Derechos laborales

Mango e Inditex mantienen parte de su producción en países considerados "los peores del mundo" para los trabajadores

Imagen de archivo de una sede de Inditex.

La presencia de empresas como Mango e Inditex en países donde los derechos no están garantizados es un secreto a voces. El último escándalo relacionado con los dos gigantes del textil saltó el pasado mes de octubre, de la mano de un documental de la BBC, Los refugiados que confeccionan nuestra ropa, que acusaba a proveedores de ambas compañías de explotar a refugiados sirios. Según la cadena pública, la mayoría de los refugiados descubiertos en las fábricas no tenían los permisos pertinentes, trabajaban en jornadas de más de 12 horas y no disponían de las condiciones de seguridad adecuadas.

Como respuesta, Inditex admitió la existencia de "una serie de problemas que resolver", pero negó que "en ningún caso" estuvieran "relacionados con la presencia de refugiados sirios, sino con deficiencias sobre la salubridad y la seguridad de algunos productos". Insistió, además, en su colaboración con la ONG Refugee Support Center para "regularizar el estatus estatus" de aquellos trabajadores que puedan estar en el país "de manera irregular, pero no explotados".

Por su parte, la firma catalana Mango negó haber autorizado los servicios de la lavandería turca señalada. A través de un comunicado, aseguró que no se trataba de un proveedor, "e incluso no consta como proveedor de ninguna compañía proveedora de Mango", de modo que, añadía, "los productos encontrados en las instalaciones especificadas son una excepción".

No es la primera vez, sin embargo, que empresas como Mango e Inditex son puestas en entredicho por sus políticas en determinados países. En el año 2011, el Ministerio de Trabajo brasileño investigó a Zara por un caso de trabajo esclavo en el país latinoamericano. En el 2013, el incendio en una fábrica de Bangladesh –con proveedores que trabajaban para Mango e Inditex– hizo saltar todas las alarmas sobre las condiciones laborales en el país. Y en el 2014, Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel fueron acusadas de emplear a niñas y adolescentes en sus plantas textiles de India y Bangladesh en condiciones cercanas a la esclavitud, según el informe Flawed fabrics. Como respuesta, Inditex puso en marcha planes de acción como el acuerdo sobre seguridad en la industria textil en Bangladesh, o la estrategia contra el llamado sumangali en India, sistema por el cual jóvenes menores de edad son enviadas a trabajar a fábricas del sector textil para pagar la dote de su casamiento.

La coordinadora de la campaña Ropa Limpia en España, Eva Kreisler, afirma en declaraciones a infoLibre que este tipo de prácticas son "mucho más habituales de lo que nos pensamos" y recuerda que "entre 250.000 y 400.00 refugiados sirios trabajan en la economía informal, lo que les hace blanco de mafias y explotación". La responsable de la campaña denuncia que en el sector textil la explotación está a la orden del día: "Es una industria muy poco transparente, abunda la subcontratación, se pagan salarios muy bajos, ofrece puestos donde se requiere poca o ninguna cualificación y las prácticas de compra de las empresas clientes contribuyen a deteriorar las condiciones de trabajo".

Derechos no garantizados

La Confederación Sindical Internacional, a la que pertenecen los sindicatos españoles UGT y CCOO, elabora de forma anual un índice global con los peores lugares del mundo en materia de derechos laborales. En su informe del 2016, el sindicato clasificó a los territorios en seis niveles: aquellos donde los derechos no están garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho; donde los derechos no están garantizados; donde existen violaciones sistemáticas de los derechos; donde se producen violaciones regulares de los derechos; donde se dan violaciones repetidas de los derechos; y finalmente donde las violaciones se suceden de forma irregular.

  En "los peores países" los trabajadores "están expuestos a unas prácticas laborales injustas"

Según el documento, los dos primeros grupos experimentan limitaciones idénticas de los derechos de los trabajadores, con una única diferencia: en el primero de ellos la situación está vinculada a unas instituciones disfuncionales como resultado de un conflicto interno o una ocupación militar. Pertenecen a este nivel países como Siria, Irak o Somalia. Por detrás de ellos, se encuentran lo que el sindicato califica como "los peores países del mundo para trabajar". "Los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos [a los derechos] y están por tanto expuestos a unos regímenes autocráticos y a unas prácticas laborales injustas", señala el informe. En este grupo están englobados países como Bangladesh, Vietnam, Camboya, China, India o Turquía –los últimos cuatro forman parte, además, de los diez peores países del mundo–. En todos ellos se asientan fábricas que trabajan para Inditex y Mango, mientras que en otros como Corea, Egipto, Indonesia y Pakistán se encuentran ubicados proveedores de esta última cadena.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2015, Inditex cuenta con un total de 1.725 proveedores que registraron 6.298 fábricas en 50 países de todo el mundo. Mango, por su lado, dispone de un total de 885 fábricas a nivel global. Mango ha cedido a infoLibre el listado de los 21 países donde ubica sus fábricas –China, Turquía, India, Vietnam, Marruecos, Bangladesh, Portugal, Pakistán, Camboya, España, Indonesia, Bulgaria, Egipto, Italia, Madagascar, Corea del Sur, Georgia, Isla Mauricio, Moldavia, Myanmar y Rumanía–, mientras que Inditex se ha limitado a señalar que "el 60% de la producción se concentra en áreas de proximidad –España, Portugal, resto de la Unión Europea, Europa no comunitaria, Marruecos y Turquía–", y la producción restante "procede de otros países".

Según su memoria anual, Inditex registra un total de 500 proveedores y 2.86 fábricas en la UE, 185 proveedores y 1.410 fábricas en la Europa no comunitaria, 74 proveedores y 234 fábricas en América, 130 proveedores y 316 fábricas en África y 836 proveedores y 2.252 fábricas en Asia. Fuentes de la empresa gallega subrayan, asimismo, la existencia de once clústers –en España, Portugal, Marruecos, Turquía, India, Bangladesh, Vietnam, China, Brasil, Argentina y Camboya– "que cubren el 91% de la producción global de Inditex". La figura del clúster se basa en "espacios de cooperación con el objetivo de promover un entorno productivo sostenible en un área geográfica estratégica para el desarrollo del modelo de negocio de Inditex".

Tal y como indica la última memoria de la empresa, el personal de Bangladesh (81 proveedores y 139 fábricas) en las fábricas del país es de 386.916 trabajadores, mientras que en China (340 proveedores y 1.106 fábricas) las plantillas suman 302.816 trabajadores. En Turquía (183 proveedores y 748 fábricas), la empresa cuenta con 155.256 empleados que fabrican sus productos, mientras que en Vietnam (cinco proveedores y 130 fábricas) la cifra del personal se reduce a 143.206 y en India (134 proveedores y 219 fábricas) se queda en 131.435. En Camboya (un proveedor y 68 fábricas), el número total de trabajadores es de 104.695, mientras que en Marruecos (106 proveedores y 211 fábricas) alcanza 62.333. En Portugal (171 proveedores y 887 fábricas), por su parte, la cifra es de 46.494 trabajadores; en Brasil (37 proveedores y 103 fábricas) 18.930; en España (216 proveedores y 172 fábricas) 8.362 y, finalmente, en Argentina (64 proveedores y 1.106 fábricas) son 5.505 los operarios que integran las plantillas de los fabricantes, aunque la compañía recalca que "estas fábricas no trabajan en exclusiva para Inditex, sino para muchas otras marcas que también les hacen sus pedidos".  

Mango, por el contrario, no cuenta con la cifra de personal que trabaja en las fábricas de proveedores: "El número de personas que trabajan para proveedores de Mango es un dato que no tenemos disponible actualmente", comunica.

¿Sistema de control eficaz?

Confirmada su presencia en países clasificados como "los peores del mundo" para los propios trabajadores, cabe preguntarse qué mecanismos utilizan las empresas para evitar que se produzcan las irregularidades laborales denunciadas por sindicatos y organizaciones no gubernamentales. En el caso de Inditex, "los proveedores están obligados a registrar todas las fábricas y talleres donde elaboran la ropa que producen", tal y como indica un portavoz autorizado en declaraciones a este diario. "Si los proveedores encargan, a su vez, parte de su producción o procesos de la misma a segundos o terceros deben comunicarlo por anticipado a Inditex" y hasta que esos terceros no son sometidos a un proceso de evaluación, el proveedor no está autorizado a utilizarlos.

 

El dueño de Inditex, Amancio Ortega. | Europa Press

Las auditorías pre-assessment son las evaluaciones previas de potenciales proveedores y fábricas, "realizadas por auditores internos o externos sin preaviso". Junto a ellas, existen las auditorías sociales, puestas en marcha con el objetivo de "verificar el grado de cumplimiento con el código de conducta y establecer planes de acción correctivos". Por otra parte, la auditorías especiales consisten en "visitas y revisiones sobre temas específicos como salud y seguridad de los trabajadores". Finalmente, Inditex contempla auditorías de trazabilidad, es decir, aquellas empleadas con el fin de "verificar la trazabilidad de la cadena de suministro a partir del análisis de la información recogida en el sistema de gestión de fabricantes".

En cuanto al carácter de los procedimientos de auditorías, Inditex señala que en el 2015, de las 10.977 auditorías realizadas, un total de 2.799 fueron internas y 8.178 externas. "Para llevar a cabo las auditorías, los equipos de Inditex están compuestos por más de 3.000 profesionales repartidos por todo el mundo", señala la empresa, aunque sin detallar el nombre de estos profesionales ni de las empresas auditoras escogidas para el proceso de evaluación.

En el último ejercicio fueron descartados un total de 35 proveedores "por no corregir determinados incumplimientos del código de conducta tras dar plazos específicos para su corrección", mientras que un total de 30 lo hicieron por motivos comerciales. "Cuando existe un incumplimiento nuestra prioridad es trabajar con el proveedor para subsanar y remediar la situación, de manera que pueda resolverse, mejorándose así las condiciones laborales al tiempo que se protege a los trabajadores", recalca la compañía, que sin embargo no concreta qué aspectos del código de conducta fueron incumplidas por los 35 proveedores descartados: "Los detalles de estos planes correctivos y su desarrollo –o, en su caso, incumplimiento– se comparten con las fuerzas sociales y sindicales implicadas y se mantienen con la necesaria discreción para no perjudicar a los trabajadores", indica la empresa.

En el caso de Mango, el grupo señala que en el año 2002 fue impulsado un código de conducta "fundamentado en los principios y la filosofía de las principales declaraciones y legislaciones de derechos laborales e infantiles del mundo", que es de "obligado cumplimiento tanto para Mango como para sus proveedores y está incluido en el contrato comercial que firman" los proveedores en el inicio de su relación comercial.

Para velar por su cumplimiento, Mango estableció un mecanismo de control basado en "exigentes auditorías en todos los centros de trabajo y equipamientos que intervienen en el proceso de producción y distribución". En el año 2015, Mango llevó a cabo "más de 396 auditorías" en todo el mundo, todas ellas "externas y totalmente ajenas a Mango, ONG y sindicatos". La empresa catalana tampoco concreta quienes son los encargados de desarrollar y poner en marcha las auditorías. 

Mango realiza, asimismo, una "selección previa de sus proveedores tras un detallado análisis de cada centro de producción", verificando que cumple con "los exigentes requisitos que establece la empresa en su código de conducta social, laboral y ambiental para fabricantes de prendas y complementos para el grupo". De este modo, "cualquier infracción implicaría su corrección por parte del fabricante quedando cancelada cualquier relación del fabricante con Mango, en el caso que no se subsanara". En el 2015 fueron registrados un total de 233 incumplimientos relacionados con infracciones de "tolerancia cero o sin intención de colaboración o mejora".

Teniendo en cuenta el conjunto de mecanismos diseñado para garantizar los derechos de los trabajadores, ¿cómo se explica la presencia de los dos gigantes del textil en países donde los derechos laborales son violados sitemáticamente?

El grupo de Amancio Ortega alude, como respuesta, a su colaboración con Industriall, la Federación Internacional de Sindicatos que representa a más de 50 millones de trabajadores en todo el mundo. La colaboración entre ambos consiste en un Acuerdo Marco Global firmado en 2007 y renovado en el 2014, que fija sistemas de seguimiento de los programas y normas relativos a la calidad, la fabricación, la salud y la seguridad.

  Eva Kreisler señala que al subcontratar la producción, "la responsabilidad se diluye"

Mango, por su lado, incide en que sus proveedores "saben que las colecciones han de producirse en centros que respeten los derechos humanos y laborales de los trabajadores, así como respeto al medioambiente", por ello, y a través de "los procesos de auditorías, internas y externas, comprobamos que como mínimo los requisitos legales de cada país se cumplan". Mango señala que "a lo largo de los años, la presión de la industria textil ejercida sobre los proveedores para garantizar el cumplimiento de la ley y de los códigos de conducta de las diferentes marcas internacionales, ha contribuido a la mejora y al desarrollo de la economía, la industria y por supuesto de las condiciones socio-laborales de las personas".

En cuanto a los países señalados como ejemplos negativos por sindicatos internacionales, Mango "considera que dejar de trabajar frenaría cualquier oportunidad de desarrollo social, económico, de infraestructuras y organizativo en estos países", por lo que prefiere "apostar por una relación de win-to-winwin-to-win –todos ganan–".

Eva Kreisler señala, sin embargo, que las prácticas habituales implican que al subcontratar la producción, "la responsabilidad se diluye" y las empresas eluden sus obligaciones hacia las personas que confeccionan su ropa. "Si a esto añadimos que la vigilancia de los derechos humanos se basa en ineficaces auditorías realizadas por las propias empresas, como ha quedado demostrado en sucesivas tragedias que han sacudido la industria, nos encontramos con un contexto idóneo para la explotación".

Vigilancia sindical

Víctor Garrido, responsable del sector Industria de CCOO y coordinador a nivel mundial del acuerdo entre Inditex e Industriall, explica en conversación con este diario cómo funciona el trabajo sindical con las empresas textiles en materia de derechos laborales.

"Con Mango estamos tratando ese tipo de cuestiones desde hace unos años", comenta, "menos que con Inditex", con quien el sindicato trabaja desde hace catorce años, y con quien colabora en el acuerdo marco desde hace una década. La labor sindical se basa, esencialmente, en ver "qué tipos de problemas hay en las fábricas, ir a los países para ver qué se está haciendo en el cumplimiento de la normativa OIT", y, como resultado, elaborar informes analizando la situación –como estos de China, Bangladesh o Turquía–.

 

El dueño de Mango, Isak Andic. | Europa Press

Garrido explica que en la actualidad existen "sólo cuatro empresas a nivel global que tengan acuerdos marcos en el sector textil", e Inditex es una de ellas. En este sentido, subraya que "el único acuerdo marco global de los 48 que hay en el sector industrial que permite la entrada de los sindicatos locales al centro de trabajo es el de Inditex", y añade que, en caso de que Mango siga los mismos pasos, ese será uno de los requisitos: "Que tengan libertad sindical, que ya lo dan todos los códigos de conducta, pero que se ejerza". A la pregunta sobre cómo se garantiza el ejercicio de ese derecho, Garrido señala que, precisamente, permitiendo la entrada de los sindicatos locales, "y eso ahora mismo sólo lo da ese acuerdo marco que es el de Inditex".

En cuanto a los mecanismos de control, Garrido sostiene que las empresas "tienen sus propios sistemas de auditorías internas, sociales, consultores externos, internos, y hay un sistema de verificación, que es el más potente –continúa–, y es que los sindicatos tengan acceso a las fábricas". Sin embargo, prosigue, en los "países donde no hay sindicatos" existe un "acuerdo con Inditex para potenciar los expertos sindicales, para que intenten desde Insdustriall que haya un experto sindical que esté vigilante". ¿Se cumple este objetivo?, se cuestiona el propio Garrido: "Hay que apostar por que se cumpla, hay que potenciar que se cumpla y hay que poner los mecanismos para que se cumpla", zanja.

En cuanto a la presencia de las empresas en países donde los derechos no están garantizados, Garrido matiza que "Inditex no llega a tener 190 fábricas en Bangladesh", cuando en su capital "hay más de 10.000 fábricas". Respecto al salario, añade, "en una fábrica de Bangladesh de Inditex pueden cobrar 80 euros" al mes, pero "el resto de empleados están cobrando 42 ó 45 euros", argumenta. Las empresas, agrega, en sus códigos de conducta "tienen obligado cumplimiento de la OIT, lo tenemos firmado en los acuerdos marco y es lo que estamos buscando con Mango también". En Camboya "estaba en la pobreza el 80%, y ahora lo está el 60%", continúa Garrido, quien invita a contemplar los "muchos condicionantes" que existen en esta materia.

En el caso de la India, pone como ejemplo Garrido, "la legislación dice que se puede trabajar con menos de 14 años", pero "no hay una fábrica de Inditex y Mango que trabaje con críos de menos de 18, no sólo porque es de obligado cumplimiento nuestro, sino porque así lo garantizamos", señala. En China, prosigue, "hay un sindicato único y vertical", pero sus trabajadores "ganan 350 euros al mes", mientras que en países como "Georgia, que es un país de la Comunidad Económica Europea –ya extinta–, no tienen salario mínimo y están por debajo de los 100 euros, y no hay fábricas de Inditex ni de Mango", señala el sindicalista, aunque Mango sí cuenta con fábricas en Georgia, tal y como han confirmado fuentes de la empresa a este medio.

Por su parte, Ropa Limpia, que trabaja en casos de violación de derechos humanos a través de sindicatos locales en todo el mundo, organizaciones en defensa de los derechos laborales o los propios trabajadores, entiende que "no se trata ahora de cortar relaciones con las fábricas denunciadas por explotación de refugiados, trabajo infantil y malas condiciones de trabajo, y dejar a la gente sin trabajo, sin salarios y sin compensación, sino de implicarse en resolver el problema y sobretodo prevenir que estos abusos no puedan suceder".

Amancio Ortega cobrará este año 1.256 millones de euros en concepto de dividendos de Inditex

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