La dependencia sigue siendo una de las tareas pendientes de España. En lo que va de año 13.053 personas han fallecido estando en lista de espera para ser reconocidas como dependientes. Unas listas que en la media nacional superan los 300 días. Pero este jueves se ha dado un paso que puede ser decisivo para revertir esta situación. Se ha puesto la penúltima piedra de la nueva ley que va a permitir al Ejecutivo central asumir el 50% de la financiación para dependencia y así evitar recortes en el futuro.

Esto se ha conseguido con la aprobación en la Comisión de Derechos Sociales –formada por 37 diputados del Congreso: 14 del PP, 12 del PSOE, tres de Vox y de Sumar y uno del resto de grupos parlamentarios– del dictamen del proyecto para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad, según indican fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El texto deberá someterse ahora a la votación definitiva del Pleno del Congreso de los Diputados.

Hasta el momento actual, la ley de dependencia no fijaba expresamente ese porcentaje. El principio de cofinanciación entre el Estado y las autonomías estaba recogido en la norma de 2006, pero el reparto efectivo ha dependido durante años de las decisiones presupuestarias de cada Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez asumió el compromiso de recuperar el equilibrio financiero y, tras anunciar una aportación total de 7.239 millones a las comunidades en 2027 para alcanzar ese 50%, pretende ahora blindarlo para que no pueda revertirse con un simple cambio de mayoría parlamentaria.

El Gobierno justifica esta reforma recordando que durante los años de Mariano Rajoy el sistema perdió más de 5.000 millones de euros de financiación estatal, en el marco de las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis financiera. Aquellos recortes supusieron la supresión de uno de los niveles de financiación previstos en la ley y coincidieron con el incremento de las listas de espera y la ralentización del despliegue del sistema.

Según las mismas fuentes, el Partido Popular ha votado este jueves en contra de la enmienda, pese a que las comunidades autónomas que gobiernan llevan años reclamando precisamente que el Estado asuma la mitad del coste de la dependencia. Para el Ejecutivo, esa contradicción evidencia una vez más la distancia entre el discurso territorial del PP y su posición en el Congreso.

Actualmente, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se financia mediante tres niveles previstos en la Ley 39/2006. El denominado "nivel mínimo" corre íntegramente a cargo del Estado y se calcula en función del número de personas atendidas y de su grado de dependencia. A él se suma el "nivel acordado", financiado conjuntamente por el Gobierno central y las comunidades autónomas mediante convenios que tienen en cuenta variables como la población potencialmente dependiente, el número de personas atendidas, la inversión realizada por cada territorio o la reducción de las listas de espera. Finalmente, las autonomías pueden establecer un tercer nivel adicional financiado exclusivamente con recursos propios.

Pese al incremento de recursos aprobado en los últimos años, la distribución del gasto sigue muy alejada del objetivo del 50% que ahora pretende blindar el Gobierno. Los datos correspondientes a 2025 muestran que la inversión pública total alcanzó los 13.734 millones de euros. De esa cantidad, las comunidades autónomas asumieron 9.976 millones, el 72,6% del gasto, mientras que la Administración General del Estado aportó 3.758 millones, el 27,4% restante.

Esta medida podría suponer un alivio en un sistema que desde años muestra importantes signos de saturación. Según los últimos datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, durante los cinco primeros meses de 2026 el tiempo medio transcurrido entre la solicitud de una prestación y la resolución del expediente asciende a 320 días en el conjunto del país, muy por encima del plazo máximo de seis meses (180 días) que fija la normativa.

Murcia encabeza la clasificación con una demora media de 552 días, seguida de Andalucía (446), Asturias (411) y Madrid (346), todas ellas muy por encima de la media nacional. Solo seis comunidades —Castilla y León, Aragón, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria—, además de Ceuta, consiguen situarse por debajo del límite legal.

Acompañando estas cifras está el dato de que entre enero y mayo de este año 13.503 personas han fallecido mientras se encontraban en las listas de espera del sistema de dependencia. Son 90 personas al día, una cada 16 minutos. De ellas, 6.940 todavía esperaban ser valoradas y otras 6.563 ya tenían reconocido el derecho, pero seguían aguardando la prestación o el servicio correspondiente. El dato sigue la estela del de 2025, año en el que 32.704 personas fallecieron antes de recibir la atención a la que ya tenían derecho.

Por un lado, están los discursos grandilocuentes de Europa sobre la “soberanía digital”, sobre la necesaria independencia del Viejo Continente respecto a Estados Unidos y las peroratas sobre el “momento gaullista de Europa”. Por otro lado, hay una capitulación tras otra y la integración silenciosa, pero indudable, de la Unión Europea (UE) en la arquitectura tecnológico-militar estadounidense.

Así, un año después de haber aceptado un acuerdo comercial desequilibrado con Washington, que finalmente fue aprobado por el Parlamento Europeo, Bruselas anunció, el jueves 25 de junio, la adhesión oficial de la UE a la iniciativa Pax Silica. Una firma que integra a los Veintisiete en un régimen de vasallaje avanzado.

Para entender por qué, hay que ver qué es la Pax Silica, una iniciativa puesta en marcha en diciembre de 2025 por Washington y seis de sus aliados más cercanos (Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Israel, Singapur y Australia) en forma de una simple declaración no vinculante destinada a “reforzar las cadenas de suministro” de las industrias digitales, sobre todo la de la inteligencia artificial (IA).

La declaración tiene como objetivo “mejorar la coordinación” entre países “aliados” y “de confianza”. En otras palabras: la iniciativa busca crear una red de confianza para garantizar el acceso a los recursos, las rutas comerciales y los mercados en el ámbito de la IA. En este sentido, no se trata realmente de una inocente declaración de intenciones.

Benjamin Bürbaumer, profesor titular de la facultad de Ciencias Políticas de Burdeos y autor de China/Estados Unidos, el capitalismo contra la globalización (edit. La Découverte, 2024), enmarca esta iniciativa en “una voluntad explícita de Estados Unidos de asegurar por completo la cadena de valor de la IA, desde las materias primas hasta la demanda solvente”. La Pax Silica pretende controlar la “materialidad de la IA”, señala, y, en este sentido, es “complementaria al plan sobre inteligencia artificial puesto en marcha por Washington el año pasado” con el fin de respaldar su capital tecnológico.

La propia expresión utilizada, Pax Silica, lo dice todo: se inspira evidentemente en la Pax Romana y designa una forma de paz imperial, fruto de la dominación de un centro sobre las periferias. Esta paz armada se sustenta, en esta ocasión, en el sílice, un componente fundamental para los semiconductores y, de manera más general, para la economía digital. La promesa de la Pax Silica es, por tanto, la estabilidad y la prosperidad basadas en el dominio conjunto de los actores privados del sector digital y del Estado federal estadounidense.

Antes de explicar las modalidades de este dominio, hay que insistir en este último punto: la era de la IA será una forma de “privatización” de la diplomacia estadounidense, que organiza la centralidad de su sector digital a nivel mundial, pero también de estatización de los grandes grupos digitales que necesitan la fuerza imperial estadounidense para tener acceso a los recursos y a los mercados. La habitual connivencia entre el capital tecnológico y el Estado federal se transforma en una especie de fusión de intereses y de acción. De hecho, este es uno de los puntos más llamativos —aunque implícito— defendidos por el manifiesto de uno de los principales actores de la IA estadounidense, Palantir.

Esta evolución es reveladora del nuevo capitalismo de Estado que se está instaurando en Occidente. Tampoco es casualidad que el hombre que impulsó esta iniciativa, Jacob Helberg, hoy subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, esté muy vinculado a los círculos de la IA, en particular a la “mafia de PayPal”, que controla, entre otros, al gigante Palantir.

El mismo Jacob Helberg, que fue empleado de Google, también fue asesor de Alex Karp, presidente de Palantir. Su marido, Keith Rabois, fue socio del Funders Fund de Peter Thiel, fundador de PayPal y de Palantir. Su padrino de boda en 2018 no fue otro que Sam Altman, presidente de OpenAI. Es decir, Jacob Helberg es un representante de la industria de la IA y, en particular, de su corriente más radical.

Jacob Helberg resumió la visión en la que se basa la Pax Silica: “Si el siglo XX se basó en el petróleo y el acero, el siglo XXI se basará en la computación”. En otras palabras: quien controla la capacidad de utilizar los datos controla el mundo. Para Jacob Helberg, la IA es, por tanto, la base sobre la que se asienta el futuro poder político, militar y económico de un país. La Pax Silica pretende, pues, asegurar ese poder con una doble ambición: frenar el desarrollo de China en materia de IA e impedir la aparición de rivales en el propio bando occidental.

Jacob Helberg lo ha dejado muy claro: la Pax Silica se construye en contra del concepto de soberanía digital. Para él, y de manera muy significativa, tal soberanía conduce a una “mediocridad sincronizada”. A ello opone la “soberanía de la innovación”, en la que cada país desarrollaría su propia especialidad para mejorar el conjunto. Pero el conjunto está, sin lugar a dudas, dominado por un centro, el capital tecnológico estadounidense, en torno al cual debe organizarse esta “innovación”. La visión de Jacob Helberg es una síntesis de la evolución reciente del capitalismo: la competencia conduce a la mediocridad y al estancamiento, mientras que el monopolio conduce al poder y al beneficio.

En un análisis publicado por la Asociación de Washington para el Comercio Internacional (WITA), Uri Gabai explica que la iniciativa pretende organizar el control por parte de Estados Unidos de “puntos neurálgicos” que constituyen la base de la cadena de suministro de la IA. Su estructura es, por tanto, la de una red que se remonta hasta los gigantes estadounidenses de la IA y que tiene como objetivo, por un lado, garantizar la dependencia de los “socios” respecto al centro estadounidense y, por otro, debilitar al adversario chino mediante el control de los nodos estratégicos materiales de la industria.

“Teniendo en cuenta el efecto de escala propio de la IA, el control de estas trabas a la industria supone un obstáculo importante para China y una ventaja para Estados Unidos”, resume Benjamin Bürbaumer. Por ejemplo, la adhesión de Países Bajos, conseguida en junio a título individual, permite asegurar el monopolio crucial del uso de las máquinas de la empresa neerlandesa ASML, que son indispensables para la producción de semiconductores de última generación utilizados en la IA generativa. Pero la adhesión de Grecia, Kazajistán, Chile o Argentina también permite garantizar el acceso a los metales estratégicos para la industria.

China, por su parte, no se ha equivocado, como señala Benjamin Bürbaumer, quien recuerda que el último plan quinquenal de la República Popular tenía como objetivo “dominar las tecnologías clave fundamentales”. Con la Pax Silica, se confirma la lógica de bloques en torno a la IA y, dentro de esta lógica, hay que elegir bando. Eso es lo que pretende imponer Jacob Helberg.

Benjamin Bürbaumer insiste así en “la división del trabajo” interna de la iniciativa. Los veinticuatro países miembros tienen, de esta manera, una función concreta en la valorización del capital tecnológico estadounidense.

Se tienen en cuenta todas las dimensiones de la cadena de producción de la IA: la energía, con los productores de petróleo y gas, como los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Noruega o Canadá (actualmente observador no signatario); las materias primas, en particular los metales estratégicos para los semiconductores producidos en Suecia, Finlandia, Corea del Sur o Taiwán (también observador no signatario); los nodos logísticos o financieros de Panamá, Singapur, el Reino Unido o Filipinas; el software japonés o indio; la maquinaria holandesa, la tecnología militar israelí y los capitales de los Emiratos Árabes Unidos, Alemania o Catar.

En definitiva, así controlan toda la cadena de valor. Y esta red permite controlar a los socios. Para convencernos de ello, tomemos un ejemplo ficticio. Si un país signatario intentara, por ejemplo, diversificar su clientela vendiendo semiconductores tanto a China como a Estados Unidos, ¿qué pasaría? En teoría, la declaración de Pax Silica no se lo impide, pero en la práctica Washington podría considerar que ese socio ya no es digno de confianza y, de facto, podría excluirlo de la cadena logística de la IA estadounidense, obligando a los demás socios que deseen conservar sus mercados en Estados Unidos a seguir su ejemplo. El país en cuestión no tendría entonces más remedio que abandonar el bloque o someterse.

Como resume el economista Evgeny Morozov en un artículo sobre esta iniciativa, “en un mundo monopolístico, la diversificación se asemeja a un suicidio y la única actuación racional es convertirse en un agente acreditado del titular del monopolio”. Con la Pax Silica, añade, “el objetivo de Washington no es exportar productos, sino dependencia”. El carácter no vinculante de la firma —que, al parecer, ha convencido a Francia para que retire su oposición en el seno de la UE— es, por tanto, mera ficción.

Y es que la Pax Silica también tiene una dimensión geopolítica. Al intentar frenar el desarrollo de la IA en China, precisamente cuando este país la convierte en su prioridad estratégica, Washington sabe que se expone a tensiones geopolíticas que resultan aún más evidentes teniendo en cuenta que uno de los nodos clave de la IA es Taiwán, donde se producen la casi totalidad de los semiconductores necesarios para la IA.

La Pax Silica tiene también una dimensión militar fundamental, que queda confirmada por la presencia, como miembro fundador, de Israel, país especializado en intercambios entre la industria militar y la tecnología. Esto confirma dos aspectos: en primer lugar, que la iniciativa defiende la militarización de la IA; en segundo lugar, que su propio desarrollo es la garantía de su propia seguridad como bloque. Una de las ambiciones de la Pax Silica es el refuerzo militar del bloque centrado en Estados Unidos a partir de la IA.

También por esta razón hay signatarios estratégicamente insignificantes para la industria, pero políticamente importantes, como El Salvador, cuyo presidente autoritario, Nayib Bukele, es una referencia política de la nueva extrema derecha proestadounidense de América Latina que acaba de ganar todas las elecciones en el subcontinente.

Queda un último pilar en el conjunto. El centro organiza una forma de competencia interna en su periferia. El concepto de “soberanía de la innovación” de Jacob Helberg refleja ese hecho: el bloque está jerarquizado en función del carácter estratégico de lo que ofrecen los socios de Washington. Países como Israel, Países Bajos o Singapur pueden pues presumir de niveles avanzados de desarrollo y hacerse con una porción mayor del pastel, aunque sigan dependiendo del centro estadounidense.

En cuanto a los demás, les toca a ellos hacerlo igual de bien. Evgeny Morozov considera así que la Pax Silica induce a “un nuevo ciclo de sumisión en el que los Estados compiten no por su independencia, sino por la proximidad” al centro. La competencia se desplaza, por tanto, del mercado mundial al interior mismo del bloque para ponerse al servicio del monopolio. La globalización no desaparece como tal, sino que cambia de naturaleza.

¿Y qué hay de Europa en todo esto? La Comisión Europea se escuda en su comunicado, bastante lacónico, tras el argumento de la “cooperación internacional” y el apoyo a la “competitividad” y a la “soberanía”. Todo ello no es más que una cortina de humo que oculta la verdadera naturaleza de la iniciativa. En realidad, la UE ha cedido ante Washington porque la Pax Silica conlleva un elevado coste por no participar que Bruselas no estaba dispuesta a aceptar. En el plano económico, la no participación amenaza con reducir el acceso a los servicios de IA estadounidenses que ahora se consideran críticos para las empresas. En el plano político, rompe un vínculo de confianza con Washington.

La UE necesita desesperadamente crecer. El colapso industrial alemán y la estabilización del crecimiento del PIB en torno al 1 % anual amenazan los sistemas sociales del Viejo Continente. La perspectiva de ver cómo se abren nuevos mercados en el marco de la Pax Silica y de quedar excluidos de ellos se estaba volviendo intolerable para el Consejo y la Comisión.

Ante las necesidades económicas, el precio a pagar —la dependencia— se considera relativamente bajo. Sobre todo si se tiene en cuenta que, más allá de los discursos grandilocuentes, gran parte de los países de la UE son incapaces de alcanzar la autonomía respecto a Estados Unidos. El reflejo en materia de defensa, al igual que en materia económica, es intentar integrarse en la esfera de influencia estadounidense. El peligro para la seguridad que representa Rusia y el peso del segundo choque comercial con China no pueden sino reforzar este reflejo, que la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca apenas ha modificado. La dependencia de la UE respecto a Estados Unidos no es, por tanto, ningún problema.

Es más, la estrategia de Washington ha consistido en debilitar a la UE centrándose no en una posición de la UE, sino en las posiciones de cada país. Esa es la lógica de la Pax Silica: dar prioridad a los nodos estratégicos y generar competencia dentro del bloque. Como hemos visto, Washington insistió mucho en conseguir la adhesión de Países Bajos. También se abordó individualmente a otros países europeos: los países nórdicos, Alemania y Grecia.

De hecho, para la UE, una firma conjunta se convertía en una cuestión de supervivencia para frenar esta lógica de fragmentación. Pero esta firma “no ha anulado” la de algunos países miembros, lo que refuerza lo que se ha señalado anteriormente: la jerarquización interna del conjunto. De hecho, esa “competencia por la proximidad” de la que habla Evgeny Morozov ya se ha puesto en marcha en Europa, donde cada uno sueña con hacerse con las migajas del monopolio estadounidense. Y ese ha sido un aspecto crucial de la firma conjunta de los Veintisiete.

Francia, por ejemplo, no podía resignarse a renunciar a las inversiones en IA prometidas durante las cumbres Choose France. Sin embargo, permanecer al margen de la Pax Silica significaba, para muchos actores, la posibilidad de trasladar esas inversiones a países “de confianza”. En Alemania, el canciller Friedrich Merz, por ejemplo, busca ahora fabricar armas estadounidenses en su territorio y, en consecuencia, no le quedaba otra que llamar rápidamente a la puerta de la Pax Silica.

Para Benjamin Bürbaumer, “Europa siempre ha ocupado un lugar subordinado en el capitalismo liderado por Estados Unidos, pero con esta adhesión se hace explícita esa subordinación en el ámbito digital”. Y las consecuencias podrían ser importantes. La posición global de la UE en su conjunto es la de un mercado periférico y, como tal, tendrá que amoldarse a los deseos del centro.

Así es sobre todo en materia de regulación. Como subraya Uri Gabai, por naturaleza, “la Pax Silica presupone un entorno permisivo para el desarrollo de la IA”. Es lógico: la estructura tiene como objetivo garantizar un beneficio creciente para el capital tecnológico europeo. Para ello, no solo hay que garantizar una carrera tecnológica hacia adelante que asegure el dominio de la IA sobre los distintos sectores de la economía, sino también asegurarse de que dicho dominio no se vea limitado por la regulación. Aquí es donde la propia participación de la UE resulta fundamental para la Pax Silica; también es necesario controlar los mercados, no solo los recursos.

El año pasado, Donald Trump intentó integrar esta cuestión en las negociaciones sobre aranceles, pero no lo logró. Sin embargo, consiguió una revisión a la baja de la regulación de la IA en forma de “simplificación”, en gran parte gracias al apoyo de la presión ejercida por ciertos grupos como Meta. Pero el interés del capital estadounidense es, sin duda, ir más allá. Y eso es precisamente lo que permitirá la firma de la Pax Silica.

A partir de ahora, la UE tendrá que defender su posición de “socio de confianza” de Estados Unidos, pues depende, por ejemplo, en un 70 % de actores estadounidenses para sus servicios de almacenamiento de datos y va a entrar en una dinámica de dependencia cada vez mayor. Una vez más, en nombre de la estabilidad geopolítica (la “paz”), habrá que ceder en materia de regulación. No cabe duda de que los firmantes directos de la declaración, aquellos que están más integrados en el sistema (y que serán los que más tengan que perder en un enfrentamiento con su mandante estadounidense), se convertirán en los más fervientes defensores de la desregulación.

Lo que llama la atención es que esta firma entra en contradicción con la mayoría de los objetivos declarados de la UE: la autonomía en materia de defensa, la soberanía digital y la regulación de la IA. Los discursos progresistas y posneoliberales europeos se han disuelto ahora en una capitulación incondicional. La firma neerlandesa, impulsada por el primer ministro centrista Rob Jetten —que durante la campaña electoral de principios de año se presentó como un baluarte contra Trump—, es el símbolo de este desastre. La Pax Silica es la tumba concreta de los discursos vacíos de los dirigentes europeos.

Traducción de Miguel López

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para aumentar la financiación de la dependencia con 2.218 millones adicionales para 2026, de tal forma que la aportación del Estado, según el jefe del Ejecutivo, superará los 7.200 millones de euros el año que viene.

Sánchez ha hecho este anuncio durante su intervención en un acto celebrado en el Imserso sobre dependencia y discapacidad, junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y ha destacado que este real decreto "permitirá cumplir con el compromiso de la legislatura" de que el Estado financie el 50 por ciento del gasto total de la dependencia.

El decreto "blinda por ley" el aumento de la financiación que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia, e implica duplicar las cuantías de las personas que requieren más apoyos, han explicado a EFE fuentes de Derechos Sociales.

En total, estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027.

"Lo primero que debemos hacer es reducir las listas de espera", ha señalado Sánchez, y garantizar más y mejores cuidados aumentando la intensidad de la atención, reforzar los apoyos que reciben y dignificar las condiciones de quienes cuidan, porque “todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, ha dicho.

Entre 2012 y 2020 la aportación del Estado permaneció estancada en mínimos históricos. Desde entonces se ha triplicado la inversión estatal en dependencia, pasando de unos 1.300 millones de euros a casi 3.800 millones en 2025, ha recordado el jefe del Ejecutivo.

A partir del 1 de julio, las comunidades recibirán esa mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio, han explicado desde el ministerio de Bustinduy.

Así, las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes; para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes, y para el grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.

Esto supone que en 2027 la inversión del Estado en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década, cuando el Ejecutivo que gobernó entre 2011 y 2018 recortó su aportación al sistema en más de 5.400 millones de euros, recuerdan desde el Ministerio de Derechos Sociales.

Es, ha dicho Sánchez, la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, que “multiplica por cinco la financiación estatal” porque para el presidente del Gobierno, “la grandeza de un país no se mide por los rascacielos o las cuentas de sus grandes empresas, sino por como cuida”.

El plan de expansión facilitará a los gobiernos de las comunidades poner en marcha los cambios estructurales que establecerá la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, y consolida el mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución para garantizar derechos e inclusión a las personas con discapacidad.

La mujer de Emilio lleva cinco años sufriendo problemas cognitivos y hace tres le diagnosticaron alzhéimer. En un primer informe, la Comunidad de Madrid indicó que solo sufría un deterioro leve, porque, según explica Emilio, “no han querido mirar todos los informes”. “Mi mujer ya no se acuerda de cuando nos casamos ni de cuándo nacieron sus hijos”, pero no consigue que le den el grado 2 de dependencia, el que le corresponde según la neuróloga que la trata, porque llevan más de dos años esperando su evaluación debido a la saturación en las listas de espera de dependencia.

“En Madrid ahora mismo hay más de 25.000 personas en lista de espera porque solo tienen dos centros bases con cinco equipos de valoración”, relata Emilio en conversación con infoLibre. Como presidente de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, convocó el pasado viernes una concentración que reunió a unas 300 personas a las puertas de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Desde la asociación, sus denuncias se centran en las valoraciones insuficientes, como en el caso de su mujer; la falta de personal en los centros; y, sobre todo, unas listas de espera que en muchos casos superan los dos años.

Según los últimos datos recogidos en los primeros cinco meses de 2026 por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que calcula el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente, la espera media en la Comunidad de Madrid se sitúa en 346 días. Es decir, algo más de 11 meses, por encima de la media nacional, que está en 320 días.

Sin embargo, el problema no es solo regional y se repite en diferentes puntos de España. Por encima de Madrid se encuentran Murcia con una media de 552 días, Andalucía con 446 y Asturias con 411. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay seis comunidades y Ceuta (86) por debajo de ese margen en sus promedios: Castilla y León (119), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (171).

Aunque estos datos muestran ya una situación muy preocupante, existe una realidad mucho más difícil de asimilar. En estos cinco meses, 13.503 personas han fallecido estando en las listas de espera de la dependencia. Son 90 personas al día, una cada 16 minutos de media. De esta cifra, 6.940 estaban esperando ser valoradas y 6.563 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.

“Es una tendencia muy preocupante porque ya son cinco meses y sigue aumentando la lista de espera, y siguen muriendo 90 personas al día”, denuncia a este periódico el portavoz de esta asociación, José Manuel Ramírez, haciendo referencia a una tendencia que no mejora, ya que en 2025 fallecieron 32.704 personas mientras seguían en estas listas.

Para Ramirez, existen dos realidades que se deben revertir si se quiere poner final a esta situación. Por una parte, la simplificación de los procedimientos, es decir “poder hacer los trámites en un solo acto administrativo de valoración”. Por otra, la financiación. “El Gobierno de España y algunas comunidades autónomas no financian adecuadamente el sistema de dependencia”, explica.

Actualmente, la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) viene establecida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, conocida como Ley de Dependencia. Esta normativa establece tres niveles. El primero es el denominado “nivel mínimo”, financiado íntegramente por el Estado en función del número de personas atendidas y de su grado de dependencia. 

A ello se suma el “nivel acordado”, que se articula mediante convenios entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, con fondos que se reparten según criterios como la población potencialmente dependiente, las personas efectivamente atendidas, la inversión autonómica realizada o la reducción de las listas de espera. Finalmente, las comunidades pueden establecer un nivel adicional de protección financiado exclusivamente con recursos propios.

En los datos de la financiación de 2025, los últimos a los que se tiene acceso, la inversión pública alcanzó los 13.734 millones de euros, de los que las comunidades autónomas asumieron el 72,6% del gasto (9.976 millones) y la Administración General del Estado el 27,4% restante (3.758 millones). Aunque la aportación estatal aumentó un 8% respecto al año anterior, desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales consideran que el esfuerzo sigue lejos de compensar las necesidades del sistema.

“Ese 8% sigue siendo la mitad de lo que destinan de media los países de la UE”, denuncia Ramírez, que también se queja de que el plan de choque que el Gobierno acordó entre 2021 y 2023 para inyectar 600 millones de euros cada año está paralizado desde que no se han aprobado presupuestos. Esto, sostiene, ha supuesto un duro golpe que se ha visto reflejado “en la limitación de las prestaciones y servicios”.

El pasado 26 de abril de 2026 fue publicada en esta sección una carta en la que denunciaba la situación de mi madre, de 92 años, a la espera de la resolución de su expediente de dependencia. En aquella carta hablaba en primera persona, por ella y por mí, pero también por tantas familias atrapadas en un laberinto administrativo que no entiende ni de dolor, ni de urgencia, ni de dignidad.

Ha pasado más tiempo y nada ha cambiado. La denuncia fue publicada, la situación se conoce, los informes médicos fueron remitidos, pero la respuesta sigue sin llegar. Y cuando la Administración conoce el problema y no actúa, la demora deja de ser un simple retraso: se convierte en una forma de abandono.

Desde que solicitamos formalmente la valoración de la dependencia ha pasado ya más de un año. La propia Xunta establece un plazo de seis meses para tramitar el procedimiento, desde la valoración hasta la resolución. En el caso de una persona de 92 años, con varias complicaciones de salud, ese incumplimiento no es una cuestión menor. El tiempo administrativo puede ser lento; el tiempo de una persona dependiente, no.

Mi madre sufrió durante este periodo una fractura de cadera, un trombo pulmonar y una pérdida evidente de su autonomía. Hoy necesita ayuda para todo. Pero el expediente sigue su curso, lento y frío, como si detrás de él no hubiera una vida frágil ni una familia al límite.

También hay que hablar de quien cuida. Cuando el cuidado recae en una sola persona, la vida se convierte en una vigilancia permanente: noches interrumpidas, cansancio acumulado, miedo constante, soledad y desgaste emocional. Cuidar con amor no debería significar enfermar también. La salud mental de los cuidadores no puede seguir siendo el daño colateral de una Administración que llega tarde.

Señora conselleira de Bienestar Social, señor presidente de la Xunta: no pedimos un favor. Reclamamos un derecho. Un derecho que, cuando llega tarde, llega herido. Porque la dependencia no puede esperar al ritmo de una burocracia que parece olvidar que trata con personas mayores, enfermas y vulnerables.

Hay una palabra difícil, pero necesaria: desidia. Desidia cuando se incumplen los plazos. Desidia cuando una carta pública no provoca ninguna respuesta efectiva. Desidia cuando se habla de agilizar trámites mientras las familias siguen hundidas en la espera.

Menos anuncios y más recursos. Menos silencio y más humanidad. Menos burocracia y más dignidad.

Porque una sociedad se retrata en cómo cuida a quienes ya no pueden valerse por sí mismos. Y ahora mismo, ese retrato del Gobierno de Galicia resulta profundamente triste y desolador.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

En 2017 el realizador César Vallejo rodó un documental sobre Luis de Marcos al que tituló El viaje a Islandia. Cuando en Aspe recogí —en nombre de César— uno de los premios que ganó, me acompañaban mis hijos, y a ellos se lo dediqué diciéndoles que una vez que se conquistara el derecho a decidir sobre el final de la propia vida, ellos podrían dedicar su tiempo y sus fuerzas a luchar por otros derechos.

Ese derecho llegó hace cinco años en forma de ley orgánica: se aprobó el 18 de marzo y entró en vigor tres meses después, el 25 de junio de 2021. El camino recorrido hasta allí no estuvo exento de disgustos, abandonos inesperados, pedradas, abrazos envenenados e insultos. No conozco a nadie que disfrute oyendo que lo llaman asesino o monstruo, pero cuando te guías por el corazón esos calificativos no hacen daño, definen a quien los pronuncia. Y si además se tiene la suerte de conocer en ese viaje a personas muy valientes y comprometidas, que dan abrazos que son un regalo y un argumento contra la soledad, personas enamoradas de la vida y que por ello la defienden, que consideran que el derecho personalísimo a decidir sobre la propia vida es irrenunciable... si pasa todo eso, digo, una sólo puede sentirse muy afortunada. 

A quien no pueda entender que una persona que sufre una enfermedad grave e incurable y que padece un sufrimiento insoportable tiene derecho a pedir voluntariamente acabar con esa tortura, le pido respeto. Sólo eso. Porque no es necesario pensar igual, claro que no, pero sí lo es respetarnos. Todos y todas amamos la vida a nuestra manera. Nadie quiere morir. Luis no era una excepción. Luis amaba la vida, la disfrutó de manera inagotable mientras pudo, y él no quería morirse, lo que pedía era dejar de sufrir. Liberarse de la cárcel en la que se había convertido su cuerpo inmóvil durante años. Dejar de padecer esos dolores neuropáticos constantes –peores, según explicaba, que la parálisis total– que comparaba con tener puesto un traje de neopreno forrado de cristales muy punzantes. Dejar de ser dependiente para todo, incluso para rascarse la nariz. Y yo le apoyaba en su reivindicación; le decía: “Si te quieres ir, yo te ayudo a hacer las maletas y ya veré qué hago con la tristeza” y le seguí apoyando cuando murió.

Permanezco al lado de quien pide –no por gusto, sino por necesidad– poner fin a una existencia que sólo genera sufrimiento y no tiene ninguna posibilidad de mejorar. Porque cuando se ama a una persona, lo que menos se quiere es que esta sufra. Así de sencillo. El significado último de todo lo que nos rodea es el amor. No es un simple sentimiento: es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación y la tristeza que se cuela en cada despedida.

Y cuando el 18 de marzo de 2021 asistimos a la votación en el Congreso por la que se aprobaba la ley de despenalización de la eutanasia y mis amigos-hermanos de SOS Amatxu, Txema, Daniel y David, nos abrazamos con Marcos y Ángel y pudimos agradecerle a Luisa Carcedo la defensa que hizo de la ley, palpé la felicidad, sonreí a pesar de la ausencia de Luis, sentí que el universo me miraba y me decía: “Hola, lo habéis conseguido”. 

Lo hemos conseguido, sí, pero eso no significa que no haya que seguir protegiéndolo, ya que algunos sectores de la sociedad siguen calificándolo como asesinato, por más claro que queda en la ley que es un derecho y no una obligación. El derecho a disponer de la propia vida es eso: la opción de poner fin a la propia vida. Nadie lo puede solicitar en nombre de otra persona. Sólo si quien pide poder abandonar este barco llamado vida presenta la solicitud y lo ratifica en al menos dos ocasiones en un plazo mínimo de 15 días se pondrá en marcha el proceso. Sólo, sólo, sólo en ese caso. Que no engañen quienes están en contra. Igual que nadie está obligado a casarse con una persona de su mismo sexo por el hecho de que exista la ley de matrimonio igualitario, nadie será sometido a la eutanasia si no lo desea. 

Quizá mis hijos tengan que seguir luchando por este derecho que ya creíamos consolidado. Espero que no, y que, como dije en Aspe, puedan dedicarse a pelear por otros.

Luis y yo no logramos viajar juntos a Islandia. La esclerosis múltiple se lo llevó antes de poder volar juntos hasta allá, pero conquistamos muchos otros objetivos, quizá más importantes. Queda la ley, queda su recuerdo, todo lo aprendido a su lado, queda el documental en el que César Vallejo refleja la historia de Luis, capta su voz dolorida con la que defendía tener derecho a “algo tan humano como morirse, pero morirse sin sufrimiento”. Porque él amaba la vida.

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Asun Gómez Bueno es periodista y vicepresidenta del Comité de Informativos de la Unión Europea de Radiodifusión.

La atención a las personas en situación de dependencia no puede convertirse en un negocio ni depender de la capacidad económica de las familias. Se trata de un derecho humano fundamental ligado a la dignidad y a la obligación del Estado de proteger a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Los pacientes con enfermedades graves como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) necesitan una red pública de cuidados estable, universal y humana. Sin embargo, la progresiva privatización de los servicios sociales y sanitarios ha debilitado este principio de solidaridad, transformando el sufrimiento en un espacio de rentabilidad empresarial.

La Ley de Dependencia de 2006 reconoció el derecho de las personas dependientes a recibir apoyo para desarrollar actividades básicas de la vida diaria. Aun así, miles de personas continúan esperando ayudas mientras España invierte apenas un 0,8% del PIB en dependencia, muy por debajo de la media europea.

La externalización de los cuidados ha provocado un deterioro de la atención, listas de espera interminables y una creciente precariedad laboral entre las trabajadoras del sector. Muchas familias se ven obligadas a asumir en soledad una carga física, emocional y económica insoportable. El peso de esta realidad recae especialmente sobre las mujeres, que constituyen la mayoría de las cuidadoras informales y sufren graves consecuencias psicológicas y laborales.

La situación en la Comunidad de Madrid representa uno de los ejemplos más alarmantes de esta deriva. El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso pretende aplicar recortes de hasta el 40% en las ayudas destinadas a pacientes con ELA en situación de gran dependencia, precisamente quienes necesitan ventilación mecánica y asistencia permanente para sobrevivir.

Aunque la Ley ELA de 2024 buscaba garantizar una protección homogénea, la realidad demuestra que la vida de los pacientes continúa dependiendo de su código postal y de la renta familiar. Mientras otras comunidades amplían las ayudas públicas, Madrid reduce las prestaciones a cantidades insuficientes, obligando a muchas familias a asumir gastos imposibles o incluso a renunciar a cuidados esenciales.

Esta desigualdad territorial rompe el principio de cohesión social y convierte un derecho básico en una lotería geográfica. Además, el Tribunal Supremo ha señalado recientemente que los cuidados esenciales para personas con gran dependencia no pueden tratarse como servicios voluntarios ni someterse a criterios mercantiles.

Por ello, resulta urgente blindar legalmente las prestaciones vinculadas al soporte vital, eliminar los copagos en servicios esenciales y reforzar una red pública de cuidados digna y universal. Porque una sociedad democrática se mide por la forma en que protege a quienes más la necesitan. El cuidado no puede seguir siendo un privilegio: debe ser un derecho garantizado para todos.

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Petri Rogero y J. Luis Carpintero son socios de infoLibre.

La ELA no espera. Y las ayudas tampoco deberían hacerlo.

Miguel convive con una enfermedad que exige cuidados constantes, una "UCI en casa" y un coste económico difícil de asumir para muchas familias. La ley ELA fue recibida como un avance histórico, pero su aplicación sigue dependiendo de cada comunidad autónoma. "Mientras algunas regiones dan las ayudas íntegras o incluso las amplían, como es el caso de Cataluña, Madrid reduce la cuantía según ingresos y prestaciones previas, hasta en un 40%", explica Reinés.

"Porque cuando escuchas a alguien con ELA hablar de su vida, entiendes que esto no va de ideología. Va de dignidad (...). Y ahora mismo en Madrid hay demasiadas familias luchando contra la ELA y contra el sistema al mismo tiempo".

“Cada 16 minutos fallece algún dependiente. En 2025 más de 6.000 sin haberles reconocido o hecho efectivo el derecho a recibir los servicios de dependencia”. Son los preocupantes datos que ofrece el sindicato de Pensionistas de CCOO de Sevilla. La Ley de dependencia en Andalucía se aprobó en 2006 con el fin de garantizar ayuda a personas con falta de autonomía ofreciendo servicios y prestaciones económicas dependiendo de los grados de dependencia. Sin embargo, según denuncia la organización, existen muchos casos de personas que han sido condenadas por el Estado a una “eutanasia institucional”.

Fue el caso de la hermana de María Luisa Madrera, afiliada al sindicato, que cuenta que su hermana solicitó la ayuda en 2024, pero que “hubo que ingresarla en una residencia privada porque en la pública no había plazas”. Falleció en enero de este mismo año sin todavía recibir la aprobación de la dependencia. “Estuvimos esperando casi dos años y no obtuvimos respuesta de nadie”, cuenta Madrera. Como este, aseguran, muchos casos más.

Según la valoración del último barómetro sanitario del CIS (2025), el sistema de salud de Andalucía es considerado uno de los más saturados, algo que afecta sobre todo a los colectivos más vulnerables. En este caso son las personas de la tercera edad quien denuncia que, “en muchos casos, pasan hasta dos años hasta que se aplica la dependencia”.

Los mayores de 65 años representan más del 20% de la población andaluza y son 28 los que mueren al día esperando la prestación por dependencia. Solo en el mes de febrero han fallecido 652 personas en esa situación. De ellas, 437 murieron sin haber sido valoradas y 215 fallecieron con el grado reconocido pero sin recibir la prestación correspondiente, según informa El Diario de Sevilla. “Este problema lleva dándose ya mucho tiempo”, subrayan desde el sindicato. 

Pese a la urgencia de la situación, desde la Junta de Andalucía, argumenta el sindicato: “No reconocen la situación y dicen que todo está bien, para ellos es un logro que se hayan reducido las listas de espera aunque aún están lejísimos del límite que establece la ley”, cuenta a infoLibre Ángel Gómez, secretario general del sindicato Provincial de Pensionistas. El límite que marca la ley está en 6 meses, lo que equivale a 182 días.

Andalucía es la penúltima comunidad autónoma en cuanto a número de días de espera para la concesión de la dependencia, sólo por detrás de Murcia. “Está claro que Moreno Bonilla no ha sabido adaptarse a las circunstancias y su gestión exige medidas urgentes, hay más de 500.000 personas en listas de espera”, afirma Gómez. 

“Lo que buscamos es una solución integral que vaya desde la Junta hasta el gobierno central y que, por supuesto, todos los partidos políticos se comprometan con esta situación crítica”, exige el secretario general. 

Por ello, los sindicatos CC.OO y UGT de Pensionistas, han convocado una concentración el día 29 de abril para denunciar la situación de degradación que tiene la Ley de Dependencia. “Hay que denunciar la falta de plazas de residencia, las listas de espera y el comportamiento que está teniendo este gobierno con los mayores”. La manifestación será a las 12.00h frente al Palacio de San Telmo (Sevilla) con el lema ¡Basta de maltrato!

Casi 9.000 personas murieron esperando una resolución del sistema de la dependencia en el primer trimestre de 2026, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, que eleva la lista de espera en hasta 271.556 personas, ya que no excluye las que llevan menos de seis meses (plazo establecido por la ley) como hace el Ministerio de Derechos Sociales, que la fija en 152.249 personas.

Así figura en el informe del observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicado este viernes tras presentar Derechos Sociales los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 31 de marzo de 2026, y que critica que el Ministerio y las comunidades proclamen que se bate el récord de personas atendidas cada año "para justificar su triunfalismo y ocultar la realidad".

El observatorio cuantifica en 271.556 las personas en listas de espera (13.389 más que a finales del pasado año): 118.716 pendientes de una valoración y 152.840 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales no incluye en la lista de espera a las personas que llevan en esa situación menos de seis meses, que es el plazo máximo fijado por la ley para responder a los procedimientos; estima que son 152.249 personas y destaca que esa lista baja un 16,6% en un año.

La asociación critica que no se incluya en la suma total a todas las personas y a sus familias que están esperando durante meses una respuesta de la administración. Según su evaluación, con los datos oficiales, "se necesitarían 86 años para lograr que no hubiese lista de espera".

El observatorio señala que de las 8.996 personas que han fallecido en estos tres meses (992 más que el año pasado a estas alturas), 4.628 lo hicieron esperando ser valoradas y 4.368 a recibir la prestación a la que tenían derecho.

Casi la mitad de estas muertes se concentran en Cataluña (2.886) y Andalucía (1.567), mientras que Galicia es la comunidad con menos fallecimientos en lista de espera, con 21, detallan los profesionales de los servicios sociales.

"Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de personas beneficiarias, aunque sea con servicios de low cost", reprocha la asociación.

Sobre estas críticas de que el sistema ofrece servicios de bajo coste se ha pronunciado en la presentación del panel la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que ha reconocido que "el peso de las prestaciones en el total" del sistema "quizá es más alto del que sería deseable".

Ha incidido, no obstante, en que hay "una voluntad y un compromiso por parte de las comunidades autónomas por reducir la lista de espera y por continuar aumentando el porcentaje de servicios que se ofrecen, reduciendo el de prestaciones".

Media mañana del pasado miércoles. Cafetería de la tercera planta del Congreso. En una mesa está sentado el ministro Pablo Bustinduy absorto entre sus papeles en mitad de la escandalera de periodistas y diputados pidiendo café para sobrellevar la larga jornada plenaria. Repasa su discurso, hace con su boli los últimos cambios. En apenas una hora subirá a la tribuna de oradores para defender el decreto para el desarrollo de la ley ELA.

Al mediodía los diputados aprietan el botón. La luz verde inunda la pantalla que corona el techo del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. El resultado es de unanimidad absoluta: 346 ‘síes’ y ningún ‘no’. Se trata de casi un milagro en un hiperfragmentado Congreso, donde al Gobierno le cuesta sudores sacar alguna ley cada semana. En cambio, Bustinduy ha conseguido hacer normal ese apoyo en los últimos días.

La semana anterior Bustinduy también logró el respaldo en la Cámara Baja a la ley de servicios de atención a la clientela, una norma que no acapara grandes titulares, pero que viene a poner coto a las cansinas llamadas de spam que reciben constantemente los ciudadanos en sus teléfonos móviles. Una norma que ya trató de impulsar Leire Pajín en su época como ministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que no ha visto la luz hasta bien entrado 2025. Además, supuso un rearme de la mayoría de investidura con el voto a favor de Junts en un momento en el que los de Carles Puigdemont tratan de materializar, en cambio, su divorcio del PSOE.

El titular de Derechos Sociales ha logrado también una victoria política interna dentro de la coalición durante esta semana al forzar que el ala socialista se abra por primera vez a la inclusión en los presupuestos generales de una renta universal por hijos menores de 18 años. Se trata de una medida que impulsan con fuerza de la mano Bustinduy y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con la idea de crear una prestación de 200 euros mensuales. Desde el ala de Sumar se traslada que en estos momentos tan complicados de la legislatura “hay que mandar la señal a los ciudadanos de que se hacen cosas”.

Bustinduy, asimismo, se ha encontrado con las encuestas a favor en estos momentos. Es el ministro del ala de Sumar con mayor puntuación para los ciudadanos, con un 5,32, y sólo lo supera en la lista general Carlos Cuerpo, del ala socialista y al frente de Economía (con un 5,41), según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La nota del titular de Derechos Sociales no ha dejado de crecer en el último año: en noviembre de 2024 tenía un 4,5 y barómetro a barómetro ha ido incrementando su puntuación.

El ministro tiene mejor imagen, con poca diferencia, entre los hombres (5,34) que entre las mujeres (5,29). Encuentra también sus cotas de valoración más altas en la población con más de 65 años (donde llega hasta los seis puntos), pero también gusta especialmente en el segmento que va entre los 25 y los 34 años (5,69). Los votantes de Sumar le dan un 7,35, siendo el ministro favorito de todos los de ese espacio por encima de Ernest Urtasun, Mónica García, Yolanda Díaz y Sira Rego. Tiene un tirón también importante entre los votantes socialistas (6,90), de EH Bildu (6,58), BNG (6,21) y Esquerra Republicana (6,14).

La imagen creciente de Bustinduy ha hecho que muchos dentro del espacio lo miren ante el complicado laberinto que afronta la izquierda de cara a las próximas elecciones generales con un mapa muy fragmentado, con Podemos alejándose de Sumar cada día más y con la idea de que está agotado el paraguas progresista con el que fueron a las urnas en las pasadas elecciones generales. 

Pero el propio Bustinduy se quiere alejar de esa carrera por encabezar una posible candidatura para las generales. En una reciente entrevista en la Cadena Ser con Aimar Bretos señaló ante la pregunta de si le han planteado ponerse al frente de una lista del espacio: “No, porque todo el mundo sabe que no lo voy a ser. Me dedico en el ministerio a avanzar todo lo que pueda, que ya es una responsabilidad abrumadora”.

Posteriormente se le preguntó si creía que que la candidata debía ser Yolanda Díaz, a lo que Bustinduy contestó: “Es la mejor ministra de Trabajo que ha habido en la democracia española y la vicepresidenta de un Gobierno que tiene mucho por hacer. Tenemos que centrarnos en trabajar”.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales insisten en el trabajo que queda por delante: “Seguimos con nuestro ritmo fijo”. Por ejemplo, ahora están muy vigilantes ante la celebración del Black Friday, para lo que han lanzado la mayor campaña de vigilancia y monitorización de precios hecha hasta la fecha por Consumo. Ya el año pasado este departamento implementó sanciones por valor de 350.000 euros a siete compañías. “Nos tomamos muy en serio reforzar la seguridad de los consumidores en este tipo de eventos”, trasladan desde el entorno de Bustinduy.

Asimismo, el ministerio está poniendo toda la energía en los expedientes que mantiene abiertos a Alquiler Seguro y a Airbnb. Y Derechos Sociales no tira la toalla en el terreno legislativo para sacar adelante la reforma de las normas sobre discapacidad y dependencia. En el anteproyecto se incluye la supresión del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y el plazo suspensivo de dos años de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar. Asimismo, incluye regular la asistencia personal, expandir la ayuda a domicilio y reconocer la teleasistencia como un derecho subjetivo.

Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas que menos aportaron al sistema de dependencia el pasado año 2024, siendo además el territorio que menos invierte por persona potencialmente dependiente. Todo esto mientras el Estado también redujo su aportación a la financiación, alejándose de nuevo del 50% que marca la ley y quedándose en el 35%.

Estas son algunas de las principales cifras que se extraen de los datos sobre la financiación de la dependencia recopilados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que aún no han sido hechos públicos por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según estos datos, la Xunta de Galicia aportó un 65,1% de la financiación al sistema de dependencia frente al 72,9% de media en el conjunto de las autonomías y solo por encima de La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%) y empatada con Andalucía. El porcentaje en Galicia queda muy lejos del 84% del País Vasco o del 81% de Navarra.

Tal y como explica la entidad, el Gobierno central, a pesar de aumentar su aportación en más de un 5% en 2024, redujo al 27% (un punto y medio menos) su porcentaje de financiación de la dependencia global debido a la falta de un incremento presupuestario en este ámbito y tras dos años sin aprobarse nuevas cuentas. Así, de un total de 12.843 millones de euros de inversión pública en Atención a la Dependencia en 2024, las comunidades autónomas aportaron 9.365 millones (un 13,8% más que en 2023).

Según las bases de datos del Imserso, en el año 2020 llegaron a Galicia algo menos de 95 millones del Estado para financiar las prestaciones de la ley de dependencia, lo que suponía apenas un 23% del gasto total en la comunidad, por lo que casi el 80% fue asumido por la Xunta. Fue entonces cuando el Ejecutivo central puso en marcha su "plan de choque" en la materia: en 2021 financió estos servicios en Galicia con 140 millones, en 2022 ascendió hasta los 162 y en 2023 llegó a los 209,5, lo que representa el 40,69% del total del gasto certificado en este ámbito en Galicia. En 2024 el Ministerio transfirió, según los datos de los responsables de Servicios Sociales, un total de 221,8 millones, que representa el 34,9%, posicionando así a Galicia como el territorio donde el Estado aporta más en términos porcentuales, solo superado por Castilla y León.

En total, la inversión del Gobierno central en dependencia, de casi 3.500 millones, supone triplicar los 1.130 asignados hace una década, en 2014. "No hay precedentes de un esfuerzo fiscal así y lo vamos a mantener hasta cumplir con el acuerdo de Gobierno para financiar el 50% del sistema", explicó este martes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tras anunciar en rueda de prensa la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley para reformar, precisamente, la ley de Dependencia.

Esta legislación marca la voluntad, según ha sido expresado en numerosas ocasiones, de repartir la carga económica de este derecho a la dependencia al 50% entre el Gobierno de España y las autonomías. Sin embargo, esto nunca ha sucedido ni en Galicia ni en el resto del Estado.

Sea como sea, y según los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Galicia se sitúa a la cola entre las comunidades teniendo en cuenta la inversión en dependencia por persona potencialmente dependiente.

La Xunta aporta 1.317 euros por persona potencialmente dependiente frente a los casi 2.000 euros de media de todos los territorios o los 2.845 euros del País Vasco y los 2.779 de Extremadura.

En cuanto al gasto medio anual por beneficiario, la media estatal es de 8.592 euros, de los que la Administración General del Estado aportó 2.327 como nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.267. En el caso de Galicia, el gasto anual es de 8.392 euros, ligeramente por debajo de la media y solo por encima de cinco territorios.

Además, si tenemos en cuenta la inversión per cápita, Galicia tampoco obtiene buenos resultados. La cifra asciende a 235,4 euros, superando únicamente a Murcia y Canarias, y lejos de los 268 euros de media estatal.

Por otra parte, precisamente este martes el Gobierno de España autorizó en el Consejo de Ministros la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales de destinar 52,5 millones de euros a Galicia para financiar el sistema de dependencia dentro de la inversión total que se transferirá a todas las comunidades y ciudades autónomas, de 783,2 millones para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

"Revalida el récord histórico de 2023 y 2024 para financiar el SAAD, incrementando hasta en 500 millones más la dotación presupuestaria que hubo en 2021", destaca el Ejecutivo central.

También este martes, la Xunta anunció su objetivo de alcanzar este año las 90.000 personas dependientes atendidas tras superar las 84.000 con servicio, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior.

Según destaca el Gobierno gallego, en el primer semestre de vigencia del Plan de mejora de la dependencia y discapacidad se resolvieron de manera favorable 42.559 expedientes, un 95% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, destaca la Xunta, en este tiempo se implantó la valoración automática del grado III de dependencia para las situaciones más graves y la posibilidad de que las valoraciones se realicen directamente en las residencias públicas por parte del personal sanitario.

Un total de 286.681 personas continúan en la lista de espera para que se le asigne un servicio o prestación del sistema de dependencia: 150.482 tienen ya el derecho reconocido en espera de atención (8.386 más que al empezar el año) y 136.009 aún están pendientes de valoración (8.130 más que hace seis meses). En concreto con estos datos del mes de junio, son 16.536 más que a comienzo de año.

Según destaca el informe del Observatorio estatal para la dependencia con datos oficiales (provisionales) y partiendo de los datos publicados por el propio Ministerio de Derechos Sociales, en los últimos seis meses no solo se redujo el tiempo de espera si no que aumentó hasta los 342 días en junio de 2025, ocho días más que al inicio de año. Así, en estos primeros seis meses de 2025, la lista de espera aumentó en más de un 6% en toda España con la Comunitat Valencia (+21,8%), Madrid (+32,8%), Castilla La Mancha (+63,4%) y Cantabria (+64%) a la cabeza. Con el ritmo actual que tiene el sistema de atención a la dependencia, se tardarían 94 años para lograr la plena atención.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días). Sin embargo, solo Castilla y León (113), Euskadi (129), Aragón (163), Ceuta y Melilla (163) y Castilla La Mancha (176) están por debajo a ese margen en sus promedios. En el otro extremo estarían Andalucía (574 días), Murcia (564 días) y Canarias (521 días). Además, Murcia (+44 días) y Madrid (+30 días) han aumento de manera importante los tiempos de tramitación en este primer semestre

Aunque durante estos seis primeros meses de 2025, 44.532 personas dependientes más están recibiendo prestaciones y servicios respecto al final del año pasado, se advierte una cierta ralentización en el aumento de personas atendidas. También se ha incrementado el número de prestaciones y servicio en 79.639. A pesar de este aumento, según destaca la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, España continúa con un "sistema low cost" al consolidarse la tendencia de más prestaciones y servicios de bajo coste como la prestación por cuidados en el entorno familiar o la teleasistencia.

Por comunidades, aquellas con un "mayor limbo de dependencia" son Canarias (35,4%), Euskadi (16%), Cataluña (14,5%) y Extremadura (11,8%). En cambio, Aragón (1,5%), Navarra (2,1%) y Cantabria (2,6%) son las autonomías con datos más bajos. Además, siete han aumentado el número de personas en esta situación: Canarias (+44,2%), Castilla La Mancha (+40%) y Madrid (+31,6%) lideran este aumento. Así, más de la mitad (51,7%) de las personas que se encuentran en el "limbo de la dependencia" residen en tres comunidades: Cataluña (39.755), Andalucía (18.749) y Canarias (15.171).

Si se atiende al ratio de personas beneficiarias con prestación, las autonomías que más han aumentado son Galicia (+10%), Canarias (+6,7%) y Asturias (+5,9%). Por el contrario, en Cantabria (-0,8%), Extremadura (-0,5%) y Rioja (-0,2%) son las tres únicas donde han disminuido el número de personas atendidas.

Así, según este informe, el sistema de dependencia en España tras 18 años de implantación es "poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia" por los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad. Desde la entrada en vigor de la ley, 3.699.078 personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia. En la otra cara de la moneda, 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también destaca que el plan de choque llevado a cabo por el Ministerio ha significado un "importante avance en la reducción de las listas de espera", aunque no ha cumplido con los objetivos por "una paralización en el aumento de inversión para la dependencia". "La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia el que muchas personas salen de la lista de espera por causa de fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho", explican.

La lista de espera del sistema de dependencia ha descendido un 9,4 % en un año, hasta las 182.532 personas, si bien los usuarios han tenido que esperar más para la resolución de sus expedientes, en concreto 10 días más, una media de 338 días.

Por primera vez, Derechos Sociales ha presentado los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que cifra en 1.533.173 las personas que reciben una prestación, 180.851 usuarios más tras un incremento del 7,6 % anual. Una cifra récord, según la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Martínez ha destacado en rueda de prensa la relevancia de estos números en un contexto de aumento de solicitudes: en el último año ha habido 112.026 solicitudes más, un incremento anual del 5,4 %.

Derechos Sociales incluye en la lista de espera del sistema de dependencia a 182.532 solicitantes, aquellos que hicieron la petición y aún no han obtenido respuesta pasados los seis meses que establece la ley. Otras 84.808 personas han iniciado los expedientes y se encuentran en plazo para obtener respuesta.

Por tanto, son 266.940 las personas que están pendientes de recibir respuesta a sus expedientes.

En marzo de 2025, murieron 2.592 personas que estaban esperando que se evaluara su solicitud o que, habiéndosele reconocido un grado de dependencia, no habían recibido aún ninguna prestación.

El número de personas activas en el sistema de la dependencia a fecha 31 de marzo era de 2.195.095: 1.533.173 tienen alguna prestación, 182.532 personas están en lista de espera, 84.808 solicitantes están en el periodo de seis meses de tramitación de sus expedientes y los 394.582 restantes han sido calificados con un grado de dependencia que no da acceso a prestación.

El número total de prestaciones activas en marzo de 2025 era de 2.144.108, para el millón y medio de personas con acceso a ellas.

Frente a los 180 días que fija la norma, los solicitantes de ayuda a la dependencia tienen que esperar una media de 338 días en obtener respuesta, son 10 más que hace un año.

Con respecto a este incremento del número de días en que se están resolviendo los expedientes (desde la solicitud hasta el acceso efectivo a la prestación), Martínez ha explicado que se debe al aumento de la población que accede al sistema y ha reconocido que, dado que ese número no va a dejar de crecer, constituye un "desafío" dar una respuesta de calidad a estas personas.

Además, ha hecho hincapié en que el número de solicitudes no va a dejar de crecer por la realidad demográfica del país: se espera que de aquí a 2030 sean 400.000 las personas que pidan entrar en el sistema de dependencia.

Martínez ha destacado que aunque los 338 días de media de resolución son superiores a los 328 de hace un año, a finales de 2020 el plazo ascendía a 457.

El 62 % de las solicitantes de dependencia son mujeres y el 38 %, hombres. El perfil que más se repite es el de una mujer de más de 80 años (más de 1,14 millones de solicitantes lo son).

También son mayoritariamente mujeres, de 50 a 65 años, las personas que reciben prestación por cuidados familiares, principalmente por atender a sus madres y padres.

Estos dos datos, ha dicho Martínez, obligan a gestionar el sistema de dependencia con perspectiva de género, tanto a la hora de diseñar políticas de cuidados y apoyos como de analizar el impacto que estos cuidados tienen en la carrera y la calidad de vida de las mujeres.

Por comunidades autónomas se observan grandes diferencias en la lista de espera de la dependencia, desde el 0,01 % de Castilla y León hasta el 8,83 % de Andalucía o el 6,12 % de Cataluña.

Tras Castilla y León, las cifras más bajas se registran en Ceuta (0,22 %), Cantabria (0,34 %), La Rioja (0,42 %), Melilla (0,47 %), Navarra (0,58 %) y Aragón (0,6 %).

Continúan, por orden, Galicia (1,1 %), Castilla-La Mancha (1,59 %), Asturias (2 %), Extremadura (2,43 %), Balears (2,54 %), País Vasco (2,6 %), Murcia (2,92 %), Madrid (3,38 %), Comunidad Valenciana (3,95 %) y Canarias (4,2 %).

Derechos Sociales ha informado de que Castilla y León ha sido la comunidad autónoma con mayor reducción de su lista de espera (con un 96,3 % menos), Cantabria (90,4 % menos) y Aragón (un 53 % menos).

Las diferencias también son ostensibles en los plazos que lleva resolver las solicitudes de prestaciones: 54 días en Ceuta, 115 en Castilla y León y 128 en el País Vasco y 179 en Aragón.

El resto de comunidades superan los 180 días fijados por la ley: 181 en Castilla-La Mancha, 204 en Navarra, 207 en Cantabria, 224 en La Rioja, 247 en Baleares, 252 en Melilla, 264 en Cataluña, 273 en Extremadura, 312 en la Comunidad Valenciana y 320 en Madrid.

Por encima de la media nacional de 338 días, figuran Asturias (342), Galicia (393), Murcia (543), Canarias (549) y Andalucía (587).

La Junta de Andalucía ha decretado el cierre de una residencia privada, ubicada en Málaga capital, por carecer de licencia de apertura pese a haber estado abierta desde hace más de diez años y no contar con las condiciones de habitabilidad e incumplir las condiciones higiénico-sanitarias. El cierre se ha ordenado a instancia de la inspección de los Servicios Sociales de la delegación territorial de Málaga y los ancianos que vivían en este centro privado y sin plazas concertadas con la Junta de Andalucía han sido reubicados, según ha informado a EFE fuentes del Gobierno andaluz.

De la investigación se desprende que en la residencia, presuntamente, se vulneraba la dignidad e intimidad de las personas al no preservarlas durante la higiene y los cuidados sociosanitarios. También había supuestamente un incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en las instalaciones, dependencias, equipos, menaje, utensilios y vestuario, entre otros apartados.

Pese a que era una residencia privada, la Junta "ha ayudado, informado, orientado y asesorado en todo lo posible a la familias para la distribución de los residentes", pese a no tener competencias para la reubicación de los mismos, han precisado las fuentes.

Paredes llenas de humedades, excrementos en algunas de las estancias, suelos hundidos, roturas de barandillas, colchones llenos de orinas y la solería de la ducha levantada, son algunas de las escenas que se han encontrado los propietarios del inmueble, que tenían alquilado, al entrar en la finca y que hicieron que uno de ellos se desmayara en el jardín al comprobar que el mismo se había convertido en la "residencia de los horrores", ha asegurado a EFE el abogado que los representa, Andrés Francisco Pérez Plaza.

"La familia está hundida, la propietaria es la única que tiene fuerzas para entrar porque todo está ruinoso", ha lamentado el letrado, que ha advertido de que temen que las personas que han estado en la residencia hayan podido sufrir dejadez y abandono porque hasta hace dos semanas había ancianos. En la denuncia que ha presentado Pérez Plaza, a la que ha tenido acceso EFE, se indica que además de los cuantiosos daños causados, las inquilinas -que ya han alquilado otra finca en la localidad malagueña de Torremolinos para explotarla como residencia de ancianos- les han dejado una deuda de 84.458,75 euros.

Debido a que cada mes la deuda iba a más, los dueños dijeron a las inquilinas, antes de que la Junta decretara su cierre, que necesitaban vender la finca para poder subsistir y pagar la hipoteca que grava sobre la misma, pero ellas "le exigieron dinero para irse" y le amenazaron con que la destrozarían si no accedían, según consta en la denuncia.

El abogado ha explicado que sus clientes no accedieron a la "extorsión" de las inquilinas y que gracias a un amigo de la denunciante, detective privado, pudieron corroborar que se estaban llevando portes de enseres a la nueva residencia tras la orden de cierre de la Junta.

A finales de este mes de marzo, recibieron una llamada de una vecina que le advertía de que el portón de la vivienda estaba abierto y que en la finca no había nadie, por lo que fueron corriendo ante el temor de que fuera ocupada. Fue en ese momento cuando comprobaron que las cerraduras de todas las puertas estaban rotas y "el espectáculo con el que nos encontramos fue lamentable, sencillamente horrible, la finca presentaba un estado de desolación y totalmente incompatible con un uso normal de la misma", se refiere en la denuncia.

La propietaria de la casa, María Salud Sotorrio Baena, ha asegurado a EFE que nunca podían imaginarse que la finca pudiera dejarse en ese estado de abandono: "es desolador, horrible, porque nosotros le dejamos una casa maravillosa para que estuvieran aquí los residentes y ancianos muy bien cuidados y ahora todo es abandono y suciedad". Se ha preguntado cómo han podido tener ancianos hasta hace quince días, "nos consta que en los últimos días había dos", ha asegurado entre lágrimas Sotorrio Baena, que ha relatado que "la nevera, el horno, el lavavajillas, todos los electrodomésticos de la cocina están totalmente oxidados y con mugre de años. Esta suciedad no puede ser de dos o tres meses".

Fueron catalogadas como trabajadoras esenciales. Eran aplaudidas cada día desde los balcones de toda España. Y fue entonces cuando salieron a la palestra las condiciones en las que trabajaban: eran pocas, sufrían contratos precarios y la carga de trabajo siempre era elevada. Las residencias de mayores se situaron entonces en uno de los focos del nuevo modelo de cuidados del Gobierno, y sus empleadas en uno de los pilares a mejorar. El problema es que han pasado ya cinco años y no ha ocurrido. Y en eso coinciden todas, trabajen donde trabajen.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró tajante cuando le preguntaron las socias y socios de infoLibre. "La pandemia dejó claro que las trabajadoras y trabajadores del sector de los cuidados son imprescindibles. Sin ellas, nuestro sistema se colapsaría. Sin embargo, sus condiciones laborales siguen siendo precarias: salarios bajos, largas jornadas y enormes dificultades para conciliar. Esto es inaceptable", dijo. Y aseguró que se trabaja ya para "dignificar el sector".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por su parte, también señala a preguntas de este diario que esta es una de sus tareas pendientes. En concreto, señalan, ya trabajan en un paquete de medidas y en una serie de estudios para conocer y mejorar la situación de las trabajadoras del sector de la dependencia, cuya reforma legislativa ya ha echado a andar. Para ello trabajan de manera interna y coordinación con otros departamentos del Ejecutivo.

El problema es que mientras eso ocurre el día a día de cientos de miles de mujeres —puesto que según los datos oficiales del Gobierno ellas ocupan el 86,1% de los empleos en las residencias de mayores— sigue siendo exactamente el mismo. Las palabras y las promesas de mejora no han llegado. Y en muchos casos, incluso, se ha dado marcha atrás.

Los "salarios bajos, las largas jornadas y las enormes dificultades para conciliar" que mencionó Díaz en infoLibre tienen una consecuencia directa: cada vez menos personas quieren dedicarse al sector. Y este es un diagnóstico global. Raquel Mateos, que lleva 17 años cuidando mayores y trabaja en un centro de Cádiz, lamenta tener que trabajar, siempre "a contrarreloj". Odia ir "corriendo" por los pasillos, porque eso le impide hasta responder a las preguntas de los mayores. "Me da muchísima impotencia, hay veces que ni siquiera puedo escuchar lo que me dicen, y son ellos los que menos culpa tienen de las condiciones en las que trabajamos", explica.

"Siempre falta gente", añade Amparo Vidal desde la Comunitat Valenciana. No hay ni siquiera tiempo para ducharles o darles de comer, al menos, de forma adecuada, completa. Orlando Cárdenas, que trabaja en Barcelona, coincide. "Cuando la gente entra a trabajar aquí y ve cómo lo hacemos, se va", explica. Él trabaja en una planta con 20 residentes que se dividen, por los empleados que son y los turnos en los que trabajan, en siete para cada uno cada mañana. Hay que levantarlos, asearlos, vestirlos y acompañarlos al desayuno. Y es imposible hacerlo con el tiempo que merecen. Sobre todo porque los mayores que entran en los geriátricos lo hacen cada vez más mayores. Y, por tanto, más dependientes.

Los datos oficiales más recientes aparecen reflejados en el censo que publicó el Imserso el año pasado y que dibuja la situación que había en 2022. El documento, de 70 páginas, refleja que efectivamente, y como señalan las trabajadoras, la gran mayoría de los residentes tiene más de 80 años. En concreto, un 74,5%. Pero no sólo eso, sino que el 43,2% tiene o bien un grado I o un grado II de dependencia, siendo un 36,7% el porcentaje de ancianos que sufren un grado III.

No hay datos similares referidos a años anteriores —y de hecho eso ha sido objeto de críticas de algunos expertos como María Victoria Zunzunegui, que lamentan la falta de estadísticas sanitarias que permitan analizar la población que vive en geriátricos—, pero un estudio publicado en la revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en 2018 certificó que la media de edad de los residentes entonces se situaba en los 81,8 años, de lo cual se extrae que el porcentaje de residentes mayores de 80, entonces, era menor al actual. En aquella época además, tan sólo un 12,7% necesitaba todos los autocuidados o era, en otras palabras, gran dependiente.

La evolución va necesariamente ligada al progresivo envejecimiento que ha habido en España. Y que va a más. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registró un nuevo máximo histórico del índice de envejecimiento, que se sitúa ya en un 142,3%, es decir, que ya hay 142 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Antes del covid, en 2019, ese porcentaje era de un 123%.

"Las residencias se crearon para personas que podían salir, y de hecho antes hacían manualidades. Ahora, si se visita una residencia, tan sólo hay personas sentadas", lamenta Cárdenas. "En mi centro los mayores están como en guetos. Cada uno en su planta, sin poder moverse. Hace años participaban en actividades, pero ya no", añade Ana Merchan, trabajadora de un centro en Gipuzkoa.

El envejecimiento ha derivado en ratios insuficientes. El Gobierno, en cualquier caso, las incrementó en el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que estableció que debían ser, desde el pasado 31 de diciembre, de 0,41, es decir, de 41 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes.

En 2018, antes del covid, un estudio que comparó la situación en el País Vasco con el resto de comunidades evidenció que la región que tenía una ratio más elevada era Andalucía, que contemplaba 39 empleados de atención directa por cada 100 residentes. En otras como Castilla y León eran 23, y en otras como Murcia, 25. La situación por tanto, al menos en exigencia, ha mejorado.

Sobre la práctica, en cambio, es más complicado verlo. En las estadísticas del Imserso se observa que entre el cuarto trimestre de 2023 y el de 2024 las trabajadoras de establecimientos residenciales para personas mayores y personas con discapacidad física —la base de datos lo acota así— han aumentado de 125.890 afiliadas a 130.524, es decir, un escaso 3,7% que, sin embargo, tiene sus limitaciones a la hora de ser interpretado. La doctora en economía e investigadora en el ámbito de la protección social Julia Montserrat señala que el análisis tiene que incluir necesariamente una diferenciación entre los tipos de jornada y que, por ello, es más correcto hablar de presencias, no tanto de ratios. Es decir, la cuestión no es que haya contratadas tres gerocultoras, por ejemplo, sino que, en un turno determinado, estén esas tres personas. ¿Qué es necesario para ello? Que haya más empleadas.

"Sabemos lo que pasó, lo que puede pasar y lo que necesitamos, pero nadie está haciendo nada", lamenta por su parte Lidia Arguiz, trabajadora de una residencia de Galicia. Allí, la Xunta ha eliminado de la normativa de 1996 un apartado que hacía obligatoria la presencia de un profesional de enfermería 24 horas en aquellos centros de más de 40 plazas.

A nivel nacional, el Ejecutivo cifró en 34.000 el número de trabajadoras que serían necesarias para mejorar el modelo. En Madrid, sindicatos y familiares estimaron que haría falta duplicar las plantillas, porque estimaron que la ratio adecuada para garantizar una "presencia física" es de 132 empleadas por cada 100 mayores.

Más allá de la falta de personal, todas las trabajadoras consultadas se quejan de sueldos que tan sólo siguen la senda del salario mínimo interprofesional. O poco más. "A mí me encanta mi trabajo, pero cobro, de base, 1.160 euros al mes", lamenta Raquel Mateos. "En todo este tiempo nos hemos mantenido igual, nada ha cambiado a nivel salarial", coincide Lidia Arguiz.

En cuanto a los contratos, el VIII convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes determina que los centros han de tener como mínimo un 80% de personal con contratos indefinidos. Sin embargo, un análisis de la investigadora Julia Montserrat cifró que en entre 2012 y 2018 esa proporción había descendido, concretamente, del 74,7% al 70,2%.

Actualmente, según el último informe del Imserso correspondiente al cuarto trimestre de 2024 —que como en el caso de las plantillas incluye el caso de las residencias para mayores y personas con discapacidad física—, indica que los contratos indefinidos suponen ya el 78,5% del total.

Más allá de eso, todas las trabajadoras coinciden en que nada se aprendió del covid. Y en que, si llegase un nuevo virus, es probable que se cometieran los mismos errores. "Ni se ha hecho nada ni se ha aprendido de los errores. Ya ni siquiera se lavan los uniformes para desinfectarlos", completa Rosa Serna, trabajadora de una residencia de Vallecas (Madrid) y presidenta de su comité de empresa de CCOO. "No hemos mantenido ningún protocolo. Ya no hay ningún miedo, da todo igual", lamenta Arguiz. "Hubo un momento en el que fuimos esenciales y todo el mundo se acordó de nosotras, pero luego pasó todo y, ahora, seguimos abandonados", sentencia.

Apareció de repente, nadie pudo preverlo ni prepararse para combatirlo y su expansión, además, se produjo a toda velocidad. No fueron pocas las voces que compararon la pandemia de covid-19 con una especie de catástrofe natural sobrevenida. Una suerte de tsunami que, sin embargo, sacó a la superficie las carencias de muchos sectores que hasta entonces habían permanecido en un segundo plano. Si las residencias de mayores se convirtieron entonces en la zona cero de la crisis sanitaria fue porque sus características las convirtieron en las víctimas ideales. Por eso cuando terminó todo el objetivo era reconstruir de arriba a abajo ese modelo de cuidados. El problema, que sólo se hizo sobre el papel y que en la práctica nada ha cambiado desde entonces. "Estamos peor ahora que hace cinco años", aseguran, sin titubear, familiares y trabajadoras.

Afectaba con mucha más gravedad a los más mayores. Y para su contagio no hacía falta un contacto extremadamente directo. Con que el virus estuviera en el aire bastaba. Por eso fueron las residencias los centros más golpeados. Varios estudios científicos, además, demostraron que las macrorresidencias y los geriátricos bajo un modelo público-privado sufrieron todavía más las consecuencias del covid-19 durante toda la primera ola. En Barcelona, por ejemplo, la mortalidad fue el triple en las residencias más grandes. Y en Madrid se situó hasta 14 puntos por encima en aquellas de titularidad autonómica pero gestionadas por alguna empresa. 

El Gobierno cogió el testigo y consiguió aprobar junto a las comunidades la que se convertiría en la guía para el nuevo modelo que corregiría todas esas fallas. Se bautizó Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y se firmó en julio de 2022 con la oposición, no obstante, de Madrid, País Vasco, Galicia, Murcia y Ceuta. La norma, de "carácter decisorio", no es obligatoria por tanto para ellas, como informan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sólo deben adaptarse a sus criterios, añaden, las regiones que o bien votaron a favor o se abstuvieron, aunque en todo caso el plazo general de adaptación continúa vigente hasta 2029. Mientras tanto, explican también las mismas fuentes, el departamento de Pablo Bustinduy ya ha iniciado un proceso de evaluación que permitirá valorar el grado de cumplimiento normativo y las "buenas prácticas" que se estén llevando a cabo en este ámbito. 

Pero en cualquier caso Madrid, Galicia y Murcia no sólo votaron en contra. En su día, y preguntadas por infoLibre, ya aseguraron que no cumplirían con ninguna de las directrices que marcó el Gobierno. Por su parte, el País Vasco rechazó hacer lo propio por, argumentaron entonces, una cuestión de invasión competencial. Menos de un año después aprobaron su propia normativa: un decreto que limitó a 150 el máximo de plazas, que debían además estar divididas en módulos de, como mucho, 25 personas. 

Son números muy distintos de los pensados por el Gobierno. En concreto, el Acuerdo de acreditación estableció que los geriátricos no podrían superar las 120 plazas, un máximo que baja a 90 en aquellas zonas de "densidad intermedia" y a 75 en zonas rurales. En cuanto a las unidades de convivencia, se fijó que no deberían estar compuestas por más de 15 ancianos. 

Pero también le dio igual a Madrid, que en una orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad del sábado 16 de noviembre fijó, precisamente, los mismos números que el País Vasco. "Ayuso no ha aprendido nada en estos cinco años tras sus protocolos de la muerte. La normativa que ha aprobado es el reflejo de que piensa que los mayores 'se iban a morir igual", lamenta la diputada socialista Lorena Morales, que critica también la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Gobierno conservador y que estableció por primera vez un catálogo de sanciones para sus usuarios. "Para que impere más el miedo", criticó.

En Galicia, por su parte, las residencias siguen regidas por la normativa aprobada en 1996, que ni siquiera hace referencia a un máximo de plazas o a unidades de convivencia. "Tal vez también Galicia sea el territorio que sufre la mayor parálisis en los últimos 15 años en el avance y refuerzo de los derechos de estos colectivos vulnerables", lamenta Paulino Campos, presidente de la Federación galega de organizacións de familiares e usuarias de residencias e da dependencia (Rede).

En Murcia, por último, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad explica a infoLibre que todavía no han aprobado ninguna normativa, pero que están a punto de hacerlo. En concreto, indican, ya han recogido las aportaciones de "agentes, entidades y órganos gestores implicados" y ahora se están incorporando a "un documento definitivo para su tramitación oficial". No especifican sin embargo si adoptarán las directrices del Gobierno central. A esta pregunta, directamente, no dan respuesta.

Pero más allá de las normativas, Madrid ya ha trasladado del papel a los proyectos su idea. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, avanzó el pasado mes de septiembre que la región abriría 40 nuevas residencias bajo un modelo público-privado. Y la primera, que ya ha sido anunciada, tendrá 150 plazas. En Galicia, según publicó Praza.gal, es la Fundación Amancio Ortega la que está construyendo los nuevos centros que luego dona a la Xunta para ponerlos en funcionamiento y, también, privatizar su gestión. Tienen, las tres últimas, 120 plazas. Justo en el límite, pero con ese mismo modelo que los estudios científicos llegaron a calificar de "letal".

Desde 2009 a 2022, según lamenta Campos, no ha habido ningún otro proyecto de residencia pública en toda Galicia, lo que muestra que se ha asistido en todos estos años a un verdadero "desmantelamiento del sistema público en beneficio de la iniciativa y de la gestión privada". Según datos recopilados por él mismo, cuando el expresidente Alberto Núñez Feijóo abandonó la Xunta dejó al 84,9% de los geriátricos en manos privadas y tan sólo al 15,1% en manos públicas. 

En cualquier caso, y volviendo a la cuestión del número de plazas, las macrorresidencias seguirán siendo una realidad en casi toda España. El último informe sectorial de Alimarket consultado por infoLibre revelaba de hecho que en los próximos cinco años hay proyectados hasta 158 geriátricos con más de 120 camas. Y la mayoría estarán en Cataluña, que no obstante informa a este periódico que también contempla tres nuevas residencias públicas: uno en Terrassa, otro en Barcelona y otro en Sabadell. Tendrán, respectivamente, 80 y 90 plazas y costarán 11 millones cada una que provendrán de los fondos Next Generation. 

El Acuerdo de acreditación no sólo estableció un máximo de plazas. Al mismo tiempo, fijó un mínimo de personal. En concreto, el texto habla de que las ratios deben ser, desde el pasado 31 de diciembre, de 0,41, es decir, de 41 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes. El número, no obstante, debe ir en aumento hasta alcanzar, el 31 de diciembre de 2029 —la fecha límite de aplicación de estas normas, según el Ministerio de Derechos Sociales—, las 51 empleadas por cada 100 usuarios.

No se conoce qué aprobará Murcia en este sentido, pero consultado el decreto del País Vasco se comprueba que, aunque anunciaron que la norma aumentaría un 15% las ratios, los números no llegan a acercarse, ni por asomo, a los aprobados por el entonces ministerio de Ione Belarra. Según el documento, el equipo técnico asistencial que apoya "las actividades de la vida diaria" se sitúa, como máximo —es decir, en los centros o módulos con ancianos de grados II y III de dependencia—, en 33 personas por cada 100 mayores.

Madrid, en su decreto aprobado a finales del año pasado, estableció por su parte una ratio mínima de 37 trabajadoras por cada 100 residentes en aquellos centros de menos de 50 plazas, elevando el número a 45 en los que sí superen ese número de camas. No obstante, no hablan de aumentarlo en ningún plazo de tiempo. Y en la región, además, se permiten esos centros de hasta 150 plazas.

¿Qué ocurre en Galicia? La normativa de 1996 tampoco hace referencia ni nombra ningún tipo de ratio. Ni mínima ni máxima. Directamente es una directriz que no aparece. No obstante, el texto sí que incluía un apartado que hacía obligatoria la presencia de un profesional de enfermería 24 horas en aquellos centros de más de 40 plazas. Pero hablamos en pasado porque la Xunta ha suprimido esa exigencia.

Con ello, según los datos de REDE tras el análisis de las 295 residencias gallegas, desaparecen de golpe más de 200 puestos de trabajo de enfermeras. "Una decisión insensata y hasta criminal que embrutece aún más las atenciones que reciben las personas mayores más vulnerables y con la que el ejecutivo gallego de Alfonso Rueda ha dado rienda suelta a una vieja reivindicación de la patronal, que afirmaba que no había enfermeras en el mercado", denuncia Campos.

Sonia Jalda es portavoz del colectivo Traballadoras das Residencias de Galicia (Trega) y coincide con él. "No es que no hayamos mejorado desde la pandemia, es que ahora estamos peor. Eliminar esa obligatoriedad perjudica, y mucho, a la calidad de la atención a la dependencia", lamenta. Pero es que, además, deja en una situación de extrema vulnerabilidad a las trabajadoras. "Donde antes eran obligatorias siete u ocho enfermeras ahora van a poder trabajar con cuatro. Si se queda una sola enfermera en el turno de noche, ¿qué va a hacer si tiene dos emergencias?", se pregunta. Precisamente este viernes se han movilizado trabajadoras de los centros privados de A Coruña y Lugo para exigir un convenio "digno" con salarios "dignos".

Pero estas situaciones, en cualquier caso, no ocurren sólo en las comunidades que se negaron a aplicar el Acuerdo de acreditación. Carmen Martínez es secretaria general de la Federación Sociosanitaria de CCOO en La Rioja pero conoce bien el sector a nivel a nacional. Y no duda: "Ha empeorado mucho en estos cinco años". Tanto, dice, que ya nadie quiere dedicarse a él. "Las ratios mejoran sobre el papel, sí, pero es que hay centros en los que una recepcionista es contratada como gerocultora para cumplir con esos nuevos requisitos. La realidad es que aquí ya no hay personal. Se ha desmejorado todo tanto, que cada vez es más difícil contratar. Ya nadie quiere trabajar aquí", lamenta, desde el otro lado del teléfono.

Que no sean suficientes incrementa la carga de trabajo, pero es que aun así las condiciones no son buenas. Txomin Lasa, responsable sociosanitario del sindicato vasco ELA, lamenta que hay hasta un 50% de contratos parciales, lo que genera "jornadas muy escasas que obligan a las trabajadoras a complementarlas a golpe de llamadas o con otros trabajos". "Tampoco se sustituye a las trabajadoras y este aumento de carga de trabajado está haciendo que cada vez haya más bajas por motivos físicos o de salud mental", lamenta el sindicalista.

No hay datos oficiales de cuántas personas faltan en el sector, pero un informe de CCOO, UGT, Pladigmare y la Sociedad de Geriatría y Gerontología concluyó que sería necesario duplicar las plantillas para garantizar una asistencia "digna" en las residencias de Madrid. En concreto, el documento establecía la necesidad de 132 gerocultoras en plantilla por cada 100 residentes para asegurar una presencia de 83 profesionales a lo largo de todo el día: se dividirían entre 37 del turno de mañana (el que cuenta con una mayor carga de trabajo), 34 en el de tarde y 12 en el de noche.

El Ministerio de Bustinduy, en todo caso, no da los deberes por terminados. Este martes, más de dos años después de aprobarse el Acuerdo de acreditación, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta la reforma de la Ley de Dependencia que pretende, sostienen desde el departamento de Derechos Sociales, seguir trasladando todo ese nuevo modelo de cuidados a la legislación.

La idea siempre pasa en todo por la desinstitucionalización de la dependencia, es decir, por fomentar una mayor atención al domicilio y por, siempre, escuchar las preferencias de la persona. No significa cerrar las residencias, sino transformar esos centros en geriátricos más pequeños, con una atención individualizada. Por eso aumentaron las ratios y disminuyeron las plazas.

Y por eso también han echado a rodar la reforma de la Ley de Dependencia que, defienden desde el Ministerio, actualiza las definiciones de servicios como la teleasistencia y el servicio de ayuda a domicilio. Una vez se apruebe la norma, explican, el desarrollo reglamentario deberá ser nuevamente abordado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El objetivo, alcanzar acuerdos. Y mejorar, en su caso, el Acuerdo de acreditación 2022. Pero será entonces, de nuevo, un debate con las autonomías. Y es probable que no todas, como ya ocurrió en su día, estén de acuerdo.

Hace justo un año desde que el término "disminuido" desapareció del artículo 49 de la Constitución para ser sustituido por el concepto "personas con discapacidad". Unos meses después, hace ahora siete, el Gobierno aprobó también lo que bautizó Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Fueron dos decisiones distintas que ya entonces, sin embargo, tenían mucho en común. Este martes, el Consejo de Ministros ha ido un paso más allá y ha aprobado en primera vuelta una reforma de la Ley de Discapacidad y otra de la Ley de Dependencia. El objetivo: apuntalar esos dos cambios. Y empezar a plasmar lo que significaron a través de la legislación.

El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya dijo el pasado 3 de diciembre que los nuevos textos estaban listos. Que respondían a un "compromiso de seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y equitativa" y que tardarían poco en salir adelante. La reforma del artículo 49, defendió, fue un "gran hito de esta legislatura" porque "trajo dignidad y más derechos a las personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones del sector". Lo único que faltaba entonces era trasladar todo eso a la vida diaria de todas ellas. Y para eso se ha aprobado esta reforma.

En palabras del Ministerio, la modificación busca garantizar cuatro grandes pilares para las personas con discapacidad: fomentar su autonomía, su inclusión, la accesibilidad universal y, por último, una protección específica para mujeres y niñas. Y para hacerlo plantea varias líneas de actuación.

La primera busca agilizar toda los procesos administrativos. En otras palabras: disminuir la burocracia. ¿Cómo? Haciendo que cualquier dependiente —sea cual sea su grado reconocido— ya tenga un 33% de discapacidad a ojos de la administración. Es, digamos, una unificación de circuitos. No hará falta que cada caso se estudie dos veces —una para conseguir una prestación o servicio por dependencia y otra para ser reconocido como persona con discapacidad— con una será suficiente.

A ello va asociado, además, una mayor eficacia también a la hora de sancionar. En 2023 se modificó la Ley General de Discapacidad para prohibir los espectáculos de "bombero torero" en los que se usaba a personas con acondroplasia para la mofa pública. Muchos se suspendieron a raíz de aquello, pero otros sortearon la norma y continuaron. Fue el caso por ejemplo de Teruel, donde el año pasado volvió a celebrarse a pesar de que también el Defensor del Pueblo pidió expresamente la suspensión del evento por considerar una "burla". Ahora, la reforma calificará esos actos como "infracciones graves", y como tal se sancionarán con multas de entre 600.000 y un millón de euros que se destinarán "a programas de promoción de la accesibilidad universal".

Será esa la segunda diana de la reforma. En palabras del Ministerio, se busca hacer de la accesibilidad "un derecho esencial para que las personas con discapacidad participen plenamente en la sociedad". Que puedan hacerlo, por ejemplo, en el terreno sanitario. Porque todo lo que engloba una consulta o una prueba diagnóstica, por ejemplo, está contemplado para personas sin discapacidad. Igual que ocurre en un museo. O en un edificio de la administración pública.

Lo que la ley busca en este sentido es una doble acción: que la persona que se encuentre con esas situaciones tenga un amparo jurídico que le permita reclamar y que la necesaria adaptación tenga una financiación suficiente por parte del Estado, que tendrá una hucha formada, en parte, por esas sanciones que mencionábamos.

No es únicamente algo que buscar en el ámbito público. La reforma de la Ley de Discapacidad también aborda una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para mejorar la accesibilidad a los edificios de viviendas. En concreto, el departamento de Bustinduy propone eliminar los límites económicos de las intervenciones en las viviendas. Es decir, que por ejemplo los gastos comunes derivados de incluir una rampa en un portal que tan sólo contaba con escaleras puedan espaciarse más en el tiempo. Básicamente, además, porque hacer eso será obligatorio igual que lo es ahora cumplir con las medidas de seguridad. Si no, en cualquier caso, se habilitará también a los vecinos el acceso a la justicia para obligar a su comunidad a acometer las reformas necesarias.

Esta medida tiene una explicación muy clara. Y es que tanto esta legislación como la relativa a Dependencia buscan, con el nuevo marco que asume el Ministerio de Derechos Sociales, que se garantice la autonomía de las personas. Y que prevalezca, además, lo que ellos desean, que en la mayoría de las ocasiones es permanecer en su vivienda. Según los propios datos del titular del departamento, el 90% de las personas desean envejecer en su hogar. Por eso debe hacerse lo posible para que éste lo permita. "Se busca evitar situaciones de aislamiento o institucionalización forzosa", explica el Gobierno.

Según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) citados por el departamento de Bustinduy, "alrededor de 100.000 personas están encerradas en sus casas porque sus bloques y/o viviendas tienen problemas de accesibilidad".

Las mujeres y las niñas con discapacidad tendrán una protección especial con la nueva reforma. Por un lado, se garantizará su salud salud sexual y reproductiva y se regulará el "derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad". Dicho de otro modo: ni sufrirán ningún tipo de discriminación a la hora de, por ejemplo, fundar una familia.

No son pocos los datos que evidencian la doble discriminación que sufre una mujer cuando también tiene una discapacidad. Los últimos fueron presentados a finales de 2023 por la Fundación ONCE y revelaron que el porcentaje de mujeres que sufren violencia machista en España asciende del 32% al 40,4% cuando tienen una discapacidad.

El Ministerio insiste en que es esencial que se abandone el enfoque que hasta ahora ha pervivido de la discapacidad. Y por eso también apuntan a la necesidad de que la tecnología, y en especial la inteligencia artificial, rompa también los sesgos que mantiene.

Pasa con el machismo y pasa con el racismo. La inteligencia artificial está entrenada con datos que, inevitablemente, contienen sesgos tradicionales. Por ejemplo, según una investigación española publicada en la revista Algorithms, los algoritmos identifican y clasifican mejor a los hombres. En concreto, a los hombres blancos. Y también asocian de forma estereotipada a la masculinidad con las ciencias, y a la feminidad con las artes. Pues lo mismo ocurre con las personas con discapacidad. Así que la reforma de la ley propone supervisar de qué manera son consideradas y representadas.

Todo forma parte de la misma idea: las personas con discapacidad no son "dsminuidos" o personas de segunda. Son, mantiene el espíritu de la ley, personas autónomas que tienen derechos.

El Ministerio de Derechos Sociales, en cualquier caso, también aboga por ese enfoque para las personas dependientes, consideradas ya con una discapacidad del 33% con la renovación de estas leyes. En línea con la Estrategia de desinstitucionalización aprobada el pasado verano, el departamento que dirige Bustinduy pretende para las personas mayores lo mismo que para aquellas que tienen una discapacidad: garantizar su envejecimiento y su vida digna en el hogar. O, al menos, en el entorno comunitario en el que ya vivían.

Para ello, como ya anunciaron, se despoja la centralidad que hasta ahora han tenido las residencias de mayores, un modelo puesto en evidencia con la pandemia de covid y, además, excesivamente costoso para la administración. En lugar de eso, se aboga por ejemplo por una ayuda a domicilio que vaya más allá del hogar, facilitando a los dependientes una ayuda para ir a la compra o al médico. Y también por hacer que estos servicios puedan darse en otro tipo de recursos como las viviendas colaborativas para personas mayores.

Para ellas, además, también se prevé la garantía de acceso a aquellos dispositivos que les permiten ser autónomos en su día a día, como por ejemplo un andador o una silla de ruedas, mediante un sistema de préstamo o de cesión temporal. También se contempla un servicio de asistencia personal orientado promover la vida independiente o proporcionar un plan de actividades siempre ligado a los deseos de la persona.

En cualquier caso, el Ministerio recuerda que este tipo de servicios ya lo contemplan las carteras de varias comunidades. Y que son ellas, precisamente, las que tendrán que decidir ahora si incluyen todo esto o no. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales ya han criticado además que la reforma no lleva aparejado un incremento presupuestario. Y lamentan por ello que pueda ocurrir, otra vez, que todo quede "en papel mojado".

7.382 personas más. Más del doble. En concreto, un incremento de un 141,4%. En tan sólo dos años, el número de dependientes que esperan para recibir el servicio de teleasistencia en la Comunidad de Madrid se ha disparado, según los datos oficiales de su propio Gobierno recopilados mes a mes por la diputada socialista en la Asamblea regional Lorena Morales. Si el 31 de diciembre de 2022 había 5.221 personas en la lista, el pasado fin de año eran ya 12.603, unas cifras que adquieren relevancia si se compara con otras con las que comparten periodo. Entre 2023 y 2024 el Ejecutivo regional destinó más de medio millón de euros a tres campañas para publicitar, precisamente, su teleasistencia. 743.000 euros "para promocionar un servicio que muchas personas, a pesar de tener su dependencia reconocida, morirán esperando", lamenta Morales.

No es un servicio cualquiera. La pandemia desnudó las carencias que las residencias llevaban años sufriendo y provocó que nuestro país —y no sólo— se replanteara el modelo de atención a las personas mayores. Así se aprobó la Estrategia estatal de Desinstitucionalización, un plan que tiene un objetivo muy claro: promover que el envejecimiento se cuide en el propio hogar, no en centros sociosanitarios. Ya lo pedía así la Ley de Dependencia aprobada en 2006, que en su artículo 13 recogía que las prestaciones iban orientadas a "facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible". Para eso está la teleasistencia, además de la ayuda a domicilio, dos servicios que, si los analizamos a nivel nacional, no han alcanzado, ni mucho menos, las cotas deseadas: tan sólo cubren al 10,2% y al 5,52% de los mayores de 65 años de nuestro país y en Madrid, además, no dejan de acumular esperas. Desde 2021, de forma imparable.

"Este es el Madrid de Ayuso, el de la falta de humanidad y el negocio", denuncia Morales. Según los datos que ha ido acumulando, las listas de espera de la ayuda a domicilio también han aumentado, aunque no de la misma forma que las de teleasistencia. En concreto, lo han hecho un 70%, incrementándose de 9.925 en 2022 a 16.885 en 2024. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya asegura estar trabajando en solucionar estos números que, según aseguraron a infoLibre, se explican por "el progresivo envejecimiento de la población" al que Madrid está respondiendo superando este año las 190.000 personas atendidas en el sistema de dependencia. En el de teleasistencia, especifican, atienden ya a más de 80.000 usuarios, 9.282 más que en diciembre de 2023.

Sin embargo, la oposición no se detiene en estos números, sino en los que muestran todas aquellas personas que siguen esperando. Y que se explican, dicen, por la falta de inversión.

Se puede comprobar en los presupuestos autonómicos. Los últimos, aprobados el pasado mes de diciembre gracias a la mayoría absoluta de los conservadores, contemplan una inversión para 2025 de 74,4 millones para estos dos servicios —58,6 para ayuda a domicilio y 15,7 para teleasistencia—, una cifra que hace un año era de 87,9 millones —71,2 para ayuda a domicilio y 16,7 para teleasistencia.

Mientras tanto, denuncia la oposición, el Ejecutivo conservador de Ayuso ha destinado 743.178,45 euros a tres campañas publicitarias para promocionar este último servicio (144.333 una, 424.846 otra y 173.998 la última). El PSOE ya ha solicitado toda la documentación vinculada a ellas, pero cuando solicitó el listado de todas las llevadas a cabo por la Consejería de Ana Dávila durante 2021, 2022 y 2023 las peticiones fueron sistemáticamente rechazadas. "Mucho nos tememos que Ayuso hace caja con lo que debería ir para atender como merecen en sus hogares a las personas mayores", denuncia Morales.

En cualquier caso, y según la información oficial recogida por la socialista, esa cantidad se destinó a promocionar, en concreto, lo que la Comunidad ha denominado "teleasistencia avanzada", una mejora del servicio que iba a estar funcionando ya en 2024 y que según los últimos datos del pasado mes de noviembre ha alcanzado al 75% de los usuarios. Según informan desde la Consejería, esa cantidad ha ido destinada, en concreto, "a poner en conocimiento de los madrileños el nuevo servicio, facilitar información acerca de su tramitación y mostrar las alternativas de atención que se contemplan con la teleasistencia avanzada, tanto por los avances tecnológicos como por la incorporación de profesionales sociosanitarios".

Costará un total 82,4 millones de euros, pero a cargo de los fondos europeos. "Ellos no van a hacer ningún esfuerzo para mejorar el servicio", lamenta Morales.

Porque la región tiene además otra fuente de financiación: la del Gobierno central. En 2021 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 entonces dirigido por el vicepresidente Pablo Iglesias aprobó un Plan de Choque para reducir precisamente las listas de espera y mejorar la calidad de la atención, además de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector. Bajo esa premisa todas las comunidades reciben una cantidad. Y Madrid es la tercera que más ingresa. En 2024, 102,6 millones, el 13% del total sólo por detrás de Andalucía y Cataluña.

Las malas cifras, en cualquier caso, no son únicas de la Comunidad presidida por Ayuso. Todas, según han denunciado en repetidas ocasiones desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, han disminuido su inversión en dependencia desde que la Administración General del Estado ha revertido los recortes de la época de la crisis con su Plan de Choque. Los últimos datos de los profesionales del sector, en este sentido, sitúan en un 49,6% la aportación autonómica a la dependencia, un porcentaje que en 2020 llegó a ser del 64%.

"Este Parlamento inicia un camino de solidaridad con las personas dependientes, con las personas que requieren ayuda para sus necesidades básicas". Era 5 de octubre y José Luis Rodríguez Zapatero tomaba la palabra en el Congreso de los Diputados para celebrar que la Ley de Dependencia que había impulsado su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, había recibido una amplia luz verde. Sólo CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai votaron en contra. Según dijeron, porque invadía competencias. Poco más de dos meses más tarde entraba en vigor la que el propio Caldera había descrito como "la norma social más importante de principios de este siglo". Era diciembre de 2006. Hace ahora 18 años.

Mucho ha llovido desde entonces, pero si en todo este tiempo ha habido algo que ha marcado la vida de la norma eso ha sido la crisis económica y los posteriores recortes. Los consejos de ministros que en 2012 y 2013 celebraba cada viernes el Gobierno de Mariano Rajoy terminaban siempre —o casi— con un nuevo tijeretazo a los servicios públicos. Y la dependencia, claro, no se libró de ello. En diciembre de 2013, cuando la Ley apenas tenía siete años, el Ejecutivo conservador celebró el aniversario aprobando un decreto con dos medidas importantes: por un lado disminuyó las intensidades de los servicios ofrecidos bajo el amparo de la ley y, por otro, introdujo incompatibilidades. Es decir, estableció que si se recibía una prestación no se podía recibir otra. Por ejemplo: o ayuda a domicilio o centro de día.

Fue un punto de inflexión. A partir de entonces, el dinero que cada persona con dependencia reconocida percibía en prestaciones y servicios se mantuvo más o menos estable, o incluso aumentó hasta dos años después. Sin embargo, ya en niveles lejanos al máximo que se alcanzó en 2010, cuando el gasto público se situó en 8.145 euros por cada dependiente, una cifra que hoy, 14 años después y ya con la Ley de Dependencia mayor de edad, se sitúa en 5.982 euros. Un 26,6% menos. Es el dato que resulta "muy preocupante" para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes ha presentado su balance del decimoctavo aniversario de la ley.

La organización habla claramente de "déficit de financiación". Al menos si el objetivo es poder atender a todas las personas en lista de espera, es decir, con el grado de dependencia reconocido pero todavía pendientes de recibir una prestación o servicio del sistema público. En octubre de este año eran 291.649, una cifra para la que los directores y gerentes de Servicios Sociales estiman que son necesarios 1.750 millones adicionales. Y eso sólo para mantener la inversión en torno a los 6.000 euros por cada una de ellas.

Pero eso tampoco es lo ideal, señala José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. A su juicio, la caída hasta ahora imparable de lo que se destina a cada dependiente ha tenido una consecuencia muy clara. Y muy negativa. "Lo que refleja ese dato es que las prestaciones y su intensidad han caído, es decir, que lo que se ofrece a los dependientes es cada vez menos. En resumen: estamos yendo hacia un sistema de dependencia low cost", lamenta. Y eso es "poco eficaz". Aumentan las personas atendidas, sí, pero es que al mismo tiempo desciende la calidad de las prestaciones que reciben.

Este 2024 finalizará, según las estimaciones de la organización, con 1,5 millones de personas recibiendo una ayuda a la dependencia, un dato que supone el mayor incremento en esta estadística de los últimos 12 años y que se explica —o así al menos lo entienden los directores y gerentes de Servicios Sociales— por el plan de choque aprobado por el Gobierno en el año 2021, un documento de 34 páginas que pretendía revertir todo lo que se había destruido en años anteriores. Porque a la fase de "despegue inicial" de la norma le siguieron etapas duras.

Fue sobre todo la que tuvo lugar entre 2012 y 2015, cuando se produjo el "estrangulamiento financiero" y la aprobación de medidas "inexplicables", como lo fue precisamente la declaración de incompatibilidades. Fue entonces cuando empezó a producirse el "fenómeno sangrante" de que personas con una necesidad de ayuda reconocida fallecían antes de percibirla. "Tanto fue así en aquellos años, que el número de personas con derecho reconocido disminuyó, de forma que el flujo de entradas no reponía las bajas que se producían a pesar de que el fenómeno de la dependencia estaba ahí", dice el informe presentado este lunes.

En 2015 empezó a recuperarse la situación y entre periodos mejores y peores llegó 2020. Y con él, la pandemia. Y con ella la revelación de la importancia de los cuidados. Fue ahí cuando llegó el plan de choque. Y cuando entraron 287.636 personas más al sistema. Con ellas ya subirán hasta los 3.699.078 los dependientes atendidos, el dato más positivo de todos estos años.

Hay otra cara de la misma moneda. Y es que 900.000 personas han fallecido con un grado de dependencia reconocida pero todavía sin la prestación. "Es lo peor que seguimos soportando, que cada 15 minutos muere alguien en esa lista de espera", lamenta Ramírez. Esta es, además, cada vez más delgada, pero sobre todo porque las prestaciones o los servicios de los dependientes de Grado I —los menos graves— son los primeros en salir de ella. Según las previsiones, este año terminará con 155.000 personas desatendidas, si se tiene en cuenta a quienes están esperando su valoración de dependencia —que son alrededor de 24.000— y a quienes, ya teniendo su ayuda reconocida, todavía no la perciben, que son 131.083 personas. Todas ellas conforman lo que los directores y gerentes de servicios sociales han denominado "limbo de la dependencia", que en 2024 disminuirá, según prevé la organización, un 13,7%.

Pero hay otro dato preocupante. Y es que hay otras 136.954 personas que ni siquiera han sido valoradas. Es decir, en la primera fase del procedimiento. Según los cálculos de la organización, 2024 será uno de los años que finalice con más gente en esta lista. Así, si tenemos en cuenta todos los datos,  este año "cerrará con alrededor de 291.649 personas desatendidas esperando algún tipo de trámite de la dependencia, tan sólo 4.782 menos que en 2023". "Con este ritmo de reducción, se tardarían 61 años en lograr la plena atención", sentencia la organización.

Para ello los directores y gerentes de Servicios Sociales tienen claro que es necesaria una mayor financiación. Y que quienes tienen que ampliar su esfuerzo en este sentido son las comunidades autónomas.

En teoría, el sistema de la dependencia es financiado de manera tripartita entre el Estado, las comunidades y los usuarios. El problema que ha ocurrido durante todos estos años es que cuando una de las dos administraciones —la central o la autonómica— aumentaba su aportación, la otra descendía la suya. Y así "difícilmente se podrá atender con solvencia las necesidades que habrá de exigirle el inminente reto demográfico del envejecimiento de buena parte de la población al que España se afrenta en los próximos años". Por ello también insta a que se incrementen las intensidades de los servicios y las cuantías de las prestaciones. Y en todas las comunidades por igual.

Por último, Ramírez exige simplificar el "disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios". Como prueba, un dato: el 92% de la reducción del "limbo de la dependencia" de los últimos años no se ha producido porque la situación se ha resuelto, sino porque la persona que estaba a la espera ha fallecido antes.