La desigualdad en el periodismo español sigue siendo una de las paradojas más agudas del mercado laboral contemporáneo: una profesión feminizada masivamente desde hace años en sus bases y en las aulas, pero que mantiene una estructura de mando rígidamente masculina en sus niveles de decisión.

A pesar de que las mujeres representan desde hace tiempo la mayoría de los graduados y una parte esencial de las redacciones, su acceso a los puestos de alta dirección no solo se ha estancado, sino que los datos más recientes de 2025 sugieren un preocupante retroceso estructural.

El año 2025 marcó un punto de inflexión negativo para el liderazgo femenino en la prensa de referencia en España. Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025 de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el número de mujeres ha descendido.

Este retroceso se ha hecho patente en cabeceras con mucha visibilidad. En junio de 2025, el diario El País relevó a Pepa Bueno —quien dirigía el medio desde 2021— para nombrar a Jan Martínez Ahrens. Casi simultáneamente, en la prensa económica, Amanda Mars fue sustituida al frente del económico Cinco Días por Ricardo de Querol. Estos movimientos han provocado “una descapitalización del liderazgo femenino en los nodos de decisión estratégica del Grupo Prisa”, según la APM, devolviendo estos puestos a perfiles masculinos y restableciendo pautas históricas de mando.

Actualmente, el panorama en las grandes cabeceras impresas es desolador para la paridad. De las 15 principales cabeceras de prensa en España, según el Estudio General de Medios (EGM), solo el diario económico Expansión, controlado por el grupo italiano que también posee El Mundo, cuenta con una directora, Ana Isabel Pereda, nombrada en 2010.

Al margen de eso, solo hay cuatro excepciones en papel, las dos primeras del grupo Editorial Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll. Se trata de Gemma Martínez, quien acaba de asumir la dirección del catalán El Periódico, y de Isabel Morillo, al frente de El Correo de Andalucía desde enero de 2024. A las que hay que sumar otras dos, también de ámbito local y regional: Esther Vera en el diario Ara y Teresa Cobo en La Rioja, del grupo Vocento.

Si incluimos en el análisis las cabeceras digitales, hay pocas excepciones. La primera entre los generalistas es infoLibre, dirigido por una mujer: Virginia P. Alonso asumió el cargo en marzo de 2025, después de liderar la redacción de publico.es, un caso único en el periodismo español. La segunda es el huffingtonpost.es, la versión del digital estadounidense propiedad del grupo Prisa, al frente de la cual está Laura Riestra desde junio de 2025.

La fotografía más reciente de la cúpula de los medios de prensa en España la ofrece un mapa elaborado con datos actualizados a marzo de 2026 por otra excepción: lamarea.com , dirigido desde 2015 por la periodista Magda Bandera. El resultado es contundente: 64 de los 219 directivos de los principales medios impresos y digitales del país son mujeres. Menos de tres de cada diez.

Los números se vuelven más elocuentes cuando se bajan al detalle. En El País, la dirección tiene 4 mujeres de 14 puestos directivos en los niveles analizados. En El Mundo, 3 de 11. En La Vanguardia, 4 de 14. En Abc, 1 de 9. En los consejos de administración y presidencias la proporción empeora: en varios de los grandes grupos, la cifra es de una mujer sobre cinco, cuatro u ocho hombres.

Entre los medios digitales el panorama es algo menos uniforme. eldiario.es, infoLibre o publico.es presentan mayor presencia femenina en sus estructuras que las cabeceras impresas tradicionales. Pero incluso allí la paridad no es la norma.

Las facultades de comunicación llevan años con un desequilibrio llamativo: entre el 70% y el 80% del alumnado son mujeres, y sus notas medias superan a las de los hombres —6,83 frente a 6,64, según estudios de caso. La cantera es femenina. El problema está en lo que ocurre después.

En las redacciones, las mujeres representan más del 52% del personal contratado. Son la base operativa de las empresas informativas. Pero a medida que se asciende en la jerarquía, esa mayoría se evapora. Y fuera del mercado laboral, el paro también se ceba con ellas: el 62% de los periodistas desempleados que buscan empleo como primera opción son mujeres, frente al 38% de hombres, según datos del SEPE.

La literatura académica sobre el tema ha ido abandonando la metáfora del techo de cristal —la barrera final y visible— para sustituirla por imágenes más precisas. Como la formulada en 2007 por Alice H. Eagly y Linda E. Carli, investigadoras de Northwestern y Wellesley College respectivamente. La imagen que propusieron es la del laberinto: no hay un muro al final de la carrera, sino obstáculos distribuidos a lo largo de toda la vida laboral. Entre ellos, los prejuicios sobre la autoridad femenina y la exclusión de las redes informales donde se deciden ascensos y mentorías, espacios de socialización masculinos a los que las mujeres raramente acceden. Un recorrido de obstáculos continuos —prejuicios en la promoción, resistencia cultural al liderazgo femenino, cargas familiares desiguales— que se acumulan a lo largo de toda la vida laboral.

La transición digital no ha roto la desigualdad. En algunos aspectos lo está reforzando. Aunque el acceso a internet está equilibrado entre hombres y mujeres, persiste una brecha de género en la e-inclusión —la capacidad de participar de forma plena y activa en la sociedad digital— y en los puestos técnicos especializados.

La tecnología ha añadido un tramo más al recorrido. En las escuelas de ingeniería, las mujeres representan el 14,3% del alumnado de Informática. Esa escasez se traslada directamente al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que ya se utilizan en más de la mitad de las redacciones españolas.

A las barreras verticales se suman las horizontales. Las mujeres son empujadas hacia secciones consideradas blandas —sociedad, cultura, consumo— mientras que los espacios con más peso simbólico y proyección pública —política, economía, opinión— siguen dominados por hombres. En las páginas de opinión, la cifra es elocuente, igual que en las tertulias y en la presentación de espacios informativos y de actualidad.

Resulta revelador contrastar la situación de los medios convencionales con el sector de la comunicación corporativa e institucional, que tradicionalmente ha funcionado como un entorno más igualitario. Hasta hace poco, la representación femenina en puestos directivos de departamentos de comunicación era significativamente superior a la de las redacciones, llegando a alcanzar el 65%.

Sin embargo, incluso este refugio profesional está mostrando signos de fatiga en términos de igualdad. Los datos de 2024 indican que la mujer ha perdido presencia en estos cargos directivos, cayendo del 65% al 52% en apenas un año. Este dato refuerza la tesis de que el techo de cristal no es un problema que el tiempo solucione por sí solo, sino que requiere cambios estructurales profundos en la cultura organizacional.

La desigualdad no se detiene en los organigramas. Afecta también a las condiciones materiales del trabajo. En estudios regionales se ha detectado que las periodistas cobran hasta 6.000 euros menos al año que sus compañeros varones, una brecha que se abre en una profesión donde la precariedad ya es norma compartida.

Las jornadas tampoco ayudan. El 56% de los periodistas trabaja más de 40 horas semanales, y una parte significativa supera las 45. Esa disponibilidad permanente es difícilmente compatible con una distribución desigual de las cargas domésticas, que en España sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

El desgaste tiene consecuencias medibles. Alrededor del 66% de los profesionales afirma sufrir problemas de salud mental relacionados con la precariedad y la presión laboral. Para las mujeres, esa presión tiene una capa adicional: la exigencia de demostrar de forma continua una competencia que a sus compañeros varones se les presupone.

La transición digital no ha paliado el problema. En algunos aspectos lo está reforzando. Aunque el acceso a internet está equilibrado entre hombres y mujeres, persiste una brecha de género en la e-inclusión —la capacidad de participar de forma plena y activa en la sociedad digital— y en los puestos técnicos especializados. En las escuelas de ingeniería, las mujeres siguen siendo minoritarias: representan, por ejemplo, el 14,3% del alumnado de Informática. Esa escasez se traslada directamente al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que ya se utilizan en más de la mitad de las redacciones españolas.

La ausencia de mujeres en esos equipos técnicos tiene consecuencias concretas, según los expertos. Los sistemas de IA tienden a replicar los prejuicios presentes en los datos con los que son entrenados, lo que genera un sesgo de género algorítmico que se cuela en herramientas que afectan a la selección de contenidos, la distribución de la audiencia y la visibilidad de las firmas.

El entorno digital ha traído además nuevas formas de violencia. Las periodistas sufren de manera desproporcionada campañas de acoso en línea y discursos de odio, que actúan como mecanismo de silenciamiento en la esfera pública digital.

La conclusión es que el tiempo y la formación superior de las mujeres están lejos de ser capaces de derribar las barreras de género en el periodismo español. Las facultades siguen graduando a una mayoría de mujeres, y los despachos de dirección siguen estando ocupados mayoritariamente por hombres.

Para subvertir esa inercia, expertas en igualdad como Marta Ortiz y Mª Angustias Bertomeu proponen estrategias que van desde la implantación de cuotas y medidas de acción positiva en los consejos de administración hasta un pacto de reconocimiento entre las propias profesionales para visibilizar genealogías femeninas y fomentar el liderazgo. Sin una transformación de la cultura masculina de las empresas periodísticas, el periodismo seguirá siendo una profesión escrita mayoritariamente por mujeres que sigue siendo pensada y dirigida por hombres.

Este martes 30 de junio vence el plazo legal para que las empresas que cotizan en el IBEX 35 adapten sus consejos de administración a la ley de paridad, en vigor desde el 1 de agosto de 2024. Esta normativa obliga a las 35 grandes cotizadas a equilibrar la composición de sus órganos de gobierno y la mayoría ya han alcanzado el objetivo. La banca lidera este avance y Bankinter se sitúa como la empresa con mayor presencia de mujeres en su consejo. Sin embargo, cuatro compañías todavía incumplen el mínimo que exige la norma.

La Ley de Representación Paritaria, que traspone la directiva europea conocida como Women on Boards, no exige exactamente que las mujeres ocupen el 40% de cada consejo, sino un número mínimo de consejeras en función del tamaño del órgano. Ese umbral se calcula tomando "el porcentaje más cercano al 40% sin superar el 49%", lo que permite que los consejos más pequeños cumplan la norma sin llegar al 40% exacto. Es el caso de Naturgy, que alcanza el requisito con cuatro consejeras de un total de 11 miembros (36,4%), o de Puig, con cinco de 13 (38,5%).

Las empresas que se quedan por debajo del umbral y, por tanto, siguen incumpliendo son: Solaria, Grifols, Acerinox e Indra. A Grifols y Acerinox, con consejos de 12 miembros, tendrían que incorporar a una quinta consejera; Indra, con 14 asientos, requiere una sexta mujer para adaptarse al mínimo legal (hoy tiene cinco). Un solo nombramiento separa a estas tres compañías del cumplimiento.

El caso más grave es Solaria. Su consejo lo forman seis personas (cinco hombres y una sola mujer), de modo que se queda en el 16,7%, a más de 20 puntos del mínimo y como la única del IBEX que ni siquiera roza el 30%. Para cumplir la normativa necesitaría, como mínimo, duplicar la presencia femenina en su órgano de gobierno. infoLibre se ha puesto en contacto con las cuatro empresas que aún incumplen para saber si van a acometer algún cambio inminente en su consejo de administración, pero ninguna ha respondido por el momento.

Un caso especial es el de Ferrovial. Aunque cotiza en el IBEX 35, en 2023 trasladó su sede social de España a Países Bajos. Por eso, pese a contar con un consejo de administración formado por ocho hombres y cuatro mujeres (33,3% de presencia femenina), no está obligada a cumplir la ley de paridad española, sino que se rige por la normativa holandesa.

Llegar al consejo no es lo mismo que presidirlo. De las 35 empresas que integran el IBEX, solo cinco están presididas por una mujer y únicamente una de ellas ejerce funciones ejecutivas. 

Ana Botín, al frente de Banco Santander, es la única presidenta ejecutiva del selectivo. Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, comparte el liderazgo en paridad con un consejo al 50%; María Dolores Dancausa preside Bankinter, el consejo más feminizado (58,3%), de forma no ejecutiva; Beatriz Corredor también es presidenta no ejecutiva de Redeia con un consejo paritario del 50%. Anne-Catherine Berner preside Grifols, la única de las cuatro rezagadas con una mujer en la presidencia. 

La escasa presencia femenina en las presidencias refleja que el reto ya no se limita al acceso a los consejos de administración, sino también a los puestos de mayor poder e influencia dentro de las empresas.

Por actividad, el sector más sólidamente paritario es la banca. Las cinco entidades que cotizan —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter— cumplen la ley, y Bankinter encabeza el ranking de representación femenina.

También destacan Inditex y Logista, con consejos paritarios al 50%; Colonial, con un 46,2%, e IAG, con un 45,5%. En el extremo opuesto se sitúan la industria y la energía. Las compañías que aún incumplen pertenecen a sectores tradicionalmente masculinizados y con una elevada presencia de perfiles técnicos, como las renovables en Solaria, la siderurgia en Acerinox, la biotecnología en Grifols, o la tecnología y la defensa en Indra.

España ha convertido la paridad en los consejos de administración de las grandes cotizadas en una realidad casi generalizada. Los consejos del IBEX 35 cerraron 2025 con 179 consejeras; en la actualidad son 187. Pero la verdadera asignatura pendiente es la presencia de mujeres en la alta dirección de las empresas con poder ejecutivo real.

El calendario, en todo caso, no termina este martes. La ley reserva el plazo más exigente para las 35 mayores cotizadas, pero da un año más al resto de empresas que cotizan en bolsa fuera del IBEX 35. Tendrán que alcanzar ese mismo 40% de mujeres en sus consejos antes del 30 de junio de 2027. Y aún disponen de más margen las entidades no cotizadas consideradas de interés público por su tamaño, su actividad o su plantilla, que deberán llegar al 33% en 2026 y completar el 40% en 2029.

Cada año, desde que recuerdo, cuando llega el Orgullo, surgen dos tipos de críticas que vienen de nuestro lado. Y yo, cada año, las contesto (inútilmente) porque convivo con un bichito que no me permite desentenderme de algunas cuestiones. Las críticas son de dos tipos: no hay nada que celebrar porque la consecución de la igualdad legal (especialmente el matrimonio, pero no sólo) es una conquista de corte conservador (con sus correspondientes críticas a los colectivos “institucionalizados”) y el Orgullo se ha comercializado y no es reivindicativo. Es difícil responder a estas dos cuestiones de manera breve. Voy a intentarlo.

1- ¿Hay que celebrar el matrimonio igualitario? Soy de la opinión de que las críticas al matrimonio son casi siempre anacrónicas, injustas y poco pensadas. Tradicionalmente el matrimonio servía, fundamentalmente, para tres cosas: asegurar la descendencia legítima y así transmitir la herencia, es decir, la propiedad privada; apropiarse del trabajo reproductivo y sexual de las mujeres y, por último, naturalizar y privilegiar la heterosexualidad. La lucha de las mujeres ha terminado con la identificación entre las dos primeras cosas y el contrato matrimonial. Ya no hay hijos matrimoniales ni no matrimoniales y la herencia se transmite por igual, sin que el matrimonio tenga importancia. Además, ahora se trata de un contrato civil formalmente igualitario entre hombres y mujeres y es fácilmente anulable. Por último, con el matrimonio igualitario cayó el privilegio heterosexual. Esto no quiere decir, obviamente, que se haya acabado con la propiedad privada, la herencia o la apropiación del trabajo y la sexualidad de las mujeres, sino que esto ya no se sustenta en el contrato, sino en la institución familiar, que puede ser matrimonial o no. Y de la que ya sabemos que, además de sustentada en las leyes, se apoya en un entramado emocional y de construcción subjetiva que es más difícil de romper que cualquier contrato.

Es evidente que cuando el contrato matrimonial dejó de ser útil se ha ido desdibujando y su influencia decayendo. Esto hace que haya ya países europeos en los que hay más parejas que conviven sin casarse que casadas y las familias, en todo caso, han sufrido un proceso de diversificación y ensanchamiento que sólo desde posiciones muy dogmáticas es criticable. Con el matrimonio se podrían hacer aún más cosas como permitir que lo puedan contraer más de dos personas o que pueda extenderse a relaciones que no sean sexoafectivas. Pero para que eso ocurra, tiene que haber demanda y activismo en ese sentido. Por ahora no ocurre, pero quién sabe mañana porque cuando se ensanchan los márgenes… se abre un enorme espacio.

No creo que la misma gente que nos dice que no hay nada que celebrar en la consecución del matrimonio igualitario dijera eso mismo de la derogación de la prohibición del matrimonio interracial, por ejemplo, o de las leyes que permitieron que las mujeres pudieran conservar sus bienes al casarse o ser iguales ante el divorcio. No sé por qué razón siempre se exige a los colectivos más débiles ser el faro moral de la izquierda. Finalmente, creo que el hecho de que el matrimonio igualitario (después de décadas de avances de las mujeres) acabara con el privilegio de la heterosexualidad, que fuera una victoria tan rotunda y tan rápida, tiene mucho que ver con la reacción familiarista de la extrema derecha en todo el mundo. Estoy convencida de que no pensaban perder esta batalla de manera tan estrepitosa y tan rápidamente.

2- El Orgullo de Madrid, que es estatal por decisión de los colectivos, es uno de los más reivindicativos del mundo. Y yo he estado en muchísimos. Sólo puede quejarse de lo contrario quien no ha visitado otros o si lo hace con mala fe. Sólo le ganan aquellos que se producen en condiciones de auténtica represión, como el de Budapest del año pasado. Es el que deja más espacio a los colectivos y asociaciones reivindicativas y a la política. Las asociaciones marchan siempre en primer lugar y constituyen el grueso de la manifestación. Después van asociaciones y ONG de derechos humanos. Luego van partidos políticos y, por fin, carrozas, unas asociadas a marcas comerciales y otras no. Cuando la cabecera, que siempre lleva un lema político, y donde marchan activistas y partidos políticos en señal de compromiso, llega al final se lee un manifiesto reivindicativo, político y consensuado. Antes de eso se han leído manifiestos reivindicativos en diversos actos. Todo esto no existe en la mayoría de los países que celebran orgullos.

3- Hay muchos orgullos y todos son necesarios. Los hay críticos, autonómicos, ciudadanos, de pueblo…Hoy estamos, de nuevo, en modo resistencia y, aun así, celebramos. La oposición reivindicación/celebración a estas alturas no tiene mucho sentido. No hay nada más político (y necesario) que seguir teniendo ese día para celebrar y echarnos a la calle. Celebrar lo que se ha conseguido, celebrar lo que somos, celebrar la memoria y la genealogía, celebrar que, al ser visibles y orgullosas, vencemos a la injuria, como decía el otro día Didier Eribon. Al celebrar, reivindicamos, desde la memoria de lo que hemos sido, al futuro de lo que queremos ser.

Como activista que ha estado muchos años en primera línea, puedo asegurar que el Orgullo ha sido una herramienta fundamental de la lucha y que, si no hubiera sido por su masividad e internacionalización, algunas cosas hubieran sido mucho más difíciles. Ignorar ahora el contexto internacional y lo que se está preparando contra las personas LGTBI en todo el mundo, por parte de la extrema derecha, es un suicidio. La manifestación del Orgullo tiene la capacidad de convertirse en un muro frente al fascismo, ya lo ha sido en el pasado. Lo fue en Budapest en 2025.

4- Las críticas al llamado activismo institucional siempre me han parecido injustas y un poco elitistas. Hay muchas maneras de ser activista y todas son necesarias, pero el activismo que trata con las instituciones, que las enfrenta, que negocia y arranca compromisos, que se manifiesta, sigue siendo necesario (no sólo LGTBI+, sino cualquier otro: ambiental, por la sanidad, la educación, los derechos laborales, el feminista etc.). Convivir con las instituciones es perfectamente compatible con estar en la calle, en la protesta permanente cuando es necesario y con mantener posturas muy críticas. Véase, por ejemplo, la lucha de los activistas gays contra el SIDA: barricadas y negociaciones a partes iguales. Alguien ha estado negociando con los partidos políticos para que presentaran, y finalmente saliera adelante, la ley que prohíbe con penas de cárcel las terapias de conversión de la semana pasada. Alguien trabaja día a día (y recordemos que los colectivos LGTBI españoles son de los pocos que no pagan sueldos a los activistas que se dedican a ello casi full time) para que salgan adelante medidas y leyes que hoy consideramos imprescindibles y de las que, posiblemente, también se beneficien las y los críticos. Francamente, a no ser que renunciemos a cualquier trato con las instituciones, a cualquier ley o mejora legal, que decidamos vivir sin eso y no usar nunca ninguno de los derechos conseguidos… alguien ha hecho por los demás ese trabajo. Merece, como poco, respeto.

5- Lo anterior está relacionado con cierta romantización de los márgenes en la que a veces caemos. La relación en política (y en la vida) entre centro y periferia, entre adentro y afuera, es compleja y no lineal. Los márgenes son lugares de creación y de potencia política, pero también de un enorme sufrimiento que nadie quiere para sí a no ser que tenga una llave de seguridad en el bolsillo para poder entrar en la ciudad cuando la cosa se pone difícil. La mayoría de la gente prefiere estar a cubierto que fuera, a la intemperie. La tensión entre la norma y los márgenes es en parte irresoluble porque cualquier lucha pro-derechos es una lucha por la integración. Sin entrar en debates filosóficos complejos, la batalla hoy es por ensanchar los márgenes lo más posible y diluir la tensión entre ambos espacios. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con romantizar los márgenes desde posiciones de privilegio. Basta con viajar a países en donde las personas LGTBI están perseguidas o fuertemente discriminadas, donde viven en situación de enorme violencia, de peligro, para reconocer que la aspiración por vivir en la norma, por ser aceptados, queridos, por tener un trabajo y una vida dignas, es legítima.

6- Y por fin la eterna discusión sobre el Orgullo y el capitalismo…, esa hidra de mil cabezas que cuando crees que has cortado una, le crece otra. ¿Qué decir? Es cierto que el capitalismo lo coopta todo y que desactiva la radicalidad de las luchas. Cuando Disney incluye a una princesa negra entre sus personajes… ¿eso es una victoria del antirracismo y del derecho a la representación pública y el reconocimiento o es una derrota del anticapitalismo? Seguramente sea ambas cosas, pero es posible también que la victoria final esté hecha de pequeñas victorias parciales.

Por otra parte… las marcas van y vienen, pero nosotras seguimos ahí. Las mismas marcas que sacaban las banderas arcoíris y forraban sus fachadas de colores, hoy han desaparecido. Y no, esta desaparición no es una victoria del anticapitalismo, sino de la extrema derecha que pone en riesgo nuestras vidas. En Budapest, el año pasado, con Orbán amenazando el Orgullo, se manifestaron un millón de personas y no hubo ni una sola carroza. Las marcas no están cuando la cosa se pone fea. Un año después, no está Orbán, pero ya hay carrozas en Budapest. Las marcas y la comercialización son más un síntoma del mundo en que vivimos que una derrota.

7- Termino diciendo que sé, porque he estado ahí, que organizar esa enorme manifestación y todo lo que conlleva es muy complicado y que hay cosas que no puedes mover sin que se te caiga todo el entramado. Hoy comparto muchas de las críticas que se le hacen y, si de mí dependiera, quizá intentaría cambiar cosas. Pero también sé que desde fuera es muy fácil decirlo. Es normal estar en desacuerdo con decisiones que toman otros; al fin y al cabo, los organizadores del Orgullo son organizaciones democráticas con diferentes liderazgos y formas de hacer las cosas. Es normal discrepar, incluso mucho, de algunas de ellas.

Pero el Orgullo sigue siendo un día en que salimos a la calle, juntas, para expresar que ponemos pie en pared ante cualquier retroceso, que somos muchas y visibles, que sabemos que en gran parte del mundo ser una persona LGTBI+ sigue siendo una condena y que mientras la igualdad, la libertad y la dignidad no lleguen a todas las personas, tenemos que seguir saliendo a reivindicar, y a celebrar también, que sin nosotras y nosotros no hay democracia ni la posibilidad siquiera de pensar en un mundo mejor.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

43 de cada 100 personas que participaron en las tertulias de los principales programas informativos y de actualidad de televisión y radio en España la semana pasada fueron mujeres. El dato corresponde a un análisis de los 26 programas más relevantes de RTVE, Atresmedia, Mediaset, Cadena SER, COPE, Onda Cero y RNE realizado por infoLibre del lunes 15 al viernes 19 de junio. La paridad, fijada en el 50%, quedó por debajo en el conjunto del sistema. En televisión, la presencia femenina alcanzó el 44%; en radio, el 42%.

Los datos proceden del recuento de las personas que aparecieron en los bloques de tertulia de cada programa. No se han contabilizado los presentadores ni las presentadoras, sino únicamente los invitados externos y los colaboradores fijos de tertulia.

La Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 establecen la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los medios. La segunda, que incorpora la directiva europea de servicios de comunicación audiovisual, obliga específicamente a los prestadores de servicio público a garantizar esa representación. Ninguna norma fija un porcentaje mínimo vinculante para las tertulias. Pero el umbral del 50% funciona como referencia habitual en los informes de seguimiento.

El análisis de la semana pasada revela que diez de los 26 programas no alcanzaron el 40% de presencia femenina. Cuatro no llegaron al 30%.

Y ahora Sonsoles, de Antena 3, fue el espacio con mayor proporción de mujeres en sus tertulias: un 72%. En cinco días de emisión, el programa presentado por Sonsoles Ónega invitó a 18 mujeres y siete hombres. El jueves, la tertulia fue íntegramente femenina. El miércoles fue el único día en que los hombres superaron a las mujeres, con tres frente a dos. Se trata de un programa que mezcla actualidad social, política y contenidos de entretenimiento.

Las Tardes de RNE, conducido por David Cantero y Marta Solano, ocupó el segundo lugar con un 71% de presencia femenina en sus tertulias.

La Tarde de la COPE, con Pilar García Muñiz, alcanzó el 60%. En este caso, la muestra es pequeña —dos invitados por día como norma— pero la distribución fue consistente: cuatro días con más mujeres que hombres y uno en empate.

En boca de todos, de Cuatro, con Nacho Abad, fue el programa de actualidad con mayor paridad real de los analizados: 56% de mujeres —22 frente a 17 hombres a lo largo de la semana—. Lo relevante es que la proporción se mantuvo estable los cinco días: en ninguno de ellos los hombres superaron a las mujeres en más de uno.

La Hora de la 1, de RTVE, con Silvia Intxaurrondo —que esta semana estuvo ausente—, superó el umbral con un 54%: 22 mujeres frente a 19 hombres. El martes fue el mejor día, con seis mujeres y cuatro hombres. El lunes fue el peor, con tres mujeres y seis hombres.

Malas Lenguas, de RTVE, con Jesús Cintora, alcanzó el 50% exacto: 15 mujeres y 15 hombres. Todo es Mentira, de Cuatro, también llegó al 50%. El Tiempo Justo, de Telecinco, y Por Fin, el programa vespertino de Onda Cero, se situaron igualmente en el 50%. Vamos a Ver, también de Telecinco, se quedó muy cerca con un 44%: ocho mujeres y 10 hombres en la semana.

Cuatro programas de televisión se quedaron en la franja entre el 40% y el 49%, demasiado cerca de la paridad para sumarse al bloque de los que no cumplieron, pero sin alcanzarla.

Espejo Público, de Antena 3, con Susanna Griso, y Más Vale Tarde, de La Sexta, con Cristina Pardo e Iñaki López (la primera acaba de dejar el espacio para preparar un nuevo proyecto en Antena 3), se situaron ambos en el 45%. En los dos casos, la semana presentó días muy desiguales: Espejo Público tuvo el viernes una sola mujer entre diez tertulianos, pero el martes invirtió la proporción con seis mujeres y tres hombres. Más Vale Tarde siguió un patrón parecido: lunes con una mujer y tres hombres, miércoles y martes con mayoría femenina.

Mañaneros 360, de La 1, con Adela González y Javier Ruiz, y La Noche en 24h, de RTVE, con Xabier Fortes, alcanzaron el 46% y el 44% respectivamente. En Mañaneros la distribución fue estable, con dos o tres mujeres por día. La Noche en 24h trabaja con grupos más pequeños y la presencia femenina osciló entre una y dos personas según el día.

La Brújula, el nocturno de Onda Cero, fue el programa con menor presencia femenina de todos los analizados: un 20%. En una semana completa, el espacio presentado por Rafa Latorre, que a partir de septiembre estará al frente de Más de uno, tuvo cuatro mujeres como tertulianas frente a 16 hombres. El miércoles no hubo ninguna mujer entre los invitados a la tertulia.

Horizonte, el espacio ultraconservador de Cuatro, con Iker Jiménez y Carmen Porter, registró el segundo peor dato: 24%. Ocho mujeres frente a 26 hombres en cinco días. El jueves fue el día más extremo: tres mujeres y nueve hombres. El programa combina política con contenidos de corte conspirativo y su modelo de tertulia tiende a reunir grupos numerosos con predominio masculino.

La Linterna, el programa de la noche de la COPE, con Ángel Expósito, se quedó en el 25% de presencia femenina. El miércoles y el martes, sin ninguna mujer.

Herrera en la COPE anotó un 29%. Carlos Herrera organiza su tertulia en bloques de tres personas y solo en uno de los cinco analizados hubo más de una mujer. El miércoles no tuvo ninguna.

Directo al Grano, de RTVE, con Marta Flich y Gonzalo Miró, llegó al 38%. El viernes fue el día más desequilibrado: tres mujeres frente a siete hombres. El jueves, en cambio, fue el único con paridad.

El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, se quedó en el 37%: 10 mujeres y 17 hombres en la semana. El lunes fue el día de mayor desequilibrio: una mujer frente a tres hombres.

Al Rojo Vivo, de La Sexta, con Antonio García Ferreras, registró un 39% de presencia femenina: 21 mujeres frente a 33 hombres. Es el programa de mayor volumen de tertulianos de los analizados, con invitados que se van dando el relevo hasta alcanzar entre ocho y 12 personas por día. Ese volumen amplía la brecha en términos absolutos.

La radio acumula los datos más bajos. De los ocho programas radiofónicos analizados, solo La Tarde de la COPE y Las Tardes de RNE superaron el 50%. El resto quedó por debajo, con La Brújula y La Linterna en los puestos más bajos.

Hoy por Hoy (SER) y Hora 25 (SER) se situaron en el 47% y el 46% respectivamente, los datos más cercanos a la paridad entre los programas de radio. Más de Uno, de Onda Cero, llegó al 42%. La única colaboradora fija presente los cinco días fue Marta García Aller, que a partir de septiembre se hará cargo de La Brújula. Las Mañanas de RNE, con Juan Ramón Lucas, alcanzó el 40%. Por debajo ya se situó 24 Horas de RNE, con Rosa María Molló, que registró un 39%: siete mujeres frente a 11 hombres en la semana, con el jueves sin ninguna mujer en la tertulia.

La televisión, en conjunto, ofreció la semana pasada un panorama algo más equilibrado. Pero la diferencia entre cadenas es grande. RTVE, considerando todos sus programas analizados, superó el 48% de media. Mediaset alcanzó el 47% de presencia femenina agregando los cinco programas analizados —El Programa de AR, Vamos a Ver, El Tiempo Justo, En boca de todos y Horizonte—, aunque con una dispersión muy amplia entre ellos: Horizonte está en el 24% y En boca de todos en el 56%. Atresmedia presentó la mayor asimetría interna: mientras Y ahora Sonsoles superaba el 70%, Al Rojo Vivo no llegó al 40%.

El análisis de las apariciones individuales ofrece un contrapunto a los porcentajes globales. Aunque en conjunto hay más hombres que mujeres en las tertulias, entre quienes más repiten durante la semana predominan ellas. De las nueve personas que más veces aparecieron —con cinco o más intervenciones en distintos programas—, seis son mujeres: Ainhoa Martínez (Abc), Pilar Velasco, Marta García Aller (Onda Cero), Paloma Esteban (Abc), Cristina de la Hoz (elindependiente.com) y Ketty Garat (theobjective.com). Los tres hombres del grupo son Eduardo Inda (okdiario.com), Rubén Amón (elconfidencial.com) y Antonio Naranjo (eldebate.com).

El dato es aún más claro cuando se mide el posicionamiento en diferentes medios y espacios: las ocho personas que aparecen en más programas distintos durante la semana son todas mujeres. Ainhoa Martínez encabeza ese ranking con presencia en seis espacios diferentes —Al Rojo Vivo, Espejo Público, La Brújula, La Noche en 24h, Más Vale Tarde y Más de Uno—. Le siguen Pilar Velasco y Marta Nebot —ambas sin adscripción a un medio concreto—, presentes en cinco programas distintos cada una. Paloma Esteban, Cristina de la Hoz, Ketty Garat, Ana Pardo de Vera (publico.es) y Ángela Martialay (El Mundo) aparecen en cuatro programas diferentes. El primer hombre en este ranking llega empatado con ellas en cuatro programas.

Los números apuntan, por tanto, a una asimetría en la variedad de voces. A lo largo de la semana, infoLibre identificó 185 hombres distintos frente a 132 mujeres distintas. La diferencia no se explica solo por el mayor volumen de intervenciones masculinas: el sistema convoca a un elenco más amplio de tertulianos hombres, mientras que el grupo de mujeres que circula por los distintos espacios es más reducido y más concentrado.

El recuento de presencia no mide otros factores relevantes para evaluar la representación real de las mujeres en las tertulias. No contabiliza el tiempo de palabra por persona, la frecuencia de interrupciones, ni el tipo de temas sobre los que se les pregunta. Tampoco distingue entre colaboradoras fijas e invitadas puntuales.

Los estudios disponibles sugieren que contar sillas no basta. Un análisis de los programas de infoentretenimiento político —La hora de La 1, La mirada crítica y Al rojo vivo— correspondiente a la temporada 2023/24 sitúa la presencia femenina global en el 39,7%, una cifra que mejora los registros de estudios anteriores pero que encubre una desigualdad funcional: las mujeres ocupan el 63,2% de los roles de relatora, aquellos que contextualizan la información sin emitir opinión propia. El rol de experta, el que otorga autoridad en el debate, está en manos de mujeres solo en el 8,5% de los casos.

El libro Tertulianos, publicado en 2025, ofrece otro ángulo. Entre los 53 tertulianos más frecuentes de la quincena analizada —aquellos que aparecen más de dos veces por semana—, solo 18 son mujeres, lo que representa el 34%. El núcleo duro del sistema es más masculino que la media.

Un informe de 2025 del CAC —el Consell de l'Audiovisual de Catalunya— sitúa en esta comunidad la presencia femenina entre los tertulianos más reclamados en torno al 30%, y concluye que la representación global en la programación se ha estancado alrededor del 40%, sin avanzar hacia la paridad desde hace varios años.

Lo que sí permite el recuento semanal es establecer una línea base propia, actualizada y desagregada por programa. Esa línea sitúa al conjunto del sistema mediático español siete puntos por debajo de la paridad. En televisión, seis puntos. En radio, ocho.

Las mujeres presentan el 44,2% de los informativos y programas de actualidad en las nueve cadenas de televisión y emisoras de radio con más audiencia de España. Pero la cifra global esconde diferencias muy amplias entre un medio y otro.

En televisión, la media sube al 50,9%. En radio cae al 35,7%. Tres de las cinco cadenas analizadas superan el 50% de presentadoras. Ninguna de las cuatro emisoras de radio lo consigue.

El recuento incluye los informativos diarios y los principales programas de actualidad de mañana, mediodía, tarde y noche en RTVE, Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), Mediaset (Telecinco y Cuatro), Cadena SER, COPE, Onda Cero y RNE. Cuando un espacio tiene dos presentadores, cada uno cuenta como una persona sobre el total de la cadena o emisora. No se incluyen colaboradores, tertulianos ni presentadores invitados, solo los titulares de cada espacio.

Sumados los nueve medios, hay 61 presentadores en los espacios analizados. 28 son mujeres y 33 son hombres.

RTVE reparte ocho espacios entre 11 presentadores. Seis son mujeres. Silvia Intxaurrondo dirige en solitario La Hora de La 1, Alejandra Herranz el Telediario 1 y Pepa Bueno el Telediario 2.

Jesús Cintora y Xabier Fortes presentan en solitario Malas Lenguas y La Noche en 24 Horas (en este caso, en la cadena de noticias 24 Horas). Los otros tres espacios, el Telediario Matinal, Mañaneros 360 y Directo al Grano, los comparte un hombre con una mujer. El resultado es un 54,5%.

Antena 3 es la cadena con más presentadoras de todo el análisis. Susana Griso, Sandra Golpe y Sonsoles Ónega dirigen en solitario Espejo Público, Antena 3 Noticias yY ahora, Sonsoles. Solo Manu Sánchez presenta en solitario un espacio, el informativo de la mañana.

La segunda edición del informativo de noche la conducen Vicente Vallés y Esther Vaquero. Antena 3 llega al 66,7% de mujeres.

En La Sexta ocurre lo contrario. Antonio García Ferreras, Rodrigo Blázquez y Joaquín Castellón presentan en solitario Al Rojo Vivo, La Sexta Noticias de las 20 horas y La Sexta Clave. Helena Resano conduce sola el informativo de las 14 horas y Cristina Pardo compartía Más Vale Tarde con Iñaki López (acaba de abandonar el programa para preparar un proyecto en Antena 3). La Sexta se queda en el 33,3% (menos si se tiene en cuenta la salida de Pardo).

Atresmedia, si se suman sus dos cadenas, reparte sus doce puestos casi al 50%. Pero ese resultado global esconde un desequilibrio entre canales. Antena 3 dobla el porcentaje de presentadoras de La Sexta.

Telecinco también supera la media. Ana Terradillos, Ana Rosa Quintana, Patricia Pardo e Isabel Jiménez presentan en solitario cuatro de los siete espacios analizados. Ángeles Blanco comparte el informativo de las 21 horas con Carlos Franganillo. Solo Bricio Segovia y Joaquín Prat dirigen en solitario un espacio cada uno. El resultado es un 62,5%.

Cuatro reparte sus cinco espacios en tres parejas y dos programas presentados en solitario por hombres, Nacho Abad en En Boca de Todos y Risto Meijide en Todo es Mentira. Marta Reyero, Mónica Sanz y Carmen Porter comparten informativo o programa con un compañero. Cuatro se queda en el 37,5%.

Mediaset repite el patrón de Atresmedia. Sumadas Telecinco y Cuatro, el grupo se sitúa en el 50%, con Telecinco muy por encima y Cuatro por debajo.

Los espacios de primera hora de la mañana están presentados sobre todo por hombres. Manu Sánchez lo hace en solitario en Noticias de la Mañana en Antena 3 y Bricio Segovia en los Informativos T5 Matinal en Telecinco. El Telediario Matinal de RTVE es la única franja matinal con una mujer, Mireia Alzaría, y la comparte con Álex Barreiro.

El cálculo cambia poco si en lugar de la media de los cinco porcentajes de televisión se cuentan los 39 presentadores de las cinco cadenas en conjunto. El resultado es un 51,3% de mujeres, una décima por encima de la media por cadena.

En radio ocurre algo parecido. Sobre los 22 presentadores de las cuatro emisoras, las mujeres son el 36,4%, frente al 35,7% que sale de la media de los cuatro porcentajes por separado.

De los 39 presentadores de televisión, 20 son mujeres. De los 22 de radio, lo son solamente 8. La diferencia entre un medio y otro no está en el número de espacios analizados, similar en ambos casos, sino en quién los dirige.

En la Cadena SER, tras la salida de Àngels Barceló, solo Mara Torres dirige en solitario un espacio, El Faro, que se emite de madrugada. José Luis Sastre, Javier Casal, Carles Francino y Aimar Bretos presentan los otros cuatro programas. La SER tiene el porcentaje más bajo de todo el análisis, un 20%.

En COPE, Pilar García de la Granja y Pilar García Muñiz conducen en solitario los informativos de mediodía y el programa de la tarde. Carlos Moreno, Carlos Herrera y Ángel Expósito dirigen los otros tres espacios. La emisora llega al 40% de peso femenino al frente de sus programas informativos y de actualidad.

Onda Cero reparte sus cinco programas entre dos mujeres, Gemma Ruiz en No Son Horas y María Hernández en el informativo de mediodía, y tres hombres, Carlos Alsina, Carlos Cantizano y Rafa Latorre. El resultado es también un 40%.

RNE es la emisora que más se acerca a la paridad dentro de la radio, aunque tampoco la alcanza. Sandra Urdín presenta en solitario el informativo de las 14 horas y Rosa María Molló el de las 24 horas. Marta Solano comparte Las Tardes con David Cantero.

Gorka Rodríguez, Juan Ramón Lucas y Carlos Núñez dirigen en solitario El Despertador, Las Mañanas y Mediodía. De los siete presentadores de RNE, tres son mujeres. El resultado es un 42,9% de cuota femenina en la emisora pública.

Las cuatro radios comparten un mismo rasgo. Las mujeres dirigen en solitario los informativos de mediodía de COPE y Onda Cero y los de RNE de las 14 y las 24 horas. En el resto de la franja, de la mañana a la noche, los programas de actualidad están presentados por hombres, salvo El Faro en la SER, que se emite de madrugada.

RTVE y RNE pertenecen a la misma corporación pública, la Corporación de Radio y Televisión Española. La televisión del grupo supera la paridad con el 54,5%. Su radio se queda en el 42,9%.

Si se ordenan los nueve medios de mayor a menor porcentaje de mujeres, el resultado queda así. Antena 3 encabeza la lista con el 66,7%, seguida de Telecinco con el 62,5% y RTVE con el 54,5%. Esas tres son las únicas que superan el umbral de la paridad.

Por debajo del 50% y de la media global del 44,2% se sitúa RNE, con el 42,9%. El resto queda por detrás. Cuatro y La Sexta rondan el 35%, COPE y Onda Cero se quedan en el 40% y la Cadena SER cierra la tabla con el 20%.

Si el umbral de referencia es la paridad, el 50%, solo tres de los nueve medios analizados lo alcanzan, y los tres son de televisión. Los otros seis, dos cadenas y las cuatro emisoras de radio, se quedan por debajo. Ninguna radio se acerca siquiera a esa cifra.

El nuevo Dedómetro –edición Andalucía 2026 de la Fundación Hay Derecho– analiza los perfiles de 153 máximos responsables de 40 entidades del sector público institucional andaluz (128 entes), el segundo más grande de España después del catalán (271 entes).

La investigación evalúa cinco variables que cualquier persona podría identificar como razonables para asumir la dirección de una organización pública: formación, experiencia profesional, experiencia en gestión, conocimiento específico de la materia e independencia política. Se trata de criterios tan elementales como poco discutidos cuando se habla de calidad institucional y gobernanza empresarial. Precisamente por ello, el estudio busca resaltar una pregunta que rara vez (pre)ocupa en el debate público con la atención que merece: ¿en manos de quién estamos dejando la dirección de empresas y entes públicos?

En promedio, el índice global de mérito y capacidad apenas alcanza un 5,4 sobre 10. Al desglosar los indicadores, se observan realidades muy distintas. La experiencia profesional general obtiene una media de 7,7 puntos, la independencia política 7,5, la formación 7,3 y la experiencia específica sobre la materia 6,1. La experiencia en gestión de organizaciones de complejidad comparable es el peor indicador, con un 3,1 sobre 10 y registra una mediana de cero, lo que significa que una parte muy importante de los responsables analizados ha accedido a la máxima dirección sin experiencia acreditada en el manejo previo de estructuras similares.

Al respecto, uno de los aspectos más llamativos del estudio es la distancia que, en algunos casos, existe entre la misión de determinadas entidades y el perfil de quienes llevan su dirección. No resulta infrecuente encontrar organismos de elevada especialización técnica al frente de trayectorias académicas y profesionales desarrolladas en ámbitos muy distintos. Puede pensarse que esa diversidad puede enriquecer la gestión, aunque también plantea una pregunta legítima sobre el peso que el conocimiento específico del sector ocupa realmente en los procesos de selección.

Asimismo, se observa que la experiencia directiva funciona como un capital institucional transferible entre entidades de naturaleza muy distinta. Existen responsables que pasan de dirigir organismos agrarios a agencias digitales, de entidades de desarrollo empresarial a agencias ambientales o educativas, trasladando consigo una experiencia en gestión que parece valorarse por encima del conocimiento específico del sector.

Este informe también ha medido algo más que los perfiles directivos del sector público instrumental andaluz. Una de las mayores dificultades fue reconstruir la historia de las entidades, identificar a exdirectores, localizar resoluciones de nombramiento, seguir los cambios de adscripción entre consejerías o rastrear modificaciones de denominación. Esta dispersión obligó a un esfuerzo de arqueología digital en boletines oficiales, memorias y portales de transparencia. Un conglomerado que gestiona miles de millones de euros, presta servicios esenciales y cuyos directivos perciben una retribución media de 70.000 euros anuales, debería ofrecer esta información de forma accesible.

Los resultados muestran que estamos frente a una cultura institucional que continúa desarrollándose de forma desigual. De las 40 entidades analizadas, únicamente 10 establecen requisitos formales para acceder a la máxima responsabilidad ejecutiva, mientras 30 carecen de criterios objetivos suficientemente definidos sobre formación o experiencia. Las entidades que, por su naturaleza, y desde su creación, cuentan con requisitos, como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, obtienen mejores indicadores agregados de mérito y capacidad, una conclusión que difícilmente puede sorprender cuando las reglas delimitan con claridad las trayectorias consideradas adecuadas para dirigir una organización pública. A su vez, entidades que estatutariamente han incorporado requisitos objetivos para acceder a la dirección, como Andalucía Emprende, empiezan a presentar perfiles más consistentes y mejores indicadores.

El análisis por género aporta otra perspectiva relevante. Las mujeres acceden a estos puestos con mejores niveles de formación académica, una experiencia profesional prácticamente equivalente y un conocimiento específico similar sobre las materias que posteriormente gestionarán. La principal diferencia vuelve a localizarse en la experiencia previa en gestión. Una vez alcanzan la máxima responsabilidad permanecen más tiempo en el cargo y no presentan diferencias relevantes respecto de la independencia política, lo que desplaza el foco desde el nombramiento hacia las oportunidades previas para construir una carrera directiva.

La experiencia andaluza otorga a estas cuestiones un significado particular. La trayectoria de la Agencia IDEA permite observar de forma especialmente nítida algunos de los problemas que atraviesan este estudio. Durante años fue uno de los principales instrumentos de política económica de la Junta de Andalucía, gestionando incentivos, préstamos, ayudas empresariales e importantes recursos públicos. Al mismo tiempo, sus estatutos no exigían requisitos específicos para acceder a la Dirección General y la elevada rotación de responsables impidió consolidar una pauta estable de profesionalización. El propio Dedómetro refleja esa alternancia entre perfiles con una sólida experiencia en gestión pública y otros cuya relación con la misión específica de la entidad resulta mucho más discutible. La posterior integración de buena parte de sus funciones en TRADE constituye una oportunidad para comprobar si la reforma institucional ha servido también para reforzar las reglas de acceso y la calidad de la dirección pública.

Ese es, probablemente, el principal interés del Dedómetro Andalucía. Más que ordenar perfiles o repartir puntuaciones, el informe permite observar cómo una administración construye su propia dirección pública. Quién llega, con qué experiencia, bajo qué reglas y con qué continuidad dejan de ser preguntas accesorias para convertirse en indicadores de calidad institucional. Al fin y al cabo, una buena parte de la confianza en las instituciones también se construye sabiendo quién está al frente de ellas.

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Germán J. Arenas Arias es investigador de la Fundación Hay Derecho. Doctor por la  Universidad de Alcalá, especialista en Políticas Públicas y máster en Derecho  Constitucional por el CEPC-UIMP. Su trabajo académico se centra en el buen gobierno y la  calidad institucional en las democracias contemporáneas.

A Júlia Salander (Barcelona, 1994) suelen decirle que no esté tan enfadada, que no exteriorice la rabia, que por qué no toma aire, sonríe y se calma. Para la politóloga y divulgadora feminista, el enfado no solo es legítimo en un contexto de avance ultra, sino que su negación es una de las muchas estrategias del machismo para disciplinar a las mujeres y que así sean más dóciles, menos molestas. Pero el feminismo, si no incomoda, pierde su razón de ser. 

La activista feminista, autora de Tu argumentario feminista en datos y Fuego al machismo moderno, recibe el Premio Joven infoLibre 2026 a la Igualdad —si quieres acudir a la gala aquí te contamos cómo puedes hacerlo— en un momento de auge reaccionario en el que las fuerzas de extrema derecha han decidido poner en el foco a las mujeres. Ella coge aire, pero no lo hace para dejar de hablar, sino para desafiar al silencio, desmentir bulos, visibilizar la realidad de las mujeres y poner nombre a las violencias que las atraviesan. 

Asistimos a numerosos análisis que sitúan a los jóvenes como especialmente vulnerables a los discursos de extrema derecha. ¿Coincide?

Cuando vamos a los datos, vemos que partidos como Vox tienen un porcentaje mucho más amplio de jóvenes que les votan. Hay sectores que siguen a Vito Quiles o a Alvise Pérez y esa masa más a la extrema derecha está compuesta en gran medida por chavales jóvenes. Entonces creo que hay una parte del fenómeno que es cierto. Una de las explicaciones del por qué a la gente joven le mueve más este tipo de discursos, tiene que ver con que se instrumentaliza en redes sociales. Las redes son uno de los vehículos para que estos discursos calen y además son discursos que te polarizan, hay un proceso de radicalización. El malestar de los chavales encuentra salida en el odio, porque el odio es una emoción que te moviliza mucho. Y cuando se van señalando colectivos como los responsables de tu malestar, ellos lo acogen. Además, ser antisistema antes era ser de izquierdas, pero ahora parece que lo que se sale de lo políticamente correcto es ser facha. Parece que esta provocación que consiguen es a través de discursos de odio. 

Habla de hombres jóvenes. ¿Qué pasa con las mujeres? Las chicas jóvenes estuvieron muy presentes en las grandes movilizaciones del 8M, ¿pero ahora? ¿Siguen ahí?

Las militancias van cambiando. Ahora mismo cuesta mucho movilizar a la gente, lo estamos viendo cada 8M con manifestaciones con cada vez menos gente. No sé si el movimiento feminista está en crisis, pero sí creo que hay profundos cambios, en parte porque existe un descrédito muy grande a nivel mundial. Hay un auge brutal de la extrema derecha y de los discursos reaccionarios que van a atacar al feminismo. Hemos ido consiguiendo derechos y al final el sistema reacciona. Además asistimos a un discurso que me molesta a nivel conceptual, esta idea de responsabilizar al feminismo del auge de la extrema derecha en los chavales. Aquello de que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Es una frase que me hace gracia, porque nadie diría que la democracia o la paz han llegado demasiado lejos. El feminismo lo que busca es erradicar la violencia que sufrimos las mujeres y en consecuencia conseguir la igualdad. ¿Qué es llegar demasiado lejos en conseguir la igualdad? Ojalá lleguemos lo más lejos que se pueda.

¿Son las redes sociales una herramienta que puede servir de alianza o es terreno enemigo?

Yo creo que sirven sobre todo para globalizar el movimiento feminista. Yo me entero de cosas que pasan en Argentina gracias a las redes sociales, gracias a que sigo a activistas feministas de allí y me entero de lo que ocurre. También pasa con Palestina. Las redes sociales, en esencia, son positivas. También es cierto que al final son empresas privadas y no son neutrales, como tampoco lo es el algoritmo. Pero yo misma hago divulgación en redes, principalmente, y la gente a la que yo consigo llegar es gracias a ellas. Yo todas las cuentas que sigo son cuentas politizadas, activismo de cualquier tipo. Pero depende de cómo entrenes tu algoritmo: te pueden salir gatitos o te pueden salir señores machistas. Creo que sí hay una parte muy importante dentro de las redes donde se mueve un activismo muy fuerte. Yo tengo vídeos con millones de visualizaciones y eso me parece una locura. 

Y entre esos millones, ¿recibe violencia?

Sí, pero me protejo mucho. Mi forma de protegerme es no leer comentarios o mensajes. Disfruto mucho de la divulgación, pero lo que más disfruto es estar en mi casa haciéndome mi guion. Y una vez subo el vídeo, intento protegerme. Obviamente mi contenido es polémico, el feminismo que no incomoda es marketing y yo sé que mis discursos generan controversia, porque me mojo. Así que recibo mucho odio de sectores de extrema derecha. Aquí creo que las redes sociales tienen una responsabilidad muy importante.Si Instagram me censura un pezón al segundo, es porque tiene herramientas para detectar, censurar y poner sus políticas como plataforma. ¿Entonces por qué estás permitiendo que vengan cien tíos a insultarme? Las propias plataformas toleran el bullying.

En sus redes ha hablado del crimen machista en Figueres. El vídeo del asesinato se viralizó, ¿cree que esas imágenes fueron útiles?

Es muy complejo. Sí he visto medios de comunicación como El Mundo que subieron vídeos de la víctima tendida en el suelo, sin censura. Ahí literalmente estás enseñando a una mujer que acaban de asesinar y esto me pone la piel de gallina. Yo creo que eso no es periodismo, simplemente morbo por el morbo. También debemos preguntarnos como sociedad por qué hay feminicidios que se viralizan y otros no. Todos deberían viralizarse, los feminicidios deberían ocupar titulares y deberían abrir telediarios durante días.

Este caso fue especialmente doloroso por los fallos del sistema. ¿Casos como este merman la confianza de las mujeres en las instituciones?

El sistema tiene fallos y señalarlos tiene esa consecuencia. Cuando yo señalo esos fallos lo que quiero es que desaparezcan, presionar a las instituciones para que se estructuren de otra forma, para que los protocolos sean otros. Y este caso es flagrante porque se podría haber evitado. Yo quiero que todas las mujeres denuncien, pero quiero que el sistema sepa responder. Cuando el sistema responda de una forma adecuada, las mujeres denunciarán más. 

Ozempic, cremas antiedad, presión estética… ¿ha empeorado la violencia que sufren las mujeres en ese sentido?

Hemos mejorado en algunos temas, como identificar la violencia. Ahora sabemos nombrar cosas que hace 20 años no se nombraban. Pero si pienso en qué hemos empeorado, es en la presión estética. Skincare, retoques estéticos, extrema delgadez… todo eso cala en chicas muy jóvenes. Y creo que las redes sociales son muy responsables: chavalas que solo se ponen filtros en la cara y que con 18 años lo que quieren es ir al cirujano, enseñarles la foto con el filtro y decir "quiero esta cara". Esto para mí es violencia, porque es un sistema que te hunde la autoestima, te genera unas inseguridades y unas necesidades tremendas para que tú vayas y consumas. Capitalismo y machismo hundiéndonos la autoestima a todas para hacer negocio.

La conversación en torno a la casita de Bad Bunny en los últimos días ha planteado precisamente ese debate: el peso de la cultura como cómplice de esa violencia.

Sí, yo creo que hay un punto aspiracional y elitista. Yo he ido al concierto de Bad Bunny, pero sí es cierto que representa lo mismo que ya vemos con las mujeres de revistas, pasarelas, actrices y cantantes. Si todas las mujeres que tienen éxito cumplen un canon, el mensaje es que para tener éxito hay que cumplir ese canon. Si yo quisiera estar en la casita, si yo quiero ser actriz, cantante o modelo, tengo que ser guapa, porque a esa cúspide social no llegan mujeres con otras corporalidades. Hay un sesgo.

¿Podemos gozar sin quitarnos las gafas violetas?

Es complicado. Yo soy feminista y estoy enfadada porque tengo motivos para estar enfadada, porque al final me levanto cada día con un feminicidio, una agresión sexual, la nueva manada de no sé qué pueblo, entonces yo estoy muy conectada con esa parte de enfado, pero también con la parte de esperanza, porque las feministas estamos enfadadas y esperanzadas, queremos una sociedad mejor. Pero yo no puedo estar 24 horas con estas emociones, porque me vuelvo loca, entonces me permito disfrutar de productos culturales sin estar todo el rato analizando y pasando por esa capa más analítica. Yo adoro el reggaeton desde hace muchos años, y a veces me encuentro cantando unas letras que… Pero son contradicciones que tenemos todas, yo las identifico, sé que están ahí y no pasa nada. No soy más o menos feminista por escuchar a Bad Bunny. Para mí el feminismo ha de liberar, no quiero un feminismo que me haga sentir más culpa.

Hemos oído en diversas ocasiones que esta será la legislatura en la que se acabe con la prostitución. A estas alturas, ¿a qué le suena?

Yo soy profundamente abolicionista. Si la abolición no llega, es por falta de interés político. No hay voluntad de abolir la prostitución y eso es terrible, para mí es uno de los ejes fundamentales cuando voto. Los partidos que están a la izquierda del PSOE son regulacionistas, o tienen un cacao mental tan grande que ni se posicionan. Por otro lado tenemos a un PSOE que parece ser el partido que abandera la abolición, pero luego vemos lo que pasa dentro con ejemplos como Ábalos. Al final solo lo utilizan cuando hay elecciones, por rédito electoral. Es triste, pero durante este mandato hemos visto que el feminismo no es relevante.

Otra propuesta en marcha es incluir el aborto en la Constitución. ¿Le preocupa que un eventual gobierno de extrema derecha vaya a por este derecho?

Me preocupa. Primero irían a por el aborto, pero al final desmantelarían todo. No es un "que viene el lobo", es que solo hace falta mirar a países que tenemos al lado donde ha llegado la extrema derecha y ver lo primero que hacen. Sí, da mucho miedo pensar en un gobierno de PP y Vox y qué nos pueden deparar esos cuatro años. 

Estamos en máximos históricos de delitos de odio. ¿Los discursos de odio se han trasladado a las calles?

A veces cometemos el error de pensar que lo que pasa en redes es de otro mundo. Detrás de las redes hay alguien y esas personas luego salen a las calles. Las dinámicas de polarización y radicalización no solo están en la pantalla, la gente existe, se relaciona y sale a la calle. La violencia que hay en el mundo digital es una violencia que pasa en el mundo real.

¿Todos los hombres son potenciales violadores?

Cuando a mí me preguntaron esto en un podcast, yo di una respuesta extendida. Luego se sacó un clip y a partir de ahí se viralizó. Si ahora me preguntas, giraría la cuestión: ¿por qué a todas las mujeres nos han pasado cosas? ¿Por qué todas tenemos alguna experiencia violenta? 

Un total de 22 mujeres han sido asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas en lo que va de año. El balance que deja la violencia machista a las puertas del ecuador de 2026 hace saltar las alarmas de quienes acostumbran a examinar las estadísticas: los feminicidios han aumentado un 83% respecto al año pasado. "Estamos en un momento de rearme patriarcal", señalan las voces expertas. 

El Ministerio de Igualdad convocó el lunes el comité de crisis precisamente para analizar la acumulación de casos en los últimos meses, entre ellos el asesinato de una niña menor. En lo que va de año, han sido tres los menores asesinados en casos de violencia de género contra sus madres, la peor cifra de la serie histórica a estas alturas del año.

"La concentración de casos obedece a distintos factores, pero estamos ante una situación extraordinaria que muestra un aumento preocupante de los feminicidios". Habla Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. El experto considera necesario el análisis riguroso de una situación de extrema urgencia, huyendo de relatos alarmistas. "El resultado de una concentración como la actual es consecuencia de algo, no tiene que ver con el azar", afirma en conversación con este diario.

Lorente menciona cuestiones clave, como el factor individual y las características particulares de cada caso, pero también enarbola un enfoque global al plantear elementos culturales, contextuales y sociales presentes en cada feminicidio. "Cada caso individual se ve influido por un contexto relacional, familiar, laboral y social donde los factores individuales se pueden potenciar o minimizar", razona. El momento actual resulta, además, especialmente sensible porque precede a una época tradicionalmente crítica para las víctimas: los meses estivales, en los que el periodo vacacional, la convivencia y el calor tienen impacto en la violencia machista, con un incremento sostenido de las cifras. 

Graciela Atencio, investigadora y cofundadora de la web Feminicidio, recuerda que prácticamente todos los años asistimos a "una explosión de casos", pero alerta de que "cada vez hay menos distancia entre una acumulación y otra", un factor que resulta a su juicio "muy significativo". En lo que va de año, se han celebrado ya cuatro comités de crisis, una herramienta pensada para analizar los errores del sistema tras acumulaciones de cinco asesinatos o más en el periodo de un mes. Todos los meses, salvo en abril, las instituciones han tenido que reunirse para estudiar los fallos estructurales a la hora de proteger a las mujeres. En todo 2025 fueron tres los comités de crisis convocados.

"El feminicidio es el resultado de una violencia machista multicausal, así que debemos ver cuáles son los otros elementos presentes en la sociedad que producen este aumento de los asesinatos", sugiere la experta.

Las voces consultadas encuentran una explicación plausible en el aumento de los discursos de odio y la normalización de un rechazo casi militante a las políticas de igualdad. Lorente lo percibe así en las redes sociales, pero también en los programas de máxima audiencia. "Hay un clima de agresividad y violencia" que funciona no solo como caldo de cultivo, sino como aliciente para los agresores, expresa el exdelegado. 

Los hombres que ya están insertos en la violencia "entienden que aquello que les pasa es producto de las denuncias falsas y de la perversidad de las mujeres", mensajes que calan en la población general, pero que tienen especial impacto entre aquellos socializados en la violencia contra las mujeres. Y hay más: para el exdelegado, ese clima propenso a la difusión de mensajes negacionistas permea también en aquellos agentes que deben brindar protección a las mujeres. "Si tú como juez, como forense o como policía estás inmerso en ese debate, acabas minimizando la situación de riesgo", afina. 

Atencio habla directamente de un "momento de rearme patriarcal" marcado por la "negación de la violencia machista y el envalentonamiento colectivo del machismo y la misoginia", una atmósfera que se expone sin disimulo "en redes sociales y se traslada a la vida real", coincide la periodista.

Ambos expertos inciden en un extremo que consideran fundamental: alertar sobre el repunte de feminicidios debe servir para reclamar más políticas públicas, no para revertir las conquistas en igualdad. Es ahí donde radica la diferencia entre la perspectiva feminista y el discurso abanderado por la reacción ultra. 

Los primeros son críticos con el sistema porque creen que existe un amplio margen de mejora en beneficio de las mujeres. Los segundos, en cambio, impugnan las políticas de igualdad porque son genuinamente negacionistas de la violencia machista. 

Vox es la máxima expresión de ese sentir. El partido de extrema derecha volvió a exigir la derogación de la ley contra la violencia de género la semana pasada en el Senado. La senadora ultra Paloma Gómez no dudó en instrumentalizar la vida de las víctimas para exigir recortes en la lucha contra la violencia machista. Cargó contra medidas que "han evidenciado sus limitaciones", reprodujo un marco ficticio de denuncias falsas y denunció el supuesto "riesgo penal" que recae sobre los varones como consecuencia de la legislación vigente.

Ante una situación de crisis, sin embargo, los expertos apuestan por reforzar las medidas, destinar más recursos y definir estrategias garantistas para las mujeres. "Habría que activar campañas públicas que inunden las redes para contrarrestar estos discursos, además de preparar a toda la población ante esta situación de emergencia global", asiente Atencio. 

Si los expertos insisten en la importancia de poner en marcha más políticas públicas y destinar más recursos a la lucha por la igualdad, es porque la estrategia contra la violencia ha demostrado dar sus frutos. Una mirada amplia a las cifras oficiales así lo atestigua: el número de feminicidios se ha reducido un 32,4% desde el año 2003. Si la media de crímenes mortales durante los primeros diez años de la estadística era de 66 asesinatos al año, durante la segunda década la cifra cayó hasta los 52. Un descenso progresivo que da cuenta del impacto de la legislación y las medidas dirigidas a la prevención, la detección y la protección de las mujeres. 

Con el paso de los años, además, las víctimas de violencia machista han sentido cada vez más confianza para acudir a las autoridades: las denuncias han pasado de 135.539 en el año 2009 a 204.342 en 2025, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otra parte, las llamadas al 016 han escalado desde las 15.715 en 2007 hasta las 130.257 consultas registradas el año pasado.

El pasado 19 de mayo, Andrés Roche Cerón asesinó presuntamente —y empieza a resultar indignante tener que añadir siempre ese adverbio para no incomodar a un sistema que demasiadas veces da la espalda a las víctimas de violencia de género— a Erica D.G., también conocida como Kimberli. El crimen quedó grabado y fue difundido en redes sociales. Las imágenes muestran, con una crudeza insoportable, la violencia extrema del terrorismo machista al que siguen estando sometidas miles de mujeres, niñas y niños, también en nuestro país.

Como feminista, me niego a aceptar que este sea “un feminicidio más”. Me niego a que, tras el habitual minuto de silencio institucional, el nombre de Erica —o de Kimberli, como ella prefiriera ser llamada— quede sepultado la próxima semana bajo el de otra víctima, mientras todo continúa exactamente igual. Es decir: con una parte de la sociedad abrazando discursos negacionistas alentados por la extrema derecha; con una derecha cada vez más radicalizada que rehúye destinar recursos propios a combatir la violencia machista y se suma a esos discursos cuando le resulta políticamente rentable; y con una izquierda que, aun siendo consciente de las graves carencias del sistema de protección, sigue sin afrontar reformas profundas que vayan más allá del papel.

Porque quizá haya llegado el momento de plantear medidas verdaderamente valientes: mecanismos eficaces para apartar de estos procedimientos a jueces, juezas y fiscales que no apliquen la perspectiva de género y para inhabilitar a quienes, mediante negligencias graves, pongan en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños a quienes tienen la obligación de proteger.

Más allá del horror que produce ver cómo un hombre asesina a su pareja en plena calle, asestándole veinte puñaladas y abandonando su cuerpo como si fuera basura antes de lavarse la sangre en una fuente pública con absoluta frialdad; más allá del nudo en el estómago que provoca otro vídeo, difundido por un medio de comunicación de horas antes del crimen, donde puede verse a la víctima acompañando al agresor a una tienda y permaneciendo detrás de él, con una postura corporal que transmite terror incluso sin necesidad de verle el rostro; más allá de todo eso, ha llegado la hora de exigir responsabilidades.

El asesinato de Erica —o Kimberli— es un ejemplo doloroso de muchas cosas. Entre ellas, de la incapacidad de una parte del sistema judicial para proteger adecuadamente a las víctimas de violencia de género y para comprender las realidades complejas de aquellas mujeres que no encajan en el irreal “perfil ideal de víctima”. Especialmente cuando sus vidas están atravesadas por múltiples formas de discriminación: pobreza, migración, exclusión social, identidad de género o adicciones.

Erica había denunciado, al menos una vez que sepamos. Había pedido protección y le fue concedida una orden. Pero aquella protección no sirvió de nada: en menos de 24 horas el agresor volvió a lesionarla. La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra hicieron su trabajo. A partir de ahí, responsabilizar a la víctima de la inacción judicial es no solo injusto, sino profundamente ignorante.

Quienes trabajamos desde hace años en este ámbito sabemos —y llevamos demasiado tiempo denunciándolo— que existen herramientas legales suficientes para actuar frente a un quebrantamiento de medidas de protección. Son mecanismos previstos por el sistema y, aplicados correctamente, habrían podido salvar esta y muchas otras vidas.

Desconozco los detalles concretos del caso, pero diversos medios han señalado que Erica era una mujer trans, hondureña y empobrecida. Es decir, una víctima atravesada por múltiples factores de vulnerabilidad. El agresor acumulaba indicadores evidentes de peligrosidad, no solo por el historial de violencia ejercida, sino por la intensidad y frecuencia de las agresiones. El sistema debe poder adaptarse a lo anterior, de lo contrario es discrimatorio.

Preguntarse por qué la víctima no acudió al médico forense es colocar el foco en el lugar equivocado. Tal vez estuviera hospitalizada recuperándose de las lesiones que su agresor le había provocado menos de 24 horas después de dictarse la orden de protección. Tal vez estuviera escondida, aterrada o incluso con él, porque la dependencia emocional no desaparece automáticamente tras una denuncia. Tal vez no tuviera recursos para desplazarse, para recibir notificaciones judiciales o para acceder a un alojamiento seguro. Las mujeres en situación de sinhogarismo con patologías duales, sencillamente, no encajan en muchos de los dispositivos institucionalizados de protección.

La pregunta no es qué hizo o dejó de hacer Erica. La pregunta es cuánto interés puso el sistema en protegerla. Si tradujo “vulnerable” por “complicada”. Si dio su caso por perdido antes siquiera de intentarlo.

Dejemos de culpabilizar a las víctimas de violencia de género por los fallos de un sistema que nos interpela a todas y todos. Empecemos a escuchar de verdad a las profesionales que llevan años advirtiendo de estas negligencias: abogadas, juristas, trabajadoras sociales y especialistas que se dejan la piel acompañando a víctimas a la par que denuncian las carencias de la administración de justicia.

Teniendo en cuenta que lo escatológico se ha colado en el debate público: la situación actual para demasiadas víctimas de violencia de género es una mierda de dimensiones descomunales y la urgencia de su abordaje desde una perspectiva de género y realmente interseccional, es inaplazable.

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Vanessa Casado Caballero es jurista experta en Género y Derechos Humanos.

Nos faltaba la mitad de la Historia. Y nos falta todavía buena parte. Los avances no se levantan casi nunca de cero. Alguien empujó antes. Pero quiénes. No es una forma de hablar para explicar que la historia que vivieron y movieron las mujeres no había sido contada. O, más justo, que ha sido ignorada deliberadamente, mantenida de forma consciente en la oscuridad, en el territorio de las puertas para dentro del hogar, donde no siempre estuvieron. Ellas en la sombra, aquellas que impulsaron avances, que se rebelaron, que se arriesgaron cuando la sociedad no estaba a favor de permitir su libertad, pero también las que resistieron en el lugar que se les asignaba y las que se derrumbaron bajo un tejido social y familiar patriarcal que durante siglos nos aplastó.

Mucho silencio.

Frente a esa desmemoria, desde hace un tiempo, surgen narrativas que encienden luces en espacios que nunca antes fueron iluminados. Y una se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí ignorándolo, desoyendo sus nombres o nombrándolas con muy escaso conocimiento, siguiendo adelante con una historia desequilibrada que pretendió y había conseguido ser única. Hasta ahora. El feminismo es también un ajuste de cuentas con los relatos anteriores que tensa la posición de lo fijado. Que desestabiliza lo consensuado. Que propone nuevas palabras para lo político. Que remueve el gran caldero de lo que ya fue escrito. Por eso, el feminismo es revolución.

Este año se cumplen cien de la fundación del Lyceum Club Femenino, una institución fundada durante la dictadura de Primo de Rivera y desconocida hasta hace muy poco para casi todos. Lo cuenta Eva Cosculluela en El club de las modernas (Seix Barral, 2026), un ensayo narrativo de honda investigación que explica cómo un grupo de mujeres se unió y reunió hasta que la Guerra Civil también terminó con el sueño de la igualdad. María de Maeztu, Zenobia Camprubí, Clara Campoamor, Victoria Kent, Isabel Oyarzabal, María Lejárraga, María Rodrigo y muchas mujeres más de distintas disciplinas e ideologías, ateas y devotas, republicanas y monárquicas, intelectuales que se pusieron de acuerdo y salvaron las diferencias para dar un fuerte impulso al poder transformador de la cultura y de la educación para nosotras.

El Lyceum nació contra viento y marea. Una institución antifamiliar y anticristiana, dijeron de ellas. Ataques en la prensa y campañas: “¡Desgraciados niños que tienen una madre liceómana!” Proyectaron ideas, algunas se consiguieron y otras no: la Casa de los Niños, una guardería laica que atendía a los hijos de las trabajadoras; el Comité del Libro para El Ciego, una biblioteca circulante de libros para que las personas con discapacidad visual pudieran leer o la relevante petición presentada al Gobierno para promover una reforma legal que terminara con la denigración de las mujeres, con normas que reconocían al hombre como autoridad única dentro del matrimonio. Pero, sobre todo, y esto sí molestaba, dio espacio al diálogo que nos entendía como mujeres libres y seres humanos con pensamiento propio.

La última aparición del Lyceum en la prensa, recuerda Cosculluela, es una pequeña nota del 5 de agosto de 1936 donde agradecen la solidaridad de las socias y simpatizantes por los donativos recibidos para enviar al frente.

El año que viene se celebra otro centenario, el de la mítica Generación del 27, y esperemos que, por primera vez, se ponga en nómina a las mujeres que también formaron parte, completando la lista que ha trascendido por libros de texto y conmemoraciones anteriores: Maruja Mallo, Josefina de la Torre, Concha Méndez, María Teresa León, Rosa Chacel, María Zambrano y otras tantas. No solo como mujeres de, sino como intelectuales con peso artístico, político y público. Víctimas de la Historia que escribieron ellos: la de la guerra, del exilio, de la dictadura y de la Sección Femenina, que pasó a ocupar el espacio del Lyceum en la Casa de las Siete Chimeneas muy poco tiempo después.

Sirva ese expolio simbólico y físico, como lo llama la autora en su último capítulo, para recordar que la libertad y los derechos se pierden de un día para otro y que, como decía Almudena Grandes, la línea del progreso no es siempre una línea recta. Que hoy, hay a quien no le interesa leer sobre esto; que hoy, hay quien nos quiere todavía quietas, desunidas e ignorantes de nuestra propia historia. Pocas cosas más inspiradoras que la constancia de que otras estuvieron primero, que empujaron primero, que abrieron camino, que encendieron la luz. 

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, impartió este martes una clase magistral de cómo la misoginia y los sesgos machistas están todavía presentes en casi todos los espacios. Lo hizo en una rueda de prensa y ante decenas de periodistas. "Esto lo ha escrito una mujer que no sé si ni siquiera sabe de fútbol", lanzó refiriéndose a la periodista del diario ABC María José Fuenteálamo. A otra comunicadora, Lola Hernández, le concedió el micrófono así: "A ver, esa niña, también tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos". 

Al otro lado del teléfono, Fuenteálamo resume lo sucedido con una exclamación que bien podría ser un lema común para el conjunto de las mujeres: "Qué cansancio histórico". Aun extenuada por el señalamiento del empresario, la periodista cree que sus palabras tienen un valor incalculable para demostrar que el machismo "sigue estando ahí, si es que hay alguien que lo dude a estas alturas". 

Los comentarios del empresario han resonado con fuerza y su eco ha lanzado algunas preguntas, no solo sobre las raíces del machismo en el mundo del deporte, sino también sobre la respuesta social e institucional hacia conductas que parecían abocadas a la extinción. "Responde a una cultura machista muy profundamente integrada en la vida de las personas, sobre todo de algunas personas de más edad", ha sentenciado este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, destacó en redes sociales que "las periodistas deportivas merecen respeto profesional" y por tanto "no deben ser infantilizadas, ignoradas o cuestionadas por el hecho de ser mujeres". A su juicio, "el menosprecio machista a estas periodistas solo nos dice que tenemos que seguir luchando contra el machismo estructural en el deporte".

Y la eurodiputada Irene Montero ha planteado que se trata de una "forma muy evidente de despreciar" el trabajo de las mujeres, "su competencia profesional y su formación". En definitiva, ha añadido, "él no está viendo a una periodista, está viendo a una mujer a la que cree que puede tratar como un ser inferior". La también exministra de Igualdad ha concluido señalando que "para muchos hombres poderosos, el machismo es su forma de vida y no hacen ningún esfuerzo por cambiar, porque saben que su poder les protege y les da impunidad".

María José López, abogada y directora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), enmarca las palabras del jefe del club deportivo en una "actitud totalmente antigua y caduca". No cree que sea una anomalía, en términos generales, pero sobre todo no resulta extraño en un mundo como el del fútbol. "Todavía existen comportamientos paternalistas. Como la incorporación de la mujer es relativamente reciente, parece que debemos pedir permiso para ejercer nuestra actividad", asiente en conversación con este diario. Los comentarios machistas expresados el martes "responden al propio personaje, pero también esconden actitudes que sí vemos en el deporte". 

A la misma conclusión llega la periodista feminista Montserrat Boix. "En algunos espacios, como el futbolístico, no ha cambiado nada", lamenta. La comunicadora, sin embargo, cree que sí hay un avance de puertas para afuera: "Lo interesante es que esto ya parece raro y anacrónico".

La escritora feminista Laura Freixas, expresidenta de la organización Clásicas y Modernas, no lo tiene tan claro. Ella sí percibe un retroceso generalizado, producto del peso que han ido ganando "las ideas machistas y reaccionarias" en todo el mundo. La actitud de Florentino Pérez, remarca la escritora, tiene mucho en común con la de Donald Trump, quien se ha ensañado especialmente con las mujeres periodistas. En ese contexto, la respuesta debe pasar por "una censura social, una reprobación por parte de políticos, periodistas y todos los estratos de la sociedad".

La conversación en torno a las palabras del empresario no se limita al análisis sobre el machismo estructural que se instala en el mundo del fútbol, sino que plantea una necesaria reflexión sobre la tolerancia hacia este tipo de conductas y la respuesta social ante quienes las ejercen. Con este telón de fondo, cabe preguntarse qué implicaciones tiene que en la sala de prensa donde Florentino Pérez se expresó el martes no sobrevolara ningún reproche por parte de los allí presentes, sino solo silencio cómplice. 

En esa línea se ha pronunciado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández: "Tolerancia cero contra el machismo significa esto: si Florentino Pérez no pide disculpas a la periodista y a las mujeres, ningún representante público debería volver a ponerse a su lado. Ni en el palco. Ni en las cenas. Ni en las fotos".

Lo cierto es que el paso de los años parece haber ido diluyendo aquella suerte de consenso social en torno a la necesidad de señalar, impugnar y corregir los sesgos machistas que se han reproducido siempre en todos los espacios, una tarea planteada por el feminismo que llegó a tener calado en prácticamente todas las esferas.

En mayo de 2018 nacía la iniciativa No sin mujeres, alrededor de la que se agrupaban economistas y académicos españoles de renombre. A través de un manifiesto publicado entonces, todos ellos se comprometían a no participar como ponentes en ningún evento o mesa redonda sin la presencia de mujeres expertas. La mecha prendió rápidamente y enseguida caló en casi todos los lugares donde la ausencia de mujeres se convirtió en un anacronismo que no debía tener cabida. Meses después, lanzaron su propio manifiesto centenares de profesionales y activistas del sector energético. Clamaban que En energía no sin mujeres.

Aquel mismo año nacía, en el mismo sentido, la iniciativa Sin mujeres, no hay panel, en el seno de la Comisión Europea. El proyecto buscaba "concienciar sobre la importancia de la igualdad de género en paneles y eventos públicos", garantizando la presencia de al menos una mujer panelista. La reacción fue masiva e interpeló a toda la sociedad, derivando en iniciativas concretas para dejar no solo de participar, sino también de asistir o consumir cualquier contenido que no contara con mujeres.

Alrededor de estas corrientes emergieron también bases de datos de expertas, como Sí con mujeres o Brussels Binder. El mundo ya no tendría excusa para no incluir sus voces. Y si así sucedía, la ausencia de mujeres se daba de bruces con un reproche generalizado y sin titubeos. Ocurrió con Nadia Calviño en 2022. La entonces ministra de Asuntos Económicos se negaba a ser retratada en un acto sobre liderazgo empresarial en el que no figuraba ni una sola mujer. Aquella decisión era producto de una promesa que había realizado meses atrás: no participar en debates sin presencia femenina.

Aquella eclosión que nació al calor de las movilizaciones feministas masivas parece haber ido perdiendo fuerza con el paso de los años. En 2024, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, posaba sonriente en una fotografía junto a más de una docena de grandes ejecutivos, todos hombres. En el centro de la imagen, el presidente argentino, Javier Milei. Era solo una muestra de cómo el avance reaccionario empezaba a revertir las conquistas feministas.

En los medios de comunicación, la representación femenina tampoco está para celebraciones. Un informe publicado el año pasado con el apoyo de ONU Mujeres concluía también que ellas siguen infrarrepresentadas, pues suponen solo el 29% de los sujetos y fuentes de las noticias en los medios tradicionales y el 27% en los digitales. "La visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación sigue siendo inferior a la de los varones", advertían las expertas, "una situación que no ha mejorado con el tiempo".

Y en febrero de este año, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) destacó que las radios y televisiones catalanas han reducido la presencia de mujeres en la información política en los últimos dos años, según su informe El pluralisme polític en els continguts informatius i d'actualitat de la televisió i de la ràdio lineals. La vicepresidenta del organismo, Laura Pinyol, afirmaba que "estamos lejos de la paridad en los informativos, donde el esfuerzo por la representación de las mujeres parece haber pisado el freno".

Como sociedad, tendemos a creer que en el pasado la violencia estaba más extendida que hoy en día, resultado de las pulsiones de gentes rudas e ignorantes, incapaces de actuar de otro modo. Pero interpretarlo así nos impide comprender un aspecto fundamental: la violencia no era irracional. Al igual que ocurre en la actualidad, respondía con frecuencia a unas estrategias concretas.

En la Edad Media, la guerra era un arte complejo en donde se llegó a utilizar la violencia contra las mujeres como instrumento de agresión hacia los hombres. Durante los siglos medievales, la honra de la mujer marcaba el valor del hombre y de su grupo familiar. Atacarlas a ellas, y en particular a su virginidad, significaba atacarlos a ellos.

Visto así, la masculinidad descansaba en el control del grupo familiar al que uno pertenecía.

Nuestra investigación ha analizado cómo, en medio de la guerra civil que destruyó el reino de Navarra al final de la Edad Media (1450 a 1521), los dos bandos en conflicto, conocidos como agramonteses y beaumonteses, utilizaron a las mujeres nobles como instrumentos de ataque y consolidación del linaje.

El conflicto nace de la guerra sucesoria que se entabló, tras la muerte de Blanca de Navarra, entre Juan II de Aragón, su esposo, y el príncipe Carlos de Viana, su hijo. Los beaumonteses, con el conde de Lerín a la cabeza, defendían la legitimidad del príncipe, mientras que los agramonteses obedecían a Juan de Aragón. Con el estallido de la guerra, la nobleza se alineó con cada uno de los bandos en función de sus intereses, fidelidades y, especialmente, de los rencores enquistados entre familias desde hacía generaciones

La fuente principal de este estudio es un texto que relata casos de estas violencias contra las mujeres, escasos en la documentación del periodo. Esto hace que su hallazgo sea excepcional.

Se trata de un memorial de agravios redactado hacia 1456, en el que se reúnen 87 acusaciones hacia el bando beaumontés y sus líderes, los ya mencionados príncipe de Viana y conde de Lerín. La intención de este texto era justificar el desheredamiento de Carlos (heredero al trono de Navarra) y legitimar la sucesión de la casa de Foix (en la persona de la infanta Leonor, hermana de Juan II, y de su marido, Gastón de Foix).

Dentro de esas 87 acusaciones se incluyen ocho agravios hacia mujeres nobles, relacionados siempre con la pérdida de la honra femenina.

Algunas de estas denuncias describen intentos de agresión sexual, como la acontecida a la princesa Inés de Cleves, esposa del príncipe de Viana. En este caso, el conde de Lerín y sus secuaces trataron de provocar el adulterio de la princesa con propuestas deshonestas constantes y, al fallar estas, llegaron incluso al intento de agresión sexual y, más tarde, a su envenenamiento. El objetivo que perseguían los de Beaumont era casar a una mujer de su propio clan con el príncipe, para lo que necesitaban deshacerse de Inés de Cleves.

También, y sobre todo, se incluyen matrimonios forzosos promovidos por los beaumonteses para ampliar su red de alianzas y debilitar a los agramonteses. Lo hacían uniendo a las mujeres, por ejemplo, con un linaje inferior, algo que repercutía directamente en el grupo familiar al que ellas pertenecían. Las acusaciones insisten en la coacción (“por fuerza”) ejercida para imponer enlaces, romper acuerdos previos o desheredar a quienes se negaban a aceptar matrimonios con miembros –a menudo bastardos– del linaje Beaumont.

Como se ve, las mujeres quedaban reducidas a piezas de intercambio político. Sin embargo, formalmente las víctimas directas eran los varones, que veían vulnerado su derecho a concertar los matrimonios de sus hijas.

En una sociedad en la que la honra de la familia descansaba en la sexualidad y el comportamiento de sus mujeres, garantizar la virginidad, la legitimidad de la descendencia y la adecuación de los matrimonios era esencial para preservar patrimonio y prestigio. Siguiendo esta lógica, atacar la honra de una mujer implicaba dañar al conjunto del linaje. Por ello, la coacción matrimonial, las amenazas y las agresiones sexuales fueron utilizadas como armas políticas.

Lejos de ser un fenómeno puntual, nuestro estudio muestra el empleo sistemático de estas estrategias. Esta forma de entender la honra y su defensa dejó una huella profunda en la cultura política y social de los siglos siguientes que llega incluso hasta el momento actual.

Si en la Edad Media la violencia contra las mujeres podía ser un recurso de guerra, en la Edad Moderna su control cotidiano pasó a sostener todo un orden social. La mujer quedó relegada al espacio privado, en donde se la enseñó a guardar su honra y la del grupo familiar al que pertenecía, a través de todo un conjunto de normas. En algunos casos, dichas normas se expresaron a través de conocidos manuales de conducta como La perfecta casada (1583) de fray Luis de León, texto que ha servido de guía para las mujeres españolas hasta fechas recientes.

Entre ambos momentos no hay una ruptura total, sino la transformación de una misma lógica: la que convierte a las mujeres en garantes del honor ajeno.

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Íñigo Mugueta Moreno es profesor Titular de Historia Medieval, Universidad Pública de Navarra y Alicia Inés Montero Málaga en Historia Medieval, Universidad Autónoma de Madrid. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Abril de 1926. Un grupo de mujeres procedentes de la élite intelectual buscaba desesperadamente la forma de construir un espacio seguro, algo así como un hogar propio para intercambiar ideas, crear y tenderse la mano unas a otras. Cuando la dictadura de Miguel Primo de Rivera comenzaba a tambalearse, nacía el Lyceum Club Femenino de Madrid, con nombres como el de Clara Campoamor, Victoria Kent y María Lejárraga entre sus impulsoras. Aquel sería un ejemplo pionero de cómo el ímpetu, la ambición y la organización de las mujeres eran capaces de cimentar nuevos mundos. Su estela ha permanecido a lo largo de los años en la voluntad imparable de organización feminista, hasta hoy. 

Este viernes tendrá lugar en València la presentación de una nueva iniciativa que bebe de aquel espíritu: la red social La Nuestra. "Somos herederas de esa tradición, por eso hemos quedado para encontrarnos y para bailar", celebra la escritora Cristina Fallarás. La red social nace con el objetivo de "rescatar, preservar y dar visibilidad a todos los testimonios" de víctimas de algún tipo de violencia de género, tras haber constatado la deriva hostil de las plataformas ya existentes, donde los relatos de las mujeres no tienen cabida "porque el algoritmo los hace desaparecer". 

La Nuestra tiene, por tanto, el propósito de "relatarnos en un lugar que sea nuestro y poner a las mujeres en contacto con la garantía de que lo estarán haciendo en un sitio amable". El potencial político de la iniciativa es claro: "La transformación radical". En un contexto de avance reaccionario, en el que "los fascismos se basan en mentiras y abstracciones no demostrables", los testimonios de las víctimas son una poderosa herramienta para combatir y desmontar sus discursos. 

La Nuestra dirige inevitablemente la mirada hacia todas aquellas que la precedieron. Lo que hoy es una red social, antaño fue el salón de una casa en el centro de Madrid. El Lyceum Club Femenino "fue el primer espacio genuinamente femenino en el que se implantó una nueva sociabilidad", escribe la investigadora Rocío González Naranjo en su libro Marisabidillas, frívolas y peligrosas (Hoja de Lata, 2026). Durante toda su existencia, comparte la historiadora, la organización "fue un ejemplo de actividad colaborativa en todos los ámbitos del saber", pero la historia "androcéntrica –y de los vencedores– condenó" al club al "ostracismo, sufriendo una violencia simbólica que perdura en nuestros días". 

"La necesidad de reunirse comenzó, seguramente, en una tertulia" y fue producto de un "ambiente de ebullición asociacionista", documenta la historiadora. Aquellas mujeres pioneras tenían un espejo en el que mirarse: una treintena de clubes similares habían echado a andar en todo el mundo. El fervor de las mujeres era internacional e imparable. Aunque no resulta sencillo atribuir una única autoría a la constitución del foro, la escritora cree que "hay que verlo como una iniciativa plural, pues la necesidad de un espacio propio se fue haciendo más urgente entre estas mujeres, deseando aportar cada una su granito de arena en la creación de una habitación propia". Todas ellas, añade, "buscaban un hogar en el que poder reunirse". 

A lo largo de una década, las socias realizaron "grandes cosas que parecían imposibles para las mujeres en aquella época", como la creación de una guardería gratuita para los hijos de las trabajadoras o la puesta en marcha de cursillos para analizar el encaje de las mujeres en la legislación. "Se expusieron públicamente, participando en los debates políticos más trascendentales de la Segunda República en lo que respecta a las mujeres", como el voto femenino o la abolición de la prostitución. Y, sin embargo, aquello que construyeron se quedó encallado en los márgenes del relato histórico, una suerte de herencia de la burla pública que sufrió entonces aquel grupo de mujeres organizadas. 

El club fue caricaturizado como un espacio donde "por pocas pesetas se tomaba un buen té", una descripción que intencionadamente encerraba la iniciativa en el cajón de la frivolidad y extirpaba su trasfondo político. La mirada masculina pasó de puntillas por la asociación, devaluándola reiteradamente al presentarla como "un simple lugar de encuentro entre mujeres", una tendencia que ha permanecido intacta más de cien años después. 

Las mujeres organizadas alrededor del club podían tomar té o pasar las tardes conversando, pero con ello buscaban también tomar "las riendas de sus vidas", liberándose a través de "una independencia económica proporcionada por el trabajo". La experiencia duró cerca de diez años. "Todo aquello se derrumbó con el estallido de la guerra", escribe González Naranjo. 

Otras asociaciones fueron emergiendo paralelamente durante aquel periodo, antes del golpe fascista. "Fue la edad de oro del asociacionismo femenino y de la participación de las mujeres en obras magníficas que, desgraciadamente, cayeron en el olvido", escribe la historiadora. 

Algunas coexistieron en una especie de ecosistema decidido a conceder espacios a las mujeres para la participación en la vida pública. O, al menos, para dar la batalla por conquistar los lugares que les habían sido vedados. En los años veinte del siglo pasado nació el Círculo Sáfico de Madrid, una red de mujeres lesbianas intelectuales, muchas vinculadas precisamente al Lyceum Club Femenino y a la Residencia de Señoritas. Se juntaban con un propósito tan sencillo como político: hablar. La guerra, sin embargo, también las enterraría en el silencio.

Para entonces, las Sinsombrero todavía no eran conocidas como tal. Aquellas mujeres de la Generación del 27, como Maruja Mallo y Margarita Manso, no se articularon en torno a un espacio físico, pero sí fueron capaces de tejer un grupo consolidado, decididas a desplegar su potencial creativo y desafiar a quien quería situarlas siempre un paso por detrás de sus compañeros. 

No todos los grupos de mujeres que se desarrollaron durante aquellos años eran interclasistas. En pleno conflicto, las mujeres anarcosindicalistas se congregaron alrededor de la organización Mujeres Libres. A lo largo de los tres años que duró la guerra, anarquistas de todo el país se coordinaron para resituar la emancipación de género como cuestión central de la lucha de clases, ante la inacción displicente de sus compañeros. Y ya en clandestinidad, lejos de la mirada del régimen, se tendieron la mano las mujeres organizadas alrededor del Movimiento Democrático de Mujeres. Eran familiares de los presos, militantes de la lucha antifranquista y mujeres decididamente feministas que supieron interpelar a sus compañeras, a las militantes y a las amas de casa, para cambiar las cosas.

La tradición de buscar espacios de encuentro para ser capaces de tener agencia propia ha sobrevivido a lo largo de los años. Son, en parte, herederas legítimas de ese anhelo feminista organizaciones que perduran hoy, como la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, constituida a principios de los setenta; la organización Ca la Dona, nacida en la Barcelona de finales de los ochenta y El Club de las 25, agrupación que vio la luz en 1997.

También La Nuestra. Tras su paso por València, las impulsoras de la red social recorrerán otras ocho localidades en los próximos meses. "Hay algo interesantísimo en juntarnos", desliza Fallarás. "La potencia de todo empieza después de la conferencia, cuando nos damos cuenta de que llevamos tres horas sentadas hablando". Ese entusiasmo que expresa hoy la escritora bien podría ser el mismo que hace cien años se instaló en el salón de alguna casa, donde nacería el Lyceum Club Femenino.

La mujer que ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Santa Úrsula (Tenerife) tenía 57 años, no estaba en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del presunto autor, que está detenido.

La madre de la víctima también se encuentra hospitalizada y deberá ser intervenida quirúrgicamente, según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Santa Úrsula.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, ha relatado que los hechos ocurrieron cerca del domicilio de la víctima, en la calle Lomo Hilo, sobre las tres y media de la mañana.

En este lugar, el agresor acuchilló a la mujer asesinada, a la par que hirió a la madre de la víctima.

"Y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo", ha detallado Acosta, que ha apuntado que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los "gritos enormes" que se produjeron durante los hechos.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha señalado que han sido activados los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento y ha pedido "el máximo respeto hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia".

Como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos oficiales hoy y mañana, ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de mañana frente al consistorio y ha decretado luto oficial para dicho día.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Tras años de luchas entre la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley por el que los partidos de Primera División de la Liga F se instalarán en la quiniela de forma permanente. Esta medida en la que el Consejo Superior de Deportes (CSD) lleva trabajando un año, tendrá que ser ratificada en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este martes que la inclusión del fútbol femenino en la quiniela es "un gran avance de justicia, en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos".

"Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino se incorpora a la quiniela. Es un gran avance, un gran avance de justicia, un gran avance en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos", ha dicho tras la aprobación de la medida por parte del Consejo de Ministros. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha comunicado esta aprobación en un mensaje mediante la red social X en el que expresa que “profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”. 

Además, añade que los clubes de fútbol femeninos “participarán en los ingresos”, igual que ocurre con los clubes masculinos. El torneo femenino recibirá un 15% de los ingresos de lo recaudado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Una cifra que, según los datos de 2023, habría sido de 6,15 millones de euros.

El proyecto regulará la recaudación del Impuesto sobre Actividades del Juego obtenida por las apuestas de la quiniela. La disposición tercera de la ley de regulación del juego establece los porcentajes que se destinarán a las distintas entidades beneficiarias: un 49,9% para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades Autónomas, un 45,5% para la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga nacional femenina de fútbol profesional, en los porcentajes que se determinen reglamentariamente y un 4,5% para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no profesional. 

María José López, abogada y directora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en declaraciones a infoLibre, ha expresado su alegría por la aprobación de este decreto: “Esto es una gran victoria sobre un plano social y económico que llevamos luchando más de diez años que además era una demanda completamente lógica de una circunstancia que no se adaptaba a estos tiempos”. 

También cuenta que lo que más ha faltado durante estos años ha sido “voluntad política”. A pesar de que el borrador de Real Decreto para la modificación de la normativa que regula la quiniela salió a audiencia pública hace aproximadamente año y medio, la aprobación se ha retrasado considerablemente. “A pesar de que iniciativas en el Parlamento, promovidas tanto por el PSOE como por el PP, eran aprobadas por unanimidad en la comisión de deporte del Congreso de los Diputados. Sin embargo, estas aprobaciones no se traducían en una decisión ejecutiva”, subraya.

La AFE, por su parte, ha emitido un comunicado en el que muestran su alegría en lo que consideran “un paso firme hacia la igualdad y el reconocimiento del fútbol femenino”, subraya David Aganzo, presidente de la AFE. Una medida que llevan reivindicando desde el año 2019 con la campaña #QuinielasEnFemenino.

“Este logro es el resultado de un proceso prolongado en el tiempo, basado en el diálogo, la negociación y la firme voluntad de avanzar hacia un modelo más justo, igualitario y con mayor proyección para el conjunto del fútbol. Una reivindicación histórica que hoy ya es una realidad”, concluye el comunicado. 

El FC Barcelona lleva proclamándose ganador de la Liga F durante cuatro temporadas consecutivas. Esta última aún no ha finalizado, pero ya se ha consolidado como campeón a falta de tres jornadas con una ventaja de 12 puntos (con un partido menos) sobre el segundo. 

Y esta no es la única ventaja que existe entre el conjunto catalán y el resto de equipos. Económicamente, las diferencias también son bastante amplias. El Barça femenino cerró 2024-2025 con un nuevo récord de ingresos: 22,5 millones de euros. Los éxitos en la Champions League o los balones de oro de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí también han contribuido al aumento presupuestario. A periodos comparables, los 21,8 millones de inversión deportiva del Madrid en el ciclo 2020-2025 se elevan a 44,5 millones de euros en el caso del Barça. Por ello, según confirma López a infoLibre, “el reparto será equitativo en función de las necesidades de los clubes”.

“Es una medida histórica”, comenta también la abogada. La quiniela lleva jugándose en España desde septiembre de 1946, la primera Liga Nacional de fútbol femenino se creó en 1988, pero no fue hasta 2017 que apareció el primer partido de fútbol femenino en una quiniela. Fue un pleno al quince entre Atlético de Madrid-Athletic Club de Bilbao. Desde ahí, más partidos entre conjuntos femeninos llegaron a aparecer, pero nunca de manera regular hasta ahora. “Lo que no podía ser es que hubiera partidos de ligas extranjeras como la inglesa, pero no de la Liga F”, concluye la abogada de la AFE.

Uno de los asuntos que ha atravesado el discurso de Vox desde su nacimiento ha sido la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. En 2023, los pactos entre PP y Vox situaban la "violencia intrafamiliar" como uno de sus ejes y evitaban mencionar la violencia de género, una cuestión que se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción y que aprovechó la oposición en acuerdos como los de la Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares. 

Tres años después, la violencia machista ha desaparecido de los recientes acuerdos de Extremadura y Aragón. En su lugar, Vox ha situado en primer plano la "prioridad nacional" y la criminalización del uso de los recursos públicos por parte de los migrantes. Una cuestión en la que ha arrastrado al PP. Acuerdos que, en ninguna de las dos regiones, contemplan tampoco la creación de una consejería de Igualdad y en lo que solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab.

Hasta ahora, el discurso de la extrema derecha española no se ha alejado del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, como el aborto, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso. Eso no ha cambiado, apuntan las expertas consultadas por infoLibre, pero sí sus prioridades de cara a la opinión pública.

¿A qué se debe el cambio? Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y experta en extrema derecha, lo interpreta como una combinación de cálculo estratégico y jerarquización de prioridades. "Vox está en un momento de tensión interna y con horizonte electoral cercano, así que ordena su agenda en función de rentabilidad inmediata”. Es decir, qué temas “movilizan más y cuáles desgastan más al rival", explica en conversación con este medio.

Ese cálculo coloca la inmigración en el centro. "Ahí entra la prioridad nacional como el eje que más incomoda al PP y más cohesiona a su electorado", añade López. A su juicio, no hay una renuncia ideológica, sino un cambio de foco. "Es una estrategia de visibilidad, algunos temas se ponen en primer plano y otros se relegan, sin desaparecer”, aclara. Coincide con ella Ana Bernal-Triviño, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del ensayo ‘No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa): “Es un cambio de metodología más que de estrategia”.

Así, considera que Vox puede dejar de lado la "violencia intrafamiliar" en un acuerdo de gobierno sin modificar su posición sobre el feminismo o la violencia de género. Y eso se nota en sus políticas. “Si observamos su acción en territorios donde tienen influencia, como la Generalitat Valenciana, vemos señales claras , como el debilitamiento de servicios LGTBI, de que sus posiciones sobre género y diversidad siguen siendo las mismas”, apunta.

Por su parte, Bernal-Triviño recuerda que en los pactos de 2023 “ya se habían producido concesiones”: “Ha habido una reconfiguración de consejerías y concejalías dedicadas a la mujer que se han metido en asuntos sociales y otras áreas. Lo que se ha modificado está hecho ya, no se plantean nuevos dilemas porque ya se ha cedido en esta cuestión”, plantea. En el caso de Extremadura, en 2023 se eliminó la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia,

Los acuerdos en Extremadura y Aragón ilustran bien ese desplazamiento. La única referencia directa a las mujeres aparece vinculada a la prohibición del burka y el nicab. Los textos aprobados en los recientes pactos sostienen que no se permitirá la imposición de prácticas que "invisibilizan a la mujer" y vulneran los valores de igualdad y dignidad. La mujer aparece así no como sujeto de políticas de igualdad, sino como elemento de una batalla contra determinadas prácticas asociadas a la inmigración musulmana.

Para López, esa operación responde a un patrón conocido en las extremas derechas europeas: el "femonacionalismo". "Consiste en apropiarse de elementos del discurso feminista  como la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres, pero resignificándolos en clave culturalista. Ya no se habla de desigualdades estructurales, sino de proteger a ‘nuestras mujeres’ frente a un ‘otro’ que suele identificarse con la inmigración, especialmente musulmana", explica la experta.

No es una estrategia nueva. "Esto lo hemos visto claramente en figuras como Marine Le Pen en Francia o en partidos de Países Bajos, y se intensifica sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el islam empieza a construirse a nivel global no solo como una amenaza de seguridad, sino también como una cultura ‘atrasada’ que supuestamente oprime a las mujeres", añade la politóloga.

De esta manera, la ultraderecha busca presentarse como defensor de la igualdad sin asumir el feminismo ni las políticas públicas de igualdad. "Permite a Vox presentarse como defensor de ciertos valores de igualdad mientras desplaza el foco hacia un enemigo externo", señala López. Pero advierte de la trampa: "En realidad es una falsa defensa de la igualdad, porque no busca ampliar derechos, sino construir un adversario, el islam, sobre el que articular un discurso identitario y excluyente", plantea López. 

Con todo, Bernal-Triviño advierte de que “Vox no se ha hecho feminista”: “Que esto no nos lleve a pensar que cuando lleguen a unas generales, no van a plantear cuestiones que tensen la agenda feminista”, plantea. “Es lo que ya sucede cada vez que la ultraderecha conquista espacios de poder a nivel nacional. Muchas de las leyes que quieren tumbar, solo pueden hacerlo si llegan al gobierno estatal y ese es su principal objetivo”, añade.

Ese mismo patrón ayuda a explicar por qué Vox explota menos que antes el discurso de las denuncias falsas, la supuesta discriminación contra los hombres o la impugnación frontal del feminismo. No porque haya abandonado esas ideas, sino porque ya no necesita formularlas de manera permanente. "Vox ha conseguido algo muy difícil en política: tiene una identidad muy definida y reconocible con una agenda dura en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles y no necesita estar recordándola constantemente para que su electorado la identifique", sostiene López.

A su modo de ver, la extrema derecha “puede desplazar ciertos temas, como el de las denuncias falsas, y poner en primer plano otros que ahora le resultan más rentables, como la inmigración, seguridad, prioridad nacional, sin que eso implique una moderación real", apunta la experta. En su opinión, no hay señales de giro en la práctica institucional. "Hay menos ruido en algunos temas, pero el mismo marco ideológico de fondo".

La pregunta es si ese menor ruido también busca reducir resistencias entre las mujeres, ya que la extrema derecha ha tenido más dificultades para atraer voto femenino que masculino. López pide matizar: "Sigue existiendo una brecha de género clara, las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres. No estamos ante un vuelco, ni mucho menos". Pero esa brecha no es inmóvil. "En algunos segmentos, especialmente entre mujeres jóvenes, sí se aprecia una ligera aproximación", añade Lopez.

Bernal-Triviño sostiene que “el dique” del voto femenino “no ha desaparecido” pero sí admite que es “menos sólido” que antes porque la ultraderecha “ha ganado la batalla por el relato” al lograr que  “muchos jóvenes”, especialmente varones, “digan que las mujeres han llegado demasiado lejos”: “Se han hecho campañas de desinformación muy potentes, con artículos de opinión y podcast, como argumento de autoridad”, sostiene. Así, la experta cree que “no hay menos énfasis” en cuestiones relacionadas con el feminismo, sino que “hay más convencimiento”.

"Esto encaja con un patrón que hemos visto en Europa: el voto femenino se convierte en un objetivo prioritario para la derecha radical en fases más avanzadas de su ciclo político, cuando ya han consolidado una parte importante del electorado conservador", añade López. A partir de ahí, estas fuerzas intentan ampliar base con otros marcos como la seguridad, identidad, malestar económico y acceso a recursos públicos. En esa estrategia está ahora Vox.

Ahora que la nave Artemis II ha regresado de la Luna y ha vuelto a demostrar que la Tierra es esférica, los “terraplanistas” han aprovechado para insistir en que la Tierra es plana y la Luna una galleta. Y como sus argumentos no están basados en elementos objetivos ni en estudios científicos, sino en lo que ellos deciden interpretar y en el refuerzo que se produce dentro de su grupo, pues siempre tienen razón.

Los “denunciafalsistas” actúan del mismo modo, es decir, en grupo, negando la mayor, o sea, la violencia de género, y a partir de ahí todas sus consecuencias, entre ellas las denuncias interpuestas por su causa. Pero como no es posible ocultar las más de 200.000 denuncias que se ponen al año, lo que hacen es decir que la mayoría son falsas, idea que consigue dos objetivos: incidir en la negación de la violencia y presentar a las mujeres como malas y manipuladoras, reforzando el mito de la Eva perversa.

Y como toda buena manipulación necesita de algún elemento que permita su enganche con la realidad, la clave está en utilizar elementos de esa realidad para darle un significado diferente. Y es en ese sentido en el que recurren a los datos oficiales sobre la violencia de género, para manipularlos y alcanzar la conclusión de que la mayoría de las denuncias son falsas.

La realidad es muy distinta, y la FGE y el CGPJ en diferentes Memorias y estudios indican que las denuncias falsas representan alrededor del 0,01%.

Para el machismo la conclusión es distinta, y afirma que todo lo que no termina en sentencia condenatoria es una denuncia falsa, concluyendo que estas representan el 70% de las denuncias, según sus cálculos.

Para poner de manifiesto la manipulación machista, vamos a tomar los datos del último informe del CGPJ, presentado el 31-3-2026, sobre las denuncias de 2025.

Las denuncias que se pusieron a lo largo de ese año fueron 204.342, y el número de mujeres víctimas ha sido 185.188.

El total de sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género fue de 60.942, de las cuales 50.190 terminaron con una condena para el hombre denunciado, es decir, el 82,36% de los casos juzgados. A partir de esta situación establecen la primera y gran trampa, y se ponen a jugar con los datos para darle verosimilitud y que su bulo sobre las denuncias falsas tenga acogida social.

El planteamiento es muy simple, si hay 204.342 denuncias y solo se juzgan 60.942 casos, quiere decir que 143.400 denuncias “se quedan en el camino” y no llegan a juicio, algo que directamente explican al decir que se debe a que son “denuncias falsas” por hechos incongruentes que conducen directamente a su archivo. Pero no es así.

Veamos que ocurre en realidad.

A las 204.342 denuncias hay que restarle los casos en los que las mujeres que han denunciado renuncian al procedimiento al acogerse a la dispensa de declarar por el artículo 416 de la LECrim, que son 20.977 casos que no pueden llegar a juicio por la renuncia de las víctimas, y que no siempre significa que es una la denuncia que se retira, porque algunas de estas mujeres han interpuesto varias denuncias que quedarían “anuladas” al desistir del procedimiento. Luego al total de denuncias que “se quedan por el camino” (143.400) hay que restarle estos casos, por lo que las denuncias “fuera de control” quedarían en 122.423 si solo correspondieran a una sola denuncia por caso, pero los estudios indican que son bastantes más, puesto que la renuncia se produce con frecuencia en mujeres revictimizadas sometidas a la presión y a las amenazas de los entornos y del propio agresor.

La diferencia entre los casos juzgados y el número de “denuncias sobrantes” tiene su clave en lo que acabamos de indicar, concretamente el número de casos en que un agresor maltrata más de una vez a la misma mujer, circunstancia habitual en violencia de género al tratarse de una conducta que se mantiene en el tiempo, no son hechos aislados, y que lleva a las víctimas a denunciar en varias ocasiones la violencia repetida que sufren.

Esta circunstancia forma parte de la revictimización, y dentro de ella está lo que se conoce como “multirreincidencia”, es decir, agresiones repetidas de un agresor sobre la misma víctima, y por otra parte está la “polirreincidencia” cuando un mismo agresor agrede a diferentes mujeres. Desde el punto de vista de las denuncias y sus consecuencias judiciales, en el caso de las agresiones cometidas por un agresor sobre la misma mujer, las distintas denuncias se verían en un solo juicio, mientras que en la “polirreincidencia” las denuncias se juzgarían en juicios separados.

Los estudios indican que cuando se trata de agresiones repetidas cometidas por un agresor sobre una mujer, el número de denuncias varía. Concretamente, en el trabajo titulado “Agresores plurivictimizadores en violencia de género: un estudio exploratorio”, de Marta Caballé-Pérez, realizado por varias universidades españolas y la SES del ministerio de Interior (febrero 2024), se indica que el número de denuncias interpuestas por una misma víctima en estas circunstancias puede llegar hasta 7. Si se tiene en cuenta, tal y como recoge la investigación, que entre el 33% y el 42% de los agresores son multirreincidentes, y que el 36,2% es denunciado más de una vez por la misma mujer, pudiendo llegar a ser este número de denuncias hasta 7, el número final de denuncias correspondientes a una misma mujer resulta muy elevado. Veámoslo de manera aproximada. Si hay 185.188 víctimas y el 35% (tomando una referencia entre 33-42%), son reincidentes sobre una sola mujer, significa que hay 64.816 maltratadores reincidentes, de los cuales el 36,2% (23.463) son denunciados de 2 a 7 veces por la misma mujer, es decir, que las denuncias en estas circunstancias podrían sumar entre 46.926 (si se ponen 2 denuncias) y 164.241 (si se pusieran 7 denuncias). 

Como se puede ver, la multirreincidencia y las denuncias que la acompañan justifican por sí solas el total de denuncias que se interponen cada año como parte de la violencia de género, sin que el resultado final se deba a “denuncias falsas”.

Y sobre todo ello hay que considerar también las otras formas de terminar el proceso que recoge el informe del CGPJ, entre ellas el sobreseimiento, pero representan porcentajes bajos y forman parte de una situación común a todo tipo de delitos, sin que signifique que se está ante denuncias falsas. Menos aún en violencia de género, una violencia que se produce en la privacidad del hogar, sin testigos presentes y que con frecuencia se denuncia tiempo después de los hechos, con lo cual las evidencias sobre la violencia se han modificado de manera significativa y dificultan demostrar su existencia. En este sentido la FGE, ya en su Memoria de 2012, fue clara y recogió que la “no condena” o la “prueba insuficiente” no equivale a denuncia falsa. Estos datos sobre los archivos desmontan otro de los bulos del machismo cuando dice que los hombres “han perdido la presunción de inocencia”, y ponen de manifiesto que lo que realmente existe es una “presunción de culpabilidad” para las mujeres como autoras de un delito de denuncia falsa.

La manipulación del machismo es evidente y busca defender su modelo androcéntrico, y que la violencia que históricamente han ejercido los hombres contra las mujeres se mantenga dentro de la normalidad y la privacidad, y con ella todos los privilegios masculinos. Por eso, a toda la manipulación sobre las “denuncias falsas” unen que la mayoría de las condenas se deben a “conformidad”, es decir, a la aceptación de los hechos por parte del agresor, y presentan esta situación como consecuencia de la amenaza del sistema con mandarlo a la cárcel, cuando en realidad son casos evidentes que se conforman para rebajar la pena, algo de lo que he sido testigo como médico forense.

La manipulación es tan evidente que no tendría recorrido ni aceptación en ningún otro tema, pero la tiene en violencia de género demostrando que esta es una parte esencial del machismo y su cultura.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

La ofensiva reaccionaria que desde hace años coge impulso tiene bien claros sus objetivos. Las personas migrantes, la clase trabajadora, las disidencias sexuales y las mujeres están en el foco de una amenaza global que se hace fuerte y que deja huella en todos los rincones. Amnistía Internacional ha presentado este lunes un informe en el que analiza el estado de los derechos humanos en un total de 144 países, en los que muchos de los avances que se creían consolidados se han visto deteriorados.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sufrido un menoscabo sutil pero progresivo en distintos territorios. España no es una excepción. Madrid sigue sin contar con un registro de profesionales objetores, si bien la comunidad se ha visto obligada a iniciar los trámites para ponerlo en marcha y cumplir así la ley. Estos registros, puntualiza el informe, se crearon "con el fin de garantizar una dotación de personal suficiente y asegurar el acceso al aborto". La falta de garantías en el acceso ha llevado además al desplazamiento sistemático en algunos territorios: según el último informe del Ministerio de Sanidad, un total de 4.636 mujeres tuvieron que desplazarse en 2024 para abortar en otras provincias.

Los viajes al extranjero para poder ejercer el derecho al aborto con garantías, la oposición férrea de grupos antiabortistas y la objeción sistemática de los profesionales son algunas de las principales barreras que constata la organización a nivel global.

En Alemania, el aborto sigue estando tipificado como ilícito. La única vía que tienen las mujeres para esquivar el castigo penal por ejercer su derecho en las primeras 12 semanas es pasar por un asesoramiento obligatorio y un periodo de espera de tres días. En abril de hace ahora dos años, una comisión gubernamental recomendó despenalizarlo y tratar de corregir las brechas detectadas, una posición que se trasladó a un anteproyecto de ley presentado por varios partidos. La iniciativa quedó paralizada por la convocatoria de elecciones y sigue hoy estancada tras la toma de posesión del nuevo Gobierno.

En agosto del año pasado, el llamado proyecto ELSA sobre embarazos no deseados, financiado por el Ministerio de Sanidad, desveló desigualdad territorial en el acceso al aborto, así como brechas en la información disponible, estigma entre los profesionales que lo practican y barreras para los grupos vulnerables, especialmente las mujeres migrantes.

El Parlamento de Reino Unido aprobó hace casi un año una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Actuación Policial para poner fin al enjuiciamiento de mujeres embarazadas que se hubieran sometido a un aborto al margen de la ley. El objetivo pasaba por terminar con la criminalización, persecución y castigo de quienes abortaran fuera de los supuestos legales. El proyecto, pendiente todavía de aprobación, no termina completamente con la penalización del aborto en el país: los profesionales que ayuden a las mujeres en estos casos sí seguirán bajo la lupa de las autoridades. 

Y en Andorra, prohibición total. Las mujeres que residen en el país y quieren acceder a la interrupción libre del embarazo tienden a cruzar las fronteras y desplazarse a España para hacerlo. El Gobierno de Andorra se ha comprometido a preparar una propuesta para despenalizar el aborto antes de que finalice la legislatura. Sin embargo, matiza Amnistía Internacional, "con esta propuesta seguiría sin haber servicios disponibles" en el país, por lo que quienes decidan acceder a la libre interrupción del embarazo tendrán que "seguir viajando al extranjero", advierten los autores del informe.

Si bien en Italia el aborto está garantizado sobre el papel, una aproximación a la realidad de los hospitales evidencia que tampoco en el país alpino se libran de las deficiencias en su acceso. El principal problema en Italia, atestigua Amnistía Internacional, tiene que ver con las reticencias expresadas por los profesionales. Las autoridades no garantizan el acceso a los servicios, en un contexto en el que "un gran número de profesionales de la medicina se negaba a prestar esos servicios". 

Según los datos del Ministerio de Sanidad, un 57,1% de los ginecólogos es objetor de conciencia. Además, el 38,8% de los hospitales o clínicas autorizadas no practican interrupciones voluntarias del embarazo. Giorgia Meloni alentó, a través de una norma aprobada hace dos años, a las organizaciones antiabortistas, permitiéndoles participar en centros de asesoramiento dirigidos a mujeres que se plantean interrumpir su embarazo.

La reticencia mostrada por los profesionales sanitarios es extensiva a muchos otros territorios. Portugal, con un límite legal de diez semanas para abortar, cuenta con una tasa elevadísima de objeción: según otra reciente investigación de Amnistía Internacional, en torno al 70% de los profesionales se niegan a practicar abortos. Entre 2019 y 2023, un total de 2.525 mujeres portuguesas se desplazaron a España para abortar.

Los desplazamientos son un denominador común en el grueso de los países analizados. En Croacia existe una "negativa generalizada del personal y los centros médicos" a prestar atención a las mujeres que deciden abortar, alegando "motivos de conciencia". Las croatas deben asumir costes económicos altos si quieren interrumpir su embarazo, ya que el seguro médico nacional no sufraga la intervención y la "inaccesibilidad de los servicios de aborto en las zonas rurales y económicamente deprimidas" constituye uno de los principales obstáculos para las mujeres en riesgo de exclusión. Una vez más, la única salida pasa por viajar al extranjero. 

También han tenido que atravesar sus fronteras muchas de las mujeres residentes en Bélgica. Especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables, como migrantes o personas sin hogar, dado que los servicios de asistencia social siguen "retrasando o negando la atención médica", a pesar de ser un "derecho legalmente reconocido". Varios partidos políticos continúan bloqueando hoy una votación parlamentaria encaminada a mejorar la legislación, alineándola con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las propuestas, se encuentra la de eliminar el periodo de reflexión obligatorio de seis días y la de extender el límite legal de 12 a 18 semanas.

Pero si hay un lugar que se haya erigido como principal baluarte en la restricción de los derechos reproductivos, ese es Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump "revirtió drásticamente derechos sexuales y reproductivos" generando un "contexto jurídico volátil", advierte Amnistía Internacional. Al otro lado del charco se han revocado políticas que habían "contribuido a ampliar y proteger el acceso a la atención reproductiva", pero además se ha recortado la financiación de centros y programas de atención a la salud reproductiva, provocando el cierre de clínicas, lo que ha afectado "desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos".

Algunos estados han ido al límite restringiendo hasta el extremo la atención específica. La Corte Suprema "les facilitó la eliminación de los mecanismos de protección de la salud reproductiva destinados a las personas beneficiarias de Medicaid", el programa que proporciona cobertura gratuita o a precio reducido a las personas de bajos ingresos. En un total de 41 estados está en vigor algún tipo de restricción al aborto: desde la prohibición total –en 13 estados–, hasta la prohibición parcial a partir de la decimoctava semana de gestación –en siete–. 

Según el Instituto de Políticas de Equidad de Género, las personas embarazadas que vivían en estados en los que estaba prohibido abortar "tenían el doble de probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o poco después de dar a luz que quienes vivían en estados donde el aborto era legal".

Otros países han optado por seguir esta estela. En Polonia, el acceso al aborto está visiblemente limitado y su ejercicio perseguido en los tribunales. La activista por los derechos humanos Justyna Wydrzyńska se enfrenta a un nuevo juicio por ayudar a una embarazada a obtener píldoras abortivas, mientras que la doctora Gizela Jagielska ha sido objeto de una investigación penal por practicar un aborto legal en una fase avanzada del embarazo. En diciembre, la Fiscalía desestimó el caso. 

Casi en paralelo, otros tres médicos fueron declarados culpables de poner en peligro la vida de una mujer que terminó falleciendo después de que le negaran asistencia médica en una situación "en la que un aborto habría podido salvarle la vida". Los médicos han recurrido. También en el terreno judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó en noviembre, en base a un caso particular, que el país "había violado el derecho a la vida privada y familiar de una mujer embarazada que había viajado al extranjero para someterse a un aborto". 

Y de este contexto sacan rédito los grupos antiabortistas, especialmente protegidos en suelo polaco. Activistas y organizaciones se concentran con regularidad frente al centro de información y asesoramiento AboTak, gestionado por el colectivo Abortion Dream Team. Los manifestantes han llegado a derramar ácido butírico en las proximidades de la entrada.

Febrero de 2025. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a las principales entidades LGTBIQ+ de su país. Lo hace para lanzarles una advertencia: que no pierdan el tiempo en organizar el próximo Orgullo. Sus palabras no eran sino una amenaza velada, la guinda de una ofensiva contra el colectivo macerada a lo largo de todo su mandato y puesta en práctica con fervor en el último lustro. Aquel ataque directo se transformaría enseguida en una prohibición explícita, pero se topó con algo que no figuraba en los planes del mandatario: la oposición en las calles de todo el mundo. Orbán no se saldría finalmente con la suya, pero sus políticas han generado un daño irreparable para los derechos del colectivo, las mujeres y las personas migrantes. La cita electoral de este domingo obliga a no apartar la mirada de un país que se ha convertido en punta de lanza de la ofensiva reaccionaria en suelo europeo. ¿Es posible revertir los retrocesos y recuperar el rumbo?

"El Gobierno de Hungría ha promovido medidas anti-LGTBIQ+ como parte de una estrategia más amplia de política cultural nacionalista", introduce Dóra Sós, portavoz de la organización húngara Háttér Society. El partido gobernante, continúa la activista, moviliza a su base principal presentando a las personas LGTBIQ+ y la llamada "ideología de género" como una "amenaza para los niños y las familias tradicionales, frente a la cual solo ellos pueden proteger el tejido de una sociedad húngara basada en familias tradicionales". 

Lo cierto es que si existe un lugar que ostenta el dudoso privilegio de alzarse como la cuna de la retórica ultra, ese sitio es la Hungría de Viktor Orbán. El primer ministro sembró con sus políticas reaccionarias lo que pronto se convertiría en un ataque sin paliativos contra los derechos del colectivo, elogiado por sus homólogos europeos y replicado globalmente. Con ese telón de fondo, no parece sencillo reparar las heridas provocadas por las políticas del líder ultra, pero además los comicios de este domingo tampoco ofrecen una alternativa clara hacia un cambio sustantivo. 

El principal opositor y líder en las encuestas, Péter Magyar (Tisza), tiene una posición deliberadamente tibia en lo que respecta a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. No condena explícitamente las políticas del actual primer ministro, pero tampoco las respalda. Ninguna propuesta, ni iniciativas concretas, ni una hoja de ruta clara. Sencillamente, las políticas de igualdad no están entre sus prioridades. 

"Su compromiso con los derechos LGTBIQ+ sigue sin estar claro", asiente la activista húngara. Pero además, añade, incluso en caso de un cambio de poder, "las arraigadas barreras institucionales hacen que cualquier restablecimiento significativo de los derechos probablemente sea gradual y esté lejos de estar garantizado". Los activistas sí confían, en cambio, en un empuje a golpe de tribunales. "Tisza se ha comprometido a restablecer el Estado de derecho, así que es probable que no se cuestione el cumplimiento de las sentencias dictadas por Europa".

Es hacia Europa, precisamente, hacia donde miran todos los ojos. "Para acceder a los fondos europeos –actualmente congelados–, es necesario que se pongan en marcha cambios legales", recuerda Esther Martínez, directora de la asociación Reclaim, con sede en Bruselas. La duda radica en el nivel de exigencia por parte de las instituciones europeas: "El riesgo está en conformarse con un cambio en el poder y premiar a Péter Magyar con un acceso a los fondos, antes de que lleve a cabo los cambios".

En este artículo, el analista político Eric Maurice sostiene que, si finalmente Viktor Orbán sale del poder, la Unión Europea se enfrenta al dilema de cómo apoyar una necesaria transición democrática. "Si bien la UE ha desarrollado herramientas para sancionar el retroceso democrático, carece de un marco claro para apoyar y garantizar la recuperación", escribe. No basta con aplaudir un cambio de liderazgo, sino que se hace necesario vigilar cómo se expresa ese relevo desde un punto de vista material y normativo.

Luca Dudits, responsable de incidencia política de la organización ILGA-Europe, recuerda que la Unión Europea "tardó en actuar cuando se introdujeron las primeras medidas" antiderechos, y la situación "se ha deteriorado desde entonces". Por ese motivo, coincide en que las instituciones europeas "no deben repetir ese patrón y tienen que utilizar todas las herramientas disponibles, incluidos los procedimientos de infracción y las medidas provisionales, cuando los derechos fundamentales estén en peligro".

¿Y cuáles son esas leyes e iniciativas que han puesto en peligro a la ciudadanía húngara? "El modus operandi del Gobierno consiste en señalar a un grupo cuyo apoyo social es relativamente bajo, convertirlo en chivo expiatorio y estigmatizarlo", expone Dóra Sós. Esta táctica busca la polarización, asentando la narrativa del "nosotros contra ellos". Esta dinámica "legitima medidas más duras y un control centralizado más estricto" contra los miembros del grupo "señalado como enemigo", a quienes se les presenta como "una amenaza para la soberanía de Hungría". Comenzó, recuerda la activista húngara, con las personas migrantes allá por 2015, al calor de la crisis migratoria, y se desplazó "hacia la comunidad LGTBIQ+ a partir de 2018 aproximadamente".

En el año 2020 saltó por los aires el reconocimiento legal de las personas trans y quedó prohibida la adopción para parejas del mismo género. Un año después, el Gobierno de Hungría aprobó una ley bajo el pretexto de proteger a los menores, cuyo articulado censura la divulgación o representación de las realidades LGTBIQ+ ante personas menores de edad. La ley afecta a medios de comunicación, publicidad, escuelas y parte de una base: la equiparación del colectivo con la pedofilia. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene pendiente emitir una sentencia sobre esta norma, después de que 16 Estados miembros, el Parlamento y la Comisión Europea la llevaran ante la justicia. Por el momento, la abogada general del tribunal, Tamara Ćapeta, expresó el verano pasado que, en su opinión, el país había vulnerado el Derecho de la Unión Europea. 

Orbán también ha estrechado el cerco alrededor de los derechos reproductivos de las mujeres, una ofensiva ligada a un espíritu natalista de sus políticas y a la defensa de la familia tradicional como epicentro. En la Constitución que Hungría aprobó en 2011 –llamada Ley Fundamental–, el líder blindó la protección de "la vida fetal desde la concepción", una declaración de intenciones de su ideario ultra. En 2022 aprobó un decreto que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, inspirando a la extrema derecha de todo el mundo.

Hungría se negó a ratificar el Convenio de Estambul, el principal instrumento a nivel europeo de compromiso contra la violencia machista. Y según el último Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE), el país está en el penúltimo puesto en materia de igualdad. 

Buena parte de los cambios para revertir esas políticas, en todo caso, requerirían amplios consensos en el plano político. "La modificación de la Ley Fundamental o la ley de protección a la familia necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento", recuerda Dóra Sós. E incluso aquellas leyes que podrían derogarse por mayoría simple deben llevar aparejada una "voluntad política que hasta ahora no hemos visto de forma inequívoca, o que exigirían una legislación compleja". El camino, sea cual sea el resultado del domingo, parece largo todavía.

Especialmente porque no se trata únicamente de cambios legislativos, sino de reconstruir todo un país arrasado por el odio, una sociedad en la que han permeado los discursos difundidos por el altavoz institucional de la extrema derecha.

"En la última década, el sentimiento anti-LGTBIQ+ ha ido en aumento", lamenta Luca Dudits. La administración de Viktor Orbán "ha demostrado que instrumentalizar a las minorías sociales sigue siendo una estrategia política conveniente, utilizada a menudo para desviar la atención de los retos económicos, los escándalos políticos o cuestiones sistémicas como la sanidad o la educación", continúa. Y desde entonces, políticos de todo el mundo "han adoptado tácticas similares, a veces junto con ataques más amplios contra los derechos sexuales y reproductivos y restricciones en los sistemas de asilo y migración". Pero además, Orbán ha sido capaz de tejer toda una red de organizaciones, fundaciones y lobbies financiados con dinero público para exportar su agenda autoritaria.

Se trata de estrategias que tienen un impacto, contribuyen a "crear un entorno hostil" y aumentan "el riesgo de discriminación y violencia". Frente a ello, las organizaciones de la sociedad civil "colaboran cada vez más para reconstruir la cultura democrática y hacer frente a la normalización del discurso del odio", asiente la portavoz de ILGA-Europe. Y ahí es donde sitúa la clave de cara a la construcción de un nuevo escenario esperanzador: "Este tipo de solidaridad entre movimientos es esencial para restablecer la confianza en las instituciones y reforzar la resiliencia democrática".

Coincide Marta Alonso, miembro de la ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), quien equipara las tareas de reparación con el periodo de transición en suelo español tras la dictadura franquista. "Una ley se puede modificar rápido, pero el cambio social requiere de un trabajo de fondo, planificado y a largo plazo", afirma al otro lado del teléfono. Eso sí, recuerda, en Hungría las activistas y organizaciones sociales tienen especialmente difícil hacer pedagogía, debido a la persecución impuesta a golpe de ley, así que el primer paso es necesariamente desarticular toda esa estructura institucional construida sobre las bases del discurso de odio. "Si se levantan esas restricciones, al menos tendríamos por dónde empezar", clama.

Interior día. O tarde. O noche. Habitación de hospital. Una mujer está en la cama dentro de un cuerpo que ha realizado la mayor proeza física de su vida. No está sola. Hay más gente. Que entra y que sale. Plantas nuevas envueltas en celofán. Todos contentos. Hay un recién nacido en una cuna de plástico transparente. La mujer necesita dormir y tener sobre ese cuerpo molido al bebé que hasta hace apenas unos minutos estaba dentro de ella. Pero el bebé es cogido por todos esos familiares y se hacen fotografías con él. ¡Una con la madre!, se le ocurre a alguno. Pues una con la madre. Gracias. La escena se repite unas semanas después en la casa del recién nacido. Ya ha subido la leche, pero las maniobras son complejas para alimentar al bebé. Todos vienen a comer y el niño vuelve a pasar de mano en mano. La madre está cocinando porque alguien tiene que hacerlo. Ponen la mesa, comen, toman café, hablan de lo humano, opinan de crianzas, alimentación y, en un momento de la tarde, la madre se encierra en el baño y se pone a llorar. Su madre, su propia madre, la descubre y se lo suelta: Pero, ¿qué te pasa? Tendrías que estar contenta.

Esto es solo una anécdota leve, actual e inventada que ha podido suceder en millones de casas después de millones de nacimientos. En Deberías alegrarte. Lo que no se cuenta de la depresión posparto (Altamarea, 2026), la periodista y escritora Diana Oliver realiza una radiografía histórica, social, literaria y científica y nombra la depresión postparto y el maltrato, la ignorancia e invalidación de los problemas de salud mental que se producen durante y después del embarazo. Un malestar que tiene nombre y que, en muchos casos, no se ha diagnosticado, ni reconocido, y que, casi hasta ahora, ha señalado a esa mala madre infeliz como culpable única de su propia oscuridad. Y que, sin embargo, atraviesan, según cifras a la baja, de un 10 a un 20% de las mujeres que dan a luz. Que nos ha llevado a los manicomios, al cuestionamiento constante, a la soledad física y emocional, a situaciones límite y también a escribir sobre ello. Lo contó Mar García Puig en el durísimo La historia de los vertebrados, donde narra el brote psicótico que vivió tras dar a luz a gemelos; pero muchas más lo nombran: Katixa Aguirre, Nuria Labari, Maggie O’Farrel o Adrienne Rich son algunas de las que cita Oliver.

Explica la autora en este libro que la desorientación que se produce se ve agravada por el mandato social de vivir la maternidad como un momento plenamente feliz y por el estigma que es todavía la salud mental. Estas dos condiciones hacen que la culpa, el dolor o el agotamiento se silencien y, al final, en esa fotografía, la madre intente una sonrisa. Pero también dificulta la detección y el tratamiento de los trastornos, infradiagnosticados en el 75% de los casos. Y aunque, desde hace unos años, hemos empezado a contarnos mejor a través de nuestras propias palabras, todavía el cuestionamiento y la mirada exterior de cada una de las maternidades es constante. Y aunque muchas hemos renunciado a la exigencia que nos convertiría en madres perfectas y abnegadas para ser la madre que podemos ser y somos, todavía también la medida de nuestra capacidad está enmarcada por una sociedad machista que desprecia, ignora y desestima el dolor de las mujeres.

Cuando di a luz a mi hijo, se olvidaron de abrirme la vía de los calmantes. Me tragué la suturación de una cesárea sin analgésicos. Una piel, músculos y un órgano que se contraccionaban al ritmo del llanto del recién nacido. De madrugada, veía las estrellas. A las seis de la mañana, cuando ya no podía más, una enfermera me dijo: solo me falta ponerte morfina, chica, no seas exagerada. Pues seré floja, pensé, pero póngamela ya. Entonces, descubrió el gotero cerrado. Lo abrió y allí no había pasado nada. Le cuento esto a una amiga hace unos días, encerradas en la cocina de su casa, de pie las dos, mientras le hace la cena a los niños que arman jaleo en el salón. Y me dice que le pasó lo mismo.

Por qué contar esta intimidad en una columna, lo diré: porque ya está bien de contárnosla las unas a las otras encerradas en las cocinas, aunque dónde estaríamos sin esas conversaciones, y que se empiece a dar valor a nuestra salud de forma pública. Cuidar a la madre es cuidarnos a todos.