07. Juan Abelló, 2.300 millones de dólares (1.835 millones de euros)

Juan Abelló comenzó su actividad empresarial en 1965, en la compañía familiar, Laboratorios Abelló. En 1985 vendió la farmacéutica familiar y con ello hizo fortuna. Fue vicepresidente ejecutivo de Banesto (1987-1989), entró en el consejo de administración de Antena 3 TV (1991-1992) y fue presidente de Airtel Móviles y de RTL. Hasta marzo de 2013 poseía el 9,6% de la constructora Sacyr, de la que fue su vicepresidente durante 12 años. A los pocos meses, a través de su sociedad de inversiones Torreal entró en el capital de la automovilística Aston Martin a través de Prestige Motor Holdings. Abelló es también conocido por su extensa y valiosa colección de arte, que incluye obras de Picasso, Goya, El Greco, Dalí, Bacon, Van Gogh o Toulouse-Lautrec. Está en el puesto 810 de Forbes.

08. Manuel Jove, 2.200 millones de dólares (1.755 millones de euros)

La fortuna de Jove procede de la inmobiliaria Fadesa, la empresa que él fundó en 1980 con capital privado y suyo la mayoría. En 2004 la sacó a bolsa y en 2006 le vendió el 55% a Martinsa, justo antes del estallido de la burbuja. Martinsa presentó el concurso de acreedores dos años más tarde. Su dueño, Fernando Martín, llevó a Jove y a su ex consejero delegado, Antonio de la Morena, a los tribunales, acusándoles de haber suministrado a la tasadora datos falsos en una treintena larga de activos. Martinsa –que logró superar el concurso de acreedores, el mayor de la historia empresarial española– alegó que aquellos activos estaban inflados para hinchar así el precio de Fadesa, lo que a la postre la habría causado un daño patrimonial de 1.576 millones. Pero los jueces dieron la razón a Jove. A través del grupo Inveravante, el empresario impulsa negocios en energías renovables y desarrollo comercial y residencial. Jove ha ido reduciendo su participación en el BBVA, que inicialmente rondaba el 5%. Su puesto en el listado de Forbes es el 818.  

09. Helena Revoredo, 2.000 millones de dólares (1.596 millones de euros)

Helena Revoredo es presidenta de Prosegur, la empresa privada de seguridad que su marido, Herberto Gut, fundó en 1976. Once años más tarde, salió a bolsa. En 1997, Gut murió en un accidente de coche. En 2004, Revoredo, nacida en Argentina, fue nombrada presidenta de la compañía, y su hijo, Christian Gut, elegido consejero delegado cuatro años más tarde. Su hija Chantal también se sienta en el consejo. Prosegur tiene un pie en cuatro continentes (Asia, Europa, Oceanía y Latinoamérica). En 2012, las ventas de la mercantil ascendieron a 5.000 millones de dólares. Revoredo es también la presidenta de la Fundación Prosegur, que desarrolla proyectos de cooperación en los países en los que la compañía está presente. La revista estadounidense la coloca en la casilla 900. 

10. Francisco José Riberas Mera, 2.000 millones de dólares (1.596 millones de euros)

El padre de Francisco José Riberas Mera, Francisco Riberas Pampliega, fundó en 1958 Gonvarri, una empresa dedicada a la transformación del acero, que todavía sigue siendo líder del sector. A finales de los ochenta, comienza el suministro de piezas de estampación a fabricantes de automóvil, que derivó en la creación de Gestamp como una compañía aparte centrada en el mundo de la automoción. En 2007 surgió otra división, Gestamp Renewables, dedicada a las energías renovables. Riberas Mera, que ingresó en la sociedad en 1988, es hoy su CEO. Gestamp tiene presencia en más de 20 países y dispone de casi un centenar de plantas industriales (ocho en China). Su plantilla en todo el mundo es de más de 30.000 empleados. Francisco José y su hermano Juan María, con asiento en el consejo de administración, heredaron el 50% de la compañía a partes iguales tras la muerte de su padre en 2010. Para los dos hermanos, su lugar en la lista Forbes es el 921. 

11. Juan María Riberas Mera, 2.000 millones de dólares (1.596 millones de euros)

Juan María entró en Gestamp en 1992, después de licenciarse en Derecho y Administración y Dirección de Empresas –las mismas titulaciones que su hermano–. Los dos han multiplicado exponencialmente las ventas de la compañía: 11.000 millones de euros.

12. Florentino Pérez, 2.000 millones de dólares (1.596 millones de euros)

Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, en el palco, siguiendo el encuentro de su equipo frente al Granada, este sábado 1 de noviembre | EFE

Presidente por partida doble. Florentino Pérez dirige la constructora ACS –llegó a la presidencia del grupo en 1997– y el Real Madrid, el equipo de fútbol más rentable de todo el mundo. Pérez hizo primero carrera política –fue concejal por UCD, director general de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transportes (1980-1981) y presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (1981-1982)– y después se centró en sus negocios. En 1983 vuelve a la empresa privada y se convierte en presidente de Construcciones Padrós, una compañía de mediano tamaño radicada en Badalona y que atravesaba una difícil situación financiera. La compañía fue haciéndose más grande y fue cambiando su denominación: Ocisa, OCP Construcciones y, finalmente, ACS. En 2000 Florentino logró el control del Madrid, que conviertió en el equipo de las estrellas en este primer mandato, que se extendió hasta 2006. En 2009 volvió a la presidencia del Madrid, gobierno que renovó en 2013. En ACS Pérez posee el 12,5% de las acciones. Ocupa el escalón 924 en el listado. 

13. Alicia Koplowitz, 2.000 millones de dólares (1.596 millones de euros)

Junto con su hermana Esther, heredó a la muerte de sus padres una de las constructoras más grandes del país, Fomento de Construcciones y Contratas. En 1970 contrajo matrimonio con Alberto Cortina, meses después de que su hermana se casara con el primo de este, Alberto Alcocer. Ambas se divorciaron dos décadas después y tomaron el control de FCC. En 1997 Alicia vendió su participación en la empresa por 136.624 millones de pesetas. A partir de entonces, fue diversificando sus inversiones (Acerinox, Iberdrola, Sabadell...) y ha visto crecer su fortuna de forma constante. En 2003 creó la Fundación Alicia Koplowitz, que tiene como objetivos la formación y la investigación en enfermedades psiquiátricas de la infancia y la adolescencia. Es la rica número 938 de todo el planeta. 

14. Jaime Botín, 1.800 millones de dólares (1.437 millones de euros)

Jaime Botín, hermano del fallecido Emilio Botín, entró en la lista de los milmillonarios –ahora ocupa el puesto 1.000 de todo el mundo– gracias a una participación del 23,3% en acciones de Bankinter, que posee a través de su compañía Cartival. Jaime Botín fue multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores –expediente ratificado por el Ministerio de Economía– por haber ocultado al mercado que poseía parte de su capital en Bankinter en una entidad suiza. La sanción ascendió a 700.000 euros. El empresario fue presidente del banco desde 1986 hasta 2002. 

15. Manuel Lao Hernández, 1.800 millones de dólares (1.437 millones de euros)

Es el nombre ligado indiscutiblemente al juego en España. Manuel Lao fundó Cirsa en 1978, coincidiendo con la legalización del juego en nuestro país. Y desde entonces fue creciendo hasta convertirse en la primera compañía del sector en España y Latinoamérica. En 2013, Cirsa obtuvo unos ingresos de 1.585 millones de euros. Su actividad comercial se extiende por 70 países y está presente en nueve países. Sus negocios pivotan sobre varias actividades: casinos, salas de bingo, salones de juego, máquinas recreativas, terminales de loterías y puntos de venta de apuestas deportivas. Lao Hernández, que posee el 100% de Cirsa –holding de juego y entretenimiento de Nortia Corporation, que también preside–, se ubica en el peldaño 1.032 de los más ricos del mundo. 

16. Juan Miguel Villar Mir, 1.700 millones de dólares (1.357 millones de euros)

Juan Miguel Villar Mir pasó primero por la docencia y por distintos puestos en la Administración franquista antes de convertirse en vicepresidente económico y ministro de Hacienda en el primer Gobierno del rey Juan Carlos, bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro. Entre 1983 y 1991 fue presidente de la eléctrica cántabra Electra de Viesgo. En 1987 creó el grupo empresarial Villar Mir y accedió a la presidencia de la constructura Obrascón, que en en 1998 absorbe Huarte y en 1999 Laín, naciendo así OHL, gigante que aún preside. En 2013, OHL registró unas ventas de 3.284 millones de euros y un beneficio neto de 270 millones. Cuenta con casi 24.000 empleados en todo el mundo. El grupo Villar Mir, por su parte, suma empresas de distintos sectores: metalurgia, energía, fertilizantes, inmobiliaria, construcción... Villar Mir fue nombrado el pasado mayo vicepresidente de la inmobiliaria Colonial. También fue uno de los empresarios donantes del PP que apareció en los papeles de Bárcenas. Suyo es el puesto 1.074 de la lista Forbes.

17. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo, 1.600 millones de dólares (1.277 millones de euros)

Es el cuarto heredero del milmillonario Rafael del Pino y Moreno, el fundador de Ferrovial, que desde 2000 preside su hermano Rafael. Posee algo menos del 10% de la compañía. En 2010 él y su hermano Joaquín se integraron en el consejo de administración, el primero como representante de Portman Baela y el segundo, de Karlovy. Ha sido vicepresidente ejecutivo de Empark, consejero y miembro de la ejecutiva de Ebro Foods, director para España y miembro del comité de dirección de Cintra y presidente de varias autopistas de peaje. También fue director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Su sitio en la tabla Forbes, el 1.105. 

18. María del Pino y Calvo-Sotelo, 1.600 millones de dólares (1.277 millones de euros)

Consejera de Ferrovial desde 2006, María del Pino y Calvo-Sotelo preside la fundación Rafael del Pino, cuya principal misión es la formación de dirigentes. Es miembro del Patronato Princesa de Asturias (el órgano de carácter consultivo de la fundación), patrona de la Fundación Codespa y de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Formó parte del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección. En el listado de la revista americana, se ubica en el puesto 1.158. 

19. José Lladó Fernández-Urrutia, 1.400 millones de dólares (1.117 millones de euros)

La trayectoria empresarial de José Lladó está ligada a Técnicas Reunidas, un contratista general con actividad internacional que se dedica a la ingeniería, diseño y construcción de instalaciones industriales. Fundó la compañía en 1960. En 2013, los ingresos ordinarios alcanzaron los 2.846 millones de euros y los beneficios superaron los 128 millones. Posee el 37,19% de la empresa. Fue ministro de Comercio y ministro de Transportes y Comunicaciones entre 1976 y 1978. Desde 1978 a 1982 fue embajador de España en Estados Unidos. También presidió el patronato del Centro de Arte Reina Sofía y vicepresidió el Círculo de Empresarios. Su fortuna le deja en el escalón 1.277. 

20. Gabriel Escarrer, 1.400 millones de dólares (1.117 millones de euros)

En 1956, con 21 años, Gabriel Escarrer Juliá fundó lo que hoy es el grupo Meliá Hotels International. En ese año abrió su primer hotel, el Altair, en Palma de Mallorca. En la actualidad posee 351 hoteles y resorts (casi 91.000 habitaciones) y ocho marcas (Gran Meliá, ME, Paradisus, Meliá, Tryp, Sol...) en 35 países. Sus ingresos, en 2012, fueron de 1.362,4 millones de euros. Su plantilla la componen 398.025 empleados. La compañía es la líder hotelera en España por número de habitaciones. Su hijo Gabriel Escarrer Jaume es vicepresidente del consejo de administración y consejero delegado del grupo. En el tablero de Forbes se queda en la posición 1.314. 

La Comisión Anticorrupción de Bangladesh ha presentado este miércoles cargos contra 18 personas acusadas de irregularidades en la construcción del edificio Rana Plaza, cuyo derrumbe causó la muerte de 1.130 personas en abril de 2013. Entre los acusados figuran el propietario del inmueble, Mohamad Sohel Rana, así como sus padres, un alcalde, ingenieros y tres propietarios de las empresas textiles que tenían talleres en el edificio.

Un portavoz de la agencia anticorrupción, Pranab Kumar Bhattachajee, ha explicado que los 18 acusados "incumplieron gravemente la normativa de edificación". Así, por ejemplo, las autoridades municipales concedieron permisos para añadir plantas adicionales en el edificio sin tener competencias al respecto.  

El propietario del Rana Plaza se encuentra detenido desde el año pasado, tras permanecer cuatro días huido de las autoridades y supuestamente intentar cruzar la frontera hacia India. El derrumbe, uno de los más mortíferos a nivel mundial, volvió a poner de manifiesto las condiciones laborales en que trabajan miles de empleados del sector textil en Bangladesh. El año pasado, el Gobierno elevó el sueldo mínimo para estos trabajadores un 77 por ciento –hasta los 68 dólares– y revisó la normativa para reforzar los derechos laborales.

En el edificio que se derrumbó se ubicaban las subcontratas de gran cantidad de compañías textiles occidentales, entre las cuales se encontraban tres españolas: El Corte Inglés, Inditex y Mango. Junto a otras, estas empresas se comprometieron a colaborar con un fondo de solidaridad de carácter voluntario para indemnizar a las víctimas, aunque no especificaron qué cantidad aportaría cada una. Y tampoco concretaron cuándo se efectuarán los pagos, porque más de un año después los afectados aún no han visto un sólo dólar.