Telefónica registró unas pérdidas contables de 892 millones de euros en 2023 tras la provisión del plan de reestructuración de Telefónica España y el deterioro del fondo de comercio en su filial de Reino Unido, si bien sus ingresos crecieron un 1,6%, hasta los 40.652 millones de euros, según ha informado la operadora y recoge Europa Press, que ha cumplido todos sus objetivos financieros para 2023 y ha confirmado un dividendo en efectivo de 0,3 euros para este año.

En concreto, el beneficio neto ordinario de Telefónica, que excluye provisiones y extraordinarios, alcanzó los 2.369 millones de euros en 2023, un 17,1% más que en el ejercicio anterior.

Incluyendo la provisión del plan de reestructuración de Telefónica España y el deterioro del fondo de comercio en Virgin Media O2 —su filial en Reino Unido al 50% con Liberty—, derivado de la subida de las tasas de descuento y condiciones macroeconómicas en Reino Unido, entre otros extraordinarios, las pérdidas netas registradas en 2023 se situaron en 892 millones de euros.

En cuanto a la facturación, en 2023 la compañía experimentó un crecimiento generalizado de los ingresos en los principales mercados en los que opera, por lo que su cifra de negocio de 40.652 millones de euros (+1,6% interanual) es la más alta desde 2020.

Asimismo, el resultado operativo antes de amortizaciones (Oibda) ordinario (excluye el impacto de los extraordinarios) se situó en 13.121 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 1,4%. Por otro lado, la compañía también superó sus previsiones de flujo libre de caja, que se situó en 4.227 millones de euros, por encima de los 4.000 millones estimados.

En cuanto a la remuneración al accionista correspondiente a 2024, la compañía ha confirmado el reparto de un dividendo en efectivo de 0,3 euros por acción pagadero en dos tramos, uno en diciembre de 2024 (0,15 euros) y el otro en junio de 2025 (0,15 euros), en línea con lo establecido en su plan GPS.

En cuanto a las previsiones para 2024, Telefónica espera un crecimiento de los ingresos en torno al 1%, del Ebitda entre el 1% y el 2% y de la caja operativa (Ebitdaal-CapEx) también entre el 1% y el 2%. Asimismo, contempla una cifra de inversión sobre ingresos de hasta el 13% y un incremento del flujo de caja libre superior al 10%.

"Con respecto al objetivo del crecimiento de caja para este año, tendrá como referencia los 2.308 millones de euros conseguidos con la nueva definición que Telefónica aplicará desde este ejercicio", ha explicado la operadora.

Por su parte, Telefónica España facturó 12.654 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 1,3% en comparación con los 12.497 millones de euros del ejercicio anterior. Solo en el último trimestre del ejercicio, la operadora ingresó 3.321 millones de euros, es decir, un 3,3% más que los 3.214 millones que facturó entre octubre y diciembre de 2022.

En tanto, el resultado operativo antes de amortizaciones (Oibda) de Telefónica España se situó en 3.229 millones de euros, un 29,6% inferior a los 4.588 millones de euros registrados en 2022 debido, principalmente, al impacto de la provisión de 1.320 millones de euros para el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 3.420 trabajadores de la compañía en sus tres principales filiales en el país.

De este modo, España representó el 27% de los ingresos totales de Telefónica (40.652 millones de euros) y el 31% del Oibda del grupo en su conjunto (11.390 millones de euros).

En cuanto a la cifra de negocio en España, la empresa ha destacado la "solidez" de los ingresos minoristas (+2,7% interanual), impulsados por la venta "récord" de servicios de tecnologías de la información (TI) a empresas y a la mejora de la actividad comercial en el segmento residencial.

Además, ha resaltado que la "mejor evolución secuencial" de los ingresos mayoristas (+5,3% interanual) se debe principalmente a la mayor compensación del servicio universal y a la comparativa homogénea del fútbol desde este trimestre. "Telefónica España ha consolidado en 2023 su recuperación a nivel comercial y financiero. El Oibda se ha estabilizado en el cuarto trimestre de 2023 (+0,1% interanual), según lo esperado; los ingresos han mantenido un crecimiento sostenido a lo largo del año y se ha consolidado la mejora de la actividad comercial. Este buen comportamiento se ha apoyado en una oferta diferencial de calidad que ha permitido continuar con la revisión de precios en enero de 2024", ha explicado la empresa.

La operadora también ha destacado que el ARPU -el ingreso medio por cliente- se situó en el cuarto trimestre de 2023 en 91,2 euros, lo que supone un aumento del 1% interanual y también una mejora en comparación con los tres meses anteriores debido a la oferta de fútbol.

Asimismo, el churn -la tasa de abandono de clientes- cerró 2023 en el 0,9%, lo que supone dos puntos porcentuales menos que en 2022 y el nivel más bajo desde 2013.

Ni por edad y formación ni por talante debería haber sido César Alierta la persona destinada a dirigir con éxito una compañía tecnológica, convirtiéndola en una multinacional y adaptándola al reto digital. Pero el financiero zaragozano, que acaba de fallecer a los 78 años, llevó a una Telefónica recién salida del monopolio público hasta la máxima capitalización bursátil y el récord histórico de beneficios tras lanzarla a la expansión internacional y situarla como uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Además, capitaneó con mano firme el barco durante 16 años bregando con habilidad tanto con gobiernos del PP y PSOE.

Pese a que lo suyo eran las finanzas –fue director general de Mercado de Capitales en el Banco Urquijo durante 15 años y fundó la sociedad de valores Beta Capital–, se estrenó a lo grande en la gestión empresarial con Tabacalera, que privatizó y fusionó con la francesa Seita para tansformarlas en Altadis. Nombrado para ese puesto por José María Aznar en 1996, fue también la persona elegida cuatro años más tarde para enderezar Telefónica tras el escandaloso paso de Juan de Villalonga por la compañía, que había dejado de ser pública sólo un año antes.

Y lo consiguió, mediante una mezcla de intuición, talante y una ambición innegable pero, sobre todo, gracias al uso inteligente del poder. Dentro de la empresa y fuera de ella, según coinciden las fuentes consultadas. “No tenía un estilo de gestión, no existe un aliertismo de gestión”, explican. Por el contrario, las claves de su éxito en Telefónica y de su longevidad al frente de ella –sólo sus dos primeros presidentes duraron más que él– fueron su capacidad para las relaciones –“se hacía querer”, repiten– y su habilísimo manejo del poder. Dentro de Telefónica lo monopolizó, dando –y quitando– atribuciones a quienes, a diferencia de él, conocían el campo tecnológico, azuzando así una competencia interna por el éxito que redundaba en beneficio de la organización, detallan fuentes próximas al empresario.

“En Telefónica había ideas, mercado y capital, y Alierta respetó y potenció esos equipos; Alierta dejó hacer”, explica Mariano Guindal, periodista económico autor de El declive de los dioses, sobre los grandes empresarios de la Transición. El zaragozano, por tanto, se dedicó a las “fusiones y las compras, que era lo que sabía hacer, no a la digitalización”, precisa Guindal.

Todo ello estaba al servicio de un objetivo: convertir a Telefónica en una gran compañía. Mientras el mundo pasaba de analógico a digital, Alierta compraba las filiales de la estadounidense Bellsouth en América Latina, la brasileña Vivo, la checa Cesky Telecom y la británica O2, que le permitió acceder también a los mercados alemán e irlandés. Fue con Alierta cuando Telefónica alcanzó su récord de capitalización bursátil, casi 107.000 millones de euros, en octubre de 2007. Ahora sólo suma 21.400 millones, aunque lejos de los mínimos, por debajo de 16.000 millones, en que se hundió en septiembre de 2020. También explotaron con Alierta los beneficios: los 10.167 millones de euros conseguidos en 2010 no han sido aún superados. En 2022 ganó sólo 2.011 millones. A falta de conocerse cómo ha cerrado 2023, hasta el tercer trimestre suma 1.262 millones en ganancias. En el lado negativo, al irse, en 2016, dejó una deuda enorme, de 53.116 millones de euros que, a día de hoy, su sucesor, José María Álvarez Pallete, ha recortado hasta dejarla en menos de la mitad –26.687 millones–.

“El hombre poderoso”, tituló una periodista alemana el reportaje sobre César Alierta que la llevó hace años a Madrid y Zaragoza, la ciudad natal del expresidente de Telefónica. “Es tan poderoso que hasta el jefe de Estado chino le visita”, abría el suyo el diario Die Welt en mayo de 2008 para presentar a los lectores alemanes al empresario español que quería “conquistar” Europa.

Mariano Guindal dice que era “influyente” por su poder sobre los medios de comunicación. Telefónica fue durante años el primer anunciante de España. En 2008, aún con la economía en pleno auge, Telefónica se gastaba 173,8 millones de euros en publicidad, lo que representaba el 2,6% de la inversión, según Infoadex, y una lluvia fundamental de ingresos para periódicos y televisiones. Pero su influencia iba mucho más allá de los medios de comunicación. “Supo mantener los equilibrios mediáticos y también los políticos”, resume Guindal. Para ello, Alierta se dedicó sin disimulo al fichaje de políticos, tanto de PP como de PSOE. La lista es jugosa. “Fue muy hábil, jugando a dos barajas, mimaba a unos y a otros”, admite el periodista.

Del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, el exsecretario de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, la mujer de Eduardo Madina, Paloma Villa, y Carlos Escó, marido de la exlíder socialista en Aragón Eva Almunia.

Del PP: el exvicepresidente Rodrigo Rato, los exministros Eduardo Zaplana y Manuel Pizarro; Iván Rojas, marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Vanesa Arriola Villalobos, hija del asesor de Aznar Pedro Arriola y la exministra Celia Villalobos; la expresidenta de Navarra (UPN) Yolanda Barcina, el ex secretario de Estado Alfredo Timermans... También contrató a Iñaki Urdangarín y al exjefe de la Casa Real Fernando Almansa.

Según Guindal, “llevarse bien con todos” le permitía a Alierta “sobrevivir”. Conseguía que “[los políticos] le dejaran en paz”, remacha. Y que la regulación se hiciera “a medida de Telefónica”. Fuentes próximas al expresidente, sin embargo, niegan que la compañía obtuviera ningún trato de favor en ese aspecto, sino más bien al contrario. Con el tiempo, perdió inevitablemente su posición de dominio en el mercado. “Perdió todo lo que tenía que perder”, concluyen. Las puertas giratorias con la política podían tener “cierto efecto externo”, admiten las fuentes, pero Alierta las consideraba más bien “un peaje que tenía que pagar”, sobre todo tratándose de una “empresa regulada”.

Una buena muestra de esta dualidad es la enmienda que lleva el nombre de la empresa y que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para frenar el escándalo que siguió al anuncio de un ERE de 6.500 despidos sólo meses después de haber publicado los mayores beneficios de su historia. Tampoco era el primero. Telefónica se había acostumbrado a ofrecer condiciones de lujo a quienes querían prejubilarse, pero el coste para las arcas públicas –para el Inem de entonces– de esos retiros anticipados era millonario.

Así que ahora las empresas con beneficios que despidan a trabajadores mayores de 50 años deben hacer una aportación al Tesoro equivalente al importe de las prestaciones públicas que recibirán sus exempleados hasta la jubilación. En los últimos 20 años, Telefónica ha recortado en un 65% su plantilla a base de ERE y bajas incentivadas: ha pasado de 60.000 a poco más de 20.000 trabajadores en España. El ERE que acaba de presentar este año, para 3.241 empleados, le costará a la empresa 1.300 millones de euros.

El expresidente de Telefónica, que nunca ocultó su afinidad con el PP, llegó a confesarse “socialdemócrata” en alguna ocasión. Lo cuenta el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su libro Al fondo a la izquierda: En un restaurante, en 2016, le contó que había insistido durante “mucho tiempo” a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en que debía “subir el salario mínimo un 20% y aprobar una renta básica para los hogares sin ingresos”. “Mi receta es muy clara: crecimiento y solidaridad. Ésa es la clave de lo que necesita Europa, hasta a [Angela] Merkel se lo he dicho. Y los números salen. Les hice los numericos y se los mandé a Rajoy y a Álvaro Nadal [jefe de la Oficina Económica del Gobierno]. Ni puñetero caso. Y la gente, con razón, cada vez más encabronada”, se explayó.

Solidaridad con los de abajo e impuestos a los de arriba. “A quienes más ganamos, a quienes ganamos millones, deberían gravarnos hasta un 65% en la renta personal. Y sin demagogias, ¿eh?”, defendió entonces. César Alierta dejó la presidencia de Telefónica ese mismo año, con un plan de pensiones de 54,2 millones de euros.

Sólo unos meses después, en 2017, se disolvió el Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby de las 15 mayores empresas españolas que presidió César Alierta desde su nacimiento en 2011. La iniciativa corrió a cargo de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y el propio Alierta, pero fue éste quien se puso al frente del grupo. El foro se presentó con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la marca España, en los meses previos al rescate europeo de la banca española y mientras la CEOE sufría una tremenda crisis por culpa de los negocios y fraudes de Gerardo Díaz Ferrán.

Querían que se les considerara un think tank, un laboratorio de ideas, pero la foto de los empresarios más poderosos de España –Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Antonio Brufau (Repsol), Pablo Isla (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros– proyectaba más bien la imagen de un grupo de presión. El apoyo de esta superélite económica a los sucesivos recortes del Gobierno aquellos años de austeridad tampoco dejaba margen para el equívoco. “Fue fruto de una visión patriótica, pero también interesada: lo que es bueno para el país también será bueno para mi empresa”, interpretan fuentes cercanas a Alierta.

El expresidente de Telefónica contaba además con una agenda de contactos internacionales “restringida pero profunda”, destacan las mismas fuentes. Tomaba cafés con Angela Merkel, que ha enviado un mensaje de condolencia al saber de la muerte de Alierta, y tenía una buena relación personal con el presidente brasileño, Lula da Silva, y con el papa Francisco, e incluso con competidores como el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, y el principal accionista de Vivendi, Vincent Bolleré.

César Alierta pertenecía a la misma generación de empresarios de, por ejemplo, Francisco González, el expresidente del BBVA. Ambos proceden del mundo de las finanzas –González también fundó su propia sociedad de valores– y de los círculos de amistad políticos del PP –a González y a Alierta los nombró Rodrigo Rato al frente de Argentaria y Tabacalera–, triunfaron en la vida empresarial gracias a las privatizaciones de grandes compañías públicas y llevaron el timón de la expansión internacional y digitalización de Telefónica y BBVA mientras aprovechaban los vientos de los distintos gobiernos. Se fueron casi al mismo tiempo: González en 2018 –tiene un año más que Alierta–.

Además, compartieron problemas judiciales. El zaragozano pasó por los tribunales en el llamado caso Tabacalera, cuando se le acusó –también a su sobrino– de información privilegiada: junto con su mujer habían ganado 1,86 millones de euros al comprar acciones de la empresa poco antes que de que ésta adquiriera en 1997 una compañía estadounidense, una operación que multiplicó el valor de las acciones de la española. En 2010 fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que declaró prescrito el supuesto delito. Francisco González, en cambio, sigue aún pendiente de que la Audiencia Nacional decida sobre su responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo por el BBVA. La misma camada y trayectorias paralelas.

Pero a Alierta y a González les separaba una diferencia fundamental: el carácter. Según las fuentes consultadas, González es una persona de difícil trato. Hasta José María Aznar reconoció en una entrevista a El País Semanal que el banquero de Chantada (Lugo) “no es demasiado simpático”. Todo lo contrario que el “nacionalista aragonés” –como lo califica Mariano Guindal– Alierta. “Era tímido, pero cercano, tenía una capacidad de relacionarse muy curiosa”, le describen las fuentes. Siempre fue “César, no le gustaba que le llamaran presidente”, recalcan, pero nunca hubo dudas sobre quién ejercía el poder absoluto en la empresa y cuánto poder tenía Telefónica en España.

Orange y MásMóvil han anunciado este martes que han comenzado un período de negociación en exclusiva para combinar sus negocios en España, ha informado Europa Press.

La entidad resultante tendría la forma de una "joint venture" controlada por Orange y MásMóvil al 50%, con una valoración de la entidad conjunta de 19.600 millones de euros.

Ambas entidades se valoran de forma "atractiva", con una valoración de Orange España de 8.100 millones de euros y una valoración de MásMóvil de 11.500 millones de euros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un procedimiento sancionador contra Telefónica por presuntas conductas discriminatorias frente a sus competidores en los tiempos de provisión y de resolución de averías de los servicios mayoristas NEBA cobre y fibra, ha informado este lunes el organismo, según Europa Press.

La CNMC ha analizado el periodo comprendido entre enero de 2017 y marzo de 2018 y a partir de los datos obtenidos, ha hallado "indicios suficientes" de que Telefónica habría incumplido la obligación de no discriminación que tiene impuesta por su posición como operador con poder significativo en los mercados mayoristas de banda ancha.

En este sentido, Competencia recuerda que Telefónica debe prestar "a terceros recursos equivalentes a los que se proporciona a sí misma en las mismas condiciones y plazos". Dichas condiciones y plazos están recogidos en las ofertas mayoristas aprobadas por la CNMC.

"La obligación de no discriminación que tiene impuesta Telefónica se refiere tanto a la calidad del servicio como a los plazos de entrega y demás condiciones del suministro, con independencia de la ubicación física", sostiene.

Competencia alega que Telefónica habría suministrado servicios y reparado averías de sus propios clientes en mejores plazos que los registrados para la provisión y mantenimiento de los servicios mayoristas prestados a operadores alternativos.

De este modo, la CNMC considera que Telefónica podría haber incurrido en una infracción muy grave de la Ley General de Telecomunicaciones.

Competencia recuerda que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. El organismo tendrá ahora un periodo máximo de un año para la instrucción del expediente y para su resolución.

En definitiva, la acción desreguladora, en línea con las que el presidente del organismo, el republicano Ajit Pai, viene impulsando desde su nombramiento en enero por Trump, dará casi total libertad para gestionar el tráfico a los ISP —en EEUU los principales son Verizon, AT&T y Comcast, mientras que en España destacan Telefónica-Movistar, Vodafone y Orange— y, por tanto, les permitirá bloquear contenido, páginas y aplicaciones y abrir la puerta al Internet de dos velocidades, ya que los proveedores de servicios de Internet podrán priorizar el tráfico de las plataformas de contenidos que más paguen en un “carril rápido” o incluso bloquear o ralentizar la velocidad de conexión de los usuarios en función de la cuota que tengan contratada. Según sus impulsores, la iniciativa Restoring Internet Freedom favorecerá las inversiones y la innovación en el sector, que la norma de Obama habría frenado.

Fuerte oposición

Desde que la FCC anunció en mayo su intención de derogar la regulación que garantizaba la neutralidad de la Red en EEUU,  numerosas campañas y reacciones proliferaron desde el sector de la tecnología, la ciudadanía y el Congreso estadounidense. Las actuaciones culminaron con el gran despliegue del pasado 12 de julio en el Día de la acciónDía de la acción (Day of action, su denominación original en inglés), en el que grandes compañías como Google, Facebook, Twitter o Netflix mostraron su oposición a la propuesta. Desde entonces, y especialmente desde que el pasado 21 de noviembre Pai diera a conocer su propuesta final, las acciones de organismos, usuarios y senadores, temerosos de que con la aprobación de la iniciativa Restoring Internet Freedom la forma en que los usuarios utilizan Internet no volviera a ser la misma, no han dejado de incrementarse.

Así, algunos de los padres de Internet como el codiseñador de los protocolos TCP/IP Vinton Cerf; el inventor de la red informática mundial (www), Tim Berners-Lee, y el cofundador de Apple Steve Wozniak escribieron este lunes una carta abierta a la FCC en la que urgían a Pai a cancelar la votación de este 14 de diciembre y recriminaban al organismo que preside no entender el funcionamiento de la Red. “La propuesta acelerada y técnicamente incorrecta de la FCC para abolir las protecciones de la neutralidad de la Red, sin ningún reemplazo para proteger a los consumidores, los mercados libres y la innovación online, es una inminente amenaza para el Internet que tanto trabajo nos costó crear. Debe detenerse”, reclamaron.

En la misiva, los pioneros señalaron que “la propuesta de la FCC se basa en una comprensión defectuosa y objetivamente inexacta de la tecnología de Internet” y se remitieron a un comentario conjunto que más de 200 pioneros e ingenieros de Internet enviaron a la agencia el pasado 17 de julio, en el que los expertos mostraron su preocupación acerca de una “falta de entendimiento fundamental” del organismo regulador acerca de la finalidad de Internet, su funcionamiento, las entidades que en él operan y sus similitudes y diferencias con otros sistemas de telecomunicaciones que también regula la FCC. En este sentido, lamentaron que la agencia ignorara las recomendaciones de los expertos y de los usuarios, que también habían manifestado su interés por proteger la Red a través de “más de 23 millones de comentarios”.

Pero esta no fue la única iniciativa social y del sector tecnológico en contra de la nueva norma que proliferó a medida que el día de la votación se acercaba. A dos días de la votación, el colectivo Battle for the Net lanzó la campaña Break the Internet (Rompe Internet), en la que ofreció a los usuarios numerosas fórmulas para tomar partido en la lucha por paralizar la votación y lograr el mantenimiento de la regulación que protege la neutralidad de la Red. De este modo, facilitaban contactar con el Congreso de Estados Unidos —con potestad para revocar las normas aprobadas por la FCC— a través de un formulario y proponían a los usuarios acciones que iban desde cambiar la foto de perfil o el estado en sus redes sociales por imágenes o frases reivindicando la libertad de Internet hasta la simulación en sitios web de lo que podría ocurrir de aprobarse la norma con ventanas emergentes que advertían a los usuarios de que la página que querían visitar había sido bloqueada por su proveedor de servicios de Internet o de que habían excedido su ancho de banda asignado.

Además, casi dos millones de personas firmaron una petición en Change.org a favor de mantener la regulación aprobada con Obama y una encuesta de la Universidad de Mariland reveló que un 83% de los encuestados —entre ellos, 3 de cada 4 de los que se reconocieron votantes republicanos— se oponían a la iniciativa de la FCC.

Pero el mundo de la política también se movilizó en contra de la nueva norma en las semanas antes de la votación. En este sentido, 39 senadores demócratas pidieron en una carta la suspensión de la votación de la “temeraria” propuesta de Pai, la misma petición que el procurador general de Nueva York, Eric Schneiderman, realizó, cuando denunció que la parte del proceso de elaboración de la nueva norma en la que los ciudadanos participan a través de comentarios había sido “corrompida” con comentarios falsos.

La controversia con los bots provocó que este martes la comisaria de la FCC Jessica Rosenworcel y varios miembros del Congreso estadounidense, entre ellos el congresista republicano Mike Coffman, pidieran también posponer la votación. La respuesta del presidente de la agencia llegó a través de un vídeo, que se ha hecho viral, en el que el dirigente  rebaja la importancia de la neutralidad de la Red mostrando siete actividades que los estadounidenses podrán seguir realizando tras la derogación de la norma de Obama. Pai pone como ejemplos compartir fotos de animales monos o hacer compras navideñas online.

La neutralidad de la Red (Net neutrality, en inglés) vuelve a estar en el centro del debate desde que este martes la Federal Communications Commission (FCC)(FCC, agencia estatal encargada de regular las telecomunicaciones en EEUU, anunciara una propuesta para poner fin a regulación aprobada por Obama que la garantizaba.

infoLibre te da algunas claves para entender la medida y sus posibles implicaciones en caso de aprobarse el próximo 14 de diciembre:

¿Qué es la neutralidad de la Red?

Es el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet (ISP, por su nombre inglés) deben tratar a todo tráfico de datos que transita por la red por igual, sin ningún tipo de discriminación o cobro diferencial al usuario en función del contenido o forma de consumo que utilice.

Se trata, en definitiva, de que los ISP —en España los más conocidos son Telefónica-Movistar,  Vodafone y Orange— concedan a todos los proveedores de servicios (por ejemplo, Netflix) el mismo tráfico y, de este modo, se garantice el acceso igualitario a la Red.

¿Quién y qué se ha anunciado?

El presidente de la FCC, el republicano Ajit Pai, anunció este martes que el próximo 14 de diciembre se votará una propuesta bajo el título Restoring the Internet freedom (Recuperando la libertad de Internet, en español) para poner fin a la regulación aprobada por el expresidente Barack Obama en 2015, que garantizaba la neutralidad de la Red.

La FCC propone así recuperar la consideración del servicio de acceso a Internet como un “servicio de información” en lugar de un “servicio básico”, como planteaba Obama, y que le otorgaba una protección especial . De este modo, la iniciativa supondrá que los ISP tengan una libertad casi total para gestionar el tráfico web bajo su criterio.

A través de un comunicado, el republicano explicó que a cambio de esta desregulación —en línea con las actuaciones que viene defendiendo desde su nombramiento— la FCC requerirá a los proveedores de servicios de Internet que sean “transparentes en sus prácticas”, para que los consumidores puedan comprar el plan de servicio que más les convenga y los empresarios puedan disponer de la información técnica necesaria para innovar.

Además, Pai anunció que la Comisión Federal de Comercio (FTC) será el organismo encargado de proteger la privacidad de los consumidores. El documento que recoge la propuesta ha sido presentado este miércoles.

¿Cuáles serían los posibles efectos de la desaparición da neutralidad de la Red?

La propuesta de la FCC abre la puerta al conocido como Internet de dos velocidades, ya que los ISP podrán priorizar el tráfico de los proveedores que, por ejemplo, más paguen a las teleoperadoras en un “carril rápido” o incluso bloquear o ralentizar la velocidad de conexión de los usuarios en función de la cuota que paguen o de la página que estén visitando.

En este sentido, uno de los temores más extendidos es que los proveedores de servicios de Internet puedan ralentizar la velocidad de sus clientes cuando entren en determinados servicios —que compitan con los que ofrece la teleoperadora que el cliente tenga contratada— o que incluso los usuarios deban pagar una cuota extra para acceder a determinadas web a la misma velocidad que visitan otras o contratar paquetes para acceder a determinadas plataformas.

Pero estos no serían los únicos efectos negativos que la revocación de la regulación de Obama podría conllevar. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) advierten de que la nueva dirección de la FCC "invita a un futuro en el que solo sobreviven las empresas de Internet, cable y telefonía más grandes, mientras que cada nueva empresa, pequeña empresa y nuevo innovador es desplazado". Igualmente, denuncia que se suprimirán las voces de las organizaciones sin fines de lucro y de personas ordinarias, al tiempo que los costes se incrementarán. 

En definitiva, la forma en que los usuarios utilizan Internet podría no volver a ser la misma desde el próximo 14 de diciembre.

¿A quiénes beneficiará y a quiénes perjudicará la medida?

El presidente de la FCC, arguyó durante su anuncio que la medida adoptada por la Administración de Obama ocasionó “una reducción de las inversiones en el desarrollo y expansión de las redes de banda ancha y desalentó la innovación”, que ahora pretende recuperar con esta desregulación. Así, Pai expresó estar deseando volver al periodo dorado, bajo el orden del mercado, que desencadenó la revolución digital y benefició “a consumidores de aquí y de todo el mundo”.

Sin embargo, para los contrarios de la iniciativa la medida supone una gran victoria para los proveedores de Internet, como Verizon, AT&T y Comcast y consideran que los grandes perjudicados del fin del Internet igualitario serán los usuarios. La plataforma Change.org ha puesto en marcha una iniciativa para salvaguardar la neutralidad de la Red, de momento cuentan con más de 200.000 firmas.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha designado a Telefónica como operador Telefónicaencargado de la prestación de los servicios universales relativos a la oferta de cabinas y la elaboración y entrega de guías telefónicas al menos durante un año más, después de que el concurso para ambos servicios quedara desierto por la ausencia de participantes, informa Europa Press.

El Boletín Oficial de Estado (BOE) publica este miércoles sendas órdenes en las que obliga a Telefónica a seguir prestando estos servicios desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año, con la posibilidad de que esta designación pueda extenderse hasta el 31 de diciembre de 2018.

El Ministerio explica que la prórroga en un año de la obligación a Telefónica de hacerse cargo de las gestión de las cabinas y la guía telefónica dependerá de si ambos servicios siguen considerándose un servicio universal o esta calificación es suprimida o modificada por la normativa nacional o comunitaria aprobada en materia de comunicaciones electrónicas.

Para la fijación del plazo se ha tenido en cuenta la necesidad del operador designado de contar con un período suficiente para definir y ejecutar un plan de negocio realista, así como la conveniencia de revisar cada cierto número reducido de años las condiciones de prestación en competencia de los distintos elementos del servicio universal.

En este contexto, recuerda que en marzo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) remarcaba que estaba "en claro declive" y aconsejaba replantearse la conveniencia de seguir exigiendo normativamente la prestación de este elemento del servicio universal dado su bajo nivel de demanda y que en un número significativo de países de la Unión Europea ya no se designa operador encargado de su prestación.

A este respecto, añade que la propuesta de la Comisión Europa de septiembre de 2016 de reforma del marco jurídico de las comunicaciones electrónicas en Europa, el denominado Código Europeo de las Comunicaciones, ya no incluye como obligatorio el suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago y la elaboración y entrega de la guía telefónica como parte integrante del servicio universal de telecomunicaciones.

Por todo ello, la orden emitida este miércoles por el Ministerio también prevé que la designación de estos elementos del servicio universal de telecomunicaciones puedan no alcanzar en su integridad el citado período de un año, incluida su posible extensión por un año adicional.

18.161 cabinas

Según datos del Ministerio, el número de cabinas telefónicas a finales de 2016 era de 18.161, mientras que la demanda de guías telefónicas es muy reducida, ya que el número de ejemplares en formato impreso entregados durante 2015 ha sido solamente de 127 y el número de ejemplares en formato electrónico entregados mediante descarga ha sido de 9.998.

Respecto a que se haya optado por designar un único operador para todo el territorio nacional, explica que esto aporta "indudables ventajas" en términos de una mayor simplicidad técnica y operativa en su prestación, mayores sinergias en las condiciones de planificar las mejores opciones para garantizar su prestación, así como en las condiciones económicas que redunden en un menor coste en la prestación del servicio y, en definitiva, proporciona una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del sistema y la prestación de estos servicios.

Por otro lado, el BOE publica una tercera orden relacionada con el servicio universal en el ámbito de las telecomunicaciones relativa al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público.

En este caso, se ha designado a Telefónica como el operador encargado de prestar este servicio para el período comprendido entre el día 1 de enero de 2017 y el día 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive, en todo el territorio nacional.

Monopolio en España es sinónimo de empresas públicas como Telefónica o Campsa. Nacidas en 1924 y 1927, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, no sólo han sido poderosas, también han despertado el recelo ciudadano. “Cómo Acaparan Millones Primo [de Rivera], [Calvo] Sotelo y [Martínez] Anido” fue el chascarrillo que corría de boca en boca en las primeras décadas del siglo XX para completar las siglas del monopolio de petróleos. En efecto, resultó un magnífico negocio que se prolongó hasta 1992. Los precios de los combustibles los fijaba el Gobierno, mientras la red de gasolineras era de las más reducidas de Europa: en 1985 el número de estaciones de servicio por cada 100 kilómetros cuadrados equivalía a 0,93 en España, pero ascendía a 6,4 en Francia, 8,7 en el Reino Unido, 12 en Italia, 22 en Holanda… En agosto de 1990, en plena guerra del Golfo, el monopolio multiplicó por cinco sus beneficios respecto al año anterior. Según publicaba entonces la prensa, la compañía estatal, dueña del 90% de las gasolineras, compraba el crudo a las refinerías a 32 pesetas el litro y lo vendía al consumidor a 72 pesetas el gasóleo y 94 la súper. Poco después, a Campsa se la llevó por delante el mismo viento que desmanteló la mayor parte de los monopolios estatales en España y buena parte del mundo.

Desde entonces, prohibidos también por las leyes europeas, los monopolios, entendidos como operadores únicos y exclusivos en un mercado, no existen en España. Pero sí sobreviven posiciones de dominio e inercias oligopólicas que, al restringir la competencia, siguen haciendo pagar un sobreprecio al consumidor. “Ser grande no es necesariamente ser malo”, resume Juan Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Las Palmas. Y puede ocurrir que en un mercado con múltiples operadores tampoco haya competencia. Incluso la cuota de mercado puede ser “irrelevante” a la hora de determinar si existe monopolio, apunta.

Para detectar esos abusos, la lupa, explica Jiménez, hay que ponerla en la existencia o no de barreras de entrada a ese sector o mercado, en si existe innovación y procesos de concentración y, finalmente, en el precio que paga el consumidor. Además, las empresas con posición de dominio tienen una “especial responsabilidad”, abunda Joan-Ramon Borrell, de la Universitat de Barcelona: ni pueden cerrar el mercado –negarse a vender a alguien– ni pueden cobrar más a unos que a otros sin una razón objetiva.

¿Cumplen estos requisitos el sector energético, financiero, las telecomunicaciones, el transporte aéreo y por ferrocarril?

Superbeneficios

Un estudio elaborado por Santiago Díaz de Sarralde y Bruno Estrada para la Fundación Primero de Mayo de CCOO ha calculado las rentas de oligopolio obtenidas por los bancos, las eléctricas y las empresas de telecomunicaciones en la primera década del siglo. Es decir, la diferencia entre los beneficios de estos tres sectores y el Excedente Bruto Empresarial (EBE), las ganancias del conjunto de la economía, que mide la Contabilidad Nacional. El resultado asciende a 42.622 millones de euros en el caso de los bancos, 82.521 millones en el de las eléctricas y 77.700 millones en el de las telecos. Un total de 202.843 millones de euros en una década, de 2001 a 2009, casi el 20% del PIB.

Por establecer una comparación: el Estado gastó el año pasado en prestaciones de desempleo 20.609 millones de euros. La hucha de las pensiones guarda aún  24.207 milloneshucha. Es decir, los sobrebeneficios de estos tres oligopolios multiplican por 10 esas cifras.

Según el informe, las rentas de oligopolio del sector bancario se dispararon a partir de 2007, con la crisis financiera. La reestructuración forzó las fusiones y restringió la competencia. Sus beneficios se situaron 10 puntos por encima de la media de ganancias del conjunto de la economía. Si las rentas de oligopolio alcanzaban los 2.575 millones en 2006, un año más tarde se triplicaron –7.850 millones– y en 2009 se dispararon hasta los 13.752 millones de euros. Los autores atribuyen esta renta diferencial al “poder de mercado que tienen las entidades financieras, lo que les permite imponer precios (tipos de interés o comisiones) sobre otros agentes económicos, debido en gran medida a las barreras de entrada”. Para crear un banco o para que uno extranjero se instale en territorio nacional, el Banco de España debe autorizarlo. En una entrevista a El País, la directora general de ING, Almudena Román, reconocía recientemente que al banco holandés no le “compensa” pagar la “cara ficha bancaria” que le exige el supervisor para estar registrado como entidad española. Así que rinde cuentas ante el Banco Central de Holanda.

Las rentas de oligopolio de las eléctricas son producto de la “regulación ineficaz” a que están sometidas, continúa el estudio. Los 82.521 millones de “superbeneficios” supusieron un 86,4% en 2008 para este puñado de compañías –los tres gigantes, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, junto a las menores HC Energía y Viesgo–, casi el doble del margen obtenido por el conjunto de la economía ese año –46,6%–. Los autores atribuyen estas cifras y los altos precios de la luz a los costes de moratoria, los costes de transición a la competencia y el déficit de tarifa, las compensaciones que reciben del Estado –del contribuyente–estas empresas.

En el sector de las telecomunicaciones, la desaparición del monopolio estatal de Telefónica –en 1997– tampoco ha abierto mucho más el abanico. La facturación de Movistar, la nueva marca de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete, representa el 44,7% del sector. Si se le suman las de los otros dos grandes, Vodafone y Orange, las tres se reparten casi el 80% del mercado. Si se cuentan las líneas, el trío acumula el 94% de las de telefonía fija y de banda ancha; el 83% de las líneas de voz de telefonía móvil y el 85% de las de banda ancha móvil, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondientes al cierre de 2015.

Así, las rentas oligopólicas del sector se elevaron a 11.383 millones de euros en 2009, un margen del 84,7% que, de nuevo, casi duplica la media de la economía nacional.

Sin embargo, Joan Calzada, profesor de la Universitat de Barcelona, cree que, a diferencia de lo ocurrido con la electricidad, la liberalización de la telefonía ha funcionado razonablemente. Aunque reconoce que los precios soportados por el consumidor nacional son aún más altos que los del resto de Europa, señala que los cambios tecnológicos han potenciado las nuevas entradas en el mercado, algo que no puede decirse del sector eléctrico. Pese a ello, Calzada echa en falta más operadores. En España hay menos que en otros países de la UE “y sólo con que llegara uno más, se notaría”. “Un oligopolio clarísimo de las eléctricas”

“En España ha habido un oligopolio clarísimo de las eléctricas”. Así de contundente se despachaba en 2013 el excomisario europeo de la Competencia Joaquín Almunia, quien denunciaba también la persistencia en España de “las malas prácticas” a las que estaban acostumbrados los monopolios públicos. Joan-Ramon Borrell protesta por las reuniones que celebran públicamente los sucesivos ministros de Industria con las grandes compañías. “Que las empresas se reúnan y pacten no es legal”, asegura, “porque luego dan al Gobierno un mensaje coordinado que es precisamente lo que la ley intenta impedir”.

“Es un lobby muy fuerte, cierto”lobby, admite Mariano Bacigalupo, exsecretario del consejo de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE). También reconoce la existencia de “desequilibrios regulatorios” claros, como el déficit de tarifa –la diferencia entre lo que ingresan las compañías por la factura de la luz y lo que les cuesta suministrar la electricidad– o la sobrerretribución a determinadas tecnologías como la nuclear o la gran hidráulica. Pero precisa que el sector eléctrico español figura entre los avanzados en liberalización, “mejor que Francia o Italia” y sólo por detrás del Reino Unido en cuanto a número de operadores.

Aun así, Bacigalupo cree que todavía hay “mucho recorrido de mejora en la regulación sectorial, necesaria porque, según destaca, el eléctrico nunca será un mercado con la “suficiente madurez competitiva” como para que sólo se le aplique el derecho de defensa de la competencia.

“Ciertamente aún hoy existe una patología excesiva por la tendencia del Gobierno y del sector a pactar la regulación”, concede el exresponsable de la CNE, “una cultura regulatoria donde se da una interacción demasiado intensa y demasiado opaca”. Aunque ya lejos de lo que ocurría en épocas pasadas, cuando las órdenes ministeriales “se escribían en las empresas, se enviaban por fax al ministerio y se publicaban tal cual en el BOE”, relata. Bacigalupo considera “demasiado de brocha gorda” tachar de oligopolio a las eléctricas, un sector “crítico y sensible” donde tampoco sería razonable legislar “de espaldas a las empresas”. Y que ya cuenta con una regulación sectorial “preventiva” que este profesor de Derecho Administrativo considera “bastante incisiva”.

Sólo hay competencia en el 3,5% de las rutas ferroviarias

Donde el monopolio se resiste a desaparecer con más inercia es quizá en el transporte ferroviario. En 1997 Renfe quedó dividida en dos: el gestor de las infraestructuras, ADIF, y Renfe Operadora, la empresa que explota en exclusiva el transporte de viajeros por ferrocarril en España y casi el 90% del transporte de mercancías. En 2006 se liberalizó este último segmento del negocio. Pero, a día de hoy, sólo siete compañías compiten aquí con Renfe: Acciona, Comsa Rail Transport, ACS, Transfesa, Logitren Ferroviaria, Tracción Rail y Transitia Rail.

Uno de los motivos de esta escasez, según el profesor de la Universidad de Las Palmas Javier Campos Méndez, son los elevados cánones que los operadores privados deben pagar y que pueden llegar a equivaler al 40% de sus costes. Una barrera de entrada que puede calificarse “de manual”. El resultado, según los datos de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), es que sólo existe competencia efectiva en menos del 3,5% de las rutas. De hecho, en 2014 la CNMC abrió un expediente sancionador a Renfe por abuso de posición dominante en este segmento que aún no ha cerrado.

En el transporte de viajeros, la entrada de operadores privados en la línea del AVE a Levante, prevista para 2015, ha quedado en suspenso. En cualquier caso, sólo se ofertaba una licencia para un competidor. El Gobierno primero se topó con el escaso interés de las empresas, que se quejaban de los elevados cánones. Y después, con la parálisis sobrevenida de encontrarse en funciones. El pasado enero el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, aplazó a 2020 la liberalización total del transporte por tren.

“El sector ni crece ni es capaz de introducir dinamismo, en buena parte debido a deficiencias institucionales”, concluye Javier Campos en su estudio. Un buen síntoma de ese “poder de mercado” excesivo de Renfe es la falta de transparencia. A diferencia de Aena, operador único aeroportuario privatizado en 2015, Renfe no hace públicos sus datos sobre tráfico de viajeros, que considera información “sensible”.

Aeropuertos que compiten como centros comerciales

En efecto, Aena era otro monopolio público, uno de los que podían considerarse natural, aquél donde la necesidad tanto de inversiones iniciales como de costes de mantenimiento muy elevados hace que un solo competidor opere más eficientemente o que la entrada de nuevos operadores sea imposible. Es lo que ocurre con infraestructuras como la red de alta tensión –que en España gestiona Red Eléctrica Española (REE)– o la red de fibra óptica de Telefónica. También con los aeropuertos y redes ferroviarias. De ahí que, al mismo tiempo, sus propietarios y gestores sean los Estados. En estos casos, España no se distingue de los países de su entorno, casi todos han optado en general por su liberalización y paso a manos privadas.

A juicio de Ofelia Betancor y Mari Paz Espinosa, autoras de un informe sobre el sector publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a los aeropuertos no se les deben aplicar muchos de los principios válidos para los oligopolios. Los denominan “plataformas multilaterales” y el grado de competencia con que operan depende de si existen rivales intermodales –otros medios de transporte–, y de los servicios comerciales que ofrecen. Es lo que ha ocurrido en España con el AVE, que ha obligado a los aeropuertos de Madrid y Barcelona y a las compañías aéreas a intentar frenar el trasvase de pasajeros a la alta velocidad.

En cuanto al segundo factor, en los aeropuertos más pequeños los ingresos “no aeronáuticos”, los comerciales, tienen más peso que en los de mayor tamaño. En el conjunto de los 46 gestionados por Aena, suponen el 28,1% de su facturación, una cifra muy por debajo de la media de la UE, que se sitúa en torno al 50%, según un informe de Juan Santaló y Pilar Socorro también publicado por Fedea.

Ambos profesores concluyen que los aeropuertos de Aena están sujetos a una “escasa competencia real con otros aeropuertos”. Pero, advierten, sus ingresos comerciales les impulsan a bajar las tarifas para atraer más pasajeros, sufren la presión competitiva de la alta velocidad y, en 13 de ellos, la cuota de mercado de la principal aerolínea es superior al 60%, por lo que su “poder de mercado” disminuye.

Las ayudas públicas a Correos

Correos acumula multas de Competencia por abuso de posición dominante. Suma 24,37 millones en sanciones desde 2004 que, posteriormente, han sido anuladas o recortadas en su mayor parte por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. También se encuentra bajo investigación de la Comisión Europea. Su responsable de Competencia, Margrethe Vestager, sospecha que el Estado compensa en exceso a la empresa pública por prestar el servicio postal universal: que las cartas lleguen hasta el último pueblo de España. Considerado como un servicio público irrenunciable, no es rentable para ningún operador privado y Correos lo tiene concedido en exclusiva al menos hasta 2025. Bruselas permite que las empresas perciban compensaciones en estos casos por el déficit que les supone hacerse cargo de esa función básica. Pero investiga si las recibidas del Estado por Correos le otorgan ventajas indebidas.

Es lo que opina Asempre, la asociación que aglutina a los competidores postales. También los órganos de defensa de la competencia, que en sus sucesivos expedientes sancionaban a Correos por dificultar la entrada de nuevas empresas y aplicar a sus grandes clientes –los que le contratan servicios postales por más de 100.000 euros al año– mayores descuentos de los que ofrece a los pequeños operadores, obligados a utilizar la red de la empresa pública.

La facturación de Correos –1.766 millones de euros en 2015–multiplica por 10 la de Unipost, su principal competidor. La Audiencia Nacional reconoció que esos descuentos diferentes estrechan los márgenes de las pequeñas empresas, pero como éstas no han sido “expulsadas del mercado”, rechaza que exista el abuso de posición de dominio que tan claramente constató la CNMC.

Después de cuadriplicar sus beneficios en 2014, hasta alcanzar los 193,9 millones de euros, Correos regresó a las pérdidas el año pasado, 34 millones, las mayores desde 2001. El motivo ha sido precisamente el recorte en la aportación del Estado por el servicio público universal, que descendió en 2015 de 518 a 180 millones.

Loterías gana, la ONCE pierde, el Estado la cubre

En España Loterías del Estado y la ONCE se reparten por ley el mercado del juego. El monopolio estatal de las apuestas se remonta al reinado de Carlos III. En 2011 el Gobierno socialista planeó privatizar el 30% de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, después de modificar la Ley del Juego para regularizar las apuestas online y liberalizar el sector. Pero el anuncio apenas duró unos días. El escaso interés de los inversores y el mal comportamiento de los mercados de capitales en plena crisis hicieron recular al Gobierno para no “malvender” la sociedad, que sólo el año pasado le reportó unos dividendos de 1.556 millones de euros, un 32% más que en 2014. El último ejercicio la sociedad cerró con unos beneficios de 1.778 millones, un 30% más que el anterior. Gestiona la Lotería Nacional, la Lotería Primitiva, los Euromillones y las apuestas deportivas (quiniela e hípicas).

Por el contrario, la ONCE, configurada como una corporación de derecho público de carácter social, pierde mucho dinero cada año. En 2015, 26,22 millones de euros. En 2013 sus números rojos alcanzaron los 87,5 millones. Pero un acuerdo firmado con el Gobierno en 2004 y renovado en 2011, permite a la ONCE cubrir sus pérdidas gracias a una “asignación financiera” del Estado que el Consejo de Ministros aprueba cada año. En el caso de que la ONCE no alcance los objetivos de venta aprobados por el Gobierno, Loterías y Apuestas del Estado le paga, con cargo a los resultados del Euromillones, una cantidad que en 2010 ascendió a 64,5 millones de euros y en 2011 a 88,4 millones, más otros 8,7 de asignación adicional. Así se cubrieron las pérdidas de la organización de ciegos registradas en 2008 y 2009.

Pese a una relación en apariencia tan amistosa, Gobierno y ONCE llegaron a los tribunales por culpa de esa asignación. El Consejo de Ministros acordó en diciembre de 2012 exigir a la organización de ciegos que devolviera 31 millones de euros. La ONCE recurrió y el Supremo falló a su favor en abril de 2014. En total, la organización de ciegos reclamaba el abono de 13 millones de asignación financiera ordinaria y otros 11,5 millones de euros de asignación adicional. En virtud del último acuerdo suscrito, el Estado seguirá cubriendo las pérdidas de la ONCE al menos hasta 2021.

La Comisión Europea ha decidido retirar su polémica propuesta para limitar el 'roaming' gratuito dentro de la Unión Europea a un máximo de 90 días al año, tras las críticas recibidas desde que trascendió la iniciativa a principios de semana, informa Europa Press.

Los servicios de la Comisión retiraron la propuesta "a petición del presidente" del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y trabajan en una "nueva versión", informaron a la agencia fuentes comunitarias.

La Unión Europea pondrá fin en junio de 2017 al sobrecoste por las comunicaciones en itinerancia de los europeos que se encuentren de viaje en otro Estado miembro, pero lo hará con límites para evitar distorsiones del mercado, según acordaron los Estados miembros con la Eurocámara.

Con este mandato, Bruselas presentó el pasado día 5 una propuesta para evitar los "abusos" de los usuarios sobre los servicios de las operadoras móviles.

El documento, que la Comisión definió este viernes como un "borrador", fue presentado a los Estados miembros con el objetivo de que fuera adoptado antes del 15 de diciembre.

El proyecto planteaba que las compañías pudieran imponer un recargo por itinerancia a partir de los 90 días al año de uso del roaming gratuito, que los clientes no podrían disfrutar más de 30 días seguidos.

La polémica suscitada por esta propuesta, que el Ejecutivo comunitario defendió a lo largo de la semana, ha obligado a Juncker a pedir su retirada.

"Era una propuesta técnica que el presidente estima que no es suficientemente buena y que requiere trabajar sobre algo mejor", confirmó en una rueda de prensa el portavoz comunitario, Alexander Winterstein.

Los servicios comunitarios trabajarán ahora en una iniciativa para la que no hay fecha, pero que se espera que sea presentada "pronto".

Según el portavoz, el jefe del Ejecutivo comunitario no había supervisado la propuesta antes de ser presentada, porque se trataba de una cuestión técnica.

En cualquier caso, la Comisión sostiene que los recargos por roaming van a "desaparecer plenamente" en junio de 2017 y que "nada va a cambiar a este respecto".

Aunque insiste en que deben definirse medidas para evitar que el servicio de roaming gratuito sea utilizado por otras razones que las de viajes ocasionales a otros Estados miembros, que el nuevo reglamento define como el "uso justo".

Bruselas apostó por establecer un límite de 90 días basándose en la estimación de que cada europeo viaja una media de doce días al año a otros países de la UE, por lo que considera que el periodo cubría sobradamente las necesidades de los usuarios.

Además, los servicios de la Comisión insistieron en que los 90 días no eran un tope fijado a las compañías, sino un mínimo exigido, por lo que no impedía a las operadoras seguir ofreciendo tarifas o abonos más ventajosos.

El Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (Berec, por sus siglas en inglés) publicó este martes las nuevas directrices a favor de la neutralidad de la red, cuyo contenido ha sido celebrado por las organizaciones tras la campaña Savetheinternet.eu. En un primer análisis, aseguran que lo aprobado confirma una protección fuerte para "el Internet abierto y libre" en la Unión Europea. "La lucha por la neutralidad de la red y por la aprobación de legislaciones que la blinden legalmente es una lucha clave para la democracia en el siglo XXI. Y la estamos ganando", aseguró en un comunicado uno de los grupos detrás de las reivindicaciones, Xnet.

Berec culmina este martes un proceso de tres años de adopción de la legislación de la neutralidad de la red, que incluyó una consulta pública este junio en la que participaron 500.000 personas. El concepto 'neutralidad de la red' defiende la ausencia de barreras o de prioridades de acceso a la información que circula por Internet, algo que el organismo regulador blinda con sus recién estrenadas directrices.

Savetheinternet.eu

ha informado durante estos meses de varias iniciativas que, a su juicio, la ponían en cuestión. En primer lugar, el zero rating o tasa cero, una práctica comercial mediante la cual el acceso a determinados servicios no se contabiliza en el límite mensual de descarga del cliente de una red móvil. Facebook lo ha implantado en algunos países, algo que, afirma Xnet, perjudica a las nuevas empresas o las más pequeñas y limita la innovación.

La restricción del tráfico es otra de las prácticas que podían comprometer dicha neutralidad. Una operadora de Internet puede aplicar barreras a determinados servicios por sus propios intereses comerciales. Xnet denunció la baja calidad del servicio de Netflix que sufren los clientes de Movistar, que cuenta con su propia plataforma para proveer contenidos. Por último, los "servicios especializados" (servicios que necesitan una mayor fiabilidad y, por lo tanto, una prioridad en el tráfico, como una aplicación de telemedicina) podrían ser utilizados, advierten, para poner en ventaja a aplicaciones que realmente no se ajustan a los requisitos de esta condición.

Según la organización, las nuevas reglas de Berec acotan el uso de servicios especializados y de las restricciones del tráfico y, con respecto al zero rating, se apuesta por el enfoque caso por caso. "En conjunto cabe que felicitar al BEREC por el gran trabajo y su negativa a ceder a la presión del lobby de las telecomunicaciones lobby", asegura Xnet.

Sin embargo, en el caso de España, advierten, no hay que bajar la guardia. La organización explica que en nuestro país la aplicación de estas normas de neutralidad de la red no dependen de organismos reguladores independientes, sino del Ministerio de Industria.

"Dado el historial de puertas giratorias entre Gobierno y empresas de telecomunicaciones y su tendencia a ser cercano al lobby, nos preocupa que Industria sea el organismo que supervise las prácticas llevadas a cabo por los proveedores de Internet para velar por la neutralidad de la red", señalan.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 6 millones de euros a Telefónica y de 300.000 euros a Yoigo por los acuerdos firmados entre ambas compañías para compartir redes en agosto de 2013, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

El organismo presidido por José María Marín Quemada abrió en noviembre de 2013 un expediente sancionador a Telefónica y a Yoigo en relación con estos acuerdos al entender que existían "indicios racionales" de prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia y más de año y medio después ha decido sancionar a ambas compañías.

Las fuentes han explicado que, si bien la multa a imponer ante este tipo de estas prácticas puede ser de hasta un máximo de un 10% de la facturación de las empresas, las sanciones se gradúan según la gravedad de los hechos teniendo en cuenta los ingresos y el tamaño de las compañías en el mercado. Telefónica es la primera compañía por cuota de mercado en móvil, mientras que Yoigo es la cuarta.

El diario Expansión, que adelantó la información en su edición del sábado, señala que Telefónica España es 14,8 veces más grande que Yoigo en ingresos, mientras que el importe de la multa es veinte veces superior.

Según fuentes del mercado, el expediente estudiaba distintos acuerdos firmados en 2013 por las compañías, como el uso por parte de Telefónica de la red 4G de Yoigo, que según la CNMC no genera eficiencias suficientes para el mercado que lo justifiquen.

Además, la Comisión ha analizado la reventa por parte de Yoigo de productos minoristas de Telefónica, el denominado Fusión a lo Yoigo. Para el regulador, este acuerdo, si bien fue positivo porque permitió la comercialización de productos convergentes por parte de Yoigo, y por tanto más competencia para el mercado, incluía algún aspecto que no era competitivo, como el hecho de que cada seis meses Telefónica podía decidir rescindir este acuerdo unilateralmente. La CNMC indica en su resolución que esto permite a Telefónica "disciplinar" el comportamiento de Yoigo.

El acuerdo incluía además la compra por parte de Abertis de un paquete mínimo de 4.227 torres de telefonía a estos dos operadores en varias fases. El organismo regulador no ve problemas de competencia en esta operación.

Preacuerdo con Telecable

Asimismo, el expediente analiza el acuerdo de roaming por el cual Yoigo utiliza la infraestructura de Telefónica para cubrir las regiones del territorio español donde no alcanza con red propia. Este acuerdo, que data de 2008, incluye una cláusula que la CNMC considera anticompetitiva y que impide a Yoigo revender a terceros la red de Telefónica.

La eliminación de esta cláusula permitiría a Yoigo alcanzar alianzas mayoristas con otros operadores de telecomunicaciones, como Telecable. En este sentido, el consejero delegado de Yoigo, Eduardo Taulet, señaló a Europa Press recientemente que la compañía había firmado un preacuerdo con la operadora asturiana que le podría suponer unos ingresos de 40 millones de euros.

Taulet advirtió entonces que el grupo ya se ha puesto en contacto con la compañía de telecomunicaciones gallega R, e incluso con algún operador de los llamados étnicos, y recordó que por cuota de mercado, los OMVs –que podrían ser clientes potenciales– doblan a Yoigo.

El presidente de Telefónica, César Alierta, recibió una remuneración total de 5,7 millones de euros en el ejercicio 2014, lo que supone una disminución del 8% respecto a los 6,2 millones de euros percibidos el año anterior, según ha explicado la compañía en el informe anual a directivos remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta cantidad se compone principalmente de un salario fijo de 2,2 millones pagado en mensualidades durante el año 2013 y un variable a corto plazo, sujeto a desempeño y a la consecución de objetivos, de 3 millones de euros.

Por su parte, la remuneración de José María Álvarez-Pallete, el consejero delegado, se situó en 4,9 millones, compuesto por un salario fijo de 1,9 y un variable de 2,9 millones.

En conjunto, incluyendo los salarios fijos y variables de los consejeros ejecutivos de Telefónica, la remuneración total de los consejeros se situó en 25,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,2% respecto al año anterior. En concreto, la retribución total percibida por los consejeros, en su condición de tales, fue de 3,48 millones de euros en 2014, ligeramente inferior a los 3,5 millones de 2013, por asignación fija y dietas, lo que supone la congelación de esta partida.

Por su parte, la remuneración total de la alta dirección de la compañía, excluidos los ejecutivos pertenecientes al consejo, sumó un total de 10,5 millones de euros.

FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y autoridades de protección al consumidor autonómicas que abran una investigación para conocer "qué empresas se lucran ilegalmente utilizando teléfonos de atención al cliente con prefijo 902 para ingresar un porcentaje del importe que pagan los usuarios por las llamadas".

Del mismo modo, la organización ha denunciado a dieciséis proveedores de servicios de telecomunicaciones que "ofrecen la contratación de líneas 902 con el reclamo de obtener un beneficio económico por cada llamada recibida". "Tanto estas empresas como los clientes que utilizan estas líneas con fines lucrativos vulneran la legislación en materia de protección de los consumidores como la de telecomunicaciones", asegura.

Facua argumenta que las líneas 902 "tienen tarifas especiales y no están incluidas en los bonos y tarifas planas" de las compañías de telecomunicaciones, por lo que "llamar a ellas representa un importante sobrecoste para los usuarios".

A juicio de la organización, esta práctica "da cada vez peor imagen a las empresas e instituciones que los utilizan, en lugar de usar los prefijos gratuitos 900 y 800 o de numeraciones convencionales –prefijos geográficos–". Es por ello que asocia este hecho a un beneficio económico por parte de las compañías.

Dieciséis proveedores denunciados

Los proveedores denunciados por Facua por ofertar estas líneas son Eagertech 21, Elmuelle Servicios Hosting, Persé Comunicaciones, Urban Network Solutions, New Business Synergies, Sysba NK International, Global Telecom, Suministro y Asistencia Tecnológica, Zebramedia Technology Systems, Nuevas Inversiones Tecnológicas Asociadas, Placavoz, Cetait, Midworld Networks, Globomail, Comersites y Aplicaciones de Servei Monsan. Las denuncias han sido remitidas a la la CNMC, Aecosan y autoridades de protección al consumidor autonómicas.

Qué dice la ley

El Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Numeración Telefónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi), define los 902 como "números de tarifas especiales sin retribución para el llamado". "Esto quiere decir que la empresa a la que llamas no recibe dinero por esa llamada", aclara la CNMC en su web. Según Facua, "beneficiarse con las llamadas a los teléfonos de atención al cliente también es una práctica prohibida en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios".

Y es que el artículo 21.2 de dicha ley señala que "en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica. A tal efecto, se entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario", señala el artículo 21.2 del texto refundido de la citada ley.

Los operadores de telecomunicaciones han pedido al Ministerio de Industria acortar al máximo los plazos para la liberación del dividendo digital y poder así disponer cuanto antes de las frecuencias de 800 MHz para servicios de cuarta generación móvil, según han informado fuentes de los operadores a Europa Press.

Las compañías han incluido esta petición entre las alegaciones que se presentarán a Industria en relación al plan técnico que va a permitir la liberación definitiva de esta parte del espectro radioeléctrico, ocupada ahora por cadenas de televisión, y que permitiría llevar el 4G a poblaciones más pequeñas, dar mayor cobertura geográfica y ofrecer una mejor calidad en el interior de edificios.

Con el objetivo de asegurar que las frecuencias de 800 MHz estén disponibles para el despliegue de redes LTE (Long Term Evolution) es fundamental llevar a cabo el cese de las emisiones de televisión que actualmente emplean esta banda.

Se contempla que pase de un mes a 15 días el plazo que se da para que desde la publicación del Real Decreto en el BOE, los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva emitan en los nuevos múltiples asignados.

En caso de que no se acepte la reducción del plazo, se propone dar una fecha concreta con el fin de garantizar que se cumple con los periodos fijados, que establecen el 31 de diciembre de 2014 como fecha límite para el cese de las emisiones de televisión en la banda de 800 MHz.

Telefónica, Vodafone y Orange, que actualmente han desplegado en España el 4G en las bandas 1.800 Mhz y 2.600 Mhz, ya desembolsaron 1.300 millones de euros en 2011 para poder disponer de la banda de 800 Mhz.

Fuentes de los operadores han indicado que les hubiera gustado que el plan técnico incluyera alguna referencia al segundo dividendo digital al fin de atender a la futura liberación de la banda 700 MHz, también para comunicaciones móviles, de forma que se minore los costes y perjuicios para los ciudadanos.

El pleno de la Eurocámara ha aprobado este jueves –por 534 votos a favor, 25 en contra y 58 abstenciones– el paquete legislativo para prohibir el recargo tarifario por el uso del móvil en el extranjero conocido como roaming, tanto para las llamadas como para los mensajes de texto o para navegar por Internet, como muy tarde a partir del 15 de diciembre de 2015.

Los eurodiputados han respaldado además reglas más estrictas para impedir que las compañías de telecomunicaciones puedan bloquear o ralentizar servicios rivales como Skype o Whatsapp, reforzando así la neutralidad de la red.

Las nuevas normas chocan con las grandes operadoras europeas, como Telefónica, France Telecom o Deutsche Telekom, que alegan que la supresión del roaming reducirá sus ingresos y se traducirá en un recorte de las inversionesroaming necesarias para desplegar las nuevas redes de fibra óptica.

La asociación que las agrupa, GSMA, ha dicho en un comunicado tras la votación que las reglas sobre neutralidad de la red "obstaculizarán la inversión y la innovación y limitarán la disponibilidad de servicios a medida diferenciados según la calidad y el precio, además de introducir restricciones adicionales en la gestión esencial del tráfico".

El futuro de este paquete legislativo es todavía incierto porque justo ahora concluye la legislatura y las prioridades del próximo Parlamento que salga de las elecciones del 25 de mayo podrían cambiar. Además, los Gobiernos todavía no han alcanzado un acuerdo entre ellos para negociar con los eurodiputados. La vicepresidenta de la Comisión y responsable deTelecomunicaciones, Neelie Kroes, ha dicho en un comunicado que espera un acuerdo a finales de 2014.

"Este voto es la respuesta que da la UE a las expectativas de los ciudadanos. Se trata precisamente de la razón de ser de la Unión: hacer la vida de los europeos más fácil y más barata", ha resaltado Kroes. "En 2010, prometí acabar con los costes de itinerancia antes de finales de 2015, y ahora estamos a solo un paso de lograrlo", ha asegurado.

Por su parte, la ponente parlamentaria, la eurodiputada popular Pilar del Castillo, ha celebrado que "además de eliminar los costes del roaming para millones de usuarios, el Parlamento ha aprobado una serie de medidas para una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico y a la vez impulsar la inversión en el sector de las comunicaciones electrónicas, lo que va a permitir un despliegue más rápido de las tecnologías 4G y 5G en Europa".

Las nuevas reglas exigen la abolición de las tarifas minoristas de roaming para vozroaming, mensajes de texto y datos para el 15 de diciembre de 2015. Además, se ha añadido una cláusula para revisar las tarifas mayoristas en junio de 2015 y si se detectan problemas, la Comisión podría presentar propuestas legislativas.

Finalmente, se han incluido disposiciones sobre "uso razonable" con el objetivo de garantizar que los clientes no abusen de las nuevas reglas, por ejemplo comprando un teléfono en Lituania pero usándolo siempre en Reino Unido beneficiándose de los precios lituanos. Este tipo de usos se controlará y no se permitirá cuando sea excesivo.

Servicios especializados y neutralidad en la red

En materia de neutralidad de la red, la Eurocámara prohíbe bloquear, ralentizar o degradar determinados servicios en Internet y exige el tratamiento no discriminatorio de los paquetes de datos.

Las empresas podrían seguir ofreciendo servicios especializados de calidad, como los vídeos a la carta o las aplicaciones de almacenamiento de datos en la nube, siempre que no vayan "en detrimento de la disponibilidad o la calidad de los servicios de acceso a internet", subraya el texto. En este sentido, la Eurocámara deja claro que estos servicios especializados no pueden acabar sustituyendo a los servicios de Internet.

Los diputados han acotado la lista de "casos excepcionales" en los que los proveedores de Internet podrían bloquear o ralentizar la conexión. Esta práctica estaría permitida cuando así lo dicte un tribunal, para preservar la integridad y la seguridad de la red o para mitigar los efectos de la "congestión temporal y excepcional" de Internet.

El texto aprobado deja claro que estas medidas de "gestión del tráfico" deben ser "transparentes, no discriminatorias y proporcionadas" y "no se mantendrán más de lo necesario".

Los eurodiputados han insertado además disposiciones para facilitar la comercialización y el alquilar de los derechos para utilizar el espectro. Estos derechos deberán ser válidos durante un periodo de al menos 25 años para impulsar la inversión, la innovación y la competencia.

La Asociación de Usuario de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) pide a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición que Jazztel y Vodafone que dejen de cobrar un plus por el envío de sus facturas en papel a los usuarios.

Según la asociación, el antiguo Instituto Nacional del Consumo –actual Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición– emitió un informe en julio de 2013 en el que calificaba como abusiva esta práctica. “El cobro a las personas consumidoras que realizan determinadas compañías telefónicas para la emisión de la factura en papel –señalaba– sería una práctica abusiva de conformidad con la previsión recogida en los artículos 82 y 86.7 del texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias”.

Además, Adicae se refiere a la reciente modificación de la Ley de Defensa de los Consumidores aprobada el pasado jueves y que entró en vigor este sábado. Según precisa, "no se puede cobrar por este derecho de los consumidores". En concreto recoge en su artículo 63 que “en los contratos con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a recibir la factura en papel”. Además indica que “no podrá quedar condicionado al pago de cantidad económica alguna”.

Pese a todo, la asociación de usuarios sostiene que Vodafone y Jazztel siguen cargando este gasto de 1,21 euros a los usuarios por cada factura enviada, incluso a los que sólo tienen contratada tarifa de voz y no de Internet. Pero según el comunicado de la entidad, Vodafone afirma que “esa nueva ley de defensa de los consumidores [...] todavía no ha entrado en vigor [...] Hasta entonces no varía la política en cuanto a su factura y el coste de envío en papel es de 1,21 euros (IVA ya incluido)”. Por su parte, Jazztel cree que “no puede considerarse un obstáculo oneroso, ni desproporcionado [...] siendo el envío de la factura física en papel un servicio adicional, cuyo coste debe asumir el cliente”.

Llegados a este punto, la asociación ha anunciado que ha trasladado esta práctica a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la Agencia Española de Consumo, "exigiendo a estos organismos que velen porque se extingan estas prácticas abusivas". Además, pide que sean ambas compañías las que devuelvan las cantidades cobradas a los clientes sin necesidad de que estos últimos tengan que reclamar. De lo contrario, indican, los servicios jurídicos de la asociación estarían dispuestos a emprender medidas legales. De hecho, han puesto a disposición de los usuario un modelo de reclamación para pedir que las empresas devuelvan estos conceptos de pago.

La operadora británica Vodafone ha confirmado la compra de la firma de cable Ono por un importe total de 7.200 millones de euros, incluyendo la deuda del grupo español.

La compañía ha comunicado al regulador bursátil de Reino Unido que con esa operación espera lograr sinergias de costes e inversiones en capital (capex) de aproximadamente 240 millones de euros anuales, antes de los costes de integración y una vez transcurridos cuatro años del cierre de la operación, lo que supone un valor actual neto, integrando los costes, de 2.000 millones de euros. Además, la firma espera sinergias en ingresos por un valor actual neto de 1.000 millones de euros.

La transacción, pendiente de la aprobación de las autoridades regulatorias, valora a Ono en 7,5 veces el Ebitda. Una vez comunicada la operación, las acciones de Vodafone en la Bolsa de Londres subían un 1%, hasta las 2,24 libras por título (unos 2,68 euros).

Vodafone ha indicado que la transacción acelera la estrategia de la firma de ofrecer servicios de comunicación unificados en un mercado europeo altamente convergente, lo que proporciona una significativa ventaja en lo que significa el desarrollo de la redes y es complementario con el programa de despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) que está llevando a cabo el grupo en España .

Ono alcanza con su red de nueva generación a 7,2 millones de hogares y ofrece servicios a 1,9 millones de clientes en 13 de las 17 comunidades autónomas en las que está presente. A su vez, Vodafone cuenta actualmente con cerca de 14 millones de clientes de telefonía móvil y unos 900.000 clientes de fijo.

Ono cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de 24,68 millones de euros, frente al saldo positivo de 52,3 millones de euros del año anterior, mientras que sus ingresos totales mejoraron un 1,6% en 2013, hasta los 1.598 millones de euros. La compañía de cable finalizó el año con 1,08 millones de clientes de móvil, 1,53 millones de clientes de Internet y 1,8 millones de clientes de telefonía fija.

Ofertas convergentes

El consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, ha indicado que con esta operación se crea un proveedor de comunicaciones integradas líder en España, lo que representa una oportunidad para crear una oferta de valor. "La demanda de productos y servicios de comunicaciones unificadas se ha incrementado significativamente en los últimos años en España, y esta operación, junto con nuestro programa de fibra hasta el hogar, acelerará nuestra capacidad de ofrecer las mejores ofertas integradas", ha afirmado Colao.

Por su parte, el presidente de Ono, José María Castellano, ha indicado que esta adquisición refleja la posición atractiva de Ono como el proveedor líder en España de banda ancha de alta velocidad, televisión de pago y comunicaciones fijas. "Como parte de Vodafone, Ono continuará aprovechando nuevas oportunidades de crecimiento y ofrecerá la calidad que los clientes esperan", ha asegurado Castellano.

Morgan Stanley ha actuado como asesor financiero de Vodafone, mientras que el asesor financiero principal de Ono en esta operación ha sido Deustche Bank. Otros asesores de la española han sido Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, UBS, Ernst & Young, y Weil, Gotshal & Manges.

De cerrarse finalmente la operación, se paralizará la salida a bolsa de Ono, que se aprobó este jueves durante la junta de accionistas de la compañía española. El debut bursátil previsto inicialmente para primavera contemplaba la emisión de unos 1.000 millones de euros en acciones, entre oferta pública de venta (OPV) y oferta pública de suscripción (OPS).

Vodafone ha mostrado su interés por la cablera e incluso alcanzó un preacuerdo con algunos de los accionistas de referencia de Ono, pero de momento no ha presentado una oferta vinculante por la compañía. El pasado fin de semana se inició la negociación actual con el conocimiento del máximo órgano ejecutivo del grupo, que ha abierto así sus cuentas a la firma británica.

Ono cuenta actualmente con capacidad para prestar los servicios de banda ancha de alta velocidad a más de 7 millones de hogares y cuenta con una red exclusiva para sus clientes de más de 45.000 kilómetros repartidos por toda España.

Vodafone cuenta actualmente con cerca de 14 millones de clientes de telefonía móvil y unos 900.000 clientes de fijo, por lo que, en caso de acabe controlando la firma de cable española, dispondría de nuevas oportunidades de ofertas convergentes.

Wassily Leontief, economista, ideó un instrumento estadístico, las denominadas "tablas intersectoriales" (Input-Output) que le valieron en 1973 el premio Nobel de Economía. Las tablas radiografían las "tripas" de la economía y pueden servir para poner colorados a quienes defienden la vía del ajuste de salarios, la ya famosa devaluación interna, como única fórmula para arreglar los desequilibrios de la economía mientras se pasan por alto los elevados beneficios acumulados por sectores que han operado sin apenas competencia.

Un estudio elaborado por el economista Bruno Estrada, director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo y miembro de Economistas Frente a la Crisis, estima que las denominadas "rentas de oligopolio" (beneficios empresariales obtenidos por encima de la media nacional) de los sectores financiero, de telecomunicaciones y eléctrico entre 2000 y 2009 sumaron 202.803 millones de euros en el periodo.

El desglose es el siguiente: 82.521 millones de sobrebeneficio en el sector eléctrico (como publicó infoLibre el pasado 2 de marzo); 42.622 millones en el sector financiero (banca) y 77.700 millones en el sector de las telecomunicaciones. Total: 202.843 millones de euros.

El efecto de la falta de competencia en los beneficios de los grandes oligopolios se observa bien en las tablas del sector financiero. Los porcentajes de beneficio del sector empiezan a diferenciarse de la media nacional año tras año a partir del estallido de la crisis en 2007-2008.

Una ecuación sencilla

Se cumple la ecuación: menos bancos para el mismo negocio, con menos trabajadores, igual a más beneficio. Así, la "renta de oligopolio" bancaria da un espectacular salto entre 2006 (2.575 millones) y los años siguientes, 2007 (7.850 millones); 2008, 10.739 millones y 2009, 13.572 millones.

Las tablas input-output (TIO) muestran la producción total de cada sector productivo y cuál es el destino de esa producción: cuánto de lo producido lo compra el consumidor y cuánto lo adquieren cada uno de los demás sectores.

Los datos, en opinión de Estrada, revelan dónde descansa el gran ajuste de la economía. "La devaluación salarial ha supuesto una rebaja salarial media del 2%rebaja salarial, según datos del Banco de España para 2012 sobre un total de remuneración de asalariados a escala nacional de unos 450.000 millones" explica el economista. "Suponen un menor coste agregado para las empresas de 9.000 millones. Mientras, el conjunto de las empresas y de los particulares han venido pagando un sobrebeneficio a las empresas eléctricas, de telecomunicaciones y financieras de unos 39.000 millones anuales con datos de 2009. La pregunta es simple: para ser más competitivos ¿hay que devaluar los salarios o los sobrebeneficios?"

Estrada califica el dinero cobrado de más por las empresas de los tres sectores como "rentas de oligopolio", definido éste como un grupo reducido de compañías que venden el mismo producto y que cuando no compiten, aumentan el beneficio en perjuicio de los compradores.  

Los sectores más polémicos

Los tres sectores analizados, telecos, banca y energía son, precisamente, los que más recelos despiertan entre los consumidores. Las operadoras de telecos, según la organización de consumidores FACUA, encabezan el ranking de denuncias por supuesto fraude desde hace una década. En banca, electricidad y gas, las denuncias se han disparado en el último año.

Las críticas de FACUA coinciden con otros estudios como el de Kelisto que también muestran cómo en los últimos ejercicios se incrementaron las reclamaciones de los consumidores en sectores que son clave para el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, en 10 años las reclamaciones a la banca registradas en el Banco de España aumentaron un 234%.

El aumento de las reclamaciones discurrió en paralelo a la falta de interés de las entidades por resolverlas. En 2002, las entidades financieras ignoraron un tercio de las reclamaciones favorables a los consumidores. En 2012, ese porcentaje llegó al 82%.

Concentración de poder

Son las consecuencias de la gran concentración económica y de poder en grupos empresariales en la economía española. Los datos lo muestran. Los seis bancos del Ibex-35 (Santander, BBVA, Popular, Sabadell y CaixaBank y Bankinter) suponen un 36,4% del índice y siete empresas del sector energético (Iberdrola, Repsol, Abengoa, Gas Natural, Red Eléctrica, Endesa y Enagás) representan un 19%.

Una sola compañía, Telefónica, la principal empresa del sector de las telecomunicaciones, representa el 14,4% del valor total en Bolsa del Ibex-35. Queda un hueco para las siete grandes del sector de la construcción e infraestructuras de transporte (ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, OHL, Sacyr Vallehermoso y Abertis), que suponen el 7,5%. Es una concentración en pocas manos.

Estrada, el autor del informe, sostiene que esa concentración convive con la existencia de "un elevado número de regulaciones de la actividad económica, pero que luego son incumplidas sistemáticamente".

Para estimar el beneficio empresarial que deberían haber obtenido los sectores analizados en condiciones de competencia (beneficio empresarial eléctrico en media nacional), el economista Estrada ha multiplicado la remuneración de asalariados de los sectores por el porcentaje de beneficios empresariales medios de la economía y lo ha dividido por el porcentaje de la remuneración de asalariados media de la economía. Las tablas input-output llegan hasta el año 2009 porque son las últimas publicadas oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Esta desconexión se ejecutará, según establecbece la sentencia, sin que sea preciso comprobar que el usuario compartía los archivos con ánimo de lucro ya que considera de forma genérica infracción el mero hecho de descargar y compartir archivos protegidos.