"Bujarras de mierda". Es el insulto homófobo que dirigieron dos hombres en Santiago de Compostela a otros dos jóvenes con los que se cruzaron fortuitamente por las calles empedradas de la capital gallega. Uno de ellos decidió cruzar la línea de la violencia verbal, encarándose a los desconocidos. En un vídeo compartido por redes sociales, cualquiera puede apreciar cómo el agresor volvió a emprenderla con el joven que sostenía el móvil para grabar: "Maricón de mierda", lanzó instantes antes de golpearle. Ocurrió esta semana, poco antes del Día Internacional contra la LGTBIfobia y prácticamente al mismo tiempo que España recibía el mayor de los aplausos por ser el país número uno en la defensa de los derechos del colectivo.

Un estudio confeccionado por la organización ILGA Europa y publicado este martes elogia el desarrollo de las políticas españolas, pero advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Mientras las leyes avanzan, el odio sigue presente en las calles.

Lo sabe bien Inés. La violencia llegó a su vida, cuenta en conversación con infoLibre, buscando piso por Madrid. "En una entrevista con el casero, me dijo que no quería a personas trans en su casa". En ese momento, tuvo que decidir si "decir la verdad sobre su realidad y quedarse sin casa" o sencillamente ocultarse. "Tuve que mentir, porque la situación no era la ideal", asiente. Inés es una persona no binaria, pero la necesidad de buscar un techo, en un contexto de crisis habitacional, le empujó de vuelta a un armario que había decidido abandonar. 

Inés pasó más tiempo del necesario pensando en cuáles serían los motivos de aquel señalamiento discriminatorio. Por su cabeza transitaron muchas preguntas: "¿Cuál es la diferencia entre una persona trans y otra que no lo es? ¿Qué piensa este hombre que son las personas trans? ¿De dónde viene ese odio?". Todas quedaron sin responder. 

La situación descrita por Inés no es excepcional. Las personas de entre 25 y 34 años que pertenecen al colectivo expresan con asiduidad ser víctimas de este tipo de discriminación: el 45% de las encuestadas para el informe Estado del Odio 2026 hablan de la denegación del alquiler por su orientación sexual o su identidad o expresión de género tras haber interectuado en redes sociales con inmobiliarias o propietarios de una vivienda.

El mismo análisis pone cifras a esa contradicción entre normativa y realidad. Mientras España es reconocida internacionalmente como el mejor país para el colectivo, más de la mitad de las personas que pertenecen a él (54%) asegura haber sido víctima de algún tipo de discriminación. Concretamente, el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia.

La comunidad LGTBIQ+ no cuenta ni siquiera con la garantía de poder caminar con seguridad por las calles. Casi un tercio de las personas que afirman haber sufrido una agresión señalan la vía pública como escenario de violencia, tal y como sucedió esta semana en Santiago de Compostela. El centro de trabajo y los espacios de ocio son citados por el 13%, el entorno familiar por el 11% y el transporte público por el 9%. 

Alicia, madre de una niña trans adolescente, asegura percibir un viraje hacia situaciones especialmente virulentas en los centros escolares. "Estas realidades han pasado de ser invisibles a convertirse en el foco de atención, pero de forma muy negativa a consecuencia de los discursos de odio que se escuchan en la política, los medios y las redes", denuncia. 

En los colegios hay "un aumento de las violencias verbales y una vuelta al armario", lamenta la madre, parte del colectivo Chrysallis. "Muchos peques que eran visibles, ahora están cambiando de centro ante el aumento de la hostilidad porque los compañeros reproducen los discursos que escuchan en la televisión y que sus padres repiten".

"Estamos en el momento de mayor avance legislativo, pero en nuestra vida cotidiana seguimos experimentando situaciones de acoso, discriminación y violencia". Habla Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. "Nuestra vida sigue plagada de odio y no basta con tener una legislación aprobada", subraya.

Iglesias y sus compañeros se han concentrado este martes frente a las puertas del Congreso para exigir un acuerdo estatal contra los discursos de odio: "Toda esta violencia está legitimada por una ola de discursos de odio, así que es necesario erradicar el problema desde la raíz".

Las cifras oficiales avalan su preocupación. Según los datos recopilados por el Ministerio del Interior, los delitos de odio con base en la discriminación por orientación sexual o identidad de género son los segundos más numerosos, solo por detrás del racismo y la xenofobia. El año pasado fueron 539 los hechos conocidos por las autoridades, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Y, sin embargo, las personas del colectivo se encuentran con un muro institucional a la hora de denunciar los hechos. Inés ni siquiera se lo planteó. Cuando su casero expresó sin titubear que no quería a personas trans en su casa, la joven sencillamente enmudeció. El desequilibrio de poder y la certeza de que difícilmente iba a obtener reparación le llevaron a no tomar medidas. "Era su palabra contra la mía", asiente hoy. 

En casi tres años, el conocido como Servicio Arcoíris (028) ha registrado un total de 31.313 atenciones, la mayoría a través del propio teléfono, pero otras también vía chat o correo electrónico. Según la información que maneja la Federación Estatal, el 65% de las personas que sufren algún tipo de ataque opta por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acude a alguna asociación especializada. 

Ahí es donde se detienen las activistas. "El colectivo LGTBIQ+ carga con una mochila muy pesada, porque tiene que confiar en la protección de quienes hasta hace poco les perseguían", reflexiona Iglesias. Aunque la portavoz confía en que el sentir mayoritario camina hacia un horizonte de compromiso, señala que entretanto las entidades especializadas tienen la tarea clave de construir espacios seguros para dar cobijo a todas las víctimas. Para Inés, contar con una organización a la que poder llamar le sirvió para no sentirse sola. "La soledad te hunde, porque no sabes cómo seguir", comparte. "Saber que hay personas que han vivido lo mismo que tú y que te pueden escuchar es un apoyo fundamental".

Pocos sabían qué era una persona intersexual antes de ver en pantalla grande a José Luis López Vázquez interpretar a Adela en Mi querida señorita, la película de 1972 en la que una mujer descubre, tras acudir al médico, que legal y biológicamente es un hombre. Quienes la vieron entonces tampoco salieron del cine con una idea muy clara de lo que era la intersexualidad: el largometraje ni siquiera la nombraba.

Más de medio siglo después, el desconocimiento sigue siendo enorme. La película está otra vez está en cartelera —o en el salón de casa gracias a Netflix—, en una nueva versión con Alana S. Portero como guionista. Y esta vez con una diferencia fundamental: las personas intersex ocupan el centro del relato y la realidad se nombra por fin por su nombre.

La I de LGTBIQ+ es quizá la sigla más desconocida de todas y, sin embargo, ser intersex es más común de lo que parece: alrededor del 1,7% de la población presenta alguna variación intersex, una proporción similar a la de las personas pelirrojas. La intersexualidad engloba una amplia gama de variaciones biológicas en las características sexuales corporales que no se ajustan a lo que se entiende tradicionalmente como hombre o mujer. Por ejemplo, pueden presentar características sexuales que no encajan en las categorías binarias tradicionales, patrones hormonales que no se corresponden con un sexo concreto o una disidencia entre los órganos internos y externos. 

Tal es la falta de información que incluso hay quienes ni siquiera saben que lo son. Algunos lo averiguaron ya en su edad adulta. Otros jamás lo sabrán, por las intervenciones quirúrgicas que se les hicieron desde pequeños. “No hay casi información de lo que es ser intersex. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, aunque todavía hay poca, es de más calidad. Pero todavía no hay espacio para la intersexualidad, está todo basado en el binarismo”, cuenta a infoLibre Cira López Salvago, investigadora y experta en intersexualidades. 

Hasta hace poco, lo que se hacía cuando nacía un bebé intersex era, por procedimiento habitual, una operación quirúrgica que modificaba los genitales del menor. Esta decisión la tomaban entre los médicos y los padres que, por falta de conocimiento y ese sentimiento de “así le irá mejor”, aceptaban que se hiciera lo que los activistas intersex tachan de “mutilación”. Los problemas llegan en la edad adulta, con complicaciones médicas derivadas de esa operación o la posibilidad de que su género —su identidad— no se correspondiera con el sexo —los órganos sexuales—. 

“Se sigue tratando como una patología. Y así ha sucedido con todas las letras del colectivo. Primero se patologiza y luego, con la lucha, se consigue avanzar. Consiste en intentar separar todos los cuerpos entre macho y hembra. Por lo tanto, la intersexualidad se presenta como algo que hay que arreglar y que tiene que caber en una de estas dos casillas”, argumenta Ariana A. Celorio, miembro del grupo del año temático intersexual de la FELGTBI+, activista intersex y escritora, en conversación con este medio. 

Esta forma de patologización tiene varias derivadas, explica López Salvago. La primera es que el concepto de intersexualidad ha caído siempre bajo el marco de la medicina. La segunda es la visión binaria que existe en la sociedad española, afincada desde los tiempos de Franco. La mujer y el hombre, no hay más. “La corporalidad intersexual es una contestación al sistema cisheteronormativo. Son cuerpos que rompen las normas”, cuenta López Salvago. Y para la experta, esto ha tenido una consecuencia muy clara: la estigmatización. “Estos dos elementos han hecho que la intersexualidad esté envuelta en un halo de alarma, de escándalo e, incluso, de monstruosidad”, recalca. 

Sin embargo, en los últimos años el asunto ha comenzado a cambiar tanto en lo social —basta ver el regreso de Mi Querida Señorita— como en el plano legislativo. La ley trans de 2023 incluyó medidas para avanzar en la despatologización de las personas intersex y limitar las intervenciones médicas no consentidas. El texto prohíbe la modificación genital en menores de 12 años, pero introduce una excepción: permite esas intervenciones cuando existan “indicaciones médicas” para proteger la salud de la persona, a juicio del personal sanitario. Y ahí, advierten las activistas, está el problema. Muchas operaciones se han presentado durante años como “médicamente necesarias” sin que existiera una urgencia vital real, según un informe elaborado por ILGA Mundo en 2023. 

“Cuando esto se deja en manos de profesionales, se parte de la idea de que la ciencia y la medicina son neutrales, como si hubiera un diagnóstico objetivo y libre de valores. Pero la decisión de un médico no está exenta de prejuicios ni de valores morales. Actúan, en teoría, 'por humanidad', pensando que la persona intersex sufrirá si no se adapta a una norma corporal concreta. Entonces, justifican la intervención diciendo que quieren evitarle un sufrimiento futuro. Pero eso implica asumir que hay una única forma válida de cuerpo. Y ahí hay un problema”, recalca Rafael Cáceres-Feria, antropólogo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a infoLibre. 

El personal sanitario no tiene por qué conocer las realidades intersex, puesto que no se incluye en el temario de la carrera. De aquí nace esta forma de tratarlo, como si fuera un problema, según indica el antropólogo. “En la Facultad de Medicina se enseña una visión concreta del cuerpo y del sexo. Y ahí no entra la intersexualidad. En el fondo, manejan la misma lógica binaria que el resto de la sociedad: hombre o mujer”, expone Cáceres-Feria.

Aunque no todo es negativo. “Se siguen realizando mutilaciones, pero cada vez hay más personal de la salud concienciado”. La solución, por lo tanto, estaría en esto mismo: la concienciación. “No basta con que sepan del tema los ginecólogos o los urólogos; tiene que saber todo el personal sanitario. Hacen falta protocolos específicos y una educación que les haga ver que no somos una patología”, concuerda Celorio. 

Precisamente, la falta de información es lo que ha provocado la invisibilidad de las personas intersex, apunta Celorio. También las agresiones contra ellos. “En los colegios”, relata la activista, “la mayoría de niños intersex sufren más acoso y bullying porque el resto no sabe cuál es su realidad. Que no se sepa nada sobre ti hace que seas más fácil de agredir”, cuenta. 

Y esto se traduce en la edad adulta. Las personas intersexuales son las que sufren más discriminación, según revelaba el informe de Estado del Odio LGTBIQ+ 2025, elaborado por la FELGTBI+. De hecho, el estudio indica que el 100% de los encuestados intersexuales habían sufrido situaciones de discriminación.

Algo que parece que acaba teniendo efecto. En un estudio publicado en PLOS ONE, una revista científica editada por la Public Library of Science, un 21,1% de los encuestados —todos intersexuales— declaraba tener una salud mental “mala”. El 32,5% la calificaba de “aceptable”, pero la gran mayoría (un 62,6%) declaraba tener ansiedad. Los motivos, según el estudio, pasan por la vergüenza, el estigma, la baja autoestima y la insatisfacción con el sistema sanitario. 

“Las personas intersex están más discriminadas, principalmente por el gran desconocimiento que hay. Sigue siendo una realidad poco conocida y poco explicada. Además, la intersexualidad introduce una dimensión corporal dentro de la diversidad sexual, que tradicionalmente suele entenderse solo desde la identidad de género o la orientación sexual. Incorporar esta dimensión corporal exige salir de marcos tradicionales y comprender una realidad que muchas veces no se enseña ni se visibiliza. Sin educación, referentes o ejemplos cercanos, resulta difícil entenderla, y por eso no me extraña que el colectivo intersex sea uno de los más discriminados”, zanja López Salvago. 

España ya puede presumir de estar en la cima de la defensa europea de los derechos LGTBIQ+. Es la conclusión del mapeo que cada año confecciona la organización ILGA Europa, un análisis que pone sobre la mesa los avances simbólicos, materiales y legislativos, pero también los retrocesos y la reacción ultra que pone en la diana las conquistas del colectivo.

El mapa que escudriña la situación de las personas LGTBIQ+ en casi medio centenar de países europeos concede a España el primer puesto tras haber constatado que el Gobierno "ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGBTI y trans de 2023", mediante la adopción de planes de acción para la igualdad, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación plena de la despatologización de las personas trans en el sistema sanitario, tal y como ha publicado la organización este martes. 

España destaca por encima de los demás países en prácticamente todas las áreas estudiadas. Los expertos le otorgan la máxima puntuación en terrenos como la participación política, en tanto que las personas del colectivo cuentan con las bases necesarias para el ejercicio de la libertad de reunión, asociación y expresión. También obtiene sobresaliente en cuanto al reconocimiento y la protección de los derechos familiares de las personas LGTBIQ+, gracias a las leyes que regulan el matrimonio igualitario, la adopción, la inseminación artificial y la paternidad trans. Y las políticas de asilo incluyen medidas positivas respecto a las personas del colectivo, como la formación específica o la existencia de módulos especializados para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo.

La responsable de la puntuación obtenida es fundamentalmente la conocida como ley trans, elogiada por los autores y autoras del informe en el grueso de su análisis. Si España puede hoy ser referente en cuanto a la despatologización del colectivo, la autodeterminación del género o la educación en diversidad, es gracias a la legislación aprobada hace ahora tres años y a su aplicación efectiva.

"Hoy es un día importante", ha señalado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Es el reconocimiento de mucho trabajo durante muchos años", ha presumido en declaraciones a los medios, tras advertir que aun así urge estar "muy atentos y muy alerta para que no haya retrocesos".

Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, ha situado este martes a España como "un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un Gobierno decide deliberadamente impulsar la igualdad en lugar de retroceder". Sin embargo, su organización advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Las agresiones contra las personas LGTBIQ+, según el último informe de la Federación Estatal, han aumentado un 15% "impulsadas por un clima de discurso de odio que envalentona la violencia contra los grupos vulnerables".

En enero del año pasado, una discoteca de Torremolinos (Málaga) publicó en redes sociales un reglamento de admisión para entrar en el espacio de ocio. Entre los requisitos, figuraba uno muy concreto: no ser homosexual. Es uno de los hechos que recoge el informe anual, cuyos expertos ponen la lupa también sobre todos los mecanismos que inmediatamente se activaron para corregir la situación.

ILGA no pasa por alto aquellos recovecos en los que las buenas prácticas todavía no han logrado resultados. Mencionan, entre otras cuestiones, la falta de reconocimiento formal hacia las personas no binarias, la restricción de edad para la plena autodeterminación de género o la ausencia de una justicia accesible para las personas intersexuales que hayan sido víctimas de intervenciones médicas. 

El informe menciona a la extrema derecha como principal responsable de difundir discursos de odio y obstaculizar los derechos del colectivo. Pero no solo: el Partido Popular también ha llamado la atención de la organización por su oposición reiterada a la ley trans estatal y sus alianzas autonómicas con la ultraderecha para restringir derechos. El informe recoge, en ese sentido, los intentos de retroceso en Valencia y Madrid tras las modificaciones de sus leyes específicas, ambas recurridas ante la justicia y suspendidas parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Lo cierto es que no todo son buenas noticias para las personas LGTBIQ+ que habitan en suelo europeo. En siete países no existe ninguna protección legal contra la discriminación hacia el colectivo y solo diez países prohíben las mal llamadas terapias de conversión. En menos de la mitad de los países analizados se permite el matrimonio igualitario y en un total de 18 no existe ningún tipo de protección legal para las parejas del mismo género. 

Únicamente Alemania, Grecia, Islandia, Malta, Portugal y España prohíben las intervenciones quirúrgicas o médicas innecesarias en menores intersexuales. Y doce países no cuentan con ningún procedimiento legal o administrativo para el reconocimiento legal del género.

Países como Rusia, Azerbaiyán, Turquía, Bielorrusia, Armenia, Georgia, Mónaco, Rumanía o Ucrania están a la cola en la defensa de las personas LGTBIQ+. Pero no son los únicos: la media europea no llega al aprobado –el porcentaje se instala en el 42,73% en Europa y en el 52,1% en la Unión Europea–, mientras que territorios como Italia, Polonia, Hungría o Chipre están lejos de ser lugares seguros para el colectivo.

Este martes, 21 de abril, se ha producido un nuevo avance en materia de derechos LGTBI+ en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia por la que determina que Hungría “ha violado el derecho de la Unión” con su conocida como Ley antipropaganda LGTBIQ+, aprobada en 2021.

Este hecho llega casi dos semanas después de arrasar en las urnas el candidato a las elecciones húngaras de Tisza, Péter Magyar, quien había evitado pronunciarse sobre el tema pero declaró tras su victoria electoral que Hungría sería “un país en el que no se castigue a nadie por pensar distinto que la mayoría, por amar a alguien de forma diferente que la mayoría”.

Con esta decisión, Europa ha sentado un precedente condenando por primera vez a uno de los Estados miembros por violar los principios fundacionales de la Unión Europea.

El 15 de junio de 2021, el Parlamento de Hungría aprobaba con los votos de Fidesz –el partido del ultranacionalista Viktor Orbán– su polémica Ley de Protección de la Infancia, escudándose en la protección de los menores y vetando para ello la divulgación de información sobre el colectivo LGTBIQ+ en las escuelas.

Entre las principales medidas de esta ley se encuentran la restricción de contenidos que "fomenten la homosexualidad" –relacionada por el Gobierno húngaro con la pedofilia– tanto en los centros escolares como en los medios de comunicación, cine y libros.

En agosto de ese año, se emitió un decreto por el cual los libros infantiles que "describan una desviación respecto de la identidad de género concebida en el nacimiento, o describan un cambio de género, o popularicen la homosexualidad", entre otras condiciones, no podrán mostrarse en los escaparates o exhibirse claramente en el interior de las librerías.

Por otro lado, y siguiendo con su particular cruzada contra las personas LGTBIQ+, en el verano de 2025 se prohibió la marcha del Orgullo apoyándose en una enmienda que anteponía "la protección de la infancia" a derechos fundamentales como son el de reunión y libre expresión.

El texto de esta enmienda constitucional señalaba que "todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su correcto desarrollo físico, mental y moral".

Ya en 2021, la Comisión Europea expedientó a Hungría por esta ley; su presidenta, Ursula Von der Leyen, la calificó de “vergüenza”. "Europa no tolerará nunca que miembros de nuestra sociedad sean estigmatizados, ya sea por la persona a la que aman, por su edad, por su origen étnico, sus opiniones políticas o sus convicciones religiosas", expresó.

Así, la Comisión envió una carta de emplazamiento detallando las razones por las que Bruselas se hallaba preocupada ante esta nueva ley y pidiendo a las autoridades húngaras enmendar la situación en el plazo de dos meses.

Ya en aquel entonces se había previsto una segunda etapa de diálogo de no resolverse el conflicto en el plazo acordado y, como último recurso, se elevaría el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Finalmente, ha sido este martes, 21 de abril de 2026, cuando el TJUE ha condenado al Gobierno húngaro. Y lo ha hecho con rotundidad: "esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”. “Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados", recoge la sentencia.

Veinte Estados miembros de la Unión Europea –Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia– exigieron la anulación de esta ley y sus enmiendas.

Según la sentencia, Hungría ha “incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión” al adoptar esta ley, y ha incumplido tanto el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como diversas directivas y reglamentos.

El TJUE define la ley como "un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales".

"La legislación húngara estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas", advierte.

“Las disposiciones nacionales en cuestión son manifiestamente contrarias a las exigencias que, en una sociedad basada en el pluralismo, se derivan de la prohibición de discriminación por razón de sexo y de orientación sexual establecida en el artículo 21, apartado 1, de la Carta y vulneran, por tanto, el contenido esencial de dicha disposición”, recoge la sentencia.

Asimismo, hace hincapié en que la protección a los menores puede darse “sin para ello operar una discriminación directa por razón de sexo y de orientación sexual”.

“En efecto, la mera circunstancia de que los contenidos popularicen o representen la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad no permite, por sí misma, demostrar el carácter potencialmente perjudicial de tales contenidos”, añade.

Por otro lado, el TJUE hace alusión a la Carta incidiendo en que “a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción” y, además, “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. 

Asimismo, el TJUE considera que esta ley atentaría también contra la ley general de protección de datos y contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual. 

“La restricción impuesta a la emisión de programas que tengan como elemento central la violencia o la popularización o representación de la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad elimina la presencia efectiva, en esos programas, de personas no cisgénero o no heterosexuales, así como de su modo de vida, aun cuando esas personas forman parte integrante de una sociedad caracterizada por la diversidad y el pluralismo, de conformidad con los valores contemplados en el artículo 2 TUE. La Comisión concluye de ello que el artículo 9, apartado 6, de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación da lugar a una discriminación directa por razón de sexo o de orientación sexual, prohibida por el artículo 21, apartado 1, de la Carta”, informa la sentencia.

Tras esta sentencia, que tanto la Comisión Europea como distintas ONG en un comunicado conjunto –Amnistía  Internacional de Hungría, el Comité Helsinki húngaro y la Asociación Háttér– han calificado de “histórica”, sólo queda que el nuevo Gobierno de Péter Magyar la ejecute, acabando así con una de las leyes más injustas y polémicas en materia LGTBIQ+ del continente europeo.

Era imposible que no me ocupara del tuit de Santaolalla contra Vito Quiles porque este es un asunto del que he escrito mucho: el armario. Y porque estamos en la víspera del homenaje que el Gobierno va a ofrecerle a Dolores Vázquez, sobre cuyo caso escribí también un libro en el que sostenía precisamente que la causa de que la condenaran fue… el armario. No me ha sorprendido que haya personas heterosexuales que critiquen a la periodista por el tuit, no todo el mundo entiende que el armario es un mecanismo de opresión, pero sí que lo hagan asociaciones LGTB… gays… ¡a estas alturas!.

Sinceramente, me parece definitivamente bien que Sarah Santaolalla se defienda de un acoso intolerable del que la justicia no la ha defendido. Decir que Santaolalla es homófoba porque utiliza la homosexualidad para hacer daño a Vito Quiles es absurdo. Todos sabemos que no es homófoba, admito que quiere darle un puñetazo al individuo, mucha gente querría. En realidad, Santaolalla utiliza la homofobia de Quiles contra él mismo, no me parece mal. Estamos en una sociedad que no nos defiende de acosadores como este tipo, que permite que se insulte, se difame, se agreda. Los medios que tenemos para defendernos son escasos. Hay que poner dinero y hay que dar con un juez “normal” y no con un juez quintacolumnista de la derecha dura, que abundan. 

El mecanismo del armario tiene su historia. En un primer momento, cuando la homosexualidad era un delito y visibilizarse como LGTBI podía costar muy caro o era impensable, el derecho al armario, al secreto en definitiva, era un mecanismo de protección básico. Los estados homófobos de la guerra fría usaban ese secreto (fuera cierto o no) para chantajear, amenazar y acabar con la vida civil de quien molestara, ya fuera un gay o un comunista. El armario servía, precisamente, para amenazar con sacar del armario a cualquier disidente, a cualquier peligroso social. Las personas homosexuales invocaron en ese momento el derecho a la privacidad frente a un Estado y frente a una concepción de la sociedad que usaba la homosexualidad como mecanismo de castigo y advertencia para todas. Una sociedad homogénea en lo sexual (homogéneamente heterosexual) era moralmente superior, se suponía que era una sociedad más sana y fuerte que cualquier contraparte del otro lado del telón de acero. Cualquier disidencia sexual suponía debilitar la democracia frente al comunismo, la homosexualidad era un peligro social; era la época de MacCarthy. 

En un segundo momento, gracias a la lucha militante del movimiento LGTB y al fin de la guerra fría, la homosexualidad deja de ser un delito y la lucha cambia de sentido. Lo que el Estado quiere ahora no es sacar a la gente del armario, sino lo contrario, que nadie salga. El objetivo de esta maniobra es que las sexualidades no normativas no se visibilicen, aunque ya no sean delito. Se trata de mantener la ficción de que la ciudadanía es homogénea y está libre de taras. Ya no se quiere encarcelar o chantajear a las personas homosexuales, simplemente se pretende que desarrollen su existencia dentro de las paredes de su casa. El arma que se utiliza ahora ya no es la tortura o la cárcel, sino el estigma social, la burla, la injuria. El Estado ya no busca interferir en lo que se define como la intimidad de cada uno/a, sino impedir que uno/a mismo/a se autonombre desde la libertad; porque salir del armario políticamente significa afirmar el valor igual de la homosexualidad. El armario se refuerza y se convierte en una de las principales herramientas de la homofobia de los 90. A esta fase la llamamos el armario liberal. Es la base, entre otras, de la política de Clinton en el ejército, aquella de “no preguntes, no digas”. Se nos dice que si nos quedamos dentro podemos hacer lo que queramos, siempre en nuestra casa, en nuestra cama y mejor por la noche… pero ¡sorpresa!, no funciona así y, parafraseando a Audry Lorde, enseguida vamos a descubrir que el silencio no nos protege de nada, sino al contrario, nos vulnerabiliza. 

Lo descubrimos con el sida. Es el secreto, el armario, lo que impide luchar efectivamente contra la enfermedad y sus consecuencias, así como desarrollar políticas de prevención. El silencio no es que no nos proteja, es que nos mata (a partir de los 90 aparece el lema 'silencio=muerte'). Descubrimos que, por guardar el secreto, no hemos conquistado derechos ni hemos adquirido una ciudadanía equiparable a la de los ciudadanos/as heterosexuales. Descubrimos que si no nos visibilizamos no podemos denunciar ni combatir la homofobia y el odio, que el estigma es un arma que entregamos en manos de quien nos quiere invisibles. Entonces comprendemos que la existencia homosexual tiene que ser tan pública como lo es la heterosexualidad, que si aquella no se visibiliza esta siempre se presume, por defecto. El derecho a la privacidad no puede ya ser invocado en un contexto en el que lo que se pretende es, justamente, obligarnos a llevar vidas privadas (únicamente a las personas homosexuales; la heterosexualidad es necesariamente pública). El derecho a la privacidad, antaño invocado, ahora se convierte en la reclamación del derecho a la igualdad y a la libertad. Siguiendo la estela del movimiento feminista, lo personal se hace político.  

El Estado, defensor a ultranza del heterosexismo, pugna por devolvernos al armario (como ocurrió en el caso de Dolores Vázquez), pugna por dificultar en lo posible la expresión pública de la existencia homosexual (y de las disidencias sexuales en general). Más o menos lo que hoy siguen diciendo en Vox: “No tengo nada contra ellos pero…¿Por qué tienen que contarlo?” Nos quieren dentro, pero nosotras hemos comprendido que la visibilidad es el arma más potente que tenemos. Cuando nos dejamos encerrar en el armario todas nos hacemos más vulnerables. El mecanismo del armario pretende evitar, mediante la violencia real o simbólica, que nos visibilicemos, es decir, que nos politicemos. Hace difícil salir y, cuando se sale, presiona constantemente para devolverte al interior, incluso aunque la persona no lo desee. Nunca se acaba de salir, la lucha es constante y diaria. Cada vez que en el trabajo o en cualquier sitio me preguntan por un marido o un novio, me están obligando a tomar una decisión política, no siempre fácil, que no todo el mundo puede enfrentar con la misma seguridad. Esta presión sólo terminará cuando hayamos destruido todos los armarios, cuando toda la diversidad sexual sea tan visible y legítima como la heterosexualidad. A estas alturas, desde un punto de vista progresista, no podemos asumir que exista un supuesto derecho al armario. 

En estos días estamos recordando que lo que condenó a Dolores Vázquez no fue su lesbianismo, sino el manejo que los medios y el Estado hicieron del mecanismo del armario donde la sospecha se extendió como una falta monstruosa que nadie nombraba pero que, precisamente por eso, tuvo fácil conectar con miedos y prejuicios que sólo pueden combatirse desde la visibilidad. Si Dolores Vázquez hubiera podido posicionarse claramente fuera del armario en aquel momento (no tuvo la oportunidad), los prejuicios no hubieran prendido tan fácilmente; se la hubiera podido defender de aquello que no se nombraba y que contribuyó enormemente a condenarla.

No hay homofobia en decir que Vito Quiles es gay, decirlo no es algo que pueda criticarse porque lo contrario, defender que Vito Quiles tiene derecho a mantener ese secreto, sólo sirve para reforzar las paredes del armario que nos oprime a todos y todas y favorece el crecimiento de la homofobia. En general, no aparece la ocasión de mencionar que alguien es gay o deja de serlo, pero si dejamos de hacerlo por considerarlo un asunto privado estamos apelando a la tolerancia liberal y asumiendo un pacto reaccionario sobre la necesidad del secreto. 

Si sacar del armario a un fascista le hace daño es porque esta persona se sitúa a sí mismo en un contexto de defensa del machismo y de la homofobia. En lo que a mí respecta, bien por Sarah. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Rocío Wanninkhof tenía 19 años cuando fue asesinada. Era otoño de 1999, en Mijas (Málaga). El crimen tuvo un impacto mediático sin precedentes, atravesado por la desinformación y el señalamiento taxativo de una mujer como culpable: Dolores Vázquez, pareja de la madre de la víctima. Los medios colocaron enseguida sobre ella el título de criminal, esquivaron las evidentes raíces machistas del asesinato e introdujeron lo que más tarde pasaría a engrosar los manuales de comunicación como pena de telediario. En las entrañas del caso subyacía una latente lesbofobia que encontró acomodo social y judicial, terminando con la condena de la principal sospechosa. 

Casi tres décadas después, no queda ya quien dude de la violencia institucional que pesó sobre la acusada en falso. Y por eso, son las propias instituciones quienes comienzan ahora a pronunciar un perdón público: el Ministerio de Igualdad le entregará el próximo 27 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad.

Dolores Vázquez fue declarada culpable de asesinato por un jurado popular. La Fiscalía la describió como una mujer con una personalidad "muy pusilánime y muy gallega", atravesada por "explosiones de ira" y absolutamente "desquiciada" en el momento de los hechos, debido al fin de la relación afectiva con la madre de la víctima. El grueso de los medios de comunicación apuntalaron su imagen de mujer fría, agresiva y temperamental. Permaneció 519 días en prisión, hasta que el hallazgo de una segunda víctima, Sonia Caravantes, dio un vuelco al caso.

"El retrato que se hizo de ella fue fundamental en su culpabilización y en el hecho de que podamos decir que fue un caso de lesbofobia". Habla Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). Los medios enseguida la presentaron como "una lesbiana monstruosa, en el sentido en que tradicionalmente se ha representado a las lesbianas desde la misoginia", abunda la autora a preguntas de este diario.

Sobre Dolores Vázquez se arrojaron todos "los estereotipos de esa lesbiana perversa", ligándola a una persona "masculinizada, agresiva, desagradable, sexualmente perversa y pervertidora de mujeres inocentes, antipática, capaz de todo, tirana con sus empleados y envidiosa de la maternidad ajena". El caldo de cultivo perfecto para hacerla encajar en el molde de culpable.

"Los medios de comunicación tuvieron un papel esencial a la hora de construir un retrato de Dolores Vázquez que casaba con prejuicios instalados en el imaginario colectivo y que dibujan a las mujeres lesbianas como personas perversas, incluso retorcidas y amargadas", hilvana Charo Alises, abogada y activista en la Federación Estatal LGTBIQ+, quien se detiene en los prejuicios sociales respecto a las mujeres lesbianas. 

El calado social fue inmediato. No hubo expresiones de apoyo a Dolores Vázquez, apenas existió un análisis crítico de lo que estaba sucediendo y nadie se concentró a las puertas de los tribunales para denunciar el linchamiento contra la principal acusada. 

El mecanismo de señalamiento fue milimétricamente articulado: "Nunca se dijo públicamente que era lesbiana porque eso hubiera permitido entender y combatir la imagen que se estaba dando de ella", pero al mismo tiempo "se expusieron todos los estereotipos negativos que se asocian a dicha condición", abunda Gimeno. En definitiva, "el armario funciona avisando a los demás de lo que les puede pasar si se atreven a solidarizarse con la persona atacada".

Así lo entiende también Violeta Assiego, abogada especializada en derechos humanos. "El hecho de ser una mujer lesbiana activó un juicio social previo que no se quedó en el ámbito mediático, sino que permeó el proceso penal y condicionó la decisión del jurado popular", asiente en conversación con este diario. El jurado tomó la decisión de declararla culpable "en un contexto fuertemente atravesado por prejuicios, donde la imagen construida de Dolores Vázquez funcionó como un relato verosímil en aquella época que suplía la falta de evidencias".

La mayoría del jurado la encontró culpable, a pesar de la ausencia de pruebas. "Los estereotipos la señalaron socialmente y operaron como un marco interpretativo desde el cual se juzgaron los hechos, anulando la presunción de inocencia y basándose en prejuicios, en vez de en pruebas", sostiene Assiego. 

No fue hasta 2003 cuando el verdadero asesino de Rocío Wanninkhof fue identificado. Tony Alexander King, un agresor machista, un violador y un "auténtico cazador de mujeres", define el periodista José Antonio Sau. El criminal era un viejo conocido de las autoridades: había cometido delitos de la misma naturaleza en Reino Unido y el Gobierno de España había recibido en 1998 la alerta de que se encontraba en suelo español y era peligroso. 

Assiego cree que existió una "clara ausencia de perspectiva de género en la investigación del caso y su enjuiciamiento", un procedimiento en el que "no se contempló la hipótesis de un crimen sexual machista, pese a que esos eran los indicios que fueron determinantes cuando se identificó al verdadero autor". Esa ceguera, completa Gimeno, "permitió que el asesino no solo siguiera libre, sino que asesinara a otra mujer".

Dolores Vázquez nunca fue indemnizada. Lo solicitó en julio de 2015, pero el Tribunal Supremo desestimó la demanda por un defecto formal. Pasó 17 meses en prisión y alrededor de una década en Reino Unido, hasta que decidió regresar. En un documental emitido hace cuatro años, ella misma sostenía que, al margen de la reparación económica, le bastaría con un perdón: "Siempre lo he pedido. Que admitan que se han equivocado conmigo".

La misma idea volvió a expresarla el año pasado en su Betanzos (A Coruña) natal, en la recogida del XVII premio Úrsula Meléndez de Texeda. "Necesito que el Gobierno me pida perdón", manifestó públicamente.

El acto organizado por el Ministerio de Igualdad busca, en parte, curar esa herida todavía abierta. "Es un acto de homenaje y reparación", asiente Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+. "Es muy importante reconocernos en el pasado porque no hay democracia sin memoria", añade a preguntas de este diario. A su juicio, este caso debe estar "siempre presente, especialmente para que nunca se repita una situación como la que vivió ella". Es, a su juicio, un símbolo "pero ante todo es una persona que fue muy maltratada y que merece todo el cariño".

Precisamente en la garantía de no repetición se detiene Assiego. Si bien el perdón institucional "tiene un valor simbólico, jurídico y democrático", lo cierto es que "llega tarde y corre el riesgo de que se quede en algo decorativo si no se va más allá del acto institucional". Para la jurista, nombrar la injusticia "es imprescindible para restituir, en la medida de lo posible, la dignidad de Dolores Vázquez", pero también estima que los efectos de esa reparación tendrían que ser más amplios. 

"Debería tener un valor jurídico en términos de garantías y dar pie a que se comprobase si, en la actualidad, las prácticas judiciales, la conformación de los jurados, los protocolos y los estándares probatorios impedirían que se produjera el mismo resultado", plantea la abogada.

En todo caso, zanja la Assiego, el peso del perdón está ligado "al valor que la propia Dolores Vázquez le dé". Es a ella, afina, a quien "hay que pedir perdón y es a ella a quien hay que escuchar y no a los representantes de los ministerios o a quienes han estudiado y escrito sobre esto". Su voz, zanja, es ahora la más importante de esta historia.

La población LGTBIQ+ no se libra del odio: el 54% del colectivo afirma haber sido víctima de algún tipo de ataque en el último año, motivado por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Así lo indica el informe Estado del Odio 2026, una investigación publicada este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ a partir de una encuesta realizada por el centro demoscópico 40dB. "Una proporción significativa" de esta comunidad continúa "enfrentándose a incidentes motivados por prejuicio o rechazo hacia su orientación sexual, identidad o expresión de género, o por sus características sexuales". 

Los resultados de la encuesta arrojan datos alarmantes: el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia. "Si el odio avanza, la protección debe hacerlo a pasos más agigantados, porque solo así podremos frenar la violencia que viven cada día miles de personas", ha sentenciado la presidenta de la Federación Estatal, Paula Iglesias. 

Sin embargo, advierten los autores del informe, ninguno de estos fenómenos sucede de forma aislada: "Una proporción considerable de personas declara haber experimentado múltiples formas de violencia de manera simultánea". Y un 11% asegura haber sufrido las tres situaciones de forma conjunta. "Este patrón sugiere que, para una parte significativa de las víctimas, estos episodios no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo, siendo, además, igual de frecuentes todas las formas de violencia", en palabras de la responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal, María Rodríguez.

La violencia que sufren las personas del colectivo se produce a la vista de toda la población. La calle es el espacio que con mayor frecuencia se convierte en un escenario de odio (32%), seguido del centro de trabajo (13%), los espacios de ocio (13%) y el transporte público (9%). Pero ni siquiera los espacios que se presuponen seguros son garantía para estas personas: el 11% reporta violencia en el ámbito familiar.

El odio contra el colectivo ha encontrado, en los últimos años, expresiones más amplias gracias a la inestimable ayuda de las redes sociales. Los insultos en el entorno digital constituyen la forma más frecuente de violencia en el plano online, mencionados por el 18% de las personas encuestadas. A ello le sigue el aislamiento o rechazo (13%) y la discriminación laboral en plataformas digitales (11%). El 7% de las personas del colectivo declaran, además, haber sufrido coacciones, amenazas y sextorsión.

Instagram es la red social más señalada por las personas del colectivo (29%), seguida de X (25%), Facebook (17%) y TikTok (16%). Se trata de espacios donde "la interacción con personas desconocidas es más frecuente y los mecanismos de moderación o control social pueden ser más limitados", expresan los autores del informe.

El problema estructural que implica el odio generalizado contra el colectivo se ve alimentado por otra gran brecha: la falta de recursos a la hora de dar la voz de alarma. La inmensa mayoría de expresiones de odio son susceptibles de ser denunciadas, insiste el informe, pero el problema de la infradenuncia sigue enquistado.

El 65% de las personas encuestadas optó por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acudió a alguna asociación especializada. Únicamente el 35% decidió llamar a la puerta de alguna comisaría.

Las razones que disuaden a las personas del colectivo a la hora de denunciar son diversas: no conceder importancia a lo sucedido es citado por el 25%, la vergüenza disuade al 19%, mientras que el 13% sencillamente reconoce que no se le ocurrió. El 12% se instala en la normalización de la violencia al destacar que le sucede todo el rato. Sin embargo, la mayoría evita denunciar por motivos relacionados con el trato que esperan recibir: un 24% pensaba que no le iba a servir para nada y el 13% asumía que no le iban a creer. El 16% no confía en la Policía e incluso piensa que la respuesta entre las autoridades será discriminatoria.

Entre quienes denuncian, lo cierto es que las experiencias negativas prevalecen con mucho (74%) sobre las positivas (57%). Las voces recopiladas para la confección del estudio reportan que la Policía minimizó lo sucedido, hizo sentir mal a la víctima, formuló preguntas incómodas o negó la raíz LGTBIfóbica del hecho denunciado a través de sus comentarios.

“Volví a su habitación y me desnudé como lo haría una mujer al adentrarse en una pira. Cien manos de fantasmas me sostenían las piernas y la espalda, y evitaba que las dudas me aflojasen los miembros; todas las mujeres del mundo me contemplaban”. Todas las mujeres se titula justamente el último capítulo de La mala costumbre, novela que Alana S. Portero publicó a mediados de 2023 desde su convencimiento de las posibilidades expansivas de la autoficción. Estaba narrando su vida individual como mujer trans, desde luego, pero no existe tal cosa como una vida sin otras vidas dentro, y su historia era trascendida por toda una comunidad de sentimientos y lazos.

El poder de esta novela —la razón por la que resulta tan conmovedora— radica en su carácter de crisol, a partir del cual ni siquiera cabría erigir a Portero como portavoz de una identidad, un colectivo o lo que sea. Portero, según sus diversas particularidades, constituye una energía dinámica y dialéctica que comunica con muchas otras —generacionales, de género, de clase— para finalmente apuntalar una estética adaptable. Muchas otras mujeres obreras —en definitiva, todas las mujeres— encuentran un espacio en ella. Pueden reconocerse en ella, en La mala costumbre. Incluida una mujer intersexual, como es la que protagoniza Mi querida señorita.

Mi querida señorita es el primer guion de Portero para cines y lo declama como protagonista Elisabeth Martínez. A Martínez le pasó lo que a Adela: nació con rasgos sexuales biológicos que no encajaban con un cuerpo convencionalmente femenino o masculino. Sus circunstancias difieren, obvio, de la condición trans de Portero. Y aún así parece adecuado que sea Portero la principal voz creativa del film, acudiendo a actualizar una película de hace 54 años que fue un éxito en taquilla sin que por ello el término intersex llegara a ser interiorizado entonces por la población española. Sin que esa historia, la historia de Adela, pudiera aspirar a ser la de alguien más.

Los artífices de esta película —que llegará al catálogo de Netflix el 1 de mayo previo paso por cines desde el 17 de abril— aseguran que esa es la principal motivación tras el remake de Mi querida señorita: llamar a las cosas por su nombre. Concretar el vínculo de su personaje con el colectivo queer y hacerlo con una actriz propiamente intersex, luego de que en 1972 José Luis López Vázquez hubiera sido el intérprete de Adela. Y lo hubiera sido con temores comprensibles: Vázquez era una estrella de la comedia tardofranquista, y pensaba que al público se le iba a escapar la risa floja frente a su personaje. Al fin y al cabo, aparecía disfrazado de mujer. 

Los guionistas de Mi querida señorita eran Jaime de Armiñán (también encargado de dirigir) y José Luis Borau, poco antes de consagrarse ante la crítica con el estreno de Furtivos en 1975. Mi querida señorita planteaba los dilemas de una mujer de mediana edad a la que de pronto le aseguraban que siempre había sido un hombre. La descripción actual de este film dentro del catálogo de Netflix sostiene que el médico le revela que “es intersexual”, lo que es falso y únicamente se adecua a la inminente pertenencia a ese mismo catálogo del remake. El médico le dice a Adela que es un hombre, y Adela asume que ha de empezar a vivir como tal.

De ahí viene el conflicto del personaje y una bienintencionada reflexión sobre el carácter más allá de las asignaciones sociales, que pudo esquivar la censura franquista gracias a su falta de interés (o de conocimiento) en explicitar ciertas cuestiones. Y no solo la esquivó, sino que Mi querida señorita fue la película más taquillera en España durante su año, llegando incluso a ser nominada al Oscar a Mejor película de habla no inglesa. El premio se lo arrebató un compatriota, Luis Buñuel, tras haber producido en Francia El discreto encanto de la burguesía.

El legado de Mi querida señorita es complicado de cifrar. Sin duda existe un valor en la sensibilidad con la que narra la historia y este valor no precisa de detalles nominales o teóricos para calar: tal y como está configurado es suficiente para atender a la asimetría de géneros en la España de la época —las dificultades de Adela al intentar vivir como un hombre—, o desarrollar un poderoso romance (el de López Vázquez con Julieta Serrano) que desmantela cualquier binarismo. Al mismo tiempo es una película inmensamente tosca, de formas relamidas —la cursi banda sonora de Rafael Ferro, la ruidosa pulsión melodramática—, que fuerza a justificar su permanencia en la conversación contemporánea más por una cuestión de intenciones que de resultados.

Que se haya regresado a una película así —tan extravagante y solemne que ni siquiera encuentra afinidad con el camp o unas formas pre-almodovarianas— en 2026 obedece a una industria deseosa de releer iconos. Suma Content lleva haciendo algo parecido desde su fundación a manos de los Javis la década pasada. La huella de sus productores se deja notar en la voluntad de Mi querida señorita de explicar y contextualizar las oclusiones de la versión de los 70, y de hacerlo con un talante pop. Tan melodramático, a su modo, como el de Armiñán, aunque este sea reemplazado por un artífice de taquillazos patrios y fenómenos adolescentes estilo Tres metros sobre el cielo.

Nos referimos a Fernando González Molina, el director. Y aún así no hay que engañarse. Si hay una voz creativa central en esta nueva versión de Mi querida señorita —mucho más que la de Borau o Armiñán y mucho más que la entonada por la escuela de los Javis— esta es la de Portero. La autora de La mala costumbre se ha adueñado de Mi querida señorita, y con tal fiereza como para que las virtudes y defectos del film sean prácticamente de su responsabilidad exclusiva.

La película producida por Netflix realiza un par de guiños a la original setentera. La visualización de la traumática huida de Adela a Madrid, un par de planos donde aparece atusándose distraída un bigote remitente a López Vázquez. En ese sentido no despacha su parentesco como una mera propiedad intelectual y la estructura narrativa es en buena parte la misma, manteniendo personajes centrales como el pretendiente de Adela (de Antonio Ferrandis a Eneko Sagardoy) o la chica cuyo amor sobrevive a la traumática revelación del médico (de Julieta Serrano a Anna Castillo).

Es a fin de cuentas un remake puro y duro. Y lo es en una medida oportuna y trabajada desde el mero ejercicio divulgativo, que resulta ejemplar. La odisea de esta nueva Adela, que trabaja como catequista y dependiente de una tienda de antigüedades en Pamplona, está enfocada desde una mirada tan tierna y comprensiva como la quisiera plantear originalmente Armiñán, sin que desentonen las explicaciones extra alrededor de la identidad de la protagonista. Siendo evidentemente una adecuación a la época y un trasvase de significados, la propuesta está ejecutada con cuidado y empatía, seguramente desde una documentación muy asesorada. 

Sin embargo Mi querida señorita no es la misma película que la de 1972, y esta diferencia no se fundamenta únicamente en la aclaración de su personaje como sujeto intersexual. Pues este personaje está rodeado de otras circunstancias clave: una ambientación temporal —finales de los 90, a caballo del norte y el centro de España—, la presencia de la religión católica —entre la fe de Adela y su apoyo en el cura gay que interpreta Paco León— y sobre todo la progresiva edificación de una comunidad, con la que Adela se topa al llegar a la capital. Otros sujetos queer, algunos tan confusos como el de ella, en cuya compañía se reconoce y se funde. 

Este planteamiento, naturalmente, recuerda mucho al de La mala costumbre y al propio recorrido vital de Portero —que llega a hacer un cameo en una escena de la película—, confirmando a Mi querida señorita más como una expansión de los postulados de su novela que como una revisión contemporánea de un ¿olvidado? film de los 70. Lo que, en la medida que Portero escribe diálogos como escribió situaciones y arcos en su libro, depara varios problemas. Mi querida señorita transcurre entre personajes que, con las emociones a flor de piel, ansían compartir reflexiones y enseñanzas como taglines que no solo iluminen a Adela, sino a todo el futuro del colectivo queer.

Se trata de una metralla emocional que llega a extremos ridículos y estomagantes, y que en su reiteración —a la que no ayuda nada las formas asépticas del estándar Netflix— llega a enfangar el desarrollo narrativo del film. En otras ocasiones, sin embargo, la visceralidad de Portero y las interpretaciones de todo el elenco logran imponerse a estos histrionismos, y se abraza una verdad emocional que resuena y eleva a Mi querida señorita por encima del precedente setentero. 

No demasiado, claro. Hablamos de buenas intenciones, aciertos dispersos, que al final no han terminado de modular ninguna versión realmente memorable de la historia de Adela. Sí han pulido, a cambio, un imaginario que por suerte va haciéndose más y más grande. Donde caben todas las mujeres, todos los cuerpos, todas las personas que solo se entienden junto a otras personas.

Febrero de 2025. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a las principales entidades LGTBIQ+ de su país. Lo hace para lanzarles una advertencia: que no pierdan el tiempo en organizar el próximo Orgullo. Sus palabras no eran sino una amenaza velada, la guinda de una ofensiva contra el colectivo macerada a lo largo de todo su mandato y puesta en práctica con fervor en el último lustro. Aquel ataque directo se transformaría enseguida en una prohibición explícita, pero se topó con algo que no figuraba en los planes del mandatario: la oposición en las calles de todo el mundo. Orbán no se saldría finalmente con la suya, pero sus políticas han generado un daño irreparable para los derechos del colectivo, las mujeres y las personas migrantes. La cita electoral de este domingo obliga a no apartar la mirada de un país que se ha convertido en punta de lanza de la ofensiva reaccionaria en suelo europeo. ¿Es posible revertir los retrocesos y recuperar el rumbo?

"El Gobierno de Hungría ha promovido medidas anti-LGTBIQ+ como parte de una estrategia más amplia de política cultural nacionalista", introduce Dóra Sós, portavoz de la organización húngara Háttér Society. El partido gobernante, continúa la activista, moviliza a su base principal presentando a las personas LGTBIQ+ y la llamada "ideología de género" como una "amenaza para los niños y las familias tradicionales, frente a la cual solo ellos pueden proteger el tejido de una sociedad húngara basada en familias tradicionales". 

Lo cierto es que si existe un lugar que ostenta el dudoso privilegio de alzarse como la cuna de la retórica ultra, ese sitio es la Hungría de Viktor Orbán. El primer ministro sembró con sus políticas reaccionarias lo que pronto se convertiría en un ataque sin paliativos contra los derechos del colectivo, elogiado por sus homólogos europeos y replicado globalmente. Con ese telón de fondo, no parece sencillo reparar las heridas provocadas por las políticas del líder ultra, pero además los comicios de este domingo tampoco ofrecen una alternativa clara hacia un cambio sustantivo. 

El principal opositor y líder en las encuestas, Péter Magyar (Tisza), tiene una posición deliberadamente tibia en lo que respecta a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. No condena explícitamente las políticas del actual primer ministro, pero tampoco las respalda. Ninguna propuesta, ni iniciativas concretas, ni una hoja de ruta clara. Sencillamente, las políticas de igualdad no están entre sus prioridades. 

"Su compromiso con los derechos LGTBIQ+ sigue sin estar claro", asiente la activista húngara. Pero además, añade, incluso en caso de un cambio de poder, "las arraigadas barreras institucionales hacen que cualquier restablecimiento significativo de los derechos probablemente sea gradual y esté lejos de estar garantizado". Los activistas sí confían, en cambio, en un empuje a golpe de tribunales. "Tisza se ha comprometido a restablecer el Estado de derecho, así que es probable que no se cuestione el cumplimiento de las sentencias dictadas por Europa".

Es hacia Europa, precisamente, hacia donde miran todos los ojos. "Para acceder a los fondos europeos –actualmente congelados–, es necesario que se pongan en marcha cambios legales", recuerda Esther Martínez, directora de la asociación Reclaim, con sede en Bruselas. La duda radica en el nivel de exigencia por parte de las instituciones europeas: "El riesgo está en conformarse con un cambio en el poder y premiar a Péter Magyar con un acceso a los fondos, antes de que lleve a cabo los cambios".

En este artículo, el analista político Eric Maurice sostiene que, si finalmente Viktor Orbán sale del poder, la Unión Europea se enfrenta al dilema de cómo apoyar una necesaria transición democrática. "Si bien la UE ha desarrollado herramientas para sancionar el retroceso democrático, carece de un marco claro para apoyar y garantizar la recuperación", escribe. No basta con aplaudir un cambio de liderazgo, sino que se hace necesario vigilar cómo se expresa ese relevo desde un punto de vista material y normativo.

Luca Dudits, responsable de incidencia política de la organización ILGA-Europe, recuerda que la Unión Europea "tardó en actuar cuando se introdujeron las primeras medidas" antiderechos, y la situación "se ha deteriorado desde entonces". Por ese motivo, coincide en que las instituciones europeas "no deben repetir ese patrón y tienen que utilizar todas las herramientas disponibles, incluidos los procedimientos de infracción y las medidas provisionales, cuando los derechos fundamentales estén en peligro".

¿Y cuáles son esas leyes e iniciativas que han puesto en peligro a la ciudadanía húngara? "El modus operandi del Gobierno consiste en señalar a un grupo cuyo apoyo social es relativamente bajo, convertirlo en chivo expiatorio y estigmatizarlo", expone Dóra Sós. Esta táctica busca la polarización, asentando la narrativa del "nosotros contra ellos". Esta dinámica "legitima medidas más duras y un control centralizado más estricto" contra los miembros del grupo "señalado como enemigo", a quienes se les presenta como "una amenaza para la soberanía de Hungría". Comenzó, recuerda la activista húngara, con las personas migrantes allá por 2015, al calor de la crisis migratoria, y se desplazó "hacia la comunidad LGTBIQ+ a partir de 2018 aproximadamente".

En el año 2020 saltó por los aires el reconocimiento legal de las personas trans y quedó prohibida la adopción para parejas del mismo género. Un año después, el Gobierno de Hungría aprobó una ley bajo el pretexto de proteger a los menores, cuyo articulado censura la divulgación o representación de las realidades LGTBIQ+ ante personas menores de edad. La ley afecta a medios de comunicación, publicidad, escuelas y parte de una base: la equiparación del colectivo con la pedofilia. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene pendiente emitir una sentencia sobre esta norma, después de que 16 Estados miembros, el Parlamento y la Comisión Europea la llevaran ante la justicia. Por el momento, la abogada general del tribunal, Tamara Ćapeta, expresó el verano pasado que, en su opinión, el país había vulnerado el Derecho de la Unión Europea. 

Orbán también ha estrechado el cerco alrededor de los derechos reproductivos de las mujeres, una ofensiva ligada a un espíritu natalista de sus políticas y a la defensa de la familia tradicional como epicentro. En la Constitución que Hungría aprobó en 2011 –llamada Ley Fundamental–, el líder blindó la protección de "la vida fetal desde la concepción", una declaración de intenciones de su ideario ultra. En 2022 aprobó un decreto que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, inspirando a la extrema derecha de todo el mundo.

Hungría se negó a ratificar el Convenio de Estambul, el principal instrumento a nivel europeo de compromiso contra la violencia machista. Y según el último Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE), el país está en el penúltimo puesto en materia de igualdad. 

Buena parte de los cambios para revertir esas políticas, en todo caso, requerirían amplios consensos en el plano político. "La modificación de la Ley Fundamental o la ley de protección a la familia necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento", recuerda Dóra Sós. E incluso aquellas leyes que podrían derogarse por mayoría simple deben llevar aparejada una "voluntad política que hasta ahora no hemos visto de forma inequívoca, o que exigirían una legislación compleja". El camino, sea cual sea el resultado del domingo, parece largo todavía.

Especialmente porque no se trata únicamente de cambios legislativos, sino de reconstruir todo un país arrasado por el odio, una sociedad en la que han permeado los discursos difundidos por el altavoz institucional de la extrema derecha.

"En la última década, el sentimiento anti-LGTBIQ+ ha ido en aumento", lamenta Luca Dudits. La administración de Viktor Orbán "ha demostrado que instrumentalizar a las minorías sociales sigue siendo una estrategia política conveniente, utilizada a menudo para desviar la atención de los retos económicos, los escándalos políticos o cuestiones sistémicas como la sanidad o la educación", continúa. Y desde entonces, políticos de todo el mundo "han adoptado tácticas similares, a veces junto con ataques más amplios contra los derechos sexuales y reproductivos y restricciones en los sistemas de asilo y migración". Pero además, Orbán ha sido capaz de tejer toda una red de organizaciones, fundaciones y lobbies financiados con dinero público para exportar su agenda autoritaria.

Se trata de estrategias que tienen un impacto, contribuyen a "crear un entorno hostil" y aumentan "el riesgo de discriminación y violencia". Frente a ello, las organizaciones de la sociedad civil "colaboran cada vez más para reconstruir la cultura democrática y hacer frente a la normalización del discurso del odio", asiente la portavoz de ILGA-Europe. Y ahí es donde sitúa la clave de cara a la construcción de un nuevo escenario esperanzador: "Este tipo de solidaridad entre movimientos es esencial para restablecer la confianza en las instituciones y reforzar la resiliencia democrática".

Coincide Marta Alonso, miembro de la ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), quien equipara las tareas de reparación con el periodo de transición en suelo español tras la dictadura franquista. "Una ley se puede modificar rápido, pero el cambio social requiere de un trabajo de fondo, planificado y a largo plazo", afirma al otro lado del teléfono. Eso sí, recuerda, en Hungría las activistas y organizaciones sociales tienen especialmente difícil hacer pedagogía, debido a la persecución impuesta a golpe de ley, así que el primer paso es necesariamente desarticular toda esa estructura institucional construida sobre las bases del discurso de odio. "Si se levantan esas restricciones, al menos tendríamos por dónde empezar", clama.

El Gobierno ha decidido homenajear la lucha del colectivo LGTBIQ+ durante la dictadura. Para ello, este viernes 27 de febrero, la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, será declarada Lugar de Memoria Democrática, convirtiéndose así en el primer emplazamiento en recibir esta distinción en Canarias. Este espacio, un campo de trabajos forzosos para homosexuales, simboliza la represión institucional contra el colectivo LGTBIQ+ que se produjo en la zona durante el franquismo.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha organizado, en el marco de la declaración, un acto en el que participará el propio ministro Ángel Víctor Torres que ha asegurado que este reconocimiento sirve "para responder a la dignidad del colectivo LGTBI+" y homenajear a los alrededor de 100 reclusos que vivieron en condiciones infrahumanas en este lugar.

El evento comenzará a las 11:00 horas (12:00, hora peninsular) en el propio enclave de la Colonia y se podrá seguir en directo a través de La 2 y del canal 24 horas de RTVE. Lo presentarán los periodistas Luis Guilera y Fátima Hernández y, además de la presencia del ministro Torres, contará con una mesa de debate y la entrega de diez declaraciones de Reconocimiento y Reparación a víctimas y personas destacadas del movimiento LGTBIQ+. Sumado a esto, habrá actuaciones musicales de Julia Rodríguez y Pasión Vega.

El ministro Torres, que fue presidente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, tiene una implicación especial en esta declaración, no solo porque se trata de una medida que ha impulsado su departamento sino porque se trata del primer espacio que recibe en las islas el reconocimiento como Lugar de Memoria. Por ello, Torres celebra este reconocimiento y defiende que la represión contra los que se declaran homosexuales “nunca más se vuelva a repetir”.

En este contexto, además, el ministro ha recordado también la reciente decisión del Consejo de Ministros de elevar al Tribunal Constitucional la ley de la Comunitat Valenciana contra los derechos de las personas trans. El paso de recurrir al máximo tribunal de garantías ha sido una medida impulsada por el ministerio que encabeza Torres junto al de Igualdad: "Lo hicimos también con respecto a la Comunidad de Madrid, y lo vamos a hacer con respecto a cualquier comunidad que apruebe leyes de involución", ha subrayado el ministro.

En la árida llanura majorera, lejos de los focos y del escrutinio público, funcionó entre 1954 y 1966 la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, un espacio que simboliza la represión institucional contra los homosexuales durante el franquismo. Amparada en la Ley de Vagos y Maleantes, que fue reformada en 1954 para incluir expresamente a las personas homosexuales, la colonia operó como un campo de trabajos forzosos donde decenas de hombres fueron internados sin garantías judiciales efectivas, sometidos a castigos físicos, humillaciones y a un régimen de disciplina extrema bajo la coartada de la "rehabilitación moral".

Tefía fue un dispositivo de escarmiento y estigmatización social. En condiciones de aislamiento, pobreza material y violencia cotidiana, el franquismo convirtió la orientación sexual en delito y enfermedad, legitimando una política de exclusión que marcó de por vida a sus víctimas. Hoy, la memoria de Tefía forma parte de la reparación democrática pendiente: recordar lo ocurrido como ejercicio histórico y como exigencia ética frente a la persecución institucionalizada que sufrieron quienes simplemente desafiaban la norma sexual impuesta por la dictadura.

En noviembre de 1975, apenas unos días después de la muerte del dictador, centenares de mujeres celebraron en Madrid las primeras Jornadas de Liberación de la Mujer en semiclandestinidad. Medio siglo después, esa memoria volvió a ocupar el centro del debate en la conversación “Igualdad de género y derechos conquistados”, organizada por infoLibre dentro del proyecto La Memoria que Somos, con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en libertad.

El encuentro estuvo moderado por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, y reunió a la activista, feminista y experta en políticas de género, Justa Montero, y a Daniel Valero 'Tigrillo', creador de contenido, escritor, periodista y columnista de infoLibre, en un diálogo intergeneracional con la participación de estudiantes y jóvenes desde el público.

La intervención de Justa Montero desmontó uno de los mitos más extendidos sobre la Transición: el de un proceso pacífico y ordenado, casi providencial. Franco murió “matando”, recordó, con fusilamientos apenas dos meses antes de su fallecimiento. Y tras su muerte, el aparato del Estado permaneció intacto: represión policial, violencia de la ultraderecha, asesinatos como los de Atocha o la matanza de Vitoria en 1976.

Montero reivindicó el papel del movimiento feminista en aquel contexto de incertidumbre y riesgo. “Nada nos ha venido concedido por la gracia de no se sabe quién ”, subrayó. Cada derecho, desde la despenalización de la homosexualidad hasta el acceso al aborto, fue fruto de una lucha sostenida.

La memoria feminista, explicó, no es un apéndice del relato general sobre la dictadura, es una parte central. Miles de mujeres fueron internadas en cárceles, psiquiátricos o en centros del Patronato de Protección a la Mujer por romper el modelo de “buena esposa” impuesto por el régimen. Instituciones que, recordó, sobrevivieron hasta 1985. La represión no fue anecdótica: fue estructural.

Y, sin embargo, medio siglo después, el desconocimiento persiste incluso entre quienes han nacido en democracia. Los jóvenes presentes en el acto reconocían conocer poco o muy poco lo que era el Patronato de la Mujer u otro lugar de memoria como es el Pasaje Begoña, en Torremolinos, cuna de los derechos y libertades LGTBIQ+ en España.

Por ello, desde la otra orilla generacional, Daniel Valero puso el foco en el déficit educativo. La historia del franquismo, y en particular la represión contra mujeres y personas LGTBIQ+, apenas ocupa espacio en los currículos escolares. Muchos jóvenes, reflexionó Valero, desconocen hitos fundamentales de esa memoria, como el ya nombrado Pasaje Begoña en Torremolinos, uno de los primeros espacios de libertad para el colectivo LGTBIQ+ durante el franquismo, desmantelado por redadas policiales.

El también creador de contenido denunció que mientras el Stonewall estadounidense forma parte del imaginario colectivo, la historia LGTBIQ+ española sigue borrada. Y advirtió de las consecuencias: sin memoria, los derechos parecen naturales; y lo que parece natural, puede perderse sin resistencia. “Toda esa parte está borrada, entonces todo ese dolor ni siquiera está reparado. Si no está reparado, ¿cómo podemos mirar hacia un futuro en el que genuinamente tengamos una libertad que no está ser heredada de todo ese tiempo?”, reflexionó, pero añadiendo al mismo tiempo: “Tenemos muchísima historia que honrar y tenemos hitos históricos maravillosos en los que inspirarnos para decir, ‘Oye, la lucha no hay que abandonarla’”.

En este punto, el debate derivó hacia la educación sexual. Una estudiante de 18 años reconoció no haber recibido nunca formación en este ámbito. Para los participantes en la mesa, esa carencia no es neutra: deja espacio a discursos reaccionarios que promueven modelos rígidos de masculinidad y feminidad, hoy reciclados por la extrema derecha en clave digital.

Tanto Montero como Valero coincidieron en que los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ se han convertido en moneda de cambio en pactos políticos y en objetivo prioritario de la ofensiva ultraconservadora.

El aborto es un ejemplo paradigmático. Montero recordó cómo el movimiento feminista logró frenar en 2014 la reforma restrictiva impulsada por el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Pero alertó de que el derecho sigue siendo frágil: no todas las mujeres pueden ejercerlo en igualdad de condiciones, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular.

Valero amplió el foco: las personas trans, migrantes o racializadas son hoy chivos expiatorios en una estrategia que busca desviar la atención de las desigualdades económicas estructurales. Se trata, dijo, de una importación de guiones internacionales, desde Estados Unidos hasta Hungría, donde la ultraderecha necesita enemigos simbólicos para cohesionar a su base social.

Una de las preguntas más sugerentes del público planteó si el feminismo tiene una meta alcanzable o si está condenado a ser una lucha activa indefinida, y si esa ausencia de “final” puede resultar desesperanzadora.

Justa Montero respondió que el feminismo “tiene un horizonte, efectivamente”, pero que ese horizonte “va mucho más allá de lo que este sistema puede conceder”. No se trata de una meta cerrada ni de una fotografía fija del futuro, sino de un proceso colectivo de transformación profunda. Habló de que “el feminismo es una lucha contra el patriarcado que es también antirracista, anticapitalista, transinclusiva” y defendió que no puede reducirse a una apuesta individual —que agota—, sino que debe entenderse como un movimiento social plural. El horizonte, insistió, es “muy esperanzador”, aunque su forma concreta esté aún por construirse.

En esa misma línea, Daniel Valero coincidió en la necesidad de mantener una mirada esperanzadora. Admitió que no sabemos cuál será la “photo finish”, pero subrayó que el movimiento feminista y el LGTBIQ+ forman parte “de raíz” de esa transformación social más amplia. Para él, el avance no se mide en una meta cerrada, sino en algo más tangible: en que cada vez haya “un poquito más de confianza y de comodidad en un mundo que a mucha gente nos había dicho que no era para nosotras”. Ese desplazamiento —del miedo a la pertenencia— es ya, en sí mismo, una conquista política: “Creo que solo con eso, merece la pena seguir peleando para ver hasta dónde nos lleva”.

El título del proyecto, La Memoria que Somos, no es casual. La memoria no es un ejercicio conmemorativo, sino una herramienta política. Recordar que hubo mujeres encarceladas por besarse en un cine o por abortar es entender que los derechos no son un punto de partida, sino una conquista.

En un contexto de polarización y repliegue identitario, el mensaje que dejó la conversación fue inequívoco: la igualdad no está garantizada. Se construye, se defiende y se amplía. Y la única forma de hacerlo es desde lo colectivo, tejiendo alianzas entre feminismo, movimiento LGTBIQ+, antirracismo y defensa de los derechos sociales. Como señalaba Valero en una de sus intervenciones: “La ciudadanía no tenemos un poder enorme de manera individual, pero igual tampoco hace falta porque tenemos que buscarlo en el comunitario”.

Es en ese camino colectivo en el que hay que mirar hacia atrás, hacer memoria, porque tal y como recordó Marta Jaenes al cerrar el acto, la memoria no solo explica de dónde venimos. También marca hacia dónde queremos ir.

Laura (nombre ficticio), que se define bisexual, asexual y persona no binaria, tenía 20 años cuando su tía la expulsó de casa. “Siempre ha sido una persona bastante violenta y hubo una reacción violenta en el momento que se dio cuenta [de mi orientación sexual]”, cuenta a infoLibre. A pesar de que considera que no le obligaron a abandonar la vivienda solamente por su identidad, confiesa que este factor aumentó la tensión.

El caso de Laura es parecido al de Daniel, que se identifica como gay y que con 18 años abandonó su hogar familiar, al que describe como un “territorio hostil bastante complejo”. “Que yo fuese del colectivo nunca fue un problema directo, pero había comentarios y actitudes que me hacían sentir incomprendido y no escuchado”, explica a este medio.

Más de un tercio de las personas del colectivo LGTBIQ+ (el 36%) se ha encontrado en algún momento de su vida en situación de sinhogarismo. Esto no quiere decir que hayan estado viviendo necesariamente en la calle, también engloba a aquellas personas que no han conseguido estabilidad habitacional. Así lo establece el informe de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Estado LGTBI+ 2025: Informe Socioeconómico, que subraya que “la orientación sexual se erige como el principal argumento que justifica la expulsión residencial”. 

Es más, según el informe anual de la Mesa Técnica de Atención a personas LGTBIQ+ en riesgo de exclusión social de Madrid (Maper) –un foro de entidades sociales visibiliza la situación de las personas del colectivo LGTBIQ+ que están en riesgo de exclusión social y, especialmente, residencial–, el perfil social de las personas atendidas en 2024 por esta plataforma es joven, con una edad media de 32 años, dos menos que en 2023. “Principalmente se debe al rechazo familiar. Una vez que expresan su orientación sexual o su identidad de género a veces son invitados forzosamente a salir del domicilio, si no expulsados”, afirma a infoLibre el experto y trabajador social José Gabriel Rodríguez Pérez, que añade que el propio núcleo familiar a veces es el primer tipo de discriminación y violencia, seguido por el ámbito escolar.

Según este investigador, el factor edad influye en que muchas de estas personas emigren a otros países. De hecho, la gran mayoría de los solicitantes de las instalaciones de Maper (el 85,5%) procede de un país extracomunitario. Las nacionalidades más frecuentes son de Colombia, Venezuela y Perú. El informe de la plataforma sostiene que más de la mitad de estas personas extranjeras se encuentran en una situación administrativa irregular, lo que les hace, según la integradora social e investigadora Almudena Gómez Jiménez, “estar exentas al acceso de derechos sociales durante largos periplos de tiempo”, y puede implicar una mayor temporalidad de esta circunstancia.

“Hablamos de situaciones muy graves en las que muchas personas se ven obligadas a huir con lo poco que tienen, ante situaciones de alto riesgo donde sus propias vidas corren peligro, donde sus propias familias son los agresores o donde son expulsados de sus propios pueblos”, explica el investigador Juan Daniel Ugalde, secretario del Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión Social de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sin embargo, los expertos coinciden en que la exclusión residencial es multicausal y está relacionada con diversos factores como las adicciones, la salud mental o los problemas familiares, entre otros.

Aunque los hombres cisgénero gays concentran el mayor número de casos, los informes advierten de que las mujeres trans afrontan un riesgo significativamente mayor de exclusión. “El desconocimiento, el miedo a lo desconocido, los prejuicios y estereotipos hacen que, por desgracia, estas personas sufran un mayor índice de discriminación laboral y residencial, que, unido al frecuente rechazo familiar que padecen, dificulta sus posibilidades de inserción social y les hace víctimas fáciles de discriminación y más vulnerables a terminar en estas situaciones”, afirma Gómez Jiménez.

Rodríguez Pérez puntualiza que determinados estereotipos dirigidos hacia ellas dificultan el acceso al alquiler: “Piensan que le van a poner ahí un prostíbulo, que van a tener drogas y les suben incluso los alquileres”. En cuanto al desempleo, Ugalde señala que es uno de los principales motivos por los que el colectivo trans se mantiene en situación de calle: “Esto empuja a muchas mujeres trans a la marginalidad o al ejercicio de la prostitución como vía de subsistencia, si bien, no se puede generalizar y por suerte cada vez podemos ver más mujeres trans ocupando posiciones más visibles de cara a la sociedad que permiten ‘normalizar’ una realidad oculta hasta el momento”.

Precisamente, uno de los rasgos diferenciadores respecto a la población sin hogar en general es la posibilidad de ser objeto de discriminación “directa, indirecta y múltiple”, según Gómez Jiménez. Es decir, se trata de una vulnerabilidad que no es lineal ni única, sino el resultado de capas de discriminación que se superponen y refuerzan entre sí. Sin embargo, Ugalde señala que la cronificación de la situación de calle es mucho menor, en parte debido a la reducida edad media, que facilita mayores oportunidades de inserción laboral. “En algunos casos, hablamos de personas que incluso no han llegado a estar nunca en situación de calle o lo que llamamos tipología ETHOS 1 y 2, si no que han permanecido en una situación de couchsurfing, pernoctando en sofás de casas de amigos”, añade.

No obstante, las personas del colectivo también se ven expuestas a mayores riesgos. Según Ugalde, no solo es mayor el número de violencias con respecto a sus homólogos no LGTBIQ+ –con casi un 25% más de situaciones de riesgo–, sino que estas son más graves. El investigador señala que, además de sufrir agresiones y robos, también existe “un porcentaje llamativo de violaciones y abusos sexuales que apenas fueron reportados por personas sin hogar no LGTBIQ+”.

Ante esta problemática, existen diversas formas de superación: mientras que Laura consiguió en 2025 mudarse con su novio, Daniel vive solo en Madrid con varios trabajos. Este joven emprendió la búsqueda de un lugar mejor donde vivir, hasta que la Fundación Eddy-G se cruzó en su camino, y se convirtió en el primer usuario del hogar de acogida para jóvenes del colectivo que ofrecía esta institución. “Me dio mucha bondad normalizada, el poder ver a una persona independientemente de su identidad, de su orientación, que estaba en las mismas paredes que yo y decir, ‘wow, hermana, te entiendo’”, cuenta Daniel, que actualmente sigue colaborando en Eddy-G como voluntario.

Paula Avilés, trabajadora social de esta fundación, explica a infoLibre la importancia de un lugar exclusivo para personas LGTBIQ+: “Hace que exista un lugar de confianza donde puedan expresarse tal y como son y no sentir miedo de poder sufrir algún tipo de discriminación que sí que puede verse en sitios generalizados como los albergues”.

Otras asociaciones que ofrecen apoyo residencial y otros recursos son la Fundación Manolita Chen o Ahora dónde. Sin embargo, los expertos y las propias organizaciones señalan la escasez de plazas ofertadas como una traba a su labor. Otro de los retos es la financiación. Según cuenta Avilés, Eddy-G tendrá que afrontar 2026 sin dos de las principales subvenciones que sí tenía en el pasado: una de Fundación la Caixa y otra de la Comunidad de Madrid. 

A pesar de que España es considerado un país abierto en materia de derechos LGTBIQ+, la realidad de la exclusión residencial en este colectivo es difícilmente medible. Desde el ámbito académico, los expertos hacen hincapié en el escaso número de investigaciones sobre esta realidad y la dificultad para obtener muestras, sobre todo de mujeres trans. Según Ugalde, “los estudios internacionales nos indican que un alto porcentaje de la población en situación de sinhogarismo que vive en las calles pertenece al colectivo LGTBIQ+, sin embargo, en España apenas conocemos datos aislados en muy pocas ciudades”.

En la Comunidad de Madrid, los últimos datos publicados son de 2019 y pertenecen al Estudio Sociológico de las Personas LGTBIQ+ Sin Hogar, encargado por FACIAM –la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Personas Sin Hogar de Madrid– con la colaboración de la URJC. Organizaciones y plataformas como FELGTBI+ o Maper también realizan sus propios informes que sirven para ilustrar las dimensiones del problema. “Lo que no se estudia no se conoce y, por lo tanto, a la hora de desarrollar políticas o programas de intervención, es necesario conocer esta realidad para poder alcanzar los objetivos marcados con éxito”, afirma Ugalde.

La Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de prisión de hasta tres años para la concejala de Vox en el Ayuntamiento de València, Cecilia Herrero por la difusión reiterada de mensajes de odio contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad a través de la red social Twitter, actualmente X, entre los años 2020 y 2024, según recoge EFE.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la sección de Delitos de Odio del Ministerio Público secunda la apertura de juicio oral y reproduce una treintena de los referidos mensajes.

La Fiscalía sostiene que, durante al menos cuatro años, Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas abiertas al público para publicar mensajes dirigidos a “propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia distintos colectivos protegidos.

Por ello, atribuye a la procesada la autoría de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por fomentar el odio y la hostilidad mediante expresiones vejatorias, deshumanizadoras y estigmatizadoras, aunque plantea alternativamente una calificación menos grave dentro del mismo precepto penal (510.2 del CP).

En consecuencia, la primera petición es de 3 años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, pero subsidiariamente se pide una condena de un año y dos meses de prisión y multa de ocho meses. 

En ambos supuestos interesa también la inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo periodo que la pena de prisión.

El escrito detalla que la acusada gestionaba cuentas con miles de seguidores, abiertas sin restricciones, desde las que difundía de forma “masiva e indiscriminada” mensajes dirigidos a estigmatizar a personas migrantes, especialmente de origen magrebí o musulmán, así como a integrantes del colectivo LGTBIQ+, personas racializadas y personas con discapacidad. 

Según la Fiscalía, estos mensajes asociaban de forma generalizada la inmigración con la delincuencia, la invasión del territorio y el deterioro de los servicios públicos.

La acusación subraya que la procesada vinculaba de manera reiterada el origen nacional, el color de la piel o la religión de determinadas personas con conductas delictivas, utilizando expresiones de burla y menosprecio y recurriendo en ocasiones a una selección “interesada y manipulada” de noticias para generar alarma social. 

A juicio del Ministerio Público, este discurso tenía un especial impacto al dirigirse de forma concreta a la ciudadanía de València y al producirse en el contexto de la actividad política de la acusada.

Entre los mensajes recogidos en el escrito se incluyen respuestas a publicaciones de medios de comunicación y de otros usuarios de la red social en las que se emplean términos despectivos hacia personas migrantes, se reclama su expulsión del país, se cuestiona la identidad de menores extranjeros no acompañados y se realizan comentarios vejatorios sobre personas LGTBI y con discapacidad. 

La Fiscalía destaca la reiteración de este tipo de expresiones a lo largo de varios años y su carácter público y accesible.

El Ministerio Público no aprecia circunstancias atenuantes ni agravantes y considera que la acusada actuó de forma consciente y voluntaria. En el escrito también se interesa el decomiso de las direcciones URL concretas a través de las cuales se difundieron los contenidos objeto de acusación, al amparo de la legislación sobre servicios de la sociedad de la información.

Estos hechos fueron denunciados inicialmente por Compromís en abril de 2024 y posteriormente se sumó el PSPV, que aportó más mensajes a la Fiscalía.

Un mural homenaje al poeta Federico García Lorca que se muestra en el mirador del Troncoso de Zamora ha sido vandalizado con pintadas con insultos homófobos, han informado a EFE este lunes fuentes municipales.

Las palabras con pintura negra aparecieron el domingo en esa zona turística del casco antiguo de Zamora con vistas al río Duero y el mismo día fueron eliminadas por el servicio municipal de Limpieza y del autor del mural, el pintor Carlos Adeva.

El mural vandalizado muestra una imagen de García Lorca junto a unos versos alusivos al río, unas barcas y la cúpula de la Catedral de Zamora.

Tras tener conocimiento del acto vandálico, el consistorio se puso en contacto con el autor del mural que unas horas después acudió al lugar para recomponer la imagen de Lorca que había sido objeto de algunas de las pintadas.

Los delitos de odio contra la comunidad LGTBIQ+ han aumentado en el último año, según datos de la FELGTBI+. Según el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, elaborado por la Federación, el 20,3 % de los miembros del colectivo han sufrido acoso. También, un 25,25% sufren discriminación en áreas como el trabajo o la vivienda y un 16,25 % han sido agredidas por su orientación sexual o identidad de género.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves fuertes restricciones a la atención médica relacionada con los procesos de cambio de género en menores de 18 años, que buscarían cortar fondos federales a las instituciones de salud que ofrezcan estos tratamientos.

"Hoy, estamos tomando seis acciones decisivas, guiadas por la ciencia de más alto nivel y la Orden Ejecutiva de la primera semana (del segundo mandato) del presidente Trump, para proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica", dijo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en una rueda de prensa.

Noticia en ampliación.

Honestamente, no sé dónde está la sorpresa en el Me too que se está dando estos días dentro del Partido Socialista. De hecho, y por desgracia, rara vez debería sorprendernos una oleada de denuncias de acoso y agresiones sexuales de hombres en cualquier organización, industria o ámbito. En todo caso, nos puede sorprender que esas denuncias salgan a la luz. Que sean escuchadas. Que se haya conseguido crear el clima de seguridad y confianza a las víctimas para que sientan que no tienen que seguir cargando solas con el peso de lo que han sufrido. Que estos casos sean visibles y podamos estar hablando de ellos es un pequeño éxito más del indispensable trabajo del movimiento feminista. 

Dicho esto, es necesario hacer varios apuntes sobre las denuncias a Paco Salazar, José Tomé, Javier Izquierdo, Antonio Navarro, Francisco Luis Fernández o Toni González que ahora conocemos. Y, sobre todo, a la reacción que estas han causado. 

Voy a empezar con lo más obvio. Estos días leía cientos de declaraciones de usuarios de redes sociales, pero también de representantes políticos y periodistas conservadores haciendo alusión a esta oleada de denuncias dentro del PSOE, recordando también casos como el de Íñigo Errejón o las acusaciones hacia Juan Carlos Monedero. “Resulta que la derecha es machista pero todos los casos de acoso sexual a mujeres que salen son del PSOE, Sumar o Podemos”. Hombre, decir eso cuando el Partido Popular lleva tiempo lidiando con un goteo incesante de casos similares en su propio seno (el último estos días, José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras), pues tiene sorna. Especialmente cuando estos casos se han intentado ocultar y apenas se ha hecho mención a ellos. Quizá creen que sus votantes no van a exigirles que rindan cuentas por casos de acoso sexual a mujeres porque es algo que no les termina de importar demasiado. Y ahí es cuando entendemos un poco mejor este comentario de: “todos los casos de acoso sexual se dan en la izquierda”. Claro que no es el caso, pero teniendo en cuenta el compromiso tácito que dice tener gran parte de esta con la lucha contra el machismo, es obvio que cada caso que se dé en ella hará muchísimo más ruido. Eso por no hablar de la mayor facilidad (tampoco mucha más, pero algo, al menos) que puede haber en un partido de izquierdas para denunciar una situación de acoso sexual frente a un partido de derechas. Una diputada de Vox que sufriese acoso por parte de un compañero, ¿tendría apoyo dentro de su partido para denunciarlo? Quizá no sea demasiado alentador ver cómo a condenados por violencia machista como Carlos Flores se les ofrece, de forma posterior a la condena, la oportunidad de ser el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. ¿Perdería la víctima su puesto de trabajo y toda su carrera política si denunciara el acoso que ha sufrido, mientras que a su acosador igual le dan un ascenso? Fijaos si será misógino Vox que a mediados de este año consiguió que la mismísima Rocío Monasterio acusase al partido de haber sido machista con ella. La misma que hace unos años trató de reclutar a jóvenes para realizar una contramanifestación al 8M. Ya han tenido que esmerarse.

Que probablemente haya mucho más machismo entre las derechas que entre las izquierdas es una obviedad. Pero es que esto no va de competir por quién tiene más o menos casos de machismo. Esto va de erradicarlo por completo. Y en eso, por desgracia, hay suspenso general. 

Acertadas son las declaraciones de Cristina Hernández, actual directora del Instituto de las Mujeres. “Las feministas llevamos años diciendo que el machismo es estructural y sistémico. ¿A qué se creían que nos referíamos? Precisamente a esto. Por tanto: ni sorpresa ni vergüenza. Solo contundencia, responsabilidad y acción”. 

El compromiso para erradicar las violencias machistas no puede ser un eslogan, un conteo o establecer un protocolo vacío que no tendrá sentido alguno si, antes, no creamos un entorno seguro y de confianza para que las mujeres se sientan protegidas antes de denunciar. El compromiso tiene que ir muchísimo más allá. Tiene que darse, además, en cada persona implicada en una organización. Y tiene que incluir el hecho de que cada una de estas personas entienda de verdad el significado de la lucha feminista, de la educación inclusiva, de los micromachismos. Tienen que ser conscientes de la sutileza de las aristas de un sistema que te hace caer en conductas misóginas, muchas veces incluso sin darte cuenta. 

Vale, vamos a establecer un protocolo y a endurecer nuestra reacción contra los agresores machistas. Pero, ¿vamos a exigir a cada persona de nuestra organización que se forme de manera obligatoria y constante en cuestiones de consentimiento, respeto y diversidad? ¿Vamos a tener plena asistencia en jornadas feministas periódicas? ¿Vamos a ver a los hombres de nuestro partido corregir los comentarios machistas que hagan sus compañeros en un momento de desconexión y risas?

A mí me alegra ver que hay una reacción auténtica ante los casos de acoso sexual a mujeres. Pero me encantaría ver también a Pedro Sánchez salir a decir que le ha echado la bronca de su vida a sus famosos amigos de 40 y 50 años a los que, según él, tanto incomodaban los avances del feminismo hace un par de años. O a otros muchos cargos del partido salir a pedir perdón por haber desviado la atención de la lucha feminista para centrarla en atacar, también de manera machista, a las mujeres trans (entre las cuales se dan algunos de los porcentajes más altos de violencia sexual a manos de hombres). Me parecería estupendo ver cómo se doblan los esfuerzos en educación inclusiva, en formación para la diversidad. Que se dé importancia de verdad a un Ministerio de Igualdad que parece haber sido secuestrado con la misión de pasar con un perfil bajo durante toda la legislatura, y así poder distanciarse de los ataques que recibió la institución por parte de los medios y la oposición cuando era Irene Montero quien estaba al frente.

No basta con hacer control de daños. No nos interesan las promesas vacías y la palabrería dedicada a esperar a que suceda algo que haga que esto se olvide. El machismo se encuentra arraigado en todas partes: es estructural, es sistémico, es cultural. Está bien una disculpa; es necesaria. Está bien tener un protocolo. Pero nada cambia si no hacemos un trabajo de raíz. Si no dejamos de usar el sufrimiento de unas víctimas para atacar a unos u otros. Si no nos comprometemos de forma general a cambiar un poco la forma en la que vemos y entendemos el mundo, la forma en la que nos relacionamos. Y eso solo lo podemos hacer con el compromiso de todos.

Más de la mitad de las personas que viven con VIH en Europa reciben el diagnóstico de forma tardía, lo que supone una "falla crítica" en las pruebas de detección del virus que "amenaza con socavar" la lucha global contra el sida, advierte el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), según informa EFE.

Según el informe anual de vigilancia del VIH/SIDA, publicado con motivo del Día Mundial del Sida, que se celebra este 1 de diciembre, en 2024 se diagnosticaron 106.000 casos de VIH en la Región Europea de la OMS (53 países de Europa y Asia Central), de los cuales el 54% se realizaron demasiado tarde para un tratamiento óptimo.

"Europa no está haciendo pruebas ni tratando el VIH de forma temprana. Esta falla crítica en las pruebas, combinada con un número creciente de casos sin diagnosticar, está poniendo en grave peligro el objetivo para 2030 de acabar con el sida como amenaza para la salud pública", señalan el ECDC y la Oficina Regional de la OMS para Europa.

Por este motivo, ambas instituciones de salud instan a que se tomen "medidas urgentes" para rutinizar, normalizar y ampliar las pruebas, incluyendo un mayor acceso a las pruebas de autodiagnóstico y a opciones comunitarias, para quienes no tienen acceso a servicios de salud.

Por regiones, el este de Europa registró la mayoría de casos (66%), por encima de los estados del oeste (25%) y el centro (10%). 

De hecho, de los 106.000 casos notificados en la Región Europea de la OMS, el 22% (24.000) se notificaron dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), de los cuales el 48% se detectaron de forma tardía.

En cuanto a la causa de las infecciones en el conjunto del continente, la proporción fue mayor entre las personas que contrajeron el virus por transmisión heterosexual (especialmente hombres), con uno de cada siete casos, mientras que el sexo entre hombres representó el 15% y las inyecciones de drogas el 14%.

No obstante, en el territorio de la UE/EEE, las relaciones sexuales entre hombres siguen siendo la vía de transmisión más común (48%).

Además, casi uno de cada tres diagnósticos de VIH en 2024 se produjo en personas nacidas fuera del país donde fueron diagnosticadas, y en la Unión Europea, este grupo representó más de la mitad de los nuevos diagnósticos, especialmente en ciudadanos procedentes de África Subsahariana (32,2%) y el centro o este de Europa (26,4%).

En la última década, la tasa de diagnósticos de VIH disminuyó en la Región Europea de la OMS de 18,3 a 11,8 por cada 100.000 habitantes, con una fuerte caída en 2020 relacionada con las perturbaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Tras un repunte temporal durante el período 2021-2023, la tasa volvió a descender en 2024 y los diagnósticos disminuyeron aproximadamente un tercio desde 2015.

Para los países de la UE/EEE, la tasa en 2024 fue de 5,3 por cada 100.000 habitantes, lo que marca una disminución del 14,5% respecto a la tasa de 6,2 por 100.000 observada en 2015. 

Sin embargo, el número estimado de personas que viven con el VIH sin diagnosticar "está aumentando", lo que aboca a "una crisis silenciosa que impulsa la transmisión", según el doctor belga Hans Kluge, Director Regional de la OMS para Europa.

La causa de esa "crisis silenciosa" está en "las barreras mortales del estigma y la discriminación", que impiden que las personas se realicen una prueba sencilla, constata el experto en salud pública.

"Debemos innovar urgentemente nuestras estrategias de diagnóstico, adoptar las pruebas comunitarias y el autodiagnóstico, y garantizar una rápida conexión con la atención médica. Solo podremos erradicar el sida si las personas conocen su estado serológico", concluyó la doctora Pamela Rendi-Wagner, directora del ECDC.

Cuatro de cada diez mujeres lesbianas, trans, bisexuales o intersexuales ha padecido algún tipo de violencia en los últimos 12 meses, según alerta la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recoge EFE.

En un comunicado, la Felgtbi+ denuncia que el 13,8% de las mujeres de la comunidad ha sufrido violencia física o verbal; un 14,8% acoso y un 24,2% discriminación en el último año. 

Según se desprende de su investigación Estado LGTBI+ 2025, elaborada junto a la agencia 40db, un 26,8% de las víctimas sufrió esta violencia en la calle; el 17,6%, en los centros de enseñanza; el 14,4% en un lugar de ocio y el 13,1% en el transporte público.

La presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, explica que las mujeres LTBI+ están expuestas a una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y de pertenecer al colectivo y que los discursos de odio están incrementando la violencia que sufren.

"Se trata de estrategias organizadas que pretenden señalarnos como la otredad, como una amenaza, para conseguir rédito político. Las mujeres lesbianas somos señaladas como degeneradas; las mujeres bisexuales son hipersexualizadas y las mujeres trans son dibujadas como una amenaza. Otras mujeres que forman parte del colectivo LTBI+, como las mujeres intersexuales o las que pertenecen al espectro asexual siguen muy invisibilizadas. Todos los discursos de odio se basan en deshumanizarnos para que parezca legítimo rechazarnos", subraya.

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) ha entregado este viernes la XIX edición de sus Premios Plumas, que este año han recaído sobre la activista Uge Sangil, la tallerista y humorista Pitu Aparicio, la artista Estrella Xtravaganza, el cantante Rodrigo Cuevas y la organización Plena Inclusión.

Además, se ha entregado dos menciones a las organizaciones Regularización Ya y Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (G.A.G.), por su labor en favor de los derechos humanos.

Los premios tienen como objetivo defender la cultura LGTBI+ como una forma de reivindicar derechos y visibilidad para el colectivo porque, como ha explicado la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, "lo que no se nombra, ni se ve, no existe".

"Por eso necesitamos de la cultura para seguir naturalizando nuestras realidades, ocupando espacios y generando referentes", ha aseverado en un comunicado.

En este sentido, Iglesias ha aludido a la presencia de una "ola reaccionaria" que amenaza los derechos alcanzados y ha recordado que "nos quieren amedrentar porque el miedo paraliza".

"No vamos a permitir nuestra existencia en los márgenes, vamos a exigir una vida en el centro, una vida digna. Y lo vamos a exigir con Orgullo, con alegría, con música y con esperanza", ha avisado.

Uge Sangil fue presidenta de la FELGTBI+ entre 2018 y 2024; fundadora de la asociación tinerfeña Algarabía LGTBI y una de las caras visibles en la lucha por la aprobación de la ley trans.

Pitu Aparicio es educadora social, y dinamizadora y facilitadora de grupos especializada en género, sexualidad y drogodependencias. Creó el monólogo 'La bollera perfecta' para visibilizar realidades LGTBIQA+ y crea contenido para redes sociales con medios como Pikara Magazine.

Rodrigo Cuevas es cantante y artista, centrado en rondar la canción tradicional con otros géneros como la música electrónica, pero también con el humor, la sensualidad y la crítica social. Recientemente ha sido premiado con La Barraca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Estrella Xtravaganza es una artista drag, concursante de la segunda temporada de Drag Race España.

La organización Plena inclusión es un movimiento asociativo que lucha en España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.

Que dice Santiago Abascal que, en el futuro, la mayoría de “los gays” votarán a Vox. 

Lo ha dicho recientemente mientras lo entrevistaban en un programa de televisión. “¿Prohibirá el Orgullo en Madrid?”, cuestionaba el presentador. “¿Lo sacará a algún polígono para que no lo vean?”.

La respuesta: “Hay derecho de manifestación pero también de las familias y de los menores, y yo creo que no todos los gays se sienten identificados con este tipo de revelación ni con una bandera en concreto”. El líder ultraderechista contestaba esto para un segundo más tarde contradecirse: “Los gays españoles se sienten representados y acogidos de la bandera de España”.

El del partido verde hablaba específicamente de “los gays” porque reconocer la existencia de otras personas disidentes de sexualidad o de género es algo para lo que parece que la ultraderecha aún no se siente preparada. De hecho, verás cuando Santi descubra que en el colectivo LGTBIQ+ hay mujeres. No va a salir de su asombro. 

“Va a llegar el momento en el que la mayoría de los gays españoles van a votar a Vox, porque somos los únicos que quieren echar de España a los que quieren lanzarles a ellos desde una azotea o colgarles desde una grúa”. 

Qué retroceso. Exactamente el mismo comentario que, acompañado de Francisco Serrano, realizaba Abascal en el año 2015 en un vídeo subido de cara a las elecciones andaluzas. En él, aseguraban que Podemos quería que se arrojase a los homosexuales desde la Giralda. Yo creo que es un sitio demasiado transitado para ponerse a tirar mariquitas, la verdad. Igual por lo que a ellos no les gustaba la idea era porque sería contraproducente cometer un turisticidio y acabar accidentalmente con la vida de uno de esos ingleses o alemanes que vienen a dejarse los dineros unos días para luego irse a dormir a algún piso turístico ilegal. 

En aquel momento absolutamente todo el mundo se rió de ellos. No es para menos, la verdad. Una década más tarde el CIS les da un 17,7% de votantes para las próximas elecciones generales. Risa ninguna. 

Tener que discutir que Vox es un partido contrario a los derechos (y sobre todo a la protección y seguridad) de las personas LGTBIQ+ a estas alturas me parece, sencillamente, una ordinariez. Su electorado lo sabe perfectamente. Están de acuerdo con ello. Y, por si fuera poco, su afán por imponer al Partido Popular como condición para apoyarles en las autonomías el recorte de las leyes que nos protegen, pues habla por sí solo. Condición un poco tonta porque, como hemos visto en Madrid, a veces no hace falta siquiera que Vox lo pida para que pase. 

Estrategia, por cierto, copiada de Orbán y de Trump. Es lo que tiene que vivamos con una extrema derecha caracterizada por una absoluta falta de personalidad política en la que cada propuesta, cada medida y cada detalle de su discurso aparece misteriosamente tras haber aparecido un mes antes en los Estados Unidos de Trump, la Argentina de Milei, la Rusia de Putin o la Hungría de Orbán. Los vemos venir de lejos, al menos.

Y sí, hay maricones fachas. Fíjate si habrá que ya lo decía Rossy de Palma en Kika hace más de 30 años: “Los hombres con bigote o son maricones o son fachas, o ambas cosas a la vez”. Tu orientación sexual no siempre determina tu posición política. Puedes ser marica y haber nacido con una cuchara de plata en la boca, padres que aparecen en azul en la Wikipedia y 15 pisos por heredar por los que no te apetece pagar impuestos. ¿A quién es más probable que vote ese marica? Y que sí, que el PP arrasa en Chueca. ¿Quién iba a pensar que en el tercer barrio más caro de Madrid (casi 9000 euros el m2 ahora mismo) ganarían en votos partidos que gobiernan para los ricos? No quepo en mí del asombro. 

Pero no nos confundamos. Las personas disidentes de sexualidad y de género siguen siendo, en bloque, uno de los principales apoyos de las izquierdas de este país. Aunque, en muchas ocasiones, algunos movimientos obreros intenten desligarse de nosotros diciendo que “fragmentamos la lucha”. Decisión estratégica mala como ella sola, pero algunos prefieren anteponer su homofobia al bienestar de quienes tanto dicen querer proteger. Igual la lucha obrera te da igual y solo quieres ser protagonista de algo, José Luis, no sé qué quieres que te diga.

Lo dice el estudio que lanza anualmente la FELGTBI. La comunidad LGTBIQ+ vota más: sólo un 19% de abstención frente al 53% del resto de la población. El apoyo va, principalmente, a partidos de izquierda: un 57,4% de las personas del colectivo frente al 40% de la población general. Y, con respecto a hace dos años, una de cada diez personas de la comunidad que votaron al PP ahora votarían a un partido de izquierdas. 

Este no es un mensaje para Vox o para sus votantes. Ya sé que ellos están contentísimos con el trato que pretenden darnos a las personas LGTBIQ+. Y que han comprado el discurso del homonacionalismo. Ese que dice que hay que estar muy en contra de Palestina y no defender a la población gazatí del genocidio porque “en Palestina hay mucha homofobia” y “¿sabes lo que te pasaría a ti si fueses a Palestina?”. Pues lo que me pasaría si fuese a Palestina es que probablemente me mataría una bomba israelí, José Manuel, con supuesto “alto el fuego” incluido y todo. Que tiene narices que digan esto quienes precisamente alientan la violencia contra nosotros en este país. Dicen que hay que frenar la migración porque “van a atacar a los homosexuales” y luego fuerzan que se borren las leyes que existen para evitar que se ataque a los homosexuales. Su filosofía: “A nuestros maricas les pegamos nosotros”, como tituló el periodista y autor Christo Casas uno de sus artículos hace un par de años. 

Lo repito: este no es un mensaje para Vox ni para sus votantes. Este es un mensaje para la izquierda. Para los movimientos sociales y obreros. 

Por supuesto que hay personas LGTBIQ+ que votan a la extrema derecha. Por supuesto que la clase social y el beneficio económico pesa más que la orientación sexual cuando lo primero te protege de que te agredan por lo segundo. Por supuesto que quien no se siente en comunidad con las maricas, bolleras, bisexuales, trans, etc, de clase obrera, no va a sacrificar ni tres euros de su fortuna por hacerles la vida un poco más segura. Pero no nos equivoquemos. En nuestra mayoría, seguimos siendo un frente de contención. Seguimos manteniendo, en un amplio porcentaje, un sentimiento de hermanamiento y pertenencia que nos lleva a querer protegernos unos a otros. Y seguimos teniendo claro que ninguno de nosotros será del todo libre ni estará del todo seguro hasta que lo estemos absolutamente todos. 

Necesitamos una izquierda coherente, comprometida con nuestros derechos y seguridad. Necesitamos un movimiento obrero que nos incluya y evite que, dentro de sus propios espacios, haya quienes quieran dejarnos atrás. Pero no nos equivoquemos. La izquierda también necesita a la comunidad LGTBIQ+. Y el movimiento obrero, del que en nuestra mayoría formamos parte, más aún. Que no se os olvide, que el fantasma que nos amenaza se crece por momentos. Y de lo que hace diez años nos reíamos quizá, ahora, pueda ser nuestro final.