La investigación contra la mayor trama de narcotráfico, si hablamos de cocaína, que se recuerda en los últimos años en España sigue dando pasos hacia adelante. Si primero se interceptaron 13.000 kilos de cocaína, el mayor alijo incautado en la historia del país, y a continuación se detuvo al inspector Óscar Sánchez, de la UDEF, que ocultaba 20 millones de euros en efectivo producto del crimen organizado, la mayor parte en su domicilio, ahora caen nuevas piezas del amplísimo engranaje de blanqueo de capitales que giraba alrededor de la trama.

Destaca la detención de Francisco de Borbón, pariente lejano del rey de España, hijo del duque de Sevilla y cuyo linaje conecta directamente con las principales casas reales europeas. Su padre era primo, también lejano, de Juan Carlos I y su madre le enlaza con distintas dinastías nobiliarias en Alemania.

Precisamente ese estatus social le servía, según fuentes próximas a la investigación, para pasar inadvertido a la hora de blanquear ingentes cantidades de dinero procedentes de la trama criminal que, en su rama de lavado de dinero, estaba supuestamente dirigida por Ignacio Torán, hombre que, a su vez, contactaba con los jefes del entramado en Dubái —la Udyco sitúa en la cúspide a Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre— y con el citado inspector corrupto.

De forma específica, su nombre salió a la palestra por estar detrás de la firma ET Fintech Europe, dedicada a la criptomoneda, con sede en Irlanda, sin actividad comercial aparente pero que llegó a amasar 20 millones de dólares en moneda virtual que, según la Audiencia Nacional, procederían directamente del tráfico de cocaína. Juan Ángel Cervera, otro de los presuntos responsables del blanqueo, también figuraba entre los responsables de la citada empresa.

Por otra parte, en esta misma tanda de detenciones fue arrestado un abogado más relacionado con la organización criminal que, tras comparecer en sede policial y prestar declaración, ha sido puesto en libertad provisional, una mujer de origen colombiano que también formaría parte de la estructura de blanqueo de capitales y, por último, otra figura a la que los investigadores dan una especial relevancia. Se trata de Tirso M.C., conocido por ser el responsable de una de las mayores boutiques dedicadas a la venta de relojes de altísima gama en la ciudad de Marbella.

Los investigadores apuntan a que esta persona participaba activamente en actividades de blanqueo de capitales relacionadas con la organización objeto de investigación. Ello ha llevado a los agentes a efectuar un registro en sus instalaciones. El arrestado, cuya firma vende relojes valorados en decenas de miles de euros, tiene entre sus clientes a conocidos deportistas, como el futbolista Nico Williams, a los que visita para entregarle pedidos, según cuenta en sus redes sociales.

En una tarde crepuscular a finales de septiembre, un grupo de hombres vestidos con trajes a medida y camisas impecables, con pesados relojes brillando en sus muñecas, se reunió en una azotea de Marbella. Por la forma en que fumaban puros y hacían girar licores en vasos de tallo corto, podría haber sido cualquier fiesta privada y lujosa de la ciudad costera española.

Pero se trataba de una ocasión especialmente exclusiva: los invitados habían conseguido una de las apenas 25 plazas disponibles para la primera cata europea del nuevo tequila de Tristan Tate. En los vídeos del evento que circulan en redes sociales se ve a Tate conectándose por videollamada, sonriente con un traje burdeos, invitando a los asistentes a un brindis.

Los hermanos Tate, británico-estadounidenses, siguen siendo figuras influyentes en el centro de la llamada “manosfera” o “machosfera”, un ecosistema difuso de comunidades masculinas en internet que ha ganado una enorme audiencia entre hombres jóvenes y adolescentes, y que ha sido duramente criticado por denigrar y demonizar a las mujeres. (También enfrentan cargos por trata de personas y violación en el Reino Unido y están siendo investigados penalmente en Rumanía por trata y por formar un grupo criminal organizado —acusaciones que ellos niegan rotundamente–).

Ahora, en Marbella, la manosfera está echando raíces en el mundo real.

A través del análisis de conexiones en redes sociales, emprendimientos empresariales y eventos públicos y privados, esta investigación ha descubierto que la soleada ciudad de la Costa del Sol —célebre como refugio de famosos, oligarcas y crimen organizado— se ha convertido en un imán para influencers masculinos y autodenominados emprendedores, incluidos varios del círculo personal y profesional de los Tate.

Algunos de los miembros de esta comunidad son visitantes habituales de Marbella, mientras que otros se han mudado allí definitivamente. Además de aparecer como invitados en el contenido digital de unos y otros —incluidas entrevistas mutuas para podcast y vídeos— también hacen networking en la vida real en eventos sociales y empresariales. Algunos han expresado abiertamente opiniones misóginas; otros han dado plataforma a quienes las expresan. Usan Marbella, y su reputación de glamour y riqueza, para potenciar sus marcas personales.

“No es casualidad que esto esté ocurriendo en un lugar como Marbella, donde el estatus económico y las demostraciones de poder forman la columna vertebral de las relaciones sociales”, afirma Jesús Moreno, psicólogo social y responsable de participación social de la Fundación Iniciativa Social en Sevilla. La organización se centra, entre otros temas sociales, en la igualdad de género.

Moreno subraya que, aunque las comunidades sociales exclusivamente masculinas no son nada nuevo —desde grupos de caza hasta clubes deportivos—, el peligro aquí es que terminen reforzando las ya tóxicas ideas de la manosfera. “Estas interacciones corren el riesgo de endurecerse en dinámicas de tipo sectario que refuercen continuamente sus narrativas misóginas y antifeministas”, aseguró.

Las figuras de la manosfera en Marbella investigadas en este reportaje promueven principios de autoayuda que incluyen la forma física y la importancia del éxito financiero logrado por uno mismo. Pero algunos también caen en referencias misóginas hacia las mujeres en su contenido público: “puta”, “chocho”, “cosa”.

Su incursión en Marbella se produce en un contexto de preocupación en España por la entrada de la misoginia en el discurso público dominante.

La formación de extrema derecha Vox es ahora la tercera fuerza política en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía. Como parte de su programa, ha dicho que la pionera ley española de violencia de género, que busca proteger a las mujeres frente a la violencia por parte de parejas o exparejas, debe revertirse porque discrimina a los hombres.

La activista feminista andaluza Pamela Palenciano señala la violencia de género como uno de los principales puntos de conexión entre la manosfera online y la extrema derecha española. “‘La violencia no tiene género’, ‘las mujeres también maltratan’, ‘hay víctimas masculinas de las que nadie habla’, ‘la ley es injusta’, son algunos de los mensajes que impulsa la extrema derecha”, explica. “Todo eso lo replican los youtubers, que encienden a sus jóvenes seguidores, y esos chavales repiten el mismo discurso en sus colegios”.

Situada entre los escarpados relieves de la Sierra Blanca y largas franjas de costa mediterránea, Marbella adquirió fama de glamour y celebridad en los años cincuenta y sesenta, cuando estrellas de Hollywood como Audrey Hepburn o Cary Grant frecuentaban el icónico hotel Marbella Club.

Desde entonces, se dice que actores, deportistas y músicos de talla mundial han adquirido propiedades allí, aunque también ha crecido la reputación de la ciudad como centro de actividad criminal. Un exagente de policía español que trabajó más de 20 años en crimen internacional describió Marbella como “el Wall Street del crimen organizado” en una entrevista concedida al Diario Sur a principios de este año, afirmando que cualquier organización criminal que se respetara debía tener un puesto avanzado allí.

Andalucía abolió su impuesto sobre el patrimonio en 2022, allanando el camino para inversores, incluidos extranjeros. Marbella y su localidad vecina, Benahavís, cuentan ahora con seis de las diez calles más caras de España, según la web inmobiliaria Idealista. Se dice que en un nuevo complejo diseñado por Dolce & Gabbana, situado en las colinas que dominan la “Milla de Oro” costera de Marbella, se han vendido viviendas multimillonarias sobre plano.

Elisa García Mingo, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo trabajo se ha centrado en la manosfera en España, afirma que Marbella encaja con la estrategia de los creadores de contenido, que necesitan ser vistos en los lugares adecuados: “Marbella es donde ha vivido la jet set española y extranjera durante 50 años. Es el sitio de los ricos, de los ultrarricos, y es un lugar de ostentación”.

La fiesta del tequila de Tristan Tate tuvo lugar en las colinas situadas detrás de Puerto Banús –famoso por su puerto deportivo repleto de yates–, en una terraza que forma parte de un nuevo club privado abierto por un amigo de Andrew Tate llamado Luke Barnatt.

Este exluchador británico de artes marciales mixtas se ha descrito a sí mismo como parte del “liderazgo” del War Room de Tate, que se define como “una red global en la que modelos de individualismo trabajan para liberar al hombre moderno de la reclusión inducida socialmente” y a la que cuesta casi 8.000 dólares unirse.

Barnatt organiza con frecuencia reuniones de aficionados al cigarro para emprendedores en la terraza donde se celebró la fiesta del tequila. Las suscripciones a este club cuestan hasta 300 euros al mes y ofrecen “una plataforma exclusiva de formación en la que aspirantes a expertos y aficionados experimentados forjan conexiones poderosas alrededor de los mejores puros del mundo”. La web recibe a los visitantes con el mensaje: “Bienvenido a la hermandad”.

El acceso a la terraza también forma parte de los paquetes de afiliación de Marbella Casa Creative, otro club solo para miembros que Barnatt anunció en enero. Promete una “comunidad de visionarios”, con membresías anunciadas entre 6.000 y 25.000 euros. Entre los miembros que aparecen públicamente figura el actor porno retirado Stirling Cooper, que se describe como “el coach sexual número 1 del mundo para hombres” y tiene casi 400.000 suscriptores en YouTube.

Cooper fue criticado recientemente por sus comentarios sobre cómo “disciplinaba” a las mujeres con las que salía. Una investigación de The Sydney Morning Herald y The Age señaló que vídeos, fotos y relatos internos situaban a Cooper en reuniones clave de neonazis en Australia y que formaba parte de una campaña de captación dirigida a hombres jóvenes. Ha aparecido en vídeos con los hermanos Tate y ha sido fotografiado con Luke Barnatt en sus viajes a Marbella.

Barnatt y otro británico, Bradley Marchant —que se describe en LinkedIn como estratega de crecimiento empresarial y figura como miembro de Casa Creative—, han lanzado recientemente una serie de proyectos en Marbella, incluido un café, un estudio de podcast y una productora de cine llamada A Beautiful Kill.

Cooper, Barnatt, Marchant y los hermanos Tate no han respondido a las preguntas que les ha hecho llegar esta investigación.

También estuvo en el lanzamiento del tequila de Tate en Marbella Gabriel Rapisarda, que dirige la empresa suiza de bebidas que distribuye el tequila de Tristan Tate y una marca de cerveza de otra conocida figura de la manosfera, el luchador irlandés de MMA Conor McGregor. A pesar de que su carrera está marcada por la violencia fuera del ring, Marbella acogió a McGregor el año pasado como anfitrión de un evento del Bare Knuckle Fighting Championship.

Desde entonces, un jurado lo ha declarado responsable de agresión sexual en un caso civil. Andrew Tate calificó el veredicto del jurado como “una mierda” y posteriormente respaldó la efímera candidatura del luchador a la presidencia irlandesa. McGregor perdió en julio su apelación contra el veredicto.

McGregor y Rapisarda tampoco han contestado a las preguntas que se les han formulado.

Junto a Barnatt, Marchant y Rapisarda, en la fiesta del tequila había sobre todo hombres afincados en Marbella, no españoles, que encarnaban esa idea de éxito que promueven figuras de la manosfera como los Tate, centrada en el dinero y la apariencia. Uno de los invitados ofrecía cursos que prometían hacerse rico y escapar de la rutina gracias al forex trading; otro se presentaba como un “closer” y presumía de poder cerrar acuerdos de miles de euros en solo dos días. También había un entrenador personal y un sastre a medida.

Los influencers masculinos y emprendedores de Marbella utilizan lo que Marie Heřmanová, antropóloga social e investigadora de la Universidad College de Londres, describe como una fórmula probada para crear una comunidad que se autopromociona. “Los influencers cooperan estratégicamente: forman núcleos, aparecen en los podcast de otros y crean un ecosistema mediático paralelo que evita el periodismo tradicional. Eso los hace extremadamente eficaces”, dice.

Para otros, Marbella es un atajo simple para transmitir lujo y éxito. El joven influencer británico Harrison Sullivan, conocido en redes como HSTikkyTokky, utilizó Marbella como escenario glamouroso hasta su detención en el Reino Unido, en octubre, en relación con un accidente de tráfico cuando conducía un superdeportivo McLaren.

Sullivan recibió este mes por parte de un tribunal británico una condena de 12 meses de prisión, en suspenso tras declararse culpable de conducción temeraria y conducir sin seguro. Está obligado a cumplir un toque de queda durante tres meses y lleva un dispositivo electrónico. También está siendo investigado en España por agredir con un vaso a un hombre en una discoteca.

Sullivan había ganado seguidores en internet con vídeos sobre fitness y sobre cómo conseguir dinero y sexo en los que se refería a las mujeres como “cosas”.

La antropóloga social Heřmanová explica que envolver la misoginia en el lenguaje de la autoayuda se ha convertido en una parte extendida y normalizada de la “manosfera”. “Tate fue la punta de lanza más radical, pero cuando su lenguaje entró en el discurso dominante, ya no le hizo falta. Él hizo visible y mainstream la cultura misógina e hipermasculina de los influencers, aunque muchos ahora lo consideren demasiado radical”, afirmó. Y añade: “Los influencers intervienen con promesas alternativas: si te esfuerzas, te haces rico, dominas a las mujeres, entonces puedes vivir una buena vida”.

El agente inmobiliario Jesse Meester, afincado en Marbella, un actor holandés que apareció en el reality estadounidense 90-Day Fiancé, presenta un podcast sobre salud, negocios y lecciones de vida que incluye tanto invitados hombres como mujeres. Pero también cae en representaciones de la mujer que son un pilar de algunas comunidades de la manosfera. En un episodio junto a Luke Barnatt, ambos conversan distendidamente sobre cómo los “hombres de alto valor” se dejan engañar por las mujeres y no establecen estándares suficientemente altos al elegir pareja. Barnatt advierte de que una relación no debería ser con “una puta que vaya a quitarte todo”. (Al ser preguntado por si respaldaba esta afirmación o si la consideraba misógina, no hubo respuesta). En el episodio, más adelante , un Meester serio lamenta cómo a menudo los hombres “quedan absolutamente destruidos o toman malas decisiones vitales por culpa de una mujer, por culpa de un coño”.

Meester, que tiene 1,3 millones de seguidores en Instagram y cuya inmobiliaria homónima anuncia propiedades de hasta 8,5 millones de euros, habló abiertamente con los reporteros en Marbella sobre diversos temas, desde su trayectoria profesional hasta su fe en Dios y sus valores fundamentales. Dijo estar en desacuerdo con la actitud de Andrew Tate hacia las mujeres porque priorizaba “el placer sobre la responsabilidad” y criticó a los hombres que controlan el dinero de sus parejas —pero también dijo que la culpa era de las propias mujeres por permitirlo–. “Es manipulación financiera o abuso, dicen algunos. Pero no estoy de acuerdo porque la mujer también elige eso. Así que si eliges a un hombre que te hace eso, en realidad no es abuso”, afirmó Meester.

Meester no respondió a las preguntas posteriores sobre si consideraba que su comentario en el podcast o sus observaciones a los reporteros habían sido misóginos.

Desestimar el abuso y la violencia contra las mujeres —incluida la narrativa de que las denuncias falsas son generalizadas— es un mensaje promovido por algunas figuras y grupos de la manosfera. Andrew Tate ha dicho que las mujeres tienen parte de responsabilidad por permitir que las violen.

Estudios recientes han indicado una creciente apatía y pesimismo entre los hombres jóvenes en Europa, así como una creencia cada vez mayor de que la búsqueda de igualdad para las mujeres ha terminado discriminando a los hombres.

Zuzana Očenášová, investigadora de la Academia Eslovaca de Ciencias que estudia la igualdad de género, asegura que los influencers están explotando una profunda crisis de identidad a medida que los roles masculinos se diversifican: “Mientras algunos pueden ver esto como una oportunidad para desarrollar su potencial, ya que no tienen que tratar de encajar en una caja predeterminada, otros pueden verlo como inquietante, al percibir que se les imponen expectativas diversas y, a menudo, contradictorias”.

Algunas figuras prominentes de la manosfera, incluido el exkickboxer Andrew Tate, promueven la fuerza física como una vía para que los hombres retomen el control de sus vidas y encuentren propósito y estructura. Las playas de Marbella, sus gimnasios al aire libre y sus pulidos clubes deportivos hacen de la ciudad un destino acorde con ese mensaje.

El influencer y emprendedor británico Mike Thurston, que tiene 1,6 millones de suscriptores en YouTube y 1,3 millones de seguidores en Instagram, además de una plataforma de entrenamiento y una línea de ropa, se ha grabado a sí mismo sin camiseta levantando pesas en Marbella.

Aunque su foco principal es el fitness, Thurston también ha realizado dos entrevistas virales con Andrew Tate, la segunda publicada en Dubái a principios de 2025. La entrevista tiene lugar en el Bugatti de Tate y abarca temas que van desde sus opiniones sobre la política europea hasta su respuesta a las acusaciones penales en su contra.

“Una vez que deciden acabar con un hombre, llaman a 100 exnovias o a 100 mujeres que conociste y solo necesitan un 1% de posibilidades. Solo necesitan una de esas cien. Una de cada mil. Pueden conformarse con una tasa de éxito del 0,1%. Si consiguen que una zorra tonta mienta, ya estás jodido. Es una locura porque el 27% de las mujeres toman antidepresivos. Porque están básicamente clínicamente locas. Así que 27 de esas cien ni siquiera pueden pensar con claridad porque están drogadas”, le dice Tate a Thurston.

Como en gran parte de la manosfera, el acceso al conocimiento especializado de Thurston y la oportunidad de codearse con personas afines tiene un precio.

Thurston ha organizado retiros empresariales en Dubái y Marbella que se promocionan como encuentros entre emprendedores para hacer contactos y fijar objetivos. Una promoción de su Marbella Mastermind fijaba el coste de asistencia en 9.000 libras (unos 11.800 dólares).

Un influencer y amigo de Thurston, el emprendedor irlandés Rob Lipsett —que dirige un programa online de fitness, negocios y coaching vital—, también celebró en junio de este año un encuentro de mastermind –un retiro o reunión exclusiva de networking, envuelto en lenguaje aspiracional y selecto– en una lujosa casa de Marbella, que prometía acceso a una “comunidad élite” de líderes del sector e inversores.

Thurston y Lipsett aparecen como miembros del club privado Marbella Casa Creative. Ninguno ha respondido a las preguntas enviadas.

Lipsett, que según se informa es amigo de Conor McGregor y ha tenido como invitados en su podcast a Meester, Barnatt y Cooper, publicó recientemente que planea más encuentros presenciales en el futuro. “Da la sensación de que todo lo que publicas online de repente se vuelve real cuando estás en la misma habitación”, escribió en LinkedIn. “Si quieres ponerte en forma o empezar realmente a ganar dinero online en lugar de simplemente deslizar el dedo todo el día, es aquí donde ocurre”.

La Costa del Sol es la zona cero del crimen organizado en España y, por extensión, a nivel internacional. Allí se reúnen integrantes de las mafias delictivas más poderosas del mundo y desde allí controlan su negocio más lucrativo, el del tráfico de drogas, y no dudan en emplear la violencia extrema cuando se trata de protegerlo. Allí también hacen negocios legales para blanquear. La Policía Nacional, consciente de la magnitud del reto al que se enfrenta, tiene un amplísimo despliegue de medios en la provincia de Málaga. He aquí los últimos resultados.

En el último mes, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga han realizado diversas operaciones con un objetivo común: debilitar al crimen organizado que opera en la Costa del Sol. De este modo se han desarticulado siete organizaciones criminales y se ha llevado a cabo la detención de 55 personas. Los investigados, asentados a lo largo de toda la costa malagueña, eran muy violentos y con un alto grado de especialización. Los arrestos se corresponden con diversos operativos explotados en las últimas semanas, entre los que destaca la resolución de un secuestro en Marbella y dos tiroteos, sucedidos uno en Benalmádena y el otro en Málaga capital.

En los sucesivos registros realizados se han incautado 37 armas de fuego y munición, armamento que estaba a disposición para ser utilizado por los entramados criminales. Además, destaca la gran cantidad de droga incautada, 8.984 kilogramos entre hachís y cocaína, los más de 150.000 euros en efectivo decomisados y la intervención de 40 vehículos. Todo ello es fruto de la tarea de los investigadores de la Comisaría Provincial de Málaga, en coordinación con otras plantillas policiales.

Una de las acciones más relevantes fue la operación Lobezno, en la que se detuvo a diez ciudadanos de nacionalidad francesa cuyo centro de operaciones era la Costa del Sol, en relación con los presuntos delitos de secuestro y lesiones.

Gracias a la labor investigativa, la Policía ha podido atribuirles su participación, por encargo, en la detención ilegal de un ciudadano marroquí, asaltado en un aparcamiento de un restaurante en Marbella, en octubre de 2024. La víctima y un acompañante salían del local y, al dirigirse a su vehículo, fueron abordados por varios sujetos. Uno de ellos fue introducido a la fuerza en otro turismo y privado de libertad durante varios días. Finalmente, fue puesto en libertad en la localidad malagueña de Torre de Benagalbón.

En una segunda operación, dos ciudadanos franceses eran detenidos en Mijas Costa y Estepona, en relación con la tentativa de homicidio a dos ciudadanos suecos en el término municipal de Benalmádena, ocurrida el pasado mes de diciembre. Ocurrió cuando las víctimas tomaban un vehículo de transporte con conductor (VTC), y fueron interceptadas en la calle Poseidón por unos hombres a bordo de otro vehículo, provistos de un subfusil y una pistola.

Las víctimas, amenazadas en su país en relación con el crimen organizado, lograron salir del VTC y salvaron su vida al arrojarse por un talud de 30 metros, siendo finalmente rescatadas por los bomberos. Estos hechos dan cuenta de la peligrosidad de los detenidos y del alto grado de violencia que utilizaban. En el marco de esta investigación se intervinieron 21 armas de fuego que la organización tenía almacenadas en una vivienda de Estepona.

En la siguiente operación, bautizada como Barbas, fueron arrestadas otras cinco personas, también de nacionalidad francesa, y emitida una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a otro ciudadano galo como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, falsificación documental, sustracción de vehículo a motor, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

A raíz de la investigación en el marco de la operación Lobezno, las investigaciones desvelaron cómo dos miembros de la organización alquilaron una nave industrial en Antequera con identidades falsas. A finales de mayo se supo que usaban dicha nave para la carga de una furgoneta con hachís. Dicho vehículo tenía las placas dobladas y la carga quedó oculta en un camión-furgón de alquiler con placas de matrículas polacas que se dirigía a Madrid. Finalmente fue interceptado por una patrulla en Jaén. De la operación, además de las detenciones, destacan entre lo incautado 374 kilos de hachís.

Los distintos investigadores, a raíz de las pesquisas de las tres operaciones referidas, constataron que los investigados pertenecían a una misma organización y se dedicaban a llevar a cabo distintos delitos –secuestros, ajustes de cuentas y tráfico de drogas–. A medida que fueron desarrollando sus averiguaciones, los agentes se percataron de que algunos autores eran coincidentes en las distintas operaciones, las cuales confluyeron en un punto de la investigación, confirmándose la más que constatada versatilidad delictiva de la red. Destaca su elevada peligrosidad y forma de actuar altamente especializada y violenta.

En fechas recientes también se cerró la operación Bolero, una investigación que logró esclarecer la tentativa de homicidio sucedida el pasado mayo, a plena luz del día, en el parking de un supermercado sito en la calle San Salvador, en Málaga capital. Un hombre recibió dos disparos por parte de un grupo de cinco individuos que pretendían sustraerle una bolsa de gran tamaño que contenía fajos de billetes. Fueron arrestados dos de los investigados, uno de ellos –presunto autor material de los disparos– en Marbella y otro en Málaga capital, y se emitieron requisitorias internacionales de búsqueda y detención respecto al resto de los sospechosos.

Por otra parte, y tras un año de investigación, se cerró la operación Kuni, en la que los componentes de la Udyco-Costa del Sol han logrado la desarticulación de otra organización criminal de origen francés que se había asentado en Estepona. En el transcurso de las diligencias policiales se realizaron 11 registros en domicilios de Marbella, Estepona y El Saucejo (Sevilla). Los investigadores detuvieron a nueve individuos por delitos de depósito de armas, tráfico de drogas, robo de vehículos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Entre los efectos intervenidos es reseñable la aprehensión de 14 armas de fuego, incluidos tres fusiles de asalto con su munición. También fueron incautados 600 kilos de hachís que la organización tenía almacenados en una vivienda particular en Estepona.

Para desplazar las armas de fuego y no levantar sospechas, lejos de un vehículo de alta gama o grandes dimensiones, usaban un pequeño automóvil utilitario con un doble fondo a modo de 'armero móvil', con el que pasaban desapercibidos y acudían a los lugares para llevar a cabo los vuelcos a narcotraficantes. Tras revisar su interior, se halló un compartimento oculto y mecanizado que contenía un fusil de asalto, cuatro pistolas y un revólver junto a abundante munición.

Además, realizaban dos operativas claramente diferenciadas para ejecutar los asaltos, de un lado usando matrículas falsas 'dobladas' en vehículos sustraídos y, por otro lado, automóviles titularizados de manera fraudulenta a nombre de terceros ajenos a la trama. Empleaban distintivos policiales para suplantar a los agentes.

Tras la labor investigativa, se extrajo que los detenidos acudían a realizar los vuelcos a localidades de la Costa del Sol, pero además a otras ciudades como Cádiz, Sevilla y Madrid. Su labor principal era el asalto violento y con armas de guerra a otras organizaciones criminales. Se han podido intervenir 14 armas de fuego –tres fusiles de asalto y 11 armas cortas–. Se han aprehendido, además, 2.515 kilogramos de hachís, 120.000 euros en efectivo y 27 vehículos. Tras este operativo, desarrollado en varias fases por su complejidad, los detenidos han ingresado en prisión provisional.

La operación Marisma partió de la colaboración de los mismos agentes adscritos a la Udyco-Costa del Sol junto con sus homólogos en Udyco-Barcelona, para lograr la incautación de 1.680 kilogramos de hachís y la detención de cinco personas, localizadas en esta ocasión en Cataluña. Con ello se consiguió la desarticulación de una organización criminal asentada en la provincia de Málaga, que operaba haciendo acopio de grandes cantidades de cannabis en el Campo de Gibraltar para luego trasladarlas a Barcelona.

En la Ciudad Condal contaban con la infraestructura para almacenar esas partidas de droga y ocultarlas entre mercancía legal. Para ello, habían habilitado una nave industrial dedicada al reciclaje textil donde la droga era almacenada antes de su transporte a terceros países de la Unión Europea.

La operación Tomato partió de diversas informaciones sobre la venta de cocaína en viviendas de la barriada malagueña de Bailén-Miraflores, que llevaron a los agentes a varias vigilancias en las que constataron el elevado tránsito de compradores y movimientos, y en los que el máximo investigado hacía entrega de bolsas o mochilas en las que se portaban hasta cinco kilogramos de cocaína. Se logró así la identificación de cada uno de los miembros de la red.

Posteriormente, centrados los agentes en conocer de dónde partía la droga, localizaron varias 'guarderías' –como se conoce en el argot los lugares de almacenamiento de los estupefacientes– en la capital. De este modo se descubrieron dos zulos bajo tierra en una propiedad en el barrio de Campanillas, en cuyo registro se incautaron de 170 kilos de cocaína, dos pistolas semiautomáticas y 129.515 euros.

Nueve personas resultaron detenidas, entre ellas el máximo responsable de la organización, cuyo arresto tuvo lugar en la localidad malagueña de Ronda. Para los detenidos fue decretada prisión provisional sin fianza.

La siguiente operación, llamada Mosk, sirvió para descubrir a una red criminal que empleaba vehículos de alta cilindrada para transportar droga. En ella se investigó la existencia de un grupo criminal, asentado en las localidades malagueñas de Alhaurín El Grande y Cártama, presuntamente dedicado al tráfico internacional de droga.

Tras las vigilancias policiales, se detectó un inmueble en este último municipio del que se extraían fardos de color azul para ser introducidos en un todoterreno que iniciaba la marcha auxiliado por una furgoneta y un turismo. Tras comprobar que las placas no correspondían con dicho vehículo, y en colaboración con Udyco-Granada, se logró interceptar a dichos vehículos con 600 kilogramos de hachís en su interior y se detuvo a los implicados. Se detuvo a tres personas, a dos de las cuales se les imputó un delito contra la seguridad vial al carecer de carné de conducir, y a todas ellas delitos de tráfico de drogas, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

A continuación se realizaron, como parte del operativo, dos entradas y registros domiciliarios en Alhaurín el Grande y Cártama, interviniéndose más de 2.500 kilogramos de hachís y cuatro vehículos. A uno de los detenidos le constaba una OEDE por las autoridades francesas por su implicación en un delito de homicidio y agresión con lesiones graves. La autoridad judicial decretó para todos ellos ingreso en prisión.

En la operación Chef, por otra parte, se investigaba a otro grupo criminal integrado por ciudadanos franceses y especializado en el tráfico de drogas por el método gofast, todo ello con vehículos robados. La operación ha sido desarrollada en dos fases.

En su operativa, esta organización había realizado al menos cinco transportes internacionales. Queda constatado mediante la labor investigativa el cambio de los modelos de los vehículos de carga y las placas de matrícula. Tras las pesquisas se comprobó la existencia de una nave industrial en la localidad de Mollina (Málaga) donde guardaban los coches con los que posteriormente transportaban la droga.

Ya a finales del mes de septiembre, los agentes presenciaron una importante carga de hachís en un paraje rural situado entre las Sierras de Grazalema y los Alcornocales, cuya intervención policial frustró el transporte internacional previsto al detener la carga en Cijuela (Granada). La furgoneta con 33 bultos quedó intervenida: contenía 1.045 kilos de hachís. Se realizaron cuatro registros y fueron detenidas cuatro personas por su implicación en los hechos en las localidades de Mollina, Mijas y Estepona. Se intervinieron seis vehículos.

Por último, a finales del mes de octubre, se llevó a cabo la segunda fase de explotación del operativo, con dos detenciones más y un registro en una finca en Churriana (Málaga), donde se guardaban los vehículos empleados por la organización. Se intervinieron otros seis vehículos.

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Madrid como principal responsable de una red de estafas en 'alquileres fantasma', ya que engañaba a sus víctimas ofreciéndoles viviendas de las que había copiado las llaves, haciendo visitas y con contratos y cobro por adelantado, asegura EFE.

El perjuicio alcanzado supera los 25.000 euros y se han recibido denuncias de distintas provincias, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la localización de más posibles víctimas, ha informado este jueves en un comunicado el Cuerpo Nacional de Policía. La detención la han llevado a cabo agentes de la Comisaría Local de Fuengirola, una de las localidades en las que se habían presentado denuncias junto a Marbella y Madrid.

El arrestado accedía a la vivienda turística de forma legal, hacía fotografías y una copia de las llaves, y colgaba anuncios en portales de alquileres convencionales para contratos de larga duración. Además, organizaba visitas de los posibles inquilinos presentando documentación y un contrato estándar. Si llegaban a un acuerdo, pedía el cobro por adelantado del mes en curso y una fianza. Cuando las víctimas intentaban acceder a la vivienda en la fecha acordada se daban cuenta de que estaba ocupada como alquiler turístico.

Una vez identificado y localizado el principal responsable se procedió a su detención en una localidad del sur de Madrid. La operación no se ha dado por finalizada, ya que los investigadores no descartan nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas del engaño.

Una acción policial colectiva que involucra a 24 personas originarias de Europa del Este tuvo su punto culminante en las últimas horas. 14 de esas personas se encuentran bajo medidas cautelares restrictivas después de que se haya destapado un negocio multimillonario de vehículos robados en Italia y España que terminaron en Dubái. No se trata de un fraude en la adquisición mediante el impago de IVA como se ha visto en ocasiones muy recientes, sino de robos de coches de marcas y modelos muy concretos, la mayoría todoterreno híbridos de alta gama, que tienen todos los ingredientes que llevan a pensar en delincuencia por encargo.

En el caso concreto de Italia, la banda criminal ponía sus ojos en lugares como Forte dei Marmi, Viareggio y Cortina: destinos VIP para seleccionar coches de lujo para robar. Sabían que en esos enclaves localizarían los modelos que buscaban.

Una vez identificados los objetivos, los vehículos eran geolocalizados, lo que permitía a los cómplices atacar a su antojo, incluso en los domicilios de las víctimas. Los vehículos eran trasladados a Bélgica, donde se modificaban para eliminar los rastros de sus auténticos propietarios, y terminaban en contenedores con destino a los Emiratos Árabes Unidos, donde eran revendidos.

Este modus operandi probado habría generado decenas de millones de euros para la organización. La Unidad de Investigación de los Carabineros de Reggio Emilia, bajo la coordinación del fiscal Calogero Gaetano Paci, puso fin a la serie de robos.

Por este motivo, en la madrugada del 7 de octubre de 2025, en las provincias de Reggio Emilia, Parma y Cremona, y simultáneamente en Marbella (España), donde también se producían robos, y en Amberes (Bélgica), se llevó a cabo la fase operativa de una compleja investigación contra una organización criminal transnacional compuesta por ciudadanos de Europa del Este. Principalmente los detenidos son moldavos, pero también rusos, rumanos y ucranianos, especializados todos ellos en el robo de coches de lujo.

Los vehículos robados, principalmente Range Rover, Lexus y Toyota, fueron sustraídos en Italia (Reggio Emilia, Parma y Cremona) y España (Marbella), y posteriormente 'limpiados' mediante la sustitución de los números de chasis y la colocación de matrículas clonadas, falsas y adquiridas ilegalmente. Los vehículos fueron transportados a Amberes y posteriormente enviados en contenedores a Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde fueron comercializados. La investigación, denominada 'Palma', fue llevado a cabo por los Carabineros de la Unidad de Investigación de la Comandancia Provincial de Reggio Emilia, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Policía Federal Belga, todos ellos bajo la coordinación de la citada Fiscalía de Reggio Emilia y el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, con la magistrada Laura Sánchez Díaz, y el apoyo de Eurojust.

En el marco de la fase decisiva de la investigación de Palma se llevaron a cabo nueve detenciones (seis personas están en prisión y otras tres bajo arresto domiciliario), en el marco de 16 registros domiciliarios que se saldaron con el descubrimiento entre España e Italia de coches robados, equipos electrónicos para decodificar llaves de contacto y abrir los vehículos, así como numerosos ordenadores y teléfonos móviles que ahora están siendo investigados.

Europol también ordenó la incautación de activos por valor de más de dos millones de euros y proporcionó apoyo de coordinación y análisis para la investigación de Palma. Personal especializado del grupo 'AP Furtum' reunió a las distintas unidades de investigación implicadas en el caso, organizó dos reuniones operativas en su sede y participó en reuniones celebradas en Madrid, Málaga y Reggio Emilia en los últimos meses.

Eurojust, que actúa como puente entre las autoridades judiciales de los Estados miembros, facilitando el intercambio de información y la coordinación de las investigaciones, brindó apoyo entre las autoridades judiciales italianas, españolas y belgas.

La investigación contó con el apoyo de la Red @ON, una red financiada por la Comisión Europea y gestionada por la Dirección de Investigación Antimafia italiana (DIA), que, mediante la financiación de misiones operativas y el alquiler de equipos tecnológicos, facilitó la investigación.

Las actividades de investigación llevadas a cabo por los Carabineros de Reggio Emilia, iniciadas a principios de 2024, han permitido la identificación de aproximadamente un centenar de coches de lujo robados en Italia (Reggio Emilia, Bolonia, Milán, Parma, Lucca y otras provincias del centro y norte de Italia), además de en España. (Marbella), con un valor que supera los 10 millones de euros.

Los Carabineros, además, llevaron a cabo una compleja investigación, con el valioso apoyo de la sección de criptomonedas, pues todos los pagos (tanto por la venta de los vehículos como para compensar a los miembros de la organización) se realizaron en la criptomoneda estable USD.

El modus operandi revelado por la investigación demostró que se instalaron dispositivos en los autos de lujo que iban a ser robados, lo que facilitó la localización mientras se desplazaban. Esto permitió a los criminales realizar investigaciones forenses en los hogares de las víctimas o en las áreas de estacionamiento donde se encontraban.

Una particularidad que surgió del análisis de la estructura criminal es que la misma se encontraba organizada de manera piramidal, teniendo cada uno de los asociados un rol específico y desempeñando una tarea concreta, que iba desde la comisión misma de los hurtos y el posterior reciclaje de los vehículos y/o sus componentes, hasta la alteración de números de chasis y placas de circulación, así como el apoyo logístico, tareas que cada uno desempeñaba en la ejecución de la actividad delictiva común.

Había personas dedicadas en exclusiva a la búsqueda e identificación de los vehículos objeto de robo, otras expertas en la alteración del software de a bordo, arranque y robo de los vehículos, y otras para el almacenamiento, desmontaje de componentes, alteración de los números de chasis y falsificación de matrículas, reciclaje o traslado de vehículos robados al extranjero o registro de locales para ocultar los vehículos robados.

Una mujer de 83 años ha sido asesinada en Marbella (Málaga) presuntamente a manos de su pareja, de 84, que ha sido detenido este viernes, según informa EFE.

La pareja convivía en un chalé ubicado en una zona residencial en la entrada de Marbella, en el distrito Elviria Las Chapas, donde los agentes han detenido al presunto autor, que ya ha sido trasladado a dependencias policiales.

La autoridad judicial ya ha autorizado el levantamiento del cadáver, al que se le realizará la autopsia en las próximas horas, y los agentes de la Policía Científica han tomado huellas en el posible escenario del crimen.

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga se está recabando toda la información relativa al asesinato por presunta violencia de género para trasladarlo a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género con el objetivo de determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, serían 29 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 -diez de ellas en Andalucía- y 1.324 desde que comenzó a elaborarse la estadística de asesinatos por violencia de género en 2003.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas danesas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas danesas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas suecas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas suecas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

Es una forma de desahogo. En redes sociales se pueden leer mensajes de usuarios que critican los eufemismos que se emplean para vender casas como tildar de "piso cardiosaludable" a uno sin ascensor, o que se pidan “180.000 euritos" por viviendas a las que antes se las “llamaba un trozo de nave industrial, de 60/70 metros cuadrados”. En X existe desde hace años un perfil en el que se ironiza sobre los zulos o los “cuartos de escoba” que se anuncian en portales como Idealista. En este sitio de internet se puede encontrar, en el momento de elaborar esta información, un ático situado en la zona de Lavapiés-Embajadores de Madrid, que cuesta 135.000 euros como “el lugar donde tus sueños urbanos se hacen realidad”. Tiene 11 metros construidos, 10 útiles, no dispone de habitación y está en un edifico levantado en 1900 sin ascensor.

También se muestra como un luminoso inmueble en la misma zona, un estudio de 16 metros cuadrados construidos en 1890, 14 útiles, sin habitación y con el espacio justo para colocar un mini colchón en un altillo. Se piden por él 128.000 euros y sus propietarios se agarran para promocionarlo a la “gran variedad de servicios” que ofrece el barrio y a la “excelente comunicación” con la que cuenta.

Y hay más. En otra calle de la capital madrileña se esconde un “verdadero tesoro”. Un “encantador piso reformado”, que destaca por "su diseño diáfano”, pese a que son en total 20 metros cuadrados. Su precio es de 130.000 euros y en el propio anuncio se afirma que “es una oportunidad ideal para quienes desean invertir en el mercado inmobiliario y obtener un retorno significativo” y se avisa de que “puede contener errores”.

Sin salir de Madrid, por un cuarto piso de 20 metros cuadrados de un edificio del año 1900, con dormitorio en altillo, se llegan a demandar 143.000 euros. Se recurre otra vez a la ubicación y al barrio para que se apueste por él como “primera vivienda o para hacer una pequeña inversión”.

En Ciutat Vella, en Barcelona, hay un estudio “simplemente, cuco y genial”. Eso sí, no muy grande. Posee 11 metros y nueve realmente útiles por los que reclaman 157.000 euros.

En otro punto de España, en la zona Huerta Nueva-Jardín de Málaga, se ofrece un estudio de segunda mano sin habitación, con 27 metros cuadrados construidos y “para reformar” por 75.000 euros. Cerca, “en pleno corazón de Marbella”, se busca vender por 69.000 euros una edificación “rodeada de comercios y a pocos minutos del centro”. Un “acogedor estudio de 20 metros cuadrados, diseñado en un concepto de espacio abierto” que “ofrece una distribución funcional y moderna”, pese a ser un local convertido sin luz natural al ser un sótano, como se reconoce en el mismo anuncio.

Hay ejemplos en múltiples puntos del país y cabe hacerse una pregunta: ¿no tiene que tener una vivienda unas condiciones mínimas para ser habitable?

Fuentes del sector indican que existe un documento administrativo que acredita que una vivienda “reúne las condiciones básicas” para morar en ella que es la “cédula de habitabilidad”. Para adquirirla, el inmueble debe contar con una serie de características, entre las que se encuentra tener una superficie útil mínima de unos 36 metros cuadrados, una distribución de los espacios con unas estancias imprescindibles como un comedor, una habitación, de, como poco, seis metros cuadrados; un aseo; o un equipamiento de cocina. Se fija una altura mínima entre el pavimento y el techo de unos 2,50 metros o incluso de las puertas, entre otras cuestiones; además de que incluye cumplir la normativa vigente de eficiencia energética. Las fuentes sondeadas inciden en que “puede haber algunas variaciones” de esas condiciones, dependiendo de la región en la que se halle el inmueble, y su vigencia puede ser igualmente diferente por territorios, “aunque por lo general es de 15 años”, resumen.

Según trasladan desde Idealista a infolibre, “todos los pisos tienen que tener el certificado de habitabilidad, o al menos encontrarse en trámites”, para poder publicar el anuncio en su página de internet, “y lo mismo con el certificado energético”.

Pero, lo cierto es que, esa cédula “no es obligatoria en todo el territorio español”, según apuntan las fuentes consultadas. Hay comunidades en las que no es necesaria al vender o comprar una casa. El listado: Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y País Vasco. Aunque, no tenerla puede “suponer problemas a la hora de contratar los suministros de luz, gas, agua…; o de pedir una hipoteca, por ejemplo, dado que hay bancos que te la pueden denegar sin ese documento”, hacen notar. 

En relación a las áreas del país libres de esa obligación, fuentes del ámbito de la arquitectura explican que se trata de “un mecanismo que en algunos de los territorios se ha sustituido por la licencia de primera ocupación, que se tiene que poder tramitar en un tiempo y, si la administración no lo hace, opera el silencio positivo y se entenderá por concedida”, deslizan.

Desde Cataluña, fuentes del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) confirman que no en todas las autonomías se exige la cédula de habitabilidad, pero mantienen que la ciudadanía tiene otras herramientas a las que aferrarse. Aluden a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es estatal y que determina que “una vivienda tiene que tener unas condiciones básicas de habitabilidad que impliquen que se pueda vivir de forma segura, cómoda y saludable”. Aunque “esto es muy genérico”, reconocen, engarzan que “la jurisprudencia mayoritaria dice que la casa ha de tener una estructura segura, ser sólida, estable y no generar riesgos de sufrir daños graves” para quienes vivan en ella. Asimismo, debe “tener acceso a los servicios básicos de agua potable, electricidad, gas… y condiciones higiénicas de limpieza” y que garanticen que “no haya elementos que puedan poner en riesgo la salud como plagas o residuos acumulados, humedades…”. Junto a lo expuesto, debería haber “ventilación y luz natural, aislamiento térmico e instalaciones, como las tuberías, en buen estado”. 

De su lado, el arquitecto Alfredo Carda, aporta, en relación al tamaño mínimo que habría de tener un habitáculo para poder ser utilizado como vivienda, que hay que guiarse por lo marcado en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) municipales. Y advierte de que los más actuales permiten “destinar a uso residencial viviendas y apartamentos” y en concreto en los últimos, si están en edificios históricos, se puede reducir “casi discrecionalmente”.

Es consciente de que algunos de los pisos que se ofertan en los portales inmobiliarios van en contra del “artículo 47 de la Constitución que recoge el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. En él se asevera que son los poderes públicos los que tienen que promover “las condiciones necesarias” y “las normas pertinentes para hacer efectivo” ese derecho, “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Carda señala otra norma a la que cabría mirar para denunciar abusos, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), como la encargada de regular todas las fases del proceso constructivo, desde la planificación hasta la ejecución de las obras, y en la que “se definen las obligaciones que tienen los agentes que intervienen en él, con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de los edificios”. Ésta remite, a su vez, al Código Técnico de la Edificación, que “es de obligado cumplimiento en todos los usos residenciales” y, de acuerdo al cual, los edificios han de “cumplir condiciones de aislamiento, de ventilación, de iluminación natural, de evacuación…”, enumera.

Todas las fuentes sondeadas coinciden en la idea de que “no se puede estabular a las personas en habitáculos inhabitables”, pero agentes inmobiliarios ponen el foco en que “es la ley de la oferta y la demanda”. “Se vende lo que se compra”, lanzan, en un contexto en el que "se cruzan un montón de normativas" y “las administraciones no pueden inspeccionarlo todo”. O, dicho de otro modo: "Es el mercado, amigos" y "en la actualidad es difícil ponerle freno a la especulación", concluyen.

“Salven la Fundación Cáritas”, se leía el pasado jueves en un cartel colgado  en el exterior del palacio Gran Ducal, donde el papa Francisco era recibido por la familia real luxemburguesa como parte de su visita oficial. Mientras, las fiscalías de dos países investigan el desfalco de 61 millones de euros sufrido por Cáritas Luxemburgo, la organización católica que depende de los obispos. El ministerio público del Gran Ducado indaga si los bancos luxembugueses BGL-BNP y Spuerkeess infringieron las leyes contra el blanqueo de dinero con las 120 transferencias que vaciaron las cuentas de Cáritas entre febrero y julio de este año. Y la Fiscalía de Marbella cumple con la Orden Europea de Investigación (OEI) recibida desde el Gran Ducado: los 61 millones llegaron a 14 cuentas del BBVA en España y de allí partieron a rumbo desconocido.

Además, investigan el caso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), el supervisor financiero luxemburgués, y el Banco Central Europeo (BCE).

Según ha informado el medio luxemburgués Reporter.lu, la fiscalía luxemburguesa investiga las condiciones en las que los bancos permitieron la salida de los fondos hacia España. Se trata de una investigación preliminar, la primera etapa antes de que se abra una investigación judicial y se remita el caso a un juez de instrucción.

“El objetivo principal es determinar si ha habido infracciones del artículo 9 de la ley de 2004 [incumplimiento de las obligaciones profesionales”, indicaron fuentes judiciales a Reporter.lu. Aunque las autoridades judiciales no los mencionan por sus nombres, las entidades investigadas son el BGL BNP Paribas y el Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) o Spuerkeess: el primero es propiedad del Estado luxemburgués en un 34% y el segundo, al 100%.

Además, según Reporter.lu, ambos bancos fueron registrados por la policía luxemburguesa el pasado mes de agosto. El Código Penal del Gran Ducado autoriza al fiscal a pedir al juez de instrucción que “ordene un registro, una incautación, la audiencia de un testigo o un peritaje sin que se haya abierto una investigación preparatoria”.

Al tiempo, la justicia luxemburguesa ha emitido una Orden Europea de Investigación dirigida a la Fiscalía de Málaga que, a su vez, la ha remitido a la Fiscalía de Marbella, según ha podido saber infoLibre.

Una Orden Europea de Investigación es un instrumento legal, creado por una directiva de la UE de 2014 y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en 2019. Con esa resolución judicial, la justicia luxemburguesa pide a la española que lleve a cabo medidas de investigación que permitan obtener pruebas. Esas medidas pueden incluir desde la declaración de testigos hasta la identificación de los titulares de un número de teléfono, la dirección IP de un ordenador o una cuenta bancaria. De hecho, la mayoría de las OEI que recibe la justicia española se refieren a fraudes. Y la petición más habitual es precisamente la información bancaria.

El pasado julio, Cáritas Luxemburgo denunció haber sido víctima del conocido como “fraude del CEO”: su directora financiera dijo haber recibido correos, supuestamente del director gerente de la institución, Marc Crochet, en los que éste le ordenaba que hiciera las transferencias urgentemente, en teoría para financiar una misteriosa inversión. Sin embargo, son muchas las sospechas que se ciernen sobre esa versión, mientras los medios luxemburgueses apuntan hacia un posible golpe desde dentro.

Según la información a la que ha tenido acceso Reporter.lu, la institución diocesana desembolsó 9,049 millones de euros desde BGL hasta tres cuentas de una falsa Caritas Internationalis en el BBVA. Las transferencias se hicieron en poco más de un mes, entre el 9 de febrero y el 12 de marzo.

Los días 5, 7 y 12 de marzo se efectuaron tres pagos diarios de casi 500.000 euros sin que el BGL se alarmara. Spuerkeess transfirió 52,15 millones de euros a la ONG turca ASAM, muy por encima de su capacidad de pago: el 27 de junio se firmaron cinco transferencias por importe de 2,49 millones de euros, cinco días después otras siete por 3,49 millones de euros y el 4 de julio seis transferencias más por 2,99 millones de euros.

Ni Caritas Internationalis, la matriz de la institución diocesana, ni ASAM tenían cuentas en España, sólo en El Vaticano y en Turquía, respectivamente. Las cantidades abonadas y el elevado ritmo al que se realizaron deberían haber activado los mecanismos de alerta con los que cuentan los bancos, tanto en España como en Luxemburgo, y haberles llevado a preguntar a sus clientes sobre la naturaleza de las operaciones. El BBVA alega que “con anterioridad a ser informado” del fraude, ya “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo.

El papel de los dos bancos luxemburgueses es doblemente complicado. No sólo hicieron las transferencias, sino que también concedieron préstamos y líneas de crédito a Cáritas por importe de 33 millones de euros. Spuerkeess aceptó un acuerdo para cubrir descubiertos por importe de 10 millones de euros con fecha de 25 de junio de 2024 y a un tipo de interés del 4% a tres meses, reembolsable el 25 de septiembre.

El documento consultado por Reporter.lu está redactado en nombre de la institución diocesana. Por parte de Cáritas figuran su presidenta, Marie-Josée Jacobs, que fue ministra de Familia, y Alphonse Wagner, uno de sus directores. Sin embargo, el acuerdo fue rubricado y firmado por la directora financiera y el director de Operaciones. Ese mismo día, Spuerkeess redactó un contrato de cesión de crédito en el que aparecen de nuevo los nombres de Marie-Josée Jacobs y Alphonse Wagner como representantes de Cáritas, pero esta vez firman la directora financiera y la directora de recursos humanos.

El contrato garantizaba el reembolso del préstamo mediante la devolución de las subvenciones que el Estado luxemburgués paga a Cáritas por los servicios asistenciales que le presta.

Según Reporter.lu, los dos bancos luxemburgueses aún no han recurrido a los tribunales para obligar a institución católica a devolverles los préstamos.

Al término de la visita del papa al Gran Ducado, el cardenal Jean-Claude Hollerich anunció que, tras una colecta en la diócesis, los fieles habían reunido 176.000 euros para donarlos a la organización benéfica internacional. Francisco decidió entonces donar esta suma a Cáritas Luxemburgo, quizá en un gesto para paliar la quiebra en que está sumida la institución desde este verano.

El exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha muerto este martes a los 76 años en un hospital de Marbella, donde estaba ingresado desde el 15 de septiembre a consecuencia del empeoramiento del cáncer que padecía, han informado a EFE fuentes próximas a la familia. Los restos mortales del exregidor ya han sido trasladados a la sala 1 del tanatorio de San Bernabé, donde han comenzado a llegar algunos familiares. Pese a la trascendencia pública de su figura, la familia ha trasladado su intención de despedirlo en la intimidad.

Muñoz, que padecía cáncer desde hace varios años, ha sufrido también varios infartos, un ictus y el azúcar le había dejado sin vista en un ojo, según explicó recientemente el propio exalcalde en una entrevista en televisión. Hace diez días, ingresó de urgencia para recibir tratamiento en el Hospital HC de Marbella, donde ha estado acompañado en las últimas horas por su mujer, Mayte Zaldívar, sus hijas, Elia y Eloisa, y sus nietos.

La trayectoria política de Muñoz, que en sus comienzos estuvo afiliado al PSOE y luego formó parte del Grupo Independiente Liberal (GIL), ha estado marcada por su polémica gestión al frente del consistorio de Marbella tras suceder a Jesús Gil, de quien llegó a ser mano derecha. Su figura saltó a la vida pública y acaparó portadas en la prensa rosa por su relación con la tonadillera Isabel Pantoja.

También saltó a la crónica de tribunales, por sus condenas de corrupción urbanística. Detenido en julio de 2006 por la trama destapada en el caso Malaya, fue condenado en varios procedimientos por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación relacionada con la concesión de licencias ilegales durante los gobiernos municipales del GIL. Su deteriorado estado de salud lo mantenía fuera de prisión.

Nacido en 1948 en El Arenal (Ávila), sin estudios superiores, pasó en poco tiempo de trabajar como camarero a ser empresario hostelero en Marbella. En los comicios de mayo de 1991 saltó a la política municipal de la mano del que fue primero su mentor y después enemigo, Jesús Gil. En las municipales de 1995 repitió como concejal y en las de 1999 ya era número 2 del GIL, el partido creado por el que fuera presidente del Atlético de Madrid.

Tras la inhabilitación de Gil, se convirtió en alcalde provisional de Marbella y en mayo de 2002 fue ratificado en el cargo, en el que fue respaldado en las municipales de mayo de 2003 con mayoría absoluta.

El 13 de agosto de ese mismo año fue, sin embargo, desbancado como primer edil al prosperar una moción de censura orquestada presuntamente por Juan Antonio Roca, gerente de la sociedad municipal de gestión del suelo 'Planeamientos 2000', cesado por Muñoz, y que después resultó ser el cerebro del caso Malaya. Tras la moción, muchos vieron la mano de Gil, quien se enzarzó al día siguiente en un intercambio de graves acusaciones con Muñoz en un programa de televisión, que conllevó la apertura de una investigación judicial.

El 19 de julio de 2006 Julián Muñoz fue detenido dentro de la segunda fase del caso Malaya, la mayor trama de corrupción conocida en un consistorio en la historia de España, e ingresó en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre. Proinsa, Moaña, Saqueo II o Monteverde fueron otros de los primeros casos por los que fue condenado el exalcalde marbellí.

Muñoz, que había conseguido salir de la cárcel, regresó a prisión tras ser condenado en 2013 a siete años por blanqueo de capitales -rebajada posteriormente a seis años y medio-, dentro de uno de los casos más mediáticos de la justicia española, en el que también fue condenada Isabel Pantoja y su exmujer, Maite Zaldívar, a 2 y 3 años respectivamente.

Seis meses después, en octubre, Muñoz fue condenado igualmente a dos años de prisión por el caso Malaya. Después, el Tribunal Supremo le condenó a siete años, al igual que al expresidente del Sevilla Fútbol Club José María del Nido, dentro del caso Minutas.

Su enfermedad le permitió a partir de 2016 salir de la cárcel, con alguna polémica como cuando trascendió un vídeo, en 2018, bailando sevillanas. En mayo de 2021, aún no habiendo cumplido las tres cuartas partes de su condena, la Audiencia Nacional le concedió la libertad condicional por las graves dolencias que padecía, entre ellas una cardiopatía isquémica-hipertensiva, diabetes y un aneurisma de aorta.

Casado en una sola ocasión, en 1974 contrajo matrimonio con Mayte Zaldívar. Tenía dos hijas, Eloisa Núñez Zaldívar -hija de un primer matrimonio de Mayte- y Elia Muñoz Zaldívar. En 2003 se divorciaron. Meses antes había trascendido que el exalcalde mantenía una relación sentimental con Isabel Pantoja.

La cantante tuvo que soportar diversas críticas y acusaciones, entre otros motivos por visitar en tan solo dos ocasiones a su entonces novio a la cárcel. En febrero de 2009, tras fuertes rumores de separación, Pantoja confirmó la ruptura. Años después tuvieron que afrontar uno de los juicios más mediáticos en el que los tres salieron condenados. 

Una tarde de junio de 2022 cinco hombres entraron tranquilamente en un apartamento de la planta baja de un complejo residencial de Marbella. Sólo cuatro de ellos salieron vivos de él.

A la noche siguiente, el administrador de la finca encontró el cadáver lleno de golpes de Aleksandar Kolundzic, un serbio de 33 años afincado en Alemania, que había sido amordazado y atado a una silla en el interior del apartamento, situado en una urbanización cerrada a pocos minutos a pie del mar. Según la policía española, Kolundzic tenía la cabeza envuelta en plástico y fue golpeado durante horas con palos de golf antes de recibir un disparo en la cabeza.

“Fue una ejecución en toda regla”, resume a OCCRP una fuente policial española que participó en la investigación [El agente estaba autorizado a hablar con la prensa, pero no a ser identificado por su nombre].

Casi dos años después del horrible asesinato, su primer sospechoso fue extraditado de Turquía a España y detenido en abril. La policía española alega que el ciudadano alemán de origen turco de 32 años, identificado como Tolga S., formaba parte del grupo que torturó y asesinó a Kolundzic. Mientras las autoridades buscan a los demás sospechosos, Tolga S. está siendo investigado por asesinato, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Tanto Kolundzic como su presunto asesino estaban presuntamente implicados en el crimen organizado, según las autoridades españolas y alemanas. Pero había una gran diferencia: Kolundzic también era confidente de la policía.

Junto con sus socios Paper Trail Media, Der Spiegel y la televisión pública alemana ZDF, la red de medios OCCRP, a la que pertenece infoLibre, ha recabado nuevos detalles sobre la peligrosa doble vida de Kolundzic como presunto narcotraficante y colaborador de la policía alemana, y sobre cómo acabó con su horrendo asesinato.

El reportaje, que se basa en revelaciones de las que informaron por primera vez las emisoras alemanas WDR y NDR, utiliza miles de documentos que los periodistas han obtenido de la investigación que ha hecho la fiscalía alemana sobre el asesinato, así como en expedientes judiciales y entrevistas con la policía en Alemania y España. 

Los archivos de la fiscalía obtenidos por Paper Trail Media, Der Spiegel y ZDF incluyen testimonios de los contactos de Kolundzic, así como de los mandos de la policía alemana responsables de gestionar su trabajo como informante. El caso se cerró en 2023 tras considerarse que no había más pasos que dar en Alemania.

Se trata de una historia de contornos difusos, de un confidente apreciado por la policía alemana por su información precisa sobre las redes delictivas, pero también sospechoso de participar en grandes alijos de drogas. Los testimonios recogidos por la policía y la fiscalía sugieren que Kolundzic debía drogas y grandes sumas de dinero a algunos de sus socios, una situación que puede haber hecho aún más insostenible su trabajo como informante.

Mientras que las fuerzas de seguridad de algunos países permiten que los confidentes cometan delitos con autorización oficial, las normas en Alemania son más restrictivas. Aunque Alemania carece de una ley específica que regule el uso de confidentes, según los expertos y una sentencia del Tribunal Supremo del país, los protocolos policiales estipulan que no se debe permitir que los informantes participen en delitos, lo que plantea interrogantes sobre el grado de conocimiento que tenían los responsables de Kolundzic de su doble vida.

Tampoco está claro si la policía alemana gestionó adecuadamente el riesgo que corría Kolundzic. Según los testimonios facilitados a la policía y a la fiscalía tras su muerte, los agentes al cargo de Kolundzic conocían su plan de acudir a la fatídica reunión de Marbella, pero afirmaron que ignoraban los detalles de su viaje y, al parecer, no hicieron muchas preguntas al respecto.

Según explicaron, Kolundzic había viajado a España por su propia “iniciativa”, aun reconociendo que el objetivo era que reuniera pruebas contra Tolga S., a quien la policía alemana había identificado como miembro de una banda de los Ángeles del Infierno.

Kolundzic había prometido informar a los agentes tras su viaje. Nunca regresó.

“Nadie habría soñado que acabaría así”, dijo uno de los agentes alemanes encargados de trabajar con Kolundzic, según el testimonio recogido en los archivos de la fiscalía: “Fue un golpe tremendo”.

Aunque las autoridades aún no han establecido el móvil del asesinato, la historia que circula en el submundo criminal de Marbella, según la policía española, es que Kolundzic quedó al descubierto como informador durante la reunión en el apartamento.

Pero cuando los fiscales alemanes intentaron investigar la posibilidad de que los asesinos hubieran descubierto los mensajes de Kolundzic con su contacto en la policía alemana, se toparon con un callejón sin salida: no se encontró ningún teléfono en la escena del crimen y, pocos días después de la muerte, el principal contacto policial de Kolundzic había reestablecido su propio teléfono móvil a los valores de fábrica, borrando sus comunicaciones con el informador.

El Ministerio del Interior alemán y la Policía de Fráncfort, donde trabajaban los controladores de Kolundzic, declinaron responder a las preguntas enviadas por los periodistas de OCCRP, incluso sobre los resultados de la investigación abierta para determinar si la decisión del agente de borrar los mensajes constituía una “conducta delictiva”.

El abogado que representaba a Tolga S. tampoco respondió a las preguntas de OCCRP, aparte de señalar que la investigación en Alemania se había cerrado.

Marbella es una ciudad con dos caras, el escenario apropiado para un hombre que lleva una doble vida. Con el Mediterráneo de fondo, la glamurosa jet set sale de fiesta en sus yates, los golfistas juegan en greens de césped perfecto y los turistas se extienden a lo largo de kilómetros de playas de arena.

Pero el destino de vacaciones andaluz también es desde hace mucho tiempo un imán para bandas criminales de todo el mundo, cuyas batallas por la supremacía acaban a menudo en sangrientos tiroteos. La policía española ha descrito la ciudad como la “ONU del crimen organizado”, que atrae a los delincuentes con su oferta de lujo y su situación estratégica cerca de los puntos de entrada del hachís y la cocaína en España.

Aunque Kolundzic era un visitante habitual de Marbella –incluso se había registrado en un gimnasio local con un nombre falso–, residía principalmente a las afueras de Fráncfort, en la ciudad de Offenbach, según la investigación alemana sobre su muerte. Conocido por sus amigos como Goran, vivía en Offenbach con su esposa, que también procede de Novi Sad, su ciudad natal, en el norte de Serbia. Tenían dos hijos y esperaban un tercero cuando Kolundzic fue asesinado.

En el testimonio que dio a la policía alemana, la esposa de Kolundzic declaró que su marido trabajaba como conductor para una empresa de servicios asistenciales y entrenaba regularmente en un gimnasio de artes marciales. Aunque mencionó que de vez en cuando discutía con otros hombres después de unas copas, no tenía constancia de ninguna amenaza grave ni de lo que hacía su marido cuando viajaba, que a menudo era a España. Parecía no tener ni idea de su otra profesión: trabajar como informante confidencial para la policía de Fráncfort desde al menos 2018.

No está claro cómo comenzó la colaboración, pero la policía alemana consideraba a Kolundzic una “persona V”, término utilizado para designar a alguien con información privilegiada que la proporciona en secreto a las autoridades. La V hace referencia a las palabras alemanas para conexión (Verbindung) y confianza (Vertrauen).

Según el testimonio de sus contactos policiales en Fráncfort, Kolundzic informó a dos agentes de sus planes de viajar a España para reunirse con Tolga S., de quien dijo que era narcotraficante. Según los policías, Kolundzic les dijo que Tolga S., conocido por sus socios como El Gordo, enviaba semanalmente a Alemania camiones con cientos de kilos de marihuana. Aunque se desconoce la naturaleza exacta de su relación, Kolundzic dijo que se había reunido anteriormente con Tolga S.

Por su parte, la policía española asegura que la pareja se reencontró en un chiringuito de Marbella el día antes del asesinato. Pero todavía investiga por qué los cuatro hombres atacaron a Kolundzic al día siguiente y de forma tan brutal. En su comunicado de prensa, la policía española afirma que “desacuerdos entre las partes” llevaron a la víctima a ser torturada durante horas. La fuente policial española implicada en la investigación explica a OCCRP que los agresores querían sonsacar información a Kolundzic. “No se tortura a una persona tan salvajemente sólo para saldar una cuenta o una deuda”, aclara.

La policía alemana también descubrió que se enviaron mensajes desde el teléfono de Kolundzic la noche en que fue torturado. Pero no está claro si fue el propio Kolundzic quien tecleó los mensajes, que se enviaron cuando ya había circulado entre sus conocidos un vídeo en el que aparecía vivo pero atado a una silla, con las piernas envueltas en papel de aluminio y una sábana de plástico colocada debajo.

Según los archivos de la investigación alemana, la esposa de Kolundzic dijo que había recibido un mensaje de su marido a las 22:19 horas que decía: “Me voy”, seguido de un beso sonriente.

Una hora más tarde, cuando ya estaba dormida, le llegó otro mensaje en el que le pedía el número de un amigo de la familia. La esposa de Kolundzic le envió el número a las tres de la madrugada, pero el mensaje no llegó a su teléfono. Para entonces, su marido llevaba muerto alrededor de una hora, según la policía.

El cadáver de Kolundzic fue encontrado la noche siguiente por una persona que se encargaba del apartamento, donde la policía descubrió también notas manuscritas en las que se detallaban cantidades de droga y de dinero junto a una lista de nombres. El arma homicida, una Glock 19 de cuarta generación, fue descubierta por los trabajadores de la limpieza en un cubo de basura cercano.

Además, las imágenes de vídeovigilancia captaron a cuatro hombres saliendo del apartamento, uno de ellos con varios teléfonos móviles en las manos. Tolga S. y los otros tres sospechosos huyeron posteriormente a Turquía, según la investigación alemana.

La policía española asegura que pudo relacionar a los sospechosos con la escena del crimen en parte gracias a las huellas dactilares: Tolga S. ya figuraba en una base de datos policial tras ser detenido brevemente en Madrid en 2021 por portar documentos de identidad falsificados. Al hacer pública su detención, la policía lo describió como el “líder de una red de narcotráfico con ramificaciones en el sur de España”, que había sido extraditado por su presunta implicación en la muerte de Kolundzic.

El principal contacto de Kolundzic en Fráncfort declaró a la policía y a los fiscales que se reunía con él cada tres semanas aproximadamente. Sus pistas eran siempre verificables y conducían a investigaciones fructíferas, según consta en una nota de la investigación.

Pero el nuevo material revisado por los periodistas sugiere que la posición de Kolundzic era cada vez más precaria en el periodo previo a su asesinato, lo que plantea interrogantes sobre si la policía cometió errores en su trato con él. Por ejemplo, una persona descrita como un confidente cercano declaró a la policía que Kolundzic le había hablado de deudas de drogas por un total de varios cientos de miles de euros en una llamada telefónica tres días antes de su muerte. Este socio dijo que también había recibido varias llamadas desde un número español, en las que un interlocutor bosnio le exigía que “liberara el dinero de la droga de Kolundzic”.

Otra persona interrogada por la policía alemana aseguró que dos individuos le habían pedido que buscara a Kolundzic en Offenbach y le habían dicho que les debía “800.000 euros y una cantidad desconocida de cocaína”.

Y una tercera testigo, que dijo haber presentado a Kolundzic a Tolga S., declaró a la policía durante un registro de su apartamento que este último estaba enfadado con Kolundzic porque no le había pagado una deuda de 100.000 euros. La mujer se negó posteriormente a prestar testimonio oficial.

Al ser interrogados tras su muerte, los responsables de Kolundzic adujeron que no tenían conocimiento de ninguna amenaza contra el informador.

Según informaron las emisoras alemanas WDR y NDR, también hay pruebas de que Kolundzic incumplía los protocolos de la policía alemana que prohíben a los informadores participar ellos mismos en actividades delictivas, aunque no se ha podido confirmar si sus superiores eran conscientes de sus actividades.

En un caso seguido en 2020 en Giessen, ciudad alemana al norte de Fráncfort, Kolundzic fue investigado “bajo sospecha de importación ilegal de una cantidad no despreciable de estupefacientes”, según confirmó la fiscalía a OCCRP.

Otra investigación llevada a cabo por los fiscales en 2021 cita chats interceptados que muestran a Kolundzic, que se hacía llamar “Profesor”, coordinando supuestamente numerosas entregas de varios cientos de kilos de marihuana. Los investigadores lo identificaron como el enlace entre un presunto correo de droga y los destinatarios.

En aquel momento, la fiscalía de Giessen desconocía que Kolundzic fuera un confidente o que fuera un chivatazo que dio a su contacto de Fráncfort lo que había desencadenado la segunda investigación. “La fiscalía de Giessen no fue informada de la condición de VP del sr. K. hasta después de su muerte”, declaró a la prensa un portavoz de la fiscalía, utilizando el acrónimo de V Person. “Debido al fallecimiento del sr. K., el procedimiento contra él se suspendió posteriormente”.

El principal responsable policial de Kolundzic, que declinó hacer comentarios cuando fue localizado por los periodistas de OCCRP, tiene previsto testificar durante el juicio por el segundo caso en Giessen, donde otros seis sospechosos fueron acusados de tráfico de drogas a gran escala a finales de marzo de 2023.

Aunque la policía española no conocía a Kolundzic antes de su asesinato, un investigador español declaró a OCCRP que más tarde supieron que se había reunido en Cataluña con individuos relacionados con el clan mafioso Kavač de Montenegro, muy implicado en el tráfico de drogas. En su comunicado de prensa sobre la detención de Tolga S., la policía española describió a Kolundzic como “vinculado a organizaciones criminales de los Balcanes”.

La falta de una ley específica que regule el uso de los informadores confidenciales en Alemania se ha convertido en objeto de debate en los últimos años. Los expertos jurídicos argumentan que debería haberse aprobado una norma hace tiempo, mientras que algunos policías expresan su preocupación por que las nuevas normas puedan frenar la eficacia de una poderosa herramienta de investigación. Actualmente se está tramitando una nueva ley sobre el uso de este tipo de confidentes.

Sin embargo, según un dictamen jurídico encargado por el Ministerio de Justicia de Alemania en 2017, que sopesó si el uso de informantes confidenciales requería una mayor regulación, en la práctica la policía ya debe asegurarse de que “no participen ellos mismos en actos delictivos a pesar de su proximidad al medio delictivo”. El Tribunal Federal de Justicia de Alemania también dictaminó en 2020 que no se debe permitir que los informantes cometan delitos, pero que pueden –con el consentimiento de los fiscales– observar delitos sin intervenir para investigar ilegalidades más importantes.

Cualquier informante al que se descubriera traficando con drogas a gran escala dejaría de ser considerado un colaborador adecuado, según confirmó a Der Spiegel bajo condición de anonimato un experimentado gestor de confidentes de la policía alemana.

Es posible que nunca se sepa qué sabían los responsables policiales de Kolundzic sobre su presunta implicación en el tráfico de drogas. Los intentos de la policía alemana de recuperar los mensajes borrados del teléfono de su principal controlador no tuvieron éxito, según establece la investigación. Al ser interrogado al respecto, el agente declaró que borraba regularmente sus historiales de chat como medida de seguridad, lo que llevaba a cabo sin supervisión.

El departamento de investigación criminal de Fráncfort no respondió a las preguntas que le formuló OCCRP sobre si alguno de los registros de comunicación seguía existiendo en otro formato.

El Gobierno anunció el pasado abril que suprimiría las visas oro, las autorizaciones de residencia que desde 2013 pueden obtener quienes inviertan más de medio millón de euros en inmuebles, más de un millón en acciones o depósitos bancarios, o dos millones en deuda pública. “Alfombra roja para quien venga a España a crear empleo, a invertir en innovación a dinamizar nuestro tejido productivo, y no para quienes, simplemente, buscan especular con un bien como la vivienda”, proclamó el presidente, Pedro Sánchez, después de que el Consejo de Ministros “iniciara los trámites” para hacer desaparecer los visados.

Sin embargo, cinco meses después, aún siguen en vigor. El primer intento de supresión fracasó cuando decayó el proyecto de Ley del Suelo, en una de cuyas enmiendas se había incluido la desaparición de las visas oro. El texto no consiguió suficientes apoyos parlamentarios para su aprobación y el Gobierno retiró el proyecto de ley a finales del mes de mayo. Ahora, una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de Ley de Eficiencia de la Justicia, incorpora la eliminación de los visados.

La ponencia que analizará el proyecto de ley antes de que la Comisión de Justicia emita su dictamen se reunió el pasado martes por primera vez. Los grupos han presentado 1.071 enmiendas al texto, y una de ellas es la que dicta el fin de los visados de oro. Teniendo en cuenta el volumen de trabajo, las fuentes parlamentarias consultadas no creen que se debata la eliminación de las visas hasta octubre y puede que la medida no se apruebe hasta finales de año. Siempre que consiga los apoyos necesarios.

Mientras, el número de solicitudes se ha disparado. Ante la incertidumbre, quienes tenían previsto hacer su inversión inmobiliaria en 2025 han adelantado los trámites a este año. “Hubo un auténtico boom entre abril [cuando el Gobierno anunció la supresión de las visas oro] y julio”, destaca Patricia Ruiz Bautista, abogada de Movilidad Internacional y Extranjería del despacho Ceca Magán. Este año, asegura, las solicitudes han aumentado un 25%, pero las consultas de quienes planeaban pedir un visado se han disparado hasta un 50%. De esas llamadas a Ceca Magán en busca de asesoramiento, terminó por materializarse un 15%.

Desde 2013 y hasta 2023 se han concedido 14.576 visados oro a cambio de inversiones en inmuebles, según las cifras que ofreció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuando se anunció el fin de este incentivo a la inversión extranjera. En 2023 la cifra alcanzó las 3.273, más del triple de las concedidas en 2021 –997–. Aunque su número ya empezó a dispararse en 2022, cuando se llegó a los 2.017. El Ministerio de Vivienda ha asegurado a infoLibre que carece de cifras sobre el número de visados concedidos este año más allá de los 342 correspondientes al mes de enero. El número lo facilitó también Isabel Rodríguez en esa misma rueda de prensa. En enero, por tanto, aún no se sabía que los visados tenían los días contados pero, ya entonces, en un solo mes se habían otorgado un 25% más que la media de 2023.

Multiplicando ese número por los 12 meses del año, se puede hacer una estimación para todo el ejercicio: los visados de 2024 pueden alcanzar los 4.104. Pero, añadiéndoles un aumento del 25% a partir de abril, la cifra facilitada por Ceca Magán, las visas doradas llegarían a 4.788 a final de año: un 63% más de las concedidas en 2023. Con el anuncio y la falta de aplicación del fin de las visados, el Gobierno habría conseguido justo el efecto contrario al que buscaba.

“Efecto llamada” no duda en llamar Cristian Balcells, director de Balcells Group Lawyers, a la abolición fallida de los permisos de residencia por inversión. Asegura que las solicitudes tramitadas desde abril por su despacho se han duplicado. “Hay quien incluso ha comprado al contado para acelerar el proceso”, subraya. También María Eugenia Blasco, de AGM Abogados, dice que el número de peticiones en su despacho se ha doblado en estos meses. “Ahora podemos tramitar hasta tres al mismo tiempo”, detalla, “cuando antes íbamos de una en una”. Es decir, dando por bueno que se hayan duplicado las 3.273 de 2023, el número de concesiones al acabar este año bien podría superar las 6.000.

La abogada de Ceca Magán cree que, como contrapartida, en estos últimos meses el Gobierno ha endurecido la tramitación de los permisos. “Al menos en las solicitudes iniciales [también hay que pedir la renovación al cabo de tres años, la primera vez, y luego cada cinco] la Administración es ahora más rigurosa, exige documentos que antes no pedía, más pruebas de la inversión, si se ha pagado el seguro médico privado…”, enumera Patricia Ruiz. “Al contrario”, la rebate Cristian Balcells, “el ministerio [Inclusión, Migraciones y Seguridad Social] suele tardar 20 días máximo en resolver, y ahora en algunos casos incluso está respondiendo antes”.

Lo que no ha cambiado este año es la nacionalidad de los solicitantes: desde la guerra de Ucrania los rusos son cada vez menos, y las peticiones las copan, sobre todo, latinoamericanos: de Venezuela y “hubo un momento de auge de Perú”, precisa la abogada de Ceca Magán, que también menciona Turquía. Los clientes de Balcells, que tiene sus oficinas en Barcelona, son principalmente anglosajones –Reino Unido, Estados Unidos Canadá–, también latinoamericanos, y han crecido los israelíes, indica su director. María Eugenia Blasco sí que está recibiendo ahora consultas desde países que antes no estaban interesados en España, como Arabia Saudí, Emiratos o Vietnam y otras naciones del sureste asiático. “Siempre hemos trabajado mucho con clientes chinos; ahora no tanto, porque tienen más dificultades para sacar el dinero de su país”, aclara. También han aumentado las peticiones de mexicanos. Y muchas consultas son de ciudadanos iraníes, clientes imposibles por culpa de las sanciones internacionales contra el régimen de los ayatolás, que les impiden siquiera abrir una cuenta bancaria, advierte la abogada.

Francisco Jiménez, Aguilera, de Zaballos Abogados, reconoce que su despacho recibe más consultas desde que se anunció la eliminación de los visados de oro, por culpa de la inquietud y la tremenda inseguridad que causó la noticia, pero no ha visto un aumento de las solicitudes. Sólo concede que se hayan acelerado las peticiones de quienes ya tuvieran “la decisión madurada y la inversión canalizada”. A su juicio, más bien se ha producido un “efecto espantada”. “Las visas son una oportunidad para activar el mercado inmobiliario y la construcción, además del mercado del alquiler, porque muchos de los propietarios no residen todo el año aquí; suponen un beneficio para las promotoras y constructoras”, sostiene Jiménez Aguilera, “desde luego no quitan pisos a las familias en el centro de Madrid”. Por ese motivo, critica su supresión, que considera una medida de “oportunismo político”, sin justificación económica, fiscal, por riesgos a la seguridad o por la inmigración.

El 85% de las solicitudes de permiso de residencia son de visa oro a cambio de la inversión en inmuebles, sobre todo de latinomericanos que pretenden trasladar su residencia a España, señala Patricia Ruiz. Pero ahora, añade, han aumentado las inversiones en depósitos bancarios, “que es el procedimiento más rápido”. El perfil de inversión de Balcells tiene otros matices. “No he gestionado una solicitud para deuda pública en estos 10 años y, para proyectos empresariales, puede que una decena como máximo”, explica. 

Por el contrario, AGM Abogados sí que está explicando y buscando alternativas a la inversión inmobiliaria para sus clientes extranjeros interesados en conseguir el permiso de residencia: constituir una sociedad, contratar productos bancarios, crear una filial en España si ya poseen un negocio en su país u optar por la llamada “residencia no lucrativa”, un modelo anterior al nacimiento de las visas doradas, enumera María Eugenia Blasco.

El anuncio de abolición tampoco han cambiado las cuantías invertidas, dice Patricia Ruiz. Las cantidades destinadas a inmuebles no bajan de los 800.000 euros de media, pese a que el mínimo exigido es medio millón. Según las cifras hechas públicas por el Ministerio de Vivienda, desde 2016 la inversión conseguida con ellas supera los 10.014 millones de euros, de los que 2.518 millones corresponden a 2023, el año récord hasta ahora.

El ministerio sostiene que el 90% de las autorizaciones se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. Patricia Ruiz apunta en concreto a Marbella. De hecho, según Vivienda, las compras de inmuebles a cambio de visas doradas llegaron a representar el 7,1% de las operaciones selladas en la capital de la Costa del Sol en un año. Y el 5,3% de las registradas en Barcelona.

Los visados de oro los creó el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Apoyo a los Emprendedores en 2013, “en un contexto de crisis económica”, según señalan los socialistas para justificar su enmienda. Su objetivo entonces era “atraer y retener” inversiones de extranjeros para adquirir inmuebles o bien acciones, deuda pública, empresas y fondos de inversión.

Sin embargo, argumenta el Grupo Parlamentario Socialista, ese objetivo no se ha cumplido. Por un lado, el aumento de la compra de inmuebles por extranjeros en los últimos trimestres está ejerciendo “una presión excesiva sobre la demanda de vivienda” en ciertos distritos y municipios, disparando los precios y “gentrificando” los barrios. Por otro, las visas para invertir en acciones o empresas no han tenido un “impacto significativo” en la economía nacional. Su eliminación, por tanto, no tendría “efectos negativos” sobre ella, aducen los socialistas.

Además, la enmienda alude a las advertencias de la Unión Europea respecto de estos incentivos a la inversión extranjera, “sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania”. Desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Más del 80% de los visados concedidos en España ha ido a parar a manos de ciudadanos rusos y chinos, según Transparencia Internacional.

Con la supresión anunciada en abril, España pretendía sumarse así a Portugal e Irlanda, que ya en 2023 eliminaron las visas oro, y a Países Bajos, que las abolió el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022.

Sin embargo, María Eugenia Blasco rechaza que se pueda culpar a las visas doradas de la tensión del mercado y el aumento de los precios de los inmuebles provocado por la especulación inmobiliaria. Según sus cálculos, las operaciones amparadas en este incentivo equivalen sólo al 0,27% de las realizadas desde 2013 en España. Tampoco cree que deba sembrarse la sospecha sobre el origen de los fondos invertidos en ellas: “Ese control, previo a la operación, lo llevan a cabo los bancos y los notarios, y siempre ha sido mayor en España que, por ejemplo, en Portugal”, subraya.

Entre los socios del Gobierno, Sumar, Esquerra Republicana, PNV y EH Bildu apoyan la supresión de las visas oro, según han explicado a infoLibre. Sólo el PP y Junts no han querido avanzar por el momento cuál es su posición. “Lo haremos cuando se abra el debate”, indica una fuente de los populares. Y la discusión aún no ha comenzado siquiera en la ponencia. Como viene siendo su comportamiento habitual, Vox se ha negado a contestar a las preguntas de este periódico.

En cualquier caso, cuando en abril el Gobierno anunció la eliminación de las visas oro, PP y Vox coincidieron en calificar la medida de “cortina de humo”. En palabras del portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, el Ejecutivo la utilizaba para “tapar” su “incompetencia” en materia de vivienda. Los visados, aseguró, sólo afectan al “0,002% de la vivienda en España”. Para la portavoz de Vox, Pepa Millán, la supresión de las visas doradas sólo sirve “para que no se hable de otras cosas como, por ejemplo, del escándalo de la mujer del presidente”.

María Eugenia Blasco descarta que el ritmo de solicitudes se vaya a frenar este otoño. De hecho, “ahora se están materializando muchas de las iniciadas antes del verano“, aduce. Porque, si bien la Administración contesta antes de 20 días, la operación completa puede prolongarse hasta tres meses. Es el tiempo que puede llevar la búsqueda de la propiedad, la apertura de una cuenta bancaria y la obtención del NIE (Número de Identidad de Extranjero), enumera Francisco Jiménez. Además, tras firmar la compraventa, hay que inscribirla en el Registro de la Propiedad, un trámite que tarda semanas, recuerda Blasco.

En cualquier caso, no hay ninguna certeza de cuánto tiempo más puedan durar las visas oro. María Eugenia Blasco no duda de que desaparecerán, al igual que ya ha ocurrido en otros países europeos o Canadá. Si finalmente el Gobierno consigue sacar adelante su eliminación en las Cortes, quienes quieran circular libremente en el espacio Schengen –uno de las principales ventajas para un ciudadano extracomunitario– pueden seguir solicitando la “residencia no lucrativa“ antes citada o bien buscar otro país europeo donde sigan concediendo las visas doradas: sólo en Malta, Chipre, Italia y Grecia.

Movistar + ofrece la serie de seis episodios Marbella, en la que se repasa la actividad de las numerosas mafias asentadas en la Costa del Sol. Lo hace a través de un abogado, César, interpretado por Hugo Silva, que ayuda a un nuevo narcotraficante a asentarse en la ciudad. 

Gracias a este personaje que pivota entre mundos se explican las rutas, las corrupciones necesarias, la metodología del tráfico de drogas o la rivalidad entre bandas y su ocasional colaboración. Descubrimos lo siempre visto, la dificultad de la policía para actuar contra organizaciones que multiplican por mucho sus presupuestos.

La serie despliega además una brillante producción. Ritmo, acción y una estupenda ambientación llena a rebosar de ostentación. Coches de marca, mansiones, discotecas para ricos y un vestuario creíble para delincuentes de diferentes orígenes. Incluso el maquillaje y la peluquería nos sumergen con gran eficiencia y oficio en estos ambientes.

El argumento de la serie combina el entretenimiento de las historias de criminales con la pedagogía que nos ofrece un primer acercamiento a la cumbre de mafias que tenemos operando al lado del chiringuito de la playa, en un capitalismo paralelo y subterráneo. 

Se ha estrenado Marbella pocos meses después de la serie de Alejandro Hernández y Mariano Barroso, Los Farad. En aquella, la Marbella de los años 80 servía de marco para el tráfico internacional de armas.

La serie también tenía como eje un personaje que tocaba tangencialmente el delito y que inevitablemente se iba sumergiendo en él. Una buena idea para que los y las espectadores vayan entendiéndolo al mismo tiempo. Las dos series guardan también cierta relación ya que el tráfico de armas abrió los canales y conexiones para el posterior tráfico de drogas. 

Hugo Silva da el perfil de abogado listo y caradura, pero no termina de encontrar la fuerza que requiere un protagonista tan destacado, que emula al Leo Di Caprio de El lobo de Wall Street. La voz en off que nos explica el funcionamiento de la mafia a veces parece que lee una redacción. 

El actor nos habla a cámara directamente, recurso que sigue teniendo impacto a pesar de no suponer una novedad. Pero cuando un personaje nos interpela directamente esperamos una mayor conexión con él. Bien por su tono peligroso, por la comedia o por la complicidad. Y en Marbella ocurre a veces aunque en ocasiones falta un poco de chispa.

El resto del reparto está espectacular. La pareja de Silva está magníficamente interpretada por Ana Isabelle Acevedo. Una cara poco vista en España, una celebridad como cantante y actriz en su Puerto Rico natal.

El cliente de César, el nuevo tipo malo en el entorno marbellí, Yassim, corre a cargo de Khalid El Paisano, poderoso y enigmático. El rapero marroquí, que vive en España, se encarga también de la estupenda canción de los créditos, que canta y ha compuesto. 

“Para mi este papel ha supuesto un debut perfecto”, explica a La caja de música. Y destaca la oportunidad de representar a los marroquíes de manera más positiva. No por su personaje sino por su propia posibilidad de convertirse en actor con un personaje principal. 

Su pareja corre a cargo de la actriz italiana Aurora Moroni que también hace su primer papel en España y que como Khalid tiene que combinar el español, el neerlandés y el árabe en sus diálogos. Y que, como él, resulta convincente y rotunda.

Estas tres caras nuevas en nuestra ficción unidas al alto nivel de producción dan la sensación de estar presenciando un salto de estándar. Marbella se atreve a un reparto internacional y triunfa con su mezcla de acentos y subculturas criminales. Además de otro puñado de mafiosos brillantes, por el lado policial destaca la impecable y naturalísima Elvira Mínguez. 

El director Dani de la Torre y el guionista Alberto Marini estaban terminando la tercera temporada de su serie La unidad y buscaban una historia relevante española digna de ser conocida y en un registro diferente a su policiaco cuando abrieron el periódico.

Nacho Carretero y Arturo Lezcano acababan de publicar un reportaje en El País, Marbella, sede global del crimen organizado, acerca de la extraordinaria confluencia de grupos mafiosos de 59 nacionalidades distintas en la ciudad malagueña.

Ambas parejas profesionales se dirigieron a Movistar, que los puso en contacto y los cuatro trabaron una colaboración para contar una historia entretenida de ficción que situara a la audiencia en una realidad no suficientemente conocida.

Los cuatro explican su proceso en un interesante video podcast de la plataforma, Detrás de Marbella. Como han tratado de mostrar una realidad ignorada, de descubrir lo que hay detrás.

Marini recuerda que cuando llegaron a conocer a la Policía Nacional para hacer La unidad, hubo que tirar todo el argumento al conocer la auténtica vida policial. Aquí decidieron seguir el proceso inverso e ir antes a Marbella.

El contacto que les dio la estructura de la serie fue Ricardo Álvarez-Ossorio, abogado de narcos, apodado a veces “el abogado del diablo”. También participa en estos video podcasts, conducidos por los propios Nacho Carretero y Arturo Lezcano.

Expansivo, guapo, con dentadura resplandeciente y músculos trabajados, Ossorio sirvió de guía en el ecosistema marbellí primero a los periodistas, y después a Beto Marini. La conclusión era clara, si a ellos les había desvelado los secretos de la Marbella criminal, su alter ego de ficción lo haría en la serie. 

El director, Dani de la Torre, explica que “tiene un estilo de vida muy cinematográfico”. Todo lo era, ya que él no conocía Marbella y “sentarme en Puerto Banús fue como ir a Barbieland. Era como el Instagram del mundo del narco” explica.

Los cuatro autores principales han conseguido pasar de unas imágenes de fiestas y lujo que una parte de la gente le parecen aspiracionales y a otra despreciables a rascar la superficie y mostrar un mundo clandestino.

Estamos muy acostumbrados a verlo en ficciones extranjeras y ya es hora de que nos miremos a nosotros mismos. Marbella nos hace vibrar con sus personajes a la vez que nos ilustra sobre unos hechos que solo dan la cara ocasionalmente. Y lo hace componiendo una serie breve, densa y admirable que gana interés hasta su momento final.

Dos mil años después de que Julio César abandonara a su segunda esposa porque "no basta que la mujer del César sea honesta sino que debe también parecerlo", la imputación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha resucitado otro proverbio, este de autor desconocido: consejos vendo que para mí no tengo. Porque el PP que hace un año exigió la dimisión “inmediata” de la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las noticias que atribuían delitos de corrupción a su marido, aún no investigado judicialmente en el momento de aquella exigencia, es el mismo partido que ahora blinda a Ayuso. Lo hace bajo el alegato de que la imputación penal de su pareja por supuesto fraude fiscal y el montaje de una trama de facturas falsas a través de sociedades pantalla es “un asunto personal”. Y que de lo privado nunca se derivan consecuencias políticas.

En este caso, la variante respecto al aforismo de Plutarco reside nada más y nada menos en que la exigencia de honestidad real y aparente recae no sobre una mujer sino sobre dos hombres: el marido de Gámez y el compañero sentimental de Ayuso. Pero hay una segunda variante. Y esta consiste en que la reacción política del partido conservador y sus aliados de Vox, así como la desplegada por los medios afines a la derecha y la ultraderecha no muestra ahora, con Ayuso en el epicentro del debate, una nueva versión de aquellas Vidas Paralelas del filósofo. Lo que exhiben es un relato sobre vidas maritales divergentes donde la antigua jefa de la Benemérita y la presidenta de la Comunidad de Madrid no son las únicas mujeres con cargo público para quienes, como se verá más adelante, vivir enlazadas a varones con problemas las condujo por senderos pedregosos o, muy al contrario, por autovías sin baches.

La dimisión de María Gámez se produjo el 22 de marzo de 2023 horas después de que un juez de Sevilla colocase a su marido, Juan Carlos Martínez, la etiqueta de investigado en una pieza derivada del caso ERE. Dieciocho días antes del auto por el que Martínez fue imputado, el vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, había pedido la dimisión “inmediata” de María Gámez. Pons, ahora personaje clave en la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de bloqueo, expuso así los motivos de su exigencia: “Las noticias que se han dado a conocer sobre la corrupción en la que pueden haber incurrido su marido y sus cuñados la inhabilitan para ejercer de directora de los guardias civiles en España".

Abierta sobre el trípode delictivo prevaricación-malversación-blanqueo por el supuesto desvío de fondos desde una empresa participada por el Gobierno andaluz a otra mercantil propiedad de un hermano del cónyuge de Gámez, el caso por el que fue imputado Juan Carlos Martínez ofrece algunos puntos brumosos. El primero, que los hechos que se le atribuían se remontan a 2009 pero habían pasado inadvertidos desde entonces pese a la prolija investigación ligada al caso de los ERE. Es decir, al de mayor calado que ha afrontado el PSOE en lo que a corrupción se refiere. La sentencia declaró probada la ilegalidad del sistema por el que sucesivos Gobiernos socialistas andaluces repartieron 680 millones en ayudas públicas entre 2000 y 2009.

Ese enorme lapso de tiempo –de 2009 a 2023– acabó siendo determinante. Transcurridos siete meses de la dimisión de María Gámez, la Audiencia de Sevilla tumbó el caso por el que su marido permanecía imputado. Lo hizo al estimar un recurso del hermano de Juan Carlos Martínez. En su escrito, el cuñado de la exdirectora general del Instituto Armado adujo que la investigación judicial se inició cuando los plazos legales de instrucción ya habían caducado. Y como la doctrina del Supremo iba exactamente en esa dirección, la Audiencia hispalense ordenó el archivo de la causa.

Pero es ahí donde entran en juego otros dos puntos que abren interrogantes. El primero: el juez convirtió en investigado penal al marido de María Gámez pero, tal como subrayan fuentes conocedoras del caso, jamás le citó para tomarle declaración. Y ahora, la segunda cuestión que plantea preguntas: pese a que la Audiencia sevillana ordenó el archivo el 24 de octubre, a día de hoy el magistrado aún no ha dictado el auto con el que debe dar carpetazo. Traducido, lo anterior significa que seis meses después Martínez permanece en una especie de limbo jurídico. Y María Gámez sigue con la letra escarlata de la vergüenza política tatuada sobre su imagen.

Lo decisión de María Gámez de cesar de inmediato como directora general de la Guardia Civil “por principios, por honestidad y por responsabilidad” y el hecho de que el PP se la exigiera cuando todavía no existía un auto de imputación contra su marido acentúan las diferencias entre su caso y el de Isabel Díaz Ayuso. Lejos de dudar sobre si para la presidenta de Madrid resulta admisible vivir en un piso que podría considerarse de lujo –se calcula que pudo costar un millón de euros– adquirido en 2022 por su pareja, un comercial que en la pandemia cobró dos millones por mediar para la venta de mascarillas a la Xunta de Galicia y cuyo abogado reconoció por escrito ante Hacienda que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal, Ayuso se mantiene incólume.

Aferrada al sostenella y no enmendalla, la jefa del Ejecutivo madrileño ha llegado a proclamar que, lejos de adeudar 350.000 euros al fisco, es Hacienda la que le debe 600.000 “a pagar por intereses”. En sus declaraciones públicas desde que eldiario.es desveló la denuncia de la Fiscalía contra su pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021, Ayuso ha afirmado cosas como que estamos ante un “acoso salvaje”.

A su juicio, esa “persecución desproporcionada” se incardina en una estrategia del presidente Pedro Sánchez que busca su “destrucción personal”. La de ella, no la de González Amador, cuyo principal cliente –como señalaba la denuncia de la Fiscalía madrileña– es el grupo Quirón. Es decir, el gigante convertido en el máximo beneficiario de la privatización sanitaria que Esperanza Aguirre puso en marcha a comienzos del nuevo milenio. Del holding Quirón –se lee en el auto de imputación–, González Amador ha logrado “ingresos cuantiosos”. Como publicó infoLibre, una de sus filiales, Quirón Prevención SL, gestiona los reconocimientos médicos de la plantilla de la Comunidad de Madrid desde 2018. Ese año, Ayuso firmó la orden de adjudicación del primer contrato de tal naturaleza. Entonces, la hoy presidenta ostentaba el cargo de viceconsejera de Presidencia.

La camaradería demostrada por el PP hacia Ayuso deja una huella imborrable con las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, el pasado 12 de marzo. “Es evidente que hay una cacería por parte del Partido Socialista hacia ella”, dijo para a renglón seguido quejarse de la relevancia adquirida por el caso: “Me parece lamentable traspasar la barrera personal en esos ataques políticos y yo, desde luego, no opino de cuestiones personales de nadie”.

Diez días después de aquella encendida defensa del derecho a la privacidad de Ayuso llegó el 22 de marzo. No el de 2023, que es cuando dimitió María Gámez, sino este último. O sea, el de hace una semana. Porque fue ese día cuando se conoció el auto por el que una jueza de Madrid acababa de imputar a Alberto González Amador, que de momento no ha pronunciado una sola palabra en público. Ayuso no es su portavoz oficial. Pero sí oficiosa como lo demuestra su invocación al “acoso salvaje” y a la “persecución desproporcionada”.

Eso último lo lanzó como una piedra al estanque mediático durante un evento en Chile al que había sido invitada por el digital El Líbero. Fundado por varios empresarios, entre ellos un exministro –Hernán Büchi– del dictador Augusto Pinochet, El Líbero organizó un encuentro donde la presidenta de Madrid habló de libertad. Exactamente, el 24 de marzo. Con un discurso muy sereno, a un ritmo más lento que el habitual en sus alocuciones, Ayuso defendió desde la tribuna el “pluralismo” informativo y la necesidad de que la prensa actúe como un “contrapoder”. Y sin intervalo, enfatizó que “el fin nunca puede justificar los medios”. Para entonces, en España ya había corrido como la pólvora la amenaza de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a eldiario.es por haber informado del –presunto– fraude fiscal del novio de la presidenta –“Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. La amenaza –“anuncio”, según Rodríguez; “discusión por whatsapp”, según Ayuso– precedió al doble bulo difundido también desde el Gobierno madrileño contra periodistas de eldiario.es y El País. A estos se les señaló con nombre y apellidos como tipos que habían acosado a vecinos, incluso menores de edad, del edificio donde viven la presidenta y su pareja.

Pese al carácter inédito y desgarrador desde el punto de vista informativo del caso del novio de Ayuso, la presidenta de Madrid y su antitética María Gámez no son las únicas protagonistas de una potencial serie sobre vidas divergentes. Además de la presidenta de Madrid y de la exdirectora general de la Guardia Civil y aunque como personajes secundarios a día de hoy aparecen otras dos figuras políticas de relevancia.

En primer lugar, la exvicepresidenta valenciana y durante años rostro visible de Compromís, Mónica Oltra, a quien el Tribunal Superior (TSJ) de la comunidad levantina mantiene imputada desde junio de 2022 como supuesta encubridora de los abusos a una adolescente de 14 años. Los abusos, cuya existencia ha confirmado el Tribunal Supremo, los perpetró su exmarido, que ya había sido condenado en 2019 a cinco años de cárcel. Educador en un centro de menores tutelados, todo ocurrió entre finales de 2016 y comienzos de 2017. En 2022, Oltra fue imputada tras presentar la Fiscalía un demoledor y extenso informe donde consideraba inverosímil que quien en febrero de 2017 era consellera y portavoz de la Generalitat valenciana ignorase lo sucedido cuando media docena de personas ya conocían el relato de la menor. El 21 de junio de 2022, cinco días después de ser imputada y tras una primera negativa a abandonar sus cargos, Oltra dimitió.

En el polo opuesto se sitúa la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del PP, a cuyo marido –fallecido el 4 de marzo de 2023, antes de que se conociera el escrito de acusación de la Fiscalía– una exhaustiva investigación policial y judicial identificó como cabeza de una trama de narcotráfico y blanqueo. Copropietaria junto con su esposo de una mansión cuya venta terminaron negociando por nueve millones, pidió cobrar el primer millón en Luxemburgo.

La investigación desveló que el blanqueo se fraguó a través de operaciones inmobiliarias promovidas desde Marbella. A comienzos de este mes, y como desveló infoLibre, el PP se valió de su mayoría absoluta en el Senado –donde Muñoz había ocupado un escaño– para denegar la entrega de documentos sobre el patrimonio de la alcaldesa al juez que tramita la demanda interpuesta por la regidora marbellí contra periodistas de eldiario.es por vulneración de su “derecho al honor”. Muñoz no está imputada.

En 2022, salió a la luz que la Policía había remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que proponía que la supuesta utilización del poder de Ángeles Muñoz por parte de su marido y su hijastro –también procesado– sustentara una nueva línea de investigación. La solicitud no tuvo el menor efecto ni en la Fiscalía Antidroga ni en el juzgado instructor de la causa: el 6 que dirige Manuel García Castellón, impulsor de la acusación de terrorismo contra los independentistas catalanes de Tsunami Democràtic. La alcaldesa no se ha planteado en ningún momento dimitir.

El PP se ha negado a entregar a la Justicia toda la documentación en poder del Senado de la investigación sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, recopilada en la Comisión de Incompatibilidades durante la pasada legislatura, aferrándose a que es, supuestamente, información secreta.

El Partido Popular hizo valer su mayoría absoluta en la reunión de la Mesa del Senado del martes, según revelan fuentes parlamentarias a infoLibre, para rechazar parte de la petición que hizo llegar a la Cámara Alta el juzgado de primera instancia número cuatro de Marbella (Málaga).

Este juzgado, según el escrito al que ha tenido acceso infoLibre, pidió al Senado que remitiera el "testimonio" de los trabajos de la Comisión de Incompatibilidades sobre Muñoz respecto a su patrimonio y declaración de bienes. Y se ponía una fecha para su envío: antes del 20 de febrero.

El escrito del juzgado tuvo entrada en el registro general del Senado el pasado 29 de febrero a las 16.45 horas. El asunto se trató en la reunión de la Mesa de este martes. El escrito del órgano judicial basa su petición en el artículo 332 de la ley de Enjuiciamiento Civil, "a cuyo tenor las dependencias del Estado, Comunidades Autónomas y demás entidades oficiales no pueden negarse a expedir las certificaciones y testimonios que soliciten los tribunales, excepto cuando se trate de documentación clasificada como de carácter reservado o secreto, en cuyo caso, debe dirigirse exposición razonada sobre dicho carácter".

Esta petición se hace en el marco de un procedimiento en el juzgado de Marbella iniciado por Ángeles Muñoz por derecho al honor y la imagen. Y la Mesa del Senado sólo aceptó remitir información parcialmente y de carácter público: declaración de actividades, de bienes y de rentas y de intereses económicos, formulada por la alcaldesa cuando adquirió la condición de senadora en la pasada legislatura, además del dictamen de la Comisión de Incompatibilidades.

La Mesa del Senado acordó poner de manifiesto al juzgado la existencia de otra documentación referida a los trabajos de esa Comisión de Incompatibilidades sobre la exsenadora, pero que no puede ser remitida "debido a su carácter secreto", según las fuentes consultadas. La justificación que hace el órgano dominado por los populares es la excepción prevista en la ley de Enjuiciamiento Civil, "por cuanto dicho carácter secreto viene determinado en el artículo 75.2 del Reglamento del Senado".

Se agarra el PP en que ese precepto dice que "serán secretas las sesiones de las comisiones o aquellos puntos de las mismas que tengan por objeto el estudio de las incompatibilidades, suplicatorios y cuestiones personales que afecten a senadores". Sí accede la Mesa a enviar otros dos documentos: el escrito del grupo del PSOE para abrir el procedimiento de la comisión y el del PP para cerrarlo. En cambio, se consideran secretos y no serán enviados los documentos propios de la comisión y de su mesa que se elaboraron con motivo de la tramitación del expediente y los que se pusieron a disposición de esa investigación. 

La Comisión de Incompatibilidades abrió una investigación, a petición del PSOE, sobre Ángeles Muñoz por presunta violación del Código de Conducta de las Cortes Generales después de que actualizase su declaración de bienes para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una casa en Suecia. Para los socialistas, ella podría haber ocultado parte de su patrimonio a la Cámara Alta. Muñoz cambió su declaración al eco de las noticias del procesamiento de su marido en una presunta trama corrupta y de su hijastro por narcotráfico y blanqueo de capitales. Esta investigación decayó en su fase final por el anticipo de las elecciones generales.

El PSOE denunció la "inquietante realidad" del patrimonio de la alcaldesa, casada en separación de bienes y que acumula bienes por valor de más de 12 millones de euros tras años dedicada en exclusiva a la política. La Fiscalía Antidroga concluyó el pasado mes de febrero que está acreditado que Muñoz convivió durante años con su esposo, ya fallecido, mientras blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. El escrito de acusación solicitó también 22 años de cárcel para su hijastro, además de concluir que su padre prestó "colaboración" en el blanqueo de 7,3 millones de euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos.

España ha embargado bienes de ciudadanos rusos incluidos en la lista de sancionados de la UE por importe de 1.022,86 millones de euros. Se trata de inmuebles, yates, aviones y cuentas bancarias pertenecientes a 24 oligarcas y magnates rusos, sus parientes e incluso a una empresa propiedad del Ministerio de Transportes, según fuentes oficiales. Además, infoLibre –como parte de una investigación en colaboración con la ONG alemana Foro Civil para la Recuperación de Activos (Cifar), el consorcio European Investigative Collaborations (EIC) y IJ4EU– ha rastreado propiedades de una decena más de potentados rusos a los que, aun apareciendo en la lista europea de sancionados, el Gobierno español no ha congelado sus bienes en territorio nacional. En total, 31 oligarcas rusos cuentan con inmuebles y otros activos en España. La lista de la UE sanciona a 1.499 personas y a 209 empresas y entidades relacionadas con Rusia.

Algunos de los potentados cuyos bienes han sido confiscados en España se cuentan entre los hombres más ricos de Rusia, como el magnate del acero Viktor Rashnikov, o son prominentes empresarios como el consejero delegado de la petrolera Rosneft, Igor Sechin, y políticos como Sergei Kirienko, considerado el hombre de Vladimir Putin en la región de Donbass. También hay figuras de la cultura como el director de cine Nikita Mijalkov, que posee con su familia varias propiedades en España.

La parte más valiosa de los embargos en España corresponde a los cinco yates confiscados, valorados en 855,33 millones de euros. Se trata del Lady Anastasia, de 47 metros de eslora y cuyo dueño es Alexander Mijiv, consejero delegado de la agencia estatal de exportación de armas Rosoboronexpor; el Valerie, de 85 metros de eslora y propiedad de Sergei Chemezov, a la cabeza de Rostec, el principal consorcio de la industria militar rusa; el Crescent, uno de los mayores yates del mundo, con 135 metros de eslora, cuyo propietario es Eduard Judainatov, a su vez dueño de la petrolera NOC, así como el Sasha Primero –24 metros de eslora– y el Neva Primero, ambos de Vladislav Reznik, presidente de la aseguradora Rus, que fue investigado y finalmente absuelto en 2018, junto a su mujer y otras 15 personas, por sus supuestas conexiones con el mafioso Guennadi Petrov en la Operación Troika.

También merecen atención los cuatro aviones de la empresa estatal GTLK, que alquila todo tipo de medios de transporte a otras compañías rusas. Las aeronaves incautadas tienen un valor de 60 millones de euros.

Además, las autoridades españolas han inmovilizado 68 cuentas bancarias y otros instrumentos financieros, desde hipotecas hasta seguros, acciones y tarjetas de crédito, pertenecientes a los oligarcas rusos de la lista europea de sancionados. En total, 41,43 millones de euros.

Pero la parte más impresionante de las propiedades rusas en España es la inmobiliaria. Han quedado confiscadas 54 propiedades, desde grandes villas en algunas de las zonas más lujosas de la costa mediterránea hasta parcelas rústicas y plazas de aparcamiento, por importe de casi 66,1 millones de euros.

Algunos de los ciudadanos rusos de la lista tienen a su propio nombre los chalés o apartamentos, otros han utilizado sociedades limitadas para comprar los inmuebles. Quien posee un mayor número de activos incautados por las autoridades españolas es Igor Vladimirovich Lebedev, vicepresidente de la Duma y presidente del grupo parlamentario del Partido Liberal Democrático de Rusia. Se le han embargado 15 propiedades, según las citadas fuentes. Una de ellas es una parcela en la urbanización La Mallá, en Altea (Alicante), 1.688 metros cuadrados, que posee a través de la sociedad Go Evolution International 21 SL, registrada en Alicante y participada a su vez por la sociedad chipriota Holley Investment Ltd. La administradora única de Go Evolution International 21 SL es una ciudadana lituana, Ruta Kovalevskiene, que se anuncia en InfoJobs como traductora y profesora de Primaria.

Sergei Chemezov fue de los primeros rusos sobre cuyas propiedades intervino el Gobierno español. Además del yate Valerie, confiscado los primeros días de marzo de 2022 –los rusos invadieron Ucrania el 24 de febrero–, infoLibre ha rastreado en los registros de la propiedad otros seis inmuebles: dos mansiones de lujo en la urbanización Mas Semís de Castell d’Aro (Girona), en plena Costa Brava –una de 371 metros cuadrados y otra de 820 metros cuadrados, valoradas cada una de ellas en más de un millón de euros– y un chalé en Estepona (Málaga) –832 metros cuadrados–, además de un apartamento –600.000 euros– y dos plazas de aparcamiento en el residencial S’Agaró Front de Mar, en San Feliu de Guíxols (Girona). Las propiedades de Estepona están a nombre de Holytown Limited, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, a su vez propiedad de Penimar Holdings Limited, cuyas dueñas reales al 50% son Anastasia Ignatova y Ludmila Rukavishnikova, hijastra y suegra de Chemezov. Ignatova, profesora de Teoría Política en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, es también la esposa de Andrei Vatutin, presidente del CSKA de baloncesto. Las propiedades de San Feliu de Guíxols se encuentran a nombre de Ignatova, que también aparece en la lista de sancionados de la UE.

Para registrar el yate Valerie, que navegaba con bandera de San Vicente y Granadinas, el presidente de Rostec recurrió a otra sociedad intermedia domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, Sulberg Services Limited. Cómo utiliza Chemezov a su familia política para registrar sus bienes fuera de Rusia fue investigado por dos consorcios internacionales de periodismo: OCCRP e ICIJ, que encontraron la pista del oligarca en los Papeles de Pandora. OCCRP cifra en 400 millones de dólares el valor de los activos acumuladas por Chemezov en el extranjero.

“Si no fuera en Rusia, el otro país en el que querría vivir es España”, aseguró el director de cine Nikita Mijalkov en 2011 cuando le dieron el Premio Homenaje a toda su carrera en el Sevilla Festival de Cine Europeo. Mundialmente conocido por Ojos negros, que protagonizó Marcelo Mastroniani; Urga, el territorio del amor, León de Oro en el Festival de Venecia, o Quemado por el sol, gran premio del Festival de Cannes, Mijalkov se ha significado por su apoyo al Kremlin y a la invasión de Ucrania. Desde hace años mantiene una gran vinculación con España, donde su mujer, Tatiana, y sus tres hijos –Anna, Nadezda y Artem– poseen a su nombre una mansión de 949 metros cuadrados en Sotogrande, la exclusiva urbanización gaditana. A nombre del director de cine sólo figura un dúplex de 100 metros cuadrados con piscina, home cinema y sala de masajes en L'Alfàs del Pi (Alicante), que ha sido inmovilizado por las autoridades españolas. Además, su hija mayor, Anna, es la propietaria de un apartamento de 63 metros cuadrados en Torrevieja (Alicante).

Ni la villa de Sotogrande ni el apartamento de Torrevieja han sido congeladas por el Gobierno, que hasta ahora sólo podía embargar activos de los nombres que aparecen en la lista de sancionados de la UE. Pero si existen “indicios racionales” de que el “verdadero titular” de dichas fincas, bienes o derechos es el que figura en esa lista, las fuerzas de seguridad elaboran un informe que se envía al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, creado en el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que cada registro inscriba la “prohibición de disponer” que recae sobre esos activos.

Los notarios disponen de una Base de Datos del Titular Real –dicen que es única en el mundo–, que permite saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad, incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas. En esos casos, los notarios informan a la Secretaría General de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Así, hasta el momento, han identificado a 111 personas vinculadas con los sancionados, de los cuales 31 son familiares y a cuyos nombres se han localizado 19 inmuebles.

De hecho, las autoridades españolas han inmovilizado los bienes de Anastasia Ignatova, la hijastra de Sergei Chemezov, y de Marina Vladimirovna Sechina, esposa de Igor Sechin, que figuran en la lista de la UE. Esta última tiene dos locales comerciales en Marbella y un chalé de 412 metros cuadrados en Arroyo Nagüeles, también en Marbella.

Los notarios también han identificado 30 personas jurídicas a cuyo nombre han registrado oligarcas rusos sus propiedades en España, de las cuales 14 son sociedades extranjeras y 13 están relacionadas con sus familiares.

En el caso del diputado de la Duma Alexei Vasilievich Chepa, se le han inmovilizado dos propiedades que figuran a nombre de Betren Inversiones SL, una sociedad domiciliada en Marbella de la que es administrador único Daniel Chepa, su hijo. Se trata de un chalé de 645 metros cuadrados con piscina y vivienda para el guarda en una finca de 9.405 metros cuadrados situada en la urbanización Guadalmina de Marbella, y de una parcela de 840 metros cuadrados en la misma urbanización.

El diputado y presentador de televisión Andrei Makarov comparte la propiedad de una parcela de 1.426 metros cuadrados en la urbanización Mas Semís de Castell-Platja D'Aro (Girona) –la misma donde Sergei Chemezov y Anastasia Ignatova tienen una de las suyas– con su exmujer Natalia y su hija Alexandra. También posee un chalé de 318 metros cuadrados en el mismo residencial.

Otro tanto ocurre con el gobernador de la región de Murmansk, Andrei Chibis, quien comparte la propiedad de un adosado en Mont-roig del Camp (Tarragona) con su mujer, Eugenia Chibis.

Galina Valueva es la esposa del diputado de la Duma y exboxeador profesional Nikolai Sergei Sergeievich Valuev y posee un chalé en una urbanización de Guardamar del Segura (Alicante). Otro diputado, Vadim Vladimirovich Belusov, puso a nombre de su mujer, Irina Belusova, un chalé y un apartamento en Cambrils (Tarragona).

Todos los bienes citados hasta ahora han sido inmovilizados por el Gobierno español, pero no los inmuebles que en el Registro de la Propiedad figuran a nombre de Natalia Maidanova, esposa de Denis Maidanov, quien además de diputado es un conocido cantante. Se trata de dos apartamentos en Platja d’Aro (Girona) de 90 y 117 metros cuadrados. Fuentes oficiales explican a infoLibre que aún no han encontrado indicios suficientes para inmovilizar esos inmuebles.

Lo mismo ocurre con el dúplex en Dominion Beach, un exclusivo complejo residencial de Estepona, y de la mansión en el Coto La Zagaleta, una de las urbanizaciones más lujosas de Benahavís, también en Málaga, que Valeri Ponomarev posee en España a través de dos sociedades. El dúplex, de 202 metros cuadrados, es propiedad de Auto Pinos Costa del Sol SL, cuya administradora única es Zoya Ponomareva, hija de quien pasa por ser el senador más rico de Rusia. Y la villa, de 1.828 metros cuadrados, que se ha construido sobre un terreno de 17.762 metros cuadrados, figura a nombre de Xarenin Development SL, también administrada por Zoya Ponomareva.

No obstante, su situación puede cambiar a partir de ahora, porque el Consejo Europeo aprobó el pasado día 6 un reglamento de aplicación inmediata que permite aplicar sanciones de forma automática a las personas que “se beneficien” del patrimonio del individuo sancionado, incluidos “los miembros de su familia cercana”. Es una manera de contrarrestar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que el pasado mes de marzo anuló la sanción impuesta a Violetta Prighozina, madre de Yevgueni Prighozin, jefe del grupo de mercenarios Wagner. Según el tribunal, no había suficientes pruebas de los vínculos entre Prighozina y Wagner.

También utiliza una sociedad para mantener sus inmuebles en España Boris Romanovich Rotenberg, copropietario con su hermano Arcadi del grupo SGM (StroyGazMontazh), la mayor constructora de gasoductos y líneas de suministro de energía eléctrica de Rusia. Se trata de Bangalor Holding Limited, una compañía domiciliada en Chipre que figura en el registro como dueña de un chalé de 1.731 metros cuadrados construido sobre una parcela de casi 7.000 en Oliva (Valencia), que también incluye dos viviendas de servicio, dos piscinas, un gimnasio y un invernadero. En este caso el inmueble sí ha sido inmovilizado por las autoridades españolas. infoLibre publicó la semana pasada un dosier completo sobre las propiedades de Rotenberg y cómo intentó protegerlas de las saciones europeas que puede consultar aquí.

Un caso más de propiedad oculta tras una sociedad es el del chalé de 344 metros cuadrados construido en Benissa (Alicante) por Dimitri Alexandrovich Pumpianksi, presidente de la compañía metalúrgica PJSC. Tubo International Plus SL es la pantalla, a su vez en manos de otra firma chipriota, Furdberg Holding Limited.

Viktor Filippovich Rashnikov, magnate billonario de la industria del acero y también dueño del Ocean Victory, uno de los yates más grandes del mundo, utiliza Diamantica SL para gestionar tres propiedades en España que han sido embargadas.

Y Sergei Kirienko, a quien se considera el hombre de Putin en la región del Donbass, la zona que se disputan rusos y ucranianos, está detrás de los inmuebles que en el registro figuran a nombre de Bell-67 SL. Esta sociedad pertenece a Robert Gndolian, socio comercial, amigo y compañero de colegio de Vladimir Kirienko, hijo de Sergei. Bell-67 SL es la dueña de una parcela rústica de 16.529 metros cuadrados, en parte cultivada y en parte con arbolado, situada en Sant Joan de Palamós (Girona), así como de una parcela urbana de 6.724 metros cuadrados en el mismo municipio. En Cap de Planes tiene un chalé de 305 metros cuadrados. Ninguna de estas propiedades ha sido embargada.

Pero también hay quien no se esconde tras una persona jurídica. El diputado de la Duma Konstantin Fiodorovich Zatulin dispone de un apartamento de 94 metros cuadrados en Torrevieja (Alicante), tal y como consta en el Registro de la Propiedad de ese municipio. Arcadi Ponomarev, diputado y empresario, es el dueño de un apartamento de 127 metros cuadrados y dos plazas de aparcamiento en Altea (Alicante), que han sido embargados.

Finalmente, a Vladimir Paulov, diputado y directivo de una empresa metalúrgica, sólo se le han detectado dos plazas de aparcamiento en El Campello (Alicante), que se le han inmovilizado.

Además de embargos europeos, las autoridades españolas han practicado otros por orden del Tesoro de Estados Unidos. En abril de 2022, la Guardia Civil se incautó de otro yate, el Tango, de 77 metros de eslora y valorado en 90 millones de dólares. Pertenece a Viktor Vekselberg, empresario ruso-chipriota nacido en Ucrania y presidente del grupo Renova. 

La alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, ha rechazado comparecer en la investigación parlamentaria de la Cámara Alta sobre su patrimonio y se ha limitado a remitir un nuevo escrito en el que defiende que no existe ninguna irregularidad en sus propiedades, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La Mesa de la Comisión de Incompatibilidades del Senado acordó hace dos semanas citar a declarar a Ángeles Muñoz pese a que la senadora popular no tenía la obligación de comparecer en este órgano. Y precisamente por ello, la alcaldesa de Marbella ha eludido la asistencia a esta investigación, enviando de nuevo un escrito en el que asegura que todo su patrimonio "está declarado a la Agencia Tributaria".

Sin embargo, el PSOE ha desdeñado tanto este escrito como el que ya mandó hace unas semanas porque entienden que no aclaran nada sobre su patrimonio. "Ha preferido no venir y eludir su derecho a dar explicaciones mediante un escrito que no contesta a nada de lo que se le preguntaba", explican fuentes del grupo socialista.

De hecho, creen que es una respuesta "insuficiente" con la que, a su juicio, ha intentado "eludir" las preguntas durante la comparecencia a la que había sido citada.

Muñoz está siendo investigada por la Comisión de Incompatibilidades del Senado —a petición del PSOE— por la presunta violación del Código de Conducta de las Cortes Generales después de que actualizase su declaración de bienes para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una casa en Suecia. La alcaldesa podría haber ocultado parte de su patrimonio a la Cámara Alta, según los socialistas.

Pese a que finalmente ha declinado comparecer, la Comisión de Incompatibilidades deberá elaborar un informe la próxima semana, que será aprobado el 18 de mayo, en plena campaña electoral, y posteriormente elevado a la Mesa del Senado para determinar si Ángeles Muñoz vulneró el Código de Conducta de las Cortes Generales.

El empresario sueco Lars Gunnar Sune Broberg, marido de la alcaldesa de Marbella (Málaga) y senadora, Ángeles Muñoz, ha fallecido este sábado en el municipio malagueño, recoge Europa Press. El empresario sueco, de 80 años y en un delicado estado de salud, estaba ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella, donde ha fallecido.

Dedicado al sector de la construcción e inmobiliario, se encontraba procesado por la Audiencia Nacional por supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas desde España a países nórdicos. Sus problemas de salud llevaron al juez instructor a suspender su procesamiento.

Broberg estaba casado con Muñoz en segundas nupcias y tenían dos hijos en común. Además, el empresario sueco tenía otros dos hijos de una relación anterior.

La Comisión de Incompatibilidades del Senado ha respaldado la petición del PSOE y ha decidido abrir un procedimiento para investigar el patrimonio de la alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, tras actualizar su declaración de bienes para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una casa en Suecia, según informa Europa Press.

Así lo ha anunciado este jueves la portavoz socialista en la Cámara Alta, Eva Granados, que ha celebrado que se acepte el plan de trabajo que el Grupo Parlamentario Socialista presentó para que se pueda "esclarecer" si la senadora conservadora ha "infringido" el Código de Conducta al que "todos" los senadores se someten.

La iniciativa ha contado con el voto a favor de todos los grupos y la abstención del PP (16 votos a favor y 10 abstenciones).

"Creo que es un buen día para el Senado y para el rendimiento de cuentas al conjunto de la ciudadanía, porque sin transparencia no hay honorabilidad", ha festejado Granados, que ha destacado que es la primera vez, desde la aprobación a finales del 2020 del Código de Conducta, que el Senado va a poder aclarar si una "senadora concreta" ha hecho una declaración con un resultado "muy abultado de su patrimonio" tras las revelaciones aparecidas en prensa.

El PSOE apunta que la alcaldesa y senadora admitió haber ampliado su capital en una sociedad vinculada con el paraíso fiscal de Gibraltar y terminó declarando que una vivienda de 560 metros cuadrados en Suecia era de su propiedad. En su nueva declaración, también reconoció —añaden— que incrementó hasta el 100% su participación en otros bienes inmuebles, "hecho que hasta ahora había ocultado en sus declaraciones presentadas ante la Cámara".

Granados ha recalcado la importancia de que se conozca el "origen" del patrimonio de Muñoz, así como las rentas y bienes. Dicho esto, ha explicado que en la reunión también se ha aprobado un plan de trabajo, que incluye comparecencias, hasta redactar el informe.

Según ha detallado, el plan de trabajo de la Comisión de Incompatibilidades se desarrollará en tres fases. En primer lugar habrá un periodo de información y documentación, en la que los senadores van a poder pedir la documentación que consideren oportuna para poder conocer la situación detallada del patrimonio de Muñoz.

La segunda fase será de comparecencias y, en este sentido, la portavoz socialista ha trasladado que "no duda" de que la senadora del PP acuda a comparecer ante la comisión para "poder aclarar cualquier duda" sobre la documentación que han recibido.

"Nosotros entendemos que la alcaldesa Marbella, senadora por Málaga, está dentro de lo que el señor Feijóo entiende como gente de bien y va a tener a bien venir al Senado y comparecer en la comisión y aclarar cualquier duda que podamos tener", ha señalado.

Esa fase de comparecencias tendrá lugar del 13 al 31 de marzo, ha señalado el PSOE, que ha indicado que los grupos podrán solicitar que comparezcan aquellas personas que consideren oportunas, y serán la mesa y portavoces los que aprobarán quiénes comparecerán finalmente.

En todo caso, desde el PSOE expresan que la alcaldesa y senadora conservadora será llamada a comparecer para que pueda ofrecer las explicaciones que estime oportunas. Durante el desarrollo de los trabajos y como consecuencia de éstos, la Comisión podrá acordar la celebración de nuevas comparecencias a solicitud de cualquier grupo.

Granados ha manifestado que una vez estudiada la documentación y realizadas las comparecencias, se elaborará un informe por parte de la comisión que tendrá que ser elevado a la mesa del Senado.

La elaboración del informe sobre el presunto incumplimiento del Código de Conducta arrancará con la constitución de un grupo de trabajo que adoptará sus acuerdos mediante voto ponderado. Habrá tres representantes del PSOE, dos del PP y uno por cada uno de los demás grupos representados, hasta sumar un total de 11 miembros, ha precisado. El informe deberá estar terminado el próximo 3 de abril.

"Hoy triunfa la transparencia y la honorabilidad de las instituciones. Y ya no solamente el Grupo Parlamentario Socialista, que eran los que estábamos requiriendo este procedimiento, sino ya una mayoría de grupos, pues dan el visto bueno, dan luz verde a que la integridad, la honorabilidad, la transparencia y el respeto que le debemos cualquier representante público, no solamente a las instituciones, sino al conjunto de la ciudadanía, pues va a ser un hecho a través de esta Comisión de Incompatibilidades", ha zanjado.