Una nueva jueza de instrucción en Navalcarnero ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa que investiga a la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y 'número tres' del PP regional, Ana Millán, por unos presuntos delitos de prevaricación administrativa durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de la localidad de Arroyomolinos (Madrid), según informa EFE.

Según el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la nueva magistrada de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, Plaza nº6, la jueza Marta Hernández Lafuente, ha archivado la investigación al no quedar acreditada "la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho, ni de tráfico de influencias, ni fraude contra la Administración Pública".

El dictamen llega después de que la Fiscalía solicitara el pasado 4 de marzo el sobreseimiento provisional al "no quedar debidamente acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

Este asunto se remonta al año 2016, cuando el entonces alcalde de esta localidad, Carlos Ruipérez (Cs), denunció la relación existente entre Ana Millán y la empresa Neverland Eventos S.L en la época en que la primera ostentaba la condición de concejala del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

En concreto, denunciaba un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación a la adjudicación de unos supuestos contratos irregulares por parte de Millán a la mercantil Neverland Eventos SL, del empresario Francisco Vicente Roselló Baldó, quien a su vez había efectuado una serie de pagos a una cuenta corriente de Millán.

Unos pagos que, según lo declarado a la Agencia Tributaria por Neverland Eventos SL, se justificaban bajo el pago de alquiler de un ático, por lo que también se le imputaba por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública.

En relación a estos pagos, la jueza ha deducido que se corresponden con un contrato de alquiler con opción de compra concertado entre las partes sobre un ático sito en la Plaza Mayor de Arroyomolinos, propiedad de Millán.

La magistrada ha descartado así que la conexión temporal de estos ingresos con la etapa de concejal de la investigada indique alguna relación entre los ingresos percibidos y los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a las empresas de Roselló y sea "indicio suficiente de la comisión de delito por los investigados".

Ha concluido que "no se infieren indicios con la solidez suficiente para atribuir la participación en la comisión de delitos constitutivos de prevaricación, de tráfico de influencias o de negociaciones o actividades prohibidas".

Lafuente ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, "puedan corresponder al perjudicado", además, ha suspendido las declaraciones testificales señaladas el día 3 de junio de 2026.

Isabel Díaz Ayuso decidió tomarse unos días de vacaciones en un chalé en Rascafría. Hasta ahí, bien. Lo llamativo fue el detalle con el que intentó justificar su escapada: se llevó los tuppers de casa. Una presidenta que gobierna desde un palacio y vive en un ático, pero nos quiere convencer de que sigue siendo una vecina sencilla. Croquetas, ensaladilla y mucha fruta como cortina de humo.

Y mientras Ayuso recalienta su relato, Noelia Núñez, su ex secuaz en el Congreso, recalentaba su currículum. Durante años aseguró tener unos estudios universitarios que no terminó. Lo definió como una ‘equivocación’, como si uno se pudiera equivocarse de carrera como quien se confunde de tuppers de fruta en sus vacaciones.

Ambos casos revelan lo mismo: el PP tiene la necesidad de parecer. Parecer humilde, parecer preparado, parecer cercano. Porque en el fondo, lo que no soportan es que les quitemos el disfraz de su falsa perfección.

Esto va mucho más allá de unas líneas en el currículum. Tiene que ver con la ‘cultura del esfuerzo y méritos’ que promulgan los conservadores: si eres joven y de barrio, no puedes fallar. Pero si eres del PP y mientes sobre tus estudios, te lo justifican, y lo califican de meritocracia.

No es casualidad esa estrategia. Porque mientras peleamos por una educación y sanidad públicas de calidad, Ayuso se presenta como una mujer llana, pero con vistas privilegiadas a la Sierra de Guadarrama. Y Núñez, que se vanagloriaba de haberse esforzardo para llegar lejos, se saltó el esfuerzo y se fue directa al escaño.

No hay política más peligrosa que la que convierte la mentira en anécdota y las prebendas en normalidad. Porque no se trata solo de lo que hacen, sino de lo que nos muestran: para ellas, todo vale.

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Carlos Salguero Gilabert es socio de infoLibre.

La diputada del PP Noelia Núñez, una de las apuestas de Alberto Núñez Feijóo para rejuvenecer su cúpula directiva, ha anunciado este miércoles que va a dimitir de todos sus cargos "orgánicos e institucionales" tras haber presentado una información "incorrecta" en el Congreso sobre su formación académica.

En un comunicado colgado en su cuenta de X, Núñez, diputada desde 2023 y confirmada como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP en el último congreso del partido, pide disculpas a aquellos que se sientan decepcionados y dimite, dice, porque cree que pedir perdón no es suficiente. "Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles", manifiesta antes de mostrar su orgullo de militar en un partido con el "nivel de exigencia" del PP y dar las gracias a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso por su confianza.

Después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, expresara en X dudas sobre su currículum, Nuñez reconoció en la noche del martes en la misma red social que no había terminado sus estudios, aunque "por equivocación" su ficha del Congreso decía que tenía un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. En opinión de la todavía diputada, "quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero".

En este contexto, sostiene que "los niveles de ejemplaridad" en el PP no son como los del PSOE y asegura que ella no es como los dirigentes que "practican, aceptan o toleran" prácticas inapropiadas o conductas delictivas. "Con mi decisión, muestro el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que, con bastante más que esconder o tapar, siguen aferrados a sus cargos o sobreviven en política confiando en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos", afirma.

Unos minutos después de que Núñez haya anunciado su decisión, el líder del PP la ha alabado: "Es una decisión que le honra", ha afirmado el presidente del PP a través de un mensaje en la red social X. Feijóo ha criticado que muchos de los que la han atacado "sin piedad" en las últimas horas "conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona".

El líder popular ha sacado pecho de la decisión de Núñez y ha afirmado que aunque las lecciones de ejemplaridad del PSOE no le conciernen, porque "no puede darlas", que "el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa" que los demás deban modificar el suyo. "Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez", ha dicho en una cadena de mensajes en la que ha abogado por "preservar la confianza de los españoles en la política".

Núñez se ha convertido en los últimos años en uno de los rostros jóvenes más populares dentro del PP. Inició su carrera política en su localidad natal, Fuenlabrada (Madrid), y se convirtió en concejala de su Ayuntamiento con solo 23 años.

Fue portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y asumió la presidencia local del partido. En 2021 se convirtió en diputada de la Asamblea de Madrid y en 2023, del Congreso de los Diputados.

A finales de ese año y con el objetivo de rejuvenecer su comité ejecutivo, Feijóo confió en ella para asumir la vicesecretaría de Movilización y Reto Digital, una cartera de nueva creación. Esta tenía el objetivo de "ayudar a generar nuevos canales de interacción entre la ciudadanía y la política" y de afrontar "los problemas, especialmente detectados en edades tempranas, de uso excesivo y no responsable de la tecnología y las redes sociales".

Hace solo dos semanas el líder del PP la confirmó en el cargo en el XXI Congreso del partido, que se celebró en Madrid.

La diputada del PP Noelia Núñez ha reconocido que no ha terminado sus estudios de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas como por "equivocación" aparece en su ficha personal del Congreso. En un mensaje en redes sociales recogido por EFE, la dirigente conservadora ha aclarado esta información sobre su formación académica después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicara un mensaje en X expresando dudas sobre su currículum.

La también vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP ha utilizado la misma red social para "disipar" las dudas del ministro y asegurar que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por su parte.

Explica que decidió estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y trasladar luego el expediente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde después empezó el Grado en Estudios Ingleses. En 2019, continúa, cambió el Grado de Derecho por un Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED, estudios que admite no haber terminado, aunque asegura que pretende retomar.

Justifica el retraso en terminarlos en que su carrera política, con responsabilidades en el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 2015, en la Asamblea de Madrid (2021-2023) y ahora en el Congreso de los Diputados y el Comité de Dirección del PP, ha ocupado su "tiempo y esfuerzo".

Como prueba de que se debe a un error, apunta que en el currículum que consta en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada, remitido "apenas unos meses antes" del que pasó al Congreso, se detalla su trayectoria sin confirmar la finalización de esos estudios.

Argumenta que si hubiera tenido intención de engañar a alguien no habría remitido versiones distintas en tan corto periodo de tiempo y dice que no ha querido explicarlo antes para que este asunto "no tapara las derrotas del Gobierno" en el pleno de este martes. "Ya quisiera Sánchez que le ayudáramos a desviar la atención de donde corresponde, que es de su precariedad parlamentaria", afirma la diputada, que asegura que pedirá de inmediato que se cambie la información errónea sobre su formación que aparece en la web del Congreso.

No obstante, arremete contra el ministro de Transportes, de quien critica que esté más preocupado de su perfil académico que de "los miles de ciudadanos que quedan atrapados cada día en unos trenes que dependen de su (nula) capacitación profesional". Y advierte de que no se va a dejar "amedrentar por la izquierda" ni va a aceptar lecciones "del partido de ese Pedro Sánchez que copió su tesis y que es marido de esa 'catedrática' que es Begoña Gómez".

El PSOE ha exigido este miércoles a Noelia Núñez su dimisión inmediata como diputada por Madrid en el Congreso y presidenta del PP de Fuenlabrada por su "falsedad consciente y reiterada" sobre su currículo académico, pues, si no, "evidenciaría que en el PP se permite mentir sin consecuencias".

"En entrevistas a medios de comunicación afirmó ser licenciada en Derecho, Filología Inglesa y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. Nada de eso es cierto", ha expuesto el PSOE en una nota de prensa. "No es un error menor ni una exageración: es una falsedad consciente y reiterada", ha añadido.

Según ha destacado el PSOE, esa falsedad "vulnera los propios estatutos del Partido Popular, donde falsear el currículum se considera motivo de sanción o expulsión".

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha indicado que "si no dimite, será Ayuso quien tenga que explicar por qué la mantiene”, ya que Isabel Díaz Ayuso es presidenta del PP regional.

El PSOE ha añadido que "es insostenible que una responsable política mantenga su cargo tras haber engañado sobre su trayectoria académica" y que la continuidad de Núñez "desprestigia a las instituciones y lanza un mensaje inaceptable a la ciudadanía". 

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debatir sobre lo sucedido en las residencias de mayores de la región durante la primera ola de la pandemia es volver con "las mismas mierdas". Así lo dijo este jueves durante el pleno de la Asamblea, en el que previamente la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, criticó el "desprecio" que el Gobierno regional ha mostrado hacia las plataformas de los familiares de los 7.291 fallecidos sin asistencia sanitaria.

"Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas", dijo concretamente la líder conservadora, que tampoco dejó ahí su ataque. Se refirió a las organizaciones de familias como "marea de rebotados" de la oposición a la que acusó, además, de "retorcer el dolor de las víctimas". Previamente, Bergerot había recriminado el ataque que protagonizó el pasado domingo por la noche el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, que acusó de mentir a la hija de una fallecida y amenazó a las familias con "comprobar" si iban de visita a los geriátricos.

"Usted ha hecho suyos cada bulo y cada mentira de su jefe de gabinete. Pero lo más grave es el desprecio hacia las víctimas" por, continuó Bergerot, no haberse reunido con ellas "ni una sola vez" y por llevar "cinco años impidiendo cualquier tipo de investigación". "Lo más grave fueron los protocolos que decidieron quién podía salvarse y quién no", criticó.

Ayuso, en cambio, afeó que la izquierda no mencione lo sucedido en otras regiones como Navarra o Aragón donde, "en proporción", señaló, "murieron muchos más mayores". "La ideología lo puede todo cuando se está enfermo de sectarismo como ustedes", subrayó.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, denunció también que "esas mierdas a las que se ha referido la presidenta son 7.291 personas mayores que no deberían haber muerto en las condiciones que lo han hecho". La socialista comentó que "es lamentable" cómo Díaz Ayuso "está arrastrando por el fango" la labor política, y considera que sus palabras demuestran "la bajeza moral, la falta de empatía y de humanidad que tiene".

Además, preguntó también por qué todavía no ha cesado a Rodríguez, de quien señaló que ya debía ser "historia de la política madrileña". Este miércoles, no obstante, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García, aseguró que la mano derecha de Ayuso "ha dado explicaciones, se ha disculpado y ha reconocido que ha sido un error", por lo que quien sigue pidiendo su dimisión o su cese es tan sólo "quien tiene interés" en que al Gobierno "le vaya mal".

El propio Rodríguez reconoció este martes que se "equivocó" y se mostró contrario a que la presidenta madrileña se reúna con los familiares de las víctimas para disculparse en persona, porque "llevan años llamándola asesina".

Precisamente este jueves las organizaciones Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia informaron de que el Juzgado de 1ª Instancia número 99 de Madrid decidió hace unos días dejar "sin efecto" el acto en el que pedían que la presidenta regional rectificase lo que dijo el 15 de febrero en la Asamblea de Madrid. Fue la "frase vejatoria" en la que Ayuso dejó caer que si no trasladó a los mayores a los hospitales durante la primera ola de la pandemia era porque 'se iban a morir igual'.

En concreto, la conservadora dijo: "Había muertos en todas partes. En las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía. Porque cuando una persona mayor está gravemente enferma con el covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio".

Los familiares pidieron entonces en una demanda de conciliación que rectificase. O bien en un medio de comunicación o en un juzgado. En el escrito que presentaron el pasado verano las plataformas de familias, de hecho, las palabras de la conservadora podrían ser constitutivas de un delito continuado de injurias graves hechas con publicidad. La Comunidad de Madrid, sin embargo, recurrió la demanda interpuesta no era "válida" porque iba dirigida contra la institución y no contra la presidenta. Y "no puede haber actos de conciliación contra la institución".

Las familias, en este sentido, recuerdan que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, tiene solicitados actos similares con Pedro Sánchez y con María Jesús Montero.

“¡No me ponga morritos, que me descentro!”, son las palabras que el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha dicho a la diputada de Más Madrid, María Luisa Escalante, durante su intervención de este jueves en la Asamblea de Madrid y que ha desatado la polémica en el hemiciclo.

“Es una expresión sexista y machista que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico, así que retírelo por favor. Y el otro diputado que está por detrás haciéndome gestitos...”, ha protestado Escalante tras el discurso de Rodrigo, pidiendo que no se permitan este tipo de comentarios en la Asamblea. "¡Ya está bien de que las instituciones se sigan usando para atacar a la dignidad de las mujeres! ¡Ese tipo de cosas no se pueden decir! ¡Estamos en el año 2025!”, ha zanjado la diputada de Más Madrid.

Tras la protesta, Rodrigo ha intervenido de nuevo desde la bancada del PP, para pedir disculpas a Escalante, aunque aludiendo a que había sido la propia diputada quien le había malinterpretado: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Además del propio grupo de Más Madrid, también el PSOE ha protestado por las palabras de Rodrigo: "Desde luego señor consejero no está usted muy acertado en los plenos. No sé si es más grave que un consejero tenga este tipo de intervenciones, o que las mujeres del PP aplaudan este tipo de acciones", ha señalado el diputado socialista Rafael Martínez.

El exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato podrá reincorporarse a su puesto en la Agencia Tributaria y continuar como diputado en la Asamblea de Madrid, de la que percibiría un salario por "dedicación no exclusiva".

Los diputados de la Asamblea deben declarar formalmente las actividades públicas o privadas que desempeñen, por lo que Lobato tendrá un plazo de 30 días naturales para notificar su reincorporación como técnico de Hacienda, si bien fuentes de la Cámara regional han confirmado a EFE que no hay incompatibilidad al respecto, ya que se han producido casos similares al del exsecretario general del PSOE de Madrid.

La Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado valorará la petición de Lobato y, posteriormente, será elevada a la Mesa de la Asamblea.

Según consta en los datos de Transparencia de la Asamblea de Madrid, Lobato ya percibe 1.271,20 euros brutos mensuales de la Cámara regional en concepto de indemnización por "no exclusividad", puesto que renunció a su sueldo como parlamentario autonómico para percibir el del Senado. No puede cobrar al mismo tiempo la retribución como parlamentario de ambas cámaras y, como es habitual entre ellos, eligió la del Senado.

Tras la ratificación de Óscar López como secretario general del PSOE de Madrid y la designación de la nueva dirección del grupo parlamentario, Lobato manifestó su intención de permanecer como senador y, para ello, enunciaría a su sueldo como parlamentario.

Pero el artículo 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) señala que "la condición de diputado y senador es incompatible con el ejercicio de la función pública", y reserva las compatibilidades para otros casos, como por ejemplo la docencia universitaria.

Además, Lobato es senador por designación autonómica de la Asamblea de Madrid, por lo que la nueva dirección del PSOE en la Cámara regional podría proponer a otro miembro del grupo parlamentario para que ocupe su puesto, si bien este nombramiento debe ser ratificado en el pleno, por lo que necesitaría el apoyo del PP, que ostenta la mayoría absoluta.

El exsecretario general del PSOE en Madrid Juan Lobato ha anunciado este lunes que continuará como senador en el nuevo período de sesiones, pero sin sueldo, en una labor que compaginará con su puesto en la Agencia Tributaria.

Lobato ha dado a conocer su renuncia a la asignación salarial del Senado en un comunicado en la red social Bluesky, un día después de que el congreso regional del PSOE haya ratificado al ministro Óscar López como su sustituto al frente de los socialistas madrileños. "Es bueno que quienes nos dedicamos en algún momento a la política tengamos una carrera profesional y no nos desvinculemos de ella", afirma Lobato, para quien "nunca hay que estar en la política para vivir de la política".

Subraya que "recuperar contexto y realidad social es muy conveniente cada cierto tiempo" y añade que este momento en una buena ocasión para hacerlo, ahora que ya está fuera de la primera línea política después de nueve años como alcalde y portavoz parlamentario.

Según dice, esta decisión le facilitará "para futuras etapas políticas" poder disponer de "una concepción profunda y actualizada de la realidad en el ámbito profesional y fuera de la política".

Lobato considera además un deber completar el trabajo desarrollado en las comisiones de Hacienda, Economía y Comunidades Autónomas del Senado y puntualiza que compaginar participación política y trabajo profesional "es algo deseable y además común en la inmensa mayoría de los 'políticos' de este país" de todos los partidos sin distinción.

"Políticos/as municipales con mayúsculas que viven de su sueldo profesional y que dedican su tiempo y esfuerzos a sus vecinos sin esperar tener un sueldo público", destaca el exlíder del PSOE en la Comunidad de Madrid.

El exsecretario general pretende reincorporarse a su puesto en la Agencia Tributaria y asistir a las sesiones del Senado mediante el permiso que tienen los funcionarios para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.

Lobato lo ha explicado así este lunes, unas horas después de publicar en su cuenta de Bluesky que quiere volver a ejercer como funcionario y al mismo tiempo seguir siendo senador, aunque sin cobrar el sueldo como parlamentario.

Acerca de la prohibición que dicta la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo 157.2, para ejercer al mismo tiempo como senador y funcionario, Lobato ha indicado que habrá que ver qué dice la Comisión de Incompatibilidades del Senado en su momento.

En este sentido, ha señalado que aún no ha solicitado en el Senado dejar de percibir la retribución y ha admitido que "cuando llegue el momento y lo registre" serán los senadores de esa comisión los que tendrán que validar su intención de dejar de cobrar de la Cámara Alta y reincorporarse a la Agencia Tributaria. "Veremos qué dicen. Hay tiempo", ha apuntado Lobato en referencia a lo que tendrá que decidir la Comisión de Incompatibilidades del Senado. 

"Porque lo hemos vivido en primera persona y sabemos lo ocurrido, pedimos que nuestra experiencia sea escuchada en la Asamblea de Madrid". Ese era el deseo que un grupo de familiares de ancianos fallecidos en residencias de la región trasladaron este miércoles a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Lo hicieron a través de una carta que le hicieron llegar a ella y a los grupos de la oposición, que fueron quienes hicieron por cumplirlo. Fue durante la primera jornada de debate de los Presupuestos celebrada este jueves en la Cámara regional, exactamente una semana después de que la conservadora se hiciese eco de otra misiva. Pero muy distinta. Este jueves, además, la conservadora ni siquiera estuvo presente.

La encargada fue la diputada socialista Lorena Morales, que usó su turno de palabra para dar voz a las 7291 familias que no sólo se sienten olvidadas, sino también despreciadas. Lo hizo al final de una intervención en la que denunció el "apartheid sanitario" que supusieron los Protocolos de la Vergüenza y la "falta de humanidad" que demuestra el Ejecutivo aprobando unas cuentas en la que "toda la inversión en residencias va para empresas controladas por fondos buitre". "No han aprendido nada", lamentó la socialista. Y por eso no quieren escuchar a las víctimas, consideró.

Ellas son muy claras en su carta: "La Comunidad de Madrid olvidó situar a las residencias en el epicentro de sus preocupaciones y [...] cuando se actuó se hizo en contra de los derechos de los residentes", lamentan en su carta, enviada también a infoLibre (y disponible en este enlace). No se derivó a los ancianos enfermos a los hospitales, recuerdan, pero tampoco se medicalizaron las residencias. Ni se aprovecharon los hospitales privados. Ni el recurso de Ifema. "Murieron de forma indigna porque usted pensaba que se iban a morir igual", señalan.

Lo llevan haciendo más de cuatro años. Pero es que además a eso se suma lo que consideran un desprecio continuo. Y que tuvo su última expresión el jueves pasado, cuando Ayuso tomó la palabra desde su escaño para leer, en este caso, la carta enviada supuestamente por Raúl, el hijo de un fallecido en un geriátrico que quiso aplaudir la gestión del Ejecutivo conservador. Y, de paso, criticar a la oposición "vil y miserable" que utiliza a los fallecidos en geriátricos para "arañar un puñado de votos". "No se puede ser más vil y miserable, porque no quiero que el recuerdo de un buen hombre y mejor padre, esposo y abuelo, justo y entrañable, sea mancillado por una secta carente de moralidad ética", señalaba la carta.

Tras su lectura, que levantó los aplausos de la bancada conservadora, el PSOE solicitó una copia del documento, que no fue entregado. infoLibre también trató de conseguirla en repetidas ocasiones, pero ni siquiera obtuvo respuesta por parte de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. La misiva, no obstante, finalizaba con el autor indicando no tener "problema alguno" en desvelar su identidad.

Las familias que este miércoles registraron su propia carta ya contaban con que Ayuso no la leería. Ni en la Asamblea ni fuera de ella. Pero aun así señalan que seguirán luchando. "Para que se sepa la verdad, se haga justicia y se depuren responsabilidades políticas", dicen.

Lo llevan haciendo todo este tiempo tanto fuera como dentro de los tribunales. Actualmente, y según los datos de la plataforma Marea de Residencias, sigue habiendo alrededor de un centenar de querellas en juzgados de instrucción, un número al que hay que sumar otras 75 en el Tribunal Constitucional. Además, el pasado mes de octubre 109 denunciantes presentaron ante la Fiscalía de Madrid una nueva denuncia por un supuesto delito de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios". Y también han acudido a Bruselas. La última vez el pasado 11 de diciembre, cuando reiteraron su petición de que el Parlamento Europeo investigue lo sucedido.

En apenas unos meses se cumplirán cinco años de la aplicación de los Protocolos de la Vergüenza y, con ello, llegará la prescripción de muchos de los delitos que las víctimas han puesto en conocimiento de los jueces.

Basta ya. La comunidad universitaria volverá a salir este jueves a la calle para plantar cara a la infrafinanciación y los recortes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Junta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid se ha sumado, a través de un comunicado publicado en su portal web, a la denuncia de los rectores de las seis universidades públicas de la capital. Y es que, con la financiación ofrecida por la presidenta madrileña, la viabilidad de sus centros —y de la educación superior pública— se encuentra gravemente amenazada.

"Esta dotación, claramente insuficiente, pone en riesgo nuestro funcionamiento ordinario", protestan desde la Facultad. Ante la gravedad de la situación, la Junta exige la retirada oficial del título de alumna Ilustre a la presidenta de la comunidad por sus decisiones financieras, "que condenan a las universidades públicas madrileñas a la insostenibilidad". "Nos resulta inexplicable que, con todos los datos y explicaciones aportadas, en un momento de bonanza económica, el gobierno de la Comunidad siga adelante con sus planes económicos, aportando una cantidad de dinero que sigue muy lejos del mínimo exigido por la CRUMA", insisten. El mínimo para asegurar su mera subsistencia.

Van aún más lejos, acusando al Gobierno autonómico de incumplir la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece avanzar hacia una financiación mínima de las universidades de un 1% del PIB para 2030. "De ahí que solicitemos formalmente a nuestro Rectorado la presentación de una demanda judicial frente al Gobierno de la Comunidad de Madrid", exponen. También piden el amparo del Gobierno central y del Defensor del Pueblo, actores imprescindibles para proteger su función social y la autonomía de sus centros, sancionadas por la Constitución. Y que están en riesgo por la ruinosa gestión del gobierno autonómico madrileño.

Hay que pasar a la acción. Por eso, han aprovechado el comunicado para correr la voz sobre una nueva concentración, convocada por sindicatos y colectivos universitarios, en defensa de la educación pública. Tendrá lugar este jueves 19 de diciembre a las 12 horas frente las puertas de la Asamblea de Madrid. "Manifiestamos de manera expresa nuestro apoyo a cuantas iniciativas, individuales y colectivas, que, como esta, puedan contribuir de manera eficaz y responsable a la defensa de las universidades públicas y al mejor conocimiento por parte de la sociedad de la situación crítica en la que se encuentran", sostienen desde el centro.

También se dirigen al resto de la comunidad universitaria para pedir que durante las jornadas de protesta no se calendaricen actividades académicas no recuperables. "Para facilitar la asistencia de toda la comunidad universitaria a estas movilizaciones", desarrolla. Pero, por encima de todo, llaman a una asistencia multitudinaria de alumnos, profesores y miembros del PAS. Toca salir a defender lo que es de todos.

Un paso al frente. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, se ha lanzado oficialmente este jueves a las primarias del PSOE de Madrid prometiendo un "proyecto de izquierda valiente" para ganar al "trumpismo" de Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de convertir la comunidad en el "epicentro de la peor política, del bulo y de la mentira".

López verbalizó su candidatura para ser el próximo secretario general del PSOE de Madrid tras la dimisión de Juan Lobato en una rueda de prensa en la agrupación Centro de Madrid, donde acudieron a arroparle algunos compañeros como Reyes Maroto, Mercedes González, Pedro Barrero y Javier Rodríguez Palacios.

"Vamos a ganar Madrid, sé el truco de la derecha, que es sembrar la desafección", señaló López, que se puso como principal meta acabar con la baja participación en zonas obreras, indicando, como ejemplo, que en Vallecas no vota ni el 50%. Por eso, cree esencial que todos los progresistas sepan que hay un proyecto "fuerte y valiente". "Vamos a por todas", añadió el dirigente socialista, que piensa seguir también como ministro.

Según explicó, no considera un hándicap no estar en la Asamblea de Madrid para hacer frente a Ayuso. Basará su labor en contar "la verdad" que saben "millones de madrileños", a la vez que ironizó, ante las burlas de los populares sobre su candidatura, que "ha notado el cariño del PP de Madrid": "Nos vamos a divertir".

Los aspirantes a la Secretaría General del PSOE de Madrid tiene de plazo para presentarse hasta el próximo sábado. López comentó que su decisión es "estrictamente personal" y que la ha tomado como parte de un "servicio público" para terminar con los gobiernos del PP en Madrid, que han convertido a Madrid en un lugar de "insulto y de crispación". Y quiso remarcar que él se afilió hace 28 años en la agrupación de Canillejas el día después de que Felipe González perdiera ante José María Aznar. "Nunca me han gustado las cosas fáciles", bromeó.

López exhibió como uno de sus puntos fuertes la "experiencia" para diferenciarse de la época en la que concurrió en Castilla y León: "He aprendido de los mejores". "He trabajado como una bestia, siempre en equipo, sumando gente", añadió el titular de Transformación Digital, que, no obstante, no quiso dar ningún nombre de su futuro equipo. Confesó que la mayoría de mensajes que ha recibido estos días iban en la misma dirección: "Ten cuidado". Y eso es lo que quiere combatir: el estilo de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez de amenazas y coacciones a medios.

"Conozco muy bien las técnicas de la derecha y de la fachosfera, cómo destrozan a los rivales. Soy plenamente consciente de que me enfrento a la maquinaria de bulos y de fango. Pero va a haber un proyecto de izquierdas y vamos a ganar Madrid. Sé que mucha gente no lo piensa, pero quedan dos años y medio", lanzó durante la rueda de prensa.

Asimismo hizo una defensa cerrada de Pilar Sánchez Acera, en el ojo del huracán por la conversación de Whatsapp que llevó al notario Juan Lobato. “Siempre defenderé a compañeros leales como Sánchez Acera, no hay nada que temer”. indicó en respuesta a si temía que terminara siendo imputada por el Tribunal Supremo la que fuera su jefa de gabinete dentro de la causa por la supuesta filtración del fiscal general del Estado de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso dentro del proceso por su fraude fiscal.

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada será el nuevo portavoz del grupo parlamentario, tras la dimisión de Juan Lobato como secretario general del PSOE-M, quien aún se mantiene como diputado dentro de la Cámara madrileña, según han trasladado a EFE fuentes parlamentarias.

El grupo socialista ha entregado este viernes el escrito a la Mesa de la Asamblea, según han informado esas mismas fuentes, para realizar el cambio de portavocía, que también incluye a Marta Bernardo como portavoz adjunta del grupo.

Celada, quien había ocupado hasta ahora el cargo de portavoz adjunto, será la nueva cara visible del grupo parlamentario socialista en el parlamento regional. Nacido en Madrid en 1976, es ingeniero de profesión y fue director general de Políticas de Discapacidad entre 2018 y 2021. Bernardo seguirá en su puesto como portavoz adjunta; el cargo que desempeñaba, siendo la número dos de Lobato y secretaria de Organización del partido en Madrid.

Según han trasladado fuentes socialistas a EFE, esta decisión trata de lograr una "transición tranquila" en la Asamblea de Madrid, después de la dimisión de Lobato de la secretaría general, y, añaden, los cambios de estructura en el grupo parlamentario se harán previsiblemente tras las primarias que elijan al nuevo líder del PSOE-M.

Además, señalan que era necesario un portavoz que haga la transición durante las próximas semanas en la Asamblea de Madrid, tanto de cara a la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del próximo lunes, como a los plenos sobre los presupuestos regionales donde la posición del PSOE-M será defendida por el diputado encargado de esas cuentas, Fernando Fernández Lara, que además forma parte de la nueva gestora que se ha hecho cargo del partido.

El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso ha conseguido sentar este miércoles a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Asamblea de Madrid. Este paso del PP madrileño —que no ha dado la formación a nivel nacional en el Senado— es el enésimo intento por parte de la presidenta madrileña de utilizar la Asamblea como cámara de eco de los debates nacionales gracias a su mayoría absoluta. La expectación ante la comparecencia de Gómez ha provocado una avalancha de acreditaciones de periodistas, obligando a coordinar un dispositivo de seguridad diseñado entre los especialistas de La Moncloa y la Asamblea madrileña.

La comparecencia de Gómez se ha producido este miércoles después de que el pasado mes de junio el PP registrara una comisión de investigación "sobre la actuación del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, para esclarecer qué favores hizo a Begoña Gómez" en su relación profesional con la Universidad Complutense. La mujer de Sánchez se ha acogido a su derecho a no responder, no sin antes señalar que la comisión "tiene un objetivo político evidente" pero que "la verdad pondrá las cosas en su sitio" ante lo que definió como una campaña de "denuncias judiciales, bulos y difamaciones" sobre su persona.

Las portavoces de PP y Vox han convertido la sesión en un duro y bronco interrogatorio sobre sus méritos profesionales, asegurando que no se deben a sus capacidades sino a ser "mujer de" Sánchez, sin respuesta alguna de la interpelada. Tras Gómez ha sido el turno de Goyache, también investigado, que ha desmontado las sospechas que han vertido las derechas sobre el supuesto trato de favor sobre la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

Por su parte, la izquierda madrileña ha calificado como "show" lo ocurrido este miércoles. "Lo que hemos visto hoy es un salto cualitativo en el asalto del Partido Popular a las instituciones madrileñas. Los diputados de Ayuso han orquestado un show en forma de comisión de investigación con el único objeto de hacer escarnio público de una sola persona, cuando se han negado a fiscalizar en la Asamblea cualquier otro tema como los Protocolos de la Vergüenza o los negocios del Grupo Quirón con la Comunidad de Madrid", lamenta la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en conversación con infoLibre.

Un argumento compartido por el líder de los socialistas, Juan Lobato, que tras la comparecencia se ha preguntado cómo es posible que en treinta años no haya sido citado en la Asamblea "un expresidente que ha estado en la cárcel como fue Ignacio González" y sí haya acudido "la mujer del presidente del Gobierno de España" simplemente por serlo. "Es una especie de linchamiento público", ha recriminado el portavoz socialista. Bergerot lamenta que el PP de Ayuso ha "abusado" del proceso "desde la constitución de la comisión, la definición de las normas y la moderación del debate, que ha sido absolutamente vergonzosa".

Lo cierto es que, tal y como apuntan Bergerot y Lobato, el mismo partido que ha impedido sistemáticamente cualquier iniciativa para fiscalizar al Ejecutivo de Ayuso con la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, las amenazas del jefe de gabinete de la presidenta madrileña a varios medios de comunicación o las contrataciones con el grupo sanitario Quirón por ser "asuntos de otra legislatura” o adolecer de "falta de concreción", sí ha considerado adecuado investigar sobre Gómez. Según su razonamiento, el interés público se debe a que las instituciones involucradas "entran dentro del marco competencial de la Comunidad de Madrid".

El PP de Ayuso se ha negado en ocho ocasiones a abrir una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. En junio de 2020, cuando el PP no tenía mayoría absoluta, el Parlamento autonómico constituyó la Comisión de investigación sobre la situación provocada por el covid-19 en los centros residenciales de personas mayores de la comunidad y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. Tan sólo entre dos de ellos, marzo y abril, murieron 9.468 personas (el 77% de ellas sin derivación hospitalaria). Sin embargo, sólo se celebraron ocho sesiones. El adelanto electoral provocó frenar en seco el trabajo, que nunca volvió a retomarse porque PP y Vox lo impidieron.

Su justificación ha sido siempre la misma. A juicio de los conservadores, no ha tenido sentido retomar los trabajos porque los partidos de izquierda "ya tienen las conclusiones" claras, por lo que sólo quieren "convencer de su verdad". Así lo dijo el número dos de Ayuso en la Asamblea, Alfonso Serrano, que a su vez acusó a la oposición madrileña de "usar las desgracias y cabalgar sobre el dolor para hacer política".

Fue el PSOE quien pidió que se remitieran a la Cámara de Cuentas todas las operaciones contractuales desarrolladas entre 2020 y 2023 con el gigante sanitario Quirón, máximo beneficiario de la privatización hospitalaria impulsada por Esperanza Aguirre y gran cliente de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El muro de la mayoría absoluta del PP, que en la comisión de presupuestos de la Asamblea madrileña tumbó este iniciativa, que propugnaba una fiscalización específica y que recibió el apoyo no solo de Más Madrid sino también de Vox. Lo que sostuvo la formación de Ayuso es que se trataba de solo “un intento más de hablar de una trama que no existe”. “La única trama que existe con hechos concretos –espetó el diputado conservador Ángel Francisco Alonso– es la del caso Koldo".

Más Madrid, por su parte, registró un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) frente al veto del PP madrileño a que la Asamblea regional investigue, y debata, las distintas aristas del caso que afecta a González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. Los conservadores siempre se han negado a auditar la relación entre la Comunidad y el grupo Quirón.

El Partido Popular también se ha negado a que se investiguen los contratos sospechosos realizados por los procedimientos de emergencia durante la pandemia. Lo hizo tras después de los diputados de Más Madrid presentaran formalmente la solicitud en febrero de este año. Días más tarde, el 1 de marzo de 2024, la Mesa de la Asamblea decidía no admitir a trámite esta solicitud, argumentando motivos reglamentarios. Los de Manuela Bergerot presentaron un recurso de reconsideración, pero la respuesta fue la misma. Al igual que en legislaturas pasadas la petición, registrada también por el PSOE y Unidas Podemos, fue rechazada.

Los conservadores, además, se escudan en la ley de transparencia, que obliga a la publicación en un portal específico de los contratos del Gobierno regional, para limitar e intentar reformular las competencias de la comisión parlamentaria de vigilancia de las contrataciones.

A finales de julio el PP de Isabel Díaz Ayuso impidió que la Asamblea investigara por qué la construcción de la línea 7B del metro provocó el derribo a 73 viviendas de San Fernando de Henares, un municipio de 40.000 habitantes al este de la Comunidad de Madrid. La petición de comisión fue de Más Madrid y la formación de Ayuso la tumbó alegando que como la 7B fue inaugurada en 2007, le correspondía rendir cuentas a a gobiernos anteriores.

En el centro de esa decisión estuvo el Gobierno de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007, con Esperanza Aguirre a la cabeza, una de las madrinas políticas de Ayuso. Sin embargo, el el último intento de salvar la infraestructura se está produciendo ahora bajo el mandato del actual Ejecutivo madrileño. Aunque Ayuso ha tratado de responsabilizar también a los ayuntamientos de Henares y Coslada, los informes y la sentencia que apuntan a que la responsabilidad fue del Gobierno regional por las prisas electorales.

La mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, está blindado en el PP madrileño. El pasado mes de marzo el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid vertió acusaciones falsas y amenazas contra periodistas tras desvelarse la investigación de González Amador. Los partidos de la izquierda parlamentaria pidieron su dimisión y le llamaron a comparecer en la Asamblea, pero los conservadores se negaron alegando que Rodríguez no tenía funciones ejecutivas, sino de asesoramiento, y que, por tanto, no es alto cargo, pese a que así figura en el portal de transparencia.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha acudido este miércoles a la Asamblea de Madrid tras ser llamada a comparecer en la comisión instigada por el Partido Popular que investiga si recibió "trato de favor" por parte de la Universidad Complutense en la cátedra que dirigió, al estar imputada en el proceso penal que el juez Juan Carlos Peinado dirige contra ella. Tras las preguntas iniciales de la portavoz del PP, Mercedes Zarzalejo, Gómez ha despachado rápidamente las cuestiones con una breve comparecencia.

"Soy consciente de que todo esto tiene un objetivo político evidente, solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes", contestó Gómez. "Por esta razón me voy a acoger a mi derecho a no responder, tras cumplir con la obligación de estar aquí. Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio", zanjó, dejando clara su intención de no responder a ninguna de las cuestiones planteadas por los portavoces de la Asamblea, ante lo que definió como una campaña de "denuncias judiciales, bulos y difamaciones" sobre su persona.

Previamente, Gómez había señalado que desde hace 25 años trabaja "en consultoría y docencia" y que ha asesorado "a medio centenar de profesionales" en el "sector privado y el tercer sector". "Hace 12 años que inicié una colaboración en la Universidad Complutense como codirectora de un máster para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y de sostenibilidad. Es en el 2020 cuando esta colaboración se amplía con una cátedra extraordinaria, una práctica habitual y no remunerada", señaló. En ese momento Zarzalejo ha tratado de interrumpirla pero la presidenta de la comisión de investigación, Susana Pérez-Quislant, ha dejado que continúe.

La intervención de la portavoz del PP ha girado todo el tiempo sobre la misma cuestión, que Gómez accedió a la cátedra por "ser mujer" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Queremos saber cómo ejerció como profesora universitaria sin serlo, profesora de una cátedra sin méritos para ello, dirigir másters de los que no podría haber sido alumna, financiar una cátedra con unos fondos muy superiores al resto, parece ser que se apropió de un software y, en definitiva, por qué abusó de su condición de esposa del presidente del Gobierno para fabricarse una carrera profesional que hasta entonces nunca había tenido".

La diputada del PP ha acusado a Gómez de "disfrazarse" de directora de cátedra y máster "haciendo valer su condición de esposa" de Pedro Sánchez: "Abusó de su posición como esposa de la presidente del gobierno para fabricarse una carrera profesional que nunca había tenido", ha señalado, infiriendo de la ausencia de respuesta de Gómez que es culpable. "Una persona inocente se defendería con uñas y dientes", ha afirmado.

Zarzalejo —que agotó sus 20 minutos de tiempo, pese a que Gómez no le estaba respondiendo— incluyó otras preguntas durante su intervención sobre asuntos que no están relacionadas con el tema de la comisión, como rescate de más de 400 millones de Globalia, que la Audiencia Provincial ha dejado fuera de la causa, sin que Pérez-Quislant, diputada del PP, le interrumpiera por ello. La misma estrategia de la portavoz de Vox, Ana Cuartero, que sin embargo sí fue interrumpida por la presidenta de la Comisión por desviarse del objeto de la comparecencia.

La diputada ultraderechista acusó a Gómez de "actuar servilmente como testaferro" del presidente del Gobierno y le pidió que se "cuide de no acabar como cabeza de turco": "¿A cuántos cargos llamó Pedro Sánchez hasta conseguir colocarla?", afirmó. "Se ha aprovechado de diferentes instituciones, públicas y privadas", afirmó, atribuyendo a "movimientos en Moncloa" el hecho de que Gómez consiguiera esa cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

Los parlamentarios del PSOE han destacado desde el primer momento que la comparecencia de Gómez formaba parte de un "show" televisado, en palabras de su portavoz, Marta Bernardo. "Esto no estaba previsto”, han denunciado los socialistas cuando los medios de comunicación han accedido a la sala para hacer fotos con Gómez ya sentada en el estrado. Tras conocer que Gómez no iba a declarar, Bernardo ha pedido suspender la sesión. "Sería absurdo continuar”, aseguró, pero su petición fue rápidamente despachada por la presidenta de la Comisión.

Bernardo también ha criticado la existencia esta esta comisión de investigación mientras la Asamblea "ha vetado hasta cinco ocasiones durante los últimos años que se pudiera celebrar una comisión de investigación para saber la verdad de lo ocurrido con las 7.200 personas fallecidas en las residencias", tal y como reveló infoLibre hace cuatro años.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también ha utilizado la palabra "show" para definir lo ocurrido este miércoles y ha protagonizado un duro rifirrafe con Pérez-Quislant ya que ésta, al igual que ha sucedido con Bernardo, le ha llamado al orden en varias ocasiones por sus preguntas. "Además de censurarnos nos quieren decir qué es lo que podemos preguntar”, ha lamentado.

 La investigación judicial que el juez peinado inició contra Gómez por su actividad en la Universidad Complutense giró en un primer momento en torno a dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Bajo la lupa se situaron una serie de contratos adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés y unas cartas de recomendación que el empresario habría aportado a una de estas licitaciones –alguna suscrita por la mujer del presidente–. Pero poco a poco, el objeto se fue extendiendo. Hasta que terminó abarcando también los másters y la cátedra que Gómez ha ostentado en la citada universidad madrileña. Una investigación que la Audiencia Provincial de Madrid se ha encargado de avalar.

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, investigado también en esa causa, ha negado sin embargo cualquier trato de favor hacia Gómez. "Desde luego que no", afirmó. Cuestionado por las diputadas de PP y Vox ha asegurado que se reunió con la esposa de Sánchez en Moncloa para tratar sobre la creación de una cátedra en el Palacio de la Moncloa porque la pandemia impedía celebrar la reunión en la universidad. "Propuso intentar vernos donde hacía su actividad como docente pero estaba cerrada, el rectorado estaba prácticamente cerrado, propuso hacer videoconferencia, pero al final propuso ir al palacio de La Moncloa y no tuve ningún inconveniente, iba a ser más fácil por temas de seguridad", señaló. El rector de la Complutense también ha aclarado, a preguntas de Zarzalejo, que en su reunión con Gómez en Moncloa no vio en ningún momento a Pedro Sánchez.

Goyache también ha indicado que existen en la universidad medio centenar de cátedras extraordinarias similares a la que codirigió la esposa del presidente del Gobierno, si bien ha especificado que no le consta que ninguna de ellas esté dirigida por ninguna persona sin titulación superior y que no está vinculada a la universidad, ha añadido que "la experiencia de la señora Gómez y la relación desde hace muchos años en la formación a través de los títulos de formación continua" la hacían adecuada para el puesto. En ese sentido ha afirmado que sí se puede "no ser doctor ni titulado y proponer o dirigir una cátedra".

El foco político y mediático vuelve a situarse sobre la cabeza de Begoña Gómez. Tras varios meses de investigación, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que afrontar otra semana horribilis por su actividad en la Universidad Complutense de Madrid. Primero, deberá sentarse, el próximo miércoles, en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que indaga sobre el supuesto trato de favor que habría recibido del centro educativo. Y cinco días después, el lunes, estaba previsto que acudiese de nuevo a los juzgados de Plaza de Castilla. Sin embargo, la defensa de Begoña Gómez ha pedido al juez que suspenda su citación del próximo 18 de noviembre por encontrarse de viaje en Brasil con motivo de la cumbre del G-20. En esta citación se le iba a notificar la última querella interpuesta contra ella por otros dos delitos. Una ampliación de la causa que genera dudas entre algunos juristas.

La investigación judicial contra Gómez giró en un primer momento en torno a dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Bajo la lupa se situaron una serie de contratos adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés y unas cartas de recomendación que el empresario habría aportado a una de estas licitaciones –alguna suscrita por la mujer del presidente–. Pero poco a poco, el objeto se fue extendiendo. Hasta que terminó abarcando también los másters y la cátedra que Gómez ha ostentado en la Universidad Complutense. Una investigación que la Audiencia Provincial de Madrid se ha encargado de avalar.

Es esto último, su labor en el centro educativo, lo que ha marcado la última ampliación de la causa. A finales de octubre, el magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, decidió admitir una nueva querella de la asociación ultracatólica Hazte Oír –que ya ejerce como acusación en el procedimiento– que añade al procedimiento, entre otros, el delito de apropiación indebida. En concreto, se acusa a Gómez, quien fuera codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense, de haber inscrito a su favor como titular de una sociedad la marca TSC Transformación Social Competitiva y, porteriormente, un software financiado por empresas privadas para el centro educativo.

Algunos juristas consultados por infoLibre, sin embargo, dudan de que estos hechos puedan encajarse dentro de este tipo penal, que aparece recogido en el artículo 253 del Código Penal: "Serán castigados [...] los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido". Un delito que, en función de la cuantía de lo apropiado, puede llevar aparejada una pena de prisión o una multa.

José Antonio Martín Pallín, abogado y exmagistrado del Tribunal Supremo, considera que sólo pueden tener cabida dentro de este tipo penal aquellas conductas apropiatorias que se ejerzan sobre "bienes muebles". "Podría aplicarse, por ejemplo, si se hubiera quedado con un ordenador que tenía que devolver, pero no cabe para objetos inmateriales, como puede ser un software", completa. Una interpretación similar hacen otros magistrados y juristas. "La apropiación indebida tiene que tener por objeto cosas físicas", considera José Manuel Paredes, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Oviedo.

Para Joan Carbonell, catedrático en la Universitat de València, la inclusión de un programa informático en este tipo penal "solo cabe desde la jurisprudencia creativa". Es decir, aclara Paredes, desde una interpretación que considere que dentro de los "efectos o valores" que menciona el artículo 253 del Código Penal pueden incluirse "bienes inmateriales". "Pero eso sería un caso clarísimo de aplicación analógica extensiva del precepto en contra del reo", opina. Por ello, ambos catedráticos creen que el objeto bajo la lupa encajaría, en lugar de la apropiación indebida, en los delitos contra la propiedad intelectual.

Otras fuentes consultadas, sin embargo, sí consideran que la apropiación de un software puede tener cabida dentro del delito investigado. "La apropiación de cualquier efecto que tenga valor económico, ya sea material o inmaterial, puede encajar en la apropiación indebida", sostiene una magistrada en ejercicio. En el auto de admisión a trámite, Peinado simplemente hace un resumen del contenido de la querella interpuesta por el colectivo ultra y, sin mucha más profundidad ni argumentación, concluye: "Evidentemente, esta conducta podría ser incardinada en el delito de apropiación indebida".

La justicia, en los últimos años, ha abordado pleitos en torno a este tipo penal que giran alrededor de algo inmaterial. En abril de 2022, por ejemplo, el Supremo se pronunció por vez primera sobre el delito de apropiación indebida de un dominio de Internet. La Sala de lo Penal absolvió a los cuatro acusados. Y no por lo inmaterial del objeto, sino porque no se daban el resto de elementos del tipo delictivo. La redacción de este delito establece que el objeto apropiado debe haberse recibido "en depósito, comisión o custodia" o tiene que haberse confiado en virtud de cualquier título "que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos". Algo que no se daba en ese caso.

La Complutense envió el pasado 1 de julio al juzgado que dirige Peinado un informe con el siguiente título: "Posible apropiación indebida de propiedad de la Universidad Complutense de Madrid (Software-Plataforma electrónica)". El documento era el resultado de una pequeña auditoría realizada tras la aparición de algunas informaciones en medios de comunicación. Unas pesquisas que no arrojaron, en parte por la "falta de colaboración" de algunos intervinientes, ningún resultado concluyente: "Las actividades de investigación no permiten alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia, o no, de perjuicio sobre su patrimonio".

El centro educativo, sin embargo, estuvo al tanto en su día del registro por parte de Gómez de la marca para el software, el cual, ha defendido desde el primer momento, era "gratuito" y no integraba "opciones de venta ni de comercialización". Así lo acredita un correo de septiembre de 2022, adelantado por elDiario.es, en el que la Oficina de Patentes y Marcas de la Complutense da a la esposa del presidente indicaciones sobre cómo puede proceder al registro. "Os enviamos un enlace sobre cómo registrar un dominio, puesto que nunca se ha realizado ese trámite desde la OTRI-UCM", escribió la funcionaria.

El pasado mes de septiembre, Gómez avisó a la Complutense que debido a las investigaciones en marcha no iba a realizar "gestión alguna" para la renovación por un año más del dominio "que da soporte" a esa herramienta digital y que ella misma registró "siguiendo las indicaciones" de la universidad. "Dado que el mencionado dominio ni está a nombre de la UCM ni está autorizado por la UCM, le informamos que tampoco la universidad va a actuar en ningún sentido respecto a la renovación del mismo", respondió, días después, el vicerrector de Planificación de la Complutense, José María Coello de Portugal, al tiempo que restó importancia al mail de 2022.

"Cuando venían del otro partido que se llamaba Unidas Podemos, ¿no se llamaba también unidas podemos en torno al macho alfa para que nos meta en una lista?, ¿llegaban a casa solas y borrachas cuando salían con Errejón de noche?". Con esta pregunta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mofado este jueves de Más Madrid en el Pleno de la Asamblea en su primer cara a cara en la Cámara regional con Manuela Bergerot tras el estallido del caso Íñigo Errejón.

Ayuso ha aprovechado una pregunta sobre el cambio climático de la líder de Más Madrid para replicarle si le estaba requiriendo información "por el clima o por el clímax": "Sí, algo sabe su partido de calentamiento. Cuéntame, amiga, yo sí te creo".

Tras preguntarle si el exportavoz de Sumar se va beneficiar de "su ley del sí es sí", también ha cuestionado a Bergerot si es "micromachismo desear azotar hasta hacer sangrar a una periodista", si "le pagaron después al señor Errejón un curso para deconstruir masculinidades y para ir contra el machismo heteropatriarcal", o por "cuánto dinero se llevaron de los puntos violeta".

Ayuso también ha acusado a Bergerot de formar parte de una formación cuyas ideas "son siempre malas" y "desprecian a las mujeres", a las que tratan como "pobrecita, lo que digas es verdad por ser mujer, invirtiendo la carga de prueba". "Ahora resulta que va a ser el Estado de Derecho el que tenga que hacerse cargo de Errejón... ¿No es justicia poética? Lo bueno es que ya se ha visto que todo lo que hacen ustedes asquea a la gente normal, que ya está harta y avisada", ha asegurado Ayuso.

Por su parte, Bergerot ha defendido que Más Madrid garantiza que hacer política es incompatible con ejercer la violencia machista y por eso Errejón ya está fuera de su formación. "Y esa es la diferencia entre nosotros y ustedes que mantienen sentados a cargo acusados de corrupción y no tienen escrúpulos en hacer pactos de gobierno con condenados por violencia machista", argumentó la líder de la oposición madrileña.

Bergerot también ha tenido que responder al estado del proceso abierto en Más Madrid con la todavía diputada regional y exdirectora de Gabinete de Íñigo Errejón, Loreto Arenillas. En respuesta a los periodistas en los pasillos de la Asamblea, ha defendido que Más Madrid está dando "pasos firmes y seguros" para seguir "liderando la oposición".

Más Madrid cesó de sus cargos orgánicos a Arenillas y ella anunció que renunciaría a su acta. Sin embargo, 15 días después, aún no ha hecho efectiva la medida y de hecho ha llevado el "acoso" de la dirección de la formación ante el Comité de Garantías del partido sin descartar llegar hasta los tribunales.

Arenillas no ha asistido este jueves a la sesión y los diputados de Más Madrid han llenado su hueco en segunda fila. Bergerot ha informado de que se puso en contacto este jueves con la dirección del Grupo Parlamentario para informar de que no acudiría sin entrar a hacer más valoraciones.

La consigna es: “Hay que tomar las calles”. Cerca de cuarenta organizaciones sociales han convocado este domingo, 13 de octubre (13O), una manifestación en Madrid unidas bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio. Siguen la estela de otras protestas que ya habían brotado en distintos puntos del país para reivindicar un turismo sostenible, pero buscan centrar el foco en el problema en el que se ha convertido para muchos “acceder a un lugar donde vivir” y que el 13O sea “el pistoletazo de salida de un proceso de movilización social más amplia y duradero en el tiempo” hasta lograr “cambios reales”.

En el caso de la Comunidad de Madrid, los precios de venta de la vivienda siguen acrecentándose por encima de la media nacional. Lo hizo, según datos del Consejo General del Notariado, entre agosto de 2023 y el mismo periodo de este año más de un 5%. Mes en el que, según el índice de precios del portal Idealista, el alquiler alcanzó su máximo histórico en la capital, con una media de casi 20 euros por metro cuadrado. 

El 77% de los habitantes de la ciudad destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Y el 40%, incluso más del 40%. De acuerdo a lo reflejado en un informe de Más Madrid, el parque actual es de 1.537.927 unidades, de las que 211.012 no están destinadas a residencia principal, dado que 80.000 son oficinas o para usos terciarios, 30.000 pisos turísticos y unas 97.178 están vacías. 

“Las rentas en general no paran de subir, los desahucios de familias continúan, los pisos turísticos se multiplican, los fondos buitre están expulsando a los vecinos, las casas de San Fernando de Henares se siguen hundiendo por el desastre de la línea 7B de Metro y la Cañada Real sigue sin luz”, resumen fuentes de las entidades madrileñas organizadoras de la marcha del domingo, quienes añaden que “en Madrid se están llevando a cabo políticas urbanísticas que favorecen la especulación frente al bienestar de la mayoría social”.

Esta semana, a las puertas de la protesta, el PP madrileño que lidera Isabel Díaz Ayuso ha frenado en la Asamblea autonómica una proposición de Más Madrid “para que la vivienda pública protegida lo sea para siempre, no por un periodo tras el que pasar al mercado”, explica el diputado y portavoz de Vivienda de esa formación política, Jorge Moruno. “Se han cerrado en banda”, lamenta, aunque sin sorpresa. Habían “votado que ‘no’ antes a declarar zonas de mercado tensionado, a aplicar el derecho al tanteo y al retracto, que impediría, por ejemplo, que fondos buitres compraran edificios enteros para subir los precios, porque la administración tendría la prioridad para poder comprarlo; o a elevar el presupuesto en vivienda pública hasta los 1.800 millones al año para equipararnos a la inversión por habitante en Viena”, enumera. “Se oponen a todo tipo de herramientas administrativas y legislativas que servirían para facilitar el acceso a la vivienda”, condensa. Y dicen 'no' a “todo lo que es de sentido común en la mayoría de los países de Europa”. 

A juicio de Moruno, “viven en una burbuja, en un terraplanismo inmobiliario”. “La propia Ayuso nos ha acusado de tener ideas de niños de 14 años, cuando lo que proponemos es lo que funciona en los países con los mejores modelos de vivienda del mundo. Son sectarios, tienen una estructura mental autárquica y son incapaces de ver lo que funciona”, sintetiza el diputado de Más Madrid.

Relata que un diputado del PP le llegó a espetar en sede parlamentaria que “eso de Viena es un modelo que 'no ha copiado nadie' porque 'no es bueno', mientras que 'lo que sí se va a copiar y se va a estudiar' es 'el modelo de vivienda con algún tipo de régimen de protección pública de Madrid'”. Engarza que, según ellos, el “Plan Vive”, es "el plan de vivienda asequible más ambicioso de Europa, cuando han entregado en seis años 500 viviendas, mientras solo Viena, que tiene dos millones de habitantes, construye y rehabilita entre 5.000 y 7.000 al año”, lanza.

“Son como el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer”, incide Moruno, para apostillar luego que ejercen de “testaferros del lobby inmobiliario y se ocupan, sobre todo, de blindar el margen de rentabilidad y los beneficios de intereses privados”. “No hacen política de vivienda, son representantes inmobiliarios en la Asamblea de Madrid”, asevera.

Se centra en Ayuso para afearle que tampoco haya dado explicaciones sobre su situación personal, después de hacerse público que disfruta de una vivienda incluida en la madeja judicial y mediática que se ha abierto tras haber sido su pareja, Alberto González, acusado de presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. “Han privatizado el comunismo, han inventado el comunismo oligárquico. Ayuso ni paga hipoteca ni paga alquiler. Vive en un ático de 200 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, pero no quieren que el resto de los madrileños pueda vivir dignamente. No puede ser que la espiral de los precios aspire el dinero de la gente todos los meses, que tengan dos aspiradoras, el patrón y el casero”, concluye. 

Cristina González, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid, confirma que la presidenta madrileña “ni ha aclarado ni pretende aclarar nada sobre su situación personal” y que “no dice que sí a nada de lo que se plantea desde la oposición”. Anota que los socialistas han abogado por que “se aumentara el parque público hasta llegar al 9%, que es la media europea”, pero “dijeron que ‘no’, como a que se ampliara el Bono Joven de Alquiler, cuya gestión ha sido de las peores, respecto a la de otras comunidades, con diferencia”, se queja. 

“El dinero que se está poniendo para las pocas ayudas que dan -une-, viene de los fondos europeos y del Plan Estatal de Vivienda del Gobierno. En éste hay programas a los que las comunidades pueden adherirse, como las ayudas al alquiler para jóvenes y otras más genéricas y para colectivos. Entre las unas y las otras, en cuatro años, la Comunidad de Madrid no ha destinado más de un millón de euros adicionales”.  

González mira hacia atrás para aportar que Ayuso se ha negado igualmente “a regular las zonas con mercados tensionados, sin ningún tipo de justificación”, y pese a que municipios como Parla, Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Rivas, Ciempozuelos, San Fernando, Coslada y Velilla lo han solicitado. Es más, los nueve ayuntamientos de esas localidades barajan armar una iniciativa legislativa popular, dado que “no se les está dejando actuar”. 

Y hay más negativas. “Hemos solicitado que se cerrasen los pisos turísticos ilegales, que repercuten directamente en el alza de precios y no se ponen en el mercado, pero tampoco se ha hecho nada”, censura la diputada. Con todo, el Grupo Socialista confía aún en que “pueda llegar al pleno un proyecto de ley” que presentaron hace unas semanas para modificar la norma de la comunidad que "deja descalificar las viviendas al cabo de unos años”.

González quiere dejar claro que “la comunidad tiene las competencias en vivienda, pero se está limitando a decir que todo lo que tiene que ver con las subidas de precios es por la Ley de Vivienda, que no están aplicando. Mientras en Cataluña, donde sí funciona desde hace un tiempo, se ha demostrado que los precios han bajado entre un 3 y un 5%”. 

Cierra remarcando la idea de que, “no sólo es que se oponga a lo que proponemos los demás, es que es de las comunidades que menos dinero pone para las políticas de vivienda y que más ha subido los precios de la vivienda de protección. De hecho, hay sitios en los que los ha elevado a un 57% y sale más barato una vivienda del mercado libre que una de protección”, advierte.  

Además de la manifestación de Madrid, en Barcelona este domingo, la plataforma No a la Copa América 2024, con el apoyo de organizaciones como el Sindicat de Llogateres i Llogaters, han convocado otra contra ese evento, la Copa de América de Vela, que se celebra en la capital catalana. Y hay más protestas ciudadanas en el horizonte.

El próximo 19 de octubre, por ejemplo en Valencia, la plataforma Valencia s’ofega -Valencia se ahoga- ha llamado a salir a la calle para demandar que la capital se declare zona tensionada. Y ese mismo día en Alicante habrá igualmente una marcha a la que varias organizaciones animan a acudir bajo el lema Casas para vivir. Más adelante, el 9 de noviembre, el movimiento vecinal Málaga para Vivir, ha fechado otra manifestación en esa capital andaluza para reclamar “una ciudad orientada al bienestar de sus habitantes y no a la especulación inmobiliaria”. Algo se mueve.

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ha registrado la comisión de investigación en la Cámara de Vallecas sobre la Universidad Complutense de Madrid y la mujer del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el objetivo de saber si "ha habido nepotismo o irregularidades" y "devolver el buen nombre" al centro universitario, según ha informado Europa Press.

Según ha explicado su portavoz, Carlos Díaz-Pache, en los pasillos de la Asamblea, el objetivo es comprobar si ha habido "irregularidades" tanto en la UCM como en otros centros con sus cátedras y programas. Entiende que a raíz de las informaciones de estos días hace falta "ese esfuerzo investigador en las responsabilidad políticas, pero también académicas respecto a las cátedras". "Si se han financiado adecuadamente, si ha habido empresas que las han financiado como, si ha habido nepotismo, si ha habido algún tipo de irregularidad y eso es lo que vamos a dilucidar en esta Asamblea", ha defendido.

Preguntado por si esas irregularidades eran las de la mujer del presidente, ha dicho que este es uno de ellos ya que "ha obtenido una cátedra y se ha dedicado a buscar financiación y a relacionarse con empresas" según las informaciones de medios de comunicación. "Queremos saber si eso está bien hecho o está mal hecho o ha habido nepotismo o ha habido tratos de favor a esta cátedra por ser de Begoña Gómez, si ha habido tratos de favor a Begoña Gómez para obtener esta cátedra y todo lo que está alrededor de este tema", ha expuesto Díaz-Pache.

A pesar de que este caso es el que ha motivado esta comisión, ha indicado que se constituye de forma "más abierta" y que se podrá preguntar por el caso de Begoña Gómez pero también por otros. Díaz-Pache entiende que deberían pasar por esta comisión las personas que hayan tenido "responsabilidad" en este caso de la UCM, pero que de momento no han elaborado el listado de comparecientes.

Esta comisión no daría sus primeros pasos hasta que se reanudara la actividad parlamentaria este septiembre, después de permanecer cerrada la Asamblea a partir de julio. Estima que podrían comenzar sus trabajos en octubre y que llegarían hasta febrero. Ante las críticas de la oposición que ha censurado que se tumbasen otras comisiones de investigación, el 'popular' ha asegurado que la de la situación de las residencias era "completamente prospectiva para fiscalizar gobiernos anteriores" y que "no tenía ningún sentido" porque era una cuestión "absolutamente política de revisionismo".

"Esto es una comisión de investigación sobre la universidad pública madrileña, sobre algo que sigue en vigor y que está funcionando ahora mismo", ha zanjado Díaz-Pache, quien ha asegurado que los 'populares' llegarían a la misma "sin conclusiones escritas".

Este miércoles fue un acto en Alcorcón. El lunes, 48 horas antes, dos comparecencias en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid. Hace apenas 15 días, dos lonas colgadas en la fachada de dos edificios de viviendas. En marzo, otro acto, aquella vez en Villaverde. El listado de censuras y vetos del PP para charlar, debatir e intentar arrojar luz sobre la tragedia sucedida en las residencias de la Comunidad durante la crisis del coronavirus no para de crecer.

La historia viene de largo. En junio de 2020 el Parlamento autonómico constituyó la Comisión de investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. Tan sólo entre dos de ellos, marzo y abril, murieron 9.468 personas (el 77% de ellas sin derivación hospitalaria). Sin embargo, sólo se celebraron ocho sesiones. El adelanto electoral provocó frenar en seco el trabajo, que nunca ha vuelto a retomarse porque PP y Vox lo han impedido.

Su justificación ha sido siempre la misma. A juicio de los conservadores, no ha tenido sentido retomar los trabajos porque los partidos de izquierda "ya tienen las conclusiones" claras, por lo que sólo quieren "convencer de su verdad". Así lo dijo Alfonso Serrano, que a su vez acusó a la oposición madrileña de "usar las desgracias y cabalgar sobre el dolor para hacer política".

Han llegado incluso a culpar de ello a las propias familias. "Que me digan eso a mí, que precisamente soy una víctima, es absurdo. Se ríen en nuestra cara", lamenta Carmen López, de Marea de Residencias. Sabe bien de lo que habla porque ha vivido en primera persona otro intento de "censura", como ella misma lo califica. También en la Asamblea de Madrid, el 4 de marzo. Acudió allí, a la Comisión de Asuntos Sociales, a petición del grupo socialista. Al sentarse frente al micrófono, lamentó: "7.291 [personas] murieron abandonadas en las propias residencias sin paliativos y solos". El presidente del órgano, el conservador Miguel Ángel Rumayor, interrumpió la intervención: "Perdone, le tengo que llamar a la cuestión porque tiene que usted hablar de la situación de las residencias y está usted hablando de un suceso de hace cuatro años", le espetó.

No fue el único. Pocos minutos después, la diputada del PP Esther Platero acusó a López de "hacer política", de "retorcer el dolor" y de "criminalizar al Gobierno de la Comunidad de Madrid". "Retorcer el dolor es lo que hacen ustedes cuando mienten", respondió López.

Desde entonces, según denuncian PSOE y Más Madrid, ni las familias ni los miembros de aquella Comisión de la Verdad —que cifró en hasta 4.000 el número de mayores que podrían haberse salvado si no se hubiera aplicado el Protocolo de la Vergüenza— han vuelto a pisar esa sala. Ni parece que vayan a volver a hacerlo.

La maquinaria del PP ya ha manifestado que esa es su intención. Y así de hecho se lo han hecho saber a la diputada socialista Lorena Morales y a la de Más Madrid Emilia Sánchez. Esta última, de hecho, lo denunció a través de su perfil en X. "¡Censura! Capítulo 17 sobre la degradación de la democracia en la Asamblea de Madrid. Inauguramos nueva modalidad: la censura preventiva".

Todo ocurrió el lunes. Según narra Morales, el turno para elegir los comparecientes en la próxima Comisión de Asuntos Sociales —fijada para el 3 de junio— era de los socialistas. Su plan era poder con contar con Fernando Lamata, médico, experto en gestión y administración sanitaria y, además, miembro de aquel tribunal ciudadano por la verdad en residencias. Pero el conservador Rumayor se adelantó. "Me dijo que si pretendía activarla que me fuera olvidando", lamenta la diputada. Lo que ella buscaba, concreta, era que el experto explicara las medidas necesarias para mejorar la asistencia sanitaria en las residencias, "pero el presidente hizo un ejercicio de adivinación para anticipar que, en lugar de sobre eso, su comparecencia versaría sobre los Protocolos de la Vergüenza", lamenta.

Tras eso, la atención giro hacia Más Madrid. En su caso habían solicitado la presencia de la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, compañera de Lamata. "El presidente nos espetó que la vendíamos como persona experta, pero que en lugar de eso era posible que hablara sobre el informe la Comisión de la Verdad, así que impediría que acudiera", señala. Lo cierto es que Zunzunegui es doctora en epidemiología por la Universidad de California, profesora de la Universidad de Montréal y cuenta con un amplio bagaje en la investigación científica orientada a las personas mayores.

Pero al PP parece no valerle. Es más, antes de que la Mesa de la Comisión de Asuntos Sociales tomase esta decisión, el presidente de la Mesa de la Asamblea ya había rechazado también su comparecencia. Según argumentó el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, parecía "una especie de fraude". "Lo que se busca [...] es que comparezca para hablar de un informe en el que se ha significado notablemente pero que no acredita que el mismo confiera el carácter de experto", concretó. Según informa Emilia Sánchez, los letrados parlamentarios corrigieron esta decisión.

"Lo normal es que si eso pasa la Comisión de Asuntos Sociales lo acepte. Lo que ha ocurrido es del todo irregular", critica la diputada. "Cualquier cosa que tenga que ver con algo de residencias lo vetan", lamenta. Y desde su partido concretan que en toda la legislatura han tenido que ver más 37 preguntas vetadas en Pleno y más de 45 en Comisión. "Es un intento de negarles a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación y una manera de evitar que la sociedad madrileña hable de que el Gobierno de Ayuso dejó abandonados a 7.291 mayores", añade la líder de la formación, Manuela Bergerot.

En paralelo, recuerda Morales, los conservadores liderados por Ayuso también han maniobrado para que las actas de los bomberos y los agentes de policía que visitaron las residencias durante las peores semanas de la pandemia no vean la luz. Recurrieron incluso a los tribunales alegando que, para publicarlas —a lo que obligó el Consejo de Transparencia—, habría que reelaborar un gran volumen de información, una justificación bajo la que los familiares y la oposición seguían viendo una "estrategia para ocultar lo que realmente ocurrió".

Algunas finalmente se publicaron. infoLibre, de hecho, tuvo acceso a las más de 200 de la Policía Municipal. Pero otras siguen guardadas. Y aunque Morales ha tratado de verlas, tan sólo ha tenido una oportunidad para ojear algunas de Bomberos. "Pedí copias pero no me las han dado. Tampoco me dejaron hacer fotos, ni grabar. La falta de transparencia es total", denuncia.

Pero estos vetos no sólo se han producido en la Asamblea. Fuera de las instituciones, denuncian las familias, el PP de Ayuso también ha tratado de silenciar los actos organizados en torno al informe de la Comisión de la Verdad. E incluso acciones de denuncia de lo ocurrido en las residencias durante los peores meses de la pandemia. Fue el caso de las dos lonas colgadas en la fachada de dos edificios de viviendas de Madrid con el mismo mensaje: "7291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones".

Aparecieron esporádicamente a principios de este mes de mayo. Y las colgó Más Madrid. El PP entonces reaccionó rápidamente a través de una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid en la que argumentaron que los carteles se habían instalado en un "periodo no autorizado para ello", refiriéndose a la antesala de los comicios europeos que se celebrarán el próximo 9 de junio.

Y el organismo les dio la razón porque entendió que los carteles estaban dirigidos "a persuadir al ciudadano para que no vote a un concreto partido político". Ordenaron su retirada y el 10 de mayo la hicieron efectiva. Tan sólo 24 horas después, un anuncio de Mahou ya había rellenado el hueco vacío.

La última polémica tuvo lugar este miércoles, cuando el PP paralizó la presentación del informe de la Comisión por la Verdad que se iba a celebrar esa misma tarde en el Centro Cívico Los Pinos, en Alcorcón. Mediante un escrito a la Junta Electoral de Zona de Madrid, el representante del PP, Jerónimo Escalera Gómez, denunció horas antes de la convocatoria a la alcaldesa del municipio madrileño, la socialista Candelaria Testa, por "promover, publicar y celebrar" este acto "con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo", lo que consideró una "clara contravención" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Dicho de otro modo: utilizaron la misma artimaña que ya les valió con las lonas.

"Esta jornada atenta contra la gestión que se realizó durante una etapa difícil en las residencias de ancianos con una clara intencionalidad política por parte del poder público organizador", destacaba el PP en su denuncia, en la que pedían "anulación inmediata de esta actividad", la "retirada inmediata de las publicaciones realizadas en la web municipal" y la incoación de un "expediente sancionador contra Doña Candelaria Testa Romero".

Hicieron algo parecido hace dos meses. En aquella ocasión, fue el Ayuntamiento de Madrid el que censuró la charla Residencias, así se dejó morir a nuestros mayores, que iba a celebrarse en el Salón de Actos del Sociocultural Ágata, en el barrio de Villaverde. Sin embargo, la Junta Municipal, tan sólo tres días antes del debate y dos después de aprobarlo, cambió de opinión y, vía telefónica, comunicó a los trabajadores que el acto no podía celebrarse. En aquel momento ni siquiera hubo explicaciones.

Las dos charlas se celebraron entonces en la calle, en espacios cercanos a los centros iniciales. Y resultaron más exitosas. "Esta actitud está haciendo que cada vez más gente se vuelque con nosotros. Consiguen lo contrario, darnos publicidad. Y nosotros encantados, porque no nos van a callar", avisa López.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado este jueves a Más Madrid que pretende que las democracias "hagan con Hamás lo mismo que con ETA". "Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando", ha espetado la mandataria autonómica en la sesión de control del Pleno de la Asamblea tras una intervención de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la que ha dedicado gran parte de su tiempo al conflicto en Oriente Medio, según informa Europa Press.

Ayuso ha cargado contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ayer utilizaba la expresión "Palestina será libre desde el río hasta el mar" después del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Consejo de Ministros aprobará el martes el reconocimiento a este Estado.

"Ayer decía su vicepresidenta, desde el río hasta el mar, que es un mensaje criminal despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid. En Madrid viven judíos que no son israelíes. ¿Les quieren echar hasta el mar también a ellos?", ha cuestionado Ayuso al respecto. Asimismo, ha criticado que Más Madrid hable de "convivencia" cuando "quieren arrasar el Estado de Israel".

Por su parte, Bergerot ha defendido en su intervención el reconocimiento del Estado Palestino y que España rompa "relaciones diplomáticas y comerciales con Israel" al tiempo que cree que tendría que "impulsar sanciones" al Gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu hasta "imponer un alto al fuego".

"Señora Ayuso, Más Madrid condenó los ataques de Hamás el primer día que sucedió. Usted no ha tenido una palabra contra los crímenes de guerra de Netanyahu en medio año. Entre las víctimas del genocidio y los genocidas, usted se ha puesto una y otra vez del lado de los genocidas", ha concluido.

El PSOE presentará una denuncia contra Ayuso por sus declaraciones, después de que el líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, solicitase a la dirección nacional de su partido que presente una querella contra la presidenta madrileña. Tras tachar de "espectáculo repugnante" lo ocurrido, ha pedido responder con "respeto y con querellas" ante estos "disparates": "Es un mimetismo absoluto con Milei, no hay ya diferencia".

Tras indicar que no sabe si esta querella "prosperará" pero que "si se presentan cinco y se tumban cuatro pero pasa una, a lo mejor algo crece la democracia", Lobato ha censurado que afirme cosas que pueden valer "injurias y calumnias", un día "en sede parlamentaria, otro presentando unos premios y otro en un acto". "No es solo premiar lo que ha dicho, sino incitar. Dice que se les dijo que mataran, que se les daría un Estado. Eso no es solo premiar sino incitar al terrorismo, invitar a matar porque conseguirán algo a cambio", ha remarcado.

En la misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado que "estudiarán" y "contribuirán" a que el PSOE de Madrid pueda llevar a cabo todas las acciones que considere convenientes para "parar esta ola permanente de insultos", según ha señalado.

La número dos del partido ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser interrogada sobre si el PSOE facilitará la querella solicitada por Lobato. Además, ha calificado de "escandalosas" las palabras de Ayuso y ha lamentado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo no la rectifique.

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha criticado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Hamás y ETA, dado que vienen de alguien a lo que no le importaron la muerte de 7.300 personas en las residencias durante la crisis del covid-19. "Es difícil que alguien a quien no le importó la muerte de 7.300 madrileños en las residencias le importe el asesinato de 35.000 palestinos en el genocidio que está cometiendo Israel. Por fortuna la sociedad española es mejor y la sociedad española quiere detener el genocidio y no hay excusas", ha manifestado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Errejón ha lanzado a Ayuso que el Estado "genocida" de Israel ha perpetrado la muerte de 35.000 palestinos, gran parte de ellos niños, y que la sociedad española quiere detener "esta masacre" porque son un "país puntero en derechos humanos".

Por tanto, ha insistido en que el reconocimiento del Estado palestino el próximo 28 de mayo es una "buena noticia", pero es el principio de más acciones porque el mensaje que toca dar "alto y claro" es que la ofensiva israelí en Gaza es una "barbarie".