Entrar en un pub irlandés, escocés o inglés en la Costa del Sol sigue siendo, para muchos, una forma de viajar sin salir de Málaga. La ambientación, la música, las retransmisiones deportivas y hasta la forma de relacionarse reproducen fielmente el ambiente británico, lo que explica que buena parte de la comunidad extranjera los convierta en su punto de encuentro habitual. Para quienes han crecido en la provincia, esta mezcla cultural no resulta extraña: forma parte del paisaje cotidiano desde hace décadas y ha terminado por integrarse en la identidad social de la zona.

En localidades como Fuengirola, Benalmádena o Marbella, estos locales no solo funcionan como bares, sino como auténticos centros sociales donde se comparten costumbres, idiomas y estilos de vida. Muchos expatriados encuentran en ellos un entorno familiar que reduce la sensación de estar lejos de su país. Incluso algunos negocios han adaptado su oferta para fidelizar a este público, con cartas, horarios y servicios pensados casi exclusivamente para clientes británicos o irlandeses.

Sin embargo, más allá de esa imagen turística y aparentemente inofensiva, estos establecimientos también han despertado sospechas durante años. Su elevado volumen de ingresos en efectivo, la rotación constante de clientes y la dificultad de rastrear determinadas operaciones los convierten en espacios potencialmente atractivos para actividades ilícitas. Entre ellas, el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico o de otras actividades delictivas ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades.

En este contexto, la reciente operación contra el clan Lyons ha vuelto a poner el foco sobre esta realidad. La detención de Steven Lyons supone un golpe relevante dentro de una investigación que llevaba tiempo en marcha. Este movimiento no solo tiene un valor operativo, sino también simbólico, al evidenciar la intención del Ministerio del Interior de actuar con firmeza frente a organizaciones criminales extranjeras asentadas en España.

El clan Lyons, con origen en Glasgow, no es una estructura desconocida en el ámbito policial europeo. Durante años ha protagonizado enfrentamientos, investigaciones y procesos judiciales en Escocia, consolidando una reputación ligada al crimen organizado. Su salto a la actualidad española se produjo tras el doble asesinato ocurrido en Fuengirola el 31 de mayo de 2025, un episodio que atrajo la atención mediática y que marcó un antes y un después en su actividad en la Costa del Sol.

A partir de ese momento, la Guardia Civil, especialmente a través de la Unidad Central Operativa (UCO), intensificó sus esfuerzos para analizar la presencia y las operaciones del clan en territorio nacional. Las investigaciones han revelado un entramado complejo que habría permitido el blanqueo de más de 50 millones de euros en España. Este dinero se habría canalizado mediante una combinación de negocios de hostelería, principalmente pubs, y una red de inversiones inmobiliarias construida a lo largo de los años.

Se estima que la organización controlaba al menos una docena de establecimientos en la provincia de Málaga, además de propiedades adquiridas a nombre de terceros. El uso de testaferros y sociedades interpuestas habría sido clave para dificultar la trazabilidad del dinero y evitar la detección por parte de las autoridades.

Este tipo de estructura no es nueva en el crimen organizado, pero su implantación en entornos turísticos internacionales como la Costa del Sol añade un nivel adicional de complejidad.

El atentado en el antiguo pub Monaghans de Fuengirola ocurrió en una noche especialmente concurrida por la final de la Champions League y supuso un punto de inflexión. La violencia empleada, sumada al contexto de gran afluencia de público, generó una alarma social y aumentó la presión sobre las fuerzas de seguridad para actuar con rapidez. Lo que hasta entonces podía pasar relativamente desapercibido quedó expuesto de manera evidentes.

Tras este episodio, el clan sufrió una serie de reveses operativos. Parte de sus miembros optaron por desplazarse a Emiratos Árabes Unidos, buscando reducir la presión policial y reorganizarse lejos del foco mediático. Sin embargo, esta estrategia no logró frenar el avance de las investigaciones. La cooperación internacional y el seguimiento de los movimientos financieros permitieron mantener el control sobre la organización.

El enfrentamiento con el clan Daniels, también de origen escocés, ha sido otro de los factores determinantes en la evolución de los acontecimientos. Esta rivalidad, que se arrastraba desde hacía años en Reino Unido, se trasladó a la Costa del Sol, donde encontró un nuevo escenario, al igual que ocurrió con los Hutch y los Kinahan de la mafia irlandesa. La importación de este conflicto elevó el nivel de violencia y rompió el perfil bajo que tradicionalmente habían intentado mantener estos grupos en España. Unos y otros fueron atacados por la Policía, los Kinahan en la histórica operación Shovel que les llevó a afincarse en Dubái y los Hutch en la isla de Lanzarote, donde fue detenido primero Gerry Hutch, el Monje, y recientemente su hijo, ambos por idéntico delito: blanqueo de capitales, en este caso en las Islas Canarias.

Este cambio de dinámica ha sido clave para que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional prioricen estas investigaciones. La presencia de armas de guerra, los ajustes de cuentas y los asesinatos en espacios públicos han obligado a reforzar la respuesta policial. Además, la posible conexión con otros casos relevantes en España ha ampliado el alcance de las pesquisas, situando a figuras como Steven Lyons en el centro de múltiples líneas de investigación.

En paralelo, los investigadores también han puesto el foco en las estructuras económicas que sustentan estas organizaciones. Más allá de los hechos violentos, el verdadero objetivo es desmantelar la base financiera que permite su funcionamiento. Sin recursos económicos, la capacidad operativa de estos grupos se reduce considerablemente, lo que convierte el blanqueo de capitales en un elemento clave dentro de la estrategia policial.

Todo ello refleja una realidad compleja: la Costa del Sol, con su carácter internacional y su dinamismo económico, ofrece oportunidades tanto para el desarrollo turístico como para actividades ilícitas. La convivencia de ambos aspectos plantea retos constantes para las autoridades, que deben equilibrar la promoción económica con la prevención del delito.

En definitiva, el caso del clan Lyons pone de manifiesto cómo determinadas organizaciones han intentado aprovechar este entorno para establecerse y operar con discreción. Sin embargo, también demuestra que esa estrategia tiene límites. Cuando la violencia irrumpe y la actividad delictiva se hace visible, la respuesta institucional se intensifica, dificultando la continuidad de estas redes en el territorio español.

La Camorra, junto a la Cosa Nostra, fue la primera organización criminal internacional en instalarse permanentemente en España. Y esos retales se mantienen en el tiempo: su expansión por el país es una realidad bien conocida por la Dirección de Investigación Antimafia de Italia y por cualquier operador jurídico italiano relacionado con esa lucha. Y uno de sus enclaves predilectos está, como se ha visto en muchas ocasiones, en las Islas Canarias.

Cada pocos meses, cualquier tipo de operación contra algún clan mafioso en Italia tiene repercusiones en España. Entra dentro de la normalidad: hay tantos intereses para blanquear el dinero de la droga, la extorsión y los contratos públicos que manejan los clanes mafiosos que lo raro sería no cazar a algún mafioso en territorio español.

Algunas veces se detiene a algún despistado que ha llegado de vacaciones, pero una gran mayoría son fugitivos que residen continuamente en España y que están protegidos por las redes de los distintos clanes mafiosos, que ofrecen cualquier tipo de cobertura para lograr esquivar a la justicia italiana.

Esta semana, la División de la Dirección Antimafia de Nápoles volvió a atacar al temible Clan Casalesi de la Camorra de Caserta, liderado por el histórico capo Michele Zagaria. Coordinaron la investigación con el ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) de los Carabinieri, el grupo de élite que, entre otras cuestiones, se encarga de combatir a la mafia en Italia.

Es uno de los cuerpos con mejores técnicas policiales del mundo y, por lo tanto, uno de los que mejor conocen cómo funciona un clan mafioso. Ellos son los que trabajan mano a mano con la Policía Nacional o la Guardia Civil española si se detecta que hay un objetivo de alto valor en nuestro país.

Uno de los 23 detenidos en esta importante operación fue arrestado en Tenerife. Se trata de Filippo Capaldo, un mafioso según la Dirección de Investigación Antimafia italiana y que desde 2022 se reconvirtió en un empresario inmobiliario que había fijado su residencia en Tenerife. Capaldo es el sobrino favorito del capo Michele Zagaria, uno de los criminales más brutales que ha tenido la Camorra en las dos últimas décadas.

La justicia italiana, con el magistrado antimafia Nicola Gratteri a la cabeza, ha vuelto a actuar contra esta organización criminal para revelar el poder económico generado a través de la venta de drogas, la extorsión y los contratos públicos ganados con empresas tapaderas a nombre de testaferros del Clan Casalesi.

Capaldo ha ido librándose de la justicia italiana en estos últimos años gracias a una gran labor de su equipo jurídico. En el último caso conocido acabó absuelto de una investigación por hacerse con el control de una de las mayores empresas de distribución de leche de la provincia de Caserta (Campania, Italia).

Capaldo es hijo de Beatrice Zagaria, la hermana mayor de Michele Zagaria. Ella tomó gran parte del control del clan tras el encarcelamiento de su hermano en 2011 y desde entonces cumple cadena perpetua por múltiples asesinatos, narcotráfico y por el control mafioso del territorio.

La madre de Capaldo también fue condenada por pertenecer al clan Casalesi de la Camorra y por receptación de bienes robados. Acabó en prisión por realizar una de las labores que más respeto genera entre todos los miembros de un clan mafioso: controlaba los pagos directos a todos los miembros de la red criminal a los que se les asigna un salario, desde los encarcelados hasta los integrantes del clan que seguían operativos en la calle.

Y, según la Dirección de Investigación Antimafia de Italia, Filippo Capaldo aprendió contabilidad de su madre, ya que en Tenerife era propietario de una inmobiliaria, un bar lounge y un concesionario de motos y coches. En el registro mercantil de España solo está a su nombre la sociedad inmobiliaria, pero las otras están oficialmente en manos de personas de su confianza.

El periódico italiano Il Fatto Quotidiano reveló que dentro de los atestados policiales se recogen conversaciones de otros mafiosos a los que les preocupaba que, en tan solo cuatro años, Capaldo hubiera abierto tres negocios en Tenerife, ya que temían que eso despertara la atención de la justicia italiana. Algo que, por ahora, así ha sido.

En esta operación contra el Clan Casalesi, con 23 detenidos, en su mayoría en Caserta, también están los tíos de Capaldo: Antonio Zagaria y Carmine Zagaria. A estos arrestados se les investiga por asociación mafiosa, complicidad externa en asociación mafiosa, extorsión, usura, transferencia fraudulenta de bienes, competencia ilegal con violencia y amenazas, blanqueo de dinero, autoblanqueo, registro ficticio de bienes, posesión y porte de armas y municiones y narcotráfico.

En lo relacionado con España, principalmente se sigue el rastro de Filippo Capaldo porque es sospechoso de gestionar el fondo común del clan, algo que revelaría que ha heredado el puesto de su madre y la confianza de toda la organización criminal. Al sobrino del capo también se le vincula a una empresa de gestión de residuos en el feudo del clan, en la provincia de Caserta. En Italia, por este caso, que inició sus diligencias en 2019, se han incautado bienes por valor de 40 millones de euros.

La presencia en Tenerife de un supuesto miembro de alto rango de la Camorra no es nueva. Hace ya diez años se absolvió a los miembros del Clan Nuvoletta-Polverino de blanquear dinero de su clan en una sentencia de la Audiencia Nacional que Giuseppe Polverino celebró bastante desde la cárcel.

Lo que esto revela de nuevo, si luego se demuestra en sede judicial, es que la infiltración de la Camorra en la economía de España crece como la espuma. Y que un sobrino de un capo esté residiendo aquí es fruto de la importancia crucial que tienen para un clan de la Camorra ciertas partes de España: Islas Canarias, la Costa del Sol, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares y Madrid.

La mafia italiana es experta en abrir negocios de hostelería para blanquear rápidamente dinero, pero también ofrece garantías de que esos negocios sean rentables y prósperos. Tienen buena mano en la cocina y les gusta, de ahí que sea uno de los negocios predilectos de los clanes.

Otro tema importante que resalta la investigación es la unión de los Casalesi con un clan de la ’Ndrangheta calabresa, también con tentáculos en España, que les abastecía de cocaína a buen precio. Un nexo clave en el desarrollo criminal de cualquier clan mafioso que se precie, ya que los grandes contactos de la ’Ndrangheta con proveedores sudamericanos hacen que paguen la droga a menor precio que los demás competidores, por lo que tienen más margen para ganar dinero con los estupefacientes que adquieren.

Todo ello vuelve a poner de relieve que la presencia de la Camorra en España no responde a episodios aislados, sino a una estrategia sostenida de implantación en territorios especialmente atractivos para el blanqueo, la inversión y la cobertura logística. Su capacidad para mezclarse con la economía legal, abrir negocios, tejer redes de confianza y aprovechar enclaves clave como Canarias, la Costa del Sol, Cataluña o Madrid demuestra que el poder de la mafia italiana en España sigue siendo profundo, silencioso y mucho más estructural de lo que a menudo se percibe.

Junto a todo esto, en España hay un elemento clave que hace que estas personas se afinquen en el país: la Justicia. No hay más que ver lo que ha sucedido con Filippo Capaldo, presunto jefe de la Camorra: apenas unas horas después de su detención ha sido puesto en libertad con medidas cautelares. Él ya sabe que vive en el paraíso del narco.

Ocurrió en noviembre de 2023. Un ciudadano cubano afincado en Soria, ciudad de apenas cuarenta mil habitantes, donde los crímenes violentos son noticia precisamente por su rareza, había desaparecido. Para resolver el caso, un asesinato, acabó resultando decisivo un servidor de Mountain View, California. Un fotograma rutinario de Google Maps Street View, capturado por una cámara montada en un vehículo que recorría calles con indiferencia algorítmica, había registrado al asesino en el momento exacto en que introducía el cuerpo en el maletero de su coche. El testigo más decisivo del caso era una máquina que ni siquiera sabía que estaba mirando. Los culpables —el hombre fotografiado y una mujer— acabaron confesando.

Esta historia ilustra la transformación más profunda que ha experimentado la justicia penal en las últimas dos décadas. Pero lo que ocurrió en Soria no es una excepción ni una anécdota. Es el síntoma más visible de un cambio de paradigma que el profesor Andrew Guthrie Ferguson, de la American University Washington College of Law, ha sistematizado bajo el concepto de la sensorveillance (sensorvigilancia). La fusión entre los sensores del Internet de las Cosas y la vigilancia ha transformado cada objeto cotidiano —el coche, la bicicleta, el termostato, el reloj de pulsera— en un informante digital en potencia. Y, a diferencia del testigo humano, estos dispositivos no mienten, no olvidan y no se cansan.

Los datos del informe anual de Cellebrite —una compañía especializada en tecnología forense que elabora desde hace siete años la encuesta de referencia del sector, esta vez con más de 900 profesionales de 63 países entre agentes de policía, funcionarios judiciales y empleados de empresas privadas— cuantifican con una contundencia difícil de rebatir la magnitud del cambio. El 95% de los encuestados afirma que la evidencia digital aumenta significativamente la capacidad de resolver crímenes, una cifra que sube veinte puntos porcentuales respecto a 2024. No es una tendencia. Es una avalancha.

El 97% de los investigadores señala que los teléfonos inteligentes aparecen como fuente frecuente de evidencia en sus casos, frente al 73% de 2024. Una investigación típica involucra entre dos y cinco dispositivos, convirtiendo cada smartphone, tableta o portátil incautado en un archivo potencial de pruebas capaz de ubicar a su dueño en el espacio y en el tiempo con una precisión que ningún testigo humano podría igualar. El 93% de los encuestados afirma que esta evidencia acaba resultando crítica en detenciones, acusaciones y juicios. La sociedad, además, ya lo da por sentado: el 97% de las respuestas coinciden en que su comunidad espera que la evidencia digital sea utilizada en prácticamente todos los casos.

Pero los teléfonos son solo el síntoma más visible. Ferguson documenta en su libro Your Data Will Be Used Against You —“Tus datos se utilizarán en tu contra”— cómo la red de testigos digitales se ha expandido mucho más allá de nuestros bolsillos.

En Pensilvania, los fiscales utilizaron los datos de una simple aplicación de linterna de un iPhone para demostrar que un ladrón estaba dentro de una casa en el momento del robo. En otro caso paradigmático, una conductora, Cathy Bernstein, negó haber sufrido un accidente de tráfico: su propio coche Ford llamó automáticamente al 911 tras el choque, y la telemetría del vehículo confirmó el despliegue de airbags junto a la ubicación exacta, llevando a su detención por fuga. El objeto que conducía se convirtió en su acusador.

La expansión del rastro binario hacia los objetos físicos plantea una pregunta que la industria tecnológica prefiere no formular en voz alta: ¿cuánto de lo que hacemos dentro de nuestros propios vehículos es realmente privado? 

Los coches modernos recogen casi tanta información como los teléfonos. Al conectar un dispositivo para escuchar música o leer mensajes, el vehículo puede descargar listas de contactos, registros de llamadas y patrones de desplazamiento. Algunas políticas de privacidad de fabricantes llegan a extremos que parecerían inverosímiles si no estuvieran publicadas: Ferguson señala que Nissan se ha reservado el derecho de recolectar información sobre actividad sexual, datos genéticos y tendencias psicológicas, con posibilidad de vender esa información a intermediarios de datos o entregarla a las autoridades.

El mecanismo legal que hace posible todo esto es una de las grietas más incómodas del derecho a la privacidad contemporáneo. Las agencias gubernamentales pueden evitar el trámite de una orden judicial —cuya exigencia en Estados Unidos está protegida por la Cuarta Enmienda frente a registros irracionales— simplemente comprando los datos a empresas privadas. Bajo la lógica de que el usuario aceptó los términos de servicio al instalar una aplicación o activar un dispositivo, la información deja de considerarse privada y se convierte en una mercancía accesible para quien tenga presupuesto para adquirirla. La vigilancia, en ese esquema, no necesita juez. Solo necesita tarjeta de crédito.

Google operó durante años el llamado Sensorvault, una base de datos que combinaba señales de GPS, Bluetooth, torres de telefonía y redes wifi para rastrear ubicaciones con precisión milimétrica. Las llamadas “geofence warrants” permitían a la policía solicitar datos de todos los teléfonos presentes en un área específica durante el momento en que se cometió un crimen. 

En el caso de Okelle Chatrie, identificado como autor de un atraco bancario, los investigadores analizaron los registros de diecinueve teléfonos que se encontraban en las proximidades. En 2024, Google anunció que dejaría de almacenar estos datos de ubicación en la nube para guardarlos localmente en los dispositivos, lo que en teoría obliga a la policía a identificar primero al sospechoso antes de solicitar una orden judicial específica. Es un paso, aunque no cierra el debate sobre los datos que otros operadores siguen centralizando.

Frente a este panorama, el marco legal europeo se prepara para una transformación que podría modificar sustancialmente las reglas del juego. El Reglamento E-Evidence —oficialmente, el Reglamento (UE) 2023/1543— entrará plenamente en vigor el 18 de agosto de 2026 y supone la ruptura más significativa con el paradigma tradicional de la cooperación judicial internacional en décadas.

El problema que viene a resolver es tan viejo como la propia globalización digital: los delincuentes operan sin fronteras, pero los jueces sí las tienen. Hasta ahora, obtener datos almacenados en servidores de Meta o Google desde un juzgado español exigía activar los mecanismos de asistencia legal mutua entre países, un proceso que tardaba de media diez meses. Para cuando llegan los datos, las investigaciones han envejecido, los sospechosos han movido activos y, en algunos casos, la evidencia ha desaparecido.

La nueva normativa introduce dos instrumentos de naturaleza radicalmente diferente. La Orden Europea de Producción permite a cualquier autoridad judicial de un Estado miembro requerir directamente a un proveedor de servicios —sea cual sea su ubicación dentro de la Unión— que entregue datos concretos en un plazo máximo de diez días. En situaciones de peligro inminente para la vida, ese plazo se comprime a ocho horas. 

La Orden Europea de Preservación, por su parte, bloquea preventivamente los datos durante sesenta días mientras se tramita el acceso definitivo. Todo proveedor que opere en la Unión Europea, independientemente de dónde tenga su sede, deberá designar un representante legal en un Estado miembro como punto de contacto. La neutralidad jurisdiccional de Silicon Valley, en la práctica, queda severamente limitada.

El reglamento incluye algunas garantías cuya efectividad está por ver. Para datos de contenido y tráfico existe un procedimiento de notificación que permite a las autoridades del Estado donde se ubica el proveedor oponerse en diez días si consideran que la orden vulnera derechos fundamentales, secretos profesionales —incluyendo el periodístico— o si el hecho investigado no constituye delito en su jurisdicción. Para España, la implementación tiene que articularse a través de una Oficina de Cooperación Internacional en Materia Penal, que actuará como centro nacional para supervisar estas órdenes transfronterizas.

Si el Reglamento E-Evidence es la respuesta legislativa a la saturación del sistema, la inteligencia artificial es la apuesta tecnológica. El informe de tendencias confirma que la profesión ha alcanzado un consenso llamativo sobre cómo debe desplegarse: el 65% de los profesionales cree que la IA puede acelerar las investigaciones. Sus aplicaciones más valoradas son encontrar vínculos entre personas (74%), identificar usuarios de dispositivos (74%), transcribir o traducir contenido (72%) y realizar búsquedas avanzadas en textos e imágenes (71%).

El modelo que la comunidad forense defiende no es el de la sustitución sino el de la amplificación. Que la máquina procese terabytes de datos de mensajería para identificar patrones, pero que el investigador decida qué significa ese patrón. Un consenso del 92% entre los profesionales sostiene que la decisión final debe ser siempre humana, no solo por consideraciones éticas sino por exigencias estrictamente jurídicas: en los juzgados españoles, una prueba generada por un algoritmo incapaz de explicar su propio razonamiento puede ser declarada nula por vulnerar el derecho de defensa.

Pero la IA no solo está del lado de los investigadores. Los deepfakes —vídeos y audios sintéticos indistinguibles de los reales— amenazan con colapsar precisamente el pilar sobre el que descansa toda la arquitectura de la justicia digital: la confiabilidad de la evidencia audiovisual. Si un vídeo puede ser fabricado con suficiente perfección, ¿qué peso probatorio conserva? 

Los laboratorios forenses han respondido con lo que los propios especialistas describen como una carrera armamentística: el desarrollo de sistemas de contra-análisis capaces de detectar micro-inconsistencias en medios sintéticos. La autenticidad, que antes era un dato, se ha convertido en un problema que hay que demostrar.

El horizonte jurídico español ofrece dos lecturas en tensión que conviene leer juntas. En octubre de 2025, el Tribunal Supremo validó definitivamente el uso de mensajes extraídos de la red cifrada EncroChat —interceptada por autoridades francesas— bajo la doctrina del hallazgo casual, confirmando penas de hasta catorce años para redes de narcotráfico. Pero en 2026, la Audiencia Provincial de València absolvió a varios acusados en un caso relacionado con la plataforma Sky ECC al detectar una ruptura en la cadena de custodia y la ausencia de los archivos originales en formato técnico. 

La evidencia digital es indispensable, pero su admisibilidad depende de un rigor procedimental que ninguna urgencia investigadora puede relajar. La sola gravedad del delito no legitima atajos forenses.

Ferguson advierte en su libro algo que ningún informe sectorial formula con tanta claridad: aunque hoy todavía podemos elegir una bicicleta sin sensores, pronto será imposible comprar un coche que no rastree datos. La sensorvigilancia no es una opción que pueda desactivarse con un clic en los ajustes de privacidad. Es la condición por defecto de una civilización que ha decidido conectar cada objeto al flujo de datos globales. Ese mismo flujo que contribuyó a resolver el crimen de Soria es el que registra dónde dormimos, con quién nos reunimos y qué buscamos a las tres de la madrugada.

La evidencia digital ha ganado la batalla de la relevancia. Lo que está en juego ahora es si las sociedades democráticas serán capaces de diseñar los límites dentro de los cuales esa evidencia puede ser recogida, conservada y utilizada. Porque los datos no distinguen entre un asesino y un disidente. De eso, todavía, siguen teniendo que encargarse los humanos. Y las leyes que los humanos deciden aplicar.

“Me cuidan mis vecinas, y no la policía”, empezó a martillear mi cerebro justo después de que los coches de la policía se llevaran a siete de mis vecinas y vecinos, entre ellos a Serigne Mbayé. Estas cosas raras que hace a veces la mente. Se me pegó la cantinela, como si fuera la canción del verano, acompañando a un zumbido de pensamientos alocados. 

Se supone que la policía tiene que velar por la seguridad de la ciudadanía. A lo mejor, algunos de los agentes se creen que eso es lo que están haciendo cuando paran por la calle a una persona porque es negra, solo porque alguien negro resultó sospechoso a los ojos de un viandante que supuestamente hizo una llamada. No sé.

Yo no creo que todos los policías sean malos, ni pretendo deshumanizarlos, como sostiene el presidente de la Jupol. ¡Qué va! Otra cosa es la institución, la estructura. Muy al contrario, me gustaría que los policías se humanizasen más y trabajaran la empatía. Todos los años, algún alumno mío, con el que tengo vínculo, al que he acompañado durante meses, o incluso varios cursos, decide que esa es su salida laboral. Y eso es lo que les digo siempre: “No olvides que quien tienes enfrente es una persona, igual que tú”. De hecho, el jueves por la tarde buscaba con la mirada por si acaso hubiera entre aquellos hombres, uniformados o de paisano, alguno al que yo hubiera aburrido con el sintagma nominal y pudiera escucharme, para parar toda aquella sinrazón. Pero no lo había. No había nadie que escuchara.

Me gustaría haberles podido explicar que aquello que estaban haciendo, tirar al suelo a mis vecinos, ponerles la rodilla en el cuello, pegarles con la porra, no me hacía sentir nada segura. Tampoco saber que gente adulta, presuntamente preparada para afrontar momentos de tensión, se deja secuestrar la amígdala por la adrenalina y toma decisiones en caliente, apresuradas y sin ton ni son. Ninguno fue capaz de tomar la iniciativa de intentar tranquilizar a sus compañeros. “Yo no he venido aquí a hablar con usted, señora”, me espetó uno de ellos, cuando intentaba yo pedirle que alguien pusiera un poco de cordura a lo que estaba pasando. Me entraron ganas de preguntarle a qué había venido entonces exactamente.

Perdónenme, señores policías, pero yo no me siento segura con ustedes, no me siento protegida. El patio de mi casa, en mi imaginación, antes estaba siempre presidido por balones de espuma (para no molestar al edificio de al lado en los tiros a canasta), por patinetes desperdigados, por un balancín en forma de unicornio, por las risas de las niñas y los niños. Ahora, está lleno de hombres uniformados dándome órdenes incomprensibles, abalanzándose sobre uno de mis vecinos, y enarbolando la porra sobre otra. No, yo no me he sentido cuidada, y no me siento segura después de su actuación. Ni un poquito. Tampoco creo que el hijo de uno de los detenidos, que presenció cómo tiraban a su padre al suelo y le pisaban el cuello; u otro, que vio cómo se llevaban al suyo esposado, después de haberse identificado como periodista, se sientan protegidos por el Cuerpo de Seguridad del Estado. Las personas racializadas, que constantemente tienen que armarse de paciencia para identificarse ante ustedes (aunque constitucionalmente solo tengan que hacerlo en determinados contextos) para demostrar que no son delincuentes, me atrevería a decir, desde mi privilegio blanco, que tampoco se sienten protegidas. Ni un poquito siquiera.

Si esto hubiera sido lo único que sentí aquella tarde de jueves, este artículo se titularía como la canción de N.W.A, Fuck the police. Afortunadamente, además de la desolación, la brutalidad y el sinsentido, ocurrieron otras muchas cosas. La primera, que mis vecinas y vecinos bajaron de sus casas, en pantuflas, para socorrer a uno de nosotros. Para documentar lo que estaba pasando, o para pedir “que alguien pare todo esto”, “dejadle respirar”. No se cruzaron de brazos ni fueron indiferentes ante el abuso. Por eso, en mi cabeza empezó a sonar el lema de las manifestaciones, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.

Enseguida se acercaron a echarnos una mano amigas a quienes les había llegado por redes el vídeo de El Salto. Se encargaron de las niñas y niños. Alguien les puso una película. Se les dio de cenar. Otros, nos pasaban nombres de abogados solventes. Nos ayudaron a recuperar un poco la calma. Nos dieron abrazos.

Frente a la comisaría, nos acompañaron en la indignación. Nos dieron más abrazos. Gritaron conmigo, bien fuerte, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.¡Qué ganas tenía de decirlo en alto! “Me cuidan mis amigas, y no la policía”. Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo.

A mí, a nosotras, a todas, nos cuida una comunidad fuerte. La comunidad intencional del edificio, pero también la comunidad del vecindario, del barrio. La gente que salió del supermercado y también increpaba a la policía. La farmacéutica, que se acercó a preguntar cómo estábamos. El edificio de al lado, que nos escribió para ofrecerse a ayudarnos en lo que necesitásemos. Las asociaciones de familias de los coles de nuestras criaturas, que enseguida se mostraron solidarias. Esas amigas médicas, que se preocuparon por las conmociones y los meniscos. Nuestras organizaciones ecologistas, feministas, antirracistas, políticas, de vivienda, los sindicatos amigos, antimilitaristas…, que no han dudado de nuestra palabra en ningún momento, que nos abrazaron en la comisaría (¡cuánto hemos agradecido los abrazos!), que aplaudieron cuando soltaron a nuestros vecinos, que nos ayudaron a mover comunicados… y que sabemos a ciencia cierta que están ahí, siempre, construyendo vínculos fuertes, y alternativas a este sistema ecocida e injusto. 

Me cuidan las periodistas que hacen bien su trabajo, que son fieles a la verdad y contrastan las fuentes y las versiones (no como los deleznables garbanceros amarillistas). Me siento segura con abogados comprometidos, los de este proceso (¡gracias!), y también otros que nos han dado recomendaciones certeras. Me siento protegida por toda esta gente. Por Serigne Mbayé, por supuesto, que una y otra vez pone su cuerpo para denunciar lo intolerable, aunque sepa de sobra a qué consecuencias injustas va a tener que enfrentarse.

Todas estas personas, y muchas más, me han hecho sentir segura. Me cuidan. Aunque pueda parecer sorprendente, mi balance de esa tarde, y de los días que la han seguido, es positivo. Pese a los nervios y el proceso judicial que se avecina. Se ha hecho visible una comunidad fuerte, que muchas veces nos pasa desapercibida. A partir de ahora, cuando me venza el desaliento por el avance de la extrema derecha, cuando me parezca imposible que esté pasando lo que está pasando en Gaza, Líbano, Irán, Sudán… echaré mano del recuerdo de esta red comunitaria a veces invisibilizada, pero constante y potente. Estas vecinas, estas amigas que me cuidan, que nos cuidamos, me hacen sentir que la alternativa está ahí, viva, creciendo. Que vale la pena seguir construyendo. Cuando me parezca que no hay esperanza, cantaré bien alto, para darme ánimos: “me cuidan mis amigas, y no la policía”.

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Berta Iglesias Varela es integrante de Ecologistas en Acción y vecina.

De policía nacional dedicado a la localización de fugitivos a asesor local del eurodiputado Alvise Pérez. Ese es el resumen de los últimos años de carrera laboral de Adrián Yacar. También ha sido cantante de rock aficionado y empresario de inteligencia artificial, actividades en las que aún continúa según ha expresado él mismo públicamente. El puesto que ya no desempeña es el de asesor del eurodiputado ultra.

Pero eso no quiere decir que Yacar no siga de la mano de Alvise. El policía, que según asegura se encuentra en excedencia, es el cabeza de lista de Se acabó la fiesta (SALF) para las elecciones andaluzas que se celebrarán este 17 de mayo.

Adrián Yacar ofreció una entrevista el pasado mes de julio para el canal de YouTube del coronel Pedro Baños. En ella alababa públicamente a Alvise sin hablar de su vinculación con él —ahora ha contado que se conocieron en UPyD, el extinto partido de Rosa Díez—, afirmaba estar de excedencia de su puesto como policía nacional y haber sido reconocido con la medalla de la Orden del Mérito Policial, unas distinciones que concede el Ministerio del Interior y sobre las que el departamento de Marlaska guarda una gran opacidad.

El propio Alvise Pérez ha presumido de su fichaje como candidato asegurando que Yacar ha recibido esa distinción "por la detención de Samir Benbouabdellah, uno de los más buscados de Francia por intento de asesinato a un hombre y una niña de siete años con un subfusil". ¿Pero hasta qué punto es cierto?

No se sabe. El Ministerio del Interior no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se niega a aclarar cuál era el último destino de Yacar en la Policía y si efectivamente le ha otorgado la medalla. Tampoco quiere revelar los motivos de esa supuesta concesión. 

Interior se niega a entregar esos datos, entre otros, alegando la supuesta protección de los datos personales de Yacar y se salta así una resolución del Consejo de Transparencia. El organismo había estimado que esa información debía ser pública tras una reclamación de infoLibre.

Todo se remonta al desembarco de Yacar como asesor de Alvise Pérez con cargo a las arcas del Parlamento Europeo. infoLibre informaba este verano del fichaje, unas semanas después de que el propio Yacar concediera la entrevista a Pedro Baños en la que se omitía su nuevo puesto.

De lo que sí habló Yacar es de su currículum. Es cierto que el policía ha trabajado en el Grupo de Localización de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía, que pertenece a las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). De hecho, esa labor le llevó a ser uno de los protagonistas de la serie documental 'Fugitivos', de Movistar Plus+, en la que se muestra cómo trabaja ese grupo.

Yacar comentó ese trabajo en la entrevista y también habló de ciertas operaciones concretas en las que asegura haber participado. Incluso mencionó la supuesta medalla: "Me consta por compañeros de la Guardia Civil que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil y no se le dio por cuestiones políticas y porque se fue de eurodiputado, pero luego le dan la medalla del mérito policial a la Virgen del Rocío. A mí me la dieron, pero creo que ganada, que bien merecida".

Debido a esas declaraciones públicas del propio Yacar, infoLibre realizó una solicitud al amparo de la ley de transparencia dirigida a Interior. Este medio pedía al ministerio saber "si Adrián Yacar López es policía nacional en excedencia o qué situación o relación tiene con el Cuerpo y desde qué fecha se encuentra en la misma". Además, se solicitó conocer "cuál fue su último cargo, puesto y destino antes de coger la excedencia" y "si se le ha distinguido o no con la Orden del Mérito Policial y en caso afirmativo, con qué categoría, por qué motivo se le concedió, en qué fecha y una copia de la resolución de la concesión".

Interior denegó la solicitud de infoLibre. El ministerio aseguró que era abusiva, que la información que se solicitaba no tenía relación con los objetivos de la ley de transparencia y que había que salvaguardar la protección de los datos personales de Yacar. En ese momento, infoLibre decide reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo es el que se encarga de decidir si la información debe ser pública cuando un ciudadano utiliza la ley de transparencia para solicitarla, pero la Administración se la deniega. El CTBG es quien pondera los distintos derechos en juego y decide quién tiene razón.

En este caso fue claro y estimó al completo la reclamación de infoLibre. El Consejo entendió que el ministerio no había justificado "de forma suficiente y adecuada la concurrencia del carácter abusivo de la solicitud" y que tampoco prevalecía la protección de los datos personales. "No se ha justificado ni se alcanza a apreciar en qué medida el conocimiento de la situación administrativa de servicio activo o de excedencia de un funcionario de policía cuya identidad es públicamente conocida y participa en actividades igualmente públicas puede generar un riesgo para su seguridad personal o constituir una injerencia grave en su derecho a la intimidad personal y familiar", reza la resolución.

Sobre la concesión de la supuesta medalla el Consejo va incluso más allá: "La acreditación de los méritos que se han tenido en cuenta para otorgar la condecoración recogerá hechos o actuaciones ya consumadas por el policía en relación con su servicio al Estado, por lo que difícilmente puede argumentarse que su conocimiento pueda causarle ningún perjuicio a su intimidad o seguridad; siendo evidente, en cambio, el interés público en conocer los méritos acreditados en la medida en que constituye una herramienta indispensable para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de discrecionalidad, que a estos efectos se le reconoce, sin incurrir en arbitrariedad".

Tras esa resolución, Interior debía entregar la información que había solicitado infoLibre, pero, en lugar de cumplir, se reafirmó en sus argumentos. En una comunicación dirigida a este medio y al Consejo de Transparencia, y firmada por Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, el departamento "reitera la procedencia de la aplicación" de la protección de datos personales. "El hecho de desempeñar una función pública no legitima a solicitar datos de índole personal utilizando indebidamente la ley de transparencia", asegura el documento en el que, en lugar de eso, Interior debería haber facilitado la información que había pedido infoLibre.

Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia, explica a este medio que lo que ha hecho Interior es incumplir con la resolución del Consejo sin ni siquiera recurrirla ante los tribunales.

"La oposición de las Administraciones ante las resoluciones de los consejos de transparencia debe materializarse a través de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, pero nunca de esta manera. Dar respuesta al reclamante incumpliendo el mandato del Consejo no puede admitirse. O se discute su decisión ante los tribunales, o lo único que queda es cumplir con ella", resume el experto, que asegura que hace falta "un modelo eficaz de multas coercitivas cuando se detecta el incumplimiento de una resolución firme" como en este caso.

Los incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Transparencia por parte de la Administración Pública se han dado con cierta regularidad en los últimos años. La actual ley de transparencia no recoge ningún tipo de sanción para estos casos y, en ocasiones, la Administración se salta la normativa optando por no recurrir las resoluciones ante la Justicia pero tampoco cumplirlas. Concepción Campos Acuña, que será la nueva presidenta del Consejo, también ha pedido sanciones para las Administraciones que actúen de esta forma.

Mientras, Alvise Pérez ha anunciado a su nuevo candidato presumiendo, precisamente, de la supuesta medalla al mérito policial y citando otros supuestos éxitos de su currículum policial. Por ahora, nada de ello se puede corroborar debido a la opacidad del Ministerio del Interior y a su negativa a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia.

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha asegurado este domingo que denunciará el "racismo" y la "violencia policial" que afirma que sufrió durante su detención el pasado jueves en la capital y ha instado además a parar la "persecución" que sufren "miles de personas" por motivos raciales.

"Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado", ha declarado a los medios durante una concentración en Madrid convocada por colectivos antirracistas y de migrantes tras su detención para protestar por el "racismo policial".

Mbaye afirma haber sido víctima de una "redada racista" cuando fue detenido el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional junto con otras seis personas y puesto en libertad horas después.

La versión policial niega este tipo de redada y asegura que Mbaye fue detenido tras enfrentarse a la policía para tratar de impedir la detención de un sospechoso, después de que dos agentes de paisano detectaran a dos jóvenes tratando de robar un vehículo.

Al final de la concentración de este domingo en el madrileño barrio de Lavapiés, a la que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, ha irrumpido el exdiputado y actual secretario antirracismo de la dirección del partido, que micrófono en mano ha instado a parar la "persecución" que sufren "miles de personas" por motivos raciales.

"Vamos a seguir con pasos firmes, no vamos a rendirnos nunca ante el racismo y las violencias policiales, no nos da miedo", ha exclamado Mbaye, que ha recordado otros casos de detenciones.

"Siempre la misma excusa. Siempre tenemos la culpa, no es verdad. Las mentiras las tienen que investigar", ha añadido el exdiputado, que ha agradecido el apoyo recibido.

La concentración, a la que han asistido alrededor de 200 personas (cien según datos de la Delegación del Gobierno), ha estado presidida con una pancarta con el lema 'Frente al racismo institucional resistencias antirracistas'.

Los asistentes han coreado lemas como "Marlaska, dimisión", en alusión al ministro del Interior, y "No es un caso aislado, es racismo de Estado", "Basta ya de racismo policial" o "Ningún ser humano es ilegal".

Además, los convocantes, de asociaciones como SOS Racismo y el sindicato de manteros de Madrid, han leído un manifiesto en tres idiomas (español, francés y wólof) en el que han denunciado que la detención de Mbaye no ha sido un "error de protocolo" ni un "hecho aislado" sino "una manifestación brutal de racismo institucional".

Con el texto, han pedido la depuración de responsabilidades políticas y la apertura de una investigación judicial independiente sobre lo ocurrido el pasado jueves, al tiempo que han hecho un llamamiento a la "resistencia colectiva y popular antirracista".

"No nos callarán hasta que se garantice que ningún cuerpo sea violentado por el racismo de Estado", han apuntado.

La Delegación del Gobierno en Madrid señala que la actuación policial en el distrito de Usera-Villaverde en la que fueron detenidas siete personas, entre ellas el exdiputado regional de Podemos Serigne Mbaye, se enmarcó en las funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló de tensión por la negativa y resistencia de varios implicados.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, manifestó en su perfil de X que se trabaja "siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo".

Ahora, Delegación y Policía mantienen abierta la investigación sobre lo sucedido y se ha dado traslado del atestado a la autoridad judicial, después de las imágenes de cómo se procedió a la detención del exdiputado. Según las fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional actuó en respuesta a un requerimiento ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que fue escalando por la negativa de uno de los implicados a colaborar y por la resistencia posterior de varias personas.

Según Delegación del Gobierno, lo sucedido este jueves se enmarca en un delito frecuente en la zona y para el que desde hace tiempo hay activado un dispositivo policial específico, apuntan e indican que, ya en el lugar, los agentes trataron de identificar a los dos sospechosos que intentaban robar un vehículo en la vía pública.

Uno de ellos se identificó sin incidentes, mientras que el otro se negó reiteradamente, mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga.

Cuando los agentes impidieron que accediera a un portal, esta persona comenzó a pedir ayuda a los vecinos. A partir de ese momento, varios de ellos bajaron a la calle y se produjo una situación de tensión en la que también se enfrentaron a los agentes, aseguran fuentes de la Delegación.

En este punto, y todo según el relato que el Gobierno ha comunicado de estos hechos, los policías solicitaron refuerzos que permitieron reducir y detener a un total de siete personas, entre ellos a Mbaye, en unos enfrentamientos que dejaron cinco policías heridos leves.

Todas las detenciones se realizaron por atentado a la autoridad y lesiones y sobre la 1:30 horas de este viernes los siete arrestados fueron puestos en libertad.

"Desde esta Delegación y desde la Policía Nacional se va a continuar trabajando para garantizar la adecuación y proporcionalidad de las actuaciones policiales, preservando el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos que corresponden a nuestro Estado de Derecho", asegura Delegación del Gobierno en un comunicado.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha pedido que dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "se depuren las responsabilidades pertinentes" tras la "brutalidad policial" que asegura que hubo durante la detención de Mbaye y otras seis personas en lo que considera una "redada racista".

"Evidentemente, el máximo responsable es el ministro del Interior. Hace muchísimo tiempo que venimos exigiendo al señor Marlaska un giro radical en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Continuaremos exigiéndoselo", ha dicho, al tiempo que ha instado al ministro a dar de forma urgente "muchas explicaciones".

En este sentido, ha anunciado que Podemos presentará en el Congreso una batería de preguntas para esclarecer lo sucedido y "depurar las responsabilidades pertinentes" sobre la detención de quien fue diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y en la actualidad forma parte de la dirección estatal como secretario antirracismo.

Su formación va a registrar también una proposición no de ley para pedir una investigación "independiente" y solicitar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "dejen de llevar a cabo redadas racistas basadas en perfil étnico" y reciban "formación en antirracismo".

"En Estados Unidos vemos cómo funciona el ICE, la policía nazi de Trump, y lamentablemente, en España estamos viendo también que se dan comportamientos análogos a lo que sucede en Estados Unidos con el ICE", ha denunciado.

El exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye ha quedado en libertad en la noche de este jueves después de haber sido detenido, junto a otras seis personas, por la Policía Nacional por enfrentarse a los agentes para tratar de impedir la detención de un sospechoso, según la versión policial.

A su salida Mbaye ha denunciado "persecución y violencia policial", según se puede escuchar en un vídeo difundido por redes sociales.

"Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, ningún ser humano es ilegal", ha exclamado Mbaye, según serecoge en el vídeo.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que había exigido la inmediata puesta en libertad de Mbaye, ha reaccionado a su puesta en libertad en la red social X, donde ha escrito: "Si Serigne no se rinde, nosotras tampoco. ¡Basta ya de violencia policial!".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha manifestado en su perfil de la red social X: "Trabajamos siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo".

Podemos había denunciado la detención de Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid).

Según la versión policial, el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes de color que trataban de robar un vehículo.

Cuando fueron a identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local donde varias personas se enfrentaron a los agentes para tratar de impedir su detención, aseguran a EFE fuentes policiales.

En el enfrentamiento, en el que según esas fuentes cinco policías resultaron heridos leves, los efectivos detuvieron a siete personas, entre ellos el exdiputado autonómico y exportavoz del Sindicato de Manteros.

Según ha publicado El Salto uno de sus periodistas, vecino de la zona, también ha sido detenido en un dispositivo formado por agentes de paisano y Policía Nacional y que ha sido grabado por varios vecinos.

Pocas horas después de la detención del ex de Podemos, más de un centenar de personas, vecinos y vecinas de Villaverde, activistas y políticos acudieron a las puertas de la Comisaría de Usera (Madrid) para pedir la liberación de Mbaye y de los otros seis detenidos.

Los allí presentes gritaron consignas como “Fuera fascistas de nuestros barrios”, “No es un caso aislado, es racismo del Estado” o “Me cuidan mis amigas, no la policía”, a la concentración improvisada también acudió la secretaria general de Podemos, Ione Belarra que pidió la liberación inmediata de quien fuera diputado en la Asamblea de Madrid y denunció la “violencia inaceptable” en su detención “en la puerta de su casa”.

Belarra habló de “redada racista basada en perfil étnico que es lo que Serigne lleva denunciando tanto tiempo”. “Estás imágenes recuerdan más al ICE que al gobierno progresista de Pedro Sánchez”.

El sindicato policial Jupol ha rechazado "sin matices" que la intervención pueda calificarse como una "redada racista", algo que aseguran están intentando creer para deshumanizar y criminalizar a la Policía.

"Se trató de una intervención legítima, necesaria y plenamente amparada en la labor de prevención de la delincuencia", añade Jupol, que lamenta que la intervención de los agentes se viera "gravemente entorpecida por la actitud violenta y desafiante de los detenidos", que arremetieron contra los agentes con el claro objetivo de impedir su labor.

En opinión del sindicato, resulta "incomprensible" tanto que "bajo presiones mediáticas y políticas" hayan quedado en libertad los siete detenidos como que la Delegación del Gobierno en Madrid tolerara una concentración no comunicada a las puertas de una comisaría.

Podemos ha denunciado la detención de su exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid).

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido "la inmediata puesta en libertad de Serigne Mbaye, militante por los derechos de las personas migrantes y miembro de Podemos".

"Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social", ha señalado Belarra en redes sociales.

También, Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz del partido ha reclamado su libertad: "Son inaceptables las redadas racistas y la persecución policial por el color de la piel. Marlaska es el máximo responsable de esta vergüenza".

Desde el partido morado denuncian "el racismo policial que cada día sufren en nuestro país millones de personas racializadas", explican fuentes de la formación.

Según la versión policial, el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes de color que trataban de robar un vehículo.

Cuando fueron a identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local donde varias personas se enfrentaron a los agentes para tratar de impedir su detención, aseguran a EFE fuentes policiales.

En el enfrentamiento, en el que según esas fuentes un policía resultó herido leve, los efectivos detuvieron a siete personas, entre ellos el exdiputado autonómico.

Según ha publicado El Salto uno de sus periodistas, vecino de la zona, también ha sido detenido en un dispositivo formado por agentes de paisano y Policía Nacional y que ha sido grabado por varios vecinos.

El propio Mbaye denunciaba hace un mes el hostigamiento continuo de la Policía en la calle: "No me arrugo a la hora de denunciar esas prácticas, es persecución, no van a parar y no voy a callarme".

El ex diputado de la Asamblea madrileña también explicaba que lo había denunciado en la delegación de Gobierno de Madrid, el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior

"No es casual de que me pare con tanta frecuencia la Policía, es un hecho que demuestra claramente que van a por mi", concluía.

Nacido en Senegal, Serigne Mbaye reside en España desde hace años. Fue portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, ha sido diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y secretario de Antirracismo del partido.

Ha participado activamente en protestas y movilizaciones contra el racismo y la violencia policial, especialmente en el barrio madrileño de Lavapiés, donde ha denunciado actuaciones que considera de carácter racista. 

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha negado ante el juez haber agredido sexualmente a una subordinada y ha atribuido esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de la denunciante, quien sin embargo ha ratificado su versión ante el magistrado, informa EFE.

Ambos han comparecido este martes ante el juzgado de violencia sobre la mujer número 8, cuyo titular ha rechazado imponer al mando policial, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado su abogado.

La primera en declarar ha sido la inspectora que, según su letrado, ha prestado una declaración "dura y difícil" en la que ha reiterado la versión que expuso en la denuncia, y ha "acreditado todos los extremos" que se le han preguntado con "veracidad".

Durante más de dos horas, la inspectora -que cuenta con protección policial y que no ha coincidido con el ex número dos de la Policía en el juzgado- ha expuesto de manera "detallada" su relato y ha refutado la acusación de "celos" que la defensa del ex-DAO lanzó en un reciente escrito.

Para el abogado de la denunciante, el interrogatorio, de más de 300 preguntas y "realmente intenso" e "indagatorio", "ha permitido ver la realidad de los hechos, cómo se produjeron y los detalles" de la querella, donde la inspectora denuncia que González la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, el 23 de abril de 2025.

Tras escuchar a la denunciante, el juez ha dado paso al ex-DAO, que renunció a su cargo tras conocerse la querella y quien este martes ha negado toda acusación de agresión sexual, en la que ha visto "odio".

Así lo ha dicho también a su salida de los juzgados ante las decenas de periodistas apostados desde primera hora de la mañana: "Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales".

El comisario principal, ya jubilado, ha defendido su "inocencia", ha celebrado que "por fin" puede dar su versión ante el juez, y ha lamentado haber sido ya juzgado y condenado mediáticamente "sin ninguna prueba".

"Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto", ha indicado, y ha subrayado que la "prueba principal" es un audio aportado por la denunciante con el que el comisario espera "que se puedan esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante".

Porque, según la defensa del exjefe policial, que ejercen los abogados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, "si la gente conociese realmente el contenido del audio cambiaría radicalmente de opinión".

Algunos fragmentos de ese audio han sido escuchado en sala y por ellos ha preguntado el juez al ex-DAO, quien, en opinión del abogado de la denunciante, ha entrado en contradicciones y "argumentaciones inconexas".

El investigado, según este abogado, ha contestado al juez que lo que decía verbalmente la denunciante no coincidía con su lenguaje corporal, y ha encuadrado el encuentro en el marco de una relación consentida.

Tras los interrogatorios, el juez ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que rechaza la orden de protección en favor de la víctima, solicitada por su letrado, y consistente en prohibir que el exjefe policial se comunique con ella.

El juez no entra a valorar la "existencia de indicios delictivos de agresión sexual" en este momento de la causa y "a falta de las diligencias que quedan por practicar", pero sí rechaza esa protección porque no aprecia "riesgo" suficiente para concederla.

"El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial", concluye el juez. El auto, que acoge el criterio de la Fiscalía, será recurrido por la denunciante.

Un juez de Madrid interroga este martes al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y a la inspectora que denunció que la había agredido sexualmente en una vivienda oficial del Ministerio del Interior en abril de 2025, según informa EFE. 

Justo un mes después de que se conociese públicamente la querella, la investigación que dirige el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid acoge este martes una jornada clave con el interrogatorio de ambos.

El magistrado ha citado a la inspectora para que se ratifique en la querella en la que denuncia que el ex número dos de la Policía la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, el 23 de abril de 2025. También aportó ante el juzgado "un listado de llamadas" por parte del exDAO, pantallazos de los mensajes que recibió por Whatsapp, y una "grabación de los audios" que realizó y que, según manifestó su abogado, Jorge Piedrafita, sustentan los hechos que denuncia. 

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". Un relato sobre el que declarará por primera vez ante el juez el comisario principal de la Policía José Ángel González, ya jubilado, que renunció al cargo de máximo jefe operativo del cuerpo -que regentaba desde 2018- al hacerse pública la querella.

Este hecho generó una crisis en la institución y la suspensión de otro mando, el comisario Óscar San Juan, a quien la inspectora acusa de coacciones.

A la espera de conocer su declaración, los abogados del exDAO, José Carlos Velasco e Ignacio Fúster-Fabra, ya remitieron un escrito al juzgado en el que sostienen que las conversaciones que se escuchan en el audio aportado por la inspectora "no encajan" con el delito de agresión sexual, sino con una relación de confianza en la que ella demuestra "un ataque de celos". 

La defensa de González también denunció el "perjuicio grave e irreparable" que le ha causado la "exposición mediática del procedimiento" tras las numerosas apariciones del abogado de la inspectora en medios de comunicación, a quien acusa de alimentar públicamente "un juicio paralelo".

A su vez, el abogado de la inspectora ha pedido al juez que abra una pieza separada para investigar, por un presunto delito de revelación de secretos, la posible filtración a los medios de un escrito de la defensa que incluía la identidad de la querellante.

El acta de inspección de la Policía Científica realizada tras el suceso de El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis jóvenes al romperse una pasarela, recoge que los soportes de sujeción y la tornillería estaban "completamente oxidados", con zonas con "alta degradación por óxido" y corrosión, según informa EFE.

En el acta, que adelanta El Diario Montañés y a la que ha tenido acceso EFE, señala el momento de inicio de la actuación de los funcionarios de la Policía Científica, el pasado día 3 de marzo a las 17:00 horas, poco después del suceso, y la finalización, a las 22:30 horas de ese día.

Recoge que la sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada para alertar de que se había derrumbado un puente en las proximidades de la playa de El Bocal, y que había "varios cuerpos flotando en el agua".

A consecuencia de estos hechos fallecieron seis jóvenes entre 19 y 22 años: una de ellas de Igollo de Camargo (Cantabria), tres de Bizkaia, otra almeriense y otra de Guadalajara, y otra joven alavesa resultó herida.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido que "no funcionó" la cadena de respuesta de la Policía Local que recibió el aviso del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes de que se hundiera.

Igualmente la alcaldesa ha explicado que, tras esa llamada, la agente que la recibió no abrió ninguna incidencia y que lo que ha manifestado es que en ese momento no había ningún equipo disponible, aunque no consta que se pusiera en contacto con ninguno para comprobarlo, por lo que ese requerimiento "murió ahí".

El domingo fue un 8 de marzo difícil para muchas de nosotras. Son tiempos de barbarie. Pero, en medio de los tambores negrísimos de la guerra y del fascismo, en un mundo cambiante y desconcertante que está provocando reacciones cada vez más violentas, me acordé de las historias de siempre, esas que no desaparecen por mucho que nos esforzamos, esas que parecen estar siempre ahí, debajo de todos los avances de las mujeres, debajo de las consignas, esas que parecen enraizadas en todos los tiempos y que tanto nos está costando arrancar. Y me acordé de Salma, ¿alguien se acuerda de Salma, de su historia, de lo que le ocurrió?

Salma es una mujer marroquí que tenía una pareja maltratador y traficante de drogas, Alberto, bien conocido por la policía. Salma desapareció un día y su familia denunció la desaparición. Estuvo desaparecida dos años durante los cuales nadie la buscó, nadie puso su fotografía en los periódicos ni su rostro salió en televisión. Podría haber muerto. De hecho, a punto estuvo de morir. Y si así hubiese sido nadie se hubiese enterado. Es razonable suponer que, si no la buscaron estando viva, nadie la hubiera buscado estando muerta. Si no hubiese conseguido fugarse, su familia nunca hubiese conocido la verdad y su torturador hubiese continuado con su vida como si nada. 

Salma era pareja de Alberto y ambos vivían en una pedanía murciana de poco más de 2000 habitantes. La familia de Salma denunció su desaparición en abril de 2024. ¿Qué es lo que hace siempre la policía cuando desaparece una mujer? Investigar en su entorno más próximo. ¿Y si el novio o marido tiene antecedentes por violencia machista como es el caso? Investigarle a él de manera exhaustiva. En este caso no se hizo nada de esto. Estando ya secuestrada, Salma fue llevada al hospital por una amiga de Alberto porque este le había dado tal paliza que casi le saca el ojo de la órbita. En el hospital, al parecer, al ver a una mujer sin ojo y llena de cardenales nadie consideró apropiado activar un protocolo de violencia machista, ni de ninguna violencia. Nadie. Nadie llamó ni advirtió a la policía. Sólo era Salma.

No parece muy aventurado afirmar que, en realidad, en ningún momento desde la denuncia, la policía hizo absolutamente nada para buscar a Salma. Como si la vida de Salma no valiese nada. No tengo dudas de que si Alberto se hubiese llamado Mohamed y Salma se hubiese llamado Marta la policía la hubiese encontrado al segundo día desde la denuncia porque estaba ahí, delante de sus ojos. Delante de los ojos de todo el mundo. Pero Salma es musulmana, y su secuestrador se llama Alberto y es murciano y su historia demuestra el racismo institucional de siempre, el racismo que existe en la policía, ese que tanta gente niega que exista.

El racismo institucional y policial que todo el caso destila es espeluznante, no es un racismo difuso. Es muy concreto, tiene culpables, y ha sido el causante de que una mujer haya sido torturada durante 700 días. ¿De verdad no va a haber una investigación? ¿No va a dimitir nadie? ¿No se va a pedir algún tipo de responsabilidad a la policía, a los médicos del centro de salud? ¿De verdad vamos a asumir que la vida de Salma no vale absolutamente nada? Este caso no nos permite la más mínima duda de que a Salma casi la mata el racismo policial. Dos años ha durado su tortura, una tortura fácilmente evitable. Estaba en casa de su pareja. Estaba en el primer lugar por el que hubiese comenzado cualquier investigación policial. Claro, cualquier investigación policial que considerara que Salma era una mujer que merecía ser salvada.

Mientras la policía de Murcia metía en un cajón la denuncia por la desaparición de Salma, el DAO, el jefe máximo de la Policía Nacional, ha sido acusado de agresión sexual por una subordinada que, siendo ella misma policía, no acudió a sus compañeros a poner la denuncia: acudió a un Punto Violeta. No debía de tener mucha confianza en los protocolos ni en las actuaciones de la propia policía. También hemos conocido el caso del jefe de la policía de Torrejón acusado de agresión sexual y al que ni el PP ni la propia policía han considerado necesario cesar. Él mismo ha dimitido, aunque eso es mucho decir porque, en realidad, ha pedido su reincorporación a la policía de Alcalá de Henares, se cambia de comisaría. Supongo que las mujeres víctimas de delitos sexuales de Alcalá se lo pensarán mucho antes de acudir ahora a una comisaría a poner una denuncia por agresión sexual. También tenemos al comisario Emilio del Valle, un policía ascendido varias veces, y al que descubrimos como un (presunto) delincuente machista de la peor especie. Y un poco antes, nos enteramos también de que en Pamplona hubo policías que se encargaron de hacer desaparecer las pruebas de una agresión sexual; es decir, policías que han cometido un delito para proteger a un agresor sexual, tal y como acaba de sentenciar nada menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

El PP, que encubre y protege a cualquier agresor sexual siempre que sea de los suyos, como hizo en el caso Nevenka, pide sin ninguna vergüenza la dimisión de Marlaska por el caso del DAO. Yo también la pido, pero no porque piense que Marlaska conociera que el DAO es un (presunto) delincuente machista. Marlaska debería dimitir porque en todos los años que lleva de ministro del Interior no ha dado un solo paso para que el machismo y el racismo no campen a sus anchas dentro de la policía. Porque la vida de Salma ha estado en manos de la policía, pero el racismo institucional que anida en la misma impidió que la salvaran. Marlaska debería dimitir por permitir que racismo y machismo no se topen con ninguna barrera dentro de la policía, ni sean considerados internamente algo vergonzoso y a erradicar. Porque en todos los años que lleva como ministro no ha hecho lo suficiente para que las mujeres policías se sientan seguras, porque los protocolos están resultando inútiles, porque no hay filtros efectivos para impedir que machistas y racistas de la peor especie lleguen a ocupar los puestos de mayor responsabilidad dentro del cuerpo. 

Si la policía –por su propia idiosincrasia, no nos engañemos– es proclive a albergar a individuos machistas y racistas, la labor de un ministro demócrata debería ser poner todo el empeño posible en que sean los menos, en que se sientan incómodos y presionados; en que los protocolos sean inflexibles y se cumplan; en que los filtros sean exhaustivos y los mandos, al menos, sean ejemplo y no una vergüenza para un país que, en muchas otras cosas, es un ejemplo feminista para el mundo.

Últimamente he pensado mucho en Salma, pero he pensado mucho también en todos los policías de esa comisaria murciana, en su dejadez racista; en su incompetencia, que ralla lo criminal. Y en la tortura de casi dos años que ha padecido una mujer por culpa de todo ello. Y parece que nadie va a pagar, que los culpables no tienen nombre. Por eso ahora, dos días después del 8M, yo quería acordarme del suyo, de Salma.  

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 Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Ni Sherlock Holmes ni el doctor Watson, que siempre se adelantan a los agentes de la Met (Policía Metropolitana de Londres), podrían sospechar de la misoginia, el racismo y la homofobia que ejercen los bobbies —apodo que reciben los agentes de ese cuerpo—. En el quinto aniversario del secuestro, violación y asesinato de Sara Everard a manos del policía Wayne Couzens, perpetrado el 3 de marzo de 2021, Sir Mark Rowley, jefe de la Met, ha hecho públicas las cifras de la purga que se está llevando a cabo en la institución.

“Unos 1.500 agentes han sido expulsados desde 2022 por comportamiento indebido; muchos de ellos por conducta inapropiada contra las mujeres”, ha explicado Rowley a la BBC. La Met cuenta con unos 42.000 empleados (30.000 policías, personal administrativo, especializados, cargos, etc.). En 2025, 28 agentes fueron expulsados por comportamiento indebido de carácter sexual y violencia contra mujeres; otros 39 dimitieron o se jubilaron por los mismos motivos.

El jefe policial cree que “algunos casos macabros de policías contra mujeres nos han llevado adonde estamos; por eso, tardaremos en recuperar la confianza de las mujeres, pero, por ahora, denuncian más que antes y aumenta también el número de mujeres incorporadas a la institución, lo cual es positivo”. Wayne Couzens, que se encuentra en prisión, no es el único que se hizo policía sin que se comprobaran sus antecedentes penales: David Carrick fue condenado por ochenta agresiones sexuales, incluidas 24 violaciones, antes y después de llevar el uniforme policial.

El asesinato de Sara Everard, secuestrada en un parque de Londres, provocó una investigación sobre el funcionamiento de la Met dirigida por la investigadora independiente Louise Casey que concluyó en un informe, publicado en 2023, en el que se constataba “la institucionalización del racismo, la misoginia y la homofobia”. En el informe se citan casos como el de una violación cuyo juicio fue cancelado porque se había estropeado el congelador en el que se guardaban pruebas para el juicio. El informe presenta, además, un programa de medidas para resolver la discriminación por raza, género u orientación sexual en la Policía de Londres.

La misma Louise Casey ha dicho estos días a la BBC que desde que se publicó su informe, “se han hecho avances, pero no suficientes para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia machista; como país no nos tomamos en serio este tipo de violencia”. Las mujeres ocupan el 27% de los puestos de la Met, un porcentaje que va bajando a medida que suben los cargos; un 18% de ellas trabajan en posiciones como inspectores o rangos medios y el 3% llegan a los puestos más altos de la jerarquía policial.

La que mira con lupa las purgas y los cambios en el cuerpo de seguridad es Janet Hills, expresidenta de la Asociación de Policías Negros —National Black Police Association— y jubilada de la Met, quien manifiesta a infoLibre que “la Met se ha reformado desde el informe Casey, que la declaró institucionalmente racista, misógina y homófoba, pero no está claro aún el alcance de los cambios; ahora hay una segunda investigación que tiene que determinar si se aplican las recomendaciones de la primera. De esta segunda investigación veremos si las reformas son genuinas o maquillaje”.

En el centro de las reformas está el mismo Sir Mark Rowley, nombrado tras la ola de indignación que generó el caso de Sara Everard o la existencia de violadores con uniforme de policía. A tenor de Janet Hills, el jefe de la Met tiene aún que demostrar que es un reformista. “Sir Mark ha emprendido reformas internas, pero no acepta las conclusiones del informe Casey que califica la Met de institución racista, misógina y homófoba, con lo cual no reconoce la magnitud del problema o cómo resolverlo. La confianza del público en la Policía ha ido cayendo bajo su mandato hasta el punto más bajo en 2025; veremos en esta fase de aplicación de reformas recomendadas si va en serio o es un lavado de cara”, comenta Janet Hills.

La expresidenta de la Asociación de Policías Negros tiene su propia hoja de ruta contra la discriminación en la Met: “Se requiere una reformulación sobre a quién se recluta, cómo se gestionan los comportamientos indebidos o cómo se relacionan los agentes con el público. No es casual que las mujeres o los negros sean quienes menos confíen en los policías: urge ganar la confianza de estos sectores”, alerta Janet, mujer de raza negra y miembro de la Met durante 35 años.

Las organizaciones de mujeres mantienen los ojos abiertos ante el alcance de las purgas y de los cambios anunciados en la Met. El Gobierno ha encargado las dos investigaciones citadas: la de Louise Casey, que habló en 2023 de una “discriminación institucionalizada” en la Met y recomendó un programa de reformas, y la más reciente, dirigida por Gillian Fairfield, que deberá comprobar la aplicación de aquellas pautas marcadas en esa evaluación previa.

Desde organizaciones como Women’s Aid (Ayuda a las mujeres), su directora, Farah Nazeer, dice a infoLibre que “hemos visto investigaciones, libros verdes, blancos y rojos, pero lo que necesitamos ahora es acción, y lo más importante para la Policía es que trabajen con especialistas como nuestra organización y que oigan y se relacionen con las supervivientes de la violencia contra mujeres y niñas”. En otra de las asociaciones, Refuge (Refugio), Ellie Butt recuerda que “respecto a la violencia contra las mujeres y niñas, los cambios en la Policía deben tener en cuenta que a menudo el maltratador está en casa”.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha multado multa con 10.000 euros al agitador de ultraderecha Vito Quiles por desobedecer a la Policía durante la manifestación feminista del 25 de noviembre de 2025 en Madrid, según informa EFE.  

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado la sanción en declaraciones a los medios de comunicación, tras la entrega de los reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer a ocho mujeres que representan "un ejemplo de superación y lucha por la igualdad" en distintos ámbitos de la sociedad. 

La Delegación del Gobierno ha iniciado un procedimiento de sanción contra Vito Quiles por desobediencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras "intentar boicotear" la manifestación del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del año 2025.  

Martín ha hecho un llamamiento a que "termine esa violencia en las calles que algunos agitadores continuamente están perpetrando y que lleva a algunas personas a vivir situaciones absolutamente insoportables".  

"Una cosa es el periodismo y otra cosa muy distinta es el acoso", ha afirmado el delegado del Gobierno, quien ha reivindicado el ejercicio del periodismo con profesionalidad y que "se terminen los espacios y las oportunidades para que los violentos, los acosadores, puedan trabajar con impunidad en las calles".  

"Nadie está por encima de la ley. Todos debemos cumplir con las normas y atender a las instrucciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan dar en un momento determinado, precisamente para garantizar nuestra seguridad. Cualquiera que haga tenga un comportamiento como el que supuestamente ha tenido este señor, si la policía eleva una propuesta de sanción, será sancionado", ha resaltado Martín.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido que "no funcionó" la cadena de respuesta de la Policía Local que recibió el aviso del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes de que se hundiera, lo que provocó la muerte de seis jóvenes, según recoge EFE.

"La cadena de respuesta de la Policía Local no funcionó como debía, ha fallado y lo debo decir con total transparencia", ha dicho la alcaldesa, que ha comparecido en una rueda de prensa tras recibir el informe de este cuerpo policial sobre ese aviso del 112, al que llamó un vecino que alertó de que la pasarela estaba rota un día antes del suceso.

Igual ha explicado que, tras esa llamada, la agente que la recibió no abrió ninguna incidencia y que lo que ha manifestado es que en ese momento no había ningún equipo disponible, aunque no consta que se pusiera en contacto con ninguno para comprobarlo, por lo que ese requerimiento "murió ahí".

La alcaldesa del PP ha destacado además que el ayuntamiento no es responsable del mantenimiento de esa pasarela ni la de la zona, porque corresponde a Costas. Ha manifestado además que trabajará para que se depuren responsabilidades y no cree haber fallado ni en honestidad ni en transparencia. También ha añadido que no va a ser culpable "de las responsabilidades individuales que tiene cada uno".

El Ministerio del Interior ha nombrado al comisario principal Jose Santafé Arnedo, actual jefe superior de Islas Baleares, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el máximo cargo de un uniformado en el cuerpo, tras la renuncia de José Ángel González, denunciado por un delito de agresión sexual, según informa EFE.

Es uno de los 89 comisarios principales frente a las 22 mujeres que podían optar al puesto que desde el 18 de febrero -un día después de la dimisión de González- asumió de forma temporal y como contempla la normativa, la responsable de la Subdirección de Recursos Humanos, en este caso, la también comisaria principal Gema Barroso.

A propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido a Santafé Arnedo, de 61 años, tras presentar su candidatura al puesto de máximo responsable operativo de la Policía Nacional abierto hace siete días.

Según informa el Ministerio del Interior, Santafé Arnedo ingresó como alumno de la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1990. Como inspector de policía ocupó diferentes puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid en Islas Baleares.

De hecho, coincidió con la actual secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo, que ostentó entre febrero de 2020 y diciembre de 2023 el cargo de delegada del Gobierno en Baleares. En su toma de posesión como número dos de Interior el pasado mes de junio, tanto el jefe superior de Balares como el jefe de la comandancia de la Guarida Civil en este archipiélago acudieron a arroparla.

En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. En esta categoría asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias y de nuevo en Baleares. En el año 2020 alcanzó la máxima categoría en la Policía Nacional (comisario principal) y desde el mes de julio de 2022 desempeñaba el puesto de jefe superior en esta jefatura.

Es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosos cursos y jornadas formativas relacionadas con la actividad policial como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en políticas de seguridad, liderazgo, y transformación digital en la Policía Nacional, entre otras. El comisario principal Santafé Arnedo ha recibido además numerosas condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria profesional.

En los últimos días se especulaba con la posibilidad de que Interior eligiera a una mujer para esta máxima responsabilidad, si bien finalmente será un hombre quien ostenta la dirección operativa de la Policía Nacional. 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por que se esclarezca lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía Armada, y que "se juzgue a los responsables", porque si no se hace, ha dicho, se estará "ahondando en la revictimización", según informa EFE.

Pradales, que a primeras horas ha participado en una ofrenda floral en el monolito erigido en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco de Asís donde ocurrieron los hechos, ha dirigido unas palabras en el acto convocado por el Instituto de la Memoria-Gogora para conmemorar el cincuenta aniversario de aquellos trágicos sucesos.

Ha sido tajante al afirmar que "quienes cometieron aquellos crímenes sabían bien lo que hacían" y ha insistido en la necesidad de que se esclarezca y se depuren responsabilidades para que no se creen "víctimas de primera y de segunda".

Todas las denuncias judiciales presentadas hasta ahora para depurar estas responsabilidades penales se han archivado, excepto la causa que abrió en Argentina en 2010 la jueza María Servini contra los crímenes del franquismo cometidos durante la dictadura y la Transición, que sigue activa.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido una desclasificación completa y no "elegida" de los documentos oficiales sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria porque esa es la manera de reparar a las víctimas y rendirles un "verdadero homenaje".

Esteban ha depositado esta martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros asesinados acompañado del diputado general de Álava, Ramiro González, y la presidenta del PNV en Álava, Jone Berriozabal.

El líder jeltzale ha afirmado que la masacre del 3 de marzo "dejó una huella muy profunda" en Euskadi y que las víctimas merecen una "reparación real", lo que pasa por conocer la verdad. Para ello, ha continuado, es necesario modificar la Ley de Secretos Oficiales que saque a la luz todos los documentos. "No nos vale tampoco una clasificación elegida", ha advertido. Por otro lado, ha avanzado que el acuerdo que el Consejo de Ministros aprobará este martes en relación con los sucesos 3 de marzo ha "decepcionado" a su partido.

Aunque el contenido de ese acuerdo todavía no se ha hecho público, Esteban ha desvelado que "no cumple con el paso que ya había dado el Partido Socialista de Euskadi recientemente en el Parlamento Vasco al reconocer el papel del Estado en los asesinatos y condenar la actuación del gobierno en aquel momento".

Izquierda Unida registrará mañana lunes en el Congreso una iniciativa para reformar las leyes de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, y la de Memoria Democrática, de 2022, para que en ellas se incluyan a las víctimas de agentes del Estado, según recoge EFE.

Con esa proposición de ley, IU pretende que se repare la situación de víctimas excluidas y de sus familiares, como la de Manuel José García Caparros, el joven asesinado por disparos de la Policía el 4 de diciembre de 1977 mientras se manifestaba a favor de la autonomía andaluza. En suma, todas las que han quedado "sin reconocimiento oficial de su carácter de víctima de la violencia que se ejerció por parte de agentes policiales del Estado", subraya IU en un comunicado.

IU considera que "es el momento de reconocer, si no es ya tarde, a todas las victimas que sufrieron esa violencia policial, incluyendo en este periodo a las producidas hasta la plena consolidación democrática, pasada ya la intentona golpista del 23F de 1981". De este modo, ve "apropiado desde un punto de vista legal e histórico" fijar el final de ese periodo temporal a partir del 1 de enero de 1983.

La proposición de ley ha sido coordinada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y cuenta también con la firma del diputado y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, además de Engracia Rivera, Francisco Sierra, Nahuel González y Fèlix Alonso.

Según recuerda IU, la propuesta es una respuesta "legal, argumentada, clara y contundente" a la "grave comunicación" conocida a comienzos de esta semana después de que el Ministerio del Interior hiciera público que denegaba la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós.

Precisamente, el pasado viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que el Ejecutivo llevará al próximo Consejo de Ministros un decreto ley con el que busca asimilar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado con la del resto de personas afectadas por esta forma de violencia extrema.

"¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Sí, a ver si con un ojo morado...". "Te he dado una colleja, porque no me... Sí, te he dado una colleja y te la volveré a dar". "Vete a casa, date una ducha, saca el Satisfyer". "¿Tan gilipollas eres?. "Que te doy una hostia que te vuelvo loquita, eh. Escúchame, que te doy una hostia, que estás otra vez haciendo gilipolleces. No me toques los cojones". Estas son solo algunas de las amenazas que una subinspectora de Policía tuvo que soportar por parte de su superior y por las que ahora ha solicitado al juez que procese al comisario Emilio de la Calle. La mujer denuncia que fue acosada y hostigada durante meses, cuando ambos trabajaban en la Embajada de España en la India, donde denuncia que llegó a darle un beso en la comisura de los labios sin su consentimiento y que la llegó a amenazar y a lesionar, según informa EFE.

La querella relata que el acoso se produjo desde que la subinspectora entró a trabajar en la Embajada de España en la India como personal de apoyo operativo, en julio de 2024, hasta que denunció los hechos por vía interna ante la Dirección General de la Policía.

Denuncia que su superior la denigraba, la "insultaba y descalificaba gratuitamente", la acosaba incluso fuera de su horario laboral, miraba sus mensajes de móvil pese a su oposición y la llamaba y escribía a diario hasta el punto de decirle: "Que te vayas al baño con el teléfono, que cagues con el teléfono". Tras comparecer el comisario ante el juez, en abril del año pasado, el magistrado solicitó al Ministerio del Interior que impidiese que éste se comunicase por razones de servicio con la subinspectora "ni directamente ni por mediación de otros" por ningún motivo.

El comisario, cesado desde hace tiempo de sus funciones como consejero de Interior de la citada Embajada, está investigado desde hace casi un año en la Audiencia Nacional, donde la subinspectora interpuso una querella contra él por delitos de acoso sexual y laboral, lesiones, amenazas, agresión sexual y contra la intimidad. Hace unas semanas, el juez a cargo de la causa, Francisco de Jorge, encargó a la Policía Científica, a petición de la Fiscalía, un informe "técnico-pericial" para determinar si estas grabaciones" han sido manipuladas, cortadas o editadas". 

Por su parte, tras el interrogatorio de varios testigos en los últimos meses, la querellante ya ha solicitado al magistrado que proponga juzgar al comisario, según un escrito al que ha tenido acceso EFE este viernes. Consideran los abogados de la subinspectora, Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, que se han "acreditado indiciariamente los hechos delictivos" y que la causa debe emprender camino a juicio, sin perjuicio de las comisiones rogatorias que han sido acordadas y que "deberán seguir en marcha para obtener la información requerida".