Una mujer puede haber sido sedada y agredida sexualmente durante meses o incluso años sin ser consciente de ello. Un ejemplo de esto se vio claramente con el caso de Gisèle Pelicot. En algunos casos, la primera noticia de lo ocurrido para la víctima llega cuando la Policía contacta con ella tras localizar vídeos, conversaciones u otros indicios durante una investigación. Las afectadas apenas conservan recuerdos, no perciben los efectos físicos de las agresiones o atribuyen su malestar a una enfermedad. Esto es debido a que el supuesto agresor suele ser una de las personas en las que más confían: su pareja, un familiar, un amigo o alguien con acceso habitual a su vivienda.

Este es el fenómeno que trata de combatir el Proyecto Medusa, una iniciativa internacional puesta en marcha en abril por Alemania y Reino Unido con el apoyo de Europol. Su objetivo es identificar y desarticular comunidades digitales en las que hombres intercambian métodos para sedar o drogar a mujeres, comparten imágenes de las agresiones y, en algunos casos, coordinan la participación de terceros. En el proyecto colaboran España y otros países europeos como Francia, Alemania, Hungría, Países Bajos o Reino Unido. Desde fuera del continente también participan Brasil, Canadá y Estados Unidos.

El último gran intercambio de información se produjo entre el 22 y el 24 de junio en la sede de la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA) en Londres. Allí se reunieron 29 investigadores para cruzar datos sobre víctimas, presuntos agresores y comunidades misóginas. La operación permitió identificar a 156 personas entre afectadas y sospechosos, abrir 274 nuevas líneas de investigación y descubrir cuatro grupos digitales que hasta entonces no estaban localizados.

Esas cifras corresponden únicamente a la operación de junio y no deben confundirse con el balance acumulado del Proyecto Medusa. Desde su creación, los casos vinculados a la iniciativa han dejado 57 personas detenidas, 158 víctimas bajo protección y 113 investigaciones iniciadas. Europol no ha explicado qué parte de las 156 personas identificadas son víctimas y cuál corresponde a presuntos agresores, ni ha distribuido esos resultados por países.

Las agresiones sexuales facilitadas por drogas se producen cuando una persona utiliza alcohol, medicamentos u otras sustancias para incapacitar a otra y anular su capacidad de consentir. Las drogas pueden impedirle resistirse, recordar lo ocurrido o advertir los efectos físicos de la agresión. Además, al ser administradas sin conocimientos médicos o combinadas entre sí, pueden poner en peligro su vida.

El Proyecto Medusa pone el foco en una realidad diferente a la imagen más extendida de la sumisión química, asociada habitualmente a discotecas, festivales o encuentros entre desconocidos. Los casos investigados se producen sobre todo dentro de relaciones sentimentales o círculos de confianza. Unas agresiones que, al tener lugar en el domicilio de la víctima, pueden repetirse durante largos periodos y afectan casi exclusivamente a mujeres, según Europol.

La investigación británica que precedió al lanzamiento del proyecto ayuda a dimensionar el fenómeno. Desde octubre de 2025, la NCA había identificado a más de 270 personas relacionadas con un foro concreto y sus plataformas sucesoras. La agencia elaboró más de 210 informes de inteligencia sobre posibles agresores, sospechosos y víctimas, que dieron lugar al menos a 14 investigaciones en Reino Unido y otros países. La propia NCA reconoce que todavía desconoce la verdadera magnitud de estos delitos porque probablemente están muy infradenunciados.

“Las agresiones sexuales facilitadas por drogas ya no son un comportamiento aislado, sino cada vez más organizado”, advirtió el subdirector de la NCA, Nigel Leary, al presentar los resultados. Las autoridades británicas consideran que las plataformas digitales han permitido conectar a agresores que antes podían actuar individualmente, reforzar sus conductas y facilitar delitos más allá de las fronteras nacionales.

Las investigaciones han encontrado servicios de mensajería cifrada, foros y grupos cerrados en los que sus participantes cosifican y deshumanizan a las mujeres, pero no se limitan a compartir comentarios misóginos. Según Europol, intercambian imágenes y vídeos de víctimas, narran experiencias, explican técnicas de sedación y difunden información sobre medicamentos, drogas y formas de administrarlos.

En estos espacios también se facilita la compraventa ilegal de fármacos y estupefacientes y se preparan logísticamente las agresiones. Europol ha detectado conversaciones en las que algunos miembros permiten que otros hombres abusen de sus parejas o personas cercanas. Después, los participantes comparten el material obtenido, felicitan a los agresores y validan la violencia como una forma legítima de dominación.

El proyecto relaciona estas redes con comunidades digitales que promueven una masculinidad extrema y discursos de odio contra las mujeres. En ellas se presenta a las víctimas como seres inferiores y sin autonomía, se considera el dominio masculino como un derecho y se justifica la violencia o la coacción para obtener acceso sexual. El grupo no solo proporciona conocimientos prácticos: también construye el marco ideológico con el que los participantes legitiman sus actos.

La dificultad para identificar a las víctimas ha obligado a las fuerzas policiales a desarrollar un sistema específico de cooperación. Medusa prevé la creación de un equipo especializado en identificación, encuentros intensivos de analistas de distintos países y el intercambio rápido de información a través de SIENA, la red segura de comunicaciones de Europol.

Los investigadores cruzan bases de datos en tiempo real, analizan información disponible en fuentes abiertas y buscan coincidencias entre direcciones IP. También estudian posibles conexiones con la ‘dark web’, identifican a los usuarios más activos y emplean herramientas de análisis de imágenes para descubrir lugares, objetos u otros elementos que permitan reconocer a una víctima.

Otro de los objetivos es crear una base de huellas digitales o valores ‘hash’ de las imágenes. Estos códigos permiten reconocer copias de un mismo archivo aunque se hayan vuelto a publicar en otras plataformas, lo que facilita retirar contenidos y relacionar investigaciones abiertas en distintos países. Europol proporciona apoyo financiero y analítico, además de coordinar el intercambio de información una vez terminan las reuniones presenciales.

España participa a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos investigadores formaron parte del operativo de junio. Sin embargo, el balance difundido por Europol no detalla cuántas víctimas, sospechosos, detenciones o líneas de investigación corresponden al territorio español. Canadá sí ha hecho público posteriormente que había localizado a 41 personas vinculadas al país entre posibles víctimas y agresores, aunque tampoco ofreció más detalles debido al carácter abierto de las investigaciones.

Uno de los principales obstáculos es que las víctimas pueden carecer de un relato completo. No recordar lo sucedido, no presentar lesiones evidentes o haber consumido alcohol voluntariamente puede dificultar tanto la denuncia como la investigación. En los casos perseguidos por Medusa se añade que el agresor suele controlar el espacio doméstico, puede repetir la sedación durante años y dispone de acceso a medicamentos, dispositivos electrónicos y pertenencias de la mujer.

Las autoridades británicas están tratando de cambiar el enfoque. En lugar de depender únicamente del testimonio de la víctima o esperar que sea ella quien reconstruya lo ocurrido, los investigadores analizan el comportamiento del sospechoso, sus comunicaciones, sus conexiones digitales y los patrones que se repiten en diferentes casos. La prioridad es reunir pruebas y ofrecer protección incluso cuando la mujer todavía desconoce que ha sufrido una agresión.

No obstante, las investigaciones de Medusa no se limitan únicamente a presuntas violaciones o agresiones sexuales. Algunos procedimientos incluyen delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio por el riesgo que implica administrar sustancias sedantes, especialmente cuando se mezclan sin controlar las dosis. La operación continúa abierta y Europol advierte de que la cooperación internacional seguirá activa a medida que las 274 nuevas pistas conduzcan a otros sospechosos, víctimas y comunidades digitales.

Aunque ya no es una novedad, pues desde Narcodiario e infoLibre se ha informado en meses pasados de las primeras incursiones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, resulta muy relevante constatar que la organización criminal de las cuatro letras, que ahora dirige alias Pelón tras la caída del Mencho, sigue apostando por la península ibérica para hacer grandes negocios.

En la lucha contra esta organización, agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST), han desarticulado una rama del CJNG presuntamente dedicada al tráfico internacional de metanfetamina y han desmantelado toda su infraestructura logística en España, incluido un laboratorio clandestino donde recuperaban la droga previamente disuelta en mercancía legal para dificultar su detección.

La organización habría introducido más de 2,5 toneladas de metanfetamina camuflada en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla procedente de México, en una de las mayores aprehensiones realizadas hasta la fecha tanto en España como en toda Europa.

La investigación se inició a principios del mes de junio gracias a la colaboración entre las autoridades francesas y españolas, en el marco de una investigación seguida contra una organización criminal dedicada al tráfico internacional de metanfetamina entre México y Europa. Durante las pesquisas, las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo procedente de México y con destino final España que transportaba cerca de 12.700 kilogramos de aroma artificial de vainilla en estado líquido.

Desde la entrada del contenedor en territorio nacional, las diversas gestiones policiales permitieron determinar que el cargamento transportaba disuelta una gran cantidad de droga, así como conocer los movimientos del mismo y de las personas implicadas en su recepción.

La mercancía era almacenada inicialmente en una empresa logística situada en una localidad de la provincia de Barcelona, donde permaneció hasta que varios de los investigados pudieron retirar una parte del cargamento siguiendo una operativa previamente organizada. Posteriormente, parte de esta mercancía fue trasladada a una nave industrial ubicada en la misma provincia, utilizada como punto intermedio de almacenamiento y transferencia, siendo trasladada finalmente a una finca aislada situada en la provincia de Lleida.

Las investigaciones permitieron constatar que esta última ubicación había sido acondicionada como un sofisticado laboratorio clandestino donde los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta en el aroma líquido de vainilla mediante complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización. Con este procedimiento pretendían recuperar la sustancia estupefaciente introducida en la mercancía aparentemente lícita y obtener metanfetamina cristalizada para su posterior distribución.

Paralelamente, los investigadores identificaron a los distintos miembros de la organización y las funciones que desempeñaban dentro del entramado criminal, desde la recepción del cargamento y la coordinación de los transportes hasta las labores de seguridad, contravigilancia y manipulación química de la sustancia.

Una vez constatado que el laboratorio había iniciado el proceso de recuperación de la metanfetamina, se llevó a cabo un operativo simultáneo en distintas ubicaciones que culminó con la detención de los principales responsables de la organización y el desmantelamiento de toda la infraestructura utilizada para la recepción, almacenamiento, transporte y transformación de la droga.

Como resultado de la operación, el pasado 10 de julio se practicaron siete entradas y registros en Lleida, Barcelona (cinco) y Tarragona, donde se localizó un laboratorio clandestino plenamente operativo y se intervinieron 2.400 kilos de metanfetamina, de las cuales 1.600 kilos se encontraban aún ocultos en vainilla líquida, seis vehículos, casi 4.500 euros, abundante instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos, así como numerosos dispositivos electrónicos.

Finalmente, fueron detenidas 13 personas –cinco en Lleida, cuatro en Barcelona y otras cuatro en Tarragona–, que pasaron a disposición judicial como presuntas responsables de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. El juez decretó el ingreso en prisión de 12 de ellas.

El wax es típico de Estados Unidos, pero apenas sí se había visto hasta ahora en España. Se trata de una variante de la marihuana convertida en una especie de pasta de resina tras hacer contacto con gas butano, lo que multiplica hasta límites nunca vistos su porcentaje de THC, el principio psicoactivo más conocido del cannabis. En esta sustancia, el THC llega a alcanzar cotas que superan ampliamente el 80%, con un riesgo inmediato para la vida del que la consume debido a sus enormes efectos sobre los neurotransmisores cerebrales. Sí son conocidos en la península ibérica los intentos de producción de aceite de hachís, para el que también se usa el butano y que supone un gran riesgo no solo para el que lo consume sino para el que lo produce, por la manipulación del gas de forma artesanal.

Esta droga, el wax, ha aparecido en Madrid y, en concreto, en un frigorífico de un supuesto club de fumadores de cannabis del barrio de San Blas localizado por la Policía Municipal y desmantelado en una acción conjunta con la Policía Nacional. Fue en el marco de una redada contra el menudeo de drogas que se saldó con cinco personas detenidas y que incluyó el decomiso de dos kilos de marihuana, un kilo de hachís y unos 2.000 euros en efectivo, tanto en el citado local como en una vivienda anexa al mismo.

Sin embargo, el hallazgo más destacado fueron los 400 gramos de wax intervenidos. Por establecer una comparación, la marihuana tradicional solía tener entre un 3% y un 6% de THC y la que se elabora últimamente mediante modificación genética puede alcanzar el 28%. El wax puede superar el 90%.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un local en el que se registraba un constante movimiento de personas que permanecían en su interior durante breves periodos de tiempo o accedían a la vivienda anexa para abandonarla apenas unos minutos después.

En una primera fase comprobaron que el establecimiento funcionaba como un club de fumadores. No obstante, tras realizar las comprobaciones oportunas, constataron que no existía inscripción alguna de una asociación de estas características en el registro correspondiente. Además, al local no acudía un grupo estable de socios, sino que los usuarios abandonaban el lugar a los pocos minutos y ni siquiera eran identificados al acceder.

Ante estos indicios, los investigadores determinaron que el establecimiento estaba dedicado exclusivamente a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, permitiéndose tanto la adquisición como el consumo en su interior. Asimismo, desde este punto se abastecía de droga a la vivienda anexa, cuyos ocupantes almacenaban la sustancia para distribuirla posteriormente a otras personas.

El establecimiento estaba dividido en varias estancias. Una de ellas hacía las funciones de recepción y contaba con un taquillero en el que cada compartimento almacenaba distintas cantidades de marihuana o hachís. Otra habitación se utilizaba como dispensario, donde en una nevera fue localizado el wax. Los agentes también intervinieron ocho recipientes con hachís, otros once tarros de cristal con cogollos de marihuana y 23 cigarrillos ya elaborados, además de gominolas y productos cosméticos.

Además de un delito contra la Salud Pública por motivos obvios, la Policía atribuye a los detenidos, cuatro hombres y una mujer, el delito de pertenencia a grupo criminal, pues todos ellos se repartían las funciones para que el negocio funcionase, desde los controles de accesos hasta la distribución y venta de la droga y las medidas de seguridad.

Las camareras de piso han movido la primera ficha para conseguir un derecho que llevan años persiguiendo: ser consideradas como profesión de riesgo. Este pasado jueves 9 de julio, Omar Rodríguez Cabrera, secretario del sector estatal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de FeSMC-UGT, presentó formalmente la solicitud para la tramitación de coeficientes reductores para conseguir anticipar la edad de jubilación de estas trabajadoras, lo que defiende como “un acto de justicia social”.

Los coeficientes reductores son un mecanismo previsto en la Ley General de la Seguridad Social que permite adelantar la edad ordinaria de jubilación en aquellas actividades que acrediten unas condiciones de trabajo excepcionalmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres y que presenten elevados índices de morbilidad o mortalidad.

El sistema funciona aplicando un coeficiente concreto por cada año efectivamente trabajado en la actividad de riesgo. Esto significa que los trabajadores de las profesiones a las que se les aplica un coeficiente de 0,20, pueden descontar un año de la edad de jubilación por cada cinco trabajados, mientras que uno de 0,10 exige diez años. Sin embargo, la jubilación no puede ser nunca antes de los 52 años.

Gracias al Real Decreto 402/2025, en vigor desde mayo del año pasado, se fija un procedimiento común para solicitar este reconocimiento: cada profesión debe demostrar, mediante indicadores objetivos como la siniestralidad, las enfermedades profesionales o las bajas laborales, que el riesgo no puede eliminarse únicamente con medidas de prevención. Si el Gobierno aprueba la solicitud, los trabajadores de ese colectivo podrán jubilarse antes de la edad ordinaria sin sufrir recortes en la cuantía de su pensión, a cambio de una cotización adicional que asumirán empresas y trabajadores.

Los primeros trabajadores que consiguieron este derecho en los años 70 fueron los mineros y los trabajadores del mar. Más tarde llegaron los artistas, por las peculiares características de determinadas actividades y por la brevedad de la vida profesional en algunas categorías; y los toreros, que se pueden jubilar a los 55 años. También lo han conseguido trabajadores ferroviarios, el personal de vuelo de trabajos aéreos y los bomberos.

Sin embargo, son todavía muchas las profesiones, que, aunque cada día se enfrentan a situaciones muy complicadas que comprometen su salud física y psicológica, todavía no han logrado tener un coeficiente reductor específico.

En el caso de albañiles y trabajadores primarios de la construcción no tienen reconocido este derecho, por lo que mantienen la misma jubilación que el resto de trabajadores. “No tiene sentido que una persona de más de 60 años siga trabajando en un andamio, cargando pesos, adoptando posturas forzadas o expuesta a agentes cancerígenos y tóxicos”, denuncia Aída Suárez, secretaria de Salud Laboral y Política Energética de CCOO del Hábitat, en conversación con este periódico.

Por esta razón, junto a UGT, registraron en julio de 2025 una solicitud para que los profesionales que trabajan en los oficios de mayor desgaste físico, como albañiles, poceros u operarios de carreteras, puedan tener coeficientes de reducción y disfrutar de una jubilación anticipada. Su principal argumento es la elevada siniestralidad en el sector. 

Sergio Estela, portavoz de UGT-Federación de Industria, Construcción y Agro, recuerda que “en los cinco primeros meses de 2026 han fallecido 71 trabajadores en la construcción”, el mayor número de todos los sectores económicos, y advierte de que, si la tendencia continúa, "superaríamos los 200 fallecidos al año, y eso no lo podemos consentir”. Para ambos sindicatos, permitir la jubilación anticipada de quienes desempeñan los trabajos más penosos no solo mejoraría la salud de los trabajadores, sino que contribuiría a renovar el sector y a hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones.

La petición no cuenta por el momento con el respaldo de la patronal, porque defienden que “supondría un sobrecoste que no están dispuestos a asumir”. Desde los dos sindicatos indican que están en contacto constante para conseguir su respaldo, “perfilar los cálculos y determinar con precisión qué profesiones presentan un mayor riesgo y una mayor exposición a la siniestralidad y a las enfermedades profesionales”, porque consideran que “es una cuestión de justicia”.

Una lucha que también se arrastra desde hace años y que puede estar cerca de terminar, está dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Ertzaintza tiene reconocido un coeficiente de 0,2 desde 2010, mismo grado que recibieron las policías locales en 2019 a través del Real Decreto 1449/2018. También lo consiguieron los Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra 2022, dejando fuera a los dos cuerpos principales: Policía Nacional y Guardia Civil.

La reducción de la edad de jubilación en ambos cuerpos es uno de los principales caballos de batalla de los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil. Sin embargo, todo el proceso se ha acelerado gracias a una sentencia del Tribunal Supremo impulsada por JUPOL, sindicato mayoritario dentro de la Policía Nacional.

El Alto Tribunal concluyó en mayo de 2025 que el Estado estaba incurriendo en un “trato discriminatorio” al no regular la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Nacional adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, mientras sí la había reconocido para policías autonómicas y locales. En su fallo, el Supremo obligó al Gobierno a iniciar el procedimiento para desarrollar esta regulación mediante un real decreto, al considerar que la diferencia de trato carecía de una justificación objetiva y razonable.

Unas semanas después, el Gobierno aprobó el nuevo Real Decreto 402/2025, que establece un procedimiento común para solicitar coeficientes reductores en profesiones especialmente penosas, peligrosas o insalubres. Desde entonces, tanto los sindicatos de la Policía Nacional como las asociaciones de la Guardia Civil están participando en las mesas de negociación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para concretar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y la financiación del sistema mediante un incremento de las cotizaciones.

Según indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en este cuerpo, actualmente se encuentran en un parón de las negociaciones, que se retomarán en septiembre. Su portavoz, Diego Madrazo, se muestra optimista y asegura a infoLibre que espera que para el próximo enero ya tengan reconocido este derecho.

La jubilación anticipada es también una de las reivindicaciones centrales del personal sanitario y se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción durante la negociación del nuevo Estatuto Marco. Los sindicatos sostienen que las guardias, el trabajo nocturno y a turnos, la sobrecarga asistencial, el desgaste físico y emocional y la exposición a riesgos biológicos y psicosociales justifican que se estudie la aplicación de coeficientes reductores a determinadas actividades y categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Esta petición se ha convertido en el motor de diferentes movilizaciones y protestas en los últimos años, pero, según aseguran fuentes sindicales, “lo ven muy mal” para conseguir este objetivo en un futuro próximo. En enero de 2026, SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF alcanzaron con el Ministerio de Sanidad un acuerdo para iniciar la tramitación del Estatuto Marco y el borrador negociado contemplaba que Sanidad elaborase informes técnicos sobre las ocupaciones que pudieran considerarse excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y que, una vez realizados estos estudios, las administraciones y las organizaciones sindicales promovieran ante la Seguridad Social el procedimiento para determinar si correspondía establecer coeficientes reductores.

Sin embargo, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y sometido a audiencia pública en junio eliminó esa regulación detallada. El nuevo texto mantuvo una referencia genérica a que la jubilación anticipada podría regularse mediante la correspondiente norma reglamentaria y previa tramitación del procedimiento establecido en el Real Decreto 402/2025, pero dejó de recoger expresamente el compromiso de realizar los estudios y de impulsar la solicitud. 

Los sindicatos denunciaron entonces que el cambio debilitaba lo pactado y exigieron recuperar la redacción anterior. infoLibre ha contactado con Sanidad, donde aseguran que estos informes todavía están en proceso de elaboración, pero la decisión final recae en el Ministerio de Inclusión, por lo que el proceso está todavía en una fase embrionaria.

El 27 de junio, la Guardia Civil informaba de la caída de una red criminal especializada en los vuelcos de droga con base en Las tres mil viviendas de Sevilla. Un peligroso trabajo policial llegaba a su fin. Sin embargo, el caso no era más que la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el sur de España.

Dos días más tarde, el lunes pasado, varios conductores que circulaban por la vía de servicio de la A-92 en Alcalá de de Guadaíra (Sevilla) pensaron que estaban viendo un atraco. Dos vehículos cruzados, varios hombres encapuchados y al menos un arma larga apuntando hacia otro coche inmovilizado. Cristales rotos. Unos bultos que desaparecen en apenas unos segundos. Después, los asaltantes vuelven a sus vehículos y huyen mientras el tráfico recupera la normalidad como si nada hubiera ocurrido.

El vídeo, grabado por otros usuarios de la carretera, se propagó en cuestión de horas por redes sociales. Muchos interpretaron la escena como un robo indiscriminado a plena luz del día, un síntoma más de la inseguridad. Sin embargo, las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntan hacia otra dirección mucho más preocupante: un presunto vuelco de drogas, el nombre con el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad denominan al robo de un cargamento de estupefacientes entre organizaciones criminales.

Lo verdaderamente relevante no es el vídeo. Lo importante es lo que revela. Porque un vuelco no aparece de la nada. Es la consecuencia de la existencia de una infraestructura criminal consolidada. Nadie organiza un asalto armado para robar un alijo cuya existencia desconoce. Alguien sabía qué transportaba ese vehículo, quién lo movía y en qué momento era vulnerable. Y eso sitúa inevitablemente el foco sobre Alcalá de Guadaíra. Los hechos ocurrieron en la vía de servicio de esa localidad en dirección a Arahal, pasada la gasolinera Moeve, en un punto en el que ya te incorporas en la A-92.

Durante años, el mapa del narcotráfico andaluz parecía perfectamente delimitado. Las narcolanchas pertenecían al Campo de Gibraltar, las persecuciones tenían lugar frente a las costas de Cádiz y Huelva y los desembarcos se producían de madrugada. Pero ese dibujo hace tiempo que dejó de responder a la realidad.

La presión policial sobre el Estrecho y el incremento de la vigilancia en otros puntos tradicionales han obligado a las organizaciones criminales a diversificar rutas. El Guadalquivir se ha consolidado como uno de los principales corredores de entrada para grandes cargamentos de hachís y, desde hace algún tiempo, también de cocaína. Las embarcaciones remontan el río hasta puntos donde la mercancía puede descargarse con rapidez y, desde allí, comienza una segunda fase casi tan importante como el propio desembarco: el almacenamiento y la distribución. Es precisamente en esa fase donde Alcalá de Guadaíra ha adquirido un papel estratégico.

Su cercanía con Sevilla, la conexión con la A-92, la SE-40 y otras grandes vías de comunicación convierten al municipio en un enclave privilegiado para redistribuir la droga hacia distintos puntos del país. Sobre todo hacia el norte de Andalucía y en consecuencia al norte de España. Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico, parte de los cargamentos de cocaína que llegan a través del Guadalquivir permanecen durante horas o incluso días ocultos en viviendas, naves industriales o fincas utilizadas como guarderías en los alrededores de Alcalá de Guadaira, donde las organizaciones almacenan temporalmente los alijos antes de continuar su transporte.

La existencia de estas guarderías explica también un fenómeno que hasta hace poco era prácticamente desconocido para la mayoría de la ciudadanía: los vuelcos. No son simples robos. Son operaciones planificadas para arrebatar a otra organización un cargamento valorado, en ocasiones, en millones de euros. Para ejecutarlos es imprescindible contar con información privilegiada, conocer los movimientos del grupo rival y disponer de capacidad logística suficiente para actuar en apenas unos minutos.

Según fuentes de la Guardia Civil y diversas informaciones publicadas por medios locales, en el último mes se habrían producido al menos cuatro vuelcos relacionados con el narcotráfico en el entorno de Alcalá de Guadaíra. Una sucesión de episodios que, para los investigadores, reflejaría el creciente peso logístico que ha adquirido el municipio dentro de las rutas del narcotráfico vinculadas al Guadalquivir.

El asalto grabado esta semana en la A-92 sería, precisamente, el más visible de todos ellos. La actuación fue rápida, coordinada y ejecutada con una violencia poco habitual en una vía abierta al tráfico y a plena luz del día. El empleo de armas largas y la ausencia de una denuncia posterior encajan con el patrón habitual de este tipo de acciones, donde las propias víctimas forman parte de la cadena del narcotráfico y difícilmente acudirán después a una comisaría para denunciar el robo de un cargamento ilegal.

Ese silencio complica enormemente las investigaciones. En muchas ocasiones, la Guardia Civil o la Policía Nacional logran reconstruir estos episodios gracias a vigilancias previas, seguimientos, escuchas telefónicas o investigaciones paralelas sobre las organizaciones implicadas. En esta ocasión, además, las imágenes grabadas por varios conductores han permitido poner el foco sobre un fenómeno que habitualmente permanece oculto.

La proliferación de los vuelcos también evidencia otra realidad: el narcotráfico ha dejado de ser únicamente una actividad ligada a la costa. Hoy funciona como una auténtica red logística con embarcaciones, vehículos lanzadera, pisos francos, guarderías de droga y equipos especializados tanto en custodiar los alijos como en robárselos a organizaciones rivales.

Ese nivel de profesionalización quedó reflejado hace apenas unos días con la desarticulación de la citada organización criminal presuntamente especializada en vuelcos enraizada en la capital andaluza. La operación, desarrollada por la Guardia Civil en varias localidades de la provincia de Sevilla, entre ellas Alcalá de Guadaíra, permitió detener a nueve personas que, según la investigación, se dedicaban a localizar guarderías de droga y asaltar cargamentos pertenecientes a otros grupos criminales.

Los agentes intervinieron armas de fuego, chalecos antibalas, vehículos preparados para este tipo de acciones y diverso material utilizado para ejecutar los asaltos. Según las pesquisas, algunos de sus integrantes incluso planeaban hacerse pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para interceptar los cargamentos sin levantar sospechas.

La investigación confirmó, además, el elevado grado de organización que han alcanzado estas redes. Los vuelcos ya no responden a acciones improvisadas, sino a operaciones cuidadosamente preparadas en las que participan equipos de vigilancia, conductores, hombres armados y colaboradores encargados de obtener información sobre los movimientos de las organizaciones rivales.

Para los investigadores, este tipo de episodios son una consecuencia directa de la consolidación del Guadalquivir como una de las principales puertas de entrada de la droga en Europa. Cuanta más mercancía entra y más tiempo permanece almacenada en el interior de la provincia, mayores son las posibilidades de que surjan enfrentamientos entre organizaciones por hacerse con esos cargamentos.

La principal preocupación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya no reside únicamente en impedir la entrada de la droga, sino en evitar que esa violencia termine trasladándose a espacios frecuentados por ciudadanos completamente ajenos al narcotráfico. El asalto grabado en la A-92 demuestra que esa frontera cada vez resulta más difusa. Un error, un disparo o una maniobra inesperada podrían convertir a cualquier conductor en víctima colateral de una disputa entre organizaciones criminales.

La actividad, además, no se limita al entorno del Guadalquivir. Según fuentes consultadas por este periódico, el pasado martes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sorprendieron un alijo de droga que se estaba produciendo en la Playa de la Luna, en Mijas, el corazón de la Costa del Sol. La rápida intervención policial permitió recuperar varios fardos de hachís antes de que fueran retirados por la organización responsable del desembarco, frustrando parcialmente la operación y evitando que la mercancía abandonara la costa.

Dos escenarios separados por más de doscientos kilómetros, pero unidos por un mismo fenómeno: la expansión de las rutas del narcotráfico y la creciente violencia que acompaña a un negocio que ya no entiende de fronteras entre la costa y el interior. El vídeo viral de la A-92 no fue un atraco cualquiera. Fue la imagen más visible de una guerra silenciosa que hace tiempo dejó de librarse únicamente junto al mar.

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Municipal de Pamplona ha finalizado la denominada Operación Silver contra el tráfico de sustancias estupefacientes que se ha desarrollado en tres fases, desde abril de 2025 hasta junio de 2026, en la Comunidad Foral de Navarra, pero también en La Rioja, Madrid y Burgos. El operativo dejó sin existencias a uno de los grandes grupos criminales que pretendía abastecer al gran número de consumidores en las próximas fiestas de San Fermín.

La redada ha concluido con un total de 37 detenidos en esas cuatro provincias como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal y la incautación de 125,9 kilos de cocaína, 10,5 kilos de hachís y alrededor de 150.000 euros de dinero en efectivo.

Durante la primera fase, iniciada a finales del 2025, se procedió a la detención de 14 personas en varios distritos de la ciudad de Madrid, en el barrio de la Rochapea de Pamplona y varias localidades de Navarra. Se realizaron registros domiciliarios, incautando en Madrid una gran cantidad de cocaína (108 kilos) lista para ser distribuida en diferentes lugares de España, desarticulando igualmente varios puntos de venta minorista de droga dentro de la Comunidad Foral.

En la segunda fase se procedió a la detención de otras cuatro personas durante la realización de un pase de sustancia estupefaciente (cocaína) de casi 400 gramos en dos localidades riojanas.

En la tercera y última fase acontecida la semana previa a las fiestas de San Fermín y ante el aumento de la actividad ilícita por parte de este grupo criminal, se concluyó la operación deteniendo un total de 15 personas en Madrid capital, Logroño, Pamplona, Estella y otras localidades de Burgos y Navarra. Los múltiples registros permitieron incautar una gran cantidad de sustancia estupefaciente que presumiblemente iba a ser destinada al consumo durante las fiestas.

Concretamente un total de siete kilos y medio de cocaína, 10 kilos de hachís, tres kilos de marihuana, 620 gramos de MDMA, 190 gramos de heroína, 41,2 gramos de speed, y más de 73.000 euros en efectivo. Además durante la operación se decomisaron relojes de alta gama así como 16 vehículos caleteados con sistemas de ocultación para droga.

Es destacable el grado de especialización de esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, cuyos miembros utilizaban los últimos medios técnicos para no ser detectados por los investigadores; esto es routers portátiles, aparatos de inhibición y de detección de balizas, así como vehículos de alta gama para evitar las vigilancias y seguimientos en los que llegaban a alcanzar 255 km por hora en competiciones entre los integrantes que simulaban carreras.

La instrucción de esta importante investigación ha sido llevada a cabo por la titular del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción número tres de Pamplona.

Un juez ha dictado una orden de detención contra Vito Quiles que por el momento no ha podido ser ejecutada al no localizarle la Policía en su lugar de trabajo, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Vito Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025, si bien las fuentes no han precisado por qué procedimiento se le ha ordenado detener.

Otras causas polémicas en las que se ha visto envuelto fueron las denuncias que interpusieron contra él por acoso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, por una presunta agresión, si bien ambas han sido archivadas provisionalmente.

Fuentes del despacho de Ospina Abogados que representa a Quiles ha asegurado a EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención, pero conocen que la Policía ha acudido al lugar de trabajo, el plató del canal digital EDA TV, para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento.

Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

El diputado de Sumar y parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado este martes una proposición de ley que podría cambiar completamente la composición de la Policía Nacional, al poner sobre la mesa del Congreso el planteamiento de que estos agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase y no solo a los propios del cuerpo, como tienen permitido hasta ahora.

La propuesta plantea modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/2015, el que limita a los agentes de la Policía Nacional a solo poder afiliarse a sindicatos internos. De esta manera, el texto defiende que los sindicatos corporativos actuales (SUP, CEP, JUPOL, UFP, etc.) no desaparecerían, sino que convivirían con los sindicatos de clase, mediante una "conjugación mixta" entre sindicatos corporativos e interprofesionales.

“Vamos a dar un paso histórico para conseguir el reconocimiento que durante años un grupo de agentes por el reconocimiento que viene recogido en la Constitución”, ha explicado el diputado y ha añadido que “hay que acabar con las restricciones sindicales dentro de la Policía”.

De esta manera Santiago hace un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para apoyar esta medida. “A los agentes se les llena la cabeza con medidas demagógicas, como la equiparación salarial, ya que no se trata de hacer propuestas que se basen en lo que decida un alcalde. Esto significa dar a los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad la herramienta para que conquisten sus derechos”, ha explicado.

La proposición de ley persigue seis objetivos esenciales: reconocer plenamente la libertad sindical de los policías nacionales; poner fin a la desigualdad con otros cuerpos policiales locales y autonómicos; establecer un marco regulativo claro; fortalecer la calidad democrática; regular un sistema electoral sindical, actualizando y eliminando las distinciones actuales; y se añade una última para mejorar el ámbito de representación profesional dentro de la Guardia Civil.

Junto a Santiago, le han acompañado en el Congreso un grupo de policías, principalmente miembros del Sindicato Reformista de Policía (SRP), guardias civiles y representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para celebrar esta decisión. 

Hace ya unas semanas, los dos principales sindicatos de España hicieron un “llamamiento” público “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, que se ha empezado a materializar a partir de este martes.

Sin embargo, esta medida no es algo nuevo y viene de una lucha de años liderada por el Sindicato Reformista de Policía (SRP), sin representación actual en el Consejo de la Policía Nacional. Esta organización defiende que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

Su principal defensa está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. En este momento solo se pueden afiliar a sindicatos internos de la Policía por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, por lo que este paso llevado a cabo por Izquierda Unida puede volverse un antes y después en esta lucha.

En paralelo a la vía política, el SRP tiene también abierta otra línea en los tribunales con la presentación de dos denuncias por parte de dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la segunda en el TSJ de Valencia, que está pendiente de ser aceptada.

El ingenio de los narcotraficantes en España parece no tener límites, tal y como se ha visto esta semana en uno de los enclaves históricos para la venta de drogas: el poblado de Son Banya (Palma de Mallorca, Baleares). El territorio que en su día dominó con puño de hierro La Paca y que sigue siendo caldo de cultivo para dicha actividad fue escenario de una gran intervención policial y judicial que acabó con un negocio que mezclaba drogas y fútbol.

Para ello, sus responsables idearon un esquema criminal basado en el fervor de las personas por el Mundial de fútbol que se desarrolla en México, Canadá y Estados Unidos. Así, personalizaron una chabola para convertirla en la narcocaseta del Mundial, con imágenes de algunos de los integrantes de la selección como Pedri, Ferrán o Isco, y otros históricos como Raúl o Casillas como reclamo.

En su interior, todos los útiles precisos para la venta de estupefacientes, así como para su consumo, incluidas ofertas especiales de cocaína y heroína (llamada por ellos caballo) para los días de partido de la selección española durante el citado campeonato universal. Todo un atractivo para los drogodependientes.

Para poner punto y final a esa y a otras actividades ilícitas en el enclave, agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas por ser presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y a dos más por estar en busca y captura. Además, también actuaron el Ajuntament de Palma y la Policía Local en materia urbanística, apoyo imprescindible para derribar siete casetas que servían como puntos de venta, no solo la del Mundial, sino otras muchas, incluida una con los logotipos del Real Madrid y del FC Barcelona.

Con ese objetivo, agentes de la Policía Nacional en Palma llevaron a cabo esta semana un operativo policial en el citado poblado de Son Banya procediendo a la detención de cinco personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, consiguiendo desmantelar nueve puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Los especialistas de la Udyco llevaron a cabo la investigación en el poblado, donde varias organizaciones criminales explotaban la venta de sustancias con la construcción de las casetas, que son puntos de venta de droga pertenecientes a cada organización que se establecen en la explanada del poblado, formando un abanico para facilitar las transacciones con los compradores y no vincularlos con los domicilios.

Al infringir la normativa urbanística municipal, el Ajuntament de Palma y la Policía Local participaron en el operativo para demoler siete de las casetas, además de abrir al menos seis nuevos expedientes para actuar en el futuro en distintas partes del poblado.

Una vez con toda la información se estableció un operativo policial sobre las 9:00 horas del jueves, en el que se accedió al interior del poblado cogiendo desprevenidos a los vendedores y accediendo al interior de los puntos, localizando en el lugar diferentes sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana, heroína y hachís.

Varios de los vendedores intentaron huir del lugar corriendo y trataron de deshacerse de dinero y sustancias estupefacientes que arrojaron a una oquedad. Sin embargo, por la rápida intervención de los policías, fueron atrapados los presuntos autores que trataron de escapar.

En el dispositivo policial intervinieron agentes de la Udyco de Baleares apoyados por policías de la Brigada Provincial de Policía Judicial, así como la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica, Unidad Aérea con el helicóptero, así como el grupo de Conducciones.

Por parte de la Policía Local, intervinieron agentes de la Unidad de Intervención Inmediata, la Unidad de Seguridad Integral, la Unidad de Drones y la Unidad Motorizada.

De la misma manera, la Policía Local interpuso tres denuncias a conductores por carecer de ITV en vigor y otra más a un conductor por no tener el seguro obligatorio. Igualmente, los agentes denunciaron a un varón por transportar de manera ilegal, careciendo de licencia, a varias personas. También remitieron al juzgado de guardia un posible delito leve de hurto.

El resultado de la operación policial se saldó, además de con las citadas detenciones, con la intervención de más de 500 gramos de cocaína, cerca de 500 gramos de marihuana y hachís, diversas cantidades de heroína y de cocaína en base y más de 3.000 euros en billetes, así como diversos útiles necesarios para la venta de sustancias estupefacientes.

Este tipo de actuaciones que lleva a cabo la Udyco de la Policía Nacional se vienen desarrollando en los diferentes barrios de Palma, ya sea a través de informaciones propias, anónimas o quejas vecinales y tratan de dar respuesta a la demandas ciudadanas.

Estos dispositivos se refuerzan con actuaciones de las unidades de seguridad ciudadana de la Policía Nacional en diferentes barrios y zonas de ocio en un esfuerzo para luchar contra el tráfico de drogas.

La respuesta institucional a la protesta no violenta se está endureciendo en España y en buena parte de Europa. No se trata de que haya más violencia, sino de que la reacción del sistema —de policías, fiscales y tribunales— se ha vuelto más dura ante acciones que no son violentas: pintadas, pintura roja en puertas, bloqueos simbólicos de accesos o marchas silenciosas que interrumpen el tráfico.

En España, informes como los publicados reiteradamente por Amnistía Internacional, por Defender a quien Defiende (DqD) y los diagnósticos de organizaciones como la Associació Novact muestran un aumento de la represión y de las vulneraciones de derechos. Es un fenómeno global: a escala europea, el relator especial de la ONU sobre Defensores Ambientales, Michel Forst, y la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (Civicus) apuntan a una tendencia general hacia el cierre del espacio cívico y la criminalización de la protesta pacífica, con leyes más restrictivas en varios países de la UE.

Una jueza acaba de descartar penas de prisión para los activistas climáticos que, en marzo de 2023, mancharon con témpera roja diluida en agua —un material de uso común en colegios y actividades infantiles— la fachada de los leones del Congreso de los Diputados.

Con todo, el Juzgado de lo Penal n.º 10 de Madrid impuso una multa de 1.400 euros a cuatro de ellos por un delito contra el patrimonio y absolvió a otros cinco que también participaron en la protesta, pero de quienes no se pudo probar que arrojaran la pintura. Y eso que la fracción de la escalinata que se vio salpicada de rojo, más allá de su carácter simbólico, carece de protección patrimonial, porque ni siquiera forma parte del catálogo de bienes de interés cultural de la Comunidad de Madrid.

Lo verdaderamente llamativo, más allá de la sentencia, es que la Fiscalía pedía para todos ellos un escarmiento de un año y nueve meses de prisión, a pesar de que los acusados ya habían costeado los más de 5.000 euros que, oficialmente, costó la limpieza de la escalinata y los leones. “Para que sirva de prevención”, argumentó el Ministerio Fiscal.

Los activistas habían sido convocados por las organizaciones ambientalistas Extinction Rebellion, Rebelión Científica y Futuro Vegetal para concienciar sobre la alerta climática, protestar contra la pasividad del Gobierno y combatir la desinformación de los ciudadanos. Y no era la primera vez. 

En abril de 2022 ya habían pintado el Congreso con remolacha, entonces con la participación de 15 activistas, en una acción que también está en los tribunales, pero todavía pendiente de juicio. En otras ocasiones utilizaron el mismo método para señalar las sedes del PSOE, el PP, el Banco Santander y el Ministerio de Justicia.

El endurecimiento de la represión contra estas formas de protesta tiene el efecto colateral de enfriar el derecho de manifestación. Cuando la respuesta institucional se vuelve más dura, la gente se siente menos libre de protestar. Las personas pueden pensar que, si bloquean una calle o realizan una acción simbólica, acabarán afrontando cargos penales, penas de prisión o multas enormes.

El patrón tiene forma. Primero, las sanciones: multas altas por infracciones administrativas que no implican violencia, pero que pueden ser desproporcionadas. Segundo, las detenciones: intervenciones policiales que pueden incluir el uso de la fuerza o la amenaza de uso de la fuerza y que terminan en cargos penales. Tercero, las imputaciones penales: procesos que pueden llevar a prisión, multas o prohibición de manifestarse. Cuarto, los discursos políticos: cuando políticos, fiscales o medios de comunicación convierten la desobediencia civil en un problema de orden público o incluso de seguridad, y cuando se utilizan figuras de “terrorismo” o “crimen organizado” para describir lo que no son más que protestas pacíficas.

Violencia es cuando se utiliza fuerza real contra personas o bienes. La protesta disruptiva no violenta, en cambio, consiste en acciones como interrumpir el tráfico, bloquear accesos, hacer pintadas o teñir puertas con pintura, pero sin causar daños reales a personas. Es ahí donde se plantea el debate sobre si asistimos a una respuesta institucional desproporcionada que busca deliberadamente, como ocurrió con la petición del fiscal en el caso de los activistas climáticos del Congreso, desincentivar el derecho de manifestación.

Este caso es el ejemplo más reciente de una tendencia que documentan organismos nacionales e internacionales con cifras crecientes. La plataforma Defender a quien Defiende (DqD), que reúne a entidades como Irídia, Novact o el Institut de Drets Humans de Catalunya, registró 261 casos y 1.184 vulneraciones de derechos en protestas durante 2022 y 2023. El salto entre ambos años fue pronunciado. En 2022 se contabilizaron 83 casos y 314 vulneraciones. En 2023 la cifra subió a 178 casos y 870 vulneraciones.

El informe de DqD sobre 2025, cerrado en marzo de 2026, eleva la cifra a 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas. Supone un incremento del 66,7% respecto a 2024 y más del doble que en 2023.

Dentro de ese conjunto, el movimiento ecologista pasó a ser en 2023 el que acumuló más vulneraciones de derechos, por delante de la vivienda o el sindicalismo. Futuro Vegetal concentró 43 casos y 159 vulneraciones solo en 2022 y 2023, con 69 detenciones, treinta de ellas en un único mes, y 29 procedimientos penales abiertos.

DqD sostiene haber documentado además malos tratos durante las detenciones. Entre ellos, la negativa a ofrecer una alimentación adecuada a personas veganas y un trato con sesgo de género hacia las activistas. La propia Fiscalía llegó a incluir el ecologismo radical en el apartado de terrorismo de su memoria anual. Rectificó después, tras las críticas recibidas.

Junto a las sanciones y las causas penales, DqD describe un segundo nivel de respuesta, más discreto y tecnológico, con escuchas telefónicas e infiltraciones, en algunos casos mediante relaciones sexoafectivas deliberadas con activistas.

El delito contra el patrimonio histórico aplicado a los activistas del Congreso no es la única vía penal o administrativa que se utiliza contra la protesta en España. La reforma del artículo 557 del Código Penal, sobre desórdenes públicos, amplió el margen para perseguir penalmente cortes de tráfico, ocupaciones simbólicas o bloqueos de infraestructuras.

La Ley Mordaza —que sigue en vigor a pesar de las muchas promesas del Gobierno y de sus aliados para su reforma—, en concreto sus artículos 36.6 y 37.4, se ha convertido en una herramienta rutinaria de sanción. Según Amnistía Internacional, desde su entrada en vigor en 2015 y hasta 2024 se han impuesto más de 480.000 sanciones por infracciones de seguridad ciudadana, la mayoría por desobediencia o faltas de respeto a la autoridad.

A esas dos vías se ha sumado una tercera en los últimos dos años. La Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, asegura DqD, pensada para sancionar agresiones en estadios, se aplica ahora a banderas, camisetas o cánticos propalestinos.

Durante la Vuelta Ciclista a España de 2025, al menos 30 personas fueron detenidas y 108 recibieron expedientes sancionadores. Amnistía Internacional contabilizó 91 de esos expedientes basados en la ley deportiva, con multas de 300, 3.000 y hasta 60.000 euros, esta última en Pontevedra.

En Valladolid, la Fiscalía pidió un año y nueve meses de prisión, la misma pena que después reclamó en el caso del Congreso, contra cuatro activistas acusados de invadir el recorrido de la Vuelta. Dos de ellos afrontaron además un cargo de resistencia a la autoridad que elevaría la pena por encima de los dos años.

El patrón se repite fuera del ciclismo. En la Universidad de Sevilla, un estudiante que participó en un encierro pacífico contra los vínculos académicos con instituciones israelíes se enfrenta a un juicio con una petición de dos años de prisión. En Madrid, doce personas que realizaron una performance ante la Feria de Armas fueron multadas con 700 euros cada una por la Ley Mordaza.

Tres movimientos explican cerca del 60% de los casos registrados por DqD en 2025. La solidaridad con Palestina supone el 24,7%, la vivienda y la okupación el 17,6% y el antifascismo el 16%.

El movimiento propalestino acumuló el año pasado 94 casos, 420 vulneraciones y 353 personas afectadas en 2025, un 65% más que en 2024. En vivienda, DqD señala como caso paradigmático el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, que dejó a unas 400 personas sin alternativa habitacional.

El reparto de responsabilidades también queda recogido en el informe. Los cuerpos policiales concentran el 54,5% de las vulneraciones, con los Mossos d’Esquadra en el 25,8% y la Policía Nacional en el 22,6%, mientras que los actores privados ya suponen el 19,2%.

La represión de la protesta ha alcanzado también a quienes la cubren. DqD documentó que un fotoperiodista identificado como prensa fue alcanzado por un proyectil de foam de los Mossos d’Esquadra en Barcelona, y que activistas sentados en la estación de Sants recibieron gas pimienta sin previo aviso.

Michel Forst, el relator especial de Naciones Unidas para defensores ambientales, recoge un patrón equivalente de leyes generalistas, reformas penales y retórica alarmista en Austria, Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia y Dinamarca.

Forst ha documentado cómo responsables políticos y medios de comunicación de varios de esos países califican a movimientos climáticos de ecoterroristas o los presentan como una amenaza para la democracia. Cita también informes de fiscalías que encuadran a colectivos como Extinction Rebellion bajo epígrafes de terrorismo internacional o nacional, pese a reconocer que no emplean la violencia.

El relator detalla además legislaciones concretas. Entre ellas, la ley de eco-vandalismo aprobada en Italia y la norma británica que crea el delito de locking-on, consistente en encadenarse o ir equipado para hacerlo durante una protesta.

En el plano judicial, Forst observa un endurecimiento generalizado de las penas. En el Reino Unido documenta condenas de prisión de meses o años por bloqueos o marchas lentas, además de decisiones que prohíben a la defensa invocar el contexto climático ante el tribunal.

La fotografía no se limita a Europa. La también relatora especial de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, advirtió en 2024 de un ataque generalizado, sistemático e intensivo contra esos derechos en todo el mundo. Señaló que numerosos gobiernos instrumentalizan leyes sobre supuestos agentes extranjeros para perseguir a organizaciones sociales.

El informe anual de Civicus sobre el estado de la sociedad civil correspondiente a 2025 describe procesos de captura del Estado y una criminalización creciente de prácticas hasta ahora consideradas protestas legítimas. El texto señala un foco específico en activistas climáticos, defensores de derechos indígenas y colectivos como mujeres, personas LGBTIQ+ y migrantes.

El juez Juan Carlos Peinado sostiene en el auto por el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que la escoltan podrían llegar a facilitar una hipotética fuga. Ese argumento forma parte de la resolución en la que el magistrado acuerda retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio nacional y obligarla a comparecer dos veces al mes en el juzgado. Gómez, por su parte, ha anunciado que recurrirá la decisión, según han informado fuentes de su entorno a EFE.

Peinado adopta esas medidas cautelares tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares solicitaron medidas por riesgo de fuga. En su resolución, el juez subraya que "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida" y que el perjuicio para la acción de la justicia sería mayor en caso de que esa fuga llegara a producirse.

El magistrado sostiene que "el abanico punitivo, de penas privativas de libertad, que pudiera serle aplicado a las acusadas, es el comprendido entre las penas de dos años a 16 años". Ese argumento le sirve para justificar la existencia de riesgo de fuga y la adopción de medidas cautelares contra Gómez y contra su asesora, Cristina Álvarez.

Uno de los razonamientos más llamativos del auto se refiere a la escolta de la esposa del presidente. El juez recoge que la defensa de Gómez alegó que, por su condición de mujer del actual jefe del Ejecutivo, se encuentra acompañada y custodiada por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, Peinado rechaza que esa circunstancia elimine el riesgo de fuga, más bien al contrario.

"Lo que no cabe duda es que esos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", afirma el magistrado en la resolución conocida este sábado.

Peinado añade, además, que la condición de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es "efímera" y "transitoria", por lo que esa protección policial podría desaparecer. "Esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", señala el auto.

El juez extiende ese mismo razonamiento a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por su "estrecha vinculación personal" con ella y por haberla acompañado y coordinado sus actividades. A juicio del magistrado, Álvarez dispone de "una situación similar" a la de Gómez "a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado la "más enérgica queja" a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que contiene el auto de Peina "cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".

Para Marlaska, esas sospechas injustificadas alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

El ministro, máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, considera que se trata de "un hecho de máxima gravedad" y ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces que valore la adopción de las medidas que considere oportunas.

Justicia Policial (Jupol, el sindicato mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional) han emitido un comunicado en el que tilda de "barbaridad" que el juez justifique su decisión en el riesgo de que huya con la ayuda de su escolta. "Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales", afirma este sindicato en una nota publicada en X.

“Poner en duda su actuación [de los escoltas] carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”, añade. Por ello, considera “imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”. “La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos”, concluye.

Peinado envía a juicio a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También envía a juicio a su asesora por los mismos delitos.

Además, el magistrado sienta en el banquillo al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Este martes, 16 de junio, a las nueve y cuarto de la mañana, la Consellería de la Presidencia ha celebrado la segunda sesión de la mesa encargada del contrato para comprar 250 chalecos "antibalas, anticuchillo y antipunzón" para la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Xunta, la conocida como policía autonómica. Se trata de la reunión en la que los seis miembros de la mesa han comenzado a analizar las ofertas de las empresas que optan al contrato. Una de ellas es Guardian Homeland Security, el "representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar", en palabras de la propia compañía.

Apenas un año después de tener que dejar desierto el concurso por ausencia de ofertas, el departamento que dirige Diego Calvo reinició el procedimiento a mediados del pasado mayo por un importe prácticamente idéntico (227.498,15 euros, IVA incluido) y esta vez recibió tres candidaturas. Lo constató el pasado día 4, cuando abrió el apartado de documentación general de las ofertas, concedió tres días a una de ellas (la catalana Usis Guirao) para completar un formulario incompleto y admitió las otras dos sin necesidad de subsanaciones por cumplir todos los requisitos formales: Dotación y Equipamiento, S.L. y la citada Guardian Homeland Security.

En su portfolio empresarial, Guardian se promociona como "proveedor principal de productos de seguridad y defensa de fabricación israelí". En sus presentaciones públicas subraya que fue "fundada por antiguos miembros de los servicios especiales de seguridad del Estado de Israel", cuyo Ministerio de Defensa le concedió licencia de exportación hace dos décadas. Está inscrita en el Ministerio de Defensa desde 2010, en la OTAN desde 2011 y habilitada por el Ministerio del Interior desde 2018. El presidente de su matriz, Guardian LTD Israel, es el teniente general retirado de las fuerzas armadas israelíes Yom Tov Samia, según consta en el catálogo 26-27.

Especializada en "productos militares y policiales", pero también en la "impartición de cursos de seguridad en Israel y en España" y en formación y servicios en materia de "seguridad e inteligencia", Guardian no oculta su alineamiento político con las acciones militares de las actuales autoridades israelíes en el asedio a Gaza, incluso difundiendo propaganda al respecto a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, sus vínculos con el Ejército israelí son también obvios por ser representante de IMI Systems, antigua empresa pública israelí comprada en 2018 por la privada Elbit, cuyos productos son "intensamente usados por el ejército y unidades militares israelíes", promocionan.

Más allá de las connotaciones políticas o incluso éticas de las relaciones comerciales con esta compañía en el actual contexto internacional, en el caso de que Guardian resultase ganadora del concurso abierto por la Xunta, el contrato rozaría el terreno acotado desde finales de 2025 por el Gobierno de España en el Real Decreto "de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina". Como informó Civio, uno de los preceptos de esa norma prohíbe importar de Israel material de defensa que incluye chalecos y, según Guardian, sus "productos de protección balística" son "made in Israel". Cabrían matices, como aclarar si los materiales suministrados están almacenados en territorio español antes de la entrada en vigor de la norma.

La propia Guardian Homeland Security subraya también en sus materiales promocionales, además de esa fabricación israelí, que "en los últimos años" ha suministrado "miles de chalecos antibalas a la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército Español y policías locales y autonómicas", lo que la llevó a mantener "una línea exclusiva y adaptada a las necesidades del mercado español" de la marca Rabintex, cuyo uso por el ejército de Israel también explicita. Entre esas adjudicaciones hay al menos tres ayuntamientos gallegos: A Coruña (2021), Vigo (al menos, 2019 y 2023) y Ourense (2025).

Los chalecos de la Policía Local de Vigo son, precisamente, unos de los que la empresa emplea como muestra en su sitio web. En él también presenta media docena de empresas en Galicia (en A Coruña, Bergondo, Pontevedra, Redondela y Caldas de Reis) como parte de su amplia red de distribuidores.

Esos contratos municipales, que recibieron críticas de entidades defensoras del pueblo palestino, fueron anteriores al citado veto estatal. La medida fue aprobada por el Gobierno del PSOE y Sumar tras una amplia controversia pública por una millonaria contratación a IMI Systems para el suministro de munición al Ministerio del Interior, finalmente anulada.

Como recogió el Centre Delàs de Estudios por la Paz en un informe de 2019 recuperado en 2025 por El Periódico de Catalunya, durante años Guardian presentó como aval para sus productos contar entre su clientela con varios ministerios del Gobierno de España, la Agencia Tributaria, el Ejército o la Casa Real. También destacaba entonces a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías catalana, vasca y navarra, así como la Embajada de Israel en España.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. La confesión es de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Sus palabras confirmaron formalmente uno de los episodios más oscuros de la historia democrática reciente de España: la fabricación de un documento falso que acreditaba un pago ficticio de 272.325 dólares a Pablo Iglesias en un banco de un paraíso fiscal. Aquel papel nació en los despachos del Ministerio del Interior, viajó de la policía a los titulares de prensa y de los quioscos a los juzgados.

El caso de la falsa trama venezolana contra Podemos es el síntoma de una enfermedad estructural. Cuando las unidades de investigación policial abandonan su función de auxiliares de la justicia para convertirse en actores políticos y creadores de narrativas interesadas, el daño trasciende a la propia víctima del ataque. Se altera el funcionamiento de los tribunales y se contamina el flujo informativo, arrastrando tanto a jueces como a periodistas a un laberinto en el que los informes policiales ya no gozan de presunción de veracidad.

Entre 2012 y 2017, bajo el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), una estructura parapolicial operó sin control ni autorización judicial. El objetivo era doble: frenar el auge del movimiento independentista catalán y abortar la irrupción de Podemos en el escenario político.

En 2014, un grupo de 33 magistrados y juezas de Cataluña firmaron un manifiesto sobre el derecho a decidir. La respuesta del entramado policial fue inmediata: accedió a la base de datos reservada de la Policía Nacional para extraer fotografías de sus DNI y datos privados, que acabaron publicados en La Razón bajo el titular “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”. Este asalto llegó hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sentencia publicada el 27 de junio de 2022. El TEDH calificó las investigaciones internas de las autoridades españolas como “insuficientes” y fue explícito: “No hay otra explicación plausible sino que las autoridades permitieron que esta filtración tuviera lugar”.

El llamado caso Leire, que estos días acapara titulares, sobre todo en medios alineados con la derecha, no es un episodio aislado. Lo que se conoce hasta ahora lo retrata como la última vuelta de tuerca de un conflicto de años entre una parte de la Guardia Civil y los gobiernos de Sánchez, con la UCO como agente principal. Desde 2018 se han sucedido numerosos choques que han derivado en la percepción, cada vez más extendida, de que este cuerpo actúa como contrapoder frente al Ejecutivo.

El propio atestado sobre Leire Díez ilustra hasta qué punto esa palanca descansa en construcciones indiciarias. La UCO da total credibilidad a la versión de una intermediaria que presume de su relación con la directora de la Guardia Civil y, a partir de ahí, enlaza con expresiones como “supuestamente” o “previsiblemente” la apertura de tres investigaciones internas sin aportar datos objetivos adicionales. Esa cadena de hipótesis se traduce en sospecha política y en un relato mediático que presenta como hechos consumados lo que son, en términos estrictos, deducciones de los investigadores. O, como se ha puesto de moda decir ahora, “inferencias”.

Ni el juez Pedraz ha visto motivos para imputar a la directora ni las investigaciones internas han desembocado en sanciones. El conflicto acumulado, el eco mediático de los sumarios y la carga ideológica de parte de las asociaciones de agentes contribuyen a fijar en la opinión pública la idea de una Guardia Civil-ariete contra el Gobierno, alimentando un circuito en el que informes llenos de conjeturas terminan funcionando como munición pseudoperiodística.

El magistrado Joaquim Bosch, en conversación con infoLibre, distingue qué parte de un informe policial resulta jurídicamente relevante y cuál no. Lo relevante son los datos indiciarios verificables. En el caso Leire, esos indicios serían los mensajes de texto, los audios, las grabaciones de reuniones, los documentos —agendas, facturas— y los movimientos de dinero. Lo que no vincula al juez instructor, señala, son las valoraciones, hipótesis o frases llamativas de los informes al analizar esos indicios. “La policía puede realizar interpretaciones, pero no puede suplantar al órgano judicial, que es el que debe adoptar sus propias decisiones de forma independiente”.

Bosch reconoce que en ocasiones existe una incorporación judicial acrítica de esas hipótesis policiales “que no está justificada, por la insuficiencia de los indicios reales”. Pero sitúa el problema en las prácticas judiciales, no en la ley. “La ley dice claramente que los atestados policiales tienen el valor de denuncia. Por tanto, no vinculan al órgano judicial, que debe analizar críticamente esos informes, desde la perspectiva de que la propia función policial puede conllevar sesgos incriminatorios, por parte de quienes se esfuerzan en buscar pruebas para futuras condenas”. Son “prácticas judiciales —no procedentes de lagunas legales— que deben y pueden mejorar”.

El magistrado también advierte de que los tres casos más citados en este debate —Kitchen, los informes contra Podemos y el auto de Calama— no son equivalentes. “En el caso Zapatero sí que hay indicios de delito para iniciar una investigación penal, mientras que en los informes contra Podemos la actuación judicial fue más discutible jurídicamente”. Y recuerda que la UCO llegó a pedir el registro del domicilio de Zapatero con la finalidad de obtener más elementos indiciarios, pero el juez Calama no lo admitió. “En esas situaciones se pueden detectar esos dos planos funcionalmente distintos”.

Jordi Ferrer Beltrán, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona y director del máster de razonamiento probatorio, lleva tiempo advirtiendo de que en España los informes de “inteligencia” policial han adquirido un protagonismo político y procesal excesivo. Cuando se les atribuye valor probatorio, la policía invade el espacio que corresponde al juez en la interpretación y valoración de la prueba.

El problema no es la recopilación de indicios. El problema es cuando la policía selecciona el material, rellena lagunas, formula hipótesis y construye un relato fáctico cerrado, asumiendo un papel de valoración que es propio del juez. Esa operación arrastra riesgos concretos: sesgo de confirmación a favor de una hipótesis acusatoria, descarte de materiales potencialmente favorables a la defensa y relleno de lagunas probatorias con suposiciones derivadas de prejuicios o experiencias subjetivas de los agentes. 

Ferrer defiende que debe negarse valor probatorio al informe policial “en sí mismo” y reconocérselo solo a los elementos probatorios subyacentes —testimonios, pericias, documentos—, que deben incorporarse y ser valorados directamente por el órgano judicial.

Las cloacas del Estado entendieron con rapidez que un informe falso guardado en un cajón judicial carece de utilidad política. Para que el engranaje del lawfare surta efecto, requiere de altavoces mediáticos que difundan los documentos a gran escala, destruyendo la reputación del adversario antes de que cualquier juez pueda archivar la causa.

Durante los años más intensos de la llamada “policía patriótica" (2012-2014), cabeceras como El Mundo operaron de forma reiterada como instrumento para dar salida a informaciones sin contrastar contra líderes independentistas o dirigentes de la izquierda. A partir de 2015, coincidiendo con la consolidación de Podemos, la factoría del comisario José Manuel Villarejo encontró un nuevo vector en los pseudomedios digitales, singularmente a través de plataformas como okdiario.es.

Esta alianza ha dejado consecuencias para la profesión. Se ha consolidado un clima de impunidad: lo que se publica, aun siendo falso, no conlleva que las redacciones tengan que asumir responsabilidades deontológicas o penales. Al mismo tiempo, la proliferación de pseudomedios dedicados a alimentar el ruido digital con documentación policial manipulada dificulta la tarea de los periodistas de investigación rigurosos.

Cristina Monge, socióloga y colaboradora de infoLibre, señala que el rigor informativo es una condición previa a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia, "incompatible con las prácticas periodísticas que estamos viendo estos días en muchos medios de comunicación". Su diagnóstico sobre la cobertura actual es directo: "El condicional ha desaparecido de las frases y los titulares muchas veces dan a entender cosas que luego en el desarrollo del artículo no aparecen".

Monge añade algo que, a su juicio, “mucha gente no percibe suficientemente”. La filtración de informes de la UDEF y la UCO constituye en sí misma un delito. “Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos. El hecho de que se filtren ya desvirtúa la realidad, porque no son más que indiciarios, no prueban nada, lo que hacen es relatar indicios. A veces, incluso, se exceden”. Es cuando entran en el terreno de las especulaciones.

El problema, explica, no es solo deontológico. Es procesal. “En el momento en que esos informes se filtran, están generando opinión. Y es muy improbable que se pueda hacer un proceso con limpieza cuando la propia filtración de esos informes ya genera una opinión pública que difícilmente va a poder después desembocar en un juicio objetivo”. Otra cosa, matiza, son los sumarios que los jueces deciden hacer públicos y, por supuesto, las sentencias. “Pero esos informes policiales, en el proceso de instrucción en el que estamos ahora, nunca deberían ser públicos“.

Las consecuencias de todo esto no son solo procesales. Monge certifica que lo que está ocurriendo contribuye a la erosión de la confianza en el sistema democrático. Revertirlo, advierte, es complicado, porque “hay elementos que condicionan mucho la confianza institucional”. Y pone un ejemplo: “Cuando la economía va mal, la confianza se resiente, y cuando va bien, se recupera”, pero no al mismo nivel. “Lo que vemos en los últimos años es que, aunque se recupera cuando la economía va bien, no llega a los niveles previos al inicio del momento de crisis económica”.

La tendencia, por tanto, “es de empeoramiento” y eso tiene mucho que ver, explica, “con cómo se percibe que el Estado resuelve las crisis”. La confianza en el Gobierno y en el Parlamento en España, recuerda, “iba de capa caída desde el principio del siglo hasta 2018”. Pero ese año se produjo “un incremento de confianza tremendo. Un pico espectacular. ¿Con qué tiene que ver? Con la moción de censura. Ahí la ciudadanía percibió que la clase política estaba dando un puñetazo encima de la mesa contra la corrupción”. La lectura implícita es clara: de cómo reaccione ahora la clase política a la situación actual depende que en el futuro la confianza en las instituciones vaya a más o a menos.

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025, los ciudadanos califican con un 5,4 la confianza en la información de los medios. La ciudadanía, incapaz de distinguir entre información verificada y libelos de fabricación policial difundidos por portales de desinformación, tiende a meter a todo el espectro mediático en el mismo saco de la sospecha.

De aquí que la mayoría de las fuentes consultadas por infoLibre consideren imperativo restringir el alcance de los informes de las unidades policiales a su papel técnico y operativo. El atestado debe volver a ser un mapa de evidencias materiales, limpio de valoraciones jurídicas, conjeturas narrativas o valoraciones de intencionalidad que corresponden de manera exclusiva a los jueces y a la Fiscalía. 

Solo mediante un blindaje de la cadena de custodia de la información, el castigo penal efectivo de los funcionarios que utilicen los recursos públicos para espionajes políticos y una aplicación rigurosa de los límites de la prueba fáctica en los juzgados, así como de un modelo de comunicación que penalice la desinformación, se podrá rescatar la credibilidad de unas instituciones bajo sospecha.

“Fortalecer la calidad democrática de la institución policial”. Este es el principal argumento por el que desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP), actualmente sin representación en el Consejo, lleva años luchando para que los agentes de la Policía Nacional puedan afiliarse a sindicatos externos al cuerpo. Desde los casos de agresiones sexuales que han afectado a la cúpula de la Policía hasta las polémicas por las actuaciones de algunos agentes en diferentes manifestaciones, desde esta organización consideran imprescindible este paso para conseguir una Policía Nacional al “servicio de la sociedad”.

Esta semana se ha vivido un paso clave en esta lucha, gracias al apoyo público por parte de Comisiones Obreras y UGT a esta reivindicación. “Hacemos un llamamiento al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, explican en un comunicado conjunto.

La razón por la que desde la Policía Nacional no se les permite sindicarse viene del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical, que en su punto quinto recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, que en el caso de los nacionales les limita a solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo, según marca la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada  durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, la visión del SRP es diferente. El primer argumento a favor es que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

El principal punto a favor está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. 

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, a diferencia de la Guardia Civil, que sigue bajo el régimen militar.

Por esta razón, el SRP tiene ahora mismo dos líneas abiertas para conseguir su objetivo. Dos demandas judiciales después de que dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que pronunciarse a favor o en contra de la libre sindicación, mientras que la segunda está todavía pendiente de ser aceptada en el TSJ de Valencia. Por otra parte, se está impulsando una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados que se encuentra en tramitación.

De conseguirse, una de las mayores ventajas que plantean desde este sindicato, es que los representantes de los policías podrían sentarse en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y compartir las luchas por subidas salariales o más derechos junto al resto de funcionarios públicos.

Sin embargo, el hecho de que esta lucha se esté haciendo pública, ya está despertando los primeros rechazos dentro de los sindicatos que actualmente se encuentran en el Consejo de la Policía. JUPOL, uno de los mayoritarios, con actualmente cuatro representantes, denuncia que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”.

“Desde nuestra organización no podemos evitar pensar que detrás de este tipo de planteamientos existe también una clara intención política de ejercer un mayor control sobre las organizaciones sindicales policiales independientes, limitando la capacidad reivindicativa de los sindicatos profesionales que durante años han denunciado públicamente el abandono institucional que sufre la Policía Nacional”, describen desde el sindicato.

Por su parte el SUP, también con cuatro representantes en el Consejo, con una posición más moderada, muestra su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. 

“No obstante, creemos que el actual modelo de representación de la Policía Nacional responde a la singularidad de nuestra función y ha permitido que los policías estén representados por organizaciones especializadas que conocen de primera mano los problemas profesionales del colectivo”, explica su portavoz, Ana Alarcón, a infoLibre.

Añade que “el debate no debe centrarse únicamente en quién puede afiliarse a qué organización, sino en garantizar que la representación de los policías siga siendo eficaz, independiente y centrada en los intereses profesionales de los agentes”.

Desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que tiene dos representantes en el Consejo, consideran que este tema “abre muchos interrogantes”. “La ley orgánica de libertad sindical lo dice bien clarito: nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López. 

“¿Qué pasará con nuestro Consejo de Policía, ese mini parlamento que tenemos dentro del cuerpo donde los sindicatos ejercemos un papel importante? ¿Va a venir alguien de Comisiones o de UGT? ¿Esos consejeros tienen que ser policías o no?”, plantea. “Si se nos permite afiliarnos a sindicatos de clase, ¿tendrá la Policía Nacional derecho a huelga? Es decir, ¿habremos conseguido al final ese derecho que a día de hoy lo tenemos restringido?”, añade. En cuanto al CEP, con dos representantes en el Consejo, no quieren, por el momento, hacer comentarios sobre el tema.

“Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas”. Es el mensaje que ha dejado uno de los principales sindicatos de la Policía Nacional, la Unión Federal de Policía (UFP), tras la publicación del vídeo en el que se puede ver como una de las manifestantes, una profesora jubilada de 68 años, es empujada por la espalda por uno de los agentes mientras se encontraba en la calzada, lo que provoca su caída contra el suelo.

Una línea de apoyo que también han seguido desde otro de los sindicatos, la Confederación Española de Policía (CEP). “El derecho a manifestarse no es absoluto. Es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia. La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico”, han escrito en una publicación en redes sociales. Ambos mensajes, se han escrito como respuesta a las palabras de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en las que aseguraba que van a “investigar lo ocurrido”. 

“Tú no vas a investigar nada”, arremeten desde las dos organizaciones contra la representante socialista. Aunque los dos sindicatos con más representación dentro del Consejo de la Policía, JUPOL y el SUP, han mantenido en esta ocasión una posición más equidistante, toda la situación no ha hecho más que avivar la indignación de la sociedad. No solo se ha visto como un agente puede llegar a realizar este tipo de acciones sin grandes represalias, sino que recibe el apoyo de los sindicatos que les representan. 

Desde el Ministerio del Interior no se han querido pronunciar sobre lo ocurrido y han asegurado a este periódico que “no tienen nada que decir”, en respuesta a si van a realizar valoraciones de las palabras de estos sindicatos y si podrían tener alguna consecuencia. Lo que sí se ha conocido, es que desde la Dirección de la Policía Nacional se ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente al agente.

“Esto no puede quedar en una simple sanción”, denuncia Manuel Soler, portavoz del Sindicato Reformista de la Policía (SRP), que aunque actualmente no tiene representación en el Consejo, ha sido el único que se ha posicionado de una forma clara mostrando su rechazo a lo ocurrido en Valencia.

“Los sindicatos de Policía están sufriendo una pandemia ideológica hacia la ultraderecha para conseguir aglutinar al máximo de representantes a través de decir la burrada más fuerte”, explica. Una situación que está llevando a que “miles de agentes” que están en contra de estas actuaciones “no puedan alzar la voz”.

“Se está amparando una agresión brutal”, asegura Soler, que defiende que esta es una situación que “se tiene que cortar de raíz”. “Esto es gravísimo, porque no se puede despreciar e insultar a un cargo público de esa manera”, añade. “La población está preocupada y nosotros más”. Desde el SRP también quieren mandar un mensaje a la mujer agredida para expresar “su solidaridad” y que en este momento están estudiando para desplazarse y apoyar “a las personas que se están manifestando en Valencia”.

En esta misma línea se ha pronunciado la plataforma de Policías Antifascistas, nacida a principios de este año justamente para defender los Derechos Humanos y frenar “los continuos intentos de apropiación por parte del aparato de la extrema derecha” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España.

“Nosotros lo consideramos una actuación desproporcionada y es normal que desde el activismo se entienda que desde la Policía van con más contundencia contra determinados grupos”, explica en conversación con infoLibre uno de sus representantes, Adrián Rodríguez.

Denuncia que “hay una falta de contundencia por parte de los sindicatos en una situación claramente de desproporción, que lo único que hace es distanciar a los activistas con la Policía”. “Entendemos que el agente, ya sea en el juicio o en su expediente, tendrá que defenderse de la manera que mejor vea, pero es difícil entender que un sindicato defienda a priori esta actuación viendo las imágenes”, añade. 

“No puede ser una defensa ciega a un compañero por simplemente ser policía. Es tan fácil como pedir disculpas, porque todos podemos tener un día peor o cometer errores”, asegura. Sobre las palabras que han dirigido a Bernabé, defiende que “un sindicato se supone que está para defender los derechos de sus trabajadores, por lo que hacer un señalamiento tan claro contra un cargo político es otra ida de mano más”.

Una mujer camina con los brazos cruzados, camiseta verde y pantalones vaqueros. No va acompañada, su ritmo es pausado y parece observar con calma a quienes como ella han salido a la calle para defender la educación pública. En ese momento, un policía se abalanza sobre ella, empujándola por la espalda y tirándola al suelo. Las imágenes sobre lo acontecido acreditan que la docente no suponía ninguna amenaza, nadie a su alrededor estaba en riesgo y no existía un contexto de tensión. Pese a ello, el agente no duda en aferrarse a la porra y cargar contra ella.

La delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, tachó la escena de "inaceptable" a través de un mensaje en redes sociales. "Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades", añadió el mismo domingo. La Unión Federal de Policía (UFP) se apresuró a reaccionar: "Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación". No fue la única organización policial que ha respaldado públicamente al agente. Este mismo lunes, la Policía Nacional inició el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente.

La actuación policial, calificada de desproporcionada de forma casi unánime, ocurre una semana después de que la Ertzaintza cargara en el aeropuerto de Loiu contra los activistas de la Flotilla Global Sumud de solidaridad con Palestina. El grupo de activistas aterrizaba después de haber sido interceptado por las fuerzas israelíes y tras haber denunciado episodios de tortura por tratar de defender los derechos de los palestinos. 

Los voluntarios de la Flotilla recibieron golpes por parte de los agentes, algunos fueron expulsados a rastras y retenidos contra el suelo a la fuerza. La operación se saldó con varias personas heridas y cuatro detenciones. Aunque el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, habló en un primer momento de provocaciones por parte de los activistas, enseguida se comprometió a "aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar". El Ararteko, defensor del pueblo en Euskadi, abrió un expediente de oficio y centenares de personas se echaron a las calles para denunciar los abusos policiales y las conexiones entre la policía autonómica e Israel.

En este último punto se detuvo también Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados. En redes sociales, pidió que los responsables "rindan cuentas" y compartió un artículo sobre los vínculos entre la policía vasca e Israel: "Se trata de los mismos policías que han recibido contratos de seguridad israelíes por valor de 1,6 millones de euros, entrenados por antiguos agentes del Mossad y equipados con tecnología de vigilancia israelí", escribe el periodista Ahmed Eldin.

Ya en el año 2007, Amnistía Internacional advertía del uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En su informe Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos la organización hablaba entonces de los obstáculos para denunciar actuaciones policiales desproporcionadas, investigaciones deficientes y sanciones irrisorias. Amnistía señalaba ya en aquel momento que no se trataba de hechos aislados atribuibles a algunos agentes particulares, sino de un problema estructural.  

Con el paso de los años no han sido pocas las organizaciones que han mantenido fija la mirada en el uso de la violencia policial contra los movimientos sociales y en la criminalización progresiva del derecho a la protesta, con la conocida como ley mordaza como principal instrumento represivo. 

El informe Diagnóstico del derecho a la protesta, publicado anualmente por la organización Defiende a quien Defiende, advierte en su última edición que el año pasado se documentaron "diversas tendencias en lo que respecta al uso de la fuerza y del material antidisturbios por parte de los cuerpos policiales que dibujan un cambio de paradigma en la manera de reprimir la protesta". 

Entre las más preocupantes, los autores destacan casos de malas prácticas "en el uso del bastón policial", no solo a través de "golpes de arriba hacia abajo y el impacto en zonas vitales del cuerpo, sino que el número de fracturas óseas se ha duplicado". En gran medida, sostienen, "esta violencia policial se ha documentado en protestas propalestinas en distintos puntos del Estado".

El análisis también se detiene en el uso de material especialmente nocivo como las balas de goma para reprimir protestas, entre las que el año pasado destacaron la huelga del metal en Cádiz o las acciones de boicot contra la Vuelta Ciclista en Madrid. "Cabe resaltar la dimensión cualitativa del empleo de este material, aun cuando su utilización pueda considerarse excepcional, ya que se ha demostrado que puede causar lesiones de especial gravedad, incluidas mutilaciones e incluso la muerte". Pero, además, en el marco de todos los casos identificados de personas heridas con pelotas de goma, "en ninguno se ha condenado al autor material del disparo", salvo en el asesinato de Iñigo Cabacas. 

Al nombre de este último lo acompañan otros muchos grabados en la memoria de los colectivos sociales, como el de Ester Quintana, quien perdió un ojo con una bala de goma; Patricia Heras, víctima mortal del conocido como caso 4F, o Mame Mbaye, un joven migrante que murió de un ataque al corazón tras una persecución policial.

Al análisis global es preciso sumarle el caso concreto de la violencia racial, un debate enquistado en suelo español que este mismo año ha vuelto a la palestra, a raíz de la detención de Serigne Mbayé, exdiputado autonómico y secretario de Antirracismo de Podemos. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

"No son casos aislados, ni anomalías, ni errores". Habla Marco Fernández, portavoz del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Se trata de una cuestión estructural y sistemática" que se expresa de forma visible a través de "episodios graves de malos tratos", expone en conversación con infoLibre. El activista recuerda que el Estado español ha sido condenado más de una decena de veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar casos de tortura, "en más de la mitad con Fernando Grande-Marlaska como juez de la Audiencia Nacional", enfatiza. "Hablamos de actuaciones sistemáticas y que gozan de impunidad", porque detrás hay un "aparato que lo ampara", añade Fernández.

El activista sostiene que es sencillo refutar la tesis de que la violencia policial es excepcional, simplemente echando un ojo a la respuesta de las asociaciones al episodio registrado este domingo en València. "No solo justifican la agresión, sino que lo hacen incluso cuando existe un vídeo. Qué ocurrirá cuando no hay una cámara delante", desliza.

A los casos de violencia explícita se añade otra herramienta represiva que se ha multiplicado de un tiempo a esta parte: las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Son al menos trece en los últimos cuatro años. Se trata de agentes infiltrados en movimientos como las protestas por Palestina, las plataformas por la vivienda o las organizaciones independentistas.

Tres de esos agentes estuvieron infiltrados en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Es una forma más de represión, violencia política, control y acoso policial contra todo aquello que se escapa de sus márgenes", asiente Fernández. El activista recuerda que las infiltraciones no son un fenómeno novedoso, sino una práctica de largo recorrido para el control de las disidencias y los movimientos sociales. 

Coincide Paloma Linares. Ella pertenece a la organización Madres contra la Represión, donde otra agente de policía estuvo infiltrada durante años. "Era una persona muy conocida que llevaba participando en movimientos sociales desde hacía décadas", comparte al otro lado del teléfono. "Ni remotamente podríamos sospecharlo, era una compañera muy querida". 

Linares se pregunta los motivos por los que su organización pudo poner en alerta a las autoridades: "¿Qué actividad hacemos nosotras que sea ni remotamente peligrosa?", plantea. "Si nosotras hemos tenido a una persona infiltrada, cuántas más habrá". 

Esta "forma de represión" avalada por las instituciones no solo vulnera "los derechos fundamentales" de la sociedad organizada, sino que además lanza un mensaje aleccionador al resto de la población: "La gente tiene miedo, así que el resultado es que se desactiva la calle y la protesta", lamenta la activista. 

También Linares se revuelve contra la teoría de las manzanas podridas. "La violencia y la represión empeoraron con la ley mordaza y nunca desapareció", pero además se suma a la "violencia judicial" que ha recaído directamente sobre los hombros de activistas y sindicalistas, como ocurrió, cita, con Las seis de la Suiza, Los seis de Zaragoza o Los 16 de Berango. El problema, diagnostica Linares, es que "en este país no ha habido una depuración de las fuerzas policiales ni del poder judicial, no ha habido una purga de la herencia franquista".

El juez Santiago Pedraz ha imputado al comisario José Manuel Catalán, que fue alto cargo de la UDEF, en la causa donde trata de esclarecer si desde la cúpula policial cuando gobernaba el PP se impulsaron investigaciones irregulares y sin aval judicial contra Podemos y sus diputados entre 2015 y 2016.

Lo hace en un auto, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que emplaza al exjefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y a una funcionaria de Policía a declarar el próximo 25 de junio en calidad de investigados tras admitir un recurso del exvicepresidente Pablo Iglesias.

Iglesias, personado como acusación en el procedimiento, recurrió la negativa del juez de la Audiencia Nacional a admitir una ampliación de su querella contra ambos policías. Ahora el juez, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha reconsiderado su decisión y ha estimado el recurso de Iglesias.

Con sus citaciones, el abogado del ex secretario general de Podemos quiere aclarar la visita que realizaron estos dos funcionarios el 12 de abril de 2016 al consultado español en Nueva York, junto al ya investigado inspector jefe José Ángel Fuentes Gago para tomar declaración al exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea.

Según el escrito que remitió hace meses al juez Santiago Pedraz, el "propósito formal" de aquel interrogatorio era "obtener su ratificación sobre un supuesto documento que vincularía a miembros de Podemos con pagos del gobierno venezolano".

Pero, proseguía el escrito, "el verdadero objetivo" no era "la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio" contra Pablo Iglesias, otras personas del partido y la propia formación.

El abogado de Pablo Iglesias se basa en la declaración que prestó Rafael Isea en septiembre de 2025 ante la Audiencia Nacional, donde —según el escrito— "señaló numerosas irregularidades" del acta de la declaración que prestó en Nueva York, "manifestando su voluntad de no incriminarse reconociendo un documento cuya veracidad no podía asegurar".

El exlíder de Podemos sostiene que los ahora querellados "redactaron un acta oficial que omitió deliberadamente todas y cada una de las objeciones y dudas manifestadas" por Rafael Isea.

"Tras la manipulación del acta oficial se produjo su posterior filtración a medios de comunicación afines, generando un grave perjuicio a la reputación de Podemos y de sus dirigentes y cargos públicos", entre ellos Pablo Iglesias, añadía el escrito.

Entre los investigados en esta causa figuran el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, que hoy declara en el juicio del caso Kitchen que celebra la Audiencia Nacional.

La investigación de Pedraz se remonta a inicios de 2024, cuando el juez admitió a trámite una querella de Podemos que denunciaba la puesta en marcha, entre 2015 y 2016, de "investigaciones prospectivas" y "ajenas" al interés policial y al control judicial sobre Podemos y sus dirigentes para después filtrarlas a los medios y "desprestigiar" al partido.

Los clanes históricos que dominan amplias franjas del territorio suponen un serio problema para la seguridad y la tranquilidad del resto de los vecinos, pues intentan implantar sus propias leyes saltándose, en ocasiones, al propio Estado. Así ocurría en Font de la Pólvora y amplias zonas de Girona, tal y como relató este martes Narcodiario, y así sucedía también en Cantabria, hasta que la Policía ha logrado intervenir. Son tácticas que recuerdan mucho a lo que sucede en Italia con las distintas facciones mafiosas, y que cada vez se ven con más frecuencia en España.

Así, los agentes han desarticulado una organización criminal polidelictiva dedicada al tráfico de drogas, extorsiones, robos, maltrato animal y blanqueo de capitales, entre otros hechos ilícitos, con base en Torrelavega y otras localidades cercanas. La Policía ha detenido a 33 personas y ha bloqueado más de un millón de euros en bienes y activos vinculados a la actividad criminal como 118 cuentas bancarias, 27 propiedades y 110 vehículos.

En el operativo, desarrollado de forma simultánea en Torrelavega, Cartes y Barreda, participaron más de 400 agentes y se practicaron 26 entradas y registros donde incautaron dinero, drogas, gallos de pelea y diversas armas.

La investigación, dirigida por la Fiscalía y la Autoridad Judicial de Torrelavega, se inició en 2025, tras tener conocimiento de la existencia de un grupo criminal ubicado en esta ciudad y que estaría organizando peleas ilegales de gallos. A partir de ese momento se inició una compleja investigación multidisciplinar que se prolongó durante más de un año y medio.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron constatar que la organización no solo se dedicaba a este tipo de actividades ilícitas relacionadas con el maltrato animal, sino que mantenía una intensa actividad criminal en múltiples ámbitos delictivos que llevaba años afectando gravemente a la seguridad y convivencia ciudadana.

Los integrantes del grupo habían dado recientemente un salto cualitativo en su peligrosidad al comenzar a hacer uso de armas, llegando incluso a protagonizar enfrentamientos que pusieron en peligro la vida de terceras personas.

La investigación permitió acreditar que la organización ejercía un fuerte control e intimidación en determinadas zonas de la ciudad, llegando en ocasiones a amenazar y amedrentar a vecinos si no se sometían a sus imposiciones. Asimismo, los investigados se aprovechaban de la dependencia generada por las sustancias estupefacientes que ellos mismos distribuían para utilizar a consumidores como autores materiales de distintos delitos contra el patrimonio, obteniendo posteriormente los beneficios económicos derivados de los robos y hurtos cometidos por encargo.

Con el dinero obtenido de estas actividades delictivas, la organización habría generado un patrimonio superior al millón de euros, a pesar de que algunos de sus miembros carecían de actividad laboral conocida. Parte de los bienes incluso figuraban a nombre de menores de edad con el objetivo de dificultar su localización y embargo.

Una vez reunidos los indicios necesarios y ante la creciente alarma social generada por la actividad delictiva del grupo, se llevó a cabo la explotación de la operación policial durante la madrugada del pasado miércoles.

El dispositivo se inició a las cinco de la mañana con la ejecución simultánea de 26 entradas y registros en Torrelavega, Cartes y Barreda, en los que participaron más de 400 efectivos pertenecientes a distintas unidades especializadas de la Policía Nacional, incluidas las excavadoras y robots de los Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) que ya se vieron recientemente en operaciones antidroga en Galicia.

Durante los registros, los agentes intervinieron más de 10.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes —entre ellas cocaína y hachís—, armas como una catana, navajas y un bate de béisbol, así como útiles empleados para el maltrato animal, 40 teléfonos móviles y 32 piezas de oro.

También fueron localizados 53 gallos de pelea que presentaban distintas lesiones –seis de ellos fallecidos– descubriendo además que contaban con cintas de correr para fortalecer a los animales.

Paralelamente, gracias al trabajo desarrollado por las unidades especializadas en investigación económica, se procedió al bloqueo de 118 cuentas bancarias pertenecientes a 51 investigados, así como a la prohibición de disposición sobre 110 vehículos y 27 propiedades inmobiliarias. Actualmente, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni más detenciones.

Un agente de la Policía Nacional, suspendido de empleo y sueldo desde hace un año, fue detenido este viernes tras haber sido señalado por un intento de sumisión química contra una mujer en un contexto de ocio. Tan solo un día después, fueron hallados tres cadáveres en lo que se investiga como un nuevo caso de violencia de género. El principal sospechoso es un agente de la Guardia Civil que habría acabado con la vida de su mujer y su hijo. Y también el fin de semana fueron detenidos tres policías canadienses como presuntos autores de una agresión sexual en Barcelona.

La acumulación de casos de violencia machista con agentes de la autoridad involucrados hace saltar las alarmas de quienes llevan tiempo advirtiendo sobre la violencia estructural que se instala en los cuerpos de seguridad y sobre su impacto en la vida de los grupos más vulnerables. La reflexión en torno a la violencia ejercida por las fuerzas del orden cobró especial relevancia tras la denuncia contra el exjefe de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez, pero no es la primera vez que la lupa se sitúa sobre aquellos a quienes se presupone garantes del bienestar de las mujeres.

El Ministerio del Interior no cuenta con un registro concreto sobre el número de asesinatos machistas cometidos por agentes en activo o retirados, según confirman fuentes del departamento a infoLibre. No obstante, algunos casos han ido trascendiendo mediáticamente. En los últimos tres años han sido al menos siete los feminicidios perpetrados a manos de miembros de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, una cifra de peso teniendo en cuenta que los agentes y los militares apenas representan en torno al 0,7% de la población.

Pero no solo se trata de los crímenes mortales. El año pasado, seis agentes de policía fueron investigados por acceder al sistema de seguimiento VioGén para consultar información privada sobre una víctima que resultó ser la expareja de un compañero denunciado por malos tratos. Y hace cinco años, el Tribunal Supremo condenó a un agente de policía por espiar a mujeres que conocía por internet para así chantajearlas.

A nivel interno, la Policía Nacional cuenta desde hace un lustro con un protocolo de actuación contra la violencia machista, en funcionamiento desde principios de 2022. "El procedimiento se inicia cuando tiene lugar la apertura de un atestado policial o procedimiento judicial por violencia de género", indican fuentes de Interior. Los casos registrados han pasado de 61 a 121 en cuatro años, si bien no siempre el agresor es policía.

No es casualidad que el sector policial sea el segundo más señalado por las mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia institucional machista, solo por detrás del judicial. Según los datos recopilados por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) en su segundo informe, el año pasado la policía fue reportada por el 11,5% de las mujeres encuestadas como una institución especialmente violenta. "Este dato confirma la relevancia de analizar el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los itinerarios de protección frente a las violencias machistas", concluyen las expertas. 

El problema no es exclusivo de España. En marzo de 2020, el Centro para la Justicia de las Mujeres (CWJ) presentó una denuncia formal alegando que las fuerzas del orden en Reino Unido no estaban respondiendo adecuadamente a los casos de violencia doméstica en los que estaban implicados agentes de la policía. Un informe oficial publicado hace dos años constató que las víctimas tienen miedo a no ser creídas o a que la policía tienda a proteger a sus compañeros en casos de violencia machista con agentes involucrados. El mismo estudio concluye que algunos agresores utilizaron su posición, sus conocimientos y su poder para intimidar a la víctima o disuadirla a la hora de denunciar. 

Cuando la violencia de género echa sus raíces en entornos con agentes de las fuerzas de seguridad implicados, entran en juego elementos determinantes para las mujeres: no solo opera una desigualdad de poder propia de la violencia machista, sino también una posición institucional de ventaja para el agresor, marcada por el manejo de armas de fuego, el acceso a datos sensibles, el conocimiento del sistema, el ejercicio de una autoridad desmedida y la presencia de redes corporativas que dificultan la denuncia. 

Pero el análisis de las dinámicas propias de los cuerpos policiales pasa necesariamente por el estudio de su estructura, origen y funcionamiento como institución. "Los actos de discriminación en los cuerpos de seguridad, o su habitual uso excesivo de la fuerza, no son realizados por ovejas negras que pueden ser identificadas y expulsadas redimiendo así a las fuerzas del orden, sino que están institucionalizados, forman parte constitutiva de las actuaciones policiales", escribe la investigadora Nuria Alabao en este artículo.

Tatiana Romero, historiadora y activista antirracista, comparte diagnóstico y parte de una base concreta: "La función de los cuerpos de seguridad es ejercer la violencia de la que el Estado mismo tiene el monopolio. El nacimiento de la policía está totalmente relacionado con el disciplinamiento de los cuerpos y por tanto hablamos de personas cuyo hacer cotidiano es el ejercicio de la violencia". Si su función formal pasa por el "ejercicio de la violencia como núcleo de su trabajo, lo extraño sería que fuera de ahí no fuesen violentos", expone al otro lado del teléfono.

El debate sobre la violencia como herramienta propia de las fuerzas policiales ha estado tradicionalmente presente en lo que respecta al trato hacia las personas migrantes. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

Este análisis está íntimamente relacionado con el ejercicio de la violencia machista en el ámbito privado. "Desde una perspectiva feminista antirracista y anticolonial los cuerpos de seguridad del Estado jamás serán un aliado porque son los mismos que históricamente han ejercido y ejercen violencia hacia las comunidades migrantes y racializadas, tanto mujeres como hombres, personas trans y disidencias sexuales", escribe en este texto la doctora en Derecho y Ciencias Políticas Florencia Brizuela.

Tatiana Romero añade que la Policía como institución no solo no ha pasado por un proceso de democratización, sino que además está atravesada actualmente por una total "ausencia de control", producto de un proceso de "fascistización de la reproducción social", lo que conlleva, según ella, un "ejercicio desmedido de la violencia en sus funciones". En ese contexto, continúa la historiadora, la "impunidad" normalizada en cuanto al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad resulta especialmente nociva, porque los agresores "van a entender que esa impunidad es extensible a la violencia que ejercen en sus ámbitos privados".