El ingenio de los narcotraficantes en España parece no tener límites, tal y como se ha visto esta semana en uno de los enclaves históricos para la venta de drogas: el poblado de Son Banya (Palma de Mallorca, Baleares). El territorio que en su día dominó con puño de hierro La Paca y que sigue siendo caldo de cultivo para dicha actividad fue escenario de una gran intervención policial y judicial que acabó con un negocio que mezclaba drogas y fútbol.

Para ello, sus responsables idearon un esquema criminal basado en el fervor de las personas por el Mundial de fútbol que se desarrolla en México, Canadá y Estados Unidos. Así, personalizaron una chabola para convertirla en la narcocaseta del Mundial, con imágenes de algunos de los integrantes de la selección como Pedri, Ferrán o Isco, y otros históricos como Raúl o Casillas como reclamo.

En su interior, todos los útiles precisos para la venta de estupefacientes, así como para su consumo, incluidas ofertas especiales de cocaína y heroína (llamada por ellos caballo) para los días de partido de la selección española durante el citado campeonato universal. Todo un atractivo para los drogodependientes.

Para poner punto y final a esa y a otras actividades ilícitas en el enclave, agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas por ser presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y a dos más por estar en busca y captura. Además, también actuaron el Ajuntament de Palma y la Policía Local en materia urbanística, apoyo imprescindible para derribar siete casetas que servían como puntos de venta, no solo la del Mundial, sino otras muchas, incluida una con los logotipos del Real Madrid y del FC Barcelona.

Con ese objetivo, agentes de la Policía Nacional en Palma llevaron a cabo esta semana un operativo policial en el citado poblado de Son Banya procediendo a la detención de cinco personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, consiguiendo desmantelar nueve puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Los especialistas de la Udyco llevaron a cabo la investigación en el poblado, donde varias organizaciones criminales explotaban la venta de sustancias con la construcción de las casetas, que son puntos de venta de droga pertenecientes a cada organización que se establecen en la explanada del poblado, formando un abanico para facilitar las transacciones con los compradores y no vincularlos con los domicilios.

Al infringir la normativa urbanística municipal, el Ajuntament de Palma y la Policía Local participaron en el operativo para demoler siete de las casetas, además de abrir al menos seis nuevos expedientes para actuar en el futuro en distintas partes del poblado.

Una vez con toda la información se estableció un operativo policial sobre las 9:00 horas del jueves, en el que se accedió al interior del poblado cogiendo desprevenidos a los vendedores y accediendo al interior de los puntos, localizando en el lugar diferentes sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana, heroína y hachís.

Varios de los vendedores intentaron huir del lugar corriendo y trataron de deshacerse de dinero y sustancias estupefacientes que arrojaron a una oquedad. Sin embargo, por la rápida intervención de los policías, fueron atrapados los presuntos autores que trataron de escapar.

En el dispositivo policial intervinieron agentes de la Udyco de Baleares apoyados por policías de la Brigada Provincial de Policía Judicial, así como la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica, Unidad Aérea con el helicóptero, así como el grupo de Conducciones.

Por parte de la Policía Local, intervinieron agentes de la Unidad de Intervención Inmediata, la Unidad de Seguridad Integral, la Unidad de Drones y la Unidad Motorizada.

De la misma manera, la Policía Local interpuso tres denuncias a conductores por carecer de ITV en vigor y otra más a un conductor por no tener el seguro obligatorio. Igualmente, los agentes denunciaron a un varón por transportar de manera ilegal, careciendo de licencia, a varias personas. También remitieron al juzgado de guardia un posible delito leve de hurto.

El resultado de la operación policial se saldó, además de con las citadas detenciones, con la intervención de más de 500 gramos de cocaína, cerca de 500 gramos de marihuana y hachís, diversas cantidades de heroína y de cocaína en base y más de 3.000 euros en billetes, así como diversos útiles necesarios para la venta de sustancias estupefacientes.

Este tipo de actuaciones que lleva a cabo la Udyco de la Policía Nacional se vienen desarrollando en los diferentes barrios de Palma, ya sea a través de informaciones propias, anónimas o quejas vecinales y tratan de dar respuesta a la demandas ciudadanas.

Estos dispositivos se refuerzan con actuaciones de las unidades de seguridad ciudadana de la Policía Nacional en diferentes barrios y zonas de ocio en un esfuerzo para luchar contra el tráfico de drogas.

La respuesta institucional a la protesta no violenta se está endureciendo en España y en buena parte de Europa. No se trata de que haya más violencia, sino de que la reacción del sistema —de policías, fiscales y tribunales— se ha vuelto más dura ante acciones que no son violentas: pintadas, pintura roja en puertas, bloqueos simbólicos de accesos o marchas silenciosas que interrumpen el tráfico.

En España, informes como los publicados reiteradamente por Amnistía Internacional, por Defender a quien Defiende (DqD) y los diagnósticos de organizaciones como la Associació Novact muestran un aumento de la represión y de las vulneraciones de derechos. Es un fenómeno global: a escala europea, el relator especial de la ONU sobre Defensores Ambientales, Michel Forst, y la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (Civicus) apuntan a una tendencia general hacia el cierre del espacio cívico y la criminalización de la protesta pacífica, con leyes más restrictivas en varios países de la UE.

Una jueza acaba de descartar penas de prisión para los activistas climáticos que, en marzo de 2023, mancharon con témpera roja diluida en agua —un material de uso común en colegios y actividades infantiles— la fachada de los leones del Congreso de los Diputados.

Con todo, el Juzgado de lo Penal n.º 10 de Madrid impuso una multa de 1.400 euros a cuatro de ellos por un delito contra el patrimonio y absolvió a otros cinco que también participaron en la protesta, pero de quienes no se pudo probar que arrojaran la pintura. Y eso que la fracción de la escalinata que se vio salpicada de rojo, más allá de su carácter simbólico, carece de protección patrimonial, porque ni siquiera forma parte del catálogo de bienes de interés cultural de la Comunidad de Madrid.

Lo verdaderamente llamativo, más allá de la sentencia, es que la Fiscalía pedía para todos ellos un escarmiento de un año y nueve meses de prisión, a pesar de que los acusados ya habían costeado los más de 5.000 euros que, oficialmente, costó la limpieza de la escalinata y los leones. “Para que sirva de prevención”, argumentó el Ministerio Fiscal.

Los activistas habían sido convocados por las organizaciones ambientalistas Extinction Rebellion, Rebelión Científica y Futuro Vegetal para concienciar sobre la alerta climática, protestar contra la pasividad del Gobierno y combatir la desinformación de los ciudadanos. Y no era la primera vez. 

En abril de 2022 ya habían pintado el Congreso con remolacha, entonces con la participación de 15 activistas, en una acción que también está en los tribunales, pero todavía pendiente de juicio. En otras ocasiones utilizaron el mismo método para señalar las sedes del PSOE, el PP, el Banco Santander y el Ministerio de Justicia.

El endurecimiento de la represión contra estas formas de protesta tiene el efecto colateral de enfriar el derecho de manifestación. Cuando la respuesta institucional se vuelve más dura, la gente se siente menos libre de protestar. Las personas pueden pensar que, si bloquean una calle o realizan una acción simbólica, acabarán afrontando cargos penales, penas de prisión o multas enormes.

El patrón tiene forma. Primero, las sanciones: multas altas por infracciones administrativas que no implican violencia, pero que pueden ser desproporcionadas. Segundo, las detenciones: intervenciones policiales que pueden incluir el uso de la fuerza o la amenaza de uso de la fuerza y que terminan en cargos penales. Tercero, las imputaciones penales: procesos que pueden llevar a prisión, multas o prohibición de manifestarse. Cuarto, los discursos políticos: cuando políticos, fiscales o medios de comunicación convierten la desobediencia civil en un problema de orden público o incluso de seguridad, y cuando se utilizan figuras de “terrorismo” o “crimen organizado” para describir lo que no son más que protestas pacíficas.

Violencia es cuando se utiliza fuerza real contra personas o bienes. La protesta disruptiva no violenta, en cambio, consiste en acciones como interrumpir el tráfico, bloquear accesos, hacer pintadas o teñir puertas con pintura, pero sin causar daños reales a personas. Es ahí donde se plantea el debate sobre si asistimos a una respuesta institucional desproporcionada que busca deliberadamente, como ocurrió con la petición del fiscal en el caso de los activistas climáticos del Congreso, desincentivar el derecho de manifestación.

Este caso es el ejemplo más reciente de una tendencia que documentan organismos nacionales e internacionales con cifras crecientes. La plataforma Defender a quien Defiende (DqD), que reúne a entidades como Irídia, Novact o el Institut de Drets Humans de Catalunya, registró 261 casos y 1.184 vulneraciones de derechos en protestas durante 2022 y 2023. El salto entre ambos años fue pronunciado. En 2022 se contabilizaron 83 casos y 314 vulneraciones. En 2023 la cifra subió a 178 casos y 870 vulneraciones.

El informe de DqD sobre 2025, cerrado en marzo de 2026, eleva la cifra a 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas. Supone un incremento del 66,7% respecto a 2024 y más del doble que en 2023.

Dentro de ese conjunto, el movimiento ecologista pasó a ser en 2023 el que acumuló más vulneraciones de derechos, por delante de la vivienda o el sindicalismo. Futuro Vegetal concentró 43 casos y 159 vulneraciones solo en 2022 y 2023, con 69 detenciones, treinta de ellas en un único mes, y 29 procedimientos penales abiertos.

DqD sostiene haber documentado además malos tratos durante las detenciones. Entre ellos, la negativa a ofrecer una alimentación adecuada a personas veganas y un trato con sesgo de género hacia las activistas. La propia Fiscalía llegó a incluir el ecologismo radical en el apartado de terrorismo de su memoria anual. Rectificó después, tras las críticas recibidas.

Junto a las sanciones y las causas penales, DqD describe un segundo nivel de respuesta, más discreto y tecnológico, con escuchas telefónicas e infiltraciones, en algunos casos mediante relaciones sexoafectivas deliberadas con activistas.

El delito contra el patrimonio histórico aplicado a los activistas del Congreso no es la única vía penal o administrativa que se utiliza contra la protesta en España. La reforma del artículo 557 del Código Penal, sobre desórdenes públicos, amplió el margen para perseguir penalmente cortes de tráfico, ocupaciones simbólicas o bloqueos de infraestructuras.

La Ley Mordaza —que sigue en vigor a pesar de las muchas promesas del Gobierno y de sus aliados para su reforma—, en concreto sus artículos 36.6 y 37.4, se ha convertido en una herramienta rutinaria de sanción. Según Amnistía Internacional, desde su entrada en vigor en 2015 y hasta 2024 se han impuesto más de 480.000 sanciones por infracciones de seguridad ciudadana, la mayoría por desobediencia o faltas de respeto a la autoridad.

A esas dos vías se ha sumado una tercera en los últimos dos años. La Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, asegura DqD, pensada para sancionar agresiones en estadios, se aplica ahora a banderas, camisetas o cánticos propalestinos.

Durante la Vuelta Ciclista a España de 2025, al menos 30 personas fueron detenidas y 108 recibieron expedientes sancionadores. Amnistía Internacional contabilizó 91 de esos expedientes basados en la ley deportiva, con multas de 300, 3.000 y hasta 60.000 euros, esta última en Pontevedra.

En Valladolid, la Fiscalía pidió un año y nueve meses de prisión, la misma pena que después reclamó en el caso del Congreso, contra cuatro activistas acusados de invadir el recorrido de la Vuelta. Dos de ellos afrontaron además un cargo de resistencia a la autoridad que elevaría la pena por encima de los dos años.

El patrón se repite fuera del ciclismo. En la Universidad de Sevilla, un estudiante que participó en un encierro pacífico contra los vínculos académicos con instituciones israelíes se enfrenta a un juicio con una petición de dos años de prisión. En Madrid, doce personas que realizaron una performance ante la Feria de Armas fueron multadas con 700 euros cada una por la Ley Mordaza.

Tres movimientos explican cerca del 60% de los casos registrados por DqD en 2025. La solidaridad con Palestina supone el 24,7%, la vivienda y la okupación el 17,6% y el antifascismo el 16%.

El movimiento propalestino acumuló el año pasado 94 casos, 420 vulneraciones y 353 personas afectadas en 2025, un 65% más que en 2024. En vivienda, DqD señala como caso paradigmático el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, que dejó a unas 400 personas sin alternativa habitacional.

El reparto de responsabilidades también queda recogido en el informe. Los cuerpos policiales concentran el 54,5% de las vulneraciones, con los Mossos d’Esquadra en el 25,8% y la Policía Nacional en el 22,6%, mientras que los actores privados ya suponen el 19,2%.

La represión de la protesta ha alcanzado también a quienes la cubren. DqD documentó que un fotoperiodista identificado como prensa fue alcanzado por un proyectil de foam de los Mossos d’Esquadra en Barcelona, y que activistas sentados en la estación de Sants recibieron gas pimienta sin previo aviso.

Michel Forst, el relator especial de Naciones Unidas para defensores ambientales, recoge un patrón equivalente de leyes generalistas, reformas penales y retórica alarmista en Austria, Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia y Dinamarca.

Forst ha documentado cómo responsables políticos y medios de comunicación de varios de esos países califican a movimientos climáticos de ecoterroristas o los presentan como una amenaza para la democracia. Cita también informes de fiscalías que encuadran a colectivos como Extinction Rebellion bajo epígrafes de terrorismo internacional o nacional, pese a reconocer que no emplean la violencia.

El relator detalla además legislaciones concretas. Entre ellas, la ley de eco-vandalismo aprobada en Italia y la norma británica que crea el delito de locking-on, consistente en encadenarse o ir equipado para hacerlo durante una protesta.

En el plano judicial, Forst observa un endurecimiento generalizado de las penas. En el Reino Unido documenta condenas de prisión de meses o años por bloqueos o marchas lentas, además de decisiones que prohíben a la defensa invocar el contexto climático ante el tribunal.

La fotografía no se limita a Europa. La también relatora especial de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, advirtió en 2024 de un ataque generalizado, sistemático e intensivo contra esos derechos en todo el mundo. Señaló que numerosos gobiernos instrumentalizan leyes sobre supuestos agentes extranjeros para perseguir a organizaciones sociales.

El informe anual de Civicus sobre el estado de la sociedad civil correspondiente a 2025 describe procesos de captura del Estado y una criminalización creciente de prácticas hasta ahora consideradas protestas legítimas. El texto señala un foco específico en activistas climáticos, defensores de derechos indígenas y colectivos como mujeres, personas LGBTIQ+ y migrantes.

El juez Juan Carlos Peinado sostiene en el auto por el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que la escoltan podrían llegar a facilitar una hipotética fuga. Ese argumento forma parte de la resolución en la que el magistrado acuerda retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio nacional y obligarla a comparecer dos veces al mes en el juzgado. Gómez, por su parte, ha anunciado que recurrirá la decisión, según han informado fuentes de su entorno a EFE.

Peinado adopta esas medidas cautelares tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares solicitaron medidas por riesgo de fuga. En su resolución, el juez subraya que "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida" y que el perjuicio para la acción de la justicia sería mayor en caso de que esa fuga llegara a producirse.

El magistrado sostiene que "el abanico punitivo, de penas privativas de libertad, que pudiera serle aplicado a las acusadas, es el comprendido entre las penas de dos años a 16 años". Ese argumento le sirve para justificar la existencia de riesgo de fuga y la adopción de medidas cautelares contra Gómez y contra su asesora, Cristina Álvarez.

Uno de los razonamientos más llamativos del auto se refiere a la escolta de la esposa del presidente. El juez recoge que la defensa de Gómez alegó que, por su condición de mujer del actual jefe del Ejecutivo, se encuentra acompañada y custodiada por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, Peinado rechaza que esa circunstancia elimine el riesgo de fuga, más bien al contrario.

"Lo que no cabe duda es que esos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", afirma el magistrado en la resolución conocida este sábado.

Peinado añade, además, que la condición de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es "efímera" y "transitoria", por lo que esa protección policial podría desaparecer. "Esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", señala el auto.

El juez extiende ese mismo razonamiento a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por su "estrecha vinculación personal" con ella y por haberla acompañado y coordinado sus actividades. A juicio del magistrado, Álvarez dispone de "una situación similar" a la de Gómez "a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado la "más enérgica queja" a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que contiene el auto de Peina "cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".

Para Marlaska, esas sospechas injustificadas alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

El ministro, máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, considera que se trata de "un hecho de máxima gravedad" y ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces que valore la adopción de las medidas que considere oportunas.

Justicia Policial (Jupol, el sindicato mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional) han emitido un comunicado en el que tilda de "barbaridad" que el juez justifique su decisión en el riesgo de que huya con la ayuda de su escolta. "Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales", afirma este sindicato en una nota publicada en X.

“Poner en duda su actuación [de los escoltas] carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”, añade. Por ello, considera “imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”. “La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos”, concluye.

Peinado envía a juicio a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También envía a juicio a su asesora por los mismos delitos.

Además, el magistrado sienta en el banquillo al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Este martes, 16 de junio, a las nueve y cuarto de la mañana, la Consellería de la Presidencia ha celebrado la segunda sesión de la mesa encargada del contrato para comprar 250 chalecos "antibalas, anticuchillo y antipunzón" para la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Xunta, la conocida como policía autonómica. Se trata de la reunión en la que los seis miembros de la mesa han comenzado a analizar las ofertas de las empresas que optan al contrato. Una de ellas es Guardian Homeland Security, el "representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar", en palabras de la propia compañía.

Apenas un año después de tener que dejar desierto el concurso por ausencia de ofertas, el departamento que dirige Diego Calvo reinició el procedimiento a mediados del pasado mayo por un importe prácticamente idéntico (227.498,15 euros, IVA incluido) y esta vez recibió tres candidaturas. Lo constató el pasado día 4, cuando abrió el apartado de documentación general de las ofertas, concedió tres días a una de ellas (la catalana Usis Guirao) para completar un formulario incompleto y admitió las otras dos sin necesidad de subsanaciones por cumplir todos los requisitos formales: Dotación y Equipamiento, S.L. y la citada Guardian Homeland Security.

En su portfolio empresarial, Guardian se promociona como "proveedor principal de productos de seguridad y defensa de fabricación israelí". En sus presentaciones públicas subraya que fue "fundada por antiguos miembros de los servicios especiales de seguridad del Estado de Israel", cuyo Ministerio de Defensa le concedió licencia de exportación hace dos décadas. Está inscrita en el Ministerio de Defensa desde 2010, en la OTAN desde 2011 y habilitada por el Ministerio del Interior desde 2018. El presidente de su matriz, Guardian LTD Israel, es el teniente general retirado de las fuerzas armadas israelíes Yom Tov Samia, según consta en el catálogo 26-27.

Especializada en "productos militares y policiales", pero también en la "impartición de cursos de seguridad en Israel y en España" y en formación y servicios en materia de "seguridad e inteligencia", Guardian no oculta su alineamiento político con las acciones militares de las actuales autoridades israelíes en el asedio a Gaza, incluso difundiendo propaganda al respecto a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, sus vínculos con el Ejército israelí son también obvios por ser representante de IMI Systems, antigua empresa pública israelí comprada en 2018 por la privada Elbit, cuyos productos son "intensamente usados por el ejército y unidades militares israelíes", promocionan.

Más allá de las connotaciones políticas o incluso éticas de las relaciones comerciales con esta compañía en el actual contexto internacional, en el caso de que Guardian resultase ganadora del concurso abierto por la Xunta, el contrato rozaría el terreno acotado desde finales de 2025 por el Gobierno de España en el Real Decreto "de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina". Como informó Civio, uno de los preceptos de esa norma prohíbe importar de Israel material de defensa que incluye chalecos y, según Guardian, sus "productos de protección balística" son "made in Israel". Cabrían matices, como aclarar si los materiales suministrados están almacenados en territorio español antes de la entrada en vigor de la norma.

La propia Guardian Homeland Security subraya también en sus materiales promocionales, además de esa fabricación israelí, que "en los últimos años" ha suministrado "miles de chalecos antibalas a la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército Español y policías locales y autonómicas", lo que la llevó a mantener "una línea exclusiva y adaptada a las necesidades del mercado español" de la marca Rabintex, cuyo uso por el ejército de Israel también explicita. Entre esas adjudicaciones hay al menos tres ayuntamientos gallegos: A Coruña (2021), Vigo (al menos, 2019 y 2023) y Ourense (2025).

Los chalecos de la Policía Local de Vigo son, precisamente, unos de los que la empresa emplea como muestra en su sitio web. En él también presenta media docena de empresas en Galicia (en A Coruña, Bergondo, Pontevedra, Redondela y Caldas de Reis) como parte de su amplia red de distribuidores.

Esos contratos municipales, que recibieron críticas de entidades defensoras del pueblo palestino, fueron anteriores al citado veto estatal. La medida fue aprobada por el Gobierno del PSOE y Sumar tras una amplia controversia pública por una millonaria contratación a IMI Systems para el suministro de munición al Ministerio del Interior, finalmente anulada.

Como recogió el Centre Delàs de Estudios por la Paz en un informe de 2019 recuperado en 2025 por El Periódico de Catalunya, durante años Guardian presentó como aval para sus productos contar entre su clientela con varios ministerios del Gobierno de España, la Agencia Tributaria, el Ejército o la Casa Real. También destacaba entonces a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías catalana, vasca y navarra, así como la Embajada de Israel en España.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. La confesión es de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Sus palabras confirmaron formalmente uno de los episodios más oscuros de la historia democrática reciente de España: la fabricación de un documento falso que acreditaba un pago ficticio de 272.325 dólares a Pablo Iglesias en un banco de un paraíso fiscal. Aquel papel nació en los despachos del Ministerio del Interior, viajó de la policía a los titulares de prensa y de los quioscos a los juzgados.

El caso de la falsa trama venezolana contra Podemos es el síntoma de una enfermedad estructural. Cuando las unidades de investigación policial abandonan su función de auxiliares de la justicia para convertirse en actores políticos y creadores de narrativas interesadas, el daño trasciende a la propia víctima del ataque. Se altera el funcionamiento de los tribunales y se contamina el flujo informativo, arrastrando tanto a jueces como a periodistas a un laberinto en el que los informes policiales ya no gozan de presunción de veracidad.

Entre 2012 y 2017, bajo el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), una estructura parapolicial operó sin control ni autorización judicial. El objetivo era doble: frenar el auge del movimiento independentista catalán y abortar la irrupción de Podemos en el escenario político.

En 2014, un grupo de 33 magistrados y juezas de Cataluña firmaron un manifiesto sobre el derecho a decidir. La respuesta del entramado policial fue inmediata: accedió a la base de datos reservada de la Policía Nacional para extraer fotografías de sus DNI y datos privados, que acabaron publicados en La Razón bajo el titular “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”. Este asalto llegó hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sentencia publicada el 27 de junio de 2022. El TEDH calificó las investigaciones internas de las autoridades españolas como “insuficientes” y fue explícito: “No hay otra explicación plausible sino que las autoridades permitieron que esta filtración tuviera lugar”.

El llamado caso Leire, que estos días acapara titulares, sobre todo en medios alineados con la derecha, no es un episodio aislado. Lo que se conoce hasta ahora lo retrata como la última vuelta de tuerca de un conflicto de años entre una parte de la Guardia Civil y los gobiernos de Sánchez, con la UCO como agente principal. Desde 2018 se han sucedido numerosos choques que han derivado en la percepción, cada vez más extendida, de que este cuerpo actúa como contrapoder frente al Ejecutivo.

El propio atestado sobre Leire Díez ilustra hasta qué punto esa palanca descansa en construcciones indiciarias. La UCO da total credibilidad a la versión de una intermediaria que presume de su relación con la directora de la Guardia Civil y, a partir de ahí, enlaza con expresiones como “supuestamente” o “previsiblemente” la apertura de tres investigaciones internas sin aportar datos objetivos adicionales. Esa cadena de hipótesis se traduce en sospecha política y en un relato mediático que presenta como hechos consumados lo que son, en términos estrictos, deducciones de los investigadores. O, como se ha puesto de moda decir ahora, “inferencias”.

Ni el juez Pedraz ha visto motivos para imputar a la directora ni las investigaciones internas han desembocado en sanciones. El conflicto acumulado, el eco mediático de los sumarios y la carga ideológica de parte de las asociaciones de agentes contribuyen a fijar en la opinión pública la idea de una Guardia Civil-ariete contra el Gobierno, alimentando un circuito en el que informes llenos de conjeturas terminan funcionando como munición pseudoperiodística.

El magistrado Joaquim Bosch, en conversación con infoLibre, distingue qué parte de un informe policial resulta jurídicamente relevante y cuál no. Lo relevante son los datos indiciarios verificables. En el caso Leire, esos indicios serían los mensajes de texto, los audios, las grabaciones de reuniones, los documentos —agendas, facturas— y los movimientos de dinero. Lo que no vincula al juez instructor, señala, son las valoraciones, hipótesis o frases llamativas de los informes al analizar esos indicios. “La policía puede realizar interpretaciones, pero no puede suplantar al órgano judicial, que es el que debe adoptar sus propias decisiones de forma independiente”.

Bosch reconoce que en ocasiones existe una incorporación judicial acrítica de esas hipótesis policiales “que no está justificada, por la insuficiencia de los indicios reales”. Pero sitúa el problema en las prácticas judiciales, no en la ley. “La ley dice claramente que los atestados policiales tienen el valor de denuncia. Por tanto, no vinculan al órgano judicial, que debe analizar críticamente esos informes, desde la perspectiva de que la propia función policial puede conllevar sesgos incriminatorios, por parte de quienes se esfuerzan en buscar pruebas para futuras condenas”. Son “prácticas judiciales —no procedentes de lagunas legales— que deben y pueden mejorar”.

El magistrado también advierte de que los tres casos más citados en este debate —Kitchen, los informes contra Podemos y el auto de Calama— no son equivalentes. “En el caso Zapatero sí que hay indicios de delito para iniciar una investigación penal, mientras que en los informes contra Podemos la actuación judicial fue más discutible jurídicamente”. Y recuerda que la UCO llegó a pedir el registro del domicilio de Zapatero con la finalidad de obtener más elementos indiciarios, pero el juez Calama no lo admitió. “En esas situaciones se pueden detectar esos dos planos funcionalmente distintos”.

Jordi Ferrer Beltrán, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona y director del máster de razonamiento probatorio, lleva tiempo advirtiendo de que en España los informes de “inteligencia” policial han adquirido un protagonismo político y procesal excesivo. Cuando se les atribuye valor probatorio, la policía invade el espacio que corresponde al juez en la interpretación y valoración de la prueba.

El problema no es la recopilación de indicios. El problema es cuando la policía selecciona el material, rellena lagunas, formula hipótesis y construye un relato fáctico cerrado, asumiendo un papel de valoración que es propio del juez. Esa operación arrastra riesgos concretos: sesgo de confirmación a favor de una hipótesis acusatoria, descarte de materiales potencialmente favorables a la defensa y relleno de lagunas probatorias con suposiciones derivadas de prejuicios o experiencias subjetivas de los agentes. 

Ferrer defiende que debe negarse valor probatorio al informe policial “en sí mismo” y reconocérselo solo a los elementos probatorios subyacentes —testimonios, pericias, documentos—, que deben incorporarse y ser valorados directamente por el órgano judicial.

Las cloacas del Estado entendieron con rapidez que un informe falso guardado en un cajón judicial carece de utilidad política. Para que el engranaje del lawfare surta efecto, requiere de altavoces mediáticos que difundan los documentos a gran escala, destruyendo la reputación del adversario antes de que cualquier juez pueda archivar la causa.

Durante los años más intensos de la llamada “policía patriótica" (2012-2014), cabeceras como El Mundo operaron de forma reiterada como instrumento para dar salida a informaciones sin contrastar contra líderes independentistas o dirigentes de la izquierda. A partir de 2015, coincidiendo con la consolidación de Podemos, la factoría del comisario José Manuel Villarejo encontró un nuevo vector en los pseudomedios digitales, singularmente a través de plataformas como okdiario.es.

Esta alianza ha dejado consecuencias para la profesión. Se ha consolidado un clima de impunidad: lo que se publica, aun siendo falso, no conlleva que las redacciones tengan que asumir responsabilidades deontológicas o penales. Al mismo tiempo, la proliferación de pseudomedios dedicados a alimentar el ruido digital con documentación policial manipulada dificulta la tarea de los periodistas de investigación rigurosos.

Cristina Monge, socióloga y colaboradora de infoLibre, señala que el rigor informativo es una condición previa a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia, "incompatible con las prácticas periodísticas que estamos viendo estos días en muchos medios de comunicación". Su diagnóstico sobre la cobertura actual es directo: "El condicional ha desaparecido de las frases y los titulares muchas veces dan a entender cosas que luego en el desarrollo del artículo no aparecen".

Monge añade algo que, a su juicio, “mucha gente no percibe suficientemente”. La filtración de informes de la UDEF y la UCO constituye en sí misma un delito. “Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos. El hecho de que se filtren ya desvirtúa la realidad, porque no son más que indiciarios, no prueban nada, lo que hacen es relatar indicios. A veces, incluso, se exceden”. Es cuando entran en el terreno de las especulaciones.

El problema, explica, no es solo deontológico. Es procesal. “En el momento en que esos informes se filtran, están generando opinión. Y es muy improbable que se pueda hacer un proceso con limpieza cuando la propia filtración de esos informes ya genera una opinión pública que difícilmente va a poder después desembocar en un juicio objetivo”. Otra cosa, matiza, son los sumarios que los jueces deciden hacer públicos y, por supuesto, las sentencias. “Pero esos informes policiales, en el proceso de instrucción en el que estamos ahora, nunca deberían ser públicos“.

Las consecuencias de todo esto no son solo procesales. Monge certifica que lo que está ocurriendo contribuye a la erosión de la confianza en el sistema democrático. Revertirlo, advierte, es complicado, porque “hay elementos que condicionan mucho la confianza institucional”. Y pone un ejemplo: “Cuando la economía va mal, la confianza se resiente, y cuando va bien, se recupera”, pero no al mismo nivel. “Lo que vemos en los últimos años es que, aunque se recupera cuando la economía va bien, no llega a los niveles previos al inicio del momento de crisis económica”.

La tendencia, por tanto, “es de empeoramiento” y eso tiene mucho que ver, explica, “con cómo se percibe que el Estado resuelve las crisis”. La confianza en el Gobierno y en el Parlamento en España, recuerda, “iba de capa caída desde el principio del siglo hasta 2018”. Pero ese año se produjo “un incremento de confianza tremendo. Un pico espectacular. ¿Con qué tiene que ver? Con la moción de censura. Ahí la ciudadanía percibió que la clase política estaba dando un puñetazo encima de la mesa contra la corrupción”. La lectura implícita es clara: de cómo reaccione ahora la clase política a la situación actual depende que en el futuro la confianza en las instituciones vaya a más o a menos.

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025, los ciudadanos califican con un 5,4 la confianza en la información de los medios. La ciudadanía, incapaz de distinguir entre información verificada y libelos de fabricación policial difundidos por portales de desinformación, tiende a meter a todo el espectro mediático en el mismo saco de la sospecha.

De aquí que la mayoría de las fuentes consultadas por infoLibre consideren imperativo restringir el alcance de los informes de las unidades policiales a su papel técnico y operativo. El atestado debe volver a ser un mapa de evidencias materiales, limpio de valoraciones jurídicas, conjeturas narrativas o valoraciones de intencionalidad que corresponden de manera exclusiva a los jueces y a la Fiscalía. 

Solo mediante un blindaje de la cadena de custodia de la información, el castigo penal efectivo de los funcionarios que utilicen los recursos públicos para espionajes políticos y una aplicación rigurosa de los límites de la prueba fáctica en los juzgados, así como de un modelo de comunicación que penalice la desinformación, se podrá rescatar la credibilidad de unas instituciones bajo sospecha.

“Fortalecer la calidad democrática de la institución policial”. Este es el principal argumento por el que desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP), actualmente sin representación en el Consejo, lleva años luchando para que los agentes de la Policía Nacional puedan afiliarse a sindicatos externos al cuerpo. Desde los casos de agresiones sexuales que han afectado a la cúpula de la Policía hasta las polémicas por las actuaciones de algunos agentes en diferentes manifestaciones, desde esta organización consideran imprescindible este paso para conseguir una Policía Nacional al “servicio de la sociedad”.

Esta semana se ha vivido un paso clave en esta lucha, gracias al apoyo público por parte de Comisiones Obreras y UGT a esta reivindicación. “Hacemos un llamamiento al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, explican en un comunicado conjunto.

La razón por la que desde la Policía Nacional no se les permite sindicarse viene del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical, que en su punto quinto recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, que en el caso de los nacionales les limita a solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo, según marca la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada  durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, la visión del SRP es diferente. El primer argumento a favor es que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

El principal punto a favor está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. 

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, a diferencia de la Guardia Civil, que sigue bajo el régimen militar.

Por esta razón, el SRP tiene ahora mismo dos líneas abiertas para conseguir su objetivo. Dos demandas judiciales después de que dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que pronunciarse a favor o en contra de la libre sindicación, mientras que la segunda está todavía pendiente de ser aceptada en el TSJ de Valencia. Por otra parte, se está impulsando una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados que se encuentra en tramitación.

De conseguirse, una de las mayores ventajas que plantean desde este sindicato, es que los representantes de los policías podrían sentarse en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y compartir las luchas por subidas salariales o más derechos junto al resto de funcionarios públicos.

Sin embargo, el hecho de que esta lucha se esté haciendo pública, ya está despertando los primeros rechazos dentro de los sindicatos que actualmente se encuentran en el Consejo de la Policía. JUPOL, uno de los mayoritarios, con actualmente cuatro representantes, denuncia que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”.

“Desde nuestra organización no podemos evitar pensar que detrás de este tipo de planteamientos existe también una clara intención política de ejercer un mayor control sobre las organizaciones sindicales policiales independientes, limitando la capacidad reivindicativa de los sindicatos profesionales que durante años han denunciado públicamente el abandono institucional que sufre la Policía Nacional”, describen desde el sindicato.

Por su parte el SUP, también con cuatro representantes en el Consejo, con una posición más moderada, muestra su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. 

“No obstante, creemos que el actual modelo de representación de la Policía Nacional responde a la singularidad de nuestra función y ha permitido que los policías estén representados por organizaciones especializadas que conocen de primera mano los problemas profesionales del colectivo”, explica su portavoz, Ana Alarcón, a infoLibre.

Añade que “el debate no debe centrarse únicamente en quién puede afiliarse a qué organización, sino en garantizar que la representación de los policías siga siendo eficaz, independiente y centrada en los intereses profesionales de los agentes”.

Desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que tiene dos representantes en el Consejo, consideran que este tema “abre muchos interrogantes”. “La ley orgánica de libertad sindical lo dice bien clarito: nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López. 

“¿Qué pasará con nuestro Consejo de Policía, ese mini parlamento que tenemos dentro del cuerpo donde los sindicatos ejercemos un papel importante? ¿Va a venir alguien de Comisiones o de UGT? ¿Esos consejeros tienen que ser policías o no?”, plantea. “Si se nos permite afiliarnos a sindicatos de clase, ¿tendrá la Policía Nacional derecho a huelga? Es decir, ¿habremos conseguido al final ese derecho que a día de hoy lo tenemos restringido?”, añade. En cuanto al CEP, con dos representantes en el Consejo, no quieren, por el momento, hacer comentarios sobre el tema.

“Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas”. Es el mensaje que ha dejado uno de los principales sindicatos de la Policía Nacional, la Unión Federal de Policía (UFP), tras la publicación del vídeo en el que se puede ver como una de las manifestantes, una profesora jubilada de 68 años, es empujada por la espalda por uno de los agentes mientras se encontraba en la calzada, lo que provoca su caída contra el suelo.

Una línea de apoyo que también han seguido desde otro de los sindicatos, la Confederación Española de Policía (CEP). “El derecho a manifestarse no es absoluto. Es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia. La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico”, han escrito en una publicación en redes sociales. Ambos mensajes, se han escrito como respuesta a las palabras de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en las que aseguraba que van a “investigar lo ocurrido”. 

“Tú no vas a investigar nada”, arremeten desde las dos organizaciones contra la representante socialista. Aunque los dos sindicatos con más representación dentro del Consejo de la Policía, JUPOL y el SUP, han mantenido en esta ocasión una posición más equidistante, toda la situación no ha hecho más que avivar la indignación de la sociedad. No solo se ha visto como un agente puede llegar a realizar este tipo de acciones sin grandes represalias, sino que recibe el apoyo de los sindicatos que les representan. 

Desde el Ministerio del Interior no se han querido pronunciar sobre lo ocurrido y han asegurado a este periódico que “no tienen nada que decir”, en respuesta a si van a realizar valoraciones de las palabras de estos sindicatos y si podrían tener alguna consecuencia. Lo que sí se ha conocido, es que desde la Dirección de la Policía Nacional se ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente al agente.

“Esto no puede quedar en una simple sanción”, denuncia Manuel Soler, portavoz del Sindicato Reformista de la Policía (SRP), que aunque actualmente no tiene representación en el Consejo, ha sido el único que se ha posicionado de una forma clara mostrando su rechazo a lo ocurrido en Valencia.

“Los sindicatos de Policía están sufriendo una pandemia ideológica hacia la ultraderecha para conseguir aglutinar al máximo de representantes a través de decir la burrada más fuerte”, explica. Una situación que está llevando a que “miles de agentes” que están en contra de estas actuaciones “no puedan alzar la voz”.

“Se está amparando una agresión brutal”, asegura Soler, que defiende que esta es una situación que “se tiene que cortar de raíz”. “Esto es gravísimo, porque no se puede despreciar e insultar a un cargo público de esa manera”, añade. “La población está preocupada y nosotros más”. Desde el SRP también quieren mandar un mensaje a la mujer agredida para expresar “su solidaridad” y que en este momento están estudiando para desplazarse y apoyar “a las personas que se están manifestando en Valencia”.

En esta misma línea se ha pronunciado la plataforma de Policías Antifascistas, nacida a principios de este año justamente para defender los Derechos Humanos y frenar “los continuos intentos de apropiación por parte del aparato de la extrema derecha” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España.

“Nosotros lo consideramos una actuación desproporcionada y es normal que desde el activismo se entienda que desde la Policía van con más contundencia contra determinados grupos”, explica en conversación con infoLibre uno de sus representantes, Adrián Rodríguez.

Denuncia que “hay una falta de contundencia por parte de los sindicatos en una situación claramente de desproporción, que lo único que hace es distanciar a los activistas con la Policía”. “Entendemos que el agente, ya sea en el juicio o en su expediente, tendrá que defenderse de la manera que mejor vea, pero es difícil entender que un sindicato defienda a priori esta actuación viendo las imágenes”, añade. 

“No puede ser una defensa ciega a un compañero por simplemente ser policía. Es tan fácil como pedir disculpas, porque todos podemos tener un día peor o cometer errores”, asegura. Sobre las palabras que han dirigido a Bernabé, defiende que “un sindicato se supone que está para defender los derechos de sus trabajadores, por lo que hacer un señalamiento tan claro contra un cargo político es otra ida de mano más”.

Una mujer camina con los brazos cruzados, camiseta verde y pantalones vaqueros. No va acompañada, su ritmo es pausado y parece observar con calma a quienes como ella han salido a la calle para defender la educación pública. En ese momento, un policía se abalanza sobre ella, empujándola por la espalda y tirándola al suelo. Las imágenes sobre lo acontecido acreditan que la docente no suponía ninguna amenaza, nadie a su alrededor estaba en riesgo y no existía un contexto de tensión. Pese a ello, el agente no duda en aferrarse a la porra y cargar contra ella.

La delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, tachó la escena de "inaceptable" a través de un mensaje en redes sociales. "Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades", añadió el mismo domingo. La Unión Federal de Policía (UFP) se apresuró a reaccionar: "Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación". No fue la única organización policial que ha respaldado públicamente al agente. Este mismo lunes, la Policía Nacional inició el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente.

La actuación policial, calificada de desproporcionada de forma casi unánime, ocurre una semana después de que la Ertzaintza cargara en el aeropuerto de Loiu contra los activistas de la Flotilla Global Sumud de solidaridad con Palestina. El grupo de activistas aterrizaba después de haber sido interceptado por las fuerzas israelíes y tras haber denunciado episodios de tortura por tratar de defender los derechos de los palestinos. 

Los voluntarios de la Flotilla recibieron golpes por parte de los agentes, algunos fueron expulsados a rastras y retenidos contra el suelo a la fuerza. La operación se saldó con varias personas heridas y cuatro detenciones. Aunque el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, habló en un primer momento de provocaciones por parte de los activistas, enseguida se comprometió a "aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar". El Ararteko, defensor del pueblo en Euskadi, abrió un expediente de oficio y centenares de personas se echaron a las calles para denunciar los abusos policiales y las conexiones entre la policía autonómica e Israel.

En este último punto se detuvo también Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados. En redes sociales, pidió que los responsables "rindan cuentas" y compartió un artículo sobre los vínculos entre la policía vasca e Israel: "Se trata de los mismos policías que han recibido contratos de seguridad israelíes por valor de 1,6 millones de euros, entrenados por antiguos agentes del Mossad y equipados con tecnología de vigilancia israelí", escribe el periodista Ahmed Eldin.

Ya en el año 2007, Amnistía Internacional advertía del uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En su informe Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos la organización hablaba entonces de los obstáculos para denunciar actuaciones policiales desproporcionadas, investigaciones deficientes y sanciones irrisorias. Amnistía señalaba ya en aquel momento que no se trataba de hechos aislados atribuibles a algunos agentes particulares, sino de un problema estructural.  

Con el paso de los años no han sido pocas las organizaciones que han mantenido fija la mirada en el uso de la violencia policial contra los movimientos sociales y en la criminalización progresiva del derecho a la protesta, con la conocida como ley mordaza como principal instrumento represivo. 

El informe Diagnóstico del derecho a la protesta, publicado anualmente por la organización Defiende a quien Defiende, advierte en su última edición que el año pasado se documentaron "diversas tendencias en lo que respecta al uso de la fuerza y del material antidisturbios por parte de los cuerpos policiales que dibujan un cambio de paradigma en la manera de reprimir la protesta". 

Entre las más preocupantes, los autores destacan casos de malas prácticas "en el uso del bastón policial", no solo a través de "golpes de arriba hacia abajo y el impacto en zonas vitales del cuerpo, sino que el número de fracturas óseas se ha duplicado". En gran medida, sostienen, "esta violencia policial se ha documentado en protestas propalestinas en distintos puntos del Estado".

El análisis también se detiene en el uso de material especialmente nocivo como las balas de goma para reprimir protestas, entre las que el año pasado destacaron la huelga del metal en Cádiz o las acciones de boicot contra la Vuelta Ciclista en Madrid. "Cabe resaltar la dimensión cualitativa del empleo de este material, aun cuando su utilización pueda considerarse excepcional, ya que se ha demostrado que puede causar lesiones de especial gravedad, incluidas mutilaciones e incluso la muerte". Pero, además, en el marco de todos los casos identificados de personas heridas con pelotas de goma, "en ninguno se ha condenado al autor material del disparo", salvo en el asesinato de Iñigo Cabacas. 

Al nombre de este último lo acompañan otros muchos grabados en la memoria de los colectivos sociales, como el de Ester Quintana, quien perdió un ojo con una bala de goma; Patricia Heras, víctima mortal del conocido como caso 4F, o Mame Mbaye, un joven migrante que murió de un ataque al corazón tras una persecución policial.

Al análisis global es preciso sumarle el caso concreto de la violencia racial, un debate enquistado en suelo español que este mismo año ha vuelto a la palestra, a raíz de la detención de Serigne Mbayé, exdiputado autonómico y secretario de Antirracismo de Podemos. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

"No son casos aislados, ni anomalías, ni errores". Habla Marco Fernández, portavoz del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Se trata de una cuestión estructural y sistemática" que se expresa de forma visible a través de "episodios graves de malos tratos", expone en conversación con infoLibre. El activista recuerda que el Estado español ha sido condenado más de una decena de veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar casos de tortura, "en más de la mitad con Fernando Grande-Marlaska como juez de la Audiencia Nacional", enfatiza. "Hablamos de actuaciones sistemáticas y que gozan de impunidad", porque detrás hay un "aparato que lo ampara", añade Fernández.

El activista sostiene que es sencillo refutar la tesis de que la violencia policial es excepcional, simplemente echando un ojo a la respuesta de las asociaciones al episodio registrado este domingo en València. "No solo justifican la agresión, sino que lo hacen incluso cuando existe un vídeo. Qué ocurrirá cuando no hay una cámara delante", desliza.

A los casos de violencia explícita se añade otra herramienta represiva que se ha multiplicado de un tiempo a esta parte: las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Son al menos trece en los últimos cuatro años. Se trata de agentes infiltrados en movimientos como las protestas por Palestina, las plataformas por la vivienda o las organizaciones independentistas.

Tres de esos agentes estuvieron infiltrados en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Es una forma más de represión, violencia política, control y acoso policial contra todo aquello que se escapa de sus márgenes", asiente Fernández. El activista recuerda que las infiltraciones no son un fenómeno novedoso, sino una práctica de largo recorrido para el control de las disidencias y los movimientos sociales. 

Coincide Paloma Linares. Ella pertenece a la organización Madres contra la Represión, donde otra agente de policía estuvo infiltrada durante años. "Era una persona muy conocida que llevaba participando en movimientos sociales desde hacía décadas", comparte al otro lado del teléfono. "Ni remotamente podríamos sospecharlo, era una compañera muy querida". 

Linares se pregunta los motivos por los que su organización pudo poner en alerta a las autoridades: "¿Qué actividad hacemos nosotras que sea ni remotamente peligrosa?", plantea. "Si nosotras hemos tenido a una persona infiltrada, cuántas más habrá". 

Esta "forma de represión" avalada por las instituciones no solo vulnera "los derechos fundamentales" de la sociedad organizada, sino que además lanza un mensaje aleccionador al resto de la población: "La gente tiene miedo, así que el resultado es que se desactiva la calle y la protesta", lamenta la activista. 

También Linares se revuelve contra la teoría de las manzanas podridas. "La violencia y la represión empeoraron con la ley mordaza y nunca desapareció", pero además se suma a la "violencia judicial" que ha recaído directamente sobre los hombros de activistas y sindicalistas, como ocurrió, cita, con Las seis de la Suiza, Los seis de Zaragoza o Los 16 de Berango. El problema, diagnostica Linares, es que "en este país no ha habido una depuración de las fuerzas policiales ni del poder judicial, no ha habido una purga de la herencia franquista".

El juez Santiago Pedraz ha imputado al comisario José Manuel Catalán, que fue alto cargo de la UDEF, en la causa donde trata de esclarecer si desde la cúpula policial cuando gobernaba el PP se impulsaron investigaciones irregulares y sin aval judicial contra Podemos y sus diputados entre 2015 y 2016.

Lo hace en un auto, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que emplaza al exjefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y a una funcionaria de Policía a declarar el próximo 25 de junio en calidad de investigados tras admitir un recurso del exvicepresidente Pablo Iglesias.

Iglesias, personado como acusación en el procedimiento, recurrió la negativa del juez de la Audiencia Nacional a admitir una ampliación de su querella contra ambos policías. Ahora el juez, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha reconsiderado su decisión y ha estimado el recurso de Iglesias.

Con sus citaciones, el abogado del ex secretario general de Podemos quiere aclarar la visita que realizaron estos dos funcionarios el 12 de abril de 2016 al consultado español en Nueva York, junto al ya investigado inspector jefe José Ángel Fuentes Gago para tomar declaración al exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea.

Según el escrito que remitió hace meses al juez Santiago Pedraz, el "propósito formal" de aquel interrogatorio era "obtener su ratificación sobre un supuesto documento que vincularía a miembros de Podemos con pagos del gobierno venezolano".

Pero, proseguía el escrito, "el verdadero objetivo" no era "la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio" contra Pablo Iglesias, otras personas del partido y la propia formación.

El abogado de Pablo Iglesias se basa en la declaración que prestó Rafael Isea en septiembre de 2025 ante la Audiencia Nacional, donde —según el escrito— "señaló numerosas irregularidades" del acta de la declaración que prestó en Nueva York, "manifestando su voluntad de no incriminarse reconociendo un documento cuya veracidad no podía asegurar".

El exlíder de Podemos sostiene que los ahora querellados "redactaron un acta oficial que omitió deliberadamente todas y cada una de las objeciones y dudas manifestadas" por Rafael Isea.

"Tras la manipulación del acta oficial se produjo su posterior filtración a medios de comunicación afines, generando un grave perjuicio a la reputación de Podemos y de sus dirigentes y cargos públicos", entre ellos Pablo Iglesias, añadía el escrito.

Entre los investigados en esta causa figuran el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, que hoy declara en el juicio del caso Kitchen que celebra la Audiencia Nacional.

La investigación de Pedraz se remonta a inicios de 2024, cuando el juez admitió a trámite una querella de Podemos que denunciaba la puesta en marcha, entre 2015 y 2016, de "investigaciones prospectivas" y "ajenas" al interés policial y al control judicial sobre Podemos y sus dirigentes para después filtrarlas a los medios y "desprestigiar" al partido.

Los clanes históricos que dominan amplias franjas del territorio suponen un serio problema para la seguridad y la tranquilidad del resto de los vecinos, pues intentan implantar sus propias leyes saltándose, en ocasiones, al propio Estado. Así ocurría en Font de la Pólvora y amplias zonas de Girona, tal y como relató este martes Narcodiario, y así sucedía también en Cantabria, hasta que la Policía ha logrado intervenir. Son tácticas que recuerdan mucho a lo que sucede en Italia con las distintas facciones mafiosas, y que cada vez se ven con más frecuencia en España.

Así, los agentes han desarticulado una organización criminal polidelictiva dedicada al tráfico de drogas, extorsiones, robos, maltrato animal y blanqueo de capitales, entre otros hechos ilícitos, con base en Torrelavega y otras localidades cercanas. La Policía ha detenido a 33 personas y ha bloqueado más de un millón de euros en bienes y activos vinculados a la actividad criminal como 118 cuentas bancarias, 27 propiedades y 110 vehículos.

En el operativo, desarrollado de forma simultánea en Torrelavega, Cartes y Barreda, participaron más de 400 agentes y se practicaron 26 entradas y registros donde incautaron dinero, drogas, gallos de pelea y diversas armas.

La investigación, dirigida por la Fiscalía y la Autoridad Judicial de Torrelavega, se inició en 2025, tras tener conocimiento de la existencia de un grupo criminal ubicado en esta ciudad y que estaría organizando peleas ilegales de gallos. A partir de ese momento se inició una compleja investigación multidisciplinar que se prolongó durante más de un año y medio.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron constatar que la organización no solo se dedicaba a este tipo de actividades ilícitas relacionadas con el maltrato animal, sino que mantenía una intensa actividad criminal en múltiples ámbitos delictivos que llevaba años afectando gravemente a la seguridad y convivencia ciudadana.

Los integrantes del grupo habían dado recientemente un salto cualitativo en su peligrosidad al comenzar a hacer uso de armas, llegando incluso a protagonizar enfrentamientos que pusieron en peligro la vida de terceras personas.

La investigación permitió acreditar que la organización ejercía un fuerte control e intimidación en determinadas zonas de la ciudad, llegando en ocasiones a amenazar y amedrentar a vecinos si no se sometían a sus imposiciones. Asimismo, los investigados se aprovechaban de la dependencia generada por las sustancias estupefacientes que ellos mismos distribuían para utilizar a consumidores como autores materiales de distintos delitos contra el patrimonio, obteniendo posteriormente los beneficios económicos derivados de los robos y hurtos cometidos por encargo.

Con el dinero obtenido de estas actividades delictivas, la organización habría generado un patrimonio superior al millón de euros, a pesar de que algunos de sus miembros carecían de actividad laboral conocida. Parte de los bienes incluso figuraban a nombre de menores de edad con el objetivo de dificultar su localización y embargo.

Una vez reunidos los indicios necesarios y ante la creciente alarma social generada por la actividad delictiva del grupo, se llevó a cabo la explotación de la operación policial durante la madrugada del pasado miércoles.

El dispositivo se inició a las cinco de la mañana con la ejecución simultánea de 26 entradas y registros en Torrelavega, Cartes y Barreda, en los que participaron más de 400 efectivos pertenecientes a distintas unidades especializadas de la Policía Nacional, incluidas las excavadoras y robots de los Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) que ya se vieron recientemente en operaciones antidroga en Galicia.

Durante los registros, los agentes intervinieron más de 10.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes —entre ellas cocaína y hachís—, armas como una catana, navajas y un bate de béisbol, así como útiles empleados para el maltrato animal, 40 teléfonos móviles y 32 piezas de oro.

También fueron localizados 53 gallos de pelea que presentaban distintas lesiones –seis de ellos fallecidos– descubriendo además que contaban con cintas de correr para fortalecer a los animales.

Paralelamente, gracias al trabajo desarrollado por las unidades especializadas en investigación económica, se procedió al bloqueo de 118 cuentas bancarias pertenecientes a 51 investigados, así como a la prohibición de disposición sobre 110 vehículos y 27 propiedades inmobiliarias. Actualmente, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni más detenciones.

Un agente de la Policía Nacional, suspendido de empleo y sueldo desde hace un año, fue detenido este viernes tras haber sido señalado por un intento de sumisión química contra una mujer en un contexto de ocio. Tan solo un día después, fueron hallados tres cadáveres en lo que se investiga como un nuevo caso de violencia de género. El principal sospechoso es un agente de la Guardia Civil que habría acabado con la vida de su mujer y su hijo. Y también el fin de semana fueron detenidos tres policías canadienses como presuntos autores de una agresión sexual en Barcelona.

La acumulación de casos de violencia machista con agentes de la autoridad involucrados hace saltar las alarmas de quienes llevan tiempo advirtiendo sobre la violencia estructural que se instala en los cuerpos de seguridad y sobre su impacto en la vida de los grupos más vulnerables. La reflexión en torno a la violencia ejercida por las fuerzas del orden cobró especial relevancia tras la denuncia contra el exjefe de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez, pero no es la primera vez que la lupa se sitúa sobre aquellos a quienes se presupone garantes del bienestar de las mujeres.

El Ministerio del Interior no cuenta con un registro concreto sobre el número de asesinatos machistas cometidos por agentes en activo o retirados, según confirman fuentes del departamento a infoLibre. No obstante, algunos casos han ido trascendiendo mediáticamente. En los últimos tres años han sido al menos siete los feminicidios perpetrados a manos de miembros de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, una cifra de peso teniendo en cuenta que los agentes y los militares apenas representan en torno al 0,7% de la población.

Pero no solo se trata de los crímenes mortales. El año pasado, seis agentes de policía fueron investigados por acceder al sistema de seguimiento VioGén para consultar información privada sobre una víctima que resultó ser la expareja de un compañero denunciado por malos tratos. Y hace cinco años, el Tribunal Supremo condenó a un agente de policía por espiar a mujeres que conocía por internet para así chantajearlas.

A nivel interno, la Policía Nacional cuenta desde hace un lustro con un protocolo de actuación contra la violencia machista, en funcionamiento desde principios de 2022. "El procedimiento se inicia cuando tiene lugar la apertura de un atestado policial o procedimiento judicial por violencia de género", indican fuentes de Interior. Los casos registrados han pasado de 61 a 121 en cuatro años, si bien no siempre el agresor es policía.

No es casualidad que el sector policial sea el segundo más señalado por las mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia institucional machista, solo por detrás del judicial. Según los datos recopilados por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) en su segundo informe, el año pasado la policía fue reportada por el 11,5% de las mujeres encuestadas como una institución especialmente violenta. "Este dato confirma la relevancia de analizar el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los itinerarios de protección frente a las violencias machistas", concluyen las expertas. 

El problema no es exclusivo de España. En marzo de 2020, el Centro para la Justicia de las Mujeres (CWJ) presentó una denuncia formal alegando que las fuerzas del orden en Reino Unido no estaban respondiendo adecuadamente a los casos de violencia doméstica en los que estaban implicados agentes de la policía. Un informe oficial publicado hace dos años constató que las víctimas tienen miedo a no ser creídas o a que la policía tienda a proteger a sus compañeros en casos de violencia machista con agentes involucrados. El mismo estudio concluye que algunos agresores utilizaron su posición, sus conocimientos y su poder para intimidar a la víctima o disuadirla a la hora de denunciar. 

Cuando la violencia de género echa sus raíces en entornos con agentes de las fuerzas de seguridad implicados, entran en juego elementos determinantes para las mujeres: no solo opera una desigualdad de poder propia de la violencia machista, sino también una posición institucional de ventaja para el agresor, marcada por el manejo de armas de fuego, el acceso a datos sensibles, el conocimiento del sistema, el ejercicio de una autoridad desmedida y la presencia de redes corporativas que dificultan la denuncia. 

Pero el análisis de las dinámicas propias de los cuerpos policiales pasa necesariamente por el estudio de su estructura, origen y funcionamiento como institución. "Los actos de discriminación en los cuerpos de seguridad, o su habitual uso excesivo de la fuerza, no son realizados por ovejas negras que pueden ser identificadas y expulsadas redimiendo así a las fuerzas del orden, sino que están institucionalizados, forman parte constitutiva de las actuaciones policiales", escribe la investigadora Nuria Alabao en este artículo.

Tatiana Romero, historiadora y activista antirracista, comparte diagnóstico y parte de una base concreta: "La función de los cuerpos de seguridad es ejercer la violencia de la que el Estado mismo tiene el monopolio. El nacimiento de la policía está totalmente relacionado con el disciplinamiento de los cuerpos y por tanto hablamos de personas cuyo hacer cotidiano es el ejercicio de la violencia". Si su función formal pasa por el "ejercicio de la violencia como núcleo de su trabajo, lo extraño sería que fuera de ahí no fuesen violentos", expone al otro lado del teléfono.

El debate sobre la violencia como herramienta propia de las fuerzas policiales ha estado tradicionalmente presente en lo que respecta al trato hacia las personas migrantes. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

Este análisis está íntimamente relacionado con el ejercicio de la violencia machista en el ámbito privado. "Desde una perspectiva feminista antirracista y anticolonial los cuerpos de seguridad del Estado jamás serán un aliado porque son los mismos que históricamente han ejercido y ejercen violencia hacia las comunidades migrantes y racializadas, tanto mujeres como hombres, personas trans y disidencias sexuales", escribe en este texto la doctora en Derecho y Ciencias Políticas Florencia Brizuela.

Tatiana Romero añade que la Policía como institución no solo no ha pasado por un proceso de democratización, sino que además está atravesada actualmente por una total "ausencia de control", producto de un proceso de "fascistización de la reproducción social", lo que conlleva, según ella, un "ejercicio desmedido de la violencia en sus funciones". En ese contexto, continúa la historiadora, la "impunidad" normalizada en cuanto al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad resulta especialmente nociva, porque los agresores "van a entender que esa impunidad es extensible a la violencia que ejercen en sus ámbitos privados". 

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango ha salido en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le ha impuesto la jueza, tras tomarle declaración como investigado por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre Isak, en 2024.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tal y como solicitaba la Fiscalía, la titular de la plaza 5 de instrucción del Tribunal de Instancia de Martorell (Barcelona) ha fijado una fianza de un millón de euros al investigado, además de retirarle el pasaporte, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

En apenas minutos, tras notificársele el auto de la jueza instructora, Jonathan Andic ha consignado, por transferencia, el millón de euros de fianza y ha salido en libertad de los juzgados, acompañado de su abogado, Cristóbal Martell.

Ambos han abandonado las dependencias judiciales en un taxi, tras pasar por un cordón que habían habilitado los Mossos d'Esquadra para separarlos de los numerosos medios de comunicación que se agolpaban a las puertas de los juzgados de Martorell.

En su comparecencia ante la jueza instructora, el hijo del fundador de Mango se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado. Antes, se había negado a declarar ante los Mossos d'Esquadra en las dependencias policiales.

La jueza ha tomado declaración al sospechoso tras levantar el secreto de sumario de la investigación, lo que le ha permitido conocer las pruebas que le incriminan en la causa, que está abierta por un delito de homicidio.

El fundador del imperio de moda Mango, el hombre más rico de Cataluña, falleció el 14 de diciembre del año pasado, al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), una ruta sin grandes dificultades que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales, entre ellas las declaraciones de familiares y miembros del entorno de la víctima y el detenido que fueron interrogados como testigos por el juez instructor.

Tras la reapertura de la causa, los Mossos d'Esquadra dieron un nuevo impulso y centraron sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Desde entonces, la policía catalana ha estado analizando el registro de llamadas telefónicas y los mensajes del móvil de Andic y ha estado trabajando para recuperar algunos que habían sido borrados meses antes, en busca de indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango.

Los Mossos basan sus sospechas en ciertas incongruencias que apreciaron en las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic tras la muerte de su padre -por ejemplo sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión- y en las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que han negado de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que han sido interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango, según fuentes cercanas al caso.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es que, al parecer, antes de salir de excursión por Montserrat el detenido pidiera al escolta que habitualmente se encargaba de la seguridad de Isak Andic que los dejara solos con el pretexto de que tenía que hablar en privado con su padre.

Entrar en un pub irlandés, escocés o inglés en la Costa del Sol sigue siendo, para muchos, una forma de viajar sin salir de Málaga. La ambientación, la música, las retransmisiones deportivas y hasta la forma de relacionarse reproducen fielmente el ambiente británico, lo que explica que buena parte de la comunidad extranjera los convierta en su punto de encuentro habitual. Para quienes han crecido en la provincia, esta mezcla cultural no resulta extraña: forma parte del paisaje cotidiano desde hace décadas y ha terminado por integrarse en la identidad social de la zona.

En localidades como Fuengirola, Benalmádena o Marbella, estos locales no solo funcionan como bares, sino como auténticos centros sociales donde se comparten costumbres, idiomas y estilos de vida. Muchos expatriados encuentran en ellos un entorno familiar que reduce la sensación de estar lejos de su país. Incluso algunos negocios han adaptado su oferta para fidelizar a este público, con cartas, horarios y servicios pensados casi exclusivamente para clientes británicos o irlandeses.

Sin embargo, más allá de esa imagen turística y aparentemente inofensiva, estos establecimientos también han despertado sospechas durante años. Su elevado volumen de ingresos en efectivo, la rotación constante de clientes y la dificultad de rastrear determinadas operaciones los convierten en espacios potencialmente atractivos para actividades ilícitas. Entre ellas, el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico o de otras actividades delictivas ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades.

En este contexto, la reciente operación contra el clan Lyons ha vuelto a poner el foco sobre esta realidad. La detención de Steven Lyons supone un golpe relevante dentro de una investigación que llevaba tiempo en marcha. Este movimiento no solo tiene un valor operativo, sino también simbólico, al evidenciar la intención del Ministerio del Interior de actuar con firmeza frente a organizaciones criminales extranjeras asentadas en España.

El clan Lyons, con origen en Glasgow, no es una estructura desconocida en el ámbito policial europeo. Durante años ha protagonizado enfrentamientos, investigaciones y procesos judiciales en Escocia, consolidando una reputación ligada al crimen organizado. Su salto a la actualidad española se produjo tras el doble asesinato ocurrido en Fuengirola el 31 de mayo de 2025, un episodio que atrajo la atención mediática y que marcó un antes y un después en su actividad en la Costa del Sol.

A partir de ese momento, la Guardia Civil, especialmente a través de la Unidad Central Operativa (UCO), intensificó sus esfuerzos para analizar la presencia y las operaciones del clan en territorio nacional. Las investigaciones han revelado un entramado complejo que habría permitido el blanqueo de más de 50 millones de euros en España. Este dinero se habría canalizado mediante una combinación de negocios de hostelería, principalmente pubs, y una red de inversiones inmobiliarias construida a lo largo de los años.

Se estima que la organización controlaba al menos una docena de establecimientos en la provincia de Málaga, además de propiedades adquiridas a nombre de terceros. El uso de testaferros y sociedades interpuestas habría sido clave para dificultar la trazabilidad del dinero y evitar la detección por parte de las autoridades.

Este tipo de estructura no es nueva en el crimen organizado, pero su implantación en entornos turísticos internacionales como la Costa del Sol añade un nivel adicional de complejidad.

El atentado en el antiguo pub Monaghans de Fuengirola ocurrió en una noche especialmente concurrida por la final de la Champions League y supuso un punto de inflexión. La violencia empleada, sumada al contexto de gran afluencia de público, generó una alarma social y aumentó la presión sobre las fuerzas de seguridad para actuar con rapidez. Lo que hasta entonces podía pasar relativamente desapercibido quedó expuesto de manera evidentes.

Tras este episodio, el clan sufrió una serie de reveses operativos. Parte de sus miembros optaron por desplazarse a Emiratos Árabes Unidos, buscando reducir la presión policial y reorganizarse lejos del foco mediático. Sin embargo, esta estrategia no logró frenar el avance de las investigaciones. La cooperación internacional y el seguimiento de los movimientos financieros permitieron mantener el control sobre la organización.

El enfrentamiento con el clan Daniels, también de origen escocés, ha sido otro de los factores determinantes en la evolución de los acontecimientos. Esta rivalidad, que se arrastraba desde hacía años en Reino Unido, se trasladó a la Costa del Sol, donde encontró un nuevo escenario, al igual que ocurrió con los Hutch y los Kinahan de la mafia irlandesa. La importación de este conflicto elevó el nivel de violencia y rompió el perfil bajo que tradicionalmente habían intentado mantener estos grupos en España. Unos y otros fueron atacados por la Policía, los Kinahan en la histórica operación Shovel que les llevó a afincarse en Dubái y los Hutch en la isla de Lanzarote, donde fue detenido primero Gerry Hutch, el Monje, y recientemente su hijo, ambos por idéntico delito: blanqueo de capitales, en este caso en las Islas Canarias.

Este cambio de dinámica ha sido clave para que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional prioricen estas investigaciones. La presencia de armas de guerra, los ajustes de cuentas y los asesinatos en espacios públicos han obligado a reforzar la respuesta policial. Además, la posible conexión con otros casos relevantes en España ha ampliado el alcance de las pesquisas, situando a figuras como Steven Lyons en el centro de múltiples líneas de investigación.

En paralelo, los investigadores también han puesto el foco en las estructuras económicas que sustentan estas organizaciones. Más allá de los hechos violentos, el verdadero objetivo es desmantelar la base financiera que permite su funcionamiento. Sin recursos económicos, la capacidad operativa de estos grupos se reduce considerablemente, lo que convierte el blanqueo de capitales en un elemento clave dentro de la estrategia policial.

Todo ello refleja una realidad compleja: la Costa del Sol, con su carácter internacional y su dinamismo económico, ofrece oportunidades tanto para el desarrollo turístico como para actividades ilícitas. La convivencia de ambos aspectos plantea retos constantes para las autoridades, que deben equilibrar la promoción económica con la prevención del delito.

En definitiva, el caso del clan Lyons pone de manifiesto cómo determinadas organizaciones han intentado aprovechar este entorno para establecerse y operar con discreción. Sin embargo, también demuestra que esa estrategia tiene límites. Cuando la violencia irrumpe y la actividad delictiva se hace visible, la respuesta institucional se intensifica, dificultando la continuidad de estas redes en el territorio español.

La Camorra, junto a la Cosa Nostra, fue la primera organización criminal internacional en instalarse permanentemente en España. Y esos retales se mantienen en el tiempo: su expansión por el país es una realidad bien conocida por la Dirección de Investigación Antimafia de Italia y por cualquier operador jurídico italiano relacionado con esa lucha. Y uno de sus enclaves predilectos está, como se ha visto en muchas ocasiones, en las Islas Canarias.

Cada pocos meses, cualquier tipo de operación contra algún clan mafioso en Italia tiene repercusiones en España. Entra dentro de la normalidad: hay tantos intereses para blanquear el dinero de la droga, la extorsión y los contratos públicos que manejan los clanes mafiosos que lo raro sería no cazar a algún mafioso en territorio español.

Algunas veces se detiene a algún despistado que ha llegado de vacaciones, pero una gran mayoría son fugitivos que residen continuamente en España y que están protegidos por las redes de los distintos clanes mafiosos, que ofrecen cualquier tipo de cobertura para lograr esquivar a la justicia italiana.

Esta semana, la División de la Dirección Antimafia de Nápoles volvió a atacar al temible Clan Casalesi de la Camorra de Caserta, liderado por el histórico capo Michele Zagaria. Coordinaron la investigación con el ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) de los Carabinieri, el grupo de élite que, entre otras cuestiones, se encarga de combatir a la mafia en Italia.

Es uno de los cuerpos con mejores técnicas policiales del mundo y, por lo tanto, uno de los que mejor conocen cómo funciona un clan mafioso. Ellos son los que trabajan mano a mano con la Policía Nacional o la Guardia Civil española si se detecta que hay un objetivo de alto valor en nuestro país.

Uno de los 23 detenidos en esta importante operación fue arrestado en Tenerife. Se trata de Filippo Capaldo, un mafioso según la Dirección de Investigación Antimafia italiana y que desde 2022 se reconvirtió en un empresario inmobiliario que había fijado su residencia en Tenerife. Capaldo es el sobrino favorito del capo Michele Zagaria, uno de los criminales más brutales que ha tenido la Camorra en las dos últimas décadas.

La justicia italiana, con el magistrado antimafia Nicola Gratteri a la cabeza, ha vuelto a actuar contra esta organización criminal para revelar el poder económico generado a través de la venta de drogas, la extorsión y los contratos públicos ganados con empresas tapaderas a nombre de testaferros del Clan Casalesi.

Capaldo ha ido librándose de la justicia italiana en estos últimos años gracias a una gran labor de su equipo jurídico. En el último caso conocido acabó absuelto de una investigación por hacerse con el control de una de las mayores empresas de distribución de leche de la provincia de Caserta (Campania, Italia).

Capaldo es hijo de Beatrice Zagaria, la hermana mayor de Michele Zagaria. Ella tomó gran parte del control del clan tras el encarcelamiento de su hermano en 2011 y desde entonces cumple cadena perpetua por múltiples asesinatos, narcotráfico y por el control mafioso del territorio.

La madre de Capaldo también fue condenada por pertenecer al clan Casalesi de la Camorra y por receptación de bienes robados. Acabó en prisión por realizar una de las labores que más respeto genera entre todos los miembros de un clan mafioso: controlaba los pagos directos a todos los miembros de la red criminal a los que se les asigna un salario, desde los encarcelados hasta los integrantes del clan que seguían operativos en la calle.

Y, según la Dirección de Investigación Antimafia de Italia, Filippo Capaldo aprendió contabilidad de su madre, ya que en Tenerife era propietario de una inmobiliaria, un bar lounge y un concesionario de motos y coches. En el registro mercantil de España solo está a su nombre la sociedad inmobiliaria, pero las otras están oficialmente en manos de personas de su confianza.

El periódico italiano Il Fatto Quotidiano reveló que dentro de los atestados policiales se recogen conversaciones de otros mafiosos a los que les preocupaba que, en tan solo cuatro años, Capaldo hubiera abierto tres negocios en Tenerife, ya que temían que eso despertara la atención de la justicia italiana. Algo que, por ahora, así ha sido.

En esta operación contra el Clan Casalesi, con 23 detenidos, en su mayoría en Caserta, también están los tíos de Capaldo: Antonio Zagaria y Carmine Zagaria. A estos arrestados se les investiga por asociación mafiosa, complicidad externa en asociación mafiosa, extorsión, usura, transferencia fraudulenta de bienes, competencia ilegal con violencia y amenazas, blanqueo de dinero, autoblanqueo, registro ficticio de bienes, posesión y porte de armas y municiones y narcotráfico.

En lo relacionado con España, principalmente se sigue el rastro de Filippo Capaldo porque es sospechoso de gestionar el fondo común del clan, algo que revelaría que ha heredado el puesto de su madre y la confianza de toda la organización criminal. Al sobrino del capo también se le vincula a una empresa de gestión de residuos en el feudo del clan, en la provincia de Caserta. En Italia, por este caso, que inició sus diligencias en 2019, se han incautado bienes por valor de 40 millones de euros.

La presencia en Tenerife de un supuesto miembro de alto rango de la Camorra no es nueva. Hace ya diez años se absolvió a los miembros del Clan Nuvoletta-Polverino de blanquear dinero de su clan en una sentencia de la Audiencia Nacional que Giuseppe Polverino celebró bastante desde la cárcel.

Lo que esto revela de nuevo, si luego se demuestra en sede judicial, es que la infiltración de la Camorra en la economía de España crece como la espuma. Y que un sobrino de un capo esté residiendo aquí es fruto de la importancia crucial que tienen para un clan de la Camorra ciertas partes de España: Islas Canarias, la Costa del Sol, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares y Madrid.

La mafia italiana es experta en abrir negocios de hostelería para blanquear rápidamente dinero, pero también ofrece garantías de que esos negocios sean rentables y prósperos. Tienen buena mano en la cocina y les gusta, de ahí que sea uno de los negocios predilectos de los clanes.

Otro tema importante que resalta la investigación es la unión de los Casalesi con un clan de la ’Ndrangheta calabresa, también con tentáculos en España, que les abastecía de cocaína a buen precio. Un nexo clave en el desarrollo criminal de cualquier clan mafioso que se precie, ya que los grandes contactos de la ’Ndrangheta con proveedores sudamericanos hacen que paguen la droga a menor precio que los demás competidores, por lo que tienen más margen para ganar dinero con los estupefacientes que adquieren.

Todo ello vuelve a poner de relieve que la presencia de la Camorra en España no responde a episodios aislados, sino a una estrategia sostenida de implantación en territorios especialmente atractivos para el blanqueo, la inversión y la cobertura logística. Su capacidad para mezclarse con la economía legal, abrir negocios, tejer redes de confianza y aprovechar enclaves clave como Canarias, la Costa del Sol, Cataluña o Madrid demuestra que el poder de la mafia italiana en España sigue siendo profundo, silencioso y mucho más estructural de lo que a menudo se percibe.

Junto a todo esto, en España hay un elemento clave que hace que estas personas se afinquen en el país: la Justicia. No hay más que ver lo que ha sucedido con Filippo Capaldo, presunto jefe de la Camorra: apenas unas horas después de su detención ha sido puesto en libertad con medidas cautelares. Él ya sabe que vive en el paraíso del narco.

Ocurrió en noviembre de 2023. Un ciudadano cubano afincado en Soria, ciudad de apenas cuarenta mil habitantes, donde los crímenes violentos son noticia precisamente por su rareza, había desaparecido. Para resolver el caso, un asesinato, acabó resultando decisivo un servidor de Mountain View, California. Un fotograma rutinario de Google Maps Street View, capturado por una cámara montada en un vehículo que recorría calles con indiferencia algorítmica, había registrado al asesino en el momento exacto en que introducía el cuerpo en el maletero de su coche. El testigo más decisivo del caso era una máquina que ni siquiera sabía que estaba mirando. Los culpables —el hombre fotografiado y una mujer— acabaron confesando.

Esta historia ilustra la transformación más profunda que ha experimentado la justicia penal en las últimas dos décadas. Pero lo que ocurrió en Soria no es una excepción ni una anécdota. Es el síntoma más visible de un cambio de paradigma que el profesor Andrew Guthrie Ferguson, de la American University Washington College of Law, ha sistematizado bajo el concepto de la sensorveillance (sensorvigilancia). La fusión entre los sensores del Internet de las Cosas y la vigilancia ha transformado cada objeto cotidiano —el coche, la bicicleta, el termostato, el reloj de pulsera— en un informante digital en potencia. Y, a diferencia del testigo humano, estos dispositivos no mienten, no olvidan y no se cansan.

Los datos del informe anual de Cellebrite —una compañía especializada en tecnología forense que elabora desde hace siete años la encuesta de referencia del sector, esta vez con más de 900 profesionales de 63 países entre agentes de policía, funcionarios judiciales y empleados de empresas privadas— cuantifican con una contundencia difícil de rebatir la magnitud del cambio. El 95% de los encuestados afirma que la evidencia digital aumenta significativamente la capacidad de resolver crímenes, una cifra que sube veinte puntos porcentuales respecto a 2024. No es una tendencia. Es una avalancha.

El 97% de los investigadores señala que los teléfonos inteligentes aparecen como fuente frecuente de evidencia en sus casos, frente al 73% de 2024. Una investigación típica involucra entre dos y cinco dispositivos, convirtiendo cada smartphone, tableta o portátil incautado en un archivo potencial de pruebas capaz de ubicar a su dueño en el espacio y en el tiempo con una precisión que ningún testigo humano podría igualar. El 93% de los encuestados afirma que esta evidencia acaba resultando crítica en detenciones, acusaciones y juicios. La sociedad, además, ya lo da por sentado: el 97% de las respuestas coinciden en que su comunidad espera que la evidencia digital sea utilizada en prácticamente todos los casos.

Pero los teléfonos son solo el síntoma más visible. Ferguson documenta en su libro Your Data Will Be Used Against You —“Tus datos se utilizarán en tu contra”— cómo la red de testigos digitales se ha expandido mucho más allá de nuestros bolsillos.

En Pensilvania, los fiscales utilizaron los datos de una simple aplicación de linterna de un iPhone para demostrar que un ladrón estaba dentro de una casa en el momento del robo. En otro caso paradigmático, una conductora, Cathy Bernstein, negó haber sufrido un accidente de tráfico: su propio coche Ford llamó automáticamente al 911 tras el choque, y la telemetría del vehículo confirmó el despliegue de airbags junto a la ubicación exacta, llevando a su detención por fuga. El objeto que conducía se convirtió en su acusador.

La expansión del rastro binario hacia los objetos físicos plantea una pregunta que la industria tecnológica prefiere no formular en voz alta: ¿cuánto de lo que hacemos dentro de nuestros propios vehículos es realmente privado? 

Los coches modernos recogen casi tanta información como los teléfonos. Al conectar un dispositivo para escuchar música o leer mensajes, el vehículo puede descargar listas de contactos, registros de llamadas y patrones de desplazamiento. Algunas políticas de privacidad de fabricantes llegan a extremos que parecerían inverosímiles si no estuvieran publicadas: Ferguson señala que Nissan se ha reservado el derecho de recolectar información sobre actividad sexual, datos genéticos y tendencias psicológicas, con posibilidad de vender esa información a intermediarios de datos o entregarla a las autoridades.

El mecanismo legal que hace posible todo esto es una de las grietas más incómodas del derecho a la privacidad contemporáneo. Las agencias gubernamentales pueden evitar el trámite de una orden judicial —cuya exigencia en Estados Unidos está protegida por la Cuarta Enmienda frente a registros irracionales— simplemente comprando los datos a empresas privadas. Bajo la lógica de que el usuario aceptó los términos de servicio al instalar una aplicación o activar un dispositivo, la información deja de considerarse privada y se convierte en una mercancía accesible para quien tenga presupuesto para adquirirla. La vigilancia, en ese esquema, no necesita juez. Solo necesita tarjeta de crédito.

Google operó durante años el llamado Sensorvault, una base de datos que combinaba señales de GPS, Bluetooth, torres de telefonía y redes wifi para rastrear ubicaciones con precisión milimétrica. Las llamadas “geofence warrants” permitían a la policía solicitar datos de todos los teléfonos presentes en un área específica durante el momento en que se cometió un crimen. 

En el caso de Okelle Chatrie, identificado como autor de un atraco bancario, los investigadores analizaron los registros de diecinueve teléfonos que se encontraban en las proximidades. En 2024, Google anunció que dejaría de almacenar estos datos de ubicación en la nube para guardarlos localmente en los dispositivos, lo que en teoría obliga a la policía a identificar primero al sospechoso antes de solicitar una orden judicial específica. Es un paso, aunque no cierra el debate sobre los datos que otros operadores siguen centralizando.

Frente a este panorama, el marco legal europeo se prepara para una transformación que podría modificar sustancialmente las reglas del juego. El Reglamento E-Evidence —oficialmente, el Reglamento (UE) 2023/1543— entrará plenamente en vigor el 18 de agosto de 2026 y supone la ruptura más significativa con el paradigma tradicional de la cooperación judicial internacional en décadas.

El problema que viene a resolver es tan viejo como la propia globalización digital: los delincuentes operan sin fronteras, pero los jueces sí las tienen. Hasta ahora, obtener datos almacenados en servidores de Meta o Google desde un juzgado español exigía activar los mecanismos de asistencia legal mutua entre países, un proceso que tardaba de media diez meses. Para cuando llegan los datos, las investigaciones han envejecido, los sospechosos han movido activos y, en algunos casos, la evidencia ha desaparecido.

La nueva normativa introduce dos instrumentos de naturaleza radicalmente diferente. La Orden Europea de Producción permite a cualquier autoridad judicial de un Estado miembro requerir directamente a un proveedor de servicios —sea cual sea su ubicación dentro de la Unión— que entregue datos concretos en un plazo máximo de diez días. En situaciones de peligro inminente para la vida, ese plazo se comprime a ocho horas. 

La Orden Europea de Preservación, por su parte, bloquea preventivamente los datos durante sesenta días mientras se tramita el acceso definitivo. Todo proveedor que opere en la Unión Europea, independientemente de dónde tenga su sede, deberá designar un representante legal en un Estado miembro como punto de contacto. La neutralidad jurisdiccional de Silicon Valley, en la práctica, queda severamente limitada.

El reglamento incluye algunas garantías cuya efectividad está por ver. Para datos de contenido y tráfico existe un procedimiento de notificación que permite a las autoridades del Estado donde se ubica el proveedor oponerse en diez días si consideran que la orden vulnera derechos fundamentales, secretos profesionales —incluyendo el periodístico— o si el hecho investigado no constituye delito en su jurisdicción. Para España, la implementación tiene que articularse a través de una Oficina de Cooperación Internacional en Materia Penal, que actuará como centro nacional para supervisar estas órdenes transfronterizas.

Si el Reglamento E-Evidence es la respuesta legislativa a la saturación del sistema, la inteligencia artificial es la apuesta tecnológica. El informe de tendencias confirma que la profesión ha alcanzado un consenso llamativo sobre cómo debe desplegarse: el 65% de los profesionales cree que la IA puede acelerar las investigaciones. Sus aplicaciones más valoradas son encontrar vínculos entre personas (74%), identificar usuarios de dispositivos (74%), transcribir o traducir contenido (72%) y realizar búsquedas avanzadas en textos e imágenes (71%).

El modelo que la comunidad forense defiende no es el de la sustitución sino el de la amplificación. Que la máquina procese terabytes de datos de mensajería para identificar patrones, pero que el investigador decida qué significa ese patrón. Un consenso del 92% entre los profesionales sostiene que la decisión final debe ser siempre humana, no solo por consideraciones éticas sino por exigencias estrictamente jurídicas: en los juzgados españoles, una prueba generada por un algoritmo incapaz de explicar su propio razonamiento puede ser declarada nula por vulnerar el derecho de defensa.

Pero la IA no solo está del lado de los investigadores. Los deepfakes —vídeos y audios sintéticos indistinguibles de los reales— amenazan con colapsar precisamente el pilar sobre el que descansa toda la arquitectura de la justicia digital: la confiabilidad de la evidencia audiovisual. Si un vídeo puede ser fabricado con suficiente perfección, ¿qué peso probatorio conserva? 

Los laboratorios forenses han respondido con lo que los propios especialistas describen como una carrera armamentística: el desarrollo de sistemas de contra-análisis capaces de detectar micro-inconsistencias en medios sintéticos. La autenticidad, que antes era un dato, se ha convertido en un problema que hay que demostrar.

El horizonte jurídico español ofrece dos lecturas en tensión que conviene leer juntas. En octubre de 2025, el Tribunal Supremo validó definitivamente el uso de mensajes extraídos de la red cifrada EncroChat —interceptada por autoridades francesas— bajo la doctrina del hallazgo casual, confirmando penas de hasta catorce años para redes de narcotráfico. Pero en 2026, la Audiencia Provincial de València absolvió a varios acusados en un caso relacionado con la plataforma Sky ECC al detectar una ruptura en la cadena de custodia y la ausencia de los archivos originales en formato técnico. 

La evidencia digital es indispensable, pero su admisibilidad depende de un rigor procedimental que ninguna urgencia investigadora puede relajar. La sola gravedad del delito no legitima atajos forenses.

Ferguson advierte en su libro algo que ningún informe sectorial formula con tanta claridad: aunque hoy todavía podemos elegir una bicicleta sin sensores, pronto será imposible comprar un coche que no rastree datos. La sensorvigilancia no es una opción que pueda desactivarse con un clic en los ajustes de privacidad. Es la condición por defecto de una civilización que ha decidido conectar cada objeto al flujo de datos globales. Ese mismo flujo que contribuyó a resolver el crimen de Soria es el que registra dónde dormimos, con quién nos reunimos y qué buscamos a las tres de la madrugada.

La evidencia digital ha ganado la batalla de la relevancia. Lo que está en juego ahora es si las sociedades democráticas serán capaces de diseñar los límites dentro de los cuales esa evidencia puede ser recogida, conservada y utilizada. Porque los datos no distinguen entre un asesino y un disidente. De eso, todavía, siguen teniendo que encargarse los humanos. Y las leyes que los humanos deciden aplicar.

“Me cuidan mis vecinas, y no la policía”, empezó a martillear mi cerebro justo después de que los coches de la policía se llevaran a siete de mis vecinas y vecinos, entre ellos a Serigne Mbayé. Estas cosas raras que hace a veces la mente. Se me pegó la cantinela, como si fuera la canción del verano, acompañando a un zumbido de pensamientos alocados. 

Se supone que la policía tiene que velar por la seguridad de la ciudadanía. A lo mejor, algunos de los agentes se creen que eso es lo que están haciendo cuando paran por la calle a una persona porque es negra, solo porque alguien negro resultó sospechoso a los ojos de un viandante que supuestamente hizo una llamada. No sé.

Yo no creo que todos los policías sean malos, ni pretendo deshumanizarlos, como sostiene el presidente de la Jupol. ¡Qué va! Otra cosa es la institución, la estructura. Muy al contrario, me gustaría que los policías se humanizasen más y trabajaran la empatía. Todos los años, algún alumno mío, con el que tengo vínculo, al que he acompañado durante meses, o incluso varios cursos, decide que esa es su salida laboral. Y eso es lo que les digo siempre: “No olvides que quien tienes enfrente es una persona, igual que tú”. De hecho, el jueves por la tarde buscaba con la mirada por si acaso hubiera entre aquellos hombres, uniformados o de paisano, alguno al que yo hubiera aburrido con el sintagma nominal y pudiera escucharme, para parar toda aquella sinrazón. Pero no lo había. No había nadie que escuchara.

Me gustaría haberles podido explicar que aquello que estaban haciendo, tirar al suelo a mis vecinos, ponerles la rodilla en el cuello, pegarles con la porra, no me hacía sentir nada segura. Tampoco saber que gente adulta, presuntamente preparada para afrontar momentos de tensión, se deja secuestrar la amígdala por la adrenalina y toma decisiones en caliente, apresuradas y sin ton ni son. Ninguno fue capaz de tomar la iniciativa de intentar tranquilizar a sus compañeros. “Yo no he venido aquí a hablar con usted, señora”, me espetó uno de ellos, cuando intentaba yo pedirle que alguien pusiera un poco de cordura a lo que estaba pasando. Me entraron ganas de preguntarle a qué había venido entonces exactamente.

Perdónenme, señores policías, pero yo no me siento segura con ustedes, no me siento protegida. El patio de mi casa, en mi imaginación, antes estaba siempre presidido por balones de espuma (para no molestar al edificio de al lado en los tiros a canasta), por patinetes desperdigados, por un balancín en forma de unicornio, por las risas de las niñas y los niños. Ahora, está lleno de hombres uniformados dándome órdenes incomprensibles, abalanzándose sobre uno de mis vecinos, y enarbolando la porra sobre otra. No, yo no me he sentido cuidada, y no me siento segura después de su actuación. Ni un poquito. Tampoco creo que el hijo de uno de los detenidos, que presenció cómo tiraban a su padre al suelo y le pisaban el cuello; u otro, que vio cómo se llevaban al suyo esposado, después de haberse identificado como periodista, se sientan protegidos por el Cuerpo de Seguridad del Estado. Las personas racializadas, que constantemente tienen que armarse de paciencia para identificarse ante ustedes (aunque constitucionalmente solo tengan que hacerlo en determinados contextos) para demostrar que no son delincuentes, me atrevería a decir, desde mi privilegio blanco, que tampoco se sienten protegidas. Ni un poquito siquiera.

Si esto hubiera sido lo único que sentí aquella tarde de jueves, este artículo se titularía como la canción de N.W.A, Fuck the police. Afortunadamente, además de la desolación, la brutalidad y el sinsentido, ocurrieron otras muchas cosas. La primera, que mis vecinas y vecinos bajaron de sus casas, en pantuflas, para socorrer a uno de nosotros. Para documentar lo que estaba pasando, o para pedir “que alguien pare todo esto”, “dejadle respirar”. No se cruzaron de brazos ni fueron indiferentes ante el abuso. Por eso, en mi cabeza empezó a sonar el lema de las manifestaciones, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.

Enseguida se acercaron a echarnos una mano amigas a quienes les había llegado por redes el vídeo de El Salto. Se encargaron de las niñas y niños. Alguien les puso una película. Se les dio de cenar. Otros, nos pasaban nombres de abogados solventes. Nos ayudaron a recuperar un poco la calma. Nos dieron abrazos.

Frente a la comisaría, nos acompañaron en la indignación. Nos dieron más abrazos. Gritaron conmigo, bien fuerte, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.¡Qué ganas tenía de decirlo en alto! “Me cuidan mis amigas, y no la policía”. Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo.

A mí, a nosotras, a todas, nos cuida una comunidad fuerte. La comunidad intencional del edificio, pero también la comunidad del vecindario, del barrio. La gente que salió del supermercado y también increpaba a la policía. La farmacéutica, que se acercó a preguntar cómo estábamos. El edificio de al lado, que nos escribió para ofrecerse a ayudarnos en lo que necesitásemos. Las asociaciones de familias de los coles de nuestras criaturas, que enseguida se mostraron solidarias. Esas amigas médicas, que se preocuparon por las conmociones y los meniscos. Nuestras organizaciones ecologistas, feministas, antirracistas, políticas, de vivienda, los sindicatos amigos, antimilitaristas…, que no han dudado de nuestra palabra en ningún momento, que nos abrazaron en la comisaría (¡cuánto hemos agradecido los abrazos!), que aplaudieron cuando soltaron a nuestros vecinos, que nos ayudaron a mover comunicados… y que sabemos a ciencia cierta que están ahí, siempre, construyendo vínculos fuertes, y alternativas a este sistema ecocida e injusto. 

Me cuidan las periodistas que hacen bien su trabajo, que son fieles a la verdad y contrastan las fuentes y las versiones (no como los deleznables garbanceros amarillistas). Me siento segura con abogados comprometidos, los de este proceso (¡gracias!), y también otros que nos han dado recomendaciones certeras. Me siento protegida por toda esta gente. Por Serigne Mbayé, por supuesto, que una y otra vez pone su cuerpo para denunciar lo intolerable, aunque sepa de sobra a qué consecuencias injustas va a tener que enfrentarse.

Todas estas personas, y muchas más, me han hecho sentir segura. Me cuidan. Aunque pueda parecer sorprendente, mi balance de esa tarde, y de los días que la han seguido, es positivo. Pese a los nervios y el proceso judicial que se avecina. Se ha hecho visible una comunidad fuerte, que muchas veces nos pasa desapercibida. A partir de ahora, cuando me venza el desaliento por el avance de la extrema derecha, cuando me parezca imposible que esté pasando lo que está pasando en Gaza, Líbano, Irán, Sudán… echaré mano del recuerdo de esta red comunitaria a veces invisibilizada, pero constante y potente. Estas vecinas, estas amigas que me cuidan, que nos cuidamos, me hacen sentir que la alternativa está ahí, viva, creciendo. Que vale la pena seguir construyendo. Cuando me parezca que no hay esperanza, cantaré bien alto, para darme ánimos: “me cuidan mis amigas, y no la policía”.

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Berta Iglesias Varela es integrante de Ecologistas en Acción y vecina.

De policía nacional dedicado a la localización de fugitivos a asesor local del eurodiputado Alvise Pérez. Ese es el resumen de los últimos años de carrera laboral de Adrián Yacar. También ha sido cantante de rock aficionado y empresario de inteligencia artificial, actividades en las que aún continúa según ha expresado él mismo públicamente. El puesto que ya no desempeña es el de asesor del eurodiputado ultra.

Pero eso no quiere decir que Yacar no siga de la mano de Alvise. El policía, que según asegura se encuentra en excedencia, es el cabeza de lista de Se acabó la fiesta (SALF) para las elecciones andaluzas que se celebrarán este 17 de mayo.

Adrián Yacar ofreció una entrevista el pasado mes de julio para el canal de YouTube del coronel Pedro Baños. En ella alababa públicamente a Alvise sin hablar de su vinculación con él —ahora ha contado que se conocieron en UPyD, el extinto partido de Rosa Díez—, afirmaba estar de excedencia de su puesto como policía nacional y haber sido reconocido con la medalla de la Orden del Mérito Policial, unas distinciones que concede el Ministerio del Interior y sobre las que el departamento de Marlaska guarda una gran opacidad.

El propio Alvise Pérez ha presumido de su fichaje como candidato asegurando que Yacar ha recibido esa distinción "por la detención de Samir Benbouabdellah, uno de los más buscados de Francia por intento de asesinato a un hombre y una niña de siete años con un subfusil". ¿Pero hasta qué punto es cierto?

No se sabe. El Ministerio del Interior no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se niega a aclarar cuál era el último destino de Yacar en la Policía y si efectivamente le ha otorgado la medalla. Tampoco quiere revelar los motivos de esa supuesta concesión. 

Interior se niega a entregar esos datos, entre otros, alegando la supuesta protección de los datos personales de Yacar y se salta así una resolución del Consejo de Transparencia. El organismo había estimado que esa información debía ser pública tras una reclamación de infoLibre.

Todo se remonta al desembarco de Yacar como asesor de Alvise Pérez con cargo a las arcas del Parlamento Europeo. infoLibre informaba este verano del fichaje, unas semanas después de que el propio Yacar concediera la entrevista a Pedro Baños en la que se omitía su nuevo puesto.

De lo que sí habló Yacar es de su currículum. Es cierto que el policía ha trabajado en el Grupo de Localización de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía, que pertenece a las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). De hecho, esa labor le llevó a ser uno de los protagonistas de la serie documental 'Fugitivos', de Movistar Plus+, en la que se muestra cómo trabaja ese grupo.

Yacar comentó ese trabajo en la entrevista y también habló de ciertas operaciones concretas en las que asegura haber participado. Incluso mencionó la supuesta medalla: "Me consta por compañeros de la Guardia Civil que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil y no se le dio por cuestiones políticas y porque se fue de eurodiputado, pero luego le dan la medalla del mérito policial a la Virgen del Rocío. A mí me la dieron, pero creo que ganada, que bien merecida".

Debido a esas declaraciones públicas del propio Yacar, infoLibre realizó una solicitud al amparo de la ley de transparencia dirigida a Interior. Este medio pedía al ministerio saber "si Adrián Yacar López es policía nacional en excedencia o qué situación o relación tiene con el Cuerpo y desde qué fecha se encuentra en la misma". Además, se solicitó conocer "cuál fue su último cargo, puesto y destino antes de coger la excedencia" y "si se le ha distinguido o no con la Orden del Mérito Policial y en caso afirmativo, con qué categoría, por qué motivo se le concedió, en qué fecha y una copia de la resolución de la concesión".

Interior denegó la solicitud de infoLibre. El ministerio aseguró que era abusiva, que la información que se solicitaba no tenía relación con los objetivos de la ley de transparencia y que había que salvaguardar la protección de los datos personales de Yacar. En ese momento, infoLibre decide reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo es el que se encarga de decidir si la información debe ser pública cuando un ciudadano utiliza la ley de transparencia para solicitarla, pero la Administración se la deniega. El CTBG es quien pondera los distintos derechos en juego y decide quién tiene razón.

En este caso fue claro y estimó al completo la reclamación de infoLibre. El Consejo entendió que el ministerio no había justificado "de forma suficiente y adecuada la concurrencia del carácter abusivo de la solicitud" y que tampoco prevalecía la protección de los datos personales. "No se ha justificado ni se alcanza a apreciar en qué medida el conocimiento de la situación administrativa de servicio activo o de excedencia de un funcionario de policía cuya identidad es públicamente conocida y participa en actividades igualmente públicas puede generar un riesgo para su seguridad personal o constituir una injerencia grave en su derecho a la intimidad personal y familiar", reza la resolución.

Sobre la concesión de la supuesta medalla el Consejo va incluso más allá: "La acreditación de los méritos que se han tenido en cuenta para otorgar la condecoración recogerá hechos o actuaciones ya consumadas por el policía en relación con su servicio al Estado, por lo que difícilmente puede argumentarse que su conocimiento pueda causarle ningún perjuicio a su intimidad o seguridad; siendo evidente, en cambio, el interés público en conocer los méritos acreditados en la medida en que constituye una herramienta indispensable para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de discrecionalidad, que a estos efectos se le reconoce, sin incurrir en arbitrariedad".

Tras esa resolución, Interior debía entregar la información que había solicitado infoLibre, pero, en lugar de cumplir, se reafirmó en sus argumentos. En una comunicación dirigida a este medio y al Consejo de Transparencia, y firmada por Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, el departamento "reitera la procedencia de la aplicación" de la protección de datos personales. "El hecho de desempeñar una función pública no legitima a solicitar datos de índole personal utilizando indebidamente la ley de transparencia", asegura el documento en el que, en lugar de eso, Interior debería haber facilitado la información que había pedido infoLibre.

Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia, explica a este medio que lo que ha hecho Interior es incumplir con la resolución del Consejo sin ni siquiera recurrirla ante los tribunales.

"La oposición de las Administraciones ante las resoluciones de los consejos de transparencia debe materializarse a través de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, pero nunca de esta manera. Dar respuesta al reclamante incumpliendo el mandato del Consejo no puede admitirse. O se discute su decisión ante los tribunales, o lo único que queda es cumplir con ella", resume el experto, que asegura que hace falta "un modelo eficaz de multas coercitivas cuando se detecta el incumplimiento de una resolución firme" como en este caso.

Los incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Transparencia por parte de la Administración Pública se han dado con cierta regularidad en los últimos años. La actual ley de transparencia no recoge ningún tipo de sanción para estos casos y, en ocasiones, la Administración se salta la normativa optando por no recurrir las resoluciones ante la Justicia pero tampoco cumplirlas. Concepción Campos Acuña, que será la nueva presidenta del Consejo, también ha pedido sanciones para las Administraciones que actúen de esta forma.

Mientras, Alvise Pérez ha anunciado a su nuevo candidato presumiendo, precisamente, de la supuesta medalla al mérito policial y citando otros supuestos éxitos de su currículum policial. Por ahora, nada de ello se puede corroborar debido a la opacidad del Ministerio del Interior y a su negativa a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia.

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha asegurado este domingo que denunciará el "racismo" y la "violencia policial" que afirma que sufrió durante su detención el pasado jueves en la capital y ha instado además a parar la "persecución" que sufren "miles de personas" por motivos raciales.

"Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado", ha declarado a los medios durante una concentración en Madrid convocada por colectivos antirracistas y de migrantes tras su detención para protestar por el "racismo policial".

Mbaye afirma haber sido víctima de una "redada racista" cuando fue detenido el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional junto con otras seis personas y puesto en libertad horas después.

La versión policial niega este tipo de redada y asegura que Mbaye fue detenido tras enfrentarse a la policía para tratar de impedir la detención de un sospechoso, después de que dos agentes de paisano detectaran a dos jóvenes tratando de robar un vehículo.

Al final de la concentración de este domingo en el madrileño barrio de Lavapiés, a la que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, ha irrumpido el exdiputado y actual secretario antirracismo de la dirección del partido, que micrófono en mano ha instado a parar la "persecución" que sufren "miles de personas" por motivos raciales.

"Vamos a seguir con pasos firmes, no vamos a rendirnos nunca ante el racismo y las violencias policiales, no nos da miedo", ha exclamado Mbaye, que ha recordado otros casos de detenciones.

"Siempre la misma excusa. Siempre tenemos la culpa, no es verdad. Las mentiras las tienen que investigar", ha añadido el exdiputado, que ha agradecido el apoyo recibido.

La concentración, a la que han asistido alrededor de 200 personas (cien según datos de la Delegación del Gobierno), ha estado presidida con una pancarta con el lema 'Frente al racismo institucional resistencias antirracistas'.

Los asistentes han coreado lemas como "Marlaska, dimisión", en alusión al ministro del Interior, y "No es un caso aislado, es racismo de Estado", "Basta ya de racismo policial" o "Ningún ser humano es ilegal".

Además, los convocantes, de asociaciones como SOS Racismo y el sindicato de manteros de Madrid, han leído un manifiesto en tres idiomas (español, francés y wólof) en el que han denunciado que la detención de Mbaye no ha sido un "error de protocolo" ni un "hecho aislado" sino "una manifestación brutal de racismo institucional".

Con el texto, han pedido la depuración de responsabilidades políticas y la apertura de una investigación judicial independiente sobre lo ocurrido el pasado jueves, al tiempo que han hecho un llamamiento a la "resistencia colectiva y popular antirracista".

"No nos callarán hasta que se garantice que ningún cuerpo sea violentado por el racismo de Estado", han apuntado.

La Delegación del Gobierno en Madrid señala que la actuación policial en el distrito de Usera-Villaverde en la que fueron detenidas siete personas, entre ellas el exdiputado regional de Podemos Serigne Mbaye, se enmarcó en las funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló de tensión por la negativa y resistencia de varios implicados.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, manifestó en su perfil de X que se trabaja "siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo".

Ahora, Delegación y Policía mantienen abierta la investigación sobre lo sucedido y se ha dado traslado del atestado a la autoridad judicial, después de las imágenes de cómo se procedió a la detención del exdiputado. Según las fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional actuó en respuesta a un requerimiento ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que fue escalando por la negativa de uno de los implicados a colaborar y por la resistencia posterior de varias personas.

Según Delegación del Gobierno, lo sucedido este jueves se enmarca en un delito frecuente en la zona y para el que desde hace tiempo hay activado un dispositivo policial específico, apuntan e indican que, ya en el lugar, los agentes trataron de identificar a los dos sospechosos que intentaban robar un vehículo en la vía pública.

Uno de ellos se identificó sin incidentes, mientras que el otro se negó reiteradamente, mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga.

Cuando los agentes impidieron que accediera a un portal, esta persona comenzó a pedir ayuda a los vecinos. A partir de ese momento, varios de ellos bajaron a la calle y se produjo una situación de tensión en la que también se enfrentaron a los agentes, aseguran fuentes de la Delegación.

En este punto, y todo según el relato que el Gobierno ha comunicado de estos hechos, los policías solicitaron refuerzos que permitieron reducir y detener a un total de siete personas, entre ellos a Mbaye, en unos enfrentamientos que dejaron cinco policías heridos leves.

Todas las detenciones se realizaron por atentado a la autoridad y lesiones y sobre la 1:30 horas de este viernes los siete arrestados fueron puestos en libertad.

"Desde esta Delegación y desde la Policía Nacional se va a continuar trabajando para garantizar la adecuación y proporcionalidad de las actuaciones policiales, preservando el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos que corresponden a nuestro Estado de Derecho", asegura Delegación del Gobierno en un comunicado.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha pedido que dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "se depuren las responsabilidades pertinentes" tras la "brutalidad policial" que asegura que hubo durante la detención de Mbaye y otras seis personas en lo que considera una "redada racista".

"Evidentemente, el máximo responsable es el ministro del Interior. Hace muchísimo tiempo que venimos exigiendo al señor Marlaska un giro radical en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Continuaremos exigiéndoselo", ha dicho, al tiempo que ha instado al ministro a dar de forma urgente "muchas explicaciones".

En este sentido, ha anunciado que Podemos presentará en el Congreso una batería de preguntas para esclarecer lo sucedido y "depurar las responsabilidades pertinentes" sobre la detención de quien fue diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y en la actualidad forma parte de la dirección estatal como secretario antirracismo.

Su formación va a registrar también una proposición no de ley para pedir una investigación "independiente" y solicitar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "dejen de llevar a cabo redadas racistas basadas en perfil étnico" y reciban "formación en antirracismo".

"En Estados Unidos vemos cómo funciona el ICE, la policía nazi de Trump, y lamentablemente, en España estamos viendo también que se dan comportamientos análogos a lo que sucede en Estados Unidos con el ICE", ha denunciado.

El exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye ha quedado en libertad en la noche de este jueves después de haber sido detenido, junto a otras seis personas, por la Policía Nacional por enfrentarse a los agentes para tratar de impedir la detención de un sospechoso, según la versión policial.

A su salida Mbaye ha denunciado "persecución y violencia policial", según se puede escuchar en un vídeo difundido por redes sociales.

"Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, ningún ser humano es ilegal", ha exclamado Mbaye, según serecoge en el vídeo.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que había exigido la inmediata puesta en libertad de Mbaye, ha reaccionado a su puesta en libertad en la red social X, donde ha escrito: "Si Serigne no se rinde, nosotras tampoco. ¡Basta ya de violencia policial!".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha manifestado en su perfil de la red social X: "Trabajamos siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo".

Podemos había denunciado la detención de Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid).

Según la versión policial, el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes de color que trataban de robar un vehículo.

Cuando fueron a identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local donde varias personas se enfrentaron a los agentes para tratar de impedir su detención, aseguran a EFE fuentes policiales.

En el enfrentamiento, en el que según esas fuentes cinco policías resultaron heridos leves, los efectivos detuvieron a siete personas, entre ellos el exdiputado autonómico y exportavoz del Sindicato de Manteros.

Según ha publicado El Salto uno de sus periodistas, vecino de la zona, también ha sido detenido en un dispositivo formado por agentes de paisano y Policía Nacional y que ha sido grabado por varios vecinos.

Pocas horas después de la detención del ex de Podemos, más de un centenar de personas, vecinos y vecinas de Villaverde, activistas y políticos acudieron a las puertas de la Comisaría de Usera (Madrid) para pedir la liberación de Mbaye y de los otros seis detenidos.

Los allí presentes gritaron consignas como “Fuera fascistas de nuestros barrios”, “No es un caso aislado, es racismo del Estado” o “Me cuidan mis amigas, no la policía”, a la concentración improvisada también acudió la secretaria general de Podemos, Ione Belarra que pidió la liberación inmediata de quien fuera diputado en la Asamblea de Madrid y denunció la “violencia inaceptable” en su detención “en la puerta de su casa”.

Belarra habló de “redada racista basada en perfil étnico que es lo que Serigne lleva denunciando tanto tiempo”. “Estás imágenes recuerdan más al ICE que al gobierno progresista de Pedro Sánchez”.

El sindicato policial Jupol ha rechazado "sin matices" que la intervención pueda calificarse como una "redada racista", algo que aseguran están intentando creer para deshumanizar y criminalizar a la Policía.

"Se trató de una intervención legítima, necesaria y plenamente amparada en la labor de prevención de la delincuencia", añade Jupol, que lamenta que la intervención de los agentes se viera "gravemente entorpecida por la actitud violenta y desafiante de los detenidos", que arremetieron contra los agentes con el claro objetivo de impedir su labor.

En opinión del sindicato, resulta "incomprensible" tanto que "bajo presiones mediáticas y políticas" hayan quedado en libertad los siete detenidos como que la Delegación del Gobierno en Madrid tolerara una concentración no comunicada a las puertas de una comisaría.