La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó en sus seguimientos por el caso Lezo que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se reunió en mayo y junio de 2016 con Miguel Temboury y Fernando Benzo, por entonces ambos subsecretarios de Estado de los ministerios de Economía y de Educación, Cultura y Deporte, respectivamente.

La reunión se celebró meses antes de que, el pasado 19 de abril, estallara el caso Lezo con la detención de Ignacio González (que fue presidente del Gobierno madrileño desde 2012 hasta junio de 2015), según figura en un informe de la UCO con fecha de 7 de julio de 2016 al que ha tenido acceso Europa Press.

Temboury era entonces subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad, puesto del que dimitió en septiembre de 2016, y Benzo ocupaba la subsecretaría de Estado de Cultura. Los dos altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy tienen una dilatada trayectoria en la Administración, habiendo pasado también por el Ministerio del Interior.

El informe de la UCO incluye un epígrafe Vigilancias realizadas a los investigados a dos de los principales implicados en el caso Lezo, Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, el que fuera su mano derecha en los negocios en América Latina vinculados al Canal de Isabel II.

En el documento aparecen fotografiados cuando se reunieron con Ignacio González, constando la matrícula y marca del coche oficial (de ahí que figuren en el listado de la Secretaría de Estado de Seguridad) que utilizaron para sus desplazamientos.

Temboury se citó con González a las 14.30 horas del 31 de mayo en el Restaurante No, donde comieron en un encuentro que se prolongó durante hora y media y en el que también participó una mujer que los agentes no identifican en su informe.

En el caso de Benzo, actualmente secretario de Estado de Cultura, la reunión (de una hora) se produjo el 7 de junio de 2016 a las 9.45 horas en la cafetería El Velázquez. Aunque son fotografiados, ninguno de los dos altos cargos aparecen identificados por su nombre en el documento de la policía judicial.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Cultura han explicado a Europa Press que se trató de un encuentro a petición de Ignacio González para tratar sobre el reingreso al Ministerio de Educación de funcionarios del Estado que habían sido transferidos a la Comunidad de Madrid en la etapa del segundo como presidente. Como subsecretario, Benzo era entonces el competente en materia de personal. Las mismas fuentes precisan que no se trató nada fuera de esta consulta.

A las 20.30 horas de ese mismo día, el 7 de junio, Ignacio González mantuvo otra cita de una hora y media con Enrique Cerezo Torres, empresario y presidente del Atlético de Madrid, en el Restaurante Guito's.

Seguimientos en el despacho de Alcalá 89

La UCO descubrió que González utilizaba su despacho profesional como abogado en la madrileña calle de Alcalá como lugar para celebrar frecuentes encuentros. "Las vigilancias discretas llevadas a cabo sobre el investigado", sostiene el informe del mes de julio de 2016, "han permitido determinar que frecuenta a diario una oficina situada en calle Alcalá 89, Entresuelo derecha, de Madrid, donde parece que ejerce algún tipo de actividad".

El 19 de mayo fotografían a varios empresarios, entre ellos a empresarios de la empresa de arquitectura Urquijo, recordando brevemente la UCO los vínculos de esta firma con las obras de la sede del Partido Popular en Génova.

"Nótese", prosigue la UCO, "que tan sólo cuatro días después de llevarse a cabo esta reunión, el 25-05-2016 se hizo pública la información relacionada con la resolución judicial por la que el Partido

Popular, como responsable civil subsidiario, tenía que abonar la cantidad de 1,2 MM € en concepto de fianza".

"Posteriormente, ese mismo día, tras haber finalizado la cita anterior sobre las 13.00 el equipo operativo observó salir del portal del n° 89 de la calle Alcalá a Enrique Cerezo y Alberto Ruiz-Gallardón", recoge el informe, que no hace ninguna valoración de este hecho.

El Ministerio de Justicia considera que el responsable del error en la comisión rogatoria a Panamá del caso del ático de Ignacio González es el Gobierno del país centroamericano, según la explicación ofrecida por el departamento que encabeza Rafael Catalá.

infoLibre publicó el pasado miércoles que el Ministerio de Catalá había cometido un error al equivocar el interlocutor de Panamá al que deben remitirse las peticiones de auxilio judicial. Esta equivocación ha provocado un retraso de más de un año, según la propia documentación facilitada por Justicia.

La rogatoria a Panamá es clave para determinar si el ático de lujo que desde 2008 ocupa Ignacio González es un pago vinculado a Francisco Correa por la participación del expresidente madrileño en el mayor pelotazo de la trama Gürtel, que supera los 25 millones de euros.

Sin embargo, Justicia rechaza haber cometido un error, habida cuenta de que la comisión rogatoria fue enviada "a la autoridad central que Panamá ha designado en el convenio bilateral sobre asistencia legal y cooperación judicial en materia penal, de 19 de octubre de 1998".

Según el artículo 13 del citado convenio, la autoridad a la que España debe reclamar el auxilio judicial es "el Ministerio de Gobierno y Justicia. Es pues al Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá al que se envían las comisiones rogatorias dirigidas a dicho país, por ser ésta la autoridad competente en Panamá para ejecutar comisiones rogatorias y el interlocutor habitual del Ministerio de Justicia de España en esta materia".

Ignacio González entra a declarar como investigado en los juzgados de Estepona.

"Sin embargo", continúa la nota enviada por Justicia a infoLibre, "en este caso el Ministerio de Gobierno de Panamá contestó que el órgano concreto designado por Panamá para el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción no es el Ministerio de Gobierno (como se señala en el convenio bilateral) sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación".

Ya hubo una rogatoria en 2014

En este sentido, el departamento ministerial encabezado por Catalá asegura que en el marco de la misma investigación "el Juzgado de Estepona ya envió una anterior comisión rogatoria en julio de 2014 al Ministerio de Gobierno panameño, y en aquella ocasión sí fue debidamente contestada". 

La práctica habitual cuando el órgano que recibe la solicitud de auxilio judicial no es la autoridad designada, completa el Ministerio, "es que el receptor la remita directamente al destinatario adecuado con el  fin de agilizar los trámites.  No ha ocurrido así en este caso, en que el Ministerio de Gobierno no dio trámite a la Procuraduría panameña, sino que se limitó a informar de que la tramitación de esa Comisión rogatoria no era de su competencia y a devolverla".

Por todo ello, Justicia sostiene que no ha habido por tanto "en este caso error alguno" por parte del Ministerio español, "puesto que la institución designada por Panamá para la recepción de comisiones rogatorias en el tratado bilateral es el Ministerio de Gobierno y no la Fiscalía General".

Pasados once meses

El departamento dirigido por Catalá recibió el 5 de mayo de 2016 una petición de la jueza de Estepona Isabel Conejo en la que solicitaba que se tramitara una comisión rogatoria a Panamá. Según informa Justicia, el Ministerio remitió la petición a Panamá 25 días después.

Y pasados once meses, el 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia recibió en Madrid un escrito de las autoridades panameñas recordando a España que la institución designada por el país centroamericano para recibir las comisiones rogatorias no era el Ministerio de Gobierno, sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación.

Enrique Cerezo, Ignacio González y la esposa de este, Lourdes Cavero, al llegar a los juzgados de Estepona para declarar como imputados en el caso del ático.

Tras este nuevo revés en el auxilio judicial reclamado a Panamá, el Ministerio de Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña, sin que por el momento España haya recibido contestación alguna.

Al margen de que la equivocación tenga su origen en Madrid o en Panamá, en el caso del ático de GonzálezGonzález los errores han sido continuos a lo largo de cuatro años. Hace dos semanas, la Policía confirmó a la jueza que investiga el caso que la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble.

El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.

Gracias a las conversaciones grabadas en el seno del caso Lezo se conoce que el ministro Rafael Catalá envió el 3 de noviembre un mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el siguiente contenido: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

El 17 de marzo de 2015 el ministro Catalá, seguidor del Atlético de Madrid, fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, en un partido de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. El ministro también viajó como invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions League de Milán.

Trataba yo de escribir en estos días sobre la parte de esa trama que extiende la podredumbre al propio sistema de medios de comunicación: la subtrama mediática. Pero la incesante aparición de nuevos hilos impedía una y otra vez cerrar la pieza. Hemos abierto y cerrado cada jornada con nuevas filtraciones del entorno de Ignacio González, a quien la plataforma Salvemos Telemadrid lleva una década denunciando por diferentes cuestiones como el ático de Estepona, el Canal de Isabel II y otras, pero principalmente por arruinar la televisión pública madrileña en la época de Esperanza Aguirre.

Mamandurrias y panfletos: el secuestro de los medios públicos

El presidente de Telemadrid durante aquella operación fue José Antonio Sánchez, hoy presidente de RTVE. En ambos casos fue nombrado en solitario por el Partido Popular. En paralelo a la ejecución de un ERE ilegal, según denuncian los despedidos, fue creando una redacción paralela con periodistas elegidos a dedo. Hoy los periodistas de RTVE denuncian eso mismo en su redacción, y el propio José Antonio lo reconoce.

Uno de los escándalos aflorado estos días fue precisamente la colocación en RTVE de una periodista de confianza de González, la exdiputada de IU-Madrid Libertad Martínez, “para que defendiera su imagen”, según especifica el auto judicial. La periodista era amiga y defensora de Moral Santín, el diputado de IU de las tarjetas black, colocado por Aguirre en Caja Madrid. El propio José Antonio Sánchez confirmaba en sede parlamentaria cómo él mismo la había colocado. Su cercanía con Ignacio González queda acreditada además en una conversación de este con Zaplana (con quien tendríamos otro larguísimo historial para comentar en la enterrada televisión valenciana). En esa grabación oímos cómo planeaban pedir el favor de José Antonio para materializar un suculento negocio inmobiliario que involucraba al Ministerio de Defensa y a Cospedal, de cuyo marido el Presidente de RTVE es íntimo amigo.

Quizá por eso, TVE y otras televisiones públicas controladas por el PP como las de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha, externalizaron partidas multimillonarias como la digitalización del fondo documental, la hípica o las loterías, hacia empresas filiales del Grupo Vértice 360 (Acicala, Videoreport, Videac, etc.), en el que participan tanto el marido como el sobrino político de Cospedal, ambos apellidados López del Hierro. Ah, claro. El círculo se cierra. Quizá por eso “López del Hierro” figura como financiador ilegal en los papeles de Bárcenas, como también figura José Luis Moreno, cuya productora recibió también cuantiosas externalizaciones de la misma RTVE, por ejemplo las galas de Fin de Año y algunas otras. Más piezas para el puzle. ¿Libremercado mediático autorregulado? ¿La audiencia manda? Bueno, no tanto. Antes se subcontrató también con las empresas de Pedrojota, Dragó, Buruaga, Garci, Tárrega, Miralles, Cerezo y tantos buenos amigos, que luego podían competir dopados de fondos públicos en el sector de la comunicación y la opinión pública. Hegemonía cultural, creo que lo llaman. Más y más piezas van encajando en este gran puzle desde hace años, llenando huecos, concretando rostros, confirmando nuestras peores suposiciones.

La Razón neoliberal al mando de lo común

El propio José Antonio Sánchez, antes de presidir la televisión pública, aparecía ya en los papeles de Bárcenas vinculado a pagos realizados en 1994 y 1995, en la época en que ejercía como cronista parlamentario de ABC. Después escribió para La Razón, pero no debe confundirse con el Jefe de Informativos de RTVE que él mismo nombró, José Antonio Álvarez Gundín, que venía de trabajar, oh sorpresa, como Jefe de Opinión en La Razón. Tampoco con otro José Antonio, apellidado Vera, fundador y director de La Razón, que hoy preside nuestro más potente medio público internacional, la Agencia EFE. Vaya, parece que el diario ultraliberal es una auténtica escuela de administradores de lo público. ¿Recuerdan cuando repetían que “Podemos quiere controlar los medios” simplemente porque propusimos adoptar recomendaciones de Bruselas? Pero sigamos, sigamos con las piezas y el puzle.

El actual director de La Razón es Francisco Marhuenda, antes diputado del Partido Popular, donde dirigía precisamente (redoble de tambor) el gabinete de Administraciones Públicas. Otro gran retazo de la subtrama mediática que salía a la luz estos días era la imputación de Marhuenda y de Mauricio Casals, presidente del mismo diario y peso pesado del Grupo Atresmedia, por delitos de coacción, intimidación y pertenencia a organización criminal, en la Operación Lezo. Supuestamente ejercieron como brazo mediático de la dimitida Esperanza Aguirre, la cazatalentos artífice de la charca de ranas coordinada por Ignacio González. Las grabaciones filtradas revelan cómo acordaban intimidar y coaccionar para tapar la corrupción en la Comunidad de Madrid. “Hay que asustarla”, “no te preocupes que las pasará putas”, son algunas de las frases registradas.

Comunidad de Madrid, epicentro de la corrupción

El goteo de casos político-mediáticos no cesa y empezamos a marearnos ante la avalancha de piezas para el puzle. Europa guarda silencio y España está perdiendo la capacidad de sorprenderse ante cada noticia, acostumbrada a que la realidad supere las ficciones más pesimistas. Nuestra clase política nos indigna, nos asquea, pero nos sorprende más bien poco, la verdad.

La subtrama mediática cuenta muchos más hilos, tantos que no entran en esta columna. Y casi todos pasan por Madrid. El juez pide ahora información sobre Pedro Antonio Martín Marín, Secretario de Estado de Comunicación con Aznar, antes directivo en COPE, en Antena 3, Hispasat y Telefónica, para imputarlo junto a otros sesenta sospechosos, la mayoría de Madrid. ¡Benditos soplones! Habría que dar un premio al medio que más filtraciones gestione.

En cambio, el fiscal Moix sugiere sancionar a los medios que las publiquen. ¿Por qué será? ¿Quieren controlar a los medios? Eso vulneraría el derecho al secreto profesional y a no revelar fuentes, consagrados en la Constitución (Art. 20.1.d), además de todos los códigos deontológicos y unos cuantos tratados internacionales. Sin publicar filtraciones, la prensa jamás hubiera destapado el Watergate o los Papeles de Panamá, ni tantos otros premios Pulitzer al periodismo de servicio público, ese perro guardián frente a los abusos de poder.

Pero sin duda, y con esto vamos cerrando, es en la Comunidad de Madrid donde encontramos un mayor número de hilos de los que tirar. Varios conducen a Enrique Cerezo, investigado por cohecho y blanqueo de capitales en el Caso Ático junto a González (al que ya sólo se le ocurría “pegar dos tiros al juez”). Cerezo es el mayor poseedor individual de derechos fílmicos del mundo. Los rentabiliza a través de sus sociedades Video Mercury, vendiendo paquetes enormes (redoble de tambor) a RTVE, sí y también a Telemadrid (tacháán). El recién dimitido consejero de La Razón, Edmundo Sobrino, lo era también de otra de las empresas de Cerezo, Teledifusión Madrid, dueña de Torrespaña y encargada de distribuir la señal de televisión en Madrid. También lo era de una de las filiales del Canal de Isabel II. ¿Quizá por eso el Canal vertía un millón de euros al año en el diario liberal a través de un convenio opaco? ¿Quizá por eso Cerezo fue el mayor adjudicatario de licencias locales de televisión en Madrid de manos de Esperanza Aguirre? Seguimos encajando piezas del puzle, aunque empieza a ser aburrido.

No voy a alargar este relato con las millonarias cifras de dinero público que se inyectaron a La Razón desde la Comunidad de Madrid, ni con tantas otras centrifugaciones de fondos públicos que dañaban a un sistema de medios en quiebra permanente. Basta. La sobreinformación ya no provoca rabia, sino náusea. Dejemos para otro día los hilos que alcanzan a casi todos los grandes grupos, incluida la prensa tradicional. La subtrama mediática da para una tesis doctoral, pero ahora urge más reflexionar sobre el efecto psicosocial de seguir escudriñando esta ciénaga. En mi columna de mañana hablaré sobre “efecto shock” e indefensión aprendida.  

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerán este miércoles ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar su actuación en la Operación Lezo y el cisma surgido en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, tras las últimas decisiones tomadas por el fiscal jefe de este departamento, Manuel Moix, relacionadas con la mencionada investigación o la sustitución de los fiscales de la presunta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC).

Los grupos de la oposición han solicitado la presencia de los dos máximos responsables del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público tras el estallido del caso Lezo, en el que se investigan las presuntas irregularidades en el Canal Isabel II y que ha hecho que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ingresase en prisión incondicional el pasado.

Estas son las principales incógnitas que deberán despejar:

Rafael Catalá:  

1. Si el SMS que envió a Ignacio González era sobre sus "líos" judiciales, tal y como se desprende de los mensajes difundidos por laSexta.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, contestó el 3 de noviembre de 2016 a un SMS de felicitación que le había remitido previamente González en el que le daba la enhorabuena por su nombramiento como ministro de Justicia: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", escribió Catalá, que rechazó que cuando hablaba de "líos" se refiriera a los procedimientos judiciales en los que está inmerso: "No me refiero en absoluto a cuestiones judiciales que tengan que ver con González. Es un mensaje de cortesía, amabilidad y en respuesta a una felicitación", se defendió Catalá.

Por el contrario, los mensajes difundidos por laSexta muestran que González sí interpretó que Catalá se refería a sus "líos" judiciales. En una de las conversaciones grabadas por la UCO de la Guardia Civil entre Cerezo y González , este último le comentó al presidente del Atlético de Madrid: "A mí me puso el otro día un mensaje encantador: a ver si terminamos con los líos'. Y tal... Bueno, vale macho, pues lo que quieras [risas]".

2. Si ha mantenido contactos con Enrique Cerezo en los que ha hablado del caso del ático o de la eliminación de la acusación popular.caso del ático

Las conversaciones grabadas por la UCO muestran las supuestas relaciones del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, con el ministro Catalá. El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto a Cerezo. Al día siguiente, el 18 de marzo, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a la Audiencia Provincial de Málaga, que es la encargada de los recursos del caso del ático, que se investiga en un juzgado de Estepona. Catalá también viajó a la final de la Champions League de Milán incitado por el Atlético de Madrid.

En concreto, en una conversación González preguntó a Cerezo si tenía "alguna noticia de algo" y el empresario le respondió: "No, me encontré el otro día con Rafa y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando, macho". Los investigadores consideran que se trata del ministro Rafael Catalá, ya que en otro momento, Cerezo asegura que le había comentado a Rafa que tenían que restringir a las acusaciones populares. Por eso Catalá deberá dar una respuesta convincente sobre sus vinculaciones con Cerezo.

3. Catalá tendrá que explicar si no renovó a la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal, después de que ésta se negara a situar a Manuel Moix en Anticorrupción.

Fuentes del Consejo Fiscal, el organismo asesor del Fiscal General del Estado, confirmaron a infoLibre que desde el Ministerio de Justicia se sugirió a Consuelo Madrigal que llevara a cabo algunos de los movimientos que ha acabado poniendo en marcha su sucesor, José Manuel Maza. En concreto querían que relevara a Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que designara a Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción o que destituyera al entonces fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal. En el entorno de Madrigal confirman que ella misma verbalizó su malestar por el hecho de que la negativa a acatar estas directrices le acabaran costando el puesto. Catalá tendrá que aclarar por que no renovó a Madrigal.

4. El ministro tiene que aclarar si sabía que el fiscal general del Estado nombró a Moix teniendo conocimiento de que aparecía en las conversaciones de Lezo.​​​Lezo

En febrero pasado, el fiscal general del Estado designó a Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción, tal y como había barajado González en las conversaciones con el exministro Eduardo Zaplana, grabadas por la UCO de la Guardia Civil. En vísperas del nombramiento, integrantes de la Unión Progresista de Fiscales advirtieron a Maza de que circulaba un insistente rumor sobre una investigación de la Audiencia Nacional en la que aparecía el nombre de Moix en conversaciones grabadas a políticos que lo situaban como alguien favorable a los intereses del PP. A pesar de esa advertencia, el nuevo fiscal general eligió a Moix para el puesto sin tan siquiera motivar su decisión por escrito. El propio Maza será, con toda probabilidad, preguntado por la oposición por el motivo por el que nombró a Moix sabiendo que aparecía en las conversaciones de Lezo.

5. Catalá tiene que esclarecer si advirtió al expresidente de Murcia de que la Fiscalía no le iba a acusar en el caso Púnica.caso Púnica

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) debe determinar si admite a trámite o no la exposición razonada enviada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en la que se imputan dos delitos al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción no ha acusado a Sánchez, una decisión que conoció el propio expresidente murciano antes incluso que las fiscales encargados del caso.

laSexta emitió unas imágenes pro las que se dio a conocer que Catalá buscó a Pedro Antonio Sánchez en un congreso nacional del PP, que se celebró antes del chivatazo. Por eso, el ministro tendrá que esclarecer si advirtió a Sánchez, que anunció la decisión de la Fiscalía en una entrevista en la radio.

Asimismo, Catalá será preguntado por los diputados de la oposición sobre la destitución del ex fiscal jefe de Murcia Manuel López Bernal, en pleno caso Auditorio, por el que está imputado Pedro Antonio Sánchez.

Esperanza Aguirre y el fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza, durante un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Estas serán las dudas que deberá despejar en el Congreso el fiscal general del Estado, José Manuel Maza:

1. Si el ministro le impuso el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción.

Las conversaciones de la Operación Lezo muestran que el verano pasado, antes de que se nombrara al propio Maza fiscal general, la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González y el exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, en la que el expresidente madrileño se refiere al nombramiento de Moix como una buena noticiaMoix , ya que era una persona próxima al PP, por lo que les iría mejor si era el elegido.

Por eso Maza tendrá que responder a los grupos de la oposición sobre si el Gobierno del PP, y más concretamente el ministro de Justicia, le impuso el nombramiento de Manuel Moix como máximo responsable de la lucha contra la corrupción. Precisamente, fuentes de la Fiscalía llaman la atención sobre la cronología de los hechos, y sobre la relevancia de que en verano de 2016 González ya barajara el nombre de Moix, antes incluso de que fuera nombrado José Manuel Maza. Precisamente, la negativa de Consuelo Madrigal a nombrar a Moix y a otros fiscales podría ser el motivo de que no renovara al frente de la Fiscalía General del Estado.

2. Maza tendrá que relatar su opinión sobre el fracaso de Moix en su intento de retirar a los fiscales Grinda y Bermejo del caso del 3% de Cataluña.caso del 3%

El fiscal general del Estado tendrá que explicar el motivo por el que aplazó la decisión de Manuel Moix de relevar a los dos miembros de la carreraManuel Moix que hasta ahora estaban asignados a la instrucción del denominado caso del 3 por ciento, José Grinda y Fernando Bermejo, en el que se investigan presuntas comisiones ilegales de Convergéncia Democrática (CDC) en Cataluña.

Ante el Consejo Fiscal, Maza señaló que necesitaba más información antes de refrendar este cambio, que había promovido el propio Moix. Esta decisión, de facto, se convertía en una desautorización de la decisión de Moix, que había justificado el cambio porque consideraba que los casos de Cataluña tenían que investigarlos los fiscales delegados de Anticorrupción. De esta forma, los grupos de la oposición se interesarán por la decisión final de Maza, pero también por el motivo por el que paralizó la destitución de los fiscales Grinda y Bermejo.

3. El fiscal general deberá aclarar la polémica sobre la intención de Moix de relevar a los fiscales del caso Lezo, Carlos Iañez y Carmen García Cerdá.

Este martes, la Cadena Ser informó de que Manuel Moix firmó un decreto la víspera de la detención de Ignacio González en el que alude a la próxima designación de "otros fiscales en la llevanza del presente procedimiento". Por este motivo, la cadena pública asegura que Moix "mintió" cuando negó su intención de apartar a los fiscales del caso, Carlos Iañez y Carmen García Cerdá. 

4. Maza tendrá que explicar el intento de Moix de que el registro de la sede del Canal de Isabel II no incluyera la época de Gallardón.

El intento de Moix de impedir el registro de la sede del Canal de Isabel II con la justificación de que la compra de la filial brasileña de esta empresa pública se había realizado en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid provocó un cisma en Anticorrupción, cuyos fiscales invocaron el artículo 27 del Estatuto para oponerse a las intenciones de Moix, que tuvo que dar su brazo a torcer. Por ello, Maza tendrá que explicar su opinión sobre este motín de los fiscales de Anticorrupción, que recurrieron a una iniciativa casi sin precedentes en el Ministerio Público.

5. El fiscal general tendrá que aclarar si González recurrió a gente de la Fiscalía para lograr "la impunidad de sus acciones".

El escrito conocido este martes en el que la Fiscalía Anticorrupción se opone a la salida de la cárcel de Ignacio González indica además que el expresidente de la Comunidad de Madrid recurrió a "alguna persona" de Justicia, Fiscalía y Policía para lograr la "impunidad de sus acciones". Por eso, Maza tendrá que aclarar si la persona que ayudó a González estaba relacionada con el Ministerio Público. Asimismo, en las conversaciones grabadas por la UCO por orden del juez Eloy Velasco el propio González muestra su intención de influir en la jueza de Estepona, Isabel Conejo, y en el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero.

6. Maza deberá valorar la actuación de Moix durante su etapa de fiscal jefe de Madrid, periodo en el que cerró, hasta en tres ocasiones, la investigación por la querella de una asociación vecinal contra la construcción de un campo de golf en el centro de Madrid.

Manuel Moix, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II, en el centro de la capital. infoLibre desveló que el ahora fiscal jefe de Anticorrupción había tapado el caso en 2009, al no investigar una denuncia de la asociación Parque Sí en Chamberí. Moix decretó el archivo sin realizar una sencilla diligencia solicitada por los denunciantes y que habría servido para destapar la trama corrupta.

Por eso Maza deberá explicar el motivo por el que Moix, el 18 de abril, en la reunión celebrada en Anticorrupción tras invocar los fiscales el artículo 27 del Estatuto para convencerle de que sí se desarrollar el registro del Canal de Isabel II, no informó a los fiscales de que en octubre de 2009 había decretado el archivo de una denuncia sobre la adjudicación del campo de golf del Canal. Una denuncia en la que constaban todos los datos relevantes de esa operación y que afectaba a tres personas que iban a ser detenidas al día siguiente (los hermanos González y su cuñado).

Unas nuevas grabaciones policiales al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, muestran su intención de influir en el ministerio de Justicia, según ha informado laSexta. En una conversación con el exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, González critica que el Gobierno no haga más esfuerzos para salvar su situación: "Vamos a ver, Eduardo, tenemos el Gobierno, el ministerio de Justicia, (...) tenemos a un juez que está provisional...tú lo asciendes... yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente –municipio valenciano–, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño".

Además, el expresidente de la Comunidad de Madrid llega a afirmar que en una ocasión ya quitaron a un juez titular porque era "un Rogelio": "Al titular lo quitaron porque era uno, que era aparentemente Rogelio... y le dan magistrado de enlace en Londres...no sé después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada claro...", asegura. 

En las mismas conversaciones, González deja entrever que tendrá que llamar a Rafa –probablemente en alusión al ministro de Justicia, Rafael Catalá– para intentar colocar al frente de la Fiscalía Anticorrupción a Manuel Moix, tal y como luego sucedió. "A ver si podemos colocar el tema del Fiscal Anticorrupción (...) Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío... serio y bueno", indica.

En otra conversación con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, González muestra su preocupación por la intención de la jueza titular del caso que investigaba su ático en Estepona de abrir juicio oral. Ante esta posibilidad, no duda en que una de las opciones es "hablar con el Fiscal". Ante ello, Cerezo le pide paciencia y le asegura que "si quieren guerra", van a tenerla. 

"Vamos a esperar a septiembre... y, si no, habrá que ir a hablar con el fiscal y decirle, mire usted, que ya sabemos que aquí todo el mundo quiere de todo pero ya saben ustedes más de lo que tenían que saber, y estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra", afirma.

Las grabaciones de las conversaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los integrantes de la trama muestran las conexiones que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, presunto cabecilla de la trama disuelta con la Operación Lezo, ha mantenido con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que también está imputado en el caso del ático de Estepona.

Catalá, de cuyo departamento dependen las comisiones rogatorias reclamadas por la jueza de Estepona que investiga el caso del ático, Isabel Conejo, contestó el 3 de noviembre de 2016, según han adelantado laSexta y El Español, a un SMS de felicitación que le había remitido previamente González en el que le daba la enhorabuena por su nombramiento como ministro de Justicia: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

Precisamente, las comisiones rogatorias de este caso han sufrido una extrema lentitud, que ya ha tenido importantes consecuencias en la investigación, según se especifica en una providencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número, Isabel Conejo. Esta resolución, de 6 de noviembre de 2015, explica que el US Bank, la entidad financiera de Estados Unidos desde la que se realizaron en marzo de 2008 las dos transferencias de 100.000 y 650.000 euros con los que la empresa offshore pagó el ático de Estepona, ya no disponía de la documentación relativa al origen del dinero, según una nota enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades españolas.

Cuando el ministro Catalá envió el SMS, González, su mujer, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llevaban ya nueve meses imputados por la jueza de Estepona, al mismo tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigaba en secreto la denominada trama Lezo.

Un portavoz del Ministerio de Justicia ha asegurado a laSexta que cuando el ministro se refiere en el mensaje a los "líos" está hablando de los problemas políticos de cara a la gobernabilidad. Sin embargo, tan sólo un día después del SMS, el 4 de noviembre, Catalá tomaba posesión de su cargo de ministro.

En el palco con Cerezo

El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique CerezoCatalá , que todavía no estaba imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en una sociedad con vínculos con Telemadrid. Al día siguiente, el 18 de marzo, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a la Audiencia Provincial de Málaga, al mismo tiempo que acudió al Colegio de Abogados de esta provincia andaluza.

Asimismo, Rafael Catalá viajó invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions League celebrada en Milán, en la que el conjunto de Cerezo, que ya estaba imputado en Estepona, se enfrentó al Real Madrid. En el viaje también participaron otros políticos madrileños como Begoña Villacís (Ciudadanos). A la final también acudió el testaferro profesional y empleado de Cerezo que compró el ático desde EEUU, Rudy Valner, y tras visitarlo la mujer de González, Lourdes Cavero.

El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).

Pero los mensajes interceptados por la UCO de la Guardia Civil apuntan a otras maniobras de González en relación con la justicia. En una conversación intervenida por orden del juez Velasco,el expresidente de la Comunidad de Madrid explica al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana su intención de cambiar a un juez: "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y escucha: tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo: a ver, venga usted pa' acá. ¿Cuál es la plaza que le toca?¿Onteniente? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular".

Precisamente, en el caso del ático la jueza sustituta, Mariana Peregrina, se encargó de la instrucción durante los meses de baja maternal de la titular Isabel Conejo. Esta jueza ordenó en un primer momento imputar a la mujer de González, Lourdes Cavero, al mismo tiempo que solicitó que el caso se enviara a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga revocó esa decisión, por lo que dejó el caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. Su titular, Isabel Conejo, de vuelta a su puesto, fue más allá y acordó la imputación del matrimonio con el respaldo del fiscal delegado de Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero.

Sin embargo, el diario El Español asegura que González hace referencia a que la plaza en propiedad que ocupa Velasco, la del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es de otro juez, Manuel García-Castellón, que está de juez de enlace en Roma.

En otra de las conversaciones que González mantiene con Zaplana, el primero alude a sus deseos sobre quién debe ser fiscal jefe de Anticorrupción: "A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, Yo creo que va a salir él, si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío bueno y serioMoix. Yo no soy quién, pero no me corto a decirle a Rafa: "Oye Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto", indica el expresidente madrileño a Zaplana.

Moix rechazó investigar el campo de golf

Precisamente, según adelantó infoLibre, Moix rechazó el registro de la sede del Canal para reclamar información de la etapa de la presidencia de la Comunidad de Alberto Ruiz-Gallardón al considerar que esta investigación debería desgajarse del caso Lezo, por lo que deberían encargarse del mismo otro instructor y otros fiscales diferentes a los de la trama de Ignacio González. Este fue el motivo por el que los fiscales de Anticorrupción invocaron el artículo 27 de su Estatuto para oponerse a la decisión del fiscal jefe de Anticorrupción.

Además, tal y como ha adelantado este diario, el propio Moix ya había cerrado en 2009 la investigación por la adjudicación de un campo de golf en el centro de Madrid a una empresa de un hermano y un cuñado del expresidente madrileño.

En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este martes al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana pasada las discrepancias manifestadas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción sobre los registros de la operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", enfatizó.

El relevo de Velasco

Pero en sus conversaciones grabadas, González también se refiere al relevo del juez Velasco, que además del caso Lezo instruye la Púnica, en la que aparece el nombre de Zaplana vinculado a la trama liderada por Francisco Granados: "Este poli me ha dicho que al Velasco le van a mandar al Supremo, pero yo creo que hay una jugada, me ha contestado este, si hay un juez de apoyo, para sacarlo de ahí y dejar al de apoyo".

Tal y como adelantó infoLibre, el juez Velasco reclamó un puesto en la nueva sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Velasco tomó esta decisión después de que el Consejo General del Poder Judicial no prorrogara la presencia del juez Alejandro Abascal como refuerzo de Velasco, que se incorporó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en marzo de 2016.

González también mantuvo conversaciones con el expresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en las que también hablan de cómo evitar la investigación de la jueza de Estepona Isabel Conejo. en la conversación, siempre según La Sexta, Cerezo asegura: "Dicen que el juez es el juez y que no se puede hacer nada, yo ya les he dicho, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros a la jueza? ¿Qué alternativas tengo?¿no se puede hablar con el fiscal?", a lo que Cerezo contesta: "Volveremos a hablar con este a primeros de septiembre, porque si quieren guerra vamos a tener guerra".

Con el ministro del Interior

Asimismo, el expresidente de la Comunidad de Madrid propuso al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tomarse un café en una llamada de teléfono en la que le felicitó por su nombramiento como ministro del Interior, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de la conversación, que precisan que dicho encuentro no llegó a celebrarse.

Zoido concluyó su intervención en el Senado señalando que él y otros miembros del Ministerio del Interior recibieron "centenares" de felicitaciones a su llegada al Departamento, incluyendo la que expresó en persona Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González, en su cita con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Según Zoido, esa reunión fue solicitada días después de Reyes y se celebró el 8 de marzo para tratar cuestiones relativas a la seguridad de nuevos centros de Mercasa, la empresa pública que abastece a los mercados de diferentes ciudades españolas.

"Se ha reunido con luz y taquígrafos en su despacho", dijo sobre el secretario de Estado, añadiendo que éste "no tiene necesidad de reunirse en gasolineras, ni en ningún reservado, ni dar ningún chivatazo para que algún servicio se tenga que desmontar", aludiendo de esta forma de forma indirecta a diferentes polémicas de la etapa del PSOE en el Gobierno.

El expresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado este viernes en la comisión de investigación de la corrupción que se celebra en la Asamblea de Madrid que durante su etapa en los ejecutivos de Esperanza Aguirre se realizaran seguimientos a otros cargos: "Lo que hay acreditado hasta ahora es que no ha habido espionaje", ha asegurado el exmandatario madrileño que dijo que si el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo se sintió espiado "tendrá que acreditarlo".

Preguntado por su papel en los seguimientos, que la Comunidad de Madrid encabezada por Cristina Cifuentes ha dado por ciertos, el expresidente madrileño espetó: "Yo no he tenido conocimiento de ningún espionaje y nunca he tenido ninguna competencia".

Visiblemente enfadado por el interrogatorio del diputado de Ciudadanos César Zafra, González ha asegurado que el caso "ha sido archivado en tres ocasiones, y el fiscal vuelve a pedirlo. Usted se ha empeñado en considerar que es verdad lo que es mentira, y ese es el problema".

Sin embargo, hace unos meses, en la misma comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, exasesores de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad e imputados en el caso de presunto espionaje a políticos madrileños, aseguraron que en 2008 el exdirector regional de Seguridad Sergio Gamón les pidió, por orden del entonces vicepresidente primero Ignacio González, que espiaran e hicieran seguimientos a varios políticos y cargos públicos.

Cuando propio diputado César Zafra le recordó a González estas declaraciones, el expresidente madrileño preguntó de forma airada: "¿Por qué le da mayor credibilidad a un guardia que ha cambiado de versión que al juez y al fiscal?".

Sin embargo, la parlamentaria socialista Encarnación Moya recordó a González que si el caso ha sido cerrado en tres ocasiones y permanece abierto, "es que se ha reabierto en tres ocasiones".

Un informe remitido por la UDEF a la juez de Estepona que investiga al expresidente de Madrid, Ignacio González, por la compra de un ático de lujo que originalmente había adquirido una empresa pantalla con sede en Delaware –Coast Investors– no solo ha venido a agravar las sospechas que ya existían sino que ha dado la voz de alerta: si no se envía de forma urgente una solicitud de ayuda –comisión rogatoria– a EEUU, los datos que permitirían resolver el caso pueden acabar destruidos.

Firmado por dos jefes de grupo de la UDEF, el informe concluye lo siguiente: “Si bien en estos momentos de la investigación no se puede determinar el origen de los fondos mediante los cuales se adquirió la propiedad en el año 2008, y por tanto determinar en su caso su ilicitud, sí que se aprecian suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos del inmueble”.

El informe advierte que si no se envía a Washington de forma “particularmente urgente” una comisión rogatoria para conocer los movimientos de una cuenta de Coast Investors, “a finales del presente año la información requerida pudiera no conservarse”.

El informe, a que ha tenido acceso infoLibre, desbarata la versión ofrecida por el testaferro internacional Rudy Valner, artífice material de la compra del ático en 2008 y que fue quien luego plasmó la venta al matrimonio formado por Ignacio González y Lourdes Cavero en diciembre de 2012. En teoría, el inmueble perteneció a Coast Investors Llc, empresa instrumental domiciliada en Delaware, un estado de EEUU cuya legislación mercantil le equipara en opacidad a los paraísos fiscales, entre 2008 y 2012. Y justo durante ese periodo permaneció oficialmente alquilado a los González-Cavero, que lo compraron en diciembre de 2012, cuando el caso ya había sido denunciado por el sindicato policial SUP.

La Policía reseña cómo Coast Investors, formalmente dedicada a la adquisición de bienes inmuebles en España, jamás compró ningún otro inmueble que el que en Estepona acabó en manos de Ignacio González. Relata asimismo cómo aquella primera compra, la efectuada oficialmente por Coast Investors, se hizo sin que nadie de la compañía visitara previamente la propiedad. Quien sí lo había visto era la mujer de Ignacio González.

El informe subraya cómo ni el director de la empresa, Rudy Valner, ni el presunto propietario último de la compañía, Luis Osvaldo Repetto, no solo no tenían la menor experiencia inmobiliaria sino que fueron mencionados por Enrique Cerezo –también investigado en la causa– como “productor de cine” y “asesor jurídico especializado en el sector audiovisual”. En la causa ejerce la acusación popular un colectivo de extrabajadores de Telemadrid, según los cuales el ático sería un pago en especie para Ignacio González en el que habría participado Enrique Cerezo, productor audiovisual y presidente del Atlético de Madrid.

El ático, cuenta asimismo la Policía, fue alquilado al político madrileño y su esposa a través de un supuesto anuncio de prensa del que –remacha el informe– “no hay constancia en el procedimiento”. El alquiler fijado fue de 6.000 euros por trimestre. Pero tampoco hay correspondencia entre las facturas emitidas y los pagos realizados por los arrendatarios. Y eso, avisa la UDEF, podría significar que en realidad estamos ante una “simulación”.

Pese a que ni siquiera está claro que los arrendatarios satisficieran todos los recibos de alquiler –prosigue el informe–, Coast Investors no solo prorrogó el contrato sino que aplicó una rebaja de 1.500 euros por trimestre

La comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid ha citado este martes a declarar para la sesión del próximo 17 de febrero al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa; al exmiembro del Consejo de Administración de Caja Madrid y de Telemadrid en 2007 José Antonio Moral Santín; al presidente del Getafe Club de Fútbol, Ángel Torres; y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, seg

Sus comparecencias versarán sobre la compra de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y Getafe en 2007 por parte de Telemadrid y Caja Madrid, una operación que resultó un fracaso y en la que ambas entidades madrileñas perdieron varios millones de euros.

En la anterior sesión, celebrada el viernes 3, comparecieron el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España, Javier Tebas, la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, el director jurídico del ente público Radio Televisión Madrid (RTVM) en el momento de la compra de dichos derechos, Joaquín Escaso, y Manuel Soriano, expresidente de RTVM en ese momento.

Ese día habían sido llamado también Blesa y Moral Santín, pero no pudieron asistir porque estaban llamados a declarar en el juicio de las tarjetas black.black.

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, afirmó este viernes que la compra de los derechos del fútbol del Atlético de Madrid y del Getafe por parte de Telemadrid y Caja Madrid en 2007 parecía "viable" pero que la caja madrileña "no entendía el sector, que era una selva, bastante complicada", informa Europa Press.

En la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid que trata esta fracasada operación económica, Tebas señaló que "si el objeto era no perder dinero y tener fútbol en abierto la operación era correcta porque era lo que se había hecho siempre en las televisiones autonómicas".

De hecho, indicó que posiblemente él hubiera firmado ese contrato, ya que otras televisiones como la catalana TV3 utilizó la misma estrategia, no sólo por conseguir los derechos de imagen para las retransmisiones de equipos grandes, sino por la "capacidad de bloqueo" que podrían tener y la posibilidad de "sentarse en la misma mesa con los otros tenedores de derechos".

"Si el objetivo era tener un producto para Telemadrid en abierto, la estrategia era la correcta. Las televisiones autonómicas compraban derechos para sentarse en la mesa. Si el objetivo es un tema económico, era más complicado saber si la operación era buena, no sé si yo lo hubiese hecho (firmado)", indicó.

Tebas, que ha sido citado este viernes a la comisión a requerimiento del Grupo Parlamentario Popular, afirmó que la compra de los derechos de ambos clubes por 300 millones de euros durante cinco años (de 2009 a 2013) era "un precio de mercado, quizá hasta un poco bajo", teniendo en cuenta que luego subieron los precios en el mercado.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al titular del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, Javier Sánchez Beltrán, que reabra el caso sobre el adelanto de 15,7 millones por parte de una empresa participada por Telemadrid al Atlético de Madrid y al Getafe CF en el marco de un contrato de cesión de derechos audiovisuales por cinco años que fue incumplido al tercer ejercicio por los directivos de los clubes, según el auto al que ha tenido acceso infoLibre.

El magistrado había decretado el 23 de junio de 2015 el sobreseimiento de la demanda que había interpuesto la sociedad Madrid Deporte Audiovisual (MDA), cuyos accionistas mayoritarios son Telemadrid (49%) y Bankia (47,5%), en un intento de recuperar el dinero que la firma había adelantado en virtud del contrato firmado en 2007 para gestionar los derechos por la retransmisión de los partidos del Atlético de Madrid (8.106.254 euros) y del Getafe CF (7.630.210 euros) de las cinco temporadas que van de la 2009-2010 a la 2013-2014.

Y justificó su decisión de cerrar el caso al considerar que la reclamación ya había sido juzgada en 2012 en una demanda similar, que daba la razón a los clubes, y que no fue recurrida por el administrador concursal, Pablo Ferrandiz Avendaño: "Los hechos desencadenantes de la pretensión fueron los mismos en ambos litigios". En concreto, la empresa participada por Telemadrid reclamaba en ambos procedimientos que se le devolviera el dinero adelantado a los equipos de Enrique Cerezo y Ángel Torres (Getafe CF).

Por el contrario, los magistrados Jesús Gavilán López, Carmen Mérida Abril y Francisco Javier Peñas Gil, que conformaron el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial que ha dictado el auto, no aprecian que la reclamación de Madrid Deporte Audiovisual sea idéntica a la anterior: "Pues basta su lectura para entender que en el primer procedimiento tan solo se ejercitó acción de cumplimiento de los contratos, y se pidió cumplir íntegramente los contratos de cesión de derechos audiovisuales de competiciones oficiales de ámbito nacional correspondientes a las temporadas 2009/2010 a 2013/2014 suscritos con Madrid Deporte Audiovisual el 19 de marzo de 2007, y no de devolución de los anticipos".

"Restitución de los anticipos"

Según el auto, en este segundo procedimiento, que los magistrados han ordenado reabrir, se persigue "la restitución de los anticipos correspondientes" a la cesión de los derechos de retransmisión de encuentros de fútbol de las temporadas 2012-2013 y 2013-2014. Y se basa esta petición por la anulación de los acuerdos, que fueron rotos antes de que comenzara la cuarta temporada de las cinco firmadas.

Precisamente en su comparecencia de 23 de diciembre de 2016 en la comisión de investigación sobre la corrupción que se desarrolla en la Asamblea de Madrid, el administrador concursal de Madrid Deporte Audiovisual, Pablo Ferrándiz Avendaño, explicó que interpuso la nueva demanda "por todos los anticipos que han tenido lugar, [...] que entendemos que no tenían que haberse realizado".

En este sentido, el administrador concursal completó en su intervención en la Asamblea de Madrid que estos adelantos, algunos abonados en 2011, supusieron "un enriquecimiento injusto", ya que la Comisión Nacional de la Competencia (CMNC), en una resolución de abril de 2010, ya había apuntado que los contratos de cesión de derechos audiovisuales de más de tres temporadas eran restrictivos de la libre competencia, "por tanto, acuerdos ilícitos".

La empresa Madrid Deporte Audiovisual adquirió en 2007 por 306 millones de euros los derechos audiovisuales y publicitarios del Atlético de Madrid y del Getafe CF cuando sabía que solo podía retransmitir durante toda la temporada dos encuentros: los que enfrentaran a ambos equipos, tal y como consta en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de junio de 2008, que remitía a un acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional de 2002.

Una línea de crédito de 50 millones

Ferrándiz Avendaño aportó, a preguntas de la diputada del PSOE Encarnación Moya, otros datos a los parlamentarios madrileños, como que los accionistas de Madrid Deporte Audiovisual desembolsaron en la constitución de la sociedad, en el caso de Telemadrid, 17.640.000 euros; Bankia, 17.100.000 euros; Atlético de Madrid, 900.000 euros; y Getafe CF, 360.000 euros. "El total de primas de emisión ascendió a 35.700.000 euros y el capital social a 300.000 euros; es decir, una y otra sumaron un total de 36.700.000 euros". Asimismo, Bankia otorgó una línea de crédito de 50 millones.

El administrador concursal reconoció, también, que la empresa de Telemadrid debe 33,9 millones a Bankia, al mismo tiempo que el déficit patrimonial de Madrid Deporte Audiovisual es de 16 millones de euros.

Fue entonces cuando la parlamentaria de Podemos María Espinosa de la Llave preguntó a Pablo Ferrándiz Avendaño sobre los responsables del anticipo de dinero al Atlético de Madrid y al Getafe CF: "Ángel Martín Vizcaíno [actual director general de Telemadrid] era la persona representante, persona física de la sociedad, persona jurídica que administraba Madrid Deporte Audiovisual. El otro administrador era Bankia Participaciones y Cartera de Inversiones S.L., quien designó como persona física representante suya al señor Rafael Sáiz Romero", contestó el compareciente.

La diputada de Podemos María Espinosa de la Llave aprovechó su turno para asegurar, que bajo el mandato de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, que era el consejero de Presidencia, se crea una sociedad "para eludir también el control parlamentario de este dinero público, una sociedad compuesta por Telemadrid, por Caja Madrid -que son entidades públicas- y por el Atlético y el Getafe, en referencia a Madrid Deporte Audiovisual.

"Rescatar al señor Cerezo"

La parlamentaria se refirió también a la "nefasta gestión" de los acuerdos de cesión de los derechos audiovisuales, que según su opinión se dirigen "a rescatar al señor Cerezo". "Y después se negocian de una forma espectacularmente ruinosa con Mediapro unos derechos del fútbol que terminan siendo un negocio completamente deficitario para esta sociedad".

Según María Espinosa de la Llave, toda esta gestión "dirigida políticamente por Ignacio González y por Aguirre" ha aumentado los agujeros de Bankia y Telemadrid: "Y que luego ha derivado en un rescate público para la banca y cómo Telemadrid, que tenía una situación negativa económicamente, además se permite el lujo de argumentar esto para despedir a un montón de trabajadores, cuyo despido ya hemos conocido que es nulo".

Al final de su intervención, la parlamentaria de la formación morada enlazó los anticipos de dinero con varios casos de corrupción: "El caso de Telemadrid, el caso de la gestión de los derechos del fútbol está relacionado con la Gürtel, con Arganda, con la operación Mahou-Calderón y con el ático de EsteponaGürteloperación Mahou-Calderón del señor González".

La magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, Fátima Durán Hinchado, la responsable del concurso de acreedores de la firma Madrid Deporte Audiovisual, ha rechazado en una sentencia de 23 de diciembre de 2016, a la que ha tenido acceso infoLibre, la intención del administrador concursal, Pablo Ferrandiz Avendaño, de que el club presidido por Cerezo devuelva el dinero adelantado en virtud de los derechos de emisión de las temporadas 2012-2013 y 2013-2014, periodo en el que la firma Mediapro ya era la propietaria de los permisos para emitir los partidos del club colchonero.

La jueza basa su decisión en una sentencia dictada el día 21 de abril de 2014 por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, y que no fue recurrida por el administrador concursal, Pablo Ferrandiz Avendaño, en la que el juez daba la razón a las pretensiones del Atlético de Madrid y del Getafe: "Pudiendo la administración concursal haber recurrido la sentencia, lo cual no hizo alcanzando firmeza por consentida; lo que supone con plenitud la figura de la cosa juzgada".

Contra Atlético y Getafe

Sin embargo, Pablo Ferrandiz Avendaño en su comparecencia en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid celebrada el 23 de diciembre de 2016, el mismo día en que se dictó la sentencia de la jueza Fátima Durán Hinchado, explicó el motivo por el que reclamó los anticipos: "Esa demanda se ha interpuesto, en concreto, contra los dos clubes de fútbol -Atlético de Madrid y Getafe-, y en relación con aquellos anticipos pagados por la empresa en concurso dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso, esto es, pagados entre el lapso temporal que discurrió entre el 3 de enero del año 2011 y el 3 de enero del año 2013, que es la fecha de la declaración del concurso. Pues bien, son los anticipos pagados en ese lapso temporal a cuenta de dos temporadas, que son la cuarta y la quinta, objeto de los contratos de cesión que en el año 2007 celebró la empresa en concurso con los dos clubes de fútbol".

En concreto, el administrador especificó que además de los 863.760 euros reclamados a Cerezo también se ha solicitado la devolución de otros 2,1 millones al Getafe: "Es una demanda dirigida a reintegrar al patrimonio de la sociedad en concurso una serie de importes, una serie de pagos que, a juicio de este profesional y, obviamente, supeditado en todo momento al superior criterio de la juez del concurso, entiende que son actos perjudiciales para la masa activa".

Según declaró el administrador concursal, los pagos a cuenta de temporadas en las que la filial de Telemadrid ya no tenía los derechos "suponen un enriquecimiento injusto" porque la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), en una resolución de abril de 2010, ya había acordado que los contratos de cesión de derechos audiovisuales superiores a tres temporadas "eran contratos restrictivos de la libre competencia". Sin embargo, la empresa Madrid Deporte Audiovisual firmó con los clubes un contrato por cinco años, e incluso desde 2011 abonó 2,9 millones en adelantos al Atlético de Madrid y al Getafe.

"No tenían que haberse realizado"

En su comparecencia en la Asamblea de Madrid, Pablo Ferrandiz Avendaño también informó de que autorizó la presentación de una demanda, que investiga el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, "por todos los anticipos que han tenido lugar, más allá del lapso de los dos años, a cuenta de esas temporadas cuarta y quinta, que entendemos que no tenían que haberse realizado".

La reclamación en esta otra demanda es  mucho "mayor" que la que ya ha rechazado la jueza, según completó el administrador concursal el pasado 23 de diciembre en el Parlamento madrileño, que destacó que en el caso del Atlético de Madrid el dinero que pretender ser reembolsado alcanza los 8,1 millones, mientras que en el del Getafe es de 7,6 millones.

En 2011, año en el que la filial de Telemadrid adelantó los 863.760 de euros al Atlético de Madrid, el club colchonero estaba ahogado económicamente. En ese mismo ejercicio, el club presidido por Enrique Cerezo firmó otro contrato, en este caso con la sociedad Doyen Sports, que le adelantó un mínimo de 12 millones.

"Asistencia financiera"

El Atlético utilizó como aval frente a Doyen parte de los derechos audiovisuales y publicitarios pendientes de cobro de Madrid Deporte Audiovisual. En concreto, avaló con estos derechos un importe de 7,1 millones de euros. En el documento firmado con Doyen el 29 de diciembre de 2011 se especificaba que el club precisaba "de asistencia financiera para su actividad ordinaria".

El Atlético de Madrid vendió el 17 de marzo de 2007 en dos contratos diferentes: los derechos audiovisuales por cinco temporadas (2009/10 a la 2013/14) y los derechos de los partidos amistosos y de publicidad durante ocho temporadas (que se iniciaban en la 2006-07). En total, la sociedad Madrid Deporte Audiovisual, que ahora está en concurso de acreedores, se comprometió a pagar al Atlético de Madrid 230 millones.

Pero el Atlético de Madrid, según la información facilitada por el gabinete de comunicación de Bankia, rompió al tercer año el contrato audiovisual que inicialmente estaba previsto que durara cinco temporadas. La decisión unilateral, según un portavoz del Atlético de Madrid, se adoptó por recomendación del Tribunal de Defensa de la Competencia.

La declaración judicial del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, de que Rudy Valner, el presunto testaferro de la compra del ático de lujo de Ignacio González, también trabaja para el empresario en una de sus principales sociedades, Vídeo Mercury, aporta un nuevo nexo, desconocido hasta el momento, entre el expresidente madrileño, el productor de cine y la compra en 2008 del dúplex de lujo por parte de una sociedad opaca de Delaware (EEUU).

En su testimonio como imputado, Cerezo reconoció a la jueza Isabel Conejo, que Rudy Valner "es abogado suyo en EEUU desde hace mucho tiempo. Y que es asesor jurídico de su empresa Video Mercury a título personal". Y a preguntas del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, el presidente del Atlético de Madrid completó que conoce a Valner "por temas profesionales, concretamente porque tiene una empresa que compra producto americano, inglés y francés. Cuando compramos producto lo revisa Rudy Valner desde hace 20 años", dijo Cerezo al juez, según la declaración a la que ha tenido acceso infoLibre.

Una empresa denunciada

Vídeo Mercury es una de las empresas incluidas por los extrabajadores de Telemadrid en la denuncia presentada en julio de 2013 ante el fiscal jefe de Málaga por el caso del ático de González y de su mujer, Lourdes Cavero. En la denuncia, los despedidos en el ERE de la cadena pública madrileña recuerdan que Vídeo Mercury ingresó entre 2004 y 2012 de Telemadrid al menos 1.141.900 euros por la compra de películas, según declaró el propio Director General de Telemadrid, José Antonio Sánchez, en la Comisión de Control del Ente Público del 24 de mayo de 2012.

Pero además de la adquisición de los filmes, el nombre de Vídeo Mercury aparece en otra polémica operación económica de una sociedad participada por Telemadrid: Madrid Deporte Audiovisual (MDA), que ahora mismo está en pleno concurso de acreedores y cuyos principales accionistas son Telemadrid (49%) y Bankia (47,50%).

Los extrabajadores de la televisión madrileña también incluyeron en su comparecencia ante el fiscal de Málaga la ruinosa compra de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y del Getafe CF por parte de la sociedad de Telemadrid MDA.

Más de 300 millones

Pese a los documentos que aseguraban que la inversión en los derechos del fútbol del Atlético de Madrid no iba a ser rentables, los responsables de Telemadrid y de Caja Madrid crearon la sociedad Madrid Deporte Audiovisual con la intención de adquirir los derechos del fútbol del Atlético de Madrid y del Getafe F. C. Telemadrid se comprometió a pagar en 2007 más de 300 millones a ambos clubes. Y tras acordar este fuerte desembolso, la cadena pública se vio obligada a desembolsar otros 90 millones, pues tuvo que llegar a un acuerdo con Mediapro para poder televisar los partidos de fútbol.

MDA se hizo con los derechos audiovisuales y publicitarios del Atlético de Madrid y del Getafe CF pese a que se sabía que solo podía retransmitir durante toda la temporada dos encuentros: los que enfrentaran a ambos equipos, tal y como consta en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de junio de 2008, que remite a un acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional de 2002.

Y la empresa de Cerezo Vídeo Mercury, para la que trabaja Rudy Valner como asesor, actuó como fiadora en uno de los anticipos de dinero que Madrid Deporte Audiovisual otorgó al Atlético de Madrid, que en esos momentos tenía un problema de liquidez, tal y como adelantó infoLibre. En concreto, MDA financió en octubre de 2011 al Atlético de Madrid adelantándole 15,2 millones de euros del dinero pendiente de los contratos por la cesión de derechos audiovisuales de los partidos oficiales y amistosos.

Pero en su declaración como imputado, Cerezo trató de restar importancia al papel de MDA, una empresa que consideró como mero intermediario entre Telemadrid y el Atlético de Madrid. 

Vídeo Mercury en el Atlético

Y una prueba más de la importancia que tiene para el presidente del Atlético de Madrid Vídeo Mercury, la empresa para la que trabaja como asesor el presunto testaferro de la compra del ático, es que Cerezo es propietario del 17,90% de las acciones del club de fútbol madrileño a través de Vídeo Mercury.

Sin embargo, y pese a la estrecha relación laboral que une a Cerezo y Valner, el presidente del Atlético de Madrid aseguró a la jueza en su declaración como imputado que desconocía que su empleado hubiera alquilado el dúplex de lujo durante cuatro años al presidente de la Comunidad de Madrid a un precio más bajo que el del mercado de la exclusiva zona, ya que se encuentra en los límites municipales de Marbella y Estepona.

Precisamente, Rudy Valner fue el encargado de comprar en 2008, por 750.000 euros, el ático de lujo que poco después alquiló la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero. Según el testimonio de la vendedora, Valner adquirió el dúplex desde Estados Unidos, en nombre de la sociedad Coast Investors, sin ver el inmueble y después de que Lourdes Cavero visitara hasta en dos ocasiones la vivienda.

Tanto Cerezo como el matrimonio González-Cavero están imputados por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales tras la denuncia de la acusación popular de los extrabajadores de Telemadrid que consideran que el ático de lujo, que desde 2008 alquila González, en realidad siempre habría sido suyo.

Socio de Repetto

Preguntado por el fiscal acerca de su vinculación con el supuesto comprador del inmueble en 2008, el argentino Luis Osvaldo Repetto, Cerezo reconoció que fue socio suyo en la producción de una película en 2000, año que fue, según este versión, la última vez que le habría visto.

El presidente del Atlético de Madrid también se refiere a las adjudicaciones de canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y lo hizo a preguntas de la jueza, a la que Cerezo contestó que Ignacio González "no ha ejercido ningun tipo de influencia" para que fuera beneficiario de diez licencias de TDT.

Concurso de las TDT

En este sentido, los extrabajadores de Telemadrid también aportaron un decreto de la Comunidad de Madrid en el que se indica que el entonces vicepresidente madrileño, Ignacio González, fue el responsable de resolver el concurso de las TDT.

Pero infoLibre informó en diciembre de 2013 de otra polémica actuación que protagonizó Cerezo con la empresa Vídeo Mercury. Los correos secretos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa demostraban un presunto trato de favor hacia el empresario madrileño. 

Relaciones con Blesa

Enrique de la Torre se refiere, según explica en el mensaje, a "la prevista inversión" de la Sociedad de Promoción y Participación Empresarial de Caja Madrid en Boomerang TV, cuyo socio principal es Cerezo. Según reconoce este estrecho colaborador de Blesa, la misma sociedad de Caja Madrid había realizado "en el pasado" una inversión de 440 millones de pesetas [2,64 millones de euros] en la empresa Cartera Audiovisual, en la que participaba Cerezo a través de su sociedad Vídeo Mercury.

Pero en el mensaje, Enrique de la Torre añade una amplia explicación sobre la actuación de Cerezo, que según su opinión había perjudicado a la caja. Según esta versión, las inversiones realizadas por la firma Cartera Audiovisual resultaron "excesivas" para sus posibilidades financieras, "por lo que la sociedad no pudo hacer frente a sus deudas y fue declarada en suspensión de pagos en 1994 y posteriormente en quiebra".

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González declaró este lunes a la jueza de Estepona Isabel Conejo que no sabía que su mujer alquiló el inmueble en 2008 a una sociedad inscrita en el Estado de Delaware (EEUU).

González, que prestó testimonio como imputado junto a su mujer, Lourdes Cavero, y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, está siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Las acusaciones populares de los extrabajadores de Telemadrid y de la asociación Transparencia y Dignidad consideran que el ático podría ser un regalo a cambio de favores o adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.

Según la declaración de González, a la que ha tenido acceso infoLibre, el expresidente madrileño inició su comparecencia asegurando que el contrato de arrendamiento lo concertó con el presunto testaferro Rudy Valner, pero que desconocía que actuaba en nombre de la empresa Coast Investors. También dijo que el matrimonio consideraba que el propietario del dúplex de casi 500 metros cuadrados de superficie era Valner.

No conocía a su casero

El expresidente madrileño, que destacó que las conversaciones para alquilar el ático las llevó su mujer, explicó que durante cuatro años no se preocupó de saber quién era su casero, ya que Valner se comportaba "a todos los efectos como propietario de la vivienda".

En este sentido, el ex número dos del PP de Esperanza Aguirre relató que las condiciones económicas del arrendamiento las trataron con Valner, que era el que asumía como suyas las decisiones que tomaba y que en ningún momento les dijo que tenía que consultar con otra persona. También aseguró desconocer quién es Luis Osvaldo RepettoLuis Osvaldo Repetto, el ciudadano argentino que según Valner es el último propietario del inmueble, tal y como adelantó infoLibre este lunes en una grabación.

Por su parte Lourdes Cavero en su declaración explicó que en todo momento supo que Rudy Valner actuaba en representación de la empresa Coast Investors y que incluso cuando firmaron el contrato de arrendamiento en 2008 ésta le pidió un título de propiedad del inmueble, y que Valner le mandó una escritura donde figuraba una escritura a nombre de Coast Investors.

En nombre de Coast Investors

infoLibre también dispone del contrato de arrendamiento, en el que se puede leer en el primer párrafo que el fiduciario Rudy Valner firmó el mismo "en nombre y representación de la empresa Coast Investors LLC".

El expresidente madrileño sostiene que alquilaron el ático después de que una hermana de su mujer pactara el alquiler y le enviara a Valner el borrador del contrato. Las negociaciones fueron todas a través del teléfono y, según su versión, también fue su mujer la que se puso en contacto con Valner, que vive en EEUU, por emailemail.

El matrimonio, explicó González, se enteró de que el inmueble se alquilaba por un anuncio en la prensa local, y que ya conocía el mismo porque ya lo habían visitado con anterioridad.

Pero en su declaración, Ignacio González va más allá al asegurar que tampoco se preocupó en saber a quién pertenecía la Coast Investors que le alquiló el dúplex y que se lo vendió en diciembre de 2012 meses después de que el diario El Mundo destapara el escándalo.

Tanto González como su esposa fueron preguntados por las recientes declaraciones de un socio del despacho panameño Mossack Fonseca en las que este letrado narraba la operación de venta del ático. Ambos aseguraron ante la jueza desconocer "ese asunto" ni haber tenido relación alguna con el despacho. González llegó a calificar de "surrealistas" las afirmaciones del abogado Ramón Fonseca.

Luis Osvaldo Repetto

Según el sumario, la matriz de Coast Investors es la sociedad norteamericana Walfort Overseas Investments, cuyo propietario era, según Rudy Valner, el argentino Luis Osvaldo Repetto, que fue socio de Enrique Cerezo en la coproducción de una película hispanoargentina, según reconoció en su declaración el propio Cerezo a la jueza.

Tanto González como su mujer, Lourdes Cavero, aseguraron también desconocer las vinculaciones del propio Repetto con Cerezo y las de Rudy Valner con el presidente del Atlético de Madrid. El propio Cerezo reconoció este lunes ante la jueza que el presunto testaferro de la compraventa, el mexicano Rudy Valver, es abogado suyo en EEUU "desde hace mucho tiempo". En concreto, "es asesor jurídico de su empresa Videomercury a título personal y también es asesor jurídico en EEUU de Egeda US, que es una entidad de gestión de productores españoles que tiene 2.500 afiliados", de la que Cerezo es el presidente.

González también dijo desconocer el resto de conexiones del ático con Cerezo, como por ejemplo el despacho de abogados Suárez de la Dehesa, que trabajaba para el empresario madrileño. En este sentido, el presidente del Atlético aportó un dato más. Uno de los abogados de este despacho, en concreto José Antonio Suárez Lozano, es secretario general de la mencionada Egeda US. El bufete Suárez de la Dehesa participó en la compraventa en 2012 del dúplex de lujo de Estepona.

Una grabación alterada

En la declaración de Ignacio González, el expresidente madrileño alude también a las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo. González reconoció haber tomado un café con este comisario, pero lo que vio en prensa no se correspondía, según él, con la conversación real que mantuvieron. "Las grabaciones no reflejan la realidad [..] y que está absolutamente sacada de contexto y alterada para dar una impresión contraria a lo que fue realmente la conversación".

González se refirió también a lo que denominó "famosa frase de eso no me interesa que salga". Para González, con ella quería explicar que no le interesaba esta información porque si se difundiera una información "falsa" eso le podría afectar a su cargo público, "le iba a provocar un daño personal y profesional evidente".

Cerezo también se apuntó a la idea de la manipulación de las grabaciones y que pensó que se trataba de "una broma y que le estaban imitando", por lo que no le prestó atención. Por eso, Cerezo "no se reconoce" en las grabaciones  y que parece que se trata de muchos cortes que se han ido juntando y no tiene mucho sentido". 

A preguntas de la Fiscalía, González trató de eludir cualquier responsabilidad sobre una posible mordida de dos millones por Arganda del Rey. Según el comisario Villarejo, un confidente policial del caso Gürtel aseguró que el ático de González podría ser una parte del pago de dos millones de euros por una operación urbanística de este municipio madrileño, por la que el cerebro de Gürtel, Francisco Correa, podría haber percibido hasta 25 millones de euros.

La Comunidad, sin competencias

Según González, la Comunidad de Madrid no tenía competencias en las adjudicaciones de Arganda ni en la recalificación de estas fincas, por las que el empresario pudo haber aumentado sus beneficios 199 millones de euros, según uno de los testigos del caso Gürtel. "Ahí es competencia municipal".

No obstante, infoLibre cuenta con un documento de 8 de noviembre de 2005 en el que el entonces director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, da su visto bueno a la elevación a la comisión de urbanismo de la Comunidad del informe favorable a la modificación del plan parcial, que incluye un aumento de 641 viviendas en la misma superficie global.

Por su parte, Enrique Cerezo aseguró desconocer las vinculaciones de su empleado Rudy Valner con el ático y la supuesta propiedad del mismo del argentino Luis Osvaldo Repetto, que fue socio suyo.

Dereechos del fútbol

Sobre el contrato de televisión de los derechos del fútbol por parte de una empresa participada por Telemadrid, Cerezo dijo que no recordaba una operación de venta de los derechos de retransmisión de los partidos correspondientes al Atlético de Madrid con el Ente Público Telemadrid. En este sentido, aseguró que esta sociedad, Madrid Deporte Audiovisual (MDA), en la que la cadena madrileña es accionista al 49% "era ajena a Telemadrid".

Tal y como también adelantó infoLibre, la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA) adquirió en 2007 por 306 millones de euros los derechos audiovisuales y publicitarios del Atlético de Madrid y del Getafe CF cuando sabía que solo podía retransmitir durante toda la temporada dos encuentros: los que enfrentaran a ambos equipos, tal y como consta en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de junio de 2008, que remite a un acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional de 2002.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado este lunes que ha dejado claro a la jueza que investiga la compra de su ático en Estepona (Málaga) que no ha hecho "nunca nada ilegal".

González ha declarado durante una hora y media como investigado y sólo ha contestado a las preguntas del fiscal Anticorrupción y la jueza instructora del caso. Ha asegurado que "jamás" quiso parar la investigación y no ha tenido relación con sociedades o cuentas "fuera".

Así, en declaraciones a los periodistas a su salida de los juzgados ha explicado que pagó "claramente" sus alquileres "por transferencia", en referencia al periodo en el que tenía arrendado el piso.

"Compré la casa con cargo a un crédito bancario a la indemnización de mi mujer", ha dicho después.

Ignacio González; su mujer, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fueron citados a declarar este lunes en calidad de investigados en el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) en relación con el ático que el matrimonio tenía arrendado en dicha localidad y que, posteriormente, pasó a ser de su propiedad. 

Estas declaraciones fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, al entender, según el escrito al que tuvo acceso Europa Press, que González podría haber incurrido en los delitos de cohecho y blanqueo de capitales y tras las comprobaciones relacionadas con las grabaciones de unas conversaciones aportadas a la causa, por las que ya declararon, como testigos, los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo.

En esta causa se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. El ático lo adquirió la empresa Coast Investors, también investigada, en 2008, aunque no lo inscribe hasta tiempo después. En un primer momento, González y su mujer pagaron un alquiler mensual, que luego se rebajó. Posteriormente, en diciembre de 2012, el matrimonio lo adquirió por 770.000 euros.

El empresario argentino que supuestamente adquirió en 2008 el ático de lujo de Estepona y que de forma inmediata alquilaron el expresidente madrileño Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, ha reconocido a infoLibre que conocía a Enrique Cerezo y que incluso fue "socio" del presidente del Atlético de Madrid.

A preguntas de este diario sobre si conocía a Enrique Cerezo, Luis Osvaldo Repetto contestó: "Sí, claro". Al ser interpelado de nuevo sobre si había sido socio de Cerezo, el argentino contestó de forma categórica: "Exacto""Exacto".

Ignacio González y Enrique Cerezo son grandes amigos. Los dos declararán este lunes como imputados en el caso ático. Una jueza de Estepona investiga si el político del PP es el verdadero dueño del inmueble desde 2008, como resultado de alguna operación ilícita.

Luis Osvaldo Repetto es productor de cine y, en concreto, vicepresidente de la firma Aries Cinematográfica Argentina. Con esta productora, una de las consideradas históricas en el país sudamericano, promovió la filmación en 2001 de la película hispanoargentina Antigua vida mía, en la que también estuvo Cerezo. El 27 de febrero de 2014 Aries Cinematográfica Argentina entró en concurso de acreedores.

Luis Osvaldo Repetto

Este diario hace pública la grabación de la conversación con el argentino Luis Osvaldo Repetto, que según el presunto testaferro de la operación, el mexicano Rudy Valner, era el auténtico dueño de la empresa –Coast Investors– que adquirió en 2008 el ático por 750.000 euros, pese a que el inmueble salió a la venta por 1,3 millones de euros.

Las acusaciones en el caso del ático consideran que Repetto es simplemente un hombre de paja, un segundo testaferro junto a Valner, y que el ático de lujo de Estepona era propiedad desde 2008 de González.

Repetto, que primero fue el casero de González y después le vendió en diciembre de 2012 el inmueble, siempre según la última versión de Valner en su testimonio en calidad de testigo, por 770.000 euros al matrimonio, aseguró a este diario no haber conocido al expresidente madrileño ni a su mujer, que según reconoció una testigo visitó hasta en dos ocasiones el dúplex incluso antes de que Repetto firmara la compra.

Con monosílabos y respuestas poco contundentes, Repetto contesta las preguntas de infoLibre sobre si él era el auténtico dueño: "Sí", dijo el empresario argentino, que reconoció que llegó a tener un ático en España, "pero ahora no tengo nada". Preguntado sobre si vendió el inmueble en España en 2012, Repetto asegura no acordarse bien de la operación: "Entiendo que sí, pero me gustaría corroborar las fechas". 

Escucharán las grabaciones de Villarejo

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González; su mujer, Lourdes Cavero; y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, están llamados a declarar este lunes como imputados en el caso del ático que investiga la jueza de Estepona Isabel Conejo, que ya ha anunciado que interrogará a los investigados después de que escuche las grabaciones realizadas por el comisario de Policía José Manuel Villarejo sobre la propiedad del ático.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona acordó las declaraciones tras la petición del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, y después del testimonio del comisario Villarejo de su diálogo con Ignacio González. 

Villarejo grabó la conversación que mantuvo, en noviembre de 2011, junto con González y el también comisario Enrique García Castaño. Y en ella, el entonces número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, afirmó que no le interesaba que se hiciera público que alquilaba un dúplex a una sociedad opaca del estado de Delaware, en Estados Unidos.

Conversación con Cerezo

Entre las grabaciones que deberán escuchar los imputados también se encuentra la conversación mantenida por el propio comisario Villarejo con Cerezo, en la que el empresario del cine trató de convencer al agente de que no siguiera investigando la propiedad del dúplex de lujo que desde 2009 alquilaron González y su mujer, y que a partir de diciembre de 2012 compraron de forma oficial a la empresa Coast Investors.

"En esta guerra no debe haber ni heridos ni muertos", llegó a asegurar Cerezo al agente en una llamada en la que el empresario trata de tapar el asunto, que ya había saltado a los medios de comunicación tras publicarlo el diario El Mundo.

Extrabajadores de Telemadrid

El nombre de Cerezo apareció en el caso del ático de González con la comparecencia realizada el 23 de julio de 2013, ante el fiscal Juan Carlos López Caballero, por un grupo de extrabajadores de Telemadrid, que ejercen la acusación popular tras la renuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

"Enrique Cerezo podría haber costeado el inmueble y facilitado la estructura para que tal hecho permaneciese oculto", explicaron los exempleados de Telemadrid al fiscal.

"No es aventurado considerar la hipótesis de que realmente González podría ser el propietario real y efectivo de la vivienda desde el momento en que fue adquirida a nombre de Coast Investors con recursos relacionados con el entorno de Enrique Cerezo", especificó el escrito del fiscal, que transcribe la declaración de los exempleados de Telemadrid.

Ático facilitado por Cerezo

Según este testimonio, el ático podría haber sido facilitado por Cerezo a cambio de al menos tres operaciones, que constan en un escrito que el fiscal envió a la magistrada: la adquisición de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid por una empresa participada por Telemadrid, la cesión de la publicidad de Telemadrid a una empresa en la que figura Cerezo y la adjudicación de diez televisiones digitales al presidente del Atlético de Madrid.

Los despedidos en el ERE de Telemadrid también informaron al fiscal de la adjudicación a Boomerang TV, otra de las sociedades de Cerezo, de la inauguración de los Teatros del Canal de Isabel II, una empresa controlada de forma directa por Ignacio González, sin concurso público, por 1,5 millones.

Valner, tesorero de Cerezo

Pero las vinculaciones de Cerezo con el caso del ático citadas hasta el momento no son las únicas. Ya que el presunto testaferro de la operación, el mexicano Rudy Valner, ejerció como secretario de la empresa Egueda US, creada en Nevada (EEUU) y cuyo presidente es el propio presidente del Atlético de Madrid.

Y los abogados del despacho Suárez de la Dehesa, que formalizaron la adquisición del ático por parte de la empresa Coast Investors en 2008, también mantienen una relación comercial periódica con Cerezo, tal y como reconocieron los propios letrados a la jueza de Estepona en su declaración como testigos.

Asimismo, el comisario Villarejo ha aportado al Juzgado un informe en el que da cuenta del testimonio de un confidente del caso Gürtel que aseguró que el ático podría ser una parte de la comisión de dos millones de euros que habría recibido González a cambio de la adjudicación y posterior recalificación de unos terrenos municipales en el municipio marileño de Arganda del Rey.

"No hemos denunciado por venganza, sino por justicia con los despedidos por la mala gestión de Telemadrid. Nosotros somos defensores del servicio público". Así se expresa José Ignacio, uno de los trabajadores de la cadena pública madrileña que ejerce la acusación popular del caso del ático que ha posibilitado la imputación del expresidente madrileño Ignacio González; de su mujer, Lourdes Cavero; y del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Este sábado se celebra a mediodía en la Puerta del Sol de Madrid una concentración denominada Corrupción igual a paro, que conmemora los tres años de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró ilegal el ERE de Telemadrid en el que fueron despedidos más de 900 trabajadores.

"Además, la imputación de González nunca podrá compensar lo que hemos sufrido con el ERE. Nosotros ya hemos perdido, porque incluso un compañero acabó suicidándose...", asegura una extrabajadora de Telemadrid, que prefiere no dar su nombre.

José Ignacio y la extrabajadora que opta por no revelar su identidad forman parte de un colectivo de 861 despedidos en el ERE de Telemadrid que, tras conocer que iban a ser despedidos por la gestión económica de la actual dirección, comenzó a investigar las relaciones entre el expresidente madrileño Ignacio González y el empresario Enrique Cerezo. Algunos de ellos, los que formaban parte del comité de empresa, han tenido que ser readmitidos por decisión judicial.

"Veíamos cosas raras"

Según explican a infoLibre, tras hacer un repaso de todas las informaciones sobre los negocios de Telemadrid, se dieron cuenta de que a lo largo de los años anteriores la televisión autonómica había realizado numerosas adjudicaciones sospechosas que favorecían en todo momento a las empresas de Enrique Cerezo. "Nosotros no teníamos seguridad de que hubiera algún delito, pero veíamos cosas raras. Y nos pusimos a hacer algo parecido a una investigación periodística, aunque en realidad estábamos en el paro", explica una de las despedidas.

El trabajo de estos extrabajadores de Telemadrid reivindica el viejo periodismo de investigación. En su caso no se trataba de que una garganta profunda les diera una información valiosa. "Y ahora que está de moda la película Spotlight, nosotros hicimos un poco eso, periodismo de investigaciónperiodismo de investigación", explica un trabajador de Telemadrid, José Ignacio, que ha sido readmitido en la televisión madrileña.

"Telemadrid perdió las buenas prácticas. Necesitábamos otra voz al margen de Salvemos Telemadrid, que estaba más enfocada hacia la denuncia de la manipulación. Cuando vemos que quieren justificar el ERE por causas económicas, creamos la Asociación de Afectados por el ERE de TelemadridTelemadridy empezamos a investigar a dónde se había ido el dinero", sostiene otro extrabajador que dejó la cadena en el expediente de regulación de empleo.

Attac y Economía Sol

Tirando del hilo detectaron, con el asesoramiento de la asociación Attac y del grupo de trabajo Economía Sol, documentación pública que mostraba los continuos y lucrativos contratos que recibía Cerezo de la televisión pública que afrontaba un ERE que acabaría con una parte importante de la plantilla.

Esta ayuda se personaliza en la abogada Liliana Pineda, experta en el análisis de los paraísos fiscales, que desde un primer momento arropó a los alrededor de 250 despedidos que crearon la Asociación de Despedidos en el ERE de Telemadrid. Con el paso del tiempo, este colectivo ha logrado ejercer la acusación particular en la investigación del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que el próximo 18 de abril deberá declarar como imputado (investigado) junto a su mujer, Lourdes Cavero, y el propio Enrique Cerezo.

Cerezo, TDT, Mutipark

Al final, con toda la información lograda, estos trabajadores acabaron acudiendo a denunciar la supuesta connivencia de Ignacio González con Enrique Cerezo: "Nos fuimos en julio de 2013 a Málaga a contar lo que sabíamos. Nos fuimos con indicios, no con pruebas. Explicamos las concesiones de las licencias de TDT por parte de la Comunidad de Madrid a Cerezo y otras cosas como, por ejemplo, la publicidad de Multipark, un contrato del Canal de Isabel II y los derechos de los partidos del Atlético de Madrid. Y nos dimos cuenta de que la investigación que se llevaba en Estepona se focalizaba sólo en el presunto pago de Martinsa a Ignacio González, y nosotros aportamos la parte de Enrique Cerezo y Telemadrid. Y, de hecho, Enrique Cerezo está imputado junto a González y su mujer, lo que supone un respaldo a nuestra denuncia", explica José Ignacio.

El propio fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, reconoció a los extrabajadores de Telemadrid que lo que aportaban era "un enfoque distinto" –que ha acabado siendo complementario– a lo conocido hasta entonces en el caso del ático.

Meses después, los despedidos de Telemadrid solicitaron ser acusación popular en el juzgado de Estepona: "Y nos dijeron que sí, pero que tendríamos que estar bajo la dirección letrada de la primera acusación, que era la del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Y cuando se retiró, nosotros nos hicimos cargo de la misma y mantuvimos al abogado Javier Carnerero, que estaba haciendo una gran labor".

Visión de Coast Investors

Un escrito reciente de la empresa Coast Investors SL, la compradora del ático en 2008 y que está imputada como persona jurídica, explica su versión sobre las denuncias de las diferentes acusaciones populares: "Cuando se trata de Transparencia y Justicia, se trata de vincular los hechos objeto de instrucción a GürtelGürtel; si es el PSOE o el SUP a Martinsa; si son los extrabajadores de la Televisión Madrileña al señor Cerezo".

Pero la realidad no es tan simple como apunta el representante legal de la empresa imputada. Según el comisario que coordinó la investigación inicial sobre el ático de González, José Manuel Villarejo, un confidente policial explicó que el pago de los dos millones de euros lo habría hecho Martinsa, que habría utilizado la estructura financiera offshore de Enrique Cerezo.

De hecho, el abogado del PSOE madrileño Wilfredo Jurado, que también ejerce la acusación popular del caso del ático, incluyó en su denuncia contra González ante el Tribunal Supremo, dónde estaba aforado el expresidente madrileño, la supuesta participación del presidente del Atlético de Madrid en el presunto abono de la mordida al político madrileño.

José Manuel Sánchez Fornet

El actual coordinador general del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, José Manuel Sánchez Fornet, fue el principal impulsor de la denuncia interpuesta en 2012 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Y el pasado 4 de marzo pasado publicó un artículo de opinión en el periódico confidencialandaluz.com sobre su papel en la denuncia por la compra del dúplex de lujo que desde un principio alquiló la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.

"Nada más saltar la polémica, tanto el presunto inquilino de alquiler [Ignacio González], como el ministro de Interior [Jorge Fernández Díaz] y el director general de la Policía [Ignacio Cosidó] se apresuraron a calificar como ilegal la investigación policial, al tiempo que procedieron al cese, expediente y traslado del comisario jefe de Marbella, Agapito HermesAgapito Hermes", explica Sánchez Fornet en su artículo.

"Pero el político [Ignacio González] tuvo la mala suerte de tropezar", prosigue el texto, "con un sindicato que entonces (ahora no) no dejaba de defender a ningún afiliado por muchas presiones y amenazas que recibiera (que se recibieron)". De esta forma, Sánchez Fornet ataca en su escrito a la actual dirección del SUP, que se retiró como acusación popular del caso del ático, dando paso a los extrabajadores de Telemadrid. "No me extrañó que la dirección nacional del SUP y su máxima responsable, la que elaboró el certificado del pleno de la ejecutiva el 3 de octubre de 2012 por el que el sindicato decidía realizar la denuncia, decidiera retirarse de la acusación popular en vez de esforzarse por activar el caso".

Y por eso Sánchez Fornet alaba a los extrabajadores de Telemadrid: "Aunque en el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC),desde donde hoy actuamos, varios de los que impulsamos aquella denuncia desde el sindicato habíamos decidido ya solicitar la personación como acusación popular para seguir investigando el caso si hubiese sido necesario", concluye.

"Unos días después de saltar la polémica a los medios de comunicación mantuve una reunión en Málaga con el comisario provincial, Francisco Arrebola (después nombrado jefe superior de Andalucía Oriental, Jaén, Málaga, Granada y Almería), quien nos informó de que estaba en marcha una información reservada, que se había producido una investigación no autorizada y que los policías podrían sufrir alguna sanción, según las noticias que le llegaban desde Madrid", especifica este policía, que asegura que para defender a los agentes afiliados decidieron indagar sobre el asunto.

"Y una vez con la seguridad de que dicha investigación había sido ordenada por cauces legales y que no suponía ninguna intromisión ilegal en el honor de nadie, con los datos obtenidos remitimos escrito a la Fiscalía Anticorrupción el 24 de abril de 2012", prosigue. La Fiscalía contestó que no realizaría una investigación penal, pero que sí se podía realizar una investigación policial, por lo que aconsejó a los denunciantes que continuaran las gestiones.

Comisario Rodríguez Ulla

El cese del comisario general de Policía Judicial Enrique Rodríguez Ulla, que declaró como testigo en el caso del ático, precipitó los hechos: "Y por ello se preparó una denuncia que fue presentada el día 22 de octubre de 2012 en el juzgado de Estepona, correspondiéndole al número 5 que desde entonces sigue practicando las diligencias correspondientes", resalta Sánchez Fornet.

El caso del ático ha incluido, además de los expedientes a los policías, numerosos retrasos y errores en las comisiones rogatorias. El coordinador de la investigación policial inicial, José Manuel Villarejo, también aseguró que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le ordenó que dejara de investigar la compra del dúplex.

Y Sánchez Fornet aporta un dato más. Que fue objeto de expedientes tras negarse a retirar la denuncia: "Me sancionaron con tres expedientes disciplinarios de 45, 20 y 15 días de suspensión de empleo y sueldo respectivamente, por decisión expresa del director general de la Policía".

Las declaraciones del abogado Ramón Fonseca Mora, uno de los socios del despacho Mossack Fonseca, en las que aseguraba que su firma había creado una empresa que finalmente acabó en manos de un político español, en referencia al expresidente madrileño Ignacio González, han convencido a las acusaciones populares de los extrabajadores de Telemadrid y de la Asociación Transparencia y Dignidad de que su testimonio podría ahorrar varios meses de instrucción y comisiones rogatorias a Panamá sobre la compra del ático de lujo.

Y por eso el letrado de los despedidos en el ERE de Telemadrid Javier Carnerero ultima un escrito dirigido a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, en el que le pide que reclame la comparecencia en calidad de testigo del abogado panameño, que el pasado 15 de marzo, cinco días después de que se hicieran públicas las imputaciones de González; su mujer, Lourdes Cavero; y Enrique Cerezo, dio por hecho que la empresa que adquirió en 2008 el dúplex de lujo por 750.000 euros había sido creada en su bufete "hace muchos años".

También, el letrado pedirá a la magistrada Conejo que reclame a los medios de comunicación la grabación de sus declaraciones realizadas en Radio Panamá, en las que apunta que en un primer momento el despacho Mossack Fonseca vendió la empresa a una "reputada" firma de abogados de Costa Rica, y que al final acabó en manos de "un político, que compró un inmueble y ahora está investigado". 

Testimonio importante

El testimonio de este abogado es de gran importancia ya que su versión relacionaría a Ignacio González con la trama Gürtel, lo que apoyaría la declaración de un confidente policial al comisario José Manuel Villarejo en la que aseguró que el que fuera número dos de Esperanza Aguirre había sido el político que se habría llevado "la mayor parte del pastel" de Arganda del Rey.

En concreto, tal y como indica una nota policial aportada al sumario de Estepona, González habría percibido en negro dos millones de euros del empresario Fernando Martín, el propietario de la promotora Martinsa.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la pieza separada de Arganda del Rey dentro del caso Gürtel, investiga el presunto pago de 25 millones de euros en negro por parte del empresario Fernando Martín a Francisco Correa, a cambio de su intervención. Correa, siempre según el sumario, habría utilizado la sociedad creada en Panamá por el despacho Mossack FonsecaMossack Fonseca Golden Chain Properties para percibir en Suiza al menos 13 de los 25 millones. 

Empresas suscriptoras

La acusación popular ya había pedido a la jueza que reclamara a Panamá la información sobre la sociedad Waldorf Overseas Investments Inc, que también fue creada por el despacho Mossack Fonseca con las dos empresas suscriptoras Dulcan Inc. y Winsley Inc, que participaron en la constitución en Panamá de Golden Chain Properties, de Correa.

La ley panameña permite que las empresas que crean sus abogados emitan acciones al portador, por lo que en ningún registro público aparecen los nombres de los auténticos propietarios de las mismas. Este es el principal motivo por el que miles de clientes de todo el mundo acuden a este país a comprar las firmas opacas.

Sin embargo, Panamá obliga a que estas empresas mantengan como suscriptores a personas residentes en este país, como por ejemplo son los casos de las firmas sucriptoras de Waldorf Overseas Investments Inc y Golden Chain Properties: las mencionadas Dulcan Inc y Winsley Inc.

Panamá no coopera

Esta es la segunda vez que Panamá recibe una petición de la jueza, ya que en 2014 las autoridades del país del Canal rechazaron cooperarar con España alegando que ese país no colabora en los casos de los delitos de blanqueo. Pero para justificar esta petición, la magistrada incluyó en la comisión rogatoria el delito de cohecho, por lo que espera que en esta ocasión el Gobierno de Panamá si ayude a la investigación. 

Por su parte Ignacio González, que defiende que la empresa que compró el ático se llama Walfort (con 't' final y no con 'd') Overseas Investments, sostiene que ésta no tiene ninguna vinculación con Panamá, y mucho menos con la trama de Correa. También ha explicado, en un escrito dirigido a la jueza Isabel Conejo, que la compañía fue creada en Estados Unidos, en concreto en el estado de Delaware, considerado un pseudoparaíso fiscal.

Reproducir grabaciones

La magistrada Conejo tomará declaración el 18 de abril a González, a su mujer y a Cerezo después de reproducir las conversaciones grabadas que fueron aportadas al procedimiento por el comisario José Manuel Villarejo. Según el contenido de las mismas, Ignacio González trató de que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore de Estados Unidos. Por su parte, González ha pedido que la declaración se retrase.

En este sentido, la providencia de la jueza pedía al comisario Villarejo, que fue el encargado de coordinar la investigación del ático en un primer momento, que remitiera al equipo con el que se realizó la grabación de las conversaciones, "junto con los elementos auxiliares, la fuente de alimentación, baterías, cableado de conexión, así como el soporte de grabación, al objeto de se obtenga directamente desde el Laboratorio de Criminalística las conversaciones originales".

Precisamente, la jueza Conejo reclamó a la Guardia Civil en octubre pasado que realizara un informe sobre la autenticidad de las grabaciones, que cinco meses después todavía no ha recibido.