Saif Abukeshek fue secuestrado por el ejército israelí el pasado jueves 30 de abril en aguas griegas (a 1.000 millas de Israel) junto con otros integrantes de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria. Tras su detención, declarada “ilegal” y “fuera de toda jurisdicción” por el Gobierno español, Abukeshek fue trasladado al centro de detención de Shikma, en la ciudad de Ashkelon, junto al activista brasileño Thiago Ávila. 

En menos de una semana, Ávila y Abukeshek han sido enjuiciados por un tribunal de sospechosas garantías, han guardado una huelga de hambre por “los malos tratos durante su detención” y han sufrido, según han denunciado, abusos y palizas. “Oíamos a diario los gritos de los prisioneros palestinos”, asegura Saif. 

Acaba de llegar a España, ¿cómo se encuentra física y anímicamente?

He perdido algo de peso por la huelga de hambre, pero por lo demás estoy bien.

Ha estado más de una semana secuestrado por Israel, ¿cómo ha sido este tiempo detenido de manera ilegal? 

Es no tener ningún control, estar humillado, abusado, insultado… Lo que lo que normalmente hace Israel. De lo que estoy seguro es que a nosotros no nos llegaron a tratar como al resto de presos.

¿En algún momento les explicaron a usted o Thiago por qué les retenían?

Nos acusaban de hacer actividades contra el interés del Estado de Israel. Colaborar con el enemigo en tiempos de guerra. Decían que éramos colaboradores de Hamás. Nos consideraban las dos figuras que representaban al movimiento y supongo que por eso nos detuvieron.

¿Cómo describiría lo que vivió en la cárcel de Shikma? ¿Cómo eran los interrogatorios?

Te levantan a las cuatro de la mañana para el recuento, luego a las seis para la comida. Te intentan obligar a comer. Te llevan al interrogatorio. Te recuerdan dónde estás, quién tiene el poder, quién controla, quién manda. Te dicen que no te van a dejar salir de aquí, que nunca vas a volver a ver a tu familia, a tu madre. Que si algún día sales van a estar detrás de ti, van a estar detrás de tu mujer, de tus hijos. 

En todos los interrogatorios estás atado a una silla que no puedes moverte. Te llevan a una visita con tu abogado y al cónsul. En todos esos movimientos vas con los ojos cerrados, con las manos y piernas atadas. Además, algún que otro interrogatorio puede durar hasta medianoche.

¿Fueron torturados física y psicológicamente? 

Físicamente nosotros no, pero si que fue una constante tortura psicológica. Solo con la propia situación intentan hundirte: estar en una silla atado, no poder moverte, el abuso verbal, los insultos, los gritos en tu cara, los juegos psicológicos… Creo que, en parte, tuvimos la suerte de tener respaldo mediático. No creo que fuéramos tratados como al resto de palestinos detenidos. Oíamos cada día sus gritos. En el barco tras ser arrestados, sin embargo, sí que recibimos violencia física. Se pueden ver las imágenes de nuestros compañeros.

¿Tuvieron algún tipo de contacto con el exterior? ¿Pudo contactar con su familia?

Con la familia nunca, los únicos contactos que tuve fue con la abogada, con el cónsul español y con el cónsul sueco. 

¿Cómo fue el proceso judicial?

No hemos pasado un juicio con cargos oficiales, sino una investigación abierta por parte del gobierno israelí. Para la primera extensión, solicitaron cuatro días y les dieron dos. Para la segunda, les dieron los seis días que pedían. Pero este no lo llegaron a completar y nos deportaron antes de que se cumpliera este periodo. 

¿Por qué iniciaron una huelga de hambre?

Inicié mi huelga de hambre en el primer momento. Yo lo anuncié directamente. Lo hice como protesta política contra una detención e intercepción ilegal. Tú ahí controlas solo tres cosas: comer, beber y hablar. El resto lo controlan ellos: cuánto duermes, dónde vas, cuánto tiempo te quedas.

¿Va a denunciar a Israel por el trato recibido?

Sí, por supuesto, aunque primero hablaré con mis abogados.

Ha expresado su deseo de volver a Gaza ¿Tiene miedo?

Tengo miedo. Toda la gente que participa tiene miedo. Toda la gente que participa tiene familias, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos impida hacer lo que nos toca hacer. Eso son dos cosas diferentes. tengo sentimientos porque soy persona, pero también un compromiso enorme con la humanidad y con el pueblo palestino.

Como sociedad, tendemos a creer que en el pasado la violencia estaba más extendida que hoy en día, resultado de las pulsiones de gentes rudas e ignorantes, incapaces de actuar de otro modo. Pero interpretarlo así nos impide comprender un aspecto fundamental: la violencia no era irracional. Al igual que ocurre en la actualidad, respondía con frecuencia a unas estrategias concretas.

En la Edad Media, la guerra era un arte complejo en donde se llegó a utilizar la violencia contra las mujeres como instrumento de agresión hacia los hombres. Durante los siglos medievales, la honra de la mujer marcaba el valor del hombre y de su grupo familiar. Atacarlas a ellas, y en particular a su virginidad, significaba atacarlos a ellos.

Visto así, la masculinidad descansaba en el control del grupo familiar al que uno pertenecía.

Nuestra investigación ha analizado cómo, en medio de la guerra civil que destruyó el reino de Navarra al final de la Edad Media (1450 a 1521), los dos bandos en conflicto, conocidos como agramonteses y beaumonteses, utilizaron a las mujeres nobles como instrumentos de ataque y consolidación del linaje.

El conflicto nace de la guerra sucesoria que se entabló, tras la muerte de Blanca de Navarra, entre Juan II de Aragón, su esposo, y el príncipe Carlos de Viana, su hijo. Los beaumonteses, con el conde de Lerín a la cabeza, defendían la legitimidad del príncipe, mientras que los agramonteses obedecían a Juan de Aragón. Con el estallido de la guerra, la nobleza se alineó con cada uno de los bandos en función de sus intereses, fidelidades y, especialmente, de los rencores enquistados entre familias desde hacía generaciones

La fuente principal de este estudio es un texto que relata casos de estas violencias contra las mujeres, escasos en la documentación del periodo. Esto hace que su hallazgo sea excepcional.

Se trata de un memorial de agravios redactado hacia 1456, en el que se reúnen 87 acusaciones hacia el bando beaumontés y sus líderes, los ya mencionados príncipe de Viana y conde de Lerín. La intención de este texto era justificar el desheredamiento de Carlos (heredero al trono de Navarra) y legitimar la sucesión de la casa de Foix (en la persona de la infanta Leonor, hermana de Juan II, y de su marido, Gastón de Foix).

Dentro de esas 87 acusaciones se incluyen ocho agravios hacia mujeres nobles, relacionados siempre con la pérdida de la honra femenina.

Algunas de estas denuncias describen intentos de agresión sexual, como la acontecida a la princesa Inés de Cleves, esposa del príncipe de Viana. En este caso, el conde de Lerín y sus secuaces trataron de provocar el adulterio de la princesa con propuestas deshonestas constantes y, al fallar estas, llegaron incluso al intento de agresión sexual y, más tarde, a su envenenamiento. El objetivo que perseguían los de Beaumont era casar a una mujer de su propio clan con el príncipe, para lo que necesitaban deshacerse de Inés de Cleves.

También, y sobre todo, se incluyen matrimonios forzosos promovidos por los beaumonteses para ampliar su red de alianzas y debilitar a los agramonteses. Lo hacían uniendo a las mujeres, por ejemplo, con un linaje inferior, algo que repercutía directamente en el grupo familiar al que ellas pertenecían. Las acusaciones insisten en la coacción (“por fuerza”) ejercida para imponer enlaces, romper acuerdos previos o desheredar a quienes se negaban a aceptar matrimonios con miembros –a menudo bastardos– del linaje Beaumont.

Como se ve, las mujeres quedaban reducidas a piezas de intercambio político. Sin embargo, formalmente las víctimas directas eran los varones, que veían vulnerado su derecho a concertar los matrimonios de sus hijas.

En una sociedad en la que la honra de la familia descansaba en la sexualidad y el comportamiento de sus mujeres, garantizar la virginidad, la legitimidad de la descendencia y la adecuación de los matrimonios era esencial para preservar patrimonio y prestigio. Siguiendo esta lógica, atacar la honra de una mujer implicaba dañar al conjunto del linaje. Por ello, la coacción matrimonial, las amenazas y las agresiones sexuales fueron utilizadas como armas políticas.

Lejos de ser un fenómeno puntual, nuestro estudio muestra el empleo sistemático de estas estrategias. Esta forma de entender la honra y su defensa dejó una huella profunda en la cultura política y social de los siglos siguientes que llega incluso hasta el momento actual.

Si en la Edad Media la violencia contra las mujeres podía ser un recurso de guerra, en la Edad Moderna su control cotidiano pasó a sostener todo un orden social. La mujer quedó relegada al espacio privado, en donde se la enseñó a guardar su honra y la del grupo familiar al que pertenecía, a través de todo un conjunto de normas. En algunos casos, dichas normas se expresaron a través de conocidos manuales de conducta como La perfecta casada (1583) de fray Luis de León, texto que ha servido de guía para las mujeres españolas hasta fechas recientes.

Entre ambos momentos no hay una ruptura total, sino la transformación de una misma lógica: la que convierte a las mujeres en garantes del honor ajeno.

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Íñigo Mugueta Moreno es profesor Titular de Historia Medieval, Universidad Pública de Navarra y Alicia Inés Montero Málaga en Historia Medieval, Universidad Autónoma de Madrid. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado este miércoles una denuncia ante la Dirección de Comunicación del Congreso contra el agitador Bertrand Ndongo, acreditado por Periodista Digital, por los incidentes ocurridos en el Congreso y sus inmediaciones el día anterior. Tras la rueda de prensa de la diputada y portavoz adjunta Aina Vidal, Ndongo profirió insultos contra ella llamándola “idiota” en repetidas ocasiones.

En la denuncia, firmada por la propia Vidal y registrada el 6 de mayo, a la que ha tenido acceso infoLibre, Sumar señala que el agitador estuvo "faltando al respeto gravemente" a Vidal mientras salía de la sala. El escrito añade que, tras ese episodio, el agitador "siguió con su actitud agresiva e insultó" y se encaró con varios periodistas que se encontraban allí realizando su trabajo generando "un clima de tensión" entre los presentes. No es la primera vez que ocurre, pero Ndongo, al igual que Vito Quiles, mantiene su acreditación.

Sumar también relata un segundo incidente después, ya fuera del Congreso, en las inmediaciones del edificio de la ampliación III, situado en la carrera de San Jerónimo 36.  En ese momento Vidal y parte de su equipo técnico salían del edificio para dirigirse a un taxi, pero Ndongo las interceptó y "obstaculizó el paso" a la diputada, impidiendo que pudiera acceder al vehículo mientras continuaba con una actitud de hostigamiento y faltas de respeto. Finalmente, la diputada pudo abrir la puerta y entrar en el taxi.

En su escrito, Sumar pide que la Dirección de Comunicación remita la denuncia a la Secretaría General, a la Mesa del Congreso y al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria para que se analice si la conducta puede constituir una infracción sancionable conforme al Reglamento del Congreso. La formación invoca el artículo 98.6, que considera infracción muy grave "proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", y el artículo 98.7, que contempla sanciones como la suspensión de la credencial de entre tres meses y un día y tres años o, en su caso, la revocación definitiva.

El escrito recuerda además que, según el artículo 98.9 del Reglamento, la imposición de sanciones debe adecuarse a la gravedad de la conducta y a la forma en que esta hubiera afectado al funcionamiento de la Cámara y al desempeño de los demás representantes de los medios de comunicación.

El agitador ultra Vito Quiles sigue acreditado en el Congreso por EDATV — un canal de agitación y propaganda política—  pese a tener múltiples denuncias judiciales activas, entre ellas, una por agresión a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y a acumular ocho expedientes por incidentes en la Cámara Baja. La Mesa del Congreso debe decidir si le suspende la acreditación y durante cuánto tiempo. El PSOE añadió el lunes una nueva denuncia por un vídeo grabado en un despacho de una diputada del Partido Popular, Alma Alfonso, según el diario El Plural. Desde el PP evitan confirmar si se trataba del despacho de Alfonso, pero tampoco lo desmienten.

Según fuentes parlamentarias, Quiles acumula ocho expedientes y la primera resolución se encuentra en la fase final del procedimiento, por lo que podría llegar la "próxima semana". Hasta ahora, la Mesa no ha ejecutado todavía ninguna retirada de credencial porque espera el informe del instructor, que debe elevar una propuesta antes de que el órgano de gobierno del Congreso tome la decisión. Desde el equipo legal de la Cámara explican que los letrados del Congreso quieren ser “muy garantistas” porque se trata de un “asunto muy delicado” que entronca con la libertad de prensa.

Los letrados del Congreso —a través del instructor designado— deben cerrar primero el informe jurídico sobre los hechos, con las pertinentes alegaciones y la calificación de las conductas, según se estipuló tras la creación del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria el pasado mes de septiembre. Antes no había un reglamento interno para dirimir esta serie de conductas, pero la presión de las asociaciones de periodistas y los múltiples incidentes con las formaciones de izquierdas forzaron la reforma del reglamento. Pero la Mesa no puede acordar la retirada de la acreditación del agitador sin el informe jurídico.

El pasado mes de marzo el instructor citó a las partes antes de cerrar el informe que debe elevar a la Mesa y llamó tanto a la parte denunciante del primer expediente, que es en este caso la Asociación de Periodistas Parlamentarios como a la denunciada antes de remitir su propuesta. Desde entonces han pasado casi dos meses pese a que los expedientes caducan si transcurren seis meses desde su incoación sin resolución según el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Quiles no sólo no presentó alegaciones dentro del plazo inicial de 20 días, sino que su defensa intentó paralizar el procedimiento alegando un defecto de forma porque el expediente iba dirigido contra "Vito Quiles" y no contra su nombre completo, "Vito Zoppellari Quiles". Además, su abogado sostuvo que no se le había remitido todo el material de la instrucción, incluidas las imágenes grabadas a Pedro Sánchez, y pidió que el proceso se detuviera y que el plazo de alegaciones volviera a contar desde cero.

El expediente más avanzado se refiere a dos episodios en los que Quiles habría grabado con su móvil en espacios del Congreso en los que no está autorizado. La APP presentó la primera denuncia contra Quiles por haber grabado al presidente del Gobierno en el pasillo anexo a la Sala Constitucional del Congreso, con el móvil y sin autorización en noviembre. Días más tarde, el 11 de diciembre, se produjo la segunda denuncia de la APP, por un encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día el agitador grabó y persiguió al expresidente a la salida de un acto en la Cámara y después difundió las imágenes.

A los expedientes impulsados por la Asociación de Periodistas Parlamentarios se suman al menos cuatro denuncias del Grupo Parlamentario Socialista contra Quiles y otras dos de Podemos. La primera también por la grabación y persecución al expresidente Zapatero. En ese escrito, el PSOE subrayaba que Quiles estaba acreditado como “redactor literario” y, por tanto, no tenía autorización para grabar vídeo dentro de la Cámara. Los socialistas registraron después otros dos escritos en marzo. Uno denunciaba que Quiles grabó el 25 de marzo al presidente del Gobierno hablando con la secretaria de Estado de Comunicación en el pasillo que rodea el hemiciclo, conocido como M30, y que posteriormente publicó la grabación en una historia de su cuenta de Instagram. 

La siguiente queja se refería a la rueda de prensa del portavoz socialista, Patxi López, celebrada el 17 de marzo, en la que Quiles habría interrumpido hasta en tres ocasiones  sin tener concedido el turno de palabra. Es la misma situación que también ha denunciado Podemos cuando su secretaria general, Ione Belarra, atendía a la prensa. Sumar también ha presentado una denuncia pero en este caso contra otro de los agitadores acreditados, Bertran Ndongo, por interrumpir una rueda de prensa de su portavoz. Este martes, también ha protagonizado un incidente con la diputada Aina Vidal, dels comuns, a la que ha insultado. Posteriormente se abalanzó sobre ella para impedir que entrara en el taxi a la salida de la Cámara.

A esas siete denuncias se añade la última, presentada por el PSOE este lunes, por el vídeo que Quiles habría grabado desde un despacho del PP en el Congreso para atacar a Begoña Gómez tras el incidente del pasado miércoles en el que el agitador acudió a un bar ubicado en Las Rozas de Madrid con el fin de acosar a la mujer del presidente del Gobierno tras el que ella le ha denunciado por un presunto delito de agresión. 

Los socialistas sostienen que el agitador utilizó el despacho de la diputada Alma Alfonso en el Congreso pese a que las normas de la Cámara Baja establecen que solo los representantes acreditados como reporteros gráficos u operadores de televisión pueden realizar grabaciones, y siempre “desde espacios habilitados o con autorización previa de la Dirección de Comunicación”. Además, prohíben grabar con dispositivos móviles y vetan las grabaciones en despachos o zonas reservadas sin autorización.

El Consejo Consultivo ya ha considerado esas conductas como infracciones graves. Según la normativa vigente, las infracciones graves pueden sancionarse con la suspensión de la credencial entre once días y tres meses. El Reglamento considera muy grave que se produzcan más de dos infracciones graves en un año o que la conducta perjudique de manera muy grave el funcionamiento normal de la Cámara.

Si el letrado que instruye el caso únicamente aprecia una falta grave, la sanción oscilaría entre once días y tres meses de suspensión. Pero si entiende que hay reiteración suficiente o que alguna conducta encaja en el catálogo de infracciones muy graves —por ejemplo, grabar en despachos de miembros de la Cámara o zonas reservadas a grupos parlamentarios—, la suspensión podría elevarse a entre tres meses y un día y tres años, e incluso llegar a la revocación definitiva de la credencial.

La primera denuncia contra Quiles fue presentada por la APP el 1 de diciembre de 2025, por la grabación no autorizada de Sánchez. La Mesa abrió el expediente el 16 de diciembre. A partir de esa incoación corre el plazo máximo de seis meses previsto en el reglamento, por lo que, salvo suspensión o incidencia procedimental, el expediente caducaría el 16 de junio de 2026 si la Mesa no lo resuelve antes. 

El PP, por su parte, se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Quiles, al que la formación conservadora invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión del agitador del Congreso y salieron en su defensa tras la denuncia presentada por Gómez por el incidente ocurrido en un restaurante de Madrid la semana pasada. 

El secretario general del partido, Miguel Tellado, sostuvo que, a la vista de las imágenes difundidas por el propio Quiles, "el agredido es un periodista", pidió "esclarecer los hechos" y reclamó al PSOE que destituyera a la militante socialista que acompañaba a la esposa del presidente del Gobierno. El líder nacional, Alberto Nuñez Feijóo, pidió "esclarecer los hechos" y dijo que ese tipo de actitudes no deberían ser compartidas por la sociedad española, pero se refirió a Quiles como "periodista".

Un argumento casi calcado utilizó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al señalar que condenaba "cualquier tipo de violencia y de acoso", con el  matiz de que quien parecía “recibir violencia" era  Quiles. También sostuvo que entiende que "haya periodistas que quieran hacerle preguntas" a Gómez porque, a su juicio, ya ha dejado de ser una persona privada.

Este martes, el Consejo de Ministros dio un paso adelante en preservar los derechos de los menores tras aprobar la ampliación de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia. Se pone así fin a las lagunas que presenta esta Ley Orgánica aprobada en 2021.

La reforma recoge varios cambios importantes que refuerzan el interés superior de los menores, poniendo énfasis en justificar cómo proteger mejor su bienestar físico, emocional y psicológico en los actos y resoluciones administrativas y judiciales.

La medida más destacada de esta ampliación de la ley es la obligación de escuchar al menor afectado sin tener en cuenta la edad, eliminando así la regla que establecía el derecho de escucha a partir de los 12 años o en menores con una “madurez suficiente”.

“La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia, por eso se eliminan las barreras que la dificultaban”, explicó Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, quien subrayó que la norma “pone en el centro el buen trato hacia las infancias” y plantea mecanismos claros y concretos para erradicar la violencia en la infancia.

Lucía Losoviz, responsable de Incidencia Política de Unicef España y en declaraciones recogidas por Efe, celebró también la medida, destacando que en estos procedimientos los menores “podrán estar acompañados por una persona de confianza y elegir el sexo de quien les entreviste, especialmente en casos de violencia o maltrato”.

Asimismo, los testimonios se recogerán a través de salas Gesell o Barnahus, lugares habilitados como entornos seguros para facilitar las declaraciones de los menores.

Por otro lado, la reforma de la ley impulsa la creación de un turno de oficio especializado en violencia contra los menores, con abogados formados en este tipo de delitos. La Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia contará con la capacidad de personarse ante casos de desprotección grave de los niños.

Unicef ha incidido en la importancia de que en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales se tenga que justificar e interpretar el interés superior del menor, “que dejará de ser una fórmula abstracta para convertirse en un principio con criterios claros”.

El nuevo texto incorpora una medida pionera: prohibir el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías similares que versan sobre la manipulación de uno de los progenitores sobre sus hijos para favorecer que rechacen al otro progenitor.

Rego lamentó que algunos tribunales se sirvan de estos planteamientos en resoluciones judiciales “para desacreditar a mujeres” y también por “la extrema derecha para golpear a las mujeres y al feminismo”.

España se convierte así en el primer país en prohibir el SAP por ley y las resoluciones basadas en este tipo de planteamientos podrán ser impugnadas.

A partir de ahora, si el menor expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá tenerlo en cuenta, investigarlo y poner en marcha las medidas pertinentes de protección para que, tal y como comentó Rego, “el niño y la niña viva en un entorno libre de violencia y alejado de sus presuntos agresores”.

La norma refuerza también que se negará la custodia compartida si existen indicios de que esta pueda afectar a la salud física, psíquica o emocional del hijo o hija. Por otro lado, solo será necesario el consentimiento de uno de los progenitores para que un niño o niña víctima de violencia pueda recibir atención psicológica, social o jurídica, evitando así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación del menor.

Esta ley no aborda el régimen de visitas –algo que se hará en la ley de violencia vicaria–, pero sí establece criterios para poder estipularlas.

“A partir de la aprobación de esta ley, los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género serán también consideradas víctimas de violencia de género”, informó la ministra de Juventud e Infancia.

Por último, otra norma recogida en esta reforma es el endurecimiento de las condiciones para trabajar en entornos con menores, como centros educativos, clubes deportivos o espacios de ocio.

Ningún profesional que haya sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia podrá ejercer y seguir en contacto con menores en el ejercicio de sus labores.

“Los maltratadores no podrán trabajar con las infancias, quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así”, puntualizó la ministra.

Cada vez es más habitual en los plenos del Congreso —en las sesiones de control al Gobierno, pero también en los debates más de fondo— que determinados portavoces conviertan al presidente en un criminal, en un traidor a la patria, en el responsable directo de la muerte de personas o en el agente de una conspiración para islamizar al pueblo español. Los medios hablan entonces de debate "duro" y "tenso". La violencia verbal queda así registrada, distribuida y, sobre todo, normalizada como un fenómeno equidistante.

infoLibre ha analizado los diarios de sesiones de dos plenos de este año —el del 11 de febrero, sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, y el del 25 de marzo, sobre la guerra en Oriente Próximo— para hacer algo que la crónica del directo impide: leer con calma lo que se dijo, identificar quién lo dijo y evaluar si el lenguaje pertenece al debate político o a otra cosa.

Para este análisis hemos manejado cuatro categorías: descalificaciones personales que atribuyen maldad o deshonestidad estructural; metáforas de violencia física o muerte aplicadas a la acción de gobierno; deshumanización del adversario o de grupos sociales; y atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada. Cada ejemplo citado está extraído literalmente del Diario de Sesiones.

La primera conclusión es que la violencia verbal en el Congreso llega, sobre todo, del lado de la derecha. No es un fenómeno difuso que afecta por igual a todos los portavoces. Se concentra, con una consistencia que va más allá de la calentura del momento, en los discursos de Santiago Abascal y, en menor grado pero con idéntica lógica, en los de Alberto Núñez Feijóo.

Abascal lidera la escala con ventaja. Su lenguaje es el que con más frecuencia convierte la crítica política en imputación moral y, en el tramo final de sus intervenciones, en acusaciones penales directas.

En la categoría de descalificaciones que atribuyen maldad estructural, el 25 de marzo no señaló errores de política exterior: diagnosticó una voluntad activa de daño. “Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas”. En la misma sesión cierra el argumento: “Como los peores belicistas de la historia, el señor Sánchez quiere la guerra porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones”.

La atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada alcanza en el líder de Vox su formulación más explícita. El 11 de febrero, con el accidente ferroviario de Adamuz como objeto del debate, su intervención concluye: “Yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías, un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales”. La frase no es una advertencia: es una condena. Ningún procedimiento judicial había establecido en ese momento —ni lo ha hecho ahora— la existencia de un crimen.

En cuanto a las metáforas de violencia, Abascal afirma que “la corrupción que han traído a España mata” y que “la invasión migratoria a la que nos condenan arruina y mata también”. El verbo “matar” aplicado a políticas públicas sitúa el lenguaje en un espacio donde la metáfora y la acusación se vuelven indistinguibles.

Ese escalado retórico no se detiene en sede parlamentaria. El pasado 24 de abril, en un mitin de precampaña en Cádiz, Abascal llamó “mierda” al presidente del Gobierno y “rata” al ministro del Interior. La secuencia es reveladora: lo que en el hemiciclo adopta la forma de acusación penal, en el mitin se convierte en insulto directo. No hay modulación entre ambos registros; hay escalada.

Lo que hace Feijóo es estructuralmente parecido, aunque ejecutado con una dicción más contenida. El líder del PP acumula un volumen notable de expresiones agresivas a lo largo de sus intervenciones, con una densidad mayor que la de Sánchez, aunque sin alcanzar la intensidad puntual de Abascal.

En la sesión del 25 de marzo, describió a Sánchez como ”un trilero”, lo llamó “perdedor” como categoría permanente y, en la réplica, escaló hasta decir: “No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría, peligrosísimo”. El adjetivo “dictatorial” no describe una medida concreta, sino una naturaleza de carácter. Aplicado a un presidente electo en un sistema democrático, no es crítica política: es una caracterización esencial.

Las metáforas de violencia y muerte fueron especialmente abundantes en el debate del 11 de febrero: “Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible”. Su cierre fue explícito: “Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte”. En la misma sesión rozó la cuarta categoría cuando advirtió: “Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta”. La diferencia con Abascal es de matiz: la advertencia frente a la condena. Feijóo predice consecuencias judiciales; Abascal declara el crimen ya cometido.

La complicidad del PP con este clima tampoco se limita al hemiciclo. El partido se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Vito Quiles, agitador ultraderechista con múltiples denuncias judiciales activas —entre ellas, una por agresión a la esposa del presidente, Begoña Gómez— y al que el PP invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión de Quiles del Congreso mientras la Mesa estudia posibles modificaciones del reglamento de acreditaciones. La lógica del PP es coherente con lo que ocurre en la tribuna: si el lenguaje de Feijóo es tolerable en el hemiciclo, el hostigamiento físico de Quiles en los pasillos también merece protección.

El caso más explícito de conexión entre retórica y violencia física no ha tenido lugar estos días en el Congreso —más allá del insólito desafío de un representante ultra al presidente de la Cámara—, sino en la Asamblea Regional de Murcia. El 15 de abril, el diputado de Vox Antonio Martínez afirmó en pleno debate parlamentario que existe “el deber de combatir, incluso con violencia”, las leyes que en España protegen el derecho al aborto y a la eutanasia.

Pedro Sánchez ocupa el tercer lugar en esta escala. Su lenguaje agresivo existe, pero se concentra en las réplicas, especialmente cuando responde a ataques directos. En la sesión del 25 de marzo formuló sobre el PP y Vox una de sus frases más cargadas: “Sabemos que no podemos permitir que estos vendepatrias que no tienen más amo que el dinero lleguen al poder”. Sobre la oposición ante el real decreto: “Son los del no a todo, excepto cuando hablan sus amos o sus compañeros de armas: ahí corren como perritos falderos a lamer su mano”. 

En la cuarta categoría, Sánchez es más cauteloso, pero en algunas réplicas de marzo roza el límite: “Igual está embolsándose el tercer sueldo o haciendo chanchullos para obtener el cuarto o el quinto“. La palabra “igual” disimula, pero no oculta, la dureza de la frase.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ocupa el cuarto lugar. Sus expresiones más extremas se dirigen a actores externos —el ejecutivo israelí, la administración Trump— y rara vez a sus adversarios parlamentarios directos. En toda la muestra, es la única portavoz que no formula ninguna descalificación personal sobre ningún parlamentario presente, no emplea metáforas animales sobre sus adversarios y no atribuye a nadie presente en el hemiciclo una intencionalidad criminal.

Sostener que “todos hacen lo mismo” se ha convertido en una posición por defecto en gran parte de la cobertura periodística española. Tiene la ventaja de parecer ecuánime. Y tiene el inconveniente no solo de ser falsa, sino de legitimar y validar a quien de verdad practica la violencia verbal más intensa.

El fenómeno no es exclusivamente español, ni sus consecuencias son solo retóricas. En Estados Unidos, el debate sobre si la violencia verbal impulsa violencia física ha adquirido urgencia empírica, en particular tras el tercer intento de asesinato que afronta su presidente. 

Un análisis reciente publicado por CNN examina lo que revelan las encuestas más recientes sobre la actitud de republicanos y demócratas ante la violencia política. Los datos muestran un amplio consenso bipartidista en que la violencia por motivos políticos va en aumento —hasta el 85% de los estadounidenses lo cree, según el centro Pew—, aunque una mayoría mayor culpa de ello a la retórica incendiaria republicana (el 69% según Gallup dice que han ido demasiado lejos) que a la demócrata. 

Sin embargo, la percepción de quién es más responsable de la violencia real se ha igualado notablemente: datos de PRRI y Pew sitúan a grupos de derecha e izquierda casi en empate (44% vs. 41%, o 52% vs. 53%), una tendencia de “ambos lados” que se acentuó tras atentados como el que costó la vida al activista ultra Charlie Kirk. Lo más llamativo es que la disposición a justificar la violencia para lograr objetivos políticos ha convergido entre simpatizantes de ambos partidos —en torno al 17-19% según PRRI—, cuando antes los republicanos triplicaban a los demócratas en esa respuesta. 

La pregunta relevante no es si el debate político español es duro —siempre lo ha sido—, sino si ha cruzado un umbral a partir del cual el lenguaje ya no describe la realidad política sino que la fabrica. Un lenguaje que convierte las políticas en crímenes y a los rivales en asesinos no sólo polariza el debate, acaba destruyéndolo.

El atentado contra Donald Trump en Washington no puede interpretarse como un episodio aislado ni como el resultado de una deriva individual. Es, más bien, la cristalización de una tendencia que se viene intensificando en Estados Unidos desde hace años y que, desde 2024, ha adquirido una nueva dimensión, que no es otra que el hecho de que la violencia política ha aumentado tanto en frecuencia como en intensidad, al tiempo que se ha ido normalizando en el imaginario colectivo.

Durante mucho tiempo, la narrativa dominante insistía en que la violencia política en Estados Unidos era marginal, una anomalía dentro de una democracia consolidada. Sin embargo, los datos más recientes obligan a revisar esa lectura. Informes del Armed Conflict Location & Event Data Project y del Bridging Divides Initiative muestran un aumento sostenido de los incidentes de violencia política desde 2021, con un repunte significativo a partir de 2024 tanto en el número de eventos como en su gravedad. A ello se suman análisis del Center for Strategic and International Studies que advierten de una intensificación de las amenazas y ataques contra actores políticos, instituciones y procesos electorales.

No solo hay más episodios sino que estos son más graves y están más directamente orientados a eliminar físicamente al adversario. Los tres intentos de asesinato contra Trump, junto con otros asesinatos de carácter político, ataques a residencias de gobernadores o agresiones a familiares de dirigentes, muestran con claridad un cambio cualitativo donde la violencia ha dejado de ser retórica para convertirse en acción directa.

Aún más preocupante es el cambio en la percepción social. En 2025, una encuesta del Public Religion Research Institute señalaba que en torno al 85% de los estadounidenses creía que la violencia política estaba en aumento. En la misma línea, estudios del Pew Research Center y del American Enterprise Institute apuntan a un crecimiento del porcentaje de ciudadanos que consideran justificable el uso de la violencia en determinados contextos políticos. Lo verdaderamente significativo no es solo la percepción de aumento, sino la creciente aceptación de la violencia como herramienta política. En un contexto de polarización extrema, cada vez más ciudadanos consideran legítimo su uso para defender sus posiciones. La consecuencia es clara, la violencia no solo crece, sino que se legitima.

Este proceso no surge de manera espontánea. Tiene raíces estructurales. La polarización extrema ha erosionado los espacios de consenso y ha transformado al adversario político en un enemigo existencial. La deshumanización del otro —un rasgo cada vez más presente en el discurso político— facilita la justificación de la violencia. Cuando el adversario deja de ser percibido como legítimo, su eliminación puede presentarse como una opción aceptable.

En este contexto, el papel del liderazgo político resulta determinante. La retórica incendiaria y conspirativa asociada a Trump y al trumpismo ha contribuido a radicalizar a sectores sociales, alimentando narrativas de agravio y amenaza. A ello se suma una ambigüedad calculada respecto al uso de la violencia en determinados contextos, que reduce los costes normativos de su empleo. El lenguaje no es neutro sino que configura percepciones, delimita marcos y, en última instancia, habilita comportamientos.

En este contexto, el ecosistema digital amplifica estas dinámicas. Las redes sociales y las plataformas digitales facilitan la difusión de teorías conspirativas y discursos extremistas, creando comunidades cerradas donde la radicalización se refuerza sin apenas contrapesos. La fragmentación informativa no solo polariza, sino que también legitima visiones del mundo en las que la violencia aparece como una respuesta coherente. Además, a todo ello hay que añadir un factor diferencial en el caso estadounidense que no es otro que la disponibilidad masiva de armas. En Estados Unidos, según estimaciones del Small Arms Survey, hay más armas que personas, lo que convierte cualquier proceso de radicalización en un riesgo potencialmente letal. De este modo, la combinación de acceso fácil a armamento, polarización extrema y normalización de la violencia genera un entorno particularmente volátil.

Lo que estamos observando, por tanto, no es una sucesión de incidentes desconectados, sino una transformación del propio marco en el que se desarrolla la política. La violencia ya no es una anomalía, sino un recurso que algunos actores consideran disponible. Y cuando eso ocurre, la calidad democrática, como se observa, se deteriora de manera profunda. Así, la cuestión de fondo no es únicamente cómo prevenir nuevos atentados, sino cómo revertir las condiciones que los hacen posibles. Sin una desescalada del discurso político, sin una responsabilidad clara por parte de los liderazgos y sin una reconstrucción de los consensos básicos que sostienen la competencia democrática, la violencia seguirá encontrando terreno fértil.

En este sentido, Estados Unidos se enfrenta así a un desafío que trasciende a sus propios actores políticos. Lo que está en juego no es solo la seguridad de figuras como Trump, sino la capacidad de su sistema político para seguir funcionando dentro de los márgenes de una democracia liberal. Porque cuando la violencia se normaliza, la democracia deja de ser un espacio de confrontación política para convertirse en un terreno de confrontación física. Y ese es un umbral que, una vez cruzado, resulta difícil de revertir.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Ahora que la nave Artemis II ha regresado de la Luna y ha vuelto a demostrar que la Tierra es esférica, los “terraplanistas” han aprovechado para insistir en que la Tierra es plana y la Luna una galleta. Y como sus argumentos no están basados en elementos objetivos ni en estudios científicos, sino en lo que ellos deciden interpretar y en el refuerzo que se produce dentro de su grupo, pues siempre tienen razón.

Los “denunciafalsistas” actúan del mismo modo, es decir, en grupo, negando la mayor, o sea, la violencia de género, y a partir de ahí todas sus consecuencias, entre ellas las denuncias interpuestas por su causa. Pero como no es posible ocultar las más de 200.000 denuncias que se ponen al año, lo que hacen es decir que la mayoría son falsas, idea que consigue dos objetivos: incidir en la negación de la violencia y presentar a las mujeres como malas y manipuladoras, reforzando el mito de la Eva perversa.

Y como toda buena manipulación necesita de algún elemento que permita su enganche con la realidad, la clave está en utilizar elementos de esa realidad para darle un significado diferente. Y es en ese sentido en el que recurren a los datos oficiales sobre la violencia de género, para manipularlos y alcanzar la conclusión de que la mayoría de las denuncias son falsas.

La realidad es muy distinta, y la FGE y el CGPJ en diferentes Memorias y estudios indican que las denuncias falsas representan alrededor del 0,01%.

Para el machismo la conclusión es distinta, y afirma que todo lo que no termina en sentencia condenatoria es una denuncia falsa, concluyendo que estas representan el 70% de las denuncias, según sus cálculos.

Para poner de manifiesto la manipulación machista, vamos a tomar los datos del último informe del CGPJ, presentado el 31-3-2026, sobre las denuncias de 2025.

Las denuncias que se pusieron a lo largo de ese año fueron 204.342, y el número de mujeres víctimas ha sido 185.188.

El total de sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género fue de 60.942, de las cuales 50.190 terminaron con una condena para el hombre denunciado, es decir, el 82,36% de los casos juzgados. A partir de esta situación establecen la primera y gran trampa, y se ponen a jugar con los datos para darle verosimilitud y que su bulo sobre las denuncias falsas tenga acogida social.

El planteamiento es muy simple, si hay 204.342 denuncias y solo se juzgan 60.942 casos, quiere decir que 143.400 denuncias “se quedan en el camino” y no llegan a juicio, algo que directamente explican al decir que se debe a que son “denuncias falsas” por hechos incongruentes que conducen directamente a su archivo. Pero no es así.

Veamos que ocurre en realidad.

A las 204.342 denuncias hay que restarle los casos en los que las mujeres que han denunciado renuncian al procedimiento al acogerse a la dispensa de declarar por el artículo 416 de la LECrim, que son 20.977 casos que no pueden llegar a juicio por la renuncia de las víctimas, y que no siempre significa que es una la denuncia que se retira, porque algunas de estas mujeres han interpuesto varias denuncias que quedarían “anuladas” al desistir del procedimiento. Luego al total de denuncias que “se quedan por el camino” (143.400) hay que restarle estos casos, por lo que las denuncias “fuera de control” quedarían en 122.423 si solo correspondieran a una sola denuncia por caso, pero los estudios indican que son bastantes más, puesto que la renuncia se produce con frecuencia en mujeres revictimizadas sometidas a la presión y a las amenazas de los entornos y del propio agresor.

La diferencia entre los casos juzgados y el número de “denuncias sobrantes” tiene su clave en lo que acabamos de indicar, concretamente el número de casos en que un agresor maltrata más de una vez a la misma mujer, circunstancia habitual en violencia de género al tratarse de una conducta que se mantiene en el tiempo, no son hechos aislados, y que lleva a las víctimas a denunciar en varias ocasiones la violencia repetida que sufren.

Esta circunstancia forma parte de la revictimización, y dentro de ella está lo que se conoce como “multirreincidencia”, es decir, agresiones repetidas de un agresor sobre la misma víctima, y por otra parte está la “polirreincidencia” cuando un mismo agresor agrede a diferentes mujeres. Desde el punto de vista de las denuncias y sus consecuencias judiciales, en el caso de las agresiones cometidas por un agresor sobre la misma mujer, las distintas denuncias se verían en un solo juicio, mientras que en la “polirreincidencia” las denuncias se juzgarían en juicios separados.

Los estudios indican que cuando se trata de agresiones repetidas cometidas por un agresor sobre una mujer, el número de denuncias varía. Concretamente, en el trabajo titulado “Agresores plurivictimizadores en violencia de género: un estudio exploratorio”, de Marta Caballé-Pérez, realizado por varias universidades españolas y la SES del ministerio de Interior (febrero 2024), se indica que el número de denuncias interpuestas por una misma víctima en estas circunstancias puede llegar hasta 7. Si se tiene en cuenta, tal y como recoge la investigación, que entre el 33% y el 42% de los agresores son multirreincidentes, y que el 36,2% es denunciado más de una vez por la misma mujer, pudiendo llegar a ser este número de denuncias hasta 7, el número final de denuncias correspondientes a una misma mujer resulta muy elevado. Veámoslo de manera aproximada. Si hay 185.188 víctimas y el 35% (tomando una referencia entre 33-42%), son reincidentes sobre una sola mujer, significa que hay 64.816 maltratadores reincidentes, de los cuales el 36,2% (23.463) son denunciados de 2 a 7 veces por la misma mujer, es decir, que las denuncias en estas circunstancias podrían sumar entre 46.926 (si se ponen 2 denuncias) y 164.241 (si se pusieran 7 denuncias). 

Como se puede ver, la multirreincidencia y las denuncias que la acompañan justifican por sí solas el total de denuncias que se interponen cada año como parte de la violencia de género, sin que el resultado final se deba a “denuncias falsas”.

Y sobre todo ello hay que considerar también las otras formas de terminar el proceso que recoge el informe del CGPJ, entre ellas el sobreseimiento, pero representan porcentajes bajos y forman parte de una situación común a todo tipo de delitos, sin que signifique que se está ante denuncias falsas. Menos aún en violencia de género, una violencia que se produce en la privacidad del hogar, sin testigos presentes y que con frecuencia se denuncia tiempo después de los hechos, con lo cual las evidencias sobre la violencia se han modificado de manera significativa y dificultan demostrar su existencia. En este sentido la FGE, ya en su Memoria de 2012, fue clara y recogió que la “no condena” o la “prueba insuficiente” no equivale a denuncia falsa. Estos datos sobre los archivos desmontan otro de los bulos del machismo cuando dice que los hombres “han perdido la presunción de inocencia”, y ponen de manifiesto que lo que realmente existe es una “presunción de culpabilidad” para las mujeres como autoras de un delito de denuncia falsa.

La manipulación del machismo es evidente y busca defender su modelo androcéntrico, y que la violencia que históricamente han ejercido los hombres contra las mujeres se mantenga dentro de la normalidad y la privacidad, y con ella todos los privilegios masculinos. Por eso, a toda la manipulación sobre las “denuncias falsas” unen que la mayoría de las condenas se deben a “conformidad”, es decir, a la aceptación de los hechos por parte del agresor, y presentan esta situación como consecuencia de la amenaza del sistema con mandarlo a la cárcel, cuando en realidad son casos evidentes que se conforman para rebajar la pena, algo de lo que he sido testigo como médico forense.

La manipulación es tan evidente que no tendría recorrido ni aceptación en ningún otro tema, pero la tiene en violencia de género demostrando que esta es una parte esencial del machismo y su cultura.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha descartado nuevamente dimitir y ha denunciado que hay una "cacería política" contra él, después de que un juzgado haya admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido que le acusa de presuntos delitos de acoso sexual y laboral, según informa EFE.

"Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir, Manuel Bautista va a seguir trabajando por y para Móstoles, como ha hecho desde el primer día", ha insistido el regidor en una comparecencia ofrecida este lunes a las puertas del Ayuntamiento, donde únicamente ha admitido una pregunta.

Esta reacción llega después de que este domingo trascendiera que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

Tras conocer el auto, el alcalde ha asegurado que todavía está "esperando" a que el juzgado le haga llegar esta querella, por lo que no sabe aún de qué defenderse. "Lo bueno que tiene que se haya admitido la causa es que por lo menos voy a tener la querella", ha añadido Bautista.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

El letrado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha afirmado al ser consultado sobre la admisión que "ante la notoria existencia de presuntos indicios de criminalidad por parte de Manuel Bautista y del PP" la resolución judicial "no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial".

En el auto de admisión a trámite, fechado el 15 de abril y al que ha tenido acceso EFE, la magistrada ordena que la querellante sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

La jueza explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Las autoridades iraníes ejecutaron este lunes a un preso condenado por su participación en las protestas de enero, el séptimo en las últimas semanas, en medio de una intensificación de los ahorcamientos de presos políticos.

“Alí Fahim, uno de los elementos de los enemigos implicados en los disturbios terroristas de enero que había atacado instalaciones militares con el objetivo de apoderarse de armas, fue ejecutado tras la revisión del caso y la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Según el medio oficial, Fahim participó junto con otras cuatro personas en la destrucción de una base militar y trató sin éxito de apoderarse de armas.

Entre los cargos por los que ha sido condenado se incluye “acciones operativas contra la seguridad del país en favor del régimen sionista, Estados Unidos y grupos hostiles”.

Con está ejecución, Irán ha ahorcado hasta ahora a siete personas desde el 19 de marzo condenadas por su participación en las protestas de enero.

Además, la República Islámica ha ahorcado al menos cuatro presos considerados presos políticos en las últimas semanas.

Las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica, fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EEUU, elevan esa cifra a más de 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo y, en 2025, ahorcó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50% respecto al año anterior.

La Ertzaintza ha detenido este viernes a un hombre de 45 años por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, una mujer de 44 años, que se produjo este miércoles en una vivienda de la localidad vizcaína de Basauri, en un caso que se investiga como violencia de género.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, una mujer de 44 años falleció este miércoles por la mañana en una vivienda de Basauri (Bizkaia), tras haber sufrido, al parecer, "una supuesta indisposición", y después de todos los intentos "infructuosos" por salvar su vida de los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Tras el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento se determinó que pudiera tratarse de una muerte violenta.

La Ertzaintza inició entonces una investigación en relación a este suceso, y como resultado de la misma, durante la mañana de este viernes, se ha procedido a la detención de la pareja de la víctima, un hombre de 45 años, acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

Más denuncias, un ligero aumento de víctimas y menos órdenes de protección concedidas son los principales indicadores de la violencia de género en España en 2025, año en el que se presentaron 204.342 denuncias, un 2,64% más que en 2024; hubo 185.188 víctimas, el 0,70% más, y 47.944 órdenes de protección adoptadas, un 2,68% menos, según recoge EFE.

Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que este lunes ha publicado su estadística anual que señala que cada día del año pasado se presentó una media de 559 denuncias (fueron 544 en 2024) y hubo 507 mujeres víctimas (502 mujeres en 2024 y 533 en 2023).

El 71,61% de las denuncias las interpuso la propia víctima; el 16,25%, la policía; el 7,07%, se debieron a parte de lesiones; el 3,11% las interpusieron terceros y un escaso 1,96% los familiares de la víctima. El 61,64% de las víctimas eran españolas y el resto, extranjeras.

Un total de 20.977 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor en 2025, un 12,60% más que en 2024, es decir tomaron esta decisión once mujeres víctimas de cada cien (11,33%). De ellas, un 10,17 de las españolas y un 13,19% de las extranjeras. 

En 2025 descendieron las órdenes de protección solicitadas por las víctimas (47.944, un 2,68% menos). De ellas, fueron acordadas 32.840 y se denegaron otras 14.851, un 1,22% y un 6,2% menos que en 2024, respectivamente. El 61,4% de las víctimas que solicitaron protección (24.683) eran españolas y un 0,9% del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 se dictaron 60.942 sentencias por asuntos de violencia de género, y las condenatorias aumentaron del 80,55% de 2024 al 82,36 % en 2025. En concreto fueron 50.190 las condenatorias y 10.752 absolutorias.

Un año más, el mayor porcentaje de condenas se dio en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer (92,93%), seguido de las audiencias provinciales (79,96%) y, en último lugar, los juzgados de lo penal (72,2%).

Los juzgados de menores enjuiciaron a 417 delitos relacionados con violencia contra la mujer, 75 más que en 2024 cuando fueron 342, y se impusieron medidas en el 91,85% de los casos.

En todo 2025 las medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores) fueron de 59.158 (frente a las 59.850 del mismo periodo de 2024), y las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (22.951) y la orden de alejamiento (22.845), seguidas de otras como la suspensión de la tenencia y uso de armas. 

Por su parte, se dictaron 19.127 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal (en 2024 fueron 19.745). De las dictadas, las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (5.939), seguidas por las de la atribución de la vivienda (3.912), la suspensión del régimen de visitas (3.911) y la suspensión de la guardia y custodia (2.583). 

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron el pasado año 7.337 juicios sobre delitos leves, de los que 3.530 (el 48%) fueron de enjuiciamiento inmediato.  

El número de personas enjuiciadas en estos órganos judiciales fue de 30.099. El 99,4% fueron hombres y, de ellos, el 92,9% fueron condenados. El porcentaje de condenadas es también muy elevado en el caso de las mujeres enjuiciadas (93,9%), que en total fueron 180. 

Los datos del CGPJ reflejan que la violencia machista se dio de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74 en el conjunto del país, el mismo que en 2024. 

La tasa superó a la media nacional en Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunitat Valenciana (92,7), Canarias (90,3), Murcia (89,8), Andalucía (81,9), Comunidad de Madrid (78,9).

Las tasas más bajas se registraron en Castilla y León (48,4), Galicia (49,8), La Rioja (55,8), Asturias (58), Extremadura (58,5), País Vasco (59,9), Castilla-La Mancha (61,3), Catalunya (61,5), Aragón (64,9) y Cantabria (73,4).

Soy gorda. Estoy casada con una mujer y queremos ser madres. Quiero ser madre, quiero gestar y parir a una criatura. Acudimos a la Sanidad Pública para ello. Tengo sobrepeso y un trastorno de conducta alimentaria por el que estuve ingresada durante un tiempo largo después de ser Secretaria de Estado de Igualdad, después de haber recibido una violencia política muy concreta y muy sostenida que tenía como objetivo principal mi cuerpo, y casi no lo cuento. El primer médico que nos atendió en el centro de salud dijo que era mejor que él no fuera mi médico, que era demasiado todo (¿demasiado yo? ¿Demasiado grande, demasiado lesbiana? ¿Demasiada Pam?)  Y qué hago, pensé, ¿me mato? Ya estuve ahí. Y soy lesbiana y quiero ser madre pero soy gorda y cuando llegué a la consulta del hospital en la que sí me quisieron atender para iniciar el proceso de fertilidad lo primero que me plantearon fue que sin bajar de peso no podría acceder a ese derecho. Me propusieron que adelgazara, que corrigiera el cuerpo antes de que el cuerpo pudiera hacer lo que había ido a pedir que le ayudaran a hacer. Dije que era mi derecho, blabla, bulimia, blaba, ansiedad. Me plantearon que ahora había unas inyecciones muy buenas con las que no me costaría tanto hacerlo, corregir mi cuerpo, y así poder ser madre, con ese mismo cuerpo gordo-delgado-gordo-bulímico-insultado-gordo y, quizás sí, delgado, parturiento y amamantador. Todo un cuerpo para ser madre, fantaseo con humor sobre la idea de decirle a une future hije: cariño, no te comas la galleta, anda. Y aun así quería ser madre. Sentí con tanta intensidad la rabia, el deseo y la ajeneidad por mi propio cuerpo que me pregunté –y es la pregunta que articula todo lo que viene después– qué ha cambiado en los últimos años para llegar a esta situación, qué lógica hace que una institución pública le diga a una mujer con un trastorno de conducta alimentaria diagnosticado y sin ningún problema de fertilidad que la solución a su deseo de ser madre pasa por un fármaco para adelgazar, qué clase de sistema produce esa respuesta y la normaliza hasta el punto de que nadie en esa consulta pareció encontrarla problemática, casi ni yo misma. 

No es que ahora haya más gordofobia que antes, de hecho ésta lleva décadas operando sobre los cuerpos de las mujeres con una precisión que el lenguaje de la violencia estética no termina de capturar. Llamar violencia estética a lo que le ocurre a los cuerpos gordos es describir el síntoma y perder la causa, es quedarse en la superficie de un sistema que no opera principalmente sobre el deseo o sobre la belleza sino sobre la producción, sobre qué cuerpos pueden entrar en el circuito económico y social y reproductivo y cuáles quedan fuera, no por razones de gusto sino por razones de estructura.  El giro al que estamos asistiendo pasa por comprender que la gordofobia no consiste en que los cuerpos gordos gusten menos, sino que es un dispositivo cultural y social pero también tecnológico y económico que ordena el mundo, de tal modo que lo gordo vale menos, los cuerpos gordos valen menos ya que producen menos, acceden a menos, y el sistema ha encontrado formas cada vez más sofisticadas de administrar esa devaluación sin tener que declararla, en el mejor de los casos, como la opción saludable y, desde luego, nunca como política. 

Durante mucho tiempo se prometió que en el capitalismo todo se volvería inestable, que las formas sólidas se disolverían en el aire, que ninguna jerarquía sería permanente, y era una promesa que funcionaba también como advertencia: nada dura, nada resiste, todo puede cambiar. Hay algo, sin embargo, que no se ha vuelto líquido por más que los cantos de sirena del body positive nos pudieran haber confundido, y que, al contrario, se ha estrechado, que se ha vuelto más rígido y más exigente a medida que todo lo demás prometía flexibilizarse. El cuerpo. Y no todos los cuerpos, solo aquellos que pueden permitirse existir, al menos aparentemente, sin ser corregidos, es decir, empequeñecidos. Todo está empequeñeciendo a nuestro alrededor. La delgadez ya no organiza únicamente el deseo, sino que condiciona la existencia misma, y en ese desplazamiento —de ideal a condición de posibilidad— está todo el problema, porque lo que antes era una aspiración ahora se ha convertido en un umbral, en una línea que determina qué cuerpos pueden circular sin fricción en los mundos digitales que hoy habitamos y nos enriquecen y empobrecen; y a consecuencia de ello, cuáles son creíbles,  empleables, visibles y, por tanto, cuáles pueden producir valor. El giro de la delgadez ha hecho que hoy lo humano ya casi equivalga a lo delgado. 

El neoliberalismo produjo un desplazamiento que todavía estamos procesando, que tiene que ver con la fusión entre la persona trabajadora y su fuerza de trabajo, es decir, entre la persona y el producto que ofrece, de manera que el sujeto ya no tiene capital humano sino que es el sujeto mismo el capital humano, y su cuerpo, su imagen, su presencia, su manera de ocupar el espacio, muy particularmente el espacio digital, son parte del activo que pone en circulación cada vez que entra en el mercado, lo cual convierte todo lo que le ocurra al cuerpo en algo constitutivo del valor que produce, no en algo accesorio o privado o separable de su rendimiento económico.

La delgadez es, entonces, capital, pero no en el sentido en que solemos pensarlo, no como un atributo que suma puntos dentro de un sistema que ya te ha aceptado, sino como una condición que habilita la entrada al circuito, un umbral que hay que cruzar antes de que cualquier otra cualidad cuente o no. Durante décadas funcionó como capital erótico —ser deseable— y como capital social —ser aceptable—, pero hoy ha mutado y se ha vuelto económico, algorítmico y técnico, de manera que el cuerpo delgado no solo gusta más sino que rinde más, que se integra mejor en los flujos de producción contemporáneos, que ya no pasan por la fábrica sino por la visibilidad y la atención, y en los que lo que se extrae ya no es fuerza de trabajo sino forma, presencia y legibilidad. Como el Face ID de tu teléfono, si no eres delgada, el nuevo mercado de valores ni te reconoce la cara. 

Ya no solo vivimos en una economía de cuerpos alienados sino en una economía de cuerpos producidos. La fábrica disciplinaba el cuerpo para hacerlo útil, hoy el mercado lo interviene para hacerlo legible, para que pueda literalmente entrar en el circuito no como trabajador sino como producto, como unidad que se ajusta, que se optimiza, que se corrige cuando se desvía del estándar. En este contexto, la aparición de fármacos como el Ozempic no ha liberado a nadie del ideal de la delgadez sino que lo ha convertido en una tecnología de producción corporal, en una técnica que administra lo que antes se exigía, y conviene detenerse aquí porque lo que ha ocurrido es estructuralmente distinto a lo que ocurrió con la cultura de la dieta o el ejercicio, que, por más violentos que fueran, seguían operando sobre la voluntad, sobre la disciplina, la constancia, la renuncia, y eran en ese sentido tecnologías morales disfrazadas de tecnologías corporales, mientras que el fármaco liquida esa ficción porque no pide voluntad sino prescripción y capacidad de pago, y el cuerpo correcto ya no se construye sino que se compra. El privilegio de la delgadez es el nuevo privilegio de clase. 

Esto tiene una consecuencia que apenas estamos empezando a ver, que tiene relación con un desplazamiento del estigma de lo gordo. Si antes la gordura podía leerse como fracaso moral, como falta de disciplina o de voluntad o de cuidado, ahora se lee cada vez más como fracaso económico, como no haber podido, no haber tenido acceso, no haber llegado a tiempo, de manera que la estigmatización no desaparece sino que muta y ya no te señala como débil sino como pobre, y en una sociedad que lleva décadas confundiendo ambas cosas, el efecto práctico es exactamente el mismo. A esto se añade que la delgadez farmacológica produce una nueva opacidad, porque el cuerpo intervenido borra sus huellas —no hay cicatriz, no hay operación visible, no hay dieta reconocible—, la transformación es química y silenciosa y atribuible a cualquier causa, y lo que permanece es solo el resultado: el cuerpo correcto, presentado como siempre como algo natural, como algo que simplemente se tiene o no se tiene, nunca como algo que se ha comprado.

Y ahí aparece una forma de desigualdad que el sistema se niega a reconocer como tal, porque no todos los cuerpos tienen el mismo acceso a esa intervención, no todos pueden producirse de la manera adecuada en el tiempo correcto y sin dejar rastro, y el capital corporal funciona en este sentido como cualquier otro capital, es decir, cuanto más se aproxima un cuerpo al estándar más valor genera, cuanto más se aleja más se devalúa, no simbólicamente sino materialmente, en oportunidades, en salario, en credibilidad, en acceso a derechos, de manera que más gordo no es una descripción física sino una posición en una jerarquía económica, y esa posición no refleja lo que el cuerpo produce sino lo que el sistema está dispuesto a reconocer como producción válida.

En esto consiste exactamente el privilegio de la delgadez, en no tener que demostrar que tu cuerpo es funcional, no tener que cruzar ese umbral antes de que cualquier otra cosa que hagas o digas o produzcas pueda ser tomada en serio. Y en una realidad mediada por algoritmos esta lógica se intensifica de forma dramática y exponencial, porque los cuerpos no solo son vistos sino que para producir ese valor son también filtrados, clasificados, ordenados, y los que encajan, circulan, mientras los que no, quedan fuera del campo de visión, de manera que, y por decirlo de forma explícita e instagrameable,  el alcance orgánico de una publicación con un cuerpo no normativo es sistemáticamente menor. Y no es que las plataformas censuren sino que simplemente no amplifican ni muestran, lo que equivale a no existir en una economía de la atención a la imagen. Es decir, que si eres gorda, ganar dinero en una economía que algoritmiza la delgadez y cancela su contrario va a resultar inevitablemente más difícil. Lo que, por cierto, te hará más pobre y por tanto aún más gorda. La delgadez es la nueva bitcoin. 

Si el algoritmo es indispensable para comprender este giro, la lectura de género es el otro núcleo fundamental de este análisis, ya que es sobre los cuerpos feminizados donde esta lógica se vuelve más exigente y más precisa y más violenta. El cuerpo feminizado no enfrenta el mismo umbral de capital corporal que el cuerpo masculino sino uno más estrecho y vigilado, con menos margen de error. Un hombre con un cuerpo no normativo puede compensarlo con autoridad o con dinero o con posición, pensemos en Trump como paradigma de todo ello y cómo irónicamente ha sido el primer gobernante que, siendo gordo, ha pretendido prohibir la entrada a un país a las personas gordas. Sin embargo, los estudios sobre percepción de liderazgo documentan que el exceso de peso es penalizado de forma significativamente más severa en mujeres que en hombres en contextos de evaluación profesional, y la gordura masculina puede leerse como descuido o incluso como poder según el contexto, pero la gordura femenina casi nunca se lee como poder, sino más bien como una señal de que algo en ese cuerpo no funciona como debería. A esto se añade la temporalidad específica del cuerpo feminizado, que no solo tiene que ser correcto sino que tiene que serlo en el momento adecuado, porque la maternidad, la menopausia, el envejecimiento son procesos que el mercado lee como deterioro del capital corporal, y en ese contexto el Ozempic llega no como herramienta de salud pública sino como solución de mantenimiento para cuerpos que el tiempo va apartando del estándar, de manera que la intervención farmacológica se convierte en una forma de pagar la deuda de envejecer en un cuerpo que se sigue leyendo como femenino. Y hay una capa más, que tiene que ver con que las mujeres racializadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans enfrentan umbrales adicionales que se superponen y se multiplican, porque el capital corporal no opera en una sola dimensión sino que es interseccional en su estructura aunque el mercado lo presente como universal, y el estándar que habilita no tiene el mismo coste para todos los cuerpos que se alejan de él.

Quizás el engaño más cutre en todo esto es que el privilegio de la delgadez aparecerá en tu pantalla en cualquier declinación posible del podemos ser quienes queramos ser. Lo que esconde toda esa semántica de la autoliberación es que solo es válida a veces, que solo algunos cuerpos pueden permitirse no optimizarse, y la pregunta entonces no es qué cuerpos son más bellos, ni siquiera qué cuerpos son más sanos, sino qué cuerpos pueden existir sin ser producidos, qué significaría un cuerpo que no funcione como capital, un cuerpo que come sin calcular y ocupa espacio sin pedir permiso y envejece sin corregirse y existe sin justificarse, un cuerpo que no tenga que ajustarse para circular ni reducirse para ser leído ni intervenirse para ser aceptado, un cuerpo que hemos aprendido a llamar inútil para el mercado y que por eso mismo, quizá, es el único desde el que puede empezar algo distinto, no producir mejores cuerpos sino hacerlos ingobernables. Las preguntas endemoniadas que nos quedan son: ¿Cuánto pesaría ese cuerpo que al neoliberalismo ya no le resulta rentable? ¿Se puede ser libre hoy teniendo un cuerpo? 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

La Policía Nacional ha detenido a 13 jóvenes de entre 18 y 27 años ligados al Sindicato Español Universitario (SEU) asociado a Falange Española por los actos vandálicos y daños causados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Campus de Somosaguas, de la Universidad Complutense de Madrid, con motivo de los actos reivindicativos del 8M.

Los altercados ocurrieron el pasado día 6 cuando alrededor de las 17:30 horas un grupo de personas irrumpió de forma coordinada a esta facultad vistiendo ropas oscuras y ocultando su rostro con máscaras y prendas de vestir.

Tras destrozar cartelería y el mobiliario que encontraban a su paso, alterando el normal funcionamiento del centro educativo, desplegaron una pancarta en el hall en la que podía leerse 'Rechaza el feminismo y abraza la feminidad' junto con el símbolo falangista del yugo y el haz de cinco flechas.

Entre los destrozos causados, el grupo de vándalos se ensañó especialmente con la sala que usan habitualmente las asociaciones estudiantiles para planificar sus actividades en esta facultad.

La investigación iniciada entonces por la Brigada Provincial de Información de Madrid derivó el pasado lunes, según ha dado cuenta este jueves el inspector jefe Fernando Martín en rueda de prensa en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en la operación Jauría y en la detención de 13 jóvenes e identificación de otros seis menores, uno de ellos en calidad de investigado por los hechos.

A los arrestados, dos de ellos con antecedente, se les acusa de delitos de desórdenes públicos, daños y delito contra los derechos fundamentales.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha querido dejar claro que este relevante golpe a la ultraderecha lanza un mensaje de que "van a fracasar" siempre si pretenden romper con la convivencia de la ciudadanía.

"Ni el odio ni la violencia quedan impunes en las calles de Madrid, les pido que reflexionen y cambien el rumbo porque la sociedad madrileña se opone al odio", ha zanjado.

El jurista y exmagistrado Baltasar Garzón presidirá la 'Comisión de la Verdad' creada para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, según ha acordado este miércoles el Consejo de la Memoria Democrática.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la reunión del Consejo de Memoria Democrática en la que se ha acordado la designación de las personas que integrarán la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la dictadura, según establece la Ley de Memoria Democrática.

Según la regulación del Consejo de la Memoria Democrática, esta 'Comisión de la Verdad' estará compuesta por diez personas independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos.

Junto a Garzón, integrarán la comisión Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares.

Asimismo, el consejo ha designado un grupo de personas suplentes que garantizarán el correcto funcionamiento de este órgano, que contará además con una subcomisión específica para investigar la conculcación de los derechos de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Este Patronato de Protección a la Mujer fue una institución creada por el franquismo donde fueron confinadas y torturadas miles de mujeres menores de edad sin haber cometido ningún delito tipificado, ha recordado el Ministerio.

La comisión incorporará en sus trabajos testimonios, documentación y análisis comparado con experiencias internacionales y elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones orientadas a garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos.

El pasado mes de diciembre el Gobierno constituyó el Consejo de la Memoria Democrática, un órgano consultivo presidido por Ángel Víctor Torres y del que forman parte asociaciones memorialistas y profesionales como Baltasar Garzón y Cristina Almeida.

Colonos israelíes perpetraron en 12 meses 1.700 agresiones violentas contra palestinos en Cisjordania, denunció este martes un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que también consideró el masivo traslado forzoso de civiles en ese territorio un posible indicio de "limpieza étnica".

Las autoridades israelíes dirigieron, participaron o autorizaron esta violencia, aseguró el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos por la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif, y que cubre el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

En ese periodo, resumió la "número dos" de derechos humanos de la ONU, hubo un marcado aumento de la violencia y de los asentamientos, como parte de la estrategia del Gobierno israelí para "consolidar la anexión de grandes partes del Territorio Palestino Ocupado, sometiendo así a los palestinos a mayor opresión".

Unos 180 de los 1.700 ataques denunciados culminaron en palestinos asesinados o heridos, denunció un informe que confirmó al menos 14 muertes a manos de colonos, con o sin la participación de fuerzas israelíes.

Al-Nashif también denunció la impunidad de los ataques, ya que en el periodo estudiado sólo se presentaron acusaciones formales en un caso.

El informe también señaló que en el periodo cubierto se autorizó la construcción de 27.000 viviendas en Cisjordania, el triple que en los 12 meses anteriores, y se dictaron otras medidas que "según han dicho públicamente cargos israelíes, podrían enterrar definitivamente la idea de un Estado palestino".

Paralelamente se demolieron 1.700 estructuras, medidas que junto a las anteriores forman parte de una clara estrategia de "alterar la geografía y la demografía de Cisjordania, arrebatando a los palestinos de sus casas, tierras, recursos naturales y patrimonio cultural".

El desplazamiento de más de 36.000 palestinos en el periodo "constituye traslados forzosos prohibidos por el derecho internacional que hacen temer una limpieza étnica", aseguró Al-Nashif.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes que con el feminicidio de Silvia en Zaragoza son ya 14 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año (1.357 desde 2003), mientras que el asesinato de una niña de tres años en Torrevieja (Alicante) eleva a 3 las víctimas de violencia vicaria (68 desde 2013).

En una nota de prensa, el Ministerio también ha informado de que el número de menores de edad huérfanos por violencia de género asciende ya a 11 en 2026 y a 515 desde el año 2013.

En un comunicado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su más "rotunda condena" y "absoluto rechazo" a estos nuevos feminicidios machistas y han trasladado su apoyo a las familias de las víctimas.

Redondo y Martínez han condenado así el feminicidio de Silvia, la mujer de 49 años asesinada por su expareja el pasado sábado, 21 de marzo, en Zaragoza, y el asesinato de la niña de tres años, víctima de violencia vicaria por parte de su padre el 20 de marzo en Torrevieja (Alicante).

En el caso de Zaragoza, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La víctima tenía una hija menor de edad y un hijo mayor de edad.

En Torrevieja (Alicante), se trata de una menor asesinada por su padre, un hombre de 40 años y expareja de la madre de la pequeña. En este caso tampoco había denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La ministra y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género han pedido que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para "llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recalcado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online accesible desde la página violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

También recuerda que en situación de emergencia se puede llamar al 112 o al los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no se posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Los tres detenidos por la Guardia Civil acusados de prender fuego a una mujer de 30 años a la que previamente rociaron con líquido inflamable en una vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva a principios de febrero son su marido y dos sicarios, según recoge EFE.

La Guardia Civil informó este domingo en un comunicado de estas tres detenciones practicadas el pasado miércoles -dos de ellas en la localidad de Móstoles y otra en el municipio de Quijorna- si bien fuentes de la investigación han detallado a EFE que se trata del marido de la víctima como presunto inductor de la agresión y otro dos hombres como autores materiales.

El brutal ataque se produjo el pasado 2 de febrero cuando la mujer, de 30 años y nacionalidad marroquí, fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio; posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo. 

La mujer aún continúa ingresada en un centro hospitalario madrileño, en tanto que la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer por completo la agresión. Según las primeras pesquisas, presuntamente el marido habría encargado el ataque a los dos detenidos.

María Paloma desapareció el 17 de enero de 2026. Fue en Colungo, un pequeño pueblo de Huesca de menos de 150 habitantes. Su cuerpo apareció al día siguiente en el barranco de Las Palomeras en lo que fue interpretado por las autoridades como un posible suicidio. Sin embargo, tras más valoraciones, descartaron la teoría y tres hombres fueron detenidos. Entre ellos Juan Julián, su pareja. Este pasado 16 de marzo de 2026, se decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, en lo que apunta a un nuevo caso de violencia de género. No había denuncias previas. Tampoco las había en el caso de las 16 mujeres que fueron asesinadas en 2025 a manos de sus parejas o exparejas en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Ya sea por miedo, falta de recursos o de dependencia económica, por vergüenza o porque los hombres “son así”, las 16 mujeres asesinadas no habían hablado. O al menos, no a las instituciones. Ya en 2020, FADEMUR realizó junto con el Ministerio de Igualdad un estudio que revelaba que las mujeres que viven en entornos rurales suelen permanecer en relaciones de maltrato durante veinte años antes de poner fin a la situación. 

Este silencio se debe, en su mayor parte, a la propia configuración del medio. Ese “en los pueblos nos conocemos todos” se alza como la mayor barrera entre la víctima y la ayuda. “Las relaciones laborales, familiares y sociales están mucho más entremezcladas y eso hace que haya mucha más vergüenza y miedo a denunciar”, asegura Fátima Cruz, profesora de Psicología de la Universidad de Valladolid y directora del Máster de Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad de la UMA. El estigma y la vergüenza están ahí, pero no son lo único. 

La propia protección por parte de las instituciones tampoco está garantizada ni mucho menos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reveló el pasado 23 de febrero que, en muchas ocasiones, los sistemas de protección no llegan y que, en lugares donde hay una cobertura deficiente, no pueden garantizar un control efectivo del agresor o de la víctima a través de las pulseras telemáticas antimaltratadores. 

El Ministerio cambió en enero las pulseras por tobilleras electrónicas. Con los nuevos dispositivos, aunque no siempre se garantiza, parecen estar teniendo menos problemas, al ser menos manipulables. Aun así, todavía queda mucho para conseguir proteger completamente a las mujeres en estos espacios. 

Desde FADEMUR denuncian que, al ser espacios pequeños, la distancia entre víctima y agresor también lo es. Por eso, los dispositivos, si funcionan, no paran de saltar. “El primer día que salta, la Guardia Civil actúa, pero cuando ya identifican que el agresor pasa todos los días por ahí por el trabajo, por ejemplo, se relajan”, apunta Marta Torres, responsable del programa de Violencia de Género de FADEMUR. 

A esto se le suman otros factores en los que la Administración también falla. La falta de servicios provoca que en muchas ocasiones no haya una comisaría de Policía cerca o que, por el miedo, necesiten ir a una alejada pero no encuentren un servicio de transporte con el que ir, según recoge FADEMUR. 

“En el medio rural hay un movimiento feminista con mujeres y hombres luchando, construyendo la igualdad, pero todavía estamos muy lejos de lo ideal. Necesitamos más servicios, más apoyo y, sobre todo, más formación y sensibilización”, reitera Cruz. 

Cuando la administración no llega, las mujeres corren el riesgo de quedarse solas y dependientes de sus maridos. Uno de los motivos principales que impiden a las mujeres alzar la voz es precisamente esta falta de independencia. “En las zonas rurales, se conjugan una serie de elementos estructurales que hacen que la mujer se encuentre en una posición de mayor dependencia económica y precariedad, como una menor tasa de actividad laboral, más empleo a jornada parcial y salarios más precarios”, expone María Jesús Rivera, socióloga en la Universidad Pública de Navarra. 

Datos del Ministerio de Agricultura lo acreditan. En el año 2021, los hombres en el campo tenían una tasa de actividad laboral del 86,5% mientras que la de las mujeres era de tan solo un 69%. También, aunque tengan un trabajo, persisten las desigualdades. Según un estudio más reciente del ministerio, las mujeres cobran un 3,2% menos que los hombres en contratos de jornada completa y en los temporales un 7,6%. Además, el trabajo parcial alcanza el 19% en los casos en los que ellas asumen (como casi siempre) los cuidados. Solo un 3% de los hombres en el campo siguen esa opción.

Incluso, a veces, el propio empleo puede suponer un problema. En el campo, el trabajo cobra un perfil más familiar y cercano. “La dependencia económica del núcleo familiar no se da solo con las amas de casa, sino incluso con las mujeres profesionales, ya que muchas trabajan en una empresa que tiene vínculos con la familia”, apunta Cruz. La traducción es clara: las mujeres se ven obligadas a trabajar –y depender– de sus agresores.

“Muchas mujeres trabajan en explotaciones agrarias con sus parejas o con sus maridos”, acredita también Torres. Aun así, no siempre consiguen tener los mismos derechos que sus parejas. “La mayor parte de ellas ni siquiera son titulares de las mismas. Si tú eres titular también de tu explotación, tienes un derecho sobre esa explotación. Muchas mujeres trabajan y no tienen ningún reconocimiento de derechos y ni siquiera un reconocimiento de propiedad”, añade. 

La dependencia económica vértebra es uno de los factores que condiciona poder escapar de una situación de maltrato. El Proyecto Europeo ECOVIO Economic violence: opening pathways to guarantee women and children’s fundamental rights (2020-2021) coordinado por la Universidad de Extremadura identifica el abuso económico de género como un “control sobre el acceso de la mujer a los recursos económicos, limitando su capacidad de mantenerse a ella misma y a sus hijos e hijas, condicionando su estilo de vida generando una dependencia financiera hacia el agresor, y reduciendo sus posibilidades de escapar del ciclo de abuso”. Es un callejón sin salida y todavía no es delito. 

“La frase de ‘¿a dónde voy a ir yo?’ la escuchamos permanentemente. Estas mujeres se dedican a sus labores, al cuidado de la vida, al cuidado de personas dependientes, pero sus oportunidades laborales escasean. Si a una mujer le das una alternativa económica real, quizá se plantee otras cosas. Pero si el sistema es incapaz de poner una aunque denuncies, esa denuncia no tiene dónde ir”, zanja Torres.