La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado de un delito electoral por llegar tarde sin justificación a la mesa en la que le tocó actuar como vocal en las elecciones locales y autonómicas de 2015, y en condiciones que no eran aptas para desempeñar el cargo, por lo que tuvo que sustituirlo un suplente, informa Europa Press.

En concreto, el fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito electoral y solicita que se condene al acusado a 15 meses de multa con una cuota diaria de seis euros, es decir unos 2.700 euros.

La vista oral está señalada para este lunes 30 de enero, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 11.30 horas. La Fiscalía sostiene que el acusado, que en las elecciones autonómicas y locales que se celebraron el 24 de mayo de 2015 había resultado designado Vocal Segundo del Distrito 12, Sección Quinta, Mesa A, de Oviedo, sin que mediara causa alguna que lo justificase para el que había sido designado. Por lo tanto, la mesa tuvo que ser constituida con un suplente.

Pregunta: "¿Tiene algo que reprochar a Montoro por reconocer que en 2000 ya sabía de la fortuna de Pujol y por no haber sancionado a Monedero?"

Respuesta: "Pues sí. Y hay que explicar lo de la Agencia Tributaria... Que yo no digo que haya filtrado mi declaración de la renta... Pero, casualmente, el único año de mi vida en el que he ganado dinero (2013). ¡Y justo el jueves antes de las elecciones! En los trackings [sondeos internos] de ese día bajamos 12 puntos entre los jubilados en Madrid".

Los párrafos anteriores forman parte de una entrevista a Esperanza Aguirre, expresidenta del PP de Madrid, publicada este domingo por el diario El Mundo. Hace justo una semana, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital anunciaba en rueda de prensa que dejaba el liderazgo de la formación regional. En esta entrevista, Aguirre repasa los motivos de su marcha, la situación en el Partido Popular y, además, no pierde la oportunidad de hacer patente su enfado con el titular de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro.

Cuando Aguirre señala que el ministro tiene que explicar "lo de la Agencia Tributaria", se refiere al episodio de su declaración de la renta de 2013, unos datos desvelados por infoLibre el pasado mes de mayo.

La información desvelaba que, de acuerdo con los datos que constan en Hacienda, a los que tuvo acceso este medio, en 2013 Aguirre ganó 369.000 euros como cazatalentos en Seeliger & Conde y otros 5.000 en juegos de azar.

Nada más conocerse la información, Aguirre telefoneó a Montoro para exigirle la apertura de una investigación interna y, además, planteó una denuncia en Fiscalía.

Pocos días después de hacerse públicos estos datos, la expresidenta de los conservadores madrileños no obtenía la mayoría suficiente para hacerse con el Consistorio madrileño. Ya por estas fechas, achacó en parte a estas informaciones sus resultados electorales. Ahora, vuelve a hacerlo: "En los trackings de ese día bajamos 12 puntos entre los jubilados en Madrid"trackings.

Como ha venido insistiendo en los últimos días, Aguirre recalaca en esta entrevista que al PP le falta democracia interna.

Diferentes alcaldes vinculados a Podemos y sus candidaturas ciudadanas, así como representantes nacionalistas de hasta siete comunidades autónomas han escenificado en los últimos meses su distanciamiento de la Corona retirando retratos del rey de sus despachos, desplazando cuadros y bustos del lugar central del salón de plenos o proponiendo cambios en las menciones honoríficas a la familia real de instituciones públicas, informa Europa Press.

Cataluña es la autonomía en la que se han producido más gestos de este tipo. El último de ellos, que está estudiando la Fiscalía, procedió del portavoz de la CUP en Barcelona, Josep Gargantè, que terminó su intervención el miércoles pasado en el Pleno municipal que decidió retirar la Medalla de Oro de la ciudad a la infanta Cristina con los siguientes versos de una canción: "Si el rey quiere corona, corona le daremos. Que venga a Barcelona y el cuello le cortaremos". La formación antisistema explicó con posterioridad que su representante no pretendía amenazar al monarca.

El Ayuntamiento de Barcelona ya fue noticia en julio pasado, cuando retiró del salón de plenos el busto de Juan Carlos I, con el argumento de que ya había dejado de ser rey. La actual regidora, Ada Colau, anunció una revisión de la simbología de la ciudad, al considerar que la monarquía está "sobrerrepresentada" y que, a su juicio, no se reflejan otros símbolos de la tradición local como el republicanismo.

Hasta la fecha, la Delegación del Gobierno en Cataluña ha presentado cuatro recursos contenciosos administrativos contra otros tantos ayuntamientos catalanes por no tener la efigie del rey en el salón de plenos o por no colocarla de manera adecuada.

Los recursos afectan a la ciudad de Barcelona, los ayuntamientos de Badalona y Vacarisses (en la provincia de Barcelona), que no han colocado la imagen de Felipe VI, y a Torredembarra (Tarragona), cuyo salón de plenos tiene una fotografía del monarca, pero la Delegación la considera inadecuada legalmente por ser muy pequeña.

El artículo 85.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales obliga a colocar la efigie del rey "en lugar preferente" del salón de sesiones.

En Galicia, Baleares, Cádiz y Navarra, también se han producido incidentes con el retrato del monarca. El nuevo alcalde de Cádiz, José María González Santos, KichiKichi, decidió reemplazar el retrato de Felipe VI que lucía en su despacho cuando accedió al cargo por otro del anarquista y primer edil de Cádiz durante la Primera República, Fermín Salvochea.

Libertad para decorar el despacho

Lo mismo hicieron otros regidores de diversas localidades gallegas, ya que nada les obliga a tener la imagen del rey en su despacho, que es su lugar de trabajo privado. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), optó por retirar el retrato que lucía en su despacho.

Sin embargo, el cuadro con la efigie del monarca se mantiene en el salón de plenos del consistorio, tal y como estaba con el equipo de gobierno anterior y como manda la normativa, explican a Europa Press fuentes del ayuntamiento.

En Santiago de Compostela el nuevo regidor, Martiño Noriega (de Compostela Aberta), no tuvo que quitar ningún retrato de su despacho porque con el alcalde anterior, del PP, tampoco había. La imagen de los reyes Felipe y Letizia sí luce en cambio en el salón de plenos.

El alcalde de Manzaneda (Orense), el nacionalista David Rodríguez (Anova), guardó el retrato del rey y lo sustituyó por otro de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, considerado uno de los padres del nacionalismo gallego.

En el ayuntamiento de Teo (A Coruña), el retrato del rey está en la actualidad colocado en un lateral del salón de plenos pues en una remodelación de la sala nadie se percató de que había que reservar un lugar preferente para colocar la efigie del monarca y sobre la silla del alcalde se colocó una pantalla para ver proyecciones de vídeo.

En Baleares, la presidenta del Parlamento autonómico, Xelo Huertas (Podemos), también retiró el retrato de Felipe VI de su despacho por sus convicciones republicanas. En el Ayuntamiento de Palma, donde gobierna el Partido Socialista de las Islas Baleares, con el apoyo de MES y Som Palma, el busto del rey se ha trasladado a un lateral del salón de plenos.

Veto a los reyes en los premios Viana

En el Ayuntamiento de Pamplona, donde gobierna EH Bilbu, el retrato de Felipe VI se ha colocado en la pared posterior del salón de plenos, detrás de las últimas filas de asientos reservados al público. Claro que el movimiento más llamativo ha sido la decisión del Gobierno de Navarra de vetar a los reyes en las próximas entregas del Premio Príncipe de Viana.

El Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai) justificó su decisión en que en sus orígenes este premio "nunca estuvo vinculado a la Corona española", si bien la presidenta autonómica señaló que esto no quiere decir que el Gobierno de Navarra no quiera tener una "relación normalizada con todas las instituciones del Estado".

La entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo también suscita rechazo a nivel local. Podemos e IU secundaron una concentración de protesta contra el acto en su última edición, mientras que en los últimos presupuestos municipales (el PSOE gobierna con Podemos e IU) se aprobó recortar en 50.000 euros la subvención que el ayuntamiento concede a la Fundación Princesa de Asturias, por la presión que los socios de los socialistas hicieron en este sentido.

En Girona, ERC y la CUP presentaron una moción conjunta en el ayuntamiento para que la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) pase a llamarse Carles Rahola, en recuerdo al periodista gerundense fusilado en 1939 tras entrar las tropas franquistas en la ciudad.

En Zaragoza, un juez ha tenido que paralizar el cambio de nombre del Pabellón Príncipe Felipe impulsado por el equipo anterior de Gobierno de la Chunta Aragonesista y que ha continuado el Gobierno actual dirigido por Zaragoza en Común.

En verano pasado, el nuevo equipo de Gobierno aprobó un decreto para cambiar el nombre del pabellón, para que pasase a denominarse Pabellón José Luis Abós, en honor al técnico del club de baloncesto de la ciudad fallecido de cáncer.

En Torrevieja (Alicante) acaban de cambiarle el nombre al Pabellón de Deportes Infanta Cristina, que ha pasado a llamarse Palacio de los Deportes de Torrevieja.

Se ha comprado un traje para oficiar las bodas y ha cambiado el cuadro del rey Juan Carlos por el del anarquista Fermín Salvochea, resumen sus críticos. Está intentando parar desahucios y ayudar a los más desfavorecidos, defienden sus seguidores. Lo han llamado chirigotero, lo han criticado por fichar a asesores próximos a su partido y lo han acusado de no dar un palo al agua como profesor liberado en el sindicato Ustea. En sus primeros cinco meses, el nuevo alcalde de Cádiz, José María González, KichiKichi, ha lidiado con verdades, medias verdades y mentiras con más o menos sentido del humor: que si ha quitado la bandera de España, que si ha llamado nazi a Merkel delante del cónsul alemán, que si se ha cambiado de casa…

“Antes de que algún medio me eche la culpa, que conste: no tuve nada que ver en la caída de Márquez. Ánimo crack”, escribió en un tuit sobre el piloto de motociclismo. Lo que no hace ninguna gracia al alcalde de Por Cádiz sí se Puede –la marca afín a Podemos– es el monstruo que se ha encontrado dentro del ayuntamiento, gobernado durante dos décadas por el PP: una deuda de 275 millones de euros que, paradójicamente, lo obliga a depender de los bancos, tan demonizados por sus siglas. Su Gobierno en minoría con Ganemos Cádiz en Común y su dependencia absoluta del PSOE –otra de las bestias negras para Podemos en Andalucía– completan la dura transición de Kichi de la calle a las instituciones.

“La deuda es una enorme losa para que el Gobierno local lleve a cabo las políticas de cambio para las que la ciudadanía le votó y que la ciudad necesita”, explica la portavoz de Podemos en Cádiz, Laura Mingorance, tras la presentación de una campaña sobre la situación de endeudamiento del consistorio: el SimPPa del PP. “Teófila [Martínez] ganó las elecciones de 2011, previo pago de 4,2 millones en publicidad de nuestro bolsillo”, denunció este viernes José María González en su cuenta de Twitter. “Sólo por nacer en Cádiz ya debes 1.750 euros. Como no tienen vergüenza, quieren dar lecciones de gestión”, escribió casi al mismo tiempo la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, actual pareja del alcalde.

Ambos acaban de grabar un spot casero de cara al 20-D en el que se autoproclaman los carteros del cambio. Sin embargo, hasta el momento, las medidas adoptadas en la capital de una provincia con más del 37% de paro, están bastante lejos de las promesas de campaña y de sus anunciadas ganas de darle la vuelta como a un calcetín. El nuevo equipo de Gobierno ha aprobado un protocolo antidesahucios, el propio alcalde se ha reunido con el juez decano para tener constancia a tiempo de los desalojos y varios concejales incluso han intentado pararlos in situ. Pero a la gente la siguen echando de sus casas.

“Uno de los primeros objetivos que me puse cuando tomé en mis manos el bastón de mando como alcalde de Cádiz fue darle una solución a la situación de los gaditanos y gaditanas que viven, o habría que decir habitan, en la Corrala de la Bahía. Casi cuatro meses después de aquel día que abrió esta etapa de ilusión en el Ayuntamiento de Cádiz, la actitud de los propietarios del inmueble y su cerrazón es la única culpable de que estas vecinas y estos vecinos se encuentren en esta situación de precariedad que roza lo inasumible en pleno siglo XXI […] Unos vecinos y vecinas entre los que se encuentran una treintena de niños, motivo más que suficiente para que desde el Banco de Santander, propietario de un edificio que estaba vacío, hubieran accedido a sentarse con este Ayuntamiento para buscar una solución”, escribía hace unos días al banco. A pesar de estos esfuerzos, la Corrala de la Bahía sigue sin luz ni agua. “Estamos esperando a que nos responda el Santander, lo intentamos con Endesa… no podemos hacer más”, lamentan desde el Ayuntamiento.

José María González está ahora en manos de los bancos, que mantienen cautela a la hora de aliviar la asfixia financiera municipal. El ministro Montoro ya ha dado un primer aviso sobre el plazo de pago a proveedores –o pagas o te intervengo, ha venido a decir–, una amenaza y un chantaje intolerable según el equipo de Gobierno. “Según la auditoría interna que se está realizando, la deuda a proveedores ascendía a 43 millones y el tiempo de pago alcanzaba los 153 días. En estos meses hemos reducido la deuda en tres millones y hemos recortado una semana el tiempo de espera, que está ahora en 146 días”, explican fuentes municipales.

Medidas sociales con los presupuestos del PP

Otra dificultad añadida son los presupuestos. Actualmente, el nuevo Gobierno trabaja con las cuentas del PP, prorrogadas desde 2014. “Como estamos en minoría tardamos un mes y medio en aprobar el pleno de organización, con lo cual no pudimos arrancar hasta julio. Luego llegó agosto y en septiembre no compensaba hacer unos presupuestos para este periodo. Queremos tener unos presupuestos para enero de 2016, con las políticas sociales como prioridad y muy participativos”, añaden.

En verano, el Ayuntamiento puso en marcha un plan de continuidad alimentaria que garantizó cuatro comidas diarias a los menores en exclusión social. Las ordenanzas fiscales aprobadas para 2016 incluyen bonificaciones para las empresas que contraten a desempleados en un porcentaje de al menos el 20% de su plantilla, para familias numerosas o por el uso de energía solar. También se están incluyendo cláusulas sociales en las licitaciones. En el último pleno se acaba de aprobar un bono social energético, pionero en España, para combatir la pobreza energética. Según el Ayuntamiento, Eléctrica Cádiz realiza más de 2.000 cortes de suministro cada año. “Seguimos poniendo a nuestra ciudad en el mapa de la dignidad para sacarla del mapa de la miseria. Los suministros vitales deben dejar de ser considerados un lujo y comenzar a ser tratados como lo que son: un derecho. ¡Claro que se puede!”, afirmó el alcalde este mismo viernes.

Sobre transparencia, el equipo de gobierno ha lanzado un portal, pero, según aseguran a infoLibre las mismas fuentes municipales, no está prevista la implantación de las cuentas abiertas que Podemos Andalucía impulsó como medida estrella en el Parlamento autonómico, finalmente fueron rechazadas con los votos en contra del PSOE y la abstención del PP y Ciudadanos.

Bajo la sombra de una moción de censura

Desde el PSOE, el partido que posibilitó la investidura de González, acusan al nuevo alcalde de estar perdiendo una oportunidad histórica: “Apoyamos su investidura por una cuestión ideológica y porque podíamos acabar con 20 años de derecha recalcitrante. Y, sin embargo, estamos viviendo esta situación con mucha frustración porque están demostrando incapacidad de gestión y de diálogo. La ciudad está paralizada, las empresas públicas no están constituidas y hacen una política de fuegos de artificio”, denuncia el portavoz socialista, Fran González. Pone un ejemplo: eliminaron los mensajes propagandísticos que la anterior alcaldesa emitía a través de las pantallas gigantes de Cádiz Conecta, una empresa municipal. “Pero el gasto sigue produciéndose y no hablan a las claras. No sabemos qué uso se le va a dar a esa empresa. Esto no es blanco o negro. Y ellos creen que o se está con ellos o contra ellos y no entienden que están en minoría”, concluye González. Al primer pleno de organización, el alcalde llevó una propuesta de ahorro en gastos de personal de 440.000 euros sin consultarlo con ningún otro grupo. Finalmente, se aprobó un ahorro de 320.000 euros con el apoyo del PSOE.

Los diez concejales del equipo de gobierno están atados de pies y manos frente a los 17 concejales de la oposición (PP, 10; PSOE, 5; C's, 2). Ante esta situación insostenible, en los últimos días, el alcalde ha ofrecido al PSOE un pacto de estabilidad que le permita gobernar los cuatro años. Sin el apoyo de los cinco concejales socialistas, José María González poco puede hacer: “Deben de ser conscientes de que apoyaron la investidura y lo único que pedimos es que nos dejen gobernar, nos dejen trabajar. No es ningún cheque en blanco ni de rendición, sino simplemente que nos dejen trabajar”. El acuerdo incluiría un paquete de medidas para la legislatura y un pacto de no agresión en el que desaparezcan los insultos y las descalificaciones. La sombra de una posible moción de censura no termina de difuminarse.

Los socios de Gobierno, Ganemos Cádiz en Común, admiten también el camino empinado. “Es importante reconocer con sinceridad y sin ningún problema las dificultades de estos meses. Por muchos motivos. Porque somos un Gobierno pequeño, es decir, que tenemos que gestionar entre 10 concejales lo que en la anterior legislatura gestionaban entre 17 concejales. Añadiendo que no tenemos la mayoría y hay que estar constantemente en diálogo con la oposición, y el PSOE no lo ha puesto precisamente fácil hasta ahora. Además, todo el mundo necesita un periodo de adaptación, estamos conociendo la administración por dentro, conociendo con qué presupuestos contamos en cada una de las delegaciones que nos toca, que no es mucho, teniendo en cuenta la enorme deuda que dejó el PP”, afirma el primer teniente de alcalde y portavoz de Ganar Cádiz en Común, Martín Vila. “Estamos conociendo también a los funcionarios y funcionarias con los que vamos a trabajar e incluso conociéndonos entre nosotros mismos, ya que no es un Gobierno monolítico, sino un cogobierno que une a dos organizaciones políticas distintas, muy afines, pero distintas, cada una con su programa detrás, su asamblea, etc. Así que es imposible pensar que de un día para otro uno pueda estar dando el 100% en las áreas que debe gestionar, porque lo primero es conocer”, admite Vila.

Entre las actuaciones en sus áreas de competencia, Vila destaca la celebración de la Semana de la Movilidad Europea, una apuesta por un modelo de movilidad sostenible para el que, asegura, ha retomado las conversaciones con la Junta de Andalucía para que el carril bici empiece a construirse lo antes posible. “Cuando en la anterior etapa la marca de la casa fue el constante enfrentamiento entre la administración autonómica y la local, nosotros estamos por todo lo contrario, por la máxima colaboración por el bien de la ciudad”, añade. La memoria histórica es otra política que diferencia al nuevo ayuntamiento del anterior: prevén iniciar en breve las exhumaciones en el antiguo cementerio de San José. “Un tema –insiste– que también he tenido que desbloquear, puesto que no había una disposición real al respecto por parte del anterior equipo de Gobierno”.

Críticas feroces desde la derecha

En el PP consideran directamente que el nuevo alcalde ha mentido a los gaditanos y que lo único que ha hecho ha sido paralizar proyectos: “Conocían la deuda municipal desde octubre de 2014. Y dijeron que sí se podía. Sus comités de expertos y círculos lo habían previsto todo: 'Sí podemos', le dijeron a los gaditanos. Mintieron”. Desde su gabinete de prensa remiten a un blog que, según el PP, recoge el sentir de muchos gaditanos sobre la historia que está escribiendo Kichi: “Iba a crear el dios del Carnaval y a cargarse a las Ninfas, porque con tantos años de Carnaval ya deberían estar más que 'hartitas', las pobres mías. Explicó cómo es capaz de conciliar su vida familiar con la de alcalde. Descansa un fin de semana sí y el otro no sabemos. Sale en un montón de cadenas, especialmente en La Sexta y Cuatro, porque es un referente de la política nacional. Montó una buena con su amiga Ada Colau en relación con el significado del Día de la Hispanidad. No asistió al Día de la Patrona, pero fue a ponerse una insignia a una cofradía”.

Los que no esperaban nada del alcalde, apenas le han concedido el margen de los primeros cien días. Y entre los que esperaban bastante de él, muchos continúan esperando. El portavoz de Ciudadanos, por su parte, define la situación con una palabra: incertidumbre. “No sabemos a dónde quieren ir, hacia dónde quieren llevar al Ayuntamiento. No es lo mismo hacer una oposición férrea en la calle que gobernar sin estar preparados”, asegura Juan Manuel Pérez Dorao.

En el equipo del alcalde insisten en que su hoja ruta es clara: mantener la lealtad hacia la gente, no hacia los bancos. De momento, en los descansos de los plenos interminables –el último duró casi 14 horas– Kichi sólo puede ofrecer a los gaditanos caramelos, porque como él mismo reconoce “pa tapita de ensaladilla no hay dinero”.

En sus intervenciones públicas el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sigue negándose a aclarar con quién prefiere pactar tras las elecciones generales del 20-D. Y eso a pesar de que las últimas encuestas auguran una posición relevante para su partido de cara a la gobernabilidad del país después de los próximos comicios. Por el momento, el líder de la formación sostiene que él no quiere ser "bisagra de nadie" y pone objeciones a pactar tanto con el PP como con el PSOE. Sin embargo, su formación sí ha tenido que decantarse en algunas ocasiones por apoyar a conservadores o socialistas en el ámbito local.

El análisis de las recientes votaciones de investidura de los principales 78 municipios –todos los que tienen más de 100.000 habitantes más las capitales de provincia aunque no lleguen a esta cifra de población–, de 49 diputaciones y consejos o cabildos insulares y de 14 comunidades autónomas evidencia que Ciudadanos optó en más ocasiones por dar su apoyo al PP que al PSOE. No obstante, en la mayoría de los casos, el partido naranja no fue una fuerza clave para la gobernabilidad en el nuevo mapa autonómico y local y se inclinó en las sesiones de investidura por la abstención o por votar a su propio candidato. 

infoLibre analiza a continuación el sentido del voto de los representantes electos de Ciudadanos en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para determinar a qué formación dieron su apoyo: 

01. ayuntamientos

Ciudadanos obtuvo representación en los consistorios de 66 de las 78 principales ciudades españolas, si bien su capacidad de decidir gobiernos municipales fue muy escasa. Es cierto que, matemáticamente, Ciudadanos podría haber formado mayorías alternativas en un total de 19 grandes ciudades para desbancar a la lista más votada. Entre ellas destacan Murcia, Granada, Almería, Burgos, Santander o Albacete. Se da la circunstancia de que en todos estos municipios fue el PP el partido que ganó las elecciones. 

Sin embargo, cuando se analiza la composición de esas corporaciones, se extrae una conclusión: esas mayorías alternativas exigirían a Ciudadanos llegar a acuerdos tripartitos o cuatripartitos, que en la mayoría de los casos tendrían que incluir además a Izquierda Unida, a las plataformas municipales apoyadas por Podemos o a fuerzas nacionalistas. En declaraciones a infoLibre, el coordinador del Comité de Acuerdos Poselectorales, José María Espejo-Saavedra, admitió que para su partido los tripartitos "no parecen muy interesantes para garantizar la estabilidad".

Además, en otras 42 ciudades el reparto de fuerzas surgido del escrutinio electoral dejaba a Ciudadanos sin capacidad real de decantar el gobierno. Entre estas 42 están las cuatro en las que hubo mayoría absoluta. Esta realidad se explica por diversas razones: o bien otros partidos habían pactado ya una mayoría absoluta para elegir alcalde, o bien el reparto de concejales llevaba a que gobernase la lista más votada. Hay que tener en cuenta que mientras en los parlamentos autonómicos y en las diputaciones basta con una mayoría simple para investir al presidente, en las corporaciones municipales si ningún candidato obtiene una mayoría absoluta pasa a ser alcalde el número uno de la lista más votada.

De los 62 ayuntamientos en los que no hubo mayoría absoluta y C's obtuvo representación, el partido naranja optó mayoritariamente por abstenerse (lo hizo en 24 ayuntamientos) o votar a sus propios candidatos (una estrategia que siguió en 33), evitando así respaldar a otras formaciones. 

El análisis del sentido del voto de los concejales electos de Ciudadanos evidencia, sin embargo, que en cinco de las 78 principales ciudades Ciudadanos abandonó esa estrategia y se significó con el voto a favor a otras formaciones. Así ocurrió en la sexta ciudad de España por volumen de población, Málaga, donde C's votó a favor del PP a pesar de que los conservadores no necesitaban su apoyo, pues la suma de las izquierdas no alcanzaba la mayoría absoluta. Una situación similar se repitió en León y Palencia, donde apoyó al PP, aunque con la abstención de C's habría sido suficiente para que gobernase dicho partido al ser la lista más votada. 

Ese grupo de cinco ciudades se completa con Alicante y Torrevieja, donde Ciudadanos se alió en contra de la lista más votada. La consigna general del partido tras las elecciones del 24-M fue la de evitar ser un obstáculo para "aquellos partidos que asuman que es necesario un cambio de políticas", aunque sí reconocer a la primera fuerza la legitimidad para iniciar las conversaciones. Pues bien, en Alicante el PSOE recuperó la alcaldía tras veinte años de gobiernos conservadores al recibir el apoyo de Guanyar Alacant, Compromís y Ciudadanos. Si el partido naranja se hubiera votado a sí mismo o abstenido, el PP habría mantenido el ayuntamiento por haber sido la lista más votada. 

El caso es similar en Torrevieja, también en la provincia de Alicante, donde Los Verdes y el PSOE –dos años cada uno– se hicieron con la Alcaldía tras contar con el apoyo de todos los miembros del pleno salvo los del PP. En este municipio había gobernado de forma ininterrumpida el PP desde hace 27 años y si el partido naranja no hubiera secundado este pacto lo habría seguido haciendo, al menos, durante cuatro más. 

02. diputaciones 

Albert Rivera aseguró el pasado domingo en un acto en Madrid que el plan de reforma de las instituciones que presentará el próximo 7 de noviembre en Cádiz incluirá la eliminación de las diputaciones y de los "cementerios de elefantes". Según explicó, el objetivo del programa será "modernizar las instituciones" y "suprimir aquellas que ya no son útiles para los ciudadanos". "Ya está bien de tener cementerios de elefantes. Ya está bien de tener diputaciones para colocar a gente. Ya está bien de cargos de confianza", aseveró.

Sin embargo, la realidad es que por el momento su formación tiene representantes en 25 diputaciones, así como en los cabildos de Tenerife y Lanzarote y el consejo insular de Mallorca. En las diputaciones, si no hay mayoría absoluta, es suficiente con la simple para ser investido presidente. Es decir, no ocurre como en los ayuntamientos, donde la ley establece que si ningún candidato obtiene una mayoría absoluta pasa a ser presidente el número uno de la lista más votada.

Tampoco en las diputaciones el voto de los representantes de Ciudadanos fue muy determinante a la hora de forjar mayorías. Sí fue decisivo en Alicante, donde su apoyo al PP evitó que la suma de PSOE, Compromís y Guanyar-EU sacara a los conservadores de la presidencia de esa institución. También votó a favor del PP en Málaga, aunque en esta provincia la alternativa al PP implicaba un cuatripartito que incluía a PSOE, Podemos, IU y C's. Es decir, algo difícilmente planteable en la práctica. 

También declinó entrar en este tipo de pactos con la izquierda en Valladolid y Guadalajara, lo que facilitó que ambas diputaciones quedaran en manos de los conservadores. En las dos instituciones C's se abstuvo.

En Toledo, en cambio, el voto de Ciudadanos decantó la institución hacia un liderazgo del PSOE y evitó que gobernase el PP. En Soria también permitió que gobernasen los socialistas, que tenían mayoría simple, al evitar un pacto con el PP que facilitaba una mayoría alternativa. En este caso, se abstuvo en la votación de investidura. Ciudadanos también apoyó al PSOE en Granada, aunque su voto no era decisivo porque a los socialistas, que fueron primera fuerza, les bastaba con el respaldo de IU para obtener la presidencia. 

03. comunidades autónomas

En el plano autonómico, la formación, que aspiraba a entrar en los trece parlamentos que se renovaron el 24-M, se quedó finalmente fuera de los de Canarias, Castilla-La Mancha y Navarra. Sin embargo, el voto de sus diputados electos sí fue clave a la hora de facilitar la investidura en cuatro de los diez en los que sí obtuvo representación. Antes lo había sido en Andalucía, donde su abstención hizo presidenta a Susana Díaz. 

La casuística en las autonomías en las que hubo elecciones el 24-M varía en los diferentes territorios. En Madrid, Cristina Cifuentes necesitó el voto a favor de Ciudadanos para ser investida presidenta toda vez que PSOE y Podemos mantuvieron desde el inicio que no la apoyarían. Si la formación de Rivera se hubiera abstenido (o, lógicamente, hubiera votado en contra), el PP se habría quedado sin la Comunidad de Madrid. No habría habido bloqueo institucional porque –al contrario de lo que ocurrió en Andalucía– sí podría forjarse otra mayoría alternativa con los 37 escaños del PSOE y los 27 de Podemos.

El caso de Castilla y León, La Rioja y Murcia es similar al andaluz. Como no había una mayoría alternativa al PP, que fue la lista más votada en los tres casos, los conservadores sólo necesitaron la abstención de Ciudadanos en la sesión de investidura aunque no requirieron su voto a favor. Si Ciudadanos hubiera decidido votar en contra del PP en estas autonomías los parlamentos tendrían que haber sido disueltos y se habrían convocado unos nuevos comicios.

En definitiva, se puede concluir que C's facilitó cuatro gobiernos autonómicos al PP (todos los que conservó tras el 24-M) y uno al PSOE.

734.910 personas votaron a Ciudadanos en las últimas elecciones catalanas. Estos apoyos sirven al partido naranja para enviar 25 diputados al Parlament, donde esta legislatura será la primera fuerza no soberanista, por delante de PSC y PP. El resultado del pasado 27 de septiembre confirma que Albert Rivera no patinó al decidir no concurrir personalmente en estas elecciones y apostarlo todo a las generales del 20 de diciembre. Es precisamente en esa cita electoral en la que la formación espera reforzar su posición como único partido con capacidad para pactar a ambos lados del arco político.

Sin embargo, los expertos consultados por infoLibre coinciden en que Ciudadanos no puede permitirse el lujo de mirar a la Moncloa desde la perspectiva catalana. La sensación general es la de que Rivera –a pesar de que sí es ya un político reconocido– no lo va a tener tan “fácil” como Arrimadas en su carrera hasta el 20-D. Aseguran que hay dos factores que fueron determinantes para su éxito en Cataluña y que no son homologables a nivel estatal: la extrema situación de debilidad de PP y PSC en este territorio y el debate en torno al tema nacional en el que Ciudadanos supo presentarse como punto focal en la oposición a la hegemonía de los partidarios de la secesión.

A no ser que se produzca un auténtico terremoto político, los analistas creen que la competición dominante el 20-D volverá a estar, como antaño, entre PP y PSOE. Y aunque teniendo en cuenta que el resultado que puedan obtener tanto Ciudadanos como Podemos puede ser determinante para decantar mayorías de uno u otro color, aseguran que estas dos últimas formaciones van a tener que conformarse con luchar por convertirse en el tercer partido con más diputados en el Congreso en la próxima legislatura. 

infoLibre analiza con la ayuda de sociólogos y politólogos expertos en partidos políticos y sistemas electorales cuáles son las debilidades de Ciudadanos en su carrera hacia la Moncloa: 

01. La pérdida de la centralidad

Con sus postulados a medio camino entre tesis liberales y socialdemócratas y su pretensión de ser el "cambio sensato", los dirigentes de Ciudadanos dicen sentirse cómodos en el centro político. Aseguran que les favorece ser considerados de derechas por el PSOE y de izquierdas por el PP. Y, sin embargo, una de sus debilidades de cara al 20-D –según los expertos consultados por este periódico– puede ser precisamente la pérdida de esa ansiada centralidad.

El análisis de las encuestas que, durante la pasada primavera, pronosticaban el ascenso de Ciudadanos dejaba entrever su gran capacidad de seducción entre el exvotante del PP que no encontraba acomodo en ninguna formación existente hasta el momento y el que llevaba un tiempo instalado en la indefinición. Lo que decían esos sondeos era que una vez desactivada la amenaza de la extrema derecha, el PP asistía a una fuga de votos por el centro de su sector más liberal y reformista.

Sin embargo, constataban también cómo Ciudadanos estaba tomando parte de una masa de huérfanos políticos "variopintos" que no se sentían cómodos en Podemos y estaban desencantados tanto del PSOE como de UPyD. Estos últimos son los votantes que, según los expertos, Ciudadanos tiene menos afianzados de cara al 20-N.

El problema, analiza Berta Barbet, politóloga y doctoranda en la Universidad de Leicester (Reino Unido), es que esa es una masa de votantes “poco estabilizada”. “El discurso de que son el punto medio, el sentido común… les ha funcionado bien, pero puede ser un riesgo si el debate se recrudece y se polariza por algún motivo. Sería difícil tener un votante fiel en estas condiciones”, analiza.

Una opinión similar tiene Pau Marí-Klose, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Cree que si las elecciones se polarizan, es muy posible que el electorado acabe apostando por el caballo ganador. “Si cala la idea de que la única forma de parar al PP es votar al PSOE o de que para que Podemos no tenga relevancia hay que apoyar al PP, Ciudadanos lo va a tener muy complicado. El votante que no perciba a C's como una opción que puede ganar las elecciones, posiblemente se puede acabar yendo con el PP”, señala.

También José Fernández Albertos, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard e investigador permanente en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, recuerda que las últimas encuestas vienen reflejando cómo el votante percibe a Ciudadanos como un partido cada vez más escorado a la derecha. Y asegura que cambiar esa percepción es "algo difícil de evitar cuando se está en la refriega política". "El elector busca atajos para ubicar a los partidos y ahí siempre van a estar los medios de comunicación o la oposición para facilitar que se asiente una idea u otra”, asevera. 

“En abril de 2013 parecía que C's podía convencer al electorado que se sitúa en ese espectro, donde tradicionalmente ha barrido el PSOE y que se disputaba entonces también con Podemos. Pero parece que con el paso del tiempo, el PSOE también se ha recuperado en ese espacio y C's es percibido cada vez más como un partido de centro-derecha. Esa imagen de marca blanca del PP o de partido del Ibex se va asentando y van a tener complicado cambiarla”, dice Marí-Klose.

Es decir, el posicionamiento no buscado del partido de Albert Rivera como una formación cada vez más cercana al PP puede acabar por limitar su proyección entre el votante de centro-izquierda que, en un tiempo, hastiado del PSOE y receloso de Podemos, pudo visualizar una alternativa en esta formación. 

02. La recuperación del PP

Dado que sus hipotéticos votantes son principalmente conservadores, los expertos coinciden en que la proyección de Ciudadanos en los próximos meses y cómo se plasme eso en el resultado electoral del 20-D va a depender –y mucho– de cuál sea la evolución del PP. En este punto destacan dos factores: la recuperación de la economía y los escándalos de corrupción.

“En cierto modo, la recuperación económica parece que le puede cerrar la puerta a C's”, asegura Marí-Klose. “En la medida en que el PP pueda vender el mensaje de que es el artífice de una cierta recuperación, estos sectores se van a ir con el PP. Eso sí, lo que hace vulnerable al PP, la corrupción, fortalece al partido de Albert Rivera”, añade.

Precisamente con el objetivo de frenar un posible ascenso de Ciudadanos en las generales de diciembre, la dirección nacional del PP trabaja en armar una estrategia para “destapar” a Ciudadanos y frenar su ascenso en esta cita electoral. Los conservadores, que ven a C's "en la cresta de la ola", aseguran estar trabajando para destapar sus "contradicciones" y su "nula experiencia de gestión", tal y como adelantó infoLibre. 

La politóloga Berta Barbet ve ciertos riesgos en esta estrategia. "Hay que tener en cuenta que el hecho de no tener experiencia y esas posibilidades de mostrarse limpios son más vistas por una parte del electorado como virtud que como defecto", señala. Por otro lado, Barbet pone en valor el empeño de Ciudadanos por contar con el apoyo de profesionales de prestigio, lo que también contribuye a dar confianza a pesar de que no se cuente con una experiencia directa de gestión política. 

En cualquier caso, la observación de algunas de las propuestas de Ciudadanos –principalmente en el terreno de los derechos civiles– hace surgir la duda de hasta qué punto podrían poner a un exvotante del PP ahora afecto a Ciudadanos al frente de sus propias contradicciones. El partido de Albert Rivera, por ejemplo, defiende al aborto libre hasta las 12 semanas, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo así como revisar el concordato entre el Estado y la Santa Sede o que se cambie la asignatura de religión católica en las escuelas públicas por una de historia de las religiones desde el punto de vista histórico y cultural.

03. Las dificultades para penetrar en algunos electorados

En su etapa exclusivamente catalana el partido de Rivera bebió principalmente de exvotantes del PSC, también del PP, especialmente del eje españolista y buscando un perfil de votante con menos estudios. Entre ellos, muchos emigrantes residentes en el cinturón metropolitano de Barcelona. Ese tirón se volvió a evidenciar este 27-S. Si bien las últimas elecciones (las propias catalanas, las autonómicas y municipales de mayo y las andaluzas de marzo) han mostrado que ha habido un cierto cambio hacia un votante principalmente urbano, con más formación y recursos.

Por ejemplo, en Andalucía, Ciudadanos consiguió el 48,5% de sus apoyos en las doce principales ciudades, donde vive el 35,8% de la población (tres millones de habitantes del total de 8,4). En esta docena de municipios –entre los que están las ocho capitales de provincia–, C's superó en todos la barrera del 11% de los votos.

Fernández Albertos considera que esta dificultad para penetrar en el electorado rural tiene dos causas principales. Por un lado, cree que tiene que ver con los propios mensajes que lanza la formación. “Ciudadanos se ha rodeado de expertos, tecnócratas, gestores… y eso es algo que encaja más con las demandas de un voto más urbano”. Y, por otro, cree que guarda relación con el hecho de que este tipo de elector es más reacio a los cambios. “Es un tipo de votante menos crítico con el PP, que valora más el orden, la estabilidad… también en el ámbito de la izquierda es un espectro en el que el PSOE sigue siendo más atractivo que Podemos”.

Barbet también considera que es en la España más alejada de las grandes urbes en la que Ciudadanos puede tener más dificultades en las generales. A su juicio, eso tiene que ver con el hecho de que se ha abierto una brecha social en el comportamiento político de los electores entre los partidarios de romper y los que son más reacios a que haya un cambio radical. Marí-Klose, por su parte, afirma que el sesgo urbano del voto de Ciudadanos “se ha exagerado atendiendo al perfil estereotípico que tienen sus votantes”. Este experto vincula más su dificultad de penetración en ciertos electorados a su condición de partido de nueva implantación.

04. La ausencia de estructuras de partido

El partido de Rivera dejó la operación de elección de 'barones' territoriales para después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y funcionó hasta entonces en las diferentes autonomías con responsables designados por la dirección. Es decir, se presentó en todas las comunidades en las que hubo elecciones sin tener allí órganos ni estructura de partido.

La realidad es que en esos comicios –los primeros para la formación fuera de Cataluña–, Ciudadanos irrumpió con fuerza, pero no se visibilizó como una opción de gobierno. Se presentó en 970 listas y se hizo con el 6,55% de los votos en los comicios locales, si bien su capacidad de decidir gobiernos municipales fue prácticamente nula.

En clave autonómica, aunque aspiraba a entrar en todos los parlamentos, se acabó quedando fuera de los de Canarias, Castilla-La Mancha y Navarra. Sí fue clave para decidir los Gobiernos de Madrid, Castilla y León, La Rioja y Murcia, donde acabó apoyando al PP en todos los casos. Por eso, aunque menos determinante que los puntos anteriores, los analistas a los que ha preguntado infoLibre creen que el hecho de no contar con estructuras de partido asentadas en el territorio puede perjudicar a Ciudadanos de cara al 20-D.

“Es cierto que ahora se habla de la democracia de audiencias, pero cultivar las identidades de partido, la estructuras… sigue siendo importante”, señala Marí-Klose. También Barbet cree que tener una estructura sólida les ayudaría en su carrera a la Moncloa, especialmente fuera de las grandes ciudades, si bien cree que esta es una situación que puede ser más problemática a largo plazo. “En estas elecciones creo que van a vivir exclusivamente de la imagen que se han creado”, analiza.

Fernández Albertos coincide en que tener esta estructura “no es del todo irrelevante” porque los partidos que tienen unas bases sólidas tienen también más capacidad para movilizar votantes cuando es necesario. No obstante, cree que se sobrevalora el peso de estas estructuras cuando, en la actualidad, la clave puede estar más en la relevancia mediática que pueda adquirir un candidato. 

La política está preñada de paradojas. Momentos de gloria que dan paso a días de pasión. Y viceversa. Ese es precisamente el caso de Abel Caballero (Ponteareas, 1946), alcalde de Vigo y a partir de este sábado presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La historia de Caballero, convertido en arquetipo de alcalde con amplio respaldo ciudadano en un escenario político en el que las mayorías absolutas son una rareza, arranca de un enorme fracaso que le obligó incluso a abandonar la actividad pública durante cuatro años y a refugiarse en la universidad.

Ocurrió en 1997. Él era el candidato a la Presidencia de la Xunta del Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE). Fue designado cabeza de cartel por Francisco Vázquez, entonces alcalde de A Coruña y líder del partido en Galicia, y se estrelló. No sólo le ganó Manuel Fraga, con el segundo mejor resultado de su vida, sino que fue la única vez que los socialistas gallegos quedaron en tercer lugar en Galicia, superados por el BNG de Xosé Manuel Beiras. Un desastre electoral sin paliativos que se llevó por delante el liderazgo de Vázquez y la carrera política de Caballero, degradado a diputado raso por sus propios compañeros y excluido de toda responsabilidad a partir de 2001.

Desde el PCE a un ministerio

Parecía el punto final de una trayectoria política de 19 años ininterrumpidos que había arrancado en 1982 de la mano del PSOE en el Congreso de los Diputados, apenas 24 meses después de abandonar las filas del Partido Comunista. Doctor en Ciencias Económicas por las universidades de Santiago y Cambridge y destacado guerrista mientras este grupo de presión mantuvo su poder dentro del partido socialista, el cénit de su carrera política fueron los tres años que sirvió como ministro de Transportes en el Gobierno de Felipe González.

Con ese historial, nadie pensó que sería capaz de rehacerse cuando en 2005 José Blanco se acordó de él para presidir la Autoridad Portuaria de Vigo, ya con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. El puerto de Vigo ha sido tradicionalmente utilizado por PP y PSOE como trampolín para conseguir la AlcaldíaAlcaldía de la ciudad y el caso de Caballero no fue una excepción. Se hizo con el bastón de mando en 2007 gracias a una coalición con el BNG que desplazó al PP. Y conservó el puesto en 2011, aunque esta vez sin el respaldo de los nacionalistas.

La bandera del localismo

Cuando se mira en el espejo, Abel Caballero ve a Pasqual Maragall o a Enrique Tierno, dos emblemáticos alcaldes socialistas con los que le gusta identificarse, aunque la mayoría a quien reconoce en su forma de gobernar es a Francisco Vázquez. La bandera del localismo, la defensa a ultranza de los intereses de la ciudad de Vigo, la agitación popular para hacer frente a la Xunta o al Gobierno central en toda clase de controversias, el desparpajo a la hora de desafiar la autoridad del partido o de hacer frente a los adversarios políticos, conservadores o nacionalistas, son algunas de sus señas de identidad y explican las raíces de su éxito en las elecciones municipales del 24-Méxito en las elecciones municipales del 24-M. Un resultado (51% de los votos) que contrasta no sólo con la tendencia a la baja del PSOE en casi toda España —especialmente en Galicia— sino con la decadencia de los partidos hegemónicos provocada por la crisis y la corrupción.

Un buen ejemplo de la heterodoxia que practica en las filas de la izquierda es su cerrada defensa de la cruz falangista de O Castro, cruz falangista de O Castro, situada en plena ciudad, y que las asociaciones de recuperación de la memoria histórica tratan de derribar desde hace años.

Caballero no tiene pelos en la lengua ni vocación decorativa. Por eso nadie duda que su nuevo cargo al frente de los municipios españoles será cualquier cosa menos un ejercicio rutinario de la representación local en defensa de la autonomía municipal, sus competencias y su financiación. Tres asuntos peliagudos si, como parece, en la legislatura que viene acaba abriéndose el melón del reparto de los fondos públicos entre administraciones.

El foco de la campaña de las elecciones catalanas del próximo 27-S estuvo puesto este jueves en el cara a cara que el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, –que no es candidato en esta cita– mantendrá el próximo 23 en el canal de televisión 8tv con el dirigente soberanista y de Esquerra Republicana Oriol Junqueras. La cuestión clave es que ni en el Gobierno ni en el PP nacional ven bien esta participación y acusan a Margallo de ir "por libre" y de romper con la unidad de discurso, una de las principales señas de identidad de los conservadores.

Margallo sí cuenta con el apoyo del PP catalán y del candidato Xavier García Albiol, que cree fundamental que el jefe de la diplomacia explique las consecuencias de una eventual independencia. En cualquier caso, lo que está claro es que este "lío" –así lo definieron en el PP de Cataluña– no hace sino aportar ruido a una campaña tras la que los conservadores, según las encuestas, podrían cosechar un resultado que les haría tener una representación casi testimonial en el Parlament. 

Sin embargo, esta no es la primera vez que miembros del PP contribuyen ellos mismos a emborronar una campaña electoral. Lo hizo Esperanza Aguirre cuando, en las pasadas autonómicas y municipales reaccionó con la expresión "al que le pique, que se rasque" a la información, desvelada por infoLibre, de que en 2013 recibió 369.000 euros de ingresos por su trabajo como cazatalentos. También el ahora comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, que en la campaña de las últimas europeas dijo que debatir con una mujer es complicado porque mostrar “superioridad” parece "machista". Polémica fue también la campaña de las últimas municipales para el ahora candidato a la Generalitat Xavier García Albiol, pues utilizó como lema la frase "Limpiando Badalona". 

Este periódico detalla, a continuación, estos episodios: 

01. Margallo y su debate con Junqueras. El Gobierno está intentando convencer al ministro de Exteriores para que desista de acudir al debate electoral que había pactado con Junqueras, presidente de ERC y número cinco de la lista de Junts per Sí en las elecciones del 27-S. Pero, de momento, el responsable de la diplomacia española no da su brazo a torcer, decisión en la que le respalda la dirección del PP de Cataluña. La semana pasada también se salió del discurso marcado al abogar por una reforma de la Constitución cuando su partido había zanjado el asunto asegurando que ni si quiera iba a incluir este polémico asunto en su programa electoral.

Tanto en el Ejecutivo como en el PP nacional consideran que con estos episodios Margallo ha sobrepasado las líneas rojas que se marcaron desde el PP de Cataluña para la campaña. Lo acusan de ir "por libre" y de romper con la unidad de discurso, uno de las principales señas de identidad de los conservadores. El problema estriba en que el PP de Cataluña no lo ve así. La dirección regional está convencida de que la presencia de Margallo en el debate será clave para dejar claro el mensaje de las consecuencias que tendría una eventual independencia de Cataluña. En cualquier caso, el debate programado para el próximo 23 de septiembre en 8tv se mantiene. Al menos, por el momento. 

02. Aguirre y su respuesta a la publicación de su renta. También contribuyó a emborronar una campaña electoral la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que en la carrera en la Alcaldía de la capital el pasado mayo reaccionó con tono chulesco a la información, desvelada por infoLibre, de que en 2013 recibió 369.000 euros de ingresos por su trabajo como cazatalentos. "Al que le pique, que se rasque", dijo a los periodistas que le preguntaron por el asunto. 

La filtración de su declaración de la renta sirvió a Aguirre para reabrir, en víspera de las elecciones, su guerra contra el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. A dos días de la cita con las urnas, la candidata no dudó en cargar gran parte de la responsabilidad de este episodio sobre el ministro. Conscientes de que las peleas internas restan votos, el partido vivió con preocupación que se visualizada esta división en la recta final de las municipales y autonómicas. 

03. El machismo de Arias Cañete. Tampoco favoreció los intereses electorales del PP que el candidato conservador en las elecciones europeas de mayo de 2014, Miguel Arias Cañete, hiciera un comentario fuera de lugar tras el debate mantenido en TVE con su homóloga en el PSOE, Elena Valenciano. Insinuó que en ese cara se había mostrado benevolente para no quedar como un hombre machista. Textualmente dijo que un debate político entre un hombre y una mujer es "muy complicado" porque si el hombre demuestra "superioridad intelectual o la que sea" da una impresión "machista" ante una "mujer indefensa".

A través de Twitter, Valenciano respondió que si ante esta situación la solución era dejar a las mujeres fuera de los debates, mientras los colectivos de mujeres tacharon de "poco respetuosas con la igualdad" las palabras del exministro de Agricultura. Tras el revuelo formado por estas declaraciones, Cañete las achacó al "cansancio" y dijo respetar "plenamente" las capacidades de las mujeres, añadiendo que los hechos le "avalan". No obstante, en público, no llegó a disculparse con Valenciano.

04. García Albiol, "limpiando Badalona". La campaña de las últimas elecciones municipales estuvo envuelta en polémica por uno de los lemas que el ahora a la Generalitat Xavier García Albiol

usó en los carteles electorales en la ciudad en la que entonces era alcalde: "Limpiando Badalona". Albiol, que siempre había jugado con la ambigüedad del verbo "limpiar" (entre eliminar la suciedad o expulsar a los inmigrantes) dijo en ese momento que el eslogan se debía a que había aumentado los servicios de limpieza en la localidad. No obstante, el lema no era nuevo porque, durante su mandato, Albiol ya había presumido de "limpiar" Badalona. 

García Albiol no lo retiró y defendió que su eslogan se refería al "incivismo, la delincuencia y los espacios degradados de la ciudad". Su imagen de látigo contra la inmigración –hasta fue procesado por incitación al odio racial– ha sido rescatada en su contra por la oposición durante esta campaña. 

Cuatro meses después de las elecciones del 14-M, Eduardo Zaplana, siendo portavoz parlamentario del Partido Popular, seguía sosteniendo que Mariano Rajoy perdió las elecciones en 2004 por “un atentado teledirigido simplemente para hacernos perder las elecciones”. El entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, mantenía que las elecciones generales de 2004 habían sido trucadas y que los gallegos tenían la ocasión de restaurar la mayoría natural popular en las inmediatas elecciones autonómicas. Senadores del Partido Popular llamaban directamente golpista al presidente José Luís Rodríguez Zapatero, comparándole con Tejero o con el general Pavía. Algunos diputados fueron todavía más lejos manifestando que el verdadero presidente que había salido de las elecciones era Bin Laden. El diputado Jaime Ignacio del Burgo, utilizando como tribuna de excepción el periódico del ahora modernísimo y liberal Pedro J. Ramírez, repetía y repetía sin rubor y sin perder el escaño que el atentado era una conspiración interior para alterar el resultado de la democracia española. Vamos, un golpe de estado alambicado dependiente de la incertidumbre electoral.

No traigo ninguna de las múltiples declaraciones que José María Aznar hizo al respecto porque se las pueden imaginar perfectamente y acertar. Conviene recordar que los estudios sobre el efecto del atentado del 11-M en el resultado electoral reflejan que solo cambió el sentido de su voto al 3,5% de los ciudadanos y que uno de los motivos más relevantes del cambio no fue el atentado en sí, sino la desastrosa gestión que hizo el Gobierno popular en los días siguientes al atentado. Dos días después de las elecciones de 2004, nuestro actual presidente, Mariano Rajoy, saludaba sonriente desde el balcón de la calle Génova a unos 3000 simpatizantes del Partido Popular que se habían concentrado en la calle exigiendo la dimisión (sic) de José Luis Rodriguez Zapatero y pidiendo a gritos que Aznar siguiera siendo presidente. El exalcalde de Madrid Jose María Alvárez del Manzano llegó a decir que los que cambiaron su voto durante los días posteriores al atentado eran colaboradores y cómplices con el terrorismo.

De mal perdedor preventivo es también intentar cambiar reglas y buenas prácticas democráticas para dejar todo atado y bien atado en el caso de una posible derrota electoral. Las cuentas de 2016 han sido aprobadas por el Partido Popular con enmiendas a la totalidad presentadas por todos los partidos de la oposición. Es la primera vez en nuestra historia democrática que un partido intenta colocar la implementación de sus políticas preferidas fuera de la incertidumbre electoral y del cambio de Gobierno que podría producirse tras las inminentes elecciones generales. En la misma línea preventiva se enmarca la reciente propuesta de reforma de una institución contramayoritaria como el Tribunal Constitucional para ampliar su poder político con la intención de utilizarlo en defensa de las posiciones políticas del Partido Popular independientemente de quien gane o pierda las próximas elecciones. Por otro lado, las declaraciones antidemocráticas de Esperanza Aguirre en Madrid o la mala educación de Rita Barberá tras perder la Alcaldía de Valencia no son una buena señal de lo que puede hacer el Partido Popular si una coalición de perdedores, el mantra favorito del PP, consigue un acuerdo parlamentario para dejar a los conservadores sin el Gobierno nacional, algo que no se puede descartar en estos momentos si nos atenemos a las predicciones electorales de la mayoría de las casas demoscópicas y a los pactos que ya han puesto en marcha los partidos de izquierda en distintos municipios y comunidades autónomas.

La democracia actual es más frágil que en 2004, con un mayor descontento hacia su funcionamiento, un mayor descrédito y desconfianza hacia las instituciones y un odio ampliamente extendido hacia su clase política. La deslegitimación de los resultados electorales o de la normalidad que representa la “coalición de perdedores” en el marco de nuestra democracia parlamentaria resulta mucho más peligrosa ahora que entonces. Insultar en estos momentos a los ciudadanos por el sentido de su voto, anulando su capacidad o negando la racionalidad de su comportamiento, dinamitaría todos los puentes que se necesitan para la ineludible reconstrucción de nuestro marco de convivencia política que necesitará de un amplio consenso en el que tendrán que estar por fuerza los ganadores y los perdedores de las próximas elecciones generales.

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Braulio Gómez es investigador en Ciencia Política en la Universidad de Deusto. Es autor del libro 'O controlo político dos procesos constituientes' (Impresa de Ciencias Sociais, 2010), coautor de 'La calidad de la democracia en España' (Ariel, 2011) y de 'La encuesta deliberativa' (CIS, 2009). Es el director del 'Regional Manifestos Project'

Rita Barberá se estrenó este martes en el Senado y junto a ella otros 23 senadores que fueron designados tras las elecciones del pasado mayo, en la que algunos de ellos perdieron el control de los ayuntamientos y comunidades que venían ocupando desde hacía años.

Precisamente porque no son nuevos en política, Barberá, Alberto Fabra, Luisa Fernanda Rudi, Pedro Sanz y José Ramón Bauzá han tenido que enfrentar la crítica durante estos días. Al paso salió la exalcaldesa de Valencia alegando que "se trata de aprovechar la experiencia que hemos acumulado". "La renovación no es un problema de gente joven nada más", opinó Barberá, que lleva en política más de 30 años. Como ejemplo de otros que son "mayor que yo", dijo, la senadora se refirió a los nuevos regidores de Madrid y Valencia.

Aunque los senadores ya habían tomado posesión de su escaño ante notario, a excepción del senador del PP por Palencia, Florencio Sánchez, una docena de ellos han decidido renovar su acatamiento a la Constitución durante el inicio del Pleno, en un gesto simbólico.

Pilar Lima promete trabajar "para erradicar barreras"

La senadora de Podemos, Pilar Lima, se dirigió a la tribuna para prometer frente a la Constitución, y en lengua de signos, "trabajar para erradicar las barreras que provocan desigualdad y atentan contra los derechos humanos, a través de un uso participativo y transparente de esta institución pública".

Aprovecharon también para renovar su acatamiento a la Constitución la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la expresidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi. Junto a Fabra se sumaron los también expresidentes autonómicos recién llegados al Senado Pedro Sanz (La Rioja) y José Ramón Bauzá (Islas Baleares).

Nuevos senadores de Ciudadanos y Compromís

También se estrenaron el segundo parlamentario nacional de Ciudadanos, Luis Crisol, y el primer senador de Compromís, Carles Mulet, que formarán parte junto a los de Podemos del Grupo Mixto, integrado en total por 19 senadores.

El PP ha arrebatado la Alcaldía de Boimorto (A Coruña) al regidor nacionalista Xosé Luis Rivas, conocido como Mini, al recibir, como estaba previsto, el apoyo del candidato que concurrió a los comicios de mayo en el número tres de la lista del PSOE y que ahora está adscrito al grupo mixto, José Balado.

En un tenso pleno celebrado este viernes, el popular Gonzalo Concheiro se ha convertido en el nuevo alcalde de esta localidad rural de poco más de 2.000 habitantes y situada en la provincia de A Coruña.

A la sesión acudieron más de un centenar de vecinos que han interrumpido diversas veces el acto para abuchear a José Balado y gritar consignas como "fuera, fuera" o "Balado pesetero", así como mostrar su rechazo al nuevo regidor.

Además, a la sesión plenaria también acudió el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, así como otros cargos nacionalistas que cerraron filas en torno al ya exalcalde Xosé Luis Rivas, y acusaron al PP de "comprar a un tránsfuga" para hacerse con la alcaldía.

Que alcaldes y concejales participen en procesiones, misas y actos religiosos en función de su cargo es una estampa aún habitual en España. Pero muchos de los nuevos equipos de gobierno locales, elegidos en las pasadas elecciones del 24 de mayo, pretenden que eso cambie y por ello los regidores de ciudades como Valencia, Oviedo, Barcelona o Zaragoza han puesto en marcha medidas que van desde la no asistencia a los ritos hasta su negativa a financiar o ceder espacios públicos para actividades privadas de la Iglesia.

Por contra, otros alcaldes tienen la intención de seguir manteniendo la tradición. Entre ellos se encuentra el regidor de Cádiz, José María González KichiKichi, que hace un par de semanas recibió la medalla de hermano de la Cofradía del Nazareno de la ciudad y argumentó que el santo "es uno de los grandes representantes de la cultura gaditana". En cualquier caso, los expertos consultados por infoLibre restan importancia a la influencia que puedan tener estos actos a nivel electoral, si bien señalan que el hecho de que se hayan comenzado a dar pasos en favor del laicismo puede provocar que otras administraciones imiten estas medidas. Por su parte, los activistas por la laicidad se felicitan por los avances, aunque aseguran que no hay que "bajar la guardia".

Quien dio el pistoletazo de salida fue el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega (Compostela Aberta), que antes de tomar posesión como regidor anunció que no participaría en la ofrenda al Apóstol Santiago en la catedral de la ciudad y, días después, señaló que tampoco tenía intención de acudir a la ofrenda del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo Señor Sacramentado, celebrada el 14 de julio y en la que sí estuvieron multitud de alcaldes de PP y PSOE. “Soy de los que pienso que no le corresponde a un alcalde pedirle al Apóstol que termine con el desempleo y la corrupción”, argumentó Noriega en un artículo publicado en Praza Pública.

Tampoco estuvo en este acto el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), que en su lugar participó en un homenaje a la matemática María Wonenburger, fallecida en 2014, que fue la primera española que logró una beca Fullbright –un prestigioso programa de intercambio– para doctorarse en EEUU. “Hoy el alcalde de A Coruña está donde tenía que estar, homenajeando a la ciencia, homenajeando al conocimiento, y homenajeando a una coruñesa”, sostuvo entonces Ferreiro.

Pero no sólo los acaldes de las mareas gallegas han sido protagonistas de este tipo de actuaciones. La regidora de Barcelona, Ada Colau, provocó la polémica el pasado 16 de julio cuando negó el permiso para que se celebrase una misa por los caídos del bando golpista en la Guerra Civil en el antiguo santuario en el castillo de Montjuïc, un edificio cuya propiedad es del Ayuntamiento. Días, más tarde, el 22 del mismo mes, Colau anunció que la tradicional misa de la Mercè no se incluiría dentro del programa oficial de los festejos populares del mismo nombre –los más grandes de Barcelona– para "adaptar la fiesta a lo que es el principio básico de la aconfesionalidad y laicidad de las instituciones".

El rito, obviamente, se celebrará como habitualmente, pero Colau anunció que ni ella ni niguno de sus concejales acudirán en representación del Ayuntamiento. Y la misma medida quiere impulsar el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), pero incluyendo todos los actos religiosos y a todos los ediles de la corporación, para lo cual el Gobierno municipal impulsará una reforma del Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del consistorio. De esta forma, Santisteve pretende que la asistencia a festejos populares de miembros del Ayuntamiento en calidad de tal sea voluntaria, así como establecer que los concejales sólo puedan asistir a oficios religiosos a título individual.

No se financiarán misas y los funerales serán laicos

El nuevo Ejecutivo local de Oviedo –que integran PSOE, Somos Oviedo e IU–, por su parte, ha puesto en el punto de mira no tanto la presencia de concejales en actos religiosos, sino su financiación con fondos públicos. Y por ello la vicealcaldesa, Ana Taboada, anunció que el Ayuntamiento dejará de aportar dinero para ritos como la misa en recuerdo de Alfonso II, rey del antiguo Reino de Asturias. De la misma forma, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, dio orden a la Policía municipal y los bomberos para que no escolten las procesiones durante la Semana Santa.

Según informa el diario El Comercio, el consistorio ovetense sí se plantea seguir financiando actos culturales que se celebren en el interior de las iglesias o centros religiosos, para lo cual planea aprobar un plan que fije los criterios para distinguir unas actividades de otras. Y el Ayuntamiento de Valencia también establecerá una diferenciación similar: su alcalde, Joan Ribó (Compromís), señaló a finales de julio que el consistorio estará presente como institución en aquellas manifestaciones religiosas que entienda que tienen un valor cultural –aunque no las presidirá–, pero no incluirá actos litúrgicos en los actos que organice. De esta forma, la bandera valenciana no entrará a la catedral de la capital durante la celebración del Día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre.

Y si el Gobierno municipal de Valencia se ha manifestado con respecto a los actos festivos, el nuevo Ejecutivo de la Generalitat –que preside el socialista Ximo Puig con apoyo de Compromís– lo ha hecho en referencia a los funerales oficiales, que actualmente se celebran bajo el rito católico. La vicepresidenta autonómica y portavoz del Gobierno, Mónica Oltra, explicó a finales de julio que la Generalitat prepara un protocolo para respetar "libertad religiosa y de culto" en los sepelios que organice la comunidad, que no se adscribirán a ninguna confesión religiosa.

Europa Laica aprueba las medidas desde la cautela

Todas estas actuaciones son "muy positivas" para Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, que no obstante pide no echar las campanas al vuelo porque, a su juicio, aún queda mucho por hacer para lograr la verdadera separación entre la Iglesia y el Estado en España. "Los ayuntamientos tienen una gran responsabilidad, porque son las instituciones que tienen la relación más directa con la ciudadanía y se pueden hacer más cosas" en este sentido, sostiene Delgado, que no obstante denuncia que el grueso de la relación entre los ámbitos religioso y político está fijada por el Concordato de 1979, que depende del Gobierno central.

"No es oro todo lo que reluce", señala sin embargo el activista, que denuncia que muchos de los nuevos Gobiernos locales y regionales siguen manteniendo la presencia de la Iglesia y sus símbolos en actos políticos y viceversa. "El nuevo Gobierno navarro, por ejemplo, ha jurado y prometido sus cargos delante del crucifijo, como siempre", denuncia Delgado en referencia al Ejecutivo encabezado por Uxue Barkos. Más reacio se muestra a criticar al alcalde de Cádiz, si bien desliza que "él verá lo que tiene que hacer para cumplir el mandato de quien le ha votado".

Los expertos consultados por infoLibre dudan de que las actuaciones llevadas a cabo por los Gobiernos municipales y autonómicos en pro de la laicidad vayan a tener un efecto importante en sus expectativas electorales. "Al final, lo que la gente quiere es tener su ciudad más limpia" y no le importan tanto las medidas de carácter más ideológico, resume Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid  (UC3M), que no obstante asegura que las iniciativas en pro de la laicidad atesoran un gran capital simbólico.

"Perdidas o ganancias mínimas"

"Estas medidas tienen dos motivaciones", señala Simón: "la convicción, y la realización de ajustes hasta que sepas cuánto margen de maniobra tienes en el Ayuntamiento". "Por una parte, los nuevos alcaldes creen que tienen que cambiarse estas tradiciones en los ayuntamientos porque pertenecen a unas élites más a la izquierda del PSOE, que las ha mantenido, y por otra parte es efecto de que los ayuntamientos aún tienen un margen de maniobra estrecho, porque no saben cuánto pueden cambiar las políticas publicas", explica el experto, que señala que hasta las elecciones generales este tipo de medidas tendrán mucho peso en los nuevos Gobiernos.

"Los debates simbólicos son los más baratos y los más fáciles, el problema es que caducan rápido", sostiene Simón, que asegura que estas medidas vienen bien a los nuevos Ejecutivos "para evidenciar que tienen vocación de cambio", pero son iniciativas que "se olvidan muy rápido". "El margen que tengan las candidaturas para cambiar las políticas públicas tendrá mucho más efecto en el voto", remacha el especialista. Fermín Bouza, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y especialista en opinión pública, está de acuerdo: "Los movimientos de voto que pueden provocar estas medidas son pérdidas o ganancias mínimas".

"Estos cambios sólo provocan pequeños flujos, porque los apoyan minorías muy activas, y los que están muy a la derecha lo viven como una afrenta a sus creencias, pero no te votaban igualmente", abunda Bouza. Esta falta de implicación de la mayoría de la ciudadanía con estas cuestiones también se nota en que no existe un clamor por cambios como los realizados por los nuevos alcaldes. "Dudo que haya una mayoría que lo apoye, porque la gente está acostumbrada" a que sus regidores participen en fiestas religiosas, opina el catedrático, que sin embargo contrapone que sí existe una reivindicación "activa" en la sociedad para limitar "la interferencia excesiva de la Iglesia en la escuela".

Tirar del PSOE hacia la izquierda

Este desinterés, no obstante, también es uno de los factores de que la gente "se esté adaptando" a los cambios sin que ocurra "nada extraordinario", según Bouza. Para Simón, por su parte, que se hayan comenzado a tomar medidas en pro de la laicidad en algunos ayuntamientos va a provocar un "efecto contagio". "Al final, va a haber cesiones a la izquierda del PSOE allí donde este gobierne" con apoyo de otras fuerzas, sostiene el politólogo, que explica que influirán en los posibles cambios "tanto el tamaño del municipio, como la idiosincrasia y el tamaño de la agrupación local del PSOE".

"En los pueblos de Andalucía, tomar esta decisión sería mucho más costosa que en el norte de España", ejemplifica Simón en este sentido. De cara a las generales, es otro cantar. "Se va a jugar a polarizar el voto, y este tipo de cuestiones pueden servir para movilizar a tu electorado", señala el experto, que no obstante alerta: las medidas con un marcado carácter ideológico "pueden convertirse en un bumerán, porque no está nada claro quién se vaya a beneficiar de esta movilización, si la derecha o la izquierda". La respuesta, el próximo diciembre.

"Seguiremos hablando, y mucho". Antonio Miguel Carmona liquidaba así, con esta declaración de intenciones, su rueda de prensa de desagravio y de rebeldía contra las direcciones federal y regional del PSOE. Un aviso en toda regla de que no le callarán, y ahora menos. Y un modo de decir, alto y claro, que no se va ni da un paso atrás. Que no deja su escaño como edil en el Ayuntamiento de Madrid a cambio de un acta de senador. 

Tres días lleva en marcha la dirección madrileña de Sara Hernández. Y su primerísima decisión de calado, adelantada en la mañana de este lunes por la cadena Ser, era desplazar a Carmona como portavoz socialista en el Consistorio de la ciudad y sustituirlo por la que iba de número dos de su lista, Purificación Causapié. A cambio, si daba un paso atrás, el partido le premiaría con un puesto en el Senado. "Le he dicho que no. Hay personas que tienen valor y otras que tienen precio. Yo no tengo precio. Yo no doblo la espalda", se reivindicó el concejal en rueda de prensa en el Ayuntamiento. Comparecencia en la que tuvo para todos: balas contra Hernández por una decisión "inopinada" que aboca a la "división" del partido, y contra la dirección federal, por la que se siente "atacado", pese a que siente que ha cumplido "con precisión de relojero" todas sus órdenes, como investir a Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid, pero no entrar en el Gobierno municipal.

La cúpula regional alegó, sin embargo, que la decisión era puramente "política" y no "personal" y le dio carácter de normalidad, ya que siempre se procede al relevo en los grupos institucionales cuando se remodela la ejecutiva. Es lo "habitual", defendió.

Carmona sí sacó la cara en varias ocasiones, a boca llena, por el ex secretario general Tomás Gómez, y por el rival de Hernández en las primarias, el diputado regional Juan Segovia, a los que considera sus "amigos" y a los que no quiere renunciar. Más aún, explicó su caída en desgracia por su relación con el tomasismo, que Ferraz pretendió aniquilar desde el día en que destituyó a Gómez, el 11 de febrero pasado, para ubicar en la candidatura al exministro Ángel Gabilondo. 

Polémico congreso

La decisión se produce, pues, apenas tres días después del congreso extraordinario de la federación. Un cónclave que procedió al cambio de marca –se jubila el PSM y se impone el PSOE-M, o sea, PSOE de la Comunidad de Madrid– y que acabó reflejando la división interna y la victoria por la mínima de Ferraz. La ejecutiva de Hernández, la candidata impulsada por el aparato federal, obtuvo 278 favorables (el 55,44%) frente a los 222 votos en blanco (44,31%) y un voto nulo (0,19%) del total de 501 delegados que emitieron su voto. Hernández no integró en su dirección a Juan Segovia ni a su equipo. Estos renunciaron a entrar porque no se había aceptado ninguna de sus propuestas programáticas. Además, el congreso discurrió con polémica, con acusaciones de "pucherazo" incluidas. 

Carmona contaba, no obstante, con una espada de Damocles incontestable: el pésimo resultado electoral en la noche del 24-M. Se quedó con 9 concejales (frente a los 15 de 2011) y 249.152 votos (el 15,28%), por detrás del PP (21 ediles) y Ahora Madrid (20). Pero la comparación había de hacerse también con los datos obtenidos por el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo: 416.078 sufragios, un 25,70%. O sea, 166.926 papeletas y 10 puntos menos que el cabeza de cartel regional, aupado directamente por Pedro Sánchez al puesto tras destituir de forma exprés al que era líder del PSM, Tomás Gómez. 

Enrique Rico, el nuevo secretario de Organización del PSOE-M, atribuyó al 24-M el relevo. Es el momento de hacer una "oposición constructiva, sin ignorar los resultados electorales", "asumiendo responsabilidades", sostuvo en rueda de prensa en la sede regional, desechando que detrás hubiera un móvil de vendetta. La razón última es que "Madrid es capital" para el proyecto socialista. En parte de su breve comparecencia se limitó a leer lo que llevaba escrito, y en todo momento se le vio con rictus serio. 

El hasta hoy portavoz recordó, sin embargo, que el "pésimo resultado" lo obtuvo el PSOE en muchas otras ciudades, como Barcelona, Bilbao o Valencia, y en ninguna se ha defenestrado al portavoz ("Tendrían que cesar a media España"). Lo que en su opinión es síntoma de que el golpe contra él estaba "preparado desde hace tiempo". Motivado por su "posición política interna". Esto es, por ser "amigo" de Gómez y de Segovia, de mantenerse leales a ambos y haber discrepado tanto con Ferraz como con la nueva dirección del PSOE-M. 

Quejas por la campaña

No ahorró críticas contra el cuartel general de los socialistas. La decisión de desplazarle ha sido "obra y gracia de la dirección federal, sin lugar a dudas", porque una cúpula regional no adopta una medida "de este calado", en la capital de España, por sí misma. Más que "humillado", se siente "atacado" y "desplazado", aseguró. No obstante, fue cuidadoso a la hora de repartir culpas: las atribuyó a la "dirección federal", pero no al secretario general, con el que no ha hablado y al que no tiene intención de llamar. Aprovechó para denunciar que se enteró de las intenciones de Callao, la sede regional, por el adelanto de la Ser. Fue después cuando mantuvo la conversación con Hernández. 

Carmona reconoció los numerosos desencuentros con Ferraz, más incluso de los conocidos, que él se ha "callado", igual que tuvo en su momento una posición "discreta" cuando Sánchez decapitó a Gómez sin contemplaciones. Se quejó de que la cúpula federal no le acompañó lo suficiente durante la campaña –que tachó de "pésima"–, ni le nutrió de medios (menos que a Gabilondo, vino a decir), y el choque a cuenta de la entrada o no en el Gobierno de Manuela Carmena. Los de Sánchez sólo querían apoyo en la investidura y punto, y Carmona, incorporarse al Ejecutivo municipal. Pero él, insistió, acató en todo momento el diktat federal. Y manteniendo "como una auténtica roca" la unidad dentro del grupo municipal, que ha funcionado este tiempo de forma "sensata", "corrigiendo errores del Gobierno municipal". 

De modo que su cese obedece únicamente, a su juicio, a una "cuestión interna", de equilibrio de poder dentro del PSOE y del PSOE-M. "Una parte del partido trata de prescindir de la otra", una decisión "muy equivocada", "inopinada", que se ha adoptado "con alevosía", en pleno verano. El concejal subrayó que esa decisión no lleva a otro sitio que a la fractura socialista. "En algunos pesará la responsabilidad de la ruptura del partido en términos de división interna", alertó. El objetivo, en todo caso, es claro: "Tratan de tomar el control del PSM. No se han enterado de que el control pertenece a los militantes, no es propiedad de dirigentes o de los cargos institucionales. Es un instrumento de la clase trabajadora". 

"Mucho miedo" a que compita por el liderazgo

Carmona quiso dejar claro que no se va, que le echan. La rueda de prensa se produjo antes de que se reuniese la Comisión Permanente del PSOE-M, y por tanto él seguía considerándose portavoz. Pero la ejecutiva tomó la decisión de despedirle por "acuerdo" y de nombrar en su lugar a Puri Causapié y se la trasladó al grupo municipal, que se reunió justo después. Cinco ediles votaron a favor de la resolución y tres en contra. Los primeros, los secretarios generales de Barajas (Mercedes González), Vallecas (Nacho Benito), Hortaleza (Ramón Silva), Arganzuela (Carlota Merchán) y la propia Causapié. Los segundos, el líder socialista de Centro, Chema Dávila; la número dos de Chamberí, Mar Espinar, y Carmona. El noveno concejal, Ransés Pérez Boga, no pudo votar al no ser militante, pero se posicionó del lado del hasta ahora portavoz. 

Pero Carmona no dejará en ningún caso su acta de edil, porque no es más "importante" ser senador que representante elegido por los madrileños en la Corporación municipal, y él se debe a los "militantes y a los ciudadanos" que le votaron, y no a cuestiones "internas". "Nadie se te sube encima si no doblas la espalda", reivindicó. Lanzó además su reto: si quieren echarle de la portavocía, que lo vote el Comité Regional, el máximo órgano del PSOE-M entre congresos, compuesto por unos 350 miembros, y en el que la mayoría de Hernández puede flaquear. 

Hay otra razón más, según Carmona, que explica su defenestración: que había y hay "mucho miedo, mucho pánico" a que se presente como secretario general del PSOE-M, como él mismo dijo que era su "sueño" hace meses. El concejal remachó que él sigue en la carrera: que contemplará presentarse en el congreso ordinario, después de las generales, y si hay un compañero "mejor" que él, lo apoyará, porque trabajará "denodadamente" para democratizar el partido. Pero no se dejará arrastrar. "Si no doy hoy un golpe en la mesa los que vienen se harán con una organización que debe ser de todos los militantes". Él ha sido el "enésimo" al que el PSOE ha intentado "desplazar". "Pero conmigo no pueden", avisó.

La situación del Ayuntamiento

El hasta hoy portavoz prometió seguir diciendo lo que piensa, sin callarse –"tengo un hermano que habla mucho en los medios", dijo con sorna, aludiendo a su fervor por las tertulias y su popularidad mediática–, siendo leal a su partido. "Espero que la decisión no tenga consecuencias electorales", señaló, para después recalcar que remará a favor, para que Pedro Sánchez se convierta en presidente del Gobierno en las generales. 

La situación toca de rebote a la alcaldesa de Madrid, que depende del apoyo de los nueve ediles del PSOE para continuar en el Gobierno. Carmona desveló que Carmena, con quien tiene una relación "excelente", le llamó para mostrarle su "perplejidad" por la situación del partido. El concejal aseguró que seguirá con su "apoyo vigilante" a Ahora Madrid, igual que en las últimas semanas, y como prometió en su investidura. No perdió la ocasión de lanzarle un puñal a Hernández, que en los últimos días (y también este lunes) ha denunciado la "descoordinación" del equipo de Carmena. Hacía, dijo Carmona con sorna, de "portavoz socialista en el Ayuntamiento, como gran conocedora que es de él, señalando su oposición a Carmena". 

En teoría, no corre peligro el Gobierno de Ahora Madrid. La dirección del PSOE-M, pese al relevo, pretende "seguir garantizando un Gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento" de la capital. Eso sí, con una nueva portavoz, Puri Causapié, que fue secretaria federal de Igualdad en la ejecutiva de Alfredo Pérez Rubalcaba (2012-2014) y pertenece, desde el viernes, a la ejecutiva de Hernández, como secretaria de Coordinación de Madrid ciudad. Bien conectada con la dirección de Sánchez, fue la número dos de la lista municipal. Detrás de Carmona, al que ahora reemplaza. Causapié es la "persona adecuada" para pilotar el grupo, dijo Rico, antes de "agradecer y valorar" el trabajo de la dirección y de Carmona durante los últimos meses. No hubo más epitafios para el destituido. 

100 familias al día se vieron obligadas en 2014 a dejar su vivienda habitual por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler. Los datos, que publicó este jueves el Banco de España, son sólo la última muestra de un drama que asola a España especialmente desde el inicio de la crisis y que es uno de los principales caballos de batalla de muchos de los nuevos equipos de Gobierno que llegaron a los ayuntamientos tras las pasadas elecciones del 24 de mayo.

Las cifras son palmarias: durante 2014 hubo un total de 36.519 desalojos de primera vivienda, un número que se dispara hasta los 46.591 si se tienen en cuenta todos los desalojos por impago, lo que supone un aumento del 3,1% respecto al año anterior. El problema se ceba especialmente con las zonas más pobladas: en la Comunidad de Madrid y Cataluña, por ejemplo, son 43 las familias que a las que diariamente se expulsa de sus casas. Y precisamente en las capitales de estas dos autonomías, Madrid y Barcelona, se están comenzando a tomar una serie de medidas urgentes para paliar el drama.

La semana pasada se aprobó por unanimidad en el Parlament catalán una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la PAH que establece la obligación de las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad residencial, regula la obligación de ofrecer los suministros energéticos básicos a todas las familias y obliga a los grandes propietarios que sean arrendadores de viviendas a ofrecer un alquieler social si los inquilinos no pueden pagar.

Además, en las últimas semanas, tanto Madrid y Barcelona como otras capitales como Palma de Mallorca, Sevilla o Zaragoza han anunciado la puesta en marcha o la ampliación de oficinas destinadas a ayudar a las familias sobre las que penda la posibilidad de un desahucio. En este sentido, la oficina mallorquina paralizó el pasado miércoles su primer desalojo, según anunció el teniente de alcalde de Palma, Antoni Noguera, de Més per Mallorca, que gobierna junto al PSOE la ciudad. La actuación de los técnicos del ayuntamiento, según señaló Noguera, fue la de intermediar entre el propietario y la afectada por el desahucio hasta llegar a un acuerdo.

Esa labor de intermediación será una de las que tendrán este tipo de oficinas. Pero no la única, según explica un portavoz del Ayuntamiento de Palma, que sostiene que este organismo "no sólo será un punto de información, sino que ayudará a las familias a gestionar sus expedientes, además de establecer un protocolo con los juzgados, la PAH y los servicios sociales" con el fin de poder buscar soluciones para los desahucios desde el mismo momento en que se planteen.

Aumentar el parque de viviendas sociales

En cualquier caso, más allá de estas oficinas, todos los ayuntamientos consultados plantean un mismo objetivo básico: aumentar el parque público de viviendas para poder realojar a las familias que se vean obligadas a dejar sus casas tras un desalojo mediante fórmulas de alquiler social. Los equipos de Gobierno de los consistorios de Barcelona, Madrid o Palma hacen hincapié en la escasez de vivendas de las que disponen, pero la más concreta es la corporación zaragozana: mientras que su objetivo al final de la legislatura es contar con 5.000 pisos sociales, ahora mismo sólo tiene 2.500.

Para ampliar el parque público, las medidas que se plantean los ayuntamientos son muy similares. Todos ellos coinciden en la necesidad de negociar con los bancos para que cedan el uso de parte de los pisos vacíos que ahora mismo tienen en propiedad, muchos de los cuales proceden de desahucios acometidos con anterioridad, como señala Vanesa Valiño, jefa de Gabinete del concejal de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner. Para ello, explica Valiño, la alcaldesa Ada Colau se ha reunido ya con entidades como CaixaBank, BBVA, Blackstone o la Sareb, el conocido como banco malo.

La idea del ayuntamiento de la capital catalana es "lograr acuerdos" con las entidades financieras que, según señala Valiño, han mostrado una "buena disposición" inicial a negociar. No obstante, la jefa de Gabinete de Vivienda advierte de que, en caso de no alcanzar pactos con las entidades, no se descarta establecer sanciones basándose en la ley, "que permite intervenir en caso de que haya pisos de grandes propietarios desocupados por más de dos años sin justificación".

"Se les está recordando que esas viviendas tienen que tener una función social y de momento parece que la respuesta es positiva, pero si en septiembre no se llega a acuerdos tendremos que plantearnos otras medidas", remacha Valiño, que no obstante recalca que el "compromiso" de la Sareb es firmar un convenio con las ciudades de Madrid y Barcelona para ceder viviendas para alquiler social. Argumentos similares ofrece una portavoz del Ayuntamiento de Palma, que sostiene que "no puede ser que los bancos que han recibido millones no den nada a cambio".

Incentivos para pequeños propietarios

En este sentido, la representante del consistorio mallorquín explica que su modelo es muy similar al de Barcelona, ya que plantean firmar una serie de convenios con los bancos para que cedan sus viviendas para el alquiler social a cambio de un aval municipal, por el cual el ayuntamiento se compromete a que no existan "desperfectos" en el piso y a apoyar al inquilino en caso de que no pueda hacerse cargo de la tarifa mensual. Palma también mantiene abierta la posibilidad de imponer sanciones a los bancos como último extremo, pero la portavoz explica que el Ejecutivo local se plantea previamente la opción de no contratar con los bancos que no colaboren.

Luisa Broto, vicealcaldesa y teniente de alcalde de Derechos sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, también señala que los concejales de su consistorio ya han comenzado a reunirse con las entidades financieras "con más arraigo" en la ciudad para tratar de alcanzar acuerdos con ellas. "Entiendo que existe una colaboración necesaria entre ellas, que quieren liquidar bienes inmuebles, y nosotros, que tenemos la obligación de proveer de viviendas a las familias que no la tengan", sostiene Broto, quien no obstante señala que su consistorio aún no ha decidido si utilizarán las sanciones como mecanismo coercitivo contra los bancos que no colaboren.

La vicealcaldesa señala que el Ayuntamiento de Zaragoza también tiene decidido lanzar un programa para tratar de poner en alquiler social viviendas de particulares que estén vacías, aunque en este caso a través de incentivos que hagan atractivo a los pequeños propietarios la cesión. Un mecanismo similar plantean en Palma de Mallorca: una portavoz del consistorio isleño sostiene que la idea del Gobierno local es ofrecer alicientes como "garantías ante impagos".

Vanesa Valiño explica que en Barcelona la corporación liderada por Ada Colau tiene en mente potenciar un programa aprobado en los últimos meses de mandato del anterior regidor, Xavier Trias, que precisamente busca que los pequeños propietarios tengan incentivos para ceder sus viviendas vacías a programas de alquiler social para familias desahuciadas. De esta forma, el ayuntamiento garantiza a estos pequeños propietarios "la renta del contrato de alquiler hasta 800 euros durante los primeros años del contrato", y además complementa los pagos mensuales con "la diferencia entre lo que puede pagar el inquilino, en función de sus ingresos, y el justiprecio que tiene la vivienda en el mercado".

Medidas específicas

Además, la jefa de Gabinete de la Concejalía de Vivienda anuncia que en septiembre el consistorio va a aprobar "una ayuda al pago del alquiler orientada específicamente a que la gente que no pueda pagar la tarifa mensual no se vea afectada por un desalojo". "En Cataluña, el 80% de los desalojos son por impago de alquiler, y en la mayoría el arrendatario es un pequeño propietario", explica Valiño, que sostiene que la medida que tomará la corporación barcelonesa "es importante porque beneficia también a estos pequeños propietarios, que no tienen responsabilidad".

La vicealcaldesa de Zaragoza, por su parte, también plantea una medida específica de su ciudad: la "subrogación de hipotecas", un mecanismo por el cual "el ayuntamiento pueda ejercer de garante de las hipotecas de las familias deudoras de buena fe" que no puedan hacerse cargo de pagar la letra mensual. El consistorio, explica Broto, se haría cargo de la hipoteca –siempre que sea "asumible", apunta– y el propietario sólo tendría que pagar una renta "que no sería de más de un tercio de sus ingresos" hasta que se recuperase económicamente. Si no pudiese hacerlo, la corporación se haría definitivamente con la propiedad de la vivienda y esta pasaría a integrar el parque público.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también ha comenzado a tomar sus propias medidas. Hace unos días, el consistorio paralizó la venta de 2.086 viviendas sociales a fondos de inversión y evitó el inminente desahucio de 220 familias residentes en estos pisos; además, en el distrito de Villa de Vallecas, el Gobierno local ha montado una mesa de prevención de desahucios "en la que están representados todos los actores que intervienen en la problemática de la vivienda", tal y como explica Paco Pérez, concejal del distrito.

En esta mesa se sientan representantes de los servicios sociales, la Policía Nacional, el Samur –el servicio de atención sanitaria de urgencias de la ciudad–, asociaciones de vecinos, la plataforma Stop Desahucios e incluso la propia oficina antidesahucios puesta en marcha hace unas semanas por el Ayuntamiento. El propósito de este órgano, sostiene Pérez, es fundamentalmente "coordinar el flujo de información" con el fin de que los actores implicados conozcan lo antes posible la apertura de un proceso de desahucio para tener más posibilidades de actuar.

"Cuando llega un caso le corresponde a servicios sociales examinarlo, aunque a veces la información le llega antes del juzgado a la policía o a las asociaciones de vecinos", ejemplifica el concejal, que señala que, si finalmente no se puede parar el desahucio, la mesa gestionará alternativas habitacionales a los afectados. Aunque, advierte, los expedientes se examinarán caso por caso, ya que el barrio está fuertemente afectado por la ocupación de viviendas por personas vinculadas al tráfico de drogas que provocan problemas de convivencia con el resto de vecinos.

Pérez, no obstante, no se define al ser preguntado sobre si organismos similares podrían ser implementados en el resto de distritos de la ciudad, y hace referencia a que Villa de Vallecas es una zona "con una problemática tremenda, porque 2.000 viviendas sociales se han vendido a fondos de inversión privados y cuando se van eliminando las ayudas del Ayuntamiento a los vecinos, estos se quedan en situación de desprotección".

El 57,2% de los emigrantes españoles que quisieron votar en las pasada elecciones autonómicas no pudieron hacerlo como consecuencia de las trabas administrativas que les dificultan ejercer su derecho. Así lo recoge una encuesta elaborada por la Marea Granate, el colectivo de españoles en el exterior que de forma reciente más ha visibilizado la situación de los nuevos emigrantes económicos, en base a una encuesta internacional realizada a medio millar de personas. 

Además, el colectivo denuncia que esta situación volverá a repetirse en las próximas elecciones generales –que todavía no están convocadas– porque el el censo CERA, en el que tienen que inscribirse los españoles que llevan más de un año viviendo si quieren votar, se cierra este viernes 31 de julio, una circunstancia de la que, aseguran, no han sido informados. La Marea Granate reclama que el Ministerio de Exteriores y las instituciones que dependen de él difundan con suficiente antelación un anuncio público del cierre de censo a través de anuncios en las redes sociales o notas de prensa.

El colectivo demanda, además, que se facilite la inscripción telemática y denuncian que no hacerlo es una cuestión de "voluntad política". Aseguran que se podrían desarrollar herramientas telemáticas ya existentes como la sede electrónica del Ministerio de Exteriores que a día de hoy sirve para hacer algunos trámites consulares. Señalan que hacerlo "mejoraría la accesibilidad a los recursos del Estado, así como su eficacia y costes".

Recepción de papeletas

Según la Marea Granate, los motivos por los que los emigrantes no pudieron votar en los comicios autonómicos del pasado mayo son los siguientes: en un 20% de los casos el censo electoral cerró sin que los electores hubieran tenido el tiempo el tiempo de inscribirse en él; mientras que en el 37,2% de los casos la causa fue que durante el proceso burocrático las papeletas no llegaron a tiempo "por el escaso margen con el que la Administración las envió a sus destinatarios a fin de que éstos las devolvieran por correo o votando en sus consulados". 

Así, la organización subraya que son porcentajes similares a los registrados en las elecciones autonómicas andaluzas del pasado marzo, donde otra encuesta de Marea Granate desveló que el 20,25% de los andaluces en el exterior no se  enteró del cierre del censo y que en un 38% de los casos, las papeletas no llegaron a tiempo. Y esto es algo que, siempre según datos del colectivo, también sucedió en los comicios europeos del año pasado, cuando otra encuesta reveló que el 83,8% de los emigrantes que quisieron votar no pudo ejercer su derecho por culpa de los plazos.

Desinformación 

No obstante, denuncian que estas no son las únicas causas que han hecho descender drásticamente la participación electoral. Así, aluden a la desinformación en los consulados sobre los plazos, las dificultades para inscribirse a distancia o la negación de la inscripción como residente temporal que, a su juicio, es prácticamente la única opción existente cuando el censo de residentes permanentes ya ha sido cerrado, señalan. Según cálculos de infoLibre, la participación electoral de los emigrantes ha bajado un 87% desde que es obligatorio rogar el voto. 

Por ello, reclaman al Gobierno que reforme antes de las elecciones generales un sistema de voto que, a su juicio, se ha revelado "tan perjudicial para el sufragio desde el exterior". En este sentido, la Marea Granate pide a los periodistas que este viernes 31 de julio, en la última rueda de prensa del Consejo de Ministro antes de agosto y día en que se cerrará  el censo para emigrantes, pregunten directamente a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría si el Gobierno eliminará el voto rogado para las próximas elecciones generales y, si no lo harán, con qué motivos lo argumentan. 

Hubo un tiempo en que se podía viajar de punta a punta del País Valenciano sin abandonar el azul del Partido Popular sobre el mapa. Fueron 20 años, de 1995 a 2015, de intenso lifting económico. El territorio se vació por dentro y se abultó por la costa. El dios era el ladrillo y su altar el andamio. En su nombre se celebraron carísimas carreras de coches y barcos y se edificaron aeropuertos sin uso con la creencia de que un día llegarían los aviones. Tierra, mar y aire, valenciano se convirtió en sinónimo de sofisticado, ufano y codiciable. Pero tras el humo de la traca solo quedaron los luminosos de la verdad, que como dice Joan Manuel Serrat, “nunca es triste”, “lo que tiene ese remedio”. Eran los neones de Gürtel, Brugal, Nóos o Valmor, destellos del valencian way of life o la más perfeccionada máquina de la corrupción. Quedó al descubierto que la locomotora valenciana corría más porque el combustible estaba trucado y que el milagro económico consistía en pintarle unos ceros a los documentos oficiales.

Y así dos gobiernos casi al completo pasaron por el banquillo de los acusados, incluido su presidente, Francisco Camps. Y tres altos cargos, de momento, ya están en prisión: Rafael Blasco, Carlos Fabra y Pedro Hernández Mateo. La altura artificial alcanzada generó una increíble velocidad de caída. Es como esos sueños en los que uno se siente devorado hacia el precipicio y despierta de golpe, empapado por un miedo indefinible. Ese vértigo, en Valencia, supuso un cambio de régimen. En una sola noche, la del pasado 25 de mayo, el PP perdió 20 años de poder. De aquella cartografía netamente azul solo quedan las diputaciones de Alicante y Castellón. Y Orihuela y Benidorm como únicos ayuntamientos con más de 50.000 habitantes.

Mientras tanto, los principales referentes ya han iniciado la retirada. Alberto Fabra y Rita Barberá recibieron esta semana su acta para el Senado, institución donde los políticos digieren su Waterloo en la urnas. Fabra, además, anunció este sábado, por sorpresa, que durante la próxima semana dimitirá como presidente regional, cargo desde donde pretendía tutelar la transición regional hasta el congreso de 2016. Un reclutamiento de estricta observancia interna para recomponer filas con la misión inminente de las elecciones generales de fin de año. Pero, ¿quién queda? ¿quiénes son los líderes del PP valenciano? Sin sastre que borde los trajes a medida, el mapa de la derecha valenciana aparece zurcido de costurones.

Valencia. A las órdenes de la “dama de hierro”

En el Partido Popular todos dan por hecho que Isabel Bonig, secretaria general de la formación regional, sustituirá en los próximos días a Alberto Fabra. Su nombre ya sonó para encabezar las lista a la Generalitat en sustitución de un Fabra a quien jamás se le consideró un paladín con demasiados bríos. En cambio, Bonig es impetuosa, lenguaraz y “muy de derechas”, tal y como a ella misma le gusta definirse. Se la conoce como la Tatcher o “la dama de hierro” valenciana. Aunque su familia es de fuertes convicciones socialistas, Bonig militó desde joven en Nuevas Generaciones. Y en 2007 consiguió la mayoría absoluta en su localidad, la Vall d'Uixó (32.000 habitantes). Un mayoría que repitió en 2011 e, inmediatamente, fue nombrada consejera de Infraestructuras.

A Bonig le han encargado levantar la moral de un tropa en descomposición, aunque como manda la inmediata historia del PP aborigen, tampoco se libra de la sombra de las presuntas corruptelas. Se trata de Vaersa, empresa pública vinculada al medio ambiente y que también sufrió las mordidas de la Gürtel en forma de contrataciones a Orange Market. Pero el lastre más pesado los representan los ex directores Enrique Simó y Fernando Espinosa, imputados por un supuesto delito de malversación tras la compra millonaria de todoterreno y asesorías externas fuera concurso. Sin embargo, ambos cuentan con “el apoyo y la confianza” de Bonig.

Otra candidata al PP valenciano, aunque con menos apoyos, es María José Catalá, ex consejera de Educación y ex portavoz del Consell. Es la principal apuesta de un Fabra con poco margen de maniobra en Génova, donde opositores como Rita Barberá o José Ciscar cuentan con mayor influencia. Otros rostros visibles son los de Vicente Betoret en substitución de Alfonso Rus al frente del PP provincial después que éste fuera suspendido de militancia por el escándalo del caso Diputación. O Juan Carlos Moragues, ex consejero de Hacienda, quien suplió a Serafín Castellano como Delegado del Gobierno cuando éste quedó también sin carnet por, presuntamente, beneficiar a una empresa amiga cuando era titular de Gobernación. Finalmente, en la ciudad de Valencia, no existe cabeza visible, ya que Rita Barberá ha dirigido el PP municipal con tal personalismo durante 24 años que no ha dejado ni un solo hueco para herederos.

Alicante. Ciudadanos marca el camino

En la provincia de Alicante el referente de circunstancias es César Sánchez, alcalde de Calp (23.000 habitantes), presidente de la diputación y delfín de José Ciscar, ex vicepresidente del Consell. Precisamente era Ciscar quien optaba a ser presidente del ente provincial, pero fue vetado por Ciudadanos tras exigir una “renovación política”. Entre las bambalinas está la enemistad personal entre Ciscar y Edmigio Tormo, diputado provincial de Ciudadanos. Tormo fue en su día concejal del PP en Elche y persona de confianza de José Joaquín Ripoll, ex líder zaplanista e imputado en Brugal, con quien Ciscar mantuvo un dura batalla por el poder territorial. La exigencia de Ciudadanos obligó a renunciar a Císcar, para quien “el partido está por encima de las personas”. Sánchez, propuesta de consenso, ha sido diputado autonómico durante dos legislaturas y forma parte del sector cristiano en su día capitaneado por Juan Cotino.

Castellón. Desmontando a Carlos Fabra

Es el territorio donde el dominio del PP es más claro. La diputación sigue gobernada por Javier Moliner, heredero en su día de Carlos Fabra y reconvertido en enemigo público tras la caída del viejo jerarca. De hecho Fabra presumía públicamente de no conocerle y de haberle retirado el saludo. Moliner, de perfil suave y moderado, se ha dedicado a desgajar la red clientelar de su predecesor, que llegaba hasta la cúpula de la diputación. Solo recientemente Moliner consiguió deshacerse de Francisco Martínez, mano derecha de Fabra e imputado por un asunto turbio en un recalificación de terrenos para la construcción de un depuradora en Borriol. Y también ha sido rocambolesco el episodio de la caída de Esther Pallardó, novia de Carlos Fabra y ex vicepresidenta de la diputación, quien intentó limar el poder de Moliner creando perfiles falsos en facebook para desacreditar su labor política y fomentar una corriente contestataria. Por todo ello acabó expulsada. Ahora se dedica a diseñar camisetas con ilustraciones del Juan Ripollés, autor de la escultura de Fabra por 300.000€ en el polémico aeropuerto de Castellón. Pura chanza y surrealismo. Quizá por eso todas la prendas de Pallardó llevan impresos mensajes “sobre la felicidad y el buen rollo”.

Una docena de dirigentes federales madrileños de IU presentaron este lunes una demanda en la que piden en los tribunales la suspensión cautelar de la decisión federal que desvincula de IU a la federación de Madrid.

Lo han hecho mediante la presentación de "una demanda de procedimiento sumario y preferente para la tutela judicial del derecho fundamental de asociación y participación política", han explicado en un comunicado.

Reclaman así la suspensión del acuerdo del Consejo Político Federal del 14 de junio de 2015, por el que se procede a desvincular a Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid de la organización federal de Izquierda Unida.

"Total e imposible reparación"

Los demandantes consideran el acuerdo "nulo y contrario al ordenamiento jurídico vigente", toda vez que las actuaciones concretas derivadas del acuerdo, y que están siendo llevadas ya a efecto por IU, "vulneran el derecho fundamental de asociación de los afiliados de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y que, de mantenerse, serán de total e imposible reparación".

Piden la suspensión cautelar "habida cuenta de las consecuencias políticas y jurídicas de una decisión de tal magnitud, que vulnera derechos fundamentales de 5.000 personas".

El PP vuelve a la carga con la elección directa de alcaldes. Saca del armario una de sus propuestas más recurrentes para intentar que esta vez vea la luz. Cosa difícil, vista la cercanía de las elecciones generales. Pero la iniciativa que este año, 2015, pretende liderar el partido de Mariano Rajoy no es una fotocopia exacta de aquella del verano pasado. Lo que quiere ahora es que gobierne aquel que en las municipales logre superar el 35% de los votos. Un año atrás, el umbral estaba más alto, en el 40%. Esa rebaja de 5 puntos le habría permitido poder gobernar cuatro grandes ciudades más tras los comicios del 24 de mayo (Móstoles, Valladolid, Ciudad Real y Marbella). Eso sí, no habría podido adjudicarse plazas claves como Madrid, Valencia, Sevilla o Zaragoza, en las que quedó por debajo del 35%. Es decir, que el mapa municipal no habría cambiado sustancialmente con este plan de Génova.

El rescate de la propuesta de reforma electoral ya afloró en la Conferencia Política que el PP celebró el pasado fin de semana en Madrid. Y este lunes el nuevo vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo, confirmó que se registrará en los próximos días en el Congreso con el objetivo de "acercar el resultado final del voto de los ciudadanos al resultado final del Gobierno que hay en cada sitio". El PP busca que se establezca una prima mayoritaria en el caso de que una lista consiga un porcentaje superior al 35% de los votos, prima que le supondría ubicarse en la mayoría absoluta de concejales. Si no es así, se iría a una segunda vuelta en la que concurrirían los partidos que hubieran traspasado cierto listón, y a partir de ahí se colocaría otro límite, que "en teoría sería el que consiguiera el 40% de los votos o una diferencia en torno a los siete puntos con otro partido". Si no se lograra la formación de Gobierno en esta segunda ronda, sería el momento de los pactos. 

Los conservadores sí han explicitado esta vez, y oficialmente, algunos detalles de su iniciativa. El año pasado, dio algunas pinceladas, pero no llegó a traducirla a una moción parlamentaria. Sí dejó caer que pensaba que aquellas candidaturas que obtuvieran el 40% o más de los votos serían recompensadas con una prima y se harían con el poder por la vía directa. Nada llegó a concretarse por el rechazo de la oposición, y singularmente del PSOE. Un no con el que el PP ha vuelto a tropezar este año. 

14 urbes en las que el PP se movió entre el 35% y el 40%

Si acudimos a los resultados de las municipales del pasado 24-M, la formación de Rajoy superó el 30% de los votos en 40 grandes ciudades (o sea, las de más de 100.000 habitantes y las 50 capitales de provincia). Si afinamos más, en 19 de ellas obtuvo más del 35% de los sufragios. Y en sólo cinco (Torrejón, Algeciras, Marbella, Santander y Almería) pescó más del 40%. 

En estas últimas cinco, el PP pudo retener la Alcaldía de la ciudad en todas, salvo en Marbella (41,01%). José Bernal, del PSOE, recibió el Gobierno de la ciudad malagueña con el apoyo de Opción Sampedreña, Costa del Sol Sí Puede –la plataforma ligada a Podemos– e Izquierda Unida. 

Fueron 14 las grandes localidades en las que el PP obtuvo entre el 35% y el 40% de las papeletas: Badajoz, Salamanca, Jaén, Alcobendas, Murcia, Palencia, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Málaga, Móstoles, Valladolid, Logroño y Granada. De ellas, el PP perdió en favor de la izquierda la madrileña Móstoles (el nuevo regidor es el socialista David Lucas), Valladolid (la gobierna Óscar Puente, del PSOE) y Ciudad Real (Pilar Zamora). Urbes que podría aspirar recuperar con su reforma electoral en caso de que se reprodujesen los datos del 24-M. 

Si se bajase el umbral a la franja del 30-35%, entonces el PP tendría al alcance de la mano el rescate de otras 12 grandes ciudades: Madrid (34,55%), Cádiz (33,68%), Badalona (34,21%) –en manos de plataformas municipalistas, Ahora Madrid, Por Cádiz Sí Se Puede y Guanyem Badalona en Comú–, Oviedo (34,51%), Córdoba (34,4%), Jerez (34,12%), Sevilla (33,08%), Huesca (30,96%)), Toledo (32,94%), Lugo (31,99%) –que han ido al PSOE–, Zamora (para IU) y Cartagena (para Movimiento Ciudadano, que se turnará en el poder con el PSOE).  

La bajada del umbral del 40% al 35% responde a la propia caída de los conservadores en las últimas municipales. Pasó de un abrumador poder conseguido en 2011 (37,54% de los sufragios) a ganar por los pelos las locales del 24-M (27,05%, por el 25,02% del PSOE). Un desplome que se tradujo en una pérdida de gobiernos: las 34 capitales de provincia en sus manos (más Ceuta y Melilla) hace cuatro años se quedaron en sólo 19 (más las dos ciudades autónomas) un mes atrás. El país giró a la izquierda, cambio que cristalizó gracias a los pactos trabados entre los socialistas y otras formaciones de su espectro ideológico. Dentro de cuatro años, la frontera del 40% podría quedar aún más lejos para Génova. 

Buscar "el máximo consenso"

Según explicó Maíllo este lunes, el propósito del PP es "buscar el máximo consenso en esta reforma electoral local". El dirigente habló también de plantear una modificación semejante para las autonómicas –aunque eso depende "mucho" de los estatutos– y para las generales. No se aplicará en ningún caso, advirtió, para los siguientes comicios. El partido la llevará en su programa electoral, eso sí. 

Los conservadores pretenden, básicamente, que el PSOE se retrate, al llevar la iniciativa al Congreso. Que diga si está o no de acuerdo y si está dispuesto a analizar una segunda vuelta, una idea que sí es cierto que defendió en el pasado. Maíllo, para intentar acercar posturas, precisó que aunque inicialmente se habló del apoyo de más del 35% para acceder a la prima, se puede "colocar el límite porcentual donde se debata". 

Es fácil suponer que la iniciativa no llegará a ver la luz. El propio responsable del PP reconoció que el consenso con el PSOE "es aconsejable, es lo necesario" y lo va a "buscar" su formación. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ya avanzó desde Sevilla, donde tuvo lugar el Consejo de Política Federal, que no apoyaría la reforma: "Se vuelve a equivocar, se necesita un consenso amplio de las fuerzas políticas", subrayó, para advertir a los conservadores de que si quieren cambiar la Ley Electoral, han de hacerlo para facilitar el voto de los emigrantes en las generales. 

Además, los tiempos son ya muy ajustados, dado que Rajoy ha de disolver las Cortes, como máximo, en octubre, y en el momento en que ingrese los Presupuestos de 2016, estos tendrán una tramitación prioritaria. 

Los programas de los partidos de izquierdas españoles se asemejan más de lo que parece a simple vista. Al menos esa es la conclusión que se extrae del estudio Confluyendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de confluencia?, un informe realizado por el filósofo Antoni Cisteró que analiza las diferentes propuestas de formaciones y movimientos sociales y sostiene que, a nivel programático, tienen muchas más coincidencias que divergencias.

El libro está prologado por el exjuez Baltasar Garzón y el poeta Luis García Montero, que aseguran que nadie "se atreve a poner en duda" que "aunar esfuerzos" es la única solución "ante la situación actual de pérdida de derechos sociales, deterioro de las instituciones y corrupción en la vida política". "La gente en la calle está pidiendo a gritos este cambio; pide con todas sus fuerzas que se aparquen a un lado las diferencias de matiz y las rencillas históricas entre parte de los dirigentes de unas fuerzas y otras; que se conjunten esfuerzos por parte de todos, con generosidad", afirman.

Y esta es la conclusión que saca, igualmente, Cisteró, que sostiene que "tanto a los ciudadanos como a los movimientos sociales y a los partidos lo que les une son sus reivindicaciones, ni las siglas, ni los nombres". Su estudio, desde luego, le da la razón, ya que analiza 16 aspectos de los programas políticos de PSOE, Podemos, IU y Equo y también sus respectivos códigos éticos y concluye que si no se ha producido la confluencia "es porque las propuestas son parecidas en el programa, aunque no en la práctica".

En educación y sanidad, básicamente de acuerdo

En este sentido, Cisteró ha incluido en una página web los resultados de su investigación, dividida por temas. En asuntos como la educación, por ejemplo, los cuatro partidos analizados coinciden en que tiene que ser "pública" y "gratuita", y la inmensa mayoría también señala que ha de ser "de calidad" y "participativa". Algo similar ocurre con la sanidad: los programas de los cuatro partidos exigen mantenerla como servicio público, y además varios de ellos nombran implícita o explícitamente que debe ser "universal" y garantizar la "equidad".

Estas propuestas son bastante genéricas, pero los programas en áreas como la política fiscal son más concretos. Y, pese a que existen diferencias entre unos y otros, la tónica general es de confluencia: así lo refleja, por ejemplo, el hecho de que PSOE, Podemos, IU y Equo hagan hincapié en la necesidad de aumentar la progresividad del sistema y también exista un importante consenso a la hora de hablar de reformar los organismos de control y limitar las bonificaciones y retribuciones. Las tasas especiales para productos de lujo o a las transacciones financieras, por el contrario, sólo son defendidas por Equo, Podemos e IU, según este estudio.

De igual forma, la banca pública es otro de los grandes puntos de consenso entre Podemos, IU y Equo, si bien en el estudio sólo se recoge la coincidencia entre los dos últimos porque el partido de Pablo Iglesias no incluyó esta propuesta en su documento programático de las elecciones europeas –el que se analiza en este punto–. Los tres partidos vuelven a coincidir en su petición de volver a crear empresas públicas en los sectores estratégicos en la economía, mientras que el PSOE mantiene como propuesta "un potente plan de inversiones europeo (un plan Marshall para Europa)"lan Marshall .

Vivienda y empleo

Equo defiende el empleo estable "que favorezca el acceso a personas en riesgo, con remuneraciones dignas y estimule el desarrollo personal y la asunción de responsabilidades", y asegura que el Estado debe promover las empresas públicas. El enunciado de IU es más concreto, ya que sostiene que la creación de empleo debe basarse en "la dotación suficiente de los servicios públicos", un enfoque similar al de Podemos, que proponía en su programa para las europeas de 2014 un "programa de inversiones y políticas públicas". Según el estudio, los socialistas –de los que en este punto se analiza su programa para las elecciones andaluzas– plantean propuestas menos específicas.

En materia de vivienda, los partidos coinciden en la necesidad de potenciar la vivienda social, un parque que "debe tener consideración de servicio público que no puede venderse ni privatizarse", según el programa de IU para las autonómicas de 2015. El incremento del IBI es también una de las propuestas en las que más coinciden las cuatro formaciones, si bien Equo pretende subirlo "en viviendas vacías y segundas residencias" e IU a "las viviendas deshabitadas en manos de entidades financieras".

Retiro, pero no para todos ni tan dorado como antes. Los presidentes autonómicos no disponen de los mismos privilegios cuando dejan su cargo. Prerrogativas, por otro lado, ya menguadas o en vías de desaparición. Buena muestra de que la España de los recortes y de la desafección hacia los políticos también ha alcanzado a los jarrones chinos de las comunidades. 

Las elecciones del 24 de mayo han apartado a 11 jefes autonómicos del Ejecutivo: los de Comunitat Valenciana (Alberto Fabra, PP), Madrid (Ignacio González, PP), Castilla-La Mancha (María Dolores de Cospedal, PP), Extremadura (José Antonio Monago, PP), Aragón (Luisa Fernanda Rudi, PP), Baleares (José Ramón Bauzá, PP), Canarias (Paulino Rivero, CC), Murcia (Alberto Garre, PP), Cantabria (Ignacio Diego, PP), Navarra (Yolanda Barcina, UPN) y La Rioja (Pedro Sanz, PP).

Algunos de ellos ya saben su destino. Fabra, Rudi, Bauzá y Sanz disfrutarán esta legislatura de un escaño como senadores autonómicos. Si se quedan con la retribución de la Cámara, pasarán a cobrar cerca de 80.000 euros brutos al año en 14 mensualidades, si son portavoces de comisión, cargo que suele ser habitual. Un camino que ya anduvieron antes algunos de sus antecesores del PSOE en cuanto perdieron el poder, como José Montilla (Cataluña), Marcelino Iglesias (Aragón) y Vicente Álvarez Areces (Asturias), ambos en la Cámara alta, o el manchego José María Barreda en el Congreso. 

Ignacio González, en cambio, se incorporó rápidamente al Consejo Consultivo madrileño, un órgano que la nueva presidenta, Cristina Cifuentes, quiere suprimir "lo antes posible", fruto de su pacto de investidura con Ciudadanos. Ello implicará asimismo la salida de los expresidentes Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón. Todos ellos perciben 8.500 euros al mes. 

Sueldos que rondan los 60.000 euros al año

Los Consejos Consultivos –que por ahora existen en todas las CCAA, menos Cantabria– son una de las plataformas de salida para los expresidentes previstas por las comunidades en su legislación. Aparte de Madrid, es el caso de Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Galicia o La Rioja. Hasta diez exjefes del Ejecutivo están allí instalados: los tres madrileños, el andaluz Rafael Escuredo, el valenciano Francisco Camps, los gallegos Gerardo Fernández Albor, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, el asturiano Juan Luis Rodríguez-Vigil y el riojano Joaquín Espert. La mayoría cobra unas retribuciones que rondan los 60.000 euros anuales (bastante más, en el caso de Madrid, a razón de 8.500 euros al mes). La excepción es Espert, que tiene derecho a indemnizaciones o dietas, no a un sueldo fijo. Otro retiro similar es el Consejo de Estado, en el que está el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien tampoco percibe sueldo al ser consejero electivo. 

Los estatutos de los expresidentes ya han ido perdiendo músculo. Los recortes en las Administraciones (y la controversia política) se han llevado por delante parte de estas suculentas oficinas. Sobre todo en lo que se refiere a la asignación personal, las pensiones o las cesantías, como ocurrió en Andalucía, Extremadura o La Rioja. Se mantienen en algunos casos los medios humanos y materiales (secretarias, despacho, coche y chófer), como ocurre con Francisco Camps y Alberto Fabra en Valencia, con José Bono en Castilla-La Mancha, o con los exlehendakaris. En otros casos, se opta por fórmulas más modestas, como el régimen protocolario, el tratamiento o los servicios de seguridad. El estatuto de los expresidentes más potente es el catalán, ya que contempla asignaciones mensuales vitalicias, a las que tuvo que renunciar Jordi Pujol, tras conocerse su fraude millonario al fisco. 

Lo que sigue es un retrato exhaustivo de la situación en las 17 comunidades autonómas. La casuística y dispersión normativa es amplia, aunque subsisten elementos comunes. Un trabajo que ya sistematizó en 2009 la constitucionalista de la Universitat de València Josefa Ridaura. Pero e

El estatuto de los expresidentes más potente es el catalán, ya que contempla asignaciones mensuales vitalicias, a las que tuvo que renunciar Jordi Pujol, tras conocerse su fraude millonario al fisco. sa realidad ha cambiado en buena medida en los últimos años. 

01. ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía aprobó su ley por la que regula el estatuto de sus expresidentes en 2005. Estaba entonces en el Gobierno Manuel Chaves, que en 2009, cuando se incorporó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, cedió el testigo a José Antonio Griñán. Aquella norma establecía que cuando los exjefes del Gobierno autonómico alcanzasen los 65 años y se retirasen, tendrían derecho a percibir una asignación mensual "igual al 60% de la retribución mensual" que correspondiese al ejercicio del cargo de quien ejerza la Presidencia de la Junta. También fijaba con qué era incompatible ese sueldo. 

Sin embargo, Griñán, en diciembre de 2011, muy poco antes de disolver el Parlamento para las siguientes elecciones, logró sacar adelante una reforma de esa ley que fulminó esa asignación para los expresidentes (que ascendería a 38.284 euros anuales, teniendo en cuenta que el salario de la presidenta es de 63.808,20 euros). Sí preservó en la legislación que, por decreto del Consejo de Gobierno, se asignará a los expresidentes, con carácter inmediato a su cese, los "medios personales y materiales necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas, y la dotación presupuestaria para el funcionamiento ordinario de dicha oficina y para las atenciones protocolarias que correspondan". Los exjefes del Ejecutivo andaluz también dispondrán de los servicios de seguridad que la Administración autonómica considere necesarios. 

Dos expresidentes que dejan sus escaños

El único expresidente que cesó desde la reforma de 2011 fue el propio Griñán, que en septiembre de 2013  cedió su cargo a Susana Díaz y se incorporó al Senado. Allí cobraba, hasta el momento en que dejó su escaño, el mes pasado, un total de 5.682,76 euros brutos al mes (por 14 mensualidades) –79.558 euros al año–, dado que era vicepresidente segundo de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Chaves, como diputado en el Congreso desde 2011 hasta el pasado 2 de julio –abandonó al confirmarse su imputación por el caso ERE–, percibía 6.069,04 euros brutos al mes (por 14 pagas) –un total de 84.966,56 euros al año–, algo más que su sucesor porque él era presidente de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. 

El expresidente andaluz Manuel Chaves, durante el pleno del Congreso del pasado 16 de abril , dos meses y medio antes de dejar su escaño | EFE

Los dos expresidentes anteriores fueron los socialistas Rafael Escuredo (1979-1984) y José Rodríguez de la Borbolla (1984-1990). Uno siguió ejerciendo la abogacía desde su salida de la Junta, y el segundo dando clases en la Universidad de Sevilla. Pero el primero, Escuredo, es miembro electivo, con dedicación exclusiva, del Consejo Consultivo de Andalucía –y antes, de 2005 a 2009, como consejero permanente, en calidad de expresidente de la Junta–, razón por la que percibe al año 62.800,44 euros. Los exjefes del Ejecutivo pueden ser miembros permanentes en el órgano consultivo, hasta que cumplen 75 años.

02. CATALUÑA 

El estatuto de los expresidents de la Generalitat se aprobó por unanimidad de los grupos en 2003, pocos meses antes de que Jordi Pujol abandonase el Govern, después de 23 años en el poder. Antes un decreto de la Generalitat provisional de 1980 había regulado la situación personal del presidente Josep Tarradellas como reconocimiento a sus años de servicio a Cataluña y a su contribución a la vuelta de la autonomía. 

La ley de 2003 estipula que los expresidents tienen derecho a percibir, "por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de president". Cuando llegan a los 65 años, esa asignación se reduce al 60% (se trata de una pensión vitalicia). El sueldo del actual president, Artur Mas, para 2015, es de 144.030,12 euros. Un 80% del mismo supone 115.224 euros. Y el 60%, 86.418 euros. 

La norma también faculta al Govern para regular el régimen estatutario de los expresidents de la Generalitat, determinar los medios personales y materiales que deben ponerse a su disposición y facilitar el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas. 

El 'escándalo Pujol'

Pujol renunció a todos sus cargos y a las prerrogativas que le concedía la ley el pasado julio justo después de confesar que había ocultado una fortuna al fisco durante 34 años. Así, dejó de ser molt honorable, perdió su pensión vitalicia de 86.418 euros al año, su despacho en el céntrico paseo de Gràcia de Barcelona, personal de apoyo de la oficina, un vehículo propio y chófer. 

El socialista Pasqual Maragall, president entre 2003 y 2006, mantiene su derecho a esa pensión vitalicia. Su sucesor, José Montilla (2006-2010), marchó al Senado en 2011, y todavía mantiene su asiento. Es portavoz del grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya (PSC-ICV), y como tal cobra 7.303,77 euros brutos al mes. Por 14 pagas, da un total de 102.252,78 euros al año. 

El año pasado, a raíz del caso Pujol, el Parlament aceptó tramitar la solicitud de reforma del estatuto de 2003 para retirar sus privilegios a los expresidents. Pero la propuesta de los grupos fue finalmente rechazada. 

03. PAÍS VASCO

Euskadi cuenta desde 1999 con un decreto regulador del estatuto de los exlehendakaris. Un texto que reserva a quien ha estado en Ajuria Enea una secretaría de apoyo y un vehículo de representación (con una persona de apoyo y un chófer elegidos por el exjefe del Ejecutivo) y un local de oficina, pagado por la Administración. La disposición de la secretaria y del conductor quedará "en suspenso" transcurridos dos años del cese. Los gastos "generados por los medios puestos a disposición" para el expresidente saldrán de las cuentas de la comunidad. 

El Estatuto del Político en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado un año más tarde, en 2000, establece que los exlehendakaris tendrán derecho a recibir una pensión de retiro, "equivalente a las retribuciones de un parlamentario", incompatbile con actividades económicas privadas o con actividades públicas remuneradas con cargo a los Presupuestos de las Administraciones. Además, ese estatuto señala que "se completará la pensión de jubilación con cargo a los Presupuestos de la comunidad", hasta la cuantía máxima del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que el exlehendakari haya ejercido sus funciones durante al menos tres años.

Una Comisión Jurídica Asesora sin lehendakaris 

Las oficinas de Carlos Garaikoetxea (1980-1985) y José Antonio Ardanza (1985-1999) se crearon en 1999 y, posteriormente, la de Juan José Ibarretxe (lehendakari desde 1999 a 2009). Este, como aclaró el PNV el año pasado, no cobra ese complemento de pensión porque no está jubilado –tiene 58 años–. Pero su oficina sí generó algunos gastos. Entre junio de 2009 y junio de 2014, ascendió a 25.369,10 euros, que "suponen 422,8 euros mensuales para hacer frente a los gastos de oficina y de representación que le corresponden", según los nacionalistas. Tampoco está jubilado el socialista Patxi López (mandatario autonómico entre 2009 y 2012). Este dejó su escaño en septiembre de 2014, y desde entonces sólo cobra de su partido, como secretario de Acción Política y Ciudadanía de la ejecutiva federal de Pedro Sánchez (3.128,74 netos al mes, por 14 pagas). 

La comunidad dispone de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, pero en su ley reguladora no está prevista la entrada de los exlehendakaris. Tiene un carácter más técnico. 

04. COMUNIDAD DE MADRID

En la Comunidad de Madrid no existe una regulación específica para los expresidentes autonómicos. Desde 2001 se incluyó una partida en los Presupuestos regionales para gastos de representación. Pero en 2007, el Gobierno de Esperanza Aguirre, para dignificar su figura, confirió a los exjefes del Ejecutivo autonómico la condición de miembros permanentes, y con carácter vitalicio, del Consejo Consultivo de la Comunidad, el máximo órgano asesor. Todos ellos pueden solicitar su ingreso en cualquier momento. 

El conservador Alberto Ruiz-Gallardón (jefe del Ejecutivo entre 1995 y 2003)lo reclamó nada más dimitir como ministro de Justicia. Antes lo hizo el socialista Joaquín Leguina (1983-1995). Ambos cobran unos 8.500 euros brutos al mes. La tercera expresidenta, Esperanza Aguirre (2003-2012), no quiso entrar en el Consejo Consultivo cuando abandonó la Presidencia de la Comunidad. Tras una fugaz vuelta a su puesto de trabajo como funcionaria en el Instituto de Turismo de España, se pasó al sector privado, a la empresa catalana de cazatalentos Seeliger & Conde. Como desveló infoLibre, la presidenta del PP madrileño ganó en 2013, según su última declaración de la renta presentada, 369.000 euros por su trabajo en Seeliger & Conde, otros 8.000 como rendimientos del trabajo y otros 5.000 por haberse hecho con un premio taurino concedido por el diario Abc. 

Polémica por la supresión del Consejo

A esta nómina de expresidentes se ha sumado ahora el sucesor de Aguirre, Ignacio González (2012-2015). No perdió el tiempo. Su sucesora, Cristina Cifuentes, tomó posesión de su nuevo cargo el 25 de junio, y sus consejeros lo hicieron dos días más tarde. El 3 de julio, González ya aparecía en la web como miembro del Consultivo. Cifuentes asumió el compromiso de suprimir por completo el órgano consultivo en su pacto con Ciudadanos y de "despolitizar" la Cámara de Cuentas.

El portavoz del partido naranja, Ignacio Aguado, ha dejado ver su malestar: pidió explicaciones a la nueva presidenta por la rápida incorporación de González, una "falta de respeto", tanto por carga de trabajo "muy limitada" en los meses de verano como por el "acuerdo para su eliminación". Cifuentes ha venido reiterando que disolverá "en cuanto sea posible" el Consultivo y evitó opinar sobre la entrada de su predecesor, escudándose en que fue una opción personal. La nueva jefa del Ejecutivo también ha prometido un estatuto de los expresidentes semejante al existente en otros gobiernos autonómicos, una idea que rechazan PSOE y Podemos. 

05. COMUNITAT VALENCIANA

La Comunitat Valenciana fue la primera autonomía que reguló por ley la figura de los expresidentes, y no por decreto. Fue en 2002. El Consell les pone a disposición los medios necesarios, dice la ley, para el sostenimiento de una oficina de apoyo, con estos recursos: dos puestos de trabajo de asesor y una plaza de chófer, un local para la instalación del despacho, un vehículo y personal de seguridad. Además, los expresidentes de la Generalitat son miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunidad durante un plazo de 15 años, cuando hayan ejercido el cargo "por un periodo igual o superior a una legislatura completa". En los demás casos, serán miembros del CJC por un periodo igual al tiempo ejercido como presidentes, con un mínimo de dos años. El sueldo como miembro del CJC es incompatible con otras retribuciones por el desempeño de cualquier cargo público, según la ley. 

El nuevo presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, es recibido por su antecesor, Alberto Fabra, para su toma de posesión, el pasado 25 de junio | EFE

Francisco Camps (2003-2011) es el único expresident que se sienta en el CJC. Cobró, como miembro nato del órgano consultivo, 48.749 euros brutos al año, según la declaración de bienes e ingresos que presentó en Les Corts del año 2012. No está en el órgano José Luis Olivas (2002-2003), que tras su paso por la Generalitat recaló en Bancaja, que presidió, y en Bankia, con una gestión ruinosa. Está imputado en varias causas. Su antecesor, Eduardo Zaplana (1995-2002), trabaja en Telefónica. Y el socialista Joan Lerma (1982-1995) mantiene su escaño de senador desde 1995. Como portavoz de Economía en la Cámara alta, percibe 5.682,76 euros brutos al mes (en 14 pagas, que da 79.558,64 euros al año).

A la lista de expresidents de la Generalitat se ha sumado ahora Alberto Fabra. El pasado 2 de julio, la portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, María José Catalá, confirmó que este se acogerá al estatuto de los exjefes de la Generalitat –con lo que tiene derecho a chófer, dos asesores y despacho–, pero renuncia a entrar en el CJC. Además, pasará a ocupar un bien pagado escaño en el Senado. 

06. CASTILLA-LA MANCHA

La Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, aprobada en 2003 por unanimidad de PSOE y PP, bajo la Presidencia del socialista José Bono, es la que regula la figura de los exjefes del Ejecutivo autonómicos. Y es la que dice que estos no percibirán "cantidad alguna en concepto de indemnización por su cese", pero sí tienen derecho, "durante un periodo equivalente al tiempo de desempeño del cargo de presidente", a una secretaría de apoyo (dotada con dos personas), un local de oficina, un conductor, un automóvil y un servicio de seguridad y protección personal. Esos gastos se pagan con los Presupuestos de la comunidad. 

Bono, presidente de la Junta de Comunidades entre 1983 y 2004, es el único que disfruta de estas prerrogativas. Se montó su oficina en 2006, cuando dejó el Ministerio de Defensa, y hasta 2008, cuando se convirtió en presidente del Congreso. Al acabar la legislatura, en 2011, volvió a disponer de ella. Su sucesor, José María Barreda (2004-2011), renunció a este privilegio. Él es, desde 2011, diputado en la Cámara baja, y como presidente de la Comisión Mixta de control parlamentario de RTVE percibe 6.069,04 euros brutos al mes que, multiplicados por 14 pagas, resultan 84.966,56 euros. 

La ya presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, propuso en 2013 suprimir las ventajas a los expresidentes autonómicos. Su partido no se cansó de repetir que el coste de la oficina de Bono era de 160.000 euros al año, producto de sumar los salarios del personal de apoyo al servicio del socialista. Sin embargo, cuando se debatió la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, el 20 de junio de 2013, todos los diputados socialistas abandonaron el pleno en señal de protesta. La iniciativa decayó, porque para modificar la Ley del Gobierno el Estatuto de Autonomía exige una mayoría cualificada de tres quintos, de forma que el PP necesitaba sus 25 votos y al menos 5 de los 24 parlamentarios del PSOE. 

Parada la supresión

Los socialistas se mostraban a favor de revisar el régimen de los expresidentes, pero había pedido al PP que retirase su proposición –que quería tramitar en lectura única y sin posibilidad de presentar enmiendas– para crear un grupo de trabajo sobre las reformas que afectaban a la "arquitectura constitucional" de Castilla-La Mancha. Justo en ese momento se estaba tramitando la modificación del Estatuto para reducir el número de diputados (que finalmente se aprobó con los únicos votos del PP) y había entrado en vigor la retirada del sueldo a los parlamentarios regionales, también sin consenso. Bono, no obstante, se mostró aquellos días a favor de que se suprimieran los privilegios para todos los expresidentes que tengan "algún tipo de oficina". 

Cospedal ya anunció que, como Barreda, no disfrutaría de ningún privilegio en cuanto saliese de la Presidencia de la Junta, algo que se materializó el pasado 4 de julio, cuando Emiliano García-Page tomó posesión de su cargo. El tratamiento de los exjefes de la Junta no figura en el acuerdo con Podemos (ni en su anexo), pero el PSOE no se niega a revisar el tratamiento. 

Cospedal no podría ingresar en el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, ya que la ley establece que son miembros natos los expresidentes que hayan ejercido su cargo al menos seis años, y ella sólo ha completado una legislatura (2011-2015). Ningún exjefe del Ejecutivo autonómico forma parte del órgano asesor. Los consejeros natos sólo podrían percibir una remuneración si no desempeñasen ninguna otra actividad retribuida. 

07. EXTREMADURA

En 2007, cuando el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra estaba a punto de dejar la Presidencia de la Junta, que había conducido desde 1983, dejó aprobado el estatuto de los exjefes del Ejecutivo autonómico. Un régimen que no escatimaba en gastos: un local, tres personas para labores de Secretaría, vehículo oficial y chófer, personal de seguridad; derecho a recibir dietas, indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados en desplazamientos institucionales o derecho a un seguro de vida. Además, se preveía una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución del presidente por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que hubieran permanecido en el cargo. También garantizaba, a partir de los 65 años, el cobro de una pensión igual al 60% del sueldo del jefe del Gobierno. 

Fue precisamente la oficina de Ibarra uno de los temas de confrontación en la negociación del Ejecutivo salido de las urnas de las elecciones de 2011. Tanto el PP como IU pedían el cierre del despacho y el fin de los privilegios. El expresidente, no obstante, fue nombrado entonces, en junio de 2011, como consejero electivo del Consejo de Estado, por un periodo de cuatro años. Según recuerda la institución, los miembros electivos y los natos cobran un máximo mensual de 974,16 euros por asistencia al pleno. 

Subida de sueldo para Vara

El conservador José Antonio Monago logró la Presidencia en 2011 gracias a la abstención de IU en su investidura, y puso fin a 28 años de gobiernos socialistas. Y promovió la derogación de la norma de 2007. En su ley de regulación de cargos públicos del Gobierno, aprobada en 2014, acabó con casi todos los privilegios. Quitó el derecho de asignación mensual y de pensión. Sólo permitió que la Asamblea regional asuma los gastos necesarios en medios humanos y materiales de los expresidentes, pero que serán fijados por la Mesa. Los exjefes del Gobierno podrán percibir dietas e indemnización en caso de viajes institucionales. Además, podrán incorporarse al Consejo Consultivo de Extremadura. 

Monago ya ha salido de la Presidencia y le ha reemplazado el socialista Guillermo Fernández Vara, que ya fue jefe del Ejecutivo autonómico entre 2007 y 2011. Tras no renovar su cargo hace cuatro años, siguió ocupando su escaño como portavoz del Grupo Socialista, por lo que percibió 58.047,64 euros brutos al año. Ahora, en su vuelta al poder, cobrará 77.295,40 euros anuales, según la Ley de Presupuestos de 2015. Monago ya ha manifestado su voluntad de quedarse en su escaño, como líder de la oposición en la región, cargo remunerado, por tanto, con 58.047,64 euros brutos al año. 

08. ARAGÓN

Ninguna asignación prevista para los exmandatarios autonómicos. La disposición adicional tercera de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, de 2009, dice simplemente que los exjefes del Ejecutivo, tras cesar en el cargo, mantendrán el tratamiento de "excelencia" con carácter vitalicio y "disfrutará de los derechos que reglamentariamente se determinen". 

Luisa Fernanda Rudi felicita a su sucesor al frente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, el pasado 3 de julio | EFE

Aragón cuenta con siete expresidentes: Santiago Marraco (PSOE, 1983-1987), Hipólito Gómez de las Roces (PAR, 1987-1991), Emilio Eiroa (PAR, 1991-1993), José Marco (PSOE, 1993-1995), Ramón Tejedor (PSOE, 1995), Santiago Lanzuela (PP, 1995-1999) y Marcelino Iglesias (PSOE, 1999-2011). Ahora se ha sumado la conservadora Luisa Fernanda Rudi (2011-2015). Lanzuela fue diputado en el Congreso desde 2000 hasta julio del año pasado, cuando ingresó en el consejo de administración de Red Eléctrica de España como consejero dominical. Iglesias, a su vez, es vicepresidente segundo de la Comisión de Incompatibilidades del Senado, labor por la que percibe 5.682,76 euros brutos al mes (por 14 mensualidades) –79.558 euros al año–. Rudi, como Fabra, se sentará en el Senado también. 

La Ley del Consejo Consultivo de Aragón faculta al Gobierno a nombrar como miembros del órgano a los expresidentes regionales. Pero ninguno se sienta allí ahora mismo. 

09. CASTILLA Y LEÓN

Parquedad también en la Ley Reguladora del Estatuto de los Expresidentes de Castilla y León, aprobada en 2005. Señala que los exmandatarios autonómicos, en sus desplazamientos fuera de la comunidad, "podrán gozar del apoyo de los servicios que la Junta tenga establecidos, como la Oficina de la Junta en Madrid y Bruselas". No hay ningún tipo de asignación prevista. 

Además, los expresidentes son consejeros natos del Consejo Consultivo de Castilla y León. Ahora mismo no hay ninguno de ellos en la institución. Demetrio Madrid (PSOE, presidente entre 1983 y 1986) fue consejero entre 2003 y 2011. Su sucesor, el socialista Constantino Nalda (PSOE, 1986-87), lo fue entre 2003 y 2014. Los siguientes presidentes fueron ni los conservadores José María Aznar (PP, 1987-1989), Jesús Posada (1989-1991) y Juan José Lucas (1991-2001). Juan Vicente Herrera, jefe del Ejecutivo desde 2001, ya ha sido investido presidente con la abstención de C's. Aznar es presidente de honor del PP y de FAES, consejero de Endesa y de otras empresas; Posada preside el Congreso esta legislatura –2011-2015– y Lucas es senador desde 2003 y vicepresidente primero de la Cámara alta desde 2011. 

10. ASTURIAS

La regulación asturiana es de las más tempranas. De 1984 es la Ley del Presidente y del Consejo de Gobierno, en cuyo artículo 20 figura que este "regulará el régimen estatutario" de los exjefes del Ejecutivo, "previa resolución de la Junta General del Principado" –el Parlamento regional–, en la que "se fijarán los criterios al respecto, que contendrán, en todo caso, la previsión de los auxilios y medios personales y materiales que al producirse el cese se les asignen con carácter temporal", así como el protocolo de precedencias que en los actos públicos que organice la comunidad les corresponda. Ese artículo 20, según confirman fuentes del actual Gobierno, no ha sido desarrollado. 

Al actual presidente en funciones, el socialista Javier Fernández (2012-) le precedieron siete dirigentes, todos hombres. Rafael Fernández Álvarez, el presidente preautonómico y primer presidente del Principado (1978-1983) falleció en 2010. Le siguió Pedro de Silva Cienfuegos (1983-1991), que tras abandonar el cargo se centró en la creación literaria y llegó a ganar el Premio La Sonrisa Vertical de novela erótica en 1998 con su obra Kurt. Le sucedió Juan Luis Rodríguez-Vigil (1991-1993), que se vio obligado a dimitir por el escándalo del petromocho, una fantasma inversión petroquímica saudí. Le sustituyó a mitad de legislatura Antonio Trevín (1993-1995), diputado en el Congreso desde 2011 y portavoz socialista de la Comisión de Interior, tarea por la que cobra 79.578,94 euros al año. 

Uno en el Consejo Consultivo

Entre 1995 y 1999, primer cambio de color en el Principado: el Ejecutivo pasó a manos del dirigente del PP Sergio Marqués, fallecido en 2012. Le sucedió el socialista Vicente Álvarez Areces (1999-2011), que logró la plaza de senador electo por Asturias en esta legislatura, en la que ejerce como portavoz de Educación (79.558,64 euros, distribuidos en 14 pagas). Un año estuvo en el poder (2011-2012) Francisco Álvarez-Cascos, que ya no es diputado desde el 24-M. "Nadie tiene oficina porque la ley no está desarrollada. Ningún expresidente tiene ningún tipo de privilegios", insisten desde el entorno de Javier Fernández. 

La Ley del Consejo Consultivo de Asturias permite la entrada de "juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional efectiva". Por esa vía entró en 2005 (y fue reelegido por la Cámara del Principado en 2012) Rodríguez-Vigil. Como vocal, recibe 63.705 euros al año. 

11. NAVARRA

Navarra fue otra de las comunidades pioneras a la hora de regular el estatus de sus expresidentes. Lo hizo a través del decreto foral 180/1984, que incluso estipulaba las prestaciones económicas. Pero una ley de 2007 derogó los dos artículos de ese decreto (el 3 y el 6) que se explayaban sobre las percepciones y pensiones de los exjefes del Ejecutivo navarro. 

De este modo, lo que queda en pie del decreto de 1984, básicamente, es que los expresidentes conservarán los honores que les correspondan –una ley de 2008 no precisa el tratamiento–, que desde el Gobierno se adoptarán las resoluciones necesarias para preservar su seguridad, y que la legislación foral regulará la cuestión de las precedencias en los actos oficiales. 

En la Presidencia del Gobierno de Navarra se han sucedido Jaime Ignacio del Burgo (UPN, 1979-1980, 1984), Juan Manuel Arza (UCD, 1980-1984), Gabriel Urralburu (PSOE, 1984-1991), Juan Cruz Alli (UPN-CCN, 1991-1995 y 1996), Javier Otano (PSOE, 1996), Miguel Sanz (UPN, 1996-2011) y Yolanda Barcina (UPN, 2011-2015). Sanz es presidente de la empresa Autopistas de Navarra, SA y Barcina, la presidenta saliente –ahora la reemplazará Uxue Barkos, de Geroa Bai–, no tiene ya escaño en el Parlamento. Ninguno de ellos se sienta en el Consejo Consultivo, formado por siete miembros, todos ellos "juristas de reconocido prestigio y experiencia que tengan la condición política navarra".

12. GALICIA

Galicia ya comenzó a regular la figura de los expresidentes con la ley 1/1983. Esta norma les permite percibir, durante dos años desde la fecha de su cese, las compensaciones económicas que se establezcan por decreto de la Xunta (el 60% del sueldo del presidente autonómico). Una ley de 2012 endureció el régimen de incompatibilidades para poder acceder a esta cesantía.

Asimismo, los expresidentes tienen derecho a disfrutar –desde cuatro hasta diez años adicionales, en función de su tiempo en el cargo– de los "medios y servicios" que ponga el Gobierno autonómico (tendrían adscrito un puesto de trabajo de la Administración autonómica, con nivel administrativo 18, y un coche oficial) . Un derecho "incompatible con la condición de miembro nato del Consello Consultivo o con el ejercicio de un cargo público" que otorgue una prestación de servicios análoga. 

Tres expresidentes vivos, tres cobran

Ahí está la segunda parte: que los expresidentes pueden convertirse en conselleiros natos del órgano consultivo gallego. Pueden pedir su incorporación en cualquier momento, siempre antes de cumplir los 75 años. Podrán mantener su puesto durante seis años si dirigieron la Xunta durante cuatro años o menos, o por un periodo de 12 años si fueron presidentes por más de un cuatrienio. 

Los tres exjefes de la Xunta vivos se sientan actualmente en el Consello Consultivo. Es el caso de Gerardo Fernández Albor (PP, 1982-1987), Fernando González Laxe (PSOE, 1987-1990) y Emilio Pérez Touriño (2005-2009). Los tres cobran, por tanto, lo estipulado en la Ley de Presupuestos de la Xunta: 58.659,48 euros, repartidos en 12 mensualidades. El presidente más longevo en el cargo, Manuel Fraga (1990-2005), pasó al Senado tras dejar el Ejecutivo. Murió en enero de 2012. 

13. MURCIA

Nada de privilegios. Según el artículo 20 de la la ley 6/2004, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, los exjefes del Ejecutivo gozarán, "a partir del momento de su cese, de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo recibiendo, con carácter vitalicio, el tratamiento de excelencia y las atenciones honoríficas y protocolarias que legal o reglamentariamente se determinen".

Por la Presidencia de Murcia han desfilado los socialistas Andrés Hernández Ros (1979-1984), Carlos Collado (1984-1993) y María Antonia Martínez (1993-1995) y los conservadores Ramón Luis Valcárcel (1995-2014) y Alberto Garre (2014-2015), el inmediato antecesor del nuevo presidente (gracias a Ciudadanos), Pedro Antonio Sánchez. Valcárcel es, desde las elecciones de mayo del año pasado, eurodiputado. Por su escaño cobra 8.020,53 euros brutos al mes más dietas. Auque Murcia sí tiene un Consejo Jurídico Consultivo, los expresidentes no son miembros natos. 

14. BALEARES

Aunque al comienzo de la historia de la autonomía, sí se aprobó una regulación más generosa para los expresidentes (asignación mensual y pensión vitalicia), en los años posteriores se fue congelando. Así, la ley 4/2001, del Gobierno de Baleares (modificada ligeramente en 2011), expone que los exjefes del Ejecutivo del archipiélago "tienen derecho a recibir, con carácter permanente, las atenciones honoríficas y protocolarias correspondientes, siempre que no hayan cesado" por condena firme o por incompatibilidad declarada y publicada. 

La nueva presidenta balear, la socialista Francina Armengol, recibe la enhorabuena de su antecesor, el conservador José Ramón Bauzá, el pasado 30 de junio | EFE

El conservador Gabriel Cañellas (1983-1995) cubrió la primera parte de la historia autonómica. Imputado, fue sucedido por el miembro de su partido Cristòfol Soler (1995-1996), a quien el PP sustituyó por el hoy condenado por corrupción Jaume Matas (1996-1999 y 2003-2007). Matas se alternó con el socialista Francesc Antich (1999-2003 y 2007-2011). José Ramón Bauzá (2011-2015) se apunta ahora a la lista de expresidents tras la toma de posesión de la socialista Francina Armengol, en el poder gracias al apoyo de MÉS (en su Ejecutivo) y Podemos. Antich es senador por designación autonómica y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional de la Cámara alta, cargo por el que cobra 79.558,64 euros brutos al año. Bauzá es otro de los que emigra a la Cámara alta.  

Aunque existe un Consell Consultiu, sus diez miembros han de ser "juristas de competencia y prestigio reconocidos, con más de diez años de ejercicio profesional, que tengan la condición política de ciudadanos o ciudadanas de las Illes Balears". No figura en su nómina ningún expresident.

15. CANARIAS

La ley canaria 2/2000 modificó la normativa relativa al Gobierno de la comunidad para introducir el estatuto de los expresidentes (artículo 5 bis). Este les concede el tratamiento de excelencia y los honores protocolarios. Además, les da el derecho a percibir las "compensaciones económicas" que determine la Ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno. Y tendrán derecho, dice el texto de 2000, a la "utilización de los medios personales y materiales" que el Ejecutivo del archipiélago disponga. Pero estas previsiones no se han desarrollado. 

Paulino Rivero aplaude a su sucesor en la Presidencia de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, el pasado 7 de julio | EFE

La Ley del Consejo Consultivo de Canarias no contempla la entrada de los expresidentes como miembros natos. Cuatro de sus siete consejeros son nombrados por el Parlamento y los tres restantes por el Parlamento. Su composición actual se puede ver en su web. 

El socialista Jerónimo Saavedra (1983-1987 y 1991-1993) fue el primer presidente de las islas. Desde 2011 es diputado del Común (cargo análogo al de defensor del Pueblo), institución que gestiona un presupuesto anual de 2,5 millones. En el cargo le sucedieron Fernando Fernández Martín (CDS, 1987-1988), Lorenzo Olarte (CDS, 1988-1991) y los nacionalistas canarios Manuel Hermoso (1993-1999), Román Rodríguez (1999-2003), Adán Martín (2003-2007) y Paulino Rivero (2007-2015), que ahora da el testigo al miembro de su partido Fernando Clavijo, nuevo jefe del Ejecutivo con el apoyo del PSOE, cuya candidata, Patricia Hernández, vicepresiderá el Ejecutivo. Martín falleció en 2010 y Rodríguez fundó un nuevo partido, Nueva Canarias. Por él ocupa también un escaño en la legislatura que ha arrancado ahora, por lo que percibe sueldo como diputado. 

16. LA RIOJA

Una ley de 2003 fijó, brevemente, el estatuto de los expresidentes. Estos tienen derecho a recibir, con carácter permanente, el tratamiento de excelencia y las atenciones honoríficas y protocolarias que les correspondan y a percibir "dieta, indemnización por gastos de viaje, estancias y traslados" que se les asignen, "por su asistencia a los actos a los que fuera invitado por el Gobierno". 

La misma ley recogía el derecho de los expresidentes a cobrar una cesantía "equivalente a las remuneraciones correspondientes a 45 días por cada año de ejercicio en el cargo, con un mínimo computable de un año y un máximo de cuatro". Pero ese artículo fue derogado en su totalidad en 2012, tras los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. 

Desde 1983, han pasado por la Presidencia de La Rioja José María de Miguel (PSOE, 1983-1987), Joaquín Espert Pérez-Caballero (1987-1990), José Ignacio Pérez Sáenz (PSOE, 1990-1995) y Pedro Sanz (PP, 1995-2015), que ha cedido el cargo al miembro de su partido José Ignacio Ceniceros, para facilitar el acuerdo con Ciudadanos. Pérez Sáenz es ahora mismo presidente del PSOE riojano y cobraba en 2012 por ello, según figura en la web de la formación, 39.166,63 euros. Espert preside, desde 2001, el Consejo Consultivo de La Rioja. No tiene derecho a una retribución periódica fija, pero sí a indemnizaciones o dietas (por dedicación exclusiva, 150 euros), desplazamiento, transporte, asistencia a reuniones y ponencia. Sanz, por su parte, también pasará al Senado.

17. CANTABRIA

Cantabria, como recuerda Josefa Ridaura, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València, es la única comunidad que no cuenta con una regulación específica para sus expresidentes. Nada contiene su Ley de Gobierno, de 2002. También es la única comunidad que no dispone de un Consejo Consultivo en el que poder jubilar a sus exjefes del Ejecutivo. 

Siete hombres han presidido el Gobierno cántabro: el conservador José Antonio Rodríguez (1982-1984), Ángel Díaz de Entresotos (Alianza Popular, 1984-1987), Juan Hormaechea (PP, 1987-1990 y 1991-1995), Jaime Blanco (PSOE, 1990-1991), José Joaquín Martínez Sieso (PP, 1995-2003), el regionalista Miguel Ángel Revilla (2003-2011 y nuevo presidente ahora, en 2015, gracias al apoyo del PSOE y la abstención de Podemos) e Ignacio Diego (PP, 2011-2015).

Díaz de Entresotos falleció en 2009, Hormaechea fue condenado a prisión e inhabilitado por 14 años para ejercer cargo público, pero el indulto del Consejo de Ministros de Felipe González le libró de la cárcel (no de la inhabilitación). Martínez Sieso es presidente de la Autoridad Portuaria de Santander –dependiente del Ministerio de Fomento–, actividad por la cobró 83.442,90 euros en 2013, según el Portal de la Transparencia del Gobierno central. Revilla, de nuevo como presidente cántabro, cobrará 59.534 euros al año, como reza la Ley de Presupuestos regionales para 2015. Diego se ha quedado como diputado regional, como presidente de su grupo (no como portavoz, que repite Eduardo Van den Eynde), por lo que percibirá 44.354,20 euros al año.