Nos faltaba la mitad de la Historia. Y nos falta todavía buena parte. Los avances no se levantan casi nunca de cero. Alguien empujó antes. Pero quiénes. No es una forma de hablar para explicar que la historia que vivieron y movieron las mujeres no había sido contada. O, más justo, que ha sido ignorada deliberadamente, mantenida de forma consciente en la oscuridad, en el territorio de las puertas para dentro del hogar, donde no siempre estuvieron. Ellas en la sombra, aquellas que impulsaron avances, que se rebelaron, que se arriesgaron cuando la sociedad no estaba a favor de permitir su libertad, pero también las que resistieron en el lugar que se les asignaba y las que se derrumbaron bajo un tejido social y familiar patriarcal que durante siglos nos aplastó.

Mucho silencio.

Frente a esa desmemoria, desde hace un tiempo, surgen narrativas que encienden luces en espacios que nunca antes fueron iluminados. Y una se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí ignorándolo, desoyendo sus nombres o nombrándolas con muy escaso conocimiento, siguiendo adelante con una historia desequilibrada que pretendió y había conseguido ser única. Hasta ahora. El feminismo es también un ajuste de cuentas con los relatos anteriores que tensa la posición de lo fijado. Que desestabiliza lo consensuado. Que propone nuevas palabras para lo político. Que remueve el gran caldero de lo que ya fue escrito. Por eso, el feminismo es revolución.

Este año se cumplen cien de la fundación del Lyceum Club Femenino, una institución fundada durante la dictadura de Primo de Rivera y desconocida hasta hace muy poco para casi todos. Lo cuenta Eva Cosculluela en El club de las modernas (Seix Barral, 2026), un ensayo narrativo de honda investigación que explica cómo un grupo de mujeres se unió y reunió hasta que la Guerra Civil también terminó con el sueño de la igualdad. María de Maeztu, Zenobia Camprubí, Clara Campoamor, Victoria Kent, Isabel Oyarzabal, María Lejárraga, María Rodrigo y muchas mujeres más de distintas disciplinas e ideologías, ateas y devotas, republicanas y monárquicas, intelectuales que se pusieron de acuerdo y salvaron las diferencias para dar un fuerte impulso al poder transformador de la cultura y de la educación para nosotras.

El Lyceum nació contra viento y marea. Una institución antifamiliar y anticristiana, dijeron de ellas. Ataques en la prensa y campañas: “¡Desgraciados niños que tienen una madre liceómana!” Proyectaron ideas, algunas se consiguieron y otras no: la Casa de los Niños, una guardería laica que atendía a los hijos de las trabajadoras; el Comité del Libro para El Ciego, una biblioteca circulante de libros para que las personas con discapacidad visual pudieran leer o la relevante petición presentada al Gobierno para promover una reforma legal que terminara con la denigración de las mujeres, con normas que reconocían al hombre como autoridad única dentro del matrimonio. Pero, sobre todo, y esto sí molestaba, dio espacio al diálogo que nos entendía como mujeres libres y seres humanos con pensamiento propio.

La última aparición del Lyceum en la prensa, recuerda Cosculluela, es una pequeña nota del 5 de agosto de 1936 donde agradecen la solidaridad de las socias y simpatizantes por los donativos recibidos para enviar al frente.

El año que viene se celebra otro centenario, el de la mítica Generación del 27, y esperemos que, por primera vez, se ponga en nómina a las mujeres que también formaron parte, completando la lista que ha trascendido por libros de texto y conmemoraciones anteriores: Maruja Mallo, Josefina de la Torre, Concha Méndez, María Teresa León, Rosa Chacel, María Zambrano y otras tantas. No solo como mujeres de, sino como intelectuales con peso artístico, político y público. Víctimas de la Historia que escribieron ellos: la de la guerra, del exilio, de la dictadura y de la Sección Femenina, que pasó a ocupar el espacio del Lyceum en la Casa de las Siete Chimeneas muy poco tiempo después.

Sirva ese expolio simbólico y físico, como lo llama la autora en su último capítulo, para recordar que la libertad y los derechos se pierden de un día para otro y que, como decía Almudena Grandes, la línea del progreso no es siempre una línea recta. Que hoy, hay a quien no le interesa leer sobre esto; que hoy, hay quien nos quiere todavía quietas, desunidas e ignorantes de nuestra propia historia. Pocas cosas más inspiradoras que la constancia de que otras estuvieron primero, que empujaron primero, que abrieron camino, que encendieron la luz. 

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, impartió este martes una clase magistral de cómo la misoginia y los sesgos machistas están todavía presentes en casi todos los espacios. Lo hizo en una rueda de prensa y ante decenas de periodistas. "Esto lo ha escrito una mujer que no sé si ni siquiera sabe de fútbol", lanzó refiriéndose a la periodista del diario ABC María José Fuenteálamo. A otra comunicadora, Lola Hernández, le concedió el micrófono así: "A ver, esa niña, también tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos". 

Al otro lado del teléfono, Fuenteálamo resume lo sucedido con una exclamación que bien podría ser un lema común para el conjunto de las mujeres: "Qué cansancio histórico". Aun extenuada por el señalamiento del empresario, la periodista cree que sus palabras tienen un valor incalculable para demostrar que el machismo "sigue estando ahí, si es que hay alguien que lo dude a estas alturas". 

Los comentarios del empresario han resonado con fuerza y su eco ha lanzado algunas preguntas, no solo sobre las raíces del machismo en el mundo del deporte, sino también sobre la respuesta social e institucional hacia conductas que parecían abocadas a la extinción. "Responde a una cultura machista muy profundamente integrada en la vida de las personas, sobre todo de algunas personas de más edad", ha sentenciado este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, destacó en redes sociales que "las periodistas deportivas merecen respeto profesional" y por tanto "no deben ser infantilizadas, ignoradas o cuestionadas por el hecho de ser mujeres". A su juicio, "el menosprecio machista a estas periodistas solo nos dice que tenemos que seguir luchando contra el machismo estructural en el deporte".

Y la eurodiputada Irene Montero ha planteado que se trata de una "forma muy evidente de despreciar" el trabajo de las mujeres, "su competencia profesional y su formación". En definitiva, ha añadido, "él no está viendo a una periodista, está viendo a una mujer a la que cree que puede tratar como un ser inferior". La también exministra de Igualdad ha concluido señalando que "para muchos hombres poderosos, el machismo es su forma de vida y no hacen ningún esfuerzo por cambiar, porque saben que su poder les protege y les da impunidad".

María José López, abogada y directora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), enmarca las palabras del jefe del club deportivo en una "actitud totalmente antigua y caduca". No cree que sea una anomalía, en términos generales, pero sobre todo no resulta extraño en un mundo como el del fútbol. "Todavía existen comportamientos paternalistas. Como la incorporación de la mujer es relativamente reciente, parece que debemos pedir permiso para ejercer nuestra actividad", asiente en conversación con este diario. Los comentarios machistas expresados el martes "responden al propio personaje, pero también esconden actitudes que sí vemos en el deporte". 

A la misma conclusión llega la periodista feminista Montserrat Boix. "En algunos espacios, como el futbolístico, no ha cambiado nada", lamenta. La comunicadora, sin embargo, cree que sí hay un avance de puertas para afuera: "Lo interesante es que esto ya parece raro y anacrónico".

La escritora feminista Laura Freixas, expresidenta de la organización Clásicas y Modernas, no lo tiene tan claro. Ella sí percibe un retroceso generalizado, producto del peso que han ido ganando "las ideas machistas y reaccionarias" en todo el mundo. La actitud de Florentino Pérez, remarca la escritora, tiene mucho en común con la de Donald Trump, quien se ha ensañado especialmente con las mujeres periodistas. En ese contexto, la respuesta debe pasar por "una censura social, una reprobación por parte de políticos, periodistas y todos los estratos de la sociedad".

La conversación en torno a las palabras del empresario no se limita al análisis sobre el machismo estructural que se instala en el mundo del fútbol, sino que plantea una necesaria reflexión sobre la tolerancia hacia este tipo de conductas y la respuesta social ante quienes las ejercen. Con este telón de fondo, cabe preguntarse qué implicaciones tiene que en la sala de prensa donde Florentino Pérez se expresó el martes no sobrevolara ningún reproche por parte de los allí presentes, sino solo silencio cómplice. 

En esa línea se ha pronunciado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández: "Tolerancia cero contra el machismo significa esto: si Florentino Pérez no pide disculpas a la periodista y a las mujeres, ningún representante público debería volver a ponerse a su lado. Ni en el palco. Ni en las cenas. Ni en las fotos".

Lo cierto es que el paso de los años parece haber ido diluyendo aquella suerte de consenso social en torno a la necesidad de señalar, impugnar y corregir los sesgos machistas que se han reproducido siempre en todos los espacios, una tarea planteada por el feminismo que llegó a tener calado en prácticamente todas las esferas.

En mayo de 2018 nacía la iniciativa No sin mujeres, alrededor de la que se agrupaban economistas y académicos españoles de renombre. A través de un manifiesto publicado entonces, todos ellos se comprometían a no participar como ponentes en ningún evento o mesa redonda sin la presencia de mujeres expertas. La mecha prendió rápidamente y enseguida caló en casi todos los lugares donde la ausencia de mujeres se convirtió en un anacronismo que no debía tener cabida. Meses después, lanzaron su propio manifiesto centenares de profesionales y activistas del sector energético. Clamaban que En energía no sin mujeres.

Aquel mismo año nacía, en el mismo sentido, la iniciativa Sin mujeres, no hay panel, en el seno de la Comisión Europea. El proyecto buscaba "concienciar sobre la importancia de la igualdad de género en paneles y eventos públicos", garantizando la presencia de al menos una mujer panelista. La reacción fue masiva e interpeló a toda la sociedad, derivando en iniciativas concretas para dejar no solo de participar, sino también de asistir o consumir cualquier contenido que no contara con mujeres.

Alrededor de estas corrientes emergieron también bases de datos de expertas, como Sí con mujeres o Brussels Binder. El mundo ya no tendría excusa para no incluir sus voces. Y si así sucedía, la ausencia de mujeres se daba de bruces con un reproche generalizado y sin titubeos. Ocurrió con Nadia Calviño en 2022. La entonces ministra de Asuntos Económicos se negaba a ser retratada en un acto sobre liderazgo empresarial en el que no figuraba ni una sola mujer. Aquella decisión era producto de una promesa que había realizado meses atrás: no participar en debates sin presencia femenina.

Aquella eclosión que nació al calor de las movilizaciones feministas masivas parece haber ido perdiendo fuerza con el paso de los años. En 2024, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, posaba sonriente en una fotografía junto a más de una docena de grandes ejecutivos, todos hombres. En el centro de la imagen, el presidente argentino, Javier Milei. Era solo una muestra de cómo el avance reaccionario empezaba a revertir las conquistas feministas.

En los medios de comunicación, la representación femenina tampoco está para celebraciones. Un informe publicado el año pasado con el apoyo de ONU Mujeres concluía también que ellas siguen infrarrepresentadas, pues suponen solo el 29% de los sujetos y fuentes de las noticias en los medios tradicionales y el 27% en los digitales. "La visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación sigue siendo inferior a la de los varones", advertían las expertas, "una situación que no ha mejorado con el tiempo".

Y en febrero de este año, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) destacó que las radios y televisiones catalanas han reducido la presencia de mujeres en la información política en los últimos dos años, según su informe El pluralisme polític en els continguts informatius i d'actualitat de la televisió i de la ràdio lineals. La vicepresidenta del organismo, Laura Pinyol, afirmaba que "estamos lejos de la paridad en los informativos, donde el esfuerzo por la representación de las mujeres parece haber pisado el freno".

Como sociedad, tendemos a creer que en el pasado la violencia estaba más extendida que hoy en día, resultado de las pulsiones de gentes rudas e ignorantes, incapaces de actuar de otro modo. Pero interpretarlo así nos impide comprender un aspecto fundamental: la violencia no era irracional. Al igual que ocurre en la actualidad, respondía con frecuencia a unas estrategias concretas.

En la Edad Media, la guerra era un arte complejo en donde se llegó a utilizar la violencia contra las mujeres como instrumento de agresión hacia los hombres. Durante los siglos medievales, la honra de la mujer marcaba el valor del hombre y de su grupo familiar. Atacarlas a ellas, y en particular a su virginidad, significaba atacarlos a ellos.

Visto así, la masculinidad descansaba en el control del grupo familiar al que uno pertenecía.

Nuestra investigación ha analizado cómo, en medio de la guerra civil que destruyó el reino de Navarra al final de la Edad Media (1450 a 1521), los dos bandos en conflicto, conocidos como agramonteses y beaumonteses, utilizaron a las mujeres nobles como instrumentos de ataque y consolidación del linaje.

El conflicto nace de la guerra sucesoria que se entabló, tras la muerte de Blanca de Navarra, entre Juan II de Aragón, su esposo, y el príncipe Carlos de Viana, su hijo. Los beaumonteses, con el conde de Lerín a la cabeza, defendían la legitimidad del príncipe, mientras que los agramonteses obedecían a Juan de Aragón. Con el estallido de la guerra, la nobleza se alineó con cada uno de los bandos en función de sus intereses, fidelidades y, especialmente, de los rencores enquistados entre familias desde hacía generaciones

La fuente principal de este estudio es un texto que relata casos de estas violencias contra las mujeres, escasos en la documentación del periodo. Esto hace que su hallazgo sea excepcional.

Se trata de un memorial de agravios redactado hacia 1456, en el que se reúnen 87 acusaciones hacia el bando beaumontés y sus líderes, los ya mencionados príncipe de Viana y conde de Lerín. La intención de este texto era justificar el desheredamiento de Carlos (heredero al trono de Navarra) y legitimar la sucesión de la casa de Foix (en la persona de la infanta Leonor, hermana de Juan II, y de su marido, Gastón de Foix).

Dentro de esas 87 acusaciones se incluyen ocho agravios hacia mujeres nobles, relacionados siempre con la pérdida de la honra femenina.

Algunas de estas denuncias describen intentos de agresión sexual, como la acontecida a la princesa Inés de Cleves, esposa del príncipe de Viana. En este caso, el conde de Lerín y sus secuaces trataron de provocar el adulterio de la princesa con propuestas deshonestas constantes y, al fallar estas, llegaron incluso al intento de agresión sexual y, más tarde, a su envenenamiento. El objetivo que perseguían los de Beaumont era casar a una mujer de su propio clan con el príncipe, para lo que necesitaban deshacerse de Inés de Cleves.

También, y sobre todo, se incluyen matrimonios forzosos promovidos por los beaumonteses para ampliar su red de alianzas y debilitar a los agramonteses. Lo hacían uniendo a las mujeres, por ejemplo, con un linaje inferior, algo que repercutía directamente en el grupo familiar al que ellas pertenecían. Las acusaciones insisten en la coacción (“por fuerza”) ejercida para imponer enlaces, romper acuerdos previos o desheredar a quienes se negaban a aceptar matrimonios con miembros –a menudo bastardos– del linaje Beaumont.

Como se ve, las mujeres quedaban reducidas a piezas de intercambio político. Sin embargo, formalmente las víctimas directas eran los varones, que veían vulnerado su derecho a concertar los matrimonios de sus hijas.

En una sociedad en la que la honra de la familia descansaba en la sexualidad y el comportamiento de sus mujeres, garantizar la virginidad, la legitimidad de la descendencia y la adecuación de los matrimonios era esencial para preservar patrimonio y prestigio. Siguiendo esta lógica, atacar la honra de una mujer implicaba dañar al conjunto del linaje. Por ello, la coacción matrimonial, las amenazas y las agresiones sexuales fueron utilizadas como armas políticas.

Lejos de ser un fenómeno puntual, nuestro estudio muestra el empleo sistemático de estas estrategias. Esta forma de entender la honra y su defensa dejó una huella profunda en la cultura política y social de los siglos siguientes que llega incluso hasta el momento actual.

Si en la Edad Media la violencia contra las mujeres podía ser un recurso de guerra, en la Edad Moderna su control cotidiano pasó a sostener todo un orden social. La mujer quedó relegada al espacio privado, en donde se la enseñó a guardar su honra y la del grupo familiar al que pertenecía, a través de todo un conjunto de normas. En algunos casos, dichas normas se expresaron a través de conocidos manuales de conducta como La perfecta casada (1583) de fray Luis de León, texto que ha servido de guía para las mujeres españolas hasta fechas recientes.

Entre ambos momentos no hay una ruptura total, sino la transformación de una misma lógica: la que convierte a las mujeres en garantes del honor ajeno.

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Íñigo Mugueta Moreno es profesor Titular de Historia Medieval, Universidad Pública de Navarra y Alicia Inés Montero Málaga en Historia Medieval, Universidad Autónoma de Madrid. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Abril de 1926. Un grupo de mujeres procedentes de la élite intelectual buscaba desesperadamente la forma de construir un espacio seguro, algo así como un hogar propio para intercambiar ideas, crear y tenderse la mano unas a otras. Cuando la dictadura de Miguel Primo de Rivera comenzaba a tambalearse, nacía el Lyceum Club Femenino de Madrid, con nombres como el de Clara Campoamor, Victoria Kent y María Lejárraga entre sus impulsoras. Aquel sería un ejemplo pionero de cómo el ímpetu, la ambición y la organización de las mujeres eran capaces de cimentar nuevos mundos. Su estela ha permanecido a lo largo de los años en la voluntad imparable de organización feminista, hasta hoy. 

Este viernes tendrá lugar en València la presentación de una nueva iniciativa que bebe de aquel espíritu: la red social La Nuestra. "Somos herederas de esa tradición, por eso hemos quedado para encontrarnos y para bailar", celebra la escritora Cristina Fallarás. La red social nace con el objetivo de "rescatar, preservar y dar visibilidad a todos los testimonios" de víctimas de algún tipo de violencia de género, tras haber constatado la deriva hostil de las plataformas ya existentes, donde los relatos de las mujeres no tienen cabida "porque el algoritmo los hace desaparecer". 

La Nuestra tiene, por tanto, el propósito de "relatarnos en un lugar que sea nuestro y poner a las mujeres en contacto con la garantía de que lo estarán haciendo en un sitio amable". El potencial político de la iniciativa es claro: "La transformación radical". En un contexto de avance reaccionario, en el que "los fascismos se basan en mentiras y abstracciones no demostrables", los testimonios de las víctimas son una poderosa herramienta para combatir y desmontar sus discursos. 

La Nuestra dirige inevitablemente la mirada hacia todas aquellas que la precedieron. Lo que hoy es una red social, antaño fue el salón de una casa en el centro de Madrid. El Lyceum Club Femenino "fue el primer espacio genuinamente femenino en el que se implantó una nueva sociabilidad", escribe la investigadora Rocío González Naranjo en su libro Marisabidillas, frívolas y peligrosas (Hoja de Lata, 2026). Durante toda su existencia, comparte la historiadora, la organización "fue un ejemplo de actividad colaborativa en todos los ámbitos del saber", pero la historia "androcéntrica –y de los vencedores– condenó" al club al "ostracismo, sufriendo una violencia simbólica que perdura en nuestros días". 

"La necesidad de reunirse comenzó, seguramente, en una tertulia" y fue producto de un "ambiente de ebullición asociacionista", documenta la historiadora. Aquellas mujeres pioneras tenían un espejo en el que mirarse: una treintena de clubes similares habían echado a andar en todo el mundo. El fervor de las mujeres era internacional e imparable. Aunque no resulta sencillo atribuir una única autoría a la constitución del foro, la escritora cree que "hay que verlo como una iniciativa plural, pues la necesidad de un espacio propio se fue haciendo más urgente entre estas mujeres, deseando aportar cada una su granito de arena en la creación de una habitación propia". Todas ellas, añade, "buscaban un hogar en el que poder reunirse". 

A lo largo de una década, las socias realizaron "grandes cosas que parecían imposibles para las mujeres en aquella época", como la creación de una guardería gratuita para los hijos de las trabajadoras o la puesta en marcha de cursillos para analizar el encaje de las mujeres en la legislación. "Se expusieron públicamente, participando en los debates políticos más trascendentales de la Segunda República en lo que respecta a las mujeres", como el voto femenino o la abolición de la prostitución. Y, sin embargo, aquello que construyeron se quedó encallado en los márgenes del relato histórico, una suerte de herencia de la burla pública que sufrió entonces aquel grupo de mujeres organizadas. 

El club fue caricaturizado como un espacio donde "por pocas pesetas se tomaba un buen té", una descripción que intencionadamente encerraba la iniciativa en el cajón de la frivolidad y extirpaba su trasfondo político. La mirada masculina pasó de puntillas por la asociación, devaluándola reiteradamente al presentarla como "un simple lugar de encuentro entre mujeres", una tendencia que ha permanecido intacta más de cien años después. 

Las mujeres organizadas alrededor del club podían tomar té o pasar las tardes conversando, pero con ello buscaban también tomar "las riendas de sus vidas", liberándose a través de "una independencia económica proporcionada por el trabajo". La experiencia duró cerca de diez años. "Todo aquello se derrumbó con el estallido de la guerra", escribe González Naranjo. 

Otras asociaciones fueron emergiendo paralelamente durante aquel periodo, antes del golpe fascista. "Fue la edad de oro del asociacionismo femenino y de la participación de las mujeres en obras magníficas que, desgraciadamente, cayeron en el olvido", escribe la historiadora. 

Algunas coexistieron en una especie de ecosistema decidido a conceder espacios a las mujeres para la participación en la vida pública. O, al menos, para dar la batalla por conquistar los lugares que les habían sido vedados. En los años veinte del siglo pasado nació el Círculo Sáfico de Madrid, una red de mujeres lesbianas intelectuales, muchas vinculadas precisamente al Lyceum Club Femenino y a la Residencia de Señoritas. Se juntaban con un propósito tan sencillo como político: hablar. La guerra, sin embargo, también las enterraría en el silencio.

Para entonces, las Sinsombrero todavía no eran conocidas como tal. Aquellas mujeres de la Generación del 27, como Maruja Mallo y Margarita Manso, no se articularon en torno a un espacio físico, pero sí fueron capaces de tejer un grupo consolidado, decididas a desplegar su potencial creativo y desafiar a quien quería situarlas siempre un paso por detrás de sus compañeros. 

No todos los grupos de mujeres que se desarrollaron durante aquellos años eran interclasistas. En pleno conflicto, las mujeres anarcosindicalistas se congregaron alrededor de la organización Mujeres Libres. A lo largo de los tres años que duró la guerra, anarquistas de todo el país se coordinaron para resituar la emancipación de género como cuestión central de la lucha de clases, ante la inacción displicente de sus compañeros. Y ya en clandestinidad, lejos de la mirada del régimen, se tendieron la mano las mujeres organizadas alrededor del Movimiento Democrático de Mujeres. Eran familiares de los presos, militantes de la lucha antifranquista y mujeres decididamente feministas que supieron interpelar a sus compañeras, a las militantes y a las amas de casa, para cambiar las cosas.

La tradición de buscar espacios de encuentro para ser capaces de tener agencia propia ha sobrevivido a lo largo de los años. Son, en parte, herederas legítimas de ese anhelo feminista organizaciones que perduran hoy, como la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, constituida a principios de los setenta; la organización Ca la Dona, nacida en la Barcelona de finales de los ochenta y El Club de las 25, agrupación que vio la luz en 1997.

También La Nuestra. Tras su paso por València, las impulsoras de la red social recorrerán otras ocho localidades en los próximos meses. "Hay algo interesantísimo en juntarnos", desliza Fallarás. "La potencia de todo empieza después de la conferencia, cuando nos damos cuenta de que llevamos tres horas sentadas hablando". Ese entusiasmo que expresa hoy la escritora bien podría ser el mismo que hace cien años se instaló en el salón de alguna casa, donde nacería el Lyceum Club Femenino.

La mujer que ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Santa Úrsula (Tenerife) tenía 57 años, no estaba en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del presunto autor, que está detenido.

La madre de la víctima también se encuentra hospitalizada y deberá ser intervenida quirúrgicamente, según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Santa Úrsula.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, ha relatado que los hechos ocurrieron cerca del domicilio de la víctima, en la calle Lomo Hilo, sobre las tres y media de la mañana.

En este lugar, el agresor acuchilló a la mujer asesinada, a la par que hirió a la madre de la víctima.

"Y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo", ha detallado Acosta, que ha apuntado que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los "gritos enormes" que se produjeron durante los hechos.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha señalado que han sido activados los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento y ha pedido "el máximo respeto hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia".

Como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos oficiales hoy y mañana, ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de mañana frente al consistorio y ha decretado luto oficial para dicho día.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Tras años de luchas entre la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley por el que los partidos de Primera División de la Liga F se instalarán en la quiniela de forma permanente. Esta medida en la que el Consejo Superior de Deportes (CSD) lleva trabajando un año, tendrá que ser ratificada en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este martes que la inclusión del fútbol femenino en la quiniela es "un gran avance de justicia, en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos".

"Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino se incorpora a la quiniela. Es un gran avance, un gran avance de justicia, un gran avance en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos", ha dicho tras la aprobación de la medida por parte del Consejo de Ministros. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha comunicado esta aprobación en un mensaje mediante la red social X en el que expresa que “profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”. 

Además, añade que los clubes de fútbol femeninos “participarán en los ingresos”, igual que ocurre con los clubes masculinos. El torneo femenino recibirá un 15% de los ingresos de lo recaudado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Una cifra que, según los datos de 2023, habría sido de 6,15 millones de euros.

El proyecto regulará la recaudación del Impuesto sobre Actividades del Juego obtenida por las apuestas de la quiniela. La disposición tercera de la ley de regulación del juego establece los porcentajes que se destinarán a las distintas entidades beneficiarias: un 49,9% para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades Autónomas, un 45,5% para la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga nacional femenina de fútbol profesional, en los porcentajes que se determinen reglamentariamente y un 4,5% para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no profesional. 

María José López, abogada y directora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en declaraciones a infoLibre, ha expresado su alegría por la aprobación de este decreto: “Esto es una gran victoria sobre un plano social y económico que llevamos luchando más de diez años que además era una demanda completamente lógica de una circunstancia que no se adaptaba a estos tiempos”. 

También cuenta que lo que más ha faltado durante estos años ha sido “voluntad política”. A pesar de que el borrador de Real Decreto para la modificación de la normativa que regula la quiniela salió a audiencia pública hace aproximadamente año y medio, la aprobación se ha retrasado considerablemente. “A pesar de que iniciativas en el Parlamento, promovidas tanto por el PSOE como por el PP, eran aprobadas por unanimidad en la comisión de deporte del Congreso de los Diputados. Sin embargo, estas aprobaciones no se traducían en una decisión ejecutiva”, subraya.

La AFE, por su parte, ha emitido un comunicado en el que muestran su alegría en lo que consideran “un paso firme hacia la igualdad y el reconocimiento del fútbol femenino”, subraya David Aganzo, presidente de la AFE. Una medida que llevan reivindicando desde el año 2019 con la campaña #QuinielasEnFemenino.

“Este logro es el resultado de un proceso prolongado en el tiempo, basado en el diálogo, la negociación y la firme voluntad de avanzar hacia un modelo más justo, igualitario y con mayor proyección para el conjunto del fútbol. Una reivindicación histórica que hoy ya es una realidad”, concluye el comunicado. 

El FC Barcelona lleva proclamándose ganador de la Liga F durante cuatro temporadas consecutivas. Esta última aún no ha finalizado, pero ya se ha consolidado como campeón a falta de tres jornadas con una ventaja de 12 puntos (con un partido menos) sobre el segundo. 

Y esta no es la única ventaja que existe entre el conjunto catalán y el resto de equipos. Económicamente, las diferencias también son bastante amplias. El Barça femenino cerró 2024-2025 con un nuevo récord de ingresos: 22,5 millones de euros. Los éxitos en la Champions League o los balones de oro de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí también han contribuido al aumento presupuestario. A periodos comparables, los 21,8 millones de inversión deportiva del Madrid en el ciclo 2020-2025 se elevan a 44,5 millones de euros en el caso del Barça. Por ello, según confirma López a infoLibre, “el reparto será equitativo en función de las necesidades de los clubes”.

“Es una medida histórica”, comenta también la abogada. La quiniela lleva jugándose en España desde septiembre de 1946, la primera Liga Nacional de fútbol femenino se creó en 1988, pero no fue hasta 2017 que apareció el primer partido de fútbol femenino en una quiniela. Fue un pleno al quince entre Atlético de Madrid-Athletic Club de Bilbao. Desde ahí, más partidos entre conjuntos femeninos llegaron a aparecer, pero nunca de manera regular hasta ahora. “Lo que no podía ser es que hubiera partidos de ligas extranjeras como la inglesa, pero no de la Liga F”, concluye la abogada de la AFE.

Uno de los asuntos que ha atravesado el discurso de Vox desde su nacimiento ha sido la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. En 2023, los pactos entre PP y Vox situaban la "violencia intrafamiliar" como uno de sus ejes y evitaban mencionar la violencia de género, una cuestión que se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción y que aprovechó la oposición en acuerdos como los de la Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares. 

Tres años después, la violencia machista ha desaparecido de los recientes acuerdos de Extremadura y Aragón. En su lugar, Vox ha situado en primer plano la "prioridad nacional" y la criminalización del uso de los recursos públicos por parte de los migrantes. Una cuestión en la que ha arrastrado al PP. Acuerdos que, en ninguna de las dos regiones, contemplan tampoco la creación de una consejería de Igualdad y en lo que solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab.

Hasta ahora, el discurso de la extrema derecha española no se ha alejado del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, como el aborto, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso. Eso no ha cambiado, apuntan las expertas consultadas por infoLibre, pero sí sus prioridades de cara a la opinión pública.

¿A qué se debe el cambio? Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y experta en extrema derecha, lo interpreta como una combinación de cálculo estratégico y jerarquización de prioridades. "Vox está en un momento de tensión interna y con horizonte electoral cercano, así que ordena su agenda en función de rentabilidad inmediata”. Es decir, qué temas “movilizan más y cuáles desgastan más al rival", explica en conversación con este medio.

Ese cálculo coloca la inmigración en el centro. "Ahí entra la prioridad nacional como el eje que más incomoda al PP y más cohesiona a su electorado", añade López. A su juicio, no hay una renuncia ideológica, sino un cambio de foco. "Es una estrategia de visibilidad, algunos temas se ponen en primer plano y otros se relegan, sin desaparecer”, aclara. Coincide con ella Ana Bernal-Triviño, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del ensayo ‘No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa): “Es un cambio de metodología más que de estrategia”.

Así, considera que Vox puede dejar de lado la "violencia intrafamiliar" en un acuerdo de gobierno sin modificar su posición sobre el feminismo o la violencia de género. Y eso se nota en sus políticas. “Si observamos su acción en territorios donde tienen influencia, como la Generalitat Valenciana, vemos señales claras , como el debilitamiento de servicios LGTBI, de que sus posiciones sobre género y diversidad siguen siendo las mismas”, apunta.

Por su parte, Bernal-Triviño recuerda que en los pactos de 2023 “ya se habían producido concesiones”: “Ha habido una reconfiguración de consejerías y concejalías dedicadas a la mujer que se han metido en asuntos sociales y otras áreas. Lo que se ha modificado está hecho ya, no se plantean nuevos dilemas porque ya se ha cedido en esta cuestión”, plantea. En el caso de Extremadura, en 2023 se eliminó la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia,

Los acuerdos en Extremadura y Aragón ilustran bien ese desplazamiento. La única referencia directa a las mujeres aparece vinculada a la prohibición del burka y el nicab. Los textos aprobados en los recientes pactos sostienen que no se permitirá la imposición de prácticas que "invisibilizan a la mujer" y vulneran los valores de igualdad y dignidad. La mujer aparece así no como sujeto de políticas de igualdad, sino como elemento de una batalla contra determinadas prácticas asociadas a la inmigración musulmana.

Para López, esa operación responde a un patrón conocido en las extremas derechas europeas: el "femonacionalismo". "Consiste en apropiarse de elementos del discurso feminista  como la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres, pero resignificándolos en clave culturalista. Ya no se habla de desigualdades estructurales, sino de proteger a ‘nuestras mujeres’ frente a un ‘otro’ que suele identificarse con la inmigración, especialmente musulmana", explica la experta.

No es una estrategia nueva. "Esto lo hemos visto claramente en figuras como Marine Le Pen en Francia o en partidos de Países Bajos, y se intensifica sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el islam empieza a construirse a nivel global no solo como una amenaza de seguridad, sino también como una cultura ‘atrasada’ que supuestamente oprime a las mujeres", añade la politóloga.

De esta manera, la ultraderecha busca presentarse como defensor de la igualdad sin asumir el feminismo ni las políticas públicas de igualdad. "Permite a Vox presentarse como defensor de ciertos valores de igualdad mientras desplaza el foco hacia un enemigo externo", señala López. Pero advierte de la trampa: "En realidad es una falsa defensa de la igualdad, porque no busca ampliar derechos, sino construir un adversario, el islam, sobre el que articular un discurso identitario y excluyente", plantea López. 

Con todo, Bernal-Triviño advierte de que “Vox no se ha hecho feminista”: “Que esto no nos lleve a pensar que cuando lleguen a unas generales, no van a plantear cuestiones que tensen la agenda feminista”, plantea. “Es lo que ya sucede cada vez que la ultraderecha conquista espacios de poder a nivel nacional. Muchas de las leyes que quieren tumbar, solo pueden hacerlo si llegan al gobierno estatal y ese es su principal objetivo”, añade.

Ese mismo patrón ayuda a explicar por qué Vox explota menos que antes el discurso de las denuncias falsas, la supuesta discriminación contra los hombres o la impugnación frontal del feminismo. No porque haya abandonado esas ideas, sino porque ya no necesita formularlas de manera permanente. "Vox ha conseguido algo muy difícil en política: tiene una identidad muy definida y reconocible con una agenda dura en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles y no necesita estar recordándola constantemente para que su electorado la identifique", sostiene López.

A su modo de ver, la extrema derecha “puede desplazar ciertos temas, como el de las denuncias falsas, y poner en primer plano otros que ahora le resultan más rentables, como la inmigración, seguridad, prioridad nacional, sin que eso implique una moderación real", apunta la experta. En su opinión, no hay señales de giro en la práctica institucional. "Hay menos ruido en algunos temas, pero el mismo marco ideológico de fondo".

La pregunta es si ese menor ruido también busca reducir resistencias entre las mujeres, ya que la extrema derecha ha tenido más dificultades para atraer voto femenino que masculino. López pide matizar: "Sigue existiendo una brecha de género clara, las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres. No estamos ante un vuelco, ni mucho menos". Pero esa brecha no es inmóvil. "En algunos segmentos, especialmente entre mujeres jóvenes, sí se aprecia una ligera aproximación", añade Lopez.

Bernal-Triviño sostiene que “el dique” del voto femenino “no ha desaparecido” pero sí admite que es “menos sólido” que antes porque la ultraderecha “ha ganado la batalla por el relato” al lograr que  “muchos jóvenes”, especialmente varones, “digan que las mujeres han llegado demasiado lejos”: “Se han hecho campañas de desinformación muy potentes, con artículos de opinión y podcast, como argumento de autoridad”, sostiene. Así, la experta cree que “no hay menos énfasis” en cuestiones relacionadas con el feminismo, sino que “hay más convencimiento”.

"Esto encaja con un patrón que hemos visto en Europa: el voto femenino se convierte en un objetivo prioritario para la derecha radical en fases más avanzadas de su ciclo político, cuando ya han consolidado una parte importante del electorado conservador", añade López. A partir de ahí, estas fuerzas intentan ampliar base con otros marcos como la seguridad, identidad, malestar económico y acceso a recursos públicos. En esa estrategia está ahora Vox.

Ahora que la nave Artemis II ha regresado de la Luna y ha vuelto a demostrar que la Tierra es esférica, los “terraplanistas” han aprovechado para insistir en que la Tierra es plana y la Luna una galleta. Y como sus argumentos no están basados en elementos objetivos ni en estudios científicos, sino en lo que ellos deciden interpretar y en el refuerzo que se produce dentro de su grupo, pues siempre tienen razón.

Los “denunciafalsistas” actúan del mismo modo, es decir, en grupo, negando la mayor, o sea, la violencia de género, y a partir de ahí todas sus consecuencias, entre ellas las denuncias interpuestas por su causa. Pero como no es posible ocultar las más de 200.000 denuncias que se ponen al año, lo que hacen es decir que la mayoría son falsas, idea que consigue dos objetivos: incidir en la negación de la violencia y presentar a las mujeres como malas y manipuladoras, reforzando el mito de la Eva perversa.

Y como toda buena manipulación necesita de algún elemento que permita su enganche con la realidad, la clave está en utilizar elementos de esa realidad para darle un significado diferente. Y es en ese sentido en el que recurren a los datos oficiales sobre la violencia de género, para manipularlos y alcanzar la conclusión de que la mayoría de las denuncias son falsas.

La realidad es muy distinta, y la FGE y el CGPJ en diferentes Memorias y estudios indican que las denuncias falsas representan alrededor del 0,01%.

Para el machismo la conclusión es distinta, y afirma que todo lo que no termina en sentencia condenatoria es una denuncia falsa, concluyendo que estas representan el 70% de las denuncias, según sus cálculos.

Para poner de manifiesto la manipulación machista, vamos a tomar los datos del último informe del CGPJ, presentado el 31-3-2026, sobre las denuncias de 2025.

Las denuncias que se pusieron a lo largo de ese año fueron 204.342, y el número de mujeres víctimas ha sido 185.188.

El total de sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género fue de 60.942, de las cuales 50.190 terminaron con una condena para el hombre denunciado, es decir, el 82,36% de los casos juzgados. A partir de esta situación establecen la primera y gran trampa, y se ponen a jugar con los datos para darle verosimilitud y que su bulo sobre las denuncias falsas tenga acogida social.

El planteamiento es muy simple, si hay 204.342 denuncias y solo se juzgan 60.942 casos, quiere decir que 143.400 denuncias “se quedan en el camino” y no llegan a juicio, algo que directamente explican al decir que se debe a que son “denuncias falsas” por hechos incongruentes que conducen directamente a su archivo. Pero no es así.

Veamos que ocurre en realidad.

A las 204.342 denuncias hay que restarle los casos en los que las mujeres que han denunciado renuncian al procedimiento al acogerse a la dispensa de declarar por el artículo 416 de la LECrim, que son 20.977 casos que no pueden llegar a juicio por la renuncia de las víctimas, y que no siempre significa que es una la denuncia que se retira, porque algunas de estas mujeres han interpuesto varias denuncias que quedarían “anuladas” al desistir del procedimiento. Luego al total de denuncias que “se quedan por el camino” (143.400) hay que restarle estos casos, por lo que las denuncias “fuera de control” quedarían en 122.423 si solo correspondieran a una sola denuncia por caso, pero los estudios indican que son bastantes más, puesto que la renuncia se produce con frecuencia en mujeres revictimizadas sometidas a la presión y a las amenazas de los entornos y del propio agresor.

La diferencia entre los casos juzgados y el número de “denuncias sobrantes” tiene su clave en lo que acabamos de indicar, concretamente el número de casos en que un agresor maltrata más de una vez a la misma mujer, circunstancia habitual en violencia de género al tratarse de una conducta que se mantiene en el tiempo, no son hechos aislados, y que lleva a las víctimas a denunciar en varias ocasiones la violencia repetida que sufren.

Esta circunstancia forma parte de la revictimización, y dentro de ella está lo que se conoce como “multirreincidencia”, es decir, agresiones repetidas de un agresor sobre la misma víctima, y por otra parte está la “polirreincidencia” cuando un mismo agresor agrede a diferentes mujeres. Desde el punto de vista de las denuncias y sus consecuencias judiciales, en el caso de las agresiones cometidas por un agresor sobre la misma mujer, las distintas denuncias se verían en un solo juicio, mientras que en la “polirreincidencia” las denuncias se juzgarían en juicios separados.

Los estudios indican que cuando se trata de agresiones repetidas cometidas por un agresor sobre una mujer, el número de denuncias varía. Concretamente, en el trabajo titulado “Agresores plurivictimizadores en violencia de género: un estudio exploratorio”, de Marta Caballé-Pérez, realizado por varias universidades españolas y la SES del ministerio de Interior (febrero 2024), se indica que el número de denuncias interpuestas por una misma víctima en estas circunstancias puede llegar hasta 7. Si se tiene en cuenta, tal y como recoge la investigación, que entre el 33% y el 42% de los agresores son multirreincidentes, y que el 36,2% es denunciado más de una vez por la misma mujer, pudiendo llegar a ser este número de denuncias hasta 7, el número final de denuncias correspondientes a una misma mujer resulta muy elevado. Veámoslo de manera aproximada. Si hay 185.188 víctimas y el 35% (tomando una referencia entre 33-42%), son reincidentes sobre una sola mujer, significa que hay 64.816 maltratadores reincidentes, de los cuales el 36,2% (23.463) son denunciados de 2 a 7 veces por la misma mujer, es decir, que las denuncias en estas circunstancias podrían sumar entre 46.926 (si se ponen 2 denuncias) y 164.241 (si se pusieran 7 denuncias). 

Como se puede ver, la multirreincidencia y las denuncias que la acompañan justifican por sí solas el total de denuncias que se interponen cada año como parte de la violencia de género, sin que el resultado final se deba a “denuncias falsas”.

Y sobre todo ello hay que considerar también las otras formas de terminar el proceso que recoge el informe del CGPJ, entre ellas el sobreseimiento, pero representan porcentajes bajos y forman parte de una situación común a todo tipo de delitos, sin que signifique que se está ante denuncias falsas. Menos aún en violencia de género, una violencia que se produce en la privacidad del hogar, sin testigos presentes y que con frecuencia se denuncia tiempo después de los hechos, con lo cual las evidencias sobre la violencia se han modificado de manera significativa y dificultan demostrar su existencia. En este sentido la FGE, ya en su Memoria de 2012, fue clara y recogió que la “no condena” o la “prueba insuficiente” no equivale a denuncia falsa. Estos datos sobre los archivos desmontan otro de los bulos del machismo cuando dice que los hombres “han perdido la presunción de inocencia”, y ponen de manifiesto que lo que realmente existe es una “presunción de culpabilidad” para las mujeres como autoras de un delito de denuncia falsa.

La manipulación del machismo es evidente y busca defender su modelo androcéntrico, y que la violencia que históricamente han ejercido los hombres contra las mujeres se mantenga dentro de la normalidad y la privacidad, y con ella todos los privilegios masculinos. Por eso, a toda la manipulación sobre las “denuncias falsas” unen que la mayoría de las condenas se deben a “conformidad”, es decir, a la aceptación de los hechos por parte del agresor, y presentan esta situación como consecuencia de la amenaza del sistema con mandarlo a la cárcel, cuando en realidad son casos evidentes que se conforman para rebajar la pena, algo de lo que he sido testigo como médico forense.

La manipulación es tan evidente que no tendría recorrido ni aceptación en ningún otro tema, pero la tiene en violencia de género demostrando que esta es una parte esencial del machismo y su cultura.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

La ofensiva reaccionaria que desde hace años coge impulso tiene bien claros sus objetivos. Las personas migrantes, la clase trabajadora, las disidencias sexuales y las mujeres están en el foco de una amenaza global que se hace fuerte y que deja huella en todos los rincones. Amnistía Internacional ha presentado este lunes un informe en el que analiza el estado de los derechos humanos en un total de 144 países, en los que muchos de los avances que se creían consolidados se han visto deteriorados.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sufrido un menoscabo sutil pero progresivo en distintos territorios. España no es una excepción. Madrid sigue sin contar con un registro de profesionales objetores, si bien la comunidad se ha visto obligada a iniciar los trámites para ponerlo en marcha y cumplir así la ley. Estos registros, puntualiza el informe, se crearon "con el fin de garantizar una dotación de personal suficiente y asegurar el acceso al aborto". La falta de garantías en el acceso ha llevado además al desplazamiento sistemático en algunos territorios: según el último informe del Ministerio de Sanidad, un total de 4.636 mujeres tuvieron que desplazarse en 2024 para abortar en otras provincias.

Los viajes al extranjero para poder ejercer el derecho al aborto con garantías, la oposición férrea de grupos antiabortistas y la objeción sistemática de los profesionales son algunas de las principales barreras que constata la organización a nivel global.

En Alemania, el aborto sigue estando tipificado como ilícito. La única vía que tienen las mujeres para esquivar el castigo penal por ejercer su derecho en las primeras 12 semanas es pasar por un asesoramiento obligatorio y un periodo de espera de tres días. En abril de hace ahora dos años, una comisión gubernamental recomendó despenalizarlo y tratar de corregir las brechas detectadas, una posición que se trasladó a un anteproyecto de ley presentado por varios partidos. La iniciativa quedó paralizada por la convocatoria de elecciones y sigue hoy estancada tras la toma de posesión del nuevo Gobierno.

En agosto del año pasado, el llamado proyecto ELSA sobre embarazos no deseados, financiado por el Ministerio de Sanidad, desveló desigualdad territorial en el acceso al aborto, así como brechas en la información disponible, estigma entre los profesionales que lo practican y barreras para los grupos vulnerables, especialmente las mujeres migrantes.

El Parlamento de Reino Unido aprobó hace casi un año una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Actuación Policial para poner fin al enjuiciamiento de mujeres embarazadas que se hubieran sometido a un aborto al margen de la ley. El objetivo pasaba por terminar con la criminalización, persecución y castigo de quienes abortaran fuera de los supuestos legales. El proyecto, pendiente todavía de aprobación, no termina completamente con la penalización del aborto en el país: los profesionales que ayuden a las mujeres en estos casos sí seguirán bajo la lupa de las autoridades. 

Y en Andorra, prohibición total. Las mujeres que residen en el país y quieren acceder a la interrupción libre del embarazo tienden a cruzar las fronteras y desplazarse a España para hacerlo. El Gobierno de Andorra se ha comprometido a preparar una propuesta para despenalizar el aborto antes de que finalice la legislatura. Sin embargo, matiza Amnistía Internacional, "con esta propuesta seguiría sin haber servicios disponibles" en el país, por lo que quienes decidan acceder a la libre interrupción del embarazo tendrán que "seguir viajando al extranjero", advierten los autores del informe.

Si bien en Italia el aborto está garantizado sobre el papel, una aproximación a la realidad de los hospitales evidencia que tampoco en el país alpino se libran de las deficiencias en su acceso. El principal problema en Italia, atestigua Amnistía Internacional, tiene que ver con las reticencias expresadas por los profesionales. Las autoridades no garantizan el acceso a los servicios, en un contexto en el que "un gran número de profesionales de la medicina se negaba a prestar esos servicios". 

Según los datos del Ministerio de Sanidad, un 57,1% de los ginecólogos es objetor de conciencia. Además, el 38,8% de los hospitales o clínicas autorizadas no practican interrupciones voluntarias del embarazo. Giorgia Meloni alentó, a través de una norma aprobada hace dos años, a las organizaciones antiabortistas, permitiéndoles participar en centros de asesoramiento dirigidos a mujeres que se plantean interrumpir su embarazo.

La reticencia mostrada por los profesionales sanitarios es extensiva a muchos otros territorios. Portugal, con un límite legal de diez semanas para abortar, cuenta con una tasa elevadísima de objeción: según otra reciente investigación de Amnistía Internacional, en torno al 70% de los profesionales se niegan a practicar abortos. Entre 2019 y 2023, un total de 2.525 mujeres portuguesas se desplazaron a España para abortar.

Los desplazamientos son un denominador común en el grueso de los países analizados. En Croacia existe una "negativa generalizada del personal y los centros médicos" a prestar atención a las mujeres que deciden abortar, alegando "motivos de conciencia". Las croatas deben asumir costes económicos altos si quieren interrumpir su embarazo, ya que el seguro médico nacional no sufraga la intervención y la "inaccesibilidad de los servicios de aborto en las zonas rurales y económicamente deprimidas" constituye uno de los principales obstáculos para las mujeres en riesgo de exclusión. Una vez más, la única salida pasa por viajar al extranjero. 

También han tenido que atravesar sus fronteras muchas de las mujeres residentes en Bélgica. Especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables, como migrantes o personas sin hogar, dado que los servicios de asistencia social siguen "retrasando o negando la atención médica", a pesar de ser un "derecho legalmente reconocido". Varios partidos políticos continúan bloqueando hoy una votación parlamentaria encaminada a mejorar la legislación, alineándola con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las propuestas, se encuentra la de eliminar el periodo de reflexión obligatorio de seis días y la de extender el límite legal de 12 a 18 semanas.

Pero si hay un lugar que se haya erigido como principal baluarte en la restricción de los derechos reproductivos, ese es Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump "revirtió drásticamente derechos sexuales y reproductivos" generando un "contexto jurídico volátil", advierte Amnistía Internacional. Al otro lado del charco se han revocado políticas que habían "contribuido a ampliar y proteger el acceso a la atención reproductiva", pero además se ha recortado la financiación de centros y programas de atención a la salud reproductiva, provocando el cierre de clínicas, lo que ha afectado "desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos".

Algunos estados han ido al límite restringiendo hasta el extremo la atención específica. La Corte Suprema "les facilitó la eliminación de los mecanismos de protección de la salud reproductiva destinados a las personas beneficiarias de Medicaid", el programa que proporciona cobertura gratuita o a precio reducido a las personas de bajos ingresos. En un total de 41 estados está en vigor algún tipo de restricción al aborto: desde la prohibición total –en 13 estados–, hasta la prohibición parcial a partir de la decimoctava semana de gestación –en siete–. 

Según el Instituto de Políticas de Equidad de Género, las personas embarazadas que vivían en estados en los que estaba prohibido abortar "tenían el doble de probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o poco después de dar a luz que quienes vivían en estados donde el aborto era legal".

Otros países han optado por seguir esta estela. En Polonia, el acceso al aborto está visiblemente limitado y su ejercicio perseguido en los tribunales. La activista por los derechos humanos Justyna Wydrzyńska se enfrenta a un nuevo juicio por ayudar a una embarazada a obtener píldoras abortivas, mientras que la doctora Gizela Jagielska ha sido objeto de una investigación penal por practicar un aborto legal en una fase avanzada del embarazo. En diciembre, la Fiscalía desestimó el caso. 

Casi en paralelo, otros tres médicos fueron declarados culpables de poner en peligro la vida de una mujer que terminó falleciendo después de que le negaran asistencia médica en una situación "en la que un aborto habría podido salvarle la vida". Los médicos han recurrido. También en el terreno judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó en noviembre, en base a un caso particular, que el país "había violado el derecho a la vida privada y familiar de una mujer embarazada que había viajado al extranjero para someterse a un aborto". 

Y de este contexto sacan rédito los grupos antiabortistas, especialmente protegidos en suelo polaco. Activistas y organizaciones se concentran con regularidad frente al centro de información y asesoramiento AboTak, gestionado por el colectivo Abortion Dream Team. Los manifestantes han llegado a derramar ácido butírico en las proximidades de la entrada.

Febrero de 2025. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a las principales entidades LGTBIQ+ de su país. Lo hace para lanzarles una advertencia: que no pierdan el tiempo en organizar el próximo Orgullo. Sus palabras no eran sino una amenaza velada, la guinda de una ofensiva contra el colectivo macerada a lo largo de todo su mandato y puesta en práctica con fervor en el último lustro. Aquel ataque directo se transformaría enseguida en una prohibición explícita, pero se topó con algo que no figuraba en los planes del mandatario: la oposición en las calles de todo el mundo. Orbán no se saldría finalmente con la suya, pero sus políticas han generado un daño irreparable para los derechos del colectivo, las mujeres y las personas migrantes. La cita electoral de este domingo obliga a no apartar la mirada de un país que se ha convertido en punta de lanza de la ofensiva reaccionaria en suelo europeo. ¿Es posible revertir los retrocesos y recuperar el rumbo?

"El Gobierno de Hungría ha promovido medidas anti-LGTBIQ+ como parte de una estrategia más amplia de política cultural nacionalista", introduce Dóra Sós, portavoz de la organización húngara Háttér Society. El partido gobernante, continúa la activista, moviliza a su base principal presentando a las personas LGTBIQ+ y la llamada "ideología de género" como una "amenaza para los niños y las familias tradicionales, frente a la cual solo ellos pueden proteger el tejido de una sociedad húngara basada en familias tradicionales". 

Lo cierto es que si existe un lugar que ostenta el dudoso privilegio de alzarse como la cuna de la retórica ultra, ese sitio es la Hungría de Viktor Orbán. El primer ministro sembró con sus políticas reaccionarias lo que pronto se convertiría en un ataque sin paliativos contra los derechos del colectivo, elogiado por sus homólogos europeos y replicado globalmente. Con ese telón de fondo, no parece sencillo reparar las heridas provocadas por las políticas del líder ultra, pero además los comicios de este domingo tampoco ofrecen una alternativa clara hacia un cambio sustantivo. 

El principal opositor y líder en las encuestas, Péter Magyar (Tisza), tiene una posición deliberadamente tibia en lo que respecta a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. No condena explícitamente las políticas del actual primer ministro, pero tampoco las respalda. Ninguna propuesta, ni iniciativas concretas, ni una hoja de ruta clara. Sencillamente, las políticas de igualdad no están entre sus prioridades. 

"Su compromiso con los derechos LGTBIQ+ sigue sin estar claro", asiente la activista húngara. Pero además, añade, incluso en caso de un cambio de poder, "las arraigadas barreras institucionales hacen que cualquier restablecimiento significativo de los derechos probablemente sea gradual y esté lejos de estar garantizado". Los activistas sí confían, en cambio, en un empuje a golpe de tribunales. "Tisza se ha comprometido a restablecer el Estado de derecho, así que es probable que no se cuestione el cumplimiento de las sentencias dictadas por Europa".

Es hacia Europa, precisamente, hacia donde miran todos los ojos. "Para acceder a los fondos europeos –actualmente congelados–, es necesario que se pongan en marcha cambios legales", recuerda Esther Martínez, directora de la asociación Reclaim, con sede en Bruselas. La duda radica en el nivel de exigencia por parte de las instituciones europeas: "El riesgo está en conformarse con un cambio en el poder y premiar a Péter Magyar con un acceso a los fondos, antes de que lleve a cabo los cambios".

En este artículo, el analista político Eric Maurice sostiene que, si finalmente Viktor Orbán sale del poder, la Unión Europea se enfrenta al dilema de cómo apoyar una necesaria transición democrática. "Si bien la UE ha desarrollado herramientas para sancionar el retroceso democrático, carece de un marco claro para apoyar y garantizar la recuperación", escribe. No basta con aplaudir un cambio de liderazgo, sino que se hace necesario vigilar cómo se expresa ese relevo desde un punto de vista material y normativo.

Luca Dudits, responsable de incidencia política de la organización ILGA-Europe, recuerda que la Unión Europea "tardó en actuar cuando se introdujeron las primeras medidas" antiderechos, y la situación "se ha deteriorado desde entonces". Por ese motivo, coincide en que las instituciones europeas "no deben repetir ese patrón y tienen que utilizar todas las herramientas disponibles, incluidos los procedimientos de infracción y las medidas provisionales, cuando los derechos fundamentales estén en peligro".

¿Y cuáles son esas leyes e iniciativas que han puesto en peligro a la ciudadanía húngara? "El modus operandi del Gobierno consiste en señalar a un grupo cuyo apoyo social es relativamente bajo, convertirlo en chivo expiatorio y estigmatizarlo", expone Dóra Sós. Esta táctica busca la polarización, asentando la narrativa del "nosotros contra ellos". Esta dinámica "legitima medidas más duras y un control centralizado más estricto" contra los miembros del grupo "señalado como enemigo", a quienes se les presenta como "una amenaza para la soberanía de Hungría". Comenzó, recuerda la activista húngara, con las personas migrantes allá por 2015, al calor de la crisis migratoria, y se desplazó "hacia la comunidad LGTBIQ+ a partir de 2018 aproximadamente".

En el año 2020 saltó por los aires el reconocimiento legal de las personas trans y quedó prohibida la adopción para parejas del mismo género. Un año después, el Gobierno de Hungría aprobó una ley bajo el pretexto de proteger a los menores, cuyo articulado censura la divulgación o representación de las realidades LGTBIQ+ ante personas menores de edad. La ley afecta a medios de comunicación, publicidad, escuelas y parte de una base: la equiparación del colectivo con la pedofilia. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene pendiente emitir una sentencia sobre esta norma, después de que 16 Estados miembros, el Parlamento y la Comisión Europea la llevaran ante la justicia. Por el momento, la abogada general del tribunal, Tamara Ćapeta, expresó el verano pasado que, en su opinión, el país había vulnerado el Derecho de la Unión Europea. 

Orbán también ha estrechado el cerco alrededor de los derechos reproductivos de las mujeres, una ofensiva ligada a un espíritu natalista de sus políticas y a la defensa de la familia tradicional como epicentro. En la Constitución que Hungría aprobó en 2011 –llamada Ley Fundamental–, el líder blindó la protección de "la vida fetal desde la concepción", una declaración de intenciones de su ideario ultra. En 2022 aprobó un decreto que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, inspirando a la extrema derecha de todo el mundo.

Hungría se negó a ratificar el Convenio de Estambul, el principal instrumento a nivel europeo de compromiso contra la violencia machista. Y según el último Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE), el país está en el penúltimo puesto en materia de igualdad. 

Buena parte de los cambios para revertir esas políticas, en todo caso, requerirían amplios consensos en el plano político. "La modificación de la Ley Fundamental o la ley de protección a la familia necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento", recuerda Dóra Sós. E incluso aquellas leyes que podrían derogarse por mayoría simple deben llevar aparejada una "voluntad política que hasta ahora no hemos visto de forma inequívoca, o que exigirían una legislación compleja". El camino, sea cual sea el resultado del domingo, parece largo todavía.

Especialmente porque no se trata únicamente de cambios legislativos, sino de reconstruir todo un país arrasado por el odio, una sociedad en la que han permeado los discursos difundidos por el altavoz institucional de la extrema derecha.

"En la última década, el sentimiento anti-LGTBIQ+ ha ido en aumento", lamenta Luca Dudits. La administración de Viktor Orbán "ha demostrado que instrumentalizar a las minorías sociales sigue siendo una estrategia política conveniente, utilizada a menudo para desviar la atención de los retos económicos, los escándalos políticos o cuestiones sistémicas como la sanidad o la educación", continúa. Y desde entonces, políticos de todo el mundo "han adoptado tácticas similares, a veces junto con ataques más amplios contra los derechos sexuales y reproductivos y restricciones en los sistemas de asilo y migración". Pero además, Orbán ha sido capaz de tejer toda una red de organizaciones, fundaciones y lobbies financiados con dinero público para exportar su agenda autoritaria.

Se trata de estrategias que tienen un impacto, contribuyen a "crear un entorno hostil" y aumentan "el riesgo de discriminación y violencia". Frente a ello, las organizaciones de la sociedad civil "colaboran cada vez más para reconstruir la cultura democrática y hacer frente a la normalización del discurso del odio", asiente la portavoz de ILGA-Europe. Y ahí es donde sitúa la clave de cara a la construcción de un nuevo escenario esperanzador: "Este tipo de solidaridad entre movimientos es esencial para restablecer la confianza en las instituciones y reforzar la resiliencia democrática".

Coincide Marta Alonso, miembro de la ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), quien equipara las tareas de reparación con el periodo de transición en suelo español tras la dictadura franquista. "Una ley se puede modificar rápido, pero el cambio social requiere de un trabajo de fondo, planificado y a largo plazo", afirma al otro lado del teléfono. Eso sí, recuerda, en Hungría las activistas y organizaciones sociales tienen especialmente difícil hacer pedagogía, debido a la persecución impuesta a golpe de ley, así que el primer paso es necesariamente desarticular toda esa estructura institucional construida sobre las bases del discurso de odio. "Si se levantan esas restricciones, al menos tendríamos por dónde empezar", clama.

Interior día. O tarde. O noche. Habitación de hospital. Una mujer está en la cama dentro de un cuerpo que ha realizado la mayor proeza física de su vida. No está sola. Hay más gente. Que entra y que sale. Plantas nuevas envueltas en celofán. Todos contentos. Hay un recién nacido en una cuna de plástico transparente. La mujer necesita dormir y tener sobre ese cuerpo molido al bebé que hasta hace apenas unos minutos estaba dentro de ella. Pero el bebé es cogido por todos esos familiares y se hacen fotografías con él. ¡Una con la madre!, se le ocurre a alguno. Pues una con la madre. Gracias. La escena se repite unas semanas después en la casa del recién nacido. Ya ha subido la leche, pero las maniobras son complejas para alimentar al bebé. Todos vienen a comer y el niño vuelve a pasar de mano en mano. La madre está cocinando porque alguien tiene que hacerlo. Ponen la mesa, comen, toman café, hablan de lo humano, opinan de crianzas, alimentación y, en un momento de la tarde, la madre se encierra en el baño y se pone a llorar. Su madre, su propia madre, la descubre y se lo suelta: Pero, ¿qué te pasa? Tendrías que estar contenta.

Esto es solo una anécdota leve, actual e inventada que ha podido suceder en millones de casas después de millones de nacimientos. En Deberías alegrarte. Lo que no se cuenta de la depresión posparto (Altamarea, 2026), la periodista y escritora Diana Oliver realiza una radiografía histórica, social, literaria y científica y nombra la depresión postparto y el maltrato, la ignorancia e invalidación de los problemas de salud mental que se producen durante y después del embarazo. Un malestar que tiene nombre y que, en muchos casos, no se ha diagnosticado, ni reconocido, y que, casi hasta ahora, ha señalado a esa mala madre infeliz como culpable única de su propia oscuridad. Y que, sin embargo, atraviesan, según cifras a la baja, de un 10 a un 20% de las mujeres que dan a luz. Que nos ha llevado a los manicomios, al cuestionamiento constante, a la soledad física y emocional, a situaciones límite y también a escribir sobre ello. Lo contó Mar García Puig en el durísimo La historia de los vertebrados, donde narra el brote psicótico que vivió tras dar a luz a gemelos; pero muchas más lo nombran: Katixa Aguirre, Nuria Labari, Maggie O’Farrel o Adrienne Rich son algunas de las que cita Oliver.

Explica la autora en este libro que la desorientación que se produce se ve agravada por el mandato social de vivir la maternidad como un momento plenamente feliz y por el estigma que es todavía la salud mental. Estas dos condiciones hacen que la culpa, el dolor o el agotamiento se silencien y, al final, en esa fotografía, la madre intente una sonrisa. Pero también dificulta la detección y el tratamiento de los trastornos, infradiagnosticados en el 75% de los casos. Y aunque, desde hace unos años, hemos empezado a contarnos mejor a través de nuestras propias palabras, todavía el cuestionamiento y la mirada exterior de cada una de las maternidades es constante. Y aunque muchas hemos renunciado a la exigencia que nos convertiría en madres perfectas y abnegadas para ser la madre que podemos ser y somos, todavía también la medida de nuestra capacidad está enmarcada por una sociedad machista que desprecia, ignora y desestima el dolor de las mujeres.

Cuando di a luz a mi hijo, se olvidaron de abrirme la vía de los calmantes. Me tragué la suturación de una cesárea sin analgésicos. Una piel, músculos y un órgano que se contraccionaban al ritmo del llanto del recién nacido. De madrugada, veía las estrellas. A las seis de la mañana, cuando ya no podía más, una enfermera me dijo: solo me falta ponerte morfina, chica, no seas exagerada. Pues seré floja, pensé, pero póngamela ya. Entonces, descubrió el gotero cerrado. Lo abrió y allí no había pasado nada. Le cuento esto a una amiga hace unos días, encerradas en la cocina de su casa, de pie las dos, mientras le hace la cena a los niños que arman jaleo en el salón. Y me dice que le pasó lo mismo.

Por qué contar esta intimidad en una columna, lo diré: porque ya está bien de contárnosla las unas a las otras encerradas en las cocinas, aunque dónde estaríamos sin esas conversaciones, y que se empiece a dar valor a nuestra salud de forma pública. Cuidar a la madre es cuidarnos a todos. 

Tres magistrados –todos ellos hombres– de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo alcanzarán la edad de jubilación en lo que queda del año. Sus vacantes se sumarán a la ya convocada por el Consejo General del Poder Judicial para juristas de reconocido prestigio en la que conservadores y progresistas, hasta el momento, no han logrado ponerse de acuerdo. A esas cuatro plazas se sumará una más prevista para esa Sala en el decreto que prepara el Gobierno para la disposición de 500 nuevas unidades judiciales este mismo año. En total son cinco plazas libres de las que, al menos cuatro, deberán ser ocupadas por mujeres en cumplimiento de la ley de paridad que obliga a respetar la representación equitativa del 60%-40% entre miembros de ambos sexos.

La Sala de lo Penal es, actualmente, una de las más marcadas por la ausencia de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en el Supremo. Las magistradas del tribunal que se ocupa de los políticos y demás aforados y que tiene la última palabra sobre todas las causas criminales que se instruyen y juzgan en España son solo tres: las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, y la conservadora Carmen Lamela. De sus 12 compañeros, tres –Andrés Palomo, Ángel Hurtado y Juan Ramón Berdugo– se jubilarán en los próximos junio y septiembre al alcanzar la edad máxima de jubilación, 72 años. La comisión de igualdad del Consejo aprobó a finales de 2024 que, tras la entrada en vigor de la ley de paridad, esta debía cumplirse entre los componentes de cada una de las cinco salas del Alto Tribunal.

Al permanecer aún estos tres últimos en sus puestos, el Consejo solo ha convocado –lo hizo el pasado 23 de julio– la plaza que dejó vacante Miguel Colmenero, retirado en 2024, correspondiente a juristas de reconocido prestigio. La comisión de calificación del órgano de gobierno de los jueces, la que se encarga de preseleccionar a los candidatos para que decida el Pleno, ya ha entrevistado a los 14 aspirantes de los que ha elegido a 12 catedráticos y profesores universitarios, entre los que los 20 vocales y la presidenta del CGPJ tendrán que extraer al nuevo magistrado por una mayoría de tres quintos (13 votos). La falta de acuerdo ha llevado a conservadores y progresistas a posponer el nombramiento a septiembre, cuando haya cuatro vacantes gracias a las jubilaciones y el margen para negociar entre ambos sectores sea más amplio.

Sea como sea, si el Consejo decide seguir el criterio paritario establecido por su propia comisión de igualdad, las cuatro plazas deberán ser ocupadas por mujeres, lo que en principio descartaría a todos los candidatos hombres de la única convocatoria que ya está en trámite. Los consejeros del Poder Judicial y su presidenta tendrían que elegir para el puesto a una de las cinco catedráticas que se han postulado: Silvina Bacigalupo (Universidad Autónoma de Madrid), María del Mar Carrasco y Carmen Juanetey (ambas de la Universidad de Alicante), Alicia Gil (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y María Paz Lloria (Universitat de València). La plaza está reservada para abogados, fiscales, académicos y en general juristas de prestigio con más de 15 años de experiencia en Derecho Penal.

Fuentes del CGPJ aseguran, sin embargo, que el sector de vocales a propuesta del PP solo ha apoyado hasta el momento a aspirantes de sexo masculino en el proceso. La misma situación se dio ante el nombramiento de las dos presidencias clave del Supremo el pasado verano. El Consejo se bloqueó en la designación ante el empeño de los conservadores de promocionar a dos hombres para dirigir la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, plazas que, según la ley de paridad, debieron corresponder a magistradas. El nombramiento de los dos candidatos apoyados por la derecha –Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas– solo se produjo cuando las dos candidatas preseleccionadas –Ana Ferrer y Pilar Teso– decidieron retirar sus candidaturas para romper el bloqueo.

Las convocatorias de las otras tres plazas que se liberarán este año –las de Palomo, Hurtado y Berdugo– todavía no se han aprobado. A ellas se sumará, previsiblemente, la prevista en el proyecto de real decreto que prepara el departamento de Félix Bolaños para crear 500 nuevas unidades judiciales, una de las cuales irá a la Sala Segunda del Alto Tribunal. De esas cuatro nuevas vacantes, tres deberían ser cubiertas con mujeres. Con la nueva plaza que prepara el Gobierno, la plantilla de la Sala será de 17 personas. El mínimo legal del 40% para cualquiera de los dos sexos se establece, por tanto, en siete miembros. Quedan, por tanto, cuatro juezas por designar que se sumen a las tres actuales. Para ello es necesario –eso sí– que se presenten candidatas a los puestos.

Tras la aprobación por la comisión de igualdad del Consejo del criterio para aplicar la ley de paridad a los nombramientos discrecionales –que se cumpla entre las presidencias de las distintas salas de cada tribunal y en el seno de cada una de ellas– la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, encargó un informe al respecto a los servicios técnicos de la institución, que afirmaron que la paridad debía respetarse en la totalidad de nombramientos hechos durante los cinco años de mandato de los vocales. El sector progresista rechaza esta interpretación y varios de sus miembros advierten de que, de no respetarse la ley, las designaciones podrían ser posteriormente anuladas por la Sala de lo Contencioso del Supremo, la que resuelve los recursos contra las decisiones del CGPJ.

Soy gorda. Estoy casada con una mujer y queremos ser madres. Quiero ser madre, quiero gestar y parir a una criatura. Acudimos a la Sanidad Pública para ello. Tengo sobrepeso y un trastorno de conducta alimentaria por el que estuve ingresada durante un tiempo largo después de ser Secretaria de Estado de Igualdad, después de haber recibido una violencia política muy concreta y muy sostenida que tenía como objetivo principal mi cuerpo, y casi no lo cuento. El primer médico que nos atendió en el centro de salud dijo que era mejor que él no fuera mi médico, que era demasiado todo (¿demasiado yo? ¿Demasiado grande, demasiado lesbiana? ¿Demasiada Pam?)  Y qué hago, pensé, ¿me mato? Ya estuve ahí. Y soy lesbiana y quiero ser madre pero soy gorda y cuando llegué a la consulta del hospital en la que sí me quisieron atender para iniciar el proceso de fertilidad lo primero que me plantearon fue que sin bajar de peso no podría acceder a ese derecho. Me propusieron que adelgazara, que corrigiera el cuerpo antes de que el cuerpo pudiera hacer lo que había ido a pedir que le ayudaran a hacer. Dije que era mi derecho, blabla, bulimia, blaba, ansiedad. Me plantearon que ahora había unas inyecciones muy buenas con las que no me costaría tanto hacerlo, corregir mi cuerpo, y así poder ser madre, con ese mismo cuerpo gordo-delgado-gordo-bulímico-insultado-gordo y, quizás sí, delgado, parturiento y amamantador. Todo un cuerpo para ser madre, fantaseo con humor sobre la idea de decirle a une future hije: cariño, no te comas la galleta, anda. Y aun así quería ser madre. Sentí con tanta intensidad la rabia, el deseo y la ajeneidad por mi propio cuerpo que me pregunté –y es la pregunta que articula todo lo que viene después– qué ha cambiado en los últimos años para llegar a esta situación, qué lógica hace que una institución pública le diga a una mujer con un trastorno de conducta alimentaria diagnosticado y sin ningún problema de fertilidad que la solución a su deseo de ser madre pasa por un fármaco para adelgazar, qué clase de sistema produce esa respuesta y la normaliza hasta el punto de que nadie en esa consulta pareció encontrarla problemática, casi ni yo misma. 

No es que ahora haya más gordofobia que antes, de hecho ésta lleva décadas operando sobre los cuerpos de las mujeres con una precisión que el lenguaje de la violencia estética no termina de capturar. Llamar violencia estética a lo que le ocurre a los cuerpos gordos es describir el síntoma y perder la causa, es quedarse en la superficie de un sistema que no opera principalmente sobre el deseo o sobre la belleza sino sobre la producción, sobre qué cuerpos pueden entrar en el circuito económico y social y reproductivo y cuáles quedan fuera, no por razones de gusto sino por razones de estructura.  El giro al que estamos asistiendo pasa por comprender que la gordofobia no consiste en que los cuerpos gordos gusten menos, sino que es un dispositivo cultural y social pero también tecnológico y económico que ordena el mundo, de tal modo que lo gordo vale menos, los cuerpos gordos valen menos ya que producen menos, acceden a menos, y el sistema ha encontrado formas cada vez más sofisticadas de administrar esa devaluación sin tener que declararla, en el mejor de los casos, como la opción saludable y, desde luego, nunca como política. 

Durante mucho tiempo se prometió que en el capitalismo todo se volvería inestable, que las formas sólidas se disolverían en el aire, que ninguna jerarquía sería permanente, y era una promesa que funcionaba también como advertencia: nada dura, nada resiste, todo puede cambiar. Hay algo, sin embargo, que no se ha vuelto líquido por más que los cantos de sirena del body positive nos pudieran haber confundido, y que, al contrario, se ha estrechado, que se ha vuelto más rígido y más exigente a medida que todo lo demás prometía flexibilizarse. El cuerpo. Y no todos los cuerpos, solo aquellos que pueden permitirse existir, al menos aparentemente, sin ser corregidos, es decir, empequeñecidos. Todo está empequeñeciendo a nuestro alrededor. La delgadez ya no organiza únicamente el deseo, sino que condiciona la existencia misma, y en ese desplazamiento —de ideal a condición de posibilidad— está todo el problema, porque lo que antes era una aspiración ahora se ha convertido en un umbral, en una línea que determina qué cuerpos pueden circular sin fricción en los mundos digitales que hoy habitamos y nos enriquecen y empobrecen; y a consecuencia de ello, cuáles son creíbles,  empleables, visibles y, por tanto, cuáles pueden producir valor. El giro de la delgadez ha hecho que hoy lo humano ya casi equivalga a lo delgado. 

El neoliberalismo produjo un desplazamiento que todavía estamos procesando, que tiene que ver con la fusión entre la persona trabajadora y su fuerza de trabajo, es decir, entre la persona y el producto que ofrece, de manera que el sujeto ya no tiene capital humano sino que es el sujeto mismo el capital humano, y su cuerpo, su imagen, su presencia, su manera de ocupar el espacio, muy particularmente el espacio digital, son parte del activo que pone en circulación cada vez que entra en el mercado, lo cual convierte todo lo que le ocurra al cuerpo en algo constitutivo del valor que produce, no en algo accesorio o privado o separable de su rendimiento económico.

La delgadez es, entonces, capital, pero no en el sentido en que solemos pensarlo, no como un atributo que suma puntos dentro de un sistema que ya te ha aceptado, sino como una condición que habilita la entrada al circuito, un umbral que hay que cruzar antes de que cualquier otra cualidad cuente o no. Durante décadas funcionó como capital erótico —ser deseable— y como capital social —ser aceptable—, pero hoy ha mutado y se ha vuelto económico, algorítmico y técnico, de manera que el cuerpo delgado no solo gusta más sino que rinde más, que se integra mejor en los flujos de producción contemporáneos, que ya no pasan por la fábrica sino por la visibilidad y la atención, y en los que lo que se extrae ya no es fuerza de trabajo sino forma, presencia y legibilidad. Como el Face ID de tu teléfono, si no eres delgada, el nuevo mercado de valores ni te reconoce la cara. 

Ya no solo vivimos en una economía de cuerpos alienados sino en una economía de cuerpos producidos. La fábrica disciplinaba el cuerpo para hacerlo útil, hoy el mercado lo interviene para hacerlo legible, para que pueda literalmente entrar en el circuito no como trabajador sino como producto, como unidad que se ajusta, que se optimiza, que se corrige cuando se desvía del estándar. En este contexto, la aparición de fármacos como el Ozempic no ha liberado a nadie del ideal de la delgadez sino que lo ha convertido en una tecnología de producción corporal, en una técnica que administra lo que antes se exigía, y conviene detenerse aquí porque lo que ha ocurrido es estructuralmente distinto a lo que ocurrió con la cultura de la dieta o el ejercicio, que, por más violentos que fueran, seguían operando sobre la voluntad, sobre la disciplina, la constancia, la renuncia, y eran en ese sentido tecnologías morales disfrazadas de tecnologías corporales, mientras que el fármaco liquida esa ficción porque no pide voluntad sino prescripción y capacidad de pago, y el cuerpo correcto ya no se construye sino que se compra. El privilegio de la delgadez es el nuevo privilegio de clase. 

Esto tiene una consecuencia que apenas estamos empezando a ver, que tiene relación con un desplazamiento del estigma de lo gordo. Si antes la gordura podía leerse como fracaso moral, como falta de disciplina o de voluntad o de cuidado, ahora se lee cada vez más como fracaso económico, como no haber podido, no haber tenido acceso, no haber llegado a tiempo, de manera que la estigmatización no desaparece sino que muta y ya no te señala como débil sino como pobre, y en una sociedad que lleva décadas confundiendo ambas cosas, el efecto práctico es exactamente el mismo. A esto se añade que la delgadez farmacológica produce una nueva opacidad, porque el cuerpo intervenido borra sus huellas —no hay cicatriz, no hay operación visible, no hay dieta reconocible—, la transformación es química y silenciosa y atribuible a cualquier causa, y lo que permanece es solo el resultado: el cuerpo correcto, presentado como siempre como algo natural, como algo que simplemente se tiene o no se tiene, nunca como algo que se ha comprado.

Y ahí aparece una forma de desigualdad que el sistema se niega a reconocer como tal, porque no todos los cuerpos tienen el mismo acceso a esa intervención, no todos pueden producirse de la manera adecuada en el tiempo correcto y sin dejar rastro, y el capital corporal funciona en este sentido como cualquier otro capital, es decir, cuanto más se aproxima un cuerpo al estándar más valor genera, cuanto más se aleja más se devalúa, no simbólicamente sino materialmente, en oportunidades, en salario, en credibilidad, en acceso a derechos, de manera que más gordo no es una descripción física sino una posición en una jerarquía económica, y esa posición no refleja lo que el cuerpo produce sino lo que el sistema está dispuesto a reconocer como producción válida.

En esto consiste exactamente el privilegio de la delgadez, en no tener que demostrar que tu cuerpo es funcional, no tener que cruzar ese umbral antes de que cualquier otra cosa que hagas o digas o produzcas pueda ser tomada en serio. Y en una realidad mediada por algoritmos esta lógica se intensifica de forma dramática y exponencial, porque los cuerpos no solo son vistos sino que para producir ese valor son también filtrados, clasificados, ordenados, y los que encajan, circulan, mientras los que no, quedan fuera del campo de visión, de manera que, y por decirlo de forma explícita e instagrameable,  el alcance orgánico de una publicación con un cuerpo no normativo es sistemáticamente menor. Y no es que las plataformas censuren sino que simplemente no amplifican ni muestran, lo que equivale a no existir en una economía de la atención a la imagen. Es decir, que si eres gorda, ganar dinero en una economía que algoritmiza la delgadez y cancela su contrario va a resultar inevitablemente más difícil. Lo que, por cierto, te hará más pobre y por tanto aún más gorda. La delgadez es la nueva bitcoin. 

Si el algoritmo es indispensable para comprender este giro, la lectura de género es el otro núcleo fundamental de este análisis, ya que es sobre los cuerpos feminizados donde esta lógica se vuelve más exigente y más precisa y más violenta. El cuerpo feminizado no enfrenta el mismo umbral de capital corporal que el cuerpo masculino sino uno más estrecho y vigilado, con menos margen de error. Un hombre con un cuerpo no normativo puede compensarlo con autoridad o con dinero o con posición, pensemos en Trump como paradigma de todo ello y cómo irónicamente ha sido el primer gobernante que, siendo gordo, ha pretendido prohibir la entrada a un país a las personas gordas. Sin embargo, los estudios sobre percepción de liderazgo documentan que el exceso de peso es penalizado de forma significativamente más severa en mujeres que en hombres en contextos de evaluación profesional, y la gordura masculina puede leerse como descuido o incluso como poder según el contexto, pero la gordura femenina casi nunca se lee como poder, sino más bien como una señal de que algo en ese cuerpo no funciona como debería. A esto se añade la temporalidad específica del cuerpo feminizado, que no solo tiene que ser correcto sino que tiene que serlo en el momento adecuado, porque la maternidad, la menopausia, el envejecimiento son procesos que el mercado lee como deterioro del capital corporal, y en ese contexto el Ozempic llega no como herramienta de salud pública sino como solución de mantenimiento para cuerpos que el tiempo va apartando del estándar, de manera que la intervención farmacológica se convierte en una forma de pagar la deuda de envejecer en un cuerpo que se sigue leyendo como femenino. Y hay una capa más, que tiene que ver con que las mujeres racializadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans enfrentan umbrales adicionales que se superponen y se multiplican, porque el capital corporal no opera en una sola dimensión sino que es interseccional en su estructura aunque el mercado lo presente como universal, y el estándar que habilita no tiene el mismo coste para todos los cuerpos que se alejan de él.

Quizás el engaño más cutre en todo esto es que el privilegio de la delgadez aparecerá en tu pantalla en cualquier declinación posible del podemos ser quienes queramos ser. Lo que esconde toda esa semántica de la autoliberación es que solo es válida a veces, que solo algunos cuerpos pueden permitirse no optimizarse, y la pregunta entonces no es qué cuerpos son más bellos, ni siquiera qué cuerpos son más sanos, sino qué cuerpos pueden existir sin ser producidos, qué significaría un cuerpo que no funcione como capital, un cuerpo que come sin calcular y ocupa espacio sin pedir permiso y envejece sin corregirse y existe sin justificarse, un cuerpo que no tenga que ajustarse para circular ni reducirse para ser leído ni intervenirse para ser aceptado, un cuerpo que hemos aprendido a llamar inútil para el mercado y que por eso mismo, quizá, es el único desde el que puede empezar algo distinto, no producir mejores cuerpos sino hacerlos ingobernables. Las preguntas endemoniadas que nos quedan son: ¿Cuánto pesaría ese cuerpo que al neoliberalismo ya no le resulta rentable? ¿Se puede ser libre hoy teniendo un cuerpo? 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que dar un beso en la mano a una mujer sin su consentimiento cuando se la formula una proposición de carácter sexual es agresión sexual, aunque no haya violencia ni intimidación, informa EFE.

El caso ocurrió la mañana del 10 de enero de 2023. Aquel día un hombre se acercó a una mujer que se encontraba esperando el autobús en la avenida de España 52 de Alcobendas (Madrid).

Sin su consentimiento, la cogió la mano y se la besó, al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara ofreciéndole dinero, conducta que repitió en dos ocasiones, según el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este lunes.

El Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid le condenó a 1.620 euros de multa por un delito de agresión sexual, con la aplicación del subtipo atenuado por la menor entidad del hecho, un fallo que confirmó la Audiencia Provincial de Madrid.

El condenado recurrió al alto tribunal alegando que los hechos, como mucho, serían merecedores de un delito de acoso callejero de carácter sexual, como recoge el articulo 173.4 del Código Penal.

Sostiene que no se puede hablar de agresión sexual, porque "no hay violencia, intimidación, abuso de superioridad o vulnerabilidad de la víctima", es decir, "el riesgo para la integridad física de la víctima fue mínimo, la víctima nunca describió que sintiera su integridad sexual vulnerada, se pudo sentir molesta, agraviada, víctima de una intromisión en su "zona de confort", pero nunca se produjo un claro riesgo para su integridad sexual".

Ademas, "los hechos habrían ocurrido a plena luz del día, al lado de una comisaría, en una parada de autobús de una vía pública con tres carriles por casa sentido, es decir, en un lugar por el que transita mucha gente y no hay ningún testigo que acredite que hay una conducta violenta o intimidatoria" por parte del acusado.

Pero el Supremo no le da la razón, porque "hay un acto de tocamiento del agresor a la víctima, y ello excluye el acoso callejero", y "en cuanto existe ya un tocamiento a la víctima en cualquier parte del cuerpo de la misma no cabe aplicar el art. 173.4, porque se comete un exceso del autor al realizar ese tocamiento que la víctima no tiene obligación de soportar".

Y deja claro la distinción entre acoso callejero y agresión sexual: "Cuando estamos en acciones de expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexuales, estamos en actos ad extra al cuerpo de la víctima, y cuando existen actos de tocamientos, estamos en actos ad intra, que suponen delito contra la libertad sexual".

Dicho de otro modo, señala que "no se trató de un acto de cogerle de la mano, sino que llevaba consigo un componente claro sexual, ya que incluso se la besó", por lo que "una mujer no puede soportar la servidumbre de que un hombre le coja de la mano y le bese sin consentimiento en actos claros y evidentes de connotación sexual".

Así, el consentimiento de la mujer "también concurre y es exigente para la realización por parte del sujeto varón de cualquier acto de tocamiento, que no debe soportar la mujer, sino es consentido".

La sentencia cuenta con el voto particular de los magistrados Leopoldo Puente y Antonio del Moral, quienes reconocen que no hubo consentimiento, pero que entienden que los hechos descritos "carecen de naturaleza sexual" y se enmarcan más en el acoso callejero.

"Un beso (o dos) en la mano de otra persona resulta, en nuestra cultura, una forma de saludo, hoy en desuso (con frecuencia sustituida por el estrechamiento de manos o por dos besos en las mejillas)", explican los magistrados, que añaden que "tan frecuente llegó a ser como fórmula de cortesía" que dio nombre al besamanos.

Y añaden: A nuestro parecer, es notorio que las conductas referidas (el beso en la mano, el estrechamiento, los besos en las mejillas no son actos de naturaleza sexual). Ningún tercer observador consideraría en presencia de estas conductas, cuando consentidas por todos sus protagonistas, que se encuentra ante actos de naturaleza sexual. Tampoco pueden serlo entonces, cuando no se consienten".

El juez Arturo Zamarriego ha rechazado la petición de la actriz Elisa Mouliaá de suspender su declaración prevista para el viernes por la querella por calumnias que interpuso contra ella el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, alegando que se encuentra de baja, informa EFE.

El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha citado para este viernes a los dos tras admitir la querella que interpuso Errejón por calumnias contra Mouliaá por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la actriz.

En una providencia notificada este jueves, a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado señala que al no haberse "aportado hasta el momento informe médico alguno sobre la supuesta enfermedad de la Sra. Mouliaá, no ha lugar a la suspensión solicitada".

Responde así al escrito que presentó este miércoles el letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, en el que exponía que la querellada no podría cumplir con la citación por estar de baja, circunstancia que aseguró "se acreditará mediante el certificado médico que será aportado debidamente en tiempo y forma en el momento en el que sea remitido a esta parte".

Por su parte, la abogada de Errejón, Eva Gimbernat, remitió al juzgado también el miércoles un escrito en el que exponía la posibilidad de que la querellada no compareciera y por eso propuso que el médico forense adscrito al tribunal "se personase en el domicilio de la investigada para verificarlo, o incluso se practique su declaración por videoconferencia para esa misma fecha".

La letrada advertía de este modo al juez de las "añagazas procesales de las que viene haciendo gala la señora Mouliaá en otros procesos judiciales" para dilatar el procedimiento.

La querella de Errejón contra Mouliaá por calumnias con publicidad recayó por reparto y fue admitida por el magistrado Arturo Zamarriego, que es el que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la UCO.

Alude al contenido de varias publicaciones en redes sociales en las que Mouliaá acusó a Errejón de extorsionar a dos testigos de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, cuyo titular procesó a Errejón por un delito de abuso sexual del antiguo Código Penal (actualmente agresión sexual), y luego abrió juicio oral.

El procesamiento está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene que pronunciarse sobre el mismo, al igual que sobre otro recurso de Errejón que pide que se archive la causa porque la actriz retiró su acusación en ese proceso, aunque luego se retractó y dijo que seguía adelante.

Los testigos a los que alude la querella son los dueños del piso en el que se celebró una fiesta el 8 de octubre de 2021 en la que ocurrieron los hechos denunciados, quienes declararon que la que era su amiga en aquel momento les presionó luego, una vez denunciada la presunta agresión sexual en 2024, para que validasen su versión en el juzgado. Uno llegó a bloquearla y contactó con Errejón para decirle que su situación le parecía "injusta".

Tras esas declaraciones Mouliaá reaccionó en la red social X "difundiendo afirmaciones falsas y difamatorias sobre el señor Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos" e "imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", dice la querella. Así detalla el contenido de 14 mensajes publicados el pasado 21 de junio y el número de visualizaciones que alcanzaron. EFE

La Policía Nacional ha detenido a 13 jóvenes de entre 18 y 27 años ligados al Sindicato Español Universitario (SEU) asociado a Falange Española por los actos vandálicos y daños causados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Campus de Somosaguas, de la Universidad Complutense de Madrid, con motivo de los actos reivindicativos del 8M.

Los altercados ocurrieron el pasado día 6 cuando alrededor de las 17:30 horas un grupo de personas irrumpió de forma coordinada a esta facultad vistiendo ropas oscuras y ocultando su rostro con máscaras y prendas de vestir.

Tras destrozar cartelería y el mobiliario que encontraban a su paso, alterando el normal funcionamiento del centro educativo, desplegaron una pancarta en el hall en la que podía leerse 'Rechaza el feminismo y abraza la feminidad' junto con el símbolo falangista del yugo y el haz de cinco flechas.

Entre los destrozos causados, el grupo de vándalos se ensañó especialmente con la sala que usan habitualmente las asociaciones estudiantiles para planificar sus actividades en esta facultad.

La investigación iniciada entonces por la Brigada Provincial de Información de Madrid derivó el pasado lunes, según ha dado cuenta este jueves el inspector jefe Fernando Martín en rueda de prensa en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en la operación Jauría y en la detención de 13 jóvenes e identificación de otros seis menores, uno de ellos en calidad de investigado por los hechos.

A los arrestados, dos de ellos con antecedente, se les acusa de delitos de desórdenes públicos, daños y delito contra los derechos fundamentales.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha querido dejar claro que este relevante golpe a la ultraderecha lanza un mensaje de que "van a fracasar" siempre si pretenden romper con la convivencia de la ciudadanía.

"Ni el odio ni la violencia quedan impunes en las calles de Madrid, les pido que reflexionen y cambien el rumbo porque la sociedad madrileña se opone al odio", ha zanjado.

Hace poco escribí aquí mismo un artículo donde sostenía que lo que está inclinando a los jóvenes a la extrema derecha no es lo material, sino una profunda disputa sobre el sentido de un mundo sumido en profundísimos y desconcertantes cambios. Después, Sánchez-Cuenca en El País explicaba con datos por qué, efectivamente, no es únicamente, ni siquiera principalmente, lo económico lo que propicia el crecimiento del fascismo. Por último, la semana pasada Pablo Batalla lo explicaba muy bonito también en El País. Sin embargo, cuesta mucho que los partidos de izquierdas asuman plenamente esta realidad que, en ningún caso, quiere decir que haya que olvidar las cuestiones económicas que, sin ninguna duda, determinan en gran medida la vida de la gente, aunque no tanto como suele creerse sus posiciones políticas. Hay quien afirma que vivimos en una sociedad post-materialista, aunque es evidente que los pilares de la propia existencia siguen dependiendo en gran parte de las condiciones materiales. En todo caso, lo que sí es evidente es que el cambio social que se ha producido en pocos años en el terreno de lo simbólico, en el terreno de las subjetividades, es tan grande que no es posible ignorarlo, como tampoco es posible ignorar que el miedo a que te ataquen por la calle y te den una paliza es muy material. En todo caso, veo a una parte de la izquierda más desorientada que la derecha en estas cuestiones. 

Es posible que muchos jóvenes no sean conscientes personalmente de la transformación que se ha producido en el terreno de lo social en las últimas décadas porque muchos de ellos ya han nacido y crecido en medio del cambio, pero lo que sí es seguro es que sus referencias culturales y simbólicas siguen ancladas en aquel tiempo que quizá no conocieron, pero que sigue siendo aquel que fundamentalmente les apela. En este sentido, me ha resultado impactante ver la  serie El monstruo de Florencia en Netflix. La serie se anuncia casi como un true crime pero si se analiza con los ojos del género, lo que se aprecia es que la sociedad europea de los años 60 era radicalmente otro mundo. Especialmente en lo que respecta a las relaciones entre mujeres y hombres y a la heterosexualidad como organizadora indiscutible de la vida. En el momento en que la serie se desarrolla yo ya había nacido y ese fue enteramente el mundo en el que mi madre vivió la mayor parte de su vida, para que nos hagamos una idea de que es un mundo nada lejano en cuanto al tiempo, aunque lejanísimo en nuestra percepción. 

La transformación social que se ha producido desde entonces es una de las más profundas y radicales que ha vivido la humanidad en los últimos siglos, quizá la más radical. Y por primera vez, además, y debido a la globalización, los cambios afectan, si bien en distinta medida, a todos los países, y no sólo a los países occidentales. Estos cambios han producido heridas y desconcierto en muchas personas que ven tambalearse sus vidas; personas que han pasado de creerse instalados en la normalidad y lo previsible, a verse sacudidos por movimientos y marejadas sociales que les mueven el suelo bajo sus pies. Las heridas, el desconcierto, el miedo que esto produce, la derecha lo está sabiendo explotar muy bien. 

La herida fundamental es la del género, porque afecta a la mitad de la humanidad.  El de hoy es un mundo en el que por primera vez masivamente las mujeres se niegan a ocupar el papel prescrito para ellas, lo que mueve todo el tablero. Los hombres (la mayoría de ellos) no quieren que nada se mueva, pero se ven casi empujados por la marea feminista. Además, las mujeres se han lanzado a denunciar (con muchísimos costes personales para ellas) que esa supuesta normalidad a la que los hombres se aferran está cimentada en gran parte en diferentes grados de violencia sexual. En definitiva, se dibuja un mundo que se ha dado la vuelta como un calcetín y que se presenta como completamente diferente del que ha sido los últimos… ¿4000 años? Es absurdo minimizar la importancia de esto. 

Pero no es sólo el género. El mundo de ahora es uno en el que todos aquellos señalados como subalternos se niegan a serlo más.  Hemos vivido (aun vivimos) en una sociedad construida sobre la desigualdad de género, pero también de raza, de origen. Que las mujeres no quieran ser subalternas, que las ciudades se llenen de migrantes con derechos o que las personas racializadas exijan ser iguales a quienes siempre se han sabido superiores, supone heridas que derivan en posicionamientos políticos extremos. Lo mismo ocurre con el animalismo o el ecologismo. Venimos de sociedades que trataban a los animales y a la naturaleza como cosas para usar y tirar, para explotar. En muy pocos años, la conciencia sobre los animales y sobre la naturaleza dibuja nuevas maneras de relación con el mundo. Los animales son considerados seres sintientes con derechos y existen obligaciones no sólo éticas, sino legales respecto a ellos. Todo ello está rompiendo las costuras de muchas subjetividades que no son capaces de sumarse a ese cambio, especialmente quienes estaban en la cúspide de la pirámide y ahora sienten que todo se tambalea. Son estos, bastante parecidos entre sí, quienes tienden a inclinarse por partidos de extrema derecha. ¿Qué les ofrecen estos partidos? No tanto un programa económico como un programa de restauración de los privilegios perdidos: devolver a su lugar al hombre blanco heterosexual que dominaba el mundo y por tanto imponía como única su relación con las cosas y las personas. Volver a poner a la familia patriarcal en el centro de todo. 

Vemos cómo la extrema derecha en todo el mundo tiene una obsesión con las personas trans, con acabar con ellas. Son el blanco inmediato más fácil, son las más vulnerables y son las más “raras” por poco conocidas; así ha aparecido un perfecto chivo expiatorio que permite a la derecha centrar sus políticas en acabar con esta minúscula minoría.  Fomentar el odio hacia una minoría insignificante desde el punto de vista numérico les está proporcionando réditos importantes y el PP ya se ha sumado entusiasta a la labor, desdiciéndose sin rubor de las políticas que ha votado y apoyado los últimos 10 años. ¿Quién puede pedir coherencia a estas alturas? Pero, por supuesto no se detendrán aquí y el odio se despliega ya contra cualquier persona LGTBI. Sin embargo, el objetivo final, la pieza mayor, son los derechos de las mujeres, puesto que sólo cobrándose estos conseguirán los nuevos dueños del mundo restaurar la sociedad patriarcal que añoran. En algunos estados de EEUU ya se aplican penas mayores a mujeres que abortan (y ha habido un proyecto que pretendía aplicar la pena de muerte); se defiende sin pudor que no deben votar ni tener presencia pública y Putin quiere mandar al psiquiatra a las mujeres que no quieran ser madres. No todos los hombres están muy preocupados por este programa, quizá no lo estén la mayoría. Nosotras sí lo estamos, con razón. 

La izquierda no puede dejar de ocuparse de las cuestiones materiales porque estas marcan la diferencia entre las vidas vivibles y las que no. Pero no sólo éstas. Tiene que poner el mismo énfasis en que las libertades y los derechos conquistados en las últimas décadas no tengan vuelta atrás, tiene que defenderlos sin titubeos o perderá, tiene que incluso buscar ampliarlos. La izquierda se equivocará mucho si se obsesiona con recuperar a esos chicos que van al gimnasio y están desorientados, como dijo Emilio Delgado en una reciente charla con Rufián. Se equivocará mucho si busca adaptar sus propuestas tratando de llegar a esos hombres que tienen miedo y están rabiosos. El problema de Emilio Delgado (y tantos líderes de izquierda) es que siguen pensando el mundo androcéntricamente; es decir, siguen pensando en un mundo en masculino blanco y heterosexual. El joven blanco hetero ya no es el centro del universo, pero, ojo, es que ni siquiera son mayoría. Y, aunque el androcentrismo impida a veces darse cuenta, las mujeres, las personas de la diversidad (grupo cada vez más numeroso) y las personas migrantes y racializadas (también cada vez más numerosas) somos muchos más. Y votamos. Y no votaremos a quien no de una batalla firme por nuestros derechos. 

¿Cómo ha ganado Mamdani en Nueva York? Ofreciendo mejoras materiales de posible ejecución (a estas alturas la gente ya sabe cómo se hacen los programas electorales de máximos) pero sin hacer ni una sola cesión en su defensa de la igualdad de las mujeres y de las personas LGTBI, así como de las personas de origen migrante, racializadas y de las distintas religiones; visibilizando especialmente esa defensa. Y según los cálculos post electorales la diferencia de votos que ha hecho ganar a Mamdani tiene que ver con el numeroso voto LGTBI de Nueva York. ¿Cómo ha ganado La Francia Insumisa algunas alcaldías importantes y se ha consolidado como fundamental para que la izquierda siga gobernando en otras? Buscando el voto en los barrios racializados y migrantes, es decir, apelando a los derechos y a los sentimientos de las personas racializadas y de origen migrante; entendiendo que hoy, en Francia, esa es la clase más desfavorecida, entendiendo que son franceses y que votan ¿Y cómo se ha convertido Zack Polanski en la esperanza de la izquierda en Gran Bretaña? Sí, con un discurso económico rupturista, pero también con un discurso claramente enfocado a combatir la transfobia rampante de aquel país; entendiendo que este discurso es síntoma de una determinada concepción del mundo que en ningún caso puede apoyar la izquierda. Todos ellos han sabido leer los cambios sociales y han entendido, además, quiénes son sus votantes. 

Por eso, la mejor manera de perder unas elecciones es irse a los gimnasios de barrio a buscar a los gymbros que, por ahora, no van a votar a la izquierda en ningún caso. Ni ellos ni tampoco los integrantes de la cofradía de Sagunto que han votado mayoritariamente, en una pequeña y miserable venganza patriarcal, contra la posibilidad de que las mujeres puedan salir en la procesión de su cofradía. No hay mucho que rascar ahí y si se intenta contentar a estos sectores de algún modo, llamarlos, entenderlos… se corre el riesgo cierto de perder los votos de quienes sí pueden inclinar la balanza hacia la izquierda. Somos más, pero no podemos permitirnos buscar en el lugar equivocado. 

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 Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

El Gobierno iniciará los trámites para revocar la declaración de la Semana Santa de Sagunto (Valencia) como Fiesta de Interés Turístico Nacional, después de que la Cofradía de la Purísima Sangre se manifestara nuevamente en contra de que las mujeres procesionen, informa EFE.

Así lo ha anunciado el Gobierno en un comunicado conjunto del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Industria y Turismo, que es el que otorga el reconocimiento a través de su Secretaría de Estado, y que ha decidido incoar un expediente para revocar la declaración que se concedió en 2004.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, organizadora de la Semana Santa en el municipio, volvió a rechazar que las mujeres puedan procesionar en la localidad, tras la votación de parte de los 1.700 cofrades este fin de semana. 267 de ellos se pronunciaron expresamente en contra de la inclusión de las mujeres en las manifestaciones religiosas.

El ministerio señala que el Gobierno estudiará cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla "pueden afectar al requisito de participación ciudadana previsto por la normativa" de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, ya que "excluyen a la mitad de la población, que son las mujeres", teniendo en cuenta las quejas ciudadanas presentadas formalmente.

Además, subraya que la orden ministerial que regula la declaración contempla que este reconocimiento pueda ser retirado cuando la fiesta haya dejado de cumplir alguno de los requisitos exigidos.

Y remarca que el Gobierno de España está comprometido en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres por encima de cualquier otra consideración, por lo que "siempre se pronunciará y actuará en contra de cualquier discriminación por el hecho de ser mujer".

Del mismo modo, el Gobierno valora "actuar contra cualquier discriminación a la mujer y para garantizar la igualdad efectiva en el acceso y la participación en las entidades abiertas al público, tal y como indica la ley".

Por otro lado, indica que el Instituto de las Mujeres (IM) ha recibido varias quejas por discriminación por parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, en las que "se pone de manifiesto una posible conducta discriminatoria" al rechazar las solicitudes de ingreso de las mujeres en esta entidad.

De ahí que este organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, haya dado traslado de ellas tanto al Ayuntamiento de Sagunto como a la cofradía, al tener entre sus funciones canalizar las quejas formuladas en casos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo, "asistiendo de manera independiente a las víctimas", recalca el ministerio.

Y añade que, pese a que las asociaciones gozan de libertad organizativa, este derecho "no puede amparar disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que sus estatutos deben respetar el principio de igualdad y no discriminación".

En este sentido, el Instituto de las Mujeres recuerda que impedir la participación de las mujeres "no responde a una tradición, sino que constituye una forma de discriminación prohibida por la ley y contraria a los derechos fundamentales", por lo que se ha pedido el análisis y la revisión de los criterios de acceso a la cofradía y que "se tomen las medidas pertinentes en el ámbito de sus funciones, en aras de respetar y promover el acceso en condiciones de igualdad para mujeres y hombres".

Y advierten de que, de no ser así, dicha negativa se reportará a "otros organismos oportunos", como ya hizo el Instituto de las Mujeres con anterioridad, que se dirigió a otras dos cofradías o hermandades, en concreto, a la Cofradía Marraja de Murcia y su ayuntamiento en febrero de 2025, y a la Asociación Hermandad Dulce Nombre de Jesús de Valera de Abajo, en Castilla-La Mancha, en marzo de 2026.

Sorprende la repentina preocupación que le ha entrado a la derecha y a la ultraderecha por las mujeres, pero no por todas, solo por las de Irán. Y sorprende porque los mismos partidos que niegan la violencia de género en España, que dan recorrido al mito de las “denuncias falsas”, o que callan cuando personas de sus formaciones son denunciadas por agredir a una mujer, de repente emprenden una cruzada preocupados por la situación de las mujeres en Irán.

Su actitud es muy significativa por lo que revela, que, evidentemente, no es una preocupación por las mujeres de Irán, como no lo es por las mujeres en ningún lugar del planeta, de lo contrario deberían pedir que se bombardeara medio mundo para liberarlas de las imposiciones y agresiones machistas. Porque esa es la clave que hábilmente esconden, centrar el problema en las mujeres de Irán por sufrirlo, y ocultar que el problema son los hombres de Irán, como los de todo Oriente Medio y toda Asia, toda Europa, toda África, toda América y toda Oceanía. No es la conducta la que dibuja la realidad, sino los valores, ideas y creencias de la cultura que la hacen posible, y esa cultura es el machismo.

Una cultura levantada sobre la desigualdad entre hombres y mujeres que lleva a organizar la sociedad a partir de esas referencias, las cuales varían en su grado y forma de expresarse cómo varían las formas de entender la democracia y otras estructuras, pero siempre giran sobre los elementos comunes del androcentrismo. Una situación que debe llevar a entender que no porque haya sociedades que han avanzado más desde las posiciones machistas, y hayan dejado atrás muchos de sus mandatos originales, están fuera de la construcción androcéntrica y ajenas a sus consecuencias.

Una de las trampas del machismo es centrar su argumento en un criterio cuantitativo para ocultar su presencia bajo el camuflaje de la intensidad, haciendo creer que como hay situaciones más graves, las menos intensas no son problema. Es lo que lleva a muchas víctimas de la violencia de género a decir “mi marido me pega lo normal”, al comparar lo que ocurre habitualmente con otras ocasiones en que las agresiones son de mayor intensidad y, entonces, “no son normal”. Y no lo dicen como algo que piensen ellas de manera individual, sino porque la cultura lo ha impuesto como una referencia para mantener las relaciones de pareja. Por eso los jóvenes reproducen el mandato en la actualidad, como vemos cuando un 20% de los chicos de 15 a 29 años manifiesta que “si la violencia es de poca intensidad no es un problema para la relación de pareja” (Barómetro Centro Reina Sofía/FAD, 2025).

De ese modo la cultura androcéntrica se garantiza el uso de la violencia contra las mujeres como parte de su estrategia de control, puesto que el problema no es la violencia en sí, sino la intensidad que se pueda utilizar en cada momento para que el resultado no sea “normal”. Y eso es lo que le permite decir a un líder de un partido político, como es Núñez Feijóo, respecto a otro líder de un partido que defiende ideas similares, como era el líder del Vox en Valencia, condenado por violencia de género, que se trató de un “divorcio duro”, obviando que la condena fue por violencia. Pero debió entender que como fue de “poca intensidad”, de hecho habló de “abuso verbal”, no era un problema.

La segunda parte de la trampa es que esa “violencia de poca intensidad” cada vez alcanza una intensidad mayor sin que se perciba ese incremento. Pues una vez que se normaliza un nivel de violencia, la comparación para ver si la violencia es mucha o poca no se hace con el nivel cero de violencia, sino con el nivel previamente normalizado, y así cada vez aumenta más, pero siempre es “normal” porque nunca es muy intensa frente a lo aceptado.

La estrategia para ocultar la violencia de género en España bajo el camuflaje de la violencia doméstica o la violencia familiar actúa bajo las mismas referencias: primero se le quita su significado al ocultar la construcción de género que hay en ella llamándola doméstica o familiar, y después se compara con la violencia en Irán para decir que como no se hace nada contra esa violencia se demuestra que las políticas españolas son chiringuitos para enriquecerse y quitarle los hijos, la casa y la paga a los hombres después de denunciarlos falsamente. De ese modo se produce un cambio de significado muy práctico para sus intereses, y se lanza el mensaje de que “las mujeres de Irán son buenas y los hombres de allí son malos”, mientras que “las mujeres de España son malas y los hombres de aquí son buenos”.

Todo es una manipulación inaceptable de las mujeres de allí y de aquí para justificar sus posiciones bajo el impacto que la situación tiene sobre los hombres: aquí los presentan como víctimas que hay que proteger del feminismo, y allí, en Irán, como malvados que hay que destruir.

La posición del PP y Vox está en el abandono y negación de la violencia de género en España, y en presentar una guerra que dañará más a las mujeres que a los hombres como una “liberación” de las primeras, como si acabar con un régimen político cambiara la cultura sobre la que se asienta. Podrá modificar la forma de expresar las ideas, valores y creencias, pero siempre se hará bajo las mismas referencias culturales a no ser que estas se transformen. Y para transformar la cultura no hacen falta bombas, sino democracia, educación en igualdad y Derechos Humanos.

Si no se apuesta por la igualdad y los Derechos Humanos, alguien podría plantear mandar la UME y tomar las Comunidades Autónomas donde sus gobiernos nieguen la violencia de género.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.