La plataforma de reparto de comida a domicilio Uber Eats ha anunciado este jueves que "dejará de colaborar con repartidores autónomos", cuatro años después de la aprobación de la ley rider. Este cambio está motivado por las amenazas del Ministerio de Trabajo, que el pasado diciembre aseguró que impondría acciones penales contra los dirigentes de la empresa si no se acogían a la ley de 2021, tal y como indica El País.

"Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley rider. Después de cuatro años en los que hemos acumulado experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y para fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos", han declarado fuentes de la empresa.

La multinacional era la última de las grandes empresas repartidoras en adoptar la nueva normativa por completo, que prohibe desde agosto de 2021 emplear a los repartidores como falsos autónomos. La empresa Glovo la incorporó durante el verano de 2025, y Just Eat, lo hizo también pero de manera inmediata cinco años atrás.

Desde 2022, Uber Eats ha realizado cambios en este sentido, adoptando un modelo híbrido, con trabajadores autónomos y otros con contratos laborales subcontratados. Durante 2025, más de siete mil repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras.

En este sentido, la empresa ha detallado en su comunicado que los repartidores que todavía utilizan la aplicación de Uber Eats como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de las flotas colaboradoras de la firma. "Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos", según las fuentes de Uber Eats.

Por su parte, Just Eat España -que tras la ley rider opera con repartidores contratados a través de empresas especializadas a las que exige que sean trabajadores contratados y no autónomos- ha celebrado el anuncio de Uber Eats. "Just Eat siempre ha liderado el camino, y nos alegra, sin duda, el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos. La clave será conocer en qué términos se materializa. El modelo operativo a seguir en España siempre ha sido claro, y pasa necesariamente por la contratación de los repartidores", según fuentes de la empresa. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mostrado su "satisfacción" por la decisión de Uber Eats de dejar de colaborar con trabajadores autónomos, una medida que hará que "afloren" 50.000 puestos de trabajo. "No hay ninguna empresa por muy grande que sea que se coloque al margen de la ley (...). Un trabajador o una trabajadora con una aplicación en su mano y una bicicleta no era un emprendedor", ha reiterado la ministra de Trabajo este jueves en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con responsables de supermercados cooperativos de España.

"Este es el camino", ha celebrado la vicepresidenta segunda, quien ha cifrado en más de 100 millones de euros el impacto económico que tendrá la laboralización de esas personas.

Para Díaz, este movimiento por parte de la empresa de reparto evidencia que "legislar sirve", por lo que el principio de legalidad "opera en España" y "las grandes empresas de distribución del país cumplen con la ley", ha indicado.

Coger un Uber ha sido para millones de personas la primera experiencia subiéndose a un coche eléctrico. Hace cuatro años estos vehículos suponían una fracción del parque móvil de Europa y Estados Unidos, pero Uber ya había puesto en las grandes ciudades modelos de Skoda o Toyota híbridos que entonces eran una revolución. Cuatro años después, su flota ha crecido exponencialmente y compite con el taxi en 15.000 ciudades del mundo, pero ese éxito ha matado la ambición verde de la compañía, que ya contamina como un país entero. 

En 2024 las emisiones globales de Uber rozaron los 39 millones de toneladas debido a los más de 3.000 millones de viajes que realizaron sus coches. Aunque la empresa destaca el crecimiento en su flota de coches 100% eléctricos, todavía sigue siendo ínfima sobre el total de vehículos que mueve cada día en el planeta, lo que provoca que las emisiones de la compañía se comparen con las de Uruguay, Cuba o Dinamarca.

En Europa, la presencia de coches eléctricos de Uber ha crecido en los últimos tres años y el 16,8% de todos sus viajes fueron libres de emisiones en el tercer trimestre de 2025, según revela el informe de sostenibilidad de la empresa, y en Estados Unidos, el 9,5%. Sin embargo, la ambición climática de Uber se ha diluido desde que Donald Trump llegó a la presidencia en febrero, y Uber está más lejos que nunca de cumplir los compromisos que tiene con sus accionistas: que el 100% de sus viajes sean cero emisiones en 2030 en Europa, Estados Unidos y Canadá.

Para el cierre de 2025 también tenía dos compromisos que en principio no cumple, aunque la compañía no tiene información concreta sobre ellos. El primero es que el 100% de sus trayectos –sin incluir delivery– en Londres y Ámsterdam serán libres de emisiones, al igual que el 50% de los viajes en siete capitales europeas, entre ellas Madrid. Sin embargo, solo uno de cada 10 viajes en Madrid son, en este momento, completamente eléctricos, según afirma un portavoz de Uber España a preguntas de infoLibre.

Esta fuente señala aun así que la compañía está decidida a cumplir con sus promesas de 2030. Preguntado por si van de camino a cumplir con su objetivo 100% eléctrico esta década, responde que "sí". "Los datos muestran que la transición avanza a buen ritmo. A nivel global, los conductores que usan Uber se están pasando al vehículo eléctrico hasta cinco veces más rápido que los conductores particulares", añade.

Quizás en Europa la compañía es optimista, aunque está muy, muy lejos de cumplir con su compromiso, pero su negocio es global y la Unión Europea es solo uno de sus mercados. De los 17 millones de conductores que finalizaron algún viaje el año pasado en el planeta, solo 207.000 condujeron un eléctrico, el 1,2%, lo que evidencia la tarea imposible de descarbonizar la empresa.

A esto se suma que en Estados Unidos, según recogió este mes el medio Bloomberg, Uber ha abrazado la política negacionista de Donald Trump y su mega proyecto de presupuestos Big Beautiful Bill, que ha sacado adelante este año y que recorta de manera salvaje las principales ayudas públicas para la compra de eléctricos y la instalación de plantas renovables. El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, apareció incluso en junio en un video promocional de la Casa Blanca dando gracias al presidente por esa legislación.

Desde entonces, Uber ha finalizado en Estados Unidos uno de sus programas para incentivar la compra de coches eléctricos, que consistía en ganar entre 100 y 250 dólares extra cada mes por conducir un eléctrico. Sin embargo, como Trump acabó en octubre con los créditos fiscales para apoyar la compra de estos vehículos, Uber inició una campaña para dar 4.000 dólares a quien los comprase en algunos Estados, pero solo para los 2.500 primeros en apuntarse.

En Europa, la compañía lo confía todo a las ayudas públicas estatales y autonómicas. Desde Uber afirman que globalmente han invertido 800 millones de dólares en incentivar el coche eléctrico, pero no describen ningún programa de ayudas directas que tengan en Europa, ni aparece ninguno en su web. Aluden a "acuerdos con empresas como Repsol, Endesa, Banco Santander o El Corte Inglés", sin aclarar los beneficios que dan a los conductores, pero según se ha publicado en prensa en los últimos años, ofrecen una recarga del vehículo más barata y condiciones favorables para acceder al leasing de coches.

Aunque la empresa no aclara cuántos coches eléctricos tiene en España, Uber tiene la meta de superar los 1.000 en 2025 solo en Madrid. Por otra parte, fuentes de la compañía subrayan que este año han multiplicado casi por cuatro la cifra total de eléctricos en España y que uno de cada diez viajes es 100% eléctrico en todo el país, más que en el pasado, pero por debajo de la media europea (16,8%). Uber también han introducido el servicio Uber Electric en ocho ciudades españolas, un viaje cero emisiones que cuesta lo mismo que uno estándar.

En el trabajo, Sami* debe someterse a múltiples controles de identidad. Uber Eats, la plataforma para la que trabaja, le pide regularmente que se haga una foto para demostrar que es el titular de la cuenta registrada en la aplicación, so pena de bloqueo. Pero tiene un problema: como la mayoría de los repartidores en bicicleta de la zona parisina, Sami es un trabajador sin papeles.

Su situación administrativa no le permite ser ni asalariado ni microempresario. “Cuando la aplicación me pide un selfie, voy a ver al propietario de la cuenta y le pido una foto. Esto me puede pasar tres o cuatro veces al día, precisa el repartidor. ¡Pero a algunos compañeros les pasa hasta diez veces!”

En los últimos años, el reconocimiento facial es el pan de cada día de los repartidores pertenecientes a plataformas de reparto de comida. Esta tecnología tan intrusiva se utiliza desde el momento en que se abre la cuenta. En 2022, en el marco de la carta de compromiso para la lucha contra el fraude y la subcontratación irregular, Uber Eats y Deliveroo, los principales actores del sector, se comprometieron a “desarrollar nuevas herramientas tecnológicas que faciliten la detección de documentos fraudulentos utilizados por los titulares de cuentas”.

Las dos plataformas refuerzan así los controles durante la creación de cuentas. Están desarrollando colaboraciones con empresas proveedoras de servicios de verificación de identidad a distancia, certificadas por la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi).

Uber opta por una solución basada en una tecnología desarrollada por Ubble, una start-up francesa especializada en la verificación de identidad adquirida en 2022 por el especialista en pagos seguros Checkout.com.

“Deliveroo realiza un control riguroso de los documentos de identidad de todos sus repartidores antes de cualquier colaboración”, detalla su competidor, que subcontrata a la empresa Entrust. “Estos controles van acompañados de verificaciones que son posibles gracias a herramientas de reconocimiento facial destinadas a garantizar que el titular de la cuenta corresponde a la identidad que se ha facilitado a la plataforma.”

Las dos empresas van aún más lejos. Cada día realizan cientos de controles de identidad a su plantilla de repartidores. “Deliveroo solicita esa información al conectarse, con cada vez más controles realizados durante el día en los últimos meses”, señala Circé Lienart, coordinadora de la Maison des coursiers, una asociación que ofrece un lugar de descanso y organización para los repartidores de París y Burdeos.

Uber no ha esperado a las peticiones del Estado para controlar a su gente. Además de la tecnología Ubbl, la empresa utiliza desde 2019 una solución de reconocimiento facial operada por Microsoft y descrita modestamente como “un software de comparación de fotos”.

“Esas verificaciones se realizan de forma aleatoria para garantizar su eficacia”, detalla la empresa, que precisa que todos los repartidores son controlados al menos una vez a la semana. “Si las fotos no coinciden o si no se realiza la verificación, la cuenta podrá ser objeto de una suspensión temporal para proceder a verificaciones adicionales”.

“Se trata de un sistema de visión por ordenador, que se basa en la identificación de una serie de puntos para reconocer una cara y compararla con una imagen de referencia”, analiza Maxime Cornet, doctorando en sociología en el Instituto Politécnico de París. “Es un sistema de identificación biométrica según todas sus definiciones técnicas y legales.”

Maxime Cornet, conocido por su trabajo de investigación sobre la subcontratación en el sector de la inteligencia artificial, participa en el proyecto europeo GDPoweR, gracias al cual ha tenido acceso a los datos personales de más de 150 repartidores y conductores.

El análisis detallado de los datos, al que Mediapart ha tenido acceso, permite comprender el funcionamiento de la herramienta: analiza más de veinte de puntos a partir de selfies, desde el uso de gafas hasta el de accesorios en la cabeza, pasando por la posición de los ojos.

“El sistema dista mucho de ser fiable al 100 % y prácticamente no hay posibilidad de impugnación cuando Uber decide cerrar una cuenta por sospecha de uso compartido”, señala el investigador. En 2022, una investigación de la periodista india Varsha Bansal también reveló los sesgos racistas de la herramienta de reconocimiento facial utilizada por Uber, incapaz de reconocer correctamente a los conductores de origen indio.

En Uber Eats, cada mes, esta tecnología provoca la suspensión de varios cientos de cuentas de repartidores. Vendida como una tecnología que permite luchar en última instancia contra el trabajo no declarado, esta herramienta solo tiene, en realidad, un impacto marginal en ese aspecto.

“La gran mayoría de los repartidores se encuentran hoy en día en una situación de precariedad administrativa”, recuerda a Mediapart Marwân-al-Qays Bousmah, investigador del Instituto Nacional de Estudios Demográficos (Ined) y coordinador del estudio Santé-Course, que recopila las respuestas de varios cientos de personas que trabajan en París y Burdeos, y cuyos resultados se publicarán próximamente.

Diversas fuentes estiman que el porcentaje de repartidores no declarados oscila entre el 50 % y el 70 %, algo que Deliveroo niega. “Los resultados preliminares nos permiten afirmar que los repartidores trabajan más de sesenta horas semanales de media, por menos del salario mínimo interprofesional”, detalla el investigador.

“La precariedad administrativa parece estar en el centro del modelo económico de las plataformas”, confirma Kévin Poperl, ingeniero de estudios del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y, desde 2017, también de la aventura CoopCycle, que ha creado un software competidor del de las plataformas privadas.

Bajos ingresos, condiciones laborales difíciles, situación jurídica precaria... Ese trabajo solo atrae a quienes no tienen otra opción. “Solo los indocumentados hacen ese trabajo”, resume Jalil*, miembro del colectivo para la integración y la emancipación de los repartidores (Ciel), que defiende la regulación de los repartidores indocumentados.

Para trabajar, las personas en situación de precariedad administrativa simplemente alquilan una cuenta a un tercero. “Se trata sobre todo de ex repartidores que cambian de actividad y subalquilan su cuenta con tarifas más o menos variables, no de una red organizada”, detallan Kévin Poperl y Marwân-al-Qays.

Cerca del 95 % de los repartidores declaran no estar cubiertos por un seguro proporcionado por la plataforma. Casi un tercio no tiene ninguna cobertura sanitaria, a pesar de que se encuentran en una situación de fragilidad física y psicológica. La política de reconocimiento facial les somete a una presión aún mayor.

“El dinero llega a la cuenta del titular”, describe Jalil. Si te suspenden, puedes encontrar fácilmente una nueva cuenta, pero el propietario de la primera cuenta nunca te devolverá tu dinero.”

Esta nueva capa de angustia se suma a la sensación de control algorítmico que experimentan cada día casi tres cuartas partes de los repartidores, según el estudio Santé-Course. Conscientes de que la plataforma los vigila y controla constantemente, se sienten obligados a seguir sus instrucciones, por miedo a perder su cuenta.

¿Qué hacen Uber y Deliveroo con los datos recopilados? “Los conjuntos de datos creados por plataformas como Uber permiten, como mínimo, entrenar el software que desarrolla su proveedor”, afirma Assia Wirth, doctoranda en la ENS Paris-Saclay, cuya tesis versa sobre la producción de tecnologías de análisis facial. “La creación de conjuntos de datos procedentes de poblaciones minoritarias, como es el caso de los repartidores en bicicleta, permite consolidar las bases de datos existentes, que están compuestas en su mayoría por personas blancas”.

Microsoft es la única empresa que explica claramente, tras contactar con ellos, que no utiliza los datos recopilados sobre los repartidores de Uber para entrenar sus algoritmos. “Llevamos a cabo nuestras operaciones de acuerdo con todas las leyes y reglamentos”, se limita a indicar Checkout.com, el otro socio de Uber.

“Entrust solo puede tratar los datos personales, tanto legal como contractualmente, para prestar servicios a Deliveroo y siguiendo sus estrictas instrucciones”, asegura Deliveroo. Preguntados por Mediapart, Entrust no respondió sobre el punto específico de la reutilización de los datos con fines de entrenamiento.

En Francia sigue desarrollándose el reconocimiento facial, de especial interés para el mundo del trabajo temporal. Iziwork, una plataforma de trabajo temporal adquirida por Proman, una de las principales empresas de trabajo temporal del país, ya ha dado el paso.

“La empresa está probando una solución que permite verificar la coincidencia entre los trabajadores temporales que se presentan en las instalaciones del cliente y la persona que ha sido contratada previamente por nuestros servicios”, detalla el servicio de comunicación de la empresa, que asegura que “el trabajador temporal sigue siendo libre de aceptar o rechazar el control propuesto a través de la aplicación”. Iziwork también indica que los datos biométricos no se utilizan con fines de entrenamiento de modelos.

Esta investigación se ha llevado a cabo en colaboración con la AI Accountability Network del Pulitzer Center.

* Los nombres de los repartidores se han modificado a petición suya.

Traducción de Miguel López

Hasta el pasado lunes, Silicon Valley siempre había gozado en el imaginario colectivo de un aura hippy y progresista instaurada en el imaginario colectivo de ser una industria creada de cero en un garaje o en la habitación de una residencia universitaria. Sin embargo, la visión de sus mayores referentes, multimillonarios todos, solo un paso por detrás de la familia de Donald Trump ha puesto en evidencia el giro ultra y ha generado muchas dudas e intranquilidad entre los usuarios al estar sus compañías y sus productos cada vez más enraizados en nuestro día a día. Es lo que muchos llaman ya la "derecha tecnológica" o, como les llamó Pedro Sánchez, "tecnocasta" o "tecnomillonarios". 

Pero además de esta radicalización común y de tener todos sus bolsillos repletos de billetes gracias a los usuarios, hay otro elemento que los une: su pasaporte. Meta (propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp), Amazon, Google, Apple, X, Open AI o Microsoft (que no mandó a nadie a la toma de posesión de Trump) son empresas estadounidenses, la mayoría con sede en el norte de California, en Silicon Valley. No así TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, que se coló en la fiesta del nuevo presidente con la presencia de Shou Zi Chew y protagonizó una de sus primeras cien medidas: la prórroga de 75 días para seguir operando en EEUU.

"Estas plataformas no solo han cambiado la forma en que nos comunicamos, sino también cómo consumimos contenido y nos conectamos con otras personas y marcas. Su influencia es evidente en ambas regiones, donde han moldeado tendencias y comportamientos", explica Santiago Giménez, profesor en la OBS Business School. 

En cambio, a este lado del Atlántico, Bruselas se tiene que limitar a contener el aliento ante las futuras políticas de Trump y observar en la distancia y con preocupación la deriva de la derecha tecnológica. Aunque han desplegado un potente paquete legislativo para controlar a todas estas plataformas y que asuman responsabilidades, por ahora la UE con respecto a redes sociales no es rival para Silicon Valley. Pongamos un par de ejemplos.

Con la puesta en marcha en verano de 2023 de la ley de Servicios Digitales, centrada en la protección de los derechos fundamentales en línea de los usuarios, Bruselas elaboró su listado de very large online platforms y very large online search engines, es decir, aquellas plataformas y buscadores con relevancia sistemática y responsabilidades especiales por el tamaño y alcance social que tienen. Se trata, en total, de 25 productos o servicios: quince de EEUU, cuatro de China, uno de Chipre y uno de Canadá. Los cuatro restantes son made in UE: el metabuscador de viajes Booking de Países Bajos, la tienda online Zalando de Alemania y las webs porno XVideos y XNXX de Francia. Es decir, el 16%.

La ley de Mercados Digitales, enfocada en frenar el comportamiento anticompetitivo, también tiene su listado, en este caso, de guardianes de acceso del que forman parte las grandes empresas con una posición afianzada que debe cumplir con obligaciones más estrictas que el resto. Ahora mismo son siete: Alphabet, Amazon, Apple, Booking, ByteDance, Meta y Microsoft. De ellas, solo Booking es europea. En total, 24 servicios básicos, entre los que se encuentran plataformas de mensajería, sistemas operativos o redes sociales. Bruselas destaca cuatro: Facebook e Instagram de Meta, LinkendIn de Microsoft y TikTok. Es decir, tres estadounidenses y una china. 

Centrándonos solo en las plataformas, qué es lo que nos interesa aquí, si cogemos el Estudio de Redes Sociales 2024 de Iab Spain de las 17 que analiza y de las que recoge datos, solo dos son europeas. Se trata de BeReal, que es francesa, y Spotify, que es sueca pero que se queda fuera de lo que entendemos como red social ya que es un servicio de streaming de música. 

A la cuota de redes sociales europeas se podría añadir Mastodon que es alemana y una de las plataformas que suenan como sustitutas de X ante la deriva de Elon Musk con su apuesta de ser "abierta, libre y federada" bajo el protocolo ActivityPub. La otra candidata para robarle tuiteros al antiguo Twitter, Bluesky, también es estadounidense. 

En este grupo podemos añadir Xing, también alemana. Basada en el principio de los seis grados de separación, es una red social de ámbito profesional y compite por la cuota de mercado del poderoso LinkedIn de Microsoft. 

BeReal, Mastodon, Xing… ¿por qué a este lado del Atlántico no tenemos nuestro propio Instagram o un TikTok europeo? Según detalla el profesor Giménez, esta dominación estadounidense responde a tres causas. La primera es porque en EEUU "han sido pioneros en crear plataformas innovadoras y escalables, como Facebook, Twitter o Instagram, que rápidamente han capturado grandes bases de usuarios" al tiempo que "se han adaptado y evolucionado" con las demandas de los usuarios. 

La segunda razón es por el acceso que tienen a los fondos de capital de riesgo para lograr financiación y a los recursos tecnológicos. "Silicon Valley ha proporcionado un entorno ideal para el crecimiento de estas redes", sostiene Giménez. "Mientras EEUU y China invierten en digital, nuestros políticos desoyen los consejos de los activistas que llevan años diciendo que había que apostar por el código abierto", amplia Simona Levi, cofundadora de la plataforma especializada en derechos digitales Xnet y estratega tecnopolítica. Autora del libro Digitalización democrática (Editorial Rayo Verde), defiende que la UE ha perdido tiempo "en vender sangría" y no se ha digitalizado "correctamente" porque han estado "pagando por tecnología que pertenece a empresas": 

Y, por último, el propio ecosistema de talento creado en esta zona californiana "crucial para la innovación continua y el éxito sostenido". "La concentración de talento en tecnología y negocios en Silicon Valley ha permitido a estas multinacionales atraer y retener a los mejores profesionales", indica este profesor. 

¿Y cómo hemos llegado hasta esta situación? También son varios factores los que han influido en esta posición rezagada. Por un lado, la falta de financiación. "La inversión en capital de riesgo en Europa es significativamente menor en comparación con EEUU", explica Giménez que matiza que esto limita "el crecimiento de startups tecnológicas", tienen dificultades para "obtener los fondos necesarios" y les impide "competir a nivel global". 

Por otro, la fuga de cerebros: "Muchos talentos europeos en tecnología y negocios se trasladan a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y recursos". Para este profesor, esta salida ha lastrado la creación de compañías innovadoras en la UE. Y, por último, la existencia de una excesiva burocracia en los 27. "Las barreras regulatorias y administrativas en el mercado único europeo pueden dificultar la creación y expansión de nuevas empresas", admite Giménez. 

Por todas estas razones, ante la falta de una competencia real privada, en la UE son muchas las voces que apuestan ahora por crear una red social pública. A mediados de enero, el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, proponía "la creación de una red social pública bajo controles democráticos" con "el español y el portugués como lenguas de referencia" y "comprometida con la justicia social y los derechos humanos". La profesora titular de Filosofía del Derecho en la Carlos III y exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop también apuntaba en esta misma dirección en una reciente columna en El País: "Europa debería pensar en crear infraestructuras propias, públicas y competitivas con las que plantar cara al poder plutocrático que nos acecha".

El antiguo director de Tumblr, Mark Coatney, incluso iba un paso más allá en un artículo de opinión publicado en 2019 en The New York Times. En su caso, sugería prohibir tanto el anonimato como las cuentas de empresas u otras organizaciones para crear una plataforma alejada del interés comercial actual: "Los medios públicos sin ánimo de lucro son la respuesta". 

Financiada por los diferentes Gobiernos, serviría para dar servicio ciudadano. Sin embargo, la idea no es perfecta y está llena de sombras. La primera y más evidente es qué harían las diferentes administraciones públicas con nuestros datos. Además, y según señala Simona Levi, parte de un enfoque "binario" que consiste en "público-bueno y privado-malo" y que confunde crear una red social pública con el software de código abierto, un modelo de desarrollo descentralizado que distribuye públicamente el código fuente permitiendo que cualquier persona modifique y comparta tecnología porque su diseño es accesible de manera pública. "Los expertos siempre hemos dicho que había que generar un sistema alternativo a las big tech. Llegamos tarde, pero todavía se pueden hacer cosas, eso sí, la solución no es que el estado de forma paternalista nos gestione las redes", defiende esta experta. 

Para esta experta, el futuro pasa por una "iniciativa comunitaria" en la que trabajen mano a mano usuarios, activistas, empresas e instituciones alrededor del "código abierto": "Todo ya está creado. No hay que crear, hay que apostar por un software libre y que cada uno utilice como quiera". Y en este escenario perfecto los diferentes Gobiernos, tanto a nivel europeo, como nacional o autonómico, lo que deberían haber es invertir, mantener y, sobre todo, utilizar estas herramientas de código abierto. "Bruselas sigue usando Microsoft y Google", recuerda Levi que apunta que "no están dando ejemplo". 

Más allá de esto, y según el profesor Giménez, existen "oportunidades y esfuerzos en marcha que podrían permitir el surgimiento de competidores europeos en el futuro". "La combinación de políticas de apoyo, cambios en las preferencias de los usuarios y un enfoque en la innovación y la privacidad podría crear un entorno propicio para el desarrollo de nuevas plataformas sociales europeas", detalla este experto. 

Porque lo cierto es que, más allá de la falta de una competencia real a nivel de redes sociales, en el resto de productos y servicios, Europa no cojea en comparación a Silicon Valley o China y es capaz de plantar cara en muchos servicios. Por ejemplo, Spotify. El éxito de esta plataforma de música en streaming supera de largo a su competencia. Por ejemplo, en número de usuarios cuenta con 551 millones, muy lejos de los 88 millones de Apple Music, los 80 millones de Amazon Music, los 80 millones  de YouTube Music o los 16 millones de Deezer, un servicio francés. 

En Suecia también encontramos las empresas de videojuegos Mojang o King, autores de los populares Minecraft o Candy Crush. Eso sí, ambas son propiedad ahora de Microsoft. Caso similar al de Skype, que revolucionó en la década de los 2010 las videollamadas y que tiene su origen en Estonia con parte del equipo también sueco y danés pero que en 2005 fue comprado por eBay y en 2011 por Microsoft, ambas estadounidenses. Y ejemplo similar lo que sucede con el navegador Opera creado por la empresa noruega Opera Software y que actualmente es propiedad de una empresa china de inversión.

Uno de los países con más presencia de tecnológicas es Alemania: además de las ya mencionadas Mastodon o Xing, destacan gigantes como Zalando, Trivago o Delivery Hero, propietaria de la española Glovo. En Francia, además del éxito de BeReal, cuentan con Bla Bla Car, Vente-Privée o el buscador Qwant. Y en España, Cabify rivaliza con el poderoso Uber en el apartado nacional del VTC. 

Y no hay que olvidarse de Reino Unido, que aunque ya no forma parte de la UE, es uno de los principales núcleos de emprendimiento digital a este lado del Atlántico. Así destacan plataformas como Asos, Deliveroo, Just Eat, Shazam o Skyscanner, referentes en sus respectivos campos.

Según Santiago Giménez, el éxito de estas empresas en otros campos que no son las redes sociales responde a que, la gran mayoría como Spotify, Booking o Zalando, han encontrado "nichos específicos" con productos o servicios que "responden a necesidades específicas de los consumidores europeos", tienen "modelos de negocio que les permiten ofrecer servicios únicos y diferenciados" y, por tanto, tienen "una menor competencia directa". "La ausencia de competidores dominantes ha facilitado su expansión y éxito", explica este profesor. 

A todas estas tecnológicas hay que sumar ahora el esfuerzo que se está desplegando en el campo de la inteligencia artificial. Aunque OpenAI, también estadounidense, es su máximo exponente gracias a ChatGPT, muchos en Silicon Valley están intentando subirse a este carro: desde Google a Microsoft pasando por Meta, X o Apple. Y en Europa, en este caso, están intentando no quedarse atrás, aunque mucha de la inversión sigue procediendo de EEUU. 

Así destaca el trabajo de Aleph Alpha. Esta startup alemana fundada en 2019 por Jonas Andrulis (ex trabajador de Apple) y Samuel Weinbach (ex de Deloitte). En 2023 presentó Luminous, su modelo de lenguaje equivalente al GPT de OpenAI o PaLM de Google. 

En Francia, está Mistral AI. Fundada en 2023 por investigadores de Meta y Google DeepMind y con inversores del renombre como NVIDIA, Salesforce o Microsoft, solo un año después presentó Le Chat, su chat conversacional para competir contra ChatGPT de Open AI. 

En Reino Unido, Stability AI es conocida por su enfoque en código abierto, es decir, sus modelos están disponibles para que cualquiera los utilice y los modifique. Aunque creación más conocida es Stable Diffusion, un modelo generativo que crea imágenes a partir de texto, ya está trabajando en modelos de lenguaje para rivalizar con ChatGPT.

Y en España, esta misma semana el Gobierno presentó Alia, un modelo de inteligencia artificial en código abierto diseñado desde el sector público. Su objetivo es ser una herramienta accesible, inclusiva y adaptada a la diversidad lingüística ya que es capaz de operar en castellano y en las lenguas cooficiales del Estado: catalán, euskera, valenciano y gallego. Por ahora, están en marcha dos proyectos pilotos basados en Alia: un chatbot para la Agencia Tributaria, que permitirá resolver dudas y agilizar gestiones fiscales; y otro programa que se centrará en la mejora del diagnóstico de insuficiencias cardíacas en Atención Primaria.

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha denunciado a la empresa Uber ante la Dirección General de Consumo por su política de precios, que la compañía manipula a su antojo amparándose en que se fijan por la oferta y la demanda, indica la asociación en una nota difundida este miércoles y que recoge EFE.

CECU ha pedido a Consumo que abra un expediente sancionador a Uber por incumplimiento de la normativa de consumo e insta a que ponga a disposición de consumidores y usuarios toda la información relativa a la configuración de sus precios.

También recuerda que Uber, en su página web, específica que sus precios son "dinámicos", es decir, la tarifa que se ofrece en cada momento está condicionada por determinados factores y puede variar; aunque la información que ofrece sobre la configuración de estos precios es "genérica, enunciativa, insuficiente, poco clara y no transparente".

Según Uber, los precios se definen según variables como la oferta, la demanda, las condiciones atmosféricas, eventos de masas, etc; pero podrían existir "otros factores de los que no se informa", denuncia CECU.

En ninguna de sus plataformas aparece una lista de precios básicos o de referencia sobre los que se aplicarían incrementos ni se hace alusión a porcentajes, índices o fórmulas que permitan conocer cómo se calculan o comprobar que son aplicados correctamente de acuerdo con las condiciones contractuales del servicio.

De este modo, afea la asociación de consumidores, sólo es posible conocer el precio estimado al solicitar el viaje, lo cual vulnera la ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que exige claridad y transparencia en la información que debe facilitarse previa a la contratación. 

La Autoridad de Protección de Datos Holandesa (DPA) ha multado a la plataforma Uber con 290 millones de euros por la transferencia a Estados Unidos de datos personales de conductores europeos y no proteger adecuadamente los datos en relación con estas transferencias, según informa Europa Press.

Según la DPA, esto constituye "una grave infracción" del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Se trata de la tercera multa que la DPA neerlandesa impone a Uber, tras la sanción de 600.000 euros impuesta en 2018 y otra de 10 millones en 2023.

En concreto, la DPA holandesa descubrió que Uber recopilaba, entre otras cosas, información sensible de conductores de Europa y la almacenaba en servidores de EEUU, incluyendo datos sobre cuentas y licencias de taxi, pero también datos de ubicación, fotos, datos de pago, documentos de identidad y, en algunos casos, incluso datos penales y médicos de los conductores.

Durante más de dos años, Uber transfirió esos datos a su sede central en EE.UU. sin utilizar herramientas de transferencia, por lo que la protección de los datos personales no fue suficiente, señala la Autoridad holandesa, recordando que el Tribunal de Justicia de la UE invalidó en 2020 el llamado Escudo de Privacidad UE-EE.UU.

"Uber no cumplió con los requisitos del RGPD para garantizar el nivel de protección de los datos en lo que respecta a las transferencias a los EE.UU. Esto es muy grave", ha indicado el presidente de la DPA holandesa, Aleid Wolfsen.

Uber, que ha puesto fin a la infracción sancionada, ha expresado su oposición a esta última multa, según ha indicado el regulador holandés.

Con frecuencia, los sedicentes liberales españoles suelen advertir sobre las derivas iliberales de nuestras democracias. El auge del populismo, los extremos antipolíticos y la degradación de la convivencia democrática conforman sin duda un cóctel indigesto. A la vista de la expansión de fuerzas de extrema derecha por toda Europa, de fenómenos como el bolsonarismo o el trumpismo, o del voto refugio en la derecha radical o identitaria de muchos conciudadanos de clase trabajadora, especialmente en la periferia europea desindustrializada, no parece que la advertencia esté exenta de fundamento.

Sin embargo, confieso que siempre me ha sorprendido que se pretenda contener el populismo y los repliegues identitarios o nacionalistas sin enfrentar las causas sociales y económicas de los que se alimentan. Por ejemplo, la desigualdad económica, realidad sangrante en España, y los efectos que la globalización ha tenido en el mundo del trabajo.

Recientemente, un grupo de Estados miembros de la Unión Europea unió sus fuerzas para bloquear de nuevo la ley de empleo en plataformas digitales. En las últimas décadas, el mercado de trabajo ha experimentado una evolución inquietante. La aparición de múltiples plataformas que operan a través de aplicaciones tecnológicas ha cambiado incluso el aspecto de las principales urbes. Su modelo de negocio, lejos de aportar valor añadido alguno ni ser el resultado de una gran innovación tecnológica, consiste en el abaratamiento de costes laborales y la más descarnada explotación laboral.

No son pocos los trabajadores forzados a salir de la esfera de protección del Estatuto de los Trabajadores, convertidos en falsos autónomos. No se trata de una cuestión simbólica ni nominal, sino un fraude con implicaciones tangibles: para los trabajadores, con unos derechos laborales completamente mermados, para la Seguridad Social y para el conjunto de la sociedad. A lo que con frecuencia se denomina economía colaborativa, deberíamos más bien denominarla economía depredadora: la que pone a competir al último contra el penúltimo en condiciones de precariedad más propias de finales de siglo XIX e inicios del XX.

Las condiciones de un repartidor de Glovo, Uber Eats o Deliveroo son un claro ejemplo de explotación laboral. Lo anacrónico no es su denuncia, sino el inquietante blanqueamiento de aquella por los que descartan esta crítica calificándola de populista, trasnochada o tecnófoba. Los avances tecnológicos pueden y deben ser un instrumento para la emancipación de las personas, pero sin regulación y al servicio de determinados intereses económicos son sólo un instrumento de servidumbre para muchos trabajadores.

La así denominada uberización es un fenómeno cada vez más generalizado que ha ido descomponiendo progresivamente algunas conquistas históricas del movimiento obrero, como la negociación colectiva. Muy ligado a nuestro modelo productivo desindustrializado y a un sector servicios que es hegemónico en la economía española, ha ido proliferando una economía repleta de microempresas y autónomos.

Indudablemente, en un contexto global tan convulso es importante proteger nuestra economía productiva frente a la economía financiera de carácter especulativo. Sin embargo, no podemos obviar que las transformaciones productivas y del mundo del trabajo han ido generando un escenario cada vez más fragmentado, donde el trabajador es presentado como un emprendedor.

Este relato tramposo es peligroso: necesitamos una economía dinámica donde el talento y la creatividad fluyan –para lo que es imprescindible el concurso del Estado en la producción y la redistribución–, pero el camino para eso no es la barra libre de trabajo basura y contratos en fraude de ley, sino la mejora de la productividad de nuestras empresas, un sustancial incremento en la inversión en I+D, y la sustitución definitiva de un paradigma de devaluación salarial por un modelo productivo mucho más sostenible y diversificado, que incremente el peso industrial sobre el PIB y la calidad del trabajo.

Considerar “emprendedor” a un falso autónomo víctima de la explotación laboral no sólo es una caricatura injusta, sino que revela una doble derrota: la incapacidad de proteger las condiciones laborales del trabajador por cuenta ajena y la de fomentar las condiciones empresariales de un tejido productivo con frecuencia sometido a la competencia desleal con corporaciones multinacionales especializadas en la evasión fiscal, el dumping laboral y el medioambiental.

¿Por qué algunos autoproclamados liberales silencian una realidad tan lacerante como la de la economía uberizada, absolutamente incompatible con los derechos fundamentales de las personas? Uno de los principios históricos del liberalismo fue la limitación del poder. El gran error dogmático de los fundamentalistas de mercado, por decirlo en palabras de Tony Judt, es abandonar esta directriz cuando se trata de limitar las arbitrariedades del poder económico.

Lo observamos cuando callan ante la descomposición del derecho laboral, cuyo carácter de protección de los trabajadores emana de una desigualdad estructural entre las partes, y su sustitución por el derecho privado. Este último se regula por la autonomía de la voluntad de las partes. Este principio está completamente ausente en las relaciones contractuales entre partes desiguales: ocurre en el derecho laboral y también en el derecho bancario o, en general, en la protección de los consumidores y usuarios. ¿Por qué muchos liberales aceptan el relato neoliberal falaz, según el cual, en un préstamo hipotecario o un contrato de transporte aéreo, repletos de cláusulas abusivas, el Estado no debe “interferir” al ser resultado del libre acuerdo entre las partes?

Una buena parte del liberalismo retórico no es sino un individualismo dogmático que responde a intereses económicos muy definidos en torno al rechazo del bien común y del Estado social. Un anarcocapitalismo cada vez más extendido entre youtubers e influencers, que inunda las pantallas y genera una hegemonía cultural sombría. La formación de ciudadanos sustituida por la manipulación de jóvenes, a los que se convence de que el éxito pasa por convertirse en aprendices de “criptobros”.

Desde luego, es un liberalismo impostado aquel al que no le importa la limitación de poder, puesto que promociona las concentraciones de capital a espaldas de parlamentos y gobiernos democráticos; el que no respeta la separación de poderes porque somete al Estado de derecho a la arbitrariedad de entidades financieras y plataformas tecnológicas, convirtiendo a los poderes del Estado en auxiliares del poder económico; el indiferente ante la falta de libertad de muchas personas cuyos derechos fundamentales nominalmente garantizados distan mucho de ser tangibles y reales; el que promueve importantes desigualdades y desequilibrios en un marco global de libre circulación de capitales y múltiples “refugios fiscales” y “jurisdicciones fiscalmente no cooperativas”, que son los habituales eufemismos con los que algunos eluden el vergonzoso escenario de paraísos fiscales dentro de una Unión Europea que se presume social y democrática.

El detector de iliberalismo debería, por tanto, orientarse de forma correcta. No se encuentra sólo en los reaccionarios de la identidad, también en los gobiernos que conforman el grupo de Visegrado, con formaciones políticas que niegan los derechos civiles, el laicismo o la libertad religiosa y que criminalizan con su populismo a los migrantes, o en aquellos que quieren definir las comunidades políticas en torno a peligrosos criterios étnicos, sustituyendo la condición de ciudadanos por la de “nativos”.

Es indudable que el nacionalismo étnico y el populismo identitario son verdaderas agresiones democráticas. Pero nunca los atajaremos si partimos de la aceptación acrítica o el blanqueamiento de un orden social y económico cada vez más desigual e injusto para las clases trabajadoras, así como convulso, incierto y carente de estabilidad para unas clases medias precarizadas, cuyas condiciones de vida se resienten al tiempo que los estragos de las diversas crisis económicas se vuelven crónicos a nivel social. La desigualdad creciente y la concentración de riqueza en pocas manos son una termita silenciosa y letal que corroe nuestro Estado social y democrático de derecho.

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Guillermo del Valle es secretario general de la Izquierda Española

En Europa hay más de 30 millones de trabajadores de plataformas como Uber, Glovo y Deliveroo, de los que  más de 5,5 millones son falsos autónomos. Para acabar con esto, la Unión Europea propuso una nueva ley que les garantizara unos derechos mínimos para los riders, como el salario mínimo, la limitación de la jornada laboral o el derecho a subsidios y pensión de jubilación.

La directiva está inspirada en la ley española, una de las más avanzadas en toda Europa y que acababa con la figura de los falsos autónomos. Además, buscaba proteger más a estos trabajadores ¿cómo? Por ejemplo, prohibía  a las plataformas procesar el estado emocional y psicológico de los trabajadores, sus conversaciones privadas y su actividad sindical. También impedía que las empresas despidieran a los riders basándose en algoritmos.

Sin embargo, la directiva ha ido perdiendo durante la negociación muchas de las intenciones tan ambiciosas que tenía al inicio. En un principio, el Parlamento quería que la relación laboral, ya fuera en forma de autónomo o asalariado, se reconociera de forma automática. Este presupuesto cayó rápidamente y se acabó acordando que los trabajadores debían cumplir al menos dos de las cinco condiciones especificadas en la ley. El cambio fue paso atrás que no evitó que cayera por la completa oposición de Francia. 

Fue el primer tropiezo de la ley, pero no el último. Durante el pasado mes de febrero y ya dentro de la presidencia belga del Consejo, se volvió a llegar a un acuerdo entre todas las instituciones europeas. El pacto modificaba aún más la directiva, que quedaba en una normativa muy poco ambiciosa y hecha a la carta para los estados. Del deseo de tener un criterio europeo, se pasó a que la relación laboral fuera establecida por la legislación de cada país.

Pero ni eso logró doblegar a la oposición francesa y por segunda vez, vetaron su aprobación junto a Alemania y otros estados. En este punto, la pregunta es ¿por qué Macron se opone sistemáticamente a la legislación por muchos cambios que se hagan? La respuesta, según los partidos de izquierdas de la Eurocámara, está en la influencia que tienen los lobbies cercanos a Uber en el presidente francés. El tiempo se acaba y con unas elecciones europeas en el horizonte en las que se prevé un ascenso de la derecha, la ley corre el riesgo de quedarse olvidada en un cajón de Bruselas.

El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado este jueves la primera ley rider a nivel de la Unión Europea, que aclara el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Uber Eats, Just Eat, Glovo o Deliveroo, y permitirá corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales, según informa Europa Press.

El acuerdo político, que aún debe ser refrendado por ambas instituciones para que entre en vigor, llega después de que una "mayoría sólida" de gobiernos europeos frenase el acuerdo político que ya se alcanzó en diciembre bajo la presidencia española del Consejo porque presentaron reservas que tenían que ver con que bastase con identificar dos de los cinco criterios de control recogidos en la norma para identificar a una plataforma como "empleador".

Para salvar esas discrepancias, el acuerdo logrado bajo la presidencia belga del Consejo ha eliminado los criterios y umbrales para introducir una presunción de relación laboral (en contraposición al trabajo por cuenta propia) que se activa cuando concurren hechos que indican control y dirección, de acuerdo con la legislación nacional y los convenios colectivos vigentes, además de tener en cuenta la jurisprudencia de el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Así, la directiva obliga a los países de la UE a establecer una presunción legal refutable de empleo a nivel nacional, con el objetivo de corregir el desequilibrio de poder entre la plataforma y la persona que realiza el trabajo en la plataforma. Al establecer una presunción efectiva, los Estados miembro facilitarán la corrección del falso trabajo por cuenta propia.

La carga de la prueba recae en la plataforma, es decir, que cuando la empresa quiere refutar la presunción, le corresponderá demostrar que la relación contractual no es una relación laboral.

Las nuevas reglas también garantizan que una persona que realiza trabajos en plataformas no puede ser despedida en base a una decisión tomada por un algoritmo o un sistema automatizado de toma de decisiones. Por contra, las plataformas deberán asegurar la supervisión humana de decisiones importantes que afectan directamente a sus empleados.

Asimismo, se ha introducido un capítulo de transparencia y protección de datos que incluye requisitos para informar y consultar a los representantes de los trabajadores de las plataformas sobre las decisiones de gestión algorítmica. Por lo tanto, es necesario establecer canales de comunicación para que los trabajadores y sus representantes puedan organizarse.

El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que la Inspección de Trabajo está investigando para "perseguir y comprobar" en todo el país las denuncias de uso fraudulento de inmigrantes en situación irregular para hacer entregas, tal y como se está haciendo en Zaragoza ante denuncias de este tipo a empresas como Uber Eats o Glovo, informa Europa Press.

Al ser preguntado por los medios por la subcontrata de dichos extranjeros sin papeles por parte de estas empresas en Zaragoza, Pérez Rey ha apuntado que la Inspección de Trabajo lleva a cabo una campaña "concienciada y sistemática" en estas plataformas digitales de reparto para "comprobar" el cumplimiento de la Ley Rider y "perseguir" a las empresas que no lo hacen.

"Contratar trabajadores sin permiso para que lleven a cabo tareas de reparto (...) constituye una ilegalidad, que obviamente la Inspección de Trabajo persigue y comprueba", ha indicado durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro de diciembre.

Inspección de Trabajo está investigando la subcontrata de trabajadores inmigrantes en situación irregular por parte de trabajadores de empresas como Globo y Uber Eats para realizar repartos. Estos trabajadores irregulares estarían trabajando sin permiso, con identidades falsas, sin estar asegurados y desprotegidos ante posibles accidentes e incluso teniendo que dar parte de sus ganancias a los intermediarios por usar su cuenta de estas plataformas, según ha dado a conocer El Periódico de Aragón.

Pérez Rey ha señalado que esta campaña de la Inspección se está coordinando desde la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y se realiza en Aragón, al igual que en el resto de poblaciones donde las plataformas digitales desempeñan sus cometidos.

Así, ha asegurado que el uso de trabajadores extranjeros sin autorización o la subcontrata de licencias para repartir son situaciones que desde la Inspección de Trabajo "ya se ha puesto de manifiesto" y que se está abordando.

Por otro lado, al ser preguntado sobre el escrito en relación a una nueva investigación a Glovo por una presunta vulneración del derecho a la intimidad de sus trabajadores anunciada hace unos meses por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, Pérez Rey ha señalado que se enviará "en breve", ya que se está realizando una labor muy detallada de recopilación de datos que está "llegando a su fin".

El ambiente era tenso entre los diputados de la mayoría y los de la oposición en la comisión de investigación sobre los “Uber Files". Hay que decir que se trata de un tema delicado. Este órgano se puso en marcha tras las revelaciones del pasado verano de un consorcio de medios internacionales, entre ellos Le Monde y Radio France, cuestionando en particular los estrechos vínculos entre Emmanuel Macron cuando era ministro de Economía entre 2014 y 2016 y la sulfurosa empresa Uber.

Para presentar las conclusiones del informe, este martes 18 de julio se celebraron dos ruedas de prensa distintas. Una a cargo de la ponente de France insoumise (LFI) Danielle Simonnet, que inició la comisión de investigación, y la otra a cargo del presidente por Renaissance de la comisión Benjamin Haddad, muy crítico con sus conclusiones.

Para la diputada de LFI, autora de la mayor parte del informe, la conclusión es clara: con Emmanuel Macron en el poder, el Estado se ha puesto "al servicio de plataformas fuera de la ley" como Uber. Benjamin Haddad, en total desacuerdo, considera que Danielle Simonnet ha realizado un trabajo "partidista y conspirativo". Y eso es todo.

De la misma manera que Yaël Braun-Pivet en el caso Benalla, es comprensible que Benjamin Haddad haya intentado contener el escándalo. Porque el informe confirma las revelaciones hechas el verano pasado: Emmanuel Macron, cuando estaba en Bercy (sede del ministerio de Economía y Finanzas, ndt), trató de influir para que Uber obtuviera favores del gobierno y de los parlamentarios.

De la lectura del informe se desprende que, para entender la acción neoliberal de Macron a lo largo de los años –es decir, la creación de condiciones en las que el Estado se adapta al mercado, y no al revés–, Uber es un caso de manual.

En primer lugar, cuando Macron era ministro de Economía y se erigió en la encarnación francesa de la modernidad, el único que entendía la "start-up nation", fomentó la llegada de Uber a Francia. Pero el Gobierno de entonces se mostró reticente.

En su comparecencia, el delator que inició los “Uber Files”, Mark MacGann, que fue jefe de lobby de Uber en Europa, explicó que desde el momento en que Macron se reunió con los ejecutivos de Uber en Bercy en 2014, "todo cambió radicalmente y facilitó el diálogo con el Gobierno francés. Era algo bastante inaudito".

Y no importaba que Uber estuviera además, "sin la menor duda, en la total y permanente ilegalidad en Francia con respecto a la ley de transporte, la fiscalidad, la URSSAF (Cotizaciones de Seguridad Social y Prestaciones Familiares) y la DGCCRF (Dirección General de la Competencia, Consumo y Represión del Fraude)", dijo Mark MacGann. Según el informe, la empresa también pudo adquirir un software llamado Casper, cuya finalidad era borrar los datos de los ordenadores de Uber durante las redadas policiales.

Durante algo menos de dos años, a través de correos electrónicos y SMS, Macron hizo de hombre sándwich entre el Gobierno y Uber para debatir, medida a medida, todos los obstáculos a eliminar para permitir el desarrollo del servicio de vehículos de transporte con conductor (VTC).

Como prueba, el ejemplo del famoso "acuerdo" entre Macron y Uber, en el que el entonces ministro de Economía "nos hizo entender que si aceptábamos poner fin a nuestro servicio ilegal UberPop (que permitía literalmente a cualquier persona con carné de conducir convertirse en conductor de VTC) nos iba a conseguir otras cosas en las negociaciones interministeriales con sus homólogos de Bercy y la Rue de Varenne (sede de varios ministerios, ndt), en particular reducir el número de horas de formación reglamentarias para los conductores", testificó Mark MacGann.

Aquí había una convergencia ideológica entre el ministro y el grupo: recordemos que en ese momento el ministro de Economía planeaba reducir el número de horas de formación en varios sectores, especialmente para peluqueros y trabajadores de la construcción, en lo que se llamaba la ley Macron 2, que nunca vería la luz.

Una vez llegado al Elíseo, Macron continuó en la misma línea, según nos cuenta el informe. No es que Uber haya recibido muchos favores desde entonces, pero su modelo se ha extendido a muchos otros sectores. Hay que decir que "la uberización se extiende rápidamente a nuevos sectores, en particular el reparto (con plataformas como Uber Eats, Deliveroo, Getir o Stuart) y el trabajo temporal (con Mediflash y StaffMe en particular), propagando con ello las prácticas ilegales de Uber, aun cuando hayan surgido problemas sociales a raíz de ello", dice.

El Gobierno considera que la proliferación de trabajadores autónomos en estas plataformas es uno de los factores que permitirán alcanzar el pleno empleo. Una opinión que la Dirección francesa de Investigación, Estudios y Estadísticas (DARES) ha contradicho recientemente: "Si bien el trabajo en plataformas está dando un empujón al empleo, no parece ofrecer un modelo más satisfactorio en términos de condiciones de trabajo y empleo. Éstas suelen estar marcadas por la precariedad y la desigualdad". 

En materia de regulación, el Ejecutivo no parece que ponga nada de su parte: la Primera Ministra, Elisabeth Borne, acaba de nombrar a Bruno Mettling responsable de la Autoridad para las Relaciones Sociales de las Plataformas de Empleo (Arpe), el organismo público encargado de regular el diálogo social. Pero este ex consultor trabajaba antes para... Uber. La consultora AT Kearney le encargó que ayudara a Uber a reflexionar sobre el "diálogo social 2.0" para mejorar su imagen en términos de respeto de los derechos sociales.

En el informe, Bruno Mettling escribía que "trabajar en una plataforma, con auténtica flexibilidad en ambos sentidos, es fundamentalmente diferente a una relación laboral. (...) En ese contexto, el diálogo social debe incorporar estas diferencias, no eliminarlas, si quiere mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas y preservar la flexibilidad que valoran."

Incluso en el ámbito europeo, el “macronismo” parece estar del lado de las plataformas. En Bruselas se está trabajando en una directiva europea destinada a introducir la presunción de asalariado para mejorar las condiciones de los trabajadores de las plataformas digitales. Durante mucho tiempo, sin embargo, un grupo de países liderados por la Francia de Macron ha estado bloqueando el proceso. Y eso está provocando ahora que las negociaciones se estanquen.

Nicolas Schmit, comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, que también compareció ante la comisión de "Uber Files" el pasado 11 de mayo, se pronunció en ese sentido: "Francia propone una excepción bastante amplia a la presunción de trabajo asalariado, lo que plantearía un problema importante porque en cierto modo dejaría sin sentido la propuesta europea", advirtió.

A Nicolas Schmit le preocupa que Francia proponga de hecho una forma de "presunción de independencia" cercana a la que desean las plataformas, y valide así un statu quo en relación con la situación actual. Por una vez que Europa debía ser social, el gobierno Macron opta por lo contrario. Prueba, también, de que los vínculos, ideológicos al menos, entre Macron y Uber no están completamente rotos.  

Traducción de Miguel López

“¡Hola fachas! Ni un paso atrás Elecciones Generales 23J” es el mensaje de una supuesta lona en la que se ve un pasamontañas con los colores de la bandera LGTBI y un bate. Es un bulo: es un montaje, en la fotografía real hay una lona publicitaria de Uber. 

Buscando por palabras clave “lona Madrid” en Google aparece una imagen de 2021 que coincide con la que ahora se difunde, pero con una lona de Uber con el mensaje: “En la capital mundial de la caña, como para no tomarse otra”. Comparando ambas imágenes se puede ver que es la misma pero que ha sido modificada, ya que coinciden varios elementos, como los andamios o las nubes. 

Esta lona fue puesta en el año 2021 en la plaza de Santa Ana en Madrid. Además, buscando por el mensaje de la lona publicitaria de Uber, se pueden ver otras fotografías en las que también coinciden detalles como los andamios o las farolas. 

Por lo tanto, es un bulo que sea real esta foto de una lona con el mensaje “¡HOLA FACHAS! NI UN PASO ATRÁS Elecciones Generales 23J” y con un pasamontañas con los colores de la bandera LGTBI y un bate. Es un montaje, en la fotografía real hay una lona publicitaria de Uber. 

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

Para quienes crean haber agotado todas las posibilidades de estudiar las plataformas digitales que están transformando la forma de trabajar, con Uber a la cabeza, el libro de Sophie Bernard será un saludable acicate.

En #UberUsés (edit. Presses universitaires de France), la socióloga del trabajo explora un tema que salta a la vista, pero que nunca se ha abordado de frente en Francia: los trabajadores implicados en la uberización son víctimas del racismo, inmigrantes o hijos de inmigrantes.

La investigadora ha entrevistado a más de un centenar de conductores de Uber en París, Londres y Montreal, a los que encontró al azar cuando pedía un desplazamiento. Sólo conoció a tres mujeres y a diez conductores blancos... En 300 densas páginas, explora los mecanismos de este "capitalismo racial de plataforma", reivindicando un enfoque interseccional y sin dudar en recurrir al pensamiento de Karl Marx.

Explica cómo Uber promete condiciones laborales y salariales mucho más ventajosas de lo que son en realidad, y cómo la discriminación sufrida en el trabajo explica el interés de los conductores por las nuevas formas de empleo que se les ofrecen.

Mediapart: En su libro, aborda la cuestión de la división racial del trabajo y demuestra que los conductores de Uber son casi siempre víctimas de ello. ¿Cómo explica que hasta ahora esta cuestión haya sido "un punto ciego", como usted dice, en los análisis sobre los trabajadores de las plataformas digitales?

Sophie Bernard: Hasta ahora, en las investigaciones francesas, incluida la mía, ha habido reticencias para abordar de frente la cuestión. Los trabajadores de las plataformas se analizaban principalmente desde el punto de vista de las relaciones de clase. Pero en esta investigación, la cuestión de la raza pasó a primer plano con la comparación internacional: casi todas las personas que entrevisté son hombres negros.

Los contextos institucionales y económicos son diferentes, al igual que las propiedades sociales y las trayectorias profesionales de los conductores, pero sea cual sea la metrópoli estudiada, lo que destaca es el rasgo común. Entender por qué es así se ha convertido en uno de los objetivos de la investigación.

 ¿Cómo consiguió que los conductores le hablaran de sí mismos?

Las dificultades que encontré me enseñaron mucho sobre las condiciones de trabajo de los conductores. Al principio, investigué sus movilizaciones colectivas contra Uber en París con Sarah Abdelnour (otra socióloga del trabajo que hemos entrevistado aquí y aquí, por ejemplo). Así que utilicé la intermediación de los conductores movilizados para conseguir los contactos de otros conductores no implicados en la movilización.

Pero fue muy difícil conseguir citas para las entrevistas y, cada vez, interrumpían la entrevista rápidamente porque les sonaba el teléfono para hacer una carrera. Eso es bastante revelador y muestra de hecho que están totalmente a disposición de la plataforma.

Al final, la mejor solución que encontré fue pedir un desplazamiento y realizar las entrevistas durante el trayecto. Gracias a la financiación que obtuve para mi investigación pude optar por este protocolo de trabajo, que resultó ser ideal.

A menudo tuve que convencer a los conductores de que no trabajaba para Uber. Algunos incluso me buscaron en Google para comprobarlo. Pero, sobre todo, muchos me dieron las gracias, porque eso significaba que entendía sus dificultades.

Desde las primeras páginas del libro, usted recurre directamente a Marx y a su famosa expresión sobre el "ejército de reserva de trabajadores", que constituye "un material humano constantemente listo para ser explotado" por las plataformas...

Exactamente. El modelo de negocio de Uber presupone un exceso de oferta de conductores en relación con la demanda para satisfacerla y hacer frente a la competencia. La plataforma necesita realmente esa reserva de mano de obra para garantizar su expansión, y la encuentra entre la población negra. En su mayoría son hombres, ya que el sector del transporte es tradicionalmente masculino. La empresa fue a buscarlos y funcionó en ambos sentidos: las condiciones laborales también eran atractivas para ese tipo de perfil. 

Entre los conductores de Uber ha encontrado usted dos tipos de perfil. Por un lado, suelen ser inmigrantes recientes y a veces con estudios universitarios. Por otro, hijos de inmigrantes de clase trabajadora.

Estos dos perfiles no están representados por igual en cada metrópoli. Los hijos de inmigrantes son más frecuentes en el caso de París, mientras que en Londres y Montreal suelen ser inmigrantes. Los conductores parisinos proceden en su mayoría de la clase trabajadora, con poca o ninguna formación. Acceden a la profesión para mejorar su vida. 

¿Hay otros conductores que trabajan para la plataforma por otros motivos?

Sí, se trata de inmigrantes con estudios que han sido degradados y ven en el trabajo de conductor una forma de paliarlo. En Montreal, la mayoría de los conductores proceden de poblaciones que han llegado recientemente al país. Son hombres con estudios en su país de origen, pero cuyas títulaciones no están reconocidas en el país de acogida, por lo que se ven obligados a aceptar a trabajos no cualificados.

Pueden trabajar como conductores para complementar sus ingresos, conservando las protecciones y derechos asociados a su trabajo principal. Pero también pueden hacerlo como actividad principal, porque le ven otras ventajas, como la autonomía horaria, al no tener familia donde viven. Aunque trabajen 60 horas semanales, pueden estar disponibles en cualquier momento.

En Londres, solemos encontrar universitarios del país de acogida que han accedido a empleos cualificados, pero por debajo de su nivel de formación y de sus expectativas. En estos casos, trabajan como conductores para complementar su empleo y mejorar su nivel de vida.

Recuerdo, por ejemplo, a un conductor con un MBA del Reino Unido que trabajaba como conductor de Uber paralelamente a su empleo en el Financial Times para complementar sus ingresos. Utilizaba estos ingresos extra para visitar toda Europa y viajar con frecuencia a Estados Unidos.

Sin embargo, se observa una cierta homogeneización de los perfiles a lo largo del tiempo. ¿Cómo se explica eso?

Poco a poco, a medida que se deterioran las condiciones de trabajo y los salarios, los que se quedan en el oficio son los más vulnerables y los que no tienen otra alternativa mejor.

No he podido medirlo con precisión, y no tenemos las estadísticas, pero hay una gran rotación entre los conductores: conocí a muchos conductores que llevaban tres o seis meses. Los sindicatos hablan de la dificultad de movilizar a los conductores debido a esa alta rotación.

Y es cierto que muchos de ellos dicen que no van a seguir en Uber. Algunos están pensando en hacerse taxistas, por ejemplo, porque sigue siendo una profesión regulada, con mejor sueldo porque hay un numerus clausus que limita la competencia. 

De hecho, Uber y otras plataformas tienen intereses contrarios a los de los conductores: necesitan disponer del mayor número posible de conductores, mientras que a estos últimos les va mejor cuando tienen menos competidores...

Exacto. Y los propios conductores desempeñan un papel esencial en este proceso. La norma es la contratación por cooptación : casi todos los conductores que he conocido empezaron por consejo de amigos y familiares. 

Ese método de contratación es el que mantiene Uber, con un sistema de apadrinamiento que paga unos cientos de euros cuando consigues un nuevo conductor. Aunque sufran esa competencia, los conductores son los principales instigadores de la misma, porque también es una forma de beneficiarse de bonificaciones. 

Contrariamente al discurso político dominante, esa gente de clase trabajadora no se mete a conductor para escapar del paro, sino para sustituir un trabajo precario o penoso.

Sí, y ese es un punto muy importante. La gran mayoría de los conductores que conocí no eran desempleados. Lo que contradice la famosa declaración de Emmanuel Macron en su entrevista con Mediapart (en noviembre de 2016, el candidato Macron explicó en el plató de Mediapart que prefería que los jóvenes que no podían encontrar "un trabajo con salario mínimo" se hicieran conductores).

La mayoría de los que conocí ya trabajaban, pero limitados a empleos asalariados no cualificados, con contratos precarios y, sobre todo, trabajos penosos, salarios muy bajos, horarios atípicos y una fuerte presión jerárquica. Trabajaban en logística, paquetería, construcción, etc.

Entraron como conductores para escapar de la dureza del trabajo, mejorar sus condiciones laborales, independizarse y ganar los altos salarios que les habían prometido. 

Pero sabemos que Uber no ha cumplido su promesa. ¿Cómo se dan cuenta de que las condiciones son también difíciles y de que el sueldo no es tan bueno?

No se dan cuenta enseguida. En lo que respecta al salario, sólo se dan cuenta después del primer año, cuando hacen la primera evaluación. Pero en realidad es muy complicado saber exactamente cuánto ganan.

Al principio, algunos no acaban de entender la diferencia entre beneficios y facturación. Y no siempre prevén los grandes gastos, como la compra de un coche, por ejemplo, que tienen que cambiar cada seis años. Tienen la impresión de que ganan mucho dinero en el momento, cuando miran sus ingresos diarios. Pero en realidad, tienen muchos gastos y no salen adelante.

Y luego la situación ha empeorado: cuando Uber se instaló en las tres metrópolis, les pagaba importantes primas y les garantizaba unos ingresos mínimos. Una vez que la plataforma se aseguró de que tenía suficientes conductores, se suprimieron las primas, se redujeron las tarifas y la comisión que Uber se lleva por cada trayecto aumentó al 25%. 

Los conductores también me explicaron que ahora había menos mejoras en los trayectos. Esas mejoras existen para animarles a conectarse cuando y donde la demanda es alta. Pero gracias a su experiencia, los conductores conocen de antemano los lugares y los momentos adecuados para conectarse. Eso tiene como efecto limitar esas mejoras, ya que la plataforma dispone del número de conductores necesario para satisfacer la demanda... 

También existe una tiranía por parte del cliente. Los conductores están sometidos tanto a los mandatos del algoritmo como a los de los usuarios.

Sí, y lo determinante no es tanto la sanción como el riesgo de sanción: los conductores asumen las expectativas de los clientes. El principal riesgo es la suspensión de su cuenta, que tiene lugar sin notificación previa, y que puede producirse como consecuencia de las malas calificaciones otorgadas por los usuarios, pero sobre todo como resultado de sus quejas y comentarios.

Estas suspensiones de cuenta son frecuentes y pueden oscilar entre media hora y varios meses, o incluso la desactivación definitiva. Los conductores se sienten sometidos a la arbitrariedad del cliente, y algunos se quejan de comportamientos racistas con ellos.

Para ellos, la suspensión de la cuenta es un momento clave de desilusión, cuando se dan cuenta de que pueden perder su principal fuente de ingresos de la noche a la mañana. Dependen económicamente de la plataforma. La gestión algorítmica no tendría ningún poder si los conductores pudieran encontrar una clientela distinta de Uber que les permitiera ganarse la vida. Pero no es el caso. 

La comunidad de conductores empieza a ser consciente de esos hechos. ¿Cómo se explica que Uber siga teniendo muchos candidatos?

Tras la crisis sanitaria, Uber se quedó sin conductores suficientes y volvió a ofrecer bonificaciones y a bajar sus comisiones. Pero en general, aunque la rotación sea alta, Uber se aprovecha de la vulnerabilidad de las poblaciones de color para tener una oferta permanente de mano de obra.

Algunos de los conductores enfrentados con Uber me dijeron que les costaba convencer a los nuevos de que el negocio no era realmente rentable. Parecen convencidos de que quienes les advierten en realidad intentan limitar la competencia para quedarse con el negocio, o de que quienes se quejan no están dispuestos a trabajar lo suficiente para salir adelante.

 Usted describe la forma en que Uber y otras plataformas se están estableciendo en los países como una "estrategia del caos". ¿Cómo la resumiría?

Es una estrategia de crecimiento a toda costa, que consiste en instalarse y expandirse rápidamente para eliminar la competencia y establecerse como un actor clave en el mercado. Para lograrlo, Uber ha invertido la friolera de 20.000 millones de dólares. Y, sin embargo, son los conductores quienes, como presuntos trabajadores autónomos, asumen los riesgos y corren con todos los gastos de la empresa.

Y eso que la empresa no es rentable en absoluto: en el segundo trimestre de 2022, registró una facturación de 8.000 millones de dólares, pero unas pérdidas netas de 2.600 millones (en el primer trimestre de 2023, las pérdidas ascendieron a 157 millones de dólares, sobre una facturación de 8.800 millones - nde].

Eso está ligado a la estrategia comercial de la plataforma, que es extremadamente costosa: cada vez que se instala en una nueva ciudad, además de gastar en comunicación, intenta atraer clientes, con promociones o carreras gratis –la tarifa sigue estando hoy por debajo de los costes reales– para que sea atractivo. Lo mismo ocurre con los conductores.

Los economistas hablan de efectos de red, según los cuales a todos les interesa converger en una plataforma única.

Al parecer, esta estrategia no excluye infringir la ley conscientemente...

La comparación de esas tres ciudades, cada una de ellas sometida a normativas muy diferentes, demuestra que en todas partes se utiliza el mismo método: la estrategia de los hechos consumados.

La plataforma se instala a sabiendas de que incumple la ley. Esto provoca oposición, movilización del taxi, acciones judiciales, intentos de regulación... Pero todo esto lleva su tiempo, un tiempo que Uber gana para seguir con sus vehículos en circulación de manera ilegal. Después de varios años, es muy difícil cuestionar este nuevo sistema sin disgustar a los clientes que ya se han adaptado a este servicio innovador, y con el riesgo de dejar sin trabajo a miles de conductores.

 Los "Uber Files", actualmente objeto de una comisión de investigación, han demostrado incluso que en Francia el gobierno apoya las plataformas digitales...

De hecho, a pesar de varios casos de reclasificación de contratos comerciales de conductores como contratos de trabajo, no hay voluntad política por parte del ejecutivo para cambiar la situación en Francia. Las plataformas cuentan claramente con el apoyo del gobierno, y los "Uber Files" han tenido el mérito de revelar el papel central desempeñado por Emmanuel Macron en el despliegue de Uber en Francia.

Traducción de Miguel López

El resultado de la guerra aún está lejos, pero los adversarios de Uber acaban de anotarse una victoria este jueves 2 de febrero: el Parlamento Europeo ha votado a favor de la denominada "presunción de asalariados" que podría beneficiar finalmente a unos 28 millones de trabajadores vinculados al mundo de las plataformas de mensajería.

Una mayoría de eurodiputados (376 a favor, 212 en contra y 15 abstenciones) votó a favor de este texto que afecta a empresas online de reparto o movilidad como Uber, Deliveroo o Just Eat. La Confederación Europea de Sindicatos aplaudió de inmediato este "paso importante para acabar con los falsos autónomos y la precariedad en las plataformas digitales".

Los eurodiputados confirmaron así en el pleno la posición ya adoptada por la Comisión de Empleo del Parlamento en diciembre, pero que un grupo de diputados de derechas, más sensibles a los argumentos de las plataformas, había intentado rebatir a principios de año. 

"Han ganado los derechos de los trabajadores explotados y vulnerables", declaró Elisabetta Gualmini, socialdemócrata italiana y ponente del texto, que denunció antes de la votación la magnitud del lobby llevado a cabo por las plataformas durante meses.

"La lucha no ha terminado, pero esto es un muy buen augurio para el futuro. Nos vamos con un mandato fuerte para las negociaciones con el Consejo", dijo Leïla Chaibi, eurodiputada de La France Insoumise que coordinó la posición del grupo La Gauche (izquierda crítica) sobre el texto.

La votación del Parlamento se ha producido poco más de un año después de que la Comisión Europea, el Ejecutivo de la UE, presentara una propuesta de directiva. La Comisión ya reconocía el principio de "presunción iuris tantum de asalariado", pero lo vinculaba a una lista de "criterios": si se cumplían dos de una lista de cinco criterios, se consideraba que el trabajador era asalariado, a menos que la plataforma pudiera demostrar lo contrario.

En la versión del Parlamento, esos criterios quedan relegados a un segundo plano: ya no sirven para justificar la condición de asalariado del trabajador, sino para la plataforma, en caso de que quiera impugnar esta condición.

En concreto, una clara mayoría de los 79 representantes electos franceses votaron a favor, incluidas las delegaciones de Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise y Parti Socialiste-Place publique, pero también Les Républicains y Renaissance.

El voto de los miembros de la mayoría que apoya al gobierno francés fue examinado con lupa, en un contexto de sospechas de connivencia entre la presidencia de Emmanuel Macron y los intereses de Uber. En el verano de 2022, los "Uber Files" publicados por Le Monde habían documentado el activismo del entonces ministro de Economía en la defensa de los intereses de la empresa de VTC entre 2014 y 2016.

Desde entonces, otros medios, entre ellos Euractiv, han destapado la presión ejercida por París en la Comisión, con la esperanza de que el proyecto de directiva se ajuste más a las exigencias de las plataformas. "Las autoridades francesas [...] no son favorables a una presunción de asalariado", dice una carta enviada en septiembre de 2021 por la Representación Permanente de Francia ante la UE a la Comisión.

Al final, la delegación francesa de Renew (grupo liberal) votó el jueves a favor del mandato de negociación. Pero el grupo en su conjunto, el tercero más numeroso de la Cámara (102 miembros), estaba fuertemente dividido. Constatando los desacuerdos, el presidente del grupo, Stéphane Séjourné, cercano a Emmanuel Macron, no dio finalmente ninguna instrucción de voto sobre este texto tan sensible. 

Leïla Chaibi ve el apoyo de los eurodiputados macronistas como "todo un desaire a Emmanuel Macron, dentro de sus propias filas". Valérie Hayer, que copreside la delegación francesa de Renew, había anunciado en enero que votaría a favor del mandato, hablando de una posición "equilibrada, ambiciosa, respetuosa con los derechos de los trabajadores, muy progresista".

Durante la votación del jueves en Bruselas, la extrema derecha francesa se mostró dividida. Los diputados de Rassemblement National, entre ellos Jordan Bardella, votaron a favor del mandato de negociación, mientras que los no inscritos de Reconquête, entre ellos Nicolas Bay, rechazaron el texto. Contactado por Mediapart, Bay explica su oposición a un mandato "que pretende una vez más armonizar la legislación y los regímenes laborales en la UE cuando nuestra realidad social es diferente".

Esta votación es solo un paso en un largo maratón bruselense que empezó en 2021. Ahora que se conoce la posición del Parlamento, le queda al Consejo, es decir, a la institución que lleva la voz de las veintisiete capitales en Bruselas, ponerse de acuerdo sobre una posición para luego entablar conversaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión, en un proceso a tres bandas, para llegar a una posición de compromiso.

Eso será más difícil, entre otras cosas porque Suecia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE hasta junio, está a la defensiva. Por principio, Estocolmo (gobierno conservador con apoyo de la extrema derecha, ndt) es reacio a que el poder legislativo se pronuncie sobre cuestiones de Derecho social, y prefiere dejar el campo libre a los interlocutores sociales.

Probablemente habrá que esperar a julio y a la presidencia de turno de España, país dirigido por una coalición de izquierdas que ya ha aprobado un texto bastante ambicioso sobre el tema. Así lo sugirió en un mensaje de felicitación tras la votación Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Trabajo. Si hay complicaciones por el camino, existe el riesgo de que el texto no esté terminado para las próximas elecciones europeas de mayo de 2024.

Traducción de Miguel López

Este miércoles está previsto que Meta, la antigua Facebook, comunique a miles de sus empleados que se quedan sin trabajo. Una caída del 52% de sus beneficios en los nueve primeros meses del año respecto de 2021 está en el origen de los despidos. Su presidente, Mark Zuckerberg, anunció el pasado 26 de octubre que la empresa va a concentrar sus inversiones en un “pequeño número de áreas”, cuyos equipos “crecerán de forma significativa”, pero la mayoría del resto “se mantendrá sin cambios o se reducirá durante el próximo año”. Así que, en 2023, la compañía puede terminar siendo “ligeramente más pequeña” que ahora, dejó caer sutilmente el creador de la red social.

Los despidos en Meta no son sino el penúltimo anuncio de cirugía laboral en las grandes tecnológicas. Y se produce sólo unos días después de los ejecutados por Elon Musk en Twitter. Primero apuntó al 75% de la plantilla y finalmente se quedó en el 50%. También en España, donde sólo cuenta con unos 30 trabajadores, va a pasar el bisturí. Antes ya habían soltado lastre Google, Netflix o LinkedIn, por citar sólo las más conocidas. “Hay un patrón muy claro en todas ellas: crecen con muchísima rapidez, pero cuando se desinflan también recortan plantillas con mucha facilidad”, explica Miquel Pellicer, consultor en comunicación digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), “hay mucho acordeón, todo es muy líquido”. En algunos casos, porque estas empresas “se deben mucho a los inversores”. Twitter es un buen ejemplo, con Elon Musk entrando como un elefante en la cacharrería del pájaro azul. De hecho, uno de sus fundadores, Jack Dorsey, que renunció como director ejecutivo en noviembre de 2021 y dejó la junta directiva en mayo de este año, ha llegado a pedir disculpas en la propia red por los despidos: “Soy el responsable de que todo el mundo esté en esta situación: Hice crecer el tamaño de la empresa demasiado rápido”.

En otras empresas, como Meta, la causa de la sangría laboral radica en el desplome de un tercio en el valor de la empresa en Bolsa. Pellicer se pregunta ahora si el crecimiento global de Tik Tok, otra red de social en alza, será sostenible en el tiempo.

Cuestión aparte es cómo está afectando la oleada de despidos tecnológicos a sus centros de trabajo en España. Los de Twitter activaron las alarmas cuando se supo que se habían comunicado por correo electrónico. Pero por el momento no se sabe si van a ser despedidos todos los trabajadores de Twitter Spain SL, una sociedad limitada constituida con el capital mínimo de 3.000 euros en 2013 y domicilio social en la calle de Rafael Calvo de Madrid, para trasladar toda la actividad a Irlanda, o si se va a quedar sin empleo sólo la mitad de la plantilla.

“En cualquier de los dos casos”, advierte Fernando Luján, secretario confederal de UGT, “Twitter está obligada a ejecutar un despido colectivo, como corresponde a una empresa de menos de 100 trabajadores que quiere extinguir los contratos de más de 10 de ellos”. De lo contrario, los despidos serán considerados nulos y Twitter tendrá que readmitir a todos los empleados. Ese despido colectivo exige toda una serie de trámites: presentación de una memoria que detalle las causas de la medida y el número de afectados, la apertura de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores durante 15 días, la notificación a la autoridad laboral… Unas formalidades desconocidas en EEUU. De momento, la plantilla sigue en las oficinas, esperando la comunicación definitiva, añade Luján. Según sus cuentas, Twitter Spain SL rozó en 2019 y 2020 los cinco millones de facturación y durante ese último ejercicio cerró con unos beneficios de 250.862 euros.

Las grandes tecnológicas son territorio extraño para los sindicatos. No hay comités de empresa ni ánimo de reivindicación colectiva. “Son perfiles cualificados, tecnológicos, hay mucha rotación, tienen sueldos altos…”, resume Raúl de la Torre, responsable del sector TIC de CCOO. Eso sí, ahora ya se puede despedir con un simple “certimail”, el equivalente digital del burofax, que certifica la entrega, lectura y el contenido del mensaje.

En Meta España, en cambio, aún no saben cómo les van a afectar los miles de despidos anunciados en EEUU. La empresa cuenta con 87.000 empleados en todo el mundo. Un portavoz de la red social en España no facilita, sin embargo, cuál es la plantilla en el país. Pero, según las fuentes consultadas por infoLibre, puede superar los 100 trabajadores. Miquel Pellicer asegura que Meta cuenta además con diferentes subcontratas en Barcelona, ubicadas en la Torre Agbar, que se dedican a la moderación de contenidos. Y, pese a ser ajena a la presencia sindical, CCOO y UGT están negociando estos días con Meta su plan de igualdad. La ley la obliga a negociarla con los sindicatos más representativos a falta de comité de empresa, recuerda Fernando Luján.

Google también se apuntó al recorte de personal el pasado septiembre, cuando anunció que reduciría a la mitad los proyectos en marcha de su división interna de I+D, llamada Área 20. Por tanto, los empleados de esa área que no tengan acomodo en otras secciones de la empresa, serán despedidos. En España, Google cuenta con unos 370 trabajadores. En 2020, Google Spain SL tuvo unos ingresos de 148,13 millones de euros en 2020, un 12,2% más que el año anterior, y unos beneficios de 24,88 millones. No obstante, esos números apenas reflejan el negocio real de la empresa en España, puesto que, en teoría, sólo presta servicios de marketing a la filial de Google en Irlanda, donde registra todas sus ventas.

Netflix es otra empresa puntera que ha recurrido a los despidos para salvar sus números. En junio anunció la salida de 300 trabajadores en todo el mundo, el 3% de su plantilla, de los que 53 correspondían a Europa. Y sólo un mes antes, en mayor se había deshecho de otros 150 empleados, tras perder 200.000 suscriptores. En España cuenta con una filial, Netflix Servicios de Transmisión España, SL, que facturó 579,3 millones de euros en 2021, 16 veces más que el ejercicio precedente. Sus beneficios ascendieron a casi 8,7 millones de euros, una cifra minúscula comparados con los casi 1.600 millones que ganó sólo en el primer trimestre de este año.

Para estas grandes tecnológicas, no obstante, mercados como España son fundamentales. “Les interesa la implantación en territorios clave”, destaca Miquel Pellicer, “porque necesitan ser relevantes y tener representación y relaciones de marketing y comunicación en países como España”. En ese aspecto, dice, funcionan casi como un periódico.

También las plataformas se desinflan

Pese a que su estructura es mucho más pequeña, no han corrido mejor suerte que otras marcas señeras de la economía digital: desde la alemana Gorillas –reparto de comida a domicilio– y la californiana Bird –patinetes y bicicletas eléctricos– hasta Getir. La última en España ha sido Lola Market, que cerrará este viernes. La compró hace un año otro puntal del reparto a domicilio, Glovo, pero la caída de sus ventas ha dado al traste con esta empresa que primero hacía la compra en el supermercado para el cliente y después se la llevaba a casa. La empresa ha comunicado a sus shoppers que queda interrumpida la relación “mercantil” que les une a ellos. Sin embargo, según explica Rubén Ranz, responsable del sector en UGT, los trabajadores de Lola Market son falsos autónomos, por lo que están animándoles a que presenten demandas individuales para que los jueces les reconozcan el carácter laboral de su relación. También la Asociación Unificada de Riders (AUR) está preparando demandas por despido improcedente “y por no haber realizado un ERE como marca la ley”, explica su responsable, Fernando Roán.

Tras la aprobación de la llamada ley rider, sólo Glovo y Uber Eats se resisten a contratar a sus repartidores. Getir, que ha despedido a 4.500 trabajadores en todo el mundo este año, mantiene sin embargo en España a sus 900 empleados como asalariados, resalta Rubén Ranz. Gorillas, que despidió a la mitad de su plantilla en junio, lo hizo mediante un despido colectivo al uso. Por el contrario, Uber Eats mantiene a parte de sus repartidores como falsos autónomos y a otros los utiliza a través de empresas de mensajería. Aún tiene pendiente una demanda de CCOO y UGT en la Audiencia Nacional por ejecutar un ERE encubierto poco días antes de entrar en vigor la Ley Rider desconectando de su aplicación a 4.000 repartidores. 

En una entrevista realizada recientemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez advertía frente a los “poderes oscuros”, que tratarían de socavar los cimientos del Estado y de la democracia de nuestro país, además de debilitar, con ello, al propio Gobierno que él mismo preside. Dejando a un lado la retórica política, es importante preguntarse si realmente esos poderes oscuros existen, porque, de existir, ello sería gravísimo para nuestro sistema político.

Empecemos por desempaquetar lo que dice el presidente. ¿Cómo funcionan esos poderes oscuros? La sensación que dan las palabras del presidente es que estamos ante una especie de alianza entre el poder económico, el poder político y determinados medios de comunicación. Supongamos que el Gobierno se está planteando adoptar una decisión que afecta a una gran empresa internacional. ¿Cómo actuaría esa empresa, para ser tildada de poder oscuro? De acuerdo con las palabras del presidente, la empresa en cuestión emplearía a determinados partidos políticos para intentar conseguir que dichos partidos asumieran la agenda de la empresa, de tal manera que la propuesta de decisión del gobierno acabara paralizándose. No sería suficiente con ello, puesto que además de emplear a partidos políticos, la empresa en cuestión emplearía a “terminales mediáticas”, en palabras del presidente, para conseguir sus objetivos. ¿Cómo actuarían dichas terminales? Lo que intentarían hacer esos medios de comunicación es generar un clima de opinión favorable a los intereses de la empresa de nuestro ejemplo. No sería sorprendente, por lo demás, que tal empresa estuviera sentada en el Consejo de administración del medio de comunicación, o al menos, la apoyara financieramente. Quizá ocurriera lo mismo, incluso, con el partido político al que la empresa intentaría influir.

Como decía Ludolfo Paramio, no sabemos si existen las conspiraciones, pero desde luego, lo que sí sabemos es que existen los conspiradores. La conspiración forma parte del juego político. Pero aquí no estamos hablando de mera conspiración, no estamos hablando de mero ejercicio de lobbismo, y no estamos hablando de mera línea editorial que puede estar más cerca o más lejos de determinado tipo de intereses. De lo que estamos hablando, con la expresión “poder oscuro”, es de algo más, de algo que cualitativa y cuantitativamente es muy diferente a lo anterior. Es decir, hay que poner el acento no en “poder”, sino, efectivamente, en el calificativo, en “oscuro”.

Oscuro es algo que no se ve, que actúa entre bambalinas, que por su propio color da además miedo, o lo intenta inducir al menos, es algo de lo que no nos podemos fiar, precisamente porque no lo podemos ver. Cuando decimos que Darth Vader se pasa al lado oscuro de la fuerza entendemos perfectamente lo que se quiere decir con ello. Queremos decir que empleará todos los recursos a su alcance, independientemente de que sean legales o legítimos, para alcanzar sus propios fines. Eso es lo que queremos decir con oscuro. ¿Están los poderes oscuros, en la cadena que hemos descrito anteriormente, dispuestos a hacer lo imposible, sea legal o ilegal, para alcanzar sus propios objetivos?

Estos días estamos leyendo informaciones relativas a una empresa de transporte, de rango internacional, cuyo nombre no necesito mencionar puesto que está en la mente de todos, que ha hecho lo siguiente para intentar expulsar a los demás competidores de determinados mercados de transporte público en España y en otros países: amenazar a sus competidores, ofrecer regalos y otro tipo de prebendas a representantes políticos para que a su vez estos defiendan sus intereses, infiltrar piquetes en las empresas competidoras para instigar el uso de la violencia contra la empresa a la que me refiero, con el fin de que aparezca en los medios de comunicación como una víctima indolente de una masa enfervorecida que no entiende que los tiempos han cambiado, además de otra serie de conductas que rallan, si no traspasan, lo ilegal, con el fin de alcanzar sus objetivos. We are just fucking illegal (somos jodidamente ilegales) se mofaba uno de sus ejecutivos.

El ejemplo al que me refiero es solamente eso, un ejemplo. Pero hay muchos más. La idea no es denunciar a una determinada compañía, sino elevar algo más el tiro y hacer alguna que otra reflexión de tipo teórico y político. Uno, sería importante tener en cuenta cuál es la taxonomía de estos poderes oscuros: quiénes son, cómo actúan, de qué manera ponen contra las cuerdas al poder político legítimamente establecido, y por tanto, a los ciudadanos. Dos, sería necesario entender hasta qué punto se extiende el poder de los poderes oscuros. De confirmarse una extensión considerable, estaríamos hablando de un cuarto poder, que actúa de manera invisible. Y tres, quizá la lucha contra los poderes oscuros, de ser éstos más importantes que nunca jamás en la historia de nuestros sistemas políticos, podría llevarnos a plantear una nueva concepción de la democracia, en la que el punto no sería tanto la confrontación entre distintas ideas políticas, sino la lucha sin cuartel frente a esos poderes que no se ven, pero que están ahí.

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Antonio Estella es catedrático Jean Monnet "ad personam" de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.

Jornadas de hasta 12 horas por alrededor de 1.100 euros al mes. Esas son las condiciones bajo las que trabajan los empleados de Uber en España, según una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que en España publica El País y LaSexta. Hay 40 países afectados por los documentos reunidos por el diario británico The Guardian, que ha compartido los mismos con 180 periodistas de 29 países.

Los más de 124.000 documentos que componen los Uber Files dejan al descubierto las prácticas éticamente cuestionables de la compañía que dirigía entonces Travis Kalanick y que pasaban por cortejar a primeros ministros, presidentes, milmillonarios, oligarcas y magnates de los medios de comunicación. Los documentos filtrados están datados entre 2013 y 2017 e incluyen comunicaciones del propio Kalanick con sus directivos.

Como explican varios trabajadores de España, los conductores gastan hasta 3.500 euros en viajes para Uber, puesto que aunque les obligan a facturar cada vez más, les obligan a circular por las ciudades sin pasajeros para que, cuando surja uno, el vehículo llegue a recogerle lo antes posible. Además, en España, la mayoría de los conductores de Uber están integrados en flotas asociadas a empresas que a su vez dependen de dos grandes sociedades: Ares Capital y Moove Cars Sustainable Transport. Sin embargo, es la aplicación la que determina las jornadas de trabajo. Y no es fácil vigilarlas: en los archivos de Uber Files hay un informe de la inspección de empleo y seguridad social, elaborado entre 2014 y 2015, donde se da cuenta de la “falta de colaboración” y “actitud obstructiva” de Uber.

Este domingo, el consorcio periodístico de Uber Files destapó que la empresa estadounidense logró penetrar en las principales ciudades de todo el mundo gracias a una estrategia que pasaba por incumplir leyes, engañar y hacer lobby en las más altas esferas. Por ejemplo, en los documentos hay una conversación entre Kalanick y el actual presidente francés, Emmanuel Macron, entonces ministro de Economía, que revela que ayudó a la empresa en secreto para penetrar en Francia facilitando el acceso a altos funcionarios. Macron menciona incluso que la empresa tenía un "acuerdo" secreto con sus rivales dentro del Gobierno francés.

El modelo de empresa pasaba por unos servicios insostenibles económicamente pero que les permitían controlar en mercado en ciudades de todo el mundo, de Moscú a Johannesburgo y presionar a las autoridades para que se pudiera utilizar su aplicación. En muchas ciudades tuvieron éxito, pero en otras su penetración no fue tan amplia y se redoblaba la ofensiva. "Es una parte normal del negocio de Uber (...). Abraza el caos. Estás haciendo algo importante", argumentó Kalanick sobre la entrada en India. En países como Bélgica, España, Italia o Francia el conflicto llegaba a las calles con graves protestas de taxistas. En París la empresa animó a los conductores de Uber a participar en contramanifestaciones y acciones de desobediencia civil.

Precisamente en España, como publica laSexta este lunes, Uber ordenó investigar a Andrés Sánchez Magro, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid que dictó el cese de operaciones de la compañía el 9 de septiembre de 2014. "¿Qué pasa si ignoramos la orden y seguimos operando en el país?", escribió el responsable de Políticas Públicas para Europa de la compañía, Mark MacGann, en un correo interno de la compañía apenas un día después de conocer la decisión. "¿Hay alguna base para rebatir la autoridad de este juez (conocido por meterse en casos controvertidos con decisiones judiciales ridículas que son desautorizadas en instancias superiores) a través de otro juzgado?", insiste.

Lo siguiente fue ordenar una investigación a Sánchez Magro. "Más datos sobre el juez serán muy útiles. Necesitamos conocer sus debilidades e ir a por ellas", planteó también por escrito Elia Ferrer, una de las trabajadoras del departamento de Asuntos Públicos de la compañía. Según los Uber Files, la compañía mantuvo esta presión hasta 2016, cuando se pasó del modelo de conductores ciudadanos particulares a operar bajo licencias VTC.

La empresa estadounidense Uber logró penetrar en las principales ciudades de todo el mundo gracias a una estrategia que pasaba por incumplir leyes, engañar y hacer lobby en las más altas esferas, según una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que en España publica El País y LaSexta y que recoge Europa Press. Hay 40 países afectados por los documentos reunidos por el diario británico The Guardian, que ha compartido los mismos con 180 periodistas de 29 países.

Los más de 124.000 documentos que componen los Uber Files deja al descubierto las prácticas éticamente cuestionables de la compañía que dirigía entonces Travis Kalanick y que pasaban por cortejar a primeros ministros, presidentes, milmillonarios, oligarcas y magnates de los medios de comunicación.

Los documentos filtrados están datados entre 2013 y 2017 e incluyen comunicaciones del propio Kalanick con sus directivos. Uno de ellos reconoce que se comportan como "piratas" y en otro documento filtrado dice que "simplemente somos jodidamente ilegales".

En respuesta, desde Uber han señalado que "no hemos puesto ni pondremos excusas por los comportamientos pasados que claramente no son coherentes con nuestros valores actuales". "Pedimos que nos juzguen por lo que hemos hecho en los últimos cinco años y por lo que haremos en los próximos años", ha remachado.

El propio Kalanick rechaza en una de las comunicaciones con sus ejecutivos las reticencias a enviar a conductores a una manifestación de taxistas pese al riesgo de violencia. "Creo que vale la pena. La violencia garantiza el éxito", dijo. Un portavoz del fundador de la aplicación ha subrayado que "jamás sugirió que Uber debiera aprovecharse de la violencia a costa de la seguridad del conductor". Cualquier insinuación de que hizo algo así sería totalmente falsa.

En los documentos hay una conversación entre Kalanick y el actual presidente francés, Emmanuel Macron, entonces ministro de Economía, que revela que ayudó a la empresa en secreto para penetrar en Francia facilitando el acceso a altos funcionarios. Macron menciona incluso que la empresa tenía un "acuerdo" secreto con sus rivales dentro del Gobierno francés.

Otros políticos que no eran tan receptivos eran claramente despreciados por los ejecutivos de Uber, según estas comunicaciones. Así, el canciller alemán, Olaf Scholz, exigió un aumento de los salarios de los conductores cuando era alcalde de Hamburgo. "Es un auténtico payaso", comentaron los dirigentes de la empresa.

Hasta el ahora presidente estadounidense, Joe Biden, era despreciado por Kalanick, que comentó respecto a una reunión prevista entre ambos en el Foro Económico Mundial de Davos que "le he dicho a mi gente que le transmitan que cada minuto que llegue tarde es un minuto menos que estará conmigo". Entonces Biden era el vicepresidente de Barack Obama y uno de los más firmes defensores de la empresa.

El modelo de empresa pasaba por unos servicios insostenibles económicamente pero que les permitían controlar en mercado en ciudades de todo el mundo, de Moscú a Johannesburgo y presionar a las autoridades para que se pudiera utilizar su aplicación. En muchas ciudades tuvieron éxito, pero en otras su penetración no fue tan amplia y se redoblaba la ofensiva. "Es una parte normal del negocio de Uber (...). Abraza el caos. Estás haciendo algo importante", argumentó Kalanick sobre la entrada en India.

En países como Bélgica, España, Italia o Francia el conflicto llegaba a las calles con graves protestas de taxistas. En París la empresa animó a los conductores de Uber a participar en contramanifestaciones y acciones de desobediencia civil.

Cuando advirtieron a Kalanick del riesgo de respuesta de "matones de extrema derecha" y de que estaba "alimentando una pelea", éste dijo que "vale la pena". "La violencia garantiza el éxito y hay que enfrentarse a estos tipos, ¿no?", remachó. Esta estrategia es acorde a la propuesta de otro documento en el que se plantea "utilizar como un arma" a los conductores y aprovechar la violencia que sufrirían "para alimentar el fuego de la polémica".

Todo ello respondía así a un guion que se aplicó en Italia, Bélgica, España o Suiza, según los correos electrónicos filtrados. Cuando encapuchados, supuestamente taxistas, atacaron a los conductores de Uber con martillos en Ámsterdam en 2015, la empresa logró concesiones de las autoridades.

Animaban a los conductores a denunciar ante la Policía. "Serán portada mañana. Seguimos unos días más con el discurso de la violencia y después, la solución" frente al "cártel" del taxi, señala uno de los textos. "No somos legales en muchos países. Deberíamos evitar realizar declaraciones polémicas", reconocía uno de los directivos. "Nos hemos convertido oficialmente en piratas", decía otro.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprovechó el Primero de Mayo para anunciar que un comité de expertos empezará enseguida a elaborar propuestas para redactar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. La ley laboral fundamental española se aprobó en 1980 y desde entonces ha tenido unas cuantas enmiendas, pero precisa de un buen remozado para hacer frente a los múltiples cambios que se han producido en el mundo del trabajo en las últimas décadas. Las nuevas tecnologías, la globalización, la desregulación, las crisis económicas sucesivas han dado al traste con los modelos laborales sobre los que se diseñó aquel Estatuto. Díaz lo ha rebautizado como el “Estatuto del Trabajo”, porque cada vez hay más autónomos y menos asalariados, según dijo este pasado viernes en rueda de prensa.

En cualquier caso, la puesta al día del Estatuto de los Trabajadores es una tarea pendiente desde marzo de 2019, cuando la disposición adicional primera del real decreto que aprobó el registro obligatorio de la jornada ordenó que se constituyera “antes del 30 de junio” de ese año un grupo de expertos para elaborar una nueva ley laboral. Pero las elecciones anticipadas frustraron la iniciativa, que no obstante reapareció en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos. “Previo diálogo con los agentes sociales” y sobre el trabajo de un grupo de expertos, ambos partidos se comprometían a elaborar un nuevo Estatuto que compaginara “la protección de los trabajadores frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI” y el reconocimiento de nuevos derechos laborales “propios de la realidad económica y social actual”, con la competitividad empresarial y la negociación colectiva.

Lo que entonces se presentó como una tarea que debía iniciarse “de manera inmediata”, se ha retrasado, sin embargo, tres años. Han pasado una pandemia, una reforma laboral y hasta una guerra antes de que siquiera se hayan sentado los expertos a debatir.

Yolanda Díaz ha dado sólo unas pistas de qué habría que cambiar en la ley laboral básica: permitir la entrada de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y reducir la jornada laboral. Los sindicatos, por su parte, entienden que la ley de 1980 necesita una revisión “sin ninguna duda”, que le permita regular “las nuevas formas de trabajar” que están naciendo, explica la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. Además, no han dejado de recalcar, mientras se aprobaba la reforma laboral de diciembre, que no renunciaban a cambiar otras cuestiones: desde el despido hasta la autorización administrativa de los ERE o la modificación unilateral de las condiciones de trabajo. “Hay que acotar las causas de despido y revisar las cuantías de las indemnizaciones”, apunta el responsable de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya. La CEOE, por su parte, ha rehusado detallar a infoLibre qué aspectos cree conveniente modificar en el Estatuto de los Trabajadores. “Aún es demasiado pronto”, aseguran fuentes de la patronal, cuando se acaba de anunciar la iniciativa y ni siquiera se ha convocado el comité de expertos.

Los académicos lo tienen más claro. Se trata de la ley básica del mercado laboral, que debe fijar los límites generales de lo que se puede hacer y lo que no, resume Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Y para reformar una ley así es necesario “mucho consenso”, tanto como cuando se piensa en reformar una constitución, subraya. En cuanto al contenido, recuerda que en 1980 apenas existían las comunidades autónomas y España aún no había entrada en la Unión Europea. “No hay [en el Estatuto de los Trabajadores] ninguna referencia al ordenamiento supranacional, que ahora es fundamental para multitud de cuestiones de la regulación laboral”, apunta por su parte Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tampoco existe mención alguna a la internacionalización de las empresas, por lo que la protección de los trabajadores que ofrece sigue siendo de ámbito nacional.

Baylos cree que podría recurrirse al “derecho blando” de la OIT en esta materia, también al modelo social europeo, y regular la formación de comités de empresa de ámbito europeo. Malo Ocaña piensa en los convenios de alcance autonómico, inexistentes en 1980, o en una articulación de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales— que es competencia de las comunidades autónomas y considera “anticuada”.

En lo que coinciden sindicatos, gobierno y expertos es en que la nueva ley laboral debe incorporar “nuevos derechos” a la luz de los cambios “bruscos y rápidos” que ha sufrido el mercado de trabajo por la disrupción tecnológica. Las leyes del teletrabajo y de los repartidores, recién aprobadas, regulan dos realidades desconocidas para los legisladores de 1980. Baylos dice que son “parches” que ahora deben “encajarse” en el Estatuto de los Trabajadores. “Cómo se evalúa la labor de los trabajadores de plataformas, si se usan los algoritmos para despedir, si el trabajador tiene derecho a llevarse su historial de información de Uber a Cabify, por ejemplo; es decir, tu prestigio de una empresa a otra…”, enumera Miguel Ángel Malo lo que falta por ordenar.

Las plataformas digitales no sólo son un nuevo modelo de negocio, sino que también han creado un nuevo tipo de trabajador que “se escapa” del derecho laboral, dice Mari Cruz Vicente. Una irrupción que se añade al trabajo a distancia. El derecho a la desconexión digital, quién paga los gastos del teletrabajo, la geolocalización. “Habría que desarrollar el 20 bis del Estatuto de los Trabajadores”, sostiene además Antonio Baylos, en referencia al artículo que reconoce el derecho de los trabajadores a “la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador”.

Sobre el despido, en cambio, Malo Ocaña no considera que la regulación implantada en la reforma laboral de 2012 fuera “inadecuada”. “Clarificó muchas cosas”, asegura, “antes había más incertidumbre en a la hora de interpretar las causas de los despidos, que terminaban juzgándose improcedentes”. Además, piensa que no hay consenso suficiente para llegar a un acuerdo en este punto, probablemente el más controvertido cada vez que se habla de reformar las normas laborales. A su juicio, el nuevo Estatuto debería ir en la dirección de “proteger más a la persona que al puesto de trabajo”, pese a que al tiempo cree acertado el mecanismo de los ERTE, encaminado precisamente a proteger los puestos de trabajo.

Antonio Baylos, por el contrario, mantiene que la nueva regulación debería ser lo “más restrictiva posible” con el despido improcedente y con los despidos colectivos. “Para que sean el último recurso”, recalca. Pero también cree que la discusión sobre la cuantía de las indemnizaciones, “si son 33 o 45 días”, es “bastante irrelevante e incluso equivocada”. Según explica, la compensación económica por un despido injusto no puede calcularse sólo con la antigüedad del trabajador. Considera discriminatorio que se indemnice menos a un despedido por el hecho de que lleve menos tiempo trabajando en la empresa. “Habría que establecer una indemnización mínima y luego valorar el daño o lesión generada y aumentarla según las circunstancias –qué tipo de lesión o daño se ha generado, porque el derecho al trabajo es un derecho fundamental del que no se puede privar injustamente–, y al sujeto al que se lesiona”, sugiere.

El catedrático se remite al ejemplo de Italia, donde los jueces dictaminaron que calcular la indemnización según la antigüedad del trabajador, tal y como establecía la ley laboral redacta por Matteo Renzi en 2014, era inconstitucional.

Además, critica que la nulidad de los despidos se haya “vaciado de contenido” progresivamente desde 1994. Sólo se establecen como nulos aquellos que vulneran derechos fundamentales, los casos donde se puede probar que ha habido discriminación. Por eso cree que habría los nulos deberían “ganar terreno” entre los que hoy son considerados improcedentes, como por ejemplo los despidos covid, que fueron vetados durante la pandemia. Si un despido es nulo, el trabajador es readmitido en su puesto de forma automática. Si el despido es improcedente, la empresa elige entre readmitirlo e indemnizarlo. Antonio Baylos piensa que deberían ampliarse los supuestos en que los trabajadores recuperan su empleo. “Sería una buena ocasión para integrar en la ley laboral española el artículo 24 de la Carta Social Europea [que establece el derecho a indemnización si el despido se realiza “sin que existan razones válidas”] y el convenio 158 de la OIT [que enumera los motivos no justificados para despedir]”, plantea.

Otro tanto propone Baylos para los despidos colectivos, legislando contra la deslocalización de las empresas e incorporando la intervención pública que ya se ha “experimentado” con los ERTE: una empresa no puede despedir porque atraviese dificultades temporales, sino que debe acudir a la reducción de jornada o a la suspensión de los contratos.

En cambio, sostiene que el regreso a la autorización administrativa de los despidos, que eliminó la reforma laboral de 2012, sólo debería establecerse para “situaciones muy especiales”.

Mari Cruz Vicente también quita protagonismo a la redefinición de las causas del despido y a la cuantía de las indemnizaciones. “Hay que añadir más cosas y abordar bien la entrada, la permanencia y la salida del mercado de trabajo”, replica, “porque si no, por ahí se nos escapan los falsos autónomos, las falsas cooperativas… las nuevas tecnologías proporcionan subterfugios para huir del Derecho del Trabajo”.

Que los trabajadores participen más en la gestión de las empresas también suscita el acuerdo entre los consultados por infoLibre. En otros países de Europa, como Alemania, Suecia o Dinamarca, los mecanismos para una mayor implicación de las plantillas en el desempeño de las empresas están ya bien engrasados. “No se trata sólo de que entren en los consejos de administración, sino de que participen en la gestión de personal”, aconseja Miguel Ángel Malo. En Alemania, detalla Antonio Baylos, existen los consejos de vigilancia, que tienen derecho de veto sobre determinadas decisiones empresariales. También pueden los trabajadores entrar en el accionariado de las compañías, apunta.

En España, hubo un intento de llevar la cogestión a través de la negociación colectiva, en las empresas del INI (las empresas públicas, el antecedente de la SEPI), que duró muy poco tiempo, “hasta la huelga general de 1988”, lamenta el catedrático. Y en la actualidad, en el País Vasco es un “debate bastante avanzado”, indica Mari Cruz Vicente, quien apunta a la larga tradición cooperativa vasca como una ventaja comparativa. Ya en septiembre de 2018, el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno autonómico a promover un nuevo modelo de empresa “inclusivo-participativo”, en que los trabajadores puedan incorporarse al capital y a la gestión.

La reducción de la jornada de trabajo que también ha planteado Yolanda Díaz para el nuevo Estatuto del Trabajo la prefieren tanto los sindicatos como los académicos como materia de negociación colectiva. Las nuevas tecnologías, aclara Mari Cruz Vicente, además de crear nuevas formas de trabajo, aumentan la productividad, por lo que es necesario dilucidar “cómo se repercuten los beneficios de esa mejora en la reducción de la jornada y en el reparto del empleo”. Flexibilidad horaria, por supuesto, más aún si, como con el teletrabajo, “la jornada se puede volver infinita”, lamenta Miguel Ángel Malo. Antonio Baylos dice que no se trata sólo de recortar la jornada laboral sino también de cómo se distribuye ésta y de quién la distribuye: la decisión no puede ser unilateral del empresario. Como tampoco debe serlo cualquier modificación sustancial de las condiciones de trabajo. “Eso de que, si no hay acuerdo [con el comité de empresa], impongo mi decisión, no debe continuar”, resalta, en referencia a otro de los cambios introducidos en la reforma laboral del PP.

“No pedimos que se vuelva exactamente a lo que había antes de 2012”, rebate en cualquier caso Mari Cruz Vicente, “por el contrario, creemos que la revisión del Estatuto de los Trabajadores llevará mucho tiempo y requiere de mucha serenidad”. Para incorporar también, por ejemplo, cambios en la regulación de la sucesión de empresas y la subrogación de los trabajadores, otra novedad estimulada por un fenómeno inexistente en los años 80, la externalización de las empresas. La nueva ley fundamental del trabajo, advierte Miguel Ángel Malo, tiene que apuntar al futuro, “dar voz a los trabajadores de hoy, pero también debe pensar en los que no participan en la negociación pero ya están aquí”.

Mas que como en una tendencia, aparecen como en un espejo dos series limitadas en las plataformas. Son tan similares en lo fundamental que parecen obra del mismo equipo o encargo de la misma productora, pero no es el caso.

Ambas muestran la vigencia del mito de Ícaro. En ellas sus protagonistas crean grandes empresas, se hacen multimillonarios en el camino, pero, debido a su ambición voraz, terminan estrellándose en su vuelo al éxito.

Su descenso a los infiernos es lo que diferencia a ambas propuestas. Parafraseando a Tolstoi, todas las empresas felices se parecen unas a otras, pero cada empresario se hunde a su manera.

Super Pumped, en Movistar+ y WeCrashed, en Apple Tv, repasan el auge y caída de los creadores de Uber y WeWork respectivamente. Dos empresas con presencia en España. Los fundadores de estas compañías han terminado expulsados de ellas por sus propios accionistas debido a sus modos problemáticos de gestionar.

De ambas producciones se están subiendo episodios semanales. Super Pumped hasta completar seis mañana. WeCrashed llegará a los ocho. La primera se basa en el libro del mismo nombre en el que Mike Isaac, periodista de The New York Times, estudiaba lo ocurrido con Travis Kalanick, impulsor del servicio de movilidad urbana Uber.

WeCrashed se ha convertido en ficción a partir del podcast de Bloomberg Technology sobre WeWork y sus fundadores, el visionario con aires de gurú Adam Neumann y su esposa, Rebekah Neumann. Adam desarrolló la empresa más destacada de espacios compartidos de oficinas.

En un periodo como el actual, que destaca por la abrumadora aceleración de los acontecimientos, estas series históricas cuentan lo que ocurrió hace apenas un pestañeo. Adam Neuman fue expulsado de WeWork en 2019, Travis Kalanick lo fue de Uber en 2017.

Casi fue ayer cuando las secciones de economía o los suplementos semanales contaban los hechos en presente y ya podemos ver la versión ficcionada de sus trayectorias.

Super Pumped toma su nombre de una expresión de Travis Kalanick, el impulsor de Uber, super emocionado en castellano, que se convirtió en uno de sus gritos de guerra. Este estado de perpetua euforia le hizo poseedor de una confianza contagiosa a la hora de emprender su negocio.

Esa misma excitación le hacía cerrarse en banda ante cualquier consejo encaminado a que obrara con prudencia. Su gestión acumuló escándalos por crear un ambiente tóxico en el trabajo, ser tolerante ante los casos de acoso sexual a sus empleadas, por violaciones de la privacidad de sus conductores y usuarios y otras notorias malas prácticas.

Esta serie es obra de los guionistas Brian Koppelman y David Levien. El equipo que forman mantiene en activo otra serie, Billions, centrada en la cara oculta del negocio de las firmas de inversión.

Una de las diversiones de la serie que han creado es que cuanto más inverosímil es una anécdota, más posibilidades hay de que sea real y esté perfectamente documentada. Las meteduras de pata antológicas, la chulería, la indiferencia ante estrategias delictivas se pueden dar por probadas. Son verificables en internet.

Un problema de Koppelman y Levien es que, por si no fuera ya un reto exigente entender el desarrollo de los acontecimientos, no se privan de hacer reiterados chistes con referencias eruditas al mundo del baloncesto y del rock. Sacan del relato.

Por lo demás, son agudos observadores del mundo económico en el que nos movemos y saben encontrar ejemplos que ayudan a entenderlo mejor. Los aspectos formales de su serie también inciden en esta intención.

En algunos momentos utilizan recursos típicos de redes sociales o de videojuegos que rompen la narración lineal. Quieren recordar a la audiencia que sus personajes son innovadores, que ven las cosas de otra manera, y lo estimulante y arriesgado que puede contener su actuación.

Por ejemplo, Travis Kalanick se preciaba de ser uno de los mejores jugadores del mundo de tenis en la consola Wii. ¿Por qué el mapa del mundo en el que planeaba la expansión de Uber no iba a ser en su mente como un juego digital?, se pregunta Levien.

Uno de los recursos de los que han dispuesto es la ocasional voz en off que corre a cargo de Quentin Tarantino. Les pareció que sería un puntazo que de pronto hablase, se lo pidieron y accedió. Si se trata de ponernos en situación sobre personas rompedoras en su mundo, quien mejor que el mítico director de cine.

En Super Pumped han contado con el protagonismo de Joseph Gordon-Levitt, acompañado por Kyle Chandler y con la colaboración de Uma Thurman en representación de Arianna Huffington. La cocreadora del Huffington Post fue asesora de Kalanick con una participación cada vez mayor en Uber como se muestra durante la evolución de la serie.

Por su parte, WeCrashed cuenta con dos estrellas de cine con sus propios óscar como cabezas de cartel, Jared Leto y Anne Hathaway. Encarnan al creador de WeWork y a su inseparable pareja.

Su empresa consiste en el alquiler de oficinas compartidas. Pero su fundador, Adam Neumann, era tan derrochador con las palabras como resultó serlo con el dinero y según él y su esposa Rebekah iban a cambiar el mundo.

La historia está versionada por Drew Crevello y Lee Eisenberg. Este último reconoce que Neumann fue un motor creador real. Millones de metros cuadrados se transformaron en oficinas según sus planes y cientos de miles de personas los han empleado y siguen haciéndolo para trabajar.

Sin embargo, el retrato que se le hace en la serie es demoledor. Lo que publicitan como una historia de amor se transforma en pantalla en el romance de dos simples pretenciosos que encadenan una buena racha. En las dimensiones de las rachas de las grandes multinacionales, eso sí.

WeWork consiguió estar valorada en la fabulosa cantidad de 4.300 millones de euros, pero su constante crecimiento nunca conseguía que las cuentas cuadrasen. Cuando se iba a realizar una Oferta Pública Inicial, que obligaba a conocer la realidad concreta de la gestión, la verdad estalló dejando a la vista un disparate de números y el despilfarro delirante de Neuman.

Curiosamente, el principal inversor desplumado por esta gestión, también financió a Uber. Masayoshi Son es archimillonario gracias a su participación en Alibaba y Yahoo! entre otras iniciativas en las que ha visto multiplicado su capital. También es considerado una de las personas que más dinero ha perdido invirtiendo. En parte gracias al protagonista de esta serie.

Si el creador de Uber se muestra como un ambicioso desaprensivo, sin el menor remordimiento ante las condiciones laborales de sus conductores, las consecuencias para los taxistas, las leyes o la igualdad… los Neuman aparecen como unos charlatanes new age, que se las dan de ecologistas y resultan completamente cargantes.

Aunque eso siempre es subjetivo. El protagonista de la película Wall Street, Gordon Gekko, fue escrito como un antihéroe, como una denuncia, y terminó como ídolo de numerosos yuppies de los noventa y aún hoy.

Luis Medina y Alberto Luceño, investigados por llevarse seis millones de comisión por la compra de material sanitario para Madrid, poseen sendas sociedades mercantiles llamadas Gekko. Lo destaca en Twitter Miguel Montejo, concejal de Más Madrid en dicho ayuntamiento.

Las dinámicas empresariales que se detallan en estas series ofrecen un conocimiento fascinante. Y al coincidir en su estreno multiplican el atractivo de acercarse a prácticas que se han establecido en algunos unicornios, las empresas valoradas en más de mil millones de dólares sin salir a bolsa. También para atisbar como han percibido los abusos cometidos su entorno, colaboradores, empleados, la prensa o los accionistas.

El equipo de Koppelman y Levien pretende seguir analizando unicornios en sucesivas miniseries. Ya han anunciado que su próximo objetivo será Facebook, otra vez a partir de la investigación de Isaac.

Han encontrado una gran veta. Conocer algo de estas empresas que acumulan un poder económico y una gestión de nuestros datos descomunales es casi una necesidad informativa como participantes de la sociedad en la que tanto influyen.