La factura de la Comunidad de Madrid con Quirón, el gran beneficiario de la privatización sanitaria en la región, continúa incrementándose. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aprobó hace unos días en el Consejo de Gobierno un gasto de más de 17 millones de euros para dar cumplimiento a dos fallos judiciales favorables al gigante de la sanidad en relación con algunos de los hospitales concesionados de la comunidad. El desembolso no es, sin embargo, un hecho puntual. Solo en el último año, el Gobierno conservador ha tenido que dar luz verde, en base a numerosas sentencias, a gastos por más de 56 millones –incluyendo los de la semana pasada– para el grupo Quirón.

Los dos últimos desembolsos acordados tienen que ver con el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz, joya de la corona del grupo en la región. En el primer caso, el Tribunal Supremo reconoció el pasado mes de noviembre, tras una larga batalla judicial, el derecho de IDC Servicios Móstoles –sociedad que forma parte de Quirón y que gestiona este centro sanitario privatizado– a que se le reintegrasen las cantidades abonadas por concepto de IVA facturado entre 2012 y 2014, que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se negaba a asumir. En total, 6,82 millones que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso deberá ahora abonar a la concesionaria.

El segundo gasto se hace en ejecución de otro fallo reciente. En este caso, sale del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y condena al Sermas a abonar 10,89 millones de euros al gigante sanitario por el retraso en la aprobación de las liquidaciones y pagos a cuenta correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2021 derivados del convenio suscrito para que este centro hospitalario atienda a pacientes del sistema público, cobrando y facturando no una cantidad fija, sino en función de la asistencia ofrecida. La empresa exigía 10,93 millones, frente a los 10,89 millones que reconocía la Administración regional y que, finalmente, han terminado fijando los magistrados.

Es la segunda vez en el último año que el Ejecutivo de Díaz Ayuso acuerda gastos de estas características. El pasado mes de mayo, el Consejo de Gobierno dio luz verde a otros cuatro desembolsos para el grupo Quirón en ejecución de resoluciones judiciales. Todas ellas, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En tres casos, apenas hubo debate. El gigante sanitario solicitó 6,31 y 17,86 millones en concepto de intereses compensatorios por las liquidaciones de los ejercicios 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020 en relación con la Fundación Jiménez Díaz. Y otros 5,17 millones por la actividad realizada en el mismo centro en el ámbito de la libre elección en 2016. Cantidades que la Administración madrileña aceptó.

Más discrepancias hubo, sin embargo, en el último pleito. En este caso, la mercantil IDCSalud Villalba pretendía que se le abonasen 9,38 millones de euros en relación con la liquidación de 2015 de la asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Universitario General de Villalba, otro de los privatizados en la etapa de Esperanza Aguirre. Sin embargo, la Comunidad de Madrid solo aceptaba 9,03 millones. La empresa, según consta en la sentencia, manifestaba que la diferencia se correspondía a la facturación por las altas atendidas en la Unidad de Corta Estancia, pero la Administración defendía que las mismas debían considerarse como "urgencias no ingresadas", por lo que no procedería su financiación. Al final, la cantidad que los magistrados acabaron reconociendo es la propuesta por la Comunidad de Madrid.

Solo en 2024, según el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas de Madrid, el Ejecutivo regional pagó en concepto de convenios y conciertos para atención especializada 1.957 millones de euros, un 65,7% más que el año anterior. De esa cantidad, 1.755 millones se fueron para los cinco hospitales públicos de gestión privada de la región: Hospital Rey Juan Carlos, Hospital de Villalba, Hospital de Torrejón, Hospital Infanta Elena y Fundación Jiménez Díaz. De todas ellas, esta última es la que más recibió, cerca de 900 millones, seguida de los 350 millones del centro sanitario de Móstoles. Los tres restantes percibieron cada uno algo más de 100 millones.

El sentido de la existencia de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) es el mantenimiento y la mejora de los servicios sanitarios públicos del Estado, joya de la corona del bienestar español. Y la principal amenaza que sufre es su progresiva privatización. Privatizar es el desvío de fondos del sector sanitario público hacia el sector privado en detrimento del primero en sus diversas formas.

Lo primero que queremos aclarar son las distintas formas, porque a lo largo de la historia han ocurrido diversos hechos, a veces difíciles de identificar con este fenómeno. Privatizar es:

Privatizar los servicios sanitarios públicos mata, como lo han demostrado numerosos estudios científicos. Este aumento de provisión privada va unido a mayor desigualdad social, produciendo un aumento de la mortalidad evitable al unirse a una desfinanciación paralela de la sanidad pública.

Por eso, como todos los años desde 2014, la FADSP publica un informe sobre el estado de la cuestión en España con los datos del año anterior. Y el resultado es que en 2024 se ha producido un aumento en la provisión privada y en el desvío de financiación al sector privado de nuestro sistema sanitario en general, pasando de un indicador global de la privatización de 16 puntos en 2014 hasta los 21 de 2025, es decir, un incremento del 14,7%. Según los últimos datos disponibles, España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30% del total y hasta un 3% del PIB, (frente al 21% y 2,2% de la OCDE respectivamente). El gasto de bolsillo es notable: (25.143 M € en 2022), reflejando mayor carga directa sobre las familias.

Sobre la base de este incremento generalizado, el comportamiento de las CCAA ha sido desigual, respondiendo a distintas políticas privatizadoras. En las tablas que adjuntamos se observa que tres de las cuatro primeras CCAA con más privatización en 2024 ya estaban en 2014 en este grupo, donde han permanecido con algún cambio de posición. La primera es la misma en todos los informes (Madrid) y las otras dos (Cataluña y Baleares) han ido cambiando de posición. Pero también hemos escogido cinco comunidades por su incremento llamativo en los últimos años. La primera es Andalucía, que ha experimentado un incremento de más del 32% desde 2019. En Canarias (32,3%) y en la Comunidad Valenciana (29,4%) han sucedido fenómenos similares. Es llamativo el caso de Extremadura (32,3%), que en informes anteriores tenía de los menores grados de privatización y en los últimos tres años se han acelerado sus procesos.

Como suele ser habitual en los estudios sobre los sistemas sanitarios de las CCAA, se objetiva una gran desigualdad entre las mismas, lo que evidencia que la privatización de los servicios sanitarios no es un fenómeno “natural” de evolución de los sistemas autonómicos de salud, sino que responde a políticas explícitas, algunas de larga evolución (Madrid, Cataluña, Baleares) pero otras de reciente implantación, cuyas medidas pueden ser objetivadas. Estas diferencias suponen una muestra más de la falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de la inequidad que hace que el derecho a servicios de calidad de la sanidad pública no se cumpla de la misma forma para todos los/las españolas/es.

La principal limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias, lo que dificulta enormemente encontrar datos homogéneos para todas las CCAA, lo que es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos y un incumplimiento notorio de la denominada “ley de transparencia”, que desgraciadamente no ha mejorado de manera sustancial la información sanitaria disponible.

La justificación para privatizar es la insuficiencia de los servicios sanitarios públicos para atender las demandas de la población. Esta teórica insuficiencia hace necesario que los servicios privados complementen a la sanidad pública. Queremos recalcar que detrás de la inocente palabra “complementar” se esconde otra más fea y dura que es “privatizar”, es decir, hacer negocio de la vida y la muerte de los ciudadanos. Esta opinión generalizada (y difundida por los medios) ha sido una de las justificaciones para mantener Muface, a pesar del desorbitado coste que tiene, en vez de integrarla al SNS.

La crisis económica de 2007 puso de manifiesto que la salud (más bien la enfermedad) es una gran oportunidad de negocio. La crisis de suficiencia del SNS provocada por la pandemia ha acelerado el proceso. Muchos políticos que dirigen servicios públicos (de derechas todos y de izquierdas algunos) hablan de la excelencia de la colaboración público-privada ante unos servicios públicos (los que gestionan ellos) que no llegan a cubrir las necesidades de la población. 

Está descrito cómo se llega a la privatización: políticas de recortes presupuestarios de la sanidad pública y abandono de la gestión que lleva al deterioro de los servicios con listas de espera, deterioro de instalaciones, descontento de los profesionales. Después una ofensiva ideológica sobre necesidad de modelos complementarios público-privados ante la “insuficiencia de la pública” que justifican la privatización por múltiples vías. Ensayado ya en otros países como el Reino Unido desde tiempos de Margaret Thatcher.

De nuestro informe se puede concluir:

La privatización es uno de los problemas de salud pública más importantes de España, cuyas consecuencias conocidas son un incremento de la mortalidad general y el aumento de las desigualdades en salud.

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José Manuel Aranda es vocal de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y colaborador de la Fundación Alternativas.

La privada avanza. El retroceso de la educación pública que llevamos viendo en las universidades y colegios ahora escribe un nuevo capítulo en la Formación Profesional. El informe del sindicato CCOO, La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud, recoge como la privada ha aumentado su presencia de forma exponencial en esta disciplina, llegando a representar a un tercio del alumnado de FP en España.

Ese crecimiento privado no ha ido acompañado, asegura el sindicato, de un aumento significativo de la red pública, lo que ha abierto un gran agujero que han aprovechado los centros de gestión no estatal.

La FP en línea ha triplicado su oferta en la última década según recuerda el informe, que han presentado este jueves la secretaria de Formación Profesional de CCOO Enseñanza, Lourdes Núñez, y la de Juventud, María del Barrio.

El sindicato denuncia que el acceso a la FP, elegida actualmente por el 59% de los jóvenes e incluso por un 22% de universitarios que se plantean continuar con un ciclo formativo para mejorar sus oportunidades de empleo, "depende cada vez más de la capacidad económica de las familias lo que está generando segmentación social".

Los últimos datos del curso 2025-2026 señalan que la Formación Profesional privada crece a un ritmo del 20% y mientras la oferta pública solo se ha incrementado 0,2 puntos desde 2018, la privada ha pasado de 0,6 a 1,2 puntos.

"En la mayoría de los casos, este desplazamiento hacia la oferta privada no obedece a una preferencia libre del alumnado, sino a la insuficiencia de plazas públicas disponibles", recalca Núñez. Algo a lo que se suma una gran desigualdad territorial.

En el País Vasco la FP privada representaba en el curso 2024-2025 el 44% del total, mientras que en Madrid suponía el 38% y en Cataluña y Aragón el 36%.

Las comunidades con menos centros privados de FP están en Canarias (representan el 8,7% del total), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (14%) y Navarra (18%).

En este sentido, CCOO señala que en las comunidades con fuerte presencia de FP privada y elevada presión de demanda el alumnado se enfrenta con mayor frecuencia a procesos de selección por renta o a itinerarios formativos "menos garantistas", mientras que en las comunidades con red pública predominante los problemas se concentran en la falta de equipamientos, de empresas para prácticas o en la dificultad para acceder a ciclos estratégicos.

Actualmente la FP privada representa el 28,4 % del total de alumnado en España y se concentra en titulaciones de alta demanda como sanidad especializada, tecnologías digitales y servicios socioculturales.

Mientras que en FP Básica y de grado Medio el coste supone entre 1.000 y 3.000 euros al año, en grado Superior y cursos de especialización oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros al año, incluyendo matrícula y transporte, señala CCOO.

El gasto nominal por hogar en FP Superior se ha duplicado entre 2016 y 2023. El coste medio de un ciclo formativo a distancia en centros privados oscila entre los 1.500 euros y los 12.000 euros por ciclo completo (dos años).

CCOO exige una regulación mínima de la FP online para distinguir entre módulos que pueden ser "virtualizados" y los que no, dependiendo de las prácticas y de las familias profesionales.

La creación de un registro público único de centros autorizados y la publicación de resultados de titulación, abandono o inserción de cada familia profesional, son otras peticiones para toda la Formación Profesional. También lo es reforzar la inspección y un régimen sancionador ante la publicidad engañosa, ante una evaluación irregular o por el incumplimiento de las prácticas.

El sindicato pide un plan plurianual para financiar plazas públicas con una planificación territorial dependiendo de la demanda de ciclos y la oferta de plazas públicas en cada región. También exige bajar las ratios por aula en la oferta pública ya que "la enseñanza ha de ser lo más directa posible" y realizar un seguimiento de la concesión y uso de los fondos públicos destinados a la FP, asegurando que sean finalistas.

 Asimismo, la estabilidad de las plantillas en los centros públicos y la actualización de talleres y equipamiento.

Desde hace un año la Formación Profesional es dual y las prácticas desde el primer año son obligatorias por ley. Sin embargo la implantación de la dual supone cargas para las empresas, que deben tener un tutor, hacer un seguimiento individual y coordinarse con el centro.

No todas las empresas pueden ofrecer entornos formativos adecuados y en territorios con menos tejido empresarial hacer prácticas puede ser más complicado y el centro "puede derivar a empresas con baja calidad formativa", señala CCOO.

Advierte de que existe el riesgo de que se utilice como mano de obra barata o como sustituto de contratación y pide definir tareas, prohibir la sustitución de puestos estructurales por alumnado y tutores de empresa con perfil formativo y tiempo lectivo asignado.

La empresa ferroviaria Iryo ha saltado, por desgracia, a la primera plana mediática tras el descarrilamiento de uno de sus trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, un accidente cuyas causas aún se desconocen y que se ha saldado, de momento, con 40 víctimas mortales.

Se trata del segundo operador de alta velocidad más importante de España por volumen de pasajeros, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Iryo alcanzó en los tres primeros trimestres de 2025 —últimos datos disponibles— los 8,98 millones de viajeros, lejos de los 21,9 millones de Renfe pero con una clara ventaja sobre los 2,93 millones de Ouigo, de la que en 2023, en su primer año completo de competencia, solo le separaron 90.000 usuarios.

La liberalización del mercado ferroviario, con la entrada de Iryo y de Ouigo y la respuesta de Renfe con su nueva marca Avlo, no solo no ha hundido el volumen de la operadora estatal, sino que ha ensanchado el mercado total: en 2019, bajo monopolio, la alta velocidad comercial movía 22,37 millones de viajeros. Al cierre de 2024 —último año completo disponible—, la cifra se había elevado hasta los 39,54 millones, de los cuales Renfe transportó 28,62 millones. Es decir, el operador público hoy mueve más viajeros que cuando estaba solo en el mercado.

En este nuevo tablero liberalizado, Iryo, propiedad al 51% del operador público italiano Trenitalia, ha protagonizado el ascenso más rápido hasta hacerse con el segundo puesto del mercado. Tras un inicio testimonial a finales de 2022, en 2024 transportó a 7,82 millones de pasajeros, multiplicando por más de dos el volumen total de Ouigo, su otro competidor privado, en el conjunto de la red.

Iryo es el segundo operador por volumen de viajeros en cuatro de los cinco principales corredores de alta velocidad, con el de Madrid-Alicante como excepción. En el eje Madrid-Málaga, donde ha tenido lugar el descarrilamiento, concentra a 22 pasajeros de cada 100. 

El eje Madrid-Málaga/Granada, donde hasta el pasado enero de 2025 aún solo operaban Renfe e Iryo, es el escenario donde la tensión operativa es más evidente. Antes de la liberalización, por el corredor se movían 2,47 millones de viajeros anuales. Hoy, tras la entrada de Iryo en marzo de 2023 y de Ouigo en enero de 2025, el ritmo ha saltado a los 1,65 millones de viajeros trimestrales para el tercer trimestre del año . Proyectada anualmente, esta cifra refleja que la ruta soporta hoy a 6,5 millones de personas, más del doble que con el monopolio de Renfe.

Los informes de la CNMC identifican dentro de este corredor el tramo más saturado de todo el sistema ferroviario: la línea Antequera-Granada, identificada como 036, es la más tensionada de toda la red de alta velocidad, con un índice de saturación del 77%. Este índice, según refleja la CNMC, relaciona la capacidad total de una línea con el tráfico actual. 

Adamuz, punto del reciente descarrilamiento, se sitúa cerca de la bifurcación de Córdoba, que divide la línea de Sevilla y la de Málaga, un embudo logístico que soporta más de 80 trenes de pasajeros diarios, una de las densidades más altas del país, solo comparable al tramo Tarragona-Barcelona. 

La liberalización del mercado ferroviario y la irrupción de operadores privados que han terminado con el monopolio estatal de Renfe no es tanto una privatización como una competición entre Estados europeos. La etiqueta de “operadores privados” es, en la práctica, un tecnicismo contable: el capital que ha capturado el crecimiento de la alta velocidad en España no proviene de fondos de inversión, sino de los balances públicos de Roma y de París.

Iryo pertenece en su mayoría a Trenitalia, la operadora estatal italiana, que comparte accionariado con Air Nostrum y Globalvia, pero ejerce el control mayoritario tras elevar su participación al 51% el pasado noviembre de 2024. Ouigo, la tercera operadora del país, es propiedad íntegramente de la operadora estatal francesa SNCF, dependiente del Gobierno galo.

Mientras las compañías públicas de nuestros vecinos rentabilizan la infraestructura ferroviaria española —construida con fondos estatales— Renfe Viajeros reportó unos tímidos beneficios de 5,4 millones de euros en 2024, cifra muy positiva comparada con la de 2023, cuando perdió 65 millones. Una excepción española, la del operador estatal incapaz de competir en beneficios con sus homólogos europeos, que se repite en otros sectores como el de Correos.

Se han cumplido 50 años desde que los españoles encendieron la televisión para descubrir la imagen de un Carlos Arias Navarro solo, visiblemente afectado y sentado frente a un micrófono. El entonces presidente del Gobierno fue el encargado de dar la noticia: "Españoles, Franco ha muerto". Ha pasado medio siglo de aquello y, sin embargo, todavía hay muchos que siguen ensalzando al dictador. Los que más, la Fundación Francisco Franco que, por el aniversario, decidió celebrar un acto en el colegio privado concertado San Vicente de Paúl de Zaragoza.

El lugar no fue el elegido en un primer momento. Tuvieron que cambiar de un hotel, primera opción, al colegio después de que la Coordinadora Antifascista de Zaragoza denunciara mediante sus redes sociales que el sábado 29 de noviembre estaba previsto un acto de exaltación al fascismo en el Hotel Centro Coso, S.L. La presión social dio sus frutos y el hotel acabó por desprogramar el evento, aunque esto no impidió que se celebrara.

El medio digital Arainfo pudo comprobar, a través de distintas fuentes, que el acto fascista sucedió en el colegio San Vicente de Paúl. Además, medios como Crónica Global publicaron varias fotografías. En las propias redes sociales de la Fundación Francisco Franco se puede apreciar el interior de la escuela.

En diciembre, Arainfo contactó con el centro concertado para conocer su versión de los hechos. En un primer momento, no obtuvieron respuesta. Después de insistir, el centro negó rotundamente que el acto se hubiera celebrado en sus instalaciones. Cuando el medio les mostró las pruebas que habían recabado, finalmente admitieron lo que había sucedido y argumentaron que se trataba de un "favor entre dos personas particulares, dada la premura que manifestó una de ellas". Además argumentaron que su celebración no figuraba en el registro oficial debido a que se trataba de un "día festivo".

Ahora mismo, la Fundación Francisco Franco está sumida en un proceso judicial que podría acabar con la disolución del grupo, como pide el Gobierno alegando que hace apología del franquismo, humilla a las víctimas de Franco y que no busca un "interés general". El colegio concertado ha insistido en que “no consentiría la comisión de delitos en el seno de sus instalaciones”.

Este episodio se enmarca, además, en un contexto de creciente desvío de recursos públicos desde la educación pública hacia la privada concertada en Aragón. Recientemente, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha destinado más de 20 millones de euros procedentes de la educación pública a empresas educativas privadas. Siete de los millones se destinaron a la concertación del bachillerato y 13,2 a subvencionar en empresas privadas la enseñanza de 2 a 3 años.

El escándalo del Hospital de Torrejón (Madrid) ha reabierto el debate sobre la deriva de la sanidad pública, sobre todo en la Comunidad de Madrid. En esta región es donde se encuentran cuatro de los ocho hospitales públicos de gestión privada que hay en España, según señala EFE. Los audios en los que se escucha al consejero delegado de Ribera Salud (empresa gestora del centro hospitalario citado) pidiendo aumentar sus listas de espera para mejorar los beneficios han llevado al Ministerio de Sanidad a ultimar una ley para limitar la gestión privada de los hospitales públicos. Pero este no es un modelo nuevo y tampoco tiene por qué ser definitivo.

En 2018 Carmen Montón, entonces consellera de Sanidad en la Comunidad Valencia y después ministra del ramo, acometió la primera reversión a lo público de la concesión privada de un hospital. Se trataba del hospital de Alzira, que hasta aquel momento y durante casi dos décadas, gestionó Ribera Salud. Esta es la misma empresa que está involucrada en el caso del hospital madrileño de Torrejón.

Montón –que dimitió de su cargo como ministra en 2018 por una polémica en torno a un máster que había cursado, aunque el caso se archivó penalmente y el título no fue anulado– cuenta a infoLibre que con "voluntad política y buena gestión se puede volver a lo público y defender lo que es de todos. La demostración es la reversión en la Comunidad Valenciana, que implementó por primera vez en España una fórmula que hoy en día sigue siendo perfectamente válida para terminar con las privatizaciones".

La decisión, explica la exconsellera, respondió a un compromiso electoral y al objetivo de "defender la salud como derecho y no como negocio", señala. Pero también a una gestión de dudosa calidad por parte de la concesionaria. "El canon anual que la Generalitat debía pagar a la empresa Ribera Salud no dejó de crecer, lo que supuso un sobrecoste estructural del modelo de concesión. A esto se sumó falta de trasparencia, desconexión informática de la Conselleria, inestabilidad laboral, plantillas reducidas, selección de pacientes en función de la rentabilidad, recortes asistenciales y en farmacia, subcontrataciones con merma en la calidad asistencial o falta de inversión tecnológica", enumera.

Su experienca con Ribera Salud en el proceso de transición tampoco fue amigable: "La empresa no facilitó una transición pacífica. No proporcionó la información que se precisaba, aunque era obligatorio para la empresa, y no cesó las hostilidades judiciales ni mediáticas. Judicializó el proceso de reversión –interpuso alrededor de medio centenar de recursos– y planteó demandas y querellas contra los responsables de la Administración", explica.

Con todo, Montón insiste en que es posible retirar esta concesión cuando hay irregularidades y señala que el mayor impedimento se da porque se defienden modelos privados. "La pregunta no es si se tiene capacidad para retirar la gestión –la Administración siempre tiene esa capacidad–, la cuestión es si se tiene voluntad política de defensa de lo público", concluye.

Y termina con un mensaje contra la gestión del Partido Popular. "Es un problema de modelo. Este modelo de privatización del PP hace mucho daño a la sanidad pública, porque es un modelo que exclusivamente es viable si parasita lo público. Y solo funciona al calor de la connivencia política y la corrupción".

Pero, ¿qué está pasando en Madrid? Los audios del CEO de Ribera Salud y el hecho de que la empresa hubiera despedido a cuatro directivos que denunciaron en el canal ético las directrices (tal como adelantó El País) han puesto más leña en el debate sobre las sombras de la gestión privada. Guillem del Barrio conoce bien el sistema, es enfermero y miembro del sindicato Trabajadores en Red: "Uno de los problemas fundamentales de este modelo es que cuanto más gasta en los pacientes, menos gana", algo que en su opinión se ve en las propias condiciones laborales del personal. "Hay menos trabajadores por paciente, enfermeras que cobran en torno a 1.100 euros o que, ante un volumen de trabajo excesivo, no consiguen hacer un seguimiento a lo pacientes", concluye.

El modelo de colaboración público-privada (PPP, por sus siglas en inglés) no es el único que integra gestión privada en lo público. Hay también hospitales privados que se adhieren al sistema público y que reciben recursos del Estado. Así, según el Ministerio de Sanidad, el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aumentado un 36,8% en la última década, lo que significa que actualmente el 30,7% de todos los hospitales del SNS tienen dependencia funcional privada. Además, también el flujo de recursos públicos hacia hospitales puramente privados ha crecido: “Financió más de un tercio de sus estancias hospitalarias (34,6%) y el 21% de sus intervenciones de cirugía mayor”, según datos de Sanidad.

Desde el área de sanidad de Comisiones Obreras Madrid explican que “no es tan fácil revertir estas concesiones si el contrato no está en un periodo de renovación”. Sin embargo, para el sindicato, la gestión privada de hospitales públicos también ha perjudicado a sus trabajadores durante años y coincide con el análisis de Barrio.

“En Madrid, a diferencia de otras Comunidades, los trabajadores de los hospitales cedidos se rigen por el convenio de la sanidad privada puramente. Es decir, el mismo que regula a la clínica dental de tu barrio, regula un hospital con 2.000 trabajadores”, explica. Una precariedad que para él repercute negativamente en la calidad de la atención que se presta: “Para poder dar un servicio de calidad necesitas una plantilla adecuada y no que prime el ahorro de gastos y el aumento de beneficios”, remata.

Si las relaciones laborales en la sanidad pública ya son de por sí tensas —este martes más de 100.000 médicos han sido convocados a cuatro días de huelga para protestar por el nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud, propuesto por el Ministerio de Sanidad—, desde Comisiones insisten en que los trabajadores que están en las concesionarias tienen condiciones peores. “Hay profesionales que ganan entre 1.000 y 1.400 euros de salario base”.

El Ministerio de Sanidad ha extendido sus sospechas sobre la gestión privada de centros hospitalarios públicos y ha ampliado la investigación que ordenó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños de gestión privada, operados en este caso por el Grupo Quirón.

Lo ha anunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha negado que lo sucedido en el Hospital de Torrejón sea una "rencilla entre directivos" como dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha acusado al Grupo Quirón de haber incrementado su presupuesto en los últimos años "de manera absolutamente obscena".

Según ha dicho, se trata de un "modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas" sobre todo en Madrid, y también en la Comunidad Valenciana.

Por ello, Sanidad ha optado por extender la investigación que abrió al Hospital de Torrejón tras la publicación de los audios del CEO de Ribera Salud que lo gestiona, Pablo Gallart, en los que ordena aumentar las listas de espera y descartar los procesos más costosos, al resto de hospitales de gestión privada.

En su opinión, "Ribera Salud y Quirón son dos caras de la misma moneda" de un "sistema perfectamente engrasado que necesita de la connivencia y de la complicidad, en este caso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos años ha inyectado más de 5.000 millones a este grupo, es decir, el equivalente del presupuesto de sanidad de todo un año", ha apostillado.

Sobre el Hospital de Torrejón, la Alta Inspección ha requerido a la Comunidad de Madrid información sobre las investigaciones que ella misma inició tras estallar el escándalo, las auditorías económicas y de gestión de los últimos 4 años y las actas de la Comisión mixta entre la Comunidad de Madrid y Ribera, así como los escritos de denuncia de los cuatro directivos cesados supuestamente por denunciar las órdenes y "cualquier otra información relevante".

Y de los de Quirón, ha solicitado los expedientes de las modificaciones presupuestarias de 2023, 2024 y 2025 con sus informes justificativos; las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años "a las que están obligados por contrato"; las actas de la Comisión Mixta y "toda la información relevante y que sea necesaria para poder investigar hasta el fondo qué es lo que está pasando en estos hospitales".

Por su parte, la presidenta madrileña ha criticado lo que considera una "causa política" orquestada en torno al Hospital de Torrejón y ha censurado que se eleve a "escándalo europeo" mientras se ignoran los problemas sanitarios de otras regiones.

"Si se eleva a caso de escándalo de esta magnitud esto, ¿qué hacemos con la Sanidad de Castilla-La Mancha o la de Aragón? ¿Qué hacemos con la Sanidad de Ceuta, de Melilla? No digamos la de Cataluña, que duplica listas de espera", ha cuestionado la presidenta, que cree que "los problemas solo importan en las comunidades autónomas gobernadas por el PP".

Según Ayuso, en el Hospital de Torrejón no ha habido "negligencias médicas" y tampoco se alcanzan las listas de espera de "otras zonas" que arrojan cifras "mucho peores", y ha indicado que este martes se ha conocido "un segundo informe" de la Consejería de Sanidad que concluye "que no se ha puesto en ningún momento en juego la seguridad del paciente ni la calidad asistencial".

Se trata de un informe que se suma al primero sobre este asunto que concluye que "con relación a la calidad asistencial y la seguridad del paciente se ha trabajado correctamente en todas las áreas auditadas y de manera acorde a los objetivos indicados en el Contrato Programa del Servicio Madrileño de Salud", ha informado la Consejería de Sanidad en una nota.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha avanzado que su grupo interpondrá este martes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el CEO de Ribera Salud como "presunto autor de irregularidades" en la gestión del Hospital de Torrejón, así como "la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid".

Desde el PSOE-M consideran que estás prácticas "podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

Gallart solicitó el 4 de diciembre pasado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras destaparse el caso.

Sumar y Podemos han reiterado sus críticas al modelo de gestión del hospital de Torrejón, lo que la formación morada ha calificado de "crímenes contra el interés general", según el diputado Javier Sánchez, que ha recordado que su partido ya registró hace un año una proposición de ley para derogar la norma que permite la gestión privada de estos centros.

Desde Sumar, Tesh Sidi (Más Madrid) ha reprochado que Ayuso haya "heredado" el modelo de Esperanza Aguirre de "licitar y particionar" contratos públicos, en tanto que Aína Vidal (Comunes) ha cargado contra cualquier protocolo que trate la salud como si "fuera en Excel y no un derecho", y Alberto Ibañez (Compromís) ha afirmado que "los gobiernos del PP matan" por un modelo que prioriza "las ganancias de multinacionales". 

En 2000, con Manuel Fraga como presidente y Corina Porro como directora de Servicios Sociales, la Xunta adjudicaba a Geriatros —empresa impulsada por Caixanova que sería el origen de DomusVi— la gestión privatizada de la residencia de mayores de Ribeira, que comenzaría a funcionar en 2002.

El contrato era por diez años, pero tras 10 prórrogas la residencia sigue siendo gestionada por DomusVi y ahora la Consellería de Política Social acaba de convocar un concurso público para renovar su gestión, que podría continuar en manos de la misma empresa si presenta la mejor oferta.

El concurso público, por hasta 3,25 millones de euros al año, llega cinco años después de que la residencia registrase a finales de 2020 un gran brote de COVID-19 que la convirtió en el centro de gestión privatizada con más muertes de la pandemia, con 15 fallecimientos. Mientras, la Xunta acaba de desbloquear la construcción de una nueva residencia en la misma villa, anuncio que hizo solo cinco días después de que el PP quitase la alcaldía al BNG con una moción de censura.

La actual residencia pública de mayores de Ribeira, de la Xunta, cuenta con 106 plazas y viene siendo gestionada desde 2002 por DomusVi —entonces Geriatros—. El concurso público ahora convocado para renovar su gestión señala expresamente que en junio de este año “se formalizó la 10.ª prórroga del contrato” sin que el Gobierno gallego decidiese hasta ahora hacer una nueva licitación. En la ahora convocada, Política Social está dispuesta a pagar hasta 3,25 millones de euros al año inicialmente durante dos años, pero con posibilidad de prórrogas hasta un máximo de 5 años, lo que puede suponer un negocio total de unos 16,2 millones de euros.

El Gobierno gallego justifica, como viene haciendo en otros casos, que tiene dinero pero no personal propio suficiente para atender todas sus residencias de mayores, por lo que mientras algunas sí son cubiertas con personal público, otras, como esta, se entregan en concesión. No obstante, el concurso establece que “el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación”.

La residencia de Ribeira, según datos oficiales revelados por Praza.gal, fue el centro de la Xunta de gestión privatizada que registró más muertes durante el primer año y medio de la pandemia de la COVID-19, con un total de 15 fallecimientos. Por delante solo hubo una residencia de la Xunta gestionada con personal propio, en Barbadás, y fue seguida de otras dos residencias públicas también en manos de DomusVi, las de Laraxe en Cabanas y Concepción Arenal en A Coruña, con 10 y 7 muertes respectivamente.

En Ribeira la Xunta viene estudiando desde hace años la construcción de una nueva residencia de mayores. El pasado junio, cuando parecía que estaba encarrilada, el Gobierno gallego frenó el proyecto alegando la existencia de supuestos riesgos de inundación en el lugar elegido que, en cualquier caso, la Xunta ya conocía desde que en 2021 aceptó la cesión de los terrenos realizada por el Ayuntamiento. El proyecto quedó paralizado hasta que en octubre, cinco días después de que el PP arrebatase la alcaldía de Ribeira al BNG con una moción de censura, la conselleira de Política Social se desplazó a su localidad natal para anunciar el desbloqueo de la residencia.

De momento el Gobierno gallego aún no ha detallado si su gestión será pública o privatizada, como viene haciendo con las residencias que está donando en las siete ciudades a la Fundación Amancio Ortega.

El Ministerio de Sanidad ha ordenado este jueves a la Alta Inspección que abra una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) que hayan vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes. La decisión del Ministerio se une a la exigencia que ha hecho a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que investigue por su parte lo sucedido y amplíe las pesquisas al resto de hospitales públicos de gestión privada.

El Ministerio quiere saber si se han producido irregularidades que hayan podido vulnerar el derecho a la salud de los pacientes, después de la publicación de unos audios, destapados por el diario El País, en los que el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteaba aumentar las listas de espera en este hospital y rechazar procesos no rentables por criterios económicos.

Durante la mañana de este jueves, Gallart ha dimitido en consecuencia de la publicación de estos audios. El grupo sanitario Ribera ha publicado un comunicado desvinculándose de las responsabilidades sobre la gestión del hospital "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo". Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

Paralelamente a la investigación de la Alta Inspección del Ministerio, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha remitido una carta a Díaz Ayuso en la que le exige la "apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente" sobre los hechos y, en función de sus resultados, a "la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro". A partir de ahí, pide la "extensión de las actuaciones de inspección y verificación a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional".

García insta además a la presidenta madrileña a informar de las medidas que va a adoptar, así como del calendario de actuaciones previsto, para garantizar la protección de los pacientes y la integridad del servicio público. De confirmarse, los hechos "constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid", advierte en su misiva.

Por ello, considera "imprescindible" que la Comunidad de Madrid esclarezca "con urgencia" si las órdenes que presuntamente dio el CEO de Ribera Salud, titular de la concesión por la que gestiona la asistencia del hospital público de Torrejón, han afectado a la actividad asistencial, a la derivación de pacientes, a los tiempos de respuesta quirúrgica o al cumplimiento de los compromisos contractuales con el Sermas. "La salud de la ciudadanía madrileña, y la confianza en su sistema sanitario, no pueden quedar al albur de prácticas que anteponen la rentabilidad a la atención digna y en igualdad de condiciones", zanja.

Los consejos sociales nacieron en España en 1983 con la voluntad de reforzar la conexión entre la universidad pública y su entorno social, económico y productivo. Su creación, impulsada por la Ley de Reforma Universitaria, respondió a la necesidad de democratizar las universidades y abrirlas a la participación ciudadana tras décadas de centralismo durante el régimen franquista. Se concibieron como órganos de supervisión que participan en decisiones esenciales como la aprobación de presupuestos, cuentas anuales y planes estratégicos. Sin embargo, el modelo se ha ido erosionando con los años, especialmente, por el avance de la lógica privatizadora en la educación.

El crecimiento del sector privado en dicho ámbito, que en comunidades como Andalucía y la Comunidad de Madrid ha contado con un fuerte impulso institucional, ha generado nuevos espacios de influencia donde los intereses públicos y privados tienden a entrelazarse. En este contexto, la ausencia de una regulación clara ha abierto la puerta a situaciones en las que los consejos sociales dejan de ser una correa de transmisión entre la sociedad y la universidad pública para convertirse en espacios de influencia de intereses privados.

El caso más llamativo es el de la Comunidad de Madrid, donde dos presidentes de consejos sociales de universidades públicas ocupan simultáneamente cargos o tienen vínculos con universidades privadas. Francisco Marhuenda, que preside el consejo social de la Universidad Carlos III, figura como actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Institucionales de la universidad privada UNIE, del Grupo Planeta. También ocurre con el presidente del consejo social de la Universidad de Alcalá, Carlos Mayor Oreja, expresidente del Consejo de Administración de la privada UNIR y actual director de la Fundación San Pablo-CEU, propietaria de cuatro centros privados en España.

Estas situaciones, legales bajo la normativa madrileña, también podrían producirse en la mayoría de comunidades autónomas debido a la falta de regulación específica sobre esta incompatibilidad. Las leyes autonómicas del sistema universitario evidencian una carencia de cortafuegos normativos que impidan la participación de cargos vinculados a universidades privadas en los consejos sociales de las públicas.

Solo cuatro comunidades autónomas en España han considerado necesario regular expresamente, en sus leyes autonómicas, la incompatibilidad de los miembros de los consejos sociales por vínculos con universidades privadas. Se trata de Castilla y León, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana, las únicas que han establecido esta limitación de forma directa, con distintos grados de exigencia.

Castilla y León adopta la fórmula más estricta. Su ley universitaria prohíbe a los miembros del consejo social tener cualquier tipo de vinculación —ya sea directa o a través de terceros— con cualquier otra universidad, sin distinguir entre pública o privada ni especificar el tipo de relación. Con esta redacción, la incompatibilidad es tota, ya que abarca desde relaciones contractuales y laborales hasta colaboraciones académicas puntuales.

Con un enfoque similar, aunque más concreto, la Comunitat Valenciana prohíbe que los miembros de sus consejos sociales formen parte de órganos rectores o ejerzan cualquier tipo de función en universidades privadas. Su ley lo formula como una incompatibilidad con "cargos o funciones de todo orden" en universidades privadas, lo que permite una interpretación amplia, pero centrada en el ámbito privado.

Por su parte, Aragón y Murcia optan por definiciones más precisas. La ley aragonesa impide que los miembros de este organismo tengan responsabilidades de dirección o participen en la gestión o administración de universidades privadas o de las entidades que las promueven. Es decir, la incompatibilidad recae sobre quienes ejercen funciones estratégicas o de gobierno en el sistema universitario privado. En cambio, Murcia aplica una restricción exclusivamente contractual. Basta con tener una relación contractual vigente con una universidad privada para quedar inhabilitado como miembro del consejo social de una universidad pública en esa región.

Estas cuatro comunidades son las únicas que han incluido este tipo de incompatibilidades en sus leyes autonómicas. En el resto de territorios, aunque existen limitaciones comunes —como la prohibición de que los vocales trabajen para la misma universidad pública que supervisan o que tengan intereses en empresas contratistas— no se recoge ninguna referencia a conflictos de interés con universidades privadas, lo que deja ese espacio sin regulación clara.

A diferencia del ámbito universitario, donde solo cuatro comunidades han legislado para evitar que miembros de los consejos sociales tengan vínculos con universidades privadas, otros ámbitos del sector público español cuentan con normas mucho más estrictas sobre conflictos de interés. Por ejemplo, la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece que ningún funcionario puede desempeñar actividades privadas que se relacionen directamente con las funciones del puesto que ocupa. De esta forma en el ámbito sanitario, judicial o regulador, se impide que responsables públicos participen en decisiones que puedan beneficiar a empresas privadas con las que mantengan relación personal, contractual o accionarial.

No obstante, un antiguo catedrático de la Universidad Carlos III, que prefiere mantenerse en el anonimato, advierte a infoLibre que esa vinculación con la sociedad y el mundo empresarial que se presupone a los consejos sociales "les deja en un limbo que es complicado de controlar si no está regulado de forma clara". "Es difícil pensar que alguien con un cargo e intereses en una universidad privada esté rigiendo una pública, ya que va contra la independencia y la neutralidad que se presupone a las públicas. Es necesario imponer una norma que lo impida", añade

Montse Rius, portavoz de UCM por la Pública, denuncia que esta laguna legal permite "una injerencia constante en la toma de decisiones estratégicas en favor de intereses políticos y económicos ajenos a la universidad pública". "Nadie espera que en un colegio público intervengan miembros de una fundación que financia un colegio privado y, sin embargo, lo admitimos en la universidad pública", subraya.

Los recientes proyectos legislativos en materia universitaria en Andalucía y la Comunidad de Madrid revelan una tendencia clara hacia el fortalecimiento de la colaboración público-privada, en algunos casos permitiendo el uso de recursos públicos en beneficio de universidades privadas. Estas propuestas no solo suponen un cambio de paradigma en el modelo universitario, sino que amplifican los riesgos de conflicto de interés cuando los consejos sociales —órganos encargados precisamente de regular la relación con el entorno económico y empresarial— no están blindados frente a interferencias del sector privado. "Quieren utilizar los consejos sociales como si fueran un caballo de Troya e intervenir directamente en la economía y la organización docente de la universidad pública", advierte el excatedrático.

En el caso andaluz, el Anteproyecto de Ley de Universidades de Andalucía abre la puerta a que las universidades privadas puedan beneficiarse de infraestructuras públicas, proyectos estratégicos compartidos y fondos autonómicos, bajo el argumento de favorecer el ecosistema de educación superior. José Luis Martos, responsable de Universidad en CCOO Andalucía, añade que la ley autonómica también busca que "los rectores de las privadas decidan sobre el presupuesto de las públicas, incluyéndolos en el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria".

El borrador de la Ley del Sistema Universitario de Madrid también promueve explícitamente la colaboración entre universidades públicas y privadas y contempla el acceso de estas últimas a convocatorias de financiación autonómica para investigación e innovación, rompiendo así con el principio de separación de la financiación pública.

En este contexto, los consejos sociales —cuya función incluye autorizar convenios con empresas, fundaciones y entidades externas— adquieren un papel aún más delicado. Si quienes los presiden o integran mantienen vínculos directos con universidades privadas, no solo se compromete su neutralidad, sino que se debilita el control sobre decisiones clave como la cesión de recursos, la financiación o la firma de alianzas.

“El Partido Popular tiene muy claro que para que el Estado esté en una empresa tiene que haber una muy buena causa”. La frase la pronunciaba la pasada semana Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular. De hecho, en la estrategia económica que ha ido apuntando la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, decisiones como la entrada del Gobierno en Telefónica a través de la SEPI (para evitar que el grupo saudí STC controlase la entidad) o la posición del Ejecutivo en la fallida opa del BBVA sobre el Sabadell, más cercana a las resistencias de la entidad catalana, suscitaron críticas desde la bancada popular.

Estos son, en el fondo, ejemplos concretos que se enmarcan en un debate mucho más amplio acerca de hasta dónde debe entrar el Estado en las grandes compañías y de la relación del poder público con estas. En España, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está representada en un total de 26 empresas y en 15 es accionista mayoritaria, según detalla la entidad. Entre estas últimas se encuentran, por ejemplo, Navantia, Tragsa o Hunosa. Pero no es la SEPI el único vehículo. Por ejemplo, el Estado también posee acciones de Caixa Bank a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y otro gran conglomerado público es Enaire-Aena, que gestiona la navegación aérea en España. Además, existen otras muchas empresas con participación pública dependientes de diferentes ministerios, como Renfe, Loterías, Paradores, Ineco, etc.

La dinámica de privatizaciones comenzó en España a partir de 1985 bajo el Gobierno de Felipe González (PSOE) y se intensificó durante el mandato de José María Aznar (PP), a partir de 1996, según detalla un estudio publicado por el catedrático de la Universidad de Barcelona Joaquim Vergés, y titulado Balance de las políticas de privatización de empresas públicas en España. En ese momento salieron del ámbito público compañías como Repsol, Argentaria, Endesa o Telefónica. Estas privatizaciones, apuntan fuentes de Sumar —muy críticos con los procesos de privatización— “han hecho nuestra economía más dependiente, le han restado competitividad y capacidad de crecer”. Como ejemplo citan el caso de Argentaria, una entidad bancaria pública que terminó fusionándose para formar el BBVA. “Nuestra banca está cada vez más concentrada, destruye empleo y ofrece peor servicio, aumentando la exclusión financiera” y critican que “PP y PSOE hayan promovido estas privatizaciones de empresas estratégicas”.

Pero casi tres décadas más tarde, en un contexto donde ganan peso conceptos como autonomía estratégica, reindustrialización o soberanía energética, las posiciones liberales más clásicas, que apelan a un Estado mínimo, parecen complicadas de encajar. En España la privatización ha sido uno de los caballos de batalla a la derecha del arco político y la no intervención una premisa fundamental. Cuando en 2023 el Gobierno entraba en Telefónica, las acusaciones cruzadas acaparaban el debate político. Juan Bravo, coordinador del área económica por aquel entonces, tildaba el movimiento de “populista” y hablaba de “ocupación” y de “intervención en el mercado”. La réplica se la daba María Jesús Montero, que acusaba al PP de “malvender” Telefónica en tiempos de Rodrigo Rato. Y la polémica aún sigue, porque Nadal lanzaba una pulla al Gobierno en una entrevista concedida al periódico El Economista: “Lo que no se puede, bajo ninguna circunstancia, es entrar en empresas para controlar consejos de administración o cambiar a su presidente en La Moncloa”, concluía.

“Si nos situamos en los años 90, España y otros países de Europa abrazaron estos procesos de liberalización y privatización. Por un lado, habíamos entrado en la Unión Europea y había que cumplir con los criterios de Maastricht —que exigían unos niveles de déficit público y llevaron a muchos países a vender empresas estatales para obtener ingresos—; y por otro, había una cierta fe, un tanto ideológica quizá, en el mercado como mecanismo de reparto”, explica la economista y socia de KSNET, Elena Costas Pérez. 

Pero las sucesivas crisis hicieron girar esta percepción. “Han pasado 30 años y la situación es muy distinta. Al final, las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales propiciadas por Donald Trump, las crisis de suministros o la autonomía energética, evidencian que una competencia internacional absoluta puede provocar cierta inestabilidad, y esto hace que los países estén más dispuestos a usar herramientas que antes no usaban tanto”, apunta la economista. “Todo esto vuelve a poner a los Estados en el centro como garantes de una cierta estabilidad o de unos mínimos. Por eso estamos viendo inversiones públicas en sectores estratégicos o incentivos a la producción local o endurecimiento de la política comercial. Son conceptos que en su momento se hubiesen tildado de intervencionistas y que ahora apuntan más a un comportamiento estratégico”, concluye. 

“La Constitución reconoce al Estado como sujeto económico y, pese a lo que se suele argumentar, estas empresas prestan servicios esenciales a la ciudadanía”, explica Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis y expresidente de Red Eléctrica de España. En servicios esenciales como la electricidad, la vivienda o la telefonía, donde muchas veces el valor de uso está muy por encima del precio, el economista señala que sin una cierta presencia pública se corre el riesgo de que las compañías se conviertan en “empresas extractivas”, ya que prestan servicios fundamentales a los que los ciudadanos no podrían renunciar.

“No hace falta que el Estado tenga en 100% de una empresa para que esta se considere pública y para que ese ámbito pueda estar altamente regulado. Por ejemplo, en los 90 se privatizó una parte del capital de Endesa y eso no hizo que el Estado perdiese todo el control”, concluye.

Una apreciación de la Fiscalía fue la que activó todas las alertas en torno a una herramienta clave en la lucha contra la violencia machista: las pulseras de control telemático a maltratadores. El Ministerio Público advertía, en su memoria anual, de una serie de errores asociados a los dispositivos, responsables de "una gran cantidad" de sobreseimientos y absoluciones en causas relacionadas con quebrantamiento de medidas. En el punto de mira, no sólo está el Ministerio de Igualdad, sino las empresas que gestionan el servicio.

El problema alrededor del que orbita la polémica tiene que ver con la migración de datos después de que la gestión del servicio fuera asumida, en febrero del año pasado, por Vodafone y Securitas –a través de una unión temporal de empresas, UTE–. Telefónica, a cargo de la herramienta desde su creación en el año 2009, se había responsabilizado de trasladar los datos a las nuevas empresas durante un periodo de transición de tres meses. Pero algo falló en ese proceso y se generaron una serie de errores en el acceso a los datos almacenados por el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa).

El Ministerio de Igualdad anunció este lunes que licitará "en unos meses" un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos y que se está trabajando sobre "mejoras técnicas" como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos. "Las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente, salva vidas a diario", ha dicho la ministra.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha difundido una nota en la que dice haber advertido al propio ministerio de la existencia de problemas puntuales con las pulseras. Concretamente, señala haber remitido al departamento de Ana Redondo sendos oficios en enero y en febrero. Lo hizo a partir de informes remitidos por la Audiencia Provincial de Granada y por un órgano judicial de Galicia. Se trataba de incidencias y fallos en los dispositivos, como la manipulación de las pulseras sin que se detectase, fallos en la geolocalización de las mujeres y de sus agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería.

La magistrada Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, subraya en conversación con infoLibre que "el sistema funciona razonablemente", al margen de las dos comunicaciones reseñadas. Así lo afirma "sin minimizar los fallos puntuales: con que nos comuniquen una sola disfunción, damos traslado inmediatamente y hacemos un seguimiento desde el Observatorio", puntualiza. Pero eso, añade, no significa que "haya una crisis" o que las mujeres no estén protegidas. "Para nosotros hay una cierta desproporción en el tratamiento de este tema", asiente.

Pero la polémica que ha brotado en los últimos días está íntimamente relacionada con la advertencia continua que han venido realizando quienes más conocen el servicio: las técnicas, las trabajadoras y las expertas. Todas ellas ponen el foco en un elemento clave: lo problemático de dejar la gestión de un servicio tan esencial en manos de empresas privadas. 

"Los dispositivos llevan privatizados desde el origen. El servicio no tendría que estar privatizado, ni un solo servicio que garantice derechos para las mujeres y cuyo objetivo sea protegerlas debería estarlo", sostiene una fuente experta, próxima a la gestión pública de este tipo de servicios. "Es una dinámica en la que se lleva desde hace muchas décadas, que trasciende los dispositivos y que tiene que ver con decisiones políticas en relación a servicios esenciales para las víctimas", abunda.

El problema no es exclusivo de las pulseras, sino que se extiende a servicios básicos como el 016, Atempro o los centros de atención a víctimas. "Para que exista un servicio o un centro de tecnología a la altura de lo que es Cometa y toda su red, el Estado tiene que invertir para llevar a cabo una gestión directa de los servicios", sostiene la experta, quien añade un matiz: "No tengo claro si una gestión directa con una tecnología como la que se requiere conseguiría evitar por completo los fallos, lo que está clarísimo es que habría que hacer una evaluación del servicio".

A la misma conclusión llega Nuria Varela, experta en políticas públicas contra la violencia machista. "Este caso demuestra la debilidad estructural de un sistema diseñado hace 20 años frente a la violencia de género", sostiene al otro lado del teléfono. Desde entonces, lamenta, "no ha habido una redimensión" de los recursos necesarios para abordar las políticas de atención a las víctimas. "Tiene que redimensionarse, hay que repensar el sistema", fundamentalmente en lo que respecta a la subcontratación, la externalización o la privatización de los servicios. "Hay una falta de responsabilidad pública seria", algo que sería "impensable con el sistema sanitario", desliza.

Es algo que, de hecho, se viene advirtiendo desde Europa. En el año 2020, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Grevio) señalaba en su informe de evaluación su inquietud por "la financiación de servicios de apoyo especializados mediante licitaciones públicas". Estos procedimientos, señalaba el grupo entonces, "tienden a favorecer al licitador más bajo, lo que a veces da como resultado que los contratos públicos se asignan a empresas privadas no especializadas en servicios de apoyo a las víctimas de la violencia". "Se ha trasladado a Grevio la preocupación existente en relación con el deterioro de las condiciones laborales en los servicios de apoyo a cargo de empresas privadas", poniendo el acento en "lo precario de sus condiciones laborales y de financiación".

En la misma línea se expresa Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género: "Las empresas privadas tienden al beneficio económico y, a la hora de abordar cuestiones que generen conflicto, la dedicación puede ser menor porque no lo ven como prioritario", introduce en conversación con este diario. La gestión y coordinación del servicio "tendría que venir de las instituciones", de manera que se priorice no sólo la especialización y el buen funcionamiento del servicio, sino también algo que va inevitablemente ligado: las condiciones laborales. "Cualquier trabajo precarizado se va a traducir en falta de estímulo" y eso, en lo que respecta a la atención de las víctimas, "puede conllevar situaciones de riesgo".

"La desatención institucional y la privatización de los servicios que protegen a las víctimas es escandalosa, por eso las trabajadoras de Madrid se ponen en lucha", pone como ejemplo la fuente anteriormente citada. 

Lo llevan diciendo años: las malas condiciones laborales de quienes tienen que tender la mano a las víctimas impacta decisivamente en la atención que son capaces de brindar. Y, en parte, denuncian los sindicatos, esto tiene que ver con la prestación de este tipo de servicios por empresas privadas. Eso sí, allá donde los servicios de atención a víctimas son completamente públicos, también es necesario estar vigilantes.

Bien lo saben en Barcelona. En el año 2016, bajo el mandato de Ada Colau, el Ayuntamiento de Barcelona asumió la gestión de los Puntos de Información de Atención a las Mujeres (PIAD) y del Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA), externalizados desde su creación. Pero la municipalización no resolvió todos los problemas existentes. Siete años después, las trabajadoras que integran la segunda red llamaron a la huelga para reclamar un aumento de los recursos y una ampliación de la plantilla. Las propias empleadas reconocían hablar desde el "privilegio" de lo público, pero insistían en la necesidad de invertir recursos como condición necesaria para prestar un servicio con todas las garantías.

Nuria Varela lo explica de la siguiente manera: "Tenemos una pobreza administrativa estructural. Es tan grande que, aunque se revierta a lo público, muchas veces no se puede hacer cargo porque no hay una estructura lo suficientemente sólida. Y por eso hay que empezar por redimensionar lo público para que la Administración sea capaz de atender a las víctimas".

En los terrenos industriales privados la distribución homogénea y concentrada de los árboles aumenta el riesgo de megaincendio debido a que este tipo de disposición favorece la velocidad de propagación de las llamas. Una continuidad vertical conocida como ‘combustibles de escalera’.

Comparado con los bosques públicos, este tipo de plantaciones tienen un 1,5 más probabilidades de sufrir un incendio de alta gravedad según un nuevo estudio liderado por Universidad de Utah (EE UU) junto a la Universidad de California (EE UU), Berkeley (EE UU), y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.

Esta investigación, pionera en el análisis conjunto de las condiciones climáticas extremas y las prácticas de gestión forestal, ha logrado elaborar mapas tridimensionales previos a cinco incendios ocurridos entre 2019 y 2021 en el norte de Sierra Nevada, California, responsables de arrasar más de 445 mil hectáreas, equivalentes al 70 % del parque.

El estudio, publicado en Global Change Biology, concluye que, durante periodos de clima extremo, la densidad de árboles es el factor más determinante en incendios de alta gravedad. Por encima incluso del efecto de las altas temperaturas asociadas al cambio climático. Por ese motivo, los autores señalan que la gestión del suelo es clave en la prevención de incendios.

Anteriormente se había observado una mayor incidencia de incendios de alta gravedad en torno a bosques gestionados industrialmente y ahora, este estudio es el primero en identificar las estructuras forestales que los favorecen.

La madera es un recurso muy valorado en la sociedad y constituye un motor económico para numerosas comunidades. En la silvicultura de plantación, el espacio se gestiona mediante la tala rasa de un área, seguida de la reforestación con árboles dispuestos en una cuadrícula compacta. El resultado es un paisaje homogéneo, formado por masas densas de árboles de edad y tamaño similares.

Esta gestión se puede pensar como apilar un montón de cerillas en una cuadrícula, que arderán con mucha más facilidad que si estuvieran dispersas en grupos pequeños, ya que el fuego puede alcanzar rápidamente el dosel en los bosques densos, arrasando un árbol tras otro y lanzando fragmentos de material ardiendo.

Los bosques públicos tienen finalidades más variadas —como el pastoreo o el uso recreativo— y suelen presentar densidades de árboles más bajas, mayor heterogeneidad espacial y menos combustibles de escalera.

No obstante, “también han experimentado aumentos masivos en la gravedad de los incendios en las últimas décadas, lo que demuestra que se necesitan grandes cambios en el manejo forestal, incluida la reducción de la densidad de árboles, tanto en tierras industriales privadas como públicas en California”, señala a SINC Jacob Levine, investigador postdoctoral en el Centro Wilkes de Ciencias y Políticas del Clima de la Universidad de Utah y autor principal del artículo.

Los bosques mixtos de coníferas están adaptados a los incendios periódicos de baja a media gravedad que arrasan parte de la vegetación, pero a su vez generan un espaciado entre los grupos de árboles que dificulta la propagación de futuras llamas.

No obstante, en el siglo XIX el gobierno estadounidense buscó aumentar los recursos maderos y frenó los ciclos naturales de los incendios al implementar políticas de extinción de incendios además de prohibir las quemas controladas indígenas practicadas durante milenios. Con el paso de los años, la biomasa acumulada puede alimentar incendios de alta gravedad, definidos como aquellos que destruyen más del 95 % del dosel de los árboles.

Sumado a esto, las organizaciones ambientalistas suelen detener o retrasar los proyectos propuestos para reducir la densidad en los bosques públicos. Para Levine, “las afirmaciones de estos grupos  de que la tala de árboles constituye un mal manejo del fuego carecen de fundamento científico”.

El Bosque Nacional Plumas, área de estudio en la Sierra Nevada del norte de California, es un mosaico de propiedad privada, industrial y pública. En 2018, el Servicio Forestal de Estados Unidos, el Servicio Geológico y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio escanearon este paisaje con sensores LiDAR, vuelos de detección y alcance de luz aerotransportada.

Los sensores dispararon miles de láseres sobre el terreno antes de que ardiera y lograron obtener una imagen de gran precisión de la vegetación como hierbas, arbustos, árboles y sus copas.

De este modo partieron de una cartografía muy detallada del paisaje inmediatamente anterior a los incendios masivos que refleja la tendencia general de la frecuencia y gravedad de los fuegos forestales, incluido el Dixie, el mayor registrado en la historia de California.

Aunque el estudio demuestra que los terrenos industriales privados sufren peores consecuencias, tanto las agencias privadas como las públicas tienen mucho margen de mejora para proteger los bosques de Estados Unidos.

La mayoría de los árboles de la Sierra Nevada (California) carecen de adaptaciones para recuperarse de incendios de alta intensidad, lo que provoca que cada vez más bosques se conviertan en matorrales y pastizales.

Las empresas madereras brindan oportunidades económicas críticas a muchas regiones de California, así como una fuente sostenible de productos de madera que la mayoría de nosotros usamos todos los días. Al mismo tiempo que las prácticas de estas empresas se asocian con peores resultados de incendios.

“Claramente, necesitamos lograr un equilibrio entre los beneficios económicos de la madera y los riesgos de incendio de las plantaciones forestales. Por eso, comprender las estructuras forestales que provocan incendios de alta gravedad nos permite definir estrategias de mitigación para anticiparnos a este problema de incendios masivos y, al mismo tiempo, producir suficiente madera para satisfacer la demanda del mercado”, concluye Levine.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

El Gobierno argentino autorizó este viernes la venta de las acciones de las empresas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, como parte del proceso de privatización de compañías estatales impulsado por Javier Milei. Según informa EFE.

La medida fue oficializada a través de un decreto, que lleva la firma del presidente y fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, el cual habilita la venta de las participaciones accionarias actualmente en manos de Energía Argentina S.A. (ENARSA).

Según el texto, la operación se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional “sin base, competitivo y expeditivo”, que deberá convocarse en los próximos 60 días.

El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del proceso y tendrá la facultad de dictar las pautas del concurso, incluyendo el esquema de remuneración y los anexos correspondientes.

Las actuales concesionarias -Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Enel Generación El Chocón, AES Argentina Generación y Central Puerto- podrán continuar operando los complejos si remiten una carta de adhesión dentro de los próximos cinco días.

“En caso de adhesión, continuarán operando hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta el concurso”, señala el decreto. De lo contrario, las concesionarias deberán seguir generando energía “por un plazo no inferior a 90 días hábiles”.

A quienes opten por adherirse, el Gobierno argentino les exigirá el cumplimiento de diversas condiciones, como respetar los contratos de concesión vigentes, mantener una garantía de cumplimiento no inferior a 4,5 millones de dólares y aceptar eventuales modificaciones en el esquema remuneratorio.

Además, deberán abonar regalías a las provincias del sur del país -Río Negro y Neuquén-, presentar inventarios detallados, postergar la transferencia de ciertos bienes y facilitar el acceso a los interesados en el concurso para realizar visitas a los perímetros de las concesiones.

Esta decisión se enmarca en el programa de desestatización impulsado por el Ejecutivo desde el inicio de la gestión de Milei, en diciembre de 2023, que incluye la venta de diversas empresas públicas como parte de su política de reforma del Estado y reducción del gasto público.

Les ha llevado treinta años, pero lo están consiguiendo: están poniendo el último clavo en el ataúd de la SNCF (Société National des Chemins de Fer, la RENFE francesa, ndt) y del sistema ferroviario francés. Según la información publicada el 4 de julio por la web l’Informé, los competidores de la empresa ferroviaria pública que se preparan para explotar líneas de tren de alta velocidad en Francia estarán exentos de cualquier obligación de servicio público en Francia. Al ser preguntado por Mediapart –socio editorial de infoLibre– al respecto, el ministerio de Transportes no ha dado ninguna respuesta.

Pero la conferencia sobre transporte, cuyas conclusiones presentó el miércoles 9 de julio el ministro de Transporte, Philippe Tabarot, confirmó lo que muchos temían: no se exigirá nada al sector privado, ni a los concesionarios de autopistas (ver último apartado), ni a los competidores de la SNCF. No se ha aceptado la idea propuesta por los expertos de que todos los operadores de la red ferroviaria francesa participen en la ordenación del territorio.

“No veo por qué [los competidores de la SNCF] se quedarían solo con los servicios más rentables y no contribuirían a la lógica de ordenación del territorio que todos compartimos”, aseguró el anterior ministro de Transportes François Durovray ante los diputados en octubre. Para su sucesor, esas reflexiones ya no tienen cabida. La simple amenaza de los competidores de la SNCF (Trenitalia, Renfe) de retirarse del mercado francés, donde han comenzado a explotar algunas líneas (París-Lyon, París-Marsella, Madrid-Marsella o Barcelona-Lyon), ha bastado para doblegar al Gobierno.

A diferencia de la SNCF, que tiene la obligación de garantizar el servicio en todo el territorio, sus competidores no tendrán ninguna obligación de garantizar las líneas que consideren no rentables. Y su definición es muy amplia. Porque no se les pidió que garantizaran el servicio Briançon-Sisteron o Cahors-Brive-la-Gaillarde. No, el simple hecho de que estos operadores ferroviarios se detengan en Le Creusot o Mâcon, en la línea París-Lyon, o en Poitiers o Angulema, en la línea París-Burdeos, ya se considera una sobrecarga insoportable, que no forma parte de su “plan de negocio” y arruinaría su rentabilidad.

“No es de extrañar. Es la lógica misma de la apertura a la competencia. Lo llevamos anunciando desde hace años: el sector privado explotará todo lo que sea rentable y dejará todo lo demás. La SNCF es la vaca lechera del sector privado”, afirma Julien Troccaz, responsable del sindicato Sud-Rail.

El Gobierno, y todos los que le han precedido, ha decidido aplicar a la SNCF la misma lógica que se impuso a EDF (Électricité de France) cuando se liberalizaron los mercados de la energía: que el público subvencione los beneficios futuros del sector privado. En nombre de la libre competencia sin distorsiones, se pide a las empresas públicas que cedan a sus competidores parte de los beneficios y ventajas de los que disfrutan históricamente para permitir la existencia del sector privado.

En el caso de EDF, esto se tradujo en un acceso regulado a la electricidad nuclear histórica (ARENH), con el resultado que todos conocemos: una explosión de los precios, miles de millones de beneficios para los intermediarios privados sin ningún beneficio para los usuarios, la seguridad del sistema y el interés general. Todo está listo para que se produzcan los mismos efectos en la SNCF, pero peor aún.

Los competidores de la SNCF en las líneas de alta velocidad —empresas públicas en sus países, por cierto— ya han obtenido múltiples ventajas. No solo quedarán exentos de cualquier obligación de ordenación del territorio, sino que, para permitir su entrada en el mercado francés, se les han concedido importantes descuentos en sus gastos de explotación: no tendrán que pagar los peajes previstos por el uso de la red.

“Pensábamos que este descuento solo se aplicaría a su primera explotación de una línea en Francia. Pero resulta que es para todas las líneas explotadas”, señala Bérenger Cernon, diputado de LFI que fue responsable de ferroviarios del sindicato CGT. Esos nuevos operadores se beneficiarán de un descuento del 36 % en los peajes de las líneas de tren de alta velocidad durante el primer año, del 16 % durante el segundo año y del 9,5 % durante el tercero.

Lo que podría parecer solo poner los cuernos a la organización ferroviaria francesa corre el riesgo, en opinión de muchos expertos, de echarlo todo por tierra. Y es que la SNCF está obligada a respetar la regla de oro, es decir, garantizar en todo momento su equilibrio financiero. Una cláusula impuesta por la Comisión Europea y que nunca ha sido cuestionada por la presidencia francesa —a diferencia de otros Estados miembros— a cambio de una recapitalización parcial de la deuda de la compañía ferroviaria.

 La SNCF, privada de parte de los ingresos de las líneas de alta velocidad, que constituyen la mayor parte de su volumen de negocios, puede que no llegue a hacer frente a todos sus gastos. Se tambalean todos los principios de igualdad territorial, que permitían garantizar la financiación de las líneas deficitarias gracias a las líneas rentables.

A partir de ahora, cada línea deberá ser rentable por sí misma. Ya se ven amenazados algunos servicios considerados vitales en toda Francia, en particular en el Centro-Valle del Loira, Saboya o parte de Bretaña. “Una línea que se cierra nunca vuelve a abrirse”, advierte Bérenger Cernon, pensando en los cientos de ejemplos de vías férreas desmanteladas y convertidas en carriles bici, cuando antes garantizaban una densa red de comunicaciones en el territorio.

Pero mañana, ¿por qué debería la SNCF detenerse en Le Creusot, Valence, Vendôme, Poitiers, Le Mans o incluso Saint-Étienne, si sus competidores no están obligados a hacerlo? La SNCF ya está suprimiendo algunas paradas en estas estaciones en nombre de la rentabilidad. “Los mismos políticos que hoy defienden la competencia y la privatización serán los primeros en pedir a gritos que la SNCF garantice el servicio en su ciudad, cuando han hecho todo lo posible por arruinarlo”, pronostica con amargura el sindicalista Julien Troccaz.

Pero los daños a largo plazo pueden ser aún más irreversibles. La SNCF también se verá privada de recursos para financiar su red, una carga que debe asumir sola, ya que sus competidores están parcialmente exentos y, a diferencia de las carreteras, totalmente subvencionadas por los impuestos, el Estado no le concede ninguna ayuda.

En los últimos quince años ya se han suprimido 15.000 kilómetros de vías férreas porque la empresa pública ya no podía sufragar su mantenimiento. Si no se hace nada, pueden desaparecer unos 10.000 kilómetros más en los próximos diez años, según han advertido los expertos de la comisión sobre la financiación del transporte.

El ministro de Transportes ha prometido que se destinarán fondos para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, pero no ha especificado ni los medios ni los importes. Esta incongruencia y esta desfachatez política son insoportables. En un momento en que las necesidades de transporte público libre de emisiones nunca han sido tan importantes y la demanda de tren es diez veces superior a la del coche, el Gobierno está acabando de destruir la red ferroviaria que ha sido la más densa y eficiente de Europa.

Han fracasado todas las privatizaciones de las redes ferroviarias, inspiradas en la revolución thatcheriana y adoptadas sin reservas por la Comisión Europea. El Gobierno británico, tras el colapso de su red ferroviaria, se vio obligado a renacionalizar no solo su red, sino también sus compañías ferroviarias. Suecia está siguiendo el mismo camino, ya que su red ferroviaria también se está desmoronando por falta de mantenimiento y financiación suficiente. Lo que no impide que Thierry Guimbaud, presidente de la Autoridad Reguladora del Transporte (ART), sostenga que la competencia es beneficiosa y hace bajar los precios.

Desde hace treinta años, por ideología, los responsables mantienen el mismo discurso, lo que ha llevado a la destrucción de todos los servicios públicos franceses, que sin embargo contribuían al atractivo de Francia. Todo comenzó en 1994 con el abandono de la tarifa por kilómetro, que garantizaba un precio único por kilómetro para todos los viajeros, independientemente del trayecto, para pasar al sistema de yield management (variación de los precios en función de la demanda) copiado de las compañías aéreas. Treinta años después, este sistema sigue siendo rechazado masivamente por los usuarios. Pero nadie les escucha.

Esa importante transformación, que le costó el puesto al director general de entonces, daría lugar a todas las demás. Con la ayuda de banqueros, consultoras (las mismas que justifican todas las megafusiones entre grandes grupos privados en nombre de las economías de escala), responsables políticos y las sucesivas direcciones de la SNCF han destrozado toda la organización ferroviaria, han dividido en trozos el grupo y han destruido lo que existía, empezando por el transporte de mercancías, que está en vías de liquidación.

A diferencia de todas las demás compañías ferroviarias nacionales europeas, los directores de la empresa pública —empezando por Guillaume Pepy, a quien hay que agradecer toda su labor durante veinte años— se han esforzado incluso por borrar hasta el nombre de la SNCF. En su lugar, impusieron marcas debilitantes, como Ouigo o Inoui con la esperanza de que olvidemos lo que fue nuestro servicio público ferroviario.

Hasta ahora, esta práctica parecía reservada a determinadas instituciones financieras públicas. Pero se está extendiendo a otros servicios públicos. Ex altos cargos de esas empresas deciden ahora monetizar sus conocimientos y su agenda de contactos en el sector privado, sin que ello suscite la menor pregunta ni la más mínima reacción por parte de ninguna autoridad reguladora o deontológica.

Rachel Picard ha emprendido así una discutible reconversión al decidir crear un competidor directo de la SNCF. Contratada por Guillaume Pepy, fue primero directora de la división Estaciones y Conexiones y luego de SNCF Viajes —a ella se debe la inefable “estrategia Oui” (Ouigo, Inoui, etc.)— y miembro del comité ejecutivo de la empresa. Decidió abandonar la empresa en 2002 tras no ser elegida sucesora de Guillaume Pepy en la presidencia del grupo ferroviario.

En 2024, creó junto con Timothy Jackson la empresa Proxima. Tras recaudar 1.000 millones de euros del fondo Ardian Infrastructures, la empresa acaba de cambiar de nombre y ahora se llama Velvet. Ha anunciado que ha encargado 12 trenes TGV Avelia Horizons, el mismo modelo que la SNCF quiere poner en servicio en 2026. ¿Su proyecto? Quedarse con las conexiones rentables de la red atlántica (París-Burdeos, París-Rennes y París-Nantes) a partir de 2028. Porque, aparte de esas tres líneas, solo hay desierto al oeste de Francia.

¿Qué hemos ganado a cambio? Servicios cada vez más deteriorados e insuficientes, estaciones desiertas, conexiones que han desaparecido, enlaces imposibles para cualquier viaje fuera de las grandes ciudades o de una región a otra, trenes que ya no llegan a tiempo, precios prohibitivos, una empresa que ha perdido sus competencias y sus avances técnicos, y que ya no tiene brújula.

Pero parece que aún no hemos llegado al final del camino hacia el colapso. Para demostrar que el ferrocarril francés vive ahora en la era de la competencia, cada operador, cada región que financia su red de trenes regionales (TER) pretende desarrollar su propio sistema de tarificación ferroviaria, su propia red de venta de billetes, con el fin de “liberarse del sistema de la SNCF”.

La Federación de Asociaciones de Usuarios de Transportes denuncia un despilfarro y una complejidad sin nombre. Según sus cálculos, la fragmentación del sistema unificado de venta de billetes podría costar al menos mil millones de euros. Sin garantía de que mañana sea posible ir de Belfort a Angulema en menos de veinticuatro horas y después de haber comprado tres billetes. ¡Qué progreso!

Numerosos historiadores, empezando por Fernand Braudel, han destacado el importante papel que han desempeñado los ferrocarriles en la cohesión territorial y social de la Francia moderna. Es toda esa cohesión la que se está desmoronando. Muchas ciudades medianas, después de haber visto desaparecer su palacio de justicia, su delegación de Hacienda y su hospital, ahora es su estación la que está a punto de ser suprimida. Según la visión tecnocrática compartida por los grupos privados, Francia solo tiene nueve o diez metrópolis: París, Estrasburgo, Lille, Rennes, Nantes, Burdeos, Toulouse, Marsella, Lyon y Grenoble. Fuera de esas grandes ciudades, no hay salvación.

Todo ello no puede sino contribuir al sentimiento de desvalorización y de injusticia social que anima a la mayoría de los franceses y que alimenta el populismo de extrema derecha. Pero al ejecutivo, al igual que a muchos políticos, le da igual. Al fin y al cabo, en las estaciones solo hay “gente que no es nadie”.

Las presiones de Vinci, Eiffage, Sanef y otros han funcionado a la perfección: seguirán explotando a perpetuidad las concesiones de las autopistas, que obtuvieron a precio de saldo a partir de 2005. Durante la presentación de los trabajos de la comisión sobre el futuro de las infraestructuras de transporte en Francia, el 9 de julio, el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, con el apoyo de Matignon (sede del primer ministro, ndt), anunció que favorecería la continuación de las concesiones de autopistas al sector privado.

Sin embargo, existía consenso entre los expertos de la comisión de la conferencia nacional de transportes creada por Matignon el 5 de mayo. Todos recomendaban la recuperación por parte del sector público, solicitada desde hace años por numerosos responsables políticos, con el fin de financiar el mantenimiento y la modernización de las redes ferroviarias y viarias. Las concesiones reportan en su conjunto más de 6.000 millones de euros a los accionistas privados cada año. Y el Estado podía esperar recuperar entre 3.500 y 4.000 millones al recuperar las que expiran entre 2031 y 2036.

Matignon descartó de plano esa idea. Al igual que descartó la idea de una ley de programación para asignar los recursos presupuestarios necesarios a las inversiones en transporte. Según Les Échos, en el gabinete del primer ministro prefieren una ley marco “menos restrictiva”, sin fijar ni los medios ni los importes. Es decir, que la financiación de las redes ferroviarias y viarias no cuenta con ninguna garantía.

Desde la privatización de las autopistas en 2005, múltiples instancias —el Tribunal de Cuentas, la Autoridad de la Competencia, comisiones parlamentarias— han denunciado las condiciones calamitosas y opacas en las que se concedieron esas concesiones en detrimento de las finanzas públicas y del interés general. El ministro de Transportes ha prometido que la renovación de las concesiones se llevará a cabo en “un marco más exigente, mejor controlado y con una supervisión más estricta por parte del Estado”.

Teniendo en cuenta los antecedentes, en los que los servicios del Estado aceptaron condiciones leoninas, sin posibilidad de recurso y en beneficio exclusivo de intereses privados, hay motivos para dudar. Sobre todo porque el secreto comercial impedirá cualquier transparencia y publicidad.

Traducción de Miguel López

En marzo de 2023, cientos de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) organizaron una serie de protestas contra la decisión del Rectorado de trasladar varios de los grados de la Facultad de Artes y Humanidades al campus de Aranjuez. Hasta el momento, las carreras afectadas se venían impartiendo en Fuenlabrada y sus alumnos vieron en la maniobra un intento de desterrarles a un recinto más limitado y peor comunicado. Hubo manifestaciones, pancartas y hasta un encierro en instalaciones universitarias, pero la noticia, por supuesto, apenas gozó de repercusión mediática dos meses antes de unas elecciones autonómicas y municipales.

El episodio, no obstante, retornó a mi memoria al escuchar la reacción de Alberto Núñez Feijóo a la iniciativa del Gobierno de endurecer los requisitos para la creación de centros privados de educación superior. Según el líder de la oposición, el Ejecutivo adopta esta medida porque “tiene miedo a la libertad”, no a la que formuló el filósofo alemán Erich Fromm en su célebre ensayo (no se ve al líder del PP muy ducho en Filosofía, y menos en la Escuela de Frankfurt), sino a la de los ciudadanos para estudiar donde les venga en gana. ¡Barra libre! ¡Como si alguno prefiere quedarse en casa sentado frente al ordenador y que su profesor sea un youtuber sin formación o un “autodidacta” digital de esos que pululan por las redes! Solo le faltó decir eso tan argentino de ¡Viva la libertad, carajo!

Chistes aparte, lo que subyace en estas declaraciones no es más que una concepción utilitarista del conocimiento que, en última instancia, acaba por instrumentalizarnos como seres humanos. No pretendo pecar de trascendente, pero lo que une el desprecio a las humanidades en la URJC con las palabras de Feijóo dos años después responde precisamente a esta lamentable deriva que venimos padeciendo por largo tiempo. Se empieza relegando los saberes humanísticos a un estatus subalterno (recuerden la fatídica LOMCE del ministro Wert) y se termina construyendo un modelo educativo concebido exclusivamente para la satisfacción de las exigencias del mercado. En el proceso, el conocimiento se devalúa al perder su carácter reflexivo y muta en un bien de consumo destinado al incremento de la eficiencia personal (eso tan horrible que llaman “capital humano”).

Las universidades privadas desempeñan un papel clave en esta involución. No las buenas, por supuesto, pues estas tienen una reputación que mantener y un prestigio que hacer valer ante sus potenciales alumnos, pero sí todas aquellas movidas únicamente por el afán de lucro. En su oferta formativa abundan las disciplinas técnicas en perjuicio, una vez más, de las humanidades, que resultan un estorbo a ojos de quienes ven a los estudiantes como piezas de un perfecto engranaje capitalista que no debe dejar de funcionar. Surge entonces la gran pregunta: ¿qué entendemos por “universidad” en el siglo XXI? ¿Es posible defender la necesidad de tal institución en un mundo globalizado donde todo el conocimiento está disponible a golpe de click? No solo es posible, sino que es más indispensable que nunca.

La propuesta del Gobierno, que busca hacer vinculante el informe de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) para la creación de nuevas universidades privadas, además de imponer otros requisitos, es un paso en la buena dirección, pero urge la adopción de medidas más ambiciosas. En sociedades enfermizamente relativistas, donde hasta los consensos más esenciales se ven cuestionados por un individualismo atroz que glorifica el egoísmo frente a la alteridad y el compromiso social, el conocimiento reglado es un elemento de cohesión imprescindible. Nos ilustra, nos eleva y nos dignifica como ciudadanos, además de ayudarnos a poner orden en el caos informativo que nos acecha, distinguiendo la mentira de la verdad y contribuyendo al entendimiento mutuo. Una misión demasiado importante para dejarla en manos privadas sin apenas regulación. Ahí entra en juego la universidad pública que, con independencia de los estudios que se quieran cursar, desempeña una función humanística mucho más relevante: la de servir al progreso social desde el aprendizaje, el debate y la investigación. Defendámosla, porque eso es tanto como defendernos a nosotros mismos y recordar que no somos medios para un objetivo ulterior, sino fines en sí mismos.

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Marcos Caballero de Mingo es politólogo y colaborador de la Fundación Alternativas.

Primero fue la privatización de la enseñanza, luego la de la sanidad y, ahora, las de la universidad y de la ciudad, las dos como activos financieros y la última como franquicia y escaparate turístico.

La gran ofensiva de las mayorías gobernantes de derecha y ultraderecha en las comunidades autónomas contra las universidades públicas, con la ayuda de alguna izquierda liberal, se ha caracterizado por comenzar con la asfixia de su financiación para luego terminar justificando la necesidad de abrir otras universidades, privadas, naturalmente. La historia de siempre.

El relato es siempre el mismo. Primero, desde las derechas, se hace una gran campaña de desinformación, en la cual los ecosistemas universitarios y educativos públicos sometidos a recortes son tratados como antiguallas, todo para justificar el desembarco privado, para luego abrir mercado al gran auge del negocio de la privatización de la enseñanza universitaria en España. Mientras tanto, la juventud empieza a sufrir las consecuencias de tan infame política, y se ve obligada a prescindir en no pocas ocasiones de los másteres y postgrados necesarios para completar su formación, porque no se dispone de presupuesto ni de una oferta pública suficiente. Un buen ejemplo de esto son los másteres de profesorado, habilitantes para entrar en el cuerpo de profesores, pues cada curso que pasa se constata que no hay plazas necesarias en la pública y los alumnos tienen que recurrir a las universidades privadas. Pues por aquí empezó todo.

Una infección que luego se extendió, en particular, por todo el sistema universitario español: la de la privatización de las aulas y la aparición de los campus privados, sean estos religiosos o laicos. Con todo lo que significa: una peor formación, sin prácticas acreditadas, escasez de profesores doctores, y por supuesto sin investigación ni transferencia de conocimiento ni por supuesto responsabilidad social alguna. En esta coyuntura, se entiende que el Gobierno se proponga, ojalá no sea demasiado tarde, incrementar y garantizar el cumplimiento efectivo de los requisitos mínimos para la creación de universidades dignas de tal nombre y reducir al máximo el daño que esta situación pudiera producir en la calidad de la formación y en el papel de ascensor social, tal y como está pasando en los estudios de medicina y enfermería, en los que la entrada en la mayoría de las facultades privadas se realiza sin tener en cuenta la nota de los estudiantes, con un profesorado contratado por horas o a tiempo parcial y unas prácticas realizadas en buena parte en detrimento de los recursos de la universidad y la sanidad pública.

Naturalmente, hemos visto cómo los autodenominados aguerridos defensores de la libertad (para beber cervezas) se han lanzado en tromba a erigirse en adalides de los derechos de los empresarios de la enseñanza privada o, mejor dicho, del mercado de la compraventa de títulos universitarios, y da vergüenza ajena ver los argumentos que han utilizado. Lo han hecho en una extraña coincidencia con Donald Trump, quien también está en plena ofensiva contra las universidades, en este caso con la excusa del antisemitismo y para poner coto a uno de los principios fundamentales de la universidad, la libertad académica: es por lo que, recientemente, el Gobierno de Estados Unidos anunció una reducción de 400 millones de dólares en la financiación federal a la Universidad de Columbia, que se había convertido en un símbolo de las protestas y del pensamiento crítico frente al genocidio del gobierno de Israel en Gaza. Y sigue: 2.200 millones de recorte a Harvard, etcétera.

Pero volvamos al principio: al llamado plan Bolonia que ha debilitado a la universidad pública, con la reducción de horas lectivas y la entrega de los másteres a las universidades privadas. Luego, en apenas veinte años, el número de las universidades privadas se ha multiplicado y ha llegado a igualar sino superar el de las públicas. Podemos concluir entonces que la próxima legislación para la creación de nuevas universidades, que debería coordinar la política universitaria del gobierno central con las comunidades autónomas y velar por la calidad del sistema, cuanto menos, porque hasta ahora ha sido poco exigente y ha estado mal planteada (y lo que es peor: la mayoría de las universidades privadas de la burbuja se han creado cautelarmente, incluso con informes técnicos en contra, porque dichos informes no han sido vinculantes).

Según los más reputados académicos, las funciones fundamentales de la universidad son la docencia y la investigación (además de la transferencia de conocimiento a la sociedad). El concepto de transferencia hace referencia a las relaciones de dependencia mutua que se desarrollan entre la universidad y la sociedad como resultado de sus interacciones, principalmente de innovación y de divulgación. Es evidente que la universidad pública española tiene problemas, alguno derivado de su actual déficit de financiación (la docencia y la investigación necesitan mayores inversiones para competir con las mejores universidades, para que todos los profesores puedan desarrollar ambas funciones de una manera digna) y, también, por tanto, problemas estructurales (para empezar, el presupuesto de España en I+D+i es de los más bajos de Europa). Pero ninguno de esos problemas es comparable a los vacíos que tienen las universidades privadas: en una mayoría de las 41 actuales no se puede decir ni siquiera que haya verdadera investigación y mucho menos transferencia de conocimiento. Por lo tanto, si esas son las funciones de una universidad digna de tal nombre, y estas no se cumplen ni de lejos, tan solo estamos hablando de meras academias con capacidad para la expedición de títulos, pero no de universidades. Además, y esto es fácil de entender: hay demasiadas. Otra gran parte de estas universidades privadas, sobre todo las llamadas on line, o no tiene alumnos de grado en número suficiente y/o solo tienen alumnos de másteres carísimos, que es donde está el negocio. Las universidades privadas rompen el principio de igualdad y la mayoría se han creado para rentabilizar la mercantilización del posgrado actual. De manera que, aunque en la universidad pública hay problemas que requieren de toda la atención, no podemos ignorar que la mayoría de las ofertas privadas están hechas de sombras, y el entramado que tiene su estructura es impenetrable.

Para terminar, volvemos a nuestra observación inicial: estamos ante un contramodelo de universidad, que carece de otro filtro que no sea el privilegio de una renta para pagar una matrícula que multiplica por diez la de la pública y con una rentabilidad obscena, superior a un treinta o cuarenta por ciento, para sus inversores. Mientras, estas universidades privadas de nueva creación tienen un profesorado por horas, a tiempo parcial y mal pagado, y carecen de prácticas y de investigación. En definitiva, la paradoja del desembarco actual de la universidad privada es que retrocedemos en la calidad de la universidad. Cuanto más hablamos en vano de meritocracia, más retrocedemos hacia el privilegio: en la educación, en la sanidad, incluso en la democracia y ahora en la universidad. Sin embargo, ha sido gracias a la educación y la universidad pública que se ha avanzado a lo largo de los siglos en el paso del oscurantismo a la sociedad de la ilustración, mediante la integración social, la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento.

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Miguel Souto Bayarri, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, y Gaspar Llamazares, ex coordinador general de Izquierda Unida, ambos son médicos.

Hablamos de la realidad en singular, como si fuera una sola cosa, algo uniforme, simétrico, proporcional a todas las personas. Sin embargo, no es así y como dice una frase hecha que es el abecé de la resignación: siempre ha habido ricos y pobres. El problema añadido es que en pleno siglo XXI, la era de las redes, los drones y los viajes turísticos al espacio, las teorías neoliberales han reconstruido la pirámide de las clases sociales, y esa es una edificación que sólo puede hacerse con esclavos, un sistema cuyo fin es que unos carguen las piedras y otros acumulen tesoros en sus cámaras secretas, unos vivan con el agua al cuello y otros naden en la abundancia. En los discursos lo siguen llamando democracia, pero exageran.

Si hay un terreno en el que esa batalla de una élite contra el resto sea más obvia y más cruel, es el de la Sanidad, algo que necesitamos todos tarde o temprano y que al final marca la frontera entre una existencia digna y otra de segunda clase, una en la que se puede combatir el dolor o incluso retrasar la muerte y otra en la que quienes no tienen dinero para una clínica privada están condenados a padecer lo indecible. Lees las noticias y hablan de los negocios de la Comunidad de Madrid y los allegados de la presidenta con el grupo Quirón, ves los cientos de millones que se le han dado, y por otra parte encuentras denuncias de ambulatorios de la Seguridad Social cerrados o atendidos sólo por una enfermera o las continuas quejas de las y los pacientes que sufren intolerables listas de espera: vas a la consulta de la doctora en septiembre, te manda hacerte unas pruebas y te dan cita para mayo: ocho meses de incertidumbre, y eso es el pan nuestro de cada día.

Los defensores de la desigualdad no ven pacientes sino clientes, y a su forma de robar a la gente sus derechos y el fruto de su trabajo lo llaman “privatización.” El que quiera curarse, que pague, sostienen. Pero ¿es que no pagan o han pagado ya con sus impuestos? Lo público no es una limosna que te da el Estado, es una construcción colectiva, hecha con el esfuerzo de las y los contribuyentes. La Sanidad privada tiene todo el derecho a existir y una función médica es tan honorable como la otra, pero no debería recibir un euro público: lo que llaman conciertos ya sabemos cómo acaban.

Pero no sólo es la Comunidad de Madrid. La periodista Lara Carrasco ha explicado en infoLibre lo ocurrido con el antiguo Hospital del Generalísimo Franco, construido en 1950 y de uso militar hasta 2001, un complejo de más de veinticuatro mil metros cuadrados que el Ministerio de Defensa ha cedido a la Fundación Jiménez Díaz por ciento setenta millones para que lo gestione durante setenta y cinco años. La Jiménez Díaz es parte del entramado Quirónsalud, que en 2023 ganó cuatro mil setecientos setenta millones. Lo repito en números, que son más claros: a un lado, 170 millones; al otro, 4.770. ¿Cuántas listas de espera podrían desaparecer si ese sanatorio enorme fuera público? ¿Cuánto sufrimiento y cuánta angustia, que es lo que hay tras las enfermedades que no se tratan con prontitud?

 O, sin ir más lejos, ¿por qué seguimos con el asunto de Muface y los funcionarios? ¿No sería más justo que estos pasaran a la Sanidad pública, como todo el mundo, y el dinero que van a darle a un seguro privado lo recibiese la Seguridad Social? Se puede hacer de forma gradual, sin perjudicar a quienes estaban acostumbrados a ese régimen, pero con vocación de igualdad y eficacia de cara al futuro inmediato.

La Sanidad pública es la clave, defenderla es la primera esencia de la democracia. ¿O es que esta también la han privatizado y aún no nos hemos dado cuenta?

Es habitual escuchar, en periodos complicados, que la palabra "crisis" en China también significa "oportunidad". Sin embargo, la pregunta que puede surgir de esa afirmación es: ¿para quién? La crisis económica que golpeó allá por el año 2008, por ejemplo, sí resultó serlo, pero únicamente para los defensores de la privatización de los servicios públicos. "Crisis" se asoció rápidamente a "recortes", a "austeridad". Sobre todo de la sanidad y de la educación, que dejaron entonces un hueco para el negocio que todavía hoy se sigue aprovechando. La universidad ha sido el último ejemplo y, quizás, el más claro: más de una década después no se ha recuperado de los tijeretazos del Gobierno de Mariano Rajoy y observa, además, cómo la red privada no deja de crecer. Y ganar.

Madrid ha servido en las últimas semanas como paradigma. Los rectores de sus seis universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos) se reunieron el pasado mes de abril en un acto en el que reclamaron al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso una mejor financiación. La petición fue leve. "Una sociedad que no invierte en sus universidades es una sociedad que está renunciando a su futuro", dijo por ejemplo José Vicente Saz, de la UAH. Meses más tarde, el tono se endureció y las palabras se tornaron más bien en exigencias.

En una carta conjunta firmada el pasado 28 de noviembre, las seis instituciones alertaron de que la "grave infrafinanciación" que sufren desde hace al menos 15 años les ha dejado en una situación "crítica" que podría volverse "catastrófica". Pedían 200 millones más en los Presupuestos autonómicos de 2025 para garantizar su supervivencia, pero Ayuso no está dispuesta. En lugar de eso ofrecido 47,3 millones, un 4,2% más de lo destinado en 2024, una cifra que los rectores siguen considerando "insuficiente para garantizar la sostenibilidad" y "subsanar" los recortes. "La situación no ha cambiado en lo fundamental: tras años de infrafinanciación, la Comunidad de Madrid sigue con su política restrictiva hacia las universidades públicas y no aporta ningún elemento de mejora ante la crítica situación presupuestaria de las universidades", coincide Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.

No son meros datos. César González Gamonal pertenece a la delegación de estudiantes del Consejo de la UCM y señala, desde el otro lado del teléfono, que esta falta de recursos se ve claramente en el día a día. En las infraestructuras, en la falta de renovación del profesorado o en su precariedad, ejemplifica. Por eso para acabar con ella el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto en marcha el programa María Goyri, que prevé contratar 4.480 docentes destinando más de 900 millones de euros en todas las autonomías adheridas. Es decir, a todas menos a Madrid, que este martes se comprometió a hacerlo, aunque todavía no ha ocurrido.

Es un problema que afecta a todas. Sin distinciones. En Cataluña, indica Sheila González, investigadora en desigualdad educativa de la Universitat de Barcelona (UB), especialmente. "Aquí hubo una congelación total de las plazas. Fue un proceso más largo e intenso que en el resto de España", dice. Según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), el 41,2% de todos los profesores y profesoras universitarios están contratados a tiempo parcial, un porcentaje que en los centros públicos asciende hasta el 46,6% y en las privadas, mientras tanto, cae hasta el 17,5%. ¿Y por qué tanta diferencia? Porque las primeras no se han recuperado, todavía, de los recortes que el Gobierno puso en marcha en 2012, con la crisis económica global que llevó a la máxima expresión el "dogma neoliberal", según recuerda el profesor de Ciencias Políticas en la UCM Víctor Alonso. El pensamiento era: "no hay ingresos suficientes y por tanto hay que reducir gasto público", señala.

Fue dicho y hecho. En 2009 las comunidades invirtieron, según los datos oficiales recopilados por el desaparecido Observatorio del Sistema Universitario (OSU) y facilitados por la que era su directora, Vera Sacristán, algo más de 7.249 millones. Desde entonces el descenso fue progresivo y tocó suelo en 2014, cuando se invirtieron 5.841 millones. Hoy, en 2022, el último año recogido en la web del Ministerio, son 7.607. Dicho de otro modo: desde antes de los recortes las autonomías sólo han incrementado un 4,9% lo invertido en la universidad. En ese mismo periodo la inflación ha escalado un 26,3%. Es decir: no se ha recuperado el nivel que había hace 15 años. Y no sólo en Madrid. "Se ha estrangulado a lo público y, al mismo tiempo, se ha favorecido a lo privado", lamenta Enrique Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.

Los datos del OSU analizados por infoLibre no dejan lugar a dudas. Las comunidades que han recuperado los niveles previos a la crisis económica de 2008, teniendo en cuenta también la inflación, son apenas tres: Navarra, Castilla y León y Balears. Las tres han incrementado el presupuesto que tenían en 2009, y más de ese 26,3%. El resto se dividen en dos grupos: las que a pesar de haber recuperado los millones de entonces no han tenido en cuenta la subida de los niveles de vida y las que han ido más allá y directamente ni siquiera han alcanzado todavía la partida de 2009. Son Canarias (que ha destinado a su universidad pública un 1,9% menos), Madrid (con un 5,1% menos) y la Comunitat Valenciana (con un 10,9% menos).

"Desde 2008 y hasta ahora ha habido un recorte efectivo y real a las universidades públicas. Se vivió una crisis muy dura entre 2009 y 2017, cuando se mejoraron los ingresos. No obstante, eso sólo fue una forma de tapar un déficit y una infrafinanciación estructurales. Por eso ha sido ahora cuando los rectores han empezado a alarmarse", lamenta Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM.

El OSU analizó precisamente qué había ocurrido en esos primeros años de recortes y el resultado de su investigación no deja lugar a dudas. En concreto, entre 2009 y 2015 las autonomías recortaron su inversión en las universidades públicas un 24,2%, una cifra que fue compensada entonces con el aumento de las tasas al alumnado, que creció un 37,4%. Es lo que sigue pasando en Madrid, donde son los universitarios quienes están compensando, con las matrículas más caras de todo el país, la peor financiación de toda España.

La situación, si se compara con el resto de países de nuestro entorno, resulta todavía más negativa. Lo señala así el informe presentado por CYD, que revela que España destinó en 2021 15.654 dólares en instituciones de educación superior, un 23,6% menos que el promedio de la OCDE. Hay más. En términos de PIB per cápita, España invirtió el 35,8% por alumno, por debajo del 38% de la OCDE. "Y aun así tenemos muchas universidades entre las mejores del mundo. Si se ha conseguido eso ha sido gracias al coste personal de los docentes y los investigadores, no por los recursos de los que disponen", destaca Ruiz-Gálvez.

Ninguno de los expertos consultados cree que esto haya ocurrido por casualidad. Según explican, todo responde a ese dogma neoliberal del que habla Alonso y que se completa con el proceso privatizador que ha acelerado de forma paralela al deterioro de la universidad pública. "La crisis se aprovechó para favorecer el negocio, un esquema que ha utilizado sobre todo la derecha y que se ha puesto en marcha también con la sanidad", denuncia Díez Gutiérrez. "En León por ejemplo no tenemos oncólogos, pero se ofertan los servicios de radiología privados. Siempre se hace mediante el mismo esquema", completa.

"La tendencia es la de mercantilizar absolutamente la educación superior. Sólo en Madrid la universidad privada ha crecido un 120% desde el año 2000, el mismo periodo en el cual la pública ha perdido un 18%", coincide Ruiz-Gálvez. La región es, de largo, la que tiene más centros privados. Tanto es así que la investigadora de la UB asegura que la privatización es "un proceso madrileño". En concreto, y contando con el último que ya ha recibido la luz verde del Ejecutivo de Ayuso —y el informe negativo del Gobierno central— son 14 los campus privados, el 34% de todas las que hay en España. Ahí son ya 41, 25 de las cuales fueron abiertas en el último cuarto de siglo, a un ritmo de una al año.

Lo llamativo es que se prevé que esto continúe. Como publicó infoLibre y según las solicitudes ya aprobadas o en trámite de serlo, de aquí a 2026 habrá 54 centros en manos privadas, calcula Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en la Universidad Pontificia Comillas y consultor corporativo independiente. Será gracias, sobre todo, a los llamados fondos de capital riesgo, que son los que están inundando el mapa. En 2015 ninguna universidad privada contaba con su participación; hoy lo hacen el 10%; de aquí a 2026 lo harán el 19%.

No es casualidad. Como indica Díez Gutiérrez, el último boom de la universidad privada se ha producido postpandemia. Dicho de otro modo: después de otra crisis que, en parte, también fue económica. Según el informe de la Fundación CYD, en la última década las universidades privadas han ganado más de 100.000 alumnos, lo que ha supuesto un incremento del 73% en sus aulas. Al mismo tiempo, las públicas han perdido casi 220.000. Un 16%. En Grado, las facultades privadas ya representan el 20,8% de todos los estudiantes, un porcentaje que en máster alcanza el 49,4%. Porque es ahí donde sobre todo se ha hecho de oro el negocio de la universidad. Si comparamos de hecho el curso 2022-2023 con el 2019-2020, se observa que los créditos ofertados en la privada han aumentado un 31,6%.

Más allá de los datos, todo esto trae consecuencias. Y muy negativas, según expone Díez Gutiérrez. "Si se infrafinancia lo público se fomenta que sólo acudan a estas universidades los alumnos que no tienen más remedio. Así se genera una fuga de talento hacia una educación que, en lugar de basarse en valores fundamentales, se centra en el negocio", explica. Para muestra sirve de nuevo el informe de CYD, que expone que las universidades privadas destacan en las titualciones relacionadas con los negocios, seguidas de administración y derecho.

Estoy segura de que mi barrio no es excepción y que son muchos los que, lamentablemente, albergan polizones (free-riders en jerga económica) que se comportan incluso como depredadores. 

Depredador es aquel que depreda, y si no es de naturaleza animal, es el que saquea, el que “se apodera de todo o la mayor parte de aquello que hay o se guarda en algún sitio”. Y quien consiente y alienta al depredador, que es en esta triste historia un cooperador necesario, no sé muy bien cómo se denomina. 

Hoy comparto una situación que me resulta complicado relatar (y publicar) por cuatro motivos. El primero es que “la situación” se remonta a los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando yo aún no era vecina de Madrid, y de aquel entonces traslado lo que me han contado y he leído. El segundo es que la situación me afecta en lo personal y familiar, por lo que he procurado no destilar rencor y ser escrupulosamente objetiva; ceñirme a la descripción de los hechos, vaya. El tercero es que, con todas las injusticias que nos rodean, puede interpretarse como un tema extremadamente local e irrelevante. El cuarto y último es que resulta muy complicado describir y explicar una injusticia tan grande, cometida por instituciones en las que creemos y de las que, vistas de lejos, sin recrearnos en los detalles y entretelas, nos sentimos todos orgullosos. 

Pero he superado los motivos al leer la actividad cultural destinada a público infantil una tarde de principios de agosto con 37 grados a la sombra, y dónde está prevista su celebración.  

En el madrileño barrio de Pacífico, en el sur del ilustre distrito de Retiro se hallan, junto con otras maravillas de nuestro patrimonio inaccesible, lo que fueron los antiguos cuarteles de artillería Daoíz y Velarde que hoy son, gracias al activismo incansable de las vecinas y vecinos reunidos bajo la demanda Los cuarteles para el barrio, varios equipamientos públicos al servicio de la ciudadanía. Hoy los cuarteles son un polideportivo municipal (ahora de mediocre gestión privada) que fue hospital de campaña el fatídico 11M, una escuela municipal de música, la sede de la Junta de Distrito y el centro sociocultural Clara Campoamor. Todos estos rodean una plaza que hasta hace unos días era refugio climático hasta que, en lugar de invertir en su adaptación para ese uso vital, se optó por la clausura de la “fuente de los chorros”, donde las familias sin piscina privada y sin salón de té se refresca(ba)n en las olas de calor, y que habréis visto en algún telediario. Aprovecho para recordar que en Retiro, con 120.000 habitantes, no hay piscina municipal. 

Completa ese espacio el durante años prometido y entre todos y todas sufragado, porque es municipal, Centro Cultural Daoíz y Velarde, también conocido como La Nave de Daoíz, un tesoro de 7.000 metros cuadrados. Necesitó casi quince millones de euros y más de una década de rehabilitación y puesta a punto para el uso y disfrute cultural de gentes de toda edad y condición, y consiguió estar abierta y parcialmente funcionando durante cuatro años albergando incluso un espacio de ocio adolescente que era la envidia de infantes y adultos.   

Tras su abrupto cierre en septiembre de 2019 por unas supuestas goteras, en enero de 2023 el centro cultural se esfumó para convertirse por un periodo de hasta ocho años y los que se tercien –que para algo están los amigos– en una sucursal del Teatro Real, más concretamente la sede de El Real Junior, que sigue cerrado casi todo el rato salvo una o ninguna función a la semana, a razón de 15 euros por cabeza; salvo su uso comercial para eventos exclusivos y excluyentes, grabaciones de anuncios y festejos VIP a puerta cerrada; y por supuesto, cerrado íntegramente en agosto en lugar de ejercer de refugio climático. 

El acuerdo o convenio o pacto por el que el Ayuntamiento de Madrid –a través de su medio propio Madrid Destino– regaló La Nave a la Fundación del Teatro Real, dicta que el Ayuntamiento, o sea, todo ciudadano de la Villa de Madrid, correrá con los gastos corrientes, con el mantenimiento del edificio y, si se lo pide, con las obras para un food court (zona de restauración). A cambio, la Fundación Teatro Real recibirá absolutamente toda la recaudación de absolutamente todo: de la taquilla y de las actividades comerciales, culturales, educativas, eventos o patrocinios que se programen en La Nave, que para eso ahora es suya. Pero aún hay más. Si la taquilla no se da bien, pues no preocuparse que también hay reservada una ayudita adicional de hasta 1,5 millones de euros al año. 

Plataformas de las que formo parte y he sido portavoz, como @Subete_alaNave, denunciamos que se ha regalado La Nave, un equipamiento público que fue y debe volver a ser de todos, para un uso exclusivo, privativo, elitista y comercial del Teatro Real. Recordamos también que “cuando todo sea privado, seremos privados de todo”. Y reclamamos que en La Nave cabemos todas y que por supuesto que queremos teatro, pero no todo el rato.