Interior día. O tarde. O noche. Habitación de hospital. Una mujer está en la cama dentro de un cuerpo que ha realizado la mayor proeza física de su vida. No está sola. Hay más gente. Que entra y que sale. Plantas nuevas envueltas en celofán. Todos contentos. Hay un recién nacido en una cuna de plástico transparente. La mujer necesita dormir y tener sobre ese cuerpo molido al bebé que hasta hace apenas unos minutos estaba dentro de ella. Pero el bebé es cogido por todos esos familiares y se hacen fotografías con él. ¡Una con la madre!, se le ocurre a alguno. Pues una con la madre. Gracias. La escena se repite unas semanas después en la casa del recién nacido. Ya ha subido la leche, pero las maniobras son complejas para alimentar al bebé. Todos vienen a comer y el niño vuelve a pasar de mano en mano. La madre está cocinando porque alguien tiene que hacerlo. Ponen la mesa, comen, toman café, hablan de lo humano, opinan de crianzas, alimentación y, en un momento de la tarde, la madre se encierra en el baño y se pone a llorar. Su madre, su propia madre, la descubre y se lo suelta: Pero, ¿qué te pasa? Tendrías que estar contenta.

Esto es solo una anécdota leve, actual e inventada que ha podido suceder en millones de casas después de millones de nacimientos. En Deberías alegrarte. Lo que no se cuenta de la depresión posparto (Altamarea, 2026), la periodista y escritora Diana Oliver realiza una radiografía histórica, social, literaria y científica y nombra la depresión postparto y el maltrato, la ignorancia e invalidación de los problemas de salud mental que se producen durante y después del embarazo. Un malestar que tiene nombre y que, en muchos casos, no se ha diagnosticado, ni reconocido, y que, casi hasta ahora, ha señalado a esa mala madre infeliz como culpable única de su propia oscuridad. Y que, sin embargo, atraviesan, según cifras a la baja, de un 10 a un 20% de las mujeres que dan a luz. Que nos ha llevado a los manicomios, al cuestionamiento constante, a la soledad física y emocional, a situaciones límite y también a escribir sobre ello. Lo contó Mar García Puig en el durísimo La historia de los vertebrados, donde narra el brote psicótico que vivió tras dar a luz a gemelos; pero muchas más lo nombran: Katixa Aguirre, Nuria Labari, Maggie O’Farrel o Adrienne Rich son algunas de las que cita Oliver.

Explica la autora en este libro que la desorientación que se produce se ve agravada por el mandato social de vivir la maternidad como un momento plenamente feliz y por el estigma que es todavía la salud mental. Estas dos condiciones hacen que la culpa, el dolor o el agotamiento se silencien y, al final, en esa fotografía, la madre intente una sonrisa. Pero también dificulta la detección y el tratamiento de los trastornos, infradiagnosticados en el 75% de los casos. Y aunque, desde hace unos años, hemos empezado a contarnos mejor a través de nuestras propias palabras, todavía el cuestionamiento y la mirada exterior de cada una de las maternidades es constante. Y aunque muchas hemos renunciado a la exigencia que nos convertiría en madres perfectas y abnegadas para ser la madre que podemos ser y somos, todavía también la medida de nuestra capacidad está enmarcada por una sociedad machista que desprecia, ignora y desestima el dolor de las mujeres.

Cuando di a luz a mi hijo, se olvidaron de abrirme la vía de los calmantes. Me tragué la suturación de una cesárea sin analgésicos. Una piel, músculos y un órgano que se contraccionaban al ritmo del llanto del recién nacido. De madrugada, veía las estrellas. A las seis de la mañana, cuando ya no podía más, una enfermera me dijo: solo me falta ponerte morfina, chica, no seas exagerada. Pues seré floja, pensé, pero póngamela ya. Entonces, descubrió el gotero cerrado. Lo abrió y allí no había pasado nada. Le cuento esto a una amiga hace unos días, encerradas en la cocina de su casa, de pie las dos, mientras le hace la cena a los niños que arman jaleo en el salón. Y me dice que le pasó lo mismo.

Por qué contar esta intimidad en una columna, lo diré: porque ya está bien de contárnosla las unas a las otras encerradas en las cocinas, aunque dónde estaríamos sin esas conversaciones, y que se empiece a dar valor a nuestra salud de forma pública. Cuidar a la madre es cuidarnos a todos. 

El rechazo de los sindicatos médicos a la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en las negociaciones para terminar con la huelga contra el estatuto marco ha truncado la reunión convocada este miércoles por el Ministerio de Sanidad con el comité de huelga.

El ministerio volverá a convocar un nuevo encuentro el próximo lunes, según ha explicado la propia ministra de Sanidad, Mónica García, en un mensaje en X, al que los sindicatos han adelantado que acudirán. "Hoy los sindicatos médicos han dado plantón al Ministerio de Sanidad despreciando a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como mediador y no se han sentado en la mesa de negociación para avanzar y desescalar el conflicto", ha lamentado la ministra en un mensaje en la red social X, que concluye: "Por nuestra parte que no quede, volveremos a convocarles a una nueva reunión el lunes mismo y no nos levantaremos hasta que se desbloquee la situación".

En un comunicado de prensa, el comité de huelga —formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— ha informado de que ha acudido a la convocatoria del Ministerio de Sanidad, pero que la reunión no ha llegado a celebrarse. "Al inicio, los sindicatos han reiterado su rechazo a la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador, mientras que Sanidad ha defendido que se debían ceñir a la petición expresa hecha por las comunidades autónomas para desbloquear el conflicto", explica el comunicado de prensa de los sindicatos convocantes de la huelga.

El pasado 27 de marzo, en el Consejo Territorial de Salud, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron proponer a los sindicatos médicos la mediación de la POP, ya que, según plantearon varios gobiernos autonómicos, son los pacientes los perjudicados por un conflicto que se acerca a su tercera semana de huelga al mes.

Esta propuesta se puso sobre la mesa después de que no fructificara la vía de diálogo abierta con el Ministerio con el Foro de la Profesión Médica para encajar las reivindicaciones del sector que trascienden el ámbito competencial del estatuto marco. En su mensaje de X este miércoles, la ministra lamenta que "a pesar de la buena fe de diálogo y acuerdo, parece que (los sindicatos) no quieren bajarse del bloqueo y del conflicto".

El comité de huelga rechazó este martes la mediación de la POP, que estaba invitada a la reunión, por considerar que no es neutral —al ser parte afectada—, ni especialista en cuestiones laborales, que son la clave de esta negociación. Con este argumento ha acudido al Ministerio este miércoles, motivo por el que ambas partes se han emplazado a "nuevos encuentros sin necesidad de mediación para poder avanzar en las negociaciones", según el comunicado sindical, que mantiene su calendario de huelga una semana al mes hasta junio. La próxima, del 27 al 30 de abril.

Esta era la segunda reunión con Sanidad para retomar el diálogo, tras semanas (desde diciembre) con las negociaciones en punto muerto. El comité de huelga mantiene sus reivindicaciones, que pasan por un estatuto marco propio, una mesa de negociación directa con los médicos, una clasificación profesional que refleje su responsabilidad en el sistema, una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, nuevas condiciones para la jubilación y otras cuestiones como la conciliación y los descansos.

Estos sindicatos rechazan el acuerdo al que llegó Sanidad en enero con FSS-CCOO, SATSE-FSES, UGT, CSIF y CIG-Saúde para reformar el actual estatuto marco, en vigor desde 2003 y que regula las condiciones sanitarias de todo el personal del Sistema Nacional de Salud.

El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha dicho este miércoles ante el Tribunal de Instancia de Collado Villalba (Madrid) donde estaba citado para declarar como imputado, que en el inicio de la pandemia del coronavirus no se medicalizaron las residencias porque no había médicos, según informa EFE.

En la Sección Civil y de Instrucción de este tribunal, plaza número 2, estaban previstas las comparecencias como investigados de Burgueño, del ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y de su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por el caso de las residencias.

La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha explicado que las declaraciones han sido suspendidas porque hay un informe del Ministerio Fiscal que todavía no ha sido notificado a las partes para que se pronuncien. 

En declaraciones a los periodistas, Burgueño ha asegurado que las residencias no se medicalizaron porque no había médicos para hacerlo y ha responsabilizado de la gestión de la crisis sanitaria en 2020 al Gobierno central, culpando de todo al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

También ha reconocido que él elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego ha asegurado que se lo encargó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y le encargó elaborar el plan de choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo. 

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que su testimonio puede ser clave para saber por qué se discriminó a las personas mayores que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Carlos Mur firmó los llamados protocolos de la vergüenza, revelados por infoLibre, que impidieron el traslado de personas mayores de residencias a hospitales públicos, mientras que Peromingo está considerado el autor intelectual del documento. Ambos ya han declarado en otras causas como imputados. 

Este procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las querellas impulsadas por Marea de Residencias entre 2020 y 2021, ni de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, sino que fue promovido por un particular, hijo de una persona fallecida en el Hospital La Fuenfría, ubicado en el municipio de Cercedilla.

España necesita terapia. O así lo dicen algunos datos. En 2025, el top 3 de los ensayos más vendidos lo ocupaban libros de autoayuda y desarrollo personal. Hábitos atómicos de James Clear, Ego y superconsciencia de Manuel Sans Segarra y Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. 

Algunas cifras para dar contexto: seis de cada diez españoles afirman sufrir estrés, la mitad depresión y un tercio ansiedad. Más de la mitad, el 63%, también declara que no son capaces de relajarse y un 64% dice estar “potencialmente afectado” con cualquiera de estos tres trastornos, según los datos del Estudio Internacional de Salud Mental del Grupo AXA, publicado a principios de 2025. Sin embargo, tan solo un 18,2% acudió a un psicólogo por problemas de salud mental, según el Ministerio de Sanidad.

Pero, ¿cuánto cuesta ir a terapia? En Madrid, por ejemplo, una hora ante el terapeuta puede costar entre 50 y 90 euros. La otra opción, la de la sanidad pública, se hace cuesta arriba por las largas listas de espera, que pueden durar meses. Sentarse con un psicólogo no está al alcance de todos. Así que hay quien cae en la solución más rápida y barata: los libros de autoayuda.

Vivimos tiempos de incertidumbre y ante eso, el desarrollo personal y la autoayuda se presentan como guías, como una forma de saber qué hacer cuando la individualidad es tan extrema que ya no pensamos en grupo. “Las generaciones anteriores tenían instituciones que les guiaban de alguna forma, como la familia o la escuela. Ahora han perdido peso y nos encontramos con que necesitamos nuevos instrumentos para navegar esa incertidumbre. Es ahí donde está el caldo de cultivo del desarrollo de la autoayuda", apunta José Antonio Santiago, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. 

De todos los autores, Marian Rojas-Estapé se lleva el podio. Su libro más vendido, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, publicado en 2018, ya acumula más de 40 ediciones y, junto con Encuentra a tu persona vitamina, ha vendido más de 3 millones de copias en más de 40 países. En redes sociales tiene más de 4,5 millones de seguidores. Además, trabaja en el Instituto Rojas-Estapé, presidido por su padre Enrique Rojas. 

El éxito es innegable, pero sus alegatos reaccionarios, también. En 2008, su padre expresó en una entrevista para EFE que la homosexualidad es “un proceso clínico que tiene una etiología, una patogenia, un tratamiento y una curación”. Defendió que podía curarse y que, para él, era una moda. Ella no se queda corta. En una entrevista en El Hormiguero, en febrero de 2025, Rojas-Estapé aseguró que “el amor entre un hombre y un hombre se puede dar pero no es igual que el que hay entre un hombre y una mujer”. Una década antes ya declaraba en un documental de Cristianos ante las urnas que la ideología de género era una farsa y que la decisión de ser hombre o mujer ya estaba decidida de nacimiento. “Al final esto está inscrito, cada célula de mi organismo dice que soy mujer”, incidió. infoLibre se ha puesto en contacto con la Dra. Marian Rojas Estapé, pero no ha recibido respuesta.

Y mientras tanto, los números suben. Según un análisis de Grand View Research con datos de 2024, la industria del desarrollo personal y la autoayuda es capaz de mover 48.400 millones de euros al año. Y no va a parar. Esta misma empresa calcula que el mercado tendrá aumentos anuales superiores al 5% hasta 2030. 

Para Rojas Estapé, todo pasa por el matrimonio. Aunque ahora ha moderado sus posicionamientos más políticos, hubo una época en la que defendía a capa y espada que la solución al estrés y la ansiedad era tener una vida estable. Algo que, según sus parámetros, se traduce en estar en casa y con tu marido. 

Hace unos años ya criticó a quienes no querían seguir esta línea. “Nos encontramos en una etapa de la historia en la que todo vale. Contamos con el poliamor, las relaciones abiertas o el sexo casual (...) La gente se conoce una noche, busca placer, ansía una vía de escape y acaba en la cama sin reflexionar sobre lo que ha sucedido. Lo curioso es que cuando en terapia entro en la vida de esas personas en muchas ocasiones percibo una gran tristeza y un inmenso vacío". Claro que, el vacío no sucedería en los brazos de un marido. 

“Por el propio pensamiento que Rojas-Estapé tiene, muy individualista, parece que todos los problemas que tenemos los hayamos provocado nosotras mismas, no el sistema. Y por ello, tenemos que ser nosotras quienes lo solucionemos”, apunta María Medina-Vicent, profesora titular de filosofía en la Universitat Jaume I. ¿La forma de solucionarlo? Muy sencilla (y nada innovadora). “Ella vende que hay que volver a los modelos de antes. Defiende que la familia tradicional es la que te va a hacer sentirte feliz, porque te va a dar sentido y te va a marcar el camino que has de seguir”, resuelve la experta.

No es algo nuevo. Ya en 1995 un libro de autoayuda con el nombre The Rules (Las Reglas) animaba a las mujeres que quisieran casarse a adoptar los métodos de la mujer estadounidense tradicional: sé encantadora, hazte la difícil, nunca menciones el matrimonio y compórtate como un cervatillo atolondrado de dibujos animados que necesita ser rescatado. 

El otro flanco que Rojas-Estapé considera como vital para tener una vida plena, aparte del amor, es el trabajo. ¿Te explotan? Pon una sonrisa. ¿No te pagan las horas extra? No te enfades. ¿Te desmotiva el trabajo? Pues hazlo con ilusión. 

En un pasaje de Encuentra a tu persona vitamina, Rojas-Estapé habla de un consejo que dio a un hombre que trabajaba para Glovo. El hombre, cansado de su trabajo, le preguntó “cómo podía hacer que le pasasen cosas buenas”. La escritora no dudó. “Los repartidores acudís a las casas, pero el contacto que se genera con el comprador es casi imperceptible. En muchas ocasiones, uno no ve la cara del otro, le tapa el casco, y ese instante dura por lo general menos de quince segundos. Yo te recomiendo que pongas ilusión y pasión en tu trabajo. Por dos razones: la primera es que cuando introduces pasión en tu vida surgen cambios neurológicos importantes en tu cerebro; la segunda es que cuando actúas desde la ilusión, la gente lo capta, lo percibe y pueden suceder cosas maravillosas. Alguien con ilusión se convierte en persona vitamina”. 

Lo individual frente a lo colectivo. Toda la industria se basa en ello. “Estos discursos apelan mucho a que las soluciones son personales. Tienen que ver sobre todo con la actitud del individuo y la motivación. Si tienes una buena actitud, si eres una persona positiva, si muestras siempre felicidad, si tienes el lado positivo de las cosas y si estás muy motivado, podrás conseguir solucionarlo”, resume el profesor de la Complutense. 

“Rojas-Estapé te da pautas prácticas individuales para transformar tu vida: ser saludable, hacer ejercicio, ser optimista…Pero eso solo cambia tu forma de aproximarte al mundo, llevándote hacia la despolitización y la descolectivización”, coincide Medina-Vicent. “El coaching, la escritura terapéutica, el mindfulness… sirven para gestionar problemas, no para solucionarlos. Te ofrecen un parche para soportar mejor las dificultades, no para resolverlas”, zanja. 

Andalucía acudirá a las urnas el próximo 17 de mayo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, busca revalidar la mayoría absoluta obtenida en 2022 mientras la oposición intenta frenar esa posibilidad. Y es ahí donde emerge uno de los temas estrella de la campaña electoral: la sanidad. El descrédito del Gobierno autonómico fue sonoro con la crisis de los cribados de cáncer de mama y la propia candidata socialista, María Jesús Montero, está intentando poner el foco en la gestión de la sanidad pública. 

Lo cierto es que los datos parecen respaldar esa estrategia. La ciudadanía andaluza es la más descontenta con la sanidad pública de todo el Estado. Así lo muestran los barómetros sanitarios realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2025. Mientras el conjunto de los españoles pone a la sanidad pública una nota media de 6,02, en el caso de los andaluces la nota cae hasta el 5,37.

La pregunta del CIS se refiere expresamente al "grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público" y los ciudadanos tienen que dar una respuesta númerica entre el 1 y el 10. El 1 significa 'muy insatisfecho'  y el 10 'muy satisfecho'. Esa nota media que dan los andaluces es inferior a la de cualquier otra comunidad autónoma. 

De hecho, el 47,79%, prácticamente la mitad, de los encuestados de la comunidad gobernada por Moreno Bonilla responden con valores entre el 1 y el 5, suspendiendo el funcionamiento de la sanidad pública andaluza u optando por lo que se conoce como un cinco raspado. Aunque en este caso, la escala del CIS va del 1 al 10 y no del 0 al 10 y, por tanto, la mitad se sitúa, en realidad, en el 5,5 y no en el 5.

La insatisfacción de los ciudadanos andaluces con la sanidad se ve también al analizar el valor más bajo de la escala. En Andalucía son un 11,18% de los encuestados los que optan por el 1, más que en cualquier otra comunidad y casi el doble que en el caso nacional, donde son un 6,41%.

Los andaluces no son solo los más descontentos con el sistema sanitario público en su conjunto. La comunidad también destaca en la mayoría de servicios concretos por los que pregunta el CIS. La ciudadanía andaluza es la que pone peor nota a las "consultas de atención primaria en centros de salud", las "consultas de atención especializada", las "urgencias de centros de atención primaria" y el servicio de "urgencias 061 y 112".

En los otros dos servicios concretos por los que se pregunta en los barómetros sanitarios es Canarias la comunidad que sale peor parada. Estos son las "urgencias en hospitales públicos" y los servicios de "ingreso y asistencia en hospitales públicos". Aun así, Andalucía da la segunda y tercera peor nota, respectivamente, también en esos casos.

La peor nota de todas es la que da la ciudadanía andaluza a las consultas de especialidades, con una media de 5,26. También es el servicio que se lleva el promedio más bajo en el conjunto de España, con solo un 5,74.

El descontento de los andaluces con el sistema sanitario público se refleja también en otras cuestiones planteadas en la encuesta. Uno de cada tres asegura haber necesitado consultar con su médico de familia en los últimos 12 meses y no haberlo conseguido. De nuevo, más que en ninguna otra comunidad y muy por encima de la media estatal, del 24,04%.

De hecho, los andaluces son los que muestran más problemas para conseguir cita con su médico de cabecera. Son quienes más aseguran no obtener cita, pero también los que muestran un mayor largo periodo de espera en caso de conseguirla. El CIS pregunta a los ciudadanos si en caso de haber tenido cita para el médico de familia y que este no les haya atendido el mismo día, cuántos días han tenido que esperar. La media española es de 9,15 días. En el caso de Andalucía sube hasta los 11,16. Otra vez, más que en ninguna otra comunidad.

Todos esos problemas que denuncian los andaluces con su sanidad pública se reflejan también en lo que creen que es necesario. El 59,82% considera que el sistema necesita cambios "fundamentales" o "profundos". En el conjunto del Estado la cifra es del 47,35%. El dato, además, ha subido respecto a 2024, cuando el 56,6% de los andaluces optaba por esa opción.

La pregunta del CIS es clara: "De las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?". Luego el entrevistador ofrece cuatro opciones de respuesta: "en general, funciona bastante bien", "funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios", "necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan" y "funciona mal y necesita cambios profundos".

En Andalucía el 5,66% de los encuestados optó por "en general, funciona bastante bien". En cambio, el 30,66% se decantó por "funciona mal y necesita cambios profundos". En ninguna otra comunidad tan pocos entrevistados optaron por la respuesta que alaba el funcionamiento del sistema sanitario público. De la misma forma, en ninguna otra comunidad tantos eligieron la opción más crítica con el sistema.

A veces, empiezas a escribir un texto sabiendo que nunca vas tocar su fondo. Porque si no estamos para pensar con la complejidad que otras realidades demandan, menos aún para saber ponerle palabras y sintaxis. Aunque se escriba para entender. Para, al menos, si no encuentras respuesta, rozar el hueso de las cosas que pasan. Opinar: emitir juicios. Qué tengo que decir que pueda alumbrar algo, si no me duele el cuerpo y, si quiero levantarme, emito una orden que me lleva hasta donde yo decida, que lo que me pueda atormentar ha sido siempre pasajero por ahora y voy a cumplir cuarenta y cinco, que mantengo la esperanza porque tengo recursos para ello: una red. A mí, la vida, más o menos, más lenta o inmediata, me ha respondido siempre. 

A Noelia Castillo, no.

Veo una entrevista que asalta mi teléfono entre las frivolidades de todos los días. Es un programa de televisión de tarde, con sus luces saturadas como todos y música de fondo. Hablan con Noelia, la mujer de veinticinco años que decidió hace dos pedir su derecho a la muerte digna y le fue concedido. Y habla su madre, que quiere que algo le haga cambiar su decisión mientras la acompaña en su final. La grabación, en casa de su abuela materna, la hacen cuatro días antes de morir. La eutanasia, que podría haberse llevado a cabo en agosto de 2024, desde la intimidad y sin este ruido, se demoró durante dos años, trasladando esta decisión íntima, la más difícil y a la que no deseamos mirar ninguno nunca, al gran circo de las opiniones inmediatas, a programas de televisión, a artículos como este. A lo de siempre.

De todo lo que dicen, de todo lo que se ve en esa entrevista recortada en fragmentos y salpicada de comentarios, una frase de Noelia se queda en mí: "para qué me quiere viva". Escuece algo que no es nuestro al mirarla y escucharla. Hacen hablar a Noelia de su padre, del que dice que nunca se ha ocupado de ella, que emprendió entonces, en 2024, una batalla legal acompañado por Abogados Cristianos, una fundación de ultraderecha, para frenar la eutanasia bajo la que su hija decidió poner fin a su dolor y que se concede bajo condiciones muy estrictas. En España, con la Ley Orgánica de 2021 que la regula, la decisión es del paciente, si cumple con las garantías de la norma. El padre, o la madre, no tiene la última palabra legal, pero puede presentar recursos o denuncias, intentar paralizarlo por vía judicial o exponer el caso a los medios para generar presión. Y eso ha hecho. 

Herida sobre herida, daño sobre daño, dentro y fuera, y con una infancia dura en su breve memoria, el cuerpo de la mujer acumulaba dolor de forma grave, crónica e imposibilitante desde que se arrojara desde un quinto piso tras sufrir una violación múltiple en 2022. Dice Noelia: Desde antes de pedir la eutanasia, veía mi mundo muy oscuro, mi final. 

A partir de esto, más allá de la prolongación del sufrimiento de una persona que ha tomado una determinación consciente, comienza la fábrica de bulos y gestos, de señalamientos y culpables, de oraciones en redes sociales, del uso instrumental de una historia íntima para librar más batallas políticas. 

La vida ni respondió a Noelia, ni somos capaces de encontrar respuestas nosotras. Cuánto error, cuánto fracaso colectivo acumulado en un nombre tan joven. Acabo de leer la columna de ayer de la compañera Helena Resano en este mismo periódico, justo al terminar de escribir esto, y parte del mismo lugar. Supongo que frenar frente al caos para pensar las cosas también es tener una postura. Reconocer el desconocimiento es un punto de vista, es una opinión, al fin y al cabo.

Voy a hacer lo que no hay que hacer, escribir una columna de opinión sin tener una opinión. Vomitando aquí con usted todas mis dudas sobre un caso que está ocupando portadas y minutos de televisión. Sí, el caso de Noelia, la chica de 25 años que ha pedido la eutanasia.

A esta hora, mediodía del jueves, todo sigue adelante. Quedan exactamente 6 horas para que Noelia cierre los ojos. Ha pedido estar sola en ese momento. No quiere a nadie en la habitación. No sé a qué estará dedicando estas últimas horas, si habrá encendido la televisión, si habrá leído los periódicos. Desconozco si estará harta de que todo el mundo opine sobre su decisión. Y subrayo lo de 'su'.

A esta hora, me llega la alerta de que James Rhodes se ha ofrecido a costearle todos los gastos de su tratamiento si da marcha atrás, le pide que se lo piense. Y admito que entiendo ese ofrecimiento desesperado de última hora. Entiendo que hay un impulso de tenderle la mano, de decirle que hay vida más allá, que se puede encontrar el camino… pero también entiendo que la decisión de Noelia la ha tomado una mujer adulta, muy joven sí, 25 añitos, demasiado joven para tirar la toalla, pero agotada de estar sufriendo.

Durante todo este tiempo, cuando conocíamos los recursos del padre, asesorado por abogados cristianos, paralizando la decisión de su hija, echaba de menos escucharle a ella. Pensaba que su situación física le impedía comunicarse pero no, la pudimos ver el miércoles, en el programa de Sonsoles, narrando su sufrimiento, contando que no podía más, que estaba agotada y decepcionada. Decepcionada con la vida y especialmente con ese padre que le ha alargado el sufrimiento 20 meses más y que, en cambio, no ha sido capaz de llamarla, de ir a verla. No quiere que se muera pero tampoco sabe muy bien Noelia para qué la quiere viva.

Y sientes que, ¿quién eres tú para opinar sobre eso? ¿Cómo ponerse en su piel? Es un caso dolorosísimo, en el que ha fallado todo. Noelia tuvo una infancia de mierda y una adolescencia peor. Opinar sobre la decisión que ha tomado ahora, después de haberse intentado quitar la vida tirándose por una ventana, es demasiado atrevido. Su caso, avalado por los médicos, con una discapacidad que se agravó tras ese intento de suicidio, hace que cumpla con todos los requisitos que exige la ley. Así que, en ese sentido, no hay nada que decir. La justicia ha hablado. Muchas veces.

Noelia se va a ir sin haber visto florecer la primavera. Sin tener la oportunidad de envejecer. Pero su cuerpo y su cabeza no querían eso. No quieren eso.

Sé que Noelia no va a leer esto. Si todo ha salido como ella quería, hoy Noelia descansará. Habrá cumplido con su deseo, reclamado y peleado en los tribunales durante meses. Una decisión dolorosa para quienes pensamos que era demasiado joven, que podría haber encontrado otra salida, pero una decisión respetable. No estuve ahí, viviendo tu dolor. No estuve ahí, viviendo tu abandono. Nadie estuvo. Y, quizás, ése fue el mayor error.

El número 37 de la calle de San Vicente en Sevilla es un auténtico hervidero. Un lugar antaño acostumbrado a grandes victorias, pero que llevaba algunos años con los pasillos desiertos y fríos. María Jesús Montero se ha instalado ya de lleno en el corazón del socialismo andaluz. Y salta a la complicada batalla del 17 de mayo.

El socialismo andaluz es consciente del difícil panorama, pero en el horizonte vislumbra el escenario de hacer perder al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), la plácida mayoría absoluta en la que está instalado desde las elecciones de junio de 2022. “Hacía tiempo que no había un ambiente así en la federación, no se veía desde los tiempos buenos de Susana Díaz. Aunque haya todavía familias y rencillas sin resolver, Montero ha logrado que todos vayamos a remar a favor”, señala un destacado dirigente curtido en batallas internas en el sur.

La líder del PSOE andaluz, como señalan varias fuentes de su entorno, tiene una obsesión: la movilización del electorado progresista. En sus conversaciones con dirigentes siempre recuerda el desfase que hay de votos en las autonómicas respecto a las generales en el sur. En las elecciones al Parlamento en 2022 la candidatura de Juan Espadas logró el peor resultado histórico: un 24,1% (888.325 papeletas). En cambio, un año después, en las elecciones generales del 23J, el PSOE subió hasta más del 33% gracias al apoyo de casi 1,5 millones de ciudadanos.

La dirección del PSOE andaluz cree que Moreno ha pulsado ya el botón electoral con la idea de que el calendario de la campaña coincida con las fiestas de primavera (Semana Santa, la Feria de Abril en Sevilla y las Cruces en Córdoba, Granada y Almería, por ejemplo) para evitar un debate político en profundidad y ahuyentar la movilización progresista.

Los socialistas señalan que el líder popular busca una campaña “de lucimiento” y de marketing para ensalzar su figura “como lleva haciendo desde que llegó al Palacio de San Telmo”. Como explica un dirigente del sur: “Ha regado con miles de euros los medios con publicidad, siempre busca la buena foto. Ahora justo se irá a Málaga a arrancar la precampaña con el Cristo de la Exaltación…”

¿Y cómo será la campaña de Montero? ¿Dónde se va a centrar el PSOE? En el círculo más cercano de la candidata socialista señalan directamente que el eje principal de su discurso será la defensa de los servicios públicos. Y es que la vicepresidenta primera saliente quiere que haya un verdadero debate político y busca confrontar los dos modelos.

Montero, según explican varias fuentes de la dirección del PSOE andaluz, pondrá especialmente el foco en la sanidad. Por un lado, está la crisis en la gestión de los cribados de cáncer de mama, pero también los socialistas van a insistir en los procesos de privatización impulsados por la Junta de Andalucía y las listas de espera en los centros hospitalarios y de salud. La candidata socialista es experta en gestión sanitaria: es médica de profesión y fue precisamente consejera de Sanidad de la comunidad entre 2004 y 2013. Quiere recuperar la imagen de la sanidad andaluza ligada a la innovación, como supusieron los avances en investigaciones con células madre o el trasplante de cara en el Hospital Virgen del Rocío en 2010 (que fue el noveno practicado en el mundo).

También en su discurso tendrá un papel muy importante la educación pública en una comunidad donde la enseñanza privada ha avanzado de manera expansiva desde la llegada de Moreno a la Presidencia de la Junta. Con el PP en el Ejecutivo autonómico se han aprobado cuatro universidades privadas por ley, cuando el PSOE solo autorizó una durante sus cuarenta años al frente de San Telmo. Además, señalan fuentes socialistas andaluzas, se pondrá también mucho énfasis en el tema de la dependencia.

Pero hay, asimismo, un tema que Montero va a incluir de manera prioritaria: la vivienda. Según fuentes del PSOE, la candidata se centrará en la falta de construcción de vivienda pública por parte del Partido Popular y en el torpedeo de la ley estatal de vivienda. Este tema es, por ejemplo, crucial ahora en la provincia de Málaga, donde los precios están absolutamente desbocados. También con la intención de acercarse al electorado joven.

Málaga es un territorio clave en estos momentos. Es la segunda provincia que más diputados reparte para el 17 de mayo y el PP ha puesto todas sus energías en ese punto porque cree que puede ser decisiva para mantener la mayoría absoluta. Los populares cuentan con la baza de que el propio Moreno es de allí y están removiendo también la polémica contra Óscar Puente porque no se haya reabierto la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid (cortado desde el accidente de Adamuz), lo que puede tener efectos económicos para el turismo durante la Semana Santa en esa provincia.

Asimismo, hay dirigentes del PSOE andaluz que están convencidos de que el “no a la guerra” también puede movilizar votos en estos momentos: “Mucho más que en Castilla y León”. Un cargo del partido en el sur explica: “El otro día estuvimos en un mercado hablando con los comerciantes. Y la gente está preocupada. Tanto por lo que supone para la inflación como por el propio sentido pacifista”.

En Andalucía están ubicadas las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). El Gobierno español ha rechazado que EEUU las utilice para la guerra de Irán. Una fuente del PSOE andaluz retrata así el sentimiento en el sur: “Algunos podrán decir que las bases generan puestos de trabajo, pero el sentimiento es mayoritario entre los andaluces de no querer que desde allí salgan aviones para ir a una guerra ilegal, bombardear civiles y destruir colegios”.

El PSOE quiere jugar con Montero la baza de la “gestión” y del conocimiento de la estructura de la Junta. En Andalucía hay un factor determinante también en las elecciones: los empleados públicos. Se trata de la administración autonómica más grande de España, con cerca de 300.000 empleados públicos con cargo al presupuesto. “Al PP le ha salido una grieta ahí. Tanto por el tema de la sanidad como por el trato a lo público frente a lo privado. Muchos de ellos estuvieron años junto al PSOE y se pasaron luego al PP. Ahora pueden volver”, señalan fuentes socialistas. 

“Ahora hay voto oculto. Mucha gente no dice ahora en Andalucía que está pensando si votar o no al PSOE. Estas elecciones van de cómo activar a esos progresistas y de tocar la tecla correcta para que se levanten del sofá”, señalan en el PSOE. Para ello, Montero va a tirar mucho del presidente, Pedro Sánchez, durante la campaña. “Aunque el PP venda la imagen de que Pedro no tira en el sur, es mentira. Sólo hay que ver sus resultados en las generales”, indica otra fuente del partido. Y en el socialismo del sur subrayan que hay que "desenmascarar" a Moreno: "Tiene formas de moderado, pero, en la práctica, su modelo es similar al de Ayuso"

Asimismo, el equipo de Montero ha pedido a todas las direcciones provinciales ideas y temas para sus territorios. Trasladan en el PSOE: “Ella marcará el discurso general, pero también hay cuestiones propias de cada provincia que hay que tratar”. Por ejemplo, los socialistas de Huelva, Jaén y Almería han solicitado que se incida en temas de agricultura, porque en esos territorios está avanzando Vox y las derechas llenan de ruido este tema sin que se abra paso el discurso de ayudas al sector del Gobierno central.

El Gobierno ha ampliado la cobertura sanitaria para los españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España, una reforma que extiende este derecho a estas personas aunque no desempeñen actividad laboral ni perciban prestaciones y lo reconoce a sus familiares acompañantes, ha informado este martes el Ministerio de Sanidad y recoge EFE.

La asistencia sanitaria tendrá una vigencia equivalente a la estancia declarada, con un máximo de tres meses y el periodo total no podrá superar los seis meses por año, tras la aprobación del Real Decreto 180/2026.

Según el Gobierno, el texto da respuesta a una demanda social histórica, ya que hasta ahora solo los trabajadores y pensionistas españoles residentes en el exterior tenían reconocida la asistencia sanitaria durante sus desplazamientos a España.

A partir de ahora, los españoles de origen residentes en el exterior tendrán derecho a ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud siempre que, conforme a la normativa española, comunitaria o internacional, no dispongan de cobertura sanitaria exportable desde su país de residencia.

Se reconoce también el derecho a la asistencia sanitaria para los familiares que acompañen al titular durante su estancia temporal o para los que se establezcan con él en caso de retorno.

Se consideran familiares con derecho el cónyuge o pareja de hecho y los descendientes del titular, del cónyuge o de la pareja de hecho, menores de 26 años o mayores con discapacidad igual o superior al 65%.

El trámite será gestionado y acreditado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que contará con un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin resolución, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo positivo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado paralizar la eutanasia de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, a la que se opone su padre, que agotó todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna, confirmaron este martes a EFE fuentes judiciales.

La Corte de Estrasburgo desestimó así el 10 de marzo pasado una petición de medidas cautelares contra la eutanasia de la joven que había recibido siete días antes, precisaron las fuentes.

Medicina sí o medicina no. Ciencia sí o ciencia no. Vacunas sí o vacunas no. Parecían debates ya superados, pertenecientes al siglo pasado y que nadie en su sano juicio cuestionaría, hasta que llegó la pandemia. La desinformación sobre las vacunas se abrió paso entre el miedo y la incertidumbre hasta llegar a este momento, algo peligroso no solo para quienes no quieren escuchar, sino para todos. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha organizado el foro Salud frente al bulo con el apoyo del Ministerio de Sanidad. 

Con el covid-19, fueron muchos los que se aprovecharon del miedo colectivo y alimentaron la histeria con remedios tan milagrosos como beber desinfectante para librarte del virus o ir por la calle con bolsas en la cabeza. Todos ellos ignoraban la solución más clara: vacunarse. 

La vacunación contra el coronavirus salvó casi 20 millones de vidas. Sin embargo, lo que inauguraron personajes como Trump se ha trasladado en los últimos años a España, con distintos congresos antivacunas –el último en Ciudad Real, ante la protesta del Colegio de Médicos de Ciudad Real– y mensajes difundidos en foros ultraderechistas de Telegram que hablan del peligro de ellas. 

El foro ha comenzado con una entrevista de Virginia P. Alonso, directora de este periódico, y la ministra de Sanidad, Mónica García para desmontar todos los bulos en el ámbito sanitario, cómo impactan en la sociedad y qué se puede hacer para combatirlos.

“La desinformación con respecto a la salud ha estado siempre. Pero ahora estamos viendo cómo la desconfianza también llega a cuestiones de las que ya había un marco riguroso. Los bulos se cuelan entre los huecos. La ciencia tiene un método científico, pero este método no siempre tiene respuestas para todo”, ha apuntado la ministra. Es una escena ya habitual: al no obtener una respuesta, lo más sencillo es acudir a internet. Pero en la red, lo que gana no es lo más fiable sino lo más atractivo. Y aquí entran los intereses externos. 

Para ocupar los espacios que todavía no ha cubierto la ciencia “hay actores que buscan desinformar y generar miedo para, en cierto punto, beneficiarse de ese miedo”, asegura García, que también destaca una amenaza aún mayor (pero que vemos a diario). Cuando se cuestiona o se plantea que una certeza es mentira, todo tiene que serlo. 

“Un gran ejemplo es el cambio climático. Cuando ideológicamente estás en contra de las medidas para combatir el cambio climático pero te llegan las consecuencias de él, tienen que negar todo, el papel del Gobierno, de la ciencia. Es un efecto dominó de desconfianza”, ha explicado la ministra. 

“Cuando se da un discurso antipolítico no es solo dañino para la política, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía. Todo genera incertidumbre y hay intereses políticos e ideológicos que buscan generar una sensación de caos”, ha añadido. 

Esta sensación de caos no solo llega desde los espacios políticos o públicos sino que, desde hace ya bastante tiempo, se ha contagiado a las redes sociales. De hecho, en las redes, los bulos sobre salud mental van mucho más rápido que los hechos contrastados. En la pandemia, un 25% de los videos más vistos en YouTube sobre el covid incluían información falsa. 

“Las redes sociales son el lejano oeste donde todo vale y esos algoritmos, que hay que controlar, son capaces de llevarte a lugares donde nunca llegarías. No son neutrales”, ha declarado García. Para poder combatir ese caos de las redes sociales, la ministra también ha recalcado la necesidad de proporcionar el marco y las herramientas necesarias para paliar el riesgo. 

“El 100% de alfabetización no llegará nunca, pero tenemos que seguir construyendo el ecosistema. Tiene que ser transversal, la vía de acceso de información sobre la salud no tiene que llegar solo a través de los hospitales, también puede ser a través de los coles”, ha señalado. La ministra ha explicado que es precisamente por esto por lo que las derechas quieren controlar esos espacios. 

“Por eso la derecha puso el PIN Parental, para que los jóvenes no recibieran información sobre salud sexual. Nos lo jugamos con el terreno. Tenemos que aprender a alfabetizar y a dar las informaciones veraces”, ha denunciado. 

Tras la conversación con la ministra, Marta Gesto, directora general de infoLibre, ha moderado una mesa redonda para desentrañar las causas y consecuencias de este auge de la desinformación sobre salud. La han acompañado expertos y expertas en la materia, que conocen de primera mano a qué nos enfrentamos: Aser García Rada, pediatra y doctor en Medicina (UCM) y autor de la newsletter Cuídate; Graziella Almendral, secretaria General de ANIS; Araceli Rivera, enfermera de Familia en Semap; y Pampa García Molina, coordinadora del Science Media Centre España (FECYT). 

“¿En quién confío?”, esa es la pregunta principal que se hacen ahora los pacientes. Con el auge de los bulos y el desprestigio de las instituciones y los medios de comunicación, los ciudadanos se encuentran sin certezas absolutas y en una posición vulnerable en la que se impone la emoción.

“La clave está en la emoción, prestamos más atención a aquello que nos toca. Cuando nos toca algo de la salud, ya no vamos a preguntar a nuestro médico, simplemente buscamos en Google, pero internet no muestra la información veraz o más contrastada sino que enseña las noticias más impactantes, que confirmen lo que tú ya temías”, ha explicado Araceli Rivera. 

“La gente se fía de su personal sanitario, pero muchas veces no saben muy bien que les han dicho y ahí es cuando se van a redes, donde puede haber información veraz pero también información falsa. Si no tienen respuestas y son gente vulnerable, esto puede ser muy grave”, ha asegurado Graziella Almendral. 

“La desinformación está muy bien hecha y llega a todos los sectores. Tenemos que clasificar los bulos como un riesgo para la salud pública y articular acciones concretas”, ha añadido. 

Cuando se trata de salud, es normal tener dudas. Por eso, los expertos han coincidido en que no se debe generalizar. “No me gusta hablar de antivacunas porque eso implica que están en oposición a algo. Es más acertado hablar de reticencias. Hay que contar todo el proceso, escuchar y entender que una reticencia puede surgir ante la duda”, ha reclamado Araceli Rivera. 

“No hay que llamar a la gente antivacunas por tener dudas legítimas. Se vio con el covid. En ese momento le vimos las costuras a la ciencia y se comprendió que es necesario tener toda la información para poder tomar decisiones”, ha añadido Pampa García Molina. 

Precisamente en la pandemia los medios de comunicación aumentaron sus espacios para la información de sanidad y dieron espacio a expertos para poder aliviar la incertidumbre que trajo el covid. Incluso, Aser García ha contado cómo durante el covid, cuando trabajaba en pediatría, recurría a los medios de comunicación para informarse sobre los avances médicos que estaban surgiendo. 

Ahora, la cosa ha cambiado. “Se han reducido los espacios sobre salud en los medios, en el covid estos contenidos aumentaron su presencia pero ahora hemos vuelto a lo de antes. Solo nos llaman cuando hay una amenaza”, ha denunciado Graziella Almendral. Ese hueco lo están ocupando quienes buscan, como decía la ministra, el “caos”. 

Por ello, es importante saber en quién confiar. “Hay que hacer ver a la ciudadanía que es normal tener dudas, que es legítimo. Pero tienen que buscar en quien confiar: busca a quien te cuida, a quien está pensando en informarte aunque sea difícil. Busca a quien te de una mano”, ha zanjado Pampa García. 

El Tribunal de Cuentas investigará la gestión de los hospitales públicos que la Comunidad de Madrid tiene concesionados a Grupo Quirón y a Ribera Salud, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE que alertaba de posibles irregularidades.

En una diligencia a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal de Cuentas acuerda abrir "la correspondiente pieza de acción pública" relativa a esa denuncia y requerir al PSOE que, si quiere ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable, debe personarse en un plazo de nueve días e "individualizar los supuestos" que se hubieran podido producir.

El PSOE presentó el pasado 20 de febrero una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada.

Los socialistas llevaron al Tribunal de Cuentas un documento interno, que adelantó eldiario.es, por el que el Gobierno de Ayuso habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud por una deuda que se generó tras asumir y tratar en la sanidad pública a pacientes de estos grupos privados concertados, una situación relacionada con el sistema de libre elección que rige en la sanidad madrileña.

El PSOE denunció al Gobierno regional por presunta "responsabilidad contable" en el sistema de gestión de hospitales, en régimen de concesión y públicos, relacionada con la "estructura de liquidación, infracobros y posible prescripción de los derechos, omisión en la gestión y posible ánimo de ocultación".

"Los regalos de Ayuso a Quirón y Ribera Salud no van a quedar impunes. Para que se entienda mejor: mientras riega a esas empresas con dinero público, en Madrid acabamos de volver a superar el millón de personas en lista de espera", ha valorado en un mensaje en X el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

A su vez, la portavoz del PSOE-M en la Asamblea regional, Mar Espinar, ha celebrado que el Tribunal de Cuentas haya dado "un paso más para demostrar que puede haber responsabilidad contable" de la Comunidad de Madrid al "perdonar" cuantías "sin justificar" a las empresas concesionarias.

La factura de la Comunidad de Madrid con Quirón, el gran beneficiario de la privatización sanitaria en la región, continúa incrementándose. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aprobó hace unos días en el Consejo de Gobierno un gasto de más de 17 millones de euros para dar cumplimiento a dos fallos judiciales favorables al gigante de la sanidad en relación con algunos de los hospitales concesionados de la comunidad. El desembolso no es, sin embargo, un hecho puntual. Solo en el último año, el Gobierno conservador ha tenido que dar luz verde, en base a numerosas sentencias, a gastos por más de 56 millones –incluyendo los de la semana pasada– para el grupo Quirón.

Los dos últimos desembolsos acordados tienen que ver con el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz, joya de la corona del grupo en la región. En el primer caso, el Tribunal Supremo reconoció el pasado mes de noviembre, tras una larga batalla judicial, el derecho de IDC Servicios Móstoles –sociedad que forma parte de Quirón y que gestiona este centro sanitario privatizado– a que se le reintegrasen las cantidades abonadas por concepto de IVA facturado entre 2012 y 2014, que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se negaba a asumir. En total, 6,82 millones que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso deberá ahora abonar a la concesionaria.

El segundo gasto se hace en ejecución de otro fallo reciente. En este caso, sale del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y condena al Sermas a abonar 10,89 millones de euros al gigante sanitario por el retraso en la aprobación de las liquidaciones y pagos a cuenta correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2021 derivados del convenio suscrito para que este centro hospitalario atienda a pacientes del sistema público, cobrando y facturando no una cantidad fija, sino en función de la asistencia ofrecida. La empresa exigía 10,93 millones, frente a los 10,89 millones que reconocía la Administración regional y que, finalmente, han terminado fijando los magistrados.

Es la segunda vez en el último año que el Ejecutivo de Díaz Ayuso acuerda gastos de estas características. El pasado mes de mayo, el Consejo de Gobierno dio luz verde a otros cuatro desembolsos para el grupo Quirón en ejecución de resoluciones judiciales. Todas ellas, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En tres casos, apenas hubo debate. El gigante sanitario solicitó 6,31 y 17,86 millones en concepto de intereses compensatorios por las liquidaciones de los ejercicios 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020 en relación con la Fundación Jiménez Díaz. Y otros 5,17 millones por la actividad realizada en el mismo centro en el ámbito de la libre elección en 2016. Cantidades que la Administración madrileña aceptó.

Más discrepancias hubo, sin embargo, en el último pleito. En este caso, la mercantil IDCSalud Villalba pretendía que se le abonasen 9,38 millones de euros en relación con la liquidación de 2015 de la asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Universitario General de Villalba, otro de los privatizados en la etapa de Esperanza Aguirre. Sin embargo, la Comunidad de Madrid solo aceptaba 9,03 millones. La empresa, según consta en la sentencia, manifestaba que la diferencia se correspondía a la facturación por las altas atendidas en la Unidad de Corta Estancia, pero la Administración defendía que las mismas debían considerarse como "urgencias no ingresadas", por lo que no procedería su financiación. Al final, la cantidad que los magistrados acabaron reconociendo es la propuesta por la Comunidad de Madrid.

Solo en 2024, según el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas de Madrid, el Ejecutivo regional pagó en concepto de convenios y conciertos para atención especializada 1.957 millones de euros, un 65,7% más que el año anterior. De esa cantidad, 1.755 millones se fueron para los cinco hospitales públicos de gestión privada de la región: Hospital Rey Juan Carlos, Hospital de Villalba, Hospital de Torrejón, Hospital Infanta Elena y Fundación Jiménez Díaz. De todas ellas, esta última es la que más recibió, cerca de 900 millones, seguida de los 350 millones del centro sanitario de Móstoles. Los tres restantes percibieron cada uno algo más de 100 millones.

A través de los Acuerdos de Gestión (ADX), el Servicio Gallego de Salud formula cada año desde hace media década los objetivos anuales de las siete áreas sanitarias en diversas materias de organización interna y atención a la población. Se presentan como pactos firmados por las gerencias de cada área con los máximos responsables de Sanidad cuyo grado de cumplimiento, no obstante, la Consellería está evitando revelar a posteriori.

Varios de esos objetivos están ligados a las listas de espera para consultas, pruebas y operaciones. En lo que respecta a las cirugías, los ADX para 2026 dibujan un panorama en el que, en la mayoría de áreas sanitarias, la demora media se va a mantener o aumentar. Pero también un escenario en el que todas ellas asumen la obligación de reducir el número de pacientes que rechazan que la operación por la que esperan sea realizada en un hospital privado sufragado con dinero público —concertado— y no directamente en un centro del propio Sergas.

Esta derivación a la privada como vía para reducir demoras o cumplir objetivos de espera media lleva más de una década asentada en la legislación sanitaria gallega —desde la controvertida reforma del Gobierno de Feijóo en 2013—. Y los ADX fijan abiertamente para todas las áreas sanitarias desde 2025 el objetivo de "disminuir el porcentaje de pacientes en espera no estructural que rechazan un centro concertado".

Según la normativa estatal en materia de listas de espera y la gallega que la adapta al Sergas, los pacientes "en espera no estructural" son "aquellos que en un momento dado están pendientes de ser atendidos" pero "su espera no es atribuible a la organización de los recursos disponibles". Están clasificados en dos grandes grupos. El primero son enfermos "transitoriamente no programables" por "motivos clínicos" —una causa médica "desaconseja temporalmente" la operación— o por "voluntad del paciente" —por ejemplo, una razón laboral—.

El segundo grupo de personas en espera "no estructural" son las que aguardan "tras la negativa a la derivación a un centro concertado o a otro centro del Servicio Gallego de Salud", según explica el propio Sergas. Es este colectivo, concretamente el de pacientes que quieren atención en la pública y no en la privada, el que las áreas sanitarias se comprometen a reducir en un contexto en el que, sin embargo, no son públicos ni el número total de personas en lista "no estructural" ni su demora media.

En los ADX de 2025, los primeros con este indicador específico, las siete áreas sanitarias pusieron cifras al "porcentaje de pacientes en situación de espera no estructural" que aspiraban a tener en "situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" con "más de 365 días de espera". Los objetivos, como muestra la tabla que acompaña esta información, oscilaban entre igual o menos de un 2% en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y un máximo de un 30% en la de Lugo.

Para 2026, los ADX reformulan ligeramente el objetivo y la mayoría de las áreas sanitarias evitan las cifras, más allá de un compromiso genérico de reducir la cifra de enfermos que no quieren ir a operarse a la privada. El indicador es ahora el porcentaje de pacientes "en el registro de espera quirúrgica en situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" sobre "el total de pacientes en el registro de espera quirúrgica", sin el matiz de llevar más de un año esperando.

En este caso, solo las áreas de Santiago y Vigo firman un objetivo concreto: la compostelana, igual o menos de un 14%, y la viguesa, "reducir un 25% los cierres del anterior". En las cinco áreas restantes, lo pactado es que en 2026 haya, como máximo, el mismo porcentaje de pacientes que rechazan ir a la privada que en 2025.

USA es el único país desarrollado sin sanidad universal. Sobrevivir a un infarto es fácil. A la factura, menos. Una ambulancia puede costar 1200 dólares, por eso hay quien prefiere pedir un Uber.

Unos 30 millones de personas no tienen seguro médico y muchos de los que tienen podrían arruinarse si contrajeran una enfermedad grave. Pensad que Breaking Bad no tendría sentido en España porque la sanidad pública trataría tu cáncer y podrías sobrevivir. 

Otra cosa es que estés en una residencia de Madrid, gobierne Ayuso y vuelva a haber una pandemia. Pero como te ibas a morir igual…

La educación privada es prohibitiva y la pública es desigual y su calidad depende del código postal del centro. Si naces en el barrio equivocado, tu mejor opción de futuro profesional es aprender a contar billetes rápido para el trapicheo.

Los estudiantes universitarios pagan unas cifras tan salvajes que alguien podría llegar a plantearse si estudiar medicina o comprar el Monte Sinaí.

Endeudarte para curarte, para estudiar… en USA eres lo que debes. Naces, te endeudas, mueres y es probable que la deuda te sobreviva. Tu puntuación crediticia decide si puedes comprarte una casa o un coche. O si existes. Tener mal crédito es peor que tener antecedentes penales. Si robas un banco vas a la cárcel. Si no tienes deudas, no te dejan entrar en un banco.

USA lleva más de dos siglos presumiendo de libertad, pero persiguió a comunistas —algunos imaginarios— durante el “macartismo”. Porque para muchos norteamericanos, la libertad es poder llevar pistola aunque no puedan votar a un partido de izquierdas sin que el FBI les investigue. Pensad que en los 50 y 60 te arrestaban por decir que el comunismo era bueno y por decir que el racismo era malo.

Era la época de la banda terrorista Ku Klux Klan a la que el FBI trataba como a un club de amantes de las barbacoas mientras que a las personas negras las trataba como terroristas.

USA se funda sobre el genocidio indígena y se convirtió en una potencia gracias a la esclavitud. En el siglo XIX, el algodón representaba el 60% de sus exportaciones y lo recogían esclavos. Un dato: en 1860, las personas negras esclavizadas generaban más riqueza que las fábricas y ferrocarriles del país.

Por no hablar del negocio que fue su participación en la II Guerra Mundial y que desde una perspectiva macroeconómica fue lo que convirtió a este país en una superpotencia económica.

Conclusión: USA no significa United States of America. Más bien Unfair States of America.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El reciente anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) —aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros— ha reabierto uno de los debates más tensos de la política española: el papel de lo público frente a lo privado en la sanidad. Este anteproyecto aspira a revertir el crecimiento de modelos de gestión privada dentro del SNS que promueven la subordinación de la planificación sanitaria a la lógica del mercado, lo ha orientado a priorizar los servicios rentables, fragmentar la red asistencial y abandonar el principio de que la salud es un derecho al  gestionarse como negocio.

El anteproyecto marca varios cambios significativos: 

El ministerio de Sanidad considera que con estas medidas se restituirá el SNS a un sistema universal y equitativo.  

La norma responde, en palabras de la ministra de Sanidad, a una necesidad de proteger el SNS “de las garras especuladoras y privatizadoras", planteando que los modelos concertados o concesionales han priorizado el beneficio sobre la atención al paciente, con prácticas denunciadas en casos como el del Hospital de Torrejón. 

Para ello considera que el ministerio debe obligar a que sean publicadas las evaluaciones y justificaciones de externalizaciones haciendo más transparente la gestión sanitaria y dificultando las decisiones opacas o afectadas por intereses empresariales. 

Según sus razonamientos se conseguiría así un sistema público fuerte, donde el acceso a una atención de calidad no dependa del nivel de renta, lo que redundará en beneficio de quienes no pueden permitirse seguros privados o copagos, de esta forma el limitar la privatización constituiría una inversión en cohesión social.

Pero frente a estas premisas, ciertas asociaciones como la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), aun considerando a este anteproyecto como un “punto de inflexión” que pone por primera vez en la ley criterios estrictos para evaluar si una colaboración público-privada es aceptable o no, plantea objeciones, algunas legítimas y otras teñidas de retórica política.

ASPE denuncia que el proyecto es un “ataque dogmático” contra la sanidad privada y una invasión de competencias de las comunidades autónomas, totalmente en línea con la patronal que sostiene que la colaboración público-privada ha aportado calidad y accesibilidad durante décadas, por lo que exponen que la ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por vulnerar competencias autonómicas, lo que dejaría sin efecto muchas de sus medidas o prolongaría su aplicación indefinidamente. Es de destacar que los medios cercanos al PP han iniciado una campaña mediática con fórmulas como “ataque a Madrid” o “ataque a la libertad empresarial”, términos que desplazan el debate técnico hacia un terreno ideológico y polarizado. 

Frente a estas críticas de los sectores de derecha, las corrientes progresistas y muchos profesionales sanitarios consideran que el anteproyecto no viene acompañado de una financiación significativa extra para reforzar la sanidad pública, por lo que la ley puede quedar en una declaración de intenciones si no se acompaña de más inversión y medidas estructurales. 

Pero hemos de considerar que toda discusión de este anteproyecto no es solo jurídica ni sanitaria, también lo es política, pues no podemos pasar por alto que un contexto en el que la sanidad pública ha perdido terreno frente a la gestión privada (cerca del 31% de hospitales públicos gestionados por privados) y se multiplican las derivaciones a concertados o seguros, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿Qué modelo de sociedad queremos? 

Para los defensores de la sanidad pública, el anteproyecto debía ser una oportunidad histórica para detener una tendencia que ha mercantilizado la salud y ha erosionado la equidad. Contrariamente, para la derecha, puede suponer un retroceso en la eficiencia y un exceso de control central. Por ello, el eje del debate debe centrarse en garantizar una sanidad pública robusta, transparente, bien financiada y centrada en el paciente, no solo en enfrentar ideologías contrapuestas.

Surge así la pregunta que cada uno debe responderse: ¿Debe la sanidad ser un derecho garantizado por lo público o un espacio abierto al negocio sanitario bajo el paraguas del dinero público?

El texto legislativo promovido por el ministerio de Sanidad pretende reforzar el papel central del Sistema Nacional de Salud, limitar nuevas concesiones administrativas y someter cualquier externalización a evaluaciones rigurosas de necesidad, eficiencia y transparencia; esto supone cuestionar un modelo expansivo de gestión indirecta que ha tenido especial desarrollo en comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana.

Pero hemos de considerar que desde la aprobación de la Ley General de Sanidad, la salud dejó de ser una prestación asistencial para convertirse en un derecho universal, un consenso fundacional que se ha visto tensionado por políticas de externalización, conciertos estructurales y modelos concesionales que trasladan la gestión —y parte del presupuesto público— a empresas con ánimo de lucro.

Los defensores del anteproyecto sostienen que el crecimiento de la gestión privada no ha ido acompañado de mayor eficiencia estructural ni de reducción sostenida de listas de espera, pero sí ha consolidado el deterioro progresivo de la atención primaria pública y la expansión del aseguramiento privado; por contra, sus detractores —entre ellos la patronal sanitaria privada y gobiernos autonómicos conservadores— denuncian una supuesta “demonización ideológica” de la colaboración público-privada y advierten de posibles conflictos competenciales. Alegan que limitar conciertos puede reducir la flexibilidad de gestión y la capacidad de respuesta.

Analicemos ambas posturas, pero sin olvidar que cuando la lógica empresarial entra en un servicio esencial financiado con impuestos, la prioridad deja de ser exclusivamente sanitaria.

Los defensores del anteproyecto destacan que refuerza el control público al exigir informes previos y transparentes para externalizar servicio, y por tanto dificulta decisiones discrecionales y favorece la rendición de cuentas. Esto redundaría en un sistema con mayor peso público, que reduce el riesgo de selección de pacientes, la segmentación territorial y las desigualdades en el acceso. Junto a ello se recupera su capacidad estratégica, ya que al blindar la gestión directa se fortalece la planificación a largo plazo, especialmente en salud pública y atención primaria.

Contrariamente, los detractores del proyecto apelan a que son las comunidades autónomas las responsables de gestionar la sanidad y por tanto pueden recurrir la norma si consideran que limita su capacidad organizativa, ya que constituiría un posible invasión competencial, y más sin una financiación estructural añadida; también plantean que eliminar o restringir ciertos modelos concesionales podría dificultar soluciones rápidas en territorios con déficit estructural de recursos.

Pero frente a defensores de la política del Gobierno con su anteproyecto de actuar contra la privatización sanitaria y frente a los defensores de la sanidad privada, existe también un grupo social en el que —como muchos defensores de la Sanidad Pública— nos incluimos los abajo firmantes que consideran que el análisis de la capacidad del anteproyecto para frenar y en lo posible revertir la privatización de la sanidad pública debe abordar aspectos jurídicos, sanitarios y políticos.

Desde el punto de vista jurídico, el anteproyecto cumple con una de las demandas centrales del sector al derogar expresamente la ley 15/97, que permitió la creación de nuevas formas de gestión con estructuras flexibles y concesiones administrativas, estableciendo la Gestión Directa por la administración o entes del sector público como prioridad, pero no se aplica retroactivamente, de forma que la ley no afectará a conciertos o concesiones ya iniciados o en ejecución, lo que significa que los modelos de gestión privada actuales seguirán vigentes hasta la finalización de sus contratos. Junto a ello, el anteproyecto sigue permitiendo mantener conciertos aplicando el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que ha sido el principal instrumento histórico de externalización, del que no hacen referencia a su posible derogación o reforma.

Por otra parte, el anteproyecto reconoce la potestad de las Comunidades Autónomas para organizar su propia administración sanitaria, lo que podría generar conflictos de interpretación sobre qué constituye "insuficiencia de medios" para justificar la gestión privada. 

Si atendemos al aspecto sanitario, hemos de aplaudir que, por primera vez, una ley estatal asume la evidencia científica (citando a The Lancet) de que la gestión privada mata más o, al menos, cuida peor. Políticamente, esto arrincona el discurso de la "eficiencia privada", y al prohibir la gestión indirecta de nuevos centros que incluyan la obra, se corta de raíz la expansión del modelo de hospitales que son, en esencia, negocios inmobiliarios con batas blancas.

Otro aspecto no resuelto es que al permitir la gestión privada, “si se demuestra mayor eficiencia", el Gobierno deja la puerta abierta a que comunidades con voluntad privatizadora manipulen los informes de sostenibilidad para seguir externalizando servicios. 

Pero tenemos que destacar que el anteproyecto reconoce que no habrá inversión extra, ya que estima un coste "neutro" para las CCAA, lo que sugiere que no habrá una inversión masiva inmediata para revertir las privatizaciones existentes. 

¿Qué significa eso? Que es una declaración de intenciones sin presupuestar, o sea sin posibilidad de llevarse a cabo; plantea el deseo de una sanidad 100% pública, pero con los mismos recursos asfixiados actuales, y esto condena al sistema a seguir con una degradación sanitaria que, irónicamente, empuja a los ciudadanos a los seguros privados. 

Sin embargo, el núcleo del debate no es técnico, sino político. La privatización parcial no suele presentarse como tal, sino como “colaboración público-privada”, “optimización de recursos” o “libertad de elección”, y en ese aspecto el ministerio no plantea nada sobre las "Redes Paralelas", de forma que no actúa contra el drenaje de fondos públicos que representan MUFACE e ISFAS (el funcionariado que elige sanidad privada). El hecho de que el Gobierno no toque este privilegio de clase sugiere que parte del anteproyecto tiene un componente electoralista ya que se ataca la gestión privada hospitalaria del PP, pero se mantienen modelos de privatización que benefician a la propia estructura del Estado. 

Por ello los defensores de una Sanidad Pública, universal y de calidad consideramos que el anteproyecto es una herramienta de contención, no de reversión. Sirve para frenar que el modelo de gestión privada se extienda a otras regiones, pero no soluciona el problema donde ya está implantado (más profesionales, agendas razonables y mayor capacidad resolutiva para evitar la sobrecarga hospitalaria; mejora de condiciones laborales para reducir temporalidad y precariedad y frenar la fuga de talento al sector privado o al extranjero; refuerzo radical de la Atención Primaria).

Más que un blindaje hermético, es una valla política diseñada para el desgaste electoral; se busca retratar al modelo del PP como "excepcional y poco íntegro", pero se carece de la valentía política para rescatar lo ya privatizado o para eliminar los privilegios de los seguros privados de los propios funcionarios del Estado. Olvida que es imprescindible el incremento estable de financiación, como podría ser el vincular el gasto sanitario público a un porcentaje mínimo del PIB que garantice estabilidad plurianual y también en que, hasta lograr que el sistema público deje de depender del privado en determinadas actuaciones, es imprescindible evaluar de forma independiente tanto la gestión directa como la concertada para que el debate se base en datos y no en eslóganes; con transparencia total en los conciertos existentes a graves de la publicación de los costes reales, beneficios empresariales y resultados asistenciales comparativos.

La sanidad pública no es un gasto improductivo: es un mecanismo de redistribución y cohesión social que, a través de la experiencia internacional, muestra que los sistemas más equitativos y eficientes son aquellos donde el Estado lidera la provisión y regula estrictamente la participación privada, no aquellos donde el mercado marca el rumbo.

El Parlamento tiene ahora la responsabilidad de elevar el debate. No se trata de elegir entre eficiencia y equidad, sino de demostrar que lo público puede ser ambas cosas a la vez. La pregunta no es si cabe la colaboración privada, sino bajo qué límites y con qué garantías.

Porque cuando la salud entra plenamente en la lógica del beneficio, el paciente corre el riesgo de convertirse en cliente. Y esa es una frontera que una democracia social no debería cruzar.

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Petri Rogero Anaya es enfermera y psicóloga. José Luis Carpintero Avellaneda es médico. Ambos son doctores y exprofesores de la Universidad de Málaga (UMA).

El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el último recurso presentado por el padre de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, con el que buscaba frenar de manera cautelar la eutanasia de su hija, según informa EFE.

La Sala segunda de la corte de garantías ha adoptado esta decisión por unanimidad en una sesión extraordinaria celebrada este viernes, ante la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo". El padre había solicitado en su recurso de amparo "medidas cautelarísimas" para suspender la eutanasia que ya se le había concedido a su hija a través de sus representantes legales: el despacho ultracatólico Abogados Cristianos.

En esta nueva apelación, el padre también impugnó todas las resoluciones anteriores que habían acreditado que su hija tenía la capacidad de decidir y los requisitos suficientes para obtener el procedimiento por "una enfermedad grave e incurable que le provoca un padecimiento grave, crónico e imposibilitante".

La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó como medida cautelar la suspensión de la eutanasia. La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución que concedía la eutanasia a su hija.

Ante esta nueva resolución, Abogados Cristianos ha emitido un comunicado en el que aseguran que llevarán el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. El despacho ultracatólico considera que "se están vulnerando derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la tutela judicial efectiva".

También han señalado que sigue pendiente la resolución su solicitud de medida cautelar ante el Juzgado de lo Penal.

Los Acuerdos de Gestión (ADX) son una fórmula que el Servicio Gallego de Salud emplea desde hace media década para fijar objetivos anuales de organización interna y de atención a la población. El Gobierno gallego los materializa como pactos firmados entre la Gerencia del Sergas y los responsables de cada una de las siete áreas sanitarias, que rubrican metas concretas, muchas de ellas expresadas numéricamente, cuyo grado de cumplimiento la propia Consellería de Sanidad está evitando revelar a posteriori.

Entre los indicadores medibles para los que estos acuerdos de gestión fijan objetivos anuales se encuentran las listas de espera quirúrgica. En este 2026, en la mayoría de las áreas sanitarias el pronóstico es que los tiempos medios de demora para acceder a una operación apenas se reduzcan o incluso aumenten, según los ADX firmados a comienzos de febrero.

El objetivo más inmediato que fijan en este ámbito los ADX es la demora quirúrgica media en el mes de junio, es decir, la media de días que espera cada paciente desde su inclusión efectiva en la lista, la denominada lista “estructural”. Las cifras oscilan entre los 77 días que esperan tener de media en el área sanitaria de Santiago y los 54 de la de Lugo.

Como muestran los gráficos que acompañan esta información, el cumplimiento de los objetivos de los ADX implicaría que a mediados de este año únicamente el área de Santiago-Barbanza experimentase una reducción significativa de la espera media. Prevén que haya que esperar casi nueve días menos en comparación con junio de 2025, cuando había experimentado una subida muy notable, hasta superar los 85.

En el área de A Coruña-Cee la expectativa es reducir la demora media unos dos días y en las demás, apenas un día, con dos excepciones: Lugo y Ourense. Para el área ourensana lo pactado es una espera media de 61 días y medio en junio de 2026, es decir, exactamente el mismo dato publicado por el Sergas como real para junio de 2025. Y en el área lucense la gerencia contempla una demora media de 54 días: un año antes eran 53,9.

El segundo umbral para el que los ADX fijan objetivos concretos de espera quirúrgica es el final del año, diciembre de 2026. En este caso aún no es posible realizar una comparación con los datos reales del cierre de 2025, que el Sergas todavía no ha publicado, por lo que la referencia más próxima son las cifras del cierre de 2024.

Al realizar esa comparación, los objetivos de descenso de la demora quirúrgica solo se encuentran en tres áreas encabezadas por la de Ourense, donde prevén que la demora media sea de 62 días, una semana menos que al cierre de 2024, año marcado por sus malos datos. En la de A Coruña se proponen que a finales de 2026 haya que esperar de media cuatro días menos que al cierre de 2024 —74 días y medio frente a 78 y medio— y en la de Pontevedra una reducción de tres días, hasta los 59.

En las otras cuatro áreas el propio Sergas asume que la demora quirúrgica seguirá siendo más elevada cuando termine este año que a finales de 2024. El incremento más acusado sería el de Lugo, con siete días y medio más hasta llegar a los 55; en Vigo el objetivo es cerrar el ejercicio con una demora media de 70 días frente a los menos de 64 de finales de 2024. Mientras, tanto en Santiago como en Ferrol la previsión es que la espera media sea unos cinco días superior a la registrada al cierre de aquel año.

El Sergas traza estos objetivos por áreas en un contexto en el que el dato más reciente para el conjunto del sistema situaba en junio del año pasado la espera media quirúrgica en 69 días. El dato, ligeramente inferior al del cierre de 2024, siguió siendo mucho más elevado que el alcanzado justo antes de la pandemia de la COVID, cuando se había situado en algo menos de 55 días al finalizar 2019.

Pese a estas cifras, la propia Consellería de Sanidad señala la “reducción en los tiempos de acceso a cirugías” como una de las “prioridades más destacadas” de los Acuerdos de Gestión para 2026. Tras su firma, el conselleiro señaló los ADX como muestra de la “voluntad de la Xunta de ofrecer a la ciudadanía tiempos de acceso cada vez más cortos poniendo el acceso en las prioridades clínicas”.

Se trata, matizó Antonio Gómez Caamaño, de un objetivo con “dificultades”. Estos obstáculos, considera, se deben a razones ajenas a la gestión del Gobierno gallego. Cita como causas el “escenario marcado por la falta de profesionales” y “las huelgas contra el Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad”. El Ministerio, precisamente, acaba de lanzar su plan para “unificar” y “modernizar” la información de las listas de espera en todo el Estado apelando, entre otras razones, a una “creciente demanda social de transparencia y rendición de cuentas” al respecto.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este miércoles que el Instituto de las Mujeres está estudiando la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad en el entorno de las clínicas abortivas para evitar la ubicación en sus inmediaciones de entidades y asociaciones antiabortistas, según recoge EFE.

Redondo ha hecho estas declaraciones en el pleno del Congreso de los Diputados, donde también se ha comprometido a garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos.

"Me parece la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres", ha concretado.

La semana pasada, Sumar ya presentó una proposición de ley para modificar el Código Penal que castiga el acuso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo y lograr que se prohíban las concentraciones o actos a 200 metros alrededor de estos centros médicos.

Hoy la ministra ha listado el establecimiento de este perímetro de seguridad como una de las medidas en las que Igualdad está trabajando para garantizar la prestación del aborto, y ha recordado que en la Cámara Baja son mayoría quienes defienden este derecho.

Redondo también ha aprovechado su intervención para criticar la posición sobre este tema de la derecha, a la que ha afeado que "tradicionalmente ha votado en contra de todas las leyes del aborto y ha recurrido su constitucionalidad ante los tribunales".

"Frente a quienes hostigan y pretenden cercenar nuestros derechos, la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo, vamos a seguir trabajando", ha aseverado Redondo, quien ha reivindicado que el Gobierno mantiene su voluntad de blindar el aborto en la Constitución.

Los Carnavales de Cádiz (COAC) pueden parecer, a simple vista, un folclore más, apolítico y amable. No obstante, tras siglos de censura y persecución, el evento se ha convertido en el altavoz de la lucha obrera andaluza. Son el resultado de la organización de un espacio combativo, dedicado a la denuncia social, donde la ira provocada por las injusticias se canaliza a través de una de las especialidades andaluzas: hacer reír y saber reírse de uno mismo.

A través de la ironía, el ingenio del disfraz y la composición de atrevidos versos, las agrupaciones carnavalescas muestran tanto lo cruda como ridícula que es la realidad en la que vive España. Una de las formas más divertidas, aunque también elegantes, de poner en jaque al poder.

Los COAC de 2026 han convertido el Teatro Falla en un escaparate para evidenciar cuestiones de talla estatal. Han defendido el feminismo, reivindicado el derecho a la vivienda y exigido un mejor futuro para los jóvenes. Los líderes políticos tampoco han quedado al margen del escarnio humorístico. Un ejemplo especialmente sonado fue la respuesta de la comparsa 'El Patriota', caracterizada como Blas Infante, a unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo del pasado diciembre, cuando afirmó que "los andaluces no saben contar". Los gaditanos le retaron a encontrar siete diferencias entre lo público y lo privado y a contar cuatro pilares que, según denunciaron, el PP está destruyendo: "Educación, empleo, sanidad y dependencia".

Naturalmente, los gaditanos barren para casa, por lo que hacen especial hincapié en problemáticas que afectan concretamente a la población andaluza. En esta edición, la sátira dirigida a Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido una de las más recurrentes, especialmente a raíz de las negligencias en los cribados del cáncer de mama.

Asimismo, el escándalo del obispo de Cádiz y Ceuta, acusado de pederastia, ha provocado que múltiples actuaciones arremetan furiosamente contra la institución de la Iglesia. El bullying también ha sido una problemática especialmente denunciada este año, debido al reciente fallecimiento de Sandra Peña, la adolescente sevillana de 14 años que se quitó la vida a causa del acoso escolar que sufría.

Entre los gags más recurrentes, han sido frecuentes los chistes relacionados con el mal tiempo al que se ha enfrentado Andalucía. Por ejemplo, la chirigota 'Los Robins' cantó en semifinales unos versos en gallego por lo que "choveu" —ha llovido— en los últimos días, sufriendo un clima más similar al de la comunidad del noroeste que al andaluz.

La presentadora de televisión Sonsoles Onega también ha tenido que recibir los dardos de este humor a raíz del error que cometió en su programa de Antena 3, al confundir una carretera inundada por las intensas precipitaciones con la Bahía de Cádiz. La comparsa 'El jovencito Frankenstein' dedicó un cuplé entero al error de la periodista en semifinales, contraatacando a la ofensa mediante la burla: "Dice que ha sido una tragedia y que animales han perdido la vida, y lo que ha perdido su familia con ella ha sido una paguita".

La sátira por excelencia fue otorgada a Madrid y a su propuesta Madrilucía. Una cuestión que da mucho coraje a los andaluces pero que, además, pone en evidencia una realidad innegable: la apropiación cultural. La comparsa 'OBDC! Me quedo contigo' hizo, en cuartos de final, una dura crítica a la mercantilización de la identidad andaluza a través de un pasodoble. "Se anunció Madrilucía, una feria de Sevilla sin acento de podredumbre", cantaron con un fingido acento neutro, mientras acusaban a los madrileños de hacer "como el señorito hacía". Y sentenciaron: "Nos silencian, nos sacuden. Nuestra cultura y tradición de Andalucía para poder saquearla, sin andaluces".

Los COAC de 2026 han dedicado una enorme parte de sus letras a la reivindicación de la mujer, tanto para poner en valor su papel como para sumarse a la defensa del derecho al aborto y a la lucha contra la violencia de género y sexual. "Porque el hombre que soy hoy se lo debe todo a una mujer", explicó la chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)' en un pasodoble.

De lo más destacado, el desgarrador pasodoble que la comparsa 'Los Locos' llevó a cuartos de final. Cuenta la "doble violación" que sufre el personaje de María, como tantas otras mujeres, durante una fatídica noche. La joven volvía de fiesta a su casa, "con un dolor en el alma y un nudo en el pecho", cuando su padre le preguntó qué le había ocurrido. Ella, "con pudor, le cuenta que por sus caderas un cabrón se le arrojó sin compasión, como una fiera". A lo que el padre respondió con la misma poca compasión, iracundo: "Yo sabía que esto algún día te pasaría, no se puede ir siempre como una golfa así vestida". El hombre explicó que "feminismo y tonterías no hacen bien a la mujer".

La historia termina con María dirigiéndose a su cama, destrozada, sin estar segura de qué había ocurrido. Aquella noche, "dos hombres su alma arrancaron, se repite el dolor pero nadie ahora la ha tocado". 'Los locos' culminan la actuación sentenciando, furiosamente, que a la joven, al volver a casa, "otra vez la han violado".

La comparsa 'OBDC! Me quedo contigo' es otra de las agrupaciones que ha aprovechado el escenario para defender a las mujeres. En esta ocasión, volvió a traer a colación las ya archivadas denuncias de dos exempleadas de Julio Iglesias, quienes acusaron al cantante de violencia sexual. Los gaditanos señalaron que el artista cuenta "a su favor con el juez, la prensa y los medios".

El pasodoble termina con una firme denuncia: "Como Plácido Domingo, Julio Iglesias, la Manada, en este siglo es impune a la coartada de comprar a una mujer como una esclava".

Los roles se han alterado. En los Carnavales de Cádiz, la Iglesia se convirtió en víctima y el pueblo en verdugo.

La chirigota 'Los que la tienen de mármol', donde muertos en sus nichos cantan "que la vida es un teatro y tú tienes el guion", interpretaron un pasodoble como si fuera un rezo al 'Padre Nuestro'. A través de la oración, denunciaron los casos de pederastia en el clero. Así, contaron a Dios que "un siervo tuyo de este Reino se saltó tus mandamientos, mientras me robó la infancia". Hablaron del tormento que supone y las secuelas que los abusos dejan de por vida: "50 años han pasado y no hay día que no sienta por mi cuerpo esas manos pecadoras que en la tentación cayeron".

Los difuntos culminaron la actuación sentenciando que la infancia y la vida no "la devuelve un Dios ni un padrenuestro".

Entre las críticas al poder eclesiástico, también resultó destacable la comparsa femenina 'La Camorra'. Representaron al clero sobre las tablas, mientras cantaban una melodía con ecos de tarantela, en clara alusión a las mafias italianas. "Un lobby que tú pagas aunque no creas en nada", definieron las artistas a la Iglesia; o, como la vidriera del templo del decorado la denominó, la "Iglesia S.A."

En las semifinales, acusaron al clero de hacer "pervivir el franquismo con aromas del incienso", así como de, en nombre de Dios, haber "matado a cientos de miles republicanos". También aludieron al robo de bebés y a la codicia de bienes ajenos, señalando el uso de dinero público, la apropiación de espacios de culto y la posesión de miles de terrenos.

Los recortes sanitarios en Andalucía bajo la gestión de Juanma Moreno Bonilla, han provocado que el presidente de la Junta se convierta en el blanco del Teatro Falla. "La Sanidad en mi tierra nos la tomamos a pecho", advirtió la chirigota 'Ssshhhhh!', ganadora de esta edición. Durante la semifinal, los saeteros se dirigieron a Trump para corregir que no tendría que haber secuestrado a Maduro, sino al dirigente andaluz, quien mientras ha dejado "a las mujeres andaluzas olvidadas en una lista de espera, él se marca un blackface de Baltasar echando balones afuera".

"Con lo de los cribados, lo que hace literalmente es escurrir el bulto", añadieron. Y culminaron el pasodoble dirigiéndose a Moreno Bonilla de manera clara: "Y venga AMAMA y venga AMAMA, esta palabra tú estarás harto de escucharla, pues aplícatelo ya. ¡Y te vas pronto AMAMArla! ".

Y ha sido precisamente la crítica contundente de la comparsa ganadora, ‘DSAS3’, a la gestión de la Junta del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la que ha puesto el broche de oro a los COAC 2026, pasadas las seis de la mañana. Llamaron al presidente de la Junta "hijo bastardo de Andalucía", quien "le ha robado la salud al pobre, cambiando el oro por cobre, enriqueciéndose con su agonía".

Los últimos minutos del certamen, iniciado desde el 11 de enero, fueron protagonizados por el fin del popurrí de la comparsa, un canto de agradecimiento por poder vivir la vida... "¡Con salud!"

Un año más, el Carnaval de Cádiz ha demostrado que el arte nunca dejará de ser un acto político.