El PP simula redescubrir el voto exterior que siempre buscó para lanzarlo contra Sánchez

“Nunca hubo 382.568 españoles, 114.625 de ellos gallegos, que participasen en unas generales desde el extranjero. (...) Lo que sí ocurrió (...) es que llegaron del exterior 382.568 votos, 114.625 de ellos gallegos, emitidos en nombre de otros tantos electores residentes más allá de las fronteras. En una parte significativa, imposible de cuantificar, esas cifras reflejan el irregular trabajo de las maquinarias de PSOE y PP en la diáspora, especialmente en el Río de la Plata. Abarcaba el tráfico de sacas, recogidas masivas y pagadas de papeletas, intervenciones ilegítimas de gobiernos ajenos, participación de personas ya fallecidas y, en general, un descontrol descomunal gestionado por empresas de correos extranjeras”.

En julio de 2018 Anxo Lugilde, uno de los periodistas con mayor conocimiento del sistema de voto exterior, autor de uno de los libros de referencia al respecto —El voto emigrante. Viaje por la zona oscura de la democracia española (Galaxia, 2007) y doctor en Historia Contemporánea con una tesis sobre la participación política de la emigración gallega— contextualizaba de este modo en una crónica para Praza.gal la necesidad de una “urgente” reforma del mal llamado voto emigrante, el de las personas inscritas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). El mismo que durante décadas, desde tiempos de Fraga, el PP trató con especial cariño y que el heredero del fraguismo, Alberto Núñez Feijóo, simula redescubrir estos días para lanzarlo contra Pedro Sánchez.

La cuestión sobre la que el PP contribuyó a traer el voto CERA a la actualidad es la apodada como ley de nietos, la disposición de la Ley de Memoria Democrática que, al estilo de lo ocurrido con la Ley de Memoria Histórica hace una década, extiende el acceso a la nacionalidad española a la descendencia de personas que tuvieron que exiliarse por motivos políticos. La extrema derecha de Vox se aferró a esa disposición para, en sintonía con la internacional reaccionaria de la que la formación de Santiago Abascal es miembro orgulloso, envolverla como un intento de fraude por parte del PSOE en general y de Pedro Sánchez en particular para las próximas elecciones generales. Un “pucherazo” por la vía de incrementar el censo exterior, acusaban.

Feijóo también sintonizó. En varias declaraciones públicas, especialmente en una en respuesta al locutor radiofónico Federico Jiménez Losantos, atribuyó la concesión de la nacionalidad por esta vía a un ejercicio de “ingeniería electoral”. A la voluntad de “fabricar dos millones y medio de votantes”, porque “las encuestas le dicen [a Sánchez] que va a perder las elecciones con los votantes que tiene actualmente”, sostuvo en otra entrevista en una televisión murciana entre críticas al procedimiento para “ampliar el número de personas que tienen derecho a pasaporte”.

Entre un creciente alboroto, otros portavoces y dirigentes del PP —entre ellos, el presidente Alfonso Rueda— optaron por relativizar unas críticas que, en cualquier caso, pusieron el foco en el voto exterior. Una cuestión especialmente espinosa en el caso gallego, por ser las circunscripciones de Galicia las que más inscripciones en el CERA acumulan en todo el Estado. A principios del pasado mayo eran ya más de medio millón, unas 34.000 más que en las elecciones gallegas de 2024, antes de las cuales el PP de Feijóo había prometido, precisamente, facilitar el acceso a la nacionalidad a la generación de las nietas y nietos de emigrantes.

Del voto sin ‘fe de vida’ al fin del sufragio rogado

El cariño político con el que el PP en general y el PPdeG en particular trataron el voto exterior varió escasamente en toda la historia de la formación. Pero sí fue cambiando su exigencia de garantías democráticas al respecto. Apenas existió durante el fraguismo, tiempos en los que abundaron los rumores sobre fraudes como los resaltados por Anxo Lugilde, concretados también en informaciones periodísticas que probaron, por ejemplo, la emisión de votos para las circunscripciones gallegas en nombre de personas emigradas que ya habían fallecido o la facilidad para que una sola persona votase en nombre de otras muchas sin mayor control.

A casos como esos había aludido el PP al final del fraguismo, cuando lo ajustado del escenario político le hacía temer la pérdida de la Xunta —lo que finalmente sucedió tras el recuento, precisamente, de un sufragio exterior que no movió diputados—. Y también lo había hecho Feijóo desde la oposición en Galicia, prometiendo voto en urna con garantías semejantes a las de la Galicia interior si vencía en unos comicios gallegos, los de 2009, para los que el voto CERA contó por primera vez con una mínima garantía de seguridad: anexar una fotocopia del DNI al sufragio para, cuando menos, acreditar que la persona que votaba seguía viva.

La introducción de esa mínima garantía implicó un primer descenso de la participación electoral del CERA, caída que sería aún más abrupta a partir de 2011, cuando PP y PSOE pactaron una reforma electoral para introducir el voto rogado, esto es, que las personas inscritas en el censo exterior tuviesen que solicitar expresamente participar en cada proceso electoral. El cambio, concebido para ahuyentar el fraude, insertó plazos muy ajustados y tratamientos idénticos para situaciones muy dispares (por ejemplo, emigración reciente con descendientes y sistemas postales diferentes entre sí).

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Fue en este contexto en el que populares y socialistas, y especialmente también Feijóo, reclamaron como urgente suprimir el sistema de sufragio rogado, lo cual acabó sucediendo en 2022 a partir de una proposición de ley del PSOE con Unidas Podemos. La nueva norma suprimió el voto rogado, pero introdujo un plan para depurar el censo —una de las demandas históricas para, entre otros aspectos, eliminar a personas fallecidas— y nuevos procedimientos, como recibir los sobres de votación sin solicitud previa y poder descargar las papeletas de internet para votar en urna en embajadas o instalaciones consulares o bien por correo, con el voto enviado a la embajada o consulado llevando anexas copias del carné, del certificado de nacionalidad o de la inscripción consular.

Este nuevo sistema se estrenó en las elecciones generales de 2023. En el caso gallego la participación aumentó, pero quedó muy lejos de las cifras espectaculares del fraguismo y los resultados fueron victorias aplastantes del PP. En el conjunto del Estado los más votados también fueron los populares y la única repercusión de los sufragios llegados del extranjero fue que los socialistas perdieron un escaño por la provincia de Madrid en beneficio de los de Feijóo, un solo asiento en el Congreso que aun así tuvo relevancia política al obligar a Pedro Sánchez a conseguir el “sí” de Junts a su investidura, sin que fuese suficiente con una abstención.

Al año siguiente, en 2024, las primeras elecciones gallegas tras el fin del voto rogado registraron una participación semejante a la de las generales entre los miembros del CERA, apenas un 6%, e implicaron también una amplia victoria del PP que no movió escaño alguno. Cuatro años antes, en 2020, sí se había movido un diputado (a favor del PP y en perjuicio del PSOE).