El Ministerio de Sanidad reúne este lunes de forma extraordinaria a las comunidades autónomas para acordar el envío de vacunas a Ceuta ante la situación sanitaria derivada de la llegada de miles de migrantes desde finales de julio. La convocatoria se produce después de que la ministra, Mónica García, rechazara la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estudiar el confinamiento de personas portadoras de enfermedades infectocontagiosas.

La Comisión de Salud Pública se reunirá por vía telemática a partir de las 12.00 horas para activar el mecanismo de solidaridad entre comunidades y facilitar el suministro de vacunas. Entre las más demandadas figuran las de la triple vírica, varicela, poliomielitis, tétanos y difteria.

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha justificado la convocatoria extraordinaria en la necesidad de abordar “lo antes posible” el suministro. Además, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se desplazará de nuevo este lunes a Ceuta para analizar sobre el terreno una situación marcada por la presión asistencial y por las discrepancias entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y los profesionales.

Su visita se produce apenas una semana después del desplazamiento de Mónica García a la ciudad autónoma. Entonces, la ministra negó que se hubiera producido un “colapso sanitario”, aunque reconoció que servicios como Urgencias, Medicina Interna y Atención Primaria se encontraban especialmente tensionados.

La nueva reunión sanitaria llega después de que Feijóo defendiera este domingo, en una entrevista con Europa Press, que el Gobierno debería estudiar “un confinamiento de los portadores de enfermedades infectocontagiosas por razones de salud pública”.

García respondió horas después que una medida de este tipo sería “injustificada y totalmente desmesurada”. En un mensaje publicado en X, recordó que los confinamientos por motivos sanitarios deben guardar relación con el mecanismo de transmisión de la enfermedad que se pretende controlar y advirtió de que, en este caso, una medida de ese tipo podría resultar “más dañina que beneficiosa”.

La ministra recordó además que las competencias de salud pública corresponden al Gobierno de Ceuta y repasó la situación de las principales enfermedades citadas por el líder del PP.

En el caso de la tuberculosis, García señaló que existen tres casos confirmados: uno de los afectados ya estaba en tratamiento y no era contagioso, otro presenta una tuberculosis cerebral, que tampoco se transmite por vía respiratoria, y una tercera persona estaba siendo sometida a diagnóstico y ha iniciado tratamiento.

Sanidad había informado previamente de 18 menores con una prueba de Mantoux positiva y dos casos confirmados de tuberculosis. Un resultado positivo en esta prueba indica contacto o infección por la bacteria, pero no implica necesariamente la existencia de una tuberculosis activa y contagiosa.

Sobre la varicela, García aseguró que se habían detectado tres casos sospechosos, ninguno de ellos relacionado con la población migrante. También recordó que la enfermedad no está erradicada en España y sigue produciendo casos de manera ocasional.

Respecto a la sarna, la ministra señaló que los afectados no precisan ingreso hospitalario ni confinamiento y recordó que la escabiosis tiene una presencia significativa en el conjunto del país. Entre 2021 y 2023 se detectaron 1.529 brotes con 11.301 casos en España, según un estudio publicado en 2025 en Eurosurveillance.

García también corrigió las cifras mencionadas por Feijóo sobre los problemas gastrointestinales. Frente a los alrededor de 450 casos a los que había aludido el dirigente popular, la ministra aseguró que el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta había estudiado 55 casos de probable infección por E. coli enteroinvasiva. Según Sanidad, el brote está ya controlado y se relaciona especialmente con el consumo de agua no apta para consumo humano.

Por ello, García defendió que la prioridad pasa por garantizar alojamiento, agua potable, alimentos y unas condiciones adecuadas de higiene y saneamiento. Con estas medidas, aseguró, podrían controlarse “la grandísima mayoría” de los factores que favorecen la aparición de brotes.

La situación sanitaria de Ceuta se ha convertido, entretanto, en motivo de enfrentamiento entre la Administración y los trabajadores sanitarios. Mientras Sanidad sostiene que la actividad ordinaria no se ha visto alterada de manera generalizada, el Colegio de Médicos, los sindicatos y distintas organizaciones profesionales alertan de que la llegada masiva de migrantes ha llevado al límite a unas plantillas que ya arrastraban problemas estructurales.

Entre el 31 de julio y el 14 de agosto, Ingesa contabilizó 5.801 asistencias vinculadas a la crisis, a las que se sumaron más de 2.500 atenciones realizadas por el dispositivo de Cruz Roja instalado en la playa del Trampolín.

El momento de mayor presión se registró el 31 de julio, con 1.149 asistencias en una sola jornada. Posteriormente, la actividad se estabilizó en torno a las 330 atenciones diarias.

A los problemas asistenciales se han sumado patologías vinculadas fundamentalmente a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las que permanecen algunas de las personas llegadas a la ciudad. Además de los casos de tuberculosis y gastroenteritis, los profesionales han advertido de consultas por sarna e impétigo.

La Sociedad Española de Epidemiología ha insistido, no obstante, en que estos problemas sanitarios no deben atribuirse a la migración en sí misma, sino principalmente a las condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de recursos. El Gobierno trata ahora de reforzar la respuesta con el envío de vacunas y una nueva visita del secretario de Estado a Ceuta.

Las personas con menos recursos tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental. Esta es una de las principales conclusiones a la que llega el estudio PaRIS, elaborado por la OCDE y el Ministerio de Sanidad, que analiza a las personas de 45 años o más usuarias de Atención Primaria y que, en un nuevo informe publicado a finales de julio de este año, se centra específicamente en los problemas de salud mental.

La diferencia más clara se observa entre las mujeres. Las que tienen menos renta presentan una prevalencia de problemas de salud mental del 30,3%, frente al 21% entre las mujeres con más ingresos, lo que suponen 9,3 puntos de diferencia. Entre los hombres, la brecha es menor, pero también existe: 16,7% entre los de menor renta frente al 12,5% entre los de mayor renta.

Otra de las variables en las que se centra el estudio es la disparidad entre los territorios. Los que tienen un mayor porcentaje de problemas de salud mental (PSM) son Ceuta, con un 31,3%, Melilla, con un 29,3%, Murcia, con un 25,2% y Andalucía, con un 24,4%. En estos territorios existe una correlación entre estas cifras y los datos de AROPE, el indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusión social.

Ceuta tiene un porcentaje de AROPE del 41,8%, Melilla del 36,7%, Andalucía del 37,5% y Murcia del 30,5%. En el otro extremo de la lista también existen coincidencias claras como País Vasco, con un PSM del 17% y un AROPE del 15,5% y Navarra con un 15,5% del primer indicador y un 17,2% del segundo. 

Sin embargo, el nivel de pobreza no es el único factor que puede explicar un aumento de los problemas de salud mental, ya que existen casos que se apartan de esta tendencia. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que teniendo el mismo PSM que Andalucía (24,4%) tiene una tasa de AROPE bastante más baja, del 19,4%. 

Aquí entra otra de las variables en las que el Ministerio de Salud lleva meses poniendo el foco: el lugar dónde se vive. En febrero de este año, la ministra Mónica García indicaba que “la salud muchas veces depende de nuestro código postal más que de nuestro código genético” y advertía del impacto que pueden tener en la salud mental factores urbanos como la vivienda, el ruido, la contaminación o la falta de espacios comunitarios.

El informe ahora publicado sigue esta línea y concluye que los problemas de salud mental son más frecuentes en ciudades grandes. Entre las mujeres, afectan al 29,1% de quienes viven en ciudades de más de 100.000 habitantes, frente al 25,9% de quienes residen en municipios de menos de 10.000 habitantes. Entre los hombres, la diferencia es del 16,6% frente al 12,3%.

Al observar los datos del INE sobre los hogares que ingresan menos de 1.500 euros, también se aprecia una relación entre los que viven en municipios de 50.000 habitantes y los problemas de salud mental. En Madrid, el 85,5% de los hogares con menos de 1.500 euros mensuales incluidos en esta estadística viven en municipios de más de 50.000 habitantes. En Navarra, la proporción ronda el 25,2%.

Al combinar pobreza y concentración urbana, la brecha se hace más clara. En los territorios donde ambas variables presentan valores más bajos, la prevalencia de problemas de salud mental es del 18,6%. En aquellos donde tanto la pobreza como la concentración urbana son más elevadas, asciende al 24,4%. La diferencia es de 5,8 puntos. Estos dos grupos corresponden, respectivamente, a los territorios situados en torno al percentil 25 y al percentil 75 en el indicador elaborado a partir de ambas variables. 

El resultado se repite cuando se mira específicamente a la población con menos ingresos. Entre los hogares que ganan menos de 1.500 euros al mes, cuanto mayor es la proporción que vive en municipios de más de 50.000 habitantes, mayor tiende a ser también el porcentaje de problemas de salud mental. Con esta segunda medida, la diferencia entre los territorios con menor y mayor concentración de hogares vulnerables en ciudades es de unos cinco puntos, del 18,9% al 23,8%.

La cerveza sin gluten está de moda. Así lo constata el Informe del consumo alimentario en España 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que recoge que la compra de este producto en los hogares españoles ha crecido un 21% en comparación con el año anterior. Un dato que choca directamente con el de la cerveza normal, cuyas compras se han reducido un 4,7%.

Dentro de los productos sin gluten, es también el que más crece, ya que en conjunto han aumentado en un 5,4%, muy por debajo del 21% registrado por la cerveza. Hay una primera razón de este crecimiento y no es otra que la médica. Esta es la única cerveza apta para las personas que padecen enfermedad celíaca y, según recoge la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), el número de personas diagnosticadas no ha dejado de crecer en los últimos años gracias a una aplicación cada vez mejor de los protocolos de diagnóstico, alcanzando ya la cifra de 450.000 personas.

La cerveza normal se elabora habitualmente con cebada malteada y, por ello, suele contener gluten, por lo que estas bebidas se preparan con cereales naturalmente libres de esta proteína o mediante procesos destinados a reducirla. Sin embargo, el número de celíacos no puede responder por sí solo a estas cifras y aquí entra una segunda vertiente: consumir cervezas sin gluten pensando que son una opción más sana.

Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en 2021 analizó el consumo de productos sin gluten en personas sin ningún tipo de celiaquía y acabó concluyendo que aquellas que consideraban estos alimentos más sanos tenían un 69% más de probabilidades de incluirlos en sus dietas. Otro estudio llevado a cabo en Portugal llegó a una conclusión parecida al comprobar que los productos con la indicación “sin gluten” se percibían como más saludables, menos calóricos y menos procesados. 

Esto es lo que se conoce como health halo, que se produce cuando una característica real, en este caso, la ausencia de gluten, se convierte mentalmente en una cualidad saludable, aunque no exista una relación demostrada entre ambas. Y es que no existe hasta el momento un estudio científico que sostenga que este tipo de productos mejoran la salud de personas no celíacas.

En 2024, un grupo de investigadores siguió a 27 adultos sanos que durante cuatro semanas consumieron una dieta estrictamente sin gluten. La conclusión fue que, aparte de algunos pequeños efectos antiinflamatorios a corto plazo, el consumo de estos productos no produjo “una mejora cardiovascular global ni una mejora de la calidad de vida”.

Esto significa que un producto sin gluten no aporta por sí mismo ninguna mejora en la salud y, en el caso de la cerveza, no hay que olvidar que mantiene el resto de componentes perjudiciales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es tajante en su posición frente al alcohol y afirma que no existe ninguna bebida alcohólica mejor o peor, ya que el compuesto responsable del riesgo es el etanol, independientemente de si llega al organismo a través de una cerveza con o sin gluten, un vino o cualquier otro tipo de bebida alcohólica.

La OMS recuerda que el alcohol está clasificado como carcinógeno del grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer y que está relacionado causalmente con al menos siete tipos de cáncer. También señala que no se ha podido establecer un umbral por debajo del cual desaparezca este riesgo. De esta manera, entre dos cervezas con una graduación alcohólica similar, el hecho de que una no contenga gluten no elimina el riesgo sanitario derivado de su contenido en alcohol.

La Universidad del País Vasco publicó en 2025 un estudio que seguía esta misma línea. Los investigadores analizaron 60 muestras correspondientes a tres lotes de diez marcas comerciales, recogidas a lo largo de tres años y compararon cervezas a las que se había retirado el gluten con sus equivalentes que lo conservaban para estudiar dos grupos de compuestos que producen hinchazón y problemas intestinales, sobre todo en personas con problemas previos: los fructanos, pertenecientes a los FODMAP, y los inhibidores de amilasa/tripsina (ATI).

Tras el análisis, no encontraron diferencias significativas en el contenido total de ninguno de los dos componentes entre las bebidas con gluten y aquellas a las que se les había retirado. Los investigadores encontraron, además, que la cantidad de estos compuestos dependía más de otras características de la cerveza y de su elaboración. De esta manera, llegaron a la conclusión de que retirar el gluten no hace desaparecer automáticamente otros componentes de la cerveza que pueden presentar problemas digestivos para determinados grupos, lo que supone un mayor peligro si la sociedad empieza a ver las cervezas sin gluten como una alternativa más sana que la tradicional.

En lo que llevamos de verano, España ya suma 33 casos en humanos de fiebre del Nilo occidental y el pasado 5 de agosto se registró la primera muerte por esta enfermedad en Dos Hermanas (Sevilla). Andalucía es el territorio que más casos registra, con 29, seguida de Extremadura, con tres, y Alicante, con uno. 

Desde que se detectó el primer caso en humanos en España, en 2004, la presencia de este virus se ha convertido en una realidad cada vez más habitual en nuestro país. El gran punto de inflexión fue en 2020, cuando se registraron 77 casos humanos y ocho fallecimientos. Le siguieron un par de años con una incidencia menor, pero en 2024 se alcanzó un récord de 158 casos. En 2025 se notificaron 45 casos y cinco fallecimientos, que, aunque fueron cifras menores a las del año anterior, mantuvieron una tendencia preocupante.

El virus se transmite a través de las picaduras de los mosquitos, lo que ayuda a entender su expansión en los últimos años. Aunque son muchos los factores que intervienen en su propagación, los veranos cada vez más cálidos y las primaveras lluviosas favorecen en gran medida al crecimiento de las poblaciones de mosquitos y hacen más probable la transmisión del virus.

Sin embargo, el ciclo de transmisión de este virus comienza en las aves, que actúan como reservorio, porque pueden mantenerlo durante mucho tiempo en su sangre sin presentar síntomas graves. Desde ellas, el virus puede pasar a los humanos y a otros animales, principalmente los équidos (caballos, burros, etc.). “Nosotros tenemos viremias, es decir, la presencia del virus en sangre es de menor intensidad y de duración más corta; por lo tanto, no somos tan buenos mantenedores de la circulación del virus como las aves”, explica a infoLibre Gema Fernández, portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de España.

Aunque en los humanos la infección suele ser asintomática, en ocasiones se traduce en la llamada fiebre del Nilo occidental, que provoca fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, malestar general y, en ocasiones, síntomas digestivos. “Cuando la infección afecta al sistema nervioso central puede aparecer la forma neuroinvasiva, con encefalitis, meningitis o meningoencefalitis”, relata Fernández.

El mayor obstáculo a la hora de luchar contra esta enfermedad es que “no existe actualmente una vacuna para las personas ni un tratamiento antiviral específico”, por lo que las principales herramientas para tratar de frenar su propagación son la prevención y la detección precoz. “La vigilancia no se tiene que hacer cuando ya hay casos”, indica Fernández, sino que “hay que mantener siempre un plan de vigilancia importante”.

Por esta razón, desde hace años el Ministerio de Agricultura activa, desde los meses de marzo y abril hasta enero del año siguiente, el Programa de Vigilancia de la Fiebre del Nilo que articula sus acciones preventivas en tres niveles: aves, mosquitos y équidos. 

En el caso de las aves, la vigilancia es relativamente sencilla, ya que es fácil seguir el rastro del virus a través de la investigación de ejemplares enfermos o muertos y el muestreo específico en poblaciones de diferentes especies. Este sistema permitió detectar los primeros positivos animales de 2026 a través del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, referente en esta enfermedad.

Los problemas surgen con la vigilancia entomológica, es decir, la referida a los mosquitos. Aunque es un paso imprescindible para conocer la época de actividad del vector y localizar las zonas donde existe mayor riesgo potencial, no es sencillo llevarla a cabo solo con el uso de trampas. “Los científicos no podemos medir continuamente cuántos mosquitos hay en todos los lugares y por eso la ciencia ciudadana es tan valiosa”, indica Frederic Bartumeus, ecólogo del CSIC y codirector de la aplicación Mosquito Alert, la mayor ayuda en esta misión.

Con ella, cualquier ciudadano puede documentar con una foto los mosquitos que encuentra y su localización, además de registrar las picaduras que ha sufrido. Aunque la plataforma no sustituye a las trampas oficiales ni constituye por sí sola el sistema de vigilancia del virus del Nilo, sí que aporta una red de observación mucho más extensa y permite detectar cambios en la distribución y actividad de los mosquitos.

Desde su creación en 2014, Mosquito Alert ha contribuido a detectar la presencia por primera vez del mosquito de Japón en 2018 y los primeros descubrimientos del mosquito tigre en Andalucía en 2014 y en otras comunidades a partir del 2023.

El tercer nivel de vigilancia son los équidos, especialmente los caballos. Según explica el propio Ministerio de Agricultura, estos animales no son un reservorio del virus ni una fuente relevante para infectar a nuevos mosquitos, sino que actúan como “fondo de saco epidemiológico” porque la cantidad de virus que alcanzan en sangre no es suficientemente elevada para que un mosquito se infecte al picarlos. Por eso, cuando se detecta un caballo infectado, el objetivo no es evitar una transmisión entre animales, sino investigar de dónde procede la infección y comprobar si el virus está circulando en la zona.

El ministerio establece, en su programa de actuación en explotaciones equinas, que ante un caso confirmado debe reforzarse la vigilancia en las explotaciones de la zona. Esto incluye el censo de los animales, una encuesta epidemiológica, inspecciones clínicas y controles serológicos para conocer hasta dónde se ha extendido la infección. La vigilancia debe intensificarse especialmente alrededor de los humedales de riesgo.

Para que este sistema funcione es fundamental la colaboración de ganaderos y veterinarios. La guía considera “imprescindible” su participación para detectar animales con síntomas compatibles y comunicar las sospechas. Además, como solo una parte de los caballos infectados desarrolla signos clínicos, el ministerio contempla utilizar “équidos centinela” en determinadas zonas de riesgo: animales inicialmente seronegativos y no vacunados a los que se realizan controles periódicos para detectar si han entrado en contacto con el virus.

Los caballos tienen además una posibilidad de protección que no existe para las personas: la vacunación. Agricultura recomienda la vacunación preventiva especialmente en las zonas consideradas de mayor riesgo y también en animales que vayan a desplazarse a ellas. La Agencia Europea de Medicamentos mantiene actualmente autorizadas vacunas veterinarias como Equip WNV y Equilis West Nile, destinadas a la inmunización de caballos.

De esta manera, estos tres niveles son la mejor herramienta a la hora de conseguir controlar un virus cada vez más común y que, en casos concretos, puede llegar a provocar la muerte. “Vigilar a todos los niveles es la forma de luchar contra esta enfermedad”, concluye Fernández.

Las camareras de piso han movido la primera ficha para conseguir un derecho que llevan años persiguiendo: ser consideradas como profesión de riesgo. Este pasado jueves 9 de julio, Omar Rodríguez Cabrera, secretario del sector estatal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de FeSMC-UGT, presentó formalmente la solicitud para la tramitación de coeficientes reductores para conseguir anticipar la edad de jubilación de estas trabajadoras, lo que defiende como “un acto de justicia social”.

Los coeficientes reductores son un mecanismo previsto en la Ley General de la Seguridad Social que permite adelantar la edad ordinaria de jubilación en aquellas actividades que acrediten unas condiciones de trabajo excepcionalmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres y que presenten elevados índices de morbilidad o mortalidad.

El sistema funciona aplicando un coeficiente concreto por cada año efectivamente trabajado en la actividad de riesgo. Esto significa que los trabajadores de las profesiones a las que se les aplica un coeficiente de 0,20, pueden descontar un año de la edad de jubilación por cada cinco trabajados, mientras que uno de 0,10 exige diez años. Sin embargo, la jubilación no puede ser nunca antes de los 52 años.

Gracias al Real Decreto 402/2025, en vigor desde mayo del año pasado, se fija un procedimiento común para solicitar este reconocimiento: cada profesión debe demostrar, mediante indicadores objetivos como la siniestralidad, las enfermedades profesionales o las bajas laborales, que el riesgo no puede eliminarse únicamente con medidas de prevención. Si el Gobierno aprueba la solicitud, los trabajadores de ese colectivo podrán jubilarse antes de la edad ordinaria sin sufrir recortes en la cuantía de su pensión, a cambio de una cotización adicional que asumirán empresas y trabajadores.

Los primeros trabajadores que consiguieron este derecho en los años 70 fueron los mineros y los trabajadores del mar. Más tarde llegaron los artistas, por las peculiares características de determinadas actividades y por la brevedad de la vida profesional en algunas categorías; y los toreros, que se pueden jubilar a los 55 años. También lo han conseguido trabajadores ferroviarios, el personal de vuelo de trabajos aéreos y los bomberos.

Sin embargo, son todavía muchas las profesiones, que, aunque cada día se enfrentan a situaciones muy complicadas que comprometen su salud física y psicológica, todavía no han logrado tener un coeficiente reductor específico.

En el caso de albañiles y trabajadores primarios de la construcción no tienen reconocido este derecho, por lo que mantienen la misma jubilación que el resto de trabajadores. “No tiene sentido que una persona de más de 60 años siga trabajando en un andamio, cargando pesos, adoptando posturas forzadas o expuesta a agentes cancerígenos y tóxicos”, denuncia Aída Suárez, secretaria de Salud Laboral y Política Energética de CCOO del Hábitat, en conversación con este periódico.

Por esta razón, junto a UGT, registraron en julio de 2025 una solicitud para que los profesionales que trabajan en los oficios de mayor desgaste físico, como albañiles, poceros u operarios de carreteras, puedan tener coeficientes de reducción y disfrutar de una jubilación anticipada. Su principal argumento es la elevada siniestralidad en el sector. 

Sergio Estela, portavoz de UGT-Federación de Industria, Construcción y Agro, recuerda que “en los cinco primeros meses de 2026 han fallecido 71 trabajadores en la construcción”, el mayor número de todos los sectores económicos, y advierte de que, si la tendencia continúa, "superaríamos los 200 fallecidos al año, y eso no lo podemos consentir”. Para ambos sindicatos, permitir la jubilación anticipada de quienes desempeñan los trabajos más penosos no solo mejoraría la salud de los trabajadores, sino que contribuiría a renovar el sector y a hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones.

La petición no cuenta por el momento con el respaldo de la patronal, porque defienden que “supondría un sobrecoste que no están dispuestos a asumir”. Desde los dos sindicatos indican que están en contacto constante para conseguir su respaldo, “perfilar los cálculos y determinar con precisión qué profesiones presentan un mayor riesgo y una mayor exposición a la siniestralidad y a las enfermedades profesionales”, porque consideran que “es una cuestión de justicia”.

Una lucha que también se arrastra desde hace años y que puede estar cerca de terminar, está dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Ertzaintza tiene reconocido un coeficiente de 0,2 desde 2010, mismo grado que recibieron las policías locales en 2019 a través del Real Decreto 1449/2018. También lo consiguieron los Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra 2022, dejando fuera a los dos cuerpos principales: Policía Nacional y Guardia Civil.

La reducción de la edad de jubilación en ambos cuerpos es uno de los principales caballos de batalla de los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil. Sin embargo, todo el proceso se ha acelerado gracias a una sentencia del Tribunal Supremo impulsada por JUPOL, sindicato mayoritario dentro de la Policía Nacional.

El Alto Tribunal concluyó en mayo de 2025 que el Estado estaba incurriendo en un “trato discriminatorio” al no regular la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Nacional adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, mientras sí la había reconocido para policías autonómicas y locales. En su fallo, el Supremo obligó al Gobierno a iniciar el procedimiento para desarrollar esta regulación mediante un real decreto, al considerar que la diferencia de trato carecía de una justificación objetiva y razonable.

Unas semanas después, el Gobierno aprobó el nuevo Real Decreto 402/2025, que establece un procedimiento común para solicitar coeficientes reductores en profesiones especialmente penosas, peligrosas o insalubres. Desde entonces, tanto los sindicatos de la Policía Nacional como las asociaciones de la Guardia Civil están participando en las mesas de negociación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para concretar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y la financiación del sistema mediante un incremento de las cotizaciones.

Según indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en este cuerpo, actualmente se encuentran en un parón de las negociaciones, que se retomarán en septiembre. Su portavoz, Diego Madrazo, se muestra optimista y asegura a infoLibre que espera que para el próximo enero ya tengan reconocido este derecho.

La jubilación anticipada es también una de las reivindicaciones centrales del personal sanitario y se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción durante la negociación del nuevo Estatuto Marco. Los sindicatos sostienen que las guardias, el trabajo nocturno y a turnos, la sobrecarga asistencial, el desgaste físico y emocional y la exposición a riesgos biológicos y psicosociales justifican que se estudie la aplicación de coeficientes reductores a determinadas actividades y categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Esta petición se ha convertido en el motor de diferentes movilizaciones y protestas en los últimos años, pero, según aseguran fuentes sindicales, “lo ven muy mal” para conseguir este objetivo en un futuro próximo. En enero de 2026, SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF alcanzaron con el Ministerio de Sanidad un acuerdo para iniciar la tramitación del Estatuto Marco y el borrador negociado contemplaba que Sanidad elaborase informes técnicos sobre las ocupaciones que pudieran considerarse excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y que, una vez realizados estos estudios, las administraciones y las organizaciones sindicales promovieran ante la Seguridad Social el procedimiento para determinar si correspondía establecer coeficientes reductores.

Sin embargo, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y sometido a audiencia pública en junio eliminó esa regulación detallada. El nuevo texto mantuvo una referencia genérica a que la jubilación anticipada podría regularse mediante la correspondiente norma reglamentaria y previa tramitación del procedimiento establecido en el Real Decreto 402/2025, pero dejó de recoger expresamente el compromiso de realizar los estudios y de impulsar la solicitud. 

Los sindicatos denunciaron entonces que el cambio debilitaba lo pactado y exigieron recuperar la redacción anterior. infoLibre ha contactado con Sanidad, donde aseguran que estos informes todavía están en proceso de elaboración, pero la decisión final recae en el Ministerio de Inclusión, por lo que el proceso está todavía en una fase embrionaria.

La decisión del Gobierno de retirar la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera es un acto de justicia institucional que interpela directamente a la profesión sanitaria y recuerda una lección que nunca debería olvidarse.

Vallejo-Nájera no fue únicamente uno de los principales referentes de la psiquiatría española durante el franquismo. Sus postulados sobre el denominado “gen rojo” pretendieron otorgar apariencia científica a una persecución política e ideológica. Bajo una falsa legitimidad médica, presentó el compromiso con los valores republicanos como una supuesta expresión de inferioridad moral y biológica, contribuyendo a construir un discurso que justificó la represión de miles de personas.

Aquellas teorías no quedaron encerradas en los libros. Alimentaron políticas de exclusión, legitimaron la separación de hijos e hijas de mujeres republicanas encarceladas y contribuyeron a patologizar la disidencia política. La psiquiatría dejó de ser una herramienta para comprender y aliviar el sufrimiento humano para convertirse, en determinados momentos, en un instrumento de control social.

La historia demuestra que la deshumanización empieza cuando determinadas personas dejan de ser consideradas sujetos plenos de derechos y pasan a ser clasificadas como amenazas, desviaciones o vidas de menor valor. Cuando ocurre, el conocimiento científico deja de servir a la verdad para convertirse en un mecanismo de poder y legitimación de la violencia.

Por eso, retirar esta condecoración no constituye un gesto simbólico sin consecuencias. Supone reconocer el daño causado a las víctimas y asumir que las instituciones democráticas tienen la responsabilidad de reparar aquellas decisiones que otorgaron prestigio y reconocimiento público a quienes contribuyeron a vulnerar derechos fundamentales.

La ética profesional exige mirar de frente ese pasado. Ninguna disciplina científica está inmunizada frente a la manipulación ideológica. Actuar como figura de autoridad en nuestro ámbito de conocimiento conlleva una enorme responsabilidad, precisamente porque sus consecuencias trascienden los laboratorios y las consultas para influir en las leyes, en las acciones políticas y en la vida de las personas.

La autoridad profesional no puede convertirse en coartada para legitimar decisiones políticas que despojan de derechos a una parte de la población, cuando el discurso científico se pone al servicio del poder y termina legitimando desigualdades, discriminaciones y vulneraciones de derechos que, de otro modo, resultarían inaceptables.

La retirada de la Gran Cruz a Antonio Vallejo-Nájera envía un mensaje claro: la excelencia profesional nunca puede desligarse de la ética y de respeto a la dignidad humana. La memoria de las víctimas merece reparación, pero también merece una sociedad capaz de recordar que la ciencia solo cumple plenamente su misión cuando protege derechos, nunca cuando contribuye a negarlos.

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Vanessa Vilas-Riotorto es socia de infoLibre.

Carla (nombre ficticio) vino desde Perú a España en febrero y vive en Valencia junto a su marido y sus dos hijos, de ocho años el mayor y año y medio el pequeño. Aquí comparten piso con otra familia y, mientras el padre trabaja de forma ocasional en lo que puede, ella se ocupa del cuidado de su bebé. Tras conseguir escolarizar a su hijo mayor gracias a un empadronamiento especial, iniciaron los trámites para obtener la tarjeta sanitaria. 

Su mayor prioridad era conseguir el servicio para sus niños, pero desde la comunidad autónoma no les permitieron conseguirlo, ya que para acceder a este proceso, la Generalitat obliga a que los solicitantes lleven más de tres meses viviendo en el país. La situación se agravó cuando Carla sufrió una fuerte contractura en la espalda. “Estuve una semana con dolores, no podía ni atender a mi hija”, relata. Tras una semana, decidió acudir a un centro de salud, donde recibió atención médica, pero le avisaron de que le tendrían que emitir una factura, porque no tenía seguro.

Aceptó la asistencia porque el “dolor era insoportable”. Días después recibió la factura de 107,10 euros y una llamada en la que le comunicaban que debía abonarla. "Le dije a la señorita que me llamó que cómo podría hacerlo porque yo no estoy trabajando y mi esposo prácticamente se encarga de todo", recuerda. La respuesta fue que la deuda ya estaba emitida y que, en todo caso, podría intentar fraccionar el pago. Actualmente, y gracias a la ayuda de la organización Médicos del Mundo, esta decisión está recurrida y a la espera de recibir una respuesta.

Sin embargo, el caso de Carla no es una excepción. Han pasado ya tres meses desde la entrada en vigor del nuevo real decreto que debía facilitar el acceso a la sanidad pública de las personas migrantes en situación administrativa irregular, pero las barreras burocráticas persisten en la mayor parte de España.

El Real Decreto 180/2026, aprobado el pasado mes de marzo, nació precisamente con el objetivo de homogeneizar el acceso a la asistencia sanitaria y eliminar los obstáculos administrativos detectados desde la recuperación de la sanidad universal en 2018. Entre sus principales novedades, sustituye gran parte de la documentación exigida hasta ahora por una declaración responsable, amplía las formas de acreditar la residencia habitual en España —sin limitarla al padrón—, deja claro que no es necesario demostrar un tiempo mínimo de permanencia en el país para acceder al sistema sanitario y reconoce expresamente la atención garantizada para colectivos especialmente vulnerables, como menores, mujeres embarazadas, víctimas de trata o solicitantes de protección internacional.

Sin embargo, la experiencia a la que se enfrentan los migrantes cada día dista mucho de ese objetivo. "De momento no se está aplicando correctamente en la mayor parte del territorio", asegura Pablo Iglesias, portavoz de incidencia política de la organización Médicos del Mundo, ya que siguen “detectando importantes barreras en la mayor parte de las comunidades autónomas".

Médicos del Mundo ha documentado al menos 4.000 casos de personas que han tenido dificultades para acceder a la atención sanitaria desde que la norma entró en vigor. Esta cifra se suma a una tendencia preocupante en la que 2025, según los datos recogidos por esta organización, 12.768 personas se encontraron con trabas administrativas para acceder a la sanidad.

Como ocurre en la Generalitat Valenciana, una de las trabas más extendidas es la exigencia de acreditar los 90 días de residencia. La documentación recogida por la organización muestra que, salvo Aragón y Andalucía, el resto de comunidades siguen aplicando este criterio.

Además de los problemas administrativos, la organización continúa documentando dificultades para colectivos especialmente vulnerables. "Seguimos documentando casos de menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de trata y solicitantes de protección internacional", afirma Iglesias. Aunque no habla de denegaciones sistemáticas, sí advierte de que "no se garantiza en todo caso, que es lo que debería ocurrir". A su juicio, el origen del problema sigue siendo "la falta de información y formación que haga que el real decreto se aplique debidamente en las distintas comunidades autónomas".

Ante esta situación, Médicos del Mundo reclama a Sanidad que acelere la publicación de las instrucciones aclaratorias comprometidas con las comunidades autónomas para aplicar esta normativa. El ministerio que dirige Mónica García asegura a este periódico que está en proceso. "Al Ministerio le pediríamos mayor celeridad a la hora de sacar estas instrucciones para que las comunidades autónomas las pongan en marcha", señala Iglesias. Sin embargo, el foco principal está en los gobiernos autonómicos, que son los encargados de aplicar plenamente una norma que el portavoz describe como “suficientemente clara”.

“Tenemos un sistema de aire acondicionado de 1983, que cada vez falla más y la única solución que pone el centro es poner parches sobre parches”, denuncia Rubén Carrión Medina, delegado sindical de Comisiones Obreras en el Hospital Universitario Torrecárdenas, en la ciudad de Almería. “El servicio de mantenimiento es público, pertenece al SAS, pero lo que ocurre es que cuando hay una avería la arreglan y, a los dos o tres días, vuelve a aparecer porque las instalaciones ya están muy deterioradas. Ese es el principal problema”, explica.

Debido al aumento de las temperaturas, que este junio alcanzó los 42,2 grados en Almería, los sistemas de climatización están fallando mucho, a lo que se suma que “no hay suficiente personal de mantenimiento, así que cuando se rompe algo ya no se arregla en dos horas, sino que puede tardar tres días porque tienen muchas incidencias pendientes. Durante ese tiempo, tanto los trabajadores como los pacientes se quedan sin ventilación o sin aire acondicionado”.

El representante relata que las zonas más afectadas son las plantas altas, la quinta y la sexta, donde se encuentra Hematología y Oncología. “Allí los pacientes pasan un calor insoportable”, denuncia y que la única vía que tienen es presentar “reclamaciones prácticamente todos los días”. El calor también afecta al control de Enfermería, donde se prepara la medicación, que”están trabajando con un ventilador” y a Esterilización, que con el calor que desprenden las máquinas hace que “las temperaturas sean muy altas y las condiciones de trabajo muy complicadas”.

El problema ha alcanzado también a la sección sindical de Comisiones, donde tienen dos rejillas de ventilación. “Una no funciona y entra aire caliente de la calle ¿La solución que han puesto? Tapar la rejilla averiada con un cartón para que deje de entrar este aire”, se queja el representante que describe esta situación como un claro ejemplo de la política de “un parche sobre otro” que aplica el centro. 

“Los trabajadores de las distintas plantas llevan años presentando escritos a la dirección denunciando que el aire acondicionado no funciona, pero la respuesta del hospital siempre es la misma: dicen que están trabajando en ello y que lo van a reparar, pero solo hacen pequeñas reparaciones y no tocan el problema real”, denuncia. Desde la Consejería de Sanidad defienden que todos sus centros están climatizados, pero que puede haber “incidencias puntuales”. En cuanto al hospital, según si versión, cuentan con un equipo de 90 profesionales de mantenimiento, trabajando con guardias a todas horas y, aunque admiten que en épocas de más actividad se pueden dar fallos, el sistema de climatización funciona. Sobre los plazos para los arreglos, defienden que solo se sufren demoras cuando falta alguna pieza concreta.

Aunque el problema se lleva arrastrando años en este hospital, como en muchos otros, en 2026 la situación se agrava al haber sido el junio más cálido desde que se tienen registros, con una temperatura media de 3,2 grados por encima de lo habitual, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Lejos de remitir, las nuevas olas de calor que se prevén durante el verano van a mantener máximas que superarán los 40 grados por todo el país. 

El calor, más allá de las molestias que genera, es un factor de riesgo, sobre todo en personas con problemas de salud como los enfermos crónicos. Según describen varios estudios, las altas temperaturas se asocian con un mayor impacto en trastornos metabólicos e insuficiencia renal y también pueden provocar confusión, convulsiones o daño cerebral, lo que incrementa la necesidad de una correcta climatización en centros hospitalarios.

En la Comunidad de Madrid, las temperaturas se han mantenido estas semanas entre los 37 y 39 grados, afectando gravemente a sus hospitales. En el Hospital Universitario de La Princesa la solución al calor ha sido bloquear las ventanas de las habitaciones y de los pasillos. "El otro día vinieron unos técnicos y las bloquearon todas con una chapa metálica. Nos dijeron que era porque la gente abría las ventanas y entonces el aire acondicionado no se notaba", relata la familiar de una paciente. 

Según explica, el sistema de climatización apenas consigue refrescar las habitaciones y, además, "lo apagan a las dos de la madrugada". Ante esa situación, asegura que ha tenido que comprar un ventilador para aliviar el calor de su madre. "Es tremendo. Los pacientes están sudando y una enfermera terminó vomitando por el calor", afirma.

En el Gregorio Marañón las temperaturas en muchas de sus habitaciones han superado los 30 grados debido al deterioro y falta de mantenimiento de la refrigeración, según denuncian las trabajadoras del hospital. “Los familiares, un año más, tienen que traer ventiladores a los enfermos”, relata la representante del sindicato Mats del centro, que describe la situación como “insufrible”. Desde la Consejería de Sanidad de este territorio indican que "no se han registrado problemas de climatización" y aseguran que cumplen con las temperaturas estipuladas en todos sus centros.

Sin embargo, no son todo malas noticias y sí que existen hospitales en España en los que se está consiguiendo mantener unas temperaturas agradables. Desde Castilla-La Mancha, la delegada de Sanidad de Comisiones Obreras explica que, al ser casi todos los centros de la comunidad relativamente nuevos, no le han llegado quejas de situaciones de calor extremo.

El único problema del que tiene constancia es en el hospital de Alcázar, en el que ella misma trabaja, que al tener una zona nueva y otra antigua, está habiendo problemas de regulación de la temperatura entre ambas. “Tienen el aire puesto para los pacientes y nosotras tuvimos que estar trabajando con los polares el otro día en nuestra planta”, describe con humor y agrega que es un problema que espera que tenga solución pronto.

Más allá de las habitaciones y los pasillos, el calor también se vive en el resto de instalaciones de los hospitales. Es el caso del Hospital Clínico de Málaga, donde las 36 personas, entre gobernantas, cocineros y pinches, que prestan sus servicios en la cocina han tenido que sobrevivir el anterior verano y los primeros meses de calor de este año con solamente dos pingüinos en el centro de una sala que supera los 100 metros cuadrados. “En invierno ya se pasa calor, que yo me tengo que quitar la chaqueta, pues en verano es por dos o por tres", denuncia María (nombre ficticio), una de las trabajadoras de estas instalaciones. 

“Nosotras tenemos que estar un mínimo de dos horas en la cinta de alimentos entre fuegos, hornos, ollas y los baños maría donde tenemos que mantener los alimentos calientes hasta que salgan”, relata la mujer, que describe el trabajar durante la última ola de calor como “insoportable”.

“El año pasado se desmayó una compañera y la tuvieron que llevar a urgencias. La solución fue poner un pingüino como una medida temporal, porque supuestamente a finales del año se iba a instalar el aire acondicionado”, una obra que se lleva prometiendo más de un año y que hasta finales de junio no se ha conseguido llevar a cabo.

Para María no es la primera vez que se tiene que enfrentar a una situación así, ya que en su anterior destino, el Hospital Regional Universitario de Málaga, tuvo que trabajar durante 2024 mientras estaba embarazada. “Me desmayé tres veces en la cinta por el calor y me tuve que dar de baja”, explica. Las trabajadoras buscaron como solución utilizar los platos que iban a sacar como abanico, pero desde la dirección se lo prohibieron, medida que tampoco pueden aplicar en el Clínico.

[FOTO VENTILADORES]

En la sala de rehabilitación del Centro de Salud Puerta Blanca, en Málaga, si tienen un sistema de aire acondicionado, pero está averiado. Esta situación está comunicada desde principios de año, pero sigue sin estar reparada, lo que obliga a los pacientes y fisioterapeutas a soportar temperaturas extremas. La única solución que han encontrado hasta el momento es que los usuarios tengan que llevar sus propios ventiladores para soportar el calor.

Los delegados de Prevención de Riesgos Laborales del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce del sindicato SATSE, denuncian que una usuaria sufrió “un desvanecimiento o episodio sincopal”, por lo que exigen “una actuación urgente e inmediata” por parte de la Gerencia del Distrito y del Servicio Andaluz de Salud para restablecer unas “condiciones dignas, seguras y adecuadas”.

El escándalo de las prótesis investigadas en la Región de Murcia ha abierto una de las crisis más graves que recuerda la sanidad murciana. Lo que comenzó como una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas y económicas ha derivado en algo mucho más preocupante: la sospecha de que pudieron utilizarse prótesis caducadas o fuera de los procedimientos reglamentarios en pacientes del Servicio Murciano de Salud. La investigación judicial deberá determinar el alcance exacto de los hechos y las responsabilidades penales que correspondan, pero existe ya una responsabilidad política que no puede seguir esquivándose.

La primera obligación de cualquier administración sanitaria es garantizar la seguridad de los pacientes. Cuando surgen indicios de que los controles han fallado durante años, la pregunta que se hace la ciudadanía es inevitable: ¿quién vigilaba? ¿Quién supervisaba? ¿Quién era responsable de que los sistemas de control funcionaran?

Resulta difícil comprender que, en medio de esta crisis, la respuesta política del Gobierno regional haya sido ascender a Isabel Ayala, gerente del Servicio Murciano de Salud durante parte del periodo investigado, al cargo de consejera de Salud. El propio presidente Fernando López Miras ha defendido este nombramiento argumentando que fue la propia administración la que impulsó las investigaciones internas, premiando a quien ocupaba la máxima responsabilidad ejecutiva del organismo donde presuntamente fallaron los controles.

La cuestión no es determinar responsabilidades penales antes de tiempo. Para eso están los tribunales. La cuestión es si resulta razonable que una persona que dirigía el principal organismo sanitario de la Región durante los años investigados sea promocionada en lugar de apartarse temporalmente de la primera línea política hasta que se esclarezcan los hechos. En cualquier democracia madura, la asunción de responsabilidades políticas no exige una condena judicial. Exige ejemplaridad.

Precisamente porque creemos en la sanidad pública debemos ser más exigentes con ella. Defenderla no significa cerrar filas ante cualquier crítica ni convertir cualquier investigación en un ataque partidista. Defender la sanidad pública significa exigir transparencia absoluta, auditorías independientes, rendición de cuentas y tolerancia cero frente a cualquier práctica que pueda poner en riesgo la salud de los pacientes o el correcto uso de los recursos públicos.

Y hay una pregunta que apenas ha aparecido en el debate público y que merece una respuesta urgente. Si las irregularidades investigadas afectaron a material implantable y a procedimientos asistenciales, ¿qué controles se han realizado en los centros privados concertados que trabajan para el sistema público? ¿Se han revisado los mismos protocolos? ¿Se han auditado los mismos procesos de compra, almacenamiento y trazabilidad? ¿Existe la certeza de que situaciones similares no pudieron producirse fuera de la gestión directa del SMS?

La ciudadanía tiene derecho a conocer si las inspecciones y revisiones están alcanzando a toda la red asistencial financiada con fondos públicos, independientemente de quién gestione cada centro. Porque cuando un paciente entra en un hospital concertado derivado por la sanidad pública sigue siendo un paciente del sistema público y merece exactamente las mismas garantías.

El verdadero debate no debería ser si este caso perjudica la imagen de la sanidad pública. Lo que perjudica a la sanidad pública es la opacidad. Lo que daña la confianza de los ciudadanos es la sensación de que nadie asume responsabilidades cuando los controles fallan. Lo que erosiona el prestigio de los profesionales sanitarios es que quienes ocupan cargos de gestión parezcan inmunes a cualquier consecuencia política.

La inmensa mayoría de médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores sanitarios cumplen cada día con profesionalidad y rigor. Ellos son el verdadero rostro de la sanidad pública. Precisamente por respeto a ellos, por respeto a los pacientes y por respeto al dinero de todos, este caso debe investigarse hasta el final.

Murcia necesita saber qué ocurrió, quién lo permitió, quién no lo evitó y qué medidas se van a adoptar para que jamás vuelva a suceder. Y necesita también recuperar una cultura política en la que los ascensos no sustituyan a las explicaciones y en la que la responsabilidad sea algo más que una palabra utilizada en las ruedas de prensa.

Porque la mejor defensa de la sanidad pública no consiste en proteger a los cargos públicos. Consiste en proteger a los pacientes.

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José Antonio Serrano es médico y exalcalde de Murcia.

Llega el verano y con él, la época de vacaciones. Uno de los momentos más esperados por la mayoría de trabajadores, pero que en las 25 residencias públicas de mayores de la Comunidad de Madrid vuelve a poner en evidencia el problema estructural de la falta de personal. A unas plantillas ya mermadas se suma una cobertura insuficiente de suplencias para las trabajadoras de atención y cuidados directos, integradas principalmente por técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y diplomadas universitarias de enfermería (DUE).

“No hay una previsión para cubrir esto, todos los años nos pasa lo mismo”, denuncia en conversación con infoLibre Toñi Gavalda, trabajadora y representante sindical de CSIF en la residencia de Arganda del Rey. Explica que no es hasta finales de mayo cuando la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) comienza a tramitar las suplencias para cubrir las vacaciones de la plantilla.

Esa demora deja a residencias como la de Alcorcón o la Gastón Baquero, en Alcobendas, en una situación de incertidumbre. Hasta el 1 de julio no conocerán el alcance real de las contrataciones estivales porque “lo oculta la dirección”, denuncia Esther Fernández, trabajadora y representante del sindicato MATS en el centro de Alcorcón. En esta residencia, asegura, las ratios se sitúan en cuatro TCAE para cada 36 residentes.

Sin embargo, el problema principal no es la falta de información. Según coinciden las trabajadoras de las diferentes residencias con las que ha contactado este diario, todo nace de la falta de candidatos disponibles en las bolsas de empleo, una situación que se arrastra  desde hace años y que obliga a las profesionales a asumir cargas de trabajo muy por encima de sus capacidades. InfoLibre ha preguntado a la Comunidad de Madrid sobre esta situación y no ha habido respuesta.

“Tenemos residentes con mucha necesidad de cuidados que son dependientes y grandes dependientes con una media de edad de 82 años”, explica Elvira García, representante del sindicato MATS en la Gran Residencia de Carabanchel, que añade que cada TCAE tiene que trabajar con nueve o diez usuarios en cada turno. Según relata, los usuarios ingresan cada vez más tarde y con más patologías, lo que incrementa las necesidades de atención. “Estamos con el agua al cuello”, resume.

La solución que desde hace años aplica la Administración es permitir cubrir esas suplencias de verano contratando a personal sin la titulación específica de cuidados auxiliares. “Basándose en que no hay técnicos en cuidados de enfermería, contratan a personas con la titulación de secundaria, que no pueden dar medicación ni hacer una serie de cosas que nosotras sí podemos, por lo que no están cubriendo el puesto entero”, denuncia García. A su juicio, esta práctica termina aumentando la carga de trabajo de las TCAE que sí cuentan con la formación requerida.

García trabaja en el turno de noche de este centro de Carabanchel. Relata que en total son 34 trabajadoras, divididas en dos grupos de 17, y que no cuentan con suplencias suficientes para este verano. “Tenemos por lo menos seis personas de vacaciones por mes y solo se van a contratar cinco suplencias”, señala. A ello se suman trabajadoras con reducciones de jornada, horas sindicales y permisos. “Estamos bajo mínimos”, afirma.

Según los datos del resto de turnos, se han conseguido cubrir 23 plazas de TCAE por la mañana y siete por la tarde, pero todavía quedan 18 pendientes en este último turno. La situación más complicada afecta a las enfermeras (DUE), que tienen ocho plazas pendientes de cobertura por la mañana y cuatro por la tarde. “No hay que olvidar que esta falta de cobertura supone un incremento de la carga de trabajo para el personal de atención directa que deberán asumir más tareas y atender a un mayor número de usuarios durante los meses de verano”, denuncia Silvia Amaya, representante de CSIF en la Gran Residencia.

La dificultad para encontrar personal también se repite en la residencia Nuestra Señora del Carmen, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Ana Sánchez, delegada de CSIF, explica que el centro se encuentra inmerso en el proceso de contratación de verano, aunque con problemas para cubrir determinados perfiles. “En el caso de DUE es que no hay candidatos. Nos pasa todos los años, porque Sanidad se lleva todos los aspirantes, ya que es un trabajo más bonito y que les interesa más”, señala. En el caso de TCAES les faltan siete y ocho vacantes para las suplencias de verano en el turno de mañana y tarde respectivamente.

“Por la fama que se ha creado, por el tipo de trabajo y la falta de personal, la gente prefiere no venir. Si yo quiero a mi amigo, no le voy a decir que venga a trabajar”, lamenta. En este centro hay días en los que hay solamente dos TCAE para 32 residentes y “ha habido jornadas con dos DUE para toda la casa”, algo “inviable” en un centro que atiende a unos 400 usuarios.

En la residencia de Arganda del Rey el panorama es aún más preocupante. Según las representantes sindicales de CSIF de este centro, Toñi Gavalda y Anabel Vadillo, existen 22 vacantes estructurales de TCAE sin cubrir desde hace años. “El verano se afronta de una manera catastrófica. No tenemos personal para cubrir las vacaciones, sobre todo de técnicos de enfermería y DUE”, denuncian.

De cara al verano, el centro acumula 16 bajas de TCAE, tres de DUE, 22 de auxiliares de servicio y tres de auxiliares de control. “Nos faltan ahora mismo 35 TCAE”, aseguran. Ante la falta de profesionales, el sindicato ha propuesto medidas extraordinarias como la realización voluntaria de horas extra, pero en el caso de las TCAE no se ha autorizado esta posibilidad. “Estamos intentando buscar alternativas, alternativas que deberían buscar desde la Administración”, señalan.

Esta escasez de personal repercute directamente en las ratios de atención, según denuncian las trabajadoras. “Por la noche atendemos a 24 residentes grandes dependientes cada TCAE”, explican y añaden que durante el día, la situación puede llegar a ser más complicada, porque han llegado a situaciones en las que “ha habido una planta que tenía dos TCAE para 62 usuarios”.

A todo esto se suma el desgaste físico y psicológico que provoca esta situación en la plantilla. “La gente está muy quemada y cada vez hay más bajas, porque trabajas bajo presión. Es un cansancio no solo físico, también mental. Es una situación muy grave”, aseguran.

La mujer de Emilio lleva cinco años sufriendo problemas cognitivos y hace tres le diagnosticaron alzhéimer. En un primer informe, la Comunidad de Madrid indicó que solo sufría un deterioro leve, porque, según explica Emilio, “no han querido mirar todos los informes”. “Mi mujer ya no se acuerda de cuando nos casamos ni de cuándo nacieron sus hijos”, pero no consigue que le den el grado 2 de dependencia, el que le corresponde según la neuróloga que la trata, porque llevan más de dos años esperando su evaluación debido a la saturación en las listas de espera de dependencia.

“En Madrid ahora mismo hay más de 25.000 personas en lista de espera porque solo tienen dos centros bases con cinco equipos de valoración”, relata Emilio en conversación con infoLibre. Como presidente de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, convocó el pasado viernes una concentración que reunió a unas 300 personas a las puertas de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Desde la asociación, sus denuncias se centran en las valoraciones insuficientes, como en el caso de su mujer; la falta de personal en los centros; y, sobre todo, unas listas de espera que en muchos casos superan los dos años.

Según los últimos datos recogidos en los primeros cinco meses de 2026 por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que calcula el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente, la espera media en la Comunidad de Madrid se sitúa en 346 días. Es decir, algo más de 11 meses, por encima de la media nacional, que está en 320 días.

Sin embargo, el problema no es solo regional y se repite en diferentes puntos de España. Por encima de Madrid se encuentran Murcia con una media de 552 días, Andalucía con 446 y Asturias con 411. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay seis comunidades y Ceuta (86) por debajo de ese margen en sus promedios: Castilla y León (119), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (171).

Aunque estos datos muestran ya una situación muy preocupante, existe una realidad mucho más difícil de asimilar. En estos cinco meses, 13.503 personas han fallecido estando en las listas de espera de la dependencia. Son 90 personas al día, una cada 16 minutos de media. De esta cifra, 6.940 estaban esperando ser valoradas y 6.563 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.

“Es una tendencia muy preocupante porque ya son cinco meses y sigue aumentando la lista de espera, y siguen muriendo 90 personas al día”, denuncia a este periódico el portavoz de esta asociación, José Manuel Ramírez, haciendo referencia a una tendencia que no mejora, ya que en 2025 fallecieron 32.704 personas mientras seguían en estas listas.

Para Ramirez, existen dos realidades que se deben revertir si se quiere poner final a esta situación. Por una parte, la simplificación de los procedimientos, es decir “poder hacer los trámites en un solo acto administrativo de valoración”. Por otra, la financiación. “El Gobierno de España y algunas comunidades autónomas no financian adecuadamente el sistema de dependencia”, explica.

Actualmente, la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) viene establecida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, conocida como Ley de Dependencia. Esta normativa establece tres niveles. El primero es el denominado “nivel mínimo”, financiado íntegramente por el Estado en función del número de personas atendidas y de su grado de dependencia. 

A ello se suma el “nivel acordado”, que se articula mediante convenios entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, con fondos que se reparten según criterios como la población potencialmente dependiente, las personas efectivamente atendidas, la inversión autonómica realizada o la reducción de las listas de espera. Finalmente, las comunidades pueden establecer un nivel adicional de protección financiado exclusivamente con recursos propios.

En los datos de la financiación de 2025, los últimos a los que se tiene acceso, la inversión pública alcanzó los 13.734 millones de euros, de los que las comunidades autónomas asumieron el 72,6% del gasto (9.976 millones) y la Administración General del Estado el 27,4% restante (3.758 millones). Aunque la aportación estatal aumentó un 8% respecto al año anterior, desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales consideran que el esfuerzo sigue lejos de compensar las necesidades del sistema.

“Ese 8% sigue siendo la mitad de lo que destinan de media los países de la UE”, denuncia Ramírez, que también se queja de que el plan de choque que el Gobierno acordó entre 2021 y 2023 para inyectar 600 millones de euros cada año está paralizado desde que no se han aprobado presupuestos. Esto, sostiene, ha supuesto un duro golpe que se ha visto reflejado “en la limitación de las prestaciones y servicios”.

Noam Chomsky describió la técnica para privatizar servicios públicos. Son las mismas que usa el PP en aquellas comunidades autónomas donde gobierna para privatizar la Sanidad y la Enseñanza. Se trata de ir desfinanciándolas progresivamente hasta que colapsen. Esto produce frustración y quejas de los usuarios por el mal funcionamiento. En una segunda fase, se utiliza el deterioro como justificación, mientras, una parte sustancial de la sociedad, acepta el proceso como inevitable.

Se logra así acabar con unos derechos que tanto costó conseguir. Sanidad y Enseñanza han sido símbolos que definían a una sociedad decente. Por desgracia, es el futuro llamando a la puerta. Luego vendrán: la congelación de las pensiones y el aumento del gasto militar.

Con respecto a la Sanidad, cada vez más gente contrata pólizas baratas de seguros privados con cobertura limitada y letra pequeña interminable. Lo hacen obligados por el miedo a esperar meses para una prueba diagnóstica, o años para una intervención. Millones de familias pagarán cada mes su cuota para comprar cierta tranquilidad psicológica. La salud dejará así de ser un derecho para convertirse en un mercado segmentado donde convivirán una medicina para pobres y otra para privilegiados. Una asistencia masificada y lenta para el Servicio Público de Salud. Y una medicina VIP, inmediata, tecnológica y personalizada para quienes puedan pagarla. Habitaciones premium, especialistas exclusivos y tratamientos de última generación convivirán con pasillos saturados y profesionales exhaustos en hospitales públicos degradados.

Lo más perverso del proceso es que se presentará como una evolución “natural”. Consecuencia inevitable de la modernidad. Pero no será casualidad. Será una decisión política. Y se nos olvidará que fuimos nosotros los que la permitimos.

El sistema público, primero recortado, después desacreditado, para más tarde convencer a la población de que ya no funciona, y finalmente se privatiza parcialmente como supuesto remedio al problema que ellos mismos han creado. Con excusas como que “el Estado no puede sostenerlo”, “hay que racionalizar recursos” o que “la colaboración público-privada es imprescindible”. De este modo, el negocio de la enfermedad será sin duda uno de los sectores más rentables del siglo XXI.

Será la perfecta profecía autocumplida.

La Enseñanza seguirá exactamente el mismo camino. Los padres comprenderán que si desean garantizar oportunidades reales a sus hijos, deberán pagar por ellas. La enseñanza privada crecerá mientras la pública se deteriora lentamente en recursos, prestigio y expectativas. Los centros públicos acabarán concentrando pobreza y exclusión social, mientras las élites económicas blindarán a sus hijos en circuitos educativos cada vez más segregados. La igualdad de oportunidades, uno de los grandes consensos de la democracia moderna, se convertirá en una reliquia sentimental imponiéndose una falsa cultura “del esfuerzo”. En la lógica de este sistema: el que paga recibe y el que no pueda que aprenda a resignarse.

Pero el deterioro no termina ahí. El problema de la vivienda consolidará una nueva estructura social profundamente desigual. Comprar una casa será un privilegio reservado a herencias familiares, rentas altas o fondos de inversión. La mayoría de nuestros jóvenes vivirán encadenados al alquiler durante décadas, transfiriendo gran parte de sus salarios a propietarios cada vez más poderosos. La vivienda dejará de ser un derecho para convertirse en un mecanismo de extracción permanente de riqueza. «¡Haberte esforzado!» Se dirá a los pobres. 

Mientras tanto, Europa sigue instalada en una atmósfera de tensión geopolítica constante. La guerra ya no se percibe como una anomalía histórica, sino como una posibilidad estructural. El miedo colectivo justificará incrementos masivos del gasto en Defensa que se acercará al cinco por ciento del PIB. Y esos recursos deberán salir de alguna parte: Pensiones, dependencia, ayudas sociales e inversión pública. Con la excusa de la “seguridad nacional”.

El calentamiento global, el agotamiento de recursos naturales o las migraciones masivas exigirán una coordinación internacional sin precedentes. Pero los gobiernos sometidos al ciclo electoral permanente, con dirigentes atrapados en la lógica del titular inmediato y sociedades polarizadas hasta el agotamiento emocional, convertirán cualquier acuerdo estratégico en una misión imposible.

Están emergiendo nuevos poderes, son gigantes tecnológicos, fondos de inversión y corporaciones capaces de acumular cantidades inimaginables de información sobre nuestras vidas. Nunca en la historia de la humanidad tantos datos personales estuvieron concentrados en tan pocas manos. Nuestros hábitos de consumo, emociones, ideología, enfermedades, relaciones sentimentales, tendencias sexuales, desplazamientos y miedos, alimentan algoritmos diseñados no solo para predecir nuestro comportamiento, sino para condicionarlo. La inteligencia artificial es ya un formidable mecanismo de vigilancia, persuasión y control social.

Quien controle los algoritmos controlará la información, condicionará la percepción de la realidad y dominará el relato. Entonces, los más viejos recordarán que hubo un tiempo en el que la salud no dependía del nivel de renta y que el acceso a la educación no determinaba quién tendría futuro y quién no. 

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de las organizaciones de pacientes, una norma con la que el Gobierno busca regular por primera vez el papel de estas entidades en el sistema sanitario y establecer unos cauces para que tengan una participación en las políticas públicas de salud. “La iniciativa consolida su papel como interlocutoras ante la Administración General del Estado y las reconoce como agentes fundamentales de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud”, destacan desde el Ministerio de Sanidad. 

La iniciativa, cuya tramitación comenzó en septiembre de 2025, reconoce a las organizaciones de pacientes de ámbito estatal, pero fija una serie de requisitos que deben cumplir para acogerse a este marco legal. Los principales son su carácter no lucrativo, la presencia mayoritaria de pacientes, familiares o cuidadores no profesionales en sus órganos de gobierno o el desarrollo de su actividad en más de una comunidad autónoma.

Una de las principales novedades de esta norma es el reconocimiento de nuevos derechos para estas entidades. El principal es que podrán acceder a la información necesaria para la defensa de sus intereses, así como asesoramiento para el ejercicio de sus derechos. A esto se suma el derecho a participar en la elaboración y evaluación de planes y estrategias y el derecho a formar parte de un censo estatal para facilitar su interlocución.

Por su parte, la Administración del Estado también debe asumir una serie de obligaciones. Entre ellas, agilizar la respuesta a las solicitudes de información, fomentar el uso de herramientas digitales en la relación con estas organizaciones y difundir de forma activa las iniciativas normativas o los planes de salud que puedan afectar a este colectivo. 

Otro cambio relevante que introduce la norma afecta directamente a los órganos de participación del Sistema Nacional de Salud, al garantizar la presencia de representantes de estas organizaciones en los principales espacios de consulta y gobernanza sanitaria. En el caso del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, se asegura la participación permanente de ocho representantes de las organizaciones de pacientes mediante la modificación de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

"Puede que ahora tu prioridad sea otra. Puede que ahora no sea tu momento. Pero ese momento llegará". La promesa interpela a aquellas mujeres decididas a buscar la información –a veces escasa, a veces confusa– sobre una técnica cada vez más popular: la congelación de óvulos. La vitrificación es una realidad para miles de mujeres que cada año deciden dar el paso de acudir a una clínica, pese a la información parcial, las muchas dudas que todavía pesan sobre esta práctica y los gastos que conlleva. La mayoría se topa con una industria volcada en ofrecer soluciones aparentemente rápidas e infalibles, pero con mucha letra pequeña.

La preservación de la fertilidad es el tipo de ciclo que "más ha aumentado en los últimos años, con una progresiva reducción de la edad media a la que tiene lugar", pasando de los 38 años a los 35, recoge la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) en el documento Hoja de ruta para una reproducción saludable y planificada. 

Según los datos recopilados anualmente por la entidad, el número de mujeres que congelan sus óvulos se ha ido multiplicando progresivamente a lo largo de los años. En 2010, primer ejercicio en el que existe registro, fueron 129 las que tomaron esta decisión, mientras que en 2023 la cifra escaló hasta las 7.158 mujeres que accedieron a la prestación. Estas mujeres, aquellas que eligen congelar óvulos por motivos que no son estrictamente médicos, constituyen el 79,8% del total de usuarias que acceden al servicio.

Pero ¿cuáles son los motivos que les empujan a hacerlo? Un artículo firmado por la socióloga Sara Lafuente, publicado en la revista científica BioSocieties en 2024, analiza las connotaciones sociales en la decisión de congelar óvulos, a partir de entrevistas con profesionales y usuarias. Lafuente pone el foco en aquellas mujeres que entrevén en la preservación una herramienta útil para ganar tiempo, pero también se detiene en esta técnica como síntoma de un contexto social que pone muchas trabas al desarrollo pleno de una crianza en condiciones.

Las entrevistadas hablan de elementos determinantes en su decisión, como la falta de una pareja estable, la precariedad laboral, la crisis habitacional o la falta de políticas sociales encaminadas a facilitar la conciliación. La congelación de óvulos se ha ido configurando, a juicio de la autora del análisis, como una suerte de parche para sortear obstáculos que tienen más que ver con políticas públicas y con el contexto socioeconómico que con decisiones libres. 

Al otro lado del teléfono, la socióloga se detiene en las raíces que empujan a las mujeres a decidirse por la congelación de óvulos y el peso del contexto tanto cultural como socioeconómico. Muchas de las pacientes que entrevistó para su trabajo reconocen haber retrasado "la maternidad no necesariamente porque haya una decisión consciente" encaminada a priorizar el trabajo o el ocio, sino por cuestiones como "la soledad, las condiciones económicas, el problema con la vivienda y porque saben que hoy tener hijos para las mujeres trabajadoras conlleva un coste" en distintos ámbitos que no siempre es asumido desde una perspectiva pública y comunitaria. 

Ocurre entonces que la congelación de óvulos llega a "muchas capas sociales" en comparación con otros países, por lo que existen mujeres que acceden a ella asumiendo el coste que implica, aunque suponga un esfuerzo significativo. Para Lafuente, no deja de ser una "solución individual, a través del mercado, para dar respuesta a problemas que no han sido resueltos desde lo colectivo".

En su libro Sueños y vasijas (Consonni, 2024), la periodista June Fernández hace una aproximación a la lógica mercantilista que envuelve a la preservación de la fertilidad. "La expansión de los mercados reproductivos se ha basado en tres hallazgos científicos del siglo XX: la fecundación in vitro (el óvulo es inseminado fuera del útero), la ovodonación (se implanta en el útero de una mujer un embrión fecundado en el óvulo de otra mujer) y la crioconservación de gametos y embriones (una técnica para almacenar material biológico congelados)", escribe. La demanda de estas técnicas, añade la autora, "se multiplicó gracias a dos cambios sociodemográficos: el retraso de la edad de reproducción y la visibilización de modelos familiares distintos al encabezado por parejas heterosexuales".

En ese sentido, "la mercantilización de la reproducción coincidió con la expansión del neoliberalismo en los años ochenta y noventa". Según la escritora Layla Martínez, autora de Gestación subrogada. Capitalismo, patriarcado y poder (Pepitas de calabaza, 2019), "estos servicios se presentaron de entrada como procedimientos médicos para lograr legitimación social, pero pronto pasaron de la lógica sanitaria a la lógica de mercado. Así, el neoliberalismo demostró que era capaz de comercializarlo todo, incluida la capacidad de crear vida".

En España, agrega la investigadora, "hay una confianza desmedida en la reproducción asistida como una solución". Una confianza que se construye alrededor de la "creencia de que cuando llegue el momento será una opción fácil", pero la realidad es que "no es nada fácil, ni garantista y la gente se encuentra con procesos costosos, largos y difíciles que no siempre funcionan". 

Coincide la ginecóloga Victoria Marcos. "Lo peligroso es que el marketing sea incorrecto. Una congelación de óvulos aumenta las posibilidades de embarazo, pero no lo asegura", reflexiona en conversación con este diario. Aunque matiza que algunas clínicas "son muy sensatas", la profesional sí cree problemático que otras tantas perfilen un panorama de garantía total según el cual la congelación de óvulos servirá, por sí misma, para garantizar poder tener hijos, "cuando la realidad es que no es así".

La Sociedad Española de Fertilidad señala el coste del proceso como el "principal obstáculo". Los precios oscilan entre los dos mil y los cuatro mil euros por ciclo, a lo que deben sumarse otros 300 o 400 euros anuales de mantenimiento de los óvulos preservados, según los cálculos de la misma entidad. A estas cifras pueden añadirse alrededor de otros mil euros, el coste del tratamiento previo a la extracción para estimular la producción ovocitaria.

La organización reclama "el desarrollo de políticas públicas que hagan asequibles estos tratamientos para las ciudadanas, erradicando así problemas de inequidad". Pero, además, los profesionales destacan que una vez que se consigue acceder al proceso, "puede ser altamente estresante a nivel físico y emocional", así que para "reducir al máximo el malestar que sufren muchas pacientes, deberían crearse rutas asistenciales pautadas que aseguren, por defecto, el máximo grado de comodidad posible para las pacientes".

La Seguridad Social únicamente se hace cargo del coste de la prestación en el caso de enfermedades que afecten de alguna manera a la fertilidad, pero el simple deseo de posponer la maternidad –el principal motivo por el que las mujeres recurren a la vitrificación– hace que el impacto económico sea asumido íntegramente por la paciente. 

El Partido Popular se sumergió de lleno en esta cuestión el año pasado, cuando en su ponencia política planteó financiar el servicio con fondos públicos. "No tener un hijo no puede ser una cuestión económica", señalaban entonces los conservadores. "Miles de españoles no pueden formar una familia porque las circunstancias económicas, políticas e incluso sociales se lo impiden", añadían los de Alberto Núñez Feijóo. La Xunta de Galicia es la única comunidad que, desde este año, incorpora el servicio en su red pública también para las mujeres de entre 30 y 35 años sin prescripción médica.

En el debate sobre el peso de la sanidad privada entran en juego diversos elementos. "En el Estado español ha habido históricamente un protagonismo muy fuerte del sector público en casi todos los ámbitos, pero no en la reproducción asistida", introduce Lafuente. En este terreno, el liderazgo del sector privado es indiscutible y existe además una "industria muy fuerte caracterizada por un problema: la compra de clínicas por parte de fondos buitre". Gigantes como el fondo de inversión KKR, con intereses en la Palestina ocupada, están detrás de clínicas dedicadas a la fertilidad. 

A día de hoy, analiza la socióloga, no existe ningún sistema encaminado a "poner coto a cuál es el formato de acumulación en el sistema privado", por lo que el hecho de que existan "fondos de inversión que buscan generar beneficios de forma muy rápida en el ámbito de la medicina es problemático en sí mismo". Como resultado, apuntala la investigadora, "es muy difícil saber si los tratamientos responden a un coste beneficio basado en la salud o a una cuestión puramente económica".

Para Lafuente, el debate no tiene tanto que ver con cuáles son las técnicas actualmente presentes en la privada que debe absorber la Seguridad Social, sino si las instituciones están en condiciones de ofrecer soluciones alternativas desde una perspectiva de políticas públicas. "La congelación de óvulos, aunque en muchos casos es útil, no deja de ser una respuesta que nos ha dado el mercado", zanja. 

Pero hay otra cuestión que rodea a la congelación de óvulos y que inquieta profundamente a las mujeres: las limitaciones a la hora de descongelar los preembriones o gametos femeninos. La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, vigente desde hace dos décadas, plantea la posibilidad de destruir los ovocitos o preembriones siempre como última opción, por detrás de su uso por la propia mujer o su cónyuge, la donación con fines reproductivos o la investigación. 

El cese de la conservación solo puede aplicarse una vez haya finalizado el plazo máximo de conservación previsto por la ley y si no se ha elegido antes otro destino. Para ello, además, es necesario que la paciente presente dos informes de especialistas diferentes y ajenos a su clínica, capaces de avalar que no reúne los requisitos adecuados para el embarazo. Es decir, un laberinto burocrático para las mujeres. ¿Y si la paciente deja de pagar el mantenimiento? Entonces el material pasa a ser propiedad del laboratorio.

El destino final de los óvulos y preembriones está, por tanto, sujeto a una serie de condiciones que limitan la decisión autónoma de cada mujer, una situación que no se produce respecto a la congelación de semen. Es esta asimetría la que quiere corregir ahora el Partido Socialista. La formación presentó el pasado mes de abril una proposición de ley para tratar de eliminar los obstáculos a la hora de decidir en torno a la conservación del material.

Su finalidad, según expone el grupo parlamentario, pasa por "equiparar la normativa de crioconservación de ovocitos con la del semen, reforzando la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre el destino de sus propios gametos". La legislación vigente, reseñan los socialistas, impide que la mujer decida "por sí sola poner fin a la conservación de sus ovocitos", su decisión queda "condicionada por una validación externa".

Lafuente lo encaja como un avance encaminado a corregir una "normativa profundamente paternalista", pero cree que es también una oportunidad perdida para revisar igualmente las condiciones en el caso de los preembriones. La diputada socialista Margarita Martín defendió en sede parlamentaria su iniciativa no solo para "reforzar la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus ovocitos", sino también persiguiendo el propósito de "abrir el camino para abordar con seriedad la situación de los preembriones crioconservados".

En España, los últimos vestigios de la red de beneficencia se integraron en el Sistema Nacional de Salud con la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986.

Por qué entonces hablar de beneficencia 40 años después. Sencillamente porque de manera sutil va tomando forma en el día a día de nuestro sistema de salud. La razón no es otra que el deterioro que este viene sufriendo, especialmente por su progresiva privatización.

Uno de los elementos principales en que se apoya esta dinámica privatizadora es el deterioro de la Atención Primaria, completamente abandonada a su suerte desde hace años, mientras que las inversiones se han centrado en los hospitales. Aumentos exponenciales de plantillas hospitalarias curiosamente han ido ligados a listas de espera cada vez más largas, tanto para consultas como para muchas de las pruebas diagnósticas, así como para cirugía.

Los pacientes tienen que tomar decisiones, si pueden permitírselo económicamente, y muchos optan por acudir a la privada para hacerse esas pruebas que se demoran. Un diagnóstico de una cierta gravedad pondrá en marcha vías preferentes que les permitirán adelantar a quienes no han tenido la posibilidad de pagarse sus pruebas. Se ha acabado la equidad en el sistema. Lo mismo sucede con las consultas de especialistas hospitalarios, muchos de los cuales trabajan también en el sector privado: si las citas se demoran, está la opción de acudir a estos profesionales en la privada para adelantar la asistencia en la pública.

De manera que hemos llegado a una situación en la que aquellos que se lo pueden permitir se pagan el acceso a pruebas o a consultas privadas, mientras quienes no pueden pagarlo tienen que esperar a que pase el tiempo, a veces años. Entre tanto solo tienen a su disposición los servicios de Atención Primaria (en los lugares en que sigue siendo accesible, porque algunas comunidades autónomas llevan mucha ventaja en su desmantelamiento). Así pues quedan bien definidas dos líneas asistenciales: la de los que ya están en la privada, de hecho, y la de quienes no pueden permitírselo y que en la práctica disponen de los limitados medios de la Atención Primaria, en lo que viene siendo un trasunto de la beneficencia pública.

Hay una tercera vía: acudir a las puertas de urgencias de los hospitales. La medicina privada es la principal interesada en que esa opción siga estando disponible para poder cargar a la sanidad pública los casos complejos y menos rentables económicamente.

La batalla por el negocio de la atención sanitaria está llegando probablemente a sus últimas escaramuzas. De hecho, en el pulso que el colegio y el sindicato médico mantienen en estos momentos con el Ministerio de Sanidad subyacen muchos de estos intereses.

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Francisco Escobar Rabadán es socio de infoLibre.

El ébola vuelve a golpear África. El pasado 5 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue alertada de un brote de una enfermedad desconocida y de alta mortalidad en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC). Tras una investigación exhaustiva, diez días después se confirmó que se trataba de un brote de ébola causado por la especie Orthoebolavirus bundibugyoense. En la actualidad, la situación ya se ha convertido en una epidemia.

Hasta el momento, en el epicentro de Ituri concentran más de 370 casos sospechosos y al menos 100 fallecidos, entre ellos varios trabajadores sanitarios. La expansión del virus incluye al menos un caso confirmado en la capital Kinshasa, la capital congoleña; otro en la ciudad de Goma y dos contagios importados en Kampala, capital de Uganda, donde uno de los pacientes ha fallecido. El episodio ha sido calificado de extraordinario y potencialmente muy peligroso. Se espera que el número de casos y de muertes siga aumentando.

La OMS ha determinado que el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por una combinación de factores críticos que elevan el riesgo global y regional. Entre ellos figuran la rápida expansión transfronteriza entre la República Democrática del Congo y Uganda; la alta movilidad de la población en una zona afectada por conflictos armados que dificultan la contención; el hecho de que la especie responsable sea el virus Bundibugyo –poco frecuente y para el cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados–; y la falta de claridad para identificar el origen de los contagios, lo que apunta a una transmisión comunitaria activa y probablemente subestimada.

Con la declaración del ESPII, la OMS busca movilizar con urgencia recursos financieros, científicos y logísticos internacionales. El objetivo es acelerar las investigaciones clínicas y mejorar la vigilancia sanitaria mundial.

Por el momento, no se cumplen los criterios para declarar una pandemia. Por esa razón, la OMS ha desaconsejado el cierre generalizado de las fronteras internacionales.

El virus del ébola afecta con mayor frecuencia a personas y primates no humanos, como monos, gorilas y chimpancés. Hasta la fecha se han descrito seis especies del patógeno.

De ellas, tres se han asociado a grandes brotes de ébola en África: Bundibugyo, Sudán y Zaire. Las tasas de mortalidad varían según la especie: alrededor del 40% en el caso del virus del brote actual, el Ébola Bundibugyo (Orthoebolavirus bundibugyoense); del 50% para el virus del Ébola Sudán (especie Orthoebolavirus sudanense), y de hasta el 90% en el virus del Ébola Zaire (especie Orthoebolavirus zairense).

La incidencia en personas del Bombali (especie Orthoebolavirus bombaliense), identificado más recientemente, sigue desconocida. Los ebolavirus Reston y Taï Forest, aunque pueden infectar a humanos, de momento no han producido fallecimientos.

El virus del ébola fue detectado por vez primera en 1976 en dos brotes simultáneos registrados en la República Democrática del Congo y Sudán. Ahora, la RDC afronta su 17º brote.

Entre 1976 y 2014, los brotes de ébola se produjeron principalmente en aldeas remotas próximas a las selvas tropicales de África central y occidental. Concretamente, en la RDC, Sudán, Gabón, Uganda y la República del Congo.

Sin embargo, en 2014 se produjo un cambio profundo en la distribución de la enfermedad. Por primera vez, el ébola provocó grandes brotes en África occidental (Guinea, Liberia y Sierra Leona). En estos países la transmisión se extendió con intensidad en las zonas urbanas, lo que multiplicó la extensión de la enfermedad.

Asociados a este brote, fueron importados casos de ébola a Italia, Nigeria, Malí, Senegal, España, Reino Unido y Estados Unidos.

La aparición de nuevos brotes de ébola en África parece ser cada vez más habitual. Pero, ¿a qué se debe? Algunas de las causas están relacionadas con la deforestación y la destrucción de hábitats, que obligan a los murciélagos portadores a desplazarse y a entrar en mayor contacto con las poblaciones humanos.

Además, el crecimiento demográfico y la mejora de la conectividad vial permiten que un virus antes aislado en aldeas remotas llegue rápidamente a ciudades densamente pobladas.

Asimismo, los conflictos armados dificultan la respuesta sanitaria. La presencia de grupos rebeldes, el desplazamiento masivo de refugiados y la profunda desconfianza de algunas comunidades hacia los gobiernos o los trabajadores sanitarios extranjeros complican mucho el rastreo de contactos, el aislamiento de los enfermos y la aplicación de medidas de control.

A esto se suma la persistencia del virus, capaz de reactivarse o transmitirse sexualmente en supervivientes meses después de la infección. Por último, la mejora de la capacidad científica para detectar y registrar brotes que antes pasaban desapercibidos ha aumentado la frecuencia de los casos declarados.

Al parecer, el virus del ébola Bundibugyo llega a la población humana a través del contacto estrecho con la sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de animales infectados como murciélagos frugívoros, chimpancés, gorilas, monos, antílopes del bosque o puercoespines hallados enfermos o muertos en la selva tropical.

Después, el virus se transmite de persona a persona mediante el contacto directo, a través de la piel lesionada o las membranas mucosas, con la sangre o los fluidos corporales de una persona que está enferma o ha muerto a causa de la enfermedad del ébola. También puede propagarse a través de objetos que han sido contaminados con fluidos corporales como sangre, heces o vómito.

La especie Bundibugyo fue identificada por primera vez en 2007 en el distrito homónimo, situado en el oeste de Uganda. Desde el brote registrado en 2012 en la República Democrática del Congo, no había vuelto a dar señales de vida.

El período de incubación varía entre dos y 21 días. Las personas infectadas con Bundibugyo no pueden propagar la enfermedad hasta que desarrollan síntomas y siguen siendo infecciosas mientras el virus permanezca en su sangre.

Los síntomas pueden aparecer de forma repentina e incluyen fiebre, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, erupción cutánea, síntomas de insuficiencia renal y función hepática. En algunos casos, el paciente puede presentar sangrado tanto interno como externo.

Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y de Uganda cuentan con experiencia en la gestión de brotes de ébola, mantienen activos programas de vigilancia y disponen de profesionales capacitados para detectar el patógeno. Aún así, crear conciencia sobre los factores de riesgo de la infección y las medidas de protección sigue siendo una estrategia eficaz para reducir la transmisión humana de la enfermedad.

Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología, miembro de la Sociedad Española de Microbiología, Universidad de Salamanca. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Pocos sabían qué era una persona intersexual antes de ver en pantalla grande a José Luis López Vázquez interpretar a Adela en Mi querida señorita, la película de 1972 en la que una mujer descubre, tras acudir al médico, que legal y biológicamente es un hombre. Quienes la vieron entonces tampoco salieron del cine con una idea muy clara de lo que era la intersexualidad: el largometraje ni siquiera la nombraba.

Más de medio siglo después, el desconocimiento sigue siendo enorme. La película está otra vez está en cartelera —o en el salón de casa gracias a Netflix—, en una nueva versión con Alana S. Portero como guionista. Y esta vez con una diferencia fundamental: las personas intersex ocupan el centro del relato y la realidad se nombra por fin por su nombre.

La I de LGTBIQ+ es quizá la sigla más desconocida de todas y, sin embargo, ser intersex es más común de lo que parece: alrededor del 1,7% de la población presenta alguna variación intersex, una proporción similar a la de las personas pelirrojas. La intersexualidad engloba una amplia gama de variaciones biológicas en las características sexuales corporales que no se ajustan a lo que se entiende tradicionalmente como hombre o mujer. Por ejemplo, pueden presentar características sexuales que no encajan en las categorías binarias tradicionales, patrones hormonales que no se corresponden con un sexo concreto o una disidencia entre los órganos internos y externos. 

Tal es la falta de información que incluso hay quienes ni siquiera saben que lo son. Algunos lo averiguaron ya en su edad adulta. Otros jamás lo sabrán, por las intervenciones quirúrgicas que se les hicieron desde pequeños. “No hay casi información de lo que es ser intersex. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, aunque todavía hay poca, es de más calidad. Pero todavía no hay espacio para la intersexualidad, está todo basado en el binarismo”, cuenta a infoLibre Cira López Salvago, investigadora y experta en intersexualidades. 

Hasta hace poco, lo que se hacía cuando nacía un bebé intersex era, por procedimiento habitual, una operación quirúrgica que modificaba los genitales del menor. Esta decisión la tomaban entre los médicos y los padres que, por falta de conocimiento y ese sentimiento de “así le irá mejor”, aceptaban que se hiciera lo que los activistas intersex tachan de “mutilación”. Los problemas llegan en la edad adulta, con complicaciones médicas derivadas de esa operación o la posibilidad de que su género —su identidad— no se correspondiera con el sexo —los órganos sexuales—. 

“Se sigue tratando como una patología. Y así ha sucedido con todas las letras del colectivo. Primero se patologiza y luego, con la lucha, se consigue avanzar. Consiste en intentar separar todos los cuerpos entre macho y hembra. Por lo tanto, la intersexualidad se presenta como algo que hay que arreglar y que tiene que caber en una de estas dos casillas”, argumenta Ariana A. Celorio, miembro del grupo del año temático intersexual de la FELGTBI+, activista intersex y escritora, en conversación con este medio. 

Esta forma de patologización tiene varias derivadas, explica López Salvago. La primera es que el concepto de intersexualidad ha caído siempre bajo el marco de la medicina. La segunda es la visión binaria que existe en la sociedad española, afincada desde los tiempos de Franco. La mujer y el hombre, no hay más. “La corporalidad intersexual es una contestación al sistema cisheteronormativo. Son cuerpos que rompen las normas”, cuenta López Salvago. Y para la experta, esto ha tenido una consecuencia muy clara: la estigmatización. “Estos dos elementos han hecho que la intersexualidad esté envuelta en un halo de alarma, de escándalo e, incluso, de monstruosidad”, recalca. 

Sin embargo, en los últimos años el asunto ha comenzado a cambiar tanto en lo social —basta ver el regreso de Mi Querida Señorita— como en el plano legislativo. La ley trans de 2023 incluyó medidas para avanzar en la despatologización de las personas intersex y limitar las intervenciones médicas no consentidas. El texto prohíbe la modificación genital en menores de 12 años, pero introduce una excepción: permite esas intervenciones cuando existan “indicaciones médicas” para proteger la salud de la persona, a juicio del personal sanitario. Y ahí, advierten las activistas, está el problema. Muchas operaciones se han presentado durante años como “médicamente necesarias” sin que existiera una urgencia vital real, según un informe elaborado por ILGA Mundo en 2023. 

“Cuando esto se deja en manos de profesionales, se parte de la idea de que la ciencia y la medicina son neutrales, como si hubiera un diagnóstico objetivo y libre de valores. Pero la decisión de un médico no está exenta de prejuicios ni de valores morales. Actúan, en teoría, 'por humanidad', pensando que la persona intersex sufrirá si no se adapta a una norma corporal concreta. Entonces, justifican la intervención diciendo que quieren evitarle un sufrimiento futuro. Pero eso implica asumir que hay una única forma válida de cuerpo. Y ahí hay un problema”, recalca Rafael Cáceres-Feria, antropólogo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a infoLibre. 

El personal sanitario no tiene por qué conocer las realidades intersex, puesto que no se incluye en el temario de la carrera. De aquí nace esta forma de tratarlo, como si fuera un problema, según indica el antropólogo. “En la Facultad de Medicina se enseña una visión concreta del cuerpo y del sexo. Y ahí no entra la intersexualidad. En el fondo, manejan la misma lógica binaria que el resto de la sociedad: hombre o mujer”, expone Cáceres-Feria.

Aunque no todo es negativo. “Se siguen realizando mutilaciones, pero cada vez hay más personal de la salud concienciado”. La solución, por lo tanto, estaría en esto mismo: la concienciación. “No basta con que sepan del tema los ginecólogos o los urólogos; tiene que saber todo el personal sanitario. Hacen falta protocolos específicos y una educación que les haga ver que no somos una patología”, concuerda Celorio. 

Precisamente, la falta de información es lo que ha provocado la invisibilidad de las personas intersex, apunta Celorio. También las agresiones contra ellos. “En los colegios”, relata la activista, “la mayoría de niños intersex sufren más acoso y bullying porque el resto no sabe cuál es su realidad. Que no se sepa nada sobre ti hace que seas más fácil de agredir”, cuenta. 

Y esto se traduce en la edad adulta. Las personas intersexuales son las que sufren más discriminación, según revelaba el informe de Estado del Odio LGTBIQ+ 2025, elaborado por la FELGTBI+. De hecho, el estudio indica que el 100% de los encuestados intersexuales habían sufrido situaciones de discriminación.

Algo que parece que acaba teniendo efecto. En un estudio publicado en PLOS ONE, una revista científica editada por la Public Library of Science, un 21,1% de los encuestados —todos intersexuales— declaraba tener una salud mental “mala”. El 32,5% la calificaba de “aceptable”, pero la gran mayoría (un 62,6%) declaraba tener ansiedad. Los motivos, según el estudio, pasan por la vergüenza, el estigma, la baja autoestima y la insatisfacción con el sistema sanitario. 

“Las personas intersex están más discriminadas, principalmente por el gran desconocimiento que hay. Sigue siendo una realidad poco conocida y poco explicada. Además, la intersexualidad introduce una dimensión corporal dentro de la diversidad sexual, que tradicionalmente suele entenderse solo desde la identidad de género o la orientación sexual. Incorporar esta dimensión corporal exige salir de marcos tradicionales y comprender una realidad que muchas veces no se enseña ni se visibiliza. Sin educación, referentes o ejemplos cercanos, resulta difícil entenderla, y por eso no me extraña que el colectivo intersex sea uno de los más discriminados”, zanja López Salvago. 

José Antonio López Guerrero (Madrid, 1962), catedrático de Microbiología en el departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, es un poco madrileño, un poco extremeño y otro poco alemán, además de uno de nuestros principales divulgadores científicos. Con una curiosidad voraz desde niño, adelantaba los cursos mientras demandaba las respuestas que ahora le gusta transmitir a los demás en los diferentes medios de comunicación en los que colabora. A sus colegas reacios a explicar sus líneas de trabajo les espolea: “Si no sabes comunicar a la sociedad en qué estás trabajando, seguramente te has equivocado de trabajo”.

“Soy virólogo molecular y solemos estudiar el comportamiento del virus con su hospedador, los ciclos virales y quizás también la respuesta inmune que puede producirse tras una infección. En el caso de la especie de hantavirus Andes, que es la única a día de hoy que se ha constatado que se transmite entre humanos, la idea es dar la mayor información veraz posible, con los datos científicos en la mano. La población tiende a pedir siempre soluciones y explicaciones inmediatas. Lo vimos durante la pandemia. Luego hay mucha gente que se convierte en profetas del pasado. En el año 2026 ya saben exactamente lo que había que haber hecho en febrero de 2020, pero entonces estuvieron calladitos. Solamente los virólogos y los comunicadores científicos tuvimos que ir informando a medida que íbamos sabiendo los datos y los íbamos interpretando. Como sabemos en ciencia, la realidad y los datos científicos a veces son volátiles, se van superando por nuevos datos. La pseudociencia no tiene ningún problema, su esencia es estanca. A un iluminado se le ocurre una pseudociencia y esta permanece inamovible, ad eternum”.

“La crisis del hantavirus, por desgracia, en relación al comportamiento social y de los políticos, no ha decepcionado, en el mal sentido. Durante la pandemia de 2020, la de la covid-19, nos acostumbramos a que incluso se utilizaron los cadáveres que iban produciéndose día a día como arma arrojadiza electoral y política mientras se iba perfeccionando la comunicación supranacional cada vez con más organismos y los diferentes países fueron engrasando su cooperación epidemiológica. Creo que eso ha permitido actuar tempranamente en otras crisis con otros virus. Por ejemplo, el Monkey Pox hace unos años. El mundo de la política sigue igual de embarrado, sigue igual de enfangado y, además, como ahora estamos en época de elecciones, todavía más. Utilizar en clave electoral, en clave política desde el minuto cero, todas las actuaciones ya no de un gobierno, sino de una estructura compleja de organización con muchos actores, la OMS, el Centro de Control de Enfermedades, diferentes países, el Gobierno español... Utilizarlo desde el minuto cero para intentar generar ruido y alarma en ese momento innecesaria, por desgracia es algo a lo que nos tienen acostumbrados desde la política. Lo vivimos durante la covid-19 y no hemos aprendido nada. Y seguramente en la siguiente crisis sanitaria volveremos otra vez a ver este sinsentido político”.

“La dimensión de esta crisis del hantavirus ha sido algo excepcional. El hantavirus es un virus endémico en el Cono sur americano, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina. Ahí conviven con el virus y se infectan todos los años cientos de personas y mueren en torno a un 20% o 30% de al menos los que desarrollan sintomatología. Pero un barco, un crucero de lujo con pasajeros de más de 20 países ha sido, como digo, algo excepcional. Se ha tenido que organizar un consorcio realmente complicado de gestionar y creo sinceramente que ha ido bien. Se ha tenido que ir, no me gusta decir improvisando, pero sí creando protocolos ad hoc para las circunstancias tan especiales de tener que repatriar a más de 20 nacionalidades desde un barco que estaba en alta mar, que había cruzado el Atlántico. Y con todo eso ha habido luego cierta libertad para los diferentes países a la hora de gestionar internamente la crisis. En cuanto a dónde y cuándo realizar la cuarentena, todavía hay flecos que se están organizando, por ejemplo, cuándo debe empezar. Y con el caso positivo entre los pasajeros españoles del barco, a lo mejor se reestructura esa cuarentena. Se ha organizado un operativo excepcional para un problema sanitario excepcional, con muchos actores de muchos países, y considero que está saliendo razonablemente, por no decir realmente, bien”.

“La familia hantaviridae pertenece a un grupo de virus que se conocen como virus de fiebres hemorrágicas. Muchos de ellos son virus emergentes y viven en reservorios animales. Centrándonos en los hantavirus en roedores, se especula que han evolucionado con ellos desde hace a lo mejor 100 millones de años. Cada especie de hantavirus tiene un roedor específico como reservorio en el que vive en equilibrio sin causar daño. En el caso del hantavirus de la especie Andes es el ratón de cola larga. Pasan de los roedores a los humanos por contacto con sus excrementos, con fluidos, con orina, con saliva... Y, en principio, el humano se convierte en una especie de final de infección. El Andes es un virus como otros de los llamados del Nuevo Mundo, que producen síndrome cardiopulmonar, altamente patogénico en el caso del Andes. Se transmite difícilmente entre humanos. Hace falta contacto estrecho, prolongado. A medida que se transmite entre humanos, los datos que hay hasta ahora son que va perdiendo capacidad de transmisión. Allí donde se transmite es donde causa sintomatología. El virus se convierte en ltamente letal, con, según a quién le preguntes, hasta un 50% de letalidad. Una media entre un 20% y un 30%, eso sí”.

“Falsos expertos, comunicadores, divulgadores, son oportunistas que brotan en las crisis. Lo sufrimos durante la pandemia de la covid. Muchos se mueven muy bien en las redes sociales. Muchos también tienen connotaciones políticas. Por desgracia, los mensajes catastrofistas, los mensajes negacionistas se hacen más virales que los mensajes desde el mundo de la ciencia que son menos radicales. No se sabe todo. En ciencia se va aprendiendo a medida que va avanzando la crisis. La pseudociencia, los bulos y las mentiras son muy atrevidos y pueden ser tan exagerados como se desee. A veces es difícil distinguirlos en los medios oficiales de comunicación, televisión, prensa o radio. Y es una lucha para los científicos tener que estar detrás de todos estos falsos comunicadores, como diría Don Quijote, desfaciendo entuertos. Dicho esto, no hay ningún experto universal. Yo no trabajo con hantavirus, tampoco trabajaba al principio con coronavirus. Ahora sí tengo proyectos con coronavirus. Pero soy virólogo, digamos que soy capaz de llegar a las fuentes del conocimiento. Y, como se suele decir vulgarmente, en el caso de que no sepa un aspecto de la virología de los de los hantavirus, tengo el teléfono de los que lo saben. Por lo tanto, yo creo que como comunicador no es necesario tener el conocimiento universal, pero sí saber dónde encontrarlo, sí gestionarlo y sí saber comunicarlo”.

“El riesgo de este brote o extraordinario momento es –en ciencia tendemos a ser comedidos y no ser absolutos– diría que cero. El riesgo es ninguno. En ciencia se dice que es prácticamente, virtualmente ninguno. El riesgo de una pandemia, un descontrol social epidémico de este virus, no es, no existe. Entre otras cosas estamos comentando que el virus ya está libre. Es endémico en Chile, en Argentina y se dan casos esporádicos. El virus se empezó a conocer en los años 90. En el año 2018, hubo un gran brote en un cumpleaños de 38 personas. Ahora, en Madrid tenemos, en el Hospital Gómez Ulla, a un paciente de los 14 pasajeros españoles. Eso ya estaba contemplado en el operativo que había formado. Porque estamos dentro del periodo en el que una persona puede ser asintomática y de repente positivizar. Simplemente se le ha cambiado a una planta aislada, restringida. Creo que está también contemplado empezar a hacer pruebas serológicas porque sería lógico ver cómo evoluciona también el sistema inmunológico de los pacientes con sintomatología. Pero insisto, riesgo para la población, si quiero ser muy científico diré prácticamente cero; si quiero ser realmente comunicador y realista, diré cero”.

“La investigación de los virus se lleva a cabo en diferentes laboratorios del mundo, porque cada año se producen más de 100.000 casos de virus. Gran parte de ellos en el sureste asiático, donde predominan la rama de los hantavirus que producen fiebres hemorrágicas y síndrome renal. También en Argentina hay grandes grupos de epidemiología. En España, en el Centro Nacional de Epidemiología, en el Centro de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III en Majadahonda, se trabaja con virus emergentes. Compañeros y compañeras mías son asesores y trabajan en contacto directamente con la Organización Mundial de la Salud. Pero sinceramente desconozco que haya grupos concretos que trabajen con hantavirus y concretamente con la especie Andes. Hice una consulta al respecto dentro de la Sociedad Española de Virología y me dijeron que no les constaba ningún proyecto ni ningún grupo específico experto concretamente en esta familia viral”.

“El segundo mandato del señor más poderoso del mundo, y yo creo que uno de los de los más peligrosos, diría que es mucho más peligroso que el virus. El Trump 2.0 está siendo catastrófico para muchas cosas, para sobre todo para la vida humana. Con qué frivolidad trata un genocidio en Palestina. Con qué frivolidad trata una guerra en Ucrania despreciando al presidente. Ahora entra en un país de forma ilegal para secuestrar a un presidente, aunque se pueda cuestionar también la autoridad y legalidad de ese presidente. Y ahora mismo tenemos Irán. Y en cuanto a salud, se ha salido de muchas de las organizaciones supranacionales de cooperación para el desarrollo, de cooperación para la salud. Se ha salido de la OMS, de los programas mundiales de vacunación, por ejemplo, que permitían vacunar a millones de niños de diferentes enfermedades, y eso está provocando la muerte de miles y miles de niños y de personas en países de bajo nivel económico. Realmente está suponiendo una catástrofe mundial medioambiental porque también se ha salido de los organismos de control de los programas medioambientales y sanitarios. Un desastre. Está siendo un desastre. Lo único que podemos esperar es que no dé un golpe de Estado interno y se quede a perpetuidad, y que esto dure solamente lo que le queda de mandato”.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo que, al igual que la ONU, el presidente Trump está menospreciando. De hecho, ha creado algo así como una ONU secundaria ad hoc con sus camaradas ultras de Argentina, de Israel. Y no sé si [ahí] seguirá Hungría ahora que Orbán ya no es presidente. En lo que respecta a la OMS, la pérdida de la aportación de Argentina no tanto, pero la de Estados Unidos ha sido demoledora. Sin embargo, está demostrando que con los pocos recursos que tiene del resto de los países que son socios, por ejemplo España (por cierto, hay que felicitarnos porque tenemos una ministra que forma parte del Comité de Sanidad de la OMS), tiene capacidad todavía para coordinar grandes operativos como el que estamos viviendo de esta crisis de hantavirus”.

“Se da una falta de apoyo federal de Estados Unidos a sus programas de investigación y de sanidad. El que era quizá el mayor Centro Nacional de Salud del mundo está muy mermado por la retirada de capital. Han cambiado varias veces ya a los a los directores. En la era de Elon Musk en la Administración, fue sometido a una criba de funcionarios y también de dinero público para investigación. Con el Secretario de Estado de Sanidad siendo un negacionista de las vacunas. Es una catástrofe. Eso lo puedo constatar yo. He pasado de ser un demandante de laboratorio de cooperación, de solicitar ayuda a muchos laboratorios de Estados Unidos para mi propia investigación, a ver cómo es rara la semana que no me llega una solicitud de un grupo de investigación en Estados Unidos pidiéndome algo así como asilo, algo así como una colaboración. Incluso se ofrecen venirse con todo el equipo, con todo el grupo. ¿A dónde? ¿A mi laboratorio? ¿Un laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid con escasamente cinco personas entre predoctorales, postdoctorales y coordinadores? Esto parece la serie Stranger Things, en la que hay un mundo al revés. Ya sufrieron algo parecido en la era Bush con los recortes a la investigación en medicina regenerativa, con los embriones supernumerarios. De repente perdieron el frente de investigación a favor de otros grupos en China, por ejemplo, y en Europa. Y, por desgracia, tardarán años, el gran Estados Unidos y su gran sociedad, en recuperar los niveles hegemónicos a los que nos tenía acostumbrados. Y todo esto lo está aprovechando claramente otra potencia que se dice que es la segunda potencia del mundo, pero creo que según en qué parámetro, ya está por delante de Estados Unidos, por mucho que le pese a Trump, que es China”.

“La fuga de cerebros en España la sufrimos constantemente. Porque nosotros tenemos como algo endémico la deficiente ayuda pública a la investigación, donde nuestros mejores científicos se tienen que marchar. Sé de lo que estoy hablando porque tengo en mi laboratorio a una de las mentes más brillantes que he visto en toda mi carrera científica. Y está luchando, como se suele decir en mi pueblo, como gato panza arriba para intentar conseguir un puesto de ayudante en la universidad o en el CSIC, que en el mejor de los casos estamos hablando de sueldos de mil, mil y pocos euros al mes. Hasta que en un momento determinado pueda decidir que ya no le compensa y se vaya fuera de España. Cuando haga eso, en unos años oiremos hablar seguramente de esta persona con la genialidad que tiene y nos daremos golpes en el pecho diciendo que una científica española ha descubierto tal cosa en tal país. Ahora podemos hacer que esa tal cosa ocurra en nuestro país. En Estados Unidos está habiendo una fuga de cerebros también muy importante ahora mismo, pero a lo que está pasando en España estamos acostumbrados, por desgracia. No parece que la situación vaya a cambiar con en torno al 1% del PIB de inversión en ciencia, cuando nos están pidiendo desde fuera que lleguemos al 5% en armamento; es algo, como he dicho, de Stranger Things, del mundo al revés”.

Sigue habiendo desahucios. Mientras están leyendo esto, se está produciendo uno de los 100 desahucios que se realizan cada día en nuestro país. Repito, casi 100 desahucios cada día, los 365 días del año.

Mientras los fondos de inversión o los bancos, ayudados por la Policía, recuperan unos inmuebles que probablemente se queden sin dueño hasta que desahucien al siguiente, podemos disfrutar de debates sobre si los jubilados o los inmigrantes son los culpables de la subida de los precios o sobre si se tienen que regular los precios de la vivienda cuando en ciudades como Madrid casi el 20% de los contratos de alquiler están controlados por sociedades o fondos buitre con más de 50 inmuebles alquilados.

Sigue habiendo millones de personas en listas de espera para poder tener una operación. Sigue habiendo millones de personas que tienen que esperar meses para tener una cita con un especialista, con el sufrimiento extra por la incertidumbre que eso supone. Un reciente informe revela que el cáncer ha provocado un exceso de mortalidad en Andalucía en el periodo de 2019 a 2024. Nada menos que 3.701 muertes de más por tumores malignos.

Mientras las noticias de estas comunidades que están arrasando la sanidad pública son un cúmulo de ridículas declaraciones de una presidenta perdida en la Riviera Maya mientras insulta al país que visita o noticias sobre el presidente andaluz Moreno Bonilla haciéndose fotos con Chewbacca, una vaca, diciendo que se va a hacer un nuevo tatuaje o cantando el himno de su campaña electoral, según él: “un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo” si no tienes que utilizar la sanidad pública, supongo.

Sigue habiendo violencia machista, en todas partes, en todos lados, a todas horas. Hay más de 100.000 casos activos, repito, 100.000 casos activos, en Viogén, el sistema policial de víctimas de violencia de género. Al menos 19 mujeres han sido asesinadas solo en estos primeros meses de 2026 a manos de sus parejas o exparejas. De estos 19 agresores, casi la mitad tenían ya denuncias previas por maltrato.

Mientras vemos declaraciones de negacionistas de la violencia de género invitados por partidos de ultraderecha a las instituciones para promocionar su libro.

Sigue habiendo un genocidio en Gaza, con ataques aéreos cada día y más de 850 personas asesinadas solo desde el alto el fuego, un genocidio al que ahora se ha sumado el Líbano y que se añade a varias guerras en activo provocadas por grandes potencias.

Mientras se sigue fabricando y enviando armamento a estos países, los deportistas de Israel siguen compitiendo en todo tipo de eventos deportivos y musicales o grandes superficies siguen vendiendo con total normalidad tampones, patatas, aguacates o dátiles israelíes.

Sigue habiendo una ley mordaza vigente que limita la libertad de expresión y el derecho a informar libremente y se insulta, se amenaza e incluso se agrede impunemente a periodistas, políticos y humoristas de izquierdas sin ninguna consecuencia.

Mientras no paramos de escuchar en programas de televisión, periódicos o redes sociales a voces ultraconservadoras llorar porque sus voces están siendo silenciadas y “ya no se puede decir nada”.

Sigue habiendo Viviendas de Protección Oficial con piscina y pádel para personas que ganan más de 2.000 euros al mes o que son dadas a dedo de miembros, familiares o amigos de los partidos políticos que las adjudican.

Sigue habiendo unos ingresos mínimos que pueden superar los 2.000 euros al mes en algunas comunidades autónomas para acceder a una de estas viviendas protegidas. En lugares como Islas Baleares el límite de ingresos es ¡5.000 euros al mes para una sola persona!, supongo que allí las siglas VPO significan Viviendas de Privilegio Oficial. Los que menos ingresan tienen menos posibilidades de conseguir una vivienda digna de “Protección Oficial”, el mundo al revés.

Mientras podemos disfrutar en nuestras televisiones públicas de simpáticos PocoTalents shows en los que famosos, en muchos casos conocidos por trabajar de ser famosos, realizan reformas y diseño de interiores en viviendas que nunca podremos permitirnos.

Este artículo se publicará en infolibre y se ha escrito gracias a la información que han publicado medios como la fundación ciudadana que vigila los poderes públicos Civio'; el medio de comunicación autogestionado El Salto o la cooperativa independiente La Marea. Gracias a ellos —y a otros como Alternativas Económicas, Catalunya Plural, Crític, CTXT, Cuartopoder, Diario 16, La Voz del Sur, Luzes, Píkara Magazine, Praza Pública…— podemos distinguir entre lo que está pasando y lo que estamos viendo.

Elegir cómo nos informamos también es una forma de apartar los árboles, cada vez más frondosos por las subvenciones de los poderes económicos, y poder ver el bosque. Aunque más que el bosque, cada vez parece más el desierto en el que se están transformando nuestras sociedades mientras miramos para otro lado, el lado para el que les interesa que miremos.