A las cuatro de la tarde, juicio. A las 10 de la mañana, interrogatorio a un testigo del caso Villarejo/BBVA. Leído así, lo anterior parecen simples anotaciones en la agenda de un abogado. Pero ese abogado es Luis Pineda, fundador de la durante años conocida asociación de usuarios de banca Ausbanc. El lunes por la tarde tomará parte en un juicio que se reanuda tras el parón por el estado de alarma, pero lo hará desde el banquillo. Exactamente, como acusado por extorsión y organización criminal. Y es ese mismo Luis Pineda quien horas antes se estrenará interrogando como acusación particular a un testigo de gran relevancia para desbrozar la jungla en que se ha convertido la pieza del caso del comisarioVillarejo sobre sus trabajos para el BBVA. La madeja se enreda aún más con otro cabo: el proceso donde Pineda se enfrenta a una petición de 119 años de cárcel es fruto de una investigación que comenzó en 2015 con una denuncia anónima como base. Ahora, el BBVA reconoce su autoría. 

La secuencia arriba descrita –Pineda como abogado de una acusación particular que ya ha comunicado al juzgado su asistencia al interrogatorio y Pineda como acusado en el banquillo por la tarde– se repetirá salvo imprevistos el martes. Porque los dos primeros días de la próxima semana están citados a testificar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dos altos responsables en España de la consultora PwC (Price Waterhouse) en el área de lo que se conoce como análisis forensic. Es decir, de investigaciones internas encargadas por empresas a expertos independientes para averiguar qué, cómo, cuándo y en qué condiciones ocurrieron hechos irregulares o directamente delictivos. En el caso del BBVA, el forensic de PwC para averiguar qué y cómo y a petición de quién hizo Villarejo para el BBVA a cambio de 10,28 millones aparece plagado de dudas y agujeros negros desde el punto de vista de la instrucción judicial. A tenor de lo que ya ha declarado la consultora, sus expertos seguían en el forensic la ruta marcada por Garrigues Walker. Y Garrigues es el bufete que desde el inicio del caso asumió la defensa de la segunda entidad financiera del país, sobre la que pesa una imputación penal desde julio de 2019.

Sin precedente conocido, el doble papel de Pineda como acusador y acusado ilustra la complejidad de dos causas cada vez más entrelazadas: la Operación Tándem, cuyo protagonista principal es Villarejo; y la Operación Nelson, donde el jefe de Ausbanc ocupa el centro del escenario con el líder del seudosindicato ultra Manos Limpias, Miguel Bernad,  como principal copartícipe.  Una fuente que conoce muy de cerca la evolución del caso Villarejo definía este jueves la situación de Pineda con tres palabras: "Un poco freudiana". ¿Terminará la pieza del BBVA, la 9 de Tándem, por disolver como un azucarillo la Operación Nelson? En eso confía el creador de Ausbanc, que pasó tres años en prisión preventiva y a quien defiende el bufete de Miguel Durán. 

Con nada menos que 25 piezas que brotan del mismo tronco, la Operación Tándem gira en torno a la frenética actividad privada y supuestamente delictiva del comisario Villarejo mientras continuaba ejerciendo como policía sin obstáculos oficiales. Comunicador de relieve como demuestran los audios incorporados a la causa, auténtico filón informativo para múltiples periodistas y mayorista de secretos ajenos  –los archivos incautados suman "cientos de miles", dice el sumario–, Villarejo se dedicó durante al menos dos décadas a espiar, extorsionar, usar ilegalmente medios policiales y parapoliciales y a afianzar un imperio económico floreciente con ramificaciones en paraísos fiscales. Luis Pineda figura en la lista de espiados por encargo del BBVA. El policía permanece encarcelado, como preso preventivo, desde noviembre de 2017.

Aunque de menor envergadura, también Pineda construyó un sólido patrimonio. Y los asemeja otro elemento: Villarejo se proclama víctima de una cacería y de sus enfrentamientos con altas instancias como el ex director del CNI Félix Sanz Roldán, que le costará en septiembre su primer juicio, este por calumnias y denuncia falsa; Pineda se declara igualmente objeto de una persecución cimentada sobre mentiras. Esa es su tesis de defensa. Una conspiración –continúa su tesis– urdida por el BBVA y canalizada a través de Villarejo para aniquilar a Ausbanc por los constantes golpes que infligía en los tribunales al banquero Francisco González y su equipo. De momento, sigue sentado en el banquillo por una acusación que cabe resumir así: que durante años su asociación colocó a bancos y empresas ante el dilema de firmar jugosos convenios publicitarios o ver sus reputaciones destruidas con denuncias en los tribunales y campañas de desprestigio.

En la relación de supuestos chantajeados figuran el BBVA pero el entorno de Cristina de Borbón, a quien la Fiscalía nunca acusó por delito fiscal en el caso Urdangarin y que acabó en el banquillo con Manos Limpias como única acusación: el supuesto chantaje planteaba de nuevo un dilema, o dinero o la acusación contra la infanta sigue adelante.  Ni el BBVA, que dio un paso atrás, ni el entorno empresarial –la Caixa– o más personal de la infanta –el bufete de Miquel Roca– ejercen la acusación en Nelson. Sí lo hace Unidas Podemos. Personada en la pieza del BBVA y salvo viraje de última hora, su abogado coincidirá el lunes con Pineda.

El departamento de prevención de blanqueo del BBVA ya sabía en 2014 que Cenyt, la empresa cuyo espionaje a políticos y empresarios ha sacado a la luz la investigación judicial, pertenecía a José Manuel Villarejo pero ignoraba entonces, porque "en ningún sitio consta", que fuera policía en activo. Eso, exactamente, es lo que el representante legal del BBVA, Adolfo Fraguas, declaró el 20 de noviembre ante el juez que investiga el caso. La versión del banco sobre cuándo se enteró de que Villarejo estaba tras el grupo de investigación privada había permanecido hasta ahora en el ángulo ciego de una historia de espionajes a políticos y empresarios con medios policiales y parapoliciales por los que el BBVA pagó 10,28 millones.

Lo dicho por Fraguas dibuja una línea de defensa frente a la acusación central de la Fiscalía Anticorrupción: que los contratos con Villarejo, en cuya plasmación sitúa la Fiscalía al expresidente Francisco González como figura decisiva e inculpa al propio banco como persona jurídica, se hicieron "a sabiendas" de su condición policial. Se llevaron a cabo, dice el ministerio público en uno de sus informes, mediante "la utilización por éste [Villarejo] de medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales". 

Fraguas, quien admitió que se había producido un quebrantamiento de las normas de contratación del banco y que consideró "lógico" que el presidente conociera el contrato para investigar a Ausbanc y su fundador, Luis Pineda, lanzó por sorpresa su relato sobre lo sucedido en 2014.

A raíz de una pregunta sobre un contrato de diciembre de 2014 sobre cuyo objeto real manifestó sus dudas el fiscal Ignacio Stampa, Fraguas hizo una afirmación por completo inesperada: que en 2014 el departamento de blanqueo de capitales supo quién era "el titular real" de Cenyt porque así figuraba en la "declaración de actividades económicas". Y  añadió aquí un pero: "En ningún sitio consta que sea policía. Blanqueo no sabía que fuera policía".  Como el banco levanta "murallas chinas" como medida de protección de datos –siguió argumentando el representante del BBVA– tampoco Blanqueo comunicó a ningún otro departamento la identidad del propietario de Cenyt. 

En resumen, la versión oficial sostiene que el entonces director de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, conocía la doble trayectoria profesional de Villarejo pero el banco como tal, no. En cuando a Corrochano, Fraguas no descartó que recibiese instrucciones aunque no precisó de quién o quiénes.

Pero tres meses después de la firma del contrato de diciembre de 2014 con Cenyt, contrato del que deriva un pago de 211.750 euros que podría estar conectado al encargo de investigar a Pineda, ocurrió algo que metió a Fraguas en un callejón de difícil salida. El 10 de marzo de 2015, el principal diario español, El País, llevó a portada una amplia información con el siguiente titular: "El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital".  

Y aquí comenzó uno de los más importantes forcejeos dialécticos del interrogatorio. Porque el fiscal Ignacio Stampa le preguntó si el BBVA tuvo conocimiento en tiempo real de aquel artículo, firmado por el exdirector de comunicación del BBVA, Javier Ayuso. Fraguas respondió así: "Bueno, no sé quién tuvo ese artículo, pero luego hay un artículo de un mes posterior en el que se dice que la Policía ve compatibles los negocios privados de Villarejo".

El fiscal no se detuvo. "¿Y ustedes se quedaron tranquilos con eso?", inquirió cuando Fraguas invocó aquella segunda noticia. "No –respondió– si lo que me dice es que debiera haber preocupado que un policía estuviera prestando unos servicios, llevando a cabo una actividad incompatible, pero lo que se dice es que el Ministerio del Interior lo ha investigado y es compatible".

En efecto, el 21 de abril de 2015, El País había publicado una segunda información compartida por otros medios cuyo titular corroboraba lo dicho por Fraguas: "Interior considera compatibles los negocios privados de Villarejo". Pero el texto incorporaba un entrecomillado de relevancia. Que Villarejo tuviese empresas privadas se consideraba compatible, aseveraba el informe policial realizado tras la noticia de Ayuso, si su actividad privada “no tiene relación con asuntos relacionados o que se refieren a las actividades que desarrolla en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia". ¿Podía un policía, tanto si operaba como agente encubierto como si no, dedicarse a la investigación privada? Anticorrupción y el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, creen de forma tajante que no.

Lo que no consigió Stampa es que Fraguas explicase por qué el BBVA no hizo alguna averiguación directa a través del Ministerio del Interior y se conformó con una noticia de prensa. 

Desde que en diciembre de 2004 el BBVA contrató a Cenyt para espiar, entre otros, al político socialista Miguel Sebastián y al empresario Luis del Rivero para abortar el desembarco de la inmobiliaria Sacyr en el accionariado, la empresa de Villarejo hizo valer sus poderes a través de la marca "V&V Developments". Su carta de presentación, y así lo subraya la Fiscalía en su informe, la definía como "la división de inteligencia empresarial de Cenyt",  una organización "dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado en situación administrativa de disponibilidad". 

El levantamiento del secreto en la pieza del caso Villarejo donde la Audiencia investiga su relación con el BBVA ha sacado a la luz un informe de Anticorrupción –al que ha tenido acceso infoLibre– que señala al expresidente del banco, Francisco González, como quien ordenó  los contratos con el policía pese a que desde el primer momento el banco conocía su "naturaleza ilícita". Entre esos contratos figuran el que convirtió en espiados al político socialista Miguel Sebastián y al empresario Luis del Rivero o el que, según un documento interno de un directivo del banco, derivó en la presentación de una "denuncia anónima" contra el fundador de Ausbanc, Luis Pineda, tras una comida que González mantuvo con la "cúpula de la Policía" en enero de 2015. Pineda es ahora el principal acusado en el recién iniciado juicio donde se le atribuyen delitos de extorsión a distintas instituciones, una de ellas el BBVA.

Con un coste global para la entidad financiera, la segunda del país, de 10,28 millones, el primero de esos contratos se remonta a diciembre de 2004 mientras que el último no se dio por resuelto hasta 11 días después de que Villarejo fuese detenido el 3 de noviembre de 2017. Y todo indica, subraya la Fiscalía, que esos contratos se llevaron a cabo "con la presunta participación coordinada de múltiples áreas del banco a sabiendas de la condición policial" de Villarejo y de que para los trabajos a través de su empresa Cenyt utilizaba "medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales".

Fechado el pasado 11 de noviembre, el informe de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa ofrece abundantes datos sobre el papel protagonista de Francisco González, conocido en los ámbitos financieros como FG. Relata, por ejemplo, cómo distintos archivos de audio grabados entre los meses de diciembre de 2004 y junio de 2005 recogen conversaciones mantenidas por Villarejo, su socio Rafael Redondo, el comisario Enrique García Castaño y el entonces director de seguridad de la entidad, el expolicía Julio Corrochano. En esas conversaciones "se desarrolló y evaluó" el denominado Proyecto Trampa, que inauguró la simbiosis entre el BBVA y Villareno y tenía por objeto abortar el desembarco del grupo inmobiliario Sacyr en el accionariado del BBVA. En la transcripción de esas conversaciones, dice el informe, "se constata cómo Julio Corrochano daría cuenta del resultado de las gestiones desarrolladas por Cenyt al presidente", es decir, a Francisco González, y al consejero delegado, Ángel Cano.

El Proyecto Trampa implicó seguimientos, pinchazos telefónicos, múltiples medidas de presión, de intoxicación a medios informativos e incluso –desvela el sumario– reuniones con miembros de los servicios de inteligencia para bloquear la entrada de Sacyr en el BBVA. El espionaje se realizó contra personalidades como Miguel Sebastián, entonces director de la Oficina Económica del Gobierno Zapatero y luego ministro; Luis del Rivero, que presidía Sacyr; o Carlos Arenillas, en aquel momento vicepresidente de la CNMV. Diversas técnicas de "hostigamiento sostenido" –remarcan los fiscales– afectaron "a su libertad, intimidad, reputación, carrera profesional, y a la esfera más privada de su vida personal y familiar".

El testimonio de Corrochano y de otro de los exdirectivos imputados, Antonio Béjar, ha resultado también decisivo para que Anticorrupción coloque el foco sobre Francisco González. 

FG en Canillas

El informe de Anticorrupción desvela un hecho por completo desconocido hasta ahora. En un documento denominado "Relatorio", el que ocupó el cargo de director de los servicios jurídicos contenciosos, Eduardo Ortega, narró lo que la Fiscalía resume así: que Ortega "participó junto al Presidente Francisco González Rodríguez en un almuerzo en el Complejo Policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a la investigación de dicha asociación". La denuncia, prosigue la Fiscalía tomando como fuente el citado "Relatorio", la redactó el propio Eduardo Ortega, que se la habría entregado a Corrochano. "Y este a su vez a José Manuel Villarejo, que la presentaría ante la UDEF, dando lugar posteriormente" a las diligencias contra el fundador de Ausbanc, Luis Pineda, y otros miembros de su grupo. 

Pineda y otros 10 acusados a raíz de aquella denuncia anónima comparten banquillo en un juicio cuya primera sesión de interrogatorios se celebra este jueves y en el que se arriesgan a elevadas penas de cárcel por delitos de extorsión: para Pineda, la Fiscalía pide 119 años. Su abogado, Miguel Durán, sostiene que el caso es solo un "montaje policial" urdido por Villarejo de la mano del BBVA.

Por lo que ha podido averiguar este periódico, el documento "Relatorio" fue localizado en el ordenador de Ortega, aunque infoLibre ignora si el BBVA ha ofrecido datos fehacientes sobre en qué fase de su investigación interna se produjo el hallazgo, quiénes lo hicieron y por qué procedimiento.

El dictamen de la Fiscalía sobre el proyecto de espionaje contra Pineda, el llamado "Proyecto Pin", resulta demoledor: "Constan incorporados múltiples documentos relacionados con la obtención de información con vulneración de derechos fundamentales de Luis Pineda Salido y su familia y las actividades de Ausbanc, como tráficos de llamadas y análisis de cuentas corrientes, abarcando varios años". Durante ese periodo, supervisaron "el proyecto" cinco directivos del BBVA: Francisco González y cuatro de sus subordinados.

El levantamiento del secreto en la pieza que instruye la Audiencia Nacional sobre el espionaje del comisario Villarejo a políticos y empresarios por encargo del BBVA se produjo este lunes sin que una de las grandes incógnitas del caso hubiese quedado resuelta: el verdadero alcance de la investigación interna anunciada hace un año y publicitada por el banco como prueba de su voluntad de esclarecer todos los hechos y de colaborar con la justicia.

Hasta el último momento en que pervivió el secreto sumarial, los investigadores intentaron que la entidad financiera facilitase toda la información solicitada sobre esas pesquisas internas, el llamado forensic. Pero no solo fracasaron en cuanto al BBVA. Pricewaterhousecoopers (PwC), la consultora a la que el banco acudió en enero de 2019 para que se sumara al bufete Garrigues y al de Uría en esa investigación, tampoco accedió a facilitar los datos que le había requerido el 19 de diciembre el juez Manuel García Castellón. Garrigues compagina dos papeles: el protagonista en la dirección del forensic independiente y el de bufete que ejerce en este caso la defensa del banco, imputado como persona jurídica. 

Fuentes conocedoras de lo sucedido explican que PwC invocó el secreto profesional para sustraerse a la reclamación de datos e informes formulada por el juzgado central número 6 de la Audiencia. El requerimiento judicial buscaba agotar en la fase de secreto la última posibilidad de que la entidad financiera y su equipo –Price forma parte de él en este capítulo– contribuyesen a trazar una línea clara sobre el forensic. Acreditar, por ejemplo, de dónde proceden determinados datos obtenidos y manejados por el banco durante el año y medio que oficialmente lleva abierta la investigación puede resultar crucial para determinar su responsabilidad. Es decir, la de la entidad financiera como tal y no solo la de los exdirectivos ya investigados, con el expresidente Francisco González en cabeza.  O la de otros cargos a los que en el futuro pudiera alcanzar la investigación si tal opción se considera abierta, interrogante para el que este periódico carece todavía de respuesta.

Pero el silencio de PwC no sirvió para que el secreto fuese prorrogado de nuevo. La Fiscalía Anticorrupción, y así lo relata el auto por el que el juez Manuel García Castellón ordenó el lunes entregar copia de las diligencias a todas las partes personadas, entendió que el resultado del requerimiento ya "resultaba suficiente" para proceder al levantamiento del secreto. Y que "el conocimiento de lo actuado por las partes no va a perjudicar la investigación en curso". La apertura de la causa permitirá conocer con exactitud qué requirió la Audiencia y qué le denegó PwC. Este martes, infoLibre trasladó a la firma auditora la información sobre su negativa a facilitar datos a la Audiencia pero sus portavoces declinaron pronunciarse. El tema "es de un cliente", fue el argumento.

El forensic, cuya entrega pidió al BBVA sin éxito el Banco Central Europeo (BCE) hace meses, debe determinar quiénes, por qué y con qué objeto contrataron al policía, cuya empresa privada Cenyt cobró al menos 10,2 millones por lo que el auto del juez define como servicios de "carácter ilícito" que vulneraron "los derechos fundamentales" de los espiados. Hasta ahora no ha trascendido en qué fase se encuentra ese forensic, que por definición ha de ser elaborado por expertos independientes y desmarcarse de lo que cabría bautizar como una investigación interna defensiva. En agosto, el BBVA anunció que "las líneas de investigación originales" del forensic ya habían finalizado "sin perjuicio de otras líneas que se puedan iniciar mientras la investigación judicial siga en curso". En noviembre, sus portavoces indicaron en cambio a este periódico que la investigación seguirá abierta en tanto perdure la instrucción judicial.

De momento, lo que se conoce es que el primer contrato, desarrollado entre 2004 y 2005, supuso que el policía José Manuel Villarejo interviniese nada menos que casi 4.000 teléfonos y espiara al hoy exministro Miguel Sebastián así como al empresario Luis del Rivero o al entonces vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, entre otros. ¿El objetivo del espionaje? Impedir que la constructora Sacyr entrase en el accionariado del BBVA. Ya en la siguiente década, Villarejo escudriñó con métodos supuestamente ilegales las propiedades de grandes deudores del banco como Fernando Martín (Martinsa) y Luis Portillo (Colonial).

La 'contradenuncia' de Luis Pineda, clave en la investigación sobre el BBVA

Villarejo investigó igualmente, en 2013 y por vías más que extraoficiales, a Ausbanc, la ya extinta asociación de usuarios de banca enzarzada durante años en una guerra de ataques cruzados con el BBVA  y cuyos dirigentes afrontan ahora un juicio donde lo que salga a la luz sobre el comisario y su relación con el banco puede tener consecuencias de calado. Tanto es así que Miguel Durán, defensor del expresidente de Ausbanc, Luis Pineda, ya ha pedido formalmente el aplazamiento del juicio para estudiar qué han averiguado los investigadores sobre la relación del BBVA y Villarejo. Hoy, el tribunal anunciará su decisión.

Todo indica que las respuestas a esos y otros interrogantes pueden marcar el rumbo de una vista oral donde los encausados se arriesgan a severas penas de cárcel: para Pineda, la Fiscalía pide 119 años. Durán ya expuso en la primera jornada del juicio, la de las llamadas cuestiones previas, cuál será su línea central de defensa: que el caso contra Ausbanc es fruto de un puro "montaje policial" urdido por Villarejo y el BBVA.

Lo que ya ha trascendido que figura en la pieza del BBVA es que se abrió como consecuencia de una denuncia presentada por Pineda en junio de 2018. Desde la cárcel de Estremera, donde permanecía recluido desde abril de 2016, el fundador de Ausbanc, que le había ganado varios casos al BBVA, le escribió el 11 de junio de 2018 al juez que ya investigaba a Villarejo una carta. En el escrito, Pineda solicitaba "comparecer ante su señoría" para darle "información y documentación aclaratorias" sobre la relación del BBVA con Villarejo. Pineda interpuso una denuncia. Y aquella denuncia, cuya existencia adelantó este martes lainformacion.com, se transformó en la apertura de una pieza específica dentro del caso Villarejo.

El mes de junio adquiere así la condición de mes esencial en esta historia: por un lado, Pineda presentó su denuncia; por otro, el BBVA acometió su investigación interna, aunque no la anunció hasta enero de 2019,  una vez que la web moncloa.com comenzó a publicar informaciones sobre el espionaje que tenía como objetivo frenar la entrada de Sacyr en el banco. 

Con independencia de que la vista oral se suspenda o no, sobre ella ya planean preguntas de gran relevancia: ¿partió del comisario Villarejo, hoy preso preventivo desde hace más de dos años, la "denuncia anónima" que convirtió a Pineda y otros directivos de Ausbanc y del seudosindicato Manos Limpias en imputados por delitos de extorsión? ¿Se oculta algún hecho turbio en que la Udef, la unidad policial contra la corrupción, emitiese un prolijo informe sobre las cuentas y los supuestos delitos atribuibles a Pineda solo siete días después de que entrase la citada "denuncia anónima"? ¿Por qué el BBVA, que acusaba de extorsión a Pineda, se retiró este verano de la causa?.

Miguel Durán, el abogado del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha pedido la nulidad del juicio contra esta asociación de usuarios de banca y el sindicato Manos Limpias porque a su entender la instrucción parte de "una denuncia anónima falsa" presentada por el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, según informa Europa Press.

Durán, durante su turno de intervención en las cuestiones previas del juicio oral que se celebra en la Audiencia Nacional, ha señalado que las acusaciones contra su defendido, Luis Pineda, parten de un "montaje policial artificial" auspiciado por quien fue acusación particular hasta su retirada en 2019, el BBVA.

"El Ministerio Fiscal, no entendemos por qué, siguió adelante, cuando de haberse profundizado en esa denuncia anónima se hubiera visto la procedencia", ha argumentado, para explicar que el origen de la causa es "espuria", porque la entidad bancaria "se sirvió de estructuras policiales y parapoliciales" para su interés.

Para Durán, dado que Pineda era "martillo de herejes" contra prácticas bancarias abusivas, ha citado las cláusulas suelo, el BBVA al frente del cual estaba Francisco González, "echó mano de Villarejo", y es éste quien formula la denuncia "falsa" ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (Udef).

"Y lo hace ante compañeros del cuerpo policial, que conoce sobradamente y con los que tiene perfecto contacto. Consta que la denuncia anónima está en el ordenador incautado en la diligencia de entrada y registro de la casa de Villarejo", añade.

Destruir Ausbanc

Así, la defensa de Pineda ha argumentado que el banco quería destruir a Ausbanc y con tal objetivo contrató los servicios del comisario entre 2012 y 2017, entregándole millones de euros para tal fin. "Esta repugnante conducta choca con las mínimas exigencias del Estado de Derecho y por tanto cualquier derivada judicial no debería orientarse contra estas personas sino contra los autores de estas conductas abominables", ha incidido.

Sobre esa denuncia anónima, Durán ha apuntado que es una sarta de calumnias inconsistentes, por lo que solicita la nulidad plena de la prueba de cargo que arranca en ese informe redactado a raíz de la denuncia anónima en febrero de 2015. "Todo nace de un cohecho y de una organización criminal que han protagonizado el BBVA y el señor Villarejo", ha apuntado.

Por otro lado, Durán ha señalado que la Audiencia Nacional no tiene competencia sobre esta causa porque no se juzgan delitos económicos que tengan que ver con falsificación de moneda o tarjetas. Además, aduce que el mismo Ministerio Fiscal señaló que la competencia era de la Audiencia Provincial.

En este sentido, ha negado que los socios de Ausbanc hayan sido objeto de estafa por parte de su defendido, Luis Pineda. "¿Dónde sucede que se dé la grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional? Nada de eso existe", ha añadido para aseverar que el tribunal actual no es donde debiera haberse instruido el caso.

"Declarar nula la instrucción"

Asimismo, la defensa pide declarar nula la instrucción de la causa llevada a cabo desde el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, al cargo del cual está el magistrado Santiago Pedraz.

Y reclaman la nulidad del auto de procedimiento abreviado dado que, argumentan, el Supremo establece que solo es válido para instruir cuestiones inaplazables o urgentes. A esto suma que en la instrucción se dio una vulneración del derecho fundamental.

Asimismo, respecto al trato que deben recibir las denuncias anónimas, apuntan desde la defensa que se deben tratar con recelo para comprobar si hay móviles espurios. "Pero la denuncia es un florilegio de delitos, está claro el cohecho", inciden.

Además, la defensa de Pineda ha pedido la nulidad también de las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía por ser prospectivas, y las pruebas derivadas de las entradas y registros que se realizaron durante la operación policial.

Para terminar su turno de presentación de cuestiones previas, Durán ha señalado que coincide con la acusación popular ejercida por Podemos al decir que si se demuestra que todo viene de una denuncia de Villarejo "el asunto se viene abajo".

"Si efectivamente el señor Villarejo es salsa de todo este guiso, el tribunal, si sigue adelante, probablemente trabajara en vano", ha añadido, para luego apuntar que si se levantase parte del secreto de sumario de la causa que instruye el juzgado de instrucción central número 6 de la Audiencia Nacional por Villarejo se demostraría que "si tiene cuatro patas y ladra es perro". Por este motivo, Durán ha pedido la suspensión del juicio oral.

Fiscalía rechaza anular la causa y niega la fiabilidad de Villarejo como testigo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, ha rechazado la anulación de la causa contra Ausbanc y Manos Limpias señalando que la Audiencia Nacional es competente, y también se ha opuesto a que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo pueda concurrir como testigo dada su "escasa fiabilidad".

El fiscal José Perals ha señalado que son "tajantemente contrarios" a la admisión de las cuestiones previas presentadas —más de 50— por las defensas de los acusados de la causa contra Ausbanc y Manos Limpias, y han defendido que este tribunal es competente para juzgar los hechos.

"Sí es competente para el procedimiento", ha apuntado Perals, para luego añadir que el caso afectaba a 4.000 socios adheridos y a entidades financieras. Además, ha defendido que el juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, era competente también y ha añadido que "no hay base legal para atacar al magistrado y su independencia en el ejercicio de sus funciones".

Sobre la cuestión alegada por la defensa sobre la nulidad del procedimiento por la denuncia anónima que dio lugar a la investigación policial, y que sostienen que provenía de José Manuel Villarejo, el fiscal ha apuntado que no se intuye de la misma que se cometiera ningún delito.

Y ha añadido que no hay que exhortar al juez que lleva el caso Tándem para que levante parte del secreto de su instrucción. "No nos da risa porque el tema es muy serio, si se acuerda secreto es porque el juez lo considera necesario", ha añadido.

Además, Perals ha recordado que a pesar de que el origen de la denuncia fuera un delito, "no anularía en ningún caso el procedimiento" y ha puesto como ejemplo el caso Falciani, quien comete un delito apropiándose de datos de un banco y el Supremo lo da por valido.

Tampoco ha aceptado que se anulen las actas de los registros y entradas en los domicilios de varios de los acusados y en las oficinas, y tampoco acepta que se anulen las intervenciones telefónicas ni que se dé una prescripción de algunas de las acusaciones porque ésta es de diez años para delitos de extorsión.

En cuanto a los testigos propuestos por la defensa de Pineda, entre los que se encontraban desde altos directivos de entidades bancarias y periodistas hasta el propio Villarejo, el fiscal ha señalado que o bien no eran relevantes para la causa o bien lo que pudieran declarar estando presos tendría escasa fiabilidad. Las acusaciones particulares y la acusación popular que ejerce Podemos se han adherido a lo expuesto por el fiscal.

La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses, al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.

Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión. El fiscal, que además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra siete personas más, para los que solicita penas que oscilan entre los 66 años y 10 meses de prisión.

El juicio al que fuera presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a la abogada Virginia López Negrete y a otras ocho personas arrancará mañana 29 de enero en la Audiencia Nacional y tendrá 13 sesiones hasta abril, según ha acordado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, encargada de juzgar los hechos.

La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.

Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión. El fiscal, que además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra ocho personas más, para los que solicita penas que oscilan entre los 16 y los 66 años y 10 meses de prisión.

En ese segundo nivel, se encontraba el tesorero de Ausbanc Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales y el adjunto a la Presidencia de la asociación, Ángel Garay para quien pide 32 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros.

Los miembros de la Junta Directiva que se encuentran en un tercer nivel son María Teresa Cuadrado (21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión) y Hermenegildo García, para quien la Fiscalía pide 15 años y 11 meses de cárcel. Finalmente en un cuarto y último nivel ubica a la letrada López Negrete, Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses), Luis María Suárez (16 años).

El macrojuicio, cuya primera sesión tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), se celebra en el marco de la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que se cerró el pasado mes de octubre tras más de dos años de investigación al considerar que había quedado acreditada la existencia de una organización criminal liderada por Pineda.

Una asociación sin ánimo de lucro para el enriquecimiento ilícito

El informe relata cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones, y las cuotas de los asociados adheridos –quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc–.

La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas.

También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones contaron desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard.

Extorsión a la defensa de la infanta

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos caso Nóosa cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.

Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien "seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda" y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio.

Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa.

La dinámica de la publicidad

Según el relato de los hechos, la red consiguió un total de 808.000 euros entre los años 2003 y 2007 de BBVA, que acabó rompiendo el contrato con la asociación en 2012. Un año después comenzaron las noticias negativas contra la entidad que preside Francisco González relacionadas con la investigación del caso Nóos. En concreto los principales acusados junto con López Negrete buscaron la imputación en la causa del jefe de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA Antonio Ballabriga.

Dinámica similar se puso en marcha con Caja Madrid cuando tras la resolución del contrato se iniciaron una campaña mediática y judicial contra su entonces presidente, el fallecido Miguel Blesa, personándose en la causa instruida en los Juzgados de Plaza Castilla por la concesión de un crédito de 2,6 millones de euros de la caja al empresario Gerardo Díaz Ferrán. También sufrieron campañas negativas Crédit Services y Novagalicia Banco, que se negó a abonar un pago de 300.000 euros.

Sumados a estos, se dieron caos en los que los acusados iniciaron campañas negativas por motivos personales contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, o contra el subsecretario de Sanidad en época de Elena Salgado, Fernando Puig de La Bellacasa.

Igualmente, el Ministerio Público menciona en el escrito de acusación los litigios de Ausbanc contra Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Pineda), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM y Europistas, la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP-1, Burgos-Armiñón y Banc March, entre otras.

El dinero recaudado se destinaba también a una serie de sociedades vinculadas a Ausbanc mediante facturas falsas y con el que se adquirieron bienes inmuebles. El fiscal destaca más de una decena de empresas y entidades mercantiles, algunas fuera de España, en cuyos puestos de dirección figuraban gran parte de los acusados.

RTVA, BBVA y Caixa Geral, fuera del procedimiento

El juicio oral arrancará con la retirada del mismo de RTVA, BBVA y Caixa Geral. Radio Televisión de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión comunicó a la Audiencia Nacional que se retiraba del procedimiento contra Ausbanc y su presidente en el que participaba en calidad de actor civil perjudicado, si bien señaló que se reservaba la opción de reclamar por vía civil llegado el caso.

Por su parte, el BBVA renunció a participar como acusación particular en julio de 2019 al entender que su presencia no aportaba "nada en el estado final del juicio" e incluso podía llegar a "dificultar el proceso".

Caixa Geral, también personada en calidad de acusación, renunció un mes después de que lo hiciera BBVA. En su escrito ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional la entidad instaba no obstante a Fiscalía a seguir "sosteniendo las acciones penales y civiles en reclamación de la indemnización que a esta parte corresponda".

El equipo legal de Podemos ha lanzado una campaña en redes sociales para animar a particulares que en su día fueron socios o participaron en alguna de las demandas colectivas emprendidas por Ausbanc a personarse como víctimas de la organización de cara al juicio señalado para el 29 de enero y en el que se sentará en el banquilllo su presidente, Luis Pineda.

Según informan desde la división jurídica del partido, "a ojos tanto de la Audiencia Nacional como de Fiscalía", las perjudicadas en este juicio "son en su gran mayoría entidades financieras, presuntamente víctimas de las extorsiones y amenazas de Ausbanc", cuando en opinión de Podemos, "en la gran mayoría de los casos estas entidades han sido colaboradoras con el engaño".

Consideran que las "víctimas reales son tanto los socios de Ausbanc que creían y sostenían mensualmente económicamente el proyecto como muchas personas, socias o no, que se adhirieron a las numerosas demandas interpuestas por Ausbanc esperando un resultado positivo sin obtenerlo, puesto que estas demandas eran después utilizadas por la demandante y el banco demandado para negociaciones donde gran parte del dinero no iría a los propios afectados, sino a las arcas de Ausbanc".

"En estos casos, los bancos, lejos de ser extorsionados o chantajeados, elaboraban sus cálculos de riesgo y comprobaban si les salía más rentable firmar estos convenios extrajudiciales o arriesgarse a indemnizar a todos los afectados, a sufrir nuevos reveses judiciales similares en otras entidades bancarias del grupo o a perder reputación por noticias sobre sus abusos bancarios", dice Podemos.

Por ello, el equipo legal de Podemos se ha propuesto localizar "al mayor número" de estas "víctimas reales" e "intentar que se personen en la fase inicial del juicio" con el objetivo de que "al menos quede patente y reflejado en sentencia que la tercera pata de esta ecuación judicial no ha sido despejada correctamente", dado que no hay personas de este perfil en el procedimiento.

Así, la campaña, lanzada en redes sociales, pide a quienes se sintieran engañados como socios de Ausbanc, a quienes acudieron a la organización para pleitos como el de Caja Castilla-La Mancha, Europistas, Caja España o Liberbank que contacten con el equipo legal de Podemos y comuniquen su caso.

Tras varios aplazamientos y cambios de fecha, el juicio contra Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, está señalado para el 29 de enero con la previsión de que se prolongue hasta el 24 de abril. Para el primero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 118 años y 5 meses de cárcel, mientras el segundo afronta una petición de 24 años y 10 meses, en ambos casos, acusados de liderar una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

El BBVA pagó al menos 211.750 euros a la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, asociada al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, para que investigase al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y la actividad de su asociación, según la factura emitida por la mercantil a la que ha tenido acceso Europa Press y que está fechada el 15 de junio de 2015.

La factura recoge un pago del BBVA con el concepto "trabajos de investigación que se describe en anexo, realizados en los dos últimos años en España y en el Extranjero, incluyendo entre otros, estructura, financiación, intereses y actuaciones del sujeto, al objeto de determinar las motivaciones y finalidades a los que pueda responder su estrategia de acoso al Grupo y sus directivos y a los efectos de la defensa jurídica que corresponda".

En línea con lo consignado en el libro mayor de CENYT aquel año, el importe por esta tarea se fijó en 175.000 euros, 211.750 con el IVA incluido, y de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, corresponde al importe que el banco habría pagado a la mercantil de Villarejo para investigar a Pineda, a quien acusaban de extorsionarles para conseguir inserciones publicitarias en las publicaciones de Ausbanc.

No obstante, se investiga si el encargo tuvo una remuneración mayor y se disfrazó consignando un concepto diferente en las facturas, ya que el mismo año consta un segundo pago por exactamente la misma cuantía que según el libro de cuentas de Cenyt respondería a servicios "de vigilancia y protección de personal de alta dirección de BBVA e instalaciones. Identificación y evaluación de la amenaza yihadista al Grupo BBVA", así como otros dos por importe de 30.000 euros que se reseñan como segundo y tercer pago de un contrato de 2014.

Este es uno de los encargos del banco a Villarejo que están siendo investigados en la pieza separada número 9 de la macrocausa Tándem en la Audiencia Nacional y por la que el BBVA ha prestado declaración como persona jurídica investigada en dos sesiones, los días 20 y 29 de noviembre. Su responsable de servicios jurídicos, Adolfo Fraguas, ha vuelto a ser citado el próximo 11 de diciembre para completar el interrogatorio, según las fuentes consultadas.

El propio Pineda se ha personado en calidad de perjudicado en esta pieza para ejercer acusación, dado que entiende que aquel "trabajo" motivó la denuncia anónima que fue presentada contra él y que acabó derivando en la Operación Nelson por la que fue detenido y pasó tres años en prisión provisional y por la que será juzgado el próximo mes de enero acusado de varios delitos de extorsión.

Una denuncia anónima

En concreto, Pineda comenzó a ser investigado tras una denuncia anónima presentada ante 2 de febrero de 2015 ante la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la que se exponía, por un lado, que Ausbanc no era una asociación de consumidores sino que buscaba el lucro de sus administradores y por otro, que presionaban a diversas entidades financieras para que efectuasen "cuantiosas aportaciones económicas encubiertas".

Siete días después de la recepción de esa denuncia anónima, la UDEF remitió un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que analizaba el pormenor de las sociedades de Ausbanc, su patronato así como las subvenciones recibidas, de acuerdo a la documentación del sumario al que ha tenido acceso Europa Press. La Fiscalía abrió la causa el 24 de febrero, solicitó escuchas telefónicas y en abril, Pineda fue detenido y enviado a prisión provisional.

A la luz de la investigación sobre la relación del BBVA y Villarejo, la defensa del presidente de Ausbanc cuestiona la legitimidad del procedimiento articulado y plantea la posibilidad de que estuviese contaminado desde el inicio, si bien esta línea de investigación sigue bajo secreto y aún no han podido tener acceso a las actuaciones.

La investigación es "sólida"

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press en la Audiencia Nacional, descartan que pueda invalidarse la investigación sobre Ausbanc incluso en el caso de que Villarejo hubiera sido el artífice de la denuncia inicial que motivó las pesquisas, porque entienden que los indicios en su contra son más que suficientes y en lo que respecta al BBVA, sólo es una pequeña parte del acervo probatorio de que disponen.

Inciden así en que la instrucción de la supuesta extorsión por parte de Ausbanc se concretó a raíz de un informe elaborado por la UDEF que incluía toda una serie de indicios que justificaban las intervenciones telefónicas que revelarían después los presuntos delitos por los que Pineda está acusado, esto es, organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales.

Además, las mismas fuentes destacan que la apertura de las diligencias llevó a bancos y empresas, más allá de BBVA, a denunciar en la Audiencia Nacional que también habían sido víctimas de la presunta extorsión y a la supuesta implicación de Manos Limpias, que no estaba en la denuncia anónima inicial y cuyo presidente Miguel Bernad, será juzgado en el mismo procedimiento.

Las conversaciones intervenidas demuestran, según las citadas fuentes, que Ausbanc y Manos Limpias emplearon estas prácticas contra Unicaja, a la que reclamaron un millón de euros a cambio de archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, en el caso de los ERE de Andalucía, entre otros casos.

El escrito de acusación también destaca, por ejemplo, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa. BBVA, que ejercía acusación particular, se retiró del procedimiento el pasado mes de julio.

El BBVA ha retirado la acusación particular contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en la causa por la presunta extorsión de su organización y del sindicato Manos Limpias por la que la Fiscalía le pide casi 119 años de prisión y cuyo juicio comenzará después del verano, según ha confirmado el banco a Europa Press.

La entidad explica que ha registrado este martes un escrito con su voluntad de desistir en la acusación particular ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es el tribunal que enjuiciará la causa, porque su presencia "no aporta nada en el estado final del juicio" e incluso "puede dificultar el proceso".

Fuentes cercanas al BBVA consultadas por Europa Press han añadido que el escrito de acusación de la Fiscalía es ya bastante contundente y la presencia del banco puede convertir el juicio en un circo mediático.

El Ministerio Público solicita para Pineda una condena de casi 119 años de cárcel por delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros, así como la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc.

Se da la circunstancia de que Pineda registró este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente del banco, Francisco González, la propia entidad, su ex jefe de seguridad Julio Corrochano, el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y uno de sus colaboradores, pues considera que se organizaron para "destruirle" y conseguir sentarle en el banquillo.

La querella, de 45 páginas, se basaba en informaciones periodísticas sobre los encargos del BBVA a Villarejo que investiga la Audiencia Nacional para cuestionar la instrucción que se ha seguido en la misma instancia contra él y Ausbanc durante los últimos cuatro años. Propone además un testigo, que según afirma podría probar esas vinculaciones, y que estaría dispuesto a declarar en pieza secreta y bajo protección de identidad.

El director del centro penitenciario de Estremera (Madrid) ha tomado la decisión administrativa de intervenir las comunicaciones del excomisario José Manuel Villarejo por el riesgo del uso fraudulento de las mismas y la posibilidad de que este interno filtre datos que pongan en riesgo la seguridad del Estado, han informado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Esta intervención ha sido comunicada a Villarejo, que se encuentra preso desde noviembre de 2017, y al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, encargado de la instrucción de la Operación Tándem, según ha adelantado el diario La Vanguardia. La medida tiene una duración de seis meses y después puede ser revisada.

Desde su entrada en prisión se han intensificado la difusión de grabaciones atribuidas a Villarejo y que afectan a diferentes personalidades del Estado, entre ellos el rey Juan Carlos, debido a las confidencias de su examiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein. También han aparecido audios de conversaciones en un restaurante de la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, o de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación por el uso de fondos reservados con el cometido de que Villarejo captara al chófer de Bárcenas como confidente para intervenir documentación del extesorero del PP, al que también grabó en un restaurante el excomisario de la Policía.

No a la entrevista con Luis Pineda

Las intervenciones de los presos preventivos pueden ser acordadas por el juez que atiende a la instrucción o, como ha ocurrido en este caso, por decisión administrativa del director del centro penitenciario, para lo que no necesita autorización previa del primero, según explican las citadas fuentes.

La decisión del director de Estremera se produce después de que el excomisario haya vuelto a solicitar su puesta en libertad alegando problemas de salud y una vez que el juez De Egea, que baraja autorizar la excarcelación, anunciara su renuncia a la Audiencia Nacional por "motivos personales".

Las fuentes penitenciarias han explicado que la dirección de Estremera ha rechazado también la petición del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, para entrevistarse con Villarejo. Ambos comparten la misma cárcel, aunque módulos diferentes, ya que el excomisario está interno en un módulo específico para agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según informó Vozpópuli, la petición la realizó por carta el 24 de octubre Luis Pineda tras tener conocimiento de la relación mercantil entre Villarejo y el BBVA.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda; el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad; la abogada Virginia López Negrete –que ejerció la acusación contra Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina en el juicio por Nóos– y otras siete personas a las que acusa de integrar una organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

Además, el juicio se dirigirá contra Ausbanc como persona jurídica y otras 25 sociedades civiles relacionadas con ésta desde las que se realizaban los supuestos delitos.

El auto dado a conocer este lunes ratifica la prisión provisional de Luis Pineda –en prisión desde abril de 2016– así como la situación personal de todos los acusados, incluida la legal de dejar constancia del domicilio en España para notificaciones y citaciones, "además de la obligatoria de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos".

En diciembre pasado se conoció la petición de penas que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita para todos ellos, que es de 118 años y 5 meses de cárcel para Pineda y 24 años y 10 meses para Bernad.

Se les acusa a ambos de los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda –se les añade estafa y blanqueo de capitales– y por ello la Fiscalía le pide una multa de 10 millones de euros. Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en el sumario, por ejemplo, en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdocaso Nóos que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses por liderar una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa, informa Europa Press.

El Ministerio Público les imputa a ambos los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda —en prisión preventiva desde abril de 2016— añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros. Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.

El fiscal, que reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra ocho personas más en el marco de la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que cerró el pasado mes de octubre tras más de dos años de investigación al considerar que había quedado acreditada la existencia de una organización criminal liderada por Pineda.

El informe relata cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones y de las cuotas de los asociados adheridos, es decir, los que no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc.

La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas. También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones contaron desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, financiando para ello al sindicato.

Extorsión a la defensa de la infanta

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la infanta.

En este sentido, el fiscal cuenta que primero Bernad exigió a Jaume Giró Ribas, director y responsable de Reputación de la Fundación La Caixa, donde trabajaba la infanta Cristina, que la entidad ayudara económicamente con dos millones de euros a la empresa de seguridad LPM por la "grave situación financiera" que atravesaba.

Ante la falta de contestación, fue Pineda el que retomó la propuesta y después se puso en contacto con el despacho de Miquel Roca, que llevaba la defensa de la infanta, alegando que habían tenido muchos gastos procesales que podrían haber llegado "hasta los tres", refiriéndose a tres millones de euros. Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien "seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda" y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio.

Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa.

BBVA y Caja Madrid, entre los afectados

Según el relato de los hechos, la red consiguió un total de 808.000 euros entre los años 2003 y 2007 de BBVA, que acabó rompiendo el contrato con la asociación en 2012. Un año después comenzaron las noticias negativas contra la entidad que preside Francisco González relacionadas con la investigación del caso Nóos. En concreto, los principales acusados junto con López Negrete buscaron la imputación en la causa del jefe de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA Antonio Ballabriga.

Dinámica similar se puso en marcha con Caja Madrid cuando tras la resolución del contrato se iniciaron una campaña mediática y judicial contra su entonces presidente, el fallecido Miguel Blesa, personándose en la causa instruida en los Juzgados de Plaza Castilla por la concesión de un crédito de 2,6 millones de euros de la caja al empresario Gerardo Díaz Ferrán. También sufrieron campañas negativas Crédit Services y Novagalicia Banco, que se negó a abonar un pago de 300.000 euros.

Campaña por motivos personales

Se dan otros casos en los que los acusados iniciaron una campaña negativa "exclusivamente por motivos personales", como la que pusieron en marcha contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, por la "enemistad" entre ambos y porque la asociación de consumidores era competencia directa de Ausbanc. Precisamente Pineda ha sido condenado en diversas ocasiones por un juzgado de Sevilla por difamar al periodista.

Lo mismo ocurrió con Fernando Puig de La Bellacasa, subsecretario de Sanidad bajo el mando de la entonces ministra de Sanidad Elena Salgado, contra quien se actuó tras la expulsión de Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Igualmente el Ministerio Público menciona los litigios de Ausbanc contra Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Pineda), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM y Europistas, la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP-1, Burgos-Armiñón y Banc March, entre otras.

Por otro lado, el escrito también cuenta que entre 2004 y 2014 Ausbanc Consumo recibió subvenciones en concepto de "subvenciones a entidad sin fines de lucro y de ámbito nacional, destinadas al fomento del asociacionismo de consumo", otorgadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Aunque en ningún caso excedieron de 120.000 euros por ejercicio, el fiscal apunta que Ausbanc "incumplía los requisitos de número de asociados para obtener las mismas, así como el fin real de la asociación".

Niveles del entramado

En un segundo nivel, se encontraba el tesorero de Ausbanc Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales y el adjunto a la Presidencia de la asociación, Ángel Garay, para quien pide 32 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros.

Los miembros de la Junta Directiva que se encuentran en un tercer nivel son María Teresa Cuadrado (21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión) y Hermenegildo García, para quien la Fiscalía pide 15 años y 11 meses de cárcel. Finalmente en un cuarto y último nivel ubica a la letrada López Negrete, Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses), Luis María Suárez (16 años).

El dinero recaudado se destinaba también a una serie de sociedades vinculadas a Ausbanc mediante facturas falsas y con la que se adquirieron bienes inmuebles. El fiscal destaca más de una decena de empresas y entidades mercantiles, algunas fuera de España, en cuyos puestos de dirección figuraban gran parte de los acusados.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz concluyó la instrucción sobre las presuntas extorsiones a diversas entidades bancarias en la que participaron Ausbanc y Manos Limpias y propuso juzgar a 14 personas, entre ellas al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda –que se encuentra en prisión provisional–; al presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, y a la abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, según informó Europa Press.

En el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 finaliza la investigación que abrió hace dos años asegurando que ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal dirigida por Pineda para la "obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros".

El juez ve indicios de que los 14 acusados incurrieron en los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.

La exposición razonada del juez, de 17 páginas, describe el entramado empresarial que creó Luis Pineda con la finalidad de "obtener lucro personal" y ocultar la verdadera procedencia del beneficio, a través de las sociedades personales del presidente de Ausbanc.

Según el magistrado, bajo la cobertura de una "defensa de los consumidores", Ausbanc presionó a aquellas entidades financieras que supuestamente, "por la naturaleza de la asociación", debería luchar para lograr "una protección efectiva de los consumidores". Apunta que, junto a Manos Limpias, la práctica era "coaccionar" a dichas empresas para llevar a cabo determinados acuerdos económicos "enmascarados como convenio publicitarios".

El juez Pedraz detalla en su auto que el dinero que recaudó Ausbanc procedió de dichos acuerdos de publicidad y del cobro de subvenciones por su condición de asociación sin ánimo de lucro, más las aportaciones de los asociados. Añade que este dinero no redundaba en el beneficio de la asociación, sino que gran parte "se distraía entre las sociedades creadas al efecto por los dirigentes de Ausbanc, con la finalidad última de beneficiarse personalmente".

"No es un hecho aislado"

Por otro lado, afirma que no es un "hecho aislado" que Ausbanc financiase a Manos Limpias para ejercer como acusación popular en distintos procedimientos judiciales con la "finalidad de ejercer presión contra determinadas personas o entidades para que éstas cedan a los objetivos" de la asociación. Contaba con el "apoyo y beneplácito del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a quien Luis Pineda, en cierto modo, controlaba y manejaba" y con la colaboración de la abogada Virgina López Negrete, indica el juez.

El auto recoge ocho proceso judiciales en los que, según el instructor, quedaron "acreditadas" las coacciones. Se trata de los casos relacionados con los ERE de Andalucía; la denuncia de Manos Limpias al Banco Sabadell; las actuaciones de "interés personal" contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez; así como, el intento de cese de una campaña de publicidad de Endesa; el caso abierto por las emisiones de CO2 en el que está implicado Volkswagen, el convenio publicitario con el Banco Santander y una denuncia por el presunto asesinato del presidente de la entidad Emilio Botín; o el referido a Fernando Puig de la Bellacasa.

Hay que destacar que Manos Limpias ejerció la acción popular en el caso Palma o Nóos, que afectaba a la Infanta Cristina. Pedraz destaca en este caso concreto que Pineda utilizó la "estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación" contra la hermana del rey "a cambio de un acuerdo que les beneficie económicamente, en concreto entre dos y tres millones" y que contó con la "participación activa" de Pineda, Bernad, López Negrete y Francisco Javier Castro-Villacañas Pérez.

Archiva la causa para un investigado

El juez archivó la causa del abogado de Manos Limpias que ejerció la acusación en el macroproceso de los ERE de Andalucía, José María Gómez de León Contreras; y dio un plazo de días para que la Fiscalía y las acusaciones personadas presenten sus escritos de acusación o, por el contrario, soliciten el sobreseimiento de la causa.

Además de los responsables de Manos Limpias y Ausbanc, la abogada y Castro-Villacañas, se encuentran procesados los altos cargos de la asociación Alfonso Solé, Ángel Garay, María Manuela Mateos, María Isabel Medrano, Hermenegildo García, José Marín y Ramón Perfecto. También se incluye a la mujer de Pineda, María Teresa Cuadrado, y a su secretaria personal, Rosa Isabel Aparicio.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, creó un entramado empresarial compuesto por casi una veintena de sociedades radicadas en España y en el extranjero que empleó para canalizar las cantidades que extorsionó a empresas y entidades bancarias y cuyo monto total asciende a 39 millones de euros.

Esta es la conclusión a la que llega la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su informe final al que ha tenido acceso Europa Press y según el cual se produjo un "traspaso de fondos" de las asociaciones Ausbanc, sin ánimo de lucro, a las empresas vinculadas a la trama –creadas todas ellas entre los años 1999 y 2015– en concepto de compra de servicios que en realidad no fueron practicados, "con la clara intención de cuadrar balances o efectuar trasvase de dinero entre sociedades del grupo según necesidades".

La documentación incorporada a la causa que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, precisa que "gran parte del sustento" de dichas sociedades procede de Ausbanc y por tanto "apenas tienen actividad comercial" fuera del círculo de la asociación, que nació en noviembre de 1986.

Pineda, en prisión provisional desde hace un año por liderar esta trama junto con el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, creó una docena de sociedades radicadas en España dedicadas a la venta de promoción de inmuebles, gestión de viajes, servicios de hostelería, difusión de producción de programas de medios de comunicación u organización de actividades culturales, entre otros aspectos.

El informe detalla la actividad de una de ellas, 'Buenas Maneras', y dice que era una sociedad en "standy", que "no tenía ningún ingreso" y que una vez al año hacía una factura ficticia de 12.000 euros a unas empresas del grupo, según se desglosa de una conversación telefónica mantenida por Ramón Perfecto, administrador único de la sociedad desde 2015 e investigado en la causa.

Cinco sociedades fuera de España

El acusado vinculó dichas sociedades a las actividades de Ausbanc "con una clara finalidad de obtener un lucro personal así como de ocultar la verdadera procedencia de dicho beneficio", y algunas de ellas incluso las utilizó en las negociaciones con algunas entidades para los convenios publicitarios.

Además puso en marcha cinco compañías fuera de España –dos en Estados Unidos, una en Colombia, otra en Venezuela y Reino Unido– también con el mismo propósito, según obra en el informe.

Este entramado forma parte de la red urdida por Pineda y Bernard mediante la cual "coaccionaron" a entidades bancarias a cerrar acuerdos económicos "enmascarados" en contratos publicitarios a cambio de no sufrir acoso mediante publicidad negativa, según el magistrado instructor.

La trama ejerció presiones en el caso Nóos y en el de los ERE de AdalucíaNóos, extorsionó a una docena de cajas -Sabadell, CAM, Unicaja, Barclays, Caja Castilla La Mancha, Bankia, Caja Sur-- además de importantes empresa del sector del automóvil o electricidad.

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) manipuló las fotografías de unas jornadas celebradas en Washington en noviembre de 2015 sustituyendo el logotipo del verdadero patrocinador del evento por el de CaixaBank para reclamarle 20.000 euros bajo este concepto.

Así se detalla en el informe final de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) de la policía al que ha tenido acceso Europa Press en el que se "confirman y refuerzan" las hipótesis planteadas a lo largo de toda la investigación –que comenzó en febrero de 2015 bajo la bautizada operación Nelson–, sobre el modo de operar de la asociación de Pineda en connivencia con el sindicato Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernard.

La unidad de investigación de la policía reproduce en 136 páginas una serie de correos electrónicos incautados en los registros practicados en abril de 2016 en los que se observan la disposición de Ausbanc para mejorar la imagen de las entidades financieras a través de artículos favorables en su revista Mercado Dinero, notas de prensa o con el patrocinio de eventos.

Dicho informe, que obra en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, destaca que la asociación de Pineda simulaba patrocinios para solicitar a las entidades clientes cantidades económicas. Así se hizo, según indica la UDEF, a finales de 2015 cuando se reclamó a la Fundación Bancaria La Caixa el pago de 20.000 euros más IVA.

Según se puede ver en los correos electrónicos intercambiados entre noviembre y diciembre de 2015 por varios directivos de Ausbanc, entre ellos Pineda, y la Fundación, la entidad abonó dicha cantidad por el patrocinio de un foro sobre el Talento Español celebrado en Washington.

La UDEF explica que estas jornadas realmente fueron patrocinadas por TotalBank, filial de Banco Popular en Estados Unidosen Estados Unidos. Sin embargo, Ausbanc manipuló las fotografías que posteriormente enviaron a La Caixa y que sirvieron de prueba para reclamar el pago del patrocinio, sustituyendo el logotipo del patrocinador verdadero por el de la entidad financiera española, afirma el informe.

Potenciar la imagen de La Caixa contra el desafío soberanista

Entre estas cartas se encuentran también las enviadas por el propio Pineda a un alto cargo de La Caixa en octubre de 2010 con el fin de "resolver los problemas identitarios" de las empresas catalanas, el desafío secesionista lanzado por el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.

Para ello, propone que la entidad financiera participe en una feria de aceites de oliva que se celebrará en Madrid de cara a demostrar "la fructífera labor de La Caixa en todos los territorios del suelo patrio". Pineda destaca que "la imagen de Cataluña y sus empresas señeras en el resto de España" se ha visto perjudicada por el "efecto de rechazo a lo catalán" que ha producido el proyecto de independencia de Mas y, por eso, le propone.

Con el objetivo de conseguir mejorar la "imagen" de La Caixa como "organización nacional" sin parecer "oportunista", ni generar "animadversión en el territorio catalán", intenta convencerle de que patrocine las Jornadas Alcuza del Aceite de Oliva de Madrid, ya que es, a su juicio, el "mejor producto de España" que puede servir para sus intereses.

Entre los argumentos, Pineda describe que el aceite tiene "desarrollo, conocimiento y utilidad en todo el territorio nacional. Incluida en Cataluña", así como un "reconocimiento mundial" gracias a sus características de "salud, gourmet, tradición milenaria, apego al trabajo del hombre con la tierra".

"Potente" campaña de publicidad

"Hasta la Biblia cita los óleos y los olivos", recalca Pineda en la exposición de sus argumentos para convencer a La Caixa para que patrocine las jornadas. Tras una larga exposición de la conveniencia de promocionar este producto "muy querido por los españoles" y que ayuda a no "caer en un patrioterismo de rancio abolengo", el presidente de Ausbanc menciona que el coste de evento costaría entre 160.000 a 220.000 euros.

Eso sí, Pineda prometió al directivo de La Caixa que en la "potente" campaña publicitaria de las jornadas –anuncios, cartelería, notas de prensa, papelería y documentación para entregar a asistentes y enviar a ausentes, botellas de aceite de oliva como obsequio a la prensa, instituciones y empresarios– aparecería de "forma notable, en algunos casos sobresaliente", el logotipo de la entidad financiera.

"Creo que nuestra alianza funciona y yo pienso en ella siempre que se enciende alguna alerta", subraya Pineda en este correo electrónico.

El instructor de la Operación Nelson en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y de sus empresas satélite en Estados Unidos, Venezuela y Colombia, al mismo tiempo que ha prohibido la venta de los inmuebles que el presunto cabecilla de la trama, Luis Pineda, llegó a atesorar en estos tres países, según consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

El magistrado adopta esta decisión tras decretar el levantamiento del secreto de esta pieza separada del sumario sobre la actividades de la trama en los tres países, y al constatar la existencia de "indicios suficientes" de que Pineda creó "un complejo entramado empresarial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, empleado para continuar efectuando el modus operandi de Ausbanc en terceros países, así como aprovechar esa presencia internacional para presionar a las entidades españolas con intereses" en esos Estados.

Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción consideran que Pineda creó empresas filiales en los países en los que tenían presencia las entidades bancarias extorsionadas en España: "También se aprecia cómo se distraen los beneficios obtenidos por Ausbanc, ampliando y expandiendo el 'modelo de negocio', y adquiriendo determinadas propiedades en el extranjero", como por ejemplo un apartamento de lujo en Miami (Florida-EEUU) y oficinas en Bogotá (Colombia) y en el área metropolitana de Caracas (Venezuela).

Sociedades "controladas por Pineda"

Estos inmuebles fueron adquiridos por sociedades extranjeras "controladas de una u otra manera por Luis PinedaLuis Pineda", completa el juez en el auto, en el que reclama el auxilio de las autoridades de los tres países para que transfieran al juzgado "los saldos objeto de embargo y bloqueo" en las entidades bancarias Wells Fargo Bank, Banco Universal y Citibank.

Los agentes del Grupo II de Fraude Financiero de la Udef tuvieron acceso a carpetas informáticas que fueron incautadas "en la oficina en la que trabajaba [el imputado] Alfonso Solé Gil", situada en la Avenida de América de Madrid. Y en concreto, en el documento titulado "Transferencias América", los policías descubrieron que la trama detallaba ahí "las diversas transferencias realizadas entre 2010-2015 a las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Venezuela". 

Gracias a este documento, los policías han podido constatar la existencia de "importantes cantidades derivadas a estas entidades en el extranjero, las cuales, además de captar fondos propios con el mismo modus operandi que la matriz Ausbanc, recibían parte de financiación de la propia asociación".

Prohíbe la venta

Este es el motivo por el que el juez Pedraz ordena el bloqueo y el embargo de las cuentas bancarias de la trama en estos países, al mismo tiempo que prohíbe la posible venta de los inmuebles. El propio magistrado explica en el auto que esta decisión pretende impedir "la transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de esos saldos".

Y como estas cuentas y los inmuebles se encuentran fuera de España, el instructor reclama "la cooperación entre países para combatir la amenaza de ocultar los hechos delictivos y el beneficio de sus delitos, nacionales o transnacionales, y evadir las investigaciones y el enjuiciamiento; pues esa facilidad de traspasar fronteras dificulta el intercambio de información, la obtención de pruebas, el rescate de bienes producto de delitos y permite la evasión de responsabilidades, y por ende acarrea impunidad".

El juez reclama a las autoridades de los tres países que identifiquen a los titulares y personas autorizadas, en las cuentas indicadas, y faciliten copia de los contratos de apertura y documentación complementaria. Asimismo, deberán facilitar y remitir "los movimientos bancarios, transferencias realizadas y recibidas, con expresión de la cuenta de origen y destino, ordenante, beneficiario, banco ordenante, banco beneficiario y cuantos datos posea sobre esa cuenta desde el 1 de enero de 2010 hasta la actualidad, con el mayor nivel de detalle posible".

En el auto, el juez indica, además, que entre la documentación de Ausbanc se ha detectado una transferencia en 2013 de 169.644 euros para la compra del apartamento en Miami (Florida), que figura a nombre de la sociedad Mdusa International Media Group LLC, en la que figuran como directores Luis Pineda, María Teresa Cuadrado y Ángel Garay Echevarría.

Dinero desde España

Los agentes de la Udef también han detectado dos transferencias de Ausbanc Empresas de 50.345 euros y 36.761 euros con destino a la mencionada firma Mdusa International Media Group LLC en Estados Unidos, según consta en la documentación facilitada por el Banco Santander. Gracias a estos extractos, los agentes han llegado a la conclusión de que la compra del apartamento de Miami "fue adquirido con dinero procedente de la asociación Ausbanc Empresas, objeto de la presente investigación".

En relación con la empresa que Pineda creó en Colombia, que se denomina Mercado de Dinero Colombia, los agentes han descubierto otras dos transferencias desde España a este país sudamericano por un total de 22.000 euros.  Esta sociedad es propietaria, según el juez Pedraz, de al menos un inmueble que estaría valorado, según las cuentas de la empresa, en unos 118.000 euros.

En cuanto a la filial de Ausbanc en Venezuela, también denominada Mercado de Dinero, los agentes han podido descubrir que el presunto cabecilla abonó 100.000 dólares de Estados Unidos para comprar el 100% de las acciones de la empresa, al mismo tiempo que realizó diferentes transferencias de dinero al país sudamericano que habrían servido para adquirir un inmueble de 130 metros cuadrados de superficie en el área metropolitana de Caracas.

Blanqueo y alzamiento de bienes

El juez Pedraz ha acordado librar las comisiones rogatorias después de recibir un informe policial de 25 de noviembre, al que también ha tenido acceso infoLibre, en el que los agentes le pedían que reclamara auxilio judicial a las autoridades de Washington, Caracas y Bogotá por "la gravedad de los delitos cometidos y con el objeto de que no se pueda disponer de un importante patrimonio en el extranjero obtenido principalmente como consecuencia de los delitos investigados".

Además, los policías especifican que el bloqueo de las cuentas tiene como "finalidad última asegurar las posibles responsabilidades civiles que pudieran exigirse a los responsables de los delitos imputados y garantizar el cumplimiento de las sanciones pecuniarias que pudieran imponerse a éstos; así como delimitar las posibles responsabilidades penales por los actos que pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales o de alzamiento de bienes".

El patrono de la Fundación Bancaria Unicaja, José Luis Gómez Boza, identificado por la Policía como la persona que alertó al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, de que estaba siendo investigado, ha negado este viernes en la Audiencia Nacional haber advertido del procedimiento judicial, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Boza ha declarado como imputado ante el juez Santiago Pedraz después de que la Policía apuntara, en un informe, que él fue la persona que dio el "chivatazo". Pineda conocía antes de su detención en abril que estaba siendo investigado.

El aviso se produjo después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reclamara a este banco datos sobre los ingresos y movimientos de cuentas de Pineda. Este "chivatazo" provocó que el presidente de Ausbanc remitiera una carta a varios medios de comunicación, fechada el 4 de abril, en la que aseguraba que la Fiscalía estaba investigando a la asociación.

"Las personas, instituciones y empresas que se relacionan con Ausbanc están recibiendo cartas de la Fiscalía que no hacen más que perjudicar nuestra imagen y ya veremos si terminan incluso poniendo en marcha una querella", decía Pineda en esta misiva.

La investigación posterior condujo a concretar que el autor de ese aviso acudió a un acto un mes antes de los arrestos en Sevilla. Los agentes concluyeron que la única persona presente en aquel encuentro público y procedente de Unicaja fue el citado Boza y dedujo que fue, por tanto, quien dio la advertencia a Pineda.

Por otra parte, el abogado y empresario José María Mas Millet ha admitido ante el magistrado que una persona de La Caixa le puso en contacto con el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, que quería que le asesorara en la elaboración del documento mediante el que el sindicato Manos Limpias retiraba su acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos, han informado fuentes jurídicas.

Mas Millet, que ha declarado como testigo, ha explicado que preparó el escrito que debía presentar Bernad ante la Audiencia Nacional de Palma. El documento nunca llegó a registrarse en el Juzgado.

Empresario de la seguridad

El juez Pedraz ha interrogado también este viernes al propietario de la empresa de seguridad LPM SL Lorenzo González. Según ha reflejado el magistrado en varios de sus autos y han declarado algunos testigos, Bernad empleó esta empresa como "escudo" en uno de los primeros intentos de extorsión relacionado con su acusación contra la Infanta Cristina y solicitó dos millones de euros como "ayuda" a Lorenzo González, que atravesaba en aquel momento serios problemas económicos.

Ha precisado que contactó con Bernad en un intento desesperado por buscar financiación y concretado que el secretario general de Manos Limpias le recomendó que se viera con Francisco Nicolás Gómez, El pequeño Nicolás.

El dueño de LPM ha declarado que llegó a comer con éste último y una tercera persona que dijo ser miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pagó aquel almuerzo y se fue con la sensación de que le habían engañado.

González ha reconocido, además, que mantuvo un encuentro junto a Bernad en el banco catalán donde se trató su necesidad de efectivo para reflotar su compañía y también se habló del caso Nóos.

Ronda de testigos

Pedraz ha citado a otros 10 testigos, en su mayoría directivos de bancos como el Santander (declarará su dircom) Liberbank y el Grupo Volkswagen para los próximos días. Además, ha librado exhortos a juzgados de Palma de Mallorca, Sevilla y Madrid para que se le remitan las actuaciones relacionadas con Antonio Ballabriga, jefe de Reputación Corporativa de BBVA, que fue acusado por Manos Limpias en el marco del caso Noos; el expresidente de Unicaja Braulio Medel, el responsable de comunicación de Facua Rubén Sánchez; el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa; y el que fuera delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos.

El titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado crear en el caso Ausbanc-Manos Limpias una pieza separada secreta tras tener conocimiento de nueva información facilitada por las entidades bancarias presuntamente extorsionadas por el presunto cerebro de la red corrupta, Luis Pineda, y contra el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.

Tanto Luis Pineda, el creador de Ausbanc y sus asociaciones y empresas satélite, como el jefe de la segunda organización bajo sospecha, Miguel Bernad, de Manos Limpias, permanecen en prisión provisional sin fianza desde abril.

Pedraz acuerda el secreto, por un plazo de un mes, después de recibir un informe del Grupo II de Fraude Financiero de la Udef-Central "en el que se expone una serie de conclusiones a las que ha llegado en el marco de la investigación", especifica el magistrado en un auto de este miércoles 30 de noviembre difundido a las partes personadas en el caso.

"Tras el análisis de efectos informáticos incautados y de nueva información facilitada por entidades bancarias, [la Policía Judicial] termina solicitando la práctica de determinadas diligencias de investigación sumarial para el aseguramiento de pruebas y comiso de efectos de los delitos de amenazas y administración desleal que se atribuye a la organización criminal investigada en este procedimiento", explica Pedraz, en referencia a Manos Limpias y Ausbanc.

Trece testigos

Pedraz interrogó en junio pasado a trece testigos, entre los que se encontraban el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, uno de los abogados de la infanta Cristina Miquel Roca, el directivo de Caixabank Jaume Giró y el de Banco Sabadell Gonzalo Barettino. 

También fueron citados altos directivos de BBVA como Ignacio Moliner y Javier Ayuso [este ya no trabaja en el banco], así como el exresponsable de Comunicación de Caja Madrid Juan Manuel Astorqui, el presidente de Crédit Services Francisco Javier López, el expresidente de Novacaixagalicia Banco José María Castellano Ríos, el directivo de Caixa Catalunya Joan Rafols Llach y los abogados Ramón Luis García Torre y Monserrat Trinidad Suárez Abad.

Tal y como publicó infoLibre tras estas declaraciones se tuvo conocimiento de que la caja que presidía el exministro Narcís Serra y ahora denominada Catalunya Banc, grabó en noviembre de 2008 cómo Pineda le pidió medio millón de euros a cambio de "pasar página" tras una sentencia del Supremo que dos meses antes y tras un proceso emprendido por la asociación había confirmado la ilegalidad del redondeo al alza en los créditos hipotecarios de esta entidad financiera.

Contra Catalunya Banc

Si el acuerdo no llegaba a materializarse, Ausbanc amenazó con movilizar a los afectados que hasta entonces no habían efectuado ninguna reclamación a la entidad. "Nos tocará mover la bandera", fue la advertencia literal. La hizo el propio Pineda en una conversación telefónica grabada por los directivos de la caja, y que fue aportada al juez Pedraz.

Los dos directivos de Catalunya Banc que  declararon como testigos aseguran que la entidad no pagó. Y que cumpliendo su aviso, Pineda organizó una manifestación en 2009 ante la sede central de Catalunya Banc, ahora propiedad del BBVA.

La primera de las dos transcripciones, cuyo contenido publicó infoLibre, muestra cómo la directora de la asesoría jurídica de Ausbanc, la imputada Manuela Mateos, cifra en 500.000 euros el precio de la paz durante una reunión con el director de la asesoría jurídica de Caixa Catalunya, Ramon Lluis Garcia Torné. Según su testimonio, la reunión se celebró el 12 de noviembre de 2008.

"Un acuerdo razonable"

La segunda transcripción muestra cómo días después -el 27 de noviembre de aquel año- es el propio Luis Pineda quien lanza un aviso durante una conversación telefónica con el mismo Garcia Torné: o ambas partes alcanzan un "acuerdo razonable" o Ausbanc "moverá la bandera" para que los afectados conozcan la sentencia del Supremo y reclamen la devolución de cantidades indebidamente cobradas.

Fue la subordinada de Pineda quien se encargó de transmitir en persona a la caja las condiciones de Ausbanc: que la caja aceptase entregar a la asociación 250.000 euros para que esta compensara a los afectados de forma "extraprocesal" y se quedase con la parte que nadie reclamara en dos años. Y que Caixa Catalunya aceptase asimismo suscribir un convenio con la asociación por otros 250.000 euros en concepto de colaboración institucional.

En la conversación que su jefe mantuvo días después con el mismo directivo de Catalunya Banc, Pineda se declara dispuesto a firmar la paz, a no volver a mencionar a la entidad como "ejemplo malo" y a "pasar página" de forma que ambas partes, la caja y asociación, "rememos en la misma dirección".

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en prisión desde el 15 de abril de 2016, reconoció dos días antes, el 13 de abril, que el presunto cabecilla de la trama corrupta, Luis Pineda, "ya tenía fama de extorsionar y de pedir", según consta en una de las grabaciones realizadas por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y a la que ha tenido acceso infoLibre.

En la conversación, Bernad bromea con su interlocutor, un periodista, y le asegura que le llama desde "Alcalá-Meco, que me han llevado a Alcalá-Meco, por lo visto he extorsionado a banqueros, y a Miguel Blesa", explica el reo en la conversación, que después se justifica ante la información publicada en la prensa en la que se apuntaba que la Policía le estaba investigando por extorsión: "A mí no me han llamado para nada. Yo estoy tranquilo porque no tengo absolutamente nada. Como comprenderás no conozco a ningún banquero ni he tenido relación con ellos. Este de Ausbanc [Luis Pineda] a lo mejor no, oye, pues ese ya tenía fama efectivamente de extorsionar y de pedir. Será por su cuenta y riesgo, y a mi no me toca para nada, pero este del ABC ha querido aprovechar para decir que está este de Manos Limpias", asegura Miguel Bernad.

El secretario general de Manos Limpias se refiere al periodista de ABC Javier Chicote, que el 13 de abril de 2016 publicó que el pseudosindicato de funcionarios estaba siendo investigado por extorsión. En otra de las grabaciones, el propio Bernad anuncia a su interlocutor en la conversación telefónica su intención de enviar un "anónimo" al periodista del rotativo madrileño: "El siguiente soy yo", explica Bernad, que completa: "Le voy a enviar un anónimo a Chicote, diciendo que soy una persona que conozco bien muy al cabrón este de Manos Limpias,m que está metido en los papeles de Panamá, y vas a tener un gran éxito. Eso lo tenemos que preparar para que pique el tío y saque las cuentas ocultas del fascista".

Lotería de Manos Limpias

En otra de las llamadas de teléfono interceptadas por la Policía Judicial por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Luis Pineda ordena a su secretaria que envíe un sobre al entonces secretario general de Unicaja, Ángel Fernández Noriega, con Lotería de Manos Limpias, la organización que había denunciado al presidente de la caja malagueña, Braulio Medel, en una de las piezas separadas del caso de los ERE de Andalucía: "Déjale un sobre, con diez boletos de Lotería de Manos Limpias, que ponga para don Ángel, de parte de Luis Pineda", explica el presidente de Ausbanc que entre risas asegura: "La querella que tienen ellos es de Manos Limpias...".

Y por eso su secretaria le pregunta: "¿Seguro....entonces?". "Claro, por eso mismo. ¡Qué bueno!", le contesta Pineda, que entre sonrisas, dice: "Si les toca...". "¡Cómo te gusta hurgar en la herida macho...!", espeta la secretaria, que le recuerda a su jefe que en la carta le podía poner una dedicatoria en la tarjeta de Navidad. Y entonces el presidente de Ausbanc le dicta la misma: "Querido Ángel, que la felicidad de unos sea la de todos. Uno para todos, todos para uno", especifica Pineda en su llamada.

El secretario general de Unicaja, Ángel Fernández Noriega, admitió en su declaración ante el juez Pedraz que intentó que Luis Pineda le adelantara qué preguntas iba a hacer al presidente de la entidad bancaria, Braulio Medel, que está imputado en el caso de los ERE fraudulentos.

Medel, imputado en los ERE

Medel está investigado por su condición de vocal de la Agencia IFA, dependiente de la Junta andaluza, y por ello declaró ante el juez el 17 de febrero de 2016. En los días previos, Fernández Noriega tuvo varias conversaciones telefónicas con Pineda. Sin embargo, Fernández Noriega exculpó al presidente de la entidad del pago de un millón de euros a Ausbanc a cambio de que retirara la acusación contra él.

Según la Policía, Pineda utilizó a Miguel Bernad para intentar cobrar dos millones de euros para la empresa de seguridad LPM, de la que planeaba hacerse con el 20% de sus acciones, según especifica un documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del pasado 15 de noviembre.

A cambio, los integrantes de la trama ofrecieron al directivo de Caixabank Jaume Giró desimputar a la infanta Cristina, procesada en el caso Nóos. "Se vincula a Luis Pineda con la sociedad Seguridad LPM, para la cual Miguel Bernad, secretario de Manos Limpias, solicitó al propio Jaume Giró una ayuda de dos millones de euros a cambio de interceder a favor de retirar la acusación popular de Manos Limpias contra la infanta Cristina", completan los agentes en su informe.

El presunto cabecilla de la trama de Ausbanc, Luis Pineda, utilizó al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, para internar cobrar dos millones de euros para la empresa de seguridad LPM, de la que planeaba hacerse con el 20% de sus acciones, según especifica un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía del pasado 15 de noviembre.

A cambio, los integrantes de la trama ofrecieron al directivo de Caixabank Jaume Giró desimputar a la infanta Cristina, procesada en el caso Nóos. "Se vincula a Luis Pineda con la sociedad Seguridad LPM, para la cual Miguel Bernad, secretario de Manos Limpias, solicitó al propio Jaume Giró una ayuda de dos millones de euros a cambio de interceder a favor de retirar la acusación popular de Manos Limpias contra la infanta Cristina", explican los agentes en su informe.

"Asimismo, se deja entrever el interés de Luis Pineda en que Seguridad LPM fuese en cierto modo el beneficiario en las negociaciones tendentes a la retirada de la acusación de Manos Limpias contra la infanta Cristina, puesto que sería intención de Luis Pineda el posicionarse dentro de la sociedad Seguridad LPM y hacerse con parte del control de la misma, es decir, que en el objeto de las negociaciones se buscaba el favorecer a una sociedad en la que también podría tener vínculos Luis Pineda", especifica el dossier enviado por la Policía Judicial al instructor del caso en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

"Obligaciones más exigibles"

La cantidad reclamada, según la Policía, es una suma próxima a la que la Corporación LPM necesitaba a corto plazo para poder atender a las "obligaciones más exigibles", que eran de 2.565.581 euros. Además, y siempre según el informe policial al que ha tenido acceso infoLibre, la empresa LPM fue la que financió el viaje de Miguel Bernad a Barcelona para reunirse con el directivo de Caixabank el 7 de octubre de 2015 para tratar sobre el caso de la infanta.

Los agentes consideran que Pineda trató, en un primer momento, conseguir la financiación para LPM mediando con los directivos de Caixabank y Banco Sabadell que conocía y con las que había tenido "contactos habituales en el pasado, como lo son Jaume Giró y Gonzalo Barettino. Y presentándose él mismo como garante al manifestar que de conseguir el préstamo, Luis Pineda se posicionaría dentro de la empresa de manera relevante al hacerse con un 20% de la misma".

Pero Pineda no consiguió la financiación, tras lo que buscó "otra alternativa, que no es más que la de solicitar a Caixabank nuevamente dicha financiación pero a cambio de, por parte de Manos Limpias, desimputar a la infanta Cristinainfanta Cristina", relata el informe policial.

De esta forma, los integrantes de la trama intentaron obtener dicha financiación "por la vía del chantaje, en tanto en cuanto Manos Limpias retiraría la imputación de la infanta Cristina a cambio de que se concediese el préstamo necesario a su grupo empresarial", sostienen los policías.

"Sin utilizar al testaferro"

En este sentido, los agentes hacen mención a otro documento interceptado a Manos Limpias, elaborado en octubre de 2015, en el que se reflejaba un esquema elaborado por el pseudosindicato "de los puntos a tratar" para retirar la imputación de la infanta Cristina. "En el punto cuatro del mismo se refería la frase: Debemos articular la compensación a Manos Limpias, sin utilizar el denominado testaferro LPM", completa el informe de la Udef.

Los agentes, que han analizado los correos electrónicos de Pineda y de Bernad, destacan también que el primero solicitó en un mensaje a Jaume Giró que estudiara la posibilidad de conceder un crédito a LPM, manifestándole que en caso de materializarse, sería el propio Pineda el que se haría con el 20% del accionariado de LPM "a un precio interesante".

Asimismo, Pineda recalca en el correo que Lorenzo González, gerente de LPM, "ya le había contratado como abogado y consultor, en cierto modo, para reseñar que desempeña un determinado rol dentro de la Corporación LPM".

Entre la documentación requisada a Pineda se incluye un plan de negocios de LPM en el que se especifica que la Corporación empresarial LPM había solicitado a Caixabank, Santander y Banco Sabadell 11.000.000 euros para poder desarrollar su plan de negocio de los próximos 5 años. "De la suma mencionada, la Corporación necesita a corto plazo la cantidad de 2.565.581 euros para poder atender a las obligaciones más exigibles", completa el documento aludido en el informe policial.