La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado este martes que a finales de 2024 España tenía más de 242.000 solicitudes de petición internacional pendientes de resolución, un 27% más que el año pasado (191.095). Lo ha señalado en su informe Más que cifras, publicado este martes y recogido por EFE, en el que ha valorado que España haya mejorado su tasa de reconocimiento de protección internacional del 12 a 18,5%, aunque esta sigue alejada de la media europea, situada en el 40%.

En su balance, la entidad señala que 167.366 personas solicitaron protección internacional en España en 2024, lo que, bajo su análisis supone "un ligero incremento con respecto al año anterior (163.218), pese a las previsiones alarmistas". CEAR señala también que "las resoluciones negativas siguen aumentando" debido, sobre todo, a las denegaciones que reciben un gran número de personas de Colombia año tras año, "pese a la situación de amenaza constante que siguen sufriendo en este país".

Las concesiones de protección internacional han crecido debido al "incremento exponencial de la protección subsidiaria", que sube casi un 200% respecto a 2023, especialmente por las personas procedentes de Mali. Sin embargo, la organización considera preocupante que las de estatuto de refugiado (6.355) bajen más de un 13 % respecto a los datos de 2023, cuando se concedieron 7.330.

Por otro lado, han descendido también las resoluciones concedidas por razones humanitarias de 41.487 en 2023 a 33.535 en 2024, un tipo de protección menos garantista que se concede, sobre todo, a personas de Venezuela. Mali, entre las tres nacionalidades con más peticiones

Seis de las diez principales nacionalidades solicitantes de protección internacional en 2024 proceden de América Latina, "región marcada por la inestabilidad política, los abusos de derechos humanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la acción de grupos armados no estatales". Las otras cuatro proceden del norte de África y de África occidental, "asoladas por conflictos armados prolongados, crisis políticas y los efectos de la crisis climática".

Venezuela y Colombia se mantienen como las dos primeras nacionalidades de personas solicitantes de asilo en España, acumulando más del 63 % del total de peticiones, mientras que Mali, con un aumento del 700% en el número de peticiones, ha desplazado a Perú como tercer país de origen, con 10.673.

El país africano se enfrenta a una crisis humanitaria compleja que se prolonga desde 2012, en la que se combina la amenaza yihadista, la inestabilidad política tras el golpe de Estado en 2020, factores de vulnerabilidad estructurales, desafíos socioeconómicos y los efectos de la crisis climática, apunta la entidad. A estos países le siguen en la lista con más solicitantes Perú, Senegal, Marruecos, Nicaragua, Honduras, Mauritania y Ecuador.

CEAR también destaca en su informe el aumento de solicitantes de asilo de personas de Senegal y de Mauritania, país fronterizo con Mali y Senegal y bisagra entre el África occidental y la región del Magreb.

Pese al aumento de solicitudes, CEAR ha recordado que miles de personas siguen encontrando "enormes obstáculos" para acceder al procedimiento de pedir protección internacional. Según su análisis, no solo no se habilitan suficientes vías legales y seguras, sino que el año pasado se introdujeron nuevos visados de tránsito aeroportuarios a hasta seis países (Sudán, Chad, Mauritania, Egipto, Senegal y Kenia), medidas que impiden a muchas personas necesitadas solicitar asilo en España "sin tener que jugarse la vida en el intento".

En un comunicado, CEAR se ha referido también a la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo pendiente -que afectará a la ley de asilo y su reglamento y, en parte, a la ley de extranjería- y ha pedido al Gobierno "comprometerse a velar por la garantía de derechos" en su aplicación. Para ello, considera necesario incrementar los recursos humanos y la formación especializada a todo el personal en los procedimientos fronterizos, crear un mecanismo independiente de monitoreo de derechos humanos y que la nueva ley de asilo garantice el derecho a la asistencia jurídica gratuita especializada durante todo el proceso.

Un total de 100.137 personas han solicitado asilo en España entre enero y julio de este año, según ha señalado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y recoge Europa Press. Asimismo, la ONG ha indicado que la mayoría de los solicitantes son procedentes de Venezuela (37,8%) y Colombia (25,8%), Perú (6,7%), Malí (6,3%) y Senegal (4,9%). En cuanto a su perfil, el 57,1% han sido hombres y el 42,9% mujeres.

Igualmente, ha añadido que solo una de cada diez solicitudes consigue protección y que casi cinco de cada diez son denegadas, más de la mitad (53,6%) a personas de Colombia. En concreto, han sido denegadas el 47%, 13% favorables y el 40% por razones humanitarias.

"Aunque los conflictos han aumentado y tienen mayor intensidad en todo el mundo, las personas que huyen de sus hogares por la situación que viven en sus países de origen siguen afrontando enormes dificultades para conseguir refugio", destaca CEAR en un mensaje recogido por Europa Press en la red social X.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de establecer vías legales "para evitar muertes en las rutas y replicar buenas prácticas para todas las nacionalidades, como los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), que permiten agilizar las solicitudes de asilo ya en el territorio".

En un escenario internacional marcado por las guerras en Gaza y Ucrania acaparando titulares pero también con conflictos enquistados en Afganistán o Sudán y la creciente inestabilidad en Senegal y los países del Sahel en el que 120 millones de personas en el mundo se han visto obligadas a abandonar su hogar, España se sitúo en 2023 como el tercer país de la UE con más solicitudes de asilo pero en última posición en el reconocimiento de protección, según destaca la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su informe anual sobre las personas refugiadas en España y Europa presentado este lunes [consulta aquí el documento íntegro].

En total, en Europa, llegaron 292.985 personas de manera irregular, lo que supone un incremento del 54,5% en el número de llegadas con respecto al año anterior y el mayor número registrado desde el 2016. En España, por su parte, experimentó en 2023 un aumento "sin precedentes" en las solicitudes de protección internacional.

En una tendencia creciente iniciada en el año 2012 y que solo se interrumpió por los efectos de la pandemia, alcanzó el "récord histórico" de 163.220, un 37,2% más que el año anterior. A esta cifra hay que añadirle 33.928 nuevas concesiones de protección temporal a personas desplazadas de Ucrania durante los últimos doce meses. Así, ocupa un tercer puesto dentro de los países de la UE, solo por detrás de Alemania con 351.510 y Francia con 166.880

Este aumento significativo se produce a pesar de los graves problemas en el acceso al procedimiento de asilo. Aunque se tramitaron más expedientes que en años anteriores, lo cierto es que la tasa de reconocimiento de protección internacional se redujo cuatro puntos y media con respecto al 2022: del 16,5% se pasó al 12% en 2023. Esta cifra coloca a España a la cola del vagón europeo y también lejos de la media de los países de la UE, situada en el 42%. Esto se traduce en que en la actualidad, según CEAR, existan en España unas 191.095 personas tienen su solicitud pendiente de resolución y que, por tanto, esperan una decisión de la que dependen sus vidas, un 56% más respecto al año anterior.

Por nacionalidades, siete de las diez principales se corresponden con países de América Latina. Venezuela (60.534), Colombia (53.564) y Perú (14.308) son los tres principales países de origen, con casi el 80 % del total de solicitudes. Por perfiles, se observó un aumento del número de solicitudes presentadas por mujeres, y también de menores, que representaron el 19% del total de peticiones de asilo en 2023.

Este descenso en la protección internacional se debió, principalmente, a la reducción de las concesiones de protección subsidiaria pero también a "graves" problemas en el acceso al procedimiento de asilo. "En lugar de habilitar vías legales y seguras, las autoridades españolas siguen recurriendo a imponer más obstáculos, como los visados de tránsito a personas que pueden ser merecedoras de recibir protección internacional”, explica Mónica López, directora general de CEAR. 

Por un lado, la "escasez" y la "imprevisibilidad" de las citas previas para solicitar asilo alimentaron "un mercado irregular de compraventa de citas, invisibilizando las necesidades de protección y provocando la indefensión de miles de personas durante un periodo de hasta nueve meses".

Y, por otro, la situación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Desde el verano de 2023, se ha producido un aumento exponencial del número de solicitudes de asilo, principalmente de personas procedentes de Kenia y Somalia, generando situaciones de sobreocupación en las instalaciones y retrasos de hasta 30 días para la formalización de las peticiones. Por ejemplo, en diciembre de 2023, había 250 personas en condiciones "inaceptables e indignas de hacinamiento e insalubridad" que vulneran normativas europeas.

CEAR también pone el foco en las dificultades que siguen existiendo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que persisten las dificultades en el acceso a la información y a la asistencia necesaria. Y, además, se reportaron casos de polizones que llegaron a España en "condiciones extremas" y persisten "incertidumbres sobre la aplicación del protocolo de polizonaje y la asistencia legal en estos casos".

CEAR también destaca en su informe anual la situación de la frontera sur. Durante el 2023, aumentó considerablemente en el número de llegadas de migrantes, especialmente por vía marítima. Del total de las 56.852 llegadas registradas en España, el 70%, 39.910, se concentró en la ruta del Atlántico hacia las islas Canarias. Esto supuso un aumento del 155% en comparación con el año anterior. Una situación de emergencia humanitaria sin precedentes que no se veía en Canarias desde la llamada crisis de los cayucos del 2006 y que tuvo su pico en octubre.

Las salidas se concentraron principalmente desde Senegal y también desde Gambia, con El Hierro y Tenerife como destinos principales. También aumentaron las llegadas desde Nador, en Marruecos, mientras que se redujeron desde Argelia, hacia destinos andaluces como Almería y Granada. En Murcia y en las islas Baleares también se mantuvieron el ritmo en las llegadas, mientras que en Cádiz se observó una disminución del 50% en las llegadas en comparación con el año anterior. En Ceuta y Melilla, por su parte, hubo un ligero descenso en las llegadas por vía marítima, mientras que las llegadas por vía terrestre disminuyeron significativamente.

Por nacionalidad, el 32% procedían de Senegal, el 25% de Marruecos y, con menor peso, el 12% de Argelia, el 11% de Malí y el 8% de Gambia. Desde CEAR destacan la presencia de cada vez más mujeres y menores, para lo que "el sistema de protección de las islas no está preparado". Aunque los motivos para desplazarse con la ruta en la frontera sur responden a un "fenómeno multicausal con un motor común: la falta de protección de los derechos humanos" en un escenario en el que la situación de inestabilidad política y socioeconómica son también factores comunes.

Según CEAR, la respuesta estatal frente a esta crisis humanitaria se vio limitada por "la falta de presupuesto y coordinación". No obstante, la ONG destaca que se activaron medidas "extraordinarias" como la declaración de emergencia y la apertura de nuevas plazas de acogida en la península. "En un primer momento sirvieron para descongestionar la situación, pero España debe contar con una estructura estable de acogida, tanto en las islas como en la Península, que dé respuesta a las, cada vez más frecuentes, situaciones de grandes llegadas", reclama Mónica López, directora general de CEAR. Además, persistieron problemas como "la identificación de personas fallecidas en el mar y la búsqueda de familiares desaparecidos".

CEAR también destaca en su informa la situación en la invasión de la Franja Gaza en la que "se están traspasando todas las líneas rojas del derecho internacional". Hasta la fecha, más de 1,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, siendo la mayoría de ellas ya refugiadas anteriormente. "La población palestina de Gaza, forzada a concentrarse en improvisados campos en una zona limitada junto a la frontera con Egipto, teme una expulsión definitiva que se sume al largo proceso de desposesión y falta de acceso a derechos dentro y fuera de la Palestina histórica", detalla el informe que recuerda que ha sido privada de "sus derechos más básicos, incluidos el derecho al retorno, a la autodeterminación y a la condición de Estado".

Sobre la reciente luz verde al pacto europeo sobre migración y asilo, CEAR destaca que se trata de un acuerdo que "refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras". Por ello, esta ONG hace un llamamiento para exigir que se implemente de forma "garantista" con el objetivo de "minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección".

El Palacio Real, el Museo del Prado, la Granja de San Ildefonso. Joe Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Mario Draghi. Son el 29 y el 30 de junio de 2022 y todo el mundo mira a España por aglutinar en tan poco espacio a tantos grandes líderes mundiales al albergar una de las Cumbres de la OTAN más importantes del siglo. Marcada por la Guerra de Ucrania y por la riqueza cultural de nuestro país, los titulares de la prensa internacional y las fotografías de los reportajes fueron escaparate de la gran organización del evento llevada a cabo por España. Sin embargo, esas fotos de líderes mundiales caminando entre los cuadros del Prado no mostraban toda la realidad. Escondían que, tan solo cinco días antes, había ocurrido en Melilla una tragedia que inundó los medios con imágenes de migrantes hacinados, fallecidos y tirados en el suelo sin asistencia médica después de sufrir una respuesta violenta y desproporcionada de la policía española y marroquí cuando intentaban cruzar la frontera en busca de un futuro mejor. Fueron 2.000 personas, según cifras de Amnistía Internacional, las que intentaron cruzar la frontera, de las cuales al menos 37 fallecieron y 76 desaparecieron.

El infierno para los migrantes no terminó con la intervención policial. Según señala la investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo, hasta 470 personas fueron devueltas sin garantías y de forma sumaria por parte de la policía española a Marruecos, abandonándolos a su suerte. Además, los heridos estuvieron durante horas esperando una ayuda sanitaria que no llegaba. Las autoridades ni siquiera permitieron a una ambulancia de Cruz Roja situada en las inmediaciones asistir a los migrantes, y en el lado marroquí no llegaron hasta dos horas después de los hechos. Algunos de ellos estuvieron esperando atención médica hasta 10 horas.

Un año después de la tragedia, Amnistía Internacional ha querido volver a denunciar los hechos que tuvieron lugar en el puesto fronterizo del Barrio Chino de Melilla. La organización pone de manifiesto la impunidad y el oscurantismo por parte del Gobierno español alrededor de los hechos, el desamparo de los migrantes supervivientes y la imposibilidad de solicitar asilo por parte de migrantes subsaharianos. Además, la ONG sostiene, en base a testimonios de testigos, que el número verdadero de fallecidos podría ascender a más de 100 personas. “Estamos ante una cifra descomunal que habla por sí sola del sufrimiento padecido por esas personas en la frontera”, afirma la organización.

Las revelaciones de los supervivientes que comparte Amnistía Internacional describen hechos que vulneran ampliamente los derechos humanos. En ellos se ofrecen descripciones de cómo varios heridos de gravedad fueron trasladados en autobuses sin recibir ningún tipo de asistencia médica, lo cual hizo que muchos de ellos murieran durante el viaje. Otros supervivientes fueron trasladados al sur de Marruecos y fueron también abandonados a su suerte. Además, a día de hoy, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), 87 migrantes todavía continúan detenidos en Nador y en cárceles repartidas por todo el territorio del país africano. No existe ningún tipo de información pública sobre esos juicios y, tal y como denuncia Amnistía Internacional, tampoco sobre el resto de personas trasladadas.

Por otra parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) afirma que algunos de los migrantes que intentaron cruzar la frontera hace un año y fueron rechazados han conseguido hacerlo posteriormente en Ceuta, cambiando de ruta. Estos migrantes, que relataban los hechos acaecidos el 24 de junio una vez pasaban la frontera, están, a día de hoy, esperando finalizar el trámite para la solicitud de protección internacional. 

En cuanto a los fallecidos, sus cuerpos continúan, un año después, en la morgue de Nador, muchos de ellos sin identificar, denuncia Amnistía Internacional. Las autoridades de Marruecos han reiterado en varias ocasiones que no procederán a enterrar los cadáveres sin una correcta identificación, pero en todo este tiempo no han facilitado en ningún momento la realización de tareas forenses en los cuerpos. Una situación de desamparo acrecentada por la negativa del Gobierno marroquí de entregar visados a las familias que creen tener a algún ser querido entre los fallecidos y por la imposibilidad de estas de comprar billetes para trasladarse al país africano. La única posibilidad de las familias para avanzar en la identificación fue hace tres meses, cuando el Ministerio de Exteriores de Sudán permitió el envío de muestras de ADN a Marruecos para compararlas con las de los cadáveres, sin embargo, a día de hoy los resultados aún no han sido publicados. 

“Reclamamos verdad, justicia y reparación para las víctimas y los familiares, que todavía un año después no saben exactamente dónde están muchos de sus familiares. Además, de no conocer el paradero de las personas desaparecidas, de no saber si los muertos están enterrados ni en qué lugar, tampoco se ha reparado ese daño a las víctimas devueltas y golpeadas”, afirma Elena Muñoz, coordinadora del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Pese a la gravedad de los hechos acaecidos hace un año, las responsabilidades han sido prácticamente inexistentes, favoreciendo, según Amnistía Internacional, un clima de absoluta impunidad. En el lado marroquí, las autoridades han estado durante todo este tiempo obstaculizando iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas y fallecidas y, además, no han realizado ningún operativo para esclarecer la violencia empleada por sus fuerzas de seguridad en la valla de Melilla. 

Por la parte española, la Fiscalía archivó la causa en diciembre del año pasado, tan solo recomendando al Ministerio del Interior la apertura de un expediente administrativo contra algunos guardias civiles que tiraron piedras contra los migrantes. Más allá de esa recomendación, las vulneraciones de derechos humanos denunciadas por Amnistía Internacional han quedado completamente impunes, ya que no se han abierto “investigaciones adecuadas sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional que se cometieron a ambos lados de la frontera”. Para la organización, esta actitud de la Fiscalía parece “aprobar” la respuesta de las fuerzas de seguridad española, no entrando a investigar a fondo la actuación policial española, ni la marroquí en territorio español.

Las responsabilidades políticas tampoco han existido. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, máximo responsable a nivel político de la tragedia de Melilla, fue reprobado por el Congreso de los Diputados en una iniciativa del PP que contó con 173 síes (Vox, CS, ERC, Junts y la CUP), 160 votos en contra (PSOE, Unidas Podemos, PdeCat, Más País y Teruel Existe) y la abstención de PNV y EH Bildu. La reprobación del ministro fue la primera en esta legislatura que salió adelante, pero este procedimiento tan solo es simbólico y no implica ninguna consecuencia vinculante sobre él. 

Otro de los problemas que persiste un año después de la tragedia es la falta de cambios legislativos o internos en España para evitar la repetición de una situación similar en el futuro. “Desde CEAR llevamos tiempo exigiendo la derogación de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería que regula el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla”, explica Muñoz. Este texto solo se aplica en las dos ciudades autónomas y el Tribunal Constitucional estableció que solo sería constitucional si se cumplen una serie de condiciones concretas: un control judicial de la actividad, un pleno respeto a los derechos humanos y una detección de personas vulnerables como víctimas de trata, menores de edad no acompañados, personas con protección internacional.

“Esto, lo vimos hace un año en Melilla, no se lleva a cabo. Por lo que sabemos y hemos visto, muchas de las personas rechazadas eran personas solicitantes de protección internacional y que huían de conflictos tan cruentos como el de Sudán”, afirma la coordinadora del Servicio Jurídico del CEAR, añadiendo que los hechos fácticos demuestran como ese “rechazo en frontera” no se aplica según esos criterios del Tribunal Constitucional.

Otra de las tareas pendientes es el establecimiento de un mecanismo de monitoreo de derechos humanos en las vallas de Ceuta y Melilla para vigilar las actuaciones llevadas a cabo en unas fronteras que también son las de Europa. Por ese motivo, la propia comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en un informe publicado en abril de 2023, a raíz de una visita realizada en noviembre de 2022, recomendaba a España romper o paralizar cualquier acuerdo con Marruecos que no respete los derechos humanos. Esa revisión de los acuerdos bilaterales con el país gobernado por Mohammed VI, además de su suspensión, sería otra de las tareas pendientes un año después de la tragedia de Melilla. 

Pese al olvido de las autoridades españolas y marroquíes hacia las víctimas, las organizaciones internacionales siguen reclamando justicia sobre la tragedia de Melilla. Las reclamaciones del Consejo de Europa sobre nuestro país no son nuevas y sus informes sobre las actuaciones de las autoridades y fuerzas de seguridad son algo recurrente en los últimos años. “La comisaria está bastante enfocada en esta zona porque es frontera europea, por lo cual no creo que vaya a olvidar la tragedia”, afirma Muñoz, explicando igualmente cómo varias entidades, entre ellas CEAR, han solicitado a la ONU una investigación en profundidad y una petición de información tanto a España como a Marruecos sobre los hechos. Los trámites continúan gestionándose a día de hoy, y en las próximas fechas podrían llegar los primeros informes o conclusiones de lo ocurrido en la frontera.

“Una vida digna y con seguridad”, este fue el motivo que llevó a Alssadic Yusif —que prefiere utilizar un nombre ficticio— a buscar el exilio de su país de origen: Sudán. “No tenemos cosas básicas como salud o educación, y cuando pedimos estos derechos nos tratan como terroristas”, comenta en la presentación del XXI Informe Anual: La situación de las personas refugiadas en España y Europa de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). La organización lanza este documento como un pacto social y político donde propone un paquete de 37 medidas para los partidos políticos ante las elecciones generales del 23 de julio. “Hay que transformar las narrativas, basta ya con usar sólo los momentos electorales para esta realidad”, crítica Estrella Galán, directora general de CEAR.

Asimismo, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde la ONG reseñan que en el pasado 2022 se presentaron 118.842 solicitudes de asilo en España, sin contar con todas esas personas que no lograron una cita para este procedimiento. Con estas cifras, España se posiciona como el tercer país con más peticiones, tras Alemania y Francia, y como el tercero a la cola en cuanto a resoluciones favorables, con tan sólo un 16,5%. “Los graves obstáculos que se imponen para acceder al procedimiento de asilo, obtener una cita o el criterio restrictivo de las autoridades para rechazar sistemáticamente resoluciones de personas que vienen huyendo de países en conflictos inacabados como el de Colombia son una muestra de los retos pendientes que hay que resolver con urgencia”, declara Galán. 

Dentro de las diez principales nacionalidades solicitantes de protección internacional se encuentra Venezuela en primer lugar, seguido de Colombia y Perú. Mientras que Venezuela es el país de donde provinenen más de 38,5% de las solicitudes, Colombia mantiene el segundo lugar por quinto año consecutivo, incrementando cada año y logrando un crecimiento de 211% en este pasado 2022.

“Dentro de cada expediente hay un ser humano”, recuerda José Miguel Lobo, refugiado colombiano que en su país daba apoyo a los exiliados pero ante varios motivos tuvo que pedir ayuda. “No sabes qué puede pasar. Un día puedes estar brindando ayuda, y al siguiente necesitarla. Como hicieron conmigo, lo pueden hacer con más personas”, narra Lobo y agradece de manera reiterada el apoyo por parte de España.

Ante esta situación, la coordinadora estatal de Jurídico de CEAR, Elena Muñoz, reseña que el 96% de las solicitudes gestionadas se producen estando ya en el país. No obstante, muchas personas no llegan como ocurrió el pasado 24 de junio en Melilla. Al menos 37 personas perdieron la vida, 77 están en paradero desconocido y 470 fueron devueltas ilegalmente. Este suceso recuerda las diversas muertes que se cobran en el mar en búsqueda de una mejora vital, siendo más de mil solo en la costa mediterránea.

La cabina, un corto que refleja de manera simbólica esas llamadas cargadas de desesperación

A parte del Informe Anual, CEAR ha presentado un campaña titulada Efecto Llamada, donde Nathalie Poza, Melani Olivares, Pepón Nieto y Emilio Buale son imagen de cuatro vídeos spots inspirados en el cortometraje La Cabina de Antonio Mercero. En esta pieza audiovisual sentimos a la perfección esa desesperación al sentirse encerrado y ver que nadie coge la llamada de la solidaridad. 

“Es muy angustioso que la llamada no tenga un fin”, comenta la actriz Melani Olivares. Nathalie Poza apoya esa emoción y recuerda que “es de humanos ayuda”. Asimismo reivindica que “no queremos vivir en un mundo donde no se ayuda a quienes lo necesitan. Miremos los unos a los otros y tendamos la mano de manera urgente”.

España alcanzó en 2022 un nuevo récord de solicitudes de asilo al contabilizarse un total de 118.842, un 82% más que las que se habían registrado un año antes. El país es, así, el tercero de Europa en número de solicitudes por detrás de Alemania y Francia. Sin embargo, solo aprueba un 16,5%, la mitad de lo que la media de la UE (38%) en comparación al resto de países de su entorno (la media de la UE es del 38%), según ha informado Europa Press.

Así se recoge en el informe publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que, bajo el título Más que cifras, ha analizado datos de asilo de España y la Unión Europea en 2022.

CEAR ha destacado que las peticiones de asilo son un 82% más que el año anterior, "tras dejar atrás las restricciones fronterizas impuestas durante la pandemia y pese a los enormes y graves obstáculos que están teniendo las personas para acceder al procedimiento de asilo". Desde la entidad han criticado "la escasez" de citas que, según ha explicado, lleva a las personas a tener que esperar en situación irregular entre seis u ocho meses de media para presentar su solicitud de asilo teniendo que recurrir al mercado informal para acceder a este derecho.

En este sentido ha apuntado que, aunque recientemente la Administración ha anunciado cambios en el sistema de cita previa, por ahora, estos no están paliando esta situación de desprotección que afecta a miles de personas.

En cuanto al perfil del solicitante en 2022, CEAR recoge que el 54% era hombres y el 46% mujeres, mientras que los menores de edad supusieron el 18% del total. Además, Venezuela (45.748), Colombia (36.012), Perú (8.937), Marruecos (3.905) y Honduras (3.017) fueron las cinco principales nacionalidades de origen de las personas que solicitaron asilo.

Del mismo modo, llama la atención sobre la ausencia en esta lista de personas procedentes de países en conflicto como Siria, Palestina o Yemen, a quienes, según denuncia la entidad, "se les sigue imponiendo un visado de tránsito que obstaculiza su llegada de forma legal y segura a puestos fronterizos españoles, y para las cuales la organización exige que se elimine dicho visado".

Además, señala que solo el 3,7% de las solicitudes se presentaron en puestos fronterizos, Centros de Internamiento Extranjero (CIE) o a través de extensiones familiares en Embajadas. Por Comunidades Autónomas, las que registraron un número de solicitudes de asilo fueron Madrid (47.658), Andalucía (11.722), Cataluña (10.396), Comunidad Valenciana (7.258) y Canarias (6.446).

Al aumento de solicitudes de asilo, España ha tenido que sumar durante el año pasado a las 161.037 personas procedentes de Ucrania que obtuvieron protección temporal. Para CEAR, la puesta en marcha de los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) ha permitido "aliviar el sistema de asilo y garantizar derechos fundamentales en tiempo récord".

Es por ello que, a través de su informe, reclama que tanto la eficiente respuesta ofrecida por España para la atención de este colectivo, como el modelo CREADE se extienda al resto de solicitantes de protección internacional que tienen que huir por diferentes razones, como el terremoto de Turquía y Siria.

Por otra parte, el informe de CEAR muestra la preocupación, tanto por la cifra de solicitudes aprobadas, como por el de aquellas que se quedan pendientes de resolución.

En el primer caso, la entidad celebra el aumento del número de resoluciones favorables, un 16,5%, frente al 10% del año anterior, pero señala que esta tasa de reconocimiento de protección internacional se encuentra aún muy lejos de la media europea, que se sitúa por encima del 38%. En este sentido ha apuntado que solo Malta y Chipre tienen un porcentaje más bajo de solicitudes aceptadas.

Del mismo modo, advierte del aumento "considerable" de las solicitudes pendientes de resolución". En concreto, ha explicado que son hasta 122.035 las personas que en 2022 estaban pendientes de una decisión de la que depende su vida. De trata de un 17% más que el año anterior y, en su mayoría, de nacionalidad venezolana y colombiana.

El documento también destaca que del total de 86.997 resoluciones, 14.235 fueron favorables con estatuto de refugiado o protección subsidiaria (ambos tipos de protección internacional), lo que supone también una mejoría con respecto a 2021.

La ONG relaciona esta mejora "con un aumento en las solicitudes de protección de personas afganas , quienes tienen una alta tasa de reconocimiento desde la toma del poder talibán en el verano de 2021, así como por el incremento en la concesión de protección subsidiaria a solicitantes de origen ucraniano, que ya se encontraban en nuestro país antes de la invasión con su solicitud en trámite".

"Este incremento de reconocimiento también se explica por el criterio de reconocer la protección a personas procedentes de países en conflicto como Mali o Burkina Faso. Además, las autoridades españolas siguieron recurriendo a la protección por razones humanitarias para resolver la mayoría de las peticiones de personas procedentes de Venezuela (98%)", ha explicado la entidad.

Del mismo modo, la organización alerta con preocupación del rechazo mayoritario de las solicitudes de personas procedentes de Colombia o Nicaragua, pese a las amenazas y las vulneraciones de derechos que se viven en ambos países.

"No te cabe en la cabeza que, por ayudar, tengas el riesgo de morir", ha apuntado José Miguel, defensor de derechos humanos colombiano y refugiado en España, cuyo testimonio recoge el informe. José Miguel define como una "auténtica odisea" su proceso de asilo, ya que le denegaron en primera instancia la solicitud y tuvo que esperar casi dos años para que le reconocieran el estatuto de refugiado tras presentar un recurso.

"La denegación del asilo acarrea una infinidad de problemas que no te permiten adaptarte, ni laboral, ni económica, ni socialmente. No puedes acceder a los servicios de salud, a trabajar, a una cuenta bancaria... Pasé de ser el que brindaba ayuda, al que le necesitaba", ha lamentado.

Finalmente, CEAR vuelve a llamar la atención sobre los enormes obstáculos que encuentran las personas para solicitar asilo de forma legal y segura en el conjunto de la Unión Europea. Aunque el número de llegadas por vía marítima ha descendido en España, aumentó a través de la ruta del Mediterráneo central y oriental. En concreto, según ha explicado, más de 2.900 personas perdieron la vida en el mar tratando de alcanzar costas europeas, al menos 1.170 tratando de llegar a España.

"Reclamamos que se siga mejorando la tasa de reconocimiento y no se deniegue el derecho de asilo a personas que vienen huyendo de situaciones límite", ha apuntado la directora general de la entidad, Estrella Galán, quien ha puesto la tragedia de Melilla como ejemplo de que "el acceso al procedimiento en puestos fronterizos o embajadas y consulados sigue siendo una quimera, y condena a las personas a saltar vallas o a arriesgar sus vidas en el mar debido a la falta de vías legales y seguras para pedir protección internacional".

En el año 2012 comenzó el ascenso. Desde entonces ha sido imparable y en 2019 alcanzó sus cotas más altas. España se convirtió el pasado año en el tercer país europeo que más solicitudes de asilo recibió, desbancando a Grecia. Fueron 118.264, el 18% de las 721.090 que llegaron al viejo continente y un 118,7% más que las 55.749 de 2018. Por delante de nuestro país solo se encuentran Alemania (con 165.615 solicitudes) y Francia (con 128.940). Siete años antes, en 2012, hubo 2.588 peticiones, un 4.469% menos. Sin embargo, mientras las cifras de solicitudes aumentan, las de concesiones de protección internacional descienden. En 2019 nuestro país solo la concedió al 5,2% de los expedientes resueltos. En 2018 fue al 24%. Europa, de media, la concede al 31%.

Mientras tanto, los expedientes sin resolver se acumulan. A finales de 2019 ya había 133.020. En ese año solo se resolvieron 60.198: 1.653 (el 2,7%) lograron el estatuto de refugiado, 1.503 la protección subsidiaria (2,5%), 39.776 (66%), obtuvieron una autorización de residencia por razones humanitarias y 17.266 (28,7%) quedaron sin ningún tipo de protección. Y muchas de ellas, además, pertenecían a países en los que la situación es grave: el 98,9% de los colombianos, el 90,6% de los palestinos, el 88,5% de los salvadoreños, el 84% de los nicaragüenses y el 79,5% de los hondureños no recibieron protección internacional. Ni obtuvieron resiencia por razones humanitarias. 

Son datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha presentado este viernes por la mañana su informe anual, coincidiendo con la celebración este sábado del Día Mundial del Refugiado. La conclusión de la organización es clara: "Es preciso incidir en la falta de previsión y adaptación del sistema de protección internacional a la realidad que reflejan las cifras, puesto que existen dos grandes fracturas. Por una parte, las dificultades crecientes de las personas necesitadas de protección internacional para acceder al procedimiento. Por otra, la saturación endémica que afecta a todas sus etapas, tanto a las fases de instrucción y resolución de los expedientes, como a las de acogida e inclusión de las personas solicitantes y refugiadas".

El problema es que las cifras de solicitudes de protección han aumentado y los recursos para tramitarlas no lo han hecho. "Si bien es cierto que la Oficina de Asilo y Refugio ha reforzado su personal y se han designado más comisarías de la Policía Nacional para formalizar las solicitudes, estas medidas han sido insuficientes para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de protección internacional de un número creciente de personas", critica la organización en su informe. Por eso los plazos para obtener algún tipo de asilo han aumentado.

El registro de solicitudes, según el procedimiento, se ejecuta en un plazo de tres días que, como mucho, se puede ampliar a seis. Pero dependiendo de dónde se realice, el plazo puede aumentar. En Málaga, por ejemplo, fue inmediato. Al solicitar la protección, dice CEAR, se expidió un documento de "Manifestación de voluntad de solicitar protección internacional" en espera de la entrevista para formalizar la solicitud y poder ser considerado, oficialmente, solicitante de asilo. Sin embargo, en Barcelona el trámite se demoró hasta siete meses. "Y en Madrid ni siquiera expidieron dicho documento y el registro de la solicitud no se realizó hasta su formalización" en la entrevista presencial, apunta el documento de la ONG.

¿Qué provoca eso? Desprotección. Sin el documento que acredita que son solicitantes —o que están en espera de la entrevista para serlo formalmente—, las personas que lo son "quedan expuestas a procedimientos de expulsión por estancia irregular". Tampoco, por tanto, pueden acceder al sistema de acogida. Sin embargo, eso no significa que haya más plazas. Al contrario. Según CEAR, estas están saturadas: a lo largo de 2019, informa la organización, el plazo medio de espera para acceder a una plaza creció de cuatro a seis meses, y eso a pesar de que las plazas crecieron de 4.000 a 9.000 entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019. "Un incremento sustancial, asumido por las ONG especializadas con financiación estatal, pero insuficiente para atender el crecimiento exponencial de las personas que solicitaron protección internacional", critica CEAR. 

¿De dónde proceden las personas que piden asilo en España?

Por cuarto año consecutivo, la mayoría de las personas que solicitaron asilo en España procedían de Venezuela. En 2019, 40.906 solicitudes pertenecían a ciudadanos de ese país. Supusieron, por tanto, el 35% del total de peticiones, un porcentaje similar al que representaron en 2018, cuando solicitaron asilo 20.053 venezolanos. Sin embargo, no todas las peticiones se resolvieron. 39.920 fueron resueltas: a 39.667 se les otorgó la protección por razones humanitarias; a 205 se les denegó y a 48 se les reconoció como refugiados. 

Tras Venezuela se situaron Colombia (con 29.363), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931), El Salvador (4.784), Perú (3.989), Marruecos (2.555), Siria (2.419), Ucrania (2.383) y Georgia (1.815). Todos estos países experimentaron un aumento en el número de solicitudes, salvo Siria. En 2017 ocupó la segunda posición y en 2018 la tercera. Pero en 2019 cayó hasta la octava. ¿Por qué? Según CEAR, "esta tendencia obedece principalmente a la exigencia del visado de tránsito, una medida que dificulta la llegada de personas de esta nacionalidad, que, además, también carecen de vías legales y seguras que lo permitan". 

Es lo mismo que les ocurrió a los ciudadanos procedentes de Palestina. En 2019 España solo recibió 623 peticiones de asilo de ciudadanos procedentes de ese país, pero un año antes ese número era de 2.031. El acusado descenso, explicala organización, se debió "a la política de visados impuesta por el Gobierno". Lo hizo en 2018 y la norma entró en vigor el 1 de noviembre de ese año. Según impuso el Ejecutivo, todos los ciudadanos palestinos procedentes del Líbano, uno de los principales asentamientos de refugiados de Palestina, tienen que llevar consigo un visado para acceder a los puestos fronterizos de los aeropuertos españoles, donde se pueden iniciar los trámites para demandar la protección internacional. Antes de esa fecha podían, simplemente, comprar un billete con destino a un país ajeno a la UE pero que hiciera escala en España. Aprovechando esa situación, podían pedir asilo. El 4 de enero de este año el Gobierno impuso este mismo requisito a los refugiados yemeníesyemeníes. 

Según expone la organización en su informe, en los próximos años "es previsible un proceso paulatino de descentralización del sistema de acogida e integración basado en el liderazgo de las comunidades autónomas para la gestión de los procesos de inclusión". La competencia en materia de acogida, no obstante, se mantendría en el plano estatal. En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apostó este mismo jueves por "dar una vuelta" a la Ley de Asilo para evitar "el abuso del sistema" y tener un modelo "con tanta incertidumbre y una problemática tan compleja". El objetivo de su Ministerio, según aseguró durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  del Senado, es conseguir una migración "ordenada, regulada y segura". "Siendo conscientes de que nuestra geografía es la que es y contra eso tenemos que prepararnos, hablar con los países de origen", ha dicho. Por eso pidió un "consenso nacional" para abordar el reto migratorio. "Los países de nuestro entorno lo están haciendo ya, están llegando a acuerdos nacionales por la migración. Hay que dejar fuera de discusión partidista un tema tan importante", dijo. 

En cualquier caso, y hasta que ese momento llegue, CEAR muestra su preocupación por la posibilidad de que la pandemia de covid-19 dificulte aun más la situación de las personas migrantes y refugiadas. Por eso solicitan, de manera "urgente y esencial", que las restricciones de circulación sean acordes con el derecho internacional, que permanezcan las labores de rescate marítimo, que se garantice el acceso al procedimiento de protección internacional, que se respeten las medidas de seguridad en el CETI de Ceuta y Melilla y que se cierren definitivamente los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que quedaron vacíos con la llegada del covid-19. 

A nivel mundial, según el informe presentado este jueves por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), una de cada 97 personas en el mundo, o lo que es lo mismo, el 1% de la población mundial, se ha visto obligada a abandonar su hogar debido a los conflictos, la violencia o la persecución, una nueva cifra récord que sitúa el total de desplazados forzosos a nivel mundial en 79,5 millones de personas. Además, el dato de refugiados es el más alto registrado hasta la fecha y engloba, según la institución, tanto a los 5,6 millones de refugiados palestinos que llevan décadas en los países de la región, como a los 20,4 millones de refugiados bajo mandato de la agencia de la ONU y los 3,6 millones de venezolanos que estaban fuera de su país al término del año. A finales de 2010, en el mundo había unos 10 millones de refugiados. Además, las solicitudes de asilo en todo el mundo también han aumentado. En concreto, en 2019 hubo 2 millones de nuevas solicitudes, lo que constituye el 14% de la última década.

Un centenar de juristas, académicos y personalidades conocidas se han adherido a un manifiesto lanzado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para reclamar al Gobierno de España que ponga fin de forma "inmediata" a las devoluciones sumarias de migrantes en la frontera, práctica conocida como 'devoluciones en caliente'. Entre los firmantes, figura la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el exministro socialista y eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar; la exministra socialista Matilde Fernández Sanz, o la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop.

El documento señala "la inconstitucionalidad" de estas devoluciones, pese "la decepcionante" sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que, según remarca, "no puede suponer una excusa para no desarrollar una política migratoria y de asilo garantista".

El pasado día 13 de febrero, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó, por unanimidad, que España no había vulnerado los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos al entregar a las autoridades marroquíes a dos personas de origen subsahariano que habían saltado la valla de Melilla. El tribunal había condenado a España en octubre de 2017, alegando que sí había vulnerado los derechos humanos, si bien cambió de criterio.

Las 'devoluciones en caliente'', previstas la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', fueron objeto de recurso de inconstitucionalidad por varios grupos parlamentarios, entre ellos el socialista, según recuerda CEAR."Estas prácticas son contrarias a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, cuyo artículo 33 recoge el principio de no devolución, por el que ningún Estado podrá expulsar o devolver a una persona a un país donde su vida e integridad física corra peligro", argumenta la organización. Según remarca, las devoluciones, como vía de hecho sin procedimiento y sin las debidas garantías y salvaguardas procesales, privan a las personas necesitadas de protección internacional del acceso al derecho de asilo, "debido a que la actuación material de la Administración se efectúa sin un acto previo que la legitime".

Desde CEAR insistir en que "no existe una obligación de que el Tribunal Constitucional haga suyos" los argumentos del Tribunal de Estrasburgo, "por lo que no existe impedimento para que pueda declarar estas prácticas inconstitucionales" por vulnerar varios artículos de la Constitución, tal y como se argumentó en el recurso de inconstitucionalidad. "El Gobierno está legitimado para poner fin a estas prácticas, aunque el Alto Tribunal finalmente las declarase constitucionales, ya que el artículo 97 de la Constitución le asigna la dirección de 'política interior y exterior'", sostiene, recordando que de esta manera, el actual Gobierno "sería coherente con lo argumentado en el recurso de inconstitucionalidad y con sus compromisos electorales".

Por este motivo, CEAR y los firmantes apelan a las palabras del actual presidente del Gobierno en 2017. "Pedimos la derogación total de la Ley Mordaza y rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente"Ley Mordaza .En este contexto, la organización y los firmantes piden la presentación de un Proyecto de Ley en el que se pueda traducir a términos jurídicos lo prometido políticamente contra las devoluciones 'en caliente'.

En 70 países está prohibido tener relaciones consensuadas con personas del mismo sexo; en 11 de ellos se castiga con pena de muerte; en 26 la homosexualidad o transexualidad es sinónimo de hasta diez años de cárcel e incluso de cadena perpetua; en 31 puede llegar a ser penado con hasta ocho años de prisión, mientras que en dos la criminalización es de facto. Así lo refleja el último informe de homofobia de Estado realizado por la asociación ILGA.

Hay otros 32 países que limitan la libertad de expresión de estas personas, entre ellos Rusia o China, que también se encuentran entre los 41 Estados que ponen barreras a las ONG que trabajan con temas de orientación sexual e identidad de género. Pero no todo es negativo. En 123 países pertenecer al colectivo LGTBI no es delito y nueve Estados lo recogen así en su constitución, entre ellos Ecuador, Bolivia, Nepal y Portugal. Aunque no es la panacea. Debemos recordar que aunque en sus países no les persiguen, sí que sufren discriminación por parte de las familias, en el trabajo, escuela o en la calle.

¿La solución? A veces consiste en marcharse de los países que criminalizan la homosexualidad, bisexualidad o trasnsexulidad. Pero el proceso no es nada sencillo. No lo es por varios motivos, entre ellos, por los prejuicios y estereotipos de las autoridades que tienen que decidir si dar o no la condición de refugiado, según explicó José Díaz Lafuente, profesor de Derecho, Relaciones Internacionales y Estudios para el Desarrollo en Universitat de València y exasesor político en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, durante una reciente charla celebrada en la Complutense sobre los derechos de los refugiados LGTBI.Además, las mujeres lesbianas o las bisexuales lo tienen más difícil porque por su orientación sexual no encuentran trabajo y viven de manera muy precaria. También lo tienen muy complicado las mujeres trans ya que suelen entrar en mafias de trata de personas.

Ovil es una chica trans de 22 años que tuvo que huir de su país, Bangladesh, después de que su familia la rechazase. Su historia la recoge la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a quienes cuenta que, a través de Internet, encontró a alguien que estaba pasando por lo mismo que ella y decidieron huir juntos. Junto con Omar, un joven paquistaní gay, se marchó rumbo a Europa "donde nadie nos mataría", asevera. En Bangladesh pertenecer al colectivo LGTBI supone hasta 10 años de cárcel o cadena perpetua, mientras que en Pakistán la pena de muerte.  

Leyes sobre orientación sexual en el mundo 2019. Ilga.org

Sin embargo, su encuentro tardó en producirse porque Ovil fue secuestrada en Turquía por una mafia. Un tiempo más tarde por fin se vieron por primera vez. Fue en el campamento de Moria, en Lesbos, y a pesar de que allí sufren discriminación Ovil decidió que iba a mostrarse tal como es. Ahora son pareja y el deseo de ambos es llegar a España: "Nos gustaría ir allí porque he escuchado que respetan a las personas LGTBI", relata Ovil. Por el momento su idea no se cumplirá porque al ser de Bangladesh no puede solicitar participar en el proceso de reubicación ya que no entra dentro de los países que "superan una tasa de reconocimiento de protección internacional de un 75% en la media del conjunto de los Estados miembro". Además, Grecia rechazó la petición de asilo de Osman.

Traumas, vergüenza, homofobia interiorizada en un proceso interminable

Antes de que en 2009 la orientación sexual y la identidad de género fuesen reconocidas como motivo para el reconocimiento de la condición de refugiado en el artículo 3 de la ley de asilo española, las personas LGTBI se aferraban a que en la Convención de Ginebra de 1951 se acordó dar refugio a quienes "debido a fundados temores son perseguidos por pertenecer a un determinado grupo social". En aquella convención no pensaron en quienes podían ser perseguidos por su orientación sexual o identidad de género, pero sí que lo hicieron en quienes podrían ser hostigados por motivos de raza, religión y nacionalidad. Encontraron un pequeño resquicio en la propia ley que, al menos, les daba la opción de intentar escapar de su realidad para conseguir vivir en otra en la que las leyes les reconociesen como sujetos de derechos.

Los pasos a seguir para llegar a un país donde la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad no estén penadas son muchos y muy diferentes dependiendo del lugar de origen de la persona que pide asilo. Quienes soliciten protección en España tienen que hacerlo, según la información ofrecida por ACNUR, en los puestos fronterizos habilitados de entrada al territorio español, es decir, puertos o aeropuertos internacionales; en la oficina de Asilo y Refugio (OAR) en Madrid o en las oficinas de Policía autorizadas. Quienes se encuentren en CIES, deben ponerlo de manifiesto a la Dirección del centro para que se dé traslado de la petición en la comisaría correspondiente.

También hay que tener en cuenta el Reglamento de Dublín, es decir, la ley europea que establece los criterios para determinar el Estado de la Unión Europea que se responsabiliza de la solicitud de protección internacional. El país que estudia los casos será por el que la persona haya accedido a la Unión. No pueden elegir.

Ovil, refugiada bangladeshí transexual, en Lesbos (Grecia). CEAR

Si el solicitante de asilo lo ha hecho en un paso fronterizo o en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), las autoridades correspondientes estudiarán los casos de manera "rápida". Según la asociación de migrantes y refugiados LGTB Kif Kif –entre iguales– de la Comunidad de Madrid, a través de estas vías se contempla la posibilidad de "inadmitir a trámite" o "denegar" directamente las solicitudes en el plazo de cuatro días y la persona es devuelta a su país de origen. Si por el contrario quienes piden asilo lo hacen en una de las oficinas de Oficina de Asistencia al Refugiado (OAR), deben saber que el proceso se divide en varias fases. En la web de Kif Kif detallan este proceso y aseguran que es extenso en el tiempo, pues conseguir cita en la OAR resulta muy complicado porque puede llevar varios meses. La asociación aconseja preparar la entrevista inicial con la OAR, en donde preguntarán el motivo por el cual la persona pide asilo y esta tendrá que exponer su caso, algo que no les resulta nada agradable. Incluso desde ACNUR apuntan que algunas personas LGTBI necesitan apoyo adicional para relatar sus casos porque pueden presentar traumas, vergüenza, homofobia interiorizada o estar acostumbradas a ocultar su identidad de género.

Puede ser la explicación de que los casos de las personas que llegan a la frontera se resuelvan tan rápido y de manera negativa: no están preparadas mentalmente para contar a un desconocido su situación. En Kif Kif insisten que para que los solicitantes se sientan cómodos y puedan optar al asilo, deben contar con redes de apoyo, ellos mismos se ofrecen, y también con una "correcta orientación y respaldo por parte de los abogados". El expediente es fundamental para la aprobación de la condición de refugiado y si en él no consta la información primordial, puede que las autoridades responsables se inclinen por el no.

Tras la entrevista en la OAR, se supone que en un plazo no superior a un mes se informará si la solicitud ha sido admitida a trámite o no, en caso negativo deben explicar los motivos y el solicitante puede recurrir a la Justicia. Si la respuesta es positiva, las autoridades tienen un plazo de seis meses para estudiar el caso, aunque puede prorrogarse en el tiempo. ACNUR aclara que el procedimiento de asilo en España se encuentra desbordado — el pasado año el Estado español recibió 55.668 peticiones de asilo y sólo concedió 615, según el Ministerio del Interior — y las personas LGTBI lo sufren en particular. Mientras tanto, la OAR tiene que ofrecer documentación a quienes se encuentren en proceso de estudio y en este punto se pueden dar más entrevistas. Finalmente, las autoridades deciden si reconocer o no a una persona como refugiada, en caso de denegación estas también podrán recurrir.

Otro de los problemas que ACNUR pone sobre la mesa es el de la falta de formación de los profesionales que realizan las entrevistas a las personas LGTBI. "En algunos casos las personas que se encargan de realizar la primera entrevista pueden no haber recibido suficiente formación en técnicas de entrevista o en cómo tratar a estas personas y se pueden tomar datos de una forma que no es la más correcta. También en la oficina de asilo se han incorporado funcionarios nuevos que necesitan formación", argumentan desde la agencia.

Para la organización de la ONU queda mucho por hacer y por eso señalan que hay solicitantes de asilo que "pueden estar quedando fuera por un mal análisis de la información del país de origen, un análisis de credibilidad o porque no se hacen segundas entrevistas en profundidad". Sin embargo, consideran importante destacar que las nuevas autoridades y responsables de la oficina de asilo están "muy sensibilizados y receptivos con las personas LGTBI" y que están preparando materiales para "tratar de mejorar el enfoque y el estudio de los casos".

"Con disimulo se ahorrarían la persecución"

El profesor José Díaz Lafuente señalaba en su exposición el "escaso número de resoluciones favorables" y lo relacionaba con los estereotipos y con el denominado criterio de discreción. Es decir, que algunas autoridades deniegan el asilo porque aseguran que si la persona esconde su orientación sexual o identidad de género, puede vivir en su país sin que nadie le persiga. "Por ejemplo, algunos piensan que las personas bisexuales no tienen que optar al asilo porque pueden vivir siendo heterosexuales. Como si el sentir se pudiese controlar", expuso Díaz Lafuente.

La aplicación del criterio de discreción hizo que el Tribunal Justicia Europeo se pronunciase al respecto y sentenciase que vulnera el derecho de asilo. Según Díaz Lafuente, hasta 16 países de la UE aplicaban el criterio de discreción, entre ellos los Países Bajos, que en noviembre de 2013 llegó a preguntar al tribunal europeo si era "razonable esperar que, para evitar ser perseguida, una persona que solicita asilo oculte su homosexualidad en su país de origen". La Justicia europea determinó que no era "legítimo".

Ante la pregunta de si en España se sigue aplicando el criterio de discreción, en ACNUR argumentan que: "en general el enfoque y la actitud de las autoridades españolas es positivo, y el criterio de discreción quedó atrás hace años, aunque no quiere decir que siempre, en todos los casos, se valore adecuadamente la credibilidad".

Otra de las cuestiones que preocupan al profesor es la necesidad de demostrar que son perseguidos para que les concedan el asilo. En el caso de los refugiados LGTBI, hasta el año 2013 era imprescindible que probasen que en sus países eran hostigados, y por este motivo las denegaciones eran sistemáticas. En España para ser refugiado existen condiciones, entre ellas que los solicitantes no hayan cometido un delito, y si ser homosexual o transexual supone un castigo en algunos países, los solicitantes pedían asilo en vano. Además, acudir a unas autoridades que te persiguen para que reconozcan que lo hacen es algo impensable, pero la UE lo exigía.

A pesar de que la ley ya no ordena como requisito la persecución, desde ACNUR afirman que hay una tendencia en los estados —incluida España— a reconocer como refugiados a quienes hayan sido amenazados por sus países. Sin embargo, también indican que pueden solicitar asilo quienes deseen evitar una situación "que entraña un riesgo de persecución y su vida corre peligro".

Pero la prueba es la cuestión más compleja. Y es que algunos Estados han llegado a vulnerar los derechos humanos para cerciorarse de que alguien es homosexual, bisexual o transexual. En 2009, según una noticia recogida en El País, la República Checa sometió a un solicitante de asilo iraní a varias "pruebas" para demostrar su homosexualidad, entre ellas, el test falométrico, es decir, medían el volumen de sangre que fluía por su pene mientras le mostraban películas pornográficas heterosexuales. No era el único país, en Turquía realizaban pruebas de recto anal.

Asimismo, las pruebas que se piden son fotografías o vídeos para comprobar la pertenencia al colectivo LGTBI y si tenemos en cuenta que cuando alguien huye lo hace de forma desesperada y no repara en llevarse consigo imágenes, demostrarlo puede llegar a ser casi imposible. Por eso Díaz Lafuente aboga por la inversión de la prueba: "Si la persona demuestra un relato coherente, a las autoridades les toca demostrar lo contrario".

Desde hace más de cinco años el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta dirige las diligencias abiertas para intentar esclarecer las circunstancias de la muerte de al menos 14 migrantes de origen subsahariano la madrugada del 6 de febrero de 2014 cuando intentaban acceder a territorio español bordeando el espigón marítimo fronterizo del Tarajal. El juzgado ha tomado declaración a los dos primeros migrantes supervivientes como testigos, según informa Europa Press.

Se trata de una mujer y un hombre, que han aseverado que los guardias civiles les dispararon pelotas de goma y botes de humo cuando se encontraban en el agua. Según han explicado fuentes judiciales conocedoras del contenido de sus testificales, practicadas en ambos casos por videoconferencia, Liliane A., propuesta como testigo por la asociación Observatorio des Drets Humans (DRETS), ha asegurado que vio a efectivos de la Benemérita disparar tanto pelotas de goma como botes de humono, no solo desde las rocas del espigón, sino también desde una torre anexa, sobre los indocumentados que intentaban llegar a Ceuta a nado.

La mujer ha explicado que llegó hasta la línea de costa con un chaleco salvavidas artesanal fabricado con botellas vacías de agua y que, al adentrarse en el mar, varios migrantes le instaron a salir de nuevo porque la Guardia Civil había colocado una embarcación como barrera. En un determinado momento "perdió la consciencia" y la recuperó de vuelta en la orilla marroquí, por lo que ha reconocido no saber si algún compañero llegó a la playa española o no.

Este lunes, Hervé K., propuesto por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha declarado desde Madrid que aquella noche "unos quinientos" indocumentados residentes en los bosques próximos a Ceuta decidieron intentar acceder a la ciudad autónoma por la vía marítima en lugar de saltando las vallas. En grupos de alrededor de una docena de personas "para evitar a la Policía marroquí" se aproximaron hasta el vallado perimetral, donde emprendieron la carrera hacia la playa. Allí se arrojaron al agua y recibieron el lanzamiento, según su testifical, de "cartuchos rojos" y algo así como "botes de humo o gases" que "desconcertaron" a los migrantes. De acuerdo con su testimonio "dos embarcaciones" del Instituto Armado se dispusieron en el agua para impedir su avance.

Las Diligencias Previas 123/2014, que en febrero fueron declaradas causa compleja para disponer de 18 meses más de instrucción tras dos sobreseimientos derogados por la Audiencia Provincial de Cádiz, no incluían hasta ahora ningún testimonio directo más que el de los guardias civiles investigados por presuntos delitos de homicidio, lesiones y prevaricación.

Una testifical pendiente 

También incorporan las grabaciones de los sucesos de aquella madrugada y distintas pruebas periciales y el juzgado ha pedido al menos en tres ocasiones a Marruecos que le remita las autopsias practicadas a los cadáveres recuperados en su territorio, solicitudes que ni siquiera han tenido respuesta y que el magistrado de enlace español en el Reino alauita ha dado por hecho que nunca darán fruto. Actualmente queda una sola diligencia programada por practicar, la toma de declaración a otro superviviente que reside en Alemania. CEAR está intentado encontrar en Madrid a uno más que ha sido entrevistado en un medio de comunicación recientemente.

Antes incluso de escuchar a estos dos últimos testigos, la acusación particular ya creía que "de lo actuado y de los distintos informes que constan se desprende que el 6 de febrero de 2014 los agentes del operativo desplegado dispararon material antidisturbios contra las personas que se encontraban en el mar y resulta indiciariamente acreditado que a consecuencia de ello fallecieron al menos 14 personas, resultando otras tantas lesionadas y 23 ciudadanos extranjeros entregados a las autoridades marroquíes al margen de cualquier procedimiento legal".

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha desvelado este martes que el aparente lanzamiento de una serie sobre las maras —las pandillas violentas centroamericanas— es en realidad una campaña para denunciar el "nulo reconocimiento del derecho de asilo" en España de las víctimas que huyen de esta violencia, ha informado Europa Press.

La directora de CEAR, Estrella Galán, destaca que la situación de las víctimas de estas pandillas no es "una ficción, sino una realidad cotidiana para miles de personas de Centroamérica que viven en un miedo continuo a sufrir extorsión, violaciones, palizas tortura, y asesinatos". "Entendemos la decepción de quien esperaba ver hoy una serie, pero creímos que era necesario una iniciativa así", explica Galán.

El pasado 1 febrero, CEAR lanzó una campaña de difusión llamada Maras. Ver, oír y callar como si se tratara de la promoción de una serie. La iniciativa incluye una página web, perfiles en redes sociales, así como carteles en la calle.

Sin embargo, en el día del estreno, los miles de seguidores han podido descubrir que la serie no tiene actores, ni guion, ni efectos especiales. En su lugar, se han encontrado cinco historias con protagonistas verdaderos: cinco víctimas reales de estas pandillas violentas que vieron rechazada su petición de asilo en España y cuentan su historia en primera persona. "Maras no está basada en hechos reales, maras es una realidad", apuntan desde CEAR.

4.860 peticiones de asilo en 2018 y 15 ofrecieron protección

En El Salvador, Honduras y Guatemala viven "bajo el régimen de terror" que imponen las maras, con más de 10.500 asesinatos registrados en 2018 entre los 3 países, 29 al día, según relatan desde CEAR. De hecho, cada vez más personas de estos países buscan refugio en España, sumando un total de 4.860 solicitudes de asilo en 2018, aunque únicamente se resolvieron 320, de las cuales solo 15 ofrecieron protección internacional.

Con estos datos sobre la mesa, CEAR lamenta que España haya levantado "un muro invisible" a las personas de El Salvador, Honduras y Guatemala que huyen de la violencia de las pandillas, negando "de forma sistemática" sus peticiones de asilo. La resoluciones desfavorables en estos casos son, para CEAR, "contrarias" a las directrices del ACNUR y a repetidas sentencias de la Audiencia Nacional que han reconocido a las víctimas de las maras como personas refugiadas.

Cinco testimonios de víctimas

En esta campaña, para la que CEAR ha contado con la colaboración desinteresada de Globomedia (Grupo MEDIAPRO), se ofrece el testimonio de cinco víctimas que cuentan la realidad de asesinatos, violaciones, extorsión que sufren por parte de las maras.

Uno de ellos es Jonathan (nombre ficticio), quien relata que paseando por un parque fue interceptado por miembros de pandillas. "Yo iba con mi hija y fuimos víctimas de un atraco y, lastimosamente, mi hija fue víctima de violación sexual por estos miembros", narra, apuntando además que el grupo iba armado y la pusieron "boca abajo con el pie en la cara", impidiéndole hacer algo para salvar a su hija. "Si hacía algo me iban a matar e iban a matar a mi hija", apunta.

También Emily sufrió la violencia de estas pandillas. "Me dijeron: 'Queremos que te vayas de la colonia porque no soportamos verte acá, aquí no queremos maricones, aquí los maricones están prohibidos. Si no te vas, te vamos a ir a pelar al río, haz caso'", cuenta.

Marcos relata que unos pandilleros asesinaron a su hermano. "Yo conocí muchos, muchos niños que ingresaron a la pandilla a los doce años y ya habían asesinado a cuatro personas en tan solo una semana. Los pandilleros les ponen el arma en sus manos y se los llevan a asesinar gente que quizás no tiene nada que ver en pandillas", afirma. Así, expresa su confianza en que le den asilo en España porque no quiere volver a El Salvador.

España ha vuelto a batir un récord en materia de asilo. En 2018 rompió los registros con 54.065 solicitudes de asilo, de las cuales solo resolvió de forma favorable 1 de cada 4, es decir, el 24%. Tan solo un año antes el porcentaje fue del 36%. La tasa de admisión, de este modo, se situó "muy por debajo" de los principales países europeos de acogida, según lamentó este martes la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Nuestro país solo reconoció la protección internacional a 2.895 personas, de las cuales solo 575 obtuvieron el estatuto de refugiado, es decir, menos del 5% de las peticiones resueltas.

"Nuestra aplicación de la protección internacional es muy restrictiva", lamentó Estrella Galán, directora de CEAR, durante la rueda de prensa en la que se presentaron las cifras este martes en Madrid. Y con las cifras, añadió, se puede "desmontar el discurso perverso de que las peticiones de asilo suponen un coladero para miles de personas". 

Evolución de solicitantes de asilo en España.

"Solo el 24% de las solicitudes son admitidas favorablemente, por debajo de los principales países europeos de acogida —Alemania el 50% y Grecia el 49%—, lo que da una imagen negativa a la hora de aceptar refugiados", explicó Galán. Pero lo cierto es que, por otro lado, muchos expedientes continúan pendientes de una respuesta. Como denunció la organización, el número de peticiones que todavía hoy continúan a la espera de resolución es de 78.710. Es, por ejemplo, el caso de Jessica Cisneros, activista nicaragüense presente durante la presentación. 

"Desde CEAR reclamamos medidas para solventar este atasco en el sistema de asilo que se lleva acumulando en los últimos años. Esta situación pone en evidencia la necesidad de mayores medios materiales y humanos para garantizar tanto el acceso al procedimiento como su solicitud", añadió Galán. 

Resoluciones favorables y desfavorables en España.

Venezuela, el primer país de origen de los solicitantes de asilo

Por nacionalidades, la tónica fue la misma que en 2017. Una vez más, Venezuela fue el primer país de origen de los solicitantes de asilo en España. Fueron un total de 19.000. Les siguieron los colombianos (8.650), los sirios (2.775) y los hondureños (2.410). Pero al igual que fue la nacionalidad con más peticionarios de asilo, también fue la que registró el mayor porcentaje de solicitudes denegadas: 1.495 frente a 30 aceptadas. 

"Confiamos en que se aplique la propuesta anunciada por el Gobierno de conceder el permiso por razones humanitarias a buena parte de estas personas, pero también debe ser aplicable a los provenientes de otros países que lo requieran", instó Galán. 

Y es que llama especial atención el caso de los colombianos. En 2018 hubo, aproximadamente, 6.000 peticiones más que en 2017 a pesar del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las FARC en septiembre de 2016. Muchas, no obstante, son denegadas. El año pasado, 775. "Lo que alegan las autoridades para rechazar las solicitudes es esa supuesta situación de paz", explicó Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR. Pero el problema es que ese acuerdo de paz, en cambio, no soluciona el problema con grupos paramilitares que sí sigue presente, según añadió. 

Reconocimiento de asilo por país en España.

Nuevos obstáculos

Que se hayan resuelto tan pocas solicitudes y, a su vez, que muchas hayan sido denegadas, tiene una explicación. La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) está colapsada y necesita refuerzos, tanto materiales como humanos. Hay más solicitudes, pero las personas que tienen que resolverlas son las mismas. Resultado: el sistema colapsa. No obstante, fuentes del Ministerio del Interior aseguraron a infoLibre que la institución no se quedará al descubierto. 

"En julio se aprobó una oferta extraordinaria de empleo para 231 personas", explicaron a este diario fuentes de la institución. Hasta que eso ocurra, y para suplir la finalización de esos 94 contratos de interinos, se incorporarán otros tantos nuevos. Y en paralelo, habrá que mejorar el sistema informático, que data de 2006.

A esto se suman, además, las dificultades con las que se encuentra el sistema de acogida porque muchos municipios, denuncian, son contrarios a la instalación de centros de acogida en sus calles. Y desde CEAR lo han experimentado: todavía no han podido abrir el centro que pretendían instalar en Tres Cantos.

Pero también ha habido cambios normativos que han puesto trabas a los solicitantes de asilo. Desde el 1 de febrero de este año, España requiere el visado de tránsito aeroportuario a las personas palestinas, "un requisito que les impide desde entonces llegar a las fronteras españolas y solicitar ahí el asilo", explica CEAR. 

Los compromisos de acogida de refugiados por parte de España siguen estancados. Desde la puesta en marcha del programa de la Unión Europea para la reubicación y el reasentamiento, el Gobierno español ha acogido a 2.892 personas hasta el 24 de octubre, lo que supone que queda pendiente algo más del 80% del cupo comprometido, según datos oficiales. En el año 2015, los Estados miembro de la Unión Europea se comprometieron a reubicar y reasentar a 160.000 solicitantes de asilo en dos años, un plazo que expiró en septiembre de 2017. El Gobierno español, que se comprometió a acoger a 17.337 personas, ha recibido a 2.892, es decir, el 16,6% de la cuota pactada, por lo que todavía faltarían por llegar unas 15.000 personas.

"La obligación para los estados continúa porque las obligaciones del Consejo Europeo son vinculantes, así que la obligación de las cuotas que aceptaron los estados nunca han cesado realmente", ha argumentado en declaraciones a Europa Press Paloma Favieres, la coordinadora estatal del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que precisa que lo que expiró fue el programa de la Comisión Europea de reubicación.

Del total pactado con la UE (17.337), España se comprometió a reubicar a 15.888 personas que se encuentran ya en Europa. Desde 2015 hasta el 24 de octubre de 2018, España había reubicado a 1.359 solicitantes de asilo que llegaron por mar a las costas de Grecia e Italia. Este año han sido reubicadas desde Grecia e Italia un total de 31 personas, frente a las 721 de 2017, 589 de 2016, y 18 de 2015. Así pues, España ha cumplido menos de un 9% de la cuota de reubicación que le corresponde para asilar a las personas que ya están en terreno europeo.

Además de este recuento oficial, hay que añadir las reubicaciones sobrevenidas y "voluntarias" de inmigrantes y refugiados rescatados por buques de salvamento en aguas del Mediterráneo que desembarcaron en suelo europeo. En este cupo están los 74 migrantes que el pasado 4 de octubre llegaron a España desde Malta, tras ser rescatados este verano por el buque Aquarius y que el Gobierno se comprometió a acoger en virtud de dos acuerdos alcanzados con otros países de la Unión Europea.

Grecia, "abandonada" por la UE

Desde CEAR destacan que la agenda española está en el reasentamiento, en concordancia con la europea. "En este momento la agenda migratoria europea no está por seguir avanzando en la reubicación", ha manifestado, apuntando que "la reubicación ni está ni se la espera", mientras gana fuerza la idea de crear plataformas exteriores para desembarcar a los náufragos rescatados, el impulso de acuerdos de readmisión entre estados y la modificación de la directiva de retorno.

En declaraciones a Europa Press, Favieres ha reivindicado la necesidad de que se pongan encima las plazas de reubicación. "La situación en las islas griegas está fatal, la Comisión Europea ha abandonado a Grecia y hay gente atrapada. Es el peor campo de refugiados en territorio de la UE", ha subrayado. "La situación es terrible y ahí debería estar más el foco", ha insistido. En este sentido, Favieres ha expresado dudas acerca de que el Gobierno reactive la vía de la reubicación para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, que recientemente condenó a España por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas en tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia.

"Vamos a cumplir los incumplimientos de la administración anterior. Los compromisos están para cumplirse", aseveró el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras conocer el fallo judicial. De hecho, desde el Gobierno señalan que "ya están trabajando" con ACNUR y con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para ejecutar la sentencia.

Ovil ahora es consciente de que nació así y que no tiene culpa de ello, pero no era el modo en que afrontaba su transexualidad cuando a los 15 años, unos compañeros de colegio la violaron y su padre le dio una paliza por "haberlo provocado". Huyó de Bangladesh, donde la homosexualidad se condena a cadena perpetua, y llegó a Grecia pensando que en Europa, nadie la querría matar por serlo. Está atrapada en Lesbos tras "un muro de mentiras".

Este es el nombre de la campaña de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de la que se hace eco Europa Press, en la que se enmarca la difusión de la historia de Ovil, una de tantas que representan las consecuencias del "incumplimiento de los compromisos por parte de la Unión Europea", que ha dejado "a miles de personas atrapadas sin la posibilidad de rehacer sus vidas", en este caso, en las islas griegas.

La joven, que después de aquella agresión por partida doble intentó quitarse la vida, cuenta cómo encontró refugio en Internet, donde conoció a Osman, un chico pakistaní también amenazado por su homosexualidad, y comenzaron una relación. Acordaron fugarse, cada uno desde su país, rumbo a Europa. "Donde nadie nos mataría", dice en el vídeo.

Durante el viaje desde Bangladesh, pasó todo tipo de penurias, especialmente en Turquía, donde fue secuestrada y violada. Finalmente, cruzó el Mediterráneo y llegó a Lesbos y allí, en el campo de refugiados de Moria, encontró a Osman esperándola. Cuenta que llegó en shock y cuando por fin le vio, sólo pudo echarse a llorar.

El problema es que no sólo la legislación bangladeshí persigue la homosexualidad, también lo hacen muchos de sus ciudadanos y algunos estaban allí, en el mismo campo de refugiados de Moria. Ovil sufrió una nueva agresión y se vino abajo, trató de nuevo quitarse la vida. Junto a Osman, acudió a Acnur en busca de una solución, pero no había nada para ellos.

"El 20 de marzo de 2016 la UE firmó un acuerdo con Turquía. A partir de ese día las personas que llegaron a Grecia no pudieron solicitar la reubicación en otros países de la UE, quedando atrapadas sin saber qué iba a ser de sus vidas", explica CEAR.

Esta es la situación de Ovil en Grecia, donde ha optado por vestirse de mujer y salir a la calle con su pareja. "Me gustaría ir a España, porque he escuchado que respetan a las personas LGTB", dice. Ella, por ser de Bangladesh y no de Siria, de Eritrea o de Irak, no puede solicitar reubicación en otro país de la UE. A Osman, además, le han negado asilo en Grecia y está esperando el resultado de su apelación.

"Ovil lleva toda la vida huyendo de la persecución pero ahora su camino se ha interrumpido en una isla griega debido al 'muro de excusas' que ha construido Europa para no dar acogida a personas como ella", denuncia CEAR.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha celebrado este jueves en Madrid un encuentro con el lema Refugiados LGTB: ser, sentir, amar... huir, con el objetivo de dar a conocer la realidad de las personas perseguidas por motivos de orientación sexual e identidad de género, uno de los motivos "menos conocidos para solicitar asilo", ha informado Europa Press.

"Me pegaron dos tiros por ser un hombre trans, la sociedad exige que si una mujer nació mujer tiene que ser mujer. La sociedad no me aceptó y me pegaron dos tiros, entonces me tuve que venir a España", ha señalado John, refugiado LGTB colombiano de 43 años que llegó a España hace un año y que ha recibido el apoyo de CEAR, la Fundación Triángulo y el colectivo LGTB de Madrid.

Asimismo, ha añadido que tuvo que abandonar a su familia porque "no aguantaba más" estar en su casa por las "burlas" y el "rechazo". "Mi padre me puso una pistola en la cabeza y me dijo que prefería que fuera puta antes que lesbiana. Todo el mundo me rechazó y me recerró la puerta", ha lamentado.

John dejó de estudiar a los 17 años y empezó a trabajar como conductor, un gremio que, según cree, "es el más machista que hay a nivel mundial". "Tuve muchos problemas con la ley porque no concordaba que mis papeles fueran de una mujer y decían que eran falsificados. Cuando vi que ser transexual era algo terrible para el resto del mundo fue cuando empecé a sentir el rechazo", ha explicado.

"Duré diez años trabajando de conductor. Cuando pude cambiar mi nombre tuve problemas por ser un hombre transexual y por haber defendido quién soy, por eso me tuve que venir", ha comentado John, al tiempo que ha destacado que por ser LGTB le "rechazan en muchos sitios", pero que está "muy agradecido" a todos los que le han apoyado.

Para John, España es un país que le "gusta" y en el que hay "muchas oportunidades muy bonitas". "Soy una persona refugiada pero me gustaría ser un ciudadano de aquí, somos personas que queremos una oportunidad y que nos ayuden. Esto es parecido a cuando alguien sale de la cárcel y quiere empezar una nueva vida, que tiene que abrir puertas. Yo en España no conocía a nadie, venía con los ojos vendados", ha explicado.

Más de 70 países criminalizan por ley a personas LGTB

Con este encuentro, financiado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, CEAR ha denunciado que en "más de 70 países" criminalizan por ley a las personas LGTB, entre ellos ocho con la pena de muerte, y en muchos otros sufren agresiones y amenazas que "suponen un riesgo para sus vidas", por lo que, a su juicio, "debe considerarse un motivo de concesión de asilo".

Entre los países más peligrosos para las personas LGTB, la organización destaca Afganistán, Arabia Saudí, Gambia, Egipto y Ghana. En la misma línea, advierte de que resulta "particularmente alarmante" que como media nueve personas LGTB son asesinadas cada semana en América.

En España, CEAR ha atendido a refugiados LGTB de 81 nacionalidades y lamenta que, según un informe del Ministerio de Interior, los delitos homófobos aumentaron un 36 por cientodelitos homófobos el pasado año (de 169 en 2015 a 230 en 2016).

En Europa, la organización apunta que, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, siete de cada diez personas LGTB ocultan su orientación sexual o su identidad de género durante su etapa escolar. Asimismo, lamenta que uno de cada cuatro homosexuales o transexuales europeos "han sufrido agresiones o amenazas" en los últimos cinco años; y que dos de cada tres "tiene miedo a darse la mano con su pareja en público".

"La persecución por orientación sexual e identidad de género es un motivo de persecución por pertenencia a un grupo social determinado. Vamos a poner el foco en la intervención psicosocial, la acogida, el tratamiento más humano, en la necesidad que tienen las personas de hablar y en el acompañamiento jurídico durante todo el proceso", ha subrayado la directora de políticas y campañas de CEAR, Paloma Favieres.

Terror por ser devueltos a su país

Para la psicóloga de CEAR María Ángeles Plaza vivir una vida en libertad implica "el derecho a poder construir una identidad en libertad". "El hecho de que se les deniegue el asilo supone que no están creyendo lo que les ha pasado. Manifiestan terror ante la idea de ser devueltos a su país y surgen muchas ideas e intentos de suicidio", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que "muchas veces" las familias de los refugiados LGTB son un agente "más perseguidor que protector", por lo que ha hecho hincapié en la importancia del apoyo de agentes formales e informales "que puedan acompañarles en el proceso".

"El apoyo tiene que ser incondicional, nuestro trabajo es devolver la confianza y el vínculo. En CEAR hacemos un trabajo integral e interdisciplinar de acogida e inclusión y jurídico. Acompañamos para reconstruir un proyecto de vida desde el vínculo y el apoyo incondicional", ha explicado la experta.

Por su parte, el presidente de Acathi, Rodrigo Araneda, ha criticado que cuando se piensa en refugiados se piensa "en guerras, dificultades y problemas", pero "no en una persona con capacidades". "Eso no es un problema. Eso vulnerabiliza a la persona, le impide desarrollar los lazos que debería desarrollar porque no se le están reconociendo las capacidades", ha precisado.

"Las personas somos mucho más que simplemente LGTB, somos mucho más que una persona que viene de un país determinado, tenemos una historia. Si somos realmente una sociedad de acogida tenemos que saber qué le gusta al otro, si invitas a alguien y quieres que se sienta acogido tienes que saber qué le gusta", ha dicho Araneda.

"La pérdida de estas 49 vidas en nuestras aguas tiene que suponer un cambio inmediato, encaminado a ofrecer una vía segura a las personas que buscan refugio en España", ha señalado la secretaria general de CEAR, Estrella Galán.

Además, la organización reclama al Gobierno español que "de respuesta a esta situación con urgencia", y denuncia que las personas de origen subsahariano, "susceptibles de protección internacional", se tienen que "jugar la vida" en el mar mientras se les impide el acceso a solicitar asilo en las oficinas de Ceuta y Melilla.

109 fallecidos en 2017

CEAR asegura que el año pasado se registraron un total de 128 muertes de personas que trataban de llegar a costas españolas, y que, de confirmarse los 49 fallecidos, sumarían ya 109 muertes en el transcurso de 2017.

Por su parte, CCOO ha criticado la "inacción" de la Unión Europea y la "inhibición" de los estados miembros, al ser "incapaces" de habilitar mecanismos "legales, seguros, ágiles y eficaces" de llegada.

Asimismo, exige políticas públicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas, en las que se reconozca el derecho a prestaciones de seguridad social de todas las personas refugiadas.

Finalmente, el sindicato pide al Gobierno que, "lejos de anuncios vacíos y declaraciones huecas", cumpla sus obligaciones y asuma sus compromisos, "facilitando la acogida de personas refugiadas", de acuerdo con las cuotas asumidas en el año 2015.

Cruz Roja se prepara para la llegada de más gente

Por su parte, el responsable de Socorro y Emergencia de Cruz Roja en Málaga, Julio Pulido, ha informado de que se ha "cuadruplicado" el número de personas atendidas con respecto al año pasado. "No entramos en la gestión de las políticas migratorias, sino en la parte de la atención de unas personas que vienen con una vulnerabilidad altísima", ha señalado a Europa Press.

En la misma línea, ha destacado que, aunque este año "rompe con toda estadística posible", están "preparados para que pueda venir mucha gente". "En Málaga ya hemos atendido a más personas que cualquier año completo de los anteriores. Han estado llegando muchísimas personas incluso con mal tiempo", ha precisado Pulido.

El responsable de Cruz Roja, ha recordado que "alguna vez" han pasado tragedias "parecidas", con supervivientes y fallecidos, pero "no de tanta magnitud" como la del Mar Alborán, porque 49 desaparecidos "son muchas personas".

Por último, ha afirmado que Salvamento Marítimo está buscando "insistentemente" y con "todos sus medios" a los desaparecidos.

La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado , Estrella Galán, ha denunciado que 62.000 personas permanecen "atrapadas" en Grecia en condiciones "infrahumanas" y ha exigido al Gobierno español que cumpla su compromiso con los refugiados.

En este sentido, ha asegurado que la organización realiza un seguimiento de "todos" los resultados del Consejo de la Unión Europea, y que las "únicas" conclusiones que se recogen en los informes y que son públicas tienen que ver con "instar a los estados en la acogida de la cuota comprometida".

"Hay un compromiso adquirido por todos los estados que parece que están dispuestos a vulnerar y a saltarse", ha señalado Galán en declaraciones a Europa Press después de que diferentes miembros del Ejecutivo español hayan avanzado desde hace varias semanas que el número de personas preparadas para ser reubicadas es inferior al previsto, lo que implica que el número de reubicados por España sería inferior al incialmente comprometido.

Sin embargo, la secretaria general de CEAR ha afirmado que en estos momentos Grecia tiene "más de 62.000 personas atrapadas" en su territorio, en condiciones "infrahumanas", en campos de refugiados provisionales que se pusieron en marcha para "dar una respuesta de emergencia" y que "se han institucionalizado y quedado como campos oficiales".

"No podemos olvidar que Grecia pertenece a la Unión Europea, es un miembro más, y estos campos no cumplen con las mínimas que prevén las directivas europeas de acogida", ha precisado Galán, al tiempo que ha indicado que Europa "tiene una responsabilidad" y "debe sacar" a esas personas de allí "cuanto antes", porque están teniendo una situación de "deterioro de salud importante".

Además, ha lamentado que la "falta de actuación" de los estados de la UE está teniendo "graves consecuencias" y dejando en "muy mal papel" a Europa.

Por último, Galán ha destacado que España "debe ser capaz de asumir su compromiso en su totalidad", ya que 17.337 personas "representan un ínfimo en el global de la ciudadanía". "Tenemos capacidad, sólo hace falta voluntad, instrumentos, herramientas, y que haya una gran coordinación de todas las partes implicadas", ha concluido.

UGT pide soluciones

Por su parte, la Unión General de Trabajadore también ha reclamado al Gobierno en un comunicado que garantice los derechos de los solicitantes de asilo, resuelva las "miles" de solicitudes pendientes y defienda ante las autoridades de la UE el derecho de asilo y el cumplimiento estricto de las obligaciones internacionales, algo que, según UGT, "no está haciendo".

Asimismo, el sindicato ha criticado que los Gobiernos de los estados miembros "se han eximido" de sus obligaciones de reubicación y reasentamiento de refugiados, al "no cumplirlos, no poner los medios necesarios y no abordar como una prioridad ambos programas".

Por ello, UGT reclama al Ejecutivo español que "deje de poner excusas" y cumpla el compromiso mandatado por la UE. Además, exige que se garanticen los derechos de los solicitantes de protección internacional, que se redimensione el sistema de asilo para atender "adecuadamente" al número de solicitantes y que resuelva las "miles" de solicitudes pendientes.

Por último, considera "indispensable" que el Gobierno aborde la inserción socio-laboral del colectivo de solicitantes de protección internacional y refugiados, y defienda ante las autoridades de la UE el derecho de asilo y el "cumplimiento estricto" de las obligaciones internacionales, en lugar de "echar balones fuera".

Este martes 20 de junio, con motivo del Día Mundial del Refugiado, se ha inagurado en el CaixaForum de Madrid la exposición Tu Silla Su Refugio. La iniciativa ha sido impulsada por la actriz Inma Cuesta, en colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en ella han participado un total de 60 personalidades dentro del mundo del arte, la cultura, el deporte y el periodismo. Cada uno de ellos ha diseñado una silla a favor de la acogida de personas refugiadas en España.

"El mundo se ha convertido en un manicomio y en vez de construir puentes estamos construyendo muros que nos separan", ha lamentado Cuesta, que también ha agradecido a todas las personalidades por contribuir donando sus "preciosas" sillas.

Según infoma Europa Press,  la actriz ha animado a seguir haciendo "pequeñas cosas" para "cambiar un poco el mundo", y se ha mostrado "muy emocionada" por haber conseguido con esta exposición algo "tan hermoso" y "tan grande".

Además de Inma Cuesta, entre las celebridades que han colaborado en esta muestra solidaria destacan, entre otros, Alejandro Sanz, Belén Rueda, Paco León, Maribel Verdú, Iker Casillas, Mamen Mendizábal o Marina Anaya.

Por su parte, la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, ha declarado que con estas sillas las 60 personalidades expresan querer "acoger ya". "Yo sólo he sido un puente de estas 60 sillas que representan a las 60 personas que tienen que huir cada tres minutos. Queremos acoger ya, queremos que vengan", ha explicado.

"No hemos cumplido con el compromiso de acogida, quedan tres meses y parece que no vamos a llegar", ha advertido Galán, que también ha destacado que "parece" que no hay "mucha voluntad" para que ese compromiso se cumpla.

Durante la presentación de la exposición, la actriz Belén López ha interpretado junto a Añil Fernández la canción "Fueron sus zapatos", que han compuesto para esta iniciativa. "La única manera que tengo de reivindicar esta barbarie tan grande es a través de la música. Es inevitable pasar por alto este tema", ha comentado López.

Las sillas de la exposición, que estará abierta al público de forma gratuita hasta el 2 de julio, se subastarán con la colaboración de Catawiki hasta el 9 de julio, con el objetivo de apoyar la labor de CEAR en la acogida de refugiados en España.

Cada una de las sillas está relacionada con la historia de una persona refugiada en España, como es el caso de Eugenio, que huyó de Rusia al ser perseguido por ser homosexual. "Mi pareja y yo hemos pedido asilo en España, donde hemos encontrado muy buena gente. Hemos venido en plena crisis y hemos tenido la suerte de encontrar trabajo", ha dicho el refugiado ruso.

Asimismo, con el objetivo de animar a la gente a visitar la exposición, se ha instalado en la Plaza Callao de Madrid una Silla con Historia, en la que se podrá escuchar las historias de cinco refugiados, contadas por Inma Cuesta. Además, con el objetivo de buscar la máxima implicación, cada ciudadano podrá crear su propia silla digital.

El Gobierno incumple su compromiso de reubicación

La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán, ha pedido al Gobierno "un poco de responsabilidad" en su compromiso de reubicación y reasentamiento de refugiados y que "aterrice en la realidad", durante la inauguración de la exposición.

En respuesta al Gobierno, que señaló recientemente que algunos refugiados no cumplen los requisitos para ser reubicados, Galán ha señalado que esos discursos "no son ciertos" y que "en estos momentos no corresponden a la realidad".

Por ello, ha asegurado que los refugiados que se encuentran en Grecia e Italia "no eligen" dónde ser reubicados, y quieren "un lugar seguro donde empezar una nueva vida".

En referencia a los grupos de ultraderecha que han surgido en Italia para evitar la llegada de estas personas, Galán ha denunciado que las autoridades lo "único" que están haciendo es "sumarse al miedo". "Si realmente el discurso del miedo nos gana la batalla estaremos perdidos ante los Derechos Humanos", ha concretado.

"Se ha tratado de culpar a refugiados falsamente de situaciones de violencia y terrorismo", ha asegurado Galán, al tiempo que ha exigido medidas para evitar los movimientos xenófobos y la criminalización de las personas refugiadas.

La secretaria general de CEAR ha recordado que España ha acogido este año a cerca de 16.000 personas que han llegado de forma espontánea a la frontera, pero que "no todas ellas han conseguido protección internacional".

Asimismo, ha añadido que "sólo algo más de 300 personas" han conseguido el estatuto de refugiado y "algo más de 6.000" han recibido otro tipo de protección subsidiaria.

Por último, ha apuntado que, si no se es sirio, cuando se entra a España se tiene "muy pocas posibilidades" de recibir protección. "Hay muchos cómplices en el mundo de la misma violencia que hay en Siria y no están siendo contemplados por las autoridades españolas", ha concluido.

Empeoramiento de la situación en Grecia y los Balcanes

Más de 26.000 niños refugiados continúan atrapados en los Balcanes y en Grecia según ha denunciado la organización internacional Save the Children, que ha querido recordar "la terrible situación y las degradantes condiciones" de los menores con motivo de la celebración este martes del Día Internacional del Refugiado.

La organización ha denunciado la invisibilidad de estos menores ante las autoridades de los distintos países a lo largo de los miles de kilómetros que recorren huyendo de la guerra o de la pobreza, en muchas ocasiones sin sus padres u otros familiares.

Save the Children ha instado a España y a la Unión Europea a que establezcan vías seguras y legales para acceder a Europa, que incluyan reforzar y ampliar sus programas de reasentamiento y de admisión humanitaria, además de visados humanitarios, una mayor flexibilidad en los procesos de reunificación familiar y programas de becas para estudiantes.

El director general de la organización en España, Andrés Conde, ha denunciado la falta de rutas seguras y legales para llegar a Europa. "Muchos menores optan por alejarse de los sistemas de ayuda gubernamentales existentes y frecuentemente permanecen fuera del alcance de las organizaciones humanitarias, a veces manipulados o amenazados por los contrabandistas, lo que aumenta su invisibilidad y los riesgos de violencia, abuso y explotación", ha declarado Conde.

Save the Children estima que en los Balcanes hay unos 3.000 niños refugiados, más de 1.300 no acompañados, en riesgo de sufrir explotación y violencia y expuestos al tráfico de personas debido a las restrictivas políticas fronterizas y a los inadecuados sistemas de protección establecidos bajo el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.

En el caso de Grecia, el resultado del acuerdo entre la UE y Turquía es de 23.000 niños refugiados atrapados. La organización ha denunciado las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones de acogida para miles de familias y más de 5.000 menores, cuya salud mental se está viendo gravemente afectada. A largo plazo podrían padecer depresión, ansiedad, estrés postraumático y dolencias físicas como la diabetes o enfermedades cardíacas.

Así mismo, la organización ha alertado por las condiciones "de detención" en las que se encuentran los niños y niñas, instalados con adultos que no conocen. La situación, denuncia la organización, causa tal desesperación a los menores que se ven obligados a recurrir al contrabando y al tráfico de personas, la única salida para aquellos que desean escapar de los centros. En muchas ocasiones los niños terminan por sufrir explotación por parte de los traficantes, que los obligan a trabajar para recaudar el dinero suficiente para el viaje.

Además, Save the Children ha pedido al Gobierno español que cumpla antes del 26 de septiembre con el compromiso de reubicación ante la Unión Europea, ya que solo ha asumido un 7,5 por ciento de las 17.337 personas que se comprometió a acoger.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha denunciado este viernes, con motivo del Día Internacional del Refugiado, que se celebra el próximo día 20, que el Ministerio del Interior acumula 22.000 solicitudes de protección internacional pendientes de resolución, principalmente de personas procedentes de Ucrania y Venezuela.

"Hay una grave disfunción del sistema de asilo por el retraso del Ministerio del Interior", ha afirmado la directora general de esta organización, Estrella Galán, que ha alertado de que cada uno de estos expedientes se corresponden con "22.000 vidas en una espera imposible" y de que el sistema está "al borde del colapso".

Según indica CEAR en su último informe Las personas refugiadas en España y en Europa 2017, la Oficina de Asilo y Refugio  aplicó el "mal llamado" criterio de prudencia" para postergar la resolución hasta verificar cómo evoluciona el país, "una práctica muy preocupante", que han censurado ACNUR y el Defensor del Pueblo.

"Las solicitudes pendientes de resolución son un escándalo, que, además de perjudicar, desestabiliza el sistema. Es un ejemplo de mala practica a la que nos tiene acostumbrados Interior", ha aseverado la directora de Políticas y Campañas de esta organización, Paloma Favieres.

Para CEAR, es "esencial" que la OAR cumpla la obligación legal de resolver los expedientes de asilo en el plazo de seis meses para evitar "desnaturalizar" la protección internacional y llama al Gobierno a reforzar los recursos disponibles para reducir el tiempo de espera de estas personas, cuyo futuro depende de esta resolución, así como corregir las "disfunciones" en el sistema de acogida e integración de las personas refugiadas.

"Existen graves desajustes del sistema en disponibilidad de plazas y los itinerarios de integración", ha dicho Galán, que ha indicado que hay "muchas" personas que, tras acabar este itinerario, que dura entre 18 y 24 meses, no han visto aún resuelta su solicitud.

Según informa Europa Press, en su informe, esta entidad critica que el Ministerio del Interior aún no haya publicado su memoria estadística relativa a 2016, un hecho que se ha venido repitiendo en los últimos años y que "dificulta" el análisis y la elaboración de políticas.

Por su parte, el presidente de CEAR, Carlos Berzosa, ha reclamado un Pacto de Estado por el Asilo ante la "dramática" situación humanitaria que viven "miles" de personas que huyen de la guerra y la persecución en el mundo y que, actualmente, "ven negado su derecho" a obtener refugio.

En este sentido, ha señalado que este pacto debería servir para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de asilo, "más allá de los cambios políticos" y que el conjunto de las administraciones públicas se puedan implicar en las distintas tareas para ofrecer una acogida efectiva que favorezca la inclusión de los solicitantes.

"La respuesta de las autoridades españolas y europeas no se corresponde con este drama humano", ha subrayado Galán, cuya organización platea 12 medidas para asegurar el derecho de asilo, entre las que se encuentra aprobar un reglamento para la ley actual y contribuir a un Sistema Europeo Común de Asilo.

También plantea la necesidad de suprimir la exigencia de visado de tránsito en países en conflicto, como Siria, poner fin a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla y establecer vías legales y seguras como visados humanitarios.

CEAR reclama nuevamente a España que cumpla los acuerdos de reubicación y reasentamiento de refugiados —ahora se sitúa en el 8%, con 1.300 personas de las 17.380 comprometidas—, el desarrollo de un sistema de acogida más flexible y sostenible y un plan coordinado con el conjunto de las administraciones públicas y la sociedad civil.

En este acto, en el que se han puesto cifras al sistema de protección internacional de España, han intervenido Patxi y María Jesús, una pareja que participa en el acogimiento e integración en España de Naveed, un joven de Pakistán de 19 años, que estuvo casi dos en un campo de refugiados al sur de Lesbos.

CEAR le trajo de manera urgente a España para que le operaran de una mano engangrenada, a la que tuvieron que amputar los dedos. Tras un mes en el hospital, se acordó de Patxi, su amigo voluntario en el campo de refugiados, al que se acercaba para conversar pese a no hablar el mismo idioma. "Naveed", "CEAR", "Getafe" fueron las tres palabras que pudo pronunciar por teléfono para llamar su atención.

Patxi y María Jesús fueron a verle al centro de CEAR en Getafe, donde comprobaron que Naveed tenía las necesidades básicas cubiertas, pero reclamaba "apoyo, cercanía, afecto y una estructura familiar". Así lo cuenta esta pareja, que se fue acercando "poco a poco" al joven para crear vínculo.

Ahora se enfrentan a la segunda fase del proceso de integración. Naveed tiene que salir del centro de Getafe y ha decidido irse a vivir con ellos. "Aunque tiene a su familia en Pakistán y habla con ella a diario, él quiere ser nuestro hijo en España", confiesa María Jesús, que asegura que al principio le costaba que le llamase "mamá".

La secretaria general de CEAR, Estrella Galán, ha afirmado este martes que hay más de 60.000 personas refugiadas en campamentos en Grecia que no estarían sufriendo la ola de frío que azota a Europa en condiciones precarias si los Estados miembro hubiese cumplido sus compromisos de reubicación o al menos, los llevasen más avanzados.

"La ola de frío en Europa realmente lo que ha mostrado es la congelación que ha mantenido la propia UE a la hora de reaccionar para la acogida de estos refugiados. Si todos los Estados hubieran reaccionado para cumplir con sus compromisos y el acuerdo de reubicación pactado, ahora habría mucha menos gente sufriendo", ha declarado a Europa Press.

Galán recuerda que el compromiso adquirido era acoger en otros países de la UE a más de 180.000 personas refugiadas pero hasta la fecha, 9.709 han sido reubicadas desde Grecia e Italia y 13.887 reasentadas en suelo comunitario desde campos de refugiados en Líbano, Turquía y Jordania, cifras que "están muy lejos de lo acordado pese a que ha pasado año y medio desde que se adquirió el primer compromiso".

"Algo se está moviendo, aún insuficiente pero parece que algo se mueve en relación a la acogida de refugiados en Europa. Sin embargo, vemos que hemos perdido un año de oro que habría sido vital para miles y miles de personas que ahora pasan frío en Europa, y creemos que la Comisión Europea se tiene que ir planteando qué va a pasar cuando llegue julio de 2017 y los Estados no hayan cumplido con la cuota pactada. Mientras tanto, sigue en juego la vida de personas", afirma.

Pide "que las responsabilidades no se queden congeladas en Europa" y denuncia que la UE "ha convertido a Grecia en su gran campo de refugiados", algo que tacha de "inaceptable desde el paraguas de ninguna directiva europea ni bajo los parámetros que la UE se planteaba para dar cobertura a las personas refugiadas".

Para CEAR, es crucial habilitar vías legales y seguras de acceso a territorio para que los refugiados "no se queden atrapados en las trampas mortales en que se están convirtiendo las fronteras" y para cumplir los compromisos internacionales, que pasan por el acceso al derecho de asilo de cualquier persona que crea necesitarlo.

"En todo este tiempo hemos visto numerosos acuerdos entre los Estados con el unico propósito de alejar a los refugiados pero ni una propuesta para poner en marcha vías legales y seguras. El enfoque que la UE está dando es miope, cortoplacista y desenfocado, poniendo en el centro las prioridades económicas frente a los seres humanos que supuestamente, estaban en los valores fundacionales de la UE, esos que también se están ahogando en el Mediterráneo", ha sentenciado.