Grita. Y temprano. Un poco demasiado temprano para esos gritos. Grita dudas, reproches, insultos, promesas. Grita de pie. Aprensiones mutiladas por la falta de aire y de referencias: dónde has, cómo puedes, se puede saber cuándo. Él se incorpora en la cama. No trata de aislar las preguntas de ella, ahora mismo su cuerpo es solo un temblor al rebufo de sus predicciones. Ese segundo desintonizado nada más despertar en que la realidad toma tierra. Y si fuese un testigo ocular sentado en la mesa de enfrente donde se apilan las copas y los restos de cena de anoche, la deducción sería esta: las preguntas de ella son preguntas legítimas que uno respondería con gusto y puede que también con mentiras si las hubiese pensado primero, pero claro, no así, no a gritos. Es lógico, ¿no? Cuando a uno le gritan se ve en la postura de equilibrar decibelios. De modo que aparta el engrudo de sábanas, se sienta al filo del colchón y reacciona adherido al cliché del típico hombre, es decir: grita a su vez, arruga el gesto, curva los labios en pretensiones de mamífero acorralado. No da puñetazos al menos: ni a objetos, ni a carne, ni a superficies blandas ni duras, ni horizontales. Nada. Ningún aspaviento. Ni tampoco se aprecian en sus extremidades medidas preparatorias, no del modo en que esta mujer tiene entendido que otros hombres reaccionan. Este que tiene delante es solo hastío, una acústica de resoplidos. Eso despliega más margen de acción. La envalentona, y entonces ella responde adherida al cliché de la típica mujer, es decir: modula timbres de voz lastimeros, llora con un objetivo, se engalana de lágrimas, y se ve autorizada a emplear ofensas más sofocantes. Sus preguntas de antes mutan en verbos imperativos: contesta, di, mírame. Luego proyectan hipótesis: como se te ocurra, si vuelves a, no te atrevas. Existe toda una gestión de sintaxis en su discurso, construcciones que prueban y tientan, que son ensayo y error. Grita además: eres un egoísta. O: un cerdo. O: un mentiroso. Evalúa el efecto. Esconde los miedos y las intenciones. Le observa, le analiza más bien. Los agravios no se descargan en las dinámicas conyugales únicamente como desahogos. No hay insulto sin fe. Y sin embargo, él ya no responde a esos gritos, al principio le incitan, lo ve una misión, una propuesta, pero enseguida le aturden como una tarea tediosa: ir descartando una a una las acusaciones de la mujer. 

Algunas, claro, no le pillan desprevenido, se ha preparado pretextos bien madurados, lo que podría aducir si ella se lanzase a recriminar. Pero claro, no así. No de esta manera tan burda. ¿Dónde está esa cadencia sentida de las novelas francesas, de las películas donde los dos miembros de la pareja hablan por turnos mientras menean en vasos alcoholes oscuros? Esto no tiene comparación. Y si se mirasen ahora a un espejo. Dios santo, si se mirasen. Despeinados, pálidos, deshidratados. Con esa tirantez legañosa en los párpados. Y olores: a sexo encerrado, a pis de gato, a los hidratos que se cuartean marrones sobre los platos de ayer. Y en medio: palabras, palabras, palabras, más gritos, se apilan, escalan, rascan garganta, ella es ya un manifiesto somático de la rabia: la cara le arde como la lava, como una piedra de calentar carne en láminas, tiene los ojos brillantes de enfermedad victoriana, y manos que agita, dientes que aprieta, mechones de pelo que rastrilla hacia atrás sin necesidad. Y es algo sórdido y tan hermoso, cuando se sienta de golpe en la silla y esa especie de camisoncito que lleva, y que es fino, de satén o viscosa u otro tejido sensual, se hincha de aire y ondea ciñéndose con retardo a las tensiones que pilotan su ánimo. Él llega a pensar que es un logro estético: el vaivén de la tela en esa coreografía del desencanto, las partes duras de las rodillas de ella cruzadas con saña, las sombras y los claroscuros que crean los declives de su tobillo, y las venas azules que brotan ahí. Esa fusión de colores y luz. Porque este hombre, sepamos, se gana la vida como fotógrafo y no puede evitar los sesgos de su profesión. Hoy, sin embargo, estos registros visuales se sedimentan como una capa de estímulos que se pelará pronto, que no tendrá nada de productivo, cuando en cuestión de segundos ella peine con la mirada las ruinas de la velada de ayer, y entonces coja un tazón con sopa turbia y gelificada y lo estrelle contra la pared. 

Y zas. No hay marcha atrás. Los canales perceptivos del hombre, su vista, su oído, detectan la fuente de riesgo. La mujer es ya una amenaza, ha pasado del drama a la acción. Y sepamos también que esta mujer es actriz de teatro. Y que este hombre que ahora la mira con furia y de frente es el mismo que, en ocasiones, la contempla desde detrás de una lente y le dice: date la vuelta, inclina la cara, la barbilla más baja. Le dice también: eres única, eres preciosa. Pero claro, no solo a ella. Y resulta que la sopa del plato, un mejunje marrón por desgracia, y saturado de ingredientes grasientos y rezumantes, ha salpicado el empapelado, la mesa, un cuadro, cortinas, el trípode. No hiere, gracias al cielo, ninguno de los proyectos del hombre, ninguno de sus trabajos pendientes de entrega, ni falta que hace, porque: tragedia, ella detecta el retrato. Y los celos son todo un prodigio del presentimiento: perciben, disciernen, y ella acusa ese instinto, sabe qué rostro es. Una figura de medio perfil, que mira a quien mire la foto con ojos serenos que se han ganado el derecho a exigir, y que no es un retrato cualquiera, encargado para un evento, un desfile, una exposición ni un dossier, sino que es el estudio obsesivo de una mujer, pero de qué mujer, no de esta, la que antes gritaba y ahora estruja la fotografía por los extremos, la agarra como se agarran los pollos al descabezarlos, y él no ve más, se echa encima, le hace daño, en las manos, en las muñecas, es casi un clímax de thriller intenso cuando le arranca el papel de los dedos, arrugado, partido, la nariz descuajada del trozo que ahora ya solo contiene la frente y los ojos, reventada la boca por la línea del labio. Y entonces se miran, y parece que ella va a decir algo, él podría quizás rebatir ese algo, e inhala el oxígeno que le cabe y que hace tope con una ira brutal, y vocea, un alarido de oso polar, de caverna, de asedio, un bramido de tundras de la Edad del Hielo, genera vibraciones en los objetos, o así es como ella lo siente. Nada puede superponerse al grito de un hombre furioso, hay que compensar con actos sublimes de victimismo. Abandona la silla y se agacha en el suelo, se tapa la cara, dice: cállate, no me grites. Las dudas que se convirtieron en directrices son ahora hipidos que incluyen “odio”, “asco” y “quererse morir”. A él le da igual, no le impresiona, sabe que ella es capaz de muchísimo más, que esconde en la manga trucos y dramaturgias, que es tan buena en sus artes que puede convocar fiebres y ronchas, úlceras, calenturas. Ella es capaz de todo eso y más, de pasarse en cama un mes, de no comer y aun así vomitar –el qué–, pues ella tiene ese don. Ah, y ella, qué aspecto, de pronto es consciente, se pone de pie, sabe lo contraproducente que es para una mujer discutir sin el pelo bien cepillado, a medio vestir, con ese aliento astringente de la madrugada. Una mujer cabreada y descalza es el epítome de la locura. Y para colmo: ¿crees que ella te quiere lo mismo que yo?

Vergüenza. Los vecinos les han escuchado seguro. Igual que les escuchan no poner freno a sus labores sexuales. A él le da igual, ya ves, los vecinos. Lo bueno es que ya han acabado los gritos, ya pueden darle un descanso a su capacidad pulmonar. Y estrellan ambos los ojos hacia distintos planos del cuarto. Comienza el proceso de reconstrucción. Borrar las pruebas del cataclismo: secarse las lágrimas, sorber la nariz, pasarse la mano sobre la frente, y acomodar una hebra de pelo hacia el lado que le corresponde. Coger aire o devorarlo más bien, aspirarlo, notar que tropieza en sollozos. Dejar que salga en suspiros después, mientras se alisan la ropa y él quiere también alisar el papel de la foto, pero claro, ni hablar, no tiene valor de tocar ese rostro, ni siquiera en dos dimensiones, la frente, los párpados, la boca de otra mujer, sería como acariciarla. Y esta de aquí, la de tres dimensiones, piensa que tal vez ha sido todo desmesurado, un poco histérico. Tal vez, no lo sabe. Ocurre tan a menudo. Por eso no va a pedirle perdón. Es peor una foto que unos cuernos atropellados. Porque el sexo puede ser una fiebre, un paliativo, un alivio. Pero convertir a otro en arte requiere tramos de tiempo y de observación, idolatría, delicadeza, es casi erótico, orbitar en torno al objeto de estudio. Pero ya está. Este hombre sabe. Ha arrugado del todo la fotografía. La arroja al cubo de la basura donde se mancha de pringues que la devalúan. Se acerca despacio hacia la mujer. La abraza, la acuna. Le dice: lo siento. Ella llora aún con propósitos, pero ya más calmada, ya confiada. ¿Es que no entiendes, él le pregunta: que tú eres mi musa? Y ella: no quería romperlo. Y un móvil suena, no aquí, en otro piso, y les llega también una música mezclada con tráfico y sol. Crece el compendio de estímulos que captan los dos, que ya no son solo sus propios latidos, sus brumas mentales. Y una mano conciliadora en la nuca, acariciando la piel, un suspiro en el cuello. Pueden quedarse así un rato, o desnudarse del todo, o separarse muy lento y decir: ¿hoy dónde comemos? O que ella le diga: te quiero. Y él diga y yo a ti. Y no importa si es cierto, si lo fue, lo será, o no lo saben. Lo que importa es que suene de nuevo intenso y romántico como en una película. 

*Cristina Araújo Gámir es autora de las novelas ‘Mira a esa chica’ (2022) y ‘Distancia de fuga’ (2026), ambas en Tusquets.

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que se establece como una circunstancia agravante por razón de género, y prevé la suspensión de forma automática de la patria potestad a los maltratadores condenados en sentencia firme.

Tras una primera versión aprobada en septiembre de 2025 y meses de negociaciones entre Igualdad, Juventud e Infancia y Justicia, los tres ministerios implicados en la elaboración de la ley, el nuevo borrador aprobado incluye la reforma de diez normas para incorporar medidas específicas frente a este tipo de violencia, entre ellas la obligación de escuchar a los menores antes de decidir sobre su guarda y custodia.

La ley, impulsada por Igualdad, define jurídicamente la violencia que, con objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, se ejerce por parejas o exparejas contra hijos e hijas u otras personas con un vínculo afectivo, e incluye a la violencia vicaria en el Código Penal como una circunstancia agravante por razón de género para aplicar una pena superior.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que esta ley, pionera a nivel europeo, viene a dar respuesta a todas las víctimas y sus familiares ante un tipo de violencia que es "de género" y que busca "causar dolor o sufrimiento a la mujer" a través de sus hijos o personas allegadas.

La ley orgánica, aprobada en segunda vuelta para su remisión al Congreso, sufrió un retraso debido a las reticencias de Juventud e Infancia y de asociaciones feministas y de víctimas con el proyecto inicial.

El ministerio que dirige Sira Rego decidió desmarcarse ante la negativa de Justicia a modificar cuestiones que podrían implicar riesgos para la protección de las víctimas, como advirtieron asociaciones feministas, entre ellas, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños y adolescentes.

El nuevo borrador prevé ahora la modificación del Código Civil para la privación automática de la patria potestad en caso de sentencia condenatoria firme por determinados delitos graves contra los hijos o contra la mujer, e incluso si existen indicios fundados de violencia, y solo se podría recuperar si se produce una cancelación completa de los antecedentes penales.

También introduce límites al ejercicio de la guarda y custodia cuando pueda resultar perjudicial para la salud física, psíquica o emocional de los hijos o hijas, a quienes será obligatorio escuchar a los menores de edad con el auxilio de especialistas cuando sea necesario.

"Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre", ha sostenido Redondo, que ha defendido la necesidad de "dar congruencia" y una respuesta "armonizada" en las jurisdicciones de civil y penal, para evitar situaciones que generan "mucho dolor" a las víctimas por tener que seguir manteniendo una constante relación con el agresor.

Por ello, también se producen limitaciones en la guarda, custodia y régimen de visitas, que se suspenden incluso cuando hay un procedimiento por violencia vicaria o violencia de género, y se exige a los jueces la escucha obligatoria a los hijos e hijas menores. Solo cuando sea inviable, se hará a través de sus representantes legales, cuando no haya conflicto de intereses.

Tras someterse a varios informes técnicos y jurídicos, entre ellos dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Redondo ha explicado que se han introducido otros cambios en el nuevo texto normativo como el agravante de género, en lugar de establecer un tipo delictivo concreto para evitar circunstancias como que la pena por violencia vicaria pudiera recaer sobre las mujeres.

"La violencia vicaria se ejerce por quien entiende que todo es de su propiedad y, por lo tanto, domina su propiedad hasta el punto de hacer el máximo daño sobre sus hijos e hijas", ha incidido.

Además, el texto incluye la posibilidad de que madres víctimas de violencia vicaria puedan sustituir los apellidos del hijo fallecido y evita situaciones como que un maltratador pueda llegar a cobrar pensiones derivadas de la situación de la víctima.

Redondo ha confiado en que la ley de violencia vicaria, contemplada dentro del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, aglutine el mismo consenso en su tramitación parlamentaria que esas medidas acordadas y pueda aprobarse esta legislatura. 

Este lunes 6 de julio había mucha gente concentrada ante el juzgado de Niza. Los medios de comunicación y los seguidores habían tomado buena nota de la fecha del juicio contra los influencers Owen C. y Safine H., dos protagonistas del caso conocido como “JeanPormanove”, que toma su nombre del canal de streaming en el que trabajaban.

Esta historia, revelada por Mediapart en diciembre de 2024, adquirió relevancia nacional cuando Raphaël Graven, conocido como “JP”, falleció en directo en la noche del 17 al 18 de agosto de 2025, tras haber sido grabado ininterrumpidamente durante doce días. Era uno de los chivos expiatorios de un grupo apodado “Lokal”, que escenificaba actos de violencia y humillaciones para obtener donaciones de sus seguidores.

Esta muerte, aunque fue atribuida a un infarto y no a una paliza según los resultados de la autopsia, ha conmocionado a una opinión pública aún poco familiarizada con el mundo del streaming. Porque, mientras que YouTube y Twitch se consideran referentes en la difusión de vídeos en línea, existen nuevas plataformas menos conocidas y menos estrictas en materia de moderación que siguen pasando en gran medida desapercibidas. Es el caso de la plataforma australiana Kick, que alojaba el canal JeanPormanove y que hoy es objeto de una investigación independiente, abierta por la Fiscalía de París, en particular por prestación de servicios ilícitos.

Owen C. y Safine H. se han visto ante el juez este lunes 6 de julio por “violencia en grupo sin ITT, violencia en grupo con armas sin ITT, violencia en grupo con armas sin ITT contra menores de 15 años, violencia contra un menor de 15 años sin ITT, abuso de debilidad, incitación al odio y a la discriminación por motivos de discapacidad, incitación al odio y a la discriminación por motivos de orientación sexual, grabación y difusión de imágenes de violencia” (ITT, incapacidad, total o temporal, para realizar actos ordinarios de la vida diaria, ndt) y por “afrenta a una persona depositaria de la autoridad pública”, en relación con un comentario de Owen C. dirigido al alcalde de Drap (Alpes Marítimos), donde se encuentra el estudio de rodaje.

Esta vista es el resultado de una investigación preliminar de un año y medio, iniciada por el fiscal de Niza, Damien Martinelli, el 16 de diciembre de 2024, al día siguiente de la publicación de una investigación de Mediapart sobre el "negocio de la humillación" que se llevaba a cabo en el canal JeanPormanove.

En aquel momento, estos jóvenes streamers de Niza gozaban de una popularidad creciente: 160.000 suscriptores en Kick y miles de espectadores en directo cada noche. Aunque en un principio eran aficionados a los videojuegos, poco a poco fueron desarrollando conceptos —que podrían calificarse de discriminatorios— destinados a burlarse de las capacidades intelectuales de otros participantes, entre ellos Raphaël Graven y Stéphane, apodado “Coudoux”, un hombre con discapacidad bajo tutela.

Owen C., alias “Naruto”, y Safine H. también les infligen violencia física: estrangulamientos, chorros de agua y pintura, zancadillas, puñetazos y descargas eléctricas. Frente a sus pantallas, algunos espectadores les animan por escrito y se burlan de esos cabezas de turco, repitiendo al unísono un vocabulario violento, homófobo y discriminatorio hacia las personas con discapacidad. Y aportan sumas de dinero que oscilan entre los 4 y los 50 euros para que se muestren mensajes en directo.

Raphaël Graven y "Coudoux", aunque en ocasiones amenazaron con abandonar el “Lokal”, siempre se mostraron de acuerdo con esos maltratos, ya fuera ante las cámaras o durante su interrogatorio por parte de las fuerzas del orden en enero de 2025. Aún hoy, Stéphane “Coudoux” se pone del lado de Owen C. y de otros streamers del grupo. “He conocido a un grupo de amigos que están ahí para mí y para ayudarme”, señala en un vídeo de Instagram del 30 de junio de 2026, en el que arremete contra una de las coautoras de las investigaciones de Mediapart (ver último apartado).

Otros participantes también afirmaron haber dado su consentimiento: varios espectadores menores de edad que acudieron a visitar a sus ídolos a las instalaciones del canal en Niza. En un vídeo retransmitido en directo, los streamers adultos les preguntan su edad y, a continuación, les disparan con una pistola de paintball. Es por estas imágenes por las que se les acusa de violencia contra menores de 15 años.

Desde la muerte de Raphaël Graven, Safine y Naruto han tomado decisiones muy diferentes. El primero se ha retirado de la vida pública, tras confesar a RTL su “arrepentimiento” por “no haber sido un verdadero amigo” de “JP”, cuya salud era frágil, y por no “haberle obligado a ir al médico”.

Dispuesto a asumir parte de sus actos, Safine H. parece distanciarse de Owen C. y de otros miembros de “Lokal”, cuyas repetidas declaraciones en los últimos meses denotan más bien una gran incomprensión mezclada con ira, o incluso ganas de enzarzarse en una pelea. “Me he mantenido en silencio durante cuatro meses, hoy vuelvo y me cago en todos vosotros”, dijo enfurecido, por ejemplo, Owen C. en un vídeo de YouTube en enero de 2026.

Aún muy afectado por la muerte de Raphaël Graven, repite que él “formaba parte de la familia”. “Lo único trágico de esta historia es que hemos perdido a JP”, coincide su hermano mayor, Gwen C., en un vídeo del 1 de julio de 2026.

Aunque no figura entre los acusados juzgados el 6 de julio, Gwen C. ha participado en numerosos programas de “Lokal”; él hace, por ejemplo, de presentador en su programa satírico Question pour un golmon (Preguntas a un mongol, utilizando el modo vesre o inversión del orden de las letras, ndt). También fue él quien, dos meses después de la muerte de Raphaël Graven, intentó relanzar un “Lokal 2.0” en su canal de Twitch. Junto con un exparticipante apodado “3Cheveux” y otros nuevos streamers, volvió a escenificar actos de violencia en línea, lo que provocó la apertura de una nueva investigación por delito flagrante el 10 de octubre de 2025 por parte de la fiscalía de Niza, así como la incautación de todo el material informático.

Aunque el tribunal de Niza ha reservado su gran sala de lo penal para esta vista tan mediática, solo hay dos acusados y, hasta la fecha, Mediapart solo tiene constancia de una constitución de parte civil, en la persona de Stéphane “Coudoux”.

No obstante, los numerosos cargos reflejan el carácter polifacético del caso JeanPormanove, en el que se entremezclan varios “temas de sociedad”, confiesa una fuente judicial. Se abordan a la vez las relaciones de dominación entre ciudadanos, la compleja noción de consentimiento cuando se inscribe en un sistema neoliberal lucrativo, las violencias validistas que siguen invisibilizadas y los excesos de la sociedad del espectáculo. La ironía de la historia en este sentido es que ambos acusados llevan varios meses en contacto con productores que aspiran a vender su historia a grandes plataformas estadounidenses de streaming por suscripción.

Desde un punto de vista jurídico, por último, este juicio podría suponer una aportación interesante, ya que la jurisprudencia francesa aún es escasa en materia de responsabilidad de los influencers en la difusión de violencia en línea y la incitación al odio.

Uno de los pocos precedentes es el de Illan Magneron, que se hace llamar “Amine Mojito”. En noviembre de 2022 fue condenado por incitación a la discriminación, la violencia y el odio contra un grupo de personas por motivos de género. La Fundación de las Mujeres había presentado una denuncia seis años antes, cuando el videasta se había hecho famoso por difundir vídeos en Snapchat, en los que azotaba a mujeres.

El Tribunal de Primera Instancia de París consideró que de esos vídeos se desprendía “una impresión de humillación de la mujer, cosificada al estar bajo el dominio y el control del hombre que la golpea, y que además se ríe”, y ello a pesar de que ellas aparecieran en pantalla de forma voluntaria. La justicia también señaló el hecho de que el espectador presenciaba “actos de violencia no simulados, sino reales, ya que los golpes dejaban marcas en los cuerpos de estas mujeres, visibles en pantalla”, y que los hechos eran “graves, dada la violencia transmitida contra las mujeres y la repercusión que tuvieron en Internet”.

lllan Magneron fue condenado a pagar un euro simbólico y a realizar un curso de sensibilización sobre la igualdad entre mujeres y hombres por el tribunal, que tuvo en cuenta el hecho de que llevaba años sin realizar ninguna actividad de retransmisión en directo.

Desde el día en que Mediapart envió preguntas a los protagonistas del canal JeanPormanove, el periódico se ha convertido en un personaje más de sus directos. En una ocasión, Raphaël Graven sostiene un cartel que dice Fuck Mediapart. En otra ocasión, los streamers prometen “pedir perdón a Mediapart en directo” si se alcanza un mínimo de donaciones. Una vez más, un seguidor aparece en el canal y da a entender que ha intercambiado mensajes de voz con la cuenta de Instagram de Mediapart.

Desde la muerte de Raphaël Graven, una de las coautoras de las investigaciones de Mediapart también se ha convertido en una diana. “Acuso a Marie Turcan de haberse ensañado mediáticamente y de haber inventado una historia morbosa, porque todo es falso, y de querer labrarse una carrera a nuestra costa”, espetó, por ejemplo, Owen C. en un vídeo de YouTube en enero de 2026, que ya ha sido visto 610.000 veces. Cada vez que un miembro de “Lokal” menciona a la periodista en un vídeo, decenas de seguidores se dedican a insultarla o amenazarla en redes, o intentan divulgar sus datos personales en un canal de Telegram seguido por 4.500 personas.

El 25 de junio de 2026 se publicó un episodio del podcast Les couilles sur la table (Los cojones sobre de la mesa) producido por Binge Audio, cuyo objetivo era cuestionar las relaciones de dominación machistas y validistas presentes en este grupo de streamers y entre sus seguidores, presentados como "buenos padres de familia". En respuesta, Gwen C. publicó un vídeo en YouTube titulado: “Mis cojones en tu frente”. Un perfecto juego de espejos de lo que precisamente se analiza en el podcast en cuestión.

Traducción de Miguel López

“¿Cree usted que hay que restablecer la pena de muerte? Sí”. Preguntas y respuestas de este tipo han resurgido en los últimos días, a raíz de la indignación nacional que ha suscitado el caso de Lyhanna y las deficiencias del sistema judicial que condujeron a esta tragedia.

Cuarenta y cinco años después de la abolición de la pena capital en Francia, menos de un año después de la incorporación al Panteón de quien lo hizo posible, Robert Badinter, periodistas y políticos se reúnen en los platós de televisión para hablar de la pena de muerte como una sanción más que, de un plumazo, se podría volver a poner de actualidad mediante referéndum.

En Radio Courtoisie, que lleva años difundiendo los peores exabruptos racistas y antisemitas de todas las facciones de la extrema derecha, fue un diputado de la Unión de la Derecha por la República (UDR), aliada de la Agrupación Nacional (RN), quien se posicionó el 31 de mayo. Ese día, Alexandre Allegret-Pilot, acostumbrado a la desmesura, se mostró a favor del retorno de la pena de muerte, que ni siquiera la RN defiende ya oficialmente desde hace varios años.

“Estamos en un país donde hasta ahora no hay ningún problema en matar. Tenemos el aborto, tenemos la eutanasia, tenemos los asesinatos ordenados por el presidente en el extranjero...”, justificó el diputado de extrema derecha, considerando así que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sería un asesinato. Allegret-Pilot pidió el retorno de la pena capital “para los delitos más graves”.

El miércoles 10 de junio, en CNews, fue Nicolas Dupont-Aignan, líder del movimiento Debout la France (Francia en pie) y candidato declarado a las elecciones presidenciales, el que se pronunció a favor de reabrir el debate sobre el restablecimiento de la pena de muerte. Una cuestión, sin embargo, zanjada y grabada en la Constitución. “Hay un problema de escala de penas. Hay que reabrir el debate, mediante referéndum, sobre la pena de muerte. Para los delitos que afectan a los niños, la cadena perpetua efectiva que propone el primer ministro es un engaño”, argumentó así el diputado.

Al día siguiente, en la misma emisora, el alcalde de Béziers (Hérault), Robert Ménard, también se pronunció sobre el tema, mostrándose a favor de que se “abra el debate” sobre la pena de muerte, aunque a título personal se pronunció en contra de su reinstauración.

Un referéndum sobre el tema figuró durante mucho tiempo en el programa de la RN. Como reivindicación histórica del Frente Nacional, el restablecimiento de la pena capital iba entonces de la mano, igual que en las palabras de Alexandre Allegret-Pilot, con la abolición de la ley Veil que autoriza el aborto. Marine Le Pen lo defendió de nuevo en 2012, durante su primera candidatura a las elecciones presidenciales. En su “proyecto para Francia” se leía entonces: “Restablecimiento de la pena de muerte o instauración de la cadena perpetua efectiva”.

En el marco de su proyecto de normalización, la líder de RN eliminó primero ese punto de su programa, al tiempo que proponía un referéndum sobre el tema para que los franceses decidieran. Finalmente renunciaría en 2022 a este referéndum alegando que sería inconstitucional, llegando incluso a declararse “en contra” de esta perspectiva a título personal. En 2023, Jordan Bardella explicaba aún que “la supresión de la pena de muerte ha desmoronado la escala de penas en nuestra sociedad”, al tiempo que aseguraba no estar a favor de su reinstauración.

Los cambios programáticos de la RN, que ahora prefiere insistir en su voluntad de instaurar “una cadena perpetua real” para los delitos más graves, no impiden, sin embargo, las iniciativas personales. Con motivo de la incorporación de Robert Badinter al Panteón, Marion Maréchal reivindicó no plegarse al “unanimismo” de los homenajes, al considerar que estos equivalían a “santificar una visión de la justicia que ha desarmado a la sociedad frente a los delincuentes”.

Hervé de Lépinau, actual alcalde RN de Carpentras (Vaucluse), también había expresado un punto de vista discordante en X. Al compartir la información de una noticia de sucesos que implicaba a “un inmigrante rumano”, había comentado: “Hasta ahora me había mostrado muy reservado respecto al restablecimiento de la pena de muerte. Pero en este caso…”

Los pocos defensores de que se reavive el debate sobre la pena de muerte en Francia pueden, en cualquier caso, contar con una caja de resonancia mediática. Con el pretexto de transmitir “las preocupaciones de los franceses”, la cuestión se ha convertido en los últimos días en un tema ineludible de las entrevistas políticas, marcadas por el caso Lyhanna y la ira de la población contra la justicia. “¿Llegaría usted a la pena de muerte para los pederastas?”, preguntó un periodista de TF1 al eurodiputado de Los Republicanos (LR) François-Xavier Bellamy, el 8 de junio.

“La pena de muerte, perdón por utilizar ese término esta noche, pero hay un cierto número de franceses que nos han hablado de ello, así que lo hablamos esta noche”, dijo también un periodista en BFMTV antes de entrevistar a Sarah Knafo. Esta eurodiputada de Reconquista se declaró contraria al retorno de la pena capital, a pesar de que el líder de su partido, Éric Zemmour, se muestra “filosóficamente a favor” y lamenta que haya sido abolida.

Dos días antes, en la misma cadena de televisión, Maxime Switek presentaba un programa dedicado al caso Lyhanna, en su formato “Le Forum”: una decena de personas fueron invitadas a debatir con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

En el plató, Maximilien, supervisor en la gran distribución, insistió en que si le pasaba algo a su hija, él mismo “se encargaría del problema”. “Si le pasa a mi hija, lo perseguiré, y os perseguiré a todos”, espetó el hombre. Y dirigiéndose directamente al ministro de Justicia, le dijo: “En las más altas esferas del Estado tienen miedo de celebrar un referéndum sobre la pena de muerte”.

Poco después, un agente de seguridad abogó por “la pena de muerte para los terroristas, para los pedófilos, para los violadores, para todos esos cabrones”. Gérald Darmanin se mostró en contra por “convicción personal”, aunque, en respuesta a Maximilien, reconoció: “Si yo fuera ciudadano y me pasara este tipo de cosas, sin duda tendría la misma reacción que usted”.

Traducción de Miguel López

Reconozcamos que esta temporada de fútbol, que va concluyendo, ha ofrecido nuevas perspectivas de estudio para los analistas jurídicos, siempre ávidos de casos prácticos con los que novelar pleitos y cuitas. Ahí va uno: en mitad de un partido regular, un defensa lanza un puñetazo al centrocampista de su propio equipo y lo derriba violentamente. De inmediato, el árbitro le muestra la tarjeta roja y lo expulsa; a continuación, queda pensativo: ¿será tiro directo o indirecto? En realidad, la jugada no es falta. El reglamento limita la sanción a los comportamientos indebidos “contra un adversario”, sin decir nada de las zancadillas, bofetones o sopapos entre compañeros. Es posible que las recientes algarabías violentas del vestuario madridista aconsejen cambiar las normas, como lo hizo aquella canasta histórica que el Real Madrid se anotó en contra ante el Ignis de Varese en 1962, pero por ahora no se advierten movimientos en tal sentido.

¿Pero por qué no es falta si es un comportamiento antideportivo? La respuesta se antojaría obvia, pero no lo es tanto. Y no lo es porque la misma pregunta resulta provocativa y fuera de lugar: ¿cómo va a agredir un futbolista a un compañero? Por desgracia, en estos tiempos oscuros la pregunta se vuelve pertinente y la respuesta queda en el aire.

La agresión entre jugadores que visten la misma camiseta no es falta porque el equipo se constituye, comparece y se comporta como una sola unidad. Es el equipo el que juega, se clasifica, asciende o desciende de categoría. Por ello, las conductas de las que hablo no son agresiones de uno contra otro, sino más bien faltas que el equipo comete contra sí mismo; no hay un otro al que considerar responsable o víctima, y esta falta de otredad garantiza la inmunidad, ya que un principio general del derecho nos explica que nadie puede cometer un delito contra sí mismo.

La categorización de un grupo de personas como unidad, a efectos del derecho penal o sancionatorio, puede resultar problemática. Durante siglos, por ejemplo, la familia fue entendida como una unidad orgánica a cuyas puertas el derecho debía detenerse. A día de hoy se conservan vestigios de esta resistencia ancestral, no solo a nivel legislativo (no se castigan los encubrimientos, hurtos o estafas entre familiares directos) sino incluso puramente judicial: por una norma no escrita, cuando un niño sufre un accidente grave en el hogar, es fácil que se abra un procedimiento penal si el menor estaba a cargo de un cuidador, pero no tanto si estaba en compañía de sus padres.

La institución familiar se ha ido abriendo, otorgando mayor individualidad a cada uno de sus miembros, lo que favorece que se vayan castigando cada vez más las conductas cometidas en su seno. Pero otras instituciones no se han abierto tanto, o más bien nada, y de ahí que el derecho parezca quedar a las puertas de un coto cerrado.

Tomen ustedes el caso de la agresión de Tchouaméni a Valverde, que terminó con éste último en el hospital con una conmoción cerebral. Aquí la idea de coto cerrado resulta pertinente y doblemente ajustada, porque la agresión no solo se produce en el interior del equipo sino en el interior del reducto más íntimo de esta mismidad orgánica que es el club: el vestuario. Este doble caparazón de pertenencia y de ubicación explicaría, así, que nadie parezca haber planteado siquiera la hipótesis de que esta agresión pudiera ser delictiva. No he leído que exista denuncia, y no me consta que la policía haya abierto diligencias; al no ocurrir en un lance de juego, tampoco la justicia deportiva ha tomado cartas en el asunto.

Si alguno de estos dos caparazones no existiera, la realidad sería distinta: si el agresor del vestuario no fuera un compañero sino un intruso que hubiera accedido sin permiso para golpear a Valverde, hubiera sido detenido; y si ambos jugadores no estuvieran en el vestuario sino paseando por la calle, es muy posible que la policía les hubiera tomado la filiación. Desde luego, si se hubieran peleado entre Tirso de Molina y Lavapiés, es bastante probable que Tchouaméni, hijo de camerunés, pasara un tiempo a la sombra. Es algo curioso pero, como ven ustedes, el lugar determina la lesividad antijurídica de una conducta.

El vestuario es un lugar donde el derecho no podría entrar. Esta conclusión nos la confirmaron tanto Arbeloa como el presidente del Real Madrid, con la vehemente cantinela de que lo que pasa en el vestuario debería quedarse en él, jugando con los paralelismos entre Valdebebas con la ciudad de Las Vegas, que cada vez se parecen más. Esta protesta muestra, entre otras cosas, el cinismo de haberles impuesto a ambos jugadores una sanción económica supuestamente ejemplar: si el hecho no hubiera trascendido, es obvio que no se les hubiera castigado de ninguna forma, porque un castigo semejante habría dado a la agresión la publicidad que el club deplora. Así que han sido castigados no por lo que hicieron ellos sino por lo que hizo un compañero de vestuario: cantarlo a un periodista.

El error del argumento exculpatorio es, claramente, que la cosa no se quedó en el vestuario; desde luego, no se quedó Valverde, que tuvo que ser trasladado al hospital. Y sería interesante, por pura curiosidad, ver qué parte rinde el médico que le asistió porque, derivada de una agresión, tendría que denunciar la lesión a las autoridades. Recordemos que, en principio, es delito causar una lesión que requiera tratamiento médico, concepto amplio que incluye, según los jueces, el hecho de poner y retirar puntos de sutura o de aproximación.

El asunto ofrece matices para un debate. Por un lado, es absurdo pretender que el derecho penal se entrometa en todos los altercados, reyertas y peleas de gallitos que se producen por doquier; mucho más absurdo, diría yo, en las típicas agarradas entre colegas que se resuelven y se olvidan antes de que termine la noche. Pero por otra parte, también es perturbador la pretensión de impunidad que subyace en estas disputas de machos que resuelven sus diferencias a puñetazos.

Por ello, es probable que aplicar el derecho penal a estas conductas resulte excesivo; sin embargo, y sin entrar en debates de pura moralidad, no parece que lo sucedido, una vez aireado, pueda ventilarse sin una respuesta clara.

Desde esta perspectiva, me resultaron muy desafortunadas las declaraciones de Florentino y Arbeloa, que tanto monta uno como no monta el otro, porque una cosa es echar pelillos a la mar y otra bien distinta enaltecer al agresor, explicando ambos lo orgullosos que estaban de estos chicos malos. Esto ya es terreno resbaladizo. El entrenador dijo que no quería “quemar a sus jugadores en una hoguera pública”, así que Tchouaméni jugó el partido siguiente como si tal cosa; no hubo hoguera ni pública ni privada. Me pregunto qué pensará Arbeloa de David Navarro, entrenador del Real Zaragoza que, con más modestia y dignidad, afeó seriamente la conducta de su portero Andrada que dio un puñetazo a un contrario, sin mostrar ningún orgullo por su comportamiento. Cabría pensar que si mal está pegar a un contrincante, peor será pegar a un compañero, da igual el lugar, pero uno ya no sabe qué pensar.

Cuando escuché el discurso de Griezmann en su despedida del Metropolitano y lo comparaba con la rueda de prensa de Florentino, recordé que el término orgullo es una extraña palabra que tiene una acepción positiva y otra negativa: es orgullo el sentimiento de satisfacción por los logros propios, pero también se aplica a la vanidad, la petulancia o el engreimiento. Griezmann, orgulloso de su equipo, agradeció a las familias que llevaran a sus hijos al fútbol; Florentino, desde el orgullo, desaprovechó una oportunidad para aclararle a los niños, incluidos los de África, que no es propio de las personas pegarse. Esa es la diferencia entre una persona que está orgullosa y una persona que lo es. De hecho, escuchando al presidente comprendí perfectamente que defendiera la conducta de su jugador: su comportamiento en la rueda de prensa, retador y altanero, me pareció coherente y en la línea de la conducta atrabiliaria de su futbolista, que al verse cuestionado en el vestuario respondió, como su presidente, desde la arrogancia y el orgullo.

En fin, cuando un matón de escuela elija su camiseta favorita para llevar al colegio, es improbable que escoja la de Andrada, denostado por los suyos, pero tal vez se decante por la de Tchouaméni, orgullo del Real Madrid. Este será el mayor daño de este incidente, que ha venido a demostrar que Florentino no será nunca Bernabéu. Don Santiago hubiera puesto a los dos pendencieros de patitas en la calle.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal. No ha escrito ningún libro.

"Bujarras de mierda". Es el insulto homófobo que dirigieron dos hombres en Santiago de Compostela a otros dos jóvenes con los que se cruzaron fortuitamente por las calles empedradas de la capital gallega. Uno de ellos decidió cruzar la línea de la violencia verbal, encarándose a los desconocidos. En un vídeo compartido por redes sociales, cualquiera puede apreciar cómo el agresor volvió a emprenderla con el joven que sostenía el móvil para grabar: "Maricón de mierda", lanzó instantes antes de golpearle. Ocurrió esta semana, poco antes del Día Internacional contra la LGTBIfobia y prácticamente al mismo tiempo que España recibía el mayor de los aplausos por ser el país número uno en la defensa de los derechos del colectivo.

Un estudio confeccionado por la organización ILGA Europa y publicado este martes elogia el desarrollo de las políticas españolas, pero advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Mientras las leyes avanzan, el odio sigue presente en las calles.

Lo sabe bien Inés. La violencia llegó a su vida, cuenta en conversación con infoLibre, buscando piso por Madrid. "En una entrevista con el casero, me dijo que no quería a personas trans en su casa". En ese momento, tuvo que decidir si "decir la verdad sobre su realidad y quedarse sin casa" o sencillamente ocultarse. "Tuve que mentir, porque la situación no era la ideal", asiente. Inés es una persona no binaria, pero la necesidad de buscar un techo, en un contexto de crisis habitacional, le empujó de vuelta a un armario que había decidido abandonar. 

Inés pasó más tiempo del necesario pensando en cuáles serían los motivos de aquel señalamiento discriminatorio. Por su cabeza transitaron muchas preguntas: "¿Cuál es la diferencia entre una persona trans y otra que no lo es? ¿Qué piensa este hombre que son las personas trans? ¿De dónde viene ese odio?". Todas quedaron sin responder. 

La situación descrita por Inés no es excepcional. Las personas de entre 25 y 34 años que pertenecen al colectivo expresan con asiduidad ser víctimas de este tipo de discriminación: el 45% de las encuestadas para el informe Estado del Odio 2026 hablan de la denegación del alquiler por su orientación sexual o su identidad o expresión de género tras haber interectuado en redes sociales con inmobiliarias o propietarios de una vivienda.

El mismo análisis pone cifras a esa contradicción entre normativa y realidad. Mientras España es reconocida internacionalmente como el mejor país para el colectivo, más de la mitad de las personas que pertenecen a él (54%) asegura haber sido víctima de algún tipo de discriminación. Concretamente, el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia.

La comunidad LGTBIQ+ no cuenta ni siquiera con la garantía de poder caminar con seguridad por las calles. Casi un tercio de las personas que afirman haber sufrido una agresión señalan la vía pública como escenario de violencia, tal y como sucedió esta semana en Santiago de Compostela. El centro de trabajo y los espacios de ocio son citados por el 13%, el entorno familiar por el 11% y el transporte público por el 9%. 

Alicia, madre de una niña trans adolescente, asegura percibir un viraje hacia situaciones especialmente virulentas en los centros escolares. "Estas realidades han pasado de ser invisibles a convertirse en el foco de atención, pero de forma muy negativa a consecuencia de los discursos de odio que se escuchan en la política, los medios y las redes", denuncia. 

En los colegios hay "un aumento de las violencias verbales y una vuelta al armario", lamenta la madre, parte del colectivo Chrysallis. "Muchos peques que eran visibles, ahora están cambiando de centro ante el aumento de la hostilidad porque los compañeros reproducen los discursos que escuchan en la televisión y que sus padres repiten".

"Estamos en el momento de mayor avance legislativo, pero en nuestra vida cotidiana seguimos experimentando situaciones de acoso, discriminación y violencia". Habla Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. "Nuestra vida sigue plagada de odio y no basta con tener una legislación aprobada", subraya.

Iglesias y sus compañeros se han concentrado este martes frente a las puertas del Congreso para exigir un acuerdo estatal contra los discursos de odio: "Toda esta violencia está legitimada por una ola de discursos de odio, así que es necesario erradicar el problema desde la raíz".

Las cifras oficiales avalan su preocupación. Según los datos recopilados por el Ministerio del Interior, los delitos de odio con base en la discriminación por orientación sexual o identidad de género son los segundos más numerosos, solo por detrás del racismo y la xenofobia. El año pasado fueron 539 los hechos conocidos por las autoridades, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Y, sin embargo, las personas del colectivo se encuentran con un muro institucional a la hora de denunciar los hechos. Inés ni siquiera se lo planteó. Cuando su casero expresó sin titubear que no quería a personas trans en su casa, la joven sencillamente enmudeció. El desequilibrio de poder y la certeza de que difícilmente iba a obtener reparación le llevaron a no tomar medidas. "Era su palabra contra la mía", asiente hoy. 

En casi tres años, el conocido como Servicio Arcoíris (028) ha registrado un total de 31.313 atenciones, la mayoría a través del propio teléfono, pero otras también vía chat o correo electrónico. Según la información que maneja la Federación Estatal, el 65% de las personas que sufren algún tipo de ataque opta por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acude a alguna asociación especializada. 

Ahí es donde se detienen las activistas. "El colectivo LGTBIQ+ carga con una mochila muy pesada, porque tiene que confiar en la protección de quienes hasta hace poco les perseguían", reflexiona Iglesias. Aunque la portavoz confía en que el sentir mayoritario camina hacia un horizonte de compromiso, señala que entretanto las entidades especializadas tienen la tarea clave de construir espacios seguros para dar cobijo a todas las víctimas. Para Inés, contar con una organización a la que poder llamar le sirvió para no sentirse sola. "La soledad te hunde, porque no sabes cómo seguir", comparte. "Saber que hay personas que han vivido lo mismo que tú y que te pueden escuchar es un apoyo fundamental".

El Congreso decidió no esperar más y este miércoles el órgano de gobierno de la Cámara tomó la decisión de suspender de manera cautelar las acreditaciones de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, candidato de Se Acabó La Fiesta (SALF) en las europeas y exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid respectivamente. Ambos acumulan varios expedientes por grabaciones no autorizadas, interrupciones en ruedas de prensa y hostigamiento a diputados y periodistas que están a punto de resolverse, pero la Mesa del Congreso prefirió atajar cuanto antes estos comportamientos para "proteger los intereses y derechos" de políticos y periodistas ante la "reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia" en la Cámara.

Según explican fuentes de la Mesa, se aplica la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas de manera inmediata "a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que tienen abiertos por altercados de distinta índole y que están en tramitación". Una resolución que tiene efectos inmediatos, que implica que ni Quiles ni Ndongo puedan entrar en la Cámara una vez que se les notifique formalmente. Fuentes de la Mesa explican que la suspensión cautelar se aplica "a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que tienen abiertos por altercados de distinta índole.

La retirada no tiene en cuenta la propuesta del letrado instructor, Pedro José Peña, que considera acreditadas las infracciones investigadas. Fuentes parlamentarias daban por hecho que la decisión se adoptaría esta misma semana, pero esos informes no se analizaron en la reunión de este miércoles, por lo cual no se ha podido aprobar aún una sanción definitiva. En el caso de Ndongo, el instructor discrepaba de las sanciones propuestas por el Consejo Consultivo y, aunque admitía que es una sanción grave, la rebajaba a leve y únicamente abogaba por retirarle la acreditación un máximo de diez días.

La Mesa entiende que tiene capacidad de echarles provisionalmente hasta que se resuelvan los primeros expedientes — previsiblemente la semana que viene o la siguiente— ante el aumento del número de episodios violentos que está habiendo. Aunque hay que hay que ir renovando esta medida cautelar, en la práctica es indefinida "porque PSOE y Sumar están de acuerdo en renovarla" explican fuentes parlamentarias. "La Mesa se ve obligada a tomar esta medida cautelar por el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la Democracia", añaden fuentes del órgano de gobierno.

Hay tres informes cuya tramitación está más avanzada, dos contra Quiles y uno contra Ndongo, por infracciones tipificadas como graves. El caso de Quiles se refiere a dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional, y después otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. 

El letrado considera probado que el que fuera candidato de SALF cometió dos infracciones graves del artículo 98 del Reglamento del Congreso: grabar sin permiso y publicar en redes sociales unas imágenes "obtenidas ilícitamente” y propone sancionar con hasta tres meses de retirada de acreditación, pero únicamente por la grabación a Zapatero. El informe, sin embargo, propone exonerar a Quiles en el caso de Sánchez porque "no se puede probar con certeza" que el agitador realizara esa grabación, desoyera a los trabajadores del Congreso que le advirtieron de de su conducta ni que publicara después esas imágenes en sus redes sociales. Así, el instructor concluye que "no procede imponer ninguna sanción”.

Por su parte, el expediente de Bertrand Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. Pero el instructor discrepa y considera que la “brevedad” de la interrupción y “el desistimiento del expedientado en su conducta obstructiva” atenúan “la gravedad de la infracción”.

Quiles acumula otros seis expedientes de queja por incidentes en la Cámara, según las fuentes consultadas por infoLibre, y Ndongo suma al menos otras dos denuncias. Entre los hechos más recientes figuran la denuncia del PSOE por un vídeo grabado desde un despacho del PP para atacar a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y el incidente de Ndongo con la diputada Aina Vidal, a la que insultó en rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso. 

El artículo 98 del Reglamento del Congreso tipifica como infracciones graves la grabación de imágenes o audios fuera de los espacios habilitados, la publicación de material obtenido vulnerando el reglamento y la obstrucción o interrupción de ruedas de prensa. También considera muy graves los insultos, las descalificaciones, los atentados contra la dignidad de otras personas y la grabación en despachos o zonas reservadas a grupos parlamentarios, como es el caso de las dos denuncias presentadas recientemente.

El Reglamento del Congreso castiga las infracciones leves con un apercibimiento y, en su caso, con la suspensión de la credencial durante un máximo de diez días hábiles. Las graves se sancionan con la suspensión de la credencial entre once días y tres meses. Las muy graves pueden implicar una retirada de entre tres meses y un día y tres años, o incluso la revocación definitiva. Si se acreditan nuevas infracciones graves en el plazo de un año, el reglamento permite elevar la calificación a muy grave por reiteración, lo que abriría la puerta a suspensiones mucho más prolongadas o incluso a la revocación definitiva de la credencial.

En la categoría de las infracciones leves sólo encajan dos conductas, la de omitir información requerida al pedir la acreditación o la de acceder sin autorización a espacios comunes del recinto parlamentario. La interrupción de una rueda de prensa, como la que protagonizó Ndongo, figura en cambio entre las infracciones graves. Pero el instructor propone aplicar la sanción del escalón inferior al apreciar atenuantes: la brevedad del incidente, el desistimiento del expedientado y el hecho de que la comparecencia continuase después sin anomalías.

Esta retirada cautelar de la acreditación llega meses después de que se produjeran los primeros altercados. Los letrados, según explican fuentes parlamentarias, han actuado con cautela por tratarse de una materia sensible, situada en el cruce entre la libertad de prensa, el derecho a la información y el funcionamiento normal de la Cámara. La reforma buscaba evitar que se repitiera la situación que permitió al Tribunal Supremo anular en 2019 la expulsión temporal de un redactor de okdiario que se había colado en el despacho de la entonces portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero. El Alto Tribunal entendió que esa conducta no estaba tipificada en el reglamento y ordenó que se le devolviera la acreditación.

La decisión llega, además, en plena batalla sobre los límites entre periodismo, el activismo y el acoso. La derecha votó en contra de la reforma del reglamento y el Partido Popular se ha alineado en varias ocasiones con Quiles — que participó en el cierre de campaña de las elecciones en Aragón— , pese a los incidentes acumulados. La mayoría de la Mesa, en manos del PSOE y Sumar, defiende que la medida no castiga preguntas incómodas ni opiniones críticas, sino comportamientos que impiden trabajar a diputados, trabajadores de la Cámara y periodistas acreditados. Para la Cámara Baja, la decisión de este miércoles permite cumplir con el reglamento modificado hace meses para impedir que una acreditación de prensa funcione como salvoconducto para el hostigamiento político.

Saif Abukeshek fue secuestrado por el ejército israelí el pasado jueves 30 de abril en aguas griegas (a 1.000 millas de Israel) junto con otros integrantes de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria. Tras su detención, declarada “ilegal” y “fuera de toda jurisdicción” por el Gobierno español, Abukeshek fue trasladado al centro de detención de Shikma, en la ciudad de Ashkelon, junto al activista brasileño Thiago Ávila. 

En menos de una semana, Ávila y Abukeshek han sido enjuiciados por un tribunal de sospechosas garantías, han guardado una huelga de hambre por “los malos tratos durante su detención” y han sufrido, según han denunciado, abusos y palizas. “Oíamos a diario los gritos de los prisioneros palestinos”, asegura Saif. 

Acaba de llegar a España, ¿cómo se encuentra física y anímicamente?

He perdido algo de peso por la huelga de hambre, pero por lo demás estoy bien.

Ha estado más de una semana secuestrado por Israel, ¿cómo ha sido este tiempo detenido de manera ilegal? 

Es no tener ningún control, estar humillado, abusado, insultado… Lo que lo que normalmente hace Israel. De lo que estoy seguro es que a nosotros no nos llegaron a tratar como al resto de presos.

¿En algún momento les explicaron a usted o Thiago por qué les retenían?

Nos acusaban de hacer actividades contra el interés del Estado de Israel. Colaborar con el enemigo en tiempos de guerra. Decían que éramos colaboradores de Hamás. Nos consideraban las dos figuras que representaban al movimiento y supongo que por eso nos detuvieron.

¿Cómo describiría lo que vivió en la cárcel de Shikma? ¿Cómo eran los interrogatorios?

Te levantan a las cuatro de la mañana para el recuento, luego a las seis para la comida. Te intentan obligar a comer. Te llevan al interrogatorio. Te recuerdan dónde estás, quién tiene el poder, quién controla, quién manda. Te dicen que no te van a dejar salir de aquí, que nunca vas a volver a ver a tu familia, a tu madre. Que si algún día sales van a estar detrás de ti, van a estar detrás de tu mujer, de tus hijos. 

En todos los interrogatorios estás atado a una silla que no puedes moverte. Te llevan a una visita con tu abogado y al cónsul. En todos esos movimientos vas con los ojos cerrados, con las manos y piernas atadas. Además, algún que otro interrogatorio puede durar hasta medianoche.

¿Fueron torturados física y psicológicamente? 

Físicamente nosotros no, pero si que fue una constante tortura psicológica. Solo con la propia situación intentan hundirte: estar en una silla atado, no poder moverte, el abuso verbal, los insultos, los gritos en tu cara, los juegos psicológicos… Creo que, en parte, tuvimos la suerte de tener respaldo mediático. No creo que fuéramos tratados como al resto de palestinos detenidos. Oíamos cada día sus gritos. En el barco tras ser arrestados, sin embargo, sí que recibimos violencia física. Se pueden ver las imágenes de nuestros compañeros.

¿Tuvieron algún tipo de contacto con el exterior? ¿Pudo contactar con su familia?

Con la familia nunca, los únicos contactos que tuve fue con la abogada, con el cónsul español y con el cónsul sueco. 

¿Cómo fue el proceso judicial?

No hemos pasado un juicio con cargos oficiales, sino una investigación abierta por parte del gobierno israelí. Para la primera extensión, solicitaron cuatro días y les dieron dos. Para la segunda, les dieron los seis días que pedían. Pero este no lo llegaron a completar y nos deportaron antes de que se cumpliera este periodo. 

¿Por qué iniciaron una huelga de hambre?

Inicié mi huelga de hambre en el primer momento. Yo lo anuncié directamente. Lo hice como protesta política contra una detención e intercepción ilegal. Tú ahí controlas solo tres cosas: comer, beber y hablar. El resto lo controlan ellos: cuánto duermes, dónde vas, cuánto tiempo te quedas.

¿Va a denunciar a Israel por el trato recibido?

Sí, por supuesto, aunque primero hablaré con mis abogados.

Ha expresado su deseo de volver a Gaza ¿Tiene miedo?

Tengo miedo. Toda la gente que participa tiene miedo. Toda la gente que participa tiene familias, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos impida hacer lo que nos toca hacer. Eso son dos cosas diferentes. tengo sentimientos porque soy persona, pero también un compromiso enorme con la humanidad y con el pueblo palestino.

Como sociedad, tendemos a creer que en el pasado la violencia estaba más extendida que hoy en día, resultado de las pulsiones de gentes rudas e ignorantes, incapaces de actuar de otro modo. Pero interpretarlo así nos impide comprender un aspecto fundamental: la violencia no era irracional. Al igual que ocurre en la actualidad, respondía con frecuencia a unas estrategias concretas.

En la Edad Media, la guerra era un arte complejo en donde se llegó a utilizar la violencia contra las mujeres como instrumento de agresión hacia los hombres. Durante los siglos medievales, la honra de la mujer marcaba el valor del hombre y de su grupo familiar. Atacarlas a ellas, y en particular a su virginidad, significaba atacarlos a ellos.

Visto así, la masculinidad descansaba en el control del grupo familiar al que uno pertenecía.

Nuestra investigación ha analizado cómo, en medio de la guerra civil que destruyó el reino de Navarra al final de la Edad Media (1450 a 1521), los dos bandos en conflicto, conocidos como agramonteses y beaumonteses, utilizaron a las mujeres nobles como instrumentos de ataque y consolidación del linaje.

El conflicto nace de la guerra sucesoria que se entabló, tras la muerte de Blanca de Navarra, entre Juan II de Aragón, su esposo, y el príncipe Carlos de Viana, su hijo. Los beaumonteses, con el conde de Lerín a la cabeza, defendían la legitimidad del príncipe, mientras que los agramonteses obedecían a Juan de Aragón. Con el estallido de la guerra, la nobleza se alineó con cada uno de los bandos en función de sus intereses, fidelidades y, especialmente, de los rencores enquistados entre familias desde hacía generaciones

La fuente principal de este estudio es un texto que relata casos de estas violencias contra las mujeres, escasos en la documentación del periodo. Esto hace que su hallazgo sea excepcional.

Se trata de un memorial de agravios redactado hacia 1456, en el que se reúnen 87 acusaciones hacia el bando beaumontés y sus líderes, los ya mencionados príncipe de Viana y conde de Lerín. La intención de este texto era justificar el desheredamiento de Carlos (heredero al trono de Navarra) y legitimar la sucesión de la casa de Foix (en la persona de la infanta Leonor, hermana de Juan II, y de su marido, Gastón de Foix).

Dentro de esas 87 acusaciones se incluyen ocho agravios hacia mujeres nobles, relacionados siempre con la pérdida de la honra femenina.

Algunas de estas denuncias describen intentos de agresión sexual, como la acontecida a la princesa Inés de Cleves, esposa del príncipe de Viana. En este caso, el conde de Lerín y sus secuaces trataron de provocar el adulterio de la princesa con propuestas deshonestas constantes y, al fallar estas, llegaron incluso al intento de agresión sexual y, más tarde, a su envenenamiento. El objetivo que perseguían los de Beaumont era casar a una mujer de su propio clan con el príncipe, para lo que necesitaban deshacerse de Inés de Cleves.

También, y sobre todo, se incluyen matrimonios forzosos promovidos por los beaumonteses para ampliar su red de alianzas y debilitar a los agramonteses. Lo hacían uniendo a las mujeres, por ejemplo, con un linaje inferior, algo que repercutía directamente en el grupo familiar al que ellas pertenecían. Las acusaciones insisten en la coacción (“por fuerza”) ejercida para imponer enlaces, romper acuerdos previos o desheredar a quienes se negaban a aceptar matrimonios con miembros –a menudo bastardos– del linaje Beaumont.

Como se ve, las mujeres quedaban reducidas a piezas de intercambio político. Sin embargo, formalmente las víctimas directas eran los varones, que veían vulnerado su derecho a concertar los matrimonios de sus hijas.

En una sociedad en la que la honra de la familia descansaba en la sexualidad y el comportamiento de sus mujeres, garantizar la virginidad, la legitimidad de la descendencia y la adecuación de los matrimonios era esencial para preservar patrimonio y prestigio. Siguiendo esta lógica, atacar la honra de una mujer implicaba dañar al conjunto del linaje. Por ello, la coacción matrimonial, las amenazas y las agresiones sexuales fueron utilizadas como armas políticas.

Lejos de ser un fenómeno puntual, nuestro estudio muestra el empleo sistemático de estas estrategias. Esta forma de entender la honra y su defensa dejó una huella profunda en la cultura política y social de los siglos siguientes que llega incluso hasta el momento actual.

Si en la Edad Media la violencia contra las mujeres podía ser un recurso de guerra, en la Edad Moderna su control cotidiano pasó a sostener todo un orden social. La mujer quedó relegada al espacio privado, en donde se la enseñó a guardar su honra y la del grupo familiar al que pertenecía, a través de todo un conjunto de normas. En algunos casos, dichas normas se expresaron a través de conocidos manuales de conducta como La perfecta casada (1583) de fray Luis de León, texto que ha servido de guía para las mujeres españolas hasta fechas recientes.

Entre ambos momentos no hay una ruptura total, sino la transformación de una misma lógica: la que convierte a las mujeres en garantes del honor ajeno.

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Íñigo Mugueta Moreno es profesor Titular de Historia Medieval, Universidad Pública de Navarra y Alicia Inés Montero Málaga en Historia Medieval, Universidad Autónoma de Madrid. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado este miércoles una denuncia ante la Dirección de Comunicación del Congreso contra el agitador Bertrand Ndongo, acreditado por Periodista Digital, por los incidentes ocurridos en el Congreso y sus inmediaciones el día anterior. Tras la rueda de prensa de la diputada y portavoz adjunta Aina Vidal, Ndongo profirió insultos contra ella llamándola “idiota” en repetidas ocasiones.

En la denuncia, firmada por la propia Vidal y registrada el 6 de mayo, a la que ha tenido acceso infoLibre, Sumar señala que el agitador estuvo "faltando al respeto gravemente" a Vidal mientras salía de la sala. El escrito añade que, tras ese episodio, el agitador "siguió con su actitud agresiva e insultó" y se encaró con varios periodistas que se encontraban allí realizando su trabajo generando "un clima de tensión" entre los presentes. No es la primera vez que ocurre, pero Ndongo, al igual que Vito Quiles, mantiene su acreditación.

Sumar también relata un segundo incidente después, ya fuera del Congreso, en las inmediaciones del edificio de la ampliación III, situado en la carrera de San Jerónimo 36.  En ese momento Vidal y parte de su equipo técnico salían del edificio para dirigirse a un taxi, pero Ndongo las interceptó y "obstaculizó el paso" a la diputada, impidiendo que pudiera acceder al vehículo mientras continuaba con una actitud de hostigamiento y faltas de respeto. Finalmente, la diputada pudo abrir la puerta y entrar en el taxi.

En su escrito, Sumar pide que la Dirección de Comunicación remita la denuncia a la Secretaría General, a la Mesa del Congreso y al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria para que se analice si la conducta puede constituir una infracción sancionable conforme al Reglamento del Congreso. La formación invoca el artículo 98.6, que considera infracción muy grave "proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", y el artículo 98.7, que contempla sanciones como la suspensión de la credencial de entre tres meses y un día y tres años o, en su caso, la revocación definitiva.

El escrito recuerda además que, según el artículo 98.9 del Reglamento, la imposición de sanciones debe adecuarse a la gravedad de la conducta y a la forma en que esta hubiera afectado al funcionamiento de la Cámara y al desempeño de los demás representantes de los medios de comunicación.

El agitador ultra Vito Quiles sigue acreditado en el Congreso por EDATV — un canal de agitación y propaganda política—  pese a tener múltiples denuncias judiciales activas, entre ellas, una por agresión a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y a acumular ocho expedientes por incidentes en la Cámara Baja. La Mesa del Congreso debe decidir si le suspende la acreditación y durante cuánto tiempo. El PSOE añadió el lunes una nueva denuncia por un vídeo grabado en un despacho de una diputada del Partido Popular, Alma Alfonso, según el diario El Plural. Desde el PP evitan confirmar si se trataba del despacho de Alfonso, pero tampoco lo desmienten.

Según fuentes parlamentarias, Quiles acumula ocho expedientes y la primera resolución se encuentra en la fase final del procedimiento, por lo que podría llegar la "próxima semana". Hasta ahora, la Mesa no ha ejecutado todavía ninguna retirada de credencial porque espera el informe del instructor, que debe elevar una propuesta antes de que el órgano de gobierno del Congreso tome la decisión. Desde el equipo legal de la Cámara explican que los letrados del Congreso quieren ser “muy garantistas” porque se trata de un “asunto muy delicado” que entronca con la libertad de prensa.

Los letrados del Congreso —a través del instructor designado— deben cerrar primero el informe jurídico sobre los hechos, con las pertinentes alegaciones y la calificación de las conductas, según se estipuló tras la creación del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria el pasado mes de septiembre. Antes no había un reglamento interno para dirimir esta serie de conductas, pero la presión de las asociaciones de periodistas y los múltiples incidentes con las formaciones de izquierdas forzaron la reforma del reglamento. Pero la Mesa no puede acordar la retirada de la acreditación del agitador sin el informe jurídico.

El pasado mes de marzo el instructor citó a las partes antes de cerrar el informe que debe elevar a la Mesa y llamó tanto a la parte denunciante del primer expediente, que es en este caso la Asociación de Periodistas Parlamentarios como a la denunciada antes de remitir su propuesta. Desde entonces han pasado casi dos meses pese a que los expedientes caducan si transcurren seis meses desde su incoación sin resolución según el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Quiles no sólo no presentó alegaciones dentro del plazo inicial de 20 días, sino que su defensa intentó paralizar el procedimiento alegando un defecto de forma porque el expediente iba dirigido contra "Vito Quiles" y no contra su nombre completo, "Vito Zoppellari Quiles". Además, su abogado sostuvo que no se le había remitido todo el material de la instrucción, incluidas las imágenes grabadas a Pedro Sánchez, y pidió que el proceso se detuviera y que el plazo de alegaciones volviera a contar desde cero.

El expediente más avanzado se refiere a dos episodios en los que Quiles habría grabado con su móvil en espacios del Congreso en los que no está autorizado. La APP presentó la primera denuncia contra Quiles por haber grabado al presidente del Gobierno en el pasillo anexo a la Sala Constitucional del Congreso, con el móvil y sin autorización en noviembre. Días más tarde, el 11 de diciembre, se produjo la segunda denuncia de la APP, por un encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día el agitador grabó y persiguió al expresidente a la salida de un acto en la Cámara y después difundió las imágenes.

A los expedientes impulsados por la Asociación de Periodistas Parlamentarios se suman al menos cuatro denuncias del Grupo Parlamentario Socialista contra Quiles y otras dos de Podemos. La primera también por la grabación y persecución al expresidente Zapatero. En ese escrito, el PSOE subrayaba que Quiles estaba acreditado como “redactor literario” y, por tanto, no tenía autorización para grabar vídeo dentro de la Cámara. Los socialistas registraron después otros dos escritos en marzo. Uno denunciaba que Quiles grabó el 25 de marzo al presidente del Gobierno hablando con la secretaria de Estado de Comunicación en el pasillo que rodea el hemiciclo, conocido como M30, y que posteriormente publicó la grabación en una historia de su cuenta de Instagram. 

La siguiente queja se refería a la rueda de prensa del portavoz socialista, Patxi López, celebrada el 17 de marzo, en la que Quiles habría interrumpido hasta en tres ocasiones  sin tener concedido el turno de palabra. Es la misma situación que también ha denunciado Podemos cuando su secretaria general, Ione Belarra, atendía a la prensa. Sumar también ha presentado una denuncia pero en este caso contra otro de los agitadores acreditados, Bertran Ndongo, por interrumpir una rueda de prensa de su portavoz. Este martes, también ha protagonizado un incidente con la diputada Aina Vidal, dels comuns, a la que ha insultado. Posteriormente se abalanzó sobre ella para impedir que entrara en el taxi a la salida de la Cámara.

A esas siete denuncias se añade la última, presentada por el PSOE este lunes, por el vídeo que Quiles habría grabado desde un despacho del PP en el Congreso para atacar a Begoña Gómez tras el incidente del pasado miércoles en el que el agitador acudió a un bar ubicado en Las Rozas de Madrid con el fin de acosar a la mujer del presidente del Gobierno tras el que ella le ha denunciado por un presunto delito de agresión. 

Los socialistas sostienen que el agitador utilizó el despacho de la diputada Alma Alfonso en el Congreso pese a que las normas de la Cámara Baja establecen que solo los representantes acreditados como reporteros gráficos u operadores de televisión pueden realizar grabaciones, y siempre “desde espacios habilitados o con autorización previa de la Dirección de Comunicación”. Además, prohíben grabar con dispositivos móviles y vetan las grabaciones en despachos o zonas reservadas sin autorización.

El Consejo Consultivo ya ha considerado esas conductas como infracciones graves. Según la normativa vigente, las infracciones graves pueden sancionarse con la suspensión de la credencial entre once días y tres meses. El Reglamento considera muy grave que se produzcan más de dos infracciones graves en un año o que la conducta perjudique de manera muy grave el funcionamiento normal de la Cámara.

Si el letrado que instruye el caso únicamente aprecia una falta grave, la sanción oscilaría entre once días y tres meses de suspensión. Pero si entiende que hay reiteración suficiente o que alguna conducta encaja en el catálogo de infracciones muy graves —por ejemplo, grabar en despachos de miembros de la Cámara o zonas reservadas a grupos parlamentarios—, la suspensión podría elevarse a entre tres meses y un día y tres años, e incluso llegar a la revocación definitiva de la credencial.

La primera denuncia contra Quiles fue presentada por la APP el 1 de diciembre de 2025, por la grabación no autorizada de Sánchez. La Mesa abrió el expediente el 16 de diciembre. A partir de esa incoación corre el plazo máximo de seis meses previsto en el reglamento, por lo que, salvo suspensión o incidencia procedimental, el expediente caducaría el 16 de junio de 2026 si la Mesa no lo resuelve antes. 

El PP, por su parte, se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Quiles, al que la formación conservadora invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión del agitador del Congreso y salieron en su defensa tras la denuncia presentada por Gómez por el incidente ocurrido en un restaurante de Madrid la semana pasada. 

El secretario general del partido, Miguel Tellado, sostuvo que, a la vista de las imágenes difundidas por el propio Quiles, "el agredido es un periodista", pidió "esclarecer los hechos" y reclamó al PSOE que destituyera a la militante socialista que acompañaba a la esposa del presidente del Gobierno. El líder nacional, Alberto Nuñez Feijóo, pidió "esclarecer los hechos" y dijo que ese tipo de actitudes no deberían ser compartidas por la sociedad española, pero se refirió a Quiles como "periodista".

Un argumento casi calcado utilizó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al señalar que condenaba "cualquier tipo de violencia y de acoso", con el  matiz de que quien parecía “recibir violencia" era  Quiles. También sostuvo que entiende que "haya periodistas que quieran hacerle preguntas" a Gómez porque, a su juicio, ya ha dejado de ser una persona privada.

Este martes, el Consejo de Ministros dio un paso adelante en preservar los derechos de los menores tras aprobar la ampliación de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia. Se pone así fin a las lagunas que presenta esta Ley Orgánica aprobada en 2021.

La reforma recoge varios cambios importantes que refuerzan el interés superior de los menores, poniendo énfasis en justificar cómo proteger mejor su bienestar físico, emocional y psicológico en los actos y resoluciones administrativas y judiciales.

La medida más destacada de esta ampliación de la ley es la obligación de escuchar al menor afectado sin tener en cuenta la edad, eliminando así la regla que establecía el derecho de escucha a partir de los 12 años o en menores con una “madurez suficiente”.

“La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia, por eso se eliminan las barreras que la dificultaban”, explicó Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, quien subrayó que la norma “pone en el centro el buen trato hacia las infancias” y plantea mecanismos claros y concretos para erradicar la violencia en la infancia.

Lucía Losoviz, responsable de Incidencia Política de Unicef España y en declaraciones recogidas por Efe, celebró también la medida, destacando que en estos procedimientos los menores “podrán estar acompañados por una persona de confianza y elegir el sexo de quien les entreviste, especialmente en casos de violencia o maltrato”.

Asimismo, los testimonios se recogerán a través de salas Gesell o Barnahus, lugares habilitados como entornos seguros para facilitar las declaraciones de los menores.

Por otro lado, la reforma de la ley impulsa la creación de un turno de oficio especializado en violencia contra los menores, con abogados formados en este tipo de delitos. La Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia contará con la capacidad de personarse ante casos de desprotección grave de los niños.

Unicef ha incidido en la importancia de que en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales se tenga que justificar e interpretar el interés superior del menor, “que dejará de ser una fórmula abstracta para convertirse en un principio con criterios claros”.

El nuevo texto incorpora una medida pionera: prohibir el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías similares que versan sobre la manipulación de uno de los progenitores sobre sus hijos para favorecer que rechacen al otro progenitor.

Rego lamentó que algunos tribunales se sirvan de estos planteamientos en resoluciones judiciales “para desacreditar a mujeres” y también por “la extrema derecha para golpear a las mujeres y al feminismo”.

España se convierte así en el primer país en prohibir el SAP por ley y las resoluciones basadas en este tipo de planteamientos podrán ser impugnadas.

A partir de ahora, si el menor expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá tenerlo en cuenta, investigarlo y poner en marcha las medidas pertinentes de protección para que, tal y como comentó Rego, “el niño y la niña viva en un entorno libre de violencia y alejado de sus presuntos agresores”.

La norma refuerza también que se negará la custodia compartida si existen indicios de que esta pueda afectar a la salud física, psíquica o emocional del hijo o hija. Por otro lado, solo será necesario el consentimiento de uno de los progenitores para que un niño o niña víctima de violencia pueda recibir atención psicológica, social o jurídica, evitando así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación del menor.

Esta ley no aborda el régimen de visitas –algo que se hará en la ley de violencia vicaria–, pero sí establece criterios para poder estipularlas.

“A partir de la aprobación de esta ley, los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género serán también consideradas víctimas de violencia de género”, informó la ministra de Juventud e Infancia.

Por último, otra norma recogida en esta reforma es el endurecimiento de las condiciones para trabajar en entornos con menores, como centros educativos, clubes deportivos o espacios de ocio.

Ningún profesional que haya sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia podrá ejercer y seguir en contacto con menores en el ejercicio de sus labores.

“Los maltratadores no podrán trabajar con las infancias, quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así”, puntualizó la ministra.

Cada vez es más habitual en los plenos del Congreso —en las sesiones de control al Gobierno, pero también en los debates más de fondo— que determinados portavoces conviertan al presidente en un criminal, en un traidor a la patria, en el responsable directo de la muerte de personas o en el agente de una conspiración para islamizar al pueblo español. Los medios hablan entonces de debate "duro" y "tenso". La violencia verbal queda así registrada, distribuida y, sobre todo, normalizada como un fenómeno equidistante.

infoLibre ha analizado los diarios de sesiones de dos plenos de este año —el del 11 de febrero, sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, y el del 25 de marzo, sobre la guerra en Oriente Próximo— para hacer algo que la crónica del directo impide: leer con calma lo que se dijo, identificar quién lo dijo y evaluar si el lenguaje pertenece al debate político o a otra cosa.

Para este análisis hemos manejado cuatro categorías: descalificaciones personales que atribuyen maldad o deshonestidad estructural; metáforas de violencia física o muerte aplicadas a la acción de gobierno; deshumanización del adversario o de grupos sociales; y atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada. Cada ejemplo citado está extraído literalmente del Diario de Sesiones.

La primera conclusión es que la violencia verbal en el Congreso llega, sobre todo, del lado de la derecha. No es un fenómeno difuso que afecta por igual a todos los portavoces. Se concentra, con una consistencia que va más allá de la calentura del momento, en los discursos de Santiago Abascal y, en menor grado pero con idéntica lógica, en los de Alberto Núñez Feijóo.

Abascal lidera la escala con ventaja. Su lenguaje es el que con más frecuencia convierte la crítica política en imputación moral y, en el tramo final de sus intervenciones, en acusaciones penales directas.

En la categoría de descalificaciones que atribuyen maldad estructural, el 25 de marzo no señaló errores de política exterior: diagnosticó una voluntad activa de daño. “Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas”. En la misma sesión cierra el argumento: “Como los peores belicistas de la historia, el señor Sánchez quiere la guerra porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones”.

La atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada alcanza en el líder de Vox su formulación más explícita. El 11 de febrero, con el accidente ferroviario de Adamuz como objeto del debate, su intervención concluye: “Yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías, un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales”. La frase no es una advertencia: es una condena. Ningún procedimiento judicial había establecido en ese momento —ni lo ha hecho ahora— la existencia de un crimen.

En cuanto a las metáforas de violencia, Abascal afirma que “la corrupción que han traído a España mata” y que “la invasión migratoria a la que nos condenan arruina y mata también”. El verbo “matar” aplicado a políticas públicas sitúa el lenguaje en un espacio donde la metáfora y la acusación se vuelven indistinguibles.

Ese escalado retórico no se detiene en sede parlamentaria. El pasado 24 de abril, en un mitin de precampaña en Cádiz, Abascal llamó “mierda” al presidente del Gobierno y “rata” al ministro del Interior. La secuencia es reveladora: lo que en el hemiciclo adopta la forma de acusación penal, en el mitin se convierte en insulto directo. No hay modulación entre ambos registros; hay escalada.

Lo que hace Feijóo es estructuralmente parecido, aunque ejecutado con una dicción más contenida. El líder del PP acumula un volumen notable de expresiones agresivas a lo largo de sus intervenciones, con una densidad mayor que la de Sánchez, aunque sin alcanzar la intensidad puntual de Abascal.

En la sesión del 25 de marzo, describió a Sánchez como ”un trilero”, lo llamó “perdedor” como categoría permanente y, en la réplica, escaló hasta decir: “No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría, peligrosísimo”. El adjetivo “dictatorial” no describe una medida concreta, sino una naturaleza de carácter. Aplicado a un presidente electo en un sistema democrático, no es crítica política: es una caracterización esencial.

Las metáforas de violencia y muerte fueron especialmente abundantes en el debate del 11 de febrero: “Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible”. Su cierre fue explícito: “Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte”. En la misma sesión rozó la cuarta categoría cuando advirtió: “Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta”. La diferencia con Abascal es de matiz: la advertencia frente a la condena. Feijóo predice consecuencias judiciales; Abascal declara el crimen ya cometido.

La complicidad del PP con este clima tampoco se limita al hemiciclo. El partido se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Vito Quiles, agitador ultraderechista con múltiples denuncias judiciales activas —entre ellas, una por agresión a la esposa del presidente, Begoña Gómez— y al que el PP invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión de Quiles del Congreso mientras la Mesa estudia posibles modificaciones del reglamento de acreditaciones. La lógica del PP es coherente con lo que ocurre en la tribuna: si el lenguaje de Feijóo es tolerable en el hemiciclo, el hostigamiento físico de Quiles en los pasillos también merece protección.

El caso más explícito de conexión entre retórica y violencia física no ha tenido lugar estos días en el Congreso —más allá del insólito desafío de un representante ultra al presidente de la Cámara—, sino en la Asamblea Regional de Murcia. El 15 de abril, el diputado de Vox Antonio Martínez afirmó en pleno debate parlamentario que existe “el deber de combatir, incluso con violencia”, las leyes que en España protegen el derecho al aborto y a la eutanasia.

Pedro Sánchez ocupa el tercer lugar en esta escala. Su lenguaje agresivo existe, pero se concentra en las réplicas, especialmente cuando responde a ataques directos. En la sesión del 25 de marzo formuló sobre el PP y Vox una de sus frases más cargadas: “Sabemos que no podemos permitir que estos vendepatrias que no tienen más amo que el dinero lleguen al poder”. Sobre la oposición ante el real decreto: “Son los del no a todo, excepto cuando hablan sus amos o sus compañeros de armas: ahí corren como perritos falderos a lamer su mano”. 

En la cuarta categoría, Sánchez es más cauteloso, pero en algunas réplicas de marzo roza el límite: “Igual está embolsándose el tercer sueldo o haciendo chanchullos para obtener el cuarto o el quinto“. La palabra “igual” disimula, pero no oculta, la dureza de la frase.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ocupa el cuarto lugar. Sus expresiones más extremas se dirigen a actores externos —el ejecutivo israelí, la administración Trump— y rara vez a sus adversarios parlamentarios directos. En toda la muestra, es la única portavoz que no formula ninguna descalificación personal sobre ningún parlamentario presente, no emplea metáforas animales sobre sus adversarios y no atribuye a nadie presente en el hemiciclo una intencionalidad criminal.

Sostener que “todos hacen lo mismo” se ha convertido en una posición por defecto en gran parte de la cobertura periodística española. Tiene la ventaja de parecer ecuánime. Y tiene el inconveniente no solo de ser falsa, sino de legitimar y validar a quien de verdad practica la violencia verbal más intensa.

El fenómeno no es exclusivamente español, ni sus consecuencias son solo retóricas. En Estados Unidos, el debate sobre si la violencia verbal impulsa violencia física ha adquirido urgencia empírica, en particular tras el tercer intento de asesinato que afronta su presidente. 

Un análisis reciente publicado por CNN examina lo que revelan las encuestas más recientes sobre la actitud de republicanos y demócratas ante la violencia política. Los datos muestran un amplio consenso bipartidista en que la violencia por motivos políticos va en aumento —hasta el 85% de los estadounidenses lo cree, según el centro Pew—, aunque una mayoría mayor culpa de ello a la retórica incendiaria republicana (el 69% según Gallup dice que han ido demasiado lejos) que a la demócrata. 

Sin embargo, la percepción de quién es más responsable de la violencia real se ha igualado notablemente: datos de PRRI y Pew sitúan a grupos de derecha e izquierda casi en empate (44% vs. 41%, o 52% vs. 53%), una tendencia de “ambos lados” que se acentuó tras atentados como el que costó la vida al activista ultra Charlie Kirk. Lo más llamativo es que la disposición a justificar la violencia para lograr objetivos políticos ha convergido entre simpatizantes de ambos partidos —en torno al 17-19% según PRRI—, cuando antes los republicanos triplicaban a los demócratas en esa respuesta. 

La pregunta relevante no es si el debate político español es duro —siempre lo ha sido—, sino si ha cruzado un umbral a partir del cual el lenguaje ya no describe la realidad política sino que la fabrica. Un lenguaje que convierte las políticas en crímenes y a los rivales en asesinos no sólo polariza el debate, acaba destruyéndolo.

El atentado contra Donald Trump en Washington no puede interpretarse como un episodio aislado ni como el resultado de una deriva individual. Es, más bien, la cristalización de una tendencia que se viene intensificando en Estados Unidos desde hace años y que, desde 2024, ha adquirido una nueva dimensión, que no es otra que el hecho de que la violencia política ha aumentado tanto en frecuencia como en intensidad, al tiempo que se ha ido normalizando en el imaginario colectivo.

Durante mucho tiempo, la narrativa dominante insistía en que la violencia política en Estados Unidos era marginal, una anomalía dentro de una democracia consolidada. Sin embargo, los datos más recientes obligan a revisar esa lectura. Informes del Armed Conflict Location & Event Data Project y del Bridging Divides Initiative muestran un aumento sostenido de los incidentes de violencia política desde 2021, con un repunte significativo a partir de 2024 tanto en el número de eventos como en su gravedad. A ello se suman análisis del Center for Strategic and International Studies que advierten de una intensificación de las amenazas y ataques contra actores políticos, instituciones y procesos electorales.

No solo hay más episodios sino que estos son más graves y están más directamente orientados a eliminar físicamente al adversario. Los tres intentos de asesinato contra Trump, junto con otros asesinatos de carácter político, ataques a residencias de gobernadores o agresiones a familiares de dirigentes, muestran con claridad un cambio cualitativo donde la violencia ha dejado de ser retórica para convertirse en acción directa.

Aún más preocupante es el cambio en la percepción social. En 2025, una encuesta del Public Religion Research Institute señalaba que en torno al 85% de los estadounidenses creía que la violencia política estaba en aumento. En la misma línea, estudios del Pew Research Center y del American Enterprise Institute apuntan a un crecimiento del porcentaje de ciudadanos que consideran justificable el uso de la violencia en determinados contextos políticos. Lo verdaderamente significativo no es solo la percepción de aumento, sino la creciente aceptación de la violencia como herramienta política. En un contexto de polarización extrema, cada vez más ciudadanos consideran legítimo su uso para defender sus posiciones. La consecuencia es clara, la violencia no solo crece, sino que se legitima.

Este proceso no surge de manera espontánea. Tiene raíces estructurales. La polarización extrema ha erosionado los espacios de consenso y ha transformado al adversario político en un enemigo existencial. La deshumanización del otro —un rasgo cada vez más presente en el discurso político— facilita la justificación de la violencia. Cuando el adversario deja de ser percibido como legítimo, su eliminación puede presentarse como una opción aceptable.

En este contexto, el papel del liderazgo político resulta determinante. La retórica incendiaria y conspirativa asociada a Trump y al trumpismo ha contribuido a radicalizar a sectores sociales, alimentando narrativas de agravio y amenaza. A ello se suma una ambigüedad calculada respecto al uso de la violencia en determinados contextos, que reduce los costes normativos de su empleo. El lenguaje no es neutro sino que configura percepciones, delimita marcos y, en última instancia, habilita comportamientos.

En este contexto, el ecosistema digital amplifica estas dinámicas. Las redes sociales y las plataformas digitales facilitan la difusión de teorías conspirativas y discursos extremistas, creando comunidades cerradas donde la radicalización se refuerza sin apenas contrapesos. La fragmentación informativa no solo polariza, sino que también legitima visiones del mundo en las que la violencia aparece como una respuesta coherente. Además, a todo ello hay que añadir un factor diferencial en el caso estadounidense que no es otro que la disponibilidad masiva de armas. En Estados Unidos, según estimaciones del Small Arms Survey, hay más armas que personas, lo que convierte cualquier proceso de radicalización en un riesgo potencialmente letal. De este modo, la combinación de acceso fácil a armamento, polarización extrema y normalización de la violencia genera un entorno particularmente volátil.

Lo que estamos observando, por tanto, no es una sucesión de incidentes desconectados, sino una transformación del propio marco en el que se desarrolla la política. La violencia ya no es una anomalía, sino un recurso que algunos actores consideran disponible. Y cuando eso ocurre, la calidad democrática, como se observa, se deteriora de manera profunda. Así, la cuestión de fondo no es únicamente cómo prevenir nuevos atentados, sino cómo revertir las condiciones que los hacen posibles. Sin una desescalada del discurso político, sin una responsabilidad clara por parte de los liderazgos y sin una reconstrucción de los consensos básicos que sostienen la competencia democrática, la violencia seguirá encontrando terreno fértil.

En este sentido, Estados Unidos se enfrenta así a un desafío que trasciende a sus propios actores políticos. Lo que está en juego no es solo la seguridad de figuras como Trump, sino la capacidad de su sistema político para seguir funcionando dentro de los márgenes de una democracia liberal. Porque cuando la violencia se normaliza, la democracia deja de ser un espacio de confrontación política para convertirse en un terreno de confrontación física. Y ese es un umbral que, una vez cruzado, resulta difícil de revertir.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Ahora que la nave Artemis II ha regresado de la Luna y ha vuelto a demostrar que la Tierra es esférica, los “terraplanistas” han aprovechado para insistir en que la Tierra es plana y la Luna una galleta. Y como sus argumentos no están basados en elementos objetivos ni en estudios científicos, sino en lo que ellos deciden interpretar y en el refuerzo que se produce dentro de su grupo, pues siempre tienen razón.

Los “denunciafalsistas” actúan del mismo modo, es decir, en grupo, negando la mayor, o sea, la violencia de género, y a partir de ahí todas sus consecuencias, entre ellas las denuncias interpuestas por su causa. Pero como no es posible ocultar las más de 200.000 denuncias que se ponen al año, lo que hacen es decir que la mayoría son falsas, idea que consigue dos objetivos: incidir en la negación de la violencia y presentar a las mujeres como malas y manipuladoras, reforzando el mito de la Eva perversa.

Y como toda buena manipulación necesita de algún elemento que permita su enganche con la realidad, la clave está en utilizar elementos de esa realidad para darle un significado diferente. Y es en ese sentido en el que recurren a los datos oficiales sobre la violencia de género, para manipularlos y alcanzar la conclusión de que la mayoría de las denuncias son falsas.

La realidad es muy distinta, y la FGE y el CGPJ en diferentes Memorias y estudios indican que las denuncias falsas representan alrededor del 0,01%.

Para el machismo la conclusión es distinta, y afirma que todo lo que no termina en sentencia condenatoria es una denuncia falsa, concluyendo que estas representan el 70% de las denuncias, según sus cálculos.

Para poner de manifiesto la manipulación machista, vamos a tomar los datos del último informe del CGPJ, presentado el 31-3-2026, sobre las denuncias de 2025.

Las denuncias que se pusieron a lo largo de ese año fueron 204.342, y el número de mujeres víctimas ha sido 185.188.

El total de sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género fue de 60.942, de las cuales 50.190 terminaron con una condena para el hombre denunciado, es decir, el 82,36% de los casos juzgados. A partir de esta situación establecen la primera y gran trampa, y se ponen a jugar con los datos para darle verosimilitud y que su bulo sobre las denuncias falsas tenga acogida social.

El planteamiento es muy simple, si hay 204.342 denuncias y solo se juzgan 60.942 casos, quiere decir que 143.400 denuncias “se quedan en el camino” y no llegan a juicio, algo que directamente explican al decir que se debe a que son “denuncias falsas” por hechos incongruentes que conducen directamente a su archivo. Pero no es así.

Veamos que ocurre en realidad.

A las 204.342 denuncias hay que restarle los casos en los que las mujeres que han denunciado renuncian al procedimiento al acogerse a la dispensa de declarar por el artículo 416 de la LECrim, que son 20.977 casos que no pueden llegar a juicio por la renuncia de las víctimas, y que no siempre significa que es una la denuncia que se retira, porque algunas de estas mujeres han interpuesto varias denuncias que quedarían “anuladas” al desistir del procedimiento. Luego al total de denuncias que “se quedan por el camino” (143.400) hay que restarle estos casos, por lo que las denuncias “fuera de control” quedarían en 122.423 si solo correspondieran a una sola denuncia por caso, pero los estudios indican que son bastantes más, puesto que la renuncia se produce con frecuencia en mujeres revictimizadas sometidas a la presión y a las amenazas de los entornos y del propio agresor.

La diferencia entre los casos juzgados y el número de “denuncias sobrantes” tiene su clave en lo que acabamos de indicar, concretamente el número de casos en que un agresor maltrata más de una vez a la misma mujer, circunstancia habitual en violencia de género al tratarse de una conducta que se mantiene en el tiempo, no son hechos aislados, y que lleva a las víctimas a denunciar en varias ocasiones la violencia repetida que sufren.

Esta circunstancia forma parte de la revictimización, y dentro de ella está lo que se conoce como “multirreincidencia”, es decir, agresiones repetidas de un agresor sobre la misma víctima, y por otra parte está la “polirreincidencia” cuando un mismo agresor agrede a diferentes mujeres. Desde el punto de vista de las denuncias y sus consecuencias judiciales, en el caso de las agresiones cometidas por un agresor sobre la misma mujer, las distintas denuncias se verían en un solo juicio, mientras que en la “polirreincidencia” las denuncias se juzgarían en juicios separados.

Los estudios indican que cuando se trata de agresiones repetidas cometidas por un agresor sobre una mujer, el número de denuncias varía. Concretamente, en el trabajo titulado “Agresores plurivictimizadores en violencia de género: un estudio exploratorio”, de Marta Caballé-Pérez, realizado por varias universidades españolas y la SES del ministerio de Interior (febrero 2024), se indica que el número de denuncias interpuestas por una misma víctima en estas circunstancias puede llegar hasta 7. Si se tiene en cuenta, tal y como recoge la investigación, que entre el 33% y el 42% de los agresores son multirreincidentes, y que el 36,2% es denunciado más de una vez por la misma mujer, pudiendo llegar a ser este número de denuncias hasta 7, el número final de denuncias correspondientes a una misma mujer resulta muy elevado. Veámoslo de manera aproximada. Si hay 185.188 víctimas y el 35% (tomando una referencia entre 33-42%), son reincidentes sobre una sola mujer, significa que hay 64.816 maltratadores reincidentes, de los cuales el 36,2% (23.463) son denunciados de 2 a 7 veces por la misma mujer, es decir, que las denuncias en estas circunstancias podrían sumar entre 46.926 (si se ponen 2 denuncias) y 164.241 (si se pusieran 7 denuncias). 

Como se puede ver, la multirreincidencia y las denuncias que la acompañan justifican por sí solas el total de denuncias que se interponen cada año como parte de la violencia de género, sin que el resultado final se deba a “denuncias falsas”.

Y sobre todo ello hay que considerar también las otras formas de terminar el proceso que recoge el informe del CGPJ, entre ellas el sobreseimiento, pero representan porcentajes bajos y forman parte de una situación común a todo tipo de delitos, sin que signifique que se está ante denuncias falsas. Menos aún en violencia de género, una violencia que se produce en la privacidad del hogar, sin testigos presentes y que con frecuencia se denuncia tiempo después de los hechos, con lo cual las evidencias sobre la violencia se han modificado de manera significativa y dificultan demostrar su existencia. En este sentido la FGE, ya en su Memoria de 2012, fue clara y recogió que la “no condena” o la “prueba insuficiente” no equivale a denuncia falsa. Estos datos sobre los archivos desmontan otro de los bulos del machismo cuando dice que los hombres “han perdido la presunción de inocencia”, y ponen de manifiesto que lo que realmente existe es una “presunción de culpabilidad” para las mujeres como autoras de un delito de denuncia falsa.

La manipulación del machismo es evidente y busca defender su modelo androcéntrico, y que la violencia que históricamente han ejercido los hombres contra las mujeres se mantenga dentro de la normalidad y la privacidad, y con ella todos los privilegios masculinos. Por eso, a toda la manipulación sobre las “denuncias falsas” unen que la mayoría de las condenas se deben a “conformidad”, es decir, a la aceptación de los hechos por parte del agresor, y presentan esta situación como consecuencia de la amenaza del sistema con mandarlo a la cárcel, cuando en realidad son casos evidentes que se conforman para rebajar la pena, algo de lo que he sido testigo como médico forense.

La manipulación es tan evidente que no tendría recorrido ni aceptación en ningún otro tema, pero la tiene en violencia de género demostrando que esta es una parte esencial del machismo y su cultura.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha descartado nuevamente dimitir y ha denunciado que hay una "cacería política" contra él, después de que un juzgado haya admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido que le acusa de presuntos delitos de acoso sexual y laboral, según informa EFE.

"Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir, Manuel Bautista va a seguir trabajando por y para Móstoles, como ha hecho desde el primer día", ha insistido el regidor en una comparecencia ofrecida este lunes a las puertas del Ayuntamiento, donde únicamente ha admitido una pregunta.

Esta reacción llega después de que este domingo trascendiera que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

Tras conocer el auto, el alcalde ha asegurado que todavía está "esperando" a que el juzgado le haga llegar esta querella, por lo que no sabe aún de qué defenderse. "Lo bueno que tiene que se haya admitido la causa es que por lo menos voy a tener la querella", ha añadido Bautista.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

El letrado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha afirmado al ser consultado sobre la admisión que "ante la notoria existencia de presuntos indicios de criminalidad por parte de Manuel Bautista y del PP" la resolución judicial "no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial".

En el auto de admisión a trámite, fechado el 15 de abril y al que ha tenido acceso EFE, la magistrada ordena que la querellante sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

La jueza explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Las autoridades iraníes ejecutaron este lunes a un preso condenado por su participación en las protestas de enero, el séptimo en las últimas semanas, en medio de una intensificación de los ahorcamientos de presos políticos.

“Alí Fahim, uno de los elementos de los enemigos implicados en los disturbios terroristas de enero que había atacado instalaciones militares con el objetivo de apoderarse de armas, fue ejecutado tras la revisión del caso y la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Según el medio oficial, Fahim participó junto con otras cuatro personas en la destrucción de una base militar y trató sin éxito de apoderarse de armas.

Entre los cargos por los que ha sido condenado se incluye “acciones operativas contra la seguridad del país en favor del régimen sionista, Estados Unidos y grupos hostiles”.

Con está ejecución, Irán ha ahorcado hasta ahora a siete personas desde el 19 de marzo condenadas por su participación en las protestas de enero.

Además, la República Islámica ha ahorcado al menos cuatro presos considerados presos políticos en las últimas semanas.

Las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica, fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EEUU, elevan esa cifra a más de 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo y, en 2025, ahorcó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50% respecto al año anterior.

La Ertzaintza ha detenido este viernes a un hombre de 45 años por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, una mujer de 44 años, que se produjo este miércoles en una vivienda de la localidad vizcaína de Basauri, en un caso que se investiga como violencia de género.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, una mujer de 44 años falleció este miércoles por la mañana en una vivienda de Basauri (Bizkaia), tras haber sufrido, al parecer, "una supuesta indisposición", y después de todos los intentos "infructuosos" por salvar su vida de los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Tras el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento se determinó que pudiera tratarse de una muerte violenta.

La Ertzaintza inició entonces una investigación en relación a este suceso, y como resultado de la misma, durante la mañana de este viernes, se ha procedido a la detención de la pareja de la víctima, un hombre de 45 años, acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

Más denuncias, un ligero aumento de víctimas y menos órdenes de protección concedidas son los principales indicadores de la violencia de género en España en 2025, año en el que se presentaron 204.342 denuncias, un 2,64% más que en 2024; hubo 185.188 víctimas, el 0,70% más, y 47.944 órdenes de protección adoptadas, un 2,68% menos, según recoge EFE.

Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que este lunes ha publicado su estadística anual que señala que cada día del año pasado se presentó una media de 559 denuncias (fueron 544 en 2024) y hubo 507 mujeres víctimas (502 mujeres en 2024 y 533 en 2023).

El 71,61% de las denuncias las interpuso la propia víctima; el 16,25%, la policía; el 7,07%, se debieron a parte de lesiones; el 3,11% las interpusieron terceros y un escaso 1,96% los familiares de la víctima. El 61,64% de las víctimas eran españolas y el resto, extranjeras.

Un total de 20.977 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor en 2025, un 12,60% más que en 2024, es decir tomaron esta decisión once mujeres víctimas de cada cien (11,33%). De ellas, un 10,17 de las españolas y un 13,19% de las extranjeras. 

En 2025 descendieron las órdenes de protección solicitadas por las víctimas (47.944, un 2,68% menos). De ellas, fueron acordadas 32.840 y se denegaron otras 14.851, un 1,22% y un 6,2% menos que en 2024, respectivamente. El 61,4% de las víctimas que solicitaron protección (24.683) eran españolas y un 0,9% del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 se dictaron 60.942 sentencias por asuntos de violencia de género, y las condenatorias aumentaron del 80,55% de 2024 al 82,36 % en 2025. En concreto fueron 50.190 las condenatorias y 10.752 absolutorias.

Un año más, el mayor porcentaje de condenas se dio en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer (92,93%), seguido de las audiencias provinciales (79,96%) y, en último lugar, los juzgados de lo penal (72,2%).

Los juzgados de menores enjuiciaron a 417 delitos relacionados con violencia contra la mujer, 75 más que en 2024 cuando fueron 342, y se impusieron medidas en el 91,85% de los casos.

En todo 2025 las medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores) fueron de 59.158 (frente a las 59.850 del mismo periodo de 2024), y las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (22.951) y la orden de alejamiento (22.845), seguidas de otras como la suspensión de la tenencia y uso de armas. 

Por su parte, se dictaron 19.127 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal (en 2024 fueron 19.745). De las dictadas, las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (5.939), seguidas por las de la atribución de la vivienda (3.912), la suspensión del régimen de visitas (3.911) y la suspensión de la guardia y custodia (2.583). 

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron el pasado año 7.337 juicios sobre delitos leves, de los que 3.530 (el 48%) fueron de enjuiciamiento inmediato.  

El número de personas enjuiciadas en estos órganos judiciales fue de 30.099. El 99,4% fueron hombres y, de ellos, el 92,9% fueron condenados. El porcentaje de condenadas es también muy elevado en el caso de las mujeres enjuiciadas (93,9%), que en total fueron 180. 

Los datos del CGPJ reflejan que la violencia machista se dio de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74 en el conjunto del país, el mismo que en 2024. 

La tasa superó a la media nacional en Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunitat Valenciana (92,7), Canarias (90,3), Murcia (89,8), Andalucía (81,9), Comunidad de Madrid (78,9).

Las tasas más bajas se registraron en Castilla y León (48,4), Galicia (49,8), La Rioja (55,8), Asturias (58), Extremadura (58,5), País Vasco (59,9), Castilla-La Mancha (61,3), Catalunya (61,5), Aragón (64,9) y Cantabria (73,4).