"Huevos fusilados" o por qué bares franquistas como Casa Pepe y Una Grande hacen caja pese a la ley de Memoria

En el madrileño barrio de Moscardó, en recuerdo a aquel teniente general que encabezó el golpe de Estado en la provincia de Toledo, se ubica un pequeño local que evoca un oscuro pasado. En la entrada, el principal lema franquista sobre un cartel rojigualdo. En el interior, banderas preconstitucionales, retratos del dictador y conmemoraciones anuales del "Día del Alzamiento". Es tan solo uno de los muchos establecimientos hosteleros que todavía hoy, medio siglo después de la muerte de Francisco Franco, siguen basando buena parte de su negocio en la apología del golpe de Estado de 1936 y de la sangrienta dictadura. Bares y restaurantes que se han convertido en punto de encuentro, parada obligada o lugar de peregrinación de la ultraderecha patria. Y, por supuesto, de difusión de sus mensajes. Todo ello pese a la Ley de Memoria Democrática.

Los ejemplos abundan. A los pies de Despeñaperros se ubica, desde hace un siglo, Casa Pepe, un restaurante en cuyas paredes lucen desde una foto grupal de los juzgados por el fallido golpe de Estado del 23F hasta numerosas insignias de la Falange y retratos de su fundador, José Antonio Primo de Rivera. Un local cuya tienda, además, se ha convertido en epicentro del merchandising franquista, con mecheros, llaveros, relojes, navajas y hasta chocolates con la cara del dictador o con el Águila de San Juan. A 300 kilómetros de allí, otro restaurante, El Rincón Nacional, ha incluido en alguna ocasión en su menú, expuesto en una pequeña pizarra, el plato "huevos rotos fusilados". Y en Arteixo (A Coruña) otro local decora su entrada con un "rojos abstenerse" y una enorme bandera franquista.

En el interior de este último bar, uno puede toparse con carnés propagandísticos del golpista Antonio Tejero. Y con lotes de vinos etiquetados con la figura de Franco. "Es mi ídolo, alguien que quitó a España de la nada", decía, arrodillado frente a la gigantesca enseña preconstitucional, el dueño del local en un reciente reportaje televisivo. Un establecimiento al que la Xunta de Galicia acaba de abrir un expediente sancionador que podría llevar aparejada una multa de hasta 9.000 euros. Pero no por su exaltación del franquismo, sino por la posible comisión de una infracción turística grave. Es decir, no se analizará si menosprecia a las víctimas de la dictadura, sino que se verá si vulnera el derecho de acceso restringiéndolo de forma discriminatoria.

El artículo 86 del Código Penal alemán castiga con hasta tres años de cárcel a aquellos que difundan, produzcan, almacenen, exporten o importen material propagandístico nacionalsocialista. Por eso no es raro, por ejemplo, que la Policía irrumpa en un pub de Augsburg, confisque varias botellas de vino con el rostro de Adolf Hitler junto al lema Sieg Heil y abra una investigación contra el propietario del establecimiento. Al igual que en suelo germano, también están castigadas en Italia y Francia este tipo de conductas. En suelo galo, por ejemplo, el artículo R645-1 del Código Penal prohíbe "llevar o exhibir en público un uniforme, insignia o emblema" que recuerden a los que portaban miembros de organizaciones declaradas criminales en base al Estatuto del Tribunal Militar Internacional, como por ejemplo el NSDAP nazi.

Pero la exaltación del franquismo no tiene reproche penal en el ordenamiento jurídico español. Nuestra Constitución, a diferencia de la alemana, no optó en su día por un modelo de democracia militante. Y todas las peticiones por penalizar estas conductas han caído siempre en saco roto. Hasta la fecha, los únicos pasos del legislador para poner coto a la apología de la sangrienta dictadura y sus protagonistas se han dado al calor de las leyes memorialistas. Eso sí, sin demasiado éxito. La de 2007, la primera, impedía, por ejemplo, actos de exaltadores en el Valle de los Caídos. Sin embargo, la ausencia de un régimen sancionador hizo que la prohibición fuera burlada constantemente sin consecuencia ninguna.

Ninguna sanción con la nueva ley

La actual Ley de Memoria Democrática sí incluye un cuadro de castigos económicos. Y con ella en la mano hay margen suficiente como para atacar la exaltación del franquismo. "Se pueden, y se deberían, imponer sanciones", resalta en conversación con infoLibre Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Y da igual que sea en la calle que en un bar de Usera. "Son lugares de acceso público, por tanto se incumple la ley. Eso significa que debe existir un expediente sancionador, sobre el cual el restaurador puede, si así lo considera, recurrir", expone, por su parte, Eduardo Ranz, abogado especializado en memoria y exasesor del Ministerio de Justicia.

El bar franquista de Arteixo se expone a una multa de hasta 9.000 euros tras la inspección de la Xunta

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La norma considera en su artículo 62 como infracción grave "la falta de adopción de las medidas necesarias" para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, "de actos de exaltación personal o colectiva" de la "sublevación militar, de la Guerra Civil o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo u organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial" cuando los mismos entrañen "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares". La horquilla de sanción oscila entre los 10.001 y los 150.000 euros.

Por el momento, reconocen a este diario desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, no se han impuesto sanciones a este tipo de establecimientos franquistas. "No se hace porque no se quiere, no porque no se pueda. No hay voluntad política", lamenta el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que sigue echando en falta un delito genérico en el Código Penal que castigue la apología de todo tipo de violencias, acabando así con la "doble moral" existente en la actualidad. El Ejecutivo sí que impuso una multa de 10.001 euros a Falange por los actos de homenaje del 20N del 2022. Una sanción que, sin embargo, anuló la Audiencia Nacional hace solo unos meses al entender que la celebración de estos actos solo es sancionable "cuando se ejecuta" con la "finalidad" de causar dolor a las víctimas.

Desde el Gobierno, no obstante, no descartan la imposición de castigos a este tipo de bares de la llamada Ruta del 36, cuyo negocio orbita en buena medida alrededor del espectáculo neofascista que, para más inri, promocionan los sospechosos habituales del famoseo patrio. "El real decreto de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática ha perfilado la posibilidad y, en estos momentos, los juristas están estudiando los casos para poder avanzar en medidas concretas y, en su caso, sanciones administrativas", apuntan fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria.