El ejemplo más reciente es el de Pablo Meijide Doval. Hasta el mes de julio, este inspector de Hacienda del Estado, reconocido por su experiencia en IVA intracomunitario y con un extenso conocimiento de tecnologías digitales y gestión avanzada de oficinas tributarias, era el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Vigo. Pero se ha pasado al otro lado. Desde hace cuatro meses, Meijide es el nuevo director fiscal de la multinacional gallega Inditex, en la que ha puesto al servicio de la multinacional gallega una larga carrera (17 años) dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

No es el único, naturalmente. Ni será el último. El nuevo fichaje de Inditex es uno más de los muchos que esta empresa ha incorporado a su plantilla con el indisimulado objetivo de poner años de conocimientos adquiridos gracias a un acceso privilegiado a la manera en que trabaja la Administración, en este caso Hacienda, al servicio de los intereses privados de una corporación.

Algo que tampoco es exclusivo de la empresa fundada por Amancio Ortega: muchos otros inspectores de Hacienda han pasado a ocupar altos cargos en bufetes que luego asesoran a empresas del IBEX. Es el caso de EY, PwC o del bufete Equipo Económico, creado por el exministro Montoro, y sometido a investigación judicial por la comisión de supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Otros, como Fernando Peña, escogieron el camino de hacer negocio ahorrándoles impuestos a los famosos, aunque a algunos la elusión fiscal les acabó saliendo cara.

El fenómeno se extiende a otros cuerpos sensibles de la Administración, como los abogados del Estado. Un gran número de ellos piden la excedencia para ponerse al servicio de la empresa privada. El saber acumulado durante años sobre el funcionamiento del aparato público pasa así a estar al servicio del capital privado para litigar, en muchos casos, precisamente contra el propio Estado.

Aunque Hacienda se negó a facilitar a infoLibre la cifra exacta, primero a través de los trámites de información habituales y después mediante solicitud a través del Portal de Transparencia, alegando que hacerlo les obligaría realizar “un laborioso y complejo” trabajo de reelaboración de datos, la Asociación de Inspectores de Hacienda calcula que alrededor del 15% del cuerpo está en excedencia y que muchos de ellos trabajan para grandes firmas privadas.

El censo actual de este cuerpo de inspectores, según datos oficiales, era a finales de agosto de 2.127 personas, la mayoría destinadas en Cataluña (350), Madrid (289), en la delegación de grandes contribuyentes (270) y en Andalucía (236). Si hacemos caso a la asociación, eso significa que en estos momentos en excedencia estarían más de 300 inspectores.

El Ministerio de Presidencia, en cambio, sí respondió a la petición de información de infoLibre sobre los abogados del Estado, aunque solo cuando este periódico la tramitó a través del Portal de Transparencia. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Félix Bolaños, en la actualidad gozan de excedencia reconocida 314 abogados del Estado, casi tantos como abogados del Estado en ejercicio (339). De los que han dejado de prestar servicios a la Administración, 232 lo han hecho alegando “interés particular”, la fórmula más habitual para pasar al sector privado. Algunos, incluso, tienen permiso para trabajar simultáneamente de un lado y del otro.

La mecánica es la misma que con los inspectores de Hacienda. Primero se accede a ambos cuerpos del sector público mediante oposición, luego se aprende todo acerca de cómo el Estado se defiende en sus litigios —con otras administraciones o con el sector privado— o se tiene acceso a los entresijos de las investigaciones fiscales a empresas o particulares. Y después, al cabo de un tiempo, esos mismos altos funcionarios acaban al servicio de bufetes o compañías privadas, a menudo para ayudarlas en sus contenciosos con la Administración. Todo, por supuesto, a cambio de nóminas mucho más elevadas.

“España se caracteriza por mantener una cultura de ‘facilitación’ de la fuga de cerebros de su Administración pública al sector privado”, confirma Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Admnistrativo de la Universidade de A Coruña. La excedencia voluntaria por interés particular “debería ser concedida muy restrictivamente”, añade, dado el interés superior de la calidad y continuidad del servicio público altamente especializado que prestan estos altos cuerpos del Estado.

Amoedo confiesa no haber conocido ningún caso en su trayectoria profesional en el que esa excedencia se deniegue por razones del servicio, tal y como permite la ley. “Se asume que es un derecho no restringible, ampliamente justificado por la enorme distancia entre la retribución del sector público y del privado”. 

La explicación de este fenómeno, a su juicio, está en la tendencia a “alimentar una particular y resiliente élite, una ruling class continua, entre la alta Administración y la alta empresa. Esta élite comparte contactos, formación e información sobre el Estado que constituye muchas veces la base del know how empresarial en variados sectores que viven directa o indirectamente del sector público, o dependen de un conocimiento sofisticado del derecho tributario”. 

Alimentar esta élite “anfibia” —así la denomina Amoedo, porque “habla el mismo lenguaje en el sector público y privado“— ha sido siempre prioridad frente a la descapitalización que supone para la Administración esta fuga de cerebros. Un problema que “se ha compensado con la convocatoria generosa de nuevas plazas de estos cuerpos”. En su opinión, “esta cuestión es un testimonio de la naturaleza simbiótica del capitalismo y el Estado que se fragua tras la Guerra Civil en España, y que continúa durante la democracia”.

La formación e información adquirida durante el ejercicio del servicio público en un alto cuerpo del Estado constituye un bien de alto valor en el mercado. Pero nuestra legislación de función pública carece de una regulación de los conflictos de intereses cuando se ejerce la excedencia por interés particular, precisa. Casi no “la hay para las relaciones laborales de alta dirección y “apenas se contempla la prohibición de trabajar en el sector privado durante dos años cuando se trata de altos cargos del Estado”. Dos restricciones, que añade, “se compensan económicamente”. 

Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, corrobora que la Administración tiene cada vez más problemas para retener talento. Muchos funcionarios muy especializados —inspectores, técnicos o ingenieros— “se marchan al sector privado porque encuentran mejores condiciones o más oportunidades”.

”Eso supone una pérdida importante: cada persona que se va se lleva consigo experiencia, conocimiento interno y capacidad operativa”. Si no se ataja, el Estado puede tener “dificultades para diseñar y ejecutar políticas complejas”. 

A medio plazo, explica Astrid Barrio, profesora de Ciencia Política en la Universitat de València, este asunto “plantea un desafío estructural, pues la Administración corre el riesgo de convertirse en un espacio formativo del que el sector privado se beneficia”. 

El tránsito de funcionarios con acceso a información sensible hacia empresas privadas, explica, “genera un riesgo potencial de conflicto de interés”. Aunque existen periodos de incompatibilidad o declaraciones de actividades, “no siempre cumplen su función de preservar el interés público”. Hay que ser consciente de que “es muy complicado implementar mecanismos de control que impidan que que la experiencia adquirida en el servicio público se traduzca en ventajas competitivas, que es precisamente lo que busca el mundo privado”.

Amoedo señala dos posibles formas de atajar esta práctica: "elevar las retribuciones de los altos cuerpos del Estado”, algo que resultaría “sindical y políticamente muy costoso” o “cerrar el puente de plata de la excedencia mediante una regulación más restrictiva que la actual”. 

Pero “ninguna de estas dos soluciones es realista: encontrarían demasiadas dificultades para ser aprobadas”. Esa es la razón por la cual, concluye, “continuará desarrollándose este particular circuito en el que el mérito y la capacidad se acreditan mediante una dura oposición pública, cuya rentabilización se incrementa y apropia por el sector privado”.

Según Barrio, convendría “repensar los incentivos” y la gestión del capital humano en el ámbito público, “por ejemplo garantizando salarios competitivos con el mundo privado o alargando los años de servicio mínimo antes de acogerse a una excedencia”. “Lo que no haría”, precisa, “sería llegar al caso extremo de los profesores de universidad como yo, que en caso de pedir una excedencia, a menos que sea forzosa, tenemos que volver a concursar”.

Idealmente “debería haber un equilibrio entre la legítima aspiración profesional y la obligación ética de salvaguardar el interés público”. Pero en realidad, concluye, lo que hace falta es “un compromiso ético interiorizado que combine responsabilidad individual y exigencia colectiva para evitar que la movilidad se convierta en un acceso privilegiado a información estatal”.

“Es un tema delicado”, sostiene López Ortega. Cuando alguien ha trabajado con información sensible o ha tenido responsabilidades estratégicas en la Administración y luego pasa a una empresa privada que opera en ese mismo ámbito, “hay riesgo de conflicto de interés”.

Y aunque en España hay normas que intentan evitarlo, como la Ley de Incompatibilidades o “los periodos de enfriamiento”, se aplican poco y con pocos recursos, advierte. “Otros países tienen marcos más estrictos. Lo que está en juego aquí no es solo evitar irregularidades, sino proteger la confianza ciudadana: que nadie piense que el servicio público se utiliza como trampolín hacia intereses privados”.

En opinión de esta experta en Ciencia Política, “es normal que un funcionario quiera desarrollarse profesionalmente, pero también tiene una responsabilidad con el interés público”. Y “ese equilibrio no siempre está bien resuelto. Tenemos algunas normas, pero falta una cultura institucional más fuerte, con formación en ética y con incentivos que premien la permanencia y el compromiso dentro del Estado”.

Más que “limitar la movilidad”, lo importante sería hacerlo “con transparencia y con reglas claras. Al final, el conocimiento que se genera en la Administración pertenece a todos los ciudadanos, no a quien lo gestiona temporalmente”.

En 2023, fuentes policiales explicaron a El País, que en la investigación sobre la red de influencias presuntamente creada por Montoro para favorecer legislativamente a empresas gasísticas, también se analizaban prácticas similares en sectores como el juego online. Las dos reformas legales llevadas a cabo por Hacienda y redactadas directamente por las empresas gasísticas, según esas fuentes de la investigación, no fueron las únicas que favorecieron a clientes de Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro.

Durante su primera etapa en el Gobierno, Cristóbal Montoro tuvo como subsecretario de Hacienda a Rafael Catalá, que ocupó el cargo de 2000 a 2002. Tras su cese, fue nombrado secretario de Estado de Justicia. Al llegar Zapatero al poder en 2004, Montoro y Catalá dejaron el Gobierno y emprendieron su andadura en el sector privado. 

Montoro fundó, en 2006, Equipo Económico, el despacho de abogados al que ahora se le acusa de favorecer en su segunda etapa en el Gobierno. Por su parte, Catalá fichó en 2005 por la casa de apuestas Codere, donde se mantuvo seis años en el consejo de administración. Pero los caminos de Montoro y Catalá no se separaron: antes de que ambos regresaran al Gobierno en 2011, Codere contrató a Equipo Económico, previa mediación de Catalá, según varios medios, para influir en la redacción de la ley de juego que preparaba el Ejecutivo socialista, de forma similar a lo que hicieron las empresas gasísticas, según el juzgado de Tarragona. 

A finales de 2011 el PP de Mariano Rajoy recuperó el Gobierno y Montoro el Ministerio de Hacienda, mientras que Catalá volvió al de Justicia, pero esta vez como ministro. En enero de 2013, tras poco más de un año en el cargo, Montoro estableció un impuesto especial para las empresas de apuestas radicadas fuera de España que ascendió a más de 150 millones de euros, como informó entonces Bloomberg. 

Para el medio estadounidense no pasó desapercibido el hecho de que Codere, al que se refirió como “una de las principales potenciales beneficiarias” de esta medida de Hacienda, que perjudicaba directamente a su competencia, formaba parte de la cartera de clientes del despacho fundado por Montoro, y del cual fue socio hasta 2012 Ricardo Montoro, hermano de Cristóbal. 

Las decisiones gubernamentales que afectaban al sector del juego no acabaron ahí. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, la última redactada por el PP, y firmada ya por el PSOE un mes después de asumir el gobierno, incluyó una rebaja fiscal del 50% de las tasas para las operadoras de juego con domicilio fiscal en Ceuta y Melilla, con el fin de atraer a las ciudades autónomas a empresas radicadas en Gibraltar y asustadas por la incertidumbre del Brexit. 

El sector del juego online, que de 2018 a 2024 ha duplicado sus beneficios pasando de 700 millones de euros a más de 1.400, aprovechó la decisión de Montoro. En 2023, las siete empresas con domicilio en Ceuta que más dinero facturaron fueron casas de apuestas. Codere no fue una excepción, y en 2018 cambió su domicilio social a Melilla, donde aún lo mantiene tras ampliar sus instalaciones el año pasado.

Tras su salida del Gobierno, Catalá recuperó su relación laboral con Codere, y fichó de nuevo como asesor de la empresa en julio de 2019. Desde entonces ha defendido en público el papel de las empresas de juego, “que crean empleo, pagan impuestos y desarrollan la economía de allí donde se sitúan”, y el de de Ceuta y Melilla por “diseñar un marco fiscal para atraerlas”, aunque lo cierto es que el marco fiscal lo diseñó su gobierno y no los de las ciudades autónomas. 

España ha dado esta semana el primer paso real para la eliminación de las visas oro, los permisos de residencia que desde 2013 se conceden a extranjeros a cambio de una inversión inmobiliaria. Y lo ha hecho siete meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el fin de las visas: la comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado lunes el informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia en el que el PSOE ha colado la medida en una enmienda. La supresión de las visas había conseguido en la ponencia previa el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que no pidieron ningún cambio sobre el texto socialista. Finalmente, el informe sobre el conjunto del proyecto de ley –se pactaron 106 enmiendas transaccionales– sólo encontró el rechazo de Vox y el PP.

La eliminación de las visas oro tendrá que ser aprobada ahora por el pleno del Congreso, así que es posible que la abolición no entre en vigor hasta enero. Mientras, aprovechando la demora legislativa, se siguen concendiendo permisos a toda prisa. Hasta el punto de que a final de año podrían rozar las 4.788, de acuerdo con la estimación realizada por infoLibre, un 63% más de los concedidas en 2023. Los despachos de abogados consultados cifran en al menos un 25% el aumento de las visas tramitadas sólo desde abril, cuando el Gobierno hizo su anuncio.

Según los números del Ministerio de Vivienda, el 94% de las visas oro concedidas desde 2013, cuando se crearon, hasta diciembre de 2023 fueron a cambio de invertir en un inmueble: 14.576. Y de ellas, el mayor número las consiguieron ciudadanos chinos, el 22,8%. Es decir, 3.325 ricos asiáticos tienen permiso de residencia en España –y pueden viajar sin visado a los países del espacio Schengen– tras comprar un inmueble valorado en un mínimo de 500.000 euros.

Hay otras modalidades de visas oro: si la inversión es en deuda pública, ésta debe superar los dos millones de euros; si es en acciones, fondos o depósitos, el millón de euros. También puede obtenerse el permiso de residencia si se presenta un proyecto empresarial. Pero estas opciones han sido absolutamente marginales en la década de vida de estos incentivos a la inversión: Un 3% –371– se otorgaron a cambio de depósitos bancarios, pero sólo un 1% –114– por proyectos empresariales, otro 1% –167– a cambio de comprar acciones y un 1% más –214– a cambio de invertir en fondos. Sólo ocho visas se han concedido por adquirir deuda pública.

En la foto finish de las visas españolas, los chinos superan por poco a los rusos –3.175–, pero triplican a los británicos –1.098–, la medalla de bronce del podio. La mayoría de las propiedades adquiridas por estos extranjeros de oro se sitúan en Barcelona, un tercio, casi el doble que en Madrid –un 19%–. Aunque a nadie le sorprenderá que la zona favorita de inversión sea la costa, desde Cataluña hasta Málaga, pasando por la Comunidad Valenciana y Baleares.

A las visas oro les ha rodeado la polémica casi desde que nacieron. Y no sólo en España. De hecho, desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Así que Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

En cualquier caso, la mala fama de estos permisos de residencia selectivos va más más allá de los riesgos a la seguridad. Y de la presión que ejercen sobre el precio de la vivienda las compras de los millonarios extranjeros. Aunque tampoco es desdeñable. En Marbella las adquisiciones de inmuebles a cambio de visas oro supusieron el 7,1% en 2023, y el 5,3% en Barcelona, según las cuentas hechas por el Gobierno, que justifica así la necesidad de abolirlas en la “importante concentración geográfica, a nivel de municipio o distrito” de estas operaciones. “Localmente”, asegura el Ejecutivo sobre las visas, “están ejerciendo una presión anormal sobre la demanda y, por tanto, sobre el precio”.

Pero hay un factor adicional. Una investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia y del periódico portugués Expresso, socios de infoLibre en el consorcio internacional de medios OCCRP, revela que, en Portugal, Chipre y Malta, las visas oro se han visto envueltas en casos de corrupción, tráfico de influencias y clamorosas puertas giratorias, algunos de los cuales tienen como nexo común el grupo chino Delsk.

En Chipre, el exministro de Transportes Marios Demetriades es acusado de corrupción, soborno y blanqueo de capitales en una trama de pasaportes oro, un programa distinto al de las visas a cambio de inversiones que el Gobierno de la isla tuvo que cancelar en 2020 ante el cúmulo de irregularidades que lo rodeaban. Ese programa permitía obtener no la residencia, sino la ciudadanía chipriota. Demetriades y el dueño de Delsk, Jing Wang, están acusados de presentar facturas falsas a un banco de la isla para justificar una transacción de 3,6 millones de euros a JWP Pegasus, una sociedad chipriota propiedad del empresario chino. La fiscalía de Chipre sostiene que el exministro ayudó a acelerar la solicitud de ciudadanía de un ciudadano chino y a JWP le pagaron 2,5 millones para conseguirlo. Unos cargos que Delsk Cyprus negó a Times of Malta, el periódico que publicó parte de la investigación de la Fundación Daphne Caruana Galiza y OCCRP. Jing Wang tiene pasaporte chipriota e intentó, sin éxito, conseguir uno maltés.

En Malta, Delsk contrató como consultor al ex primer ministro del país Joseph Muscat, para que le asesorara sobre el programa nacional de visas oro en diciembre de 2020. Le pagaba un sueldo de 5.900 euros al mes. Según la investigación publicada por Times of Malta, los pagos de Delsk a Muscat fueron señalados como “sospechosos” por el proveedor de pagos maltés. Como se sabe, las empresas de servicios de pago, al igual que los bancos y otros agentes financieros, tienen la obligación de informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa de blanqueo de dinero. Y en el caso de Muscat, al ser una persona políticamente expuesta (PEP), el proveedor de pagos levantó una bandera roja: Muscat podía haber aprovechado sus relaciones con funcionarios del Gobierno para “influir” en los programas de ciudadanía y residencia de Malta. Además, destacó la naturaleza “vaga” del contrato que había firmado con Delsk. Muscat ha negado cualquier irregularidad, mientras que la empresa china asegura que recurrió al ex primer ministro “por su experiencia en Europa” y que su actividad en Delsk se centró en “elaborar análisis sobre la economía maltesa, el mercado inmobiliario y otras oportunidades de negocio”.

La investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia también revela que el agente local de Jing Wang en Malta gestionó casi la mitad de las solicitudes de visa cursadas por ciudadanos chinos en la isla entre 2016 y 2021. Además, destapó que al menos siete personas políticamente expuestas (PEP), un presunto delincuente y un individuo bajo sanciones internacionales figuraron entre quienes solicitaron una visa de oro maltesa en esos años. Un patrón que ya se desveló en 2023 en Grecia: 45 ciudadanos iraquíes intentaron conseguir una visa oro con documentos falsificados.

A modo de presentación en su página web, Delsk sitúa su nacimiento en 2008 en la ciudad alemana de Colonia. Pero su dueño es el empresario chino Jing Wang, sus oficinas centrales están en Pekín y presume de ser “una de las primeras empresas en introducir en China el negocio europeo de la inversión inmobiliaria”. Según la investigación de la Fundación Daphne Caruana, la propiedad real de Delsk se sitúa en las islas Caimán, adonde Jing Wang transfirió sus acciones en 2017. Tiene filiales en más de 30 países de todo el mundo. También cuenta con una en España.

Se llama Immocompletisimo Spain SLU y tiene su sede en Barcelona. Durante un tiempo funcionó bajo la marca Hooli Home, que aún mantiene activa Delsk en el resto del mundo. Pero en España el negocio no fue muy exitoso. Al menos a la luz de las cuentas que Immocompletisimo Spain ha remitido al Registro Mercantil y ha consultado infoLibre. Creada en 2016, es propiedad al 100% de la filial portuguesa del grupo, Imocompletissimo Consultoria de Imóveis SA, y como administrador único figura el propio Jing Wang.

Delsk se define como “una plataforma global de servicios de inversión” que se ofrece a sus compatriotas no sólo para gestionar inversiones inmobiliarias e inversiones en fondos, sino también para proporcionar todo tipo de asesoramiento profesional a los que quieren emigrar invirtiendo más allá de sus fronteras. Un mercado sin duda muy tentador: China es el país del que más millonarios emigrarán este año, 15.200, según el último informe sobre migración de patrimonios privados que elabora la consultora británica Henley & Partners. Serán un 10% más que en 2023. El segundo país que más millonarios perderá este año es Reino Unido, sólo 9.500. El informe no menciona la riqueza que unos y otros se llevarán consigo, pero en 2017, el periódico especializado Investment Immigration Insider cifraba en 10.000 millones de dólares el mercado de los inversores chinos que querían salir del país con sus patrimonios. Para hacerse una idea de la altura que alcanza la ola de emigrantes ricos chinos en todo el mundo, basta con recordar que más del 70% de las 81.125 visas a inversores concedidas por EEUU entre 2010 y 2019 las recibieron ciudadanos del gigante asiático, según cifras oficiales. En 2018, el 59% de los solicitantes de visas oro en Portugal eran chinos, el doble que en España. En Malta, el 88%. En Irlanda, se elevaban al 91%.

Según han informado a infoLibre fuentes del sector y exempleados de Hooli Home en Barcelona, la empresa china aterrizó en esa ciudad con una gran inversión y la vista puesta en abrir hasta seis oficinas. Finalmente puso en marcha tres. Al principio contaban con una flota compuesta de media docena de vehículos de alta gama y los chóferes y traductores necesarios. A los clientes chinos se les ofrecían tours por Barcelona, también visitaban Port Aventura u otros lugares de Cataluña. Incluso contrataron a un comercial ruso para atender a los clientes de esa nacionalidad.

Pero el negocio fue decayendo poco a poco y entró en barrena con el covid. Hasta que hubo periodos en los que no se vendía nada, aseguran las fuentes consultadas. “Se derivaban muchos clientes a Grecia, donde el importe mínimo para comprar una vivienda era menor, de 250.000 euros, también a Malta y a Portugal”, precisan. Malta, de hecho, era la delegación que “más funcionaba”.

En sus dos mejores años, 2017 y 2018, Immocompletisimo Spain llegó a facturar más de 1,1 millones de euros. Y a contar con una plantilla 24 personas. La empresa estaba dividida en dos secciones bien diferenciadas: los jefes chinos y los comerciales españoles. Estos buscaban las propiedades, aquellos cerraban las operaciones. Pero la comunicación entre ambas era inexistente, lamentan las fuentes: “Eran impermeables, no compartían información, no sabíamos cómo cerraban las operaciones”. “Opaca” es el adjetivo que utilizan para describir a la empresa.

Los clientes, añaden, venían del fondo de inversión de Hong Kong que forma parte del grupo Delsk. De hecho, las únicas operaciones con partes vinculadas que Immocompletisimo declara al Registro Mercantil son las que realiza con Hong Kong Delsk Business Co, propiedad al 100% de Jing Wang. Al principio la empresa se llamaba Jing Wang Properties (JWP), el nombre de otras sociedades constituidas por el empresario chino en otros países, como Malta o Irlanda. En esta última isla, se presenta como “distribuidora de un fondo autorizado por el Banco Central llamado JWP, que invierte el dinero del programa [de visas oro] en residencias de ancianos”. Las residencias son una de las opciones de inversión del programa irlandés de visas.

Según fuentes del sector, cuando se trata de clientes chinos, lo usual es trabajar con agentes freelance, de esa misma nacionalidad. “El mercado viene a través de esas agencias”, apuntan. Que les venden a los millonarios asiáticos “paquetes cerrados, que incluyen el inmueble y los trámites legales de la visa”. De esa burocracia se encargaban en Hooli Home despachos de abogados externos. Pero a veces la forma de actuar de estos intermediarios ha despertado suspicacias. “Dejamos de trabajar con ellos porque cobraban comisiones muy elevadas por inmuebles que no valían el precio que ofrecían a sus clientes”, indica un abogado de Barcelona a infoLibre. Lo inflaban hasta el mínimo legal de los 500.000 euros o les ofrecían oficinas o locales comerciales con una rentabilidad exagerada, detalla.

Otras fuentes inmobiliarias advierten de que, como a los chinos no les gusta pagar intermediarios, “la comisión iba incluida en el precio de la vivienda”.

La Fundación Daphne Caruana Galizia también refiere casos de precios inflados en Grecia y de clientes chinos que fueron estafados y, cuando llegaron al país, la propiedad prometida sencillamente no existía.

La emigración de millonarios chinos plantea además no pocos problemas legales. El Gobierno chino prohíbe a sus nacionales sacar más de 50.000 dólares al año por persona. Por lo que quienes invierten cantidades millonarias en el extranjero deben saltarse al mismo tiempo sus propias restricciones nacionales y las cada vez más estrictas regulaciones de la banca internacional. “Sacan el dinero a través de Hong Kong”, confirman varias abogados. O bien utilizan “hasta 10 familiares” y cada uno de ellos saca 50.000 euros... “Los bancos españoles no aceptan esa forma de trabajar”, zanjan enseguida.

Transparencia Internacional publicó en 2023 un informe sobre las visas oro españolas en el que criticaba “la falta de controles sobre diversos intermediarios, agentes y facilitadores”. Y pedía “regular adecuadamente las empresas y agentes facilitadores e intermediarios que ofrecen servicios de gestión de los visados”, por los “elevados riesgos de corrupción, blanqueo de capitales y delitos financieros” que plantean. “Muchas de las empresas que ofrecen estos servicios operan incluso fuera de la jurisdicción española y los riesgos aumentan exponencialmente cuando estos intermediarios tienen políticas opacas y complejas estructuras de propiedad”, advertía.

No son los únicos. La OCDE y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) también alertaban el año pasado del mal uso que se hace en muchos países de los programas que regalan la residencia a cambio de inversiones. En concreto, ponían el foco en el “uso frecuente de intermediarios” y “el abuso por parte de facilitadores profesionales”, que “aumentan el riesgo de delitos financieros y corrupción, incluido el soborno en el extranjero”. Citan a los agentes inmobiliarios, los gestores de patrimonios, los abogados que tramitan las visas y las consultoras como posibles facilitadores del abuso de estos programas.

A fecha de diciembre de 2022, las últimas cuentas que ha presentado en el Registro Mercantil, Immocompletisimo Spain acumulaba pérdidas por importe de 1,47 millones de euros. No ha tenido beneficios en seis años y registra un patrimonio neto negativo de 1,64 millones. Es decir, está en causa de disolución, puesto que su capital social es el mínimo requerido para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La ley española establece que, si las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a la mitad del capital social, una sociedad debe disolverse.

Immocompletisimo Spain ha quedado reducida ahora a una oficina en un bajo de Barcelona, donde ni siquiera figura en los buzones, según ha podido comprobar este periódico. En sus cuentas de 2022 consta que sólo tiene tres empleados fijos, una cifra de negocio de 53.696 euros y unas pérdidas de 202.156 euros. En la página web china de Hooli Home se pueden encontrar las ofertas de la empresa en Barcelona. Se limitan a alquileres en residencias de estudiantes universitarios, con precios entre 875 y 1.575 euros al mes. Lo mismo en Madrid. Hasta 2.000 euros al mes con todos los servicios incluidos.

Los números de su empresa matriz, la portuguesa Imócompletissimo Consultoria de Imóveis SA, tampoco son mucho mejores. Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, acumula 6,2 millones de euros de números rojos en sus 11 años de actividad. No tiene ni un solo empleado, pero en 2023 facturó 270.000 euros, no mucho pero por encima de los raquíticos 15.425 euros ingresados en 2019. Cerró el año pasado con unas pérdidas de 14.202 euros, lejos de los 2,35 millones que se dejó en 2019. A diferencia de su filial española, Hooli Home sí mantiene activa su página web portuguesa y tiene oficinas en el Parque de las Naciones de Lisboa.

En Portugal, según datos del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), entre 2012 y 2022, 29.666 personas consiguieron una visa oro, como inversores o familiares de inversores. Más de la mitad procedían de los 30 países con mayor riesgo de lavado de dinero. Hasta 2023, el programa generó casi 7.000 millones de euros en inversiones y 10,7 millones en adquisiciones de propiedades, pero creó sólo 22 puestos de trabajo.

En teoría, pues, un buen negocio: los compradores con visa oro aportaron cerca de una cuarta parte de la inversión extranjera en el sector inmobiliario portugués, por sólo un 1,5% en España, según los datos de la Fundación Daphne Caruana Galizia.

Hay razones que explicaban el atractivo de las visas oro portuguesas hasta su eliminación el año pasado. Por ejemplo, tras cinco años de residencia, durante los cuales los solicitantes sólo deben pasar 63 días en el país, pueden pedir un pasaporte portugués. Porque a los titulares de la visas oro lusas les basta permanecer siete días en el país durante el primer año y 14 los siguientes para ser considerados residentes.

Además, el programa fiscal de Residente No Habitual (RNH) ofrece tipos impositivos favorables sobre la renta extranjera durante 10 años. Y no existe impuesto sobre el patrimonio ni de sucesiones.

infoLibre ha intentado ponerse en contacto con Immocompletisimo Spain, su matriz portuguesa y el propio grupo Delsk, pero no ha obtenido respuesta.

Ni por edad y formación ni por talante debería haber sido César Alierta la persona destinada a dirigir con éxito una compañía tecnológica, convirtiéndola en una multinacional y adaptándola al reto digital. Pero el financiero zaragozano, que acaba de fallecer a los 78 años, llevó a una Telefónica recién salida del monopolio público hasta la máxima capitalización bursátil y el récord histórico de beneficios tras lanzarla a la expansión internacional y situarla como uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Además, capitaneó con mano firme el barco durante 16 años bregando con habilidad tanto con gobiernos del PP y PSOE.

Pese a que lo suyo eran las finanzas –fue director general de Mercado de Capitales en el Banco Urquijo durante 15 años y fundó la sociedad de valores Beta Capital–, se estrenó a lo grande en la gestión empresarial con Tabacalera, que privatizó y fusionó con la francesa Seita para tansformarlas en Altadis. Nombrado para ese puesto por José María Aznar en 1996, fue también la persona elegida cuatro años más tarde para enderezar Telefónica tras el escandaloso paso de Juan de Villalonga por la compañía, que había dejado de ser pública sólo un año antes.

Y lo consiguió, mediante una mezcla de intuición, talante y una ambición innegable pero, sobre todo, gracias al uso inteligente del poder. Dentro de la empresa y fuera de ella, según coinciden las fuentes consultadas. “No tenía un estilo de gestión, no existe un aliertismo de gestión”, explican. Por el contrario, las claves de su éxito en Telefónica y de su longevidad al frente de ella –sólo sus dos primeros presidentes duraron más que él– fueron su capacidad para las relaciones –“se hacía querer”, repiten– y su habilísimo manejo del poder. Dentro de Telefónica lo monopolizó, dando –y quitando– atribuciones a quienes, a diferencia de él, conocían el campo tecnológico, azuzando así una competencia interna por el éxito que redundaba en beneficio de la organización, detallan fuentes próximas al empresario.

“En Telefónica había ideas, mercado y capital, y Alierta respetó y potenció esos equipos; Alierta dejó hacer”, explica Mariano Guindal, periodista económico autor de El declive de los dioses, sobre los grandes empresarios de la Transición. El zaragozano, por tanto, se dedicó a las “fusiones y las compras, que era lo que sabía hacer, no a la digitalización”, precisa Guindal.

Todo ello estaba al servicio de un objetivo: convertir a Telefónica en una gran compañía. Mientras el mundo pasaba de analógico a digital, Alierta compraba las filiales de la estadounidense Bellsouth en América Latina, la brasileña Vivo, la checa Cesky Telecom y la británica O2, que le permitió acceder también a los mercados alemán e irlandés. Fue con Alierta cuando Telefónica alcanzó su récord de capitalización bursátil, casi 107.000 millones de euros, en octubre de 2007. Ahora sólo suma 21.400 millones, aunque lejos de los mínimos, por debajo de 16.000 millones, en que se hundió en septiembre de 2020. También explotaron con Alierta los beneficios: los 10.167 millones de euros conseguidos en 2010 no han sido aún superados. En 2022 ganó sólo 2.011 millones. A falta de conocerse cómo ha cerrado 2023, hasta el tercer trimestre suma 1.262 millones en ganancias. En el lado negativo, al irse, en 2016, dejó una deuda enorme, de 53.116 millones de euros que, a día de hoy, su sucesor, José María Álvarez Pallete, ha recortado hasta dejarla en menos de la mitad –26.687 millones–.

“El hombre poderoso”, tituló una periodista alemana el reportaje sobre César Alierta que la llevó hace años a Madrid y Zaragoza, la ciudad natal del expresidente de Telefónica. “Es tan poderoso que hasta el jefe de Estado chino le visita”, abría el suyo el diario Die Welt en mayo de 2008 para presentar a los lectores alemanes al empresario español que quería “conquistar” Europa.

Mariano Guindal dice que era “influyente” por su poder sobre los medios de comunicación. Telefónica fue durante años el primer anunciante de España. En 2008, aún con la economía en pleno auge, Telefónica se gastaba 173,8 millones de euros en publicidad, lo que representaba el 2,6% de la inversión, según Infoadex, y una lluvia fundamental de ingresos para periódicos y televisiones. Pero su influencia iba mucho más allá de los medios de comunicación. “Supo mantener los equilibrios mediáticos y también los políticos”, resume Guindal. Para ello, Alierta se dedicó sin disimulo al fichaje de políticos, tanto de PP como de PSOE. La lista es jugosa. “Fue muy hábil, jugando a dos barajas, mimaba a unos y a otros”, admite el periodista.

Del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, el exsecretario de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, la mujer de Eduardo Madina, Paloma Villa, y Carlos Escó, marido de la exlíder socialista en Aragón Eva Almunia.

Del PP: el exvicepresidente Rodrigo Rato, los exministros Eduardo Zaplana y Manuel Pizarro; Iván Rojas, marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Vanesa Arriola Villalobos, hija del asesor de Aznar Pedro Arriola y la exministra Celia Villalobos; la expresidenta de Navarra (UPN) Yolanda Barcina, el ex secretario de Estado Alfredo Timermans... También contrató a Iñaki Urdangarín y al exjefe de la Casa Real Fernando Almansa.

Según Guindal, “llevarse bien con todos” le permitía a Alierta “sobrevivir”. Conseguía que “[los políticos] le dejaran en paz”, remacha. Y que la regulación se hiciera “a medida de Telefónica”. Fuentes próximas al expresidente, sin embargo, niegan que la compañía obtuviera ningún trato de favor en ese aspecto, sino más bien al contrario. Con el tiempo, perdió inevitablemente su posición de dominio en el mercado. “Perdió todo lo que tenía que perder”, concluyen. Las puertas giratorias con la política podían tener “cierto efecto externo”, admiten las fuentes, pero Alierta las consideraba más bien “un peaje que tenía que pagar”, sobre todo tratándose de una “empresa regulada”.

Una buena muestra de esta dualidad es la enmienda que lleva el nombre de la empresa y que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para frenar el escándalo que siguió al anuncio de un ERE de 6.500 despidos sólo meses después de haber publicado los mayores beneficios de su historia. Tampoco era el primero. Telefónica se había acostumbrado a ofrecer condiciones de lujo a quienes querían prejubilarse, pero el coste para las arcas públicas –para el Inem de entonces– de esos retiros anticipados era millonario.

Así que ahora las empresas con beneficios que despidan a trabajadores mayores de 50 años deben hacer una aportación al Tesoro equivalente al importe de las prestaciones públicas que recibirán sus exempleados hasta la jubilación. En los últimos 20 años, Telefónica ha recortado en un 65% su plantilla a base de ERE y bajas incentivadas: ha pasado de 60.000 a poco más de 20.000 trabajadores en España. El ERE que acaba de presentar este año, para 3.241 empleados, le costará a la empresa 1.300 millones de euros.

El expresidente de Telefónica, que nunca ocultó su afinidad con el PP, llegó a confesarse “socialdemócrata” en alguna ocasión. Lo cuenta el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su libro Al fondo a la izquierda: En un restaurante, en 2016, le contó que había insistido durante “mucho tiempo” a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en que debía “subir el salario mínimo un 20% y aprobar una renta básica para los hogares sin ingresos”. “Mi receta es muy clara: crecimiento y solidaridad. Ésa es la clave de lo que necesita Europa, hasta a [Angela] Merkel se lo he dicho. Y los números salen. Les hice los numericos y se los mandé a Rajoy y a Álvaro Nadal [jefe de la Oficina Económica del Gobierno]. Ni puñetero caso. Y la gente, con razón, cada vez más encabronada”, se explayó.

Solidaridad con los de abajo e impuestos a los de arriba. “A quienes más ganamos, a quienes ganamos millones, deberían gravarnos hasta un 65% en la renta personal. Y sin demagogias, ¿eh?”, defendió entonces. César Alierta dejó la presidencia de Telefónica ese mismo año, con un plan de pensiones de 54,2 millones de euros.

Sólo unos meses después, en 2017, se disolvió el Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby de las 15 mayores empresas españolas que presidió César Alierta desde su nacimiento en 2011. La iniciativa corrió a cargo de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y el propio Alierta, pero fue éste quien se puso al frente del grupo. El foro se presentó con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la marca España, en los meses previos al rescate europeo de la banca española y mientras la CEOE sufría una tremenda crisis por culpa de los negocios y fraudes de Gerardo Díaz Ferrán.

Querían que se les considerara un think tank, un laboratorio de ideas, pero la foto de los empresarios más poderosos de España –Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Antonio Brufau (Repsol), Pablo Isla (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros– proyectaba más bien la imagen de un grupo de presión. El apoyo de esta superélite económica a los sucesivos recortes del Gobierno aquellos años de austeridad tampoco dejaba margen para el equívoco. “Fue fruto de una visión patriótica, pero también interesada: lo que es bueno para el país también será bueno para mi empresa”, interpretan fuentes cercanas a Alierta.

El expresidente de Telefónica contaba además con una agenda de contactos internacionales “restringida pero profunda”, destacan las mismas fuentes. Tomaba cafés con Angela Merkel, que ha enviado un mensaje de condolencia al saber de la muerte de Alierta, y tenía una buena relación personal con el presidente brasileño, Lula da Silva, y con el papa Francisco, e incluso con competidores como el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, y el principal accionista de Vivendi, Vincent Bolleré.

César Alierta pertenecía a la misma generación de empresarios de, por ejemplo, Francisco González, el expresidente del BBVA. Ambos proceden del mundo de las finanzas –González también fundó su propia sociedad de valores– y de los círculos de amistad políticos del PP –a González y a Alierta los nombró Rodrigo Rato al frente de Argentaria y Tabacalera–, triunfaron en la vida empresarial gracias a las privatizaciones de grandes compañías públicas y llevaron el timón de la expansión internacional y digitalización de Telefónica y BBVA mientras aprovechaban los vientos de los distintos gobiernos. Se fueron casi al mismo tiempo: González en 2018 –tiene un año más que Alierta–.

Además, compartieron problemas judiciales. El zaragozano pasó por los tribunales en el llamado caso Tabacalera, cuando se le acusó –también a su sobrino– de información privilegiada: junto con su mujer habían ganado 1,86 millones de euros al comprar acciones de la empresa poco antes que de que ésta adquiriera en 1997 una compañía estadounidense, una operación que multiplicó el valor de las acciones de la española. En 2010 fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que declaró prescrito el supuesto delito. Francisco González, en cambio, sigue aún pendiente de que la Audiencia Nacional decida sobre su responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo por el BBVA. La misma camada y trayectorias paralelas.

Pero a Alierta y a González les separaba una diferencia fundamental: el carácter. Según las fuentes consultadas, González es una persona de difícil trato. Hasta José María Aznar reconoció en una entrevista a El País Semanal que el banquero de Chantada (Lugo) “no es demasiado simpático”. Todo lo contrario que el “nacionalista aragonés” –como lo califica Mariano Guindal– Alierta. “Era tímido, pero cercano, tenía una capacidad de relacionarse muy curiosa”, le describen las fuentes. Siempre fue “César, no le gustaba que le llamaran presidente”, recalcan, pero nunca hubo dudas sobre quién ejercía el poder absoluto en la empresa y cuánto poder tenía Telefónica en España.

Pedro Morenés y Eduardo Serra comparten buena parte de sus respectivos y larguísimos currículos profesionales. Desde que el primero fue secretario de Estado de Defensa del segundo, a su vez nombrado ministro del ramo por José María Aznar –tras haber sido el número dos del departamento con el socialista Narcís Serra–, han tenido trayectorias paralelas y, a veces, incluso rivales.

Para empezar, ambos personifican dos de los casos más paradigmáticos de puertas giratorias en España, por su salto del Ministerio de Defensa a dos de las principales empresas del sector. Serra fue ministro de 1996 a 2000. Morenés, de 2011 a 2016. El primero fue fichado por Everis en 2005 y accedió a su presidencia en 2018. El segundo ya había presidido una firma del ramo, Instalaza, fabricante de las polémicas bombas de racimo, antes de llegar a ministro. Entonces, en 2011, era presidente en España de MBDA, una empresa europea de misiles. Y, tras dejar el cargo en 2016 y pasar poco más de un año como embajador de España en Estados Unidos, fue nombrado presidente de otra compañía del sector, Amper, en 2020.

Morenés tiene ya 75 años. En noviembre de 2022 pasó a presidente no ejecutivo de Amper, pero sigue al frente de una consultora llamada Kuitver Energía. Serra, que el próximo diciembre cumplirá 77, va a abandonar la presidencia de DigitalES, la patronal tecnológica, donde lleva desde su creación, en 2017, según publicó Expansión el pasado agosto. Pero se mantiene al frente de Everis, rebautizada como NTT Data en 2021, tras haber sido adquirida por esa multinacional japonesa en 2014.

Tanto Everis/NTT Data como Amper compiten casi por los mismos contratos de la Administración pública, que constituyen una fuente sustancial de sus ingresos. No sólo por los relacionados con la defensa, sino también por los tecnológicos, donde las dos empresas son líderes nacionales. Por ejemplo, son adjudicatarios habituales de Aena, Renfe o Correos. Amper presume de haber instalado los equipos de comunicaciones de más del 85% de los aeropuertos españoles. Mientras, Everis/NTT Data ha conseguido una quincena de adjudicaciones de Aena desde 2020, según los datos extraídos de la Plataforma de Contratación del Estado.

Pero la rivalidad va más allá de los concursos públicos. Como se demostró en 2020 con los despidos de los 10 ejecutivos que dirigían Everis Aeroespacial y Defensa (AEDE). Según puede leerse en las sentencias que el Tribunal de Justicia Superior de Madrid y el Tribunal Supremo han dictado sobre ese litigio laboral, la matriz del grupo quería cerrar la división de defensa española tras la polémica surgida con la venta de morteros Alakran a Arabia Saudí, que terminaron usándose en la guerra de Yemen. Pero la cúpula directiva de Everis AEDE no aceptó pacíficamente la decisión. Y planeó evitarlo comprando la empresa, una prerrogativa incluida en sus contratos. Así que presentaron a la matriz una propuesta de adquisición siguiendo el procedimiento definido en sus acuerdos con la empresa.

El problema fue que, para adquirir Everis AEDE, los ejecutivos buscaron la financiación de su rival, Amper. La compañía que preside Eduardo Serra lo consideró una traición y despidió a toda la cúpula directiva en julio de 2020. La mitad de los ejecutivos demandó entonces a Everis/NTT Data en los juzgados de lo Social. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado en todos los casos a favor de los despedidos. También el Supremo en al menos uno de ellos. Los demás siguen pendientes de que el alto tribunal resuelva los recursos interpuestos por la empresa.

El caso es que al menos cinco de estos antiguos directivos de Serra trabajan ahora para Morenés en Amper, Zelenza —su principal accionista— y Swarming, filial de la anterior. De hecho, quien fue consejero delegado de Everis AEDE, Enrique López Pérez, es el consejero delegado y primer ejecutivo de Amper desde noviembre de 2022, cuando Pedro Morenés dejó de tener funciones ejecutivas como presidente.

En los juicios, la matriz justificó los despidos por la comisión de toda una serie de irregularidades en la contratación que los ejecutivos de la división de defensa desmienten y que fueron detalladas ampliamente por El Periódico de España. infoLibre intentó, sin éxito, ponerse en contacto con los directivos despedidos cuando la empresa apareció en el curso de una investigación diferente en la que se mencionaban unos contratos con Emiratos Árabes Unidos. Este periódico también ha preguntado a Everis/NTT Data si finalmente ha cerrado la división de defensa, pero no ha obtenido una respuesta. En el Registro Mercantil sigue figurando como una sociedad activa.

Pese a que compiten por los contratos y por los directivos, Amper y Everis/NTT Data son dos empresas muy diferentes. Tienen en común su origen español, pero mientras Amper sigue siendo de propiedad nacional, Everis pertenece desde hace casi 10 años a una de las mayores multinacionales tecnológicas del mundo, con 150.000 empleados repartidos en todo el mundo y una facturación de 16.000 millones de euros. En España la plantilla suma 17.000 personas, según consta en su propia página web. Amper, en cambio, es más pequeña –tiene 3.400 empleados–, cotiza en la Bolsa española y ganó 1,3 millones de euros en 2022, tras ingresar 337,5 millones. Un beneficio que ha sufrido un fuerte recorte desde los 21,7 millones de 2019. Su plan estratégico para los próximos tres años prevé duplicar la cifra de negocio hasta los 1.008 millones de euros en 2026.

El volumen de contratación de Amper y Everis/NTT Data con las administraciones públicas es enorme. Según el barómetro de la consultora Adjudicaciones TIC, la empresa de Eduardo Serra es en este sector la cuarta adjudicataria de la Administración en 2022, con 254,14 millones de euros repartidos en 110 contratos tecnológicos. Por delante, aparecen únicamente Telefónica, Indra e Inetum. Tal y como puede comprobarse en la Plataforma de Contratación del Estado, sólo relacionados con Defensa e Interior, Everis/NTT Data ha conseguido una veintena de contratos desde 2020, por un importe que supera los 13 millones de euros. Una buena parte de esa cartera son sistemas para el control de fronteras para el Ministerio del Interior, pero también suministra numerosos equipos a Isdefe, la consultora pública de defensa.

Además, la empresa de Serra consiguió en 2020 un contrato de 10,4 millones de euros para digitalizar la agencia de comunicaciones de la OTAN. De los de mayor importe fuera del sector de la defensa destaca el contrato de 10,99 millones que le adjudicó Red.es, el organismo público encargado de la Agenda Digital, para digitalizar las pymes.

Aunque ese protagonismo también tiene su lado turbio. En 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a Everis, junto a otras 10 grandes tecnológicas –entre ellas IBM, Accenture, Indra, Atos y Next– por repartirse el mercado de las administraciones públicas durante nada menos que 15 años. Según el organismo regulador, las empresas pactaban precios y condiciones comerciales e intercambiaban entre ellas información sensible. La multa para Everis ascendió a 800.000 euros; en total, 29,9 millones para las 11 compañías. La Audiencia Nacional acaba de confirmar las sanciones hace sólo unos días, aunque todavía pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

Según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, Amper supera los 85 millones de euros en adjudicaciones públicas desde 2020. De ellas, casi nueve millones son contratos relacionados con la defensa. Pero la parte del león, de los contratos y de su cartera de pedidos, son los acuerdos que ha firmado con Navantia. Cuatro de esos contratos, adjudicados en 2021 y 2022, son suministros de todo tipo para las fragatas de la serie F-110 que el astillero público construye para la Armada española. En total, 20 millones de euros. En todo caso, los dos más voluminosos suscritos con Navantia son los que permitirán a Amper construir parte de las estructuras eólicas marinas que se instalarán luego en dos parques franceses: Saint Brieuc, en Bretaña, y Le Tréport, en Normandía. El primer contrato, concedido en 2020, tiene un importe de 100,7 millones de euros. El segundo, del pasado mes de junio, ha sido anunciado por Amper como el mayor jamás conseguido por la empresa de Morenés, con un valor superior a los 100 millones, pero sin precisar la cifra exacta. En total, más de 220 millones de euros.

Pedro Morenés, que precisamente comenzó su carrera profesional en Astilleros Españoles, como se llamaba entonces el constructor naval público, y después fue director comercial de la División de Construcción Naval del INI –la antigua SEPI–, tuvo una polémica relación con Navantia mientras fue ministro de Defensa.

En 2018, la oposición en el Parlamento gallego le acusó de “corrupción institucional” por haber forzado un retraso de dos años en la construcción de las fragatas F-110 para adaptarlas a los misiles que fabrica MBDA, la empresa europea de la que fue presidente en España hasta su llegada al ministerio. Navantia consideraba que el sistema de misiles debía seguir siendo el que ya le había suministrado antes la estadounidense Raytheon, pero Defensa impuso como opción prioritaria el que vendía MBDA, según publicó eldiario.es. La insistencia de la Dirección General de Armamento, bajo control de Morenés, incluso provocó un enfrentamiento con la cúpula de la Armada que bloqueó durante dos años la elaboración del proyecto técnico necesario para comenzar a construir las fragatas en el astillero de Navantia en Ferrol.

Morenés tuvo otro pinchazo, que además compartió con Serra: Arabia Saudí. No en vano el régimen de Riad es el mayor comprador de armas de la industria española. NTGS, filial de la empresa de Eduardo Serra, vendió los morteros Alakran a Arabia Saudí en 2018, que fueron usados en la guerra de Yemen pese a la prohibición internacional de suministrar armamento a los países en conflicto. Morenés, en este caso en su calidad de ministro de Defensa, vendió en 2015 a Arabia Saudí 400 bombas del stock del Ejército del Aire, que éste tuvo que volver a comprar para completar su arsenal. “Son bombas que no sobraban”, explicó la ministra Margarita Robles cuando se hizo cargo de Defensa tres años después.

La industria de la defensa se ha convertido en uno de los sectores donde más se recurre a las puertas giratorias. De hecho, Pedro Morenés no es el único ex alto cargo que se sienta en el consejo de Amper. También la ex secretaria de Estado de Comercio y expresidenta del ICEX María Luis Poncela figura como consejera independiente desde mayo de 2021. Pilar Platero, expresidenta de la SEPI, la acompaña desde marzo de ese año.

En el consejo de Everis, además de Eduardo Serra, se sientan el exministro de Economía chileno Alejandro Ferreiro y el exconsejero de Economía del Gobierno vasco Pedro Luis Uriarte. Entre 2017 y 2019 también fue consejera la exministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia. Antes, de su consejo asesor fueron miembros los expresidentes de México Ernesto Cedillo y de Colombia Álvaro Uribe. Además, el ex segundo jefe de Estado Mayor de la Armada José Luis Urcelay trabajó de asesor de Everis Aeroespacial y Defensa. Finalmente, en la patronal tecnológica DigitalES que preside Eduardo Serra, ejerce como director general Víctor Calvo-Sotelo, quien fue secretario de Estado de Telecomunicaciones.

A la vista del abultado currículo profesional de Eduardo Serra, el paso por la Administración pública le ha resultado muy rentable. Tras su primer paso por la Secretaría de Estado de Defensa entre 1984 y 1987, fue nombrado presidente de Telettra Española (1988-1991, Cubiertas MZOV (1989-995), Peugeot-Talbot España (1992-1996) y Airtel (1994-1996). Entre 1996 y 2000 fue ministro de Defensa y, al dejar el Gobierno, presidió UBS España hasta 2006. Desde 2005, cuando se le puso al frente de la Fundación Everis, ha permanecido en esa tecnológica, pero al mismo tiempo, ha sido consejero de Deutsche Bank (2015-2017), consejero de PharMamar (desde 2021 hasta hoy) y de la gallega Ecoener –junto con la exministra de Exteriores Ana Palacio y la exconselleira de Facenda y ex secretaria de Estado de Presupuestos Marta Fernández Currás–, además de presidir la Fundación Ortega-Marañón, la Fundación Transforma España y la Fundación España Constitucional. Como se ha dicho más arriba, es presidente de la patronal DigitalES, pero también de la Asociación Española del Análisis de Valor (AEV) y lo fue del consejo del periódico digital El Independiente. Además, tiene su propia consultora, Eduardo Serra y Asociados. La lista de cargos es abrumadora, pero no exhaustiva.

La Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha autorizado un total de 653 actividades privadas a ex altos cargos del Ejecutivo desde su creación hace quince años, periodo en el que sólo ha registrado 14 incompatibilidades. Así se desprende de la respuesta que el Gobierno ha dado a una batería de preguntas registradas en el Congreso por la secretaria general del Grupo Socialista, Rafi Crespín, y su compañero Antonio Hurtado, que pedían saber el número de expedientes tramitados.

La legislación establece que durante un periodo de dos años tras el cese, los altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses, que deberá comunicar al interesado si es compatible o no su paso al sector privado en un plazo máximo de un mes.

En la contestación dada por el Gobierno, a la que tuvo acceso Europa Press, se detalla que la citada Oficina, encargada de fiscalizar las conocidas como puertas giratoriaspuertas giratorias y al frente de la que se encuentra Flor María López Laguna, ha tramitado un total de 697 expedientes desde su creación, en el año 2006, con la aprobación de la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

En concreto, este órgano tramitó 329 expedientes entre 2006 y 2015, fecha en la que la normativa sobre incompatibilidades se endureció a raíz de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Desde entonces y hasta el pasado 4 de octubre, la oficina ha tramitado 368 expedientes, es decir, ha analizado más expedientes en los últimos seis años que en los nueve anteriores, con la primera ley.

Precisa el Gobierno que de los casi 700 expedientes gestionados desde su nacimiento, la Oficina de Conflictos de Intereses ha dado vía libre a 653 actividades privadas con posterioridad al cese de los altos cargos (313 hasta 2015 y 340 desde entonces y hasta la actualidad) y ha denegado sólo 14, cinco en el primer periodo y nueve, en el segundo.

Además, informa de que en los últimos quince años treinta expedientes fueron objeto de desistimiento un total de once actividades privadas comunicadas tras el cese de altos cargos, con carácter previo a su inicio –once en la primera etapa y diecinueve en la segunda–.

Vuelve Iván Redondo. Apenas cuatro meses después de su inesperado cese, por voluntad del presidente según todas las crónicas, a petición propia según el propio interesado, el que fuera principal asesor de Pedro Sánchez abandona el descanso que se autoimpuso tras su salida de Moncloa y prepara su regreso a la consultoría.

Será a partir de noviembre y el formato elegido, del que Redondo se propone ir dando detalles en los próximos días, es “un proyecto nuevo” de “consultoría independiente” que va a “liderar” con “profesionales de primer nivel” al que también se sumarán “unos cuantos amigos”.

Redondo anticipó el pasado martes sus planes en un evento organizado por Llorente y Cuenca (LLYC), eventola consultora especializada en comunicación, gestión de la reputación y asuntos públicos en la que él mismo empezó su carrera. Fue en respuesta a una pregunta de Luisa García, CEO de LLYC Europa, que moderó el encuentro en el que también participó el presidente de la consultora, José Antonio Llorente.

El exasesor de cabecera de Pedro Sánchez aseguró allí que se trata de un proyecto ambicioso. “Vamos a intentar llevar la consultoría a otro nivel y a otra posición”, dijo sin dar más detalles. De momento, nada se sabe sobre si su área de trabajo incluirá España o si se centrará exclusivamente en otros países.

Lo que sí se conoce es que Redondo compatibilizará su regreso a la consultoría privada con una colaboración en el diario catalán La Vanguardia, esta sí focalizada en lo que ha sido su actividad en los últimos tres años: la política española.

Su idea, explicó en el mismo evento, es “tomar posición en la política española” desde las páginas del diario. “De manera totalmente independiente”, subrayó, y desde “un punto de vista técnico”. Para explicar “cómo veo que están las cosas” con “informaciones y datos”.

Iván Redondo formó parte del núcleo de decisión del presidente del Gobierno desde la moción de censura que le llevó a la Moncloa. Como director de gabinete de Pedro Sánchez —un puesto que tiene categoría de secretario de Estado y que es el más próximo al jefe del Gobierno— ha tenido acceso de primera mano no sólo a todas las decisiones y a las estrategias de presidente sino a elementos clave de las políticas públicas y de seguridad durante los últimos tres años.

Antes de la pandemia, Redondo ya lideraba la planificación a largo plazo del Gobierno y tuvo pleno acceso dentro del PSOE a la preparación de todas las campañas celebradas desde 2018. Entre sus funciones estaba conocer los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al presidente la coordinación de la acción del Gobierno. Y tenía a su cargo organismos tan importantes como el Departamento de Seguridad Nacional, un órgano crítico en el entramado de la Moncloa porque de él dependen el seguimiento y la gestión de las crisis.

A estas tareas, ya de por sí muy relevantes, Redondo acabó sumando otra todavía más trascendente: el control de los fondos europeos. Por decisión del propio Pedro Sánchez, su director de gabinete asumió la responsabilidad de controlar el destino del dinero que la Unión Europea asignó a España para salir de la crisis provocada por la pandemia: 140.000 millones de euros, 70.000 de los cuales son ayudas que hay que justificar pero que no es necesario devolver.

Esta suma de responsabilidades concentró en el superasesor de Sánchez si no más margen de maniobra que algunos ministros sí acceso a un volumen de información cuando menos delicado ahora que ya no está en la administración y planea volver a la consultoría privada, una de cuyas áreas de negocio más rentables en estos momentos es la asesoría de empresas e instituciones precisamente para hacerse con una porción de la tarta del dinero que ya ha empezado a llegar desde Bruselas.

La paradoja es que si se confirma que Redondo desarrollará su actividad en una empresa de nueva creación y se limita a asesorar a otros sin solicitar directamente fondos de la administración, no tendrá ninguna limitación legal para hacerlo.

La ley 2/2015, que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece límites a la actividad profesional “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese”. Pero no demasiado exhaustivos. Únicamente impide prestar servicios en entidades privadas “que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”, lo que excluye a las de nueva creación.

La nueva consultora de Redondo, eso sí, no podrá, también durante dos años, “celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración Pública en la que hubieran prestado servicios, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas, siempre que guarden relación directa con las funciones que ejercía”. Y siempre y cuando el exasesor de Sánchez posea al menos el 10%.

Conflicto de intereses

La misma ley exige a Redondo declarar durante dos años sus planes a la Oficina de Conflicto de Intereses para que ésta decida si vulnera la ley o si autoriza la actividad.

Es decir: no tendrá límites para asesorar a empresas y corporaciones para, por ejemplo, buscar el mejor modo de acceder a la lluvia de millones de los fondos europeos, cuyo control era hasta hace apenas cuatro meses su máxima responsabilidad en el Gobierno, lo que como mínimo le otorga una privilegiado conocimiento de los criterios de reparto que ahora, en teoría, puede aplicar desde el otro lado de la ventanilla.

Esta laguna de la ley ya ha sido señalada por especialistas en la materia, como el catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor: “¿Qué sucede si el alto cargo pasa a trabajar para un despacho de abogados que, a su vez, presta servicios a empresas sometidas a regulación? ¿O si lo hace para un lobista? No estaría sujeto a restricción alguna. La intermediación de un tercero que sí podría prestar servicios a la empresa podría romper la prohibición. Es un fallo muy relevante que cuestiona, una vez más, la eficacia de la prohibición”.

José María Pérez Monguió, profesor de Derecho Público de la Universidad de Cádiz, sostiene que la ley vigente descansa sobre “una visión simple de las puertas giratorias” porque “únicamente se recoge la cautela de evitar que los ex altos cargos puedan incorporarse a empresas o entidades que se vieron afectadas por sus decisiones”. “Sin embargo, no se preocupa ni ocupa de la posibilidad de que el ex alto cargo se incorpore a una nueva empresa o realice actividad profesional con el fin de “emplear” sus contactos y conocimientos recientes para su beneficio, en una situación que claramente debería estar en el marco del conflicto de intereses”, asegura en un estudio publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública del Ministerio de Hacienda.

Redondo, en principio, también está obligado a guardar reserva de cualquier cosa que tenga esa categoría de secreto y que haya conocido en virtud de su cargo o de su estrecho vínculo con el presidente y de su papel al frente del departamento de Seguridad Nacional. De ahí que sus prometidos artículos en La Vanguardia se vayan a centrar en el análisis técnico de datos y en la prospectiva de cara al futuro y no en la explicación de acontecimientos clave de los últimos tres años.

Redondo no atendió este jueves la petición de infoLibre para responder algunas preguntas sobre sus nuevas actividades y los posibles conflictos de intereses que pudiesen acarrear.

Es bastante impopular lo que voy a decir, pero las puertas giratorias entre políticos no tienen solución. Primero, porque no son tantos los casos, no es lo habitual, sobre todo si las acotamos a consejos de administración de grandes empresas. Segundo, porque dependen más de la dignidad individual que de una posible legislación. Tercero, porque no creo que se puedan pedir incompatibilidades sine die ni sé a qué empresas o consejos de administración (o a políticos de qué nivel) podrían circunscribirse.

Que un político considere que debe trincar un sueldo por hacer un trabajo para el que no está cualificado, más allá de lo que puedan servir sus influencias por haber ejercido la política profesionalmente, solo habla de su falta de escrúpulos. Resultaría difícilmente justificable sin bajarse del eslogan aquel de Zaplana, que estaba en política para forrarse. Hay políticos que están en política para forrarse después de dejarla y si pueden dormir así, pues allá ellos. 

Las compras de voluntades más o menos explícitas de las grandes empresas en el poder político se pueden hacer de muchas maneras sin incorporar a exministros a la nómina. No creo, por tanto, que el mal que puedan hacer al ciudadano fuera muy distinto si se acaba (de una manera que no se me ocurre) con las puertas giratorias.

Parece que el PSOE va a cambiar su código ético para evitar bochornos como el de Antonio Miguel Carmona. Bonita medida de cara a la galería, pero para aplicar a alguien un código ético, antes tiene que tener ética. No creo que le temblara la mano a Carmona para quemar su carné de militante diez minutos antes de firmar el contrato.

Hay cuestiones, eso sí, que me llaman la atención: que a muchas grandes empresas españolas se la sude tantísimo la reputación corporativa (lo que denota que el gran empresariado español es más casposo de lo que podíamos sospechar) y que ya vayan a por personajes como Antonio Miguel Carmona, cuya capacidad para el puesto no admite dudas (no admite dudas que no está capacitado, claro) y a quien le cuesta mantener la compostura en un entorno social medio.

No es lo mismo querer llevarse a Cristina Garmendia que a Antonio Miguel Carmona, no sé si me explico. Carmona, mejor profesor universitario que político (pim, pam, propuesta), mejor personaje televisivo que erudito, estaría genial para escribir esta columna mía o para hacer de tertuliano en programas en los que la gente se grita y hace chascarrillos. O para ser, insisto, un buen profe universitario, que es uno de los trabajos más importantes que se pueden desarrollar en esta sociedad. Pero, no sé, para vicepresidente de una multinacional uno esperaría más. Seguro que entre políticos los hay mejores. 

Ahora bien, Carmona tiene un valor y sabemos cuál es. Ya hemos visto que, quién sabe si negociando su sueldo (que parece que va a quintuplicar el del presidente del Gobierno) o con él ya cerrado, se dedicaba a tuitear y a figurar en la tele mintiendo para defender lo indefendible de su nuevo pagador. Entre medias, llamaba "activistas" a periodistas cuyas informaciones eran veraces (la terminología que utiliza Vox, detalle que no es casual) y hacía el ridículo por un buen dinero. Cuando a uno le encargan una misión desagradable en la que va a matar con todo a otro (que encima es más débil, porque Carmona no es tonto y no fue a por un medio grande, sino a por La Marea) sin ningún tipo de escrúpulos, uno es un sicario. En este caso, del capital. En este caso, y esta es la segunda parte del valor de mercado de Carmona, para acabar firmando por una eléctrica en plena batalla contra el Gobierno porque lo que se quiere, también, es desgastar a un grupo de personas, los que comandan este país, al que Carmona no estuvo ni cerca de llegar porque no tuvo capacidad más que para estar en la Asamblea de Madrid y para "pimpamproponer".

Todos tenemos un precio, yo también. El de Carmona, eso sí, ya sabemos cuál es.

Empresas, sociedades, consultoras, auditoras, fundaciones y despachos de abogados especializados en la mediación y la gestión de intereses privados en el sector público o en la obtención de contratos que dependen de las decisiones de la administración se reparten más de medio centenar de exaltos cargos del PP, el PSOE y Ciudadanos una vez fuera de la política.

La legislación sobre incompatibilidades y la ausencia de una regulación que impida las llamadas puertas giratorias —el acceso a la empresa privada por parte de políticos que en el pasado han tenido responsabilidades decisivas para los negocios y actividades de una parte importante de esas sociedades— es incapaz de frenar esta práctica. Y los partidos no acaban de dar pasos para solucionar el problema.

El programa electoral del PSOE de 2015, ya con Pedro Sánchez en la Secretaría General, prometía “regular de manera exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el fenómeno de puertas giratorias, con incompatibilidad en los años posteriores al desempeño del cargo, fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión”.

Pero ese objetivo ya no estaba en el programa con el que los socialistas ganaron las elecciones del 10 de noviembre.programa Lo más parecido que se puede encontrar es la promesa de aprobar dos leyes —una contra la Corrupción y otra de Transparencia y Buen Gobierno— y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

Es casi exactamente la fórmula incluida en el pacto de Gobierno que los socialistas firmaron con Unidas Podemos: “Elaboraremos un Plan Nacional contra la Corrupción, que estudiará una reforma del Código Penal” e incluirá una ampliación de plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos. Y una ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante con atenuantes en función del delito y las circunstancias de la denuncia. Así como una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

El programa de la coalición, no obstante, incluye varios compromisos que van un poco más allá, como la promesa de abordar “la regulación de los lobbies lobbiespara hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas”, o la regulación “de manera más efectiva” de “las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos”. “Endureceremos las sanciones por su incumplimiento”, proclama el pacto suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Las promesas electorales de Unidas Podemos eran mucho más explícitas y hablaban expresamente de “prohibir las puertas giratorias”. El programa de los morados decía que, “como se sabe, la promesa de ocupar puestos en los consejos de administración de grandes empresas o de beneficiarse de sus altas retribuciones tras salir del servicio público conlleva la predisposición, por parte de las personas que hasta entonces desempeñaban una función dentro de las instituciones del Estado, a actuar contra el pueblo y a favor de unos pocos”. “Estas personas se llevan consigo información muy valiosa, lo que deja las ventanas abiertas a las peores formas de corrupción y despilfarro”, sentenciaba el programa de UP.

Por eso los de Pablo Iglesias se comprometieron a “prohibir que miembros del Consejo de Ministros, secretarios y secretarias de Estado, presidentes y miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, miembros del Congreso y del Senado, así como del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, puedan trabajar, directamente o bajo cualquier fórmula de prestación de servicios remunerados, para empresas que cotizan en bolsa (en cualquier caso) y para empresas con más de 50 millones de euros de facturación (coticen o no en bolsa) cuando hayan tomado decisiones sobre su área de actividad”. Su compromiso llegaba al punto de prometer la tipificación “como delito los casos graves de puertas giratorias” y la aprobación de una “regulación para impedir que responsables técnicos de alto nivel (por ejemplo, técnicos de Hacienda) puedan favorecer después, con información obtenida en su paso por el servicio público, a grandes empresas que operan en la que ha sido su área de intervención o regulación”.

Unidas Podemos defendió también en la campaña electoral “regular los lobbies y hacer transparente su incidencia política”. De manera que “cada vez que un lobby con intereses económicos se reúna con un cargo público o de un partido, altos cargos de la Administración, miembros del Gobierno, diputados o diputadas, senadores o senadoras o jueces y juezas de los altos tribunales, entre otros, la ciudadanía” lo sepa. “Resulta preocupante la capacidad de influencia de determinados intereses privados organizados en torno a grupos de presión para incidir en las normas jurídicas y en las decisiones de los poderes públicos, incluido el manejo de sus recursos”.

Lo cierto es que la regulación de lobbies y puertas giratorias sigue brillando por su ausencia, como certifica Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho? “El problema”, explica a petición de infoLibre, es que “la normativa existente, que ya tiene agujeros, no se aplica en la práctica por falta de voluntad política”.

Es se traduce en que el organismo encargado supuestamente de velar por el cumplimiento de las incompatibilidades de altos cargos “no tiene ni los medios ni el liderazgo necesario para imponer su cumplimiento. Nadie tiene interés en que la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) funcione de verdad”.

Falta control pero también, recuerda, ética política. “En un país con un marcado clientelismo político y económico las puertas giratorias son una salida muy importante para muchos políticos y ex altos cargos, de ahí que ningún partido tenga ganas de meterse en este asunto”. “Desde luego, a la gente importante no se le toca”, subraya.

La Oficina de Conflictos de Intereses carece de medios pea investigar y supervisar a dónde van los altos cargos cuando dejan sus puestos

Y “la OCI nunca suele ver incompatibilidades ni sancionar a nadie. Claro está que para eso habría que investigar dónde y a qué se van los ex altos cargos y tampoco tiene medios para hacerlo”. Sus análisis suelen ser puramente formales y se fían “de lo que dice el propio interesado cuando declaran: ‘Me voy al sector privado pero a hacer algo que no tiene nada que ver con mi puesto anterior”.

A los que hay que sumar “unos déficits de transparencia tremendos”. La Oficina de Conflicto de Intereses ha llegado a pleitear con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no dar información, “es surrealista. Así no hay manera”. 

La tentación de hacer carrera en el sector privado aprovechando las relaciones creadas durante el servicio público enorme. Los sueldos son muy variables y dependen además de incentivos por resultados, pero un informe de Adecco de 2019 acerca de los 14 sectores económicos más relevantes del mercado español puede servir de referencia. El estudio señalaba entre los 28 puestos mejor remunerados la mayor parte de los que a menudo acaban ocupando los ex altos cargos.

Los socios de consultoras, según el citado informe, superan los 300.000 euros anuales. Los de despachos de abogados se mueven entre los 200.000 y los 250.000 euros anuales. Un director de operaciones, por ejemplo, se mueve en el entorno de los 150.000 euros anuales. Muy por encima de los sueldos públicos y, por supuesto, de la media salarial española.

La regulación, con todo, es complicada. ¿Hasta dónde es legítimo impedir que un expolítico realice actividades privadas? Elisa de la Nuez sostiene que la clave es determinar si hay conflicto de intereses. Si no lo hay, “no hay problema”.

También “parece razonable” añade, que aunque ese conflicto haya existido se establezca “un plazo prudencial. Transcurrido un periodo de tiempo mínimo o cooling off se puede permitir”.

Pero, “para qué vamos a engañarnos”, añade. “Cuando contratan a alguien como José Blanco, por citar un caso reciente, o a cualquier exministro del PP y del PSOE en una empresa de un sector muy regulado” como el eléctrico, ”¿para qué le van a contratar si no es para tener buenas relaciones con el poder político o para devolver favores pasados?” Porque, ironiza la secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho?, “por su trayectoria profesional no es”.

Blanco ha sido el último en ser señalado después de que se hiciese público su fichaje como consejero de Enagás, empresa de transporte de combustible privatizada en 1994 que cotiza en el ÍBEX 35.

El exministro de Fomento, que abandonó la política el año pasado después de ser excluido de las listas del PSOE al Parlamento Europeo, entró a formar parte de la consultora Acento en octubre pasado en calidad de director ejecutivo. En esa misma empresa se dan cita el exlíder del PP vasco y exministro de Sanidad, Alfonso Alonso (presidente), el exportavoz del PSOE en el Congreso Antonio Hernando (director general), la exeurodiputada socialista Elena Valenciano (senior adviser), el exdirector de gabinete del PP David Álvaro (director de prospectiva) y Raquel Herrera exasistente de dirección del PP en el Congreso (departamento financiero).

En esta empresa destaca el exdiputado socialista Eduardo Madina (director de la unidad de análisis y estudios de Kreab España), que dejó la política en julio de 2017, tras el regreso de Sánchez a la Secretaría General del PSOE. Pero también tiene un puesto destacado Xavier Cima, exdiputado convergente en el Parlament de Cataluña. Fichó por Kreab como director de Asuntos Corporativos en noviembre de 2018, poco antes de que su esposa, la hoy líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunciase su traslado de Barcelona a Madrid.

Kreab se dedica entre otras cosas a la defensa y la comunicación corporativa, la preparación de la salida a Bolsa de una compañía, la gestión de las comunicaciones en torno al capital riesgo, realiza distintos informes financiero, y asesora en procesos de fusiones y/o adquisiciones, privatizaciones y relaciones entre empresas e inversores.

La compañía emplea también a Miguel Ferre, inspector de finanzas del Estado, con el cargo de Financial Policy Senior Consultant. Ferre fue secretario de Estado de Hacienda entre 2012 y 2016, un puesto al que llegó después de pasar por PriceWaterhouseCoopers (PwC), la segunda firma de consultoría más importante del mundo. Y a Rafael Catalá, exministro de Justicia y de Fomento, en calidad de Senior Advisor.

El de Catalá es un caso ilustrativo de la multiplicidad de puestos que puede llegar a ocupar un alto cargo. El exministro, según diversas informaciones, volvió al entorno de la empresa de apuestas deportivas Codere, de la que procedía cuando llegó al Gobierno. Un cargo que compatibiliza con otros en Legálitas y el bufete británico Herbert Smith Freehills.

La lista de ex altos cargos empleados en Kreab incluye también al exlíder de Uniò Josep Antoni Durán i Lleida, (Senior Adviser), a Cristina Villaba (directora de comunicación), exjefa de gabinete del secretario de Estado para UE del Gobierno de Zapatero, a Iban Rabasa, que pasó por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de la mano de Uniò (director de asuntos públicos) y a Lucas Calvo, que fue asistente parlamentario especializado en temas fiscales y económicos de UPyD en el Congreso (también es director de asuntos públicos).

La consultora sueca también fichó en su día a Jaime Olmos, como Deputy Managing Partner. Olmos formó parte del Gabinete de Miguel Arias Cañete (PP) cuando era ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que no le impidió ser durante un tiempo director de Relaciones Institucionales de dos grandes compañías del sector agroalimentario en España (Grupo Leche Pascual y García Carrión). 

LLYC (antes conocida como Llorente y Cuenca), la conocida consultora española, también se nutre de expolíticos, Y algunos se cuentan entre los más destacados como José Luis Ayllón, hasta 2018 mano derecha del presidente Mariano Rajoy, para quien ejerció como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y director de Gabinete. Ayllón es ahora director Senior de Contexto Político en LLYC.

Esta consultora emplea también a un exministro de Economía del PP, Román Escolano, como Senior Advisor del Área Contexto Económico. Y a Constantino Méndez que fue una figura muy relevante en las etapas de gobierno de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, en las que paso por diferentes responsabilidades en materia de Administraciones Públicas, Defensa y Seguridad Social.

En LLYC trabajan además Manuel Pimentel, ministro de Trabajo con José María Aznar, y Joan Navarro, director del Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas con Zapatero. Y acaba de regresar el exministro socialista Jordi Sevilla, que el 1 de septiembre se reincorporó como senior advisor y director del Área Contexto Económico en España, Sevilla estuvo hasta hace poco en la Presidencia de Red Eléctrica de España.

Atrevia, otra agencia española especializada en consultoría estratégica orientada a corporaciones, emplea a Joan Clos. El que fuera alcalde socialista de Barcelona y ministro de Industria con Zapatero, además de embajador en Turquía y Azerbaiyán, ahora es Senior Partner de la consultora.

También Hill & Knowlton, en este caso una empresa global de consultoría con sede en Nueva York, cuenta con expolíticos españoles. Es el caso del exdiputado socialista Francesc Vallès, que desempeña en la empresa norteamericana el cargo de asesor responsable de Regulatory & Public Affairs para sus oficinas de Madrid y Barcelona. Lo mismo que Weber Shandwick, una firma de relaciones públicas de la misma ciudad, en la que encontró empleo Javier Dorado, director general de Juventud en el gobierno del PP de Rajoy y donde se ocupa también del área de Public Affairs.

La presencia de expolíticos también es una constante entre las llamadas big four, las cuatro empresas de auditoría más importantes del mundo. En EY (antes conocida como Ernst&Young) ha encontrado acomodo desde hace poco Borja Sémper. El que fuera presidente del PP en Gipuzkoa dejó la política activa en enero por discrepancias con Pablo Casado. Ahora ocupa el puesto de director de relaciones institucionales en EY.

Allí está preparando su aterrizaje, según informaciones publicadas recientemente, la exministra de Agricultura y exvicesecretaria del PP Isabel García Tejerina, en principio como asesora externa. Y ya están Juan Pablo Riesgo, en calidad de socio del área de People Advisory Services —fue secretario de Estado de Empleo del Gobierno de Rajoy—, y Marta Fernández Currás como partner —fue secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos también con Rajoy—.

Miguel Ferre, ya citado en relación con Kreab, también está vinculado a EY a través de su Global Coporation Centre, del que es vicepresidente.

En Deloitte, la más grande las big four, está Juan Manuel Herrero de Egaña, en calidad de Of Counsel de su departamento legal. Un puesto en que tiene oportunidad de emplear los conocimientos que adquirió como director de los servicios jurídicos de la agencia tributaria con Rajoy.

La consultora, una firma gigantesca para la que trabajan 240.000 personas en todo el mundo, también halló empleo Pablo Zalba, presidente del ICO en el último gobierno conservador y exeurodiputado del PP. Allí dirige el departamento de Regulación y Políticas Públicas, que en el mundo de la consultoría hace referencia a los grupos de presión. Y José Manuel de Bunes, director general de Tributos con Zapatero. ¿Su ocupación? El departamento fiscal, naturalmente.

En PwC, abreviatura de PriceWaterhouseCoopers, trabaja como asesor legal David Mellado Ramírez, secretario general Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro. Y en KPMG, la cuarta gran consultora mundial, está Antonio Hernández García como socio de Internacionalización. Hernández fue director general de Política Energética y Minas durante la época de Zapatero.

Otro grupo de empresas privadas donde es frecuente encontrar a expolíticos españoles es el de los grandes despachos de abogados. Uno de los más importantes es Cuatrecasas, una firma legal fundada hace más de un siglo que en 2019 facturó 276,8 millones de euros. Este bufete fue el destino de la antes todopoderosa vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría después de su derrota en las primarias del PP que la enfrentaron a Pablo Casado. Allí se ocupa, según la web de la propia firma, del departamento de asesoramiento jurídico de alto valor para la implantación de sistemas eficaces de gobierno corporativo, prevención de riesgos legales, control de cumplimiento normativo y gestión de crisis.

Su rival durante años en el PP, la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, siguió el mismo camino, pero en otra empresa. Ahora es socia de CMS Albiñana & Suárez de Leto. En ella se ocupa del departamento de procesal y en particular de conflictos societarios, controversias de índole civil, penal o tributaria, en materia de responsabilidad y cumplimiento normativo.

En la nómina de esta firma legal también se encuentran otros destacados ex políticos españoles, como Alfonso Codes Calatrava, socio del departamento de Derecho Público y Sectores Regulados y ex secretario general técnico del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Rajoy. O como Ignacio Astarloa, consultor de Derecho Público y Sectores Regulados del despacho y, entre otros muchos cargos, exsecretario de Estado de Seguridad con Aznar.

Herbert Smith Freehills, un bufete internacional con sede central en Londres, tampoco es ajeno a estas prácticas. En su lista de expolíticos están los exministros Rafael Catalá –ya citado en relación con la consultora sueca Kreab, y Josep Piqué, el que fuera titular de diferentes carteras n gobiernos de José María Aznar y en la actualidad consejo delegado de OHL.

Ministros de esa época se encuentran también en otras firmas de abogados, como MA Abogados, donde trabajan José María Michavila y Ángel Acebes. El despacho nació en 2011 de la fusión de varios bufetes y bajo el liderazgo precisamente de quienes fueran ministros de Justicia e Interior, respectivamente.

PSOE y PP destacan claramente como origen de la mayoría de estos fichajes pero no son los únicos. Las convulsiones que ha sufrido Ciudadanos han dado pie al aterrizaje de algunos de sus principales dirigentes en el sector privado. Y aquí es otro despacho de abogados el que más despunta: Martínez-Echeverría. En esta firma, fundada en 1983, la Presidencia Ejecutiva está ahora en manos de Albert Rivera, que hace apenas ocho meses ejercía las mismas funciones en Ciudadanos. Y donde tiene como número dos a José Manuel Villegas, que también ocupaba esa función en la formación naranja.

No es el único ejemplo que afecta a Cs. Toni Roldán, uno de los principales dirigentes del partido hasta hace poco más de un año, es hoy un empleado de la escuela de negocios ESADE, en la que pone a punto la puesta en marcha de un laboratorio de ideas en materia económica que promete fichar a otros expolíticos españoles.

En ESADE también presta servicio como director de Riesgos Globales Ángel Pascual-Ramsay, asesor económico y geopolítico de Zapatero.

Hay muchos más casos que no están en esta lista. Algunos conocidos y otros no porque precisamente la Oficina de Conflictos de Intereses no hace un seguimiento transparente de lo que sucede con los altos cargos cuando dejan la administración. Íñigo Fernández de Mesa, por ejemplo, que ha desempeñado cargos tan delicados como secretario general del Tesoro, secretario general de Economía o la presidencia de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, presta servicio ahora en la CEOE, en la consultora Rothschild & Co España, la administradora de fondo de inversión Altamar Capital o Scottish Power, la filial escocesa de Iberdrola.

No es el único. El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha entrado en un foro de la Fundación ONCE en el que ya estaba José Luis Rodríguez Zapatero. La exministra de Empleo Fátima Báñez fichó por una fundación de CEOE, con quien se sentaba a negociar cuando estaba en el Gobierno. El exministro y expresidente madrileño Alberto Ruíz Gallardón dirige la filial española de ingeniería de Bouygues, el gigante francés de la construcción. Pedro Morenés, exministro de Defensa, preside Amper Ingenio, una empresa rescatada por el gobierno del que formó parte. Y José Manuel Soria, exministro de Industria, ha entrado en Domingo Alonso Group, la mayor compañía automovilística de Canarias, importador y distribuidor entre otras marcas de Volkswagen, Audi y Skoda.

Los ejemplos son abundantes también en la administración socialista. Estos son algunos casos de exministros: Pedro Solbes está Panda Security, Trinidad Jiménez en Telefónica, Miguel Sebastián en Indra, Francisco Caamaño en CCS Abogados, Antonio Camacho en Pérez-Llorca Abogados, Miguel Sebastián en Indra, Beatriz Corredor en Red Eléctrica, Cristina Garmendia en CaixaBank, Everis, Mediaset y la Fundación Cotec, Miguel Ángel Moratinos en el gobierno de Catar y Valeriano Gómez en Duro Felguera.

Los contratos envían un mensaje: “Si os portáis bien con mi empresa, aquí tenéis una jubilación dorada”

Contratar expolíticos no sólo pone a trabajar su experiencia sino que, advierte Elisa de la Nuez, permite a estas empresas enviar un mensaje importante “a todos los demás: si os portáis bien con mi empresa, cuando salgáis de la política —y siempre se acaba saliendo— aquí tenéis una jubilación dorada”. Eso es “muy importante para cualquiera, pero especialmente para los que no tienen otra profesión que la política”. Hay incentivos para que los altos cargos de cualquier partido lo tengan muy en cuenta. Y lo tienen.  

En opinión de esta experta en transparencia y corrupción, el de las puertas giratorias “no es tanto un problema de personas o de sectores como de modelo e incentivos. En un modelo clientelar: los favores se pagan”. Las empresas muy reguladas y otras que no lo están tanto pero que viven de concursos públicos necesitan tener buenos contactos dentro de las Administraciones. Y eso “lo pagamos los españoles, en términos de capitalismo de amiguetes, menos competencia y mayores precios. Por no hablar de corrupción. No sale gratis”, avisa. 

Sin que eso suponga automáticamente poner en cuestión la trayectoria profesional de todo el mundo. “Si hay políticos que pasen al sector privado para hacer carrera profesional sin aprovecharse de los conflictos de intereses, pues fenomenal” concede. “Pero claro, entonces no te colocan directamente de consejero independiente en una empresa del ÍBEX”.

¿Hay remedio? “Llevamos años intentando conseguir una regulación estatal sería de los lobbies”, explica De La Nuez. “Es impresionante lo difícil que es, lo que demuestra que el lobby informal está muy instalado en la cultura española lobbyy que hay resistencia a regular algo que existe y funciona estupendamente para algunos”.

El objetivo de una buena regulación de los grupos de interés sería conseguir un acceso igual para todos los agentes, la máxima transparencia y la máxima rendición de cuentas. Y para conseguirlo harían falta “sanciones importantes por incumplimiento”, similares a los que existen en materia de seguridad vial o industria del tabaco, “porque lo que necesitamos es cambiar una cultura secular, en el que acercarse al poder de forma opaca y privilegiada para conseguir beneficios y prebendas está muy arraigada”. La cultura del “palco del Bernabéu”.

Iberdrola ha incorporado a Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como miembro de uno de sus órganos asesores. Fuentes de la compañía indicaron a Europa Press que Sanz no es empleado de la energética, sino que forma parte del International Advisory Pannel, que es uno de los órganos asesores de la compañía.

Según adelanta La Información, el exmilitar se incorpora a la eléctrica para trabajar en colaboración con la presidencia de la compañía, que ostenta Ignacio Sánchez Galán.

El general Sanz Roldán fue nombrado director del CNI, con rango de secretario de Estado, en julio de 2009 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Cinco años después, en 2014, fue renovado en el cargo ya con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa. Hace un año, Sanz, después de diez años al frente del centro de inteligencia, dejó el puesto.

Sanz Roldán, nació en Uclés (Cuenca) el 20 de enero de 1945, e ingresó en la Academia General Militar en septiembre de 1962, recibiendo el despacho de Teniente de Artillería en julio de 1966. Ocupó diferentes destinos, incluyendo el de jefe de Batería, oficial de Plana Mayor y Agregado Militar Adjunto en la Embajada de España en Washington. Posteriormente, pasó destinado a la División de Planes del Estado Mayor del Ejército.

En junio de 2004 fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), ascendiendo al empleo de General de Ejército. Durante su etapa como Jemad se aprobaron la Directiva de Defensa Nacional, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Tropa y Marinería. Asimismo, se creó la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas).

Finalizado su período de cuatro años como Jemad, el 1 de agosto de 2008 fue designado Alto Representante para la Presidencia Española de la Unión Europea en asuntos propios relacionados con la Defensa, con dependencia directa del presidente del Gobierno y con rango de secretario de Estado. Entre los años 2004 y 2008 fue consejero nato del Consejo de Estado, antes de ser nombrado secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado este lunes la entrada de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla en el Consejo de Administración de Enagás, y ha defendido la necesidad de legislar contra lo que su formación denomina "puertas giratorias".

"No nos parece que sea una buena práctica en democracia", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el fichaje que se conoció hace unos días de Montilla y Blanco en el citado Consejo de Administración, que se produjo junto al de Cristóbal José Gallego, miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno y del El Observatorio Crítico de la Energía afín a Podemos.

Echenique ha reafirmado que la posición de Podemos respecto a la práctica que supone que "altos cargos de Gobiernos anteriores pasen a formar parte de Consejos de Administración de grandes empresa" es "bien conocida" --la formación morada hizo de la prohibición de las llamadas "puerta giratorias" uno de sus principales caballos de batalla" desde su nacimiento en 2014--.

Preguntado en concreto sobre el caso de los socialistas Blanco y Montilla --tendiendo en cuenta que ahora Podemos comparte Gobierno de coalición con el PSOE--, Echenique ha señalado que "no se trata de personalizar", pero ha abogado por prohibir las "puertas giratorias". "No se trata de personalizar. Nuestro planteamiento es general y he sido cristalino. Creo que personas que han tenido altas responsabilidades en Gobiernos del Estado, que han sido ministros o presidentes de Comunidades Autónomas no deberían entrar a formar parte de Consejos de Administración de grandes empresas con grandes salarios", ha enfatizado.

Así, ha defendido que "eso habría que evitarlo y habría que legislar para que haya incompatibilidades claras en este sentido". "Sean estas personas del PP, del PSOE, del PNV o de Junts", ha apostillado. Precisamente el pasado jueves el grupo de Catalunya En Comú Podem en el Parlamento catalán registró una proposición de ley en esta cámara para prohibir las "puertas giratorias" para los expresidentes de la Generalitat, y que no puedan entrar a formar parte de consejos de administración de grandes empresas y de las del Ibex 35, tras conocerse el fichaje de Montilla.

Echenique ha defendido que esto no tiene nada que ver con que el Gobierno nombre cargos de confianza, como hacen "todos los gobiernos". "Es obvio que un ministro o un secretario de Estado tiene que formar sus equipos con persona, por un lado con solvencia técnica, y por otro, de confianza", ha afirmado. "Esto es lógico y sería impensable formar gabinete con gente en la que uno no confía. Esto cuando lo hace un gobierno de derechas no merece ni medio titular, y cuando lo hace un gobierno progresista hay portadas con enchufes gigantes. Hay una doble vara de medir", ha criticado.

Enagás nombrará consejeros a los exministros socialistas José Blanco y José Montilla, así como a Cristóbal José Gallego, miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y de El Observatorio Crítico de la Energía, afín a Podemos, en su próxima junta general de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 30 de junio.

Así consta en el orden del día remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que la compañía insta a los accionistas a hacer uso de los medios de representación y voto a distancia o de asistencia telemática dadas las circunstancias excepcionales actualmente existentes por el covid-19. En todo caso, confirmará, con una antelación mínima de cinco días naturales a la fecha de celebración de la junta, mediante la publicación de un anuncio complementario, el régimen de celebración y la posibilidad o no de asistencia física.

Los nombramientos como nuevos consejeros independientes de Blanco, Montilla y Gallego fueron llevados por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, presidida por Ana Palacio, a la última reunión del órgano rector de la compañía, celebrada el pasado lunes, dando el visto bueno a su idoneidad. Las incorporaciones de estos nuevos consejeros deberán ser ratificadas por la junta general de accionistas de Enagás -empresa participada en un 5% por el Estado a través del holding público SEPI-.

El consejo de administración cuenta actualmente con trece miembros, el presidente ejecutivo, Antonio Llardén, el consejero delegado, Marcelino Oreja, ocho consejeros independientes, dos consejeros dominicales, ambos en representación de la SEPI, y un vocal con la condición de experto.

Cuenta con la presencia de cuatro mujeres, entre ellas las exministras Ana Palacio e Isabel Tocino. También forma parte de él Antonio Hernández Mancha, quien fuera presidente de Alianza Popular entre 1987 y 1989.

Laboratorios Farmacéuticos Rovi ha fichado a la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez como nueva consejera, con la categoría de externa independiente, al tiempo que ha nombrado al expresidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, consejero independiente coordinador, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Báñez, que dejó la política el pasado mes de marzo con la intención de incorporarse a la empresa privada, sucede en el cargo a Enrique Castellón Leal, quien ha presentado su renuncia tras cumplirse doce años desde su nombramiento como consejero de Rovi, lo que afecta a su calificación como consejero externo independiente.

Asimismo, la exministra de Empleo ha sido designada miembro de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

De esta forma, la compañía refuerza su consejo con la incorporación de una profesional de "reconocido prestigio y dilatada experiencia en la gestión del talento y su compromiso con las personas".

Báñez es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y completó su formación con un Postgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard y el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School.

Desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018, ocupó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social; así como el de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones desde agosto de 2016 hasta noviembre de ese mismo año.

Además, la nueva consejera cuenta con una amplia experiencia internacional, habiendo representado al Gobierno de España en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la UE (EPSCO), el G-20, las Cumbres Iberoamericanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Foro Internacional de Empleo.

Tras la incorporación de Báñez, el consejo cuenta con tres consejeros ejecutivos, un dominical y tres independientes.

Rafael Catalá, que fuera exministro de Justicia entre 2014 y 2018, ha fichado como consultor senior de la firma de consultoría de comunicación Kreab y suma una nueva responsabilidad en su actividad privada desde su cese como ministro en junio del año pasado. Según datos del Portal de Transparencia consultados por Europa Press, Catalá recibió la autorización para ejercer esta nueva actividad profesional privada el pasado 19 de julio, ya que no se detectó ningún tipo de incompatibilidad con su pasado en la Administración.

No es la primera vez que Kreab solicita los servicios de un ex alto cargo del Gobierno, ya que el pasado mes de marzo contrató al que fuera secretario de Estado de Hacienda entre 2012 y 2016, Miguel Ferre, como consultor senior de política financiera para liderar y consolidar la práctica de regulación financiera en España.

Además, la consultora internacional de comunicación y asuntos públicos también cuenta entre sus filas con Eduardo Madina, como director de Kreab Research Unit, y con Xavier Cima, exconcejal y exdiputado del Parlament de Cataluña y marido de Inés Arrimadas, diputada por Ciudadanos.

Vuelta a la empresa privada

Tras cesar su responsabilidad como ministro de Justicia, en junio del año pasado, tuvieron que transcurrir apenas cuatro meses para que una compañía privada solicitara los servicios de Catalá, en este caso la anglosajona Herbert Smith Freehills, que lo contrató como miembro del consejo asesor. Esta firma dio entrada, de esta forma, a un nuevo exministro a su consejo, del que ya era miembro Josep Piqué. Catalá no firmó un compromiso de exclusividad con este despacho, que está entre las veinte firmas legales con mayor facturación en España.

En junio de este año, Rafael Catalá se convirtió en presidente de la sociedad Belagua, enseña a través de la que el empresario Antonio Catalán y otros grupos corporativos participan en AC Hoteles by Marriot (ACHM). La compañía explicó que el fichaje del exministro de Justicia buscaba "fortalecer las políticas de gobierno corporativo", además de posibilitar que Antonio Catalán dedique sus capacidades a su responsabilidad como presidente de ACHM.

También el pasado mes de junio fue la casa de apuestas Codere la que contrató a Catalá colaborador para ofrecer asesoramiento en la definición e implementación de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El exministro, nacido en 1961, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional vinculada a la Administración Pública, ha ocupado cargos de responsabilidad en los ministerios de Sanidad, Educación, Administraciones Públicas, Justicia y Hacienda.

El Consejo de Europa ha sacado a España de la lista de países que no cumplen satisfactoriamente sus recomendaciones para luchar contra la corrupción. Lo ha hecho en su último informe, aprobado en la reunión plenaria del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) celebrada entre el 17 y el 21 de este mismo mes, cuando analizó la más reciente evaluación sobre España y constató “avances” respecto al anterior, publicado en abril de 2018.

No obstante, ese análisis de las políticas para prevenir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales no se hará público hasta que las autoridades españolas lo autoricen. Tampoco se dará a conocer hasta que lo permita el Gobierno español un segundo informe sobre las políticas contra la corrupción entre los altos cargos de los gobiernos centrales y en los cuerpos de seguridad.

De forma que, mientras tanto, España sigue figurando en el último informe anual del Greco, publicado este martes y con datos hasta el 31 de diciembre de 2018, como uno de los 14 países –el Consejo de Europa lo integran 49 miembros– señalados por su “insatisfactorio” cumplimiento de las recomendaciones contra la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales. Le corresponde compartir ese dudoso honor con Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Serbia y Turquía.

En ese momento de la evaluación, España no había aplicado la mitad de las recomendaciones sobre parlamentarios y la otra mitad, sólo parcialmente. Lo mismo que con los jueces. Respecto a los fiscales, había puesto en práctica todas las recomendaciones del Greco, pero sólo de forma parcial. Por el contrario, Finlandia ya había implementado completamente en 2017 el 100% de las recomendaciones para parlamentarios, jueces y fiscales. Suecia también ha cumplido al 100% todas las medidas contra la corrupción de jueces y fiscales y el 60% de las que se refieren a los parlamentarios. Reino Unido sólo falla en los jueces, para quienes ha aplicado completamente la mitad de las sugerencias del Greco. Junto con España, los más incumplidores resultan ser Turquía, Portugal y Serbia.

Con los jueces, menos cumplimiento

El informe anual del Greco lamenta que el ritmo de cumplimiento de sus recomendaciones se ralentizara en 2018: si en 2017 se aplicaron el 40,5% de ellas, un año después sólo se llega al 33,9%. La categoría de recomendaciones con menos éxito es la referida a los jueces –sólo se han puesto en práctica el 22,6%–, mientras que las más implementadas son las que protegen a los fiscales de la corrupción –el 45,2%–.

Para los parlamentarios, el Greco invita a los estados a conseguir que los proyectos de ley se tramiten “con la adecuada nivel de transparencia y consulta” y que los procedimientos de urgencia sean sólo excepcionales. También pide códigos éticos o de conducta para los diputados y procedimientos para gestionar los conflictos de interés. Además, los parlamentarios deberían publicar declaraciones de sus bienes, ingresos, intereses y deudas, así como los regalos, invitaciones y cualquier otro beneficio. Finalmente, el Consejo de Europa pide una regulación de las relaciones con los lobistas, y que la inmunidad parlamentaria no sea un impedimento para procesar a los diputados en casos de corrupción.

Catálogo de medidas

Para los jueces, el Greco reclama también códigos de conducta y mecanismos para gestionar los conflictos de interés pero, sobre todo, pide que todos los sectores de los gobiernos garanticen la independencia judicial. Que se prohíba que un juez pueda simultanear la toga con un escaño o una concejalía y se impida la recepción de favores, regalos o cualquier otro beneficio forma parte igualmente del catálogo de medidas necesarias según el Consejo de Europa. Así como la supervisión de la actividad de los jueces, definiendo con precisión las medidas disciplinarias en caso de mala praxis profesional.

Por último, para los fiscales el grupo exige mecanismos de selección “justos, transparentes y basados en el mérito”. E incluso sistemas para gestionar la asignación de casos a un fiscal así como su retirada.

La última ronda de evaluaciones puesta en marcha por el Greco insta a los gobiernos a aprobar códigos de conducta para ministros y altos cargos públicos, pero también a regular las “puertas giratorias”, a hacer públicas sus declaraciones de bienes y a regular las condiciones de inmunidad de los altos cargos. Con respecto a los cuerpos de seguridad, el Consejo de Estado cree que debería comprobarse de forma regular la promoción de los agentes y limitar los empleos a los que pueden acceder al dejar la policía, además de supervisar la mala praxis profesional de los agentes con investigaciones independientes, siempre con transparencia pública y protegiendo a los filtradores de corrupción.

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se incorpora al despacho de abogados Cuatrecasas como socia y miembro de su consejo de administración, según ha informado este lunes la firma.

Licenciada en Derecho y Abogada del Estado, Sáenz de Santamaría liderará y desarrollará desde este lunes la práctica de Corporate Governance y Compliance de la firma, ha informado Europa Press.

La exvicepresidenta del Gobierno coordinará un equipo transversal y multidisciplinar integrado por expertos en asesorar a las empresas, desde todos los enfoques legales posibles, sobre cumplimiento normativo y gestión de riesgos. El equipo cuenta con especialistas en derecho societario, civil, penal, laboral y fiscal, entre otras prácticas.

De esta forma, la nueva socia de Cuatrecasas retoma su carrera profesional después de cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las Administraciones Públicas.

"Los abogados de vocación tenemos la fortuna de poder servir a la sociedad y al estado de derecho en diversos ámbitos. Estoy encantada de volver a ejercer la abogacía y de hacerlo junto al magnífico equipo de profesionales de Cuatrecasas, de cuya experiencia espero seguir aprendiendo los próximos años", ha resaltado Sáenz de Santamaría

El presidente ejecutivo de Cuatrecasas, Rafael Fontana, ha afirmado, por su parte, que Sáenz de Santamaría "es una abogada excepcional que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional su valía y grandes dotes de gestión".

"Los socios de la firma estamos muy contentos de que haya decidido renovar su compromiso con la abogacía y de que lo haga desde Cuatrecasas. Estamos convencidos de que su enorme talento será muy valorado por los clientes que necesitan asesoramiento integral en términos de cumplimento normativo corporativo. Se incorpora a una práctica en crecimiento que es clave para la sostenibilidad de cualquier empresa", ha añadido.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, Sáenz de Santamaría ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1999. Ha sido Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, además de Portavoz del Gobierno. Diputada, fue portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso en la IX Legislatura. En la actualidad es Consejera electiva de Estado.

El exministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo ha anunciado por otra parte este lunes que abandona la política activa y no se presentará a las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Méndez de Vigo ocupó la cartera de Educación entre junio de 2015 y junio de 2018 en el segundo Gobierno de Mariano Rajoy y fue además portavoz de su Ejecutivo desde noviembre de 2016.

Era diputado por la provincia de Palencia, desde donde el PP le ha trasladado su agradecimiento por "los 30 años que le ha dedicado al servicio público". "Soy yo quien agradece a los palentinos su ayuda y su cariño. Tienen en mi, y para siempre, a un palentino de adopción", ha respondido él en un comentario en su cuenta personal de Twitter.

Unidos Podemos ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para dificultar las conocidas como puertas giratorias entre la política y las empresas y plantea incluso penas de cárcel de dos a cinco años para aquellos responsables políticos que hayan tomado decisiones "contaminadas" por la actividad privada, un castigo que también podría afectar a las empresas.

Según ha apuntado en rueda de prensa la vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Podemos, Gloria Elizo, esta propuesta, en la que han venido trabajando durante un largo tiempo y que previsiblemente volverán a registrar en la próxima legislatura, es fundamental para "revertir la dinámica de corrupción del país" de los últimos años.

Evitar casos como los de Aznar y González

Tal y como ha explicado Elizo, existe una normativa "difusa y dispersa" sobre el control de las puertas giratorias que ha permitido, por ejemplo, que expresidentes del Gobierno como Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar hayan trabajado para empresas como Gas Natural o Endesa, que 34 de las 35 empresas del Ibex tengan en sus Consejos de Administración a políticos o que más de 30 cargos del Gobierno de Mariano Rajoy se encuentran en el ámbito privado adoptando decisiones que, ha dicho, pueden afectar al ámbito público.

Con esta proposición Unidos Podemos aglutina toda la normativa que tiene que ver con las incompatibilidades públicas en un único texto —actualmente hay cinco, según ha apuntado— y, entre otras cuestiones, incluye un código de conducta vinculante y un organismo del Estado frente a la corrupción que controlará este tipo de conductas, ha apuntado Elizo. Pero, además, quiere penalizar las puertas giratorias "para los casos más graves" con una pena de dos a cinco años, un castigo similar al que existe en Francia para aquellas decisiones políticas que tienen que ver con el beneficio particular a una entidad privada. "No puede ser que asumir decisiones políticas contaminadas por la actividad privada no tenga efectos penales", ha confirmado.

La fiscalía de Madrid ha solicitado a la juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que no investigue a la exministra de Sanidad Carmen Montón en relación a las diligencias que abrió por delitos de cohecho impropio y prevaricación por el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), informa Europa Press.

El pasado septiembre, la magistrada incoó diligencias previas a raíz de una denuncia anónima y pidió a la universidad documentación sobre los estudios de postgrado de la exministra socialista.

Tras la apertura de diligencias, dio traslado a la fiscalía para que se pronunciara al respecto. Ahora, el fiscal entiende que Montón no debe declarar como investigada. La juez ya ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre esta petición.

Tras estallar el caso, Carmen Montón presentó su dimisión como ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez defendiendo su "honestidad" y asegurando que no había cometido ninguna irregularidad.

Las transiciones entre la política y la gran empresa del sector energético no se detienen. Tras el fichaje del exministro de Administraciones Públicas en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), Jordi Sevilla, como presidente de Red Eléctrica de España (REE), la empresa con participación pública planea nombrar el próximo mes de septiembre como consejera a María Teresa Costa, diputada del PSOE entre 2000 y 2004 y presidenta de la Comisión Nacional de la Energía de 2005 a 2011, el órgano regulador de la energía.

Según adelantó Cinco Días, ese nombramiento se hará efectivo en la reunión que el órgano de gobierno de la compañía celebrará la semana que viene. A preguntas de infoLibre, un portavoz de REE declinó confirmar esta información alegando que ni el calendario ni el orden del día del consejo son públicos. Siempre según el citado diario, Costa sería nombrada consejera en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público que controla el 20% de REE. 

Está previsto que en esa reunión sean relevados los tres consejeros dominicales actuales (colocados por los grupos de inversores), que son nombrados por la SEPI en el operador del sistema eléctrico y transportista. Entre ellos está otro expolítico, Santiago Lanzuela, expresidente del Gobierno de Aragón (1995-1999) y diputado del PP entre 2000 y 2014, que ha ingresado 561.000 euros por este puesto desde que fue nombrado el 29 de julio de 2014, sólo un día después de causar baja como parlamentario. 

En todo caso, los citados no son los únicos ex cargos políticos que ahora forman parte de los consejos de administración de compañías del sector energético que cotizan en el Ibex 35. Según datos recopilados por este periódico hay otras 12 personas en esta situación, cuyos salarios ascendieron a 6,78 millones de euros sólo en 2017, tal y como recogen los informes de retribuciones presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De las 14 personas que han buscado hueco en los consejos de grandes compañías energéticas –sin contar a Costa, cuyo nombramiento todavía no se ha producido– nueve estuvieron vinculadas al PP en su paso por la política, tres al PSOE, una a CiU y otra al PNV. Por compañías, la gasística Enagás es la que cuenta con un mayor número de expolíticos sentados en su consejo de administración, son seis en total. Le sigue REE con cuatro expolíticos; Repsol, con dos; y Endesa e Iberdrola, con uno cada uno, respectivamente. En el consejo de administración de Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy– no hay ningún ex cargo público. 

Cinco exministros 

De los máximos órganos de gobierno de las principales compañías del sector eléctrico forman parte cinco exministros. El nombramiento más reciente es el de Jordi Sevilla, que fue titular de Administraciones Públicas entre 2004 y 2008, y que cobrará casi 530.000 euros al año como presidente de REE. Además, está por ver si se embolsará también otro medio millón de indemnización cuando cese, tal y como ha recibido su predecesor. Hay otro exsocialista, el que fuera ministro de Industria entre 1986 y 1988, Luis Carlos Croissier, que en 2017 ganó 309.000 euros en Repsol.

Entre conservadores destaca Isabel Tocino, que fue titular de Medio Ambiente durante la primera legislatura de Aznar (1996-2000), y que en 2017 se embolsó 157.000 euros por su pertenencia al consejo de Enagás. También Ángel Acebes, que ocupó la cartera de Interior de 2002 a 2004 y que desde 2012 se sienta en el consejo de Iberdrola, donde ganó 313.000 euros el año pasado; o Ana Palacio, que fue la máxima responsables de Exteriores entre 2002 y 2004 y recibió 166.000 euros de Enagás en 2017.

Entre los expolíticos que ahora se sientan en consejos de grandes empresas del sector de la energía también resulta relevante la presencia de antiguos altos cargos públicos relacionados con la industria o los asuntos económicos. Es el caso, por ejemplo, del que fuera consejero de Industria del País Vasco entre 1993 y 2004, Josu Jon Imaz, que es consejero delegado de Repsol desde abril de 2014, puesto por el que ingresó 4,03 millones de euros el año pasado. Imaz también fue presidente del PNV entre 2004 y 2008. 

Otros excargos

Otros nombres destacados son el de Alberto Carbajo, que fue director general de Minas entre 1992 y 1995, con el PSOE, y que entró en el consejo de REE en 2017. Entre otros cargos ha sido también directivo en la Corporación Unión Fenosa y consejero de la Comisión Nacional de la Energía (1995-2000). El año pasado cobró 129.000 de la compañía semipública. O el de Rosa Rodríguez Díaz, mano derecha del exministro Soria cuando este gobernaba en Canarias, que está en Enagás, donde cobró 144.000 euros el año pasado. Rodríguez Díazfue viceconsejera de Hacienda de ese Ejecutivo regional hasta 2010. 

También del consejo de Enagás forma parte Gonzalo Solana, que fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia entre 2000 y 2005, a propuesta del PP. Por este puesto cobró 144.000 euros en 2017. Completan la lista de antiguos responsables públicos con asientos en grandes energéticas el ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, que se incorporó al consejo de REE en 2017, donde cobró 156.000 euros; Marcelino Oreja Arburúa (diputado del Parlamento Europeo por el PP entre 2002 y 2004), ahora en Enagás, donde cobró 818.000 euros; Antonio Hernández Mancha (fundador de Alianza Popular y senador entre 1986 y 1989), que se embolsó 144.000 euros en la misma compañía el año pasado; y Miquel Roca (diputado por CiU en el Congreso entre 1977 y 1995), que percibió 270.000 euros de Endesa. 

En Comú Podem ha pedido explicaciones al ministro de Energía, Álvaro Nadal, por la incorporación de su antiguo jefe de gabinete al Consejo de Administración de Enagás, lo que la formación catalana enmarca en la dinámica de las puertas giratorias que llevan de la política y la Administración a las grandes empresas, informa Europa Press.

El portavoz adjunto de la formación catalana, Josep Vendrell, se refiere al caso de Ignacio Grangel, un abogado del Estado que fue jefe de gabinete de Nadal cuando éste ocupaba la Secretaría de Estado de Energía, que después fue fichado por Red Eléctrica (REE) y que acaba de incorporarse a la cúpula de Enagás como consejero independiente.

En un escrito registrado en el Congreso y recogido por Europa Press, el representante de Unidos Podemos recuerda que Grangel va a cubrir la vacante de Luis Valero Artola, que fue secretario general de Industria con el también exministro del ramo, José Manuel Soria, y que en el Consejo de Administración de Enagás coincidirá con históricos del PP como el eurodiputado Marcelino Oreja, las exministras Isabel Tocino y Ana Palacio y el expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha.

Y enmarca estos casos a la "impronta de antiguos diputados o altos cargos políticos que se ha dejado sentir en los Consejos de Administración de las empresas con mayores beneficios de España", fundamentalmente energéticas, como los expresidentes Felipe González en Gas Natural y José María Aznar en Endesa; los exministros Elena Salgado en la filial chilena de Endesa y Ángel Acebes en Iberdrola.

"Hemos tenido en numerosas ocasiones un 'puente aéreo' entre el Ejecutivo y el legislador, y el legislado –explica Vendrell–. A este tipo de conflictos de intereses entre la gestión de la administración pública, orientadora de la planificación de los programas sectoriales, y la participación de referentes políticos con sus evidentes ligámenes en estructuras de intereses de carácter corporativo, se les ha dado en llamar coloquialmente como 'puertas giratorias'".

En ese contexto, el diputado pregunta al Gobierno si cree "deseable" que los máximos representantes de los partidos políticos pasen a ejercer como profesionales en empresas con actividad en sectores estratégicos y, en caso afirmativo y parafraseando al exvicepresidente socialista Pedro Solbes, pide saber si realmente "sería una desgracia que las puertas giratorias no existieran".

Sobre el caso concreto de Enagás, empresa de transporte de gas participada por la SEPI en un 5%, Vendrell quiere conocer si el ministro Nadal se ha reunido últimamente con los exdirigentes del PP que forman parte del Consejo y si llegó a hablar con los ejecutivos de la compañía sobre el fichaje de quien fue su director gabinete. "¿Tenía el Ministro constancia de dicha propuesta?", interroga.

Y dado que, pese a este tipo de fichajes, España es uno de los países de la Unión Europea donde más han subido los precios del gas, el parlamentario de En Comú pregunta si realmente fue un acierto la creación en 1994 de un monopolio privado del gas al vender Enagás a Gas Natural "sin concurso y a puerta cerrada". "¿Considera que el mercado gasista en España funciona correctamente?", concluye.