Las autoridades turcas han detenido hasta ahora a diez personas supuestamente relacionadas con el ataque armado del martes cerca del edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, informó este miércoles la agencia de noticias oficial turca Anadolu y recoge EFE. 

Cinco de las diez personas fueron detenidas esta madrugada de miercoles en operativos en Estambul y en Izmit, y el resto había sido arrestado pocas horas después del incidente, que terminó con un atacante muerto y otros dos agresores heridos.

Según Anadolu, los dos atacantes hospitalizados serán trasladados a dependencias policiales tras su tratamiento.

Las autoridades determinaron que los tres atacantes —dos de ellos hermanos— viajaron de Izmit a Estambul en un vehículo alquilado y están vinculados al Estado Islámico (EI).

El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, señaló anoche que el atacante muerto tenía “vínculos con una organización que explota la religión”.

El Consulado israelí está cerrado desde finales de octubre de 2023, tras el inicio del genocidio en Gaza el 7 de octubre.

Utilizar la fuerza armada de forma ilegal contra países con fines políticos y económicos es terrorismo. No deja de serlo porque quien lo ordene vista uniforme, ocupe un despacho presidencial o forme parte de un bloque militar como la OTAN. La violencia deliberada contra poblaciones inocentes, con el objetivo de influir políticamente, es criminal, y sin embargo la comunidad internacional asiste con inquietante normalidad a su perpetuación, a menudo ocultando bajo el eufemismo de “operaciones militares” lo que son patrones de violencia sistemática con consecuencias devastadoras.

Los datos hablan por sí mismos. En el conflicto entre Israel y Gaza, las cifras oficiales de muertos y heridos incluyen una proporción abrumadora de población civil: mujeres, niños, personas mayores y profesionales sanitarios atrapados en medio de hostilidades intensas. Los registros de organizaciones internacionales y ONG sitúan a miles de víctimas civiles directas, y testimonios detallados denuncian la destrucción de barrios enteros y la desprotección de la población ante ataques indiscriminados. Israel: ha usado al pueblo palestino con la misma lógica que emplearon los nazis contra los judíos.

En Europa del Este, la guerra iniciada por Rusia en Ucrania ha destruido ciudades enteras y ha provocado decenas de miles de muertes desde 2014, con picos dramáticos desde 2022. Millones de personas han sido desplazadas, muchas de ellas mujeres y niñas, obligadas a abandonar hogares y vidas por el avance de operaciones que no distinguen entre objetivos militares y zonas civiles densamente pobladas.

Estas cifras no son estadísticas frías: son vidas, familias rotas y generaciones marcadas por la violencia. Y pocas veces se escucha vinculándolas con un término que, por definición, debería aplicarse: “Terrorismo de Estado”.

Las consecuencias no se limitan a la tragedia humana. El impacto económico de los conflictos contemporáneos es colosal y trasciende fronteras. Según estimaciones de institutos de análisis económico y de paz, el coste global de la violencia armada y los conflictos se sitúa en billones de euros al año, representando una parte significativa del PIB mundial. Parte de ese gasto proviene de los enormes presupuestos militares, pero una proporción creciente se destina a reconstrucción, atención a desplazados y estabilización de regiones devastadas.

Las economías locales, desde Gaza hasta Ucrania, se enfrentan a tasas extremas de desempleo, colapsos en sectores productivos clave y caídas abruptas del PIB. En Franja de Gaza, la destrucción de infraestructura esencial, industrias, hospitales y sistemas de agua y saneamiento deja una economía al borde del colapso. En Ucrania, la reconstrucción post-conflicto exigirá décadas de inversión, mientras que las tensiones en los mercados de materias primas y energía repercuten globalmente, encareciendo alimentos y combustibles en economías vulnerables.

Es imposible separar estos costes humanos y económicos de las decisiones políticas que los causan. Ni tampoco ignorar que cuando las potencias globales normalizan estas prácticas, se legitima una forma de violencia que debería ser rechazada con claridad moral y legal.

Resulta sorprendente, y profundamente preocupante, que en pleno siglo XXI exista tolerancia no solo social sino diplomática hacia prácticas que constituyen terrorismo de Estado. Que un Estado miembro de la OTAN, una alianza fundada bajo principios de defensa colectiva y respeto por los derechos humanos, normalice o encubra acciones con impacto devastador para la población civil es una anomalía que debilita la credibilidad de todo el sistema internacional de seguridad y derechos.

La tolerancia política y social ante estos hechos no es mera indiferencia: es complicidad.

Permite que la violencia sistemática se perpetúe sin rendición de cuentas, y socava los valores que, en teoría, deberían guiar la política internacional.

No puede haber dobles estándares. Si definimos terrorismo como el uso de violencia contra civiles con fines políticos, entonces debemos aplicar esa definición de forma coherente, independientemente de la identidad del perpetrador o de su lugar en el orden mundial. La jerarquía de potencias no puede servir de escudo frente a la justicia moral.

Negar esta realidad no protege la estabilidad global, sino que la erosiona. Es hora de que la sociedad civil, los medios y las instituciones internacionales exijan una revisión crítica de cómo se interpreta y aplica el término “Terrorismo”. Defender la coherencia ética no es una postura ideológica: es una exigencia de justicia para las víctimas y una necesidad para la paz sostenible.

Porque el terrorismo no pierde su nombre por venir envuelto en banderas o alianzas. Y cada día que miramos hacia otro lado, esa violencia deja de ser excepción para convertirse en política aceptada.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La investigación por la filtración de datos personales de políticos y periodistas llevada a cabo por un joven canario que operaba en la red con el alias de Akkaspace seguirá, al menos por el momento, en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, ha rechazado el intento de la Fiscalía de que el caso se reduzca a un simple delito de descubrimiento de datos reservados y se envíe a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. En un auto del pasado lunes, al que ha accedido infoLibre, el magistrado sostiene que los hechos pueden tener encaje en un delito de terrorismo. Y, por tanto, la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigarlos. Una decisión que tanto el Ministerio Público como las defensas de los investigados tienen previsto recurrir en apelación.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaba colgando en un conocido foro de doxing –práctica que se refiere a revelar datos de terceras personas sin su consentimiento– información privada de miembros del Ejecutivo –entre ellos el presidente, Pedro Sánchez–, de las Cortes Generales o de periodistas. Se registraron, en total, tres publicaciones con números de DNI, direcciones de domicilio o correos electrónicos. Dos de ellas, protagonizadas por un tal Akkaspace, alias tras el que se escondía un joven canario llamado Yoel que fue detenido, junto con otro muchacho, un par de semanas después.

Tras más de medio año de investigación, la Fiscalía solicitó a finales de enero al instructor que se inhibiera y enviara el caso a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacía al entender que los hechos no eran constitutivos de delitos de terrorismo. Como mucho, se estaría ante un descubrimiento y revelación de datos reservados, recogido en el artículo 197 del Código Penal y castigado con penas de prisión de uno a cuatro años. En su escrito, la fiscal exponía que se seguía "desconociendo" de "dónde" habían "podido obtener" dichos "datos" los investigados. De hecho, aseguraba que pese a todas las diligencias no constaba acreditado que hubieran sido obtenidos "mediante el ataque" a alguna base de datos del Gobierno, Poder Judicial, Tribunal Supremo o Constitucional.

"La conducta desarrollada [...] en ningún caso puede ser calificada como constitutiva de un delito de terrorismo [...]; por más que Yoel haya puesto de manifiesto su animadversión al Partido Socialista, no podemos sin más llegar a la conclusión de que la publicación de datos personales de políticos, periodistas y otros sujetos de actualidad política [...] fuera, ni más ni menos, que la de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones políticas, estructuras económicas o sociales del Estado, o la de alterar gravemente la paz pública o la de provocar un estado de terror en la población", aseveraba la representante del Ministerio Público.

Una inhibición de la Audiencia Nacional a la que se oponía alguna de las acusaciones: "Estamos no solo ante un ataque al derecho a la intimidad de cada una de las personas afectadas sino, claramente, un ataque a las instituciones del Estado y al llamado cuarto poder". Y que acaba de rechazar finalmente el instructor. En un auto fechado el pasado 16 de marzo, el magistrado se mantiene en la tesis de que los hechos investigados "podrían ser constitutivos" de un delito de terrorismo, "afectando a numerosas personalidades de diversas instituciones públicas y privadas".

"Del resultado de lo investigado hasta el momento, como se pone de manifiesto en los diversos informes policiales, se revela una afectación directa a altas instituciones del Estado y sus personalidades", señala. El magistrado considera "ilustrativa", en este sentido, la "declaración" de uno de los "investigados", que "llega a reconocer", en relación con sus ataques, que "actuaba" movido por la "sensación de corrupción generalizada" y con un doble objetivo: dar, por un lado, una "reprimenda" a esas "personalidades" y, por otro, lanzar una "advertencia" para que "desistan en su comportamiento corrupto".

"Esta actuación encajaría en las finalidades previstas en los tipos previstos en la circunstancia primera del artículo 573.1 y en el 573.2 del Código Penal –delitos de terrorismo–, pues claramente con su actuación a través de las graves filtraciones de datos pretenden, mediante esa 'reprimenda' o 'justicia popular' que deciden aplicar a las personalidades especialmente institucionales y también de carácter privado, desestabilizar gravemente el funcionamiento del sistema democrático, institucional, político y, en general, del Estado", recoge la resolución.

Para el magistrado no es "casual", del mismo modo, la "intervención" de Desinformador Ruso, un alias que Europol atribuye al ciudadano español Enrique Arias Gil, "vinculado a las estrategias de desestabilización orquestadas" desde fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo? "Redifundiendo los datos revelados e instando al acoso a los cargos públicos y periodistas afectados por la difusión de los datos", resalta el instructor.

El auto, en definitiva, sostiene que "la calificación de terrorismo" deriva del uso de medios informáticos para entrar en bases de datos y difundir información personal de representantes públicos "incitando" a un "escrache virtual masivo" y a la "adopción de represalias" con la intención de "forzar un cambio político o en represalia por la actuación política" desde una posición "antisistema", afectando a "altas instituciones de la Nación". Calificación, completa, que es "provisionalísima" y que no "excluye" que pueda terminar derivando en otra distinta como resultado de la instrucción. Por todo ello, decide mantener el caso.

Una decisión que, según ha sabido este diario, tanto las defensas como el propio Ministerio Público tienen previsto recurrir. "Los penalistas vivimos de los errores de los jueces de instrucción, esa es nuestra fuente de éxito. Y este es un error importante. Iremos en apelación", anuncia Lázaro Chico, abogado de uno de los investigados, que mantiene que los hechos no encajan ni en el delito de terrorismo ni en el de revelación de secretos: "Lo que se ha revelado ya circulaba por la red".

El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó este martes su dimisión ante el presidente, Donald Trump, en rechazo por la guerra que su país e Israel libran contra Irán, informa EFE.

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", escribió Kent en una carta dirigida al presidente.

El Centro Nacional contra el Terrorismo, integrado en la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, es un organismo creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para recopilar información sobre terrorismo internacional.

En su misiva, Kent, un veterano del Ejército estadounidense, recordó que Trump hizo campaña en las elecciones con el lema de "Estados Unidos primero", según el cual "las guerras en Oriente Medio eran una trampa que le costaba a Estados Unidos las valiosas vidas" de sus soldados y la "prosperidad" del país.

Acusó a altos funcionarios israelíes de haber impulsado "una campaña de desinformación" para impulsar la ofensiva contra Irán, la "misma táctica que los israelíes usaron" para arrastrar a Estados Unidos a la "desastrosa guerra de Irak", dijo.

"Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo", escribió.

La guerra de Irán, en las que han fallecido al menos 13 militares estadounidenses y que ha disparado los precios de la gasolina, ha sido rechazado por algunas voces del entorno de Trump, como el periodista Tucker Carlson, porque a su entender contradice la promesa de campaña del republicano de enfocarse en asuntos domésticos y mantener al país alejado de guerras en el exterior.

Durante décadas, el foco informativo permanente de los casos más trascendentes y algunos jueces de gran popularidad la convirtieron en la imagen que los ciudadanos tenían de la Justicia. Por sus juzgados centrales de instrucción –y después por sus banquillos de cristal blindado– pasaron los terroristas más sanguinarios y peligrosos. Los de ETA y los islamistas. Desde sus despachos se puso a la Justicia española en el mundo a través de causas internacionales como las de Pinochet, el torturador argentino Scilingo, el asesinato de José Couso, los crímenes de Israel en Gaza anteriores a la actual invasión, Guantánamo o Ruanda. Con la desaparición de ETA, el repliegue del yihadismo y los sucesivos recortes a la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional se ha convertido en el escenario de las grandes macrocausas por corrupción como Gürtel, Púnica, Pujol o Lezo.

A falta de un año para su 50 aniversario, el tribunal del terrorismo aspira a transformarse en el del crimen organizado más sofisticado.

El nuevo presidente, Juan Manuel Fernández Martínez, planteó el debate el pasado noviembre con una carta abierta enviada a todos los jueces centrales y secciones de lo Penal –también de lo Contencioso-Administrativo, Social, Menores y Vigilancia Penitenciaria– para abrir una reflexión que adapte las competencias del tribunal a la criminalidad más compleja y sofisticada. La idea es plantear una reforma legal que pueda ser trasladada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de ahí al Gobierno y al Parlamento. La propuesta del presidente considera que el actual marco competencial de la Audiencia ha quedado obsoleto. Fernández considera que, pese a la transformación de la criminalidad en los últimos años, el órgano sigue siendo necesario, aunque necesita una mayor especialización. La Audiencia Nacional aspira ahora a convertirse en el órgano de la criminalidad organizada en todas sus vertientes.

Para ello, según el documento enviado por Fernández a toda la plantilla, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le atribuya expresamente esa materia que requiere una respuesta judicial especializada y coordinada. La delincuencia organizada que se atribuya a la Audiencia Nacional con esas nuevas competencias –entre las que se propone que siga estando el terrorismo– tendrá que cumplir tres requisitos. En primer lugar, que la organización criminal de que se trate tenga "una estructura organizada y jerarquizada". También que su ámbito de actuación sea transnacional o, en caso de que se implante en territorio español, "que afecte a un número significativo de personas que exceda de una comunidad autónoma". El último criterio por el que este tribunal entraría a investigar y enjuiciar a estas bandas sería la utilización por estas "de medios sofisticados o violentos para la comisión de delitos".

Esa atribución general de la criminalidad organizada debería, a su vez, especificarse en sus diferentes ramas. El narcotráfico, uno de los campos tradicionales de la Audiencia –con operaciones como Nécora o las actuales del exjefe de la UDEF al que encontraron 20 millones en su casa o las narcolanchas del Estrecho– es uno de ellos. El documento considera que los criterios de atribución de estos casos a la Audiencia han quedado anticuados y que esto "perjudica gravemente al éxito de las investigaciones en esta materia". La ley establece que la AN es competente siempre que el delito lo cometa una organización criminal y actúe en el territorio de varias provincias. Lo que se plantea es que se deje al margen ese criterio territorial y la Audiencia sea competente solo en los casos más graves. Uno de los criterios para determinar esa gravedad podría ser la corrupción que en muchos casos lleva asociada, lo que sí justificaría que un órgano central como la AN, y no los de los distintos territorios, se encarguen de ellos.

Otra de las manifestaciones del crimen organizado que reclama la Audiencia Nacional es el blanqueo de capitales a través de organizaciones criminales transnacionales. Se trata de un tipo de delito que este órgano ya investiga, pero que no tiene atribuido expresamente. Su inclusión expresa en el catálogo de delitos del tribunal se justifica "por la necesidad de centralizar la investigación de delitos complejos que requieren una visión global y recursos especializados". "El blanqueo de capitales moderno implica técnicas sofisticadas como el uso de paraísos fiscales, empresas pantalla y criptomonedas", dice el documento enviado a los jueces. "La AN, con sus recursos especializados, puede abordar la complejidad de estas investigaciones", continúa. La razón es que el tribunal permite una mayor coordinación entre los cuerpos policiales, los jueces y los organismos internacionales. El objetivo final es proteger "la estabilidad financiera y la confianza en las instituciones" frente a un delito que socava el sistema financiero, distorsiona la economía y facilita la corrupción.

Transformar la Audiencia Nacional en el tribunal de la criminalidad organizada obliga, además, a incluir entre sus competencias otras materias. Como la trata de seres humanos, una actividad caracterizada por la transnacionalidad y que ejercen organizaciones de una extraordinaria complejidad que requieren una respuesta judicial especializada y centralizada. También las infracciones cada vez más frecuentes relacionadas con la ciberseguridad que puedan poner en peligro infraestructuras críticas como la red eléctrica, el transporte público o las instituciones financieras. "La AN, con su experiencia en la lucha contra el terrorismo y otros delitos complejos, es el órgano idóneo para abordar estos casos", afirma el documento del presidente. Otras dos categorías cuya inclusión se plantea son los delitos medioambientales que causen "un grave daño" y afecten a más de una comunidad autónoma o tengan dimensión transnacional. También los relativos al "tráfico ilícito de bienes culturales" o "que afecten a un patrimonio cultural de especial relevancia".

Estafas masivas como los casos Foro Filatélico y Afinsa, entre otros, han sido también materia tradicional de la Audiencia. El Supremo estableció que estos casos le correspondieran cuando la cantidad defraudada superara un millón de euros. La propuesta enviada a los jueces considera que ese límite está desfasado y que solo deberían corresponder a la AN las que "afecten gravemente a la economía nacional". El documento destaca el atasco que provocan las defraudaciones con criptomonedas con muchos afectados pero con deudas individuales muy pequeñas. Por eso propone que el límite se eleve a los 10 millones de euros con, al menos, 100 perjudicados. También propone que se le encomienden los delitos que afecten al orden constitucional y a la forma de gobierno, y no solo a altas instituciones del Estado.

Además de los jueces destinados en el Tribunal Central de Instancia (el que engloba los antiguos juzgados centrales de instrucción) y los magistrados de las distintas secciones y salas, en el debate abierto sobre el futuro de la Audiencia planteado por Juan Manuel Fernández también entran la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción.

La Unión Europea incluyó este jueves al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en su lista de organizaciones terroristas, debido a la represión sangrienta de las manifestaciones contra el régimen de los mulás en Irán.

“La represión no puede quedar sin respuesta. [...] Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos está trabajando para su propia perdición”, escribió la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en redes sociales. “Si actúas como un terrorista, debes ser tratado como tal”, había declarado la jefa de la diplomacia europea poco antes del inicio de la reunión que se celebra en Bruselas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió esta designación, “que se ha hecho esperar demasiado”. “Terrorista es el término adecuado para describir a un régimen que reprime con sangre las manifestaciones de su propio pueblo”, escribió en X.

Por su parte, el Elíseo indica que se trata de “responder a la magnitud sin precedentes de la represión del pueblo iraní, apuntando directamente a los autores de dicha represión”. Durante mucho tiempo, Francia dudó en apoyar la clasificación de los Pasdaran, el otro nombre de los Guardianes de la Revolución, como organización terrorista, en nombre de un pragmatismo que quería mantener los canales de diálogo con Teherán, en particular sobre la cuestión nuclear. Y también porque, tras conseguir en noviembre la liberación de Cécile Kohler y Jacques Paris, tras tres años de detención en la prisión de Evin, Francia espera repatriarlos (siguen en la embajada francesa en Teherán sin poder salir).

Si no fuera por estas consideraciones diplomáticas, los Guardianes de la Revolución podrían haber figurado en la lista de organizaciones terroristas junto a Al Qaeda y el Estado Islámico desde hace años, debido a su actuación fuera de las fronteras de Irán. Esta milicia paramilitar es también un servicio de inteligencia y, como tal, planifica asesinatos y atentados en todo el mundo.

Interpelada en octubre por la Asamblea Nacional, Céline Berthon, directora general de Seguridad Interior (DGSI), mencionó “una represión que puede llegar hasta el acto terrorista”, dirigida contra los opositores al régimen “o incluso contra el país considerado como el enemigo acérrimo del régimen iraní, es decir, Israel”. La jefa del servicio de inteligencia precisó que se refería a “una realidad documentada a escala mundial, europea y, en ocasiones, a escala francesa”.

En septiembre de 2024, una investigación del Washington Post mencionaba “ochenta y ocho asesinatos, secuestros y otros complots violentos relacionados con Irán en los últimos cinco años, una cifra superior al total de las cuatro décadas anteriores tras la revolución de 1979”.

Una unidad de la fuerza Al-Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, denominada 'Unidad 11.000', es la responsable de estos ataques en Europa y Estados Unidos. En los últimos años, esta entidad, dirigida según el Mossad por un tal Sardar Ammar, ha multiplicado las acciones violentas contra los intereses del Estado hebreo y los miembros de la comunidad judía.

¿Su modus operandi? Moviliza redes criminales bajo su protección en Irán, que a su vez recurren a equipos operativos que actúan en el ámbito del crimen organizado (en Francia, un logista del entorno marsellés, un traficante de drogas de Lyon y un asesino de la mafia holandesa aparecen en dos expedientes de la justicia antiterrorista) o dentro de la comunidad iraní y afgana. Los ejecutores, motivados únicamente por el dinero, permiten así a las autoridades iraníes evitar el coste político de una posible atribución.

Los servicios de inteligencia estadounidenses, europeos e israelíes atribuyen a la 'Unidad 11.000' la responsabilidad de operaciones contra objetivos judíos e israelíes en Alemania, Australia, Francia y Grecia.

En Francia, se produjo el caso Marco Polo, revelado por Mediapart junto con sus socios de EIC [red periodística de la que también forma parte infoLibre]. La DGSI se enteró en octubre de 2023 de que un comando formado por la fuerza Al-Qods había recibido el encargo de perpetrar en Francia asesinatos e incendios de empresas vinculadas a las comunidades judía e israelí.

La red también había localizado a personalidades judías en Alemania, así como a empresas israelíes establecidas en Países Bajos. Un traficante de drogas de la región de Lyon dirigía la célula desde Irán, donde se habría refugiado, bajo la protección de la 'Unidad 11.000'.

En un informe resumido dirigido a la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat), la DGSI explicó que el objetivo del “terrorismo de Estado iraní” consistía en “atacar objetivos civiles y aumentar la sensación de inseguridad en la comunidad judía y/o israelí”.

En Alemania, Ramin Yektaparast, exjefe de la banda de moteros Hells Angels (Ángeles del Infierno) en Mönchengladbach, fue el instigador del ataque a la sinagoga de Bochum (Alemania) el 18 de noviembre de 2022.

Buscado por un asesinato especialmente brutal en el mundo del rock, Yektaparast huyó a Irán, donde llevaba una vida de lujo sin tener un trabajo fijo. En las redes sociales, posaba delante de un Mercedes-Benz Clase G y mostraba sus músculos en una piscina, con un tatuaje de un mapa de Irán en el pecho y una esvástica en el brazo.

Ramin Yektaparast aparece en un documento del Tribunal Federal alemán como agente de la fuerza Al-Quds. Una protección que no le salvó de las balas: fue asesinado en una operación atribuida al Mossad en Teherán en abril de 2024. Según los servicios de inteligencia franceses e israelíes, estaba planeando un proyecto para asesinar al escritor Bernard-Henri Lévy.

A finales de 2021, un ciudadano ruso de origen azerí fue acusado por la justicia chipriota de terrorismo y conspiración para cometer asesinato: habría recibido 40.000 euros para asesinar a empresarios israelíes.

En marzo de 2023, las autoridades griegas anunciaron que habían frustrado un proyecto de atentado (con armas de fuego y explosivos de gas) contra un centro comunitario judío en Atenas. Fueron detenidos dos ciudadanos pakistaníes mientras que el autor intelectual, otro pakistaní, se encuentra en Irán.

En 2024 se registraron incidentes (disparos, incendios) en las inmediaciones de las sedes diplomáticas israelíes en Bruselas, Copenhague y Estocolmo. También sufrió ataques una empresa armamentística israelí en Suecia. En Copenhague, la residencia del expresidente de la Asociación Sionista Danesa también fue objeto de un ataque incendiario en mayo de 2024.

El 26 de junio de 2025, la policía danesa detuvo a un danés de origen afgano reclutado por los Guardianes de la Revolución para localizar una tienda kosher en Berlín y vigilar a dos miembros importantes de la comunidad judía en Alemania.

En Australia, los incendios provocados que, desde hace un año, han tenido como objetivo establecimientos y lugares de culto de la comunidad judía, han sido atribuidos por los servicios de inteligencia australianos a la 'Unidad 11.000' de los Guardianes de la Revolución.

Para actuar en Australia, la unidad contrató a dos figuras del crimen organizado australiano. Uno de ellos, que en el pasado había sido investigado por sus vínculos con el crimen organizado, abandonó Australia en 2016 y desde entonces se ha establecido en Irán. Ahora se le considera un agente de la fuerza Al-Qods, para la que ya habría dirigido y coordinado varias operaciones antes de los incendios ordenados a distancia.

El mencionado artículo del Washington Post relataba un proyecto de asesinato, frustrado, por el que se había pagado 350.000 dólares a dos miembros de los Ángeles del Infierno canadienses para que asesinaran a un desertor iraní y a su esposa, que vivían con identidades falsas en Maryland, Estados Unidos.

En intercambios de mensajes cifrados, los aspirantes a asesinos hablan de la insistencia de su cliente en que el asesinato fuera simbólicamente violento: “Hay que arrancarle la cabeza del torso”. Responsables estadounidenses indicaron al periódico que el objetivo era un oficial de la Guardia Revolucionaria que se había convertido en informante de la CIA.

El nombre de dominio de la web de la asociación Iran Justice, que documenta las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por la República Islámica, ha sido comprado y ahora difunde “contenidos pro régimen” de Teherán, según denunció a la AFP su presidenta, Chirinne Ardakani.

Esta abogada y activista de derechos humanos afincada en París denuncia “una operación de desestabilización y propaganda orquestada, con toda probabilidad, por agentes iraníes en el espacio digital para sabotear el nombre de nuestra asociación y su compromiso de denunciar los crímenes cometidos”.

“Nuestro nombre [de la web, ndr] había vuelto a ser de dominio público desde hacía unos días porque teníamos que renovar la licencia y, cuando quisimos hacerlo, nos llevamos la desagradable sorpresa de descubrir que era imposible. Ya había sido comprado”, explicó. “También descubrimos que nuestra web había sido completamente rediseñada, nuestro contenido había sido borrado y sustituido por contenido pro-régimen”, prosiguió la abogada, muy crítica con los dirigentes iraníes.

La página de inicio de la nueva versión de esa web luce ahora la bandera de la República Islámica.

Traducción de Miguel López

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la investigación abierta por el apagón eléctrico ocurrido en la península el pasado 28 de abril, al considerar que no existe "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista", según recoge EFE.

Tras recibir los informes técnicos solicitados a lo largo de estos meses, el juez ha descartado "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático".

La Fiscalía ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al autor del asesinato con un machete del sacristán de una iglesia de Algeciras (Cádiz), en 2023, porque, si bien le consideró responsable de su muerte, le aplicó la eximente completa de enajenación mental y ordenó su internamiento en un establecimiento psiquiátrico penitenciario por un máximo de 30 años.

En su recurso ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso EFE, el fiscal Emilio Miró pretende que el asesinato del sacristán, el intento de asesinato de un sacerdote, al que hirió gravemente, y las lesiones a un joven marroquí al que el acusado, Yassine Kanjaa, recriminó no seguir los preceptos del Islam, sean calificados de terroristas. Ello permitiría abonar a las víctimas las indemnizaciones que le han sido impuestas, en aplicación de la Ley de Victimas del Terrorismo.

El recurso por tanto no se dirige contra la absolución del acusado sino que invoca una infracción de precepto legal en la calificación de los hechos, que en la sentencia son considerados como delito de asesinato consumado, asesinato en grado de tentativa y lesiones, pero no de carácter terrorista.

"La concurrencia de la eximente completa de enajenación mental del artículo 20.1 del Código Penal no impide la calificación de los hechos como alevosos, como aprecia la Sala -al calificarlos de asesinato-, y por la misma razón su concurrencia es compatible" con los delitos de terrorismo, sostiene el fiscal, que en el juicio pidió 50 años de prisión para Kanjaa.

Los dos magistrados que suscribieron la sentencia, que contó con el voto particular discrepante de la magistrada Carolina Rius, que apoyó la tesis del fiscal, entendieron que debido a la enfermedad mental del acusado éste no podía darle a sus actos la intencionalidad que requieren los delitos de terrorismo (provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella, y alterar gravemente la paz pública).

La Fiscalía por contra sostiene que, dadas las circunstancias probadas -lugar de los hechos (dos iglesias de Algeciras), personas afectadas (del ámbito religioso) y el acceso a contenido radical por parte del acusado- los hechos deben ser calificados de terrorismo.

"En el sentido expuesto en el voto particular de la sentencia recurrida, consideramos que calificar como terrorismo (...) permite una respuesta adecuada" a lo ocurrido, "especialmente dirigida a proteger a las víctimas".

Todo ello, sin perjuicio de que, si se estima que tenía totalmente alteradas sus capacidades mentales, le sea apreciada, como dictaminó el tribunal, la eximente completa y quede absuelto con la aplicación de la medida de internamiento.

El fiscal apela a que la Audiencia Nacional ya ha admitido con anterioridad "la compatibilidad de la calificación" de terrorismo "y la presencia de anomalías o alteraciones psíquicas", e invoca seis sentencias dictadas en ese sentido.

Apunta también a que los hechos probados "describen un acelerado proceso de radicalización religiosa que actuó como móvil de los delitos cometidos".

De hecho, prosigue, al analizar su declaración en el juzgado de instrucción, que fue reproducida en el juicio, donde guardó silencio, la Sala expone que “confesó" su acción.

"El acusado reconoció que regresó a casa y cogió el machete que guardaba, que quería matar a la gente que le hacía daño con Satán, que en el islam esa gente son enemigos del islam y de los musulmanes, que se dirigió al cura porque es enemigo de Dios, para cortarle la cabeza, tenía intención de acabar con su vida, luego fue a la otra iglesia a buscar a otro cura también para matarle", recogió el tribunal.

De ello se deduce, destaca el recurso, "la intencionalidad del autor de alterar gravemente la paz pública (...) movido por una exacerbación de sus sentimientos religiosos".

La sentencia recurrida determinó que cuando Kanjaa entró en las iglesias de San Cristóbal y Nuestra Señora de La Palma y mató al sacristán Diego Valencia e hirió de gravedad al sacerdote Antonio Rodríguez actuaba bajo un "cuadro de filiación esquizofrénica" que anulaba sus facultades.

Al no tener conciencia de los delitos cometidos y no mostrar arrepentimiento, la Sala apreció no obstante un "elevado grado de peligrosidad" y por eso decretó su internamiento en un centro psiquiátrico.

Impuso además al acusado el pago de indemnizaciones: de 150.000 euros para la viuda del sacristán asesinado, de 50.000 euros a cada uno de sus dos hijos, y de 17.000 euros a los familiares del sacerdote, que falleció meses después del ataque por una enfermedad.

Kanjaa, de origen marroquí y que estaba en situación irregular en España, es insolvente por lo que no puede hacer frente a esos pagos, y tampoco pueden ser abonados directamente por el Estado al amparo de la Ley de Víctimas del Terrorismo al no haber sido calificados los hechos como tal.

La Policía australiana presentó este miércoles 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el atentado contra una celebración judía ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad de Sídney.

Entre las acusaciones figuran 15 cargos de asesinato, así como delitos de intento de homicidio; comisión de un acto terrorista; exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido; y colocación de un explosivo en o cerca de un edificio; según señalaron las autoridades en un comunicado.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) informó de que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir ayer del coma, y deberá comparecer este miércoles ante el tribunal mediante videoconferencia.

El ataque, que se prolongó durante unos nueve minutos, dejó 15 víctimas mortales de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, de las cuales doce han sido identificadas oficialmente hasta el momento.

Durante el ataque, Sajid Akram, de 50 años, origen indio y padre del acusado, murió tras ser abatido por la policía en el lugar de los hechos, al ser señalado como segundo hombre armado.

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, señaló que por ahora no existen indicios de la implicación de otras personas, aunque advirtió de que la investigación sigue en curso y los datos podrían variar conforme avancen las pesquisas.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al Estado Islámico (EI). En noviembre viajaron al sur de Filipinas, donde operan células islamistas.

La comunidad internacional condenó este domingo el atentado terrorista contra la comunidad judía ocurrido en Sídney durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, que provocó 12 fallecidos y 29 heridos, y alertó contra el antisemitismo.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, escribió en la red social X: "Estoy horrorizado y condeno el atroz ataque mortal perpetrado hoy contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar Janucá".

"Mi corazón está con la comunidad judía de todo el mundo en este primer día de Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad", añadió el secretario general.

Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró "conmocionada por el trágico ataque". "Europa se solidariza con Australia y las comunidades judías de todo el mundo. Estamos unidos contra la violencia, el antisemitismo y el odio", dijo Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

En la misma tónica se expresaron líderes nacionales europeos como el canciller alemán, Friedrich Merz, quien se mostró consternado. "Este es un ataque a nuestros valores comunes. Debemos poner fin a este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo", escribió en X.

También el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó sus condolencias a Australia por el atentado "terrorista antisemita". Francia "comparte el dolor del pueblo australiano y seguirá luchando sin descanso contra el odio antisemita que nos hiere a todos, dondequiera que ataque", declaró Macron en sus redes sociales.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, escribió en X: "Noticias profundamente angustiosas desde Australia. El Reino Unido envía nuestros pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi Beach".

También desde este país, el rey Carlos III y su esposa, Camila, se mostraron "consternados y profundamente entristecidos por el atroz ataque terrorista antisemita", dijo en un comunicado el monarca, que también es jefe de Estado de Australia.

Otros países europeos como España o Polonia también condenaron el atentado sufrido por la comunidad judía en una playa de Sídney.

Desde Estados Unidos, su secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en X: "Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo". escribió Rubio en un mensaje en X.

Por otra parte, desde Israel, su presidente, Isaac Herzog, condenó el ataque y urgió al Gobierno australiano a combatir "la enorme ola de antisemitismo". "Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola a la sociedad australiana", dijo.

Mientras, el primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, relacionó el "llamamiento a un Estado palestino" por parte de Australia con el tiroteo de Sídney. "Su llamamiento a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Recompensa a los terroristas de Hamás", afirmó.

Y desde Nueva Zelanda, su primer ministro, Christopher Luxon, ratificó el apoyo de su Gobierno a Australia, ante el atentado terrorista. "Australia y Nueva Zelanda son más cercanas que amigos; somos familia. Estoy conmocionado por las escenas desgarradoras en Bondi", expresó en un mensaje a través de Facebook.

Otros países geográficameante lejanos de Australia, como Argentina, también condenaron el atentado. El presidente argentino, Javier Milei, escribió en su cuenta de X: "Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así 'porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo'. Ánimo!".

Asimismo, desde países árabes llegaron condenas al atentado de Sídney, como es el caso de Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Líbano y Jordania, desde donde manifestaron su rechazo al "terrorismo" y advirtieron contra el discurso del odio y el "extremismo".

Y no faltaron tampoco los mensajes de repulsa de países como Irán, India o Sudáfrica.

El aceleracionismo nació como una teoría filosófica crítica sobre el capitalismo y la tecnología, pero hace años que dejó de pertenecer al debate académico. Su versión más extrema, apropiada por sectores neonazis, se ha convertido en una doctrina terrorista: un plan para precipitar el colapso del orden democrático mediante atentados selectivos, sabotajes y violencia contra minorías, instituciones e infraestructuras. En esta rama se inscriben grupos como The Base, vinculado a la reciente célula desarticulada en Castellón —la primera de este tipo detectada en España por las autoridades—, y nuevas generaciones de redes radicales que operan en internet y se organizan en microcélulas difíciles de detectar.

La apropiación de la idea por parte del supremacismo llegó desde Estados Unidos, donde autores neonazis reinterpretaron el término —que en su origen hacía referencia a cómo la aceleración de procesos económicos podía forzar transformaciones sociales— para darle un objetivo completamente distinto: desencadenar el caos. Antes de esa mutación, el concepto circulaba en debates revolucionarios del siglo XIX, asociado a la consigna popularizada más tarde como “cuanto peor, mejor”, una idea atribuida muchas veces a Lenin, pero que en realidad procede del escritor y revolucionario Nikolái Chernyshevski, cuya obra influyó en Lenin.

El planteamiento consistía en empeorar deliberadamente las condiciones de vida de los obreros y campesinos para precipitar una ruptura del sistema mediante la revolución proletaria. Muchas décadas después, la frase saltó a la política española de la mano de Mariano Rajoy, que la recuperó —a su peculiar manera— como reproche parlamentario a Pablo Iglesias, dejando la expresión grabada en el imaginario popular.

Tal y como explica la investigación académica sobre el fenómeno, esta corriente neonazi se articula en torno a la idea de una guerra racial inevitable, inspirada en textos como The Turner Diaries o en la figura del Unabomber, un terrorista estadounidense detenido en 1996 tras enviar varias cartas bomba y escribir un manifiesto contra la sociedad moderna —en la redada de Castellón la Policía se incautó de una camiseta con su cara— convertido en símbolo del “lobo solitario” que actúa contra la sociedad de masas. Estos grupos comparten una visión apocalíptica de la civilización occidental, y lejos de querer evitar su derrumbe, pretenden acelerarlo para tomar el control desde sus ruinas. 

A esa matriz ideológica se suman dos vertientes que, como señala la investigadora Eva Gómez Fernández, —autora de uno de los pocos artículos académicos sobre el aceleracionismo escritos en español— suelen confluir en los mismos entornos digitales: el aceleracionismo ecofascista, al que se adscriben grupos como The Base o Sección de Asalto, y la vertiente asociada al fenómeno incel, donde jóvenes radicalizados comparten un mismo hilo conductor: supremacismo blanco, misoginia extrema y el deseo de precipitar un colapso social.

Gómez Fernández explica a infoLibre que muchos aceleracionistas incel “se han radicalizado en redes sociales” y comparten, además del supremacismo blanco, un profundo odio a las mujeres, con El cuento de la criada convertido para ellos en una utopía deseable. Ambas ramas, aunque distintas, convergen en la idea de que la violencia —racial o misógina— es un vehículo para acelerar una ruptura del orden democrático, señala la investigadora.

Aitor Díaz-Maroto Isidro, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y autor de otro artículo académico sobre la materia, señala que estas categorías deben manejarse con cautela: “Muchos grupos cazan ecofascistas, cazan incels, cazan supremacistas… es muy difícil separarlos taxativamente”, explica. Todos beben del mismo embudo: un público joven, aislado socialmente y radicalizado en canales de Telegram y foros cerrados. Preguntado por el alcance real de la amenaza en España, Díaz-Maroto recuerda que en 2023 la Policía detuvo a 16 integrantes de Combat 18, el “brazo armado” de la organización neonazi Blood & Honour, y subraya que el último informe del Departamento de Seguridad Nacional ya advertía de un crecimiento de los grupos organizados de extrema derecha en España y en Europa. 

La influencia estadounidense es evidente en España. Según el análisis de Gómez Fernández, el aceleracionismo neonazi ha permeado en iniciativas como Sección de Asalto, un grupo surgido en 2021 que combina simbología nazi con elementos del fascismo identitario y referencias ecofascistas. Esta adopción no es mimética: “Probablemente te encuentres más imaginería nacional-católica que un supremacismo neonazi puro”, explica la investigadora, que subraya que la adaptación española pasa por la herencia del nacionalcatolicismo. Esa hibridación produce fenómenos peculiares: un aceleracionista español que intentase integrarse en el movimiento de Estados Unidos, bromea Gómez Fernández, “sería invitado a volverse a su casa”, porque el estilo local —más ligado a símbolos religiosos y a imaginarios franquistas— desconcierta a las corrientes anglosajonas.

Aún así, esta matriz ideológica se nutre de los vínculos y el apoyo internacional. The Base, fundada en 2018 por el estadounidense Rinaldo Nazzaro, excontratista del FBI y del Departamento de Defensa, opera desde Rusia. Diversos testimonios y análisis apuntan a una afinidad —e incluso colaboración— con intereses del Kremlin, que utiliza a grupos supremacistas como herramientas de desestabilización en Occidente. Desde San Petersburgo, Nazzaro proporcionaba a la célula española órdenes y apoyo económico. De los tres detenidos en Castellón, dos han sido puestos en libertad condicional, a pesar de que entre los objetos intervenidos se encontraban dos armas de fuego, y según la Policía Nacional, la célula estaba dispuesta y preparada para atentar. 

La propia elección del nombre del grupo The Base ilustra la esperpéntica mezcla ideológica que alimenta el movimiento: según explica Gómez Fernández, The Base es la traducción literal al inglés de Al-Qaeda. Díaz-Maroto explica la paradoja: los aceleracionistas supremacistas admiran el terrorismo islamista precisamente por haberse atrevido a atacar frontalmente a Occidente. En sus canales circulan memes que celebran la retirada estadounidense de Kabul: desde Pepe the Frog vestido de talibán hasta montajes de embajadas estadounidenses ardiendo bajo el logo de McDonald’s y banderas LGTBI. Hitler y Bin Laden —dos de los personajes más abominables de la historia contemporánea y, en teoría, antagónicos— juntos en la misma ecuación: un híbrido de nazismo yihadista donde lo único que importa es el potencial para destruir el orden democrático.

La dificultad para detectar estas células radica también en el uso de simbología opaca. Gómez Fernández señala que muchos grupos aceleracionistas emplean “dog whistles” o mensajes codificados —como runas o iconografía nórdica y germánica— que pasan desapercibidos para el público general, pero que funcionan como marcadores internos de militancia. Esa ambigüedad estética les permite operar por debajo del radar, especialmente en redes sociales y foros cerrados donde la radicalización se desarrolla en cámaras de eco que combinan la desinformación, los discursos de odio y una retórica antimodernidad que, en el caso ecofascista, se presenta incluso como un retorno a las raíces, mezclando el supremacismo racial con un discurso de respeto y amor por el medio ambiente que justifica la necesidad de volver a las comunidades primigenias, pretecnológicas y, por supuesto, exclusivamente blancas.

Díaz-Maroto añade que la estructura en red de estos grupos —“muy descentralizada, como la de Al Qaeda o el Estado Islámico”— dificulta aún más su seguimiento. Muchas células operan por su cuenta aunque se nutran ideológicamente de la matriz internacional. Esa descentralización permite que, al igual que en las células yihadistas, la propaganda circule libremente: materiales audiovisuales creados por grupos identitarios españoles como Núcleo Nacional son usados por aceleracionistas violentos en España y en otros países, en una simbiosis que multiplica la capacidad de radicalización sin necesidad de estructuras formales.

La conexión entre el supremacismo blanco y los ataques contra infraestructura crítica como método de desestabilización está ampliamente documentada en Estados Unidos, donde varios complots neonazis han apuntado a la red eléctrica para provocar apagones masivos y multiplicar la sensación de colapso. Desde 2020, las detenciones relacionadas con estos planes se han multiplicado, según expertos en terrorismo que ya en 2023 alertaban a la BBC del auge de estas tácticas.

El patrón que emerge es una mezcla entre ideología extremista, redes sociales como plataforma de captación y difusión, estética paramilitar, culto a la violencia, células descentralizadas, conexiones internacionales y una estrategia común que pasa por erosionar la cohesión social hasta romperla. La aparición de células en España confirma que el aceleracionismo supremacista ha dejado de ser un fenómeno lejano y, aunque de momento es minoritario, representa un riesgo real. Forma parte de un ecosistema global de extrema derecha que actúa, sobre todo, donde el Estado tiene más dificultades para detectar el riesgo. 

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el presunto líder de la primera célula en España de The Base, la organización terrorista neonazi. El detenido fue arrestado en Castellón junto a otros dos presuntos integrantes de este grupo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía, que considera al presunto líder de esta célula, David D.G., responsable de delitos de pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas. El magistrado considera procedente su ingreso en prisión provisional ante el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y ante "la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba, dado el carácter jerarquizado de la organización criminal y su papel prioritario dentro de la misma".

The Base es un grupo paramilitar neonazi fundado en 2018 en Estados Unidos que busca el colapso del sistema mediante actos terroristas para imponer la supremacía blanca y que cuenta con células en Canadá, Australia, Sudáfrica y varios países europeos. Según la policía estadounidenses y la Europol, su líder y fundador es Rinaldo Nazzaro, a quien se considera actualmente afincado en Rusia.

Según el auto, David D. G. lidera la célula de esta organización terrorista en España, y está dirigiendo la implantación y consolidación de este grupo en nuestro país. De hecho, ha estado en contacto directo con Nazzaro, según él mismo ha manifestado, "lo que demuestra su adhesión a los objetivos y fines" de la organización terrorista, como es la creación de células denominadas "unidades insurgentes", que, con encubrimiento y medidas de seguridad, realizan "ataques selectivos para desestabilizar los Estados en los que se encuentran incardinadas".

Es por tanto "conocedor", sostiene el juez, de la consideración de esta organización como entidad terrorista a nivel europeo y "asume y acepta las consecuencias jurídicas y penales que tiene la pertenencia a la misma, lo cual no solo ha aceptado, sino que ha hecho como propio". En ese contexto, añade el auto, ha realizado "una continua labor de captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos" de esta organización.

Esto es, "en su ideario de odio, extremista y violento, sus objetivos, su defensa, propaganda de la organización, postulados aceleracionistas, adquisición y manejo de armas tipo PCP, técnicas de combate con armas blancas, teorías preparacionistas y survivalistas, equipamiento y entrenamiento táctico, etc., donde se observa su ideario extremista y violento, así como que el último fin es la que ellos denominan "lucha por la secesión blanca"".

Asimismo, ha realizado labores de adiestramiento a terceras personas, mediante entrenamientos tácticos con diversas clases de armas en los alrededores de su localidad, Onda (Castellón), en los cuales se han observado a varias personas en sus prácticas. En este sentido, durante la investigación se ha observado que ha realizado "un acopio anormal de diversos tipos de armas y objetos lesivos", así como de indumentaria paramilitar o "material médico de combate".

Este acopio, agrega el juez, "no se ha quedado en el mero almacenaje de armas, principalmente armas blancas, si no que se ha observado la asiduidad con la que portan y utilizan este tipo de armas en vía pública lo que supone un peligro grave para la seguridad añadido a su radicalidad y violencia".

La filosofía de esta organización es "acelerar" la caída de las instituciones –de ahí el termino "aceleracionistas– mediante actos terroristas para provocar el caos y dar paso a una guerra racial y en último término a un Estado de hombres blancos.

También hay indicios de que habría estado recibiendo financiación de la organización internacional The Base y, asimismo, estaría financiando la actividad de la misma en España a través del tráfico de drogas a pequeña escala (marihuana y cocaína). Estaría también implicado "en múltiples actos violentos", como el que ha protagonizado junto a los otros dos presuntos integrantes de la célula detenidos con él, J. E. L, y D. A. F., con los que se desplazó en su vehículo a Madrid "a fin de localizar y dar una paliza a una tercera persona por simple venganza". Asimismo, habría mostrado con "asiduidad" su carácter "extremadamente violento" con incitación a la violencia contra terceras personas, "dada su radicalidad manifestada, lo que él mismo declara en conversaciones telefónicas o mensajes publicados".

Su papel predominante, unido a la pena que se le puede llegar a imponer, conlleva un riesgo de fuga ante el que el juez no considera suficiente el arraigo de que dispone. Aprecia además el riesgo de reiteración delictiva en la existencia de anteriores detenciones por delitos violentos y delitos de odio, en donde se aprehenden armas blancas y de gas con la utilización de balas de acero, unido a un "exacerbado doctrinario supremacista de nacionalismo blanco".

A todo esto se suma, indica el auto, que se está en "una fase inicial del procedimiento, lo que determina la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba, dado el carácter jerarquizado de la organización criminal y su papel prioritario dentro de la misma".

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Castellón a tres personas, una de ellas ha ingresado en prisión, que supuestamente integraban la primera célula en España de la organización terrorista The Base, nacida en 2018 con el objetivo de alcanzar la supremacía blanca a través de ataques terroristas cometidos por redes de autocapacitación paramilitar, según informa EFE.

La Dirección General de la Policía Nacional informa este lunes de estas detenciones practicadas el pasado martes por agentes de la Comisaría General de Información especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo tras detectar a principios de año a un individuo muy radicalizado y alineado con los postulados terroristas supremacistas de The Base.

Se trata de una organización que opera como una red descentralizada y clandestina de pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos son el supremacismo, el aceleracionismo militante y la preparación para una 'guerra racial'.

Durante la investigación se descubrió la existencia de una célula cohesionada, integrada por otras dos personas más, cuyos integrantes se encontraban altamente radicalizados, basando su estilo de vida en los postulados de la organización terrorista, y en disposición de realizar atentados. 

Habían ya realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar.

Los agentes también pudieron comprobar cómo los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter aceleracionista.

En los últimos meses, los detenidos habían endurecido su discurso radical, alentando a llevar a cabo acciones violentas, llegando incluso a manifestar abiertamente, que estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa.

Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de The Base, el cual hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

Esto, sumado al acopio de armas observado, propició que en la madrugada del pasado martes los agentes pusieran en marcha un operativo policial para la detención del líder y sus dos máximos colaboradores.

Los agentes incautaron en los cinco registros practicados en la provincia de Castellón dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar que utilizaban en las actividades de capacitación, material y documentación de carácter aceleracionista y supremacista, propaganda neonazi, así documentación ensalzando otras organizaciones terroristas.

La operación Cascadia ha estado dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en tanto que agentes de Europol han participado en la fase de análisis de información llevada a cabo durante la investigación que contína abierta a las órdenes del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia nacional, quien decretó el ingreso en prisión del líder de la célula.

Varias personas han muerto y otras han resultado heridas al ser atropelladas este viernes por un autobús en el barrio de Östermalm, en el centro de Estocolmo, informó la Policía sueca, que no ha dado cifras concretas, informa EFE.

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio, aunque la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT, y otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer.

Otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer, que estrelló el autobús contra una parada.

"Varias personas atropelladas por un autobús en Valhallavägen a la altura del Instituto de Tecnología. En el suceso hay tanto personas heridas como muertas", señala el último comunicado policial.

Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo a SVT, hay tres muertos y dos heridos, aunque esa cifra no ha sido confirmada de forma oficial.

De acuerdo con los servicios de emergencias, el autobús estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, que tuvo lugar en el barrio de Östermalm, en el centro de la capital sueca. Técnicos de la policía han acudido a la zona, que ha sido acordonada por orden de las autoridades. 

Funcionarios estadounidenses e israelíes acusan al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) del intento de asesinato de Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México, el pasado verano. El presunto complot fue frustrado por los servicios de seguridad mexicanos, asegura la revista estadounidense Axios.

En declaraciones recogidas por el mismo medio, los funcionarios afirman que este supuesto plan para asesinar a la embajadora israelí, el cual se habría puesto en marcha a finales de 2024, es una prueba más de "la extensa red" extranjera con la que Irán opera contra "objetivos estadounidenses e israelíes" incluso en Latinoamérica.

Estas fuentes también aseguran que el plan fue ideado por la misma unidad de la Fuerza Quds de IRGC —la misteriosa Unidad 11000— que en los últimos meses habría intentado llevar a cabo ataques contra judíos e israelíes también en Australia y Europa. «Este es solo el último de una larga serie de intentos de asesinato por parte de Irán en todo el mundo contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países en los que hay presencia iraní», aseguraba el funcionario estadounidense. Según Axios, la operación habría sido dirigida por esta unidad que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina "desde la embajada de Irán en Venezuela".

El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, remitió este viernes un comunicado de prensa en el que agradeció a los servicios de seguridad del país mexicano por haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán". "La comunidad de inteligencia y seguridad israelí seguirá trabajando sin descanso, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus representantes contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo", aseguraba.

Israel también tiene un largo historial de asesinatos de funcionarios iraníes —aunque no de embajadores—, incluso en terceros países, asegura el medio estadounidense.

Al menos nueve personas son tratadas por heridas de gravedad tras un ataque a puñaladas a bordo de un tren en Huntingdon, condado de Cambridgeshire, al norte de Londres, según actualizó la policía local. Dos personas han sido detenidas por la agresión, de los que por el momento se desconoce su identidad o sus motivos. La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, confirmó las detenciones y pidió al público "evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar".

Varios testigos describieron a un hombre encapuchado y vestido de negro con un largo cuchillo como el atacante principal, que agredió a varias personas por razones aún desconocidas, antes de ser reducido con un táser por un agente.

"Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como salida de una película, no parecía real, y sembró el pánico a bordo de los vagones", dijo un testigo al diario The Sun.

La policía recibió un aviso a las 7:39 hora local de una ataque a bordo del tren, y llegó a tiempo de arrestar a los presuntos autores. En total, la emisora BBC asegura que la policía recibió hasta 999 llamadas.

El primero ministro del Reino Unido, Keir Starmer, reaccionó poco tiempo después. En su cuenta de la red social X calificó de "incidente terrible" el hecho.

"El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados y agradezco la rápida respuesta de los servicios de emergencia. Quienes se encuentren en la zona deben seguir las indicaciones de la policía", escribió Starmer.

El superintendente de la policía Chris Casey dijo, por su parte, que la investigación sigue adelante, aunque "puede llevar bastante tiempo antes de que se pueda confirmar nada. En este momento preliminar no sería apropiado especular sobre las causas del incidente", remachó.

El pasado lunes, un hombre fue asesinado también a puñaladas en Uxbridge, en el oeste de Londres, por un refugiado afgano que más tarde fue detenido. Ese incidente se sumó a otros apuñalamientos que han desatado una cierta psicosis en el país, oportunamente alimentada por grupos de extrema derecha y antiinmigrantes. Esa parece ser la razón de la cautela con que la policía británica y el mismo Gobierno están mostrando a la hora de ofrecer información sobre los dos arrestados tras el ataque del tren y sus posibles motivos.

De acuerdo a los medios locales, la Policía Británica de Transporte informó que las autoridades antiterroristas empezaron a colaborar con la investigación. “Estamos realizando pesquisas urgentes para determinar lo sucedido”, declaró el jefe de la Policía Británica de Transporte, Chris Casey, y agregó que "no es apropiado especular sobre las causas”.

La estación de Huntingdon fue cerrada al público y el tráfico ferroviario interrumpido, según la compañía nacional de ferrocarriles. Igualmente, la carretera A1307 que conduce a Huntingdon fue cerrada.

"Ambos son nacidos en el Reino Unido", confirma el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless en una rueda de prensa celebrada en Huntingdon -donde la estación de tren continúa cerrada-, para frenar los discursos antiinmigración que han aflorado en incidentes parecidos, ya que en otras ocasiones estos ataques con cuchillos o puñales han sido protagonizados por extranjeros.

Los detenidos son ambos británicos, uno de 32 años y otro de 35, que siguen siendo interrogados por separado para aclarar los hechos.

"Nada sugiere que esto sea un incidente terrorista", ha insistido el jefe policial, desde el lugar de los hechos.

"En estos momentos no sería apropiado especular sobre las causas del incidente", dijo Loveless, quien confirmó que continúan las investigaciones en varias direcciones para esclarecer los hechos, pues los motivos siguen sin conocerse, aunque se haya descartado un móvil terrorista.

De los diez heridos por las puñaladas sufridas a bordo del tren, solo dos permanecen en estado crítico "con peligro de muerte", dijo el dirigente policial, y otros cuatro han sido dados de alta.

El jefe policial pidió a los ciudadanos que traten de aportar más información sobre el incidente y provea detalles "por pequeños que puedan parecer", y ofreció varias líneas de teléfono para hacerlo.

Israel lanzó este jueves una fuerte oleada de bombardeos contra varias áreas del valle de la Becá, en el este del Líbano, el tercer ataque de envergadura contra el territorio libanés en apenas una semana, según EFE.

Cazas israelíes atacaron este mediodía las afueras de la ciudad de Hermel, cerca de la frontera con Siria, al tiempo que perpetraron una serie de "violentos" ataques contra otras zonas de la cordillera oriental y Al Sharaa, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Esta es la tercera oleada de bombardeos perpetrada en apenas una semana, después de que el jueves pasado ya resultaran heridas siete personas en el sur del país y una más perdiera la vida también en el valle de la Becá.

De nuevo, este lunes, al menos ocho bombardeos alcanzaron diversas localidades meridionales, donde no se registraron víctimas, pero sí fuertes explosiones e incendios forestales que requirieron la intervención de los servicios de emergencia.

En ambos casos, el Ejército israelí aseguró que sus acciones habían estado dirigidas contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá, incluidas infraestructura e instalaciones de una compañía de cemento supuestamente usada por el movimiento para reconstruir posiciones destruidas anteriormente.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés pese al cese de hostilidades en vigor desde hace casi un año, a menudo teniendo como objetivo a vehículos en los que asegura que viajan miembros de Hizbulá o presuntos almacenes de armas del movimiento.

El ministro ultraderechista de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, se refirió este domingo a las denuncias sobre las condiciones de detención de los activistas de la Flotilla Sumud, al declarar que "cualquiera que apoye el terrorismo es un terrorista y merece condiciones terroristas", informa EFE.

"Si alguno de ellos pensó que vendría aquí y recibiría una alfombra roja y trompetas se equivocaba", afirmó en su canal de Telegram el ministro, quien visitó este sábado la prisión de Saharonim, ubicada en el desierto del Neguev cerca de la ciudad israelí de Beersheba (sur), donde los activistas se hallan retenidos.

Ben Gvir, que es colono y una de las voces más radicales del Gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu, aprovechó el comunicado para felicitar a los trabajadores del servicio penitenciario, al afirmar que actuaron "conforme a las políticas que establecimos el Comisionado Kobi Yakobi y yo".

El sábado, varios activistas de la Flotilla Global Sumud deportados a Turquía denunciaron haber sido mantenidos con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas.

Algunos afirmaron que, ante la falta de líquidos, intentaron beber agua del inodoro.

Los activistas también acusaron a las fuerzas israelíes de haber golpeado y tratado de forma degradante a la activista sueca Greta Thunberg, a quien supuestamente arrastraron por el suelo e intentaron obligar a besar una bandera israelí.

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró este domingo que "se respetan plenamente" los derechos legales de los activistas de la Flotilla Global Sumud, y tachó de "mentiras descaradas" las informaciones sobre malos tratos a Thunberg.

Los barcos de la flotilla, que transportaban ayuda humanitaria, fueron interceptados el pasado jueves y viernes por la Armada israelí en aguas internacionales a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, a donde pretendían llegar para llevar ayuda humanitaria, en una zona donde Israel mantiene patrullas navales, aunque sin jurisdicción legal.

El Ejército israelí justificó la operación alegando que las embarcaciones se dirigían a "una zona de combate activa".

En un debate político marcado por el genocidio en Gaza y la migración, el Partido Popular ha vuelto a poner sobre la mesa sus habituales discursos sobre ETA y los atentados del 11M para intentar desviar el foco. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró el pasado lunes que el lehendakari Imanol Pradales le había dicho "Ayuso, entzun, pim, pam, pum", una proclama vinculada a ETA, cuando en realidad se trataba de un mensaje en euskera ("Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun") para defender la lengua vasca. Hay que recordar que la presidenta regional abandonó la última Conferencia de Presidentes cuando el lehendakari usó el euskera durante su intervención.

Lejos de rectificar, la dirección del PP continuó con la estrategia. Desde Génova, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, señaló el mismo día al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como "autor intelectual del blanqueamiento de ETA" y sostuvo que "llegó al Gobierno por unos atentados terroristas". Con esas palabras, el PP ha vuelto a utilizar dos marcos que arrastra desde hace tiempo. Por un lado, acusando al PSOE de haber pactado con socios de ETA y, por otro, cuestionando la legitimidad de las elecciones de marzo de 2004.

Las víctimas no viven estas polémicas como meros rifirrafes políticos, sino como agresiones que "reabren heridas". El periodista y víctima de ETA Gorka Landaburu considera que son "palabras que hieren" y que "están hechas desde la mala fe". Una sensación que también comparte Marisol Pérez Urbano, presidenta de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, al señalar que "no les dejan hacer el duelo en paz".

Landaburu recuerda que no es la primera vez que el PP recurre a estos recursos y pone como ejemplo la intervención de Miguel Tellado en el Congreso en octubre de 2024 mostrando fotografías de socialistas asesinados por ETA. "Utilizan nuestro dolor como arma política. Estamos cansados y hartos de que se juegue con nuestra memoria para sacar rédito partidista", añade. Pérez Urbano subraya que se sienten "victimizados tres veces". "Primero por los terroristas, después por los políticos que nos usan y finalmente por quienes han hecho negocio con nuestro dolor", detalla.

Landaburu insiste en que "bastante tenemos con lo que tenemos" como para soportar que un partido "convierta a ETA en un comodín recurrente". "En Euskadi trabajamos desde hace años por la memoria y la convivencia, respetando a todas las víctimas. Que ahora venga Ayuso a frivolizar con expresiones que no se han dicho es inaceptable", explica. Además, advierte de que esas declaraciones son "una bomba dialéctica" que es parte de "un juego muy sucio con el objetivo de reventar todo lo conseguido en Euskadi".

En esa misma línea, las víctimas también señalan que detrás de las acusaciones del PP contra la victoria electoral de Zapatero en 2004 hay intenciones de deslegitimar la democracia. "Lo que quieren hacernos creer es que aquel cambio político no fue fruto de la voluntad popular expresada en las urnas. Es una forma de reescribir la historia reciente de España y de cuestionar la legitimidad democrática surgida de aquellas elecciones. Con esto rompen consensos básicos que deberían ser intocables", denuncia Pérez Urbano.

Además, las teorías de la conspiración sobre el 11M no han desaparecido del todo en el PP. Desde la fundación FAES, publicaron en marzo de 2024 un editorial en el que alimentaron las dudas sobre la autoría de los atentados y sembraron sospechas sobre Zapatero. Las recientes palabras desde Génova contra el expresidente socialista también reactivan ese relato que pone en cuestión la legitimidad democrática salida de las urnas de 2004 y que, según las víctimas, constituye "un ataque directo a la memoria" de quienes perdieron la vida en los atentados y a quienes sobrevivieron.

Pérez Urbano alerta del "peligro de mantener vivas esas narrativas que no son simples opiniones políticas". "Siguen repitiendo que Zapatero llegó al poder gracias a los atentados, como si detrás hubiera una mano oculta. Eso es conspiracionismo puro y duro, y lo terrible es que lo hacen desde las instituciones. Alimentar esa mentira no solo nos revictimiza a nosotros, también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones", añade.

Landaburu, por su parte, lamenta que en el PP "se lo tomen casi a broma". "Frivolizan con algo demasiado serio y convierten nuestro dolor en un eslogan más de campaña. Y eso, para quienes hemos sufrido la violencia, es inaceptable", concluye. El periodista añade que esta actitud "no solo ofende a las víctimas, también degrada el debate público y transmite la idea de que todo vale con tal de arañar unos votos".

La Policía británica confirmó este jueves la detención de dos personas en relación con el ataque a una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), en el que se produjeron tres muertos (incluido el atacante) y al menos cuatro heridos y que ha sido considerado como atentado terrorista, según informa EFE.

En declaraciones desde Scotland Yard en Londres, el subcomisario Laurence Taylor, jefe de la unidad nacional contra el terrorismo, informó de estos arrestos y reiteró que el presunto autor resultó también muerto por disparos de los agentes.

"Creemos conocer su identidad, pero por razones de seguridad en el lugar de los hechos, no podemos confirmarla en este momento", afirmó Taylor.

Anteriormente, fuentes policiales indicaron que los artificieros investigan "objetos sospechosos" en el cuerpo del supuesto atacante, cuya imagen pudo verse en vídeos en las redes sociales, primero en pie con algo extraño en la cintura y después abatido en el suelo.

El subcomisario expresó sus condolencias a las víctimas y sus familiares y calificó de "devastador" que este ataque se produjera en el día de Yom Kippur, el más sagrado del calendario judío, cuando las sinagogas están especialmente concurridas.

En una rueda de prensa posterior, el jefe de la Policía del Gran Mánchester (GMP, por sus siglas en inglés), Stephen Watson, confirmó que las dos víctimas mortales del atentado pertenecen a la comunidad judía y que el atacante fue interceptado y posteriormente tiroteado hasta morir por los agentes apenas siete minutos después de haber recibido el primer aviso.

También indicó que cuatro personas permanecen en el hospital y bajo tratamiento tras haber resultado heridas graves en el ataque.

La Policía antiterrorista trabaja con la GMP en la investigación del suceso, que empezó en torno a las 09.30 hora local (08.30 GMT) cuando un coche arrolló a varios transeúntes y un hombre -se cree que el guardia de seguridad- fue acuchillado a las puertas del templo.

El jefe de la GMP dijo que, en este momento, se sabe que el vehículo se dirigió intencionadamente hacia los viandantes en el exterior de la sinagoga y que el conductor del coche "fue visto entonces atacando a gente con un cuchillo" y portaba sobre su cuerpo un chaleco "que tenía la apariencia de un artefacto explosivo". 

"Un gran número de feligreses acudía a la sinagoga en el momento del ataque, pero gracias a la inmediata valentía de los cuerpos de seguridad, de los fieles en el interior y de la rápida respuesta de la Policía, se le impidió el acceso al atacante", agregó Watson.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo, al volver antes de tiempo de una cumbre europea en Dinamarca, que se aumentará la seguridad en todas las sinagogas del país y que esta tarde presidirá una reunión del comité COBRA de emergencias para analizar otras medidas.

Además de los políticos, varias organizaciones musulmanas, así como también cristianas, denunciaron el "cobarde" ataque y llamaron a la convivencia pacífica entre las religiones.

Este atentado se produce después de que se detectara en el Reino Unido un aumento de los delitos antisemitas e islamófobos desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la subsiguiente guerra en Gaza.