España se ha convertido este año en el país más garantista con los derechos LGTBIQ+ de toda Europa. Así lo ha certificado el Rainbow Map, de ILGA-Europe. Y ha superado a Malta, que llevaba diez años a la cabeza en este listado. Toda una seña de identidad de una sociedad en mitad del avance de los postulados homófobos y ultras en muchas naciones. 

La semana pasada Madrid se convirtió en el epicentro reivindicativo, que tuvo su máxima expresión en la manifestación del sábado, la más multitudinaria de toda Europa. Todo un grito bajo el lema “Orgullo Ciudadano”, la mítica expresión que acuñó el activista socialista Pedro Zerolo para interpelar a toda la sociedad en defensa de los derechos LGTBIQ+.

La bandera arcoíris ha lucido orgullosa durante estos días en espacios institucionales como el Palacio de la Moncloa y el Congreso, como símbolo de apoyo y respeto a un colectivo que ve cómo están subiendo las agresiones lgtbifóbicas alentadas por los discursos ultras. Pero otro año más, desde la Casa Real no ha habido ningún gesto ni mensaje público de apoyo al colectivo.

La agenda de los reyes durante la anterior semana ha pasado por alto cualquier acto relacionado con el Orgullo. No han acudido a ninguno de los eventos institucionales ni tampoco han organizado acto alguno en el Palacio de la Zarzuela, además de no mandar ningún mensaje a través de las redes sociales.

Durante estos días, Felipe VI acudió a la gala de la Fundación Cotec, recibió en Zarzuela a los presidentes Jorge Azcón (Aragón) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y presidió en El Escorial la entrega de Reales Despachos a la XLVI promoción de suboficiales de la Guardia Civil. 

Asimismo, el monarca asistió, junto a la reina Letizia, a la entrega de los premios Mariano de Cavia, que concede el periódico ABC, y presidió el acto de entrega de Reales Despachos a la LI Promoción de la Escala de Suboficiales, celebrada en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lleida).

Por su parte, la reina estuvo en el acto de despedida del equipo médico de emergencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que se despliega en Venezuela para atender a la población afectada por los terremotos, y recibió en Zarzuela a una representación de la Confederación Salud Mental España, junto a profesionales y asociaciones que trabajan de manera activa en la prevención del suicidio. 

La Casa Real tampoco hizo mención al Día del Orgullo en las redes sociales el 28 de junio. Es una fecha esencial para el colectivo porque se recuerdan las revueltas en 1969 en el bar Stonewall, en Nueva York. Ese día la comunidad LGTBIQ+ salió a la calle para rebelarse ante las continuas redadas de la Policía. Aquellas manifestaciones se convirtieron en un símbolo en todo el mundo y supusieron un grito de libertad con centenares de activistas defendiendo sus derechos sin miedo a ser arrestados.

El departamento de prensa de la Casa Real ha eludido contestar a infoLibre sobre por qué la institución no ha lanzado ningún mensaje públicamente durante el Orgullo ni por qué los reyes no han acudido a ningún acto relacionado con el colectivo durante estos días.

Desde que Felipe VI fue proclamado en junio de 2014, ha habido pocos gestos públicos por parte de Zarzuela hacia el colectivo LGTBIQ+. En el inicio del reinado, la Casa Real invitó en la primera recepción con la sociedad civil a representantes de asociaciones del colectivo (FELGTB, Fundación Triángulo y Colegas), algo inédito hasta ese momento

En 2017, la Casa Real publicó un mensaje en la red social X con motivo de la celebración del Orgullo mundial en Madrid. El texto indicaba: “Felicitamos a todos los participantes y a todas las instituciones y servicios que garantizan el desarrollo festivo del #WorldPride2017”.

En marzo de 2018, Felipe VI mandó una dedicatoria a la revista Shangay con motivo de su 25 aniversario. En concreto, el monarca envió una foto con el siguiente mensaje: “A los lectores, trabajadores y cuantos han hecho posible que el Grupo Shangay cumpla su 25 aniversario, mi más sincera felicitación”.

Según informó El Mundo el año pasado, los reyes también aceptaron la Presidencia de Honor del Top Líderes LGTBI+ 2025 de Actualidad Económica y la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI). Los reconocimientos fueron entregados el pasado mes de diciembre a 25 empresas y 45 profesionales, aunque los monarcas no acudieron a este acto. 

El Orgullo de este año ha tenido un fuerte componente reivindicativo en un momento de avance de los movimientos ultras. En España, en cambio, ha coincidido con la aprobación de una histórica proposición de ley por parte del Congreso para incluir penas de cárcel por las conocidas como terapias de conversión.

Al mismo tiempo, la comunidad LGTBIQ+ está viendo cómo aumenta el odio hacia ella. Según el último informe de FELGTBI+, las agresiones físicas se han triplicado en España desde 2024. Asimismo, más de la mitad de las personas del colectivo ha sufrido algún tipo de acto de odio durante el último año. 

Good luck, Babe! Estos días de reivindicación y de celebración tienen ritmo y letra de Chappell Roan para Eduardo Rubiño. El concejal de Más Madrid en uno de los grandes referentes políticos LGTBIQ+ y no para quieto ni un minuto durante la semana del Orgullo en Madrid. Pero su trabajo a favor de los derechos se prolonga durante un año. Sin descanso. 

Por eso, cree que es más necesario que nunca levantar con fuerza la bandera arcoíris en un momento en el que la ola reaccionaria atrapa gobiernos en todo el mundo. Y esa nube también amenaza España de cara a las próximas elecciones generales. Llama a la izquierda a seguir luchando. Queda todavía mucho por hacer. Y eso pasa, en opinión de Rubiño (Madrid, 1991) por reglamentar todas las leyes aprobadas y por poner el foco en que las escuelas sean espacios libres de odio. 

¿Por qué hay que salir a las calles en este Orgullo?

Hay una ofensiva reaccionaria en todo el mundo y es un momento decisivo para las libertades. Surgen gobiernos reaccionarios en todo el planeta que amenazan nuestra mera existencia. En España tenemos que defender nuestro legado, somos la envidia de Europa.

El Ayuntamiento de Madrid ha congelado el presupuesto para esta cita y se está imponiendo la parte capitalista durante estos días con precios de hoteles prohibitivos, por ejemplo. ¿Está el Orgullo en Madrid en un momento de inflexión?

Llevamos una larga temporada diciendo que nos están robando Madrid. El coste de la vida hace que nuestra ciudad ya no nos pertenezca, se expulsa a los vecinos. Y esto afecta también a la comunidad LGTBIQ+ y al propio Orgullo. A eso se suman la ofensiva reaccionaria y la erosión que conlleva de apoyos interesados que habían venido por parte de empresas, que ahora ya no quieren patrocinar. Estamos en un momento en el que estamos llamados a recuperar la reivindicación y la celebración cargando de contenido y reclamando el Orgullo como una parte de activismo ciudadano para impedir pasos atrás.

Otro año más sin que el Ayuntamiento de Madrid ponga en su fachada la bandera arcoíris, algo que ya está permitido por la justicia. ¿Hay homofobia institucional en Madrid?

Hay una jurisprudencia clarísima de que es legal colgar la bandera. El Tribunal Supremo ha especificado que es un símbolo que representa valores constitucionales. Esa excusa se acabó. Lo peor no es no colgar la bandera, sino que el Ayuntamiento de Madrid se carga las políticas que vienen detrás. El reconocimiento institucional es importante porque es un mensaje, pero se están recortando programas. 

El Orgullo de Madrid es el más multitudinario de Europa pero no veremos ni al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo lo interpreta?

Tienen alergia a todo lo que significa el movimiento LGTBQ+. El PP está en una pendiente de colonización ideológica por Vox y no quiere fotos que les reste apoyos en ese flanco. Refleja la hipocresía absoluta del PP, que presenta una campañita por la mañana y luego por la tarde se abstiene en la reforma para las penas de cárcel por las terapias de conversión. 

¿Qué le pareció la expresión de Jaime de los Santos en el Congreso de “soy del PP y maricón, orgullo de ambas cosas”?

El sumun de la hipocresía del PP. Nos tiene acostumbrados desde hace tiempo, Jaime lleva haciendo este numerito desde que lo conozco en la Asamblea. Siempre le contestamos que el problema no son las ideas que quiera tener, sino que su partido siempre está poniendo obstáculos a los avances. Él nunca ha sido capaz de alzar la voz en su partido contra esos que están recortando derechos LGTBIQ+, como ha pasado con las leyes en la Comunidad de Madrid. Es una incoherencia muy grande que disfrutes de esos derechos y luego le hagas el trabajo sucio a tu partido.

¿Qué supone que el Congreso haya aprobado esa ley para incluir penas de cárcel por las terapias de conversión?

Ha sido una batalla de bastantes años junto a asociaciones y víctimas. Hasta el momento había impunidad y eso se tenía que acabar. Una terapia de conversión es una de las situaciones más graves de violencia lgtbifóbica a las que se puede enfrentar una persona, ya que deja secuelas de por vida. Nos hubiera gustado una ley más ambiciosa, pero es una gran victoria.

Este Orgullo ya tiene un aire preelectoral después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a adelantar los comicios si no hay presupuestos. Las encuestas arrojan ahora una mayoría absoluta del PP y de Vox. ¿Están amenazados los derechos LGTBIQ+ en ese escenario?

Claramente sí. Sólo hay que escuchar a Vox, que ha puesto en la diana a las personas LGTBIQ+ y tiene un programa para triturar los avances. Pero también hay que escuchar a Feijóo, que ha dicho claramente que quiere derogar la ley trans. En la Comunidad de Madrid el PP no ha necesitado pactar con Vox para recortar leyes. 

¿Qué responde a los que siguen con la cantinela de que no hay un Orgullo Hetero?

El Orgullo Hetero es 364 días al año. Hemos avanzado mucho y vivimos en una sociedad más diversa y libre, pero el Orgullo viene a reivindicar que también nos pertenece la sociedad a los que no encajamos en las normas. Es muy importante que sea una reivindicación y una fiesta. Hay que hacer un llamamiento a toda la sociedad, los heterosexuales tienen que venir al Orgullo también.

Las agresiones al colectivo se han duplicado este año, según el último estudio de la Federación Estatal LGTBIQ+. ¿Por qué?

Las agresiones han aumentado en la medida en que hay más discursos de odio cada vez más legitimados a través de las redes, en los parlamentos y en las instituciones que envalentonan a los matones. Hay fuerzas políticas que están echando gasolina. Hubo hace unos meses una agresión terrible en las puertas del Teatro del Barrio, en Madrid, y las víctimas me cuentan que siguen con mucho miedo y que tienen que contar con ayuda psicológica. No solo duelen los golpes. No hay que victimizarse, pero muchas personas LGTBIQ+ están viendo cómo la seguridad está ahora en cuestión.

¿Qué medidas legales son necesarias para avanzar?

Hay un reto: reglamentar las leyes que tenemos en nuestro país. Y es más importante que nunca poner el acento en la educación. Se debe trabajar en convivencia y en generar espacios libres de odio en las escuelas. 

No ha habido en España un candidato abiertamente LGTBIQ+ a las elecciones generales. ¿No está preparado el país?

Sí lo está. Y lo veremos. La sociedad española tiene muchos referentes culturales, sociales y políticos. Empezamos a jugar esta partida sin tener que pedirle permiso a nadie. 

¿Por qué las personas trans, dentro del colectivo, siguen siendo el principal objetivo de la ultraderecha?

Las han tomado como un chivo expiatorio, junto a los migrantes y las mujeres. Han encontrado en las personas trans un punto vulnerable en el que concentrar el odio. Hay que hacer de las reivindicaciones de las personas trans un asunto central en la agenda del movimiento. Y es más importante que nunca en la izquierda que no haya ninguna duda de que estas banderas no se pueden bajar. Mamdani ha demostrado en Nueva York cómo se puede perfectamente armar un discurso para la Alcaldía basado en el coste de la vida y en la necesidad de regular el alquiler al mismo tiempo que dice que va a convertir la ciudad en un santuario LGTBIQ+ y a reivindicar figuras como la de Sylvia Rivera. La izquierda no puede bajar esa bandera y tiene que entender que es una línea central en la batalla cultural.

Hay sectores de la izquierda que están planteando un debate sobre que se ha ido demasiado lejos en temas como los derechos LGTBIQ+ y de las mujeres y que se ha olvidado a la clase obrera y a los chicos jóvenes. ¿Están comprando parte del discurso de las derechas?

Es una falsa dicotomía de libro. La comunidad LGTBIQ+ también es precaria y sufre el coste de la vida. También tiene miedo de que un fondo buitre le eche de su casa. Esas agendas tienen que ir de la mano. No cabe duda en ese sentido. ¿Quién lidera la agenda oculta? Gente como Elon Musk y Donald Trump, que comparten odio hacia las personas del colectivo y a los woke. Son ultramillonarios que tienen una agenda neoliberal agresiva a favor de las grandes multinacionales. 

El test del Orgullo…

Una serie: Compañeros de ruta

Una película: Este cuerpo mío, de Carolina Yuste y Afioco Gnecco

Un artista: Rodrigo Cuevas

Una canción: Good luck babe!, de Chappel Roan

Un libro: Me dibujaron así. Por qué el mundo odia la feminidad, de Noemí López Trujillo

Miles de personas se echan a las calles este sábado en Madrid. Desde Atocha hasta Colón. Es la manifestación más multitudinaria en toda Europa a favor de los derechos LGTBIQ+. En el recorrido no verán la bandera del arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, pero sí en pegatinas en las papeleras. Toda una metáfora de lo que está sucediendo: la ola conservadora avanza con recortes y solo busca una celebración capitalista y consumista.

Por eso, este año la semana del Orgullo de Madrid se desarrolla bajo el lema “Orgullo Ciudadano”, un término acuñado por el histórico activista y político socialista Pedro Zerolo y que es una apelación directa a toda la sociedad para la conquista, celebración y conservación de los derechos civiles. 

Porque este Orgullo es vital para el colectivo en un momento en el que las derechas están al alza, con la mayoría de encuestas pronosticando una mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, y en un contexto en el que los derechos LGTBIQ+ están amenazados por los movimientos ultras.

La marcha del Orgullo tiene este año una gran carga política en el aspecto reivindicativo y de pancarta, mayor que el componente festivo de las carrozas. Y es que pesa especialmente, como señalan los organizadores, la situación que se está viviendo: “Retroceso en derechos civiles, discursos y políticas extremistas y excluyentes en ese nuevo orden mundial que nos quieren imponer”.

“¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia” es el lema concreto de la propia manifestación. Los organizadores defienden en su manifiesto que tiene más sentido que nunca la concentración como “herramienta” para la conquista de derechos: “Este año es fundamental salir a la calle porque las agresiones contra personas LGTBIQ+ se han triplicado en solo dos años. Solo a través de la movilización ciudadana podemos seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva. Ya no basta con no retroceder, es imperativo seguir avanzando en derechos para blindarnos frente al odio organizado”.

El espíritu del Orgullo de este año pasa por esta idea de MADO (la organización del Orgullo): “No hemos alcanzado la plena igualdad. Nos señalan, nos echan de casa, nos acosan, nos insultan, nos discriminan y nos agreden. Estamos hartas de estereotipos, de que nos sexualicen, de vernos obligadas a dejar nuestros pueblos, de que nuestras familias no aparezcan en los libros de texto. Hartas de esconder la pluma, de que nos borren, de tener que salvar mil obstáculos para tener una documentación que refleje nuestra identidad, hartas de tener que exigir que se cumplan nuestros derechos. El Orgullo es ahora. Y es urgente. Nuestra fuerza está en la calle y por eso hay que hacerla nuestra. Los tiempos del resistir han terminado, hay que seguir caminando y cada paso cuenta, suma el tuyo y vamos a por el siguiente”.

Ese sentimiento contrasta con la homofobia institucional que sufre el Orgullo de Madrid, a pesar de ser el más grande de toda Europa. Una vez más, el Ayuntamiento de Madrid ha congelado su aportación económica y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a dar la espalda al evento, sin participar en ninguno de los grandes actos. Lo mismo sucede con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la primera dirigente en la historia democrática en recortar derechos recogidos en leyes, aunque finalmente el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional frenó la involución en las leyes LGTBIQ+ de la Comunidad de Madrid, que habían sido aprobadas paradójicamente por Cristina Cifuentes (Partido Popular).

El Orgullo de Madrid quiere marcar este 2026 un punto de inflexión en un momento en el que el aire reivindicativo está quedando en un segundo plano para ser absorbido por el pinkwashing que hacen muchas empresas y algunas instituciones y partidos como el PP. Algo que cristaliza en esta situación: en los orígenes, se escogió como fecha para su celebración los días de principios de julio porque era temporada baja turística en Madrid y esto permitía que pudieran ir activistas de todas las partes de España para encontrarse. Ahora los precios de las habitaciones de hotel son prohibitivos en la capital durante estos días, lo que dificulta que puedan acercarse personas de todo el país, especialmente los jóvenes.

Esa carga política está más viva que nunca este año. Los actos en Madrid se producen apenas una semana después de la histórica votación en el Congreso, a propuesta del PSOE, por la que ha salido adelante una proposición de ley para que se incorporen penas de cárcel por las denominadas terapias de conversión para personas LGTBIQ+. La norma logró mayoría absoluta en el Parlamento, a pesar de que el PP se abstuvo de manera cosmética (en la fase de comisión se opusieron y sus votos no fueron necesarios en Pleno) y del ‘no’ de la ultraderecha. 

El debate que tuvo lugar en la Carrera de San Jerónimo sirvió para retratar el doble discurso del PP. Desde la tribuna, el diputado popular Jaime de los Santos exclamó: “Soy del PP y soy maricón. Y me siento muy orgulloso de ambas cosas”. Así le contestó el parlamentario y responsable LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez: “Hoy es el día de las víctimas, no le voy a hacer protagonista. Pero usted es una vergüenza para el colectivo. Hoy se ha puesto al lado de Vox. Se pone al lado de seguir ejerciendo la violencia. Yo también soy maricón y orgulloso de estar en el lado correcto de la historia”. 

El Partido Popular se ha postulado en contra de todos los avances históricos del colectivo logrados en el Parlamento: votó en contra del matrimonio igualitario impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recurrió esa norma ante el propio Tribunal Constitucional, rechazó la ley trans y ha eliminado consejerías y concejalías de Igualdad en toda España a raíz de sus pactos con Vox.

El PSOE durante estos días, por ejemplo, ha impulsado una campaña para recoger firmas de ciudadanos para que los ayuntamientos del PP y de Vox vuelvan a izar las banderas arcoíris en sus fachadas porque muchos lo están evitando: “Una clara señal de que pretenden revertir los derechos que tanto nos ha costado conseguir para que estén al alcance de todos”.

La izquierda es consciente de que las próximas elecciones generales serán esenciales para el colectivo LGTBIQ+, cuyos derechos están amenazados por el frente del Partido Popular y de Vox. Desde el PSOE subrayan que este año, por primera vez, España ha sido reconocida por ILGA-Europe como el país europeo con mejores leyes y políticas públicas en materia LGTBI, alcanzando un cumplimiento cercano al 89% en el conocido como Rainbow Map. De esta manera, se ha superado a Malta, que durante una década había liderado esta clasificación. 

Pero el camino está incompleto. Por eso, desde el Gobierno se sigue marcando una hoja de ruta que pasa por reforzar la prevención de los delitos de odio, mejorar la atención a las víctimas, impulsar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del ámbito judicial, garantizar la educación en diversidad, combatir la LGTBIfobia en el trabajo y proteger a las personas trans.

Cada año, desde que recuerdo, cuando llega el Orgullo, surgen dos tipos de críticas que vienen de nuestro lado. Y yo, cada año, las contesto (inútilmente) porque convivo con un bichito que no me permite desentenderme de algunas cuestiones. Las críticas son de dos tipos: no hay nada que celebrar porque la consecución de la igualdad legal (especialmente el matrimonio, pero no sólo) es una conquista de corte conservador (con sus correspondientes críticas a los colectivos “institucionalizados”) y el Orgullo se ha comercializado y no es reivindicativo. Es difícil responder a estas dos cuestiones de manera breve. Voy a intentarlo.

1- ¿Hay que celebrar el matrimonio igualitario? Soy de la opinión de que las críticas al matrimonio son casi siempre anacrónicas, injustas y poco pensadas. Tradicionalmente el matrimonio servía, fundamentalmente, para tres cosas: asegurar la descendencia legítima y así transmitir la herencia, es decir, la propiedad privada; apropiarse del trabajo reproductivo y sexual de las mujeres y, por último, naturalizar y privilegiar la heterosexualidad. La lucha de las mujeres ha terminado con la identificación entre las dos primeras cosas y el contrato matrimonial. Ya no hay hijos matrimoniales ni no matrimoniales y la herencia se transmite por igual, sin que el matrimonio tenga importancia. Además, ahora se trata de un contrato civil formalmente igualitario entre hombres y mujeres y es fácilmente anulable. Por último, con el matrimonio igualitario cayó el privilegio heterosexual. Esto no quiere decir, obviamente, que se haya acabado con la propiedad privada, la herencia o la apropiación del trabajo y la sexualidad de las mujeres, sino que esto ya no se sustenta en el contrato, sino en la institución familiar, que puede ser matrimonial o no. Y de la que ya sabemos que, además de sustentada en las leyes, se apoya en un entramado emocional y de construcción subjetiva que es más difícil de romper que cualquier contrato.

Es evidente que cuando el contrato matrimonial dejó de ser útil se ha ido desdibujando y su influencia decayendo. Esto hace que haya ya países europeos en los que hay más parejas que conviven sin casarse que casadas y las familias, en todo caso, han sufrido un proceso de diversificación y ensanchamiento que sólo desde posiciones muy dogmáticas es criticable. Con el matrimonio se podrían hacer aún más cosas como permitir que lo puedan contraer más de dos personas o que pueda extenderse a relaciones que no sean sexoafectivas. Pero para que eso ocurra, tiene que haber demanda y activismo en ese sentido. Por ahora no ocurre, pero quién sabe mañana porque cuando se ensanchan los márgenes… se abre un enorme espacio.

No creo que la misma gente que nos dice que no hay nada que celebrar en la consecución del matrimonio igualitario dijera eso mismo de la derogación de la prohibición del matrimonio interracial, por ejemplo, o de las leyes que permitieron que las mujeres pudieran conservar sus bienes al casarse o ser iguales ante el divorcio. No sé por qué razón siempre se exige a los colectivos más débiles ser el faro moral de la izquierda. Finalmente, creo que el hecho de que el matrimonio igualitario (después de décadas de avances de las mujeres) acabara con el privilegio de la heterosexualidad, que fuera una victoria tan rotunda y tan rápida, tiene mucho que ver con la reacción familiarista de la extrema derecha en todo el mundo. Estoy convencida de que no pensaban perder esta batalla de manera tan estrepitosa y tan rápidamente.

2- El Orgullo de Madrid, que es estatal por decisión de los colectivos, es uno de los más reivindicativos del mundo. Y yo he estado en muchísimos. Sólo puede quejarse de lo contrario quien no ha visitado otros o si lo hace con mala fe. Sólo le ganan aquellos que se producen en condiciones de auténtica represión, como el de Budapest del año pasado. Es el que deja más espacio a los colectivos y asociaciones reivindicativas y a la política. Las asociaciones marchan siempre en primer lugar y constituyen el grueso de la manifestación. Después van asociaciones y ONG de derechos humanos. Luego van partidos políticos y, por fin, carrozas, unas asociadas a marcas comerciales y otras no. Cuando la cabecera, que siempre lleva un lema político, y donde marchan activistas y partidos políticos en señal de compromiso, llega al final se lee un manifiesto reivindicativo, político y consensuado. Antes de eso se han leído manifiestos reivindicativos en diversos actos. Todo esto no existe en la mayoría de los países que celebran orgullos.

3- Hay muchos orgullos y todos son necesarios. Los hay críticos, autonómicos, ciudadanos, de pueblo…Hoy estamos, de nuevo, en modo resistencia y, aun así, celebramos. La oposición reivindicación/celebración a estas alturas no tiene mucho sentido. No hay nada más político (y necesario) que seguir teniendo ese día para celebrar y echarnos a la calle. Celebrar lo que se ha conseguido, celebrar lo que somos, celebrar la memoria y la genealogía, celebrar que, al ser visibles y orgullosas, vencemos a la injuria, como decía el otro día Didier Eribon. Al celebrar, reivindicamos, desde la memoria de lo que hemos sido, al futuro de lo que queremos ser.

Como activista que ha estado muchos años en primera línea, puedo asegurar que el Orgullo ha sido una herramienta fundamental de la lucha y que, si no hubiera sido por su masividad e internacionalización, algunas cosas hubieran sido mucho más difíciles. Ignorar ahora el contexto internacional y lo que se está preparando contra las personas LGTBI en todo el mundo, por parte de la extrema derecha, es un suicidio. La manifestación del Orgullo tiene la capacidad de convertirse en un muro frente al fascismo, ya lo ha sido en el pasado. Lo fue en Budapest en 2025.

4- Las críticas al llamado activismo institucional siempre me han parecido injustas y un poco elitistas. Hay muchas maneras de ser activista y todas son necesarias, pero el activismo que trata con las instituciones, que las enfrenta, que negocia y arranca compromisos, que se manifiesta, sigue siendo necesario (no sólo LGTBI+, sino cualquier otro: ambiental, por la sanidad, la educación, los derechos laborales, el feminista etc.). Convivir con las instituciones es perfectamente compatible con estar en la calle, en la protesta permanente cuando es necesario y con mantener posturas muy críticas. Véase, por ejemplo, la lucha de los activistas gays contra el SIDA: barricadas y negociaciones a partes iguales. Alguien ha estado negociando con los partidos políticos para que presentaran, y finalmente saliera adelante, la ley que prohíbe con penas de cárcel las terapias de conversión de la semana pasada. Alguien trabaja día a día (y recordemos que los colectivos LGTBI españoles son de los pocos que no pagan sueldos a los activistas que se dedican a ello casi full time) para que salgan adelante medidas y leyes que hoy consideramos imprescindibles y de las que, posiblemente, también se beneficien las y los críticos. Francamente, a no ser que renunciemos a cualquier trato con las instituciones, a cualquier ley o mejora legal, que decidamos vivir sin eso y no usar nunca ninguno de los derechos conseguidos… alguien ha hecho por los demás ese trabajo. Merece, como poco, respeto.

5- Lo anterior está relacionado con cierta romantización de los márgenes en la que a veces caemos. La relación en política (y en la vida) entre centro y periferia, entre adentro y afuera, es compleja y no lineal. Los márgenes son lugares de creación y de potencia política, pero también de un enorme sufrimiento que nadie quiere para sí a no ser que tenga una llave de seguridad en el bolsillo para poder entrar en la ciudad cuando la cosa se pone difícil. La mayoría de la gente prefiere estar a cubierto que fuera, a la intemperie. La tensión entre la norma y los márgenes es en parte irresoluble porque cualquier lucha pro-derechos es una lucha por la integración. Sin entrar en debates filosóficos complejos, la batalla hoy es por ensanchar los márgenes lo más posible y diluir la tensión entre ambos espacios. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con romantizar los márgenes desde posiciones de privilegio. Basta con viajar a países en donde las personas LGTBI están perseguidas o fuertemente discriminadas, donde viven en situación de enorme violencia, de peligro, para reconocer que la aspiración por vivir en la norma, por ser aceptados, queridos, por tener un trabajo y una vida dignas, es legítima.

6- Y por fin la eterna discusión sobre el Orgullo y el capitalismo…, esa hidra de mil cabezas que cuando crees que has cortado una, le crece otra. ¿Qué decir? Es cierto que el capitalismo lo coopta todo y que desactiva la radicalidad de las luchas. Cuando Disney incluye a una princesa negra entre sus personajes… ¿eso es una victoria del antirracismo y del derecho a la representación pública y el reconocimiento o es una derrota del anticapitalismo? Seguramente sea ambas cosas, pero es posible también que la victoria final esté hecha de pequeñas victorias parciales.

Por otra parte… las marcas van y vienen, pero nosotras seguimos ahí. Las mismas marcas que sacaban las banderas arcoíris y forraban sus fachadas de colores, hoy han desaparecido. Y no, esta desaparición no es una victoria del anticapitalismo, sino de la extrema derecha que pone en riesgo nuestras vidas. En Budapest, el año pasado, con Orbán amenazando el Orgullo, se manifestaron un millón de personas y no hubo ni una sola carroza. Las marcas no están cuando la cosa se pone fea. Un año después, no está Orbán, pero ya hay carrozas en Budapest. Las marcas y la comercialización son más un síntoma del mundo en que vivimos que una derrota.

7- Termino diciendo que sé, porque he estado ahí, que organizar esa enorme manifestación y todo lo que conlleva es muy complicado y que hay cosas que no puedes mover sin que se te caiga todo el entramado. Hoy comparto muchas de las críticas que se le hacen y, si de mí dependiera, quizá intentaría cambiar cosas. Pero también sé que desde fuera es muy fácil decirlo. Es normal estar en desacuerdo con decisiones que toman otros; al fin y al cabo, los organizadores del Orgullo son organizaciones democráticas con diferentes liderazgos y formas de hacer las cosas. Es normal discrepar, incluso mucho, de algunas de ellas.

Pero el Orgullo sigue siendo un día en que salimos a la calle, juntas, para expresar que ponemos pie en pared ante cualquier retroceso, que somos muchas y visibles, que sabemos que en gran parte del mundo ser una persona LGTBI+ sigue siendo una condena y que mientras la igualdad, la libertad y la dignidad no lleguen a todas las personas, tenemos que seguir saliendo a reivindicar, y a celebrar también, que sin nosotras y nosotros no hay democracia ni la posibilidad siquiera de pensar en un mundo mejor.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Hace dos años, el Orgullo de Santa María de los Llanos (Cuenca) se llenó de asistentes ataviados con orejas de conejo. Apenas unos días antes, un vecino del pueblo había compartido en redes sociales su preocupación: "Estos días va a haber más maricones que conejos", se lamentaba. El municipio conquense, habitado por poco más de 600 personas, tiene una sobrepoblación de liebres, una suerte de plaga que afecta severamente a la comarca. La respuesta al disgusto expresado por el vecino fue masiva: "La gente del pueblo empezó a hacer manualidades y creó diademas con orejas de conejo para que todos fuéramos así".

Lo cuenta Noelia al otro lado del teléfono, orgullosa de la capacidad para transformar la hostilidad en combustible. Noelia vive en realidad en Pedro Muñoz (Ciudad Real), pero se encarga de coordinar, como parte de la Asociación Plural LGTBIQA+ Mancha Centro, movilizaciones y actos en distintos pueblos de la comunidad. 

La activista conoce bien las particularidades de organizarse en un mundo rural al que a veces no llegan los recursos, donde muchos desean no ser vistos y otros tantos esperan la oportunidad para señalar a quien tienen al lado. La entidad en la que participa ha conseguido, en los últimos años, llegar a siete pueblos –Villafranca de los Caballeros, Campo de Criptana, Herencia, La Puebla de Almoradiel, Santa María de los Llanos, Alcázar de San Juan y Villacañas–, pero en muchos otros se han topado con un muro infranqueable. "Se nos quedan pueblos en medio, como el mío", lamenta. A veces no basta ni todo el empeño del mundo. 

Noelia presume de ser visible en todas las esferas de su vida, no solo por el discurso que abandera, sino también por los símbolos de los que hace gala. Ella que trabaja con menores sabe bien de la importancia que tienen los gestos, los espejos donde uno pueda reconocerse y la imperiosa necesidad de construir espacios seguros para tender la mano a quien pueda necesitarlo. 

Contar con lugares seguros fue un salvavidas para Sergio. Forma parte de la Asociación Diversas, una organización que nace hace diez años en el norte de Tenerife. El activista trabaja en el Valle de la Orotava, una zona que comprende tres municipios: La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz. Sergio habita en el segundo y conoce a la perfección lo que es salir del armario teniendo que sortear las miradas de quienes hasta ese momento no se habían molestado en dirigirle la palabra. "Recuerdo perfectamente cómo se me perseguía al grito de maricón", comparte. Tenía 14 años y pocos alicientes para expresarse con la normalidad que habría deseado.

Pero sí contó con algunos sostenes. Apenas una semana después de salir del armario, el tinerfeño leyó una noticia en el periódico: su pueblo se declaraba municipio libre de LGTBIfobia. "Creo que mi adolescencia no habría sido igual si yo fuera de una gran ciudad, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que nunca he querido irme de aquí. El hecho de vivir en un pueblo donde estos temas se trabajaban me ayudó salir de esa espiral de odio". 

En Cedeira (A Coruña), la normalidad brotó en los bares, las plazas y los mercados gracias a un grupo de amigas decididas a organizarse. "Queríamos que pasaran cosas", resume Ánxela. Así que llenaron todos los "espacios de socialización" de banderas, charlas y recitales, hasta el nacimiento hace dos años del primer Cedeira Queer. "Ocupamos todo el pueblo, fue hermoso", recuerda hoy la activista. Aquel grupo de amigas construyó con sus propias manos la organización Mestas Cedeira.

Ánxela nació en el municipio costero de Muros, pero terminaría pasando gran parte de su vida en A Coruña, "un núcleo más grande en el que es más fácil pasar desapercibida". Hace cinco años que vive en Cedeira y desde entonces no ha dejado de pensar en la necesidad de crear algo tan sencillo y valioso como puntos de encuentro para la comunidad LGTBIQ+. Conoció a sus compañeras en un acto institucional a iniciativa del concello y enseguida prendió la mecha. "Fuimos a la llamada porque confiamos en encontrar a otras personas del colectivo. Surgió una amistad maravillosa y empezamos a planear cosas". 

La acogida fue inmediata: "Mucha gente del pueblo que no es del colectivo se acerca porque quieren aprender, escuchar y apoyar", presume la activista. También las personas mayores, especialmente fieles a las actividades que organizan. "Ver a dos señoras jubiladas en una charla sobre no monogamias y perspectiva LGTBI es una maravilla". 

Sobre iniciativas que nacen de encuentros informales saben algo Bebi y Claudia. Sus circunstancias son del todo extraordinarias: en la pedanía de La Alberguería (Salamanca) están censadas algo menos de medio centenar de personas, pero solo residen ellas dos. "Si el total de la población es gay, por qué no íbamos a tener nuestro propio Orgullo", relata Bebi. Así fue como nació el festival la Albergayría, sufragado en su totalidad por la pareja. 

La iniciativa caló entre los vecinos de los municipios colindantes. Hasta tal punto que "casi todo el mundo colabora voluntariamente, los negocios de alrededor donan bebidas, comidas y productos para el bingo". El pueblo se tiñe de arcoíris, batucadas, espectáculos drag y mucha reivindicación. Bebi confía en poder reeditar el éxito este año, incluso superarlo. "Que se vea que no pasa nada, que en las zonas rurales, incluso en la Castilla profunda, se puede vivir con libertad". 

Se trata, al fin y al cabo, de hacer más habitable la vida de quienes "viven en los márgenes de los márgenes", asiente Sergio. Y de allanar el camino a todo aquel que lo necesite. "Yo pasé de decirle a mi madre que era gay y que llorase sin parar, a ir acompañado de ella a las manifestaciones del Orgullo", zanja.

"Me gustaría que algún día nos expliquen cómo van a llevar una competencia que se llama Diversidad en el Gobierno autonómico". Las palabras las pronunciaba hace apenas una semana el presidente de la Diputación de Segovia, el conservador Miguel Ángel de Vicente, dirigiéndose al diputado de Vox Pedro María Varela. Lo hacía después de que la formación ultra votara en contra de aprobar una moción para condenar los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+.

La preocupación expresada en sede parlamentaria es en realidad compartida: ¿en qué lugar dejan los pactos con la extrema derecha a la comunidad LGTBIQ+? Pero quien la verbaliza está, al mismo tiempo, haciendo gala de sus propias contradicciones: estrechar primero la mano de la extrema derecha, para después alarmarse con sus de sobra conocidas posiciones ideológicas. Si Vox lleva el timón de las políticas sociales en Castilla y León es gracias a los acuerdos con los conservadores, quienes no se han preguntado hasta ahora "cómo van a llevar una competencia que se llama diversidad".

Sucede en suelo castellanoleonés, pero son varias las comunidades en las que el colectivo camina en vilo hacia su fecha más importante, temeroso de perder los derechos conquistados y en una suerte de calma tensa, consciente de que cualquier paso en falso puede hacerle retroceder décadas. 

El PP y Vox se han vuelto a dar la mano con una serie de pactos autonómicos rubricados en los últimos meses en cuatro regiones: Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía. Ambas fuerzas han resituado sus prioridades y estrategias, reduciendo las discrepancias públicas y buscando, en términos generales, caminar hacia una convivencia marcada por una línea ideológica común en el grueso de los asuntos.

En materia LGTBIQ+, los de Santiago Abascal han decidido bajar los decibelios, pero tanto su ideario como su hoja de ruta no se han movido ni un milímetro: alertan sobre los peligros de la educación en diversidad, rechazan frontalmente las leyes específicas y claman contra el respaldo simbólico al colectivo. 

El caso de Castilla y León es paradigmático, porque el punto de partida es la inacción histórica en materia de políticas públicas. Se trata de la única comunidad sin una ley para el colectivo, una deuda a la que Vox se opone tácitamente, pero que el PP ha venido desoyendo desde hace años. "El PP no termina de entender ni de trabajar en todo lo que respecta a la diversidad". Habla Gema Segoviano, portavoz de Segoentiende. 

En la región, comenta la activista, se reproduce una dinámica que no es extraña: el compromiso de cada territorio varía en función de las sensibilidades particulares de los representantes públicos. En Valladolid, el gobierno municipal del PP ha rechazado un año más cubrir la fachada consistorial con la bandera del colectivo, al contrario de lo que ocurre en otros territorios también conservadores, como Salamanca. "Hay diputaciones que se implican, a nivel local se intenta dar visibilidad a esta realidad, pero hay una brecha enorme en el plano autonómico", traza la activista. 

Se detiene específicamente en la ausencia de una ley propia. "Llevamos más de quince años intentando tramitarla", pero los conservadores se acomodan en pretextos de muy diversa naturaleza para mantenerla en un limbo. "Vox puede frenar iniciativas, pero el PP a nivel autonómico ni siquiera ha dado pasos", lamenta la activista, por lo que a su juicio a los conservadores "les va a venir muy bien" la presencia de la extrema derecha, porque "así tienen la excusa". Sencillamente, vaticina la portavoz, a muchos líderes políticos "no les va a merecer la pena" significarse a favor del colectivo. 

Y eso tiene su eco en el día a día. "En algunos colegios hay ya cierto temor a que en algún momento un padre o madre empiece a levantar la voz y use los argumentos de Vox para no hablar de diversidad afectivo-sexual".

En términos de reparto de poder, desaparece la consejería de Igualdad y el ultra Carlos Pollán asumirá la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Fue Pollán quien, como presidente de las Cortes de Castilla y León, se ha negado en reiteradas ocasiones a colocar la bandera arcoíris en la sede parlamentaria, un gesto que el nuevo líder de la cámara prevé recuperar. 

También quedarán en manos de la ultraderecha todas las políticas vinculadas al colectivo en Aragón. En la comunidad, los pactos de gobierno han llevado al ultra Alejandro Nolasco al frente de la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, borrando de un plumazo la anterior dirección general específica de Igualdad. 

En la comunidad, Vox ha hecho explícito su propósito de derogar, o al menos reformar, las leyes específicas del colectivo. Hace tan solo un año, se quedó solo al intentar fulminar la ley trans aragonesa, encajada por los ultras en el apartado de la "cultura woke" e "ideología de género". Este año, las Cortes de Aragón no emitirán declaración institucional, fruto de la falta de acuerdo entre los grupos.

A Natalia Aventín, sin embargo, le resulta más sangrante la permisividad del PP. Ella es miembro de Euforia Familias Trans-Aliadas y reside en el Valle de Benasque, en el Pirineo aragonés. La fórmula que han encontrado ella y sus compañeros ante un panorama desalentador es la organización de base. "Hay incertidumbre, pero hemos constituido una red de entidades para unir fuerzas entre los diferentes colectivos ya existentes, tener una estrategia, demostrar que estamos aquí y que se sigan desarrollando las leyes", asiente. 

Aventín, quien conoce en primera persona las secuelas del discurso de odio, siente cierto pudor ante la "ignorancia" de la que hacen gala algunos representantes políticos, a través de "las declaraciones que lanzan, sin ningún tipo de complejo, sobre todo contra las identidades trans". La activista recuerda que el PP aragonés votó a favor de todas las leyes específicas del colectivo, pero ahora ha decidido "mirar para otro lado, sin poner líneas rojas que tienen que ver con los derechos humanos y que un partido democrático no debería cruzar". Esa "ambivalencia", asiente la activista, sitúa a los conservadores "en un lugar muy peligroso". 

Igual que sus homólogos aragoneses, los representantes de la ultraderecha institucional en Extremadura persiguen la derogación de la ley autonómica. Hablan de "adoctrinamiento ideológico" en las aulas y lo incluyen como un objetivo irrenunciable. Pero en este caso, al contrario que en los demás territorios analizados, la Consejería de Igualdad no solo no desaparece, sino que permanece en manos del PP, con Ara Sánchez al frente. 

Tanto la consejera como su partido se han esforzado en consagrar la idea de que los derechos del colectivo están garantizados en el territorio. A mediados de mayo, con motivo del día contra la LGTBIfobia, la bandera arcoíris amaneció ondeando en la sede de la Presidencia de Extremadura. El gesto no sorprendió a Vox: "Nos hemos desmarcado, pero respetamos en este caso la sensibilidad de la señora [María] Guardiola y del PP", asintió su secretario general, Ignacio Garriga. 

Aquellas palabras funcionaban como una suerte de declaración de intenciones que insufló alivio al colectivo. Lo explica Sara Ramos, miembro de Extremadura Entiende. "Por ahora estamos tranquilas, pero no significa que no nos preocupe la entrada de la extrema derecha", sostiene. Y añade que la inquietud es global, porque aunque Vox no controle áreas clave para el colectivo, lo cierto es que "los derechos y las necesidades son transversales", así que cualquier retroceso en políticas sociales, laborales y económicas tendrá impacto también en ellos. 

Aunque en esas tres comunidades "el ambiente es más desesperanzador", existen otras muchas señales de preocupación más allá de sus fronteras. Así lo entiende Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Su mirada se sitúa casi de inmediato en la Comunidad de Madrid. En la región, se suceden "pequeños grandes gestos que lanzan mensajes muy claros". La activista se refiere a la decisión de no colgar la bandera en los edificios institucionales de la Comunidad y el Ayuntamiento, pero también a la campaña municipal diseñada por el consistorio y que vacía de contenido político al Orgullo.

Iglesias contempla con preocupación también los pasos hacia atrás en la Comunitat Valenciana, donde un intento de reforma legislativa ha sido temporalmente paralizado por el Tribunal Constitucional. PP y Vox estaban decididos a modificar la ley trans de la comunidad, pero el Gobierno de Pedro Sánchez interpuso un recurso debido al recorte de derechos. La dinámica es prácticamente idéntica a la que sucedió ya en la Comunidad de Madrid. También en Valencia, el gobierno regional ha decidido eliminar las referencias a las políticas LGTBIQ+ en los presupuestos del área de Diversidad. 

Y en Totana (Murcia), la derecha y la ultraderecha incluyeron en su acuerdo presupuestario una cláusula que suprime los actos institucionales relacionados con el Orgullo y la colocación de la bandera en los edificios municipales. 

El pasado mes de marzo, la Federación Estatal publicaba su informe sobre el voto de la comunidad LGTBIQ+. Ante la pregunta de si la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo los derechos conquistados, el 64,9% de los encuestados respondía afirmativamente. El principal miedo expresado por quienes participaron en el estudio tenía que ver con una eventual falta de protección frente al odio. Este domingo el colectivo sale a la calle no solo para celebrar, sino también para ponerse de frente ante cualquier intento de retroceso.

Cada mes de junio, las calles de muchas ciudades se llenan de celebraciones y reivindicaciones por el orgullo LGTBIQA+, aparecen escaparates decorados con los colores arcoíris y campañas publicitarias que celebran la diversidad. Grandes empresas, bancos, multinacionales tecnológicas y marcas de moda compiten por mostrar su apoyo a la comunidad LGTBIQA+. A simple vista, podría parecer una señal clara de progreso social. Sin embargo, detrás de esta aparente celebración de la inclusión surge una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto este apoyo responde a un compromiso real con los derechos LGTBIQA+ y no simplemente a una estrategia comercial?

El capitalismo cuenta con una enorme capacidad para aprovecharse de movimientos sociales y transformarlos en productos de consumo. Lo que comenzó como una lucha política contra la discriminación, la violencia y la exclusión ha sido, en muchos casos, convertido en una herramienta de marketing. El Orgullo nació de la resistencia y la protesta, especialmente tras los disturbios de Stonewall en 1969, cuando personas queer se enfrentaron a la represión policial. Su esencia era profundamente reivindicativa: exigir derechos, denunciar injusticias y desafiar estructuras de poder. Sin embargo, en la actualidad, gran parte de la atención mediática durante junio gira en torno a promociones especiales, colecciones temáticas y campañas corporativas.

Existe un fenómeno conocido como rainbow capitalism o "capitalismo arcoíris" que hace referencia precisamente a esta dinámica. Muchas empresas incorporan símbolos LGTBIQA+ a sus productos y estrategias publicitarias durante el mes de junio porque han identificado a la diversidad como un algo rentable. El apoyo a la comunidad se convierte así en una marca de modernidad y responsabilidad social que puede atraer consumidores, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La bandera del Orgullo deja de ser solamente un símbolo político para convertirse también en una herramienta comercial.

Pero cuando se examinan las acciones de estas compañías más allá de sus campañas publicitaria aparece la realidad. Existen empresas que celebran el Orgullo en países donde la aceptación social es amplia, mientras mantienen silencio en mercados donde defender los derechos LGTBIQA+ podría afectar a sus beneficios. Otras financian campañas de inclusión a la vez que apoyan, directa o indirectamente, a organizaciones o partidos políticos que promueven políticas discriminatorias. En estos casos, la diversidad se convierte en un recurso estético y comercial y no una concienciación real.

Un problema importante aparece cuando la reivindicación se transforma en un evento patrocinado por corporaciones, porque existe el riesgo de que las demandas más urgentes queden relegadas a un segundo plano. La discriminación laboral, la violencia contra las personas trans, la situación de quienes sufren rechazo familiar o las desigualdades que afectan a personas LGTBIQA+ racializadas o en situación de pobreza reciben mucha menos atención que las campañas de marketing diseñadas para generar una imagen positiva de su marca.

Por ello, el mes de junio debería ser una oportunidad para reflexionar sobre la diferencia entre apoyo y apropiación. La comunidad LGTBIQA+ no necesita únicamente campañas publicitarias coloreadas de arcoíris, sino políticas concretas, derechos garantizados y una defensa constante de la igualdad durante los doce meses del año. 

Por último, me resulta importante resaltar que la crítica al capitalismo en este aspecto no busca rechazar la visibilidad ni negar los avances alcanzados. Pretende recordar que los derechos no son una mercancía y que las luchas sociales no deberían reducirse a oportunidades para las empresas de hacer negocio con ellas. El Orgullo emergió como una protesta social, no como una campaña de marketing. Mantener viva esa memoria es fundamental para evitar que la reivindicación quede opacada por el consumo y para asegurar que la búsqueda de igualdad siga siendo un objetivo político antes que una estrategia comercial.

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Andrea Mezquida es psicóloga, formadora con perspectiva de género y experta en psicología afirmativa (LGTB).

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles el dictamen de la proposición de ley para modificar el Código Penal y sancionar con penas de prisión las falsas terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las personas LGTBIQ+. La iniciativa, que ha salido adelante con los votos en contra del PP y Vox, continuará ahora su tramitación parlamentaria con el debate y la votación en el pleno del Congreso, donde todavía podrá ser modificada. El texto deberá conseguir mayoría absoluta en el pleno, al tratarse de la reforma de una ley orgánica, antes de seguir su tramitación en el Senado.

“Las terapias de conversión son una forma de violencia, de tortura psicológica, y a veces física, que lo que pretenden es quebrantar la autoestima de las personas, la dignidad y el proyecto de vida de quienes las sufren. Por eso, hoy hablamos de algo mucho más grande que la reforma del Código Penal; decidimos qué hace una democracia cuando algunos intentan convencer a una persona de que su orientación sexual o su identidad de género es un error que debe corregirse”, ha defendido el ponente socialista, secretario LGTBI del PSOE y diputado por Madrid, Víctor Gutiérrez.

Promover las mal llamadas terapias de conversión ya quedaba prohibido por la ley trans desde hace tres años. La norma que se debatirá en el Congreso pretende "dar un paso más" al contemplar su sanción en el Código Penal con posibles penas de cárcel de seis meses a dos años, y multa de ocho a 24 meses, para quienes las ejerzan sobre otras personas, aun con su consentimiento o el de su representante legal, e inhabilitaciones para ciertas profesiones. Además, el dictamen aprobado ha incluido un nuevo apartado que establece la prohibición de ayudas a "personas físicas, entidades jurídicas y/o asociaciones que hayan sido condenadas por sentencia firme por cometer, incitar o promover actos discriminatorios o de violencia".

“No estamos ante una diferencia de opiniones, sino ante una forma de violencia que sigue existiendo", ha explicado Gutiérrez. "Las terapias han aprendido a adaptarse y se esconden tras consultas pseudoterapéuticas, grupos de acompañamiento, se disfrazan de retiros espirituales, pero siempre bajo la misma mentira: hacer creer a las víctimas que el problema son ellas", ha añadido el ponente socialista.

En febrero del año pasado, llegaron dos iniciativas al Congreso. La primera partía de los colectivos sociales y fue rubricada por todos los grupos parlamentarios de la izquierda, salvo el Partido Socialista. Los de Pedro Sánchez decidieron semanas después registrar su propia iniciativa, dirigida a introducir las terapias de conversión en el Código Penal. Esta última fue dando pasos hasta conseguir ser aprobada este miércoles en la Comisión de Igualdad. 

Con el avance de la proposición socialista, los grupos que firmaron la primera salvaron el grueso de su contenido vía enmiendas, explicó en conversación con este diario el autor de aquella otra iniciativa, el abogado y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro. Las enmiendas llevan en negociación desde el verano pasado y a día de hoy se ha trabajado de forma conjunta en una transaccional, pensada para incorporar "lo más importante". 

Castro cree fundamental que la propuesta legislativa ponga negro sobre blanco una "definición en negativo" de las terapias. Es decir, "lo que no son y no pueden ser", como los "tratamientos afirmativos del género", aquellos que sean "exploratorios y no estigmatizantes", a los que acceden las personas trans durante su proceso. El letrado apuesta, además, por incluir una referencia expresa al consentimiento –es decir, perseguir las terapias incluso cuando cuenten con el visto bueno de la víctima– y eliminar la necesidad de que exista una "afectación a la integridad física o psicológica", pues se trata de consecuencias "inherentes al tipo", entiende el jurista.

La primera proposición incluía medidas sociales y económicas, como alternativas habitacionales y ayudas para las víctimas, pero al tratarse la actual de una reforma estrictamente penal, este tipo de cuestiones se han quedado fuera. "Entendemos que lo prioritario ahora es aprobar la ley", asiente el abogado.

Si el profesor de un colegio religioso se dirige a su grupo de alumnos advirtiéndoles de la amenaza que entraña sentir atracción hacia personas de su mismo género, prometiéndoles redirigir su deseo e instándoles a cortar sus relaciones íntimas, es posible que a ojos de la justicia no sea autor de un delito. Tampoco quien en una misa vincule la transexualidad con el infierno, el mal y la inmoralidad. Ni aquellos que promocionen remedios sin aval científico para aliviar los supuestos males que colman el corazón de los homosexuales. La Comisión de Igualdad del Congreso deberá decidir este miércoles si pone remedio a esta situación, tipificando las mal llamadas terapias de conversión como un delito en la legislación española. Sucederá tres años después de que la conocida como ley trans se quedara a medio camino, prohibiéndolas sin perseguirlas penalmente.

En febrero del año pasado, llegaron dos iniciativas al Congreso. La primera partía de los colectivos sociales y fue rubricada por todos los grupos parlamentarios de la izquierda, salvo el Partido Socialista. Los de Pedro Sánchez decidieron semanas después registrar su propia iniciativa, dirigida a introducir las terapias de conversión en el Código Penal. Esta última fue dando pasos hasta aterrizar este miércoles en la Comisión de Igualdad. 

Con el avance de la proposición socialista, los grupos que firmaron la primera salvaron el grueso de su contenido vía enmiendas, explica en conversación con este diario el autor de aquella otra iniciativa, el abogado y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro. Las enmiendas llevan en negociación desde el verano pasado y a día de hoy se ha trabajado de forma conjunta en una transaccional, pensada para incorporar "lo más importante". 

Castro cree fundamental que la propuesta legislativa ponga negro sobre blanco una "definición en negativo" de las terapias. Es decir, "lo que no son y no pueden ser", como los "tratamientos afirmativos del género", aquellos que sean "exploratorios y no estigmatizantes", a los que acceden las personas trans durante su proceso. El letrado apuesta, además, por incluir una referencia expresa al consentimiento –es decir, perseguir las terapias incluso cuando cuenten con el visto bueno de la víctima– y eliminar la necesidad de que exista una "afectación a la integridad física o psicológica", pues se trata de consecuencias "inherentes al tipo", entiende el jurista.

La primera proposición incluía medidas sociales y económicas, como alternativas habitacionales y ayudas para las víctimas, pero al tratarse la actual de una reforma estrictamente penal, este tipo de cuestiones se han quedado fuera. "Entendemos que lo prioritario ahora es aprobar la ley", asiente el abogado.

El artículo 17 de la ley trans prohíbe la "práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas". La introducción de las mal llamadas terapias en la norma fue un hito para el colectivo, pero enseguida se reveló absolutamente insuficiente.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBIQ+, recuerda que la propia naturaleza administrativa de la ley trans limitó, en su momento, las ambiciones del colectivo. "Aunque estén prohibidas, la sanción es una multa", asiente. A su juicio, es preciso ahora dimensionar el problema y dar un paso más hacia su persecución penal. "La mayoría de los espacios donde se ejercen tienen la capacidad de hacer frente a esas multas", en parte porque tienen "apoyo financiero de fundaciones privadas" y están integradas en "estructuras que pertenecen a redes internacionales ultras". 

Castro pone el foco en las víctimas: "Si no está en el Código Penal, es porque no es un delito y por tanto los perjudicados no tienen la condición de víctimas", una traba absoluta a la hora de acceder a una protección real y garantista. "Tiene que haber un delito que legitime sus derechos como víctimas", completa.

Para el letrado, la tutela administrativa "no funciona porque es dispositiva", las consejerías de cada comunidad deciden "si quieren o no iniciar un expediente sancionador y las víctimas no tienen derecho a recurrir esa decisión, porque en realidad no son víctimas", añade. La potestad sancionadora es en realidad "una prerrogativa de los poderes públicos", pero no tanto un derecho de las personas afectadas. 

En ese contexto, no existe la obligación de comparecer, no hay una investigación a fondo y no siempre se recaban las pruebas necesarias, un extremo fundamental porque se trata de "violencia que tiene lugar casi siempre en espacios privados, revestida de una supuesta libertad ideológica o religiosa". Las sanciones, con la legislación actual, son "meramente pecuniarias, ni siquiera se acuerda el cierre del negocio, ni se impide la práctica posterior de las conductas sancionadas", por lo que no hay sobre la mesa prácticamente ningún "elemento disuasorio para que los perpetradores dejen de hacerlo", advierte el abogado.

En la Comunitat Valenciana, cinco exalumnos denunciaron al que fuera su profesor en el colegio concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs. Aseguraban que el religioso había mantenido a lo largo de los años una estrategia milimétricamente pensada para corregir la orientación sexual de los adolescentes a los que se dirigía, también en su puesto en el centro diocesano de orientación familiar Mater Misericordia. La Fiscalía abrió diligencias en julio de hace ahora dos años y, meses después, denunció al profesor, al entender que los hechos podían ser constitutivos de un delito de odio.

En enero del año pasado, el Ministerio de Igualdad anunció su intención de abrir un expediente contra siete diócesis por promocionar cursos y talleres que prometían "recuperar" la heterosexualidad tras "encuentros" con Jesucristo. Así lo decidió después de una denuncia interpuesta por la asociación que preside Castro. Se trata de la primera denuncia al amparo de la ley trans estatal. Igualdad todavía no ha iniciado expediente sancionador, afirma el abogado, porque al tratarse de una norma de nueva implantación, los tiempos no son todo lo ágiles que sería deseable. 

En Navarra, el centro Vida Nueva ha sido denunciado después de que el diario Newtral destapara las prácticas ejercidas en el seno de lo que las víctimas han acertado a calificar como secta, marcada por un clima de control y anulación de la voluntad, la práctica de supuestas terapias para infligir tortura sobre las internas y la eventual realización de exorcismos para liberarlas de los "demonios" de la homosexualidad.

Y a principios del presente mes de junio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la investigación de Elena Lorenzo, conocida como coach de identidad, por toda una serie de artículos y vídeos en los que no solo patologiza la homosexualidad, sino que promociona acciones correctivas. "El auto es importante, porque indica que cualquier acompañamiento que proponga una corrección de la homosexualidad es inherentemente contrario a la dignidad de las personas y, por tanto, podría ser delito", afirma Castro.

A nivel internacional, el escenario no es precisamente alentador. A mediados de mayo, la Comisión Europea manifestó su intención de instar a todos los Estados miembros a "prohibir las prácticas de conversión" para que las personas del colectivo puedan vivir su vida "libres de violencia". No obstante, se trata de una mera recomendación que echará a andar el año que viene, pero no aterriza ninguna estrategia en materia de políticas públicas para garantizar que la recomendación sea realmente efectiva. Según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 24% de las personas LGBTIQ+ de la Unión Europea ha sido víctima de este tipo de prácticas.

Y en Estados Unidos, punta de lanza del avance reaccionario, el Tribunal Supremo anuló el pasado mes de marzo la prohibición de las terapias de conversión en menores en el Estado de Colorado. El fallo daba la razón a una terapeuta cristiana que impugnó la ley que vetaba estas prácticas. Precisamente otra de las investigaciones abiertas en suelo español va dirigida contra la organización estadounidense Courage International. La entidad cuenta con delegaciones en España y ha sido señalada por practicar terapias para "restaurar la orientación sexual", replicando los doce pasos de Alcohólicos Anónimos y adaptándolos a la anulación de la homosexualidad. Castro presentó una denuncia contra la organización, actualmente pendiente de incoación.

El control del relato histórico es de los vencedores. A través de él se conforma cómo la gente de a pie ve y entiende el mundo, y Mikel Herrán (Zaragoza, 1991) lo tiene claro. A través de su proyecto PutoMikel, el arqueólogo y divulgador explica la historia desde una perspectiva decolonial y de género, invitando a ejercer el pensamiento crítico a todo aquel que quiera escucharle.

Herrán, que se define a sí mismo como “doctor en arqueología, borracho y mamarracho”, recibe el Premio Joven infoLibre 2026 a la Creación Audiovisual. Autor de tres libros: La historia no es la que es: Es la que te cuentan (Planeta, 2022); Sodomitas, vagas y maleantes (Planeta, 2024); y Sobrevivir en el Medievo (Planeta, 2026), PutoMikel analiza temas como los abusos de “la conquista”, la historia LGTB o las mentiras de Israel para justificar el genocidio en Palestina, asumiendo el papel de educador en una sociedad que, en general, solo conoce la narrativa hegemónica.

En su proyecto divulga sobre las raíces de asuntos de importancia social, como el racismo o la lgtbifobia, ¿cree que hace falta más educación histórica?

Sí. De hecho, creo que la historia es fundamental para entender no solo cómo hemos llegado a los procesos actuales, sino también cómo creamos los grupos dignos de tener un pasado; es decir, quienes pueden verse representados en ese relato. Si hablamos solo de reyes y guerras, y ocultamos, por ejemplo, la historia de las resistencias populares o de las revoluciones, comunicamos que el sistema y los cambios han sido de una forma concreta. Históricamente, el control del relato sobre el pasado ha sido muy importante para los movimientos autoritarios.

La mayoría de su público es joven. ¿Siente que es esta parte de la población la que necesita mayor educación en el área?

Creo que todos tenemos unas bases sobre historia porque tenemos una asignatura obligatoria en el colegio y en el instituto, pero tiene unas limitaciones y deja cosas fuera. Muchas veces por falta de tiempo del docente, pero también de forma interesada. Hay personas que me han dicho que se han visto representados en la historia a través de mis vídeos, porque al hablar de otros personajes y de otras realidades hago que vean que no están solas. Hay todo un pasado que explica la situación en la que nos encontramos y en la que se encuentran ellas a nivel particular. 

Si hablamos, por ejemplo, de la historia de las mujeres, del racismo o de las disidencias sexuales y de género, motiva mucho entender que no son una invención moderna, como tanto repiten partidos de extrema derecha desde el púlpito o desde el Congreso. Es importante entender que no estás solo, que lo que sientes tiene un origen, que no viene de la nada. 

¿Cree que esta falta de conocimiento sobre la historia se puede relacionar con el auge de la extrema derecha?

Sí. La historia en la enseñanza obligatoria, en el caso de España, ha estado muy dominada por relatos concretos, como puede ser la Reconquista o la “conquista” de América. Y la otra gran deuda que tenemos es la memoria histórica, la memoria democrática. Muchas veces ni se enseña.

Creo que la clave está en saber cómo se controla ese relato: qué se permite contar, qué no y con qué palabras se enseña. Si les enseñamos a los jóvenes que los romanos conquistaron la península y que los árabes la invadieron, solo con ese uso de las palabras ya estamos presentando a un grupo propio y a otro como un cuerpo ajeno que hay que expulsar. Y esto, obviamente, se enraiza con muchos discursos antimigratorios.

Mucha gente pregunta: "¿Para qué sirve la historia?". Para eso. La historia sirve para conformar cómo ves el mundo. En este sentido, el relato que más ha afianzado el Estado a lo largo de las décadas es el de "nosotros contra ellos": el de unas esencias que forman la nación o el grupo, y el de todo lo que venga de fuera es una amenaza. Vox no saca estos relatos de la nada. El filósofo Jason Stanley lo defiende mucho: el autoritarismo busca siempre controlar el relato del pasado.

¿Por qué cree que los varones jóvenes se acercan más a los postulados ultras? ¿Cómo cree que se puede combatir? 

Por un lado, hay un blanqueamiento de figuras fascistas. Franco aparece en reels o en TikTok a través de chistes y de un humor que blanquea las brutalidades del franquismo, y no aparece tanto en las aulas. Y, por otro, esta es la ventaja con la que cuentan los reaccionarios: están utilizando y canalizando una rabia y una frustración, y les están diciéndole a los jóvenes que les están quitando algo, que van a dejar de ser los protagonistas de la historia y van a meter a otros grupos. Lo cual, en cierta parte, es verdad, pero no se trata de quitar sino de añadir; de completar ese relato. Al percibir esa pérdida de privilegio, es muy fácil llevar la frustración hacia el odio al diferente o a lo nuevo. 

Estos jóvenes tienen menos en común con los reyes o los emperadores de los que oyen hablar en Historia que con una persona migrante o una mujer de clase obrera. No tienes más en común con Felipe II que con Mohammed el de la esquina. Se nos enseñan unos ejes identitarios concretos para olvidarnos de otros, y de esta forma crear confusión y barullo dentro de las clases sociales, también presentes en las aulas.

Tras siete años con este proyecto en el que se posiciona como de izquierdas y queer, ¿siente que últimamente se castiga más los contenidos en este espectro político? 

Me hace gracia que me preguntes esto hoy precisamente. Me he metido en el canal y, no me había fijado, pero todos los vídeos que tengo sobre historia LGTB o queer, que subí incluso hace años, ahora están limitados para anunciantes, es decir, se censuran. En origen, esos vídeos estaban marcados para todos los públicos, así que suficientes espectadores han llegado de forma organizada y han denunciado que no es apto para todos los públicos simplemente porque hablan de sexualidad.

Sigue existiendo una forma de señalar a las disidencias y de decirles cómo tienen que opinar y qué tienen que decir. Es la idea de: “suficiente te hemos dado, así que adecúate a este discurso”. Por ejemplo, mucha gente ha usado el posicionamiento que ha habido dentro del colectivo LGTB en favor de Palestina para decir: “¿Qué haces defendiendo a gente que te tiraría de un tejado?”. Esa afirmación lleva implícita la idea de que el Islam y el mundo islámico es inherentemente homófobo. 

Gran parte de su contenido se dedica a desmontar discursos públicos de la derecha, como la idea de que México progresó gracias a la invasión española, una tesis que histórica y políticamente es falsa. Sin embargo, estas narrativas continúan circulando con fuerza pese a carecer de base científica. ¿A qué cree que se debe? 

En el caso de México, o de la conquista de América, hay dos cosas. Yo intentaba desmentir sobre todo el mito del progreso, la idea de que la historia es lineal. Esa forma de ver la historia o, en general, el mundo está muy asentada por la cultura popular. Y luego, por otro lado, creo que también está el tema del orgullo. Entendemos que la historia nos explica cómo hemos llegado hasta aquí o quiénes somos, así que sentimos que nos atraviesa a nivel personal. 

Es un marco tramposo pensar que estudiar la historia desde una perspectiva poscolonial o decolonial, o denunciar y hablar de los abusos de la conquista, te obliga a pedir perdón o a sentirte mal. Nadie quiere sentirse así. El objetivo de estudiar la historia y hablar de esos abusos no es hacer que nadie se sienta como un villano, sino entender las relaciones y las jerarquías que se han creado a lo largo de los siglos. El objetivo es entender, no plantear un "nosotros contra ellos", México contra España.

¿Qué significa para usted recibir el Premio Joven de infoLibre?

Significa que alguien me sigue considerando joven, lo cuál está muy bien. Ahora, en serio, me hizo mucha ilusión. Trabajo en espacios puramente virtuales y es un trabajo muy aislado. Este tipo de reconocimientos ayudan a sentir que no estamos solos, que estamos conectados y que somos muchos los que trabajamos por crear un mundo más justo e igualitario, que acoja a todo el mundo.

En este sentido, que venga de un medio como infoLibre me hace ilusión, porque os he citado mucho en trabajos y en vídeos. Que me deis un premio por mi trabajo me hace sentir muy humilde.

Este año el movimiento fundado por Kiko Argüello en las chabolas de Palomeras Altas cumple 60 años. Nació en 1964, en pleno Concilio Vaticano II, y esa coincidencia no es menor: el aggiornamento impulsaba a una Iglesia que debía salir a encontrar al mundo, y Kiko lo tomó en su sentido más literal, bajando a vivir entre los pobres de Madrid con una intuición que sigue siendo válida: que la fe se vive en comunidad, que el bautismo es una conversión permanente y no un trámite de infancia, que los últimos tienen algo que enseñarle a la Iglesia. En el corazón de esa intuición había algo todavía más radical: que el otro (cualquier otro, el más descartado, el más invisible) lleva en sí el rostro de Cristo. Esa experiencia de otredad sagrada fue el punto de partida. Sobre ella se ha construido uno de los movimientos católicos más influyentes del mundo, con presencia en más de 120 países y decenas de miles de comunidades. En un tiempo que produce soledad a escala industrial, el Camino sabe hacer comunidad real: sus miembros comparten dinero, tiempo, duelo, y se acompañan en lo cotidiano con una consistencia que muchas organizaciones políticas envidiarían.

Pero 60 años también dan para un examen de conciencia. Y el Camino, que tanto nos los pedían a nosotros en los escrutinios, merece que alguien se lo pida con el mismo cariño con que él lo pedía.

Crecí en el Camino Neocatecumenal, hijo de catequistas, corresponsable de comunidad desde los 16 años. Lo digo porque importa: lo que viene a continuación no lo escribo desde fuera, sino desde el conocimiento de quien ha estado dentro, de conocer otros testimonios, y desde el cariño de quien sabe lo que el Camino puede dar y lo que puede costar.

El problema central no es teológico sino político, y tiene una forma reconocible. Los investigadores que estudian la retórica ultraconservadora en el ámbito religioso describen un mecanismo preciso: la construcción de un enemigo difuso, suficientemente amplio para absorber miedos distintos y articular a personas dispersas en torno a una misma amenaza (Junqueira, 2018; Blázquez-Rodríguez, Cornejo Valle y Pichardo-Galán, 2018). En el Camino ese papel lo cumple la llamada “ideología de género”. Bajo ese paraguas caben el feminismo, los derechos LGTBI, la educación laica, el aborto…

Los discursos se producen en las catequesis, en los pasos, en las convivencias, y tienen una estructura fija: sencillos, moralmente cargados, fáciles de reproducir. “Trampas del demonio”, “cultura de la muerte”, “autodestrucción de la persona”... Lo que emerge es una mentalidad binaria: nosotros y el mundo, la fe y la ideología, los que caminan y los que están perdidos. Aquí es donde aparece la primera tensión con aquella intuición fundacional: cuando el otro deja de ser Cristo y pasa a ser amenaza, algo esencial del Camino se pierde.

Las consecuencias políticas son visibles. Sus miembros participan en manifestaciones contra el matrimonio igualitario y se movilizan electoralmente de manera coherente con esa cosmovisión. El Camino Neocatecumenal figura, junto al Opus Dei o grupos como Hazte Oír, entre los actores del activismo católico ultraconservador en España (i Martí, 2022). Muchos de sus miembros lo viven únicamente como fidelidad religiosa. Eso no cambia lo que es.

Pero hay una dimensión que los análisis políticos suelen dejar fuera, y que para mí es importante, entre otras: lo que le ocurre a las personas LGTBI que crecen dentro del Camino. No es un perfil marginal. Las familias neocatecumenales son habitualmente numerosas, y la probabilidad estadística hace el resto. Estas personas se enfrentan a una contradicción que no es intelectual sino existencial: la comunidad que les ha dado identidad, afecto, sentido de pertenencia y marcos para entender el mundo es la misma que les enseña que lo que son representa una amenaza a la esencia humana.

El Camino nos enseñó que en el rostro del otro está Cristo. Esa intuición fundacional opera en dos direcciones: la comunidad debería ver a Cristo en quien tiene delante, y cada persona debería poder encontrar a Cristo en la comunidad que la rodea. Para las personas LGTB que crecen dentro, las dos direcciones se cierran a la vez: la comunidad no las ve como portadoras de ese rostro, y ellas tampoco pueden encontrarlo en quienes les enseñan que su sexualidad es desordenada.

El mecanismo de adaptación más frecuente es el secreto, vivir una doble vida para no perder una red afectiva que en muchos casos incluye a toda la familia. Quienes no pueden sostenerse en ese secreto se van, o los van empujando centrifugamente sin que nadie los expulse formalmente. Es el resultado predecible de una pedagogía que durante años enseña a estas personas que son un error.

El Camino nos ha enseñado que el kerigma es una llamada a la conversión, que siempre se puede nacer de nuevo, que el hombre viejo puede dejar paso al hombre nuevo. Es su propia doctrina. Y la doctrina de la otredad que Kiko encontró en Palomeras no tiene límite: no hay un tipo de otro que quede fuera. El pobre de las chabolas y la persona que la comunidad hoy llama amenaza son, desde esa lógica, la misma categoría. En su 60 aniversario, el Camino tiene una oportunidad de tomarse en serio su propio punto de partida: reconocer que hay personas que han sufrido estos discursos (incluso influenciando la visión sobre esta cuestión a hermanos de la comunidad no LGTB) y que tienen consecuencias reales sobre vidas reales, que la comunidad que sabe acompañar el duelo y compartir los bienes materiales puede también aprender a no reproducir dinámicas sobre los suyos por vivir en coherencia a quienes son.

“El otro es Cristo”, experimentó Kiko en las barracas. Si eso significa algo, tiene que significar también esto.

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Curro Sánchez Herrera es sociólogo y trabajador social.

El domingo por la tarde, un joven de Vila de Gràcia (Barcelona) "antifascista e independentista" fue apuñalado por un "fascista español de 52 años", según denuncia el grupo al que pertenecía, Eskapulats –aficionados del Club Esportiu Europa–, a través de un comunicado. El autor de los hechos fue detenido y se investiga si detrás de la agresión hubo motivos ideológicos. "Todo intento de blanquear la motivación ideológica del agresor, de mentir sobre el origen del intento de asesinato y de generar dudas sobre el contexto, nos encontrará de cara e iremos hasta donde sea necesario para preservar la verdad", sostiene el grupo.

Los delitos de odio por motivaciones ideológicas han crecido un 63,95% en el último año, siendo los terceros más frecuentes según el registro confeccionado anualmente por el Ministerio del Interior. El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha hecho público este miércoles el Informe de Evolución de los Delitos e Incidentes de Odio, relativo a 2025. La estadística más reciente confirma el peor de los escenarios: los delitos de odio han aumentado un 23,63% en un año, alcanzando el máximo histórico. Y a la cabeza, tres categorías: el racismo, la LGTBIfobia y la violencia por motivos ideológicos.

El análisis elaborado por el Ministerio del Interior diferencia entre hechos conocidos, entendidos como el conjunto de infracciones penales y administrativas que llegan a las autoridades, y los hechos esclarecidos, que pasan a ser considerados como tal cuando la investigación avanza y arroja luz sobre los acontecimientos. 

Las víctimas de este tipo de delitos son mayoritariamente hombres (62,34%), pero quienes ejercen la violencia también (78,49%). La mayoría son españoles. La violencia se expresa a través de amenazas, lesiones y humillaciones, pero también toma forma de injurias, trato degradante y coacciones. Casi siempre sucede a la vista de todos: más de un tercio de los delitos denunciados se produjo el año pasado en la vía pública.

El racismo y la xenofobia son las categorías más frecuentes en suelo español, en un contexto de rearme ideológico por parte de la extrema derecha y propagación de discursos que sitúan a las personas migrantes como máximo enemigo. Vox ha monopolizado esa estrategia, pero la derecha ha decidido ponerse de perfil y dar carta blanca a narrativas racistas, especialmente en lo que respecta al proceso de regularización de migrantes.

El año pasado, las autoridades tuvieron constancia de 934 delitos de odio de carácter racista, lo que supone el 42,95% del total de hechos conocidos. Son, con diferencia, los más habituales. 

Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya, lamenta que la violencia contra las personas migrantes haya sido tradicionalmente una realidad invisible para los ojos de la mayoría social. "Venimos denunciándolo desde hace muchos años, pero no nos tomaban en serio", asiente en conversación con este diario.

La activista enseguida pronuncia el nombre de Haitam Mejri, porque la violencia que recae sobre grupos vulnerables va más de nombres que de cifras. El joven falleció a finales de diciembre tras una intervención policial en la que recibió entre ocho y once descargas eléctricas. "Métele más táser", gritaron los agentes. El juzgado terminó por archivar la investigación el pasado mes de abril. 

Para Cabrera, ahí está uno de los grandes problemas que soportan las personas migrantes: el racismo en el corazón del sistema. "La Policía violenta sistemáticamente a las personas migrantes y no existe justicia al respecto, ni responsabilidad, ni reparación", sostiene. Una violencia estructural y sistémica que "afecta a toda la ciudadanía, como hemos visto en València". 

El miércoles pasado, una joven denunció haber sido insultada y atacada por tres hombres desconocidos mientras caminaba por las calles de Pontevedra. "Bollera de mierda, tu abuela debe estar contenta", lanzaron los agresores, momentos antes de arremeter contra ella golpeándola con una botella. La víctima cayó desplomada al suelo y apenas recuerda cómo pudo librarse de los golpes.

Es uno de los muchos casos de violencia extrema que sufre la comunidad LGTBIQ+, uno de los principales colectivos en los que ponen el foco los divulgadores de odio que buscan trasladar la violencia a las calles. El balance de Interior se hace eco de 571 incidentes de odio de esta tipología el año pasado, el segundo grupo más numeroso.

"No solo hay una enorme infradenuncia, sino que el proceso de investigación es muy penoso para la víctima y muchas veces ni siquiera es reconocida como tal". Habla Toño Abad, presidente del Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia. Los datos del ministerio, comenta al otro lado del teléfono, incluso siendo parciales como consecuencia de la escasa tasa de denuncia, evidencian un incremento sostenido en el tiempo de los ataques.

"Se ha instalado un discurso en las instituciones que ha permeado en determinadas capas de la sociedad" y que está siendo difundido gracias a la complicidad de las redes sociales y los pseudomedios, analiza el activista. Pero, además, una vez se materializa la violencia, los engranajes del sistema no son capaces de reparar el daño. "Constantemente se cuestiona a las víctimas y sobre todo se pone en duda el carácter homófobo de determinadas agresiones", lamenta Abad. A esto se suma una estrategia en alza: las denuncias cruzadas. "Vemos que muchos agresores denuncian a sus víctimas para victimizarse en el proceso, algo absolutamente intolerable" y que tiene un efecto disuasorio para quienes verdaderamente sufren en sus carnes la violencia.

Algo similar ocurre con las víctimas de violencia ideológica, con casos en los que no solo operan las denuncias cruzadas como estrategia de los atacantes, sino que están también atravesados por una narrativa que los sitúa como meras reyertas entre grupos radicales, una equiparación funcional a los agresores que sitúa al mismo nivel la violencia ultra y la autodefensa antifascista.

La violencia política que recae sobre quienes militan en movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas ha pasado tradicionalmente desapercibida en la agenda política y mediática. Pero las agresiones por motivos ideológicos han estado siempre presentes en las calles. Son, según los datos oficiales, el tercer tipo de delitos de odio más frecuentes en el país. En total, las autoridades han registrado 241 hechos vinculados con esta forma de violencia. 

En el proyecto Crímenes de odio se encuentran los nombres de Carlos Palomino y Guillem Agulló como columna vertebral del análisis en torno a los crímenes ideológicos que han marcado a generaciones. Lo sabe bien Miquel Ramos, periodista y coautor de esta herramienta que clasifica, visibiliza y documenta casos específicos de violencia contra distintos colectivos. 

Igual que el grueso de los expertos consultados, el investigador coincide en que "la mayoría de delitos que se cometen no se denuncian", por lo que las cifras oficiales nacen sesgadas. "Muchas veces ni siquiera se recoge el agravante de odio y otras tantas queda a criterio de la Policía", con los riesgos que esa arbitrariedad entraña. En España pueden tener la consideración de delitos de odio actos organizados contra grupos fascistas y así ha sucedido en diversas ocasiones, "llegando a considerar víctimas a nazis", lo que demuestra que "la interpretación de esta tipología tiene muchas lagunas".

Para Ramos, si existe una voluntad real por perseguir a quienes ejercen violencia, debe existir también el compromiso firme de frenar a aquellos que la alientan. "No es raro escuchar que han detenido a un tuitero, pero los mayores difusores de los discursos de odio son políticos o medios de comunicación". Y en ese terreno pantanoso, zanja el entrevistado, impera de nuevo la impunidad y la inacción.

"Bujarras de mierda". Es el insulto homófobo que dirigieron dos hombres en Santiago de Compostela a otros dos jóvenes con los que se cruzaron fortuitamente por las calles empedradas de la capital gallega. Uno de ellos decidió cruzar la línea de la violencia verbal, encarándose a los desconocidos. En un vídeo compartido por redes sociales, cualquiera puede apreciar cómo el agresor volvió a emprenderla con el joven que sostenía el móvil para grabar: "Maricón de mierda", lanzó instantes antes de golpearle. Ocurrió esta semana, poco antes del Día Internacional contra la LGTBIfobia y prácticamente al mismo tiempo que España recibía el mayor de los aplausos por ser el país número uno en la defensa de los derechos del colectivo.

Un estudio confeccionado por la organización ILGA Europa y publicado este martes elogia el desarrollo de las políticas españolas, pero advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Mientras las leyes avanzan, el odio sigue presente en las calles.

Lo sabe bien Inés. La violencia llegó a su vida, cuenta en conversación con infoLibre, buscando piso por Madrid. "En una entrevista con el casero, me dijo que no quería a personas trans en su casa". En ese momento, tuvo que decidir si "decir la verdad sobre su realidad y quedarse sin casa" o sencillamente ocultarse. "Tuve que mentir, porque la situación no era la ideal", asiente. Inés es una persona no binaria, pero la necesidad de buscar un techo, en un contexto de crisis habitacional, le empujó de vuelta a un armario que había decidido abandonar. 

Inés pasó más tiempo del necesario pensando en cuáles serían los motivos de aquel señalamiento discriminatorio. Por su cabeza transitaron muchas preguntas: "¿Cuál es la diferencia entre una persona trans y otra que no lo es? ¿Qué piensa este hombre que son las personas trans? ¿De dónde viene ese odio?". Todas quedaron sin responder. 

La situación descrita por Inés no es excepcional. Las personas de entre 25 y 34 años que pertenecen al colectivo expresan con asiduidad ser víctimas de este tipo de discriminación: el 45% de las encuestadas para el informe Estado del Odio 2026 hablan de la denegación del alquiler por su orientación sexual o su identidad o expresión de género tras haber interectuado en redes sociales con inmobiliarias o propietarios de una vivienda.

El mismo análisis pone cifras a esa contradicción entre normativa y realidad. Mientras España es reconocida internacionalmente como el mejor país para el colectivo, más de la mitad de las personas que pertenecen a él (54%) asegura haber sido víctima de algún tipo de discriminación. Concretamente, el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia.

La comunidad LGTBIQ+ no cuenta ni siquiera con la garantía de poder caminar con seguridad por las calles. Casi un tercio de las personas que afirman haber sufrido una agresión señalan la vía pública como escenario de violencia, tal y como sucedió esta semana en Santiago de Compostela. El centro de trabajo y los espacios de ocio son citados por el 13%, el entorno familiar por el 11% y el transporte público por el 9%. 

Alicia, madre de una niña trans adolescente, asegura percibir un viraje hacia situaciones especialmente virulentas en los centros escolares. "Estas realidades han pasado de ser invisibles a convertirse en el foco de atención, pero de forma muy negativa a consecuencia de los discursos de odio que se escuchan en la política, los medios y las redes", denuncia. 

En los colegios hay "un aumento de las violencias verbales y una vuelta al armario", lamenta la madre, parte del colectivo Chrysallis. "Muchos peques que eran visibles, ahora están cambiando de centro ante el aumento de la hostilidad porque los compañeros reproducen los discursos que escuchan en la televisión y que sus padres repiten".

"Estamos en el momento de mayor avance legislativo, pero en nuestra vida cotidiana seguimos experimentando situaciones de acoso, discriminación y violencia". Habla Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. "Nuestra vida sigue plagada de odio y no basta con tener una legislación aprobada", subraya.

Iglesias y sus compañeros se han concentrado este martes frente a las puertas del Congreso para exigir un acuerdo estatal contra los discursos de odio: "Toda esta violencia está legitimada por una ola de discursos de odio, así que es necesario erradicar el problema desde la raíz".

Las cifras oficiales avalan su preocupación. Según los datos recopilados por el Ministerio del Interior, los delitos de odio con base en la discriminación por orientación sexual o identidad de género son los segundos más numerosos, solo por detrás del racismo y la xenofobia. El año pasado fueron 539 los hechos conocidos por las autoridades, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Y, sin embargo, las personas del colectivo se encuentran con un muro institucional a la hora de denunciar los hechos. Inés ni siquiera se lo planteó. Cuando su casero expresó sin titubear que no quería a personas trans en su casa, la joven sencillamente enmudeció. El desequilibrio de poder y la certeza de que difícilmente iba a obtener reparación le llevaron a no tomar medidas. "Era su palabra contra la mía", asiente hoy. 

En casi tres años, el conocido como Servicio Arcoíris (028) ha registrado un total de 31.313 atenciones, la mayoría a través del propio teléfono, pero otras también vía chat o correo electrónico. Según la información que maneja la Federación Estatal, el 65% de las personas que sufren algún tipo de ataque opta por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acude a alguna asociación especializada. 

Ahí es donde se detienen las activistas. "El colectivo LGTBIQ+ carga con una mochila muy pesada, porque tiene que confiar en la protección de quienes hasta hace poco les perseguían", reflexiona Iglesias. Aunque la portavoz confía en que el sentir mayoritario camina hacia un horizonte de compromiso, señala que entretanto las entidades especializadas tienen la tarea clave de construir espacios seguros para dar cobijo a todas las víctimas. Para Inés, contar con una organización a la que poder llamar le sirvió para no sentirse sola. "La soledad te hunde, porque no sabes cómo seguir", comparte. "Saber que hay personas que han vivido lo mismo que tú y que te pueden escuchar es un apoyo fundamental".

Pocos sabían qué era una persona intersexual antes de ver en pantalla grande a José Luis López Vázquez interpretar a Adela en Mi querida señorita, la película de 1972 en la que una mujer descubre, tras acudir al médico, que legal y biológicamente es un hombre. Quienes la vieron entonces tampoco salieron del cine con una idea muy clara de lo que era la intersexualidad: el largometraje ni siquiera la nombraba.

Más de medio siglo después, el desconocimiento sigue siendo enorme. La película está otra vez está en cartelera —o en el salón de casa gracias a Netflix—, en una nueva versión con Alana S. Portero como guionista. Y esta vez con una diferencia fundamental: las personas intersex ocupan el centro del relato y la realidad se nombra por fin por su nombre.

La I de LGTBIQ+ es quizá la sigla más desconocida de todas y, sin embargo, ser intersex es más común de lo que parece: alrededor del 1,7% de la población presenta alguna variación intersex, una proporción similar a la de las personas pelirrojas. La intersexualidad engloba una amplia gama de variaciones biológicas en las características sexuales corporales que no se ajustan a lo que se entiende tradicionalmente como hombre o mujer. Por ejemplo, pueden presentar características sexuales que no encajan en las categorías binarias tradicionales, patrones hormonales que no se corresponden con un sexo concreto o una disidencia entre los órganos internos y externos. 

Tal es la falta de información que incluso hay quienes ni siquiera saben que lo son. Algunos lo averiguaron ya en su edad adulta. Otros jamás lo sabrán, por las intervenciones quirúrgicas que se les hicieron desde pequeños. “No hay casi información de lo que es ser intersex. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, aunque todavía hay poca, es de más calidad. Pero todavía no hay espacio para la intersexualidad, está todo basado en el binarismo”, cuenta a infoLibre Cira López Salvago, investigadora y experta en intersexualidades. 

Hasta hace poco, lo que se hacía cuando nacía un bebé intersex era, por procedimiento habitual, una operación quirúrgica que modificaba los genitales del menor. Esta decisión la tomaban entre los médicos y los padres que, por falta de conocimiento y ese sentimiento de “así le irá mejor”, aceptaban que se hiciera lo que los activistas intersex tachan de “mutilación”. Los problemas llegan en la edad adulta, con complicaciones médicas derivadas de esa operación o la posibilidad de que su género —su identidad— no se correspondiera con el sexo —los órganos sexuales—. 

“Se sigue tratando como una patología. Y así ha sucedido con todas las letras del colectivo. Primero se patologiza y luego, con la lucha, se consigue avanzar. Consiste en intentar separar todos los cuerpos entre macho y hembra. Por lo tanto, la intersexualidad se presenta como algo que hay que arreglar y que tiene que caber en una de estas dos casillas”, argumenta Ariana A. Celorio, miembro del grupo del año temático intersexual de la FELGTBI+, activista intersex y escritora, en conversación con este medio. 

Esta forma de patologización tiene varias derivadas, explica López Salvago. La primera es que el concepto de intersexualidad ha caído siempre bajo el marco de la medicina. La segunda es la visión binaria que existe en la sociedad española, afincada desde los tiempos de Franco. La mujer y el hombre, no hay más. “La corporalidad intersexual es una contestación al sistema cisheteronormativo. Son cuerpos que rompen las normas”, cuenta López Salvago. Y para la experta, esto ha tenido una consecuencia muy clara: la estigmatización. “Estos dos elementos han hecho que la intersexualidad esté envuelta en un halo de alarma, de escándalo e, incluso, de monstruosidad”, recalca. 

Sin embargo, en los últimos años el asunto ha comenzado a cambiar tanto en lo social —basta ver el regreso de Mi Querida Señorita— como en el plano legislativo. La ley trans de 2023 incluyó medidas para avanzar en la despatologización de las personas intersex y limitar las intervenciones médicas no consentidas. El texto prohíbe la modificación genital en menores de 12 años, pero introduce una excepción: permite esas intervenciones cuando existan “indicaciones médicas” para proteger la salud de la persona, a juicio del personal sanitario. Y ahí, advierten las activistas, está el problema. Muchas operaciones se han presentado durante años como “médicamente necesarias” sin que existiera una urgencia vital real, según un informe elaborado por ILGA Mundo en 2023. 

“Cuando esto se deja en manos de profesionales, se parte de la idea de que la ciencia y la medicina son neutrales, como si hubiera un diagnóstico objetivo y libre de valores. Pero la decisión de un médico no está exenta de prejuicios ni de valores morales. Actúan, en teoría, 'por humanidad', pensando que la persona intersex sufrirá si no se adapta a una norma corporal concreta. Entonces, justifican la intervención diciendo que quieren evitarle un sufrimiento futuro. Pero eso implica asumir que hay una única forma válida de cuerpo. Y ahí hay un problema”, recalca Rafael Cáceres-Feria, antropólogo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a infoLibre. 

El personal sanitario no tiene por qué conocer las realidades intersex, puesto que no se incluye en el temario de la carrera. De aquí nace esta forma de tratarlo, como si fuera un problema, según indica el antropólogo. “En la Facultad de Medicina se enseña una visión concreta del cuerpo y del sexo. Y ahí no entra la intersexualidad. En el fondo, manejan la misma lógica binaria que el resto de la sociedad: hombre o mujer”, expone Cáceres-Feria.

Aunque no todo es negativo. “Se siguen realizando mutilaciones, pero cada vez hay más personal de la salud concienciado”. La solución, por lo tanto, estaría en esto mismo: la concienciación. “No basta con que sepan del tema los ginecólogos o los urólogos; tiene que saber todo el personal sanitario. Hacen falta protocolos específicos y una educación que les haga ver que no somos una patología”, concuerda Celorio. 

Precisamente, la falta de información es lo que ha provocado la invisibilidad de las personas intersex, apunta Celorio. También las agresiones contra ellos. “En los colegios”, relata la activista, “la mayoría de niños intersex sufren más acoso y bullying porque el resto no sabe cuál es su realidad. Que no se sepa nada sobre ti hace que seas más fácil de agredir”, cuenta. 

Y esto se traduce en la edad adulta. Las personas intersexuales son las que sufren más discriminación, según revelaba el informe de Estado del Odio LGTBIQ+ 2025, elaborado por la FELGTBI+. De hecho, el estudio indica que el 100% de los encuestados intersexuales habían sufrido situaciones de discriminación.

Algo que parece que acaba teniendo efecto. En un estudio publicado en PLOS ONE, una revista científica editada por la Public Library of Science, un 21,1% de los encuestados —todos intersexuales— declaraba tener una salud mental “mala”. El 32,5% la calificaba de “aceptable”, pero la gran mayoría (un 62,6%) declaraba tener ansiedad. Los motivos, según el estudio, pasan por la vergüenza, el estigma, la baja autoestima y la insatisfacción con el sistema sanitario. 

“Las personas intersex están más discriminadas, principalmente por el gran desconocimiento que hay. Sigue siendo una realidad poco conocida y poco explicada. Además, la intersexualidad introduce una dimensión corporal dentro de la diversidad sexual, que tradicionalmente suele entenderse solo desde la identidad de género o la orientación sexual. Incorporar esta dimensión corporal exige salir de marcos tradicionales y comprender una realidad que muchas veces no se enseña ni se visibiliza. Sin educación, referentes o ejemplos cercanos, resulta difícil entenderla, y por eso no me extraña que el colectivo intersex sea uno de los más discriminados”, zanja López Salvago. 

España ya puede presumir de estar en la cima de la defensa europea de los derechos LGTBIQ+. Es la conclusión del mapeo que cada año confecciona la organización ILGA Europa, un análisis que pone sobre la mesa los avances simbólicos, materiales y legislativos, pero también los retrocesos y la reacción ultra que pone en la diana las conquistas del colectivo.

El mapa que escudriña la situación de las personas LGTBIQ+ en casi medio centenar de países europeos concede a España el primer puesto tras haber constatado que el Gobierno "ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGBTI y trans de 2023", mediante la adopción de planes de acción para la igualdad, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación plena de la despatologización de las personas trans en el sistema sanitario, tal y como ha publicado la organización este martes. 

España destaca por encima de los demás países en prácticamente todas las áreas estudiadas. Los expertos le otorgan la máxima puntuación en terrenos como la participación política, en tanto que las personas del colectivo cuentan con las bases necesarias para el ejercicio de la libertad de reunión, asociación y expresión. También obtiene sobresaliente en cuanto al reconocimiento y la protección de los derechos familiares de las personas LGTBIQ+, gracias a las leyes que regulan el matrimonio igualitario, la adopción, la inseminación artificial y la paternidad trans. Y las políticas de asilo incluyen medidas positivas respecto a las personas del colectivo, como la formación específica o la existencia de módulos especializados para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo.

La responsable de la puntuación obtenida es fundamentalmente la conocida como ley trans, elogiada por los autores y autoras del informe en el grueso de su análisis. Si España puede hoy ser referente en cuanto a la despatologización del colectivo, la autodeterminación del género o la educación en diversidad, es gracias a la legislación aprobada hace ahora tres años y a su aplicación efectiva.

"Hoy es un día importante", ha señalado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Es el reconocimiento de mucho trabajo durante muchos años", ha presumido en declaraciones a los medios, tras advertir que aun así urge estar "muy atentos y muy alerta para que no haya retrocesos".

Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, ha situado este martes a España como "un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un Gobierno decide deliberadamente impulsar la igualdad en lugar de retroceder". Sin embargo, su organización advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Las agresiones contra las personas LGTBIQ+, según el último informe de la Federación Estatal, han aumentado un 15% "impulsadas por un clima de discurso de odio que envalentona la violencia contra los grupos vulnerables".

En enero del año pasado, una discoteca de Torremolinos (Málaga) publicó en redes sociales un reglamento de admisión para entrar en el espacio de ocio. Entre los requisitos, figuraba uno muy concreto: no ser homosexual. Es uno de los hechos que recoge el informe anual, cuyos expertos ponen la lupa también sobre todos los mecanismos que inmediatamente se activaron para corregir la situación.

ILGA no pasa por alto aquellos recovecos en los que las buenas prácticas todavía no han logrado resultados. Mencionan, entre otras cuestiones, la falta de reconocimiento formal hacia las personas no binarias, la restricción de edad para la plena autodeterminación de género o la ausencia de una justicia accesible para las personas intersexuales que hayan sido víctimas de intervenciones médicas. 

El informe menciona a la extrema derecha como principal responsable de difundir discursos de odio y obstaculizar los derechos del colectivo. Pero no solo: el Partido Popular también ha llamado la atención de la organización por su oposición reiterada a la ley trans estatal y sus alianzas autonómicas con la ultraderecha para restringir derechos. El informe recoge, en ese sentido, los intentos de retroceso en Valencia y Madrid tras las modificaciones de sus leyes específicas, ambas recurridas ante la justicia y suspendidas parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Lo cierto es que no todo son buenas noticias para las personas LGTBIQ+ que habitan en suelo europeo. En siete países no existe ninguna protección legal contra la discriminación hacia el colectivo y solo diez países prohíben las mal llamadas terapias de conversión. En menos de la mitad de los países analizados se permite el matrimonio igualitario y en un total de 18 no existe ningún tipo de protección legal para las parejas del mismo género. 

Únicamente Alemania, Grecia, Islandia, Malta, Portugal y España prohíben las intervenciones quirúrgicas o médicas innecesarias en menores intersexuales. Y doce países no cuentan con ningún procedimiento legal o administrativo para el reconocimiento legal del género.

Países como Rusia, Azerbaiyán, Turquía, Bielorrusia, Armenia, Georgia, Mónaco, Rumanía o Ucrania están a la cola en la defensa de las personas LGTBIQ+. Pero no son los únicos: la media europea no llega al aprobado –el porcentaje se instala en el 42,73% en Europa y en el 52,1% en la Unión Europea–, mientras que territorios como Italia, Polonia, Hungría o Chipre están lejos de ser lugares seguros para el colectivo.

Este martes, 21 de abril, se ha producido un nuevo avance en materia de derechos LGTBI+ en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia por la que determina que Hungría “ha violado el derecho de la Unión” con su conocida como Ley antipropaganda LGTBIQ+, aprobada en 2021.

Este hecho llega casi dos semanas después de arrasar en las urnas el candidato a las elecciones húngaras de Tisza, Péter Magyar, quien había evitado pronunciarse sobre el tema pero declaró tras su victoria electoral que Hungría sería “un país en el que no se castigue a nadie por pensar distinto que la mayoría, por amar a alguien de forma diferente que la mayoría”.

Con esta decisión, Europa ha sentado un precedente condenando por primera vez a uno de los Estados miembros por violar los principios fundacionales de la Unión Europea.

El 15 de junio de 2021, el Parlamento de Hungría aprobaba con los votos de Fidesz –el partido del ultranacionalista Viktor Orbán– su polémica Ley de Protección de la Infancia, escudándose en la protección de los menores y vetando para ello la divulgación de información sobre el colectivo LGTBIQ+ en las escuelas.

Entre las principales medidas de esta ley se encuentran la restricción de contenidos que "fomenten la homosexualidad" –relacionada por el Gobierno húngaro con la pedofilia– tanto en los centros escolares como en los medios de comunicación, cine y libros.

En agosto de ese año, se emitió un decreto por el cual los libros infantiles que "describan una desviación respecto de la identidad de género concebida en el nacimiento, o describan un cambio de género, o popularicen la homosexualidad", entre otras condiciones, no podrán mostrarse en los escaparates o exhibirse claramente en el interior de las librerías.

Por otro lado, y siguiendo con su particular cruzada contra las personas LGTBIQ+, en el verano de 2025 se prohibió la marcha del Orgullo apoyándose en una enmienda que anteponía "la protección de la infancia" a derechos fundamentales como son el de reunión y libre expresión.

El texto de esta enmienda constitucional señalaba que "todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su correcto desarrollo físico, mental y moral".

Ya en 2021, la Comisión Europea expedientó a Hungría por esta ley; su presidenta, Ursula Von der Leyen, la calificó de “vergüenza”. "Europa no tolerará nunca que miembros de nuestra sociedad sean estigmatizados, ya sea por la persona a la que aman, por su edad, por su origen étnico, sus opiniones políticas o sus convicciones religiosas", expresó.

Así, la Comisión envió una carta de emplazamiento detallando las razones por las que Bruselas se hallaba preocupada ante esta nueva ley y pidiendo a las autoridades húngaras enmendar la situación en el plazo de dos meses.

Ya en aquel entonces se había previsto una segunda etapa de diálogo de no resolverse el conflicto en el plazo acordado y, como último recurso, se elevaría el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Finalmente, ha sido este martes, 21 de abril de 2026, cuando el TJUE ha condenado al Gobierno húngaro. Y lo ha hecho con rotundidad: "esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”. “Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados", recoge la sentencia.

Veinte Estados miembros de la Unión Europea –Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia– exigieron la anulación de esta ley y sus enmiendas.

Según la sentencia, Hungría ha “incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión” al adoptar esta ley, y ha incumplido tanto el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como diversas directivas y reglamentos.

El TJUE define la ley como "un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales".

"La legislación húngara estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas", advierte.

“Las disposiciones nacionales en cuestión son manifiestamente contrarias a las exigencias que, en una sociedad basada en el pluralismo, se derivan de la prohibición de discriminación por razón de sexo y de orientación sexual establecida en el artículo 21, apartado 1, de la Carta y vulneran, por tanto, el contenido esencial de dicha disposición”, recoge la sentencia.

Asimismo, hace hincapié en que la protección a los menores puede darse “sin para ello operar una discriminación directa por razón de sexo y de orientación sexual”.

“En efecto, la mera circunstancia de que los contenidos popularicen o representen la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad no permite, por sí misma, demostrar el carácter potencialmente perjudicial de tales contenidos”, añade.

Por otro lado, el TJUE hace alusión a la Carta incidiendo en que “a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción” y, además, “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. 

Asimismo, el TJUE considera que esta ley atentaría también contra la ley general de protección de datos y contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual. 

“La restricción impuesta a la emisión de programas que tengan como elemento central la violencia o la popularización o representación de la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad elimina la presencia efectiva, en esos programas, de personas no cisgénero o no heterosexuales, así como de su modo de vida, aun cuando esas personas forman parte integrante de una sociedad caracterizada por la diversidad y el pluralismo, de conformidad con los valores contemplados en el artículo 2 TUE. La Comisión concluye de ello que el artículo 9, apartado 6, de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación da lugar a una discriminación directa por razón de sexo o de orientación sexual, prohibida por el artículo 21, apartado 1, de la Carta”, informa la sentencia.

Tras esta sentencia, que tanto la Comisión Europea como distintas ONG en un comunicado conjunto –Amnistía  Internacional de Hungría, el Comité Helsinki húngaro y la Asociación Háttér– han calificado de “histórica”, sólo queda que el nuevo Gobierno de Péter Magyar la ejecute, acabando así con una de las leyes más injustas y polémicas en materia LGTBIQ+ del continente europeo.

Era imposible que no me ocupara del tuit de Santaolalla contra Vito Quiles porque este es un asunto del que he escrito mucho: el armario. Y porque estamos en la víspera del homenaje que el Gobierno va a ofrecerle a Dolores Vázquez, sobre cuyo caso escribí también un libro en el que sostenía precisamente que la causa de que la condenaran fue… el armario. No me ha sorprendido que haya personas heterosexuales que critiquen a la periodista por el tuit, no todo el mundo entiende que el armario es un mecanismo de opresión, pero sí que lo hagan asociaciones LGTB… gays… ¡a estas alturas!.

Sinceramente, me parece definitivamente bien que Sarah Santaolalla se defienda de un acoso intolerable del que la justicia no la ha defendido. Decir que Santaolalla es homófoba porque utiliza la homosexualidad para hacer daño a Vito Quiles es absurdo. Todos sabemos que no es homófoba, admito que quiere darle un puñetazo al individuo, mucha gente querría. En realidad, Santaolalla utiliza la homofobia de Quiles contra él mismo, no me parece mal. Estamos en una sociedad que no nos defiende de acosadores como este tipo, que permite que se insulte, se difame, se agreda. Los medios que tenemos para defendernos son escasos. Hay que poner dinero y hay que dar con un juez “normal” y no con un juez quintacolumnista de la derecha dura, que abundan. 

El mecanismo del armario tiene su historia. En un primer momento, cuando la homosexualidad era un delito y visibilizarse como LGTBI podía costar muy caro o era impensable, el derecho al armario, al secreto en definitiva, era un mecanismo de protección básico. Los estados homófobos de la guerra fría usaban ese secreto (fuera cierto o no) para chantajear, amenazar y acabar con la vida civil de quien molestara, ya fuera un gay o un comunista. El armario servía, precisamente, para amenazar con sacar del armario a cualquier disidente, a cualquier peligroso social. Las personas homosexuales invocaron en ese momento el derecho a la privacidad frente a un Estado y frente a una concepción de la sociedad que usaba la homosexualidad como mecanismo de castigo y advertencia para todas. Una sociedad homogénea en lo sexual (homogéneamente heterosexual) era moralmente superior, se suponía que era una sociedad más sana y fuerte que cualquier contraparte del otro lado del telón de acero. Cualquier disidencia sexual suponía debilitar la democracia frente al comunismo, la homosexualidad era un peligro social; era la época de MacCarthy. 

En un segundo momento, gracias a la lucha militante del movimiento LGTB y al fin de la guerra fría, la homosexualidad deja de ser un delito y la lucha cambia de sentido. Lo que el Estado quiere ahora no es sacar a la gente del armario, sino lo contrario, que nadie salga. El objetivo de esta maniobra es que las sexualidades no normativas no se visibilicen, aunque ya no sean delito. Se trata de mantener la ficción de que la ciudadanía es homogénea y está libre de taras. Ya no se quiere encarcelar o chantajear a las personas homosexuales, simplemente se pretende que desarrollen su existencia dentro de las paredes de su casa. El arma que se utiliza ahora ya no es la tortura o la cárcel, sino el estigma social, la burla, la injuria. El Estado ya no busca interferir en lo que se define como la intimidad de cada uno/a, sino impedir que uno/a mismo/a se autonombre desde la libertad; porque salir del armario políticamente significa afirmar el valor igual de la homosexualidad. El armario se refuerza y se convierte en una de las principales herramientas de la homofobia de los 90. A esta fase la llamamos el armario liberal. Es la base, entre otras, de la política de Clinton en el ejército, aquella de “no preguntes, no digas”. Se nos dice que si nos quedamos dentro podemos hacer lo que queramos, siempre en nuestra casa, en nuestra cama y mejor por la noche… pero ¡sorpresa!, no funciona así y, parafraseando a Audry Lorde, enseguida vamos a descubrir que el silencio no nos protege de nada, sino al contrario, nos vulnerabiliza. 

Lo descubrimos con el sida. Es el secreto, el armario, lo que impide luchar efectivamente contra la enfermedad y sus consecuencias, así como desarrollar políticas de prevención. El silencio no es que no nos proteja, es que nos mata (a partir de los 90 aparece el lema 'silencio=muerte'). Descubrimos que, por guardar el secreto, no hemos conquistado derechos ni hemos adquirido una ciudadanía equiparable a la de los ciudadanos/as heterosexuales. Descubrimos que si no nos visibilizamos no podemos denunciar ni combatir la homofobia y el odio, que el estigma es un arma que entregamos en manos de quien nos quiere invisibles. Entonces comprendemos que la existencia homosexual tiene que ser tan pública como lo es la heterosexualidad, que si aquella no se visibiliza esta siempre se presume, por defecto. El derecho a la privacidad no puede ya ser invocado en un contexto en el que lo que se pretende es, justamente, obligarnos a llevar vidas privadas (únicamente a las personas homosexuales; la heterosexualidad es necesariamente pública). El derecho a la privacidad, antaño invocado, ahora se convierte en la reclamación del derecho a la igualdad y a la libertad. Siguiendo la estela del movimiento feminista, lo personal se hace político.  

El Estado, defensor a ultranza del heterosexismo, pugna por devolvernos al armario (como ocurrió en el caso de Dolores Vázquez), pugna por dificultar en lo posible la expresión pública de la existencia homosexual (y de las disidencias sexuales en general). Más o menos lo que hoy siguen diciendo en Vox: “No tengo nada contra ellos pero…¿Por qué tienen que contarlo?” Nos quieren dentro, pero nosotras hemos comprendido que la visibilidad es el arma más potente que tenemos. Cuando nos dejamos encerrar en el armario todas nos hacemos más vulnerables. El mecanismo del armario pretende evitar, mediante la violencia real o simbólica, que nos visibilicemos, es decir, que nos politicemos. Hace difícil salir y, cuando se sale, presiona constantemente para devolverte al interior, incluso aunque la persona no lo desee. Nunca se acaba de salir, la lucha es constante y diaria. Cada vez que en el trabajo o en cualquier sitio me preguntan por un marido o un novio, me están obligando a tomar una decisión política, no siempre fácil, que no todo el mundo puede enfrentar con la misma seguridad. Esta presión sólo terminará cuando hayamos destruido todos los armarios, cuando toda la diversidad sexual sea tan visible y legítima como la heterosexualidad. A estas alturas, desde un punto de vista progresista, no podemos asumir que exista un supuesto derecho al armario. 

En estos días estamos recordando que lo que condenó a Dolores Vázquez no fue su lesbianismo, sino el manejo que los medios y el Estado hicieron del mecanismo del armario donde la sospecha se extendió como una falta monstruosa que nadie nombraba pero que, precisamente por eso, tuvo fácil conectar con miedos y prejuicios que sólo pueden combatirse desde la visibilidad. Si Dolores Vázquez hubiera podido posicionarse claramente fuera del armario en aquel momento (no tuvo la oportunidad), los prejuicios no hubieran prendido tan fácilmente; se la hubiera podido defender de aquello que no se nombraba y que contribuyó enormemente a condenarla.

No hay homofobia en decir que Vito Quiles es gay, decirlo no es algo que pueda criticarse porque lo contrario, defender que Vito Quiles tiene derecho a mantener ese secreto, sólo sirve para reforzar las paredes del armario que nos oprime a todos y todas y favorece el crecimiento de la homofobia. En general, no aparece la ocasión de mencionar que alguien es gay o deja de serlo, pero si dejamos de hacerlo por considerarlo un asunto privado estamos apelando a la tolerancia liberal y asumiendo un pacto reaccionario sobre la necesidad del secreto. 

Si sacar del armario a un fascista le hace daño es porque esta persona se sitúa a sí mismo en un contexto de defensa del machismo y de la homofobia. En lo que a mí respecta, bien por Sarah. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Rocío Wanninkhof tenía 19 años cuando fue asesinada. Era otoño de 1999, en Mijas (Málaga). El crimen tuvo un impacto mediático sin precedentes, atravesado por la desinformación y el señalamiento taxativo de una mujer como culpable: Dolores Vázquez, pareja de la madre de la víctima. Los medios colocaron enseguida sobre ella el título de criminal, esquivaron las evidentes raíces machistas del asesinato e introdujeron lo que más tarde pasaría a engrosar los manuales de comunicación como pena de telediario. En las entrañas del caso subyacía una latente lesbofobia que encontró acomodo social y judicial, terminando con la condena de la principal sospechosa. 

Casi tres décadas después, no queda ya quien dude de la violencia institucional que pesó sobre la acusada en falso. Y por eso, son las propias instituciones quienes comienzan ahora a pronunciar un perdón público: el Ministerio de Igualdad le entregará el próximo 27 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad.

Dolores Vázquez fue declarada culpable de asesinato por un jurado popular. La Fiscalía la describió como una mujer con una personalidad "muy pusilánime y muy gallega", atravesada por "explosiones de ira" y absolutamente "desquiciada" en el momento de los hechos, debido al fin de la relación afectiva con la madre de la víctima. El grueso de los medios de comunicación apuntalaron su imagen de mujer fría, agresiva y temperamental. Permaneció 519 días en prisión, hasta que el hallazgo de una segunda víctima, Sonia Caravantes, dio un vuelco al caso.

"El retrato que se hizo de ella fue fundamental en su culpabilización y en el hecho de que podamos decir que fue un caso de lesbofobia". Habla Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). Los medios enseguida la presentaron como "una lesbiana monstruosa, en el sentido en que tradicionalmente se ha representado a las lesbianas desde la misoginia", abunda la autora a preguntas de este diario.

Sobre Dolores Vázquez se arrojaron todos "los estereotipos de esa lesbiana perversa", ligándola a una persona "masculinizada, agresiva, desagradable, sexualmente perversa y pervertidora de mujeres inocentes, antipática, capaz de todo, tirana con sus empleados y envidiosa de la maternidad ajena". El caldo de cultivo perfecto para hacerla encajar en el molde de culpable.

"Los medios de comunicación tuvieron un papel esencial a la hora de construir un retrato de Dolores Vázquez que casaba con prejuicios instalados en el imaginario colectivo y que dibujan a las mujeres lesbianas como personas perversas, incluso retorcidas y amargadas", hilvana Charo Alises, abogada y activista en la Federación Estatal LGTBIQ+, quien se detiene en los prejuicios sociales respecto a las mujeres lesbianas. 

El calado social fue inmediato. No hubo expresiones de apoyo a Dolores Vázquez, apenas existió un análisis crítico de lo que estaba sucediendo y nadie se concentró a las puertas de los tribunales para denunciar el linchamiento contra la principal acusada. 

El mecanismo de señalamiento fue milimétricamente articulado: "Nunca se dijo públicamente que era lesbiana porque eso hubiera permitido entender y combatir la imagen que se estaba dando de ella", pero al mismo tiempo "se expusieron todos los estereotipos negativos que se asocian a dicha condición", abunda Gimeno. En definitiva, "el armario funciona avisando a los demás de lo que les puede pasar si se atreven a solidarizarse con la persona atacada".

Así lo entiende también Violeta Assiego, abogada especializada en derechos humanos. "El hecho de ser una mujer lesbiana activó un juicio social previo que no se quedó en el ámbito mediático, sino que permeó el proceso penal y condicionó la decisión del jurado popular", asiente en conversación con este diario. El jurado tomó la decisión de declararla culpable "en un contexto fuertemente atravesado por prejuicios, donde la imagen construida de Dolores Vázquez funcionó como un relato verosímil en aquella época que suplía la falta de evidencias".

La mayoría del jurado la encontró culpable, a pesar de la ausencia de pruebas. "Los estereotipos la señalaron socialmente y operaron como un marco interpretativo desde el cual se juzgaron los hechos, anulando la presunción de inocencia y basándose en prejuicios, en vez de en pruebas", sostiene Assiego. 

No fue hasta 2003 cuando el verdadero asesino de Rocío Wanninkhof fue identificado. Tony Alexander King, un agresor machista, un violador y un "auténtico cazador de mujeres", define el periodista José Antonio Sau. El criminal era un viejo conocido de las autoridades: había cometido delitos de la misma naturaleza en Reino Unido y el Gobierno de España había recibido en 1998 la alerta de que se encontraba en suelo español y era peligroso. 

Assiego cree que existió una "clara ausencia de perspectiva de género en la investigación del caso y su enjuiciamiento", un procedimiento en el que "no se contempló la hipótesis de un crimen sexual machista, pese a que esos eran los indicios que fueron determinantes cuando se identificó al verdadero autor". Esa ceguera, completa Gimeno, "permitió que el asesino no solo siguiera libre, sino que asesinara a otra mujer".

Dolores Vázquez nunca fue indemnizada. Lo solicitó en julio de 2015, pero el Tribunal Supremo desestimó la demanda por un defecto formal. Pasó 17 meses en prisión y alrededor de una década en Reino Unido, hasta que decidió regresar. En un documental emitido hace cuatro años, ella misma sostenía que, al margen de la reparación económica, le bastaría con un perdón: "Siempre lo he pedido. Que admitan que se han equivocado conmigo".

La misma idea volvió a expresarla el año pasado en su Betanzos (A Coruña) natal, en la recogida del XVII premio Úrsula Meléndez de Texeda. "Necesito que el Gobierno me pida perdón", manifestó públicamente.

El acto organizado por el Ministerio de Igualdad busca, en parte, curar esa herida todavía abierta. "Es un acto de homenaje y reparación", asiente Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+. "Es muy importante reconocernos en el pasado porque no hay democracia sin memoria", añade a preguntas de este diario. A su juicio, este caso debe estar "siempre presente, especialmente para que nunca se repita una situación como la que vivió ella". Es, a su juicio, un símbolo "pero ante todo es una persona que fue muy maltratada y que merece todo el cariño".

Precisamente en la garantía de no repetición se detiene Assiego. Si bien el perdón institucional "tiene un valor simbólico, jurídico y democrático", lo cierto es que "llega tarde y corre el riesgo de que se quede en algo decorativo si no se va más allá del acto institucional". Para la jurista, nombrar la injusticia "es imprescindible para restituir, en la medida de lo posible, la dignidad de Dolores Vázquez", pero también estima que los efectos de esa reparación tendrían que ser más amplios. 

"Debería tener un valor jurídico en términos de garantías y dar pie a que se comprobase si, en la actualidad, las prácticas judiciales, la conformación de los jurados, los protocolos y los estándares probatorios impedirían que se produjera el mismo resultado", plantea la abogada.

En todo caso, zanja la Assiego, el peso del perdón está ligado "al valor que la propia Dolores Vázquez le dé". Es a ella, afina, a quien "hay que pedir perdón y es a ella a quien hay que escuchar y no a los representantes de los ministerios o a quienes han estudiado y escrito sobre esto". Su voz, zanja, es ahora la más importante de esta historia.

La población LGTBIQ+ no se libra del odio: el 54% del colectivo afirma haber sido víctima de algún tipo de ataque en el último año, motivado por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Así lo indica el informe Estado del Odio 2026, una investigación publicada este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ a partir de una encuesta realizada por el centro demoscópico 40dB. "Una proporción significativa" de esta comunidad continúa "enfrentándose a incidentes motivados por prejuicio o rechazo hacia su orientación sexual, identidad o expresión de género, o por sus características sexuales". 

Los resultados de la encuesta arrojan datos alarmantes: el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia. "Si el odio avanza, la protección debe hacerlo a pasos más agigantados, porque solo así podremos frenar la violencia que viven cada día miles de personas", ha sentenciado la presidenta de la Federación Estatal, Paula Iglesias. 

Sin embargo, advierten los autores del informe, ninguno de estos fenómenos sucede de forma aislada: "Una proporción considerable de personas declara haber experimentado múltiples formas de violencia de manera simultánea". Y un 11% asegura haber sufrido las tres situaciones de forma conjunta. "Este patrón sugiere que, para una parte significativa de las víctimas, estos episodios no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo, siendo, además, igual de frecuentes todas las formas de violencia", en palabras de la responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal, María Rodríguez.

La violencia que sufren las personas del colectivo se produce a la vista de toda la población. La calle es el espacio que con mayor frecuencia se convierte en un escenario de odio (32%), seguido del centro de trabajo (13%), los espacios de ocio (13%) y el transporte público (9%). Pero ni siquiera los espacios que se presuponen seguros son garantía para estas personas: el 11% reporta violencia en el ámbito familiar.

El odio contra el colectivo ha encontrado, en los últimos años, expresiones más amplias gracias a la inestimable ayuda de las redes sociales. Los insultos en el entorno digital constituyen la forma más frecuente de violencia en el plano online, mencionados por el 18% de las personas encuestadas. A ello le sigue el aislamiento o rechazo (13%) y la discriminación laboral en plataformas digitales (11%). El 7% de las personas del colectivo declaran, además, haber sufrido coacciones, amenazas y sextorsión.

Instagram es la red social más señalada por las personas del colectivo (29%), seguida de X (25%), Facebook (17%) y TikTok (16%). Se trata de espacios donde "la interacción con personas desconocidas es más frecuente y los mecanismos de moderación o control social pueden ser más limitados", expresan los autores del informe.

El problema estructural que implica el odio generalizado contra el colectivo se ve alimentado por otra gran brecha: la falta de recursos a la hora de dar la voz de alarma. La inmensa mayoría de expresiones de odio son susceptibles de ser denunciadas, insiste el informe, pero el problema de la infradenuncia sigue enquistado.

El 65% de las personas encuestadas optó por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acudió a alguna asociación especializada. Únicamente el 35% decidió llamar a la puerta de alguna comisaría.

Las razones que disuaden a las personas del colectivo a la hora de denunciar son diversas: no conceder importancia a lo sucedido es citado por el 25%, la vergüenza disuade al 19%, mientras que el 13% sencillamente reconoce que no se le ocurrió. El 12% se instala en la normalización de la violencia al destacar que le sucede todo el rato. Sin embargo, la mayoría evita denunciar por motivos relacionados con el trato que esperan recibir: un 24% pensaba que no le iba a servir para nada y el 13% asumía que no le iban a creer. El 16% no confía en la Policía e incluso piensa que la respuesta entre las autoridades será discriminatoria.

Entre quienes denuncian, lo cierto es que las experiencias negativas prevalecen con mucho (74%) sobre las positivas (57%). Las voces recopiladas para la confección del estudio reportan que la Policía minimizó lo sucedido, hizo sentir mal a la víctima, formuló preguntas incómodas o negó la raíz LGTBIfóbica del hecho denunciado a través de sus comentarios.

“Volví a su habitación y me desnudé como lo haría una mujer al adentrarse en una pira. Cien manos de fantasmas me sostenían las piernas y la espalda, y evitaba que las dudas me aflojasen los miembros; todas las mujeres del mundo me contemplaban”. Todas las mujeres se titula justamente el último capítulo de La mala costumbre, novela que Alana S. Portero publicó a mediados de 2023 desde su convencimiento de las posibilidades expansivas de la autoficción. Estaba narrando su vida individual como mujer trans, desde luego, pero no existe tal cosa como una vida sin otras vidas dentro, y su historia era trascendida por toda una comunidad de sentimientos y lazos.

El poder de esta novela —la razón por la que resulta tan conmovedora— radica en su carácter de crisol, a partir del cual ni siquiera cabría erigir a Portero como portavoz de una identidad, un colectivo o lo que sea. Portero, según sus diversas particularidades, constituye una energía dinámica y dialéctica que comunica con muchas otras —generacionales, de género, de clase— para finalmente apuntalar una estética adaptable. Muchas otras mujeres obreras —en definitiva, todas las mujeres— encuentran un espacio en ella. Pueden reconocerse en ella, en La mala costumbre. Incluida una mujer intersexual, como es la que protagoniza Mi querida señorita.

Mi querida señorita es el primer guion de Portero para cines y lo declama como protagonista Elisabeth Martínez. A Martínez le pasó lo que a Adela: nació con rasgos sexuales biológicos que no encajaban con un cuerpo convencionalmente femenino o masculino. Sus circunstancias difieren, obvio, de la condición trans de Portero. Y aún así parece adecuado que sea Portero la principal voz creativa del film, acudiendo a actualizar una película de hace 54 años que fue un éxito en taquilla sin que por ello el término intersex llegara a ser interiorizado entonces por la población española. Sin que esa historia, la historia de Adela, pudiera aspirar a ser la de alguien más.

Los artífices de esta película —que llegará al catálogo de Netflix el 1 de mayo previo paso por cines desde el 17 de abril— aseguran que esa es la principal motivación tras el remake de Mi querida señorita: llamar a las cosas por su nombre. Concretar el vínculo de su personaje con el colectivo queer y hacerlo con una actriz propiamente intersex, luego de que en 1972 José Luis López Vázquez hubiera sido el intérprete de Adela. Y lo hubiera sido con temores comprensibles: Vázquez era una estrella de la comedia tardofranquista, y pensaba que al público se le iba a escapar la risa floja frente a su personaje. Al fin y al cabo, aparecía disfrazado de mujer. 

Los guionistas de Mi querida señorita eran Jaime de Armiñán (también encargado de dirigir) y José Luis Borau, poco antes de consagrarse ante la crítica con el estreno de Furtivos en 1975. Mi querida señorita planteaba los dilemas de una mujer de mediana edad a la que de pronto le aseguraban que siempre había sido un hombre. La descripción actual de este film dentro del catálogo de Netflix sostiene que el médico le revela que “es intersexual”, lo que es falso y únicamente se adecua a la inminente pertenencia a ese mismo catálogo del remake. El médico le dice a Adela que es un hombre, y Adela asume que ha de empezar a vivir como tal.

De ahí viene el conflicto del personaje y una bienintencionada reflexión sobre el carácter más allá de las asignaciones sociales, que pudo esquivar la censura franquista gracias a su falta de interés (o de conocimiento) en explicitar ciertas cuestiones. Y no solo la esquivó, sino que Mi querida señorita fue la película más taquillera en España durante su año, llegando incluso a ser nominada al Oscar a Mejor película de habla no inglesa. El premio se lo arrebató un compatriota, Luis Buñuel, tras haber producido en Francia El discreto encanto de la burguesía.

El legado de Mi querida señorita es complicado de cifrar. Sin duda existe un valor en la sensibilidad con la que narra la historia y este valor no precisa de detalles nominales o teóricos para calar: tal y como está configurado es suficiente para atender a la asimetría de géneros en la España de la época —las dificultades de Adela al intentar vivir como un hombre—, o desarrollar un poderoso romance (el de López Vázquez con Julieta Serrano) que desmantela cualquier binarismo. Al mismo tiempo es una película inmensamente tosca, de formas relamidas —la cursi banda sonora de Rafael Ferro, la ruidosa pulsión melodramática—, que fuerza a justificar su permanencia en la conversación contemporánea más por una cuestión de intenciones que de resultados.

Que se haya regresado a una película así —tan extravagante y solemne que ni siquiera encuentra afinidad con el camp o unas formas pre-almodovarianas— en 2026 obedece a una industria deseosa de releer iconos. Suma Content lleva haciendo algo parecido desde su fundación a manos de los Javis la década pasada. La huella de sus productores se deja notar en la voluntad de Mi querida señorita de explicar y contextualizar las oclusiones de la versión de los 70, y de hacerlo con un talante pop. Tan melodramático, a su modo, como el de Armiñán, aunque este sea reemplazado por un artífice de taquillazos patrios y fenómenos adolescentes estilo Tres metros sobre el cielo.

Nos referimos a Fernando González Molina, el director. Y aún así no hay que engañarse. Si hay una voz creativa central en esta nueva versión de Mi querida señorita —mucho más que la de Borau o Armiñán y mucho más que la entonada por la escuela de los Javis— esta es la de Portero. La autora de La mala costumbre se ha adueñado de Mi querida señorita, y con tal fiereza como para que las virtudes y defectos del film sean prácticamente de su responsabilidad exclusiva.

La película producida por Netflix realiza un par de guiños a la original setentera. La visualización de la traumática huida de Adela a Madrid, un par de planos donde aparece atusándose distraída un bigote remitente a López Vázquez. En ese sentido no despacha su parentesco como una mera propiedad intelectual y la estructura narrativa es en buena parte la misma, manteniendo personajes centrales como el pretendiente de Adela (de Antonio Ferrandis a Eneko Sagardoy) o la chica cuyo amor sobrevive a la traumática revelación del médico (de Julieta Serrano a Anna Castillo).

Es a fin de cuentas un remake puro y duro. Y lo es en una medida oportuna y trabajada desde el mero ejercicio divulgativo, que resulta ejemplar. La odisea de esta nueva Adela, que trabaja como catequista y dependiente de una tienda de antigüedades en Pamplona, está enfocada desde una mirada tan tierna y comprensiva como la quisiera plantear originalmente Armiñán, sin que desentonen las explicaciones extra alrededor de la identidad de la protagonista. Siendo evidentemente una adecuación a la época y un trasvase de significados, la propuesta está ejecutada con cuidado y empatía, seguramente desde una documentación muy asesorada. 

Sin embargo Mi querida señorita no es la misma película que la de 1972, y esta diferencia no se fundamenta únicamente en la aclaración de su personaje como sujeto intersexual. Pues este personaje está rodeado de otras circunstancias clave: una ambientación temporal —finales de los 90, a caballo del norte y el centro de España—, la presencia de la religión católica —entre la fe de Adela y su apoyo en el cura gay que interpreta Paco León— y sobre todo la progresiva edificación de una comunidad, con la que Adela se topa al llegar a la capital. Otros sujetos queer, algunos tan confusos como el de ella, en cuya compañía se reconoce y se funde. 

Este planteamiento, naturalmente, recuerda mucho al de La mala costumbre y al propio recorrido vital de Portero —que llega a hacer un cameo en una escena de la película—, confirmando a Mi querida señorita más como una expansión de los postulados de su novela que como una revisión contemporánea de un ¿olvidado? film de los 70. Lo que, en la medida que Portero escribe diálogos como escribió situaciones y arcos en su libro, depara varios problemas. Mi querida señorita transcurre entre personajes que, con las emociones a flor de piel, ansían compartir reflexiones y enseñanzas como taglines que no solo iluminen a Adela, sino a todo el futuro del colectivo queer.

Se trata de una metralla emocional que llega a extremos ridículos y estomagantes, y que en su reiteración —a la que no ayuda nada las formas asépticas del estándar Netflix— llega a enfangar el desarrollo narrativo del film. En otras ocasiones, sin embargo, la visceralidad de Portero y las interpretaciones de todo el elenco logran imponerse a estos histrionismos, y se abraza una verdad emocional que resuena y eleva a Mi querida señorita por encima del precedente setentero. 

No demasiado, claro. Hablamos de buenas intenciones, aciertos dispersos, que al final no han terminado de modular ninguna versión realmente memorable de la historia de Adela. Sí han pulido, a cambio, un imaginario que por suerte va haciéndose más y más grande. Donde caben todas las mujeres, todos los cuerpos, todas las personas que solo se entienden junto a otras personas.