Prohibir despidos, impulsar el 'Kurzarbeit' y ayudar a las pymes para frenar los efectos del coronavirus en el empleo

La cadena hotelera Meliá ha despedido a 230 trabajadores por culpa del coronavirus, además de prescindir de cientos de empleados temporales y de dejar de llamar a muchos fijos discontinuos. Así lo han denunciado UGT y CCOO, que acusan a la empresa de “aprovechar” la pandemia para despedir a trabajadores con mucha antigüedad “sin antes buscar soluciones alternativas y menos traumáticas”. Air Europa, igualmente golpeada por las restricciones al movimiento de personas, ya ha convocado a los sindicatos para negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal– una reducción de jornada y de sueldo– entre abril y junio para buena parte de su plantilla, compuesta por 3.600 trabajadores. Norwegian quiere recortar el tiempo de trabajo al 50% de su plantilla. Según calcula la patronal Exceltur, con sólo que la crisis del coronavirus se prolongue durante dos meses, el sector turístico español perdería 18.825 millones de euros de actividad directa e indirecta.

También han anunciado ERE temporales las productoras de algunos de los musicales más exitosos de la Gran Vía madrileña, Stage Entertainment y SOM. La patronal catalana, Foment del Treball, pide que se faciliten los ERE, eximiendo a las empresas del preaviso legal de 15 días y aumentando la aportación de dinero público a los ERE temporales.

La emergencia sanitaria no sólo ha desatado el pánico en las bolsas sino que también puede provocar una “hiperreacción” en el mercado laboral, advierte Antonio González, miembro de Economistas frente a la Crisis y exdirector general del Gabinete del ministro de Trabajo Valeriano Gómez. “Puede producirse un efecto de bola de nieve como ya ocurrió en 2008 [tras la caída de Lehman Brothers], una debacle laboral que refuerce la contracción económica igual que entonces”, apunta. Si las empresas sufren una caída de la demanda y de la producción, es razonable que hagan un ajuste, explica el economista, “la cuestión es que no se haga sobre el empleo y que no haya despidos”. Que ante un problema coyuntural, subraya, las empresas no opten por una decisión “definitiva y estructural” como es despedir.

Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cree que con el coronavirus, como ocurre siempre que se produce un shock, se producirá una “reasignación de recursos”, un “ajuste” acelerado por los cambios tecnológicos y las necesidades de las empresas. “No me gusta decir que van a aprovechar el shock, pero puede suceder que se corrija la burbuja en el sector turístico, por ejemplo”, explica. Este mismo jueves, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no dudó en tachar de “fake news”fake news las noticias que apuntan a que las empresas van a aprovechar la crisis del Covid-19 para aligerar sus plantillas.

Ahora está por ver si ese reajuste que parece inevitable teniendo en cuenta el enorme impacto económico de la pandemia en un sector tan fundamental para España como el turismo –representa el 12% del PIB y el 13% del empleo– se hace de la manera tradicional o a la alemana. Es decir, si las empresas repiten el modelo que siguieron en la última crisis, prescindiendo de los trabajadores temporales primero y despidiendo a los indefinidos después, o por el contrario, abrazan la flexibilidad tan elogiada de modelos como el KurzarbeitKurzarbeit, las regulaciones temporales de empleo, en lugar de extinguir contratos.

Mirando a Alemania

En Alemania, una empresa puede acogerse al Kurzarbeit para reducir en un 10% las horas de trabajo y siempre que afecte a al menos un tercio de su plantilla. La Agencia Federal de Empleo (BA) paga hasta el 67% de las prestación de desempleo de los trabajadores afectados por un máximo de 12 meses. Durante ese tiempo, también sufraga los cursos de formación a los que deben asistir. Según las cifras de la BA reproducidas por la revista Der Spiegel, el número de trabajadores acogidos a esta medida ascendía a 120.000 en febrero, cuando en diciembre de 2018 eran sólo 25.000. Pese al considerable aumento, son pocos si se tiene en cuenta que en lo peor de la crisis financiera más de un millón de personas trabajaban con jornadas reducidas. Alemania esquivó por poco la recesión en el final de 2019, por lo que el Gobierno de coalición se aprestó a facilitar el mecanismo del Kurzarbeit en vista de los problemas que afrontaba el sector del automóvil.

Ahora esa agilización puede que también ayude al resto de las empresas perjudicadas por los problemas de suministro de China y las restricciones al movimiento de personas en toda Europa. Así, la idea es ampliar de 12 a 24 meses el periodo en que se permite la regulación temporal, rebajar al 10% el umbral del tercio de la plantilla que debe verse afectada e incluso permitir a los trabajadores temporales tener jornada reducida.

A juicio de Antonio González, mecanismos como el Kurzarbeit –básicamente lo que en España se conoce como ERTE o regulación temporal de empleo– sólo funcionarán si son obligatorios. Es decir, si como ha propuesto Economisas frente a la Crisis, mientras dure la emergencia sanitaria se suspenden los despidos colectivos. También los despidos improcedentes no disciplinarios. “En Alemania los ERE de extinción son muy restrictivos, los jueces no los autorizan fácilmente”, asegura.

También reclama que la finalización anticipada de los contratos temporales quede sujeta a control judicial. “Se trata de un mecanismo disuasorio”, destaca. La empresa debe precisar muy bien la causa por la que haya adelantado el fin del contrato temporal, de forma que ésta pueda ser “objeto de prueba judicial”. Además, Economistas frente a la Crisis aconseja que se libere a las empresas, con carácter transitorio, de los costes laborales –salarios y cotizaciones– asociados a las suspensiones de contrato y reducciones de jornada. El aumento de gasto público que estas medidas implican no será pequeño. “Entre 2008 y 2014 se pagaron más de 240.000 millones de euros en prestaciones de desempleo”, recuerda Antonio González. La tasa de paro española en su peor momento se disparó hasta el 26%.

“La reforma laboral ahora es intocable”

Por eso rechaza que sea el momento de bajar impuestos, sino más bien de aplicar “recargos transitorios” en algunos de ellos. El Gobierno ya ha aprobado aplazar durante seis meses el pago de impuestos para pymes y autónomos, mientras el Ayuntamiento de Madrid recortará 63 millones de euros en impuestos a las empresas, básicamente en el IBI y el Impuesto de Actividades Económicas. Por su parte, tanto UGT y CCOO como la CEOE acaban de pedir al Gobierno la creación de un fondo de ayuda extraordinaria “para proteger el empleo y la actividad económica”. También que se simplifiquen los procedimientos y se acorten los plazos de resolución de los ERE temporales, aparte de redefinir las causas que se pueden alegar para presentarlos: “caída precipitada y repentina de la facturación o de la demanda de actividad o la ruptura de la cadena de suministros”.

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Los sindicatos, adicionalmente, proponen que se recupere la autorización previa de la autoridad laboral –suprimida por al reforma laboral de 2012– para los ERE de suspensión de contratos o reducción de jornada que tengan como causa el coronavirus. González lo considerable legítimo teniendo en cuenta el dinero público que se destina a estas medidas de flexibilidad interna. En resumen, todo se fía a los recortes de jornada, nadie ha mencionado aún la palabra despido.

Florentino Felgueroso cree que la prioridad del Gobierno debe ser acortar la crisis de la pandemia lo máximo posible, para minimizar el daño a los sectores más débiles: pymes, autónomos y empresas de reciente creación. “Actuaría en función del margen de dificultades que van a atravesar las empresas”, invita el investigador de Fedea. Que también desaconseja derogar la reforma laboral como se ha comprometido el Gobierno. “Ahora es intocable”, recalca. Y aunque considera que es el momento de facilitar más protección a los trabajadores y a las empresas, también advierte de que el recurso al gasto público “no es infinito” pese al compromiso de Bruselas de que las partidas destinadas a combatir los perjuicios del coronavirus no computarán como déficit.

Por el momento, el Gobierno ha ampliado hasta junio las bonificaciones a la cuotas de la Seguridad Social de que gozan los trabajadores fijos discontinuos. Mientras Antonio González teme una oleada de despidos –“se cambian trabajadores para bajar salarios”–, Florentino Felgueroso confía en que surgirá una “solidaridad social” que también se dejará notar en el mundo de la empresa. “No vamos a ver esos capitalistas que pintan algunos, sino que las empresas van a intentar amortiguar el shock”shock, pronostica.