164 españoles se encuentran en paradero desconocido tras el terremoto de Colombia, y no constan fallecidos ni heridos de origen español, según ha informado este mates el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

En declaraciones a los medios en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el ministro ha señalado que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.

En un primer censo, las autoridades españolas han contactado con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares ha pedido que se comuniquen con los servicios consulares.

En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, ha explicado el ministro.

La ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo de Colombia.

Todo ello en la línea de colaboración que ya se siguió en el terremoto de Venezuela, donde el ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que la cifra de españoles fallecidos asciende a 56 y la de desaparecidos a 136.

Los expertos venían advirtiendo desde primavera que este sería un verano difícil. Mucha vegetación por las lluvias y una previsión de calor extremo se sumarían a los problemas endémicos de falta de trabajos de prevención y a la despoblación rural. El resultado, a falta de unos días para que termine el mes de julio, es que 2026 tiene ya todas las papeletas para terminar siendo uno de los peores años desde que se comenzó a medir con datos fiables, en la década de 1960. 

Tomando las estadísticas del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), que consisten en aproximaciones realizadas por el programa Copernicus europeo de imágenes de satélite, han ardido en lo que va de año 168.879 hectáreas en España, la segunda mayor cifra a estas alturas desde julio de 1994, cuando una fortísima sequía provocó que el fuego arrasase más de 300.000 hectáreas en los primeros siete meses del año, una cifra que rompió la estadística y nunca más se ha estado ni siquiera cerca de alcanzarla.

El tercer puesto lo ocuparía 2012, cuando ardieron 150.000 hectáreas antes de agosto. El verano pasado también se registró una cifra astronómica, pero más concentrada en agosto, que dejó el mayor número de hectáreas quemadas del siglo XXI.

A falta de datos definitivos, todo apunta a que este verano marcará un antes y un después en la gestión del fuego, aunque esa frase ya se ha repetido innumerables veces dentro del colectivo antiincendios, y el ansiado Pacto de Estado contra Incendios Forestales, o el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática, que englobaría el primero y que es la apuesta del Gobierno actual, sigue en un cajón desde el año pasado porque necesita para ello al PP y a Vox. "O se cierra un pacto nacional de desarrollo rural o esto va a seguir así, y va a ir a mucho más", resume a infoLibre Raúl Quílez, doctor en Incendios Forestales por la Universidad de León.

Han sido muchos los fuegos que en teoría iban a acelerar esasmedidas de adaptación al fuego. Ahora es el incendio unificado de Ávila y Madrid que ha llegado hasta las puertas de la capital, pero el año pasado fue el de las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y en 2022 fueron los de la Sierra de la Culebra, que tardaron mes y medio en apagarse.

Las tareas de prevención, competencia de las comunidades autónomas, son mínimas y hasta el año pasado eran miles de bomberos forestales los que se quedaban sin trabajo en invierno porque su consejería prefería no invertir en trabajos forestales durante la temporada baja. Desde la entrada en vigor del estatuto del bombero forestal eso ha empezado a cambiar –por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha contratado esta temporada a los bomberos de Tragsa durante los doce meses, y Castilla y León está en ello–, pero el trabajo que hay por delante tardará años en completarse. En los últimos sesenta años España ha ganado 3,4 millones de hectáreas arboladas, una superficie superior a la de Cataluña.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, explica a este medio que la desaparición de zonas de cultivo ha provocado "un crecimiento forestal increíble" que permite que un fuego en las profundidades de un bosque se expanda fácilmente hasta las puertas de los núcleos urbanos. "Hemos llegado a un punto en el que el cometido de los bomberos es salvar viviendas. También es culpa de haber metido urbanizaciones dentro del bosque sin tomar medidas de prevención", valora.

El calor sofocante del verano evidentemente también juega un papel, secando todo ese potencial combustible y dejándolo listo para arder, sobre todo durante las olas de calor. Desde el 21 de junio hasta este jueves, cuando se declaró el incendio del suroeste de Madrid, ha habido nada menos que 12 días de ola de calor, más de un tercio del total. A gran escala, los últimos 11 años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia; y los últimos tres han sido también los más calurosos. Es decir, que se repite una pauta de empeoramiento.

Raúl Quílez también percibe que el patrón de vientos ha cambiado en la península durante los últimos veranos y ahora se registran semanas y semanas sin cesar de ventanas de aire que entran desde el suroeste con viento muy seco y constante que aviva las llamas. "El incendio de Burgohondo (Ávila) o el de La Mierla (Guadalajara) son un ejemplo. Son fuegos que comienzan en el sur y avanzan sin límite hacia el norte".

El incendio forestal que todavía arde entre Ávila y Madrid es la suma de todos estos factores llevados al extremo. El pasado invierno llovió en esa zona entre un 150% y un 175% más que en la media de los últimos 30 años y en junio la anomalía de temperatura allí fue de entre 2,5 y 4,5 ºC por encima de ese histórico, convirtiendo el monte en un polvorín.

El viernes ya se declaró el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y a cierre del sábado los tres fuegos unificados suman 45.000 hectáreas quemadas. La cercanía a los núcleos urbanos ha provocado además un desalojo de 88.000 personas e incluso el centro de mando tuvo que ser desplazado este sábado de urgencia de Cenicientos a Navalcarnero por el cambio de dirección del viento, que amenazó el campamento.

Carlos Martín, bombero forestal de las BRIF, las brigadas del Ministerio de Transición Ecológica, lleva desde el viernes trabajando en este fuego y describe una situación desoladora. "Nunca he visto nada parecido y llevo siendo bombero desde 2005", describe a infoLibre. Lo que más le llamó la atención, protegiendo una urbanización en Pelayos de la Presa (Madrid), es que el fuego urbano normalmente genera focos dispersos, pero aquí se encontró un incendio de bosque. "Ardía de manera continua. Nos enfrentamos a un frente de llama en mitad de unos chalets", describe.

No es la primera vez que esta zona se quema, ha habido muchas advertencias en el pasado de que se trata de un punto negro que requiere un intenso trabajo de prevención de incendios que nunca ha llegado. Por ejemplo, Almorox ardió en 2013, Cadalso de los Vidrios en 2019, Zarzalejo en 2020 y Navas del Marqués y Navaluenga en 2025.

Los terremotos del 24 de junio dejaron en Venezuela, según el balance oficial más reciente, 5.119 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda, con 21.470 alojadas en campamentos transitorios.

La catástrofe ha puesto en evidencia la incompetencia de las instituciones del Estado para garantizar la gobernabilidad y la necesidad –ya no teórica sino urgente– de un gobierno legítimo, capaz de reconstruir las instituciones democráticas y cambiar las reglas de juego hacia garantías estables y creíbles.

Esa es la verdadera reconstrucción pendiente: la de los edificios es apenas uno de sus síntomas más dramáticos y visibles.

Venezuela enfrenta la peor emergencia humanitaria de su historia reciente gobernada por un Ejecutivo cuyo reloj constitucional ya venció, y que está siendo sostenido por la tutela de Washington y no por un pacto interno verificable.

Delcy Rodríguez ejerce la presidencia encargada desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, tras una intervención estadounidense en territorio venezolano. El mandato interino, concebido por la Constitución venezolana como un puente de 180 días hacia elecciones, expiró sin convocatoria electoral y sin pronunciamiento de las autoridades venezolanas ni estadounidenses.

La literatura sobre desastres y política ofrece precedentes elocuentes: el terremoto de Managua (Nicaragua) de 1972 erosionó irreversiblemente al somocismo, y el de Ciudad de México de 1985 abrió grietas duraderas en la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los desastres no solo destruyen infraestructura: auditan Estados. Y la auditoría venezolana arroja un déficit doble, de capacidad y de falta de título legítimo para gobernar.

En ese contexto se ha producido, en cuestión de horas, el movimiento político más significativo desde enero. La Asamblea Nacional de 2015 –que Washington reconoce como última instancia legislativa surgida de elecciones competitivas– y la Asamblea controlada por el chavismo acaban de anunciar el inicio de una hoja de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto para avanzar en la reinstitucionalización democrática del país.

Según Dinorah Figuera, dirigente opositora y presidenta de la IV Legislatura (2016) de la Asamblea Nacional de Venezuela que acaba de volver del exilio, la mesa estará integrada por 20 representantes (diez por cada parte) y abordará la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), la revisión de las leyes electorales y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Lo revelador no es solo el anuncio, sino la secuencia:

“No tenemos cabeza para estarnos preocupando sobre el TSJ ahorita, nos estamos preocupando es de personas que han sufrido lo indecible (…) Es un irrespeto, es una grosería ponerse a reunir entre políticos para estar decidiendo quién va para el CNE o quién va para el TSJ”.

Ese mismo día, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, presentaba el anuncio ante el Congreso estadounidense como un avance del proceso. La coreografía es inequívoca: las líneas estratégicas del proceso venezolano no se deciden en Caracas sino en Washington.

La pregunta clave es, ¿esta mesa constituye el primer paso operativo de la fase política (la transición) del plan Trump-Rubio o es solo un dispositivo de contención que permite a Washington bajar la presión electoral y administrar los tiempos? La evidencia puede sostener ambas lecturas.

Un punto a favor de que se está dando el primer paso hacia la transición es que los terremotos no iniciaron la negociación. Figuera regresó del exilio el 18 de junio, invitada expresamente por el Departamento de Estado estadounidense, y ese mismo día quedó designada la mesa paritaria. Los sismos suspendieron el proceso, pero el anuncio del 14 de julio lo relanza.

La catástrofe ha proporcionado el marco discursivo (“la unidad nacional”) que permite a Rodríguez retroceder sin admitir que retrocede. A la vez que muestra la incapacidad del Estado de gestionar el estado de emergencia y eleva el costo de sostener el statu quo para el gobierno estadounidense.

A favor de que solo se está ganando tiempo hay varios factores: que el propio Kozak haya declarado que Washington no quiere elecciones “ni demasiado pronto, ni demasiado lejos”, que cerca del 40 % de los votantes elegibles no está registrado y que no es pertinente votar en medio de un terremoto. Otro, concerniente a María Corina Machado, es que, aunque Estados Unidos “no se opone” a su regreso, tampoco lo va a facilitar mientras dure la emergencia.

Aquí conviene hacer una advertencia: las condiciones técnicas que alega son reales, pero la búsqueda de las elecciones perfectas –todo el registro depurado, toda la diáspora votando– puede convertirse en una excusa para no tener elecciones oportunas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno: las democracias no celebran comicios impecables antes de la transición, construyen garantías a través de ellos.

Sin embargo, hay una frase del propio Kozak que inclina la balanza hacia el cambio: “La gente no va a invertir a largo plazo si no hay un gobierno democrático”.

Nadie compromete capital a treinta años sobre la palabra de un gobierno tutelado, ni sobre la garantía de una administración estadounidense que, por definición, es transitoria. El gobierno de Trump puede sostener a Delcy Rodríguez, pero no puede ser el garante de última instancia de las inversiones que la reconstrucción o la recuperación de la producción petrolera exigen: solo instituciones democráticas estables pueden ofrecer los compromisos creíbles que el capital de largo plazo requiere. La contención prolongada se vuelve económicamente insostenible para el propio proyecto de normalización que Washington patrocina.

Venezuela cuenta con su propio cementerio de diálogos fallidos –2014, Santo Domingo, Oslo, Barbados, México– que compartieron un defecto estructural: ninguna parte externa podía imponer costos verificables al incumplimiento. Esta vez, Estados Unidos controla la arquitectura energética y financiera de la que depende el Gobierno encargado. Ya lo ha demostrado al obligar a dicho Gobierno a rectificar públicamente 72 horas después de haber anunciado que no habría diálogo.

Pero el cumplimiento externo no sustituye la legitimidad interna, y allí reside la debilidad de diseño de la mesa: la comisión que preside Figuera es parte de la negociación, no su órgano mediador, y solo tendrá legitimidad en la medida en que represente los intereses de la oposición mayoritaria, la que encarnan Machado y el mandato popular de 2024.

Una negociación que prescinda de esos intereses no conduce a ninguna parte, como ya demostró cada intento anterior de negociar con oposiciones a la medida.

El propio calendario electoral estadounidense añade el último incentivo para alentar el cambio. Para la Casa Blanca, presionada por el senador Rick Scott ante una comunidad venezolana en Florida que “está perdiendo la esperanza”, anunciar antes de los comicios de medio término de noviembre un acuerdo sobre el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y el cronograma electoral venezolano podría ser un activo político de bajo costo. La aritmética lo permite: una mesa instalada el 1 de agosto puede producir un acuerdo anunciable en octubre.

La diferencia entre una transición y una normalización pactada no se medirá en comunicados sino en hitos verificables: la incorporación de la oposición mayoritaria a la mesa, la liberación de los más de 400 presos políticos que el propio Kozak reconoció, el retorno efectivo de los exiliados y un cronograma con fechas.

Los terremotos del 24 de junio han demostrado lo que ninguna teoría podía demostrar mejor: sin instituciones legítimas no hay gobernabilidad. Y sin gobernabilidad no hay estabilidad, recuperación ni reconstrucción posible. La mesa del 1 de agosto dirá si Venezuela camina hacia recuperar ambas, o si aprendió a administrar su ausencia.

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Benigno Alarcón es director of the Center for Political Studies en la Universidad Católica Andrés Bello.  Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Las imágenes que siguen a un desastre natural suelen ir por dos carriles emocionales opuestos. Por un lado, la conmoción ante la destrucción física y el dolor humano. Por otro, las historias de solidaridad espontánea, donde vecinos y desconocidos arriesgan sus vidas para remover escombros y colaboran con recolección y donaciones de insumos médicos, alimentos, ropa, etcétera.

Sin embargo, los recientes terremotos en Venezuela muestran también una realidad incómoda pero recurrente: mientras la gran mayoría se organiza para cooperar, un pequeño porcentaje de la población aprovecha la alteración del orden social para delinquir.

¿Qué lleva a un individuo a saquear un comercio destruido o a robar los escasos bienes de una familia damnificada en momentos de vulnerabilidad extrema? Esta es la pregunta que intentamos responder en este artículo.

Desde una perspectiva criminológica, el auge de conductas delictivas tras un desastre como los terremotos de Venezuela no se explica necesariamente por una “epidemia súbita de maldad”, sino por una alteración drástica del entorno. El modelo idóneo para analizar este fenómeno es la teoría de las actividades rutinarias, formulada por los criminólogos  Lawrence Cohen y Marcus Felson en 1979.

Esta teoría sostiene que, para que ocurra un delito, deben coincidir en el tiempo y el espacio tres elementos esenciales:

En condiciones normales, la sociedad cuenta con una serie de controles sociales: alarmas, policías, iluminación pública y la propia vigilancia de los vecinos (el control social informal). Un desastre natural destruye instantáneamente esta infraestructura de seguridad. Los sistemas eléctricos colapsan, los cuerpos de seguridad se ven desbordados por las tareas de rescate y las viviendas quedan desprotegidas o con los accesos fracturados.

Para el delincuente instrumental, el desastre elimina las barreras del riesgo y maximiza el beneficio. Como señalaron los investigadores Marcus Felson y Ronald V. Clarke en 1998, la oportunidad hace al ladrón: el espacio público, antes regulado, se convierte temporalmente en un escenario de total impunidad.

Esta premisa se ha hecho patente en el caso venezolano, donde el oportunismo delictivo se tradujo en el saqueo de bienes no esenciales en comercios (como televisores y lavadoras) y en la vulneración de hogares destruidos con el único fin de sustraer dinero.

Es fundamental que la psicología social trace una línea divisoria clara entre dos comportamientos que a menudo se confunden bajo la etiqueta genérica de saqueo. Sociólogos del comportamiento en desastres, como Enrico L. Quarantelli, han enfatizado la necesidad de categorizar estas conductas según su motivación real.

De un lado, el saqueo por supervivencia ocurre cuando la ruptura de las cadenas de suministro priva a la población de agua potable, alimentos o medicinas. Aquí la conducta está motivada por la urgencia biológica y la autopreservación. El valor moral de la propiedad privada se suspende psicológicamente en favor del derecho a la vida.

Y hablamos de saqueo oportunista –o delincuencia instrumental– cuando se sustraen bienes de lujo, dinero, electrodomésticos u objetos que no atienden a una necesidad inmediata de subsistencia. Este saqueo busca mitigar el dolor de la tragedia, sino capitalizar el evento para obtener un beneficio económico o material.

En situaciones de colapso, se produce una disolución de los frenos inhibitorios sociales. Los seres humanos regulamos nuestra conducta en gran medida por las expectativas del grupo. Cuando el entorno social se fragmenta y reina la confusión, la percepción de la norma se debilita.

A esto se suma el mecanismo de desconexión moral, que aparece cuando el delincuente oportunista recurre a la justificación moral (“Si no lo agarro yo, lo hará otro”) o a la difusión de la responsabilidad (“Todo el mundo está corriendo y saqueando”). Estas distorsiones cognitivas actúan como anestésicos para la culpa, permitiendo al individuo cometer un acto que, en condiciones normales, probablemente condenaría.

Existe un sesgo arraigado en la cultura popular (alimentado en gran parte por el cine de catástrofes) de que los desastres naturales transforman automáticamente a las sociedades en escenarios de barbarie al estilo de la saga Mad Max. La psicología de los desastres desmiente rotundamente esta premisa.

Las investigaciones sociológicas e históricas demuestran, de forma sistemática, que la norma general tras una catástrofe es el comportamiento prosocial, el altruismo y la resiliencia comunitaria. Los lazos de cooperación suelen fortalecerse de inmediato. Los individuos que deciden aprovecharse de la tragedia representan una minoría estadística muy reducida.

Esto se ha podido observar en el caso venezolano, donde la población civil se ha movilizado para apoyar a los damnificados por el terremoto, llegando a compensar las limitaciones de la respuesta estatal.

Sin embargo, el impacto de esta minoría es asimétrico y profundo. El delito en contexto de catástrofe produce un fenómeno grave de revictimización. Para una comunidad que acaba de perder su patrimonio físico o a sus seres queridos, sufrir un robo o un acto de violencia no es solo una pérdida material: es la destrucción de su último reducto de seguridad psicológica.

Este impacto erosiona la confianza institucional y social, dificultando los procesos posteriores de reconstrucción psicológica y comunitaria. Y, sumado a la participación de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este tipo de conductas delictivas, genera un mayor impacto social y psicológico en la población afectada.

El análisis del caso de Venezuela nos recuerda que la gestión de un desastre natural no puede limitarse únicamente a la atención médica y logística de rescate. Las estrategias de mitigación deben integrar la comprensión del comportamiento humano y los factores de oportunidad criminológica.

Restablecer con prioridad el alumbrado público, implementar patrullajes disuasorios en zonas residenciales evacuadas y asegurar los perímetros comerciales y residenciales vulnerables son medidas de prevención situacional del delito que son importantes para la salud de una sociedad herida junto al suministro de ayuda humanitaria.

Comprender la ciencia detrás de la delincuencia en situaciones de crisis es el primer paso para proteger no solo las estructuras físicas, sino el tejido moral de las poblaciones afectadas.

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Michelle Madeline Cámara Mora es coordinadora del departamento de Criminología y Seguridad, Universidad Camilo José Cela

La Tierra no es más que una frágil esfera azul, nuestro hogar común viajando a cien mil kilómetros por hora alrededor del Sol. Dicen los astronautas que vista desde allí arriba no se distinguen fronteras separando territorios.

Por eso, cuando tiembla Venezuela, tiembla también España, somos una sola familia herida por el mismo pulso telúrico. Los devastadores terremotos que la sacudieron el pasado 24 de junio no son para nosotros una noticia internacional más, ni sus víctimas una fría cifra en un teletipo de agencia, sino un recordatorio brutal de nuestra propia fragilidad. Bajo los escombros podría estar cualquiera de nosotros. La mano que busca a un hijo desaparecido entre el polvo y el hormigón podría ser la nuestra. El llanto de una madre es un lenguaje que no precisa traducción. El dolor humano es universal, nos hermana en la desgracia y nos interpela en la conciencia.

El Proyecto Genoma Humano demostró que compartimos más del 99,9% de nuestro ADN. Somos extraordinariamente diversos en culturas, creencias y costumbres, pero biológicamente somos una única tribu errante. La neurociencia explica que cuando vemos sufrir a seres humanos activamos circuitos cerebrales que nos permiten experimentar como propio el dolor ajeno y nos empujan a acudir en su ayuda.

La psicología social lleva décadas documentando este fenómeno: en los grandes desastres, los seres humanos no suelen responder con egoísmo, sino con cooperación. La solidaridad emerge de manera instintiva. Quizá la supervivencia de nuestra especie dependa precisamente de eso. No llegamos hasta aquí por ser los más fuertes ni los más rápidos; sobrevivimos porque aprendimos a proteger a los débiles, a alimentar a los niños, a levantar al caído y a compartir el fuego en medio de la noche.

Sin embargo, cada vez que la Tierra se sacude, cada vez que una guerra convierte los hogares en escombros o una inundación arrastra la vida de miles de personas, la humanidad se enfrenta a una pregunta esencial: ¿seguimos siendo una comunidad moral o nos hemos resignado a ser meros espectadores del sufrimiento?

El fascismo, en todas sus máscaras, ha levantado su discurso sobre la premisa de que no toda vida humana tiene el mismo valor y para que la sociedad sea capaz de ignorar el sufrimiento ajeno, antes debe deshumanizar a quienes considera enemigos. Necesita desactivar nuestra empatía natural, convertir a las personas en números, en amenazas, en categorías abstractas (“menas”, “negros”, “moros”, “sudacas”…). En sus discursos emplean metáforas animales, niegan la inocencia de los niños o justifican la violencia como una necesidad inevitable. El psicólogo Albert Bandura llamó a este proceso “desconexión moral”, un mecanismo mediante el cual dejamos de ver al otro como un semejante y comenzamos a percibirlo como alguien cuya vida vale menos. Entonces la compasión se apaga y cualquier barbarie se vuelve posible.

Pero el terremoto de Venezuela desnuda la falacia de esa jerarquía fascista. Los desastres no preguntan por el color de la piel ni la religión de sus víctimas, ni si son chavistas u opositores. La naturaleza no entiende de ideologías. El dolor, en su desnudez, nos devuelve a nuestra condición común: frágiles, mortales, necesitados los unos de los otros.

En un tiempo de muros, de polarización y de discursos que intentan convencernos de que estamos irremediablemente divididos, la Tierra sigue enviándonos el mismo mensaje: somos una sola comunidad de seres humanos viajando juntos por el cosmos. Quizá la esperanza de nuestra supervivencia como especie dependa precisamente de recordar eso: en la capacidad de extender la mano cuando otro ser humano cae.

Mientras Venezuela cuenta a sus heridos, busca a sus desaparecidos y abraza a sus supervivientes, el resto del mundo tiene la oportunidad de demostrar que la humanidad sigue siendo algo más que una palabra. Ojalá que el dolor de los venezolanos se transforme en un latido que despierte nuestra conciencia adormecida.

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

Cuando los científicos hablan de terremotos, suelen usar dos palabras que el público confunde con frecuencia: peligro y riesgo. El peligro sísmico describe la probabilidad de que el suelo alcance determinados niveles de sacudida en un lugar, mientras que el riesgo sísmico es la probabilidad de que ese peligro cause daños a personas o infraestructuras.

Con esta distinción observemos los mapas de peligro sísmico europeo. El modelo de referencia actual ESHM20 (European Seismic Hazard Model 2020) fue desarrollado por un amplio consorcio de instituciones del continente. Los tonos rojizos se concentran en el sur: Italia, Grecia y Turquía. Intuitivamente, interpretamos que estos son los lugares más peligrosos de Europa. Hasta cierto punto, esa interpretación es correcta, pero oculta una contradicción que merece una reflexión más detenida.

Si grandes terremotos tienen potencial de generar más daño a una misma distancia, cabría esperar que el mayor registrado en Europa se hubiera producido en Grecia, Italia o Turquía. Sin embargo, el más grande del que tenemos constancia ocurrió el 1 de noviembre de 1755 frente a las costas atlánticas de la península ibérica. Con una magnitud cercana a 9 Mw (escala de movimiento sísmico), se conoce como el Gran Terremoto de Lisboa y probablemente se cobró la vida de 100 000 personas. Puesto en perspectiva, la península ibérica puede producir terremotos equivalentes a unas 600 millones de bombas atómicas como la lanzada sobre Hiroshima.

Podemos entender este seísmo contrastándolo con eventos más recientes. Fue similar en magnitud al de Tohoku-oki de 2011 en Japón, el cuarto más grande registrado con instrumentos modernos. A pesar de toda la tecnología antisísmica japonesa, generó daños directos de unos 185 000 millones de dólares y fue el desastre socio-natural más costoso de la historia. Se cobró más de 15 000 vidas y desplazó a cientos de miles de personas. Además, provocó el conocido accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi debido a la fuga de material radiactivo. Clasificado con el máximo nivel de gravedad, igualó al desastre de Chernóbil. Claramente, las consecuencias por terremotos pueden abarcar múltiples áreas.

Estudios en el suroeste de España han identificado varios eventos grandes previos a 1755, incluidos en la época romana, lo que habla de una zona con largos registros de actividad sísmica. Para entender la distribución temporal de los terremotos se habla del “tiempo de recurrencia”: indica el lapso medio entre terremotos de magnitud similar en un mismo lugar, relacionado con la acumulación de energía a lo largo del tiempo.

Estimaciones sugieren recurrencias de mil años en la zona ibérica. Es decir, que faltarían más de 700 años para que pueda ocurrir de nuevo un terremoto de similar al de Lisboa. Sin embargo, en los mil años previos al terremoto de la capital portuguesa hay registro histórico de, al menos, cuatro eventos significativos en la región (en 881, 1048, 1356 y 1531). Luego no es seguro pensar que el siguiente gran terremoto ocurra dentro de varios siglos.

A las personas le interesa saber cuándo experimentarán un terremoto destructivo, no si la fuente del mismo coincide en el espacio con eventos pasados. Un ejercicio útil consiste en tomar el intervalo medio observado entre terremotos. Por ejemplo, en Chile la recurrencia de grandes terremotos puede ser de 300 años. No obstante, seísmos en zonas contiguas pueden estar separados por solo 12-15 años.

Para el caso ibérico, este tiempo es aproximadamente de 220 años. Resulta llamativo que, desde 1755, haya transcurrido un tiempo comparable e, incluso, superior.

Suele considerarse el terremoto del 28 de febrero de 1969 (7.9 Mw), originado en el sudoeste de Portugal, como aquel evento “faltante”, pero su energía liberada fue 45 veces menor a la de Lisboa, una pequeña fracción. Además, ambos eventos ocurrieron cerca uno del otro. Si un lugar es capaz de generar eventos de en torno a 9 Mw, el terremoto de 1969 no tuvo tiempo suficiente de acumular una cantidad significativa de energía. No hay que descartar que el siguiente puede seguir esperándonos.

Antes del terremoto de L'Aquila (Italia), sucedido en 2009, tuvo lugar una serie de temblores menores. Ante esto, unos pocos técnicos alertaban de un gran seísmo inminente, mientras muchos otros expertos pedían cautela. Sin embargo, algunas autoridades “tranquilizaban” a la desconcertada ciudadanía bromeando con “tomar vino” para relajarse. Lamentablemente, días después se produjo el terremoto principal, donde murieron más de 300 personas.

Estos hechos generaron un debate: ¿cómo comunicar riesgos inciertos pero potencialmente devastadores? La lección de desastres como L'Aquila o Tohoku es clara: la ausencia de certeza no justifica ignorar los escenarios extremos. Aunque sean poco probables, sus consecuencias pueden ser tan graves que merece la pena estar preparados para ellos.

Aunque los modelos incorporan información histórica, la incertidumbre previa a los grandes terremotos genera dudas en la estimación del peligro sísmico ibérico.

El escenario empeora si consideramos zonas como Sevilla. En estos lugares, el terreno amplifica las ondas sísmicas, aumentando el potencial daño. Con peligros sísmicos potencialmente subestimados, es probable que la normativa de construcción vigente también esté afectada. Contemplar explícitamente terremotos del tamaño del ocurrido en 1755 cada pocos siglos cambiaría drásticamente el color del mapa del ESHM20 en la península ibérica.

Actualmente, la comunidad científica conoce la existencia de este riesgo. Entonces, ¿por qué terremotos como el de Lisboa siguen siendo tratados como excepciones históricas? Quizás para no enfrentarnos a una realidad incómoda. Ninguna persona actual vivió aquella catástrofe; asumimos que es una curiosidad inofensiva y que no nos alcanzará. Pero la evidencia muestra que este tipo de eventos podrían ser mucho más recurrentes de lo que pensamos. La cuestión es si estamos preparados para cuando se repitan.

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Patricio Venegas Aravena es Profesor e investigador de física aplicada, Universidad Loyola Andalucía

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. En el segundo balance que ha dado el gobierno este jueves por la mañana, el número de fallecidos asciende ya a 164 personas mientras que los heridos y desaparecidos se cuentan por centenares. En un primer momento, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó en una declaración en la televisión pública venezolana, VTV, aseguró que los fallecidos ascendían a 32 fallecidos y más de 700 heridos "sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira", la zona más afectada a escasos 20 kilómetros de la capital del país.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

El informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalla que el primer movimiento tuvo lugar a unos 24 kilómetros de San Felipe, la capital del estado Yaracuy, a una profundidad de 21,9 kilómetros, mientras que el segundo se produjo en Yumare, también en el mismo estado, pero más al norte, pese a ello, en Caracas —a 300 kilómetros de Yumare— se sintió el terremoto y al menos dos edificios colapsaron en la plaza Altamira.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la presidenta, quien compareció en una primera valoración acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En esa región vecina de Caracas, está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país, que fue cerrado por el Ejecutivo del país debido a los graves daños que sufrió.

Con las labores de rescate en marcha y una cifra de fallecidos y heridos aún sin confirmar, algunos dirigentes locales avisaban ya esta mañana de la magnitud del desastre. El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, advertía sobre más muertes en su jurisdicción. "Estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", dijo el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de los dos edificios colapsados en la capital.

El dato más preocupante de la proyección de fallecidos lo ha dado el Servicio Geológico de EEUU que ha estimado que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.

Sobre la posibilidad de que haya españoles en la zona, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que en estos momentos aún hay 68 ciudadanos que no han sido localizados.

La mandataria venezolana dijo que las autoridades están desarrollando "muy arduas" labores de rescate en ese estado para salvar vidas después de que haya "decenas" de edificios colapsados. Añadió que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Catar y República Dominicana.

A medida que avanzaba el día los dirigentes internacionales han ido ofreciendo ayuda y mostrando su solidaridad con el país afectado. Donald Trump, a través de un comentario en su red, Truth Social, ofreció su ayuda al país y aseguró que ambos terremotos "han dejado un número devastador de fallecidos".

Dirigentes de Brasil, Panamá, España, Portugal, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, México o Cuba, entre otras naciones, han expresado su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos.

Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han expresado sus condolencias y han trasladado todo su apoyo al pueblo venezolano.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su "preocupación y consternación" por los efectos de los terremotos y aseguró que su Gobierno evalúa medidas de asistencia para apoyar al país caribeño en la atención de la emergencia. "Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela", escribió en X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: "Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy".

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció sus condolencias a Venezuela y aseguró en la red social X que su país "está dispuesto a prestar toda la ayuda posible".

A estas reacciones internacionales se ha sumado el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ha indicado este jueves que va a centrar parte de las conversaciones entre el organismo y el Gobierno de Venezuela en cómo apoyar las necesidades adicionales del país a raíz de los terremotos que han golpeado con dureza la nación caribeña. La portavoz del FMI, Julie Kozack, ha dicho en rueda de prensa que ahora los intercambios entre la entidad multilateral con sede en Washington y Caracas "girarán en torno a cómo apoyar mejor" al país tras la "tragedia" por los dos seísmos que han dejado más de 160 muertos y 970 heridos en territorio venezolano.

Un terremoto de magnitud 7,5 golpeó este lunes la costa oriental del centro y noreste de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros, y llevó a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y recoge EFE.

El seísmo se registró a las 16.53 (hora local, 7.53 GMT) a unos 100 kilómetros del puerto de Kuji, en la costa de Sanriku, que se encuentra en el norte de Japón. La JMA emitió alertas de tsunami para las zonas costeras desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, con olas que podrían llegar a ser de tres metros.

El puerto de Kuji registró las olas más grandes del tsunami con 80 centímetros de altura, mientras que por el momento no se han registrado víctimas. La primera ministra, Sanae Takaichi, informó en declaraciones a la prensa que su gabinete está "confirmando el alcance de los daños humanos y materiales".

Mientras tanto, las autoridades niponas solicitaron a la población que se encuentra en las zonas afectadas por la alerta de tsunami que evacuen a lugares seguros.

La previsión es que en los próximos días se produzcan terremotos de una escala similar en la misma zona, como ocurrió en ocasiones anteriores, según explicó en una rueda de prensa el director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, Shinji Kiyomoto.

El Gobierno nipón formó un equipo de emergencias para trabajar conjuntamente con el fin de brindar "todo el apoyo necesario", afirmó en la red social X la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Los operadores nucleares no detectaron anomalías ni niveles inusuales de radioactividad en torno a las centrales nucleares, según recogió la cadena de televisión NHK. 

En este sentido, la compañía TEPCO indicó que "no se ha confirmado ningún impacto" en las instalaciones ni en la infraestructura de sus plantas nucleares, pero confirmó que había ordenado la evacuación de los trabajadores en Fukushima Daiichi y Fukushima Daini.

Debido a los cortes de electricidad y a la activación del sistema de prevención, el servicio de trenes, incluido el tren bala, se suspendió en varios puntos del país, como el trayecto entre Tokio y Shizuoka.

A principios de diciembre de 2025, un terremoto de 7,5 frente a las costas de la prefectura de Aomori dejó más de una treintena de heridos y provocó olas de hasta 710 centímetros, pero no se reportaron daños mayores.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Soledad Gallego (56 años, Albacete) fundó hace ahora tres años la división española y mediterránea de ClientEarth, una organización de abogados sin ánimo de lucro que defiende el medioambiente en juzgados en todo el planeta. Si el activismo ambiental se remonta al siglo pasado, la defensa de la naturaleza desde el punto de vista jurídico ha sido durante las últimas dos décadas una travesía en el desierto para unos pocos abogados que decidieron "elegir el otro lado", como lo llama Gallego. 

Al salir de la facultad decidió que nunca trabajaría para una empresa privada que contaminara porque ya eran demasiados los que tiraban por ese camino, así que trabajó durante 20 años en diferentes ONG, principalmente en SEO/BirdLife, hasta unirse finalmente a ClientEarth en 2019. Tras haber participado en casos con magistrados y fiscales de todo el país, tiene claro que hay un déficit de formación ambiental en la judicatura.

En la prensa hay casos todos los días de contaminación de suelos, robo de agua, vertidos tóxicos… y muchos de estos casos llevan años produciéndose. ¿Hay impunidad en España con los delitos ambientales?

Yo no creo que haya impunidad, aunque sí hay que estar muy vigilantes. Por una parte debemos debatir sobre si la sociedad civil puede acceder a la justicia para defender el medio ambiente. Y por otra, es muy importante que los jueces y los tribunales estén especializados en un área que es cada vez más compleja, y que cuenten con los medios y expertos adecuados.

En España nuestro derecho ambiental deriva del derecho europeo, que es uno de los más avanzados que hay en el planeta. Tenemos las directivas de aves, de hábitats, de restauración de la naturaleza, la directiva marco del agua… Todas ellas están traspuestas a la normativa española, y están muy bien, pero al final siempre tenemos un problema de aplicación y cumplimiento efectivo de la ley.

¿Cuáles son las barreras más evidentes que se encuentran?

Una barrera son los procedimientos judiciales, que son muy largos. Otra, que no se aplican medidas cautelares, y si los proyectos que son muy dañinos para la naturaleza no se paran desde el principio, por mucho que ganes el juicio, como en el caso de la urbanización de Valdecañas, el daño ya está hecho. O bien no hay acceso a abogados especializados. O los costes son excesivos, porque no olvidemos que mucha gente implicada en estos casos es voluntaria y está poniendo su dinero personal para pelear por el bien colectivo. 

¿Por qué se decidió por el derecho ambiental?

Cuando estudié Derecho, el derecho ambiental ni existía, pese a que estaba presente en todo lo que nos rodeaba. En cualquier contrato de obra pública, por ejemplo. Vi que había muchos abogados trabajando en proyectos que dañaban el medioambiente, pero que había muy pocos en el otro lado para protegerlo, así que empecé trabajando en ONG y puntualmente con algún gobierno, pero me prometí no trabajar con ninguna empresa que contaminara o dañara el medio ambiente.

¿Y cómo está la profesión hoy en día?

Cada vez hay más abogados que siguen esta línea. Muchos de los que llegan a ClientEarth trabajan en despachos corporativos típicos, pero deciden que quieren trabajar de otra manera. Es una decisión personal y es cierto que económicamente se gana más en el sector privado, pero la parte vocacional es tan importante que compensa.

Usted ha trabajado con ONG y ahora colabora con ellas, ¿cuál es la relación entre activistas y abogados?

El derecho ambiental empodera a las ONG, nos necesitamos mutuamente. Ellas conocen los problemas sobre el terreno y saben lanzar el mensaje social, pero es importante que haya expertos jurídicos para llevar a cabo las campañas. Proteger el medioambiente tiene que ser también un trabajo profesional, con los medios adecuados, porque lo que tenemos enfrente es un desafío enorme. Hay mucho trabajo voluntario que es importante, pero nosotros creemos que tiene que estar profesionalizado.

¿Cómo ve a la nueva generación de juristas? ¿Hay interés por el medioambiente?

El derecho ambiental está ahora muy al día en las facultades. Hay universidades con ramas específicas e incluso un Centro de Estudios de Derecho Ambiental en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, una referencia en este mundo. Es cierto que cuando no saben bien a dónde dirigirse, empiezan en el sector privado y luego saltan aquí, pero ya vemos abogados y abogadas jóvenes que quieren dedicarse a ello directamente porque están muy concienciados.

¿Y cómo ve los estamentos más altos? ¿Los jueces y fiscales de España están bien formados en medioambiente?

Hay jueces y fiscales que están especializados porque han ido llevando bastantes temas relacionados con agua o con contaminación. Por ejemplo, trabajamos en un caso de Galicia, el embalse de As Conchas, donde los jueces ligaron perfectamente la contaminación con la vulneración de los derechos humanos. Sobre todo es importante que conozcan el derecho europeo porque normalmente los incumplimientos son de la normativa europea. 

Luego hay otros jueces a los que les cuesta más adaptarse o que desconocen más la materia, porque es realmente compleja. Pero también es cierto que nosotros lo que intentamos siempre es abrir nuevas líneas jurídicas, que haya debate. Porque a lo mejor la primera vez no funciona, pero el juez va tomando contacto con la información, con el sistema legal, con las normas… y poco a poco va aprendiendo más del tema, hasta que llega a tomar decisiones más fundamentadas. Lo que es muy importante, igual que pasa en otros países, es que los jueces se formen y se especialicen con algún tipo de curso.

¿Y los fiscales? Al final son ellos los que tienen que levantar la liebre en muchos casos.

La Fiscalía entra en los casos penales. En los administrativos no intervienen de manera general, solo en algunos relacionados con la ley de responsabilidad medioambiental. Hay fiscales especializados en medioambiente, como Antonio Vercher, que acaba de fallecer, e hizo un trabajo pionero como primer fiscal coordinador de sala de Medioambiente y Urbanismo. Y luego en cada Tribunal Superior de Justicia hay un fiscal también especializado. Lo que pasa es que hacen falta más porque hay tantos casos, tanto trabajo… Y es esencial que cuenten con los medios y apoyo de expertos que necesiten.

¿Han trabajado en algún caso reciente donde hayan visto todos estos problemas?

Nos han dado la razón en un caso de Galicia, en el embalse de As Conchas, donde había vecinos viviendo junto a un agua contaminada; no podían ya casi ni respirar, y estaba a punto de derivar en un problema de salud pública. Alegamos vulneración de derecho fundamental a la vida, que es una norma fundamental en España, pero para demostrarlo hemos necesitado a investigadores del CSIC, a abogados de España y de otros países… Ha sido un trabajo enorme.

Parece increíble que haga falta movilizar tantos recursos para un incumplimiento tan obvio. Cuántos casos como este quedarán sin resolver porque no cuentan con equipos así.

Pues sí, lo bueno es que como la sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, puede usarse como precedente para casos similares en otros sitios. Como no podemos llegar a todos los sitios, al menos intentamos también trabajar para legislar y evitar que ocurran en el futuro, como en las negociaciones de Bruselas sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza o el Reglamento de Deforestación Importada.

¿Y cómo es el derecho ambiental desde el otro lado? ¿Las empresas tienen buenos abogados para encontrar agujeros legales?

Bueno, por supuesto. Para defender los intereses de una empresa o un sector en medioambiente hace falta gente especializada, y hay lobbies muy fuertes en Bruselas y en los países, tanto para elaborar la legislación como para aplicarla. Al final, como abogado llega un momento en el que tú decides si quieres defender los intereses privados de una empresa o de un sector, los intereses colectivos. Y probablemente también sean muy buenos abogados ambientales. Dependiendo de para quién trabajes estás en un lado o en el otro.

Cuando trabajó en litigios ambientales europeos, ¿vio una diferencia entre las capacidades de los juristas españoles y los de otros países? ¿Hay una mejor preparación en lugares como Bruselas?

Sí, hay países como China que tienen jueces y fiscales especializados en medioambiente y les forman para ello. Y ocurre también en otros países. Eso hace falta en España, aunque aquí tenemos también cosas buenas. Por ejemplo, en derecho de aguas, aquí puedes recurrir un Plan Hidrológico de cuenca y muchas otras normativas relacionadas con la Directiva Marco del Agua, y eso no se puede hacer en Polonia o en Alemania. Otra cosa es cuando llegas al tribunal con términos como “caudal ecológico”,"conectividad de ríos”... que son auténticas tesis doctorales que hay que explicar al juez.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes, a propuesta del ministro Pablo Bustinduy, limitar el precio durante una semana de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo, según informa EFE.

Los hoteles en los municipios donde sigue habiendo desalojados o realojados no podrán incrementar sus precios respectos a los que tenían el mes previo al inicio de la emergencia, ha explicado el Ejecutivo. Se trata de municipios de cinco provincias diferentes: Cádiz (Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera), Granada (Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra), Jaén (Cazorla y Santisteban del Puerto), Málaga (Benaoján y Ronda) y Badajoz (Burguillos del Cerro y Medellín).

Esta limitación entra en vigor este miércoles y se extenderá hasta el día 25 como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo.

Es la primera vez que el Gobierno hace uso del real decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios. Además, los establecimientos están obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

Según se refleja en el acuerdo, esta medida se adopta de forma preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, especialmente cuando se reactivan las líneas de tren, con el objeto de evitar un posible incremento de precios súbito por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializa los alojamientos.

En el acuerdo, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.

En febrero de 2024 el Gobierno y la Junta de Andalucía presentaron un plan para llevar agua potable en barco a tres puertos andaluces ante la posibilidad de que en algunas zonas no se pudiese ni cubrir el abastecimiento urbano por culpa de la mayor sequía de la historia de la Comunidad. Y exactamente dos años después, el mismo lugar se enfrenta a una de las peores inundaciones que se recuerdan, con más de 11.000 evacuados a lo largo de toda Andalucía. Es un ejemplo de manual de cómo funciona el cambio climático, que sigue acelerándose con el incremento anual de las emisiones de CO₂.

"El cambio climático no parece que varíe las precipitaciones en una zona respecto al histórico, sino que las concentra en periodos más cortos. El calentamiento de la atmósfera aumenta la energía de las tormentas y las vuelve más violentas", resume Jorge Tamayo, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana. "Aquí lo vimos con la dana de octubre de 2024, que fue entre un 15% y un 20% más fuerte de lo normal por el cambio climático", añade.

Si lo que más preocupaba en España era el incremento de las temperaturas –que es evidente en verano–, las riadas están volviéndose peligrosamente frecuentes en los últimos años y empiezan a llegar a zonas donde eran poco habituales. La última gran inundación de Córdoba fue en 2010, cuando se registró el último récord de caudal en ese punto del Guadalquivir, pero este viernes la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya avisó de que ese escenario se puede repetir este fin de semana.

No se trata de un hecho aislado. Los datos indican que la península ibérica es uno de los puntos del planeta donde el clima está cambiando a mayor velocidad. El informe de 2025 del Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones (EFAS) situó a España como el segundo país de la Unión Europea con más alertas por inundaciones, a solo nueve de Francia, con 291 avisos. En 2020 y 2022 España fue el número uno de los Veintisiete.

Es cierto que la costa mediterránea siempre ha sufrido riadas –hay registros de lluvias torrenciales desde la época romana– y que el récord de precipitaciones en España data de 1987 (817 l/m² en 24 horas en Oliva, Valencia), pero los registros de los últimos años cada vez arrojan cifras más estratosféricas. La dana de octubre 2024 ocupa el segundo puesto con 772 l/m² y el aguacero de esta semana en Andalucía se sitúa en el tercero: 577 l/m² en Grazalema este lunes. 

Carmen Llasat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universidad de Barcelona, explica que la sucesión de borrascas que ha azotado Andalucía estos días es anómala, pero no es la primera vez que ocurre. La diferencia frente a los trenes de tormentas del pasado, apunta, es que en esta ocasión arrastra más humedad de lo normal, lo que se ha traducido en una descarga récord de agua sobre la sierra de Cádiz.

"Trenes de borrascas atlánticas ha habido antes en Andalucía, aunque ya de por sí es anómalo, pero lo que hace el cambio climático es calentar el océano y ceder más humedad a la tormenta", opina Llasat.

Otra de las consecuencias del calentamiento del mar sobre estas borrascas es el incremento del tamaño del granizo. Como explicaba hace unos días a infoLibre José Luis Sánchez, experto en Física de Nubes de la Universidad de León, el aumento de la temperatura de la atmósfera aporta más energía a las tormentas, incrementando su tamaño y la energía que concentran. Esto provoca que las corrientes de aire verticales que se generan en el interior de las nubes tengan más fuerza para elevar las motas de agua –convertidas en hielo, cuando alcanzan determinada altura–, y cuanto más ascienden, más diámetro acumulan antes de precipitar, engordando el pedrisco.

Como afirman los expertos en precipitaciones, las inundaciones o el granizo, aunque las relacionemos con el frío, están directamente ligadas al aumento de las temperaturas. Y en esto último no hay espacio para la duda. Globalmente, los últimos diez años han sido, individualmente, los más cálidos de los últimos 100.000. En España, los últimos cuatro años han sido los más calurosos desde que hay registros, con el récord en 2020.

Un verano tórrido y un otoño e invierno con inundaciones sucesivas son dos caras de la misma moneda. El calor atmosférico de julio y agosto se almacena poco a poco en el agua del Mediterráneo, incrementando su temperatura media de manera irremediable –el agua acumula energía y se enfría mucho más despacio que el aire–, y en los meses de otoño esa humedad alimenta las nubes que descargan sobre Valencia, Murcia o Cataluña. En el caso de las lluvias de Andalucía, el proceso es el mismo, pero tomando la humedad del Atlántico tropical, que es arrastrada por el viento hasta que choca con la sierra de Grazalema.

Este verano, el mar Mediterráneo en Baleares alcanzó un récord de temperatura y llegó a registrar una temperatura media diaria con una anomalía de 4,94ºC sobre la media del histórico. La máxima registrada fue en la boya de Mahón (Menorca), con 31,2ºC el día 13 de agosto.

Esa misma semana, en Castilla y León, los bomberos forestales hacían frente a una ola de incendios sin precedentes, también acelerados por el calor y la sequía. La primavera de 2025, que fue más húmeda de lo normal, solo sirvió para desplazar los fuegos del mes de julio hasta agosto, puesto que a continuación llegó el verano más caluroso del histórico, con anomalías de temperatura de entre 2,5ºC y 3,5ºC en la zona de El Bierzo, donde se concentraron los incendios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este viernes a Andalucía, donde visitará las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo, recoge EFE. Según han informado fuentes del Gobierno, Sánchez sobrevolará en helicóptero las zonas más afectadas para poder conocer de primera mano los daños ocasionados por el temporal.

Fuentes de Moncloa han explicado también que Sánchez prevé visitar a mediodía el Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio gaditano de San Roque.

Tras interesarse por la situación y recabar información de los mandos operativos y autoridades que están al frente del dispositivo desplegado para atender a la población, evaluar daños y supervisar las infraestructuras, el presidente hará unas declaraciones a los medios en el ayuntamiento de la localidad.

Andalucía vive este viernes una jornada meteorológica algo más tranquila en la que volverán a abrir prácticamente todos los centros escolares. No obstante, 7.000 personas permanecen desalojadas por la crecida de los ríos en varias provincias andaluzas. Especial atención merece la localidad gaditana de Grazalema, evacuada en su totalidad por la enorme cantidad de agua que se acumula en el subsuelo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido evacuar de emergencia a los 1.500 habitantes de esa localidad gaditana "por prevención". Además de Grazalema, la Junta mantiene desplegados Puestos de Mando Avanzados (PMA) en Jerez de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz, y en Ronda y Casares, en Málaga, y se analizan nuevos desalojos en Arcos de la Frontera, El Puerto y Jerez.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evacuó este viernes el Palacio Nacional junto con periodistas y trabajadores del Gobierno federal, tras activarse la alerta sísmica durante su conferencia de prensa matutina por un terremoto de 6,5 grados en la escala Richter, con epicentro en el sur del país.

La alerta se escuchó mientras la mandataria ofrecía su conferencia desde el Salón Tesorería, lo que obligó a interrumpir el acto y aplicar de inmediato el protocolo de seguridad. “Uy, está temblando", dijo Sheinbaum al percatarse del movimiento, antes de pedir a los presentes mantener la calma.

De acuerdo con la información preliminar, el seísmo, de 6,5 grados en la escala Richter, tuvo su epicentro en el estado de Guerrero, en el sur del país, una de las regiones con mayor actividad sísmica de México. El movimiento telúrico ocurrió a las 07.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La presidenta encabezó el desalojo ordenado del recinto histórico, acompañada por los reporteros que cubren la conferencia y personal del Gobierno federal. En imágenes difundidas posteriormente, se observa a la jefa del Ejecutivo en el patio central del Palacio Nacional, donde permaneció a la espera de las indicaciones de Protección Civil para determinar si era seguro reanudar la actividad.

Al cierre de su conferencia, la gobernante mexicana precisó que hasta las 09.00 hora local (15.00 GMT) se tenían registradas réplicas pequeñas, la de mayor magnitud de 4,2 grados en la Ciudad de México. “Hasta el momento, no se reportan afectaciones ni, afortunadamente, ningún fallecimiento”, aclaró.

México se encuentra en una zona altamente sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que la activación de la alerta sísmica es un mecanismo habitual de prevención, especialmente en la capital del país. Si bien el terremoto tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana.

De acuerdo con el SSN, el seísmo fue considerado como "severo" y avisó que se mantiene la vigilancia en las zonas donde fue percibido.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, afirmó que tras el seísmo personal de Protección Civil estatal, se encontraba recorriendo y revisando diferentes puntos, en coordinación con autoridades municipales, para descartar cualquier riesgo a la población tras el sismo que tuvo epicentro en el municipio de San Marcos. “Hasta ahora, se reportan afectaciones menores”, precisó.

Por su parte, la gobernadora del sureño estado de Veracruz, Rocío Nahle informó en sus redes sociales de que el movimiento telúrico se sintió fuerte en varias zonas del estado y que Protección Civil estatal se encuentra evaluando el territorio. Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal precisó que el seísmo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, señaló.

Sara Aagesen (Madrid, 49 años) acaba de cumplir su primer año al frente del Ministerio de Transición Ecológica. A los seis meses de tomar el relevo de Teresa Ribera, su ministerio afrontó el primer apagón de la historia reciente del país, y este verano la mayor ola de incendios de este siglo. Este jueves hizo balance con infoLibre de estos últimos doce meses y analizó el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática que prepara Moncloa, aunque la oposición ya ha anunciado que no se sumará. En todo caso, la ministra subraya que las principales medidas de ese documento saldrán adelante en los próximos meses, como una campaña de concienciación de la emergencia climática que comenzará en enero. Y transmite la relevancia de este proyecto para Moncloa, algo que traduce, en conversación más informal, en que algunos ejes e hitos de dicho borrador van a conformar la acción de Gobierno durante el primer semestre de 2026.

Antes de empezar con su ministerio, me gustaría saber si el presidente le ha pedido ser la nueva portavoz del Gobierno. Hay rumores sobre ello.

Rumorología. Lo que puedo decir es que la decisión la tomará el presidente y la hará pública cuando lo estime oportuno.

Esta semana ha presentado con el presidente Sánchez el borrador del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. ¿Ha hablado con la oposición?

Este pacto nació en septiembre con la mano tendida a todas las fuerzas parlamentarias, las administraciones y la sociedad civil, y ha resultado en esta propuesta donde algunas comunidades autónomas han hecho aportaciones. Nuestro objetivo ahora es que gran parte de esos debates estén en el Congreso y que tengamos la oportunidad de hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, uno a uno, para que sigan aportando.

Como se trata de un pacto de Estado tendrá que haber consenso. ¿Ha hablado con el Partido Popular?

Nosotros desde el principio les pedimos que mandasen propuestas y de momento no ha ocurrido, pero esperamos que ocurra. Seguramente cuando lo lean los 15 ejes de la propuesta y las 80 actuaciones habrá demandas de otras formaciones políticas. Espero que entonces se unan.

¿El Gobierno es entonces optimista con este pacto de Estado?

Quiero ser optimista porque sería irresponsable para otras formaciones no apoyarlo. Especialmente en un país como España, que es muy vulnerable y donde tenemos que anticiparnos, tener esa red de seguridad de protección a toda la ciudadanía en general.

¿Qué otras cosas tiene pensadas su ministerio para 2026?

Tenemos muchas propuestas para el año que viene alineadas con el cambio climático y con las medidas incluidas en el el borrador del pacto de Estado. En enero puedo anunciar que habrá la primera gran campaña de concienciación contra la emergencia climática para concienciar y estar mejor preparados para actuar. 

Más adelante, también tenemos preparado un paquete de medidas contra la desinformación climática para ayudar a los verificadores de forma muy ágil, con información detallada y científica. Uno de los grandes problemas es que la verificación tiene que ser rápida para que la desinformación no se extienda. Será un bloque de iniciativas con financiación y apoyo para que los verificadores tengan estas capacidades.

Además, tendremos un programa de trabajo de adaptación con horizonte 2030. Se hará a partir del informe de riesgos naturales de hace dos meses, que concluye que España está expuesta a 141 riesgos en 14 sectores, como el sector agrario, el pesquero, el turismo, o la salud. Una actuación concreta, por ejemplo, una dotación de 20 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para que puedan elaborar sus planes contra incendios forestales. Y les ayudaremos también a planificar frente a inundaciones.

[La gestión forestal y la resiliencia hídrica son dos de los ejes del borrador del pacto de Estado, algunas de cuyas medidas el ministerio tiene intención de ir poniendo en marcha de forma inminente ante la emergencia climática, aunque el horizonte temporal para estos hitos se extienda hasta 2050].

Bruselas ha anunciado un giro en la política sobre el coche de combustión. ¿Ha intentado España frenar ese cambio?

La carta que mandó el presidente a la presidenta Ursula von der Leyen fue muy clara: no demos marcha atrás, hay que dar pasos adelante. Creo que es un error histórico para Europa por muchos motivos. Intentar desligar la descarbonización de la competitividad es un error porque son dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de descarbonizar las carreteras hablamos de invertir en salud en las ciudades, pero también de competitividad industrial. Estamos penalizando a los first movers, los que han invertido, y de repente les cambiamos los esquemas. Europa tiene que demostrar liderazgo y tiene que ser un lugar en el que se confíe. No puede ser que ante los problemas se cambien las políticas.

En todo caso, el cambio de rumbo de la Comisión Europea es evidente. ¿Está España desalineada con la nueva agenda de Bruselas?

Yo creo que España está alineada con la agenda verde que ha defendido Europa en su conjunto en los últimos años, y esa agenda verde por la que Von der Leyen apostaba en su discurso de hace solo tres meses. Es verdad que estos movimientos crean distorsión, incertidumbre y son muy negativos. Desde España vamos a seguir con nuestra agenda verde porque da resultados. 

Cambiando a la energía, el Consejo de Estado emitió el informe sobre la retribución de las redes eléctricas durante el próximo ciclo. ¿Se impondrán los números que pide la industria o los que propone la CNMC?

Lo sabremos muy pronto porque tiene que decidirse antes de final de año. El consejo de la CNMC es el competente para definir la tasa de retribución de las redes, pero desde el Ministerio ya emitimos unas orientaciones de política energética en las cuales buscamos un equilibrio que es complejo, pero que es importante. El equilibrio está entre incentivar esas inversiones en un momento donde las redes son fundamentales en la transición energética, pero a su vez también que esa inversión en redes no suponga una carga desmesurada para los consumidores, que al final son los que tienen que apostar por la electrificación con precios competitivos.

También tenemos que tener en cuenta el contexto del mercado, porque las redes son importantes en España, pero también en Portugal, en Francia, en Italia, en Estados Unidos y en Canadá, y por eso pedíamos una señal fuerte que permitiese esas inversiones. Yo lo que espero es que la propuesta definitiva que salga de la CNMC evidentemente sea la adecuada para que esas inversiones estén, y para que el equilibrio de los consumidores sea también el mejor con precios competitivos.

En los últimos años, da la sensación de que ha habido un cambio en la visión del ministerio sobre la energía nuclear. ¿Hace falta alargar la vida de las centrales?

Lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar en el escenario del Plan Nacional de Energía y Clima sin alterarlo. Ha llegado una propuesta de las empresas propietarias de Almaraz para alargar su vida, y ahora está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear emitir un informe que es muy importante para nosotros sobre la seguridad radiológica y nuclear de la planta.

Si ese informe es positivo, ¿dará el ministerio el visto bueno a posponer el cierre?

Lo que hemos dicho es que no vamos a hacer ninguna valoración ni interferencia porque es un informe muy técnico. Esperaremos a lo que salga de ahí para dar el siguiente paso.

Han pasado meses desde aquel apagón de abril. ¿Hay alguna remota posibilidad de que haya de nuevo un apagón esta primavera?

Nosotros hemos identificado en un comité las causas del apagón y hemos puesto una gran cantidad de actuaciones y medidas. También lo han hecho la CNMC y Red Eléctrica, que han actuado sobre el parámetro conflictivo: el control de tensión. Todos los organismos competentes están trabajando para que lo que pasó el 29 de abril no vuelva a ocurrir.

Uno de los problemas que usted subrayó es que las plantas que debían regular la tensión no funcionaron. ¿El ministerio las ha inspeccionado?

El expediente informativo está en manos de la CNMC, que tiene una investigación en curso. Esperaremos a las conclusiones de ese informe para ver qué ocurrió en aquellas instalaciones, que es verdad que reciben una retribución por ese control de tensión. 

Una parte del problema llegó de las compañías, pero no sé si el ministerio hace autocrítica de lo que ocurrió ese día.

Bueno, la autocrítica está en que hemos sido conscientes de la importancia de la supervisión, y eso es lo que pusimos encima de la mesa: unos sistemas mucho más transparentes y una información que pueda ser accesible de forma ágil y rápida. Eso es lo que llevamos a un real decreto ley que decayó en el Congreso, lo que es una verdadera pena. Lo que hicimos después es llevarlo en un real decreto, que tardó más por culpa de ese poco apoyo. Esperamos que esa supervisión ayude.

A finales del año que viene entra en vigor una decisión reciente de la Unión Europea que prohíbe comprar gas a Rusia a partir de 2027. En España, Naturgy tiene un contrato muy importante de este tipo. ¿Han hablado con la compañía sobre ello?

Lo que está muy claro es que nosotros apoyamos la búsqueda de alternativas para la eliminación de cualquier combustible fósil de Rusia. Hemos hecho un análisis y preguntado a las empresas qué podía ocurrir y nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de suministro y que los precios de los consumidores no se distorsionen. Consideramos que las propias empresas eran conscientes de esta decisión desde el primer minuto y han buscado la diversificación de sus fuentes, y nuestra previsión es que no exista un impacto.

Quería terminan con el carbón, porque aunque no haya una norma concreta sobre ello, siempre se ha hablado de que 2025 sería el último año con estas centrales trabajando en España. Esta semana sigue alguna funcionando, ¿hay algún compromiso de cierre?

El carbón es una gran historia de éxito entre empresas, sindicatos y Gobierno de España para que su transición sea justa. Es cierto que en 2025 quedan centrales de carbón, pero sobre el mix eléctrico representa menos del 1%, con una caída sustancial desde 2018. Las pocas instalaciones que quedan pueden obedecer a restricciones técnicas como las de las islas, o quizás alguna de las pocas de la península, pero el objetivo es el fin de la generación con carbón.

No hay entonces un compromiso de cierre con fechas concretas.

En cuanto existan las alternativas, yo creo que las primeras interesadas en cerrarlas son las compañías.

A finales de este siglo, será prácticamente imposible encontrar un lugar que permanezca helado durante todo el año en Europa occidental. Da igual el ritmo al que se caliente el planeta, porque ocurrirá en todos los escenarios.

El primer estudio global sobre el número de glaciares del planeta arroja un resultado dramático para los mayores reservorios de agua dulce de la Tierra. Los cálculos más recientes estiman que el planeta se calentará unos 2,7 °C este siglo, y eso supondrá que de los 211.490 glaciares que quedan en el mundo, únicamente sobrevivirán el 37% a final de siglo. Solo lo harán los más grandes, los situados a mayor altitud y en latitudes más frías, mientras que el resto sucumbirán al calor y se derretirán. Los primeros en hacerlo serán los glaciares europeos de los Alpes y los Pirineos, los del Cáucaso, los de los Andes Subtropicales y los del norte de Asia.

El estudio, publicado este lunes en la revista Nature Climate Change, arroja un futuro especialmente crítico para los glaciares de Europa, donde desaparecerán en un porcentaje mayor que en ningún otro lugar del mundo y será imposible protegerlos incluso aunque se frene drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. En este momento quedan 3.198 glaciares en el centro del continente, y en el año 2100 habrán desaparecido un 87% (si el mundo se calienta 1,5 °C), un 92% (si se calienta 2 °C), un 97% (si se calienta 2,7 °C) y un 99% (si se calienta 4 °C).

Las últimas previsiones de los expertos de Naciones Unidas apuntan a que la tierra alcanzará una temperatura 2,7ºC superior a la media de la era preindustrial (1850-1900), por lo que apenas sobrevivirán 110 glaciares en Europa occidental en 2100. Los autores también destacan que no habrá que esperar a finales de siglo para ver el impacto salvaje de este desastre, porque en 2033 se alcanzará en Europa el ritmo más rápido de derretimiento, con 106 lenguas de hielo desapareciendo cada año. En el año 2040, se habrán perdido alrededor del 50% de los que quedan en este momento.Los investigadores consideran que un glaciar ha desaparecido cuando solo tiene un 1% de su superficie original.

"Para final de siglo prácticamente no quedarán glaciares en Europa, y cuando uno desaparece nunca regresa, salvo que el planeta se vuelva más frío o comience a nevar en grandes cantidades. Estamos hablando de la extinción de los glaciares", explicó en una rueda de prensa Lander Van Tricht, científico y glaciólogo de la Universidad de Vrije (Bruselas) y líder del informe.

Matthias Huss, de la escuela ETH de Zúrich y coautor del estudio añadió: "Estos cambios son realmente dramáticos. Cuando un glaciar desaparece por completo, el paisaje deja de ser blanco y pasa a ser marrón o negro, lo que es muy impactante para el turismo, y por supuesto para la cultura local y las tradiciones. No es solo un problema científico, es algo que realmente toca el corazón y es doloroso para toda la sociedad".

El estudio que se acaba de publicar aporta dos novedades en el análisis de las lenguas de hielo. En años anteriores se habían calculado el volumen de agua dulce que hay almacenada en los glaciares –son la mayor reserva de agua después de los océanos– y el volumen que se va a perder por el cambio climático. Pero hasta ahora no se conocía exactamente cuántos glaciares hay en la Tierra (211.490), ni cuántos quedarán a final de siglo.

Los cálculos que arrojan ahora apuntan a que entre 2040 y 2060 habrá lo que el estudio denomina un "pico de extinción" global de glaciares, ya que se perderán unos 3.000 cada año durante dos décadas consecutivas, un evento climático que el ser humano nunca antes ha vivido. Bajo un calentamiento de 2,7ºC, a final de siglo quedarán 43.852 glaciares (un 62% menos que hoy). Si la temperatura llega a subir 4ºC –un escenario que ahora no se contempla– solo quedarían 18.288.

Los investigadores también explicaron a la prensa que este proceso de derretimiento ya comenzó a finales del siglo XX, y que hoy en día se pierden unos 750 u 800 glaciares cada año. En España, esta semana el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE–CSIC) publicó su actualización de los principales glaciares de los Pirineos, y todos han perdido en el último año al menos un metro de espesor. El glaciar de Ossoue (Vignemale, en los Pririneos franceses) ha llegado a descender en algunos puntos 5,4 metros.

El investigador Matthias Huss confesó en la rueda de prensa que, tras décadas estudiando los glaciares en Suiza, en 2019 ascendió junto a 250 personas el de Pizol, en Suiza, para despedirse ante su inminente desaparición. "En los últimos años se han organizado por todo el mundo funerales a glaciares para despedirse de ellos, pero también para lanzar un mensaje a la humanidad de que eso es una pérdida para todos", dijo.

Solo en los Alpes de Suiza hemos perdido 1.000 glaciares en las últimas tres décadas, el 40% del total, y muchos de ellos no tenían nombre porque eran muy pequeños, de manera que apenas ha quedado constancia de su existencia. "En el Parque Nacional de Suiza, donde la naturaleza tiene un grado de protección muy alto, ya no quedan glaciares", añadió Huss.

La jueza que investiga la causa de la dana ha requerido a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, que aporte en su declaración del próximo lunes el tique del aparcamiento y cualquier otro elemento que acredite el periodo en que estuvo con él el día de la catástrofe.

En un auto de este viernes, la jueza de Catarroja asegura que saber hasta qué momento Vilaplana pudo estar presente durante las llamadas que se mantuvieron entre Mazón y la exconsellera de Interior Salomé Pradas, investigada en esta causa, convierte en útil la prueba solicitada, la obtención del tique de entrada y salida del aparcamiento de la Glorieta de València.

En este mismo auto, rechaza una nueva citación de Pradas "en el presente momento" al objeto de prestar nueva declaración, tras ser pedida por una acusación particular para que aclarara algunas cuestiones a partir de las informaciones que se van obteniendo en sede judicial y a través de los medios de comunicación. 

Virginia Ortiz Riquelme, prima de Juan Alejandro Ortiz, víctima de la dana, y vecina de Letur (Albacete), ha asegurado que quien "omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas" es quien "comete el acto primigenio que deriva en sus muertes", según ha informado EFE.

Así lo ha asegurado al final de su intervención en el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 (229 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía), que ha sido aplaudida por los familiares de los fallecidos.

En su discurso, el último de los tres que han realizado familiares de víctimas, Virginia Ortiz ha señalado que en España la mayoría solo "queremos vivir en paz, pero esta paz solo es posible en sociedades que disponen de libertad, igualdad, dignidad y seguridad", para asegurar que las inundaciones son el fenómeno natural que más muerte provoca.

Pero, ha continuado, "no es este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido" sino que "es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes".

La joven ha afirmado que el rumbo de la sociedad no debe dejarse en manos de "quienes nos alejen de ese concepto pleno de paz". "El poder siempre ha sido nuestro y sé que, unidos, haremos justicia", ha concluido.

También ha agradecido a los profesionales y operarios su trabajo para localizar el cuerpo de su familiar y ha lamentado que no ha ocurrido lo mismo con todos, pues los cuerpos de dos víctimas de Valencia todavía no han sido encontrados.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a los voluntarios y a David Lafoz, uno de los voluntarios que acudió a ayudar con su tractor tras la dana, fallecido este año.

"No estamos solos y hoy más que nunca tenemos que estar unidos", ha afirmado tras recordar a su primo.

Previamente, Andrea Ferrari, hija de Eva Canut, fallecida cuando salía de su trabajo en Riba-roja del Túria, ha defendido que para las víctimas, "ahora mismo, lo más importante es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad".

Y ha lamentado: "Hoy hace un año que nos cambió la vida a todos y todavía sentimos el vacío que nos dejó aquel día", y ha compartido con los presentes que aún siente "el vacío de esos días" que cambiaron su vida.

Cada víctima "deja un recuerdo imborrable, una familia rota", y el funeral de este miércoles "no es solo un homenaje a los que se fueron, sino un reconocimiento" a los que, como ella, siguen "caminando con cicatrices", ha afirmado para defender que mientras exista memoria "nunca habrá olvido".

Otra de las familiares, Naiara Chuliá, madre de dos hijos que perdió a su marido, Slim, cuando este salía de trabajar aquel 29 de octubre, ha señalado en su discurso en el funeral que sus hijos son "su salvación" y que "el momento más duro" de su vida fue decirle a los niños que su padre no volvería.

"Mi vida se rompió en miles de pedazos. Tenía que reconstruirla pero faltabas tú", ha señalado al tiempo que ha lamentado: "Es duro educar lejos del dolor, la rabia y la tristeza cuando tú te sientes así".

Ha recordado a su marido, que llegó hace casi 25 años de su Túnez natal, para añadir: “Yo cuento mi historia, pero aquí hay 237 historias con nombres y apellidos, familias destrozadas y sueños rotos, familias que han perdido más de un ser querido, y niños".

“Hay muchas almas rotas unidas por el dolor” y con la esperanza de encontrar algún día “alguna razón para salir adelante”, en su caso sus dos hijos, según ha señalado en su discurso.

Desde la distancia, el parque de la Albufera se ve sano y limpio. Un mar interior de cinco kilómetros de diámetro de aguas azules donde anidan aves de altísimo valor que atraen a cientos de turistas cada día y que da trabajo a pescadores y arroceros. Pero de cerca, entre los carrizos del interior de la laguna, no hay que rebuscar mucho para encontrar bidones, neumáticos y basura en general que fue arrastrada por la dana de hace un año. Más revelador aún es recoger un puñado de tierra junto a la orilla, porque está plagada de microplásticos que seguirán allí durante siglos si no se recogen. 

La foto que acompaña a este reportaje es la situación en la que se encuentra un pequeño rincón del parque natural, pero así hay nada menos que 210 kilómetros cuadrados de arrozales y humedales. Los enseres más grandes y más visibles –neveras, coches, muebles, colchones– fueron retirados hace meses por la Generalitat y por un ejército de voluntarios, pero restos mucho más pequeños se han quedado en el fondo o enganchados en los juncos y las acequias.

La Conselleria de Medio Ambiente afirma que están trabajando en recuperar su estado anterior a la dana. Raúl Mérida, director general de Medio Natural, asegura a infoLibre que siguen muy de cerca los parámetros del agua, y que en este momento no hay motivos para preocuparse. "Hacemos análisis diarios y la calidad del agua es estable. No está mal, o no está tan mal como después de la dana, y está en fase de recuperación", señala el portavoz. 

Expertos independientes, sin embargo, opinan que el Govern del PP debería hacer mucho más y que peca de optimismo. A pie del lago, el agua luce un verde amarillento, y prácticamente no se distingue nada que esté más allá de 10 centímetros de profundidad. Mérida explica que están trabajando para mejorar la transparencia, pero que en todo caso es "el color tradicional de esta época" porque al estar el lago rodeado de vegetación es normal que se oscurezca. En julio, cuando se sumaron las altas temperaturas, el agua llegó a ponerse naranja por la proliferación de algas.

Uno de los mejores conocedores de la laguna es Carles Sanchís, presidente de la Junta Rectora de la Albufera, un consejo de expertos que asesora a los políticos. En su opinión, se han aliviado muchos de los daños de la dana, pero la situación está lejos de estar controlada y avisa de que los parámetros ambientales son muy preocupantes. "Hay un regreso a la mala normalidad que teníamos antes. Hay un exceso de fitoplancton y de turbidez que si no se corrigen terminarán en un episodio de mortalidad. Tenemos dos o tres años para actuar, o habrá una generación entera de valencianos, los nacidos a partir de los años 60, que nunca verá la Albufera cristalina", advierte. 

Javier Jiménez Romo, biólogo con más de 20 años de experiencia trabajando en esta reserva, también describe una situación completamente opuesta a la de Raúl Mérida. Denuncia que la Generalitat trató desde poco después de la dana de dar la imagen de que la Albufera estaba recuperada, pero un año después continúa colmatada de basura. Mientras recorre los alrededores del parque, muestra botellas y latas perfectamente prensadas que continúan encajadas en recovecos. "Están aplastadas porque formaban parte de balas gigantes de envases que fueron arrastradas desde centros de residuos y reventaron", explica.

La contaminación química es uno de los grandes peligros de la dana sobre la Albufera porque llegaron toneladas de medicamentos, aceites industriales y productos químicos de toda la industria que rodea la cuenca. El portavoz de la Conselleria de Medio Ambiente afirma que tuvieron la suerte de que "muchos de estos productos quedaron contenidos en sus envases y no se vertieron", pero Javier Jiménez lo niega categóricamente. "Es ridículo. ¿Estamos hablando de que la dana partió coches por la mitad, pero los bidones y blísteres de medicamentos sobrevivieron?. Hay un interés en trasladar el mensaje de que el problema no fue tan grande y que todo está bajo control, pero no es así", contesta.

Además de los residuos de tamaño mediano que permanecen todavía –zapatillas, macetas, el tapacubos de un coche…– la tierra está plagada de trozos de diferentes plásticos por todos lados. La misma situación que cuando hace dos años las playas de Galicia se llenaron de bolitas en la crisis de los pellets, pero esta vez sin la alarma social de entonces. Poco a poco estos pedazos se van haciendo cada vez más pequeños y se filtran a través del suelo o se mezclan con el agua, y acaban en los acuíferos de los que luego se bombea el agua de boca o en el estómago de los peces.

Una de las víctimas colaterales son los pescadores del humedal. La única cofradía de la Albufera está en el Palmar, un pequeño municipio al sur de la laguna, y se fundó nada menos que en agosto de 1838. En realidad, los primeros pescadores comenzaron a trabajar allí hace 775 años, cuando el rey Jaume I les otorgó los permisos para explotar. Pero el trabajo ha cambiado mucho desde entonces, no por los avances tecnológicos, sino porque la calidad del agua ha caído tanto desde el colapso del parque de 1973 que ahora la bahía está dominada por especies invasoras como el lucio, el cangrejo azul o la carpa.

El mayor enemigo de la pesca no son solo los residuos de la dana, también la putrefacción de la vegetación muerta que cae al agua, aunque este problema lleva décadas vigente. Alrededor de la laguna central hay además 150 kilómetros cuadrados de arrozales –seis veces el tamaño del propio lago– que se cosechan en septiembre, y este proceso produce toneladas de paja inservible. Este residuo tradicionalmente se quemaba o se recogía en las siguientes semanas, pero este año no dio tiempo porque los campos se anegaron con la dana de octubre de 2025. Este problema recurrente provoca que la paja se pudra bajo el agua, convirtiendo los arrozales en ciénagas cuya agua acaba en la Albufera y empeora todavía más situación.

"El riesgo de que llueva está ahí, pero hay mil técnicas para evitar que estas aguas negras lleguen al lago. Habrá que ayudar a los agricultores a prevenirlo porque ellos ya están pasando lo suyo", afirma Amparo Aleixandre, portavoz de la Comunidad de pescadores de El Palmar. "En todo caso, las especies se pueden consumir y están bien", reitera.

Raúl Mérida, alto cargo de Medio Ambiente, afirma que por ahora "no ha habido un problema de falta de oxígeno, ni de mortalidad" en la Albufera, pero Amparo le contradice: "En los campos de arroz hay peces muertos. De hecho, hoy les he escrito un WhatsApp. El problema existe y lleva 20 años", contradice Aleixandre. Las carpas son las primeras en morir porque se meten por los canales hasta los arrozales y allí los episodios de anoxia son mucho más fuertes que en el lago.

Pero es que además, a la Albufera llegan aguas que recogen todos los residuos que acaban en las ramblas de la provincia, y ya se han detectado niveles altos de PFOS en los peces, hasta el punto de que desde hace casi un año ya no se pueden capturar carpas en la laguna. Los PFOS son uno de los tipos de los conocidos como contaminantes eternos: provienen principalmente de la industria y están relacionados con problemas graves de salud.

La Generalitat es la principal responsable de la conservación del parque, aunque el Ministerio de Transición Ecológica también tiene competencias, así como los ayuntamientos de la zona. La semana pasada el Gobierno central anunció un plan de 56,3 millones de euros con un proyecto principal que consiste en crear un anillo vegetal que proteja el humedal, como ya se está haciendo en Doñana o el Mar Menor, donde la agricultura y la ganadería intensiva han causado estragos similares. Sumado a esto la inversión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la inversión total es de 132,5 millones. El último parte de la Generalitat también eleva su partida a más de 100 millones, y su próximo trabajo será dragar del fondo para retirar la ingente cantidad de sedimentos agrícolas que llegaron con la dana.

Javi Jiménez contesta que estos grandes montos de dinero están muy bien, pero que hay que fijar una meta clara de a dónde se quiere llegar, porque parece que la Generalitat se contenta con regresar a la situación que había el día antes de la dana. "En cuatro décadas de proyectos e inversiones hemos visto que esto no tira para adelante. Un objetivo claro podría ser de aquí a diez años, tener el agua transparente", propone. "Y para eso hace un presupuesto estructural anual acordado con pescadores, ecologistas, cazadores, agricultores...".

Aunque ahora parezca mentira, hace un siglo estas aguas eran cristalinas, pero en 1973 la reserva sufrió un colapso total por el crecimiento urbano y agrícola a su alrededor, hasta el punto de que la bahía –originalmente de agua salada– estaba incluso en peores condiciones que tras la dana. En 1986 recibió la figura de Parque Natural para intentar impulsar su recuperación, y después entró en la prestigiosa lista de humedales Ramsar (1989) y en la Red europea Natura 2000. "Estamos mucho mejor que en los años 80, pero notablemente peor que hace siete años", resume Carles Sanchís, doctor en Geografía por la Universitat de València.

Las memorias del parque revelan que en 1981 se alcanzaron concentraciones de clorofila (fitoplancton) de 500 mg/L de agua, mientras que en 2023 –última memoria disponible– era de 150 mg/L. En todo caso, esa cifra dobla el límite a partir del cual un estanque se considera en situación hipertrófica, donde la proliferación de vegetación es extrema y se come el oxígeno. Los análisis del Ministerio de Transición Ecológica tras la dana también identifican niveles elevados e incluso del límite legal de sulfatos, magnesio disuelto, glifosato, calcio disuelto y fósforos.

A pesar de que siempre nos quejemos y de que vendan más los mensajes derrotistas, los centros educativos españoles están repletos de jóvenes sensibles ante las tragedias que nos rodean.

La constante repulsa ante el bullying, cuya punta del iceberg es una nueva convocatoria de huelga estudiantil, sólo es una muestra más de la porosa piel de una juventud enrabietada ante las injusticias. Ocurrió igual hace poco ante la masacre de Gaza.

Hace un año, multitud de jóvenes llegados de diversos lugares demostraron su grado de implicación, compromiso y solidaridad acudiendo día a día a localidades como Paiporta o Alfafar para limpiar de escombros y lodo en muchos rincones afectados por la magnitud de la dana. Mientras lo hacían y se publicaban las noticias destacando esta capacidad de entrega, algunos nos remontamos todavía más atrás en el tiempo, a 2021, para recordar cuando los medios de comunicación anunciaban otra tragedia: la del volcán de Cumbre Vieja, ahora Tajogaite, que entre otros daños sepultó en La Palma con el paso de su lava tres colegios, dos de ellos escuelas unitarias. Se hundían así bajo tierra las esperanzas que muchas familias y docentes ponen en la educación para cambiar las cosas.

La respuesta formal, administrativa, frente a la tragedia es lenta, porque lenta es la burocracia: la catástrofe de la dana sigue rodeada de preguntas, de incógnitas, y muchos de los daños materiales provocados por la colada del volcán de Tajogaite continúan sin reparación. Luego vemos otro tipo de respuestas, que nos dictan que los nuevos tiempos hacen emerger nuevas prioridades: por ejemplo, las autoridades educativas acaban de sacar adelante un Plan nacional de formación ante emergencias de protección civil en centros educativos. Este proyecto obliga a que contenidos sobre inundaciones, terremotos, riesgos volcánicos o incendios, entre otros, se impartan anualmente dentro de las distintas áreas o materias, en todos los centros escolares.

Estas tragedias y las movilizaciones que aparejan evidencian que hay otro tipo de daños, los que tienen origen emocional o moral, que apenas se reparan con grandes inversiones o despliegues materiales. La pérdida, el duelo o la despedida son daños complejos, casi siempre irreversibles, pero afrontarlos en comunidad, desde una mirada educativa, puede aliviar la herida que provocan. Y la escuela tiene siempre muchas respuestas para ello.

La escuela contemporánea tiene como nueva responsabilidad educar frente a las injusticias ligadas a grandes tragedias que acarrean daños materiales y humanos. Que lo que se aprenda en las aulas repercuta en una transformación en la forma de pensar o en la mejora del entorno desde una visión ética y humanitaria es una de las grandes lecciones que nos deja una nueva forma de entender la educación, de dimensiones más morales.

Muchos centros están ahora mismo embarcados en iniciativas comunitarias que alientan este espíritu de vinculación y solidaridad como fuentes de esperanza. Son proyectos medioambientales, sociales, culturales o científicos que repercuten directamente en la mejora de lo que nos rodea. Del aprendizaje colaborativo al llamado Aprendizaje Servicio (ApS), algo nos dice que los tiempos van cambiando, y que muchos cambios llevan aparejados el trabajo sobre la trascendencia de la pérdida, la tragedia humana, material y social. El sistema educativo no es ajeno a ello.

Los docentes de lenguas sabemos que la llamada competencia comunicativa y la literatura representan una llave que abre el significado de muchas realidades que nos rodean. Desde saber verbalizar el dolor que compartimos con otros hasta identificarnos con personajes de ficción que en grandes obras de la literatura universal también afrontaron procesos traumáticos o dolorosos.

Ese es el valor que desde la Sociedad Canaria “Elio Antonio de Nebrija” de profesorado de Lengua y Literatura hemos querido dar a nuestro XIX Encuentro y Muestra de Experiencias Didácticas, en el que también colaboran la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo Insular palmero. Lo celebraremos este año entre el 6 y el 8 de noviembre en la isla de La Palma, que sufrió hace cuatro años la erupción del Tajogaite, e incluirá un homenaje a la poeta Elsa López, premio Canarias de Literatura 2022. Al fin y al cabo, la poesía es expresión honda de las emociones, de la subjetividad necesaria para aprender a expresar con palabras la significación de la tragedia.

Será simbólico el hecho de que la inauguración tenga lugar en una histórica biblioteca de la capital palmera: la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma. Al fin y al cabo, las bibliotecas son memoria, reconstrucción de la existencia y, en cierto modo, refugio de la esperanza. Decía Borges sobre las bibliotecas, al recibir el Premio Cervantes: “Yo, que me figuraba el Paraíso bajo la especie de una biblioteca, no he perdido la esperanza."

El punto culminante del Encuentro va a ser la muestra del intercambio epistolar que niños y niñas de La Palma y la Comunidad Valenciana han mantenido sobre sus vivencias en torno a la idea de tragedia, en todas sus matices y magnitudes. Separados por miles de kilómetros, han compartido experiencias tejedoras de su existencia, pero que también los han unido en la distancia. Todo ello con sus miedos y deseos, pero también desde el necesario sentido del deber compartido que tiene el haber sido, sin buscarlo, protagonistas del relato trágico que a veces encierra la cara amarga de la existencia.

Un año después de la dana y cuatro después de la erupción volcánica, las comunidades educativas de Canarias y Valencia se unirán por unos días en el compromiso, en la exploración de los matices del drama individual y también colectivo, en la intención de educar en la responsabilidad y en la idea de que, ante la tragedia, nunca estamos solos.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

La dana del 29 de octubre del año pasado redujo el porvenir de muchas personas a la nada. A 229 de ellas les quitó la vida, a sus allegados los dejó sumidos en la amargura permanente, porque saben que casi todo se hizo mal; siendo generosos diremos que se podría haber hecho mejor. Todo falló en los sistemas de protección, esos que se supone asegura el Estado de bienestar en el que nos dijeron que estábamos instalados. Llegaron, tarde pero fueron de gran ayuda –Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, contingentes de bomberos y mucha gente voluntaria– a paliar el efecto desastroso, movidos por su corazón herido y el impulso de su pensamiento colectivo.  

De nada sirvieron las continuadas gotas frías y sus efectos que aparecen registradas en documentos antiguos y de las cuales hay 6 registros dolosos solamente en el siglo XIX. Nada, o casi nada, quedó de aquella enorme riada de 1957 que se llevó por delante la vida de 81 personas y cuantiosos daños materiales. Bueno, ahora que lo pienso, algo sí: las obras de canalización del último tramo del Turia y varias carreteras. Esas que ahora han dirigido las aguas hacia pueblos más allá del llamado Plan Sur, anegando grandes extensiones de zonas habitadas y plagadas de otras construcciones, que ahora han soportado graves afecciones. Nada se pensó para prever lo que podía suceder casi con total seguridad. La indefensión vital se limita a incertidumbres que llegarán a ser certezas.

Nada es decir demasiado poco, quizás algo cambiarán las percepciones pero al final es posible que queden en casi nada, comparado con la inmensidad de tareas pendientes. Una de las principales es mejorar la gobernanza ante posibles repeticiones. En esta dana algo ha estado claro para la mayoría de la gente: no funcionó casi nada en la cadena de gobernanza de lo público. Nada ha repercutido por ahora en quienes se parapetaron detrás de la nada para no verse enfangados por la dana.

Estas ‘nadas’ nos enseñan que la vida no es fácil, que hay incertidumbres y dificultades para vivir, pero también estas pueden despertarnos. Quizás, no se sabe a ciencia cierta, esta dana nos sirva para prepararnos ante la próxima. Mario Benedetti nos poemó que “hay quienes imaginan el olvido como un depósito desierto/ una cosecha de la nada, y sin embargo, el olvido está lleno de memoria”. Memoria que expresan una parte de los damnificados en sus demandas de acción política, no exentas de proclamas contra quienes, presuntamente, no hicieron nada.

Desde fuera, en otros territorios, percibimos la nada política en quienes, presuntamente, tuvieron mucha responsabilidad y su cara y una parte de sus hechos adoptan una compostura como si nada hubiese pasado. Me refugio en una estrofa de otro poema del uruguayo, aunque pienso en varios protagonistas no los delato: “alguna vez la nada será mía y yo / curioso la venderé al mejor postor y si él / a su vez / desencantado la subasta en la plaza / podré esfumarme al fin como si nada.”

Como él nos enseña proponemos decir en voz alta, para que nos escuchen todos los damnificados, una adaptación de algo suyo: No, no sufrimos de amnesia, solo queremos acordarnos de lo bonito –la claridad que se nos fue del pasado placentero-. A eso lo llamaríamos memoria selectiva –también sobre las querencias políticas– porque es muy saludable tenerla. Ponerla en práctica –quizás con nuestro voto– nos ayudará a homenajear a los damnificados, porque su dolor nos enseñará a recordar.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.