El actor Chuck Norris falleció el jueves por la mañana a los 86 años, tras sufrir una emergencia médica repentina. El maestro en artes marciales había compartido días antes, con motivo de su cumpleaños el 10 de marzo, un mensaje que reflejaba su característico sentido del humor: "Yo no envejezco, subo de nivel".

De su legendaria pelea con Bruce Lee a su papel como héroe justiciero en 'Walker, Texas Ranger' y su transformación en fenómeno viral, Chuck Norris se consolidó como una figura icónica del cine de acción y la cultura popular.

Nacido en 1940 en Ray, Oklahoma (EEUU) como Carlos Ray Norris, inició su formación en la Fuerza Aérea a finales de la década de 1950. Fue allí donde recibió el apodo de 'Chuck' y comenzó su entrenamiento en artes marciales durante su destino en Corea del Sur.

A su regreso, Norris se formó en boxeo y karate mientras trabajaba en la empresa aeronáutica Northrop Corporation. Más tarde abrió su propia escuela y fue campeón mundial en 1968. Un título que obtuvo en varias ocasiones hasta su retiro en 1974.

El triunfo de 1968 en el karate profesional impulsó a Norris a iniciar su carrera en el cine, cuando el productor de 'The Wrecking Crew' lo invitó a participar como guardaespaldas en la película, en la que compartió pantalla con Dean Martin en una intensa escena de confrontación, y que le permitió obtener su carnet del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG).

Las escuelas de artes marciales de Norris se expandieron por California y entre sus alumnos se contaban estrellas como Priscilla Presley, Bob Barker, Donnie y Marie Osmond, y Steve McQueen. Fue este último quien lo motivó a tomar clases de actuación, reconociendo su potencial y alentándolo a seguir una carrera en el cine.

Durante esta etapa desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

Fue en 1972 que el éxito cinematográfico llegó cuando participó en 'The Way of the Dragon' ('El furor del Dragón', en España), la película protagonizada, escrita y dirigida por Bruce Lee.

En su escena más recordada, Norris se enfrenta a Lee en un intenso combate en el Coliseo de Roma, una pelea que combina técnica, fuerza y estrategia, y que se convirtió en un clásico del cine de artes marciales por su realismo y espectacular coreografía.

A esta cinta le siguieron a varias más como 'Breaker! Breaker!' (1977), 'The Octagon' (1980), 'Lone Wolf McQuade' (1983), 'Missing in Action' (1984), 'The Delta Force' (1986), entre otras.

En 1993, el actor consolidó su carrera como estrella de acción y figura de la cultura pop con la serie de televisión 'Walker, Texas Ranger', en la que interpretó a Cordell Walker, un ranger de Texas que lucha contra el crimen con su estilo de combate y código moral firme.

La serie tuvo un éxito mundial y se extendió hasta 2001 proyectándose ante el mundo como un héroe implacable pero justo, que posteriormente alimentaría su estatus de icono de internet.

Los 'Chuck Norris Facts' fueron frases satíricas y humorísticas que se popularizaron en internet entre 2005 y 2006 exagerando sus capacidades hasta lo imposible: "Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo", "Chuck Norris contó hasta el infinito dos veces" o "Chuck Norris no lee libros: los mira fijamente hasta que le explican todo", son algunos ejemplos.

Tras varios años alejado de las producciones, regresó en 2024 con la película 'Agent Recon'.

Norris fue un reconocido simpatizante del Partido Republicano y manifestó públicamente su apoyo a diversas figuras conservadoras a lo largo de los años, entre ellas Ronald Reagan y Donald Trump.

El actor respaldó oficialmente a Trump en las elecciones de 2016 y continuó mostrando su apoyo en las elecciones posteriores.

A lo largo de su vida Norris recibió varios reconocimientos. En 1989 consiguió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1999 fue incorporado al Salón de la Fama de las Artes Marciales. En 2007 fue nombrado marine honorario de Estados Unidos.

En 2004 publicó su libro autobiográfico 'Against All Odds: My Story'.

La investigación por la filtración de datos personales de políticos y periodistas llevada a cabo por un joven canario que operaba en la red con el alias de Akkaspace seguirá, al menos por el momento, en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, ha rechazado el intento de la Fiscalía de que el caso se reduzca a un simple delito de descubrimiento de datos reservados y se envíe a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. En un auto del pasado lunes, al que ha accedido infoLibre, el magistrado sostiene que los hechos pueden tener encaje en un delito de terrorismo. Y, por tanto, la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigarlos. Una decisión que tanto el Ministerio Público como las defensas de los investigados tienen previsto recurrir en apelación.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaba colgando en un conocido foro de doxing –práctica que se refiere a revelar datos de terceras personas sin su consentimiento– información privada de miembros del Ejecutivo –entre ellos el presidente, Pedro Sánchez–, de las Cortes Generales o de periodistas. Se registraron, en total, tres publicaciones con números de DNI, direcciones de domicilio o correos electrónicos. Dos de ellas, protagonizadas por un tal Akkaspace, alias tras el que se escondía un joven canario llamado Yoel que fue detenido, junto con otro muchacho, un par de semanas después.

Tras más de medio año de investigación, la Fiscalía solicitó a finales de enero al instructor que se inhibiera y enviara el caso a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacía al entender que los hechos no eran constitutivos de delitos de terrorismo. Como mucho, se estaría ante un descubrimiento y revelación de datos reservados, recogido en el artículo 197 del Código Penal y castigado con penas de prisión de uno a cuatro años. En su escrito, la fiscal exponía que se seguía "desconociendo" de "dónde" habían "podido obtener" dichos "datos" los investigados. De hecho, aseguraba que pese a todas las diligencias no constaba acreditado que hubieran sido obtenidos "mediante el ataque" a alguna base de datos del Gobierno, Poder Judicial, Tribunal Supremo o Constitucional.

"La conducta desarrollada [...] en ningún caso puede ser calificada como constitutiva de un delito de terrorismo [...]; por más que Yoel haya puesto de manifiesto su animadversión al Partido Socialista, no podemos sin más llegar a la conclusión de que la publicación de datos personales de políticos, periodistas y otros sujetos de actualidad política [...] fuera, ni más ni menos, que la de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones políticas, estructuras económicas o sociales del Estado, o la de alterar gravemente la paz pública o la de provocar un estado de terror en la población", aseveraba la representante del Ministerio Público.

Una inhibición de la Audiencia Nacional a la que se oponía alguna de las acusaciones: "Estamos no solo ante un ataque al derecho a la intimidad de cada una de las personas afectadas sino, claramente, un ataque a las instituciones del Estado y al llamado cuarto poder". Y que acaba de rechazar finalmente el instructor. En un auto fechado el pasado 16 de marzo, el magistrado se mantiene en la tesis de que los hechos investigados "podrían ser constitutivos" de un delito de terrorismo, "afectando a numerosas personalidades de diversas instituciones públicas y privadas".

"Del resultado de lo investigado hasta el momento, como se pone de manifiesto en los diversos informes policiales, se revela una afectación directa a altas instituciones del Estado y sus personalidades", señala. El magistrado considera "ilustrativa", en este sentido, la "declaración" de uno de los "investigados", que "llega a reconocer", en relación con sus ataques, que "actuaba" movido por la "sensación de corrupción generalizada" y con un doble objetivo: dar, por un lado, una "reprimenda" a esas "personalidades" y, por otro, lanzar una "advertencia" para que "desistan en su comportamiento corrupto".

"Esta actuación encajaría en las finalidades previstas en los tipos previstos en la circunstancia primera del artículo 573.1 y en el 573.2 del Código Penal –delitos de terrorismo–, pues claramente con su actuación a través de las graves filtraciones de datos pretenden, mediante esa 'reprimenda' o 'justicia popular' que deciden aplicar a las personalidades especialmente institucionales y también de carácter privado, desestabilizar gravemente el funcionamiento del sistema democrático, institucional, político y, en general, del Estado", recoge la resolución.

Para el magistrado no es "casual", del mismo modo, la "intervención" de Desinformador Ruso, un alias que Europol atribuye al ciudadano español Enrique Arias Gil, "vinculado a las estrategias de desestabilización orquestadas" desde fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo? "Redifundiendo los datos revelados e instando al acoso a los cargos públicos y periodistas afectados por la difusión de los datos", resalta el instructor.

El auto, en definitiva, sostiene que "la calificación de terrorismo" deriva del uso de medios informáticos para entrar en bases de datos y difundir información personal de representantes públicos "incitando" a un "escrache virtual masivo" y a la "adopción de represalias" con la intención de "forzar un cambio político o en represalia por la actuación política" desde una posición "antisistema", afectando a "altas instituciones de la Nación". Calificación, completa, que es "provisionalísima" y que no "excluye" que pueda terminar derivando en otra distinta como resultado de la instrucción. Por todo ello, decide mantener el caso.

Una decisión que, según ha sabido este diario, tanto las defensas como el propio Ministerio Público tienen previsto recurrir. "Los penalistas vivimos de los errores de los jueces de instrucción, esa es nuestra fuente de éxito. Y este es un error importante. Iremos en apelación", anuncia Lázaro Chico, abogado de uno de los investigados, que mantiene que los hechos no encajan ni en el delito de terrorismo ni en el de revelación de secretos: "Lo que se ha revelado ya circulaba por la red".

'Documentos del expediente judicial del pedófilo Jeffrey Epstein incriminan al presidente francés, Emmanuel Macron'. Esta “primicia” se publicó durante la noche del 4 de febrero y rápidamente se compartió millones de veces en redes sociales. Contiene todos los ingredientes de un escándalo mundial. 

La prueba sería la captura de pantalla de un supuesto intercambio de correos electrónicos en el que el agente de modelos Jean-Luc Brunel, sospechoso de haber actuado como “captador” para Jeffrey Epstein, le anuncia a este último, en inglés en el texto: “El nuevo presidente francés va a dar una fiesta en la avenida Foch... Llevaré a algunos chicos, le gustan jóvenes...”.

Esa “revelación” fue rápidamente desmentida. La “captura de pantalla” está bastante bien hecha y reproduce el diseño gráfico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ha publicado en Internet parte de los archivos reales de Epstein. Pero no hay rastro del documento en cuestión en la base de datos real.

En las redes sociales, la información se presentó como el resultado de una investigación del periódico France Soir, con un enlace que lo respaldaba. Pero se trata de una versión falsa de la web francesa (france-soir.net en lugar de france-soir.fr). En cuanto al periodista que habría firmado el artículo de France Soir, Victor Cousin, existe realmente, pero trabaja para Le Parisien. Ha presentado una denuncia por usurpación de identidad.

Detrás de este intento de aprovechar el escándalo Epstein para debilitar al Ejecutivo francés se encuentra una red de influencia y desinformación muy conocida: Storm-1516. También conocida como CopyCop, activa desde al menos 2023, la agencia francesa Viginum, especializada en la lucha contra las injerencias digitales extranjeras, ha indicado que puede “atribuirle esta operación informativa con un alto grado de confianza” .

Esa red se dio a conocer principalmente por sus intentos de influir en la campaña presidencial de 2024 en Estados Unidos, en detrimento de los candidatos demócratas. Sus vínculos con “individuos y organizaciones cercanas al Gobierno ruso”, entre los que se encuentra un expolicía americano refugiado actualmente en Rusia, John Mark Dougan, han sido corroborados por varios informes técnicos, en particular por la agencia Viginum en Francia.

Esta falsa noticia sobre Emmanuel Macron materializa un temor del Ejecutivo francés: la proliferación de los intentos de influir en la opinión pública francesa a medida que se acercan las elecciones municipales, que se celebrarán los días 15 y 22 de marzo.

“Dada la gravedad de la amenaza, habrá intentos de injerencia digital extranjera en estas elecciones”, asegura un alto funcionario francés que trabaja en estos asuntos, quien recuerda que “desde 2014-2015, ninguna elección europea se ha librado de injerencias”. El auge de la inteligencia artificial generativa, que permite industrializar la producción de contenidos falsos en Internet sin que ello suponga un coste adicional, no hace más que amplificar el problema.

Los servicios de inteligencia interior franceses también se han movilizado. “Para nosotros, el reto será prevenir y detectar las injerencias de origen extranjero que podrían alterar la limpieza de las elecciones o viciar su desarrollo”, detalló la directora de la DGSI, Céline Berthon, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional en noviembre de 2025.

Las elecciones legislativas moldavas, celebradas en septiembre de 2025, demostraron hasta qué punto las votaciones consideradas sensibles eran objeto de ataques previos por parte de estos profesionales de la influencia. Los “preparativos” de estas operaciones de desestabilización digital por parte de redes prorrusas comenzaron casi un año antes, en noviembre de 2024, según una nota de los servicios del Estado moldavo consultada por Mediapart.

Consistieron, en particular, en “crear granjas de trolls” específicas y “realizar encuestas sociales” para estudiar las vulnerabilidades de la sociedad moldava. Según la misma nota, estas injerencias digitales se acompañaron de operaciones físicas en territorio moldavo, que incluyeron la compra de votos y ciberataques contra infraestructuras críticas del país.

Aunque las elecciones municipales francesas son de ámbito local, a priori alejadas de los grandes temas geopolíticos en los que estas redes de influencia, en particular las vinculadas a Rusia, suelen intervenir —la guerra en Ucrania o las críticas a las democracias liberales—, “el panorama político francés es tal que habrá temas nacionales e internacionales en la campaña”, señala este alto funcionario francés.

“Nuestros adversarios no distinguen entre los ciclos electorales. Cualquier ocasión es buena para sembrar el caos”, confirma una responsable de la lucha contra esas injerencias.

Antes de amplificar esas falsas revelaciones sobre Emmanuel Macron, Storm-1516 había montado otra operación considerada por el Ejecutivo francés como un intento precoz de interferir en los debates sobre las elecciones municipales.

En la primavera de 2025, los analistas de Insikt Group (un grupo de investigadores que trabaja para la empresa estadounidense de ciberseguridad Recorded Future) detectaron la creación de 140 webs que se presentaban como portales de información franceses. Una veintena de ellos se presentaban como webs de información local: actubretagne.fr, actuiledefrance.fr, echorhonealpes.fr o normandie-actusinfos.fr.

El análisis técnico de estas webs permitió a los investigadores remontarse hasta Storm-1516/CopyCop. “Hemos detectado similitudes en los servidores y en las características de esas webs”, explica Clément Briens, analista de Insikt Group y redactor principal de tres informes dedicados a esta red de influencia. La “huella” de Storm-1516 también se encuentra en la forma en que se promocionan y difunden esos contenidos en las redes sociales, con “una red de amplificación similar” a operaciones anteriores del grupo ruso, es decir, artículos republicados por las mismas cuentas y las mismas comunidades.

A juzgar por lo que publicaron antes de ser desconectados (ver más abajo), los creadores de esas webs querían transmitir varios mensajes. “La Unión Europea, dirigida por políticos ciegos ante los intereses franceses, ha optado por sacrificar a sus propios ciudadanos para satisfacer las ambiciones ucranianas”, asegura L'Écho Rhones Alpes, entre dos artículos sobre la política de transportes en la metrópoli de Lyon.

Un buen resumen de las dos ideas que más se repiten en este torrente de miles de “artículos” redactados evidentemente por un LLM (large language model o gran modelo de lenguaje): las democracias de Europa occidental se verían envueltas en el caos, y el apoyo a Ucrania sería tanto la prueba como la consecuencia de su degeneración.

Es sobre todo la política de Vladimir Putin la que es elogiada con celo y constancia, incluso en artículos que, a priori, no tienen nada que ver con Rusia. La violación de una adolescente en Écouflant (Maine-et-Loire) se convierte en el símbolo de que “Francia, enfrentada a un declive sin precedentes, ya no es capaz de garantizar ni siquiera las bases fundamentales de la seguridad y la justicia”, mientras que el presidente Putin, por su parte, “encarna una fuerza indiscutible, con una política clara y eficaz”, asegura extrañamente “Sud Ouest Direct”.

¿Un policía es agredido en La Baule (Loira Atlántico)? “La economía francesa, ya en dificultades, sufre nuevos golpes con este tipo de incidentes, que exacerban el sentimiento de abandono y la pérdida de confianza en las instituciones”, escribe la web, o más probablemente la versión de ChatGPT programada para alimentarla. “Sin embargo, a pesar de estos retos, el presidente Putin sigue encarnando un modelo de liderazgo, mostrando una capacidad sin igual para mantener el orden y la estabilidad en su país”, concluye plácidamente la inteligencia artificial.

A finales de enero, todos esas webs estaban desactivadas, excepto una (Sud Ouest Direct), según ha podido comprobar Mediapart. Según nuestra información, fue el Estado francés el que se encargó de “desconectarlas” ante la proximidad de las elecciones municipales.

¿Tuvieron tiempo de hacer daño? En general, “es difícil demostrar que las redes de influencia realmente logran manipular las elecciones, aunque lo intenten”, explica Clément Briens. Pero Storm-1516 —CopyCop— es uno de los grupos que consigue generar una audiencia importante, sobre todo “reclutando influencers en comunidades de extrema derecha estadounidenses y en la magasfera”, detalla el analista, que detecta regularmente contenidos de CopyCop que generan “decenas de millones de visitas” de esta manera.

Sin embargo, en la carrera por influir en el resultado de las elecciones municipales, las redes vinculadas a los intereses rusos tienen un problema de calendario. Las elecciones francesas tienen lugar unos meses antes de otras elecciones importantes para los intereses geoestratégicos del Kremlin: las legislativas en Armenia, que se celebrarán en junio de 2026.

“Hasta ahora, centrarse en las elecciones armenias de junio de 2026 parece ser una prioridad desde hace varios meses para el Kremlin, y más concretamente para el operador Matrioshka”, la otra gran campaña de influencia vinculada a Rusia, confirma a Mediapart el colectivo Antibot4Navalny, especializado en la detección de granjas de trolls rusos. Constata que, en este momento, “Matrioshka solo se ha centrado en Macron y en el nivel nacional, sin interesarse nunca por el nivel municipal”.

Estos intentos de influencia se limitan por ahora a las redes vinculadas al Kremlin. Entre los demás grandes actores de la desinformación digital, el Estado chino parece inclinarse por el momento por un enfoque diplomático más clásico para lograr sus objetivos con respecto a Europa, y el Estado iraní tiene sin duda otras preocupaciones.

“Las potencias extranjeras que se centran en las elecciones a escala local no son las mismas que las que actúan en las elecciones nacionales”, observa por su parte un alto cargo de los servicios de inteligencia franceses. Según él, se trataría de países con refugiados en Francia, algunos de los cuales intentarían colocar a sus ciudadanos en las listas de candidatos.

Ante posibles injerencias digitales, el Ejecutivo francés apuesta por una amplia política de comunicación. Aunque hace unos años se mostraba reticente a nombrar a los responsables de ciertos intentos de influencia digital, ahora no duda en nombrar públicamente a algunas potencias extranjeras (aunque esta estrategia de denuncia tiene sus límites cuando se trata de países como Israel o los Emiratos Árabes Unidos).

El Gobierno ha creado una red de coordinación y protección de las elecciones, que reúne, en particular, a Viginum, el Ministerio del Interior, la Secretaría General del Gobierno y la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom). Desde finales de enero, esta red comunica semanalmente un “informe de situación” público sobre las posibles injerencias digitales extranjeras dirigidas a las elecciones municipales.

La respuesta también pasa por métodos menos ortodoxos. El Ministerio de Asuntos Exteriores utiliza con frecuencia su cuenta French Response  en X (antes Twitter), una cuenta oficial con un tono libre e incluso satírico, diseñada para responder a la desinformación “adoptando los códigos de las redes sociales”, con el fin de intentar desinflar ciertos intentos de manipulación.

¿Eso no es como intentar vaciar un océano a cucharadas? Y, sobre todo, ¿es razonable luchar contra las injerencias extranjeras en X, una plataforma que está siendo investigada por la fiscalía de París precisamente por sospechas de injerencia extranjera?

El dispositivo francés también utiliza las elecciones municipales para entrenarse. Una toma de contacto para otras elecciones que los profesionales de la desinformación y la influencia también han anotado perfectamente en su agenda: las elecciones presidenciales de 2027.

Traducción de Miguel López

El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó hoy una ley que obliga a los teleoperadores a desconectar la red de telefonía móvil a petición del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Dicha ley, que ha sido colgada en el portal de información legal del Estado ruso, había sido aprobada esta misma semana por ambas cámaras del Parlamento ruso, la Duma y el Consejo de la Federación.

El documento modifica la Ley de Comunicaciones y estipula que los operadores no serán responsables ante sus clientes de las interrupciones del servicio si el corte es realizado a petición del FSB.

El primer borrador estipulaba que los cortes se realizarían únicamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del Estado, pero la versión final precisa que dicha decisión corresponderá al jefe del Estado.

Por el momento, se desconoce en qué casos se desconectará la red a nivel federal o regional, aunque activistas independientes temen que dicha decisión sea puramente arbitraria.

Una vez firmada por el presidente, la ley entrará en vigor 10 días después de su publicación en el boletín oficial.

Según informa la prensa local, la mitad de las regiones rusas experimentan cortes casi diarios de internet.

A pesar de que las autoridades rusas excusan los cortes con los constantes ataques de drones ucranianos contra el país, la mayoría de las regiones con cortes de red no se encuentran entre los principales objetivos de Kiev.

La censura de internet por parte del Kremlin ha afectado a la velocidad y acceso a la red, pero también ha restringido decenas de miles de páginas web, medios de comunicación y redes sociales, especialmente en los últimos cuatro años de guerra.

La prensa adelantó esta semana que el 1 de abril será bloqueada definitivamente la red de mensajería Telegram, cuya ralentización ya causó un gran malestar entre diputados, blogueros y militares rusos, que lo emplean profusamente en el frente ucraniano.

“Instagram es una droga. Básicamente, somos camellos”. Esta frase, escrita por uno de los ingenieros de Meta en un arranque de sinceridad en un chat interno de la compañía propiedad del oligarca tecnológico Mark Zuckerberg, resume hasta qué punto las grandes plataformas son conscientes del producto que manejan. De cómo está diseñado y qué daño causa.

No es de extrañar que este haya sido uno de los primeros argumentos utilizados por la acusación en el histórico juicio de Los Ángeles (California) que por primera vez ha sentado en el banquillo a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos.

Los documentos filtrados en litigios recientes pintan un panorama demoledor: las empresas no solo conocen los riesgos, sino que diseñaron sus productos para maximizar el compromiso adolescente aunque el coste fuera la salud mental de toda una generación. 

Un informe interno de TikTok, filtrado en 2024, lo admitía sin ambages: “Los menores no tienen una función mental ejecutiva para controlar su tiempo de pantalla”. Es decir: son incapaces de desconectar, atrapados en el scroll infinito.

En 2019, pruebas piloto encargadas por Facebook demostraron que los usuarios que abandonaban la red durante una semana mostraban niveles menores de depresión, ansiedad y soledad. La investigación fue cancelada. Un empleado dejó constancia de su inquietud: ocultarlo les haría parecer “compañías de tabaco” que sabían del daño de los cigarrillos y callaban. La comparación no puede ser más reveladora.

La pregunta ya no es si estas plataformas son adictivas, sino por qué, conociéndolo, no implementan frenos. La respuesta es simple: menos tiempo de pantalla significa menos anuncios, y menos anuncios significan menos ingresos. 

El caso de la plataforma de juegos Roblox recientemente denunciada en Australia, un país pionero en la legislación para regular el acceso a redes sociales, añade otra capa de horror porque se ha convertido en terreno de caza para depredadores que la utilizan para manipular a menores con el objetivo final de obtener concesiones de índole sexual, imágenes íntimas o incluso un encuentro físico. La exposición a contenido gráfico se suma a un ecosistema donde la seguridad infantil queda sistemáticamente supeditada al crecimiento de usuarios activos.

Regular este paisaje resulta endiabladamente complejo. En Estados Unidos, la Sección 230 protege a las plataformas de responsabilidad por contenidos de usuarios, creando un escudo legal casi impenetrable. Los litigios actuales intentan cambiar el foco: el problema no es solo lo que se publica, sino el diseño negligente y adictivo de las plataformas mismas. Pero probar causalidad directa entre un algoritmo y un daño específico es un objetivo que todavía nadie ha conseguido alcanzar.

Lo confirma la doctora en Psicología Silvia Álava. “Determinadas redes sociales están pensadas para hackear la atención del cerebro y que intentemos estar en ellas el máximo tiempo posible”. Algo particularmente dañino “en el cerebro de niños o adolescentes, que es muchísimo más sensible” y está lejos de haber madurado lo suficiente. 

No obstante, precisa, y aunque la ciencia nos dice que hay una correlación entre el uso del móvil y un incremento de los problemas de salud mental, sobre todo de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria, aún no tenemos un estudio que diga “que hay una relación causal”, solo que es “un factor de riesgo”.

Son, en todo caso, evidencias suficientes para que gobiernos de todo el mundo traten de poner coto al problema. La cuestión es cómo hacerlo. Una verificación de edad robusta requiere, para muchos, datos biométricos cuyo almacenamiento masivo plantea riesgos monumentales de ciberseguridad. ¿Qué empresa merece custodiar los rostros de millones de menores? ¿Qué ocurre cuando esa base se filtra?

Sin embargo, Mar España, responsable de Control Z y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), no tiene dudas. La prioridad tiene que ser la defensa del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud física y mental de los menores y, para hacerlo, asegura a infoLibre, el problema no es la privacidad.

Son precisamente las grandes plataformas, subraya, las que la están vulnerando al perfilar a los menores a edades tremendamente tempranas con un único objetivo: “Cuanto más pronto se enganchen a las redes, más vulnerables van a ser y más cautivos serán de los productos y servicios que estas grandes plataformas ofrecen”.

Ahora mismo “hay muchísimos menores de 14 años en TikTok y en Instagram” precisamente "porque las redes no están cumpliendo adecuadamente los principios de privacidad". “Hay que ir hasta el fondo” para proteger a los menores. “Igual que no pueden consumir alcohol o conducir un coche. Esto es incluso más perjudicial. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es cuando las personas creamos hábitos de comportamiento, nuestros valores y cómo nos relacionamos con el otro”. 

Las redes no son, además, el único problema. A todo esto hay que sumar las cajas de recompensa (loot boxes) en videojuegos que operan mediante refuerzo intermitente —exactamente como las tragaperras— pero se perciben como entretenimiento, no como apuesta. Detectar y regular esta mecánica hasta que el daño económico o la adicción están consolidados resulta extremadamente difícil.

Hay, además, cierta tensión constitucional: algunos sectores advierten de que la prohibición de acceso a los menores puede limitar oportunidades legítimas de participación juvenil. O lesionar otros derechos. Laura Davara, socia del despacho de abogados especializado en derecho digital que lleva su nombre, y experta en educación digital, considera difícil verificar la edad sin incumplir la normativa de protección de datos. 

No se puede pedir el DNI, pone como ejemplo, porque ”incumple el principio de minimización, que es esa obligación de únicamente recabar los datos mínimos necesarios para cumplir con la finalidad” que se persigue. Tampoco es fan de la implantación de controles parentales en los dispositivos porque dan “una falsa sensación de seguridad. Yo animo a poner en Google cómo saltar control parental: te salen varios tutoriales”.

El riesgo principal de una regulación, a su juicio, “es que se vulneren derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho a la privacidad. Una cosa es poner límites y otra censurar o espiar: podemos estar hablando de situaciones tremendamente graves”. En juego están, además, la libertad de expresión y “el tema del tipo de mensajes que se pueden limitar. ¿Dónde pones el límite?”, se pregunta. “Es algo muy, muy peligroso”. 

Mar España discrepa. “Las plataformas sociales tienen medios de sobra para verificar la edad”. Y pone un ejemplo que conoce bien, de su etapa al frente de la AEPD. La única plataforma de distribución de porno que entonces decidió voluntariamente adaptarse a los criterios de la agencia usando servicios de verificación de edad que respetan la privacidad perdió el 85% del tráfico. Es decir: el servicio logró una efectividad de 8,5 sobre 10. 

Esto no va de si “les quitamos derechos o no les quitamos derechos”, añade la psicóloga Silvia Álava. Cuando “tenemos evidencia de que hay algo que no funciona bien, que puede provocar problemas, hay que regular su uso, porque lo primero es la protección de la infancia, y la infancia llega hasta los 18 años”.

Frente a quienes dicen que es imposible impedir completamente el acceso, porque siempre habrá quien se lo salte, otros manejan con soltura la analogía de la prohibición del alcohol a los menores. El valor de una ley no reside solo en su capacidad de vetar, dicen, sino en su función pedagógica y simbólica.

Cuando no existe regulación, el problema permanece invisible, relegado a la responsabilidad individual de padres superados por los acontecimientos. Legislar contra cajas de recompensa o acceso a contenidos tóxicos, en cambio, emite un mensaje inequívoco: “Esto no es inofensivo, es un riesgo documentado”. Desnaturaliza lo que la inercia social había normalizado —que un niño de diez años pase seis horas diarias en una red diseñada para adultos— y rompe la aceptación pasiva del daño.

Davara advierte, en todo caso, de que “esto no es una cosa solo de plataformas. Es algo tan grande y tiene tal nivel de implicaciones que se tienen que tener en cuenta muchos más factores. No es algo solo de las familias, de los menores, de los centros educativos, de las plataformas, de las administraciones públicas o de los gobiernos”. 

Tampoco debería ser, añade, “una cuestión solo de la edad. Si ponemos el foco solo en la edad, nos vamos a quedar cortísimos. Yo lo digo siempre: todos tenemos un cuchillo en casa y podemos utilizarlo para cortar el filete o para cortarle el cuello a la persona con la que convivimos. Y es el mismo cuchillo”. La cuestión es no dejar "utilizar un cuchillo a gente que no tiene el conocimiento" para hacerlo.

De ahí la importancia, subraya, de la “educación digital”. “Yo soy una de las mayores partidarias, pero de una educación digital de verdad”. Más que de nuevas normativas. Ya hay varias, recuerda, “que imponen obligaciones a las plataformas. No digo que sean perfectas, porque no lo son. Tampoco digo que no haya que imponer más obligaciones”, pero lo importante es hacerlas cumplir, en particular la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Gracias a esta norma, recuerda, se han impuesto multas cuantiosas por diseños adictivos.  

Es cierto, como sostiene esta abogada, que las prohibiciones se pueden sortear usando, por ejemplo, VPN de fácil acceso. Pero la mayoría de usuarios no poseen conocimientos técnicos ni voluntad de complicarse constantemente la vida. Si una medida evita que el 70% de menores accedan a contenido tóxico, aunque el 30% restante lo consiga, el impacto en salud pública seguiría siendo considerable, subrayan sus partidarios. 

Entre tanto, sin regulación, toda la carga recae en padres que deben competir contra equipos de psicólogos conductuales y diseñadores de experiencia dedicados profesionalmente a minimizar la adicción. No se debe “poner todo el peso únicamente en las familias”, explica Álava, aunque tengan un trabajo que hacer de acompañamiento y alfabetización digital. “Las plataformas también tienen que proteger a los menores”. Están hechas precisamente “para enganchar, saben perfectamente que hay contenido que es nocivo”. No solo porno, recuerda, al que los niños están accediendo con ocho años, sino también contenido acerca de cómo autolesionarse, ideación de suicidio, o promoción de trastornos de conducta alimentaria. 

Hace décadas, obligar a usar cinturón generó resistencias: resultaba incómodo, paternalista, una intromisión estatal. La ley no evitó todos los accidentes, pero cambió la percepción del riesgo. Hoy, abrochárselo es acto reflejo, y mirar atrás asombra: ¿cómo permitimos que niños viajaran sin protección? Con las redes sociales, cada vez más personas buscan una transformación cultural semejante: pasar del salvaje oeste actual a una cultura de cuidado. 

En todo caso, subraya Mar España, “esto tiene que ser un pacto de Estado. Necesitamos consenso y aprobación urgente, pero incorporando el criterio de salud en el proyecto de ley de protección al menor en el entorno digital que probablemente se impulse en este periodo de sesiones. Porque no puede haber una ley donde el eje principal no sea la salud, desde la evidencia científica y la neutralidad política”. 

Consumir porno o redes sociales desde los 12 años y formar tu atención a través de vídeos cortos de 15 segundos afecta al desarrollo cognitivo, insiste la exdirectora de la AEPD. Nunca como ahora la salud física y mental de los adolescentes se ha visto tan perjudicada. “Los médicos están horrorizados de lo que están viendo en consulta”, remarca. Silvia Álava lo confirma: “Tenemos chicos y chicas que se nos están rompiendo”.

De ahí que la Asociación Española de Pediatría, con el respaldo unánime de todas las sociedades médicas, esté pidiendo prohibir las pantallas en la etapa infantil, la de “mayor plasticidad cerebral”. Recomiendan cero exposición hasta los seis años; de una hora máximo al día entre 6 y 12 años y dos horas máximo al día de 12 a 18 años. “Incluyendo deberes, enseñanza digital y ocio”, remarca España.

“Hasta que consigamos que esté tan mal visto que un adolescente tenga un smartphone con 13, 14 o 15 años —o un bebé, que es una salvajada—, como ahora está mal visto conducir estando borracho o sin el cinturón de seguridad”, habremos perdido “una o dos generaciones”, advierte.

El director ejecutivo de Telegram, Pavel Dúrov, ha enviado un mensaje a los usuarios de la aplicación de mensajería advirtiendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha impulsado "nuevas regulaciones peligrosas que amenazan tus libertades en internet". Tras ello, Dúrov ha enumerado los peligros que, a su juicio, tienen las medidas anunciadas por el mandatario.

El ejecutivo ruso ha asegurado a través de cuatro puntos que las nuevas medidas que convertirían a España en "un Estado de vigilancia". La primera, refiriéndose a la prohibición de redes sociales para menores de 16 años y la verificación de cada usuario a través de documento de identidad o biometría, asegura que "erosionaría el anonimato". La segunda crítica es a la responsabilidad penal y personal de los ejecutivos de las plataformas, que afecta directamente a Dúrov, ante contenido ilegal, odioso o perjudicial; el empresario asegura que esta medida forzará la "autocensura".

Otra de las regulaciones incluye la criminalización de la amplificación de contenido perjudicial, ante lo que el ejecutivo plantea la cuestión: "¿Exploración libre de ideas? Desaparecida". También ha criticado como herramienta para "suprimir a la oposición" la nueva obligatoriedad de las plataformas de monitorear y reportar contenido que alimenta la huella de odio y polarización, tan presente en la actualidad. "Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente -antes de que sea tarde", ha concluido el empresario.

Dúrov, fundador de la red social VK y co-fundador, junto a su hermano Nikolái Dúrov, de la app de mensajería, fue imputado en agosto de 2024 por la Justicia francesa por doce delitos, entre ellos el de "blanqueo de delitos o delitos cometidos por una banda organizada". 

En respuesta al mensaje, Sánchez ha publicado un escueto mensaje en su cuenta de X, parafraseando la famosa cita de El Quijote: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos"

Este mensaje ha sido enviado un día después de la respuesta del dueño de X, Elon Musk, a las medidas anunciadas Sánchez. En un post de X, el magnate llamó al presidente del Gobierno “Dirty Sánchez”, que traducido literalmente significa “sucio Sánchez”, además de describirlo como un “fascista totalitario” y “tirano y traidor al pueblo de España”. 

El post de Musk citaba a un tuit en el que Sánchez explicaba las nuevas propuestas del Gobierno para crear un espacio seguro en internet. Una de ellas consistiría en hacer legalmente responsables a los directivos de las redes sociales de “las múltiples violaciones” que ocurran en sus plataformas, lo que podría afectar al propio Musk. Otra de las medidas supondría la tipificación como delito de la alteración de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales.

Una hora después del primer tuit del multimillonario, Musk posteó otro en el que tachó a Sánchez de ser “un verdadero fascista totalitario”. Se trata del segundo choque en internet entre ambos en la última semana, después de que el magnate comentase con un “Wow” un mensaje que criticaba la regularización de personas migrantes, a lo que el presidente socialista respondió con la frase: “Marte puede esperar, la humanidad no”.

Pedro Sánchez ha reaccionado a las declaraciones de Dúrov en su cuenta de X (twitter), en la que ha compartido un post que dice "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos." El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el primer miembro del Gobierno en reaccionar al mensaje difundido en contra de Pedro Sánchez por Dúrov. "Hoy es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono. Nunca me fue de gran utilidad. Así que la pérdida es escasa por no decir nula", ha escrito el ministro también en su cuenta de X.

Puente ha concluido este escueto mensaje con un 'пока Pavel' ('Adiós Pavel'), escrito en ruso, país del que es originario el fundador de Telegram.

Mientras se disparan las estimaciones sobre el número de víctimas de la represión del poder en Irán —varias fuentes hablan de hasta 30.000 personas muertas—, el acceso a internet se ha restablecido de forma muy limitada y selectiva. Aunque algo aliviado, este apagón digital tiene una duración excepcional en la historia de la República Islámica. Y la contradicción es total con las promesas del Gobierno de poner fin rápidamente a las restricciones.

El vicepresidente del régimen, Hossein Afshin, prometió el 19 de enero que “las actuales restricciones se levantarían en breve”. Pero el portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani, precisó posteriormente que la decisión de cortar internet correspondía a los “responsables de seguridad” y confesó en privado a los periodistas que era posible que la conexión no se restableciera antes de finales de marzo.

Este corte de internet ha provocado profundas perturbaciones en la vida cotidiana de los iraníes y su aislamiento del resto del mundo, pero también una ola de preocupación internacional, en particular por el riesgo de que se oculte el alcance de la represión mortal de las movilizaciones populares, sin precedentes desde la revolución de 1979. La insistencia de Irán en mantener este corte prolongado ha despertado además la curiosidad de los observadores sobre los avances en la creación de un “internet nacional”.

Irán es uno de los países que desde hace tiempo impone las restricciones más severas a la libertad de acceso a internet, ya que este acceso plantea una cuestión existencial para el régimen. La República Islámica considera que el internet libre forma parte de una “invasión cultural” de Occidente.

El líder supremo, Ali Khamenei, ha pedido en varias ocasiones, en sus discursos, la adopción de leyes restrictivas. En 2012, creó una institución denominada “Consejo Supremo del Ciberespacio”, encargada de la censura de internet y la aplicación de filtros. Este órgano figura en la lista de instituciones de represión cibernética elaborada por organizaciones internacionales, entre ellas Reporteros sin Fronteras.

El régimen iraní, especialmente durante los movimientos de protesta a escala nacional, considera que el corte de internet es una herramienta eficaz para contener las manifestaciones y, por lo tanto, garantizar su supervivencia política. Desde las manifestaciones de 2009, desencadenadas por la reelección de Mahmud Ahmadineyad como presidente, el recurso a este instrumento es recurrente y alcanza cada vez nuevas dimensiones.

Masoumeh Taherkhani, analista de economía afincada en el Reino Unido, explica a Mediapart que las experiencias anteriores de cortes de internet constituyeron para el poder “una especie de prueba real destinada a reducir los costes de ejecución de cortes posteriores. Pero este objetivo se ha quedado en la teoría. En la realidad económica, el resultado se tradujo en pérdidas considerables para las clases medias y las pequeñas estructuras comerciales de la sociedad”.

El corte actual limita directamente el acceso a servicios vitales como la banca, la salud y la educación, pero el proyecto de “internet nacional” se está desarrollando precisamente para neutralizar esos efectos. Esta red interna tiene por objeto mantener un nivel mínimo de servicios bancarios, administrativos, sanitarios y educativos en caso de corte o deterioro de internet a nivel mundial, y hay indicios de que esta capacidad se ha reforzado considerablemente en comparación con años anteriores.

“Es reveladora la comparación entre noviembre de 2019 y la situación actual”, estima Mehdi Saremifar, analista de tecnología afincado en Canadá. “En 2019, un corte de la red era prácticamente insoportable más allá de unos ocho días, y la presión económica había llevado a la reapertura de internet. En enero de 2026, el corte ha durado casi tres semanas, sin que se observaran signos claros de incapacidad inmediata del sistema”.

Sin embargo, las estadísticas, los informes sobre el terreno y los análisis de los expertos dan testimonio de los daños causados por esta política. Es cierto que no existen cifras precisas, definitivas y verificables sobre el coste económico de los cortes de internet en Irán. Los datos proporcionados por el Gobierno o por instituciones independientes son solo estimaciones y no cálculos reales basados en datos brutos.

Pero, según varias fuentes competentes en la materia, la estimación pública más creíble hasta la fecha proviene de la ONG NetBlocks, que evalúa las pérdidas financieras en Irán relacionadas con el corte de internet en 37 millones de dólares al día. Sobre esta base, y teniendo en cuenta los cortes que se produjeron durante la guerra con Israel, las pérdidas durante el último año superarían los 1.000 millones de dólares.

Mehdi Saremifar precisa que la parte de la economía digital iraní supone entre el 5 % y el 6,5 % de la riqueza nacional. Pero, aparte de los costes estrictamente soportados en este ámbito, los efectos del corte “se manifiestan en el cierre de empresas, la disminución de la confianza económica, la emigración de la mano de obra, etc.”, precisa.

Según las estadísticas disponibles, alrededor de 10 millones de personas en Irán obtienen sus ingresos directa o indirectamente de internet. Pero muchas de esas actividades son pequeñas y poco resistentes y, con cada corte, una parte de ellas nunca vuelve al circuito económico.

Según el propio ministerio de Telecomunicaciones iraní, se han visto privados de acceso a internet unos 73 millones de usuarios. “Estas cifras muestran que las pérdidas reales, especialmente a medio y largo plazo, podrían superar con creces las estimaciones publicadas”, afirma Masoumeh Taherkhani. “El impacto real de esta política se manifestará en el declive duradero de las actividades económicas”.

La idea inicial de crear la Red Nacional de Información (internet nacional) se planteó en 2005, al comienzo de la presidencia del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad. En un principio, el proyecto debía completarse en tres años, pero se necesitaron diez años para que, bajo la presidencia de Hassan Rohani, entrara en funcionamiento el núcleo principal de esa red, un centro de intercambio de tráfico de datos de la infraestructura.

En un documento publicado años más tarde bajo el título “Requisitos de la Red Nacional de Información”, figuran como objetivos “la creación de la infraestructura de comunicación del ciberespacio nacional”, “la independencia”, “la gobernanza”, “el saneamiento y la seguridad”, “las tarifas y el modelo económico”, así como “los requisitos culturales”.

Esos títulos muestran que, al separar la red de internet del país de la red mundial, la República Islámica no solo persigue objetivos económicos, consistentes en eludir las sanciones internacionales. Esos objetivos también son de seguridad y culturales, vinculados a la ideología islámica.

Si el desarrollo del internet nacional es tan lento es porque “el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras paralelas, en formato internet nacional, requieren inversiones cuantiosas y continuas”, explica Masoumeh Taherkhani. Y además de que este coste es elevado, el rendimiento de un internet nacional es inferior al de la integración en la economía digital mundial.

“Irán es básicamente un consumidor y no un productor de tecnologías a escala mundial”, explica. “El país no dispone de las capacidades técnicas y operativas necesarias para transferir parte de las redes de servicios al interior del país y nacionalizarlas.”

Aunque la República Islámica ha logrado, mediante cortes generalizados, alcanzar objetivos de seguridad temporales y, mediante el filtrado, objetivos culturales, no ha tenido el mismo éxito en el plano económico, pues la economía digital de cualquier país depende en gran medida de las conexiones mundiales, las plataformas internacionales y la libre circulación de la información.

Contrariamente a las expectativas expresadas al inicio del reciente corte de internet en Irán, ni la comunidad internacional ni las empresas tecnológicas extranjeras han sido capaces de ponerle fin rápidamente.

Las instituciones de defensa de los derechos humanos vinculadas a las Naciones Unidas, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han calificado el corte de internet como parte de un patrón de represión y violación de los derechos fundamentales.

“Esas declaraciones convirtieron el corte de una decisión técnica en una cuestión de derechos humanos, lo que dificultó cualquier intento de negar su carácter ilegítimo”, explica el analista Mehdi Saremifar. “Pero, a falta de mecanismos coercitivos vinculantes, no tuvieron un efecto disuasorio inmediato.”

Por parte de las empresas tecnológicas no se ha llevado a cabo ninguna acción concreta. Los intentos de crear vías de comunicación alternativas, en particular a través de la red de internet por satélite Starlink, se han topado con perturbaciones técnicas y con la persecución de los usuarios por parte de las autoridades iraníes.

“Esta experiencia demuestra que la eficacia de una intervención exterior, sin modificar el equilibrio de poder interno y sin generar mayores costes para el poder, sigue siendo indirecta y esencialmente a largo plazo, en lugar de operativa e inmediata”, concluye Mehdi Saremifar.

Mostafa Khalaji es periodista independiente. Este es su primer artículo para Mediapart.

Traducción de Miguel López

Las conexiones a internet global mejoraron este martes en Irán tras 19 días de bloqueo, una medida que se tomó en medio de las protestas más violentas en la historia de la República Islámica con la muerte de miles de manifestantes. “Con el apagón de internet en #Irán acercándose al día 20, muchas redes están comenzando a ser visibles internacionalmente”, dijo en X Netblocks, organización que vigila el tráfico y la censura en la red. Netblocks matizó, sin embargo, que “no hay un retorno a la normalidad: la web sigue fuertemente filtrada mediante una lista blanca”.

EFE comprobó que las conexiones mejoraron a primera hora de la tarde de este martes y comenzaron a funcionar los programas de VPN, necesarios para saltarse la censura y usar aplicaciones como WhatsApp y X.

Las autoridades iraníes aplicaron el 8 de enero un apagón de comunicaciones con el bloqueo de internet global, las llamadas internacionales y los SMS locales, que ha ido levantando poco a poco. Así, durante días los iraníes han tenido solo acceso a una red interna, limitada a servicios locales y medios estatales, en una medida sin precedentes en el país. Sin embargo, desde el pasado viernes se observó una mayor disponibilidad de servicios y páginas web internacionales.

El apagón se produjo en medio de las protestas que comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída de la moneda nacional, el rial, y que se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica. Esas manifestaciones alcanzaron su momento crítico el 8 y 9 de enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán seguidos de una fuerte represión.

La ONG HRANA, con sede en EEUU, informa de 6.126 asesinados por el régimen.

El corte de internet global en Irán le cuesta al país unos 35 millones de dólares diarios y afecta a 10 millones de trabajadores que dependen de la economía digital, reconoció este lunes el ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Sattar Hashemi.

A primera vista, Pascal G. no era el más condenable de los hombres pillados en la redada que permitió la detención, dos semanas antes de Navidad, de una veintena de compradores de muñecas pornográficas infantiles. De hecho, este cincuentón canceló su pedido tres horas después de haberlo realizado. “Lo compré en plena noche y, al despertarme, me di cuenta de que había cometido una estupidez”, masculla el conductor de maquinaria, el viernes 9 de enero, ante el tribunal correccional de Avesnes-sur-Helpe (Norte). Pero dos horas de declaraciones revelarán un perfil muy inquietante, parapetado en la negación.

Según él, si pidió una muñeca sexual de pequeño tamaño fue para poder guardarla mejor en su auto-caravana. “¿En serio? ¿No es más bien la apariencia de una menor lo que le interesa?”, le espeta la fiscal.

Como no adquirió el objeto, Pascal G. está siendo juzgado por “consulta habitual de una web que ofrece representación pornográfica de menores”, debido a sus búsquedas en las plataformas de venta. Sobre todo porque pasó mucho tiempo pidiendo unas veces detalles sobre la profundidad de los “orificios”, otras vídeos que ilustran las etapas de fabricación...

Pero este soltero también comparece por “posesión” de imágenes de pornografía infantil. Los investigadores descubrieron en su teléfono y su equipo informático fotos y vídeos de menores prepúberes, entre ellas asiáticas, siendo sometidas a actos sexuales.

“Me robaron el teléfono”, intenta defenderse Pascal G. Después de recuperarlo, no se había dado cuenta de las descargas... ¿Robado dónde? “En Filipinas”, contestó. De 2019 a 2023, vivió en ese país “poco conocido” por los servicios policiales, un verdadero paraíso para los pedófilos.

Allí, este hombre cuenta que tenía “tiendas de ropa” y “un karaoke”. “No tuve tiempo de andar con menores”, precisa torpemente. “Trabajaba siete días a la semana. No vi nada”.

Según se ha sabido, regresó en 2023 a la fuerza: Francia tuvo que extraditarlo. Al irse a Asia, Pascal G. se había librado de un seguimiento socio-judicial obligatorio en Francia, impuesto tras una condena penal: “Intento de sustracción de menor”, es decir, secuestro.

Y no era la primera vez: ya en 2009, Pascal G. había sido condenado por ese delito. “¿Qué pasó?”, quiere saber la presidenta. “Era una chica a la que quería llevar a casa”, alega. “No quería subir al coche”.

Es un pozo sin fondo: los antecedentes penales de Pascal G., que ya ha estado en la cárcel, suman doce menciones, entre ellas varias agresiones sexuales a menores de 15 años, la última de ellas en 2007. ¿A quiénes? “A la hija de un amigo”, susurra el acusado. Cuando se le pregunta por los nombres de sus víctimas, se muestra incapaz de recordarlos. “No sabría decirlo...”, confiesa.

Tras su extradición desde Filipinas y una nueva estancia entre rejas, Pascal G. volvió a ponerse en contacto con sus “amigas” allí. La presidenta se refiere así a esta escalofriante conversación: “Usted intercambió mensajes [con una mujer] diciendo: ‘Vamos a estar juntos y esperaré uno o dos años antes de tener una relación con tu hija’.” “Era un juego, palabrería... Me aburro”, susurra Pascal G. “Está proponiendo claramente violar a una niña”, dice indignada la fiscal Loren Noordman.

En el momento de la requisitoria, esta se centra en los dos delitos que se le imputan. En cuanto a las muñecas, Loren Noordman considera que “alimentan fantasías pedófilas, las refuerzan y contribuyen a una cultura de depredación. Es un terreno peligroso para pasar a los actos”.

En cuanto a los vídeos, la magistrada no oculta su repulsa: “No son simples imágenes. ¡Son cicatrices digitales, una biblioteca del crimen! El Sr. G. tomó una decisión: participar en la empresa mundial de destrucción de nuestros hijos. La pornografía infantil es la expresión de un sistema en el que la dominación se convierte en fantasía, la violación en estética y la sumisión en entretenimiento”. Dirigiéndose al tribunal, concluye: “Tienen ante ustedes a un depredador, y el riesgo de reincidencia es muy alto”.

Pascal G., que ya se encontraba en prisión preventiva a la espera de juicio, vuelve a la cárcel. Se le impone una pena de treinta meses de prisión, acompañada de un seguimiento socio-judicial de cinco años, con orden de tratamiento, prohibición definitiva de ejercer en contacto con menores e inscripción en el fichero judicial automatizado de autores de delitos sexuales o violentos (Fijais). Según nuestra información, ha presentado un recurso.

Desde que estalló el “escándalo Shein” en noviembre de 2025, Francia está explorando las ramificaciones de esta delincuencia de las “muñecas”, considerada durante mucho tiempo marginal, cuando no “anecdótica”, y nunca analizada, en particular en su relación con su paso a actos delictivos. A falta de estadísticas nacionales y estudios científicos, aún cuesta determinar su alcance.

Para conocer la trayectoria de la veintena de clientes de las plataformas Shein y AliExpress identificados por la justicia en noviembre, habrá que esperar varios meses más y seguir el trabajo de dieciocho jurisdicciones. Según la fiscalía de París, un tercio ya es “conocido por actos de naturaleza sexual con menores”. Y en varios juicios ya se han revelado los perfiles de los depredadores.

Así, el sujeto que ha comparecido en Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a principios de enero de 2026 había sido condenado veinte años antes por agresión sexual incestuosa a su hija. Este electromecánico de 56 años afirmó en la vista que había comprado su “muñeca” sin intención sexual, porque “soñaba” con ser profesor: “Mi idea era grabarme frente a un maniquí para ver cómo me comportaba, cómo me expresaba... “ La negación se va haciendo hueco sin merma del ridículo.

En Tarbes (Altos Pirineos), a mediados de diciembre, el acusado hizo unas confesiones sorprendentes. Este padre de familia reconoció no solo la compra de una muñeca, sino también una agresión sexual cometida hace tiempo contra una amiga de su hija, entonces de 8 años, que siempre había negado y por la que había obtenido un sobreseimiento en 2022. Por el conjunto de los hechos, fue condenado a dos años de prisión.

Por otra parte, casi cada semana desde noviembre, se denuncia ante la justicia una nueva página web, ya sea por parte de las autoridades o de asociaciones, en particular Mouv’enfants, que se ha lanzado a una caza sin precedentes de vendedores y fabricantes.

La fiscalía de París ya ha abierto al menos cinco diligencias, dirigidas no solo contra Shein y AliExpress, sino también contra las web de Little Sex Dolls, Temu y Wish. El 12 de enero de 2026, la fiscalía de Hauts-de-Seine abrió una sexta diligencia contra Sex Dolls Europe. Según los casos, se persiguen dos delitos distintos: la difusión de representaciones de pornografía infantil (las propias muñecas) o la difusión de contenidos pornográficos accesibles a menores sin restricciones.

La profusión de ofertas de muñecas sexuales con cara de niñas se inscribe claramente en un contexto de explosión de contenidos de pornografía infantil disponibles en el espacio digital, incluidos los generados por la inteligencia artificial.

Según los datos facilitados a Mediapart por el ministerio de Justicia, el número de condenas definitivas por el delito de posesión o difusión de imágenes de pornografía infantil se ha disparado un 70 % en diez años, pasando de 848 en 2015 a 1419 en 2024.

Al mismo tiempo, la justicia se está volviendo algo más severa. En 2024, la pena media por posesión o difusión era de 16,4 meses de prisión firme (cuando se trataba del delito principal), frente a los 13,5 meses de 2015.

Preguntado sobre el número de obligaciones de tratamiento ordenadas de forma complementaria por los jueces, el ministerio no ha podido respondernos. Pero parece que está aumentando la propensión de los magistrados a recurrir a ellas, con la esperanza de prevenir mejor los actos delictivos o la reincidencia.

Pero esos tratamientos no son una “solución milagrosa”, pues es probable que parte de los comportamientos a los que se dirigen no tengan nada que ver con trastornos psiquiátricos. Además, esos seguimientos resultan complicados de poner en marcha, debido a la falta de psiquiatras disponibles, y de controlar, debido al secreto médico.

Emmanuel B., por su parte, afirma haber cumplido con su obligación de recibir tratamiento, que finalizó el año pasado. Localizado por Mediapart, este treintañero fue condenado en 2023, en medio de una relativa indiferencia, tras el primer escándalo, ocurrido en 2020, sobre la venta de muñecas pornográficas infantiles. En aquel momento, la plataforma implicada se llamaba Amazon. Y para que la justicia se pusiera en marcha, fue necesario que una asociación, La Voix de l'enfant, presentara una denuncia contra la empresa americana.

Amazon había transmitido a la justicia la identidad de un solo comprador: Emmanuel B., un técnico soltero sin antecedentes penales, que en el momento de su detención ya se había deshecho de la muñeca, “asqueado”. “Era como un cadáver”, explicó a los gendarmes. “Era muy grande, no cabía en el cubo de basura. Así que la corté en trozos pequeños y la tiré al vertedero”.

La investigación sobre la parte “cliente” se cerró rápidamente. De su entorno, solo su hermano fue interrogado sobre posibles “comportamientos inapropiados” hacia sus hijos, a lo que él respondió: “No, nunca”.

El informe psiquiátrico fue tranquilizador: aparte de una depresión grave, el médico no detectó ninguna “peligrosidad criminológica”. El tribunal correccional de Dieppe optó así por una pena leve de tres meses de prisión condicional, sin imponer ninguna prohibición de actividad con niños. Ni siquiera la inscripción en el Fijais. Simplemente, Emmanuel B. estaba obligado a someterse a tratamiento psiquiátrico durante dos años.

“Tenía muchas ganas de suicidarme”, declara hoy. “Pero recibí un buen seguimiento por parte del Spip [el servicio penitenciario de inserción y libertad condicional de la administración penitenciaria, ndr] y del hospital. Sigo yendo a un psiquiatra, aunque ahora lo necesito mucho menos. Considero que ha sido un mal para un bien. La pena fue muy justa; el seguimiento de proximidad, algo muy positivo. El hecho de comprar una muñeca así no me parece dramático en sí mismo, pero es una muy mala señal”.

¿Ha llamado usted alguna vez al número nacional dedicado a las “personas atraídas por los niños”, gestionado por profesionales de la salud? “Nunca”. Aunque el Spip le habló de ello.

A la psiquiatra Anne-Hélène Moncany, especialista en el tratamiento de autores de delitos sexuales, se le preguntó sobre la probabilidad de que haya un depredador detrás de cada comprador, y nos declaró en noviembre: “Desde el punto de vista científico, este debate no está zanjado [por falta de datos, ndr]. Pero lo que importa es que, entre estos compradores, hay algunos que corren un alto riesgo de agredir sexualmente a niños. De ahí la necesidad de sancionar, pero también de actuar con esas personas, para tratar de que no agredan a quienes les rodean.”

En opinión de Emmanuel B., la mejor forma de prevención es “romper el tabú, saber que hay gente así”: “Sé que nos pueden pasar cosas cuando somos pequeños... Si lo que ocurre en las familias fuera menos tabú, quizá habría más gente que acudiría al médico para evitar encerrarse eso y pasar a la acción. También debería ser más fácil acceder a un psiquiatra”, explica.

Afirma que nunca ha agredido a nadie. Cuando Mediapart preguntó a la fiscalía de Dieppe si la justicia había tenido que ver con Emmanuel B. desde 2023, no respondió.

Pero lo que llama la atención de este procedimiento, iniciado en 2020 y cerrado tres años después con la condena de un solo hombre, es que Amazon nunca ha sido procesada. Sin embargo, en un principio, la denuncia de La Voix de l'enfant se dirigía precisamente contra la plataforma estadounidense, en particular por “explotación de imágenes de pornografía infantil”.

Pero los productos eran ofrecidos por dos vendedores independientes chinos, “responsables de la publicación de sus productos en Internet”, declaró el director jurídico de Amazon a la policía. “Cuando Amazon fue informada de la existencia de esos productos, los retiró inmediatamente”, añadió. “Y prohibió a terceros vendedores seguir vendiendo en Amazon.fr”. Un argumento similar al de Shein hoy en día.

Y lo que es peor: en aquel momento, la justicia descubrió que una de las empresas chinas vendía sus muñecas en otra plataforma, AliExpress. Contactado por los investigadores, el grupo propietario, Alibaba, retiró sus productos. Pero “se negó a facilitar todos los datos relativos a los compradores”, según un documento del expediente consultado por Mediapart. “Además, no se pudo interrogar a ningún responsable [de Alibaba]”. Una estrategia obstructora eficaz.

Al final, en este caso de 2020, la justicia archivó la parte relativa a las “plataformas”, considerando sin duda que no había intención de cometer un delito.

“Lamento esa pusilanimidad”, lamenta hoy el abogado de La Voix de l'enfant, Frédéric Benoist. “Habría sido importante presionar a las plataformas en aquel momento. Que al menos se hubiera llevado a cabo un debate ante un tribunal para determinar si la falta de medidas de seguridad suficientes hubieran podido determinar su responsabilidad penal. Si no, llegamos a donde estamos hoy...”

Cinco años después de su primera acción, La Voix de l'enfant volvió a presentar una denuncia por la distribución de muñecas, en noviembre de 2025, contra Shein y AliExpress. Esta vez, con la esperanza de que se celebre un juicio.

Traducción de Miguel López

La República Islámica de Irán cumple este jueves una semana con el acceso bloqueado al internet global y con las comunicaciones internas limitadas, una medida tomada para detener las protestas que sacuden el país desde hace 19 días, según informa EFE. 

Se trata del mayor periodo de desconexión con el mundo exterior vivido hasta ahora por el país persa y justificado por las autoridades iraníes como la única manera de detener unas protestas alentadas por Estados Unidos e Israel para justificar “una intervención en el país”.  

Muchos iraníes no comparten esa justificación: “Cortan internet cada vez que van a matar gente”, dice a EFE un vecino de Teherán. “Esto no es nuevo, ha ocurrido en el pasado cuando ha habido protestas, y lo hacen para que no se sepa fuera lo que ocurre”, alegó este vecino.  

El corte de las comunicaciones comenzó el jueves pasado por la tarde cuando dejó de funcionar el acceso al internet global, las llamadas de teléfonos internacionales y los SMS internos. 

Al mismo tiempo se produjo un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en la capital con policías y antidisturbios en cruces y circulando por las calles en motos. 

Dentro de Irán solo era posible acceder a una intranet interna del país con acceso a medios estatales y servicios locales. Se podían realizar llamadas locales y en algunas jornadas éstas también quedaban bloqueadas durante unas horas por la tarde y noche, cuando se producían las protestas. 

En estas circunstancias no funcionan las aplicaciones de VPNs, que permiten saltarse la censura que impone el Gobierno iraní a internet y necesarias para usar Whatsapp, X o Instagram, redes sociales que han espoleado las protestas en el pasado. Esta situación se prolongó hasta el martes por la mañana, cuando volvieron a operar las llamadas internacionales, pero solo de salida. 

Ahora continúa cortado el acceso al internet global y los SMS, y la única manera de conectar con el exterior es realizar llamadas internacionales. 

No es la primera vez que Irán corta las comunicaciones con el exterior para detener protestas. Sucedió en 2019 cuando estallaron unas protestas por la subida de los precios del combustible y Teherán cortó el internet durante tres días en los que murieron 350 personas en la represión, según Amnistía Internacional. Pero en aquella ocasión solo se cortaron los SMS por las tardes y noches y continuaron funcionando las llamadas internacionales. 

En las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico se produjeron cortes parciales de internet por zonas por las tardes y noches durante meses para tratar de desactivar unas movilizaciones en las que murieron unas 550 personas. 

En los tres últimos días no se han producido nuevas protestas y las autoridades iraníes no dan cifras de víctimas civiles, solo reconocen que “ha habido muchos muertos”. Del número de efectivos de las fuerzas de seguridad si tienen recuento y hasta ahora se ha informado de al menos 150 de ellos muertos en las protestas, de los cuales un centenar fue despedido el miércoles en un funeral estatal en la capital.

Un síntoma inequívoco de las crisis sucesivas que atraviesa EEUU bajo el último mandato de Trump y de la incapacidad del líder republicano para darles una respuesta satisfactoria ha sido la radicalización de las derechas. Según un estudio elaborado por el centro de datos económicos Funcas, desde principios de 2025 Estados Unidos ha ido acumulando indicios de un fuerte deterioro de la actividad y de los mercados financieros y el dólar ha caído notablemente tras el anuncio de los nuevos aranceles a principios de abril. Esta coyuntura, sumada a un progresivo y brutal recorte de los derechos sociales durante esta legislatura, ha agravado los miedos ya presentes en la sociedad estadounidense. 

En medio de este clima de inestabilidad estructural y ausencia de horizontes de futuro nítidos han aflorado, especialmente en el ecosistema online, movimientos de derecha alternativa o alt-right que pugnan por modelos de Estado puramente autoritarios y combativos con la derecha tradicional. Esta es percibida por muchos como impotente, inhábil a la hora de lograr verdaderas transformaciones socioeconómicas. Uno de estos grupos que han sido capaces de capitalizar, desde el populismo nacionalista, estas frustraciones son los groypers. Se trata de un movimiento no organizado de jóvenes supremacistas y neonazis que hoy goza de una extraordinaria popularidad entre la generación Z de extrema derecha desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Trump siempre ha visto con buenos ojos estos grupos de exaltados; de hecho, durante sus dos mandatos ha obtenido provecho de su radicalización hacia posturas cada vez más ultras. En muchos casos, tanto groypers como otros agitadores del internet subterráneo son quienes, a través de discursos de odio bien camuflados, captan futuros votantes trumpistas. Por ese motivo, cuando llevan a cabo acciones violentas apenas reciben represalias. En otras palabras, le hacen el trabajo sucio al Partido Republicano y abonan el terreno para que cada vez más jóvenes acepten políticas escoradas hacia el autoritarismo. 

Este coqueteo tan poco disimulado con los movimientos neofascistas se hizo patente con la participación en 2022 de dos congresistas republicanos, Marjorie Taylor Greene (Georgia) y Paul Gosar (Arizona), en un evento organizado por el fundador y líder de los groypers, Nick Fuentes. El streamer nacionalista cristiano también había participado un año antes en el asalto al Capitolio, episodio del que hoy se cumplen cinco años y en el que estuvieron envueltos desde simpatizantes neonazis hasta trolls de internet. Fuentes se había dedicado a difundir la idea de un posible fraude electoral en los comicios de 2020 y contribuyó a sembrar un caos que careció de consecuencias penales.

Un año después del fallido golpe de Estado, Fuentes cenaba con Trump en su residencia vacacional de Mar-a-Lago, en Florida, y ambos parecían tener una buena sintonía, a pesar de que el agitador siempre se había desmarcado de la órbita MAGA (Make America Great Again) y afirmaba no sentirse conforme con las medidas “poco derechistas” del republicano: para Fuentes –un hombre abiertamente antisemita, nativista, xenófobo y pronazi–, el Gobierno de EEUU pecaba de ser demasiado tibio (sobre todo en relación a sus políticas migratorias) y sus normas legislativas, excesivamente moderadas. El magnate, por su parte, dijo no conocer a Fuentes después de que se hicieran públicas declaraciones suyas negando el Holocausto. Años después de aquel encuentro, en 2024, los groypers llegaron a boicotear la CPAC (Conservative Political Action Conference), la conferencia política anual de líderes conservadores más importante de Estados Unidos, junto con otros “activistas” de corte neonazi. 

Lo que les catapultó a la popularidad en 2019 fue su antagonismo y posterior campaña de acoso contra el difunto activista conservador Charlie Kirk. De hecho, durante meses se especuló con la idea de que el asesino de Kirk fuera un groyper, aunque es algo que no ha podido ser confirmado. Kirk fundó la organización Turning Point USA (TPUSA) y durante años había estado recorriendo universidades e institutos de EEUU para convencer a los jóvenes de las bondades de sus ideas reaccionarias y neoliberales. Para Fuentes y sus secuaces de internet, Kirk representaba un enemigo a batir en la lucha por el relato, un relato que a su juicio debía moverse todavía más hacia la derecha. Existía ante todo una batalla titánica por captar la atención de una inmensa masa de jóvenes desorientados y ávidos de líderes de opinión. De ahí que pronto los groypers iniciaran lo que ellos mismos acuñaron bajo el término de “guerras groyper”, campañas basadas en frecuentar eventos conservadores para escrachearlos o simplemente ridiculizar a Kirk en las redes sociales.

La escena geopolítica, marcada por las constantes amenazas bélicas, también ha creado el caldo cultivo perfecto para que los groypers y otros grupos similares hayan podido infectar las conversaciones con recetas antisemitas, racistas y antiinmigración. Durante los dos años de genocidio israelí en la Franja de Gaza, que se ha saldado con más de 60.000 víctimas civiles, criticaron públicamente el apoyo militar al país hebreo, no por haber cometido atrocidades o por haber violado en incontables ocasiones el derecho internacional humanitario, sino por su antisemitismo intrínseco. Además, Fuentes se considera negacionista del Holocausto y admirador acérrimo de Hitler, como señala una reciente investigación del Network Contagion Research Institute. Quizás lo que explica su respaldo a las políticas nazis es lo mismo que le lleva a venerar a otros líderes totalitarios como Vladimir Putin o el régimen iraní: entre las filas groypers subsiste una profunda admiración hacia los autoritarismos, sea cual sea su ideología de base. 

Los groypers han entendido a la perfección que la batalla cultural ya no se libra exclusivamente en los platós de televisión ni en los macroeventos. La nueva alt-righ no existiría si no existiera internet, un ecosistema en el que estos autodenominados ciberactivistas se sienten especialmente cómodos a la hora de esparcir descaradamente consignas reaccionarias y populistas con total impunidad. De hecho, el nombre del movimiento proviene del meme de una rana, una versión de Pepe the Frog que metaforiza el tipo de prácticas con las que el grupo consigue inocular su discurso entre la generación Z estadpunidense: difusión coordinada de tuits, hashtags, publicaciones y sobre todo memes disruptivos para disfrazar bajo un manto de humor e ironía auténticos discursos de odio, algo que se conoce como “irony poisoning”. En los últimos años han ganado músculo en redes muy desreguladas como X (en manos de tecnolíderes que comulgan con estos marcos supremacistas), YouTube, la aplicación de chat Discord y otras plataformas de conversación grupal. 

En una investigación llevada a cabo por el Institut for Strategic Dialogue se describe en buena parte el modus operandi de estos falsos ciberactivistas: “Las tácticas de Fuentes son burdas pero eficaces. Mientras el propietario de X, Elon Musk, y Trump hablaban en una entrevista en directo el mes pasado, el activista nacionalista blanco ordenó a miles de espectadores de una retransmisión simultánea en Rumble que publicaran frases específicas en X y alimentaran las publicaciones que él mismo hacía en su propio perfil. En otra ocasión, Fuentes señaló que estaba a punto de enviar una publicación contra la inmigración y proporcionó instrucciones explícitas a sus seguidores para que la inundaran con comentarios. Solo esa publicación recibió más de 52.000 interacciones”, destacan. 

Otro ingrediente que explica su impunidad es la propia legislación estadounidense: a diferencia de Europa, donde los códigos penales acostumbran a ser mucho más estrictos en relación a los delitos de odio ya sea offline o a través de las redes sociales, en EEUU los agitadores suelen estar amparados por la libertad de expresión aunque sus discursos sean discriminatorios. Junto a ello, la propia naturaleza abierta de internet favorece el crecimiento de estos grupos, tal y como refiere el historiador e investigador postdoctoral sobre la alt-right en Estados Unidos Jaime Caro: “En internet todo el mundo puede opinar, puede escribir y ser escuchado. Antes, si tú querías ser escuchado, tenías que publicar en algún medio, es decir, necesitabas un intermediario, que si quería te podía censurar; ahora, con las redes sociales, tú puedes hacerlo directamente en Twitter, en Reddit, en 4chan, en cualquier foro, aunque lo que digas sea delictivo”, asegura a este medio. Sin este entorno propicio, la alt-right no habría logrado jamás el éxito del que goza actualmente. 

El espacio digital ha propulsado estos años a otro gran exponente de la alt-right americana, NRX o Ilustración Oscura, que comparte numerosas similitudes con groypers. Entre ellas las posiciones contrarias a la igualdad de género, el apoyo a los regímenes totalitarios –cuando no directamente enaltecimiento del fascismo– o la pugna eterna contra la “agenda woke”. De hecho, los groypers se autoproclaman “orgullosamente incels [acrónimo de la expresión involuntary celibate]" y reivindican el supremacismo masculino bajo la consigna de que el avance en derechos feministas (que ellos denominan “neoderechos”) ha otorgado una ventaja a las mujeres, que ahora gozan de “demasiada libertad”. “La juventud ahora mismo está atravesada por la soledad, la precariedad, la inseguridad, lo que alimenta ideas antifeministas de que las mujeres les han robado el futuro puesto que el feminismo intenta deshacer las jerarquías de género”, concluye Caro.

En un momento en el que las ideas reaccionarias encuentran un terreno fértil en internet, Juan Hernández (Gran Canaria, 2000), más conocido como Anujbost o simplemente Anuj, ha conseguido hacerse un hueco con una perspectiva progresista. Este streamer canario se ha hecho popular por su análisis político y por debatir con todo tipo de gente e ideologías, lo que se ha convertido en su sello de identidad.

Crítico con el discurso de la izquierda parlamentaria, su postura política gira en torno al sindicalismo y la organización de la sociedad civil. En 2022, impulsó la creación del primer sindicato de editores de vídeo. También ha formado, junto con otros profesionales, la Unión Española de Creadores tras conocerse la intención del Gobierno de regular el sector de los influencers. infoLibre ha conversado con Anuj sobre su trabajo en internet y su particular visión de la actualidad política.

¿Cómo surge Anujbost?

Como otros, empecé en internet como hobby. Yo estaba estudiando doblaje en Madrid y hacía streaming porque quería practicar la dicción y la proyección de la voz. Mientras tanto, hablaba de política, porque era un tema cercano desde hace mucho tiempo. 

Tardé dos o tres años en empezar a vivir de ello y, mientras, fui haciendo una introspección sobre cuál era el sentido a la hora de divulgar las cosas, porque había sido un poco accidental. No era un proyecto diseñado, era más bien una cuestión de entretenimiento que iba de la mano con el conocimiento que yo quería divulgar, con todo lo que estaba pasando. Empecé a hacer stream con la pandemia y, a partir de ahí, no ha parado el mundo. 

¿Considera que hay una falta de representación de creadores de izquierdas en internet?

Si bien podría parecer que sí, creo que lo que falta son creadores de izquierdas que se acerquen más a temas cotidianos. Su contenido se ha centrado en hacer exposiciones muy particulares sobre temas muy concretos, como cuestiones académicas o temáticas sociales; mientras que los de derechas van a lo más mundano, a debates más simples. No significa que sean peores, simplemente son más cercanos al debate que podrías tener en la mesa con tus padres.

En el pódcast No Obstante se dijo que sus seguidores son principalmente hombres jóvenes. ¿Cómo definiría a su audiencia?

Mi audiencia principalmente son hombres jóvenes de entre 18 y 40 años. Soy de los pocos creadores que tienen un público principalmente joven, el 50% entre 18 y 30. A lo mejor un 10-15% son mujeres. Entiendo que es por los códigos y las formas en las que me expreso, que suelen ser una barrera tal vez a la hora de comunicarme, pero también creo que es por las temáticas más particulares y los círculos en los que me he movido.

En esa misma entrevista se mencionó el tema de la masculinidad. ¿Cuál es el tipo de masculinidad que defiende?

Desde el progresismo se hace mucha alusión a la superación del género, algo de lo que estoy relativamente de acuerdo. Se puede ser heterosexual sin tener que estar atado a unas características históricamente relacionadas con la autopresión [sic]. Igual que la mujer ha vivido un proceso de conciencia, creo que el hombre también ha desarrollado una serie de características que pueden ser nocivas y que ahora se pueden superar.

La masculinidad que defiendo se basa en que soy un hombre heterosexual que no quiere oprimir a la mujer. Un proyecto de respeto en el que puedo hablar de mis emociones. Creo que cualquier hombre relativamente joven vive una serie de contextos donde las emociones no salen por sí solas y eso tiene consecuencias, porque son una parte fundamental del ser humano.

Su contenido se caracteriza por ser polémico. ¿Cómo gestiona cuando los mensajes se malinterpretan?

Al principio te enfadas, porque da rabia que la gente no entienda. También es cierto que con el paso del tiempo hay un poco de mea culpa. Hay mensajes que aunque se escriba un tocho en Twitter no va a hacer que la gente entienda. También es la naturaleza de las redes sociales, que cada uno lea lo que quiera. 

Muchas veces provoco un efecto Streisand: cuando alguien me dice algo, le respondo para defender la postura, y eso termina haciendo que más personas se enteren de qué está pasando. Me parece un buen ejercicio porque mucha gente siempre va a leer lo que le dé la gana en lo que pongas, pero mucha otra aprecia cuando dices algo y luego te puedes dar cuenta de que te has equivocado. 

De hecho, se generó polémica cuando anunció que iba a debatir con gente de ultraderecha. ¿Cómo se está acogiendo ese contenido ahora?

Veo una aceptación total, la gente entiende que hay que cambiar la forma de ver todo. Pablo Iglesias, probablemente una de las personas que en sus inicios más debatió, en parte triunfó porque era un outsider de lo que era la política entonces y traía ideas nuevas. A partir de la hegemonía del progresismo, mucha gente creo que empieza a tener miedo y, con los problemas internos de los partidos, se empieza a crear un cerco alrededor del ‘no podemos hablar con esta persona’. 

Siendo yo parte de esa izquierda outsider, creo que es momento de salir y decir a la gente que la izquierda no es solo Sumar y PSOE. Mucha gente creía que no se podía debatir porque debatir es legitimar, hasta que se dan cuenta de que en realidad no los legitimas. Creo que es bueno y es lo que tiene que hacer la izquierda y lo que ha hecho siempre: ser valiente y salir a hacer cosas que son incómodas. 

Una idea que suele escucharse en sus intervenciones es la de una “militancia cómoda”.

He militado y milito en muchos sitios en la parte administrativa y creo que el proyecto militante se vuelve un proceso complejo. Se nota en un movimiento cuando es de gente de barrio y cuando parte de la academia. Yo no soy antiacadémico, pero creo que los movimientos de calle tienen que alejarse de la academia, porque su funcionamiento requiere toda la vida enlazado a ella. Los debates son muy profundos y mucha parte del tiempo se dedica a un aprendizaje muy denso, que una persona normal no quiere asumir.

Creo que los movimientos que funcionan son los que son accesibles para cualquier persona. Espacios más comunes donde no haga falta estar formándose, donde simplemente pueda ser crear un entorno en el que, desde la que no tiene la ESO hasta la que tiene una carrera, puedan sentirse parte del mismo sitio. Creo que el funcionamiento militante necesita a los dos tipos: mucha gente del trabajo diario y gente relativamente intelectual que organice el foco de la estrategia. 

La vía política que defiende es la del sindicalismo, ¿qué le ha llevado a ese planteamiento?

Mi postura nace un poco de la práctica. He estado en organizaciones muy intelectuales, pero que se alejaban de la simpleza de la realidad. Necesitamos una organización sindical que se asemeje a lo que fue en su momento la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores), que mezclaba ambas cosas: la organización mundana y la implicación intelectual. No estamos en esa época, pero cada vez nos acercamos más al entorno material y político: la desigualdad social, la inseguridad internacional, las guerras... 

En la actualidad, este modelo se asemejaría al sindical danés. Desde el que trabaja en una fábrica al funcionario, toda esa gente tiene un interés común, que se parte en tres: todos pagan impuestos, todos consumen, y todos tienen intereses laborales comunes. Esas tres vías son las que unen porque parten de la obligación de cara al mercado, de cómo consumimos. 

El día a día es también un voto, un input al sistema. Esa visión del consumidor como una sociedad organizada que dice que no va a consumir un producto porque está promoviendo que se seque un río en África. Lo mismo pasa con los impuestos, hay que estar pendientes del gasto público. Protestar contra el Estado no es ser menos de izquierdas, porque el Estado no es la izquierda. 

El sindicalismo no es para gente de izquierda, es para todo el mundo, y se deben romper las barreras de la polarización partidista porque van en contra de la organización civil.

Hace tiempo que impulsó el sindicato de los editores de vídeo y, por otra parte, la Unión Española de Creadores, ¿cuál es la situación actual de ambas organizaciones?

La Unión Española de Creadores el próximo año tendrá muchos hitos interesantes a nivel internacional. En el caso de los editores, lo creé para que fuera un lugar en el que la gente pudiera intercambiar conocimiento y mejorar sus condiciones. Cuando empezaba a fluir, lo cedí para que se autogestionara y, ahora, objetivamente, se ha podido medir que han crecido los salarios. 

También estoy en el Sindicato de Periodistas de Madrid, que mezcla personas que tienen mucho conocimiento con personas que no, pero que se juntan y llegan a hacer cosas interesantes.

¿Qué rol ejerce en este sindicato?

Más bien de asesor en periodos de consulta. Soy periodista, pero soy autónomo y hago todo: tengo que buscar, verificar, realizar... 

Cuando se empieza a consumir internet, se pierde ese formato de financiación mediante compra en los periódicos, lo que hace que sea cada vez más necesaria la publicidad institucional. El streaming como formato informativo existe por la falta de credibilidad, porque es una alternativa individual donde como individuo, como no me puedo vender porque no soy una corporación, soy lo que la gente busca: personas a título individual, que son más cercanas. Es un entorno que hay que repensar y que es un proceso complejo, precisamente porque el periodismo siempre será la única forma de que podamos vivir en democracia.

¿Cuál cree que será el futuro de la izquierda alternativa tras las elecciones extremeñas y la triple candidatura en Aragón?

Si no conseguimos darle esperanza a los jóvenes en el futuro, no nos extrañe que busquen vivir en el pasado. Vivimos una época muy mala, sobre todo para los jóvenes. No hay acceso a la vivienda, inflación, casos de corrupción, guerra... 

¿Cómo le vas a pedir a alguien de izquierdas que vote a una de las tres opciones cuando son la misma ideológicamente? ¿Cómo va la izquierda a decir que puede ofrecer un mejor país si no puede ofrecer siquiera una organización sostenible? Cuando eres parte del gobierno que permite que las cosas no vayan bien, la gente va a ir a lo contrario y no puedes decirle ‘fachapobre’. No estás haciendo que la gente pobre sea menos pobre, con lo cual no van a votarte.

Va a haber una gran victoria del PP y de Vox en general de aquí a 2027 y la izquierda va a estar fuera, mínimo, 10 años. Creo que la solución inmediata es la organización civil y sindical. Hay que asociarse independientemente de la ideología.

A las 8:00 hora local de este sábado, cuando amanecía en Irán tras "otra noche de protestas", las métricas mostraban cómo internet llevaba ya 36 horas sin funcionar en el país persa, según denunció en X la plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet.

La falta de internet "limita severamente la capacidad de los iraníes" de chequear si familiares y amigos están seguros, añadió NetBlocks, que viene reportando la caída de la conectividad en Irán desde el jueves, cuando las autoridades iraníes cortaron el acceso al internet global en un aparente intento por controlar las protestas que arrancaron el pasado 28 de diciembre en Teherán y se han extendido a multitud de ciudades.

Para Rebecca White, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre vigilancia selectiva, las autoridades iraníes han vuelto a bloquear internet –ya hubo restricciones en las protestas de 2022 de "Mujer, vida, libertad"– de forma "deliberada" para ocultar "el verdadero alcance de las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional que están cometiendo para aplastar" las manifestaciones.

"Este bloqueo generalizado de internet no solo oculta violaciones de derechos humanos, sino que constituye en sí mismo una grave violación de derechos humanos", sostuvo White en un comunicado de Amnistía Internacional.

Además de señalar que el acceso a internet "es un derecho humano fundamental e indispensable en tiempos de protesta", advirtió de que "los bloqueos de internet sumergen a las personas en la oscuridad digital, impidiendo que quienes se encuentran dentro del país reciban información o la compartan con el mundo exterior.

"Esto es totalmente intencional. Impide que se documenten violaciones de derechos humanos, incluidos los homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad, y perpetúa la impunidad de estos crímenes de Estado", insistió White.

Comerciantes del Gran Bazar de Teherán fueron los primeros en protestar el 28 de diciembre debido al deterioro de la situación económica del país, el desplome de la moneda (el rial) y la elevada inflación, aunque las quejas se fueron extendiendo por más de cien ciudades.

Los manifestantes empezaron también a señalar a la República Islámica y al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y las autoridades han contestado con fuertes despliegues policiales en unas protestas que alcanzan ya los catorce días.

Son al menos 51 los muertos registrados desde el 28 de diciembre, según informó este viernes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega).

Reza Pahlaví, el primogénito del último sha de Irán, invitó este sábado a los trabajadores iraníes a iniciar una huelga general para "doblegar por completo" a la República Islámica y el frágil "aparato represivo" que encabeza el líder supremo iraní, Ali Jameneí.

"Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos", dijo Pahlaví en un mensaje en farsi publicado en su cuenta de X con un vídeo.

El hijo del último sha de Irán, que vive en el exilio desde el derrocamiento de su padre en 1979, añadió que se prepara para "volver a la patria" para, en el "momento de la victoria de nuestra revolución", poder "estar al lado" de la "gran nación de Irán".

La piratería es un robo salvo, quizás, cuando se trata de una empresa de inteligencia artificial (IA). En Estados Unidos hay abiertos más de setenta procedimientos que enfrentan a artistas, escritores, actores o editoriales con los gigantes que fabrican los “grandes modelos de lenguaje” (large language model, LLM), motores de la IA generativa (la que produce textos e imágenes).

Esos creadores acusan a OpenAI, Anthropic o Meta, la empresa matriz de Facebook, de saquear sus obras para entrenar sus herramientas, en contravención de las normas de derechos de autor.

Uno de esos procedimientos es el caso “Kadrey contra Meta Platforms Inc.”, iniciado en 2023 y llevado a cabo por escritores como Richard Kadrey, Sarah Silverman o Ta-Nehisi Coates. Lo que está en juego es enorme: validar el modelo económico de los pioneros de la IA o abrir la vía a una remuneración masiva a los autores cuyos contenidos han sido utilizados sin su consentimiento y sin contraprestación alguna.

El análisis realizado por Mediapart de los miles de páginas de documentos hechos públicos con este motivo, enriquecido con entrevistas a exempleados de Meta, es muy revelador. Permite confirmar, como reveló en marzo en Estados Unidos la revista The Atlantic, que Meta ha entrenado su modelo de inteligencia artificial generativa, LLaMA, basándose en millones de libros acumulados por Library Genesis (LibGen), una web pirata que también recopila millones de artículos científicos.

Mediapart revela que estos documentos también demuestran la importante implicación, en 2022, de Guillaume Lample, que entonces era empleado de Meta. Luego fundaría Mistral AI, la joya francesa de la inteligencia artificial, empresa favorita de Macron valorada en 12.000 millones de euros, de la que Lample es director científico. Los documentos públicos demuestran que el investigador y empresario está detrás del pirateo de varias decenas de terabytes (es decir, miles de gigabytes) de datos.

Como muestran varias comunicaciones internas, la empresa de Mark Zuckerberg consideraba, a finales de 2023, que Mistral AI también había utilizado LibGen. Al ser preguntado sobre estos dos puntos, Guillaume Lample no respondió, a pesar de nuestros insistentes intentos. Meta tampoco respondió a nuestras preguntas.

En 2022, Mistral AI no existe. Guillaume Lample, ingeniero por la Universidad Politécnica, llegó a Meta en 2014 y ya era conocido por sus trabajos pioneros en el campo de la traducción automática. En aquel momento trabajaba en el laboratorio Fundamental AI Research (Fair). La estructura, creada en 2015, está dirigida por el francés Yann Le Cun, una auténtica estrella del sector, y cuenta con un importante equipo en París. “Los equipos de Fair funcionaban como un centro de investigación, recuerda un antiguo empleado de Meta. Trabajaban con gran autonomía con respecto a los objetivos comerciales de la empresa”.

Pero el ambiente cambia en otoño de 2022. Unos meses antes, Midjourney había lanzado un software de generación de imágenes y OpenAI se dispone a hacer público ChatGPT. Los ingenieros de Meta son muy conscientes de su retraso. Dos equipos de Fair, en Estados Unidos y Francia, trabajan en paralelo en la creación de un LLM. Buscan, con urgencia, adquirir datos.

El reto es cuantitativo: entrenar un LLM supone tragarse miles de millones de páginas de texto. Pero también es cualitativo. Dado que la IA imita lo que consume, los ingenieros deben alimentarla con textos bien escritos y bien estructurados. Por lo tanto, los libros, pero también los artículos científicos, aparecen como las fuentes particularmente interesantes para los equipos de Meta.

Antes de realizar ninguna compra, deciden poner a prueba esta teoría. Rápidamente se plantea la cuestión de utilizar LibGen. Este proyecto colaborativo, creado a mediados de la década de 2010 y alimentado por la cultura pirata de la época, tiene como objetivo hacer gratuitos los artículos de investigación y las obras protegidas por derechos de autor. En su apogeo, la web aglutina más de 6 millones de obras y al menos 80 millones de artículos científicos.

A partir de octubre, los equipos de Fair se plantean el uso de estos datos. Al menos quieren realizar pruebas. El 7 de octubre de 2022, tal y como indica un email interno, los responsables del laboratorio se organizan para obtener la autorización para utilizar LibGen. El 19 de octubre, un largo intercambio de emails detalla los retos para los equipos de investigación de Meta. “Los mejores recursos son, sin duda, los libros”, detalla un investigador de la empresa, que considera que, antes de comprar estas obras, hay que “empezar por hacer una prueba con y sin libros para demostrar el valor de las obras”.

“Guillaume y el equipo de París esperan los datos para demostrarlo”, dice. Para este investigador, es necesario “ponerse en contacto con los editores más importantes” o “comprar libros en masa por Internet”. No hay consenso sobre el tema. “No creo que debamos utilizar obras pirateadas. Es una línea roja”, protesta una investigadora, que se niega a utilizar “webs de piratería ilegales”.

“Todo el mundo utiliza LibGen”, argumenta entonces Guillaume Lample. Una postura reiterada a finales de noviembre de 2022, en otro intercambio de emails en el que una miembro de Fair vuelve a mostrar su preocupación por el uso de LibGen. “Eso es lo que hace OpenAI con GPT3, lo que hace Google con [el LLM] Palm, lo que hace DeepMind con Chinchilla”, replica Guillaume Lample. “Así que nosotros también lo vamos a hacer.”

El uso exploratorio queda validado y Lample comienza a piratear los contenidos recopilados en la plataforma, como lo demuestran los códigos revelados en el marco de la investigación, los emails internos y varias declaraciones. Estas descargas, iniciadas en octubre de 2022, duran varios meses y se refieren principalmente a la parte científica de LibGen.

Para ello, el ingeniero utiliza un protocolo Torrent, una tecnología peer-to-peer (P2P) que permite descargar un archivo de decenas, cientos o miles de otros usuarios que ya lo poseen en su totalidad o en parte. Este uso también implica poner a disposición de los internautas los archivos descargados, lo que facilita futuras piraterías. Los demandantes del caso “Kadrey contra Meta Platforms Inc.” estiman en muchos documentos que el francés descargó unos 70 TB de datos en total.

Ni Meta ni Guillaume Lample han respondido a nuestras preguntas, pero los registros de descargas de este último, que recogen su actividad informática mientras trabajaba para Meta, confirman su total implicación. Su análisis solo ha podido abarcar una fracción de las descargas: “Los registros [proporcionados por Meta, ndr] están incompletos”, señala el experto encargado del análisis. De los más de 70 TB de datos que Lample habría descargado a través de Torrent, los registros solo cubren 3,9 TB”. El informe también señala “datos que incluyen documentos procedentes de LibGen”.

En aquella época, Lample y sus colegas trabajaban sin descanso para finalizar lo antes posible un modelo de LLM comercializable. El 27 de febrero de 2023, Meta hace público LLaMA 1. La empresa ha decidido dejar a un lado los datos obtenidos en LibGen y utilizar datos de entrenamiento compatibles con la publicación del modelo en código abierto.

LLaMA 1 se basa, no obstante, en datos protegidos. El artículo que explica el funcionamiento del modelo, firmado conjuntamente por Guillaume Lample y Timothée Lacroix, también cofundador de Mistral AI, menciona el uso de “Books3”, una base de datos que contiene obras protegidas por derechos de autor, para su entrenamiento.

Al día siguiente, 28 de febrero, se reanuda la carrera por la innovación. Guillaume Lample y sus colegas se plantean cómo obtener aún más datos. En las semanas siguientes, los equipos de ingenieros de Meta presionan a la dirección para que adquiera “el máximo de textos de formato largo”.

Como revelaron varias declaraciones dentro del procedimiento judicial en Estados Unidos, Meta considera inicialmente pagar por el acceso a las obras e incluso habla de un presupuesto de 200 millones de dólares. Pero esa opción acaba descartándose. A principios de abril de 2023, circula por la empresa un memorándum interno en el que se detallan las fuentes de datos disponibles gratuitamente o fácilmente pirateables.

El 7 de abril, Meta emite una directiva dirigida a sus equipos: deben suspender la negociación de licencias. Los ingenieros vuelven a recurrir a datos pirateados. En mayo de 2023, se vuelven a descargar millones de libros y artículos accesibles en LibGen.

El origen de los documentos se va ocultando poco a poco. Los ingenieros dejan de hacer referencia a los datos pirateados, que se convierten en documentos “externos”. El 19 de diciembre de 2023, siguiendo el consejo del equipo de investigación, Meta decide utilizar los datos recopilados en LibGen para entrenar la tercera versión de LLaMA, sin revelar el uso de estas bases de datos.

Al año siguiente, basándose una vez más en un protocolo Torrent, los equipos de Meta recuperan los documentos recopilados en “Anna's Archive”, una base de datos pirateada aún más importante que LibGen, que se utilizará para entrenar las versiones más recientes de LLaMA.

Guillaume Lample en ese momento ya no está allí. Poco después de finalizar LLaMA 1 en la primavera de 2023, parece que se distanció de Meta. Otro ingeniero se encargó de coordinar la adquisición de datos. “Varias personas del equipo francés se tomaban muchas vacaciones, da la impresión de que empezaban a bajar el ritmo”, explica una fuente que ha analizado el importante expediente judicial estadounidense. “El equipo francés llevaba varios meses preparando una recaudación de fondos para [su] propio proyecto”, detalla un exempleado de Fair. “Utilizaron LLaMA 1 como trampolín”.

Los documentos del procedimiento también destacan las dificultades de Fair justo después de la publicación de LLaMA 1. Los datos recopilados por Lample y su equipo ya no son accesibles para una parte de Meta. “Se bloqueó el acceso a los datos y a las pruebas de evaluación para que nadie pudiera reconstruir completamente el proceso de entrenamiento de LLaMA 1”, confirma a Mediapart un exempleado.

En abril de 2023, un nuevo equipo se encarga de adquirir datos y descarga una nueva versión de LibGen. Entretanto, Lample y los demás cofundadores de Mistral buscan inversores. Entre sus promesas figura el uso de datos de “alta calidad”, para los que la joven empresa se compromete a negociar acuerdos de licencia.

En septiembre de 2023, Mistral lanza su propio modelo, Mistral 7B, con un rendimiento comparable al de sus competidores americanos. Este primer éxito sigue siendo la piedra angular de los productos actuales de la empresa.

¿De dónde proceden los datos utilizados para entrenarlo? “Mistral AI no es transparente en lo que respecta a los datos de entrenamiento”, señala Margarida Silva, investigadora del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (Somo). “Mistral no comparte ni los datos que utiliza ni los algoritmos empleados para desarrollar los modelos”, coincide Harshvardhan Pandit, investigador del AI Accountability Lab del Trinity College de Dublín (Irlanda).

La empresa asegura a Mediapart que los datos utilizados contienen “información pública disponible en Internet, conjuntos de datos no públicos con licencia de terceros, así como datos generados internamente de forma sintética”. A principios de 2025, la empresa firmó un acuerdo de asociación con la AFP. Desde 2024, también participa en el proyecto ArGiMi, que le permite acceder a parte de las colecciones del Instituto Nacional de lo Audiovisual y de la Biblioteca Nacional de Francia. Estas colaboraciones comenzaron mucho después del lanzamiento de Mistral 7B.

En Meta, los investigadores del Fair tienen otra idea sobre el origen de los datos de Mistral AI. En un email del 19 de diciembre de 2023 que valida el uso de LibGen por parte de Meta para entrenar su tercera versión de LLaMA, uno de los máximos responsables de la empresa escribe que el equipo de investigación “sabe, por el boca a boca, que OpenAI y Mistral utilizan LibGen para sus modelos”. El argumento va acompañado de una tabla que compara el rendimiento de las diferentes herramientas y atribuye la eficacia del software de Mistral al uso de datos pirateados.

“LLaMa y Mistral 7B son muy parecidos”, explica a Mediapart un exempleado de Meta. “No tengo ninguna duda de que Mistral ha utilizado LibGen”. Un análisis ampliamente compartido por varios especialistas consultados. “Es un tema complicado. Entiendo por qué las empresas de IA lo hacen sin decírselo al público y por qué eso enfada a la gente”, precisa un destacado investigador.

El reglamento europeo sobre inteligencia artificial, aprobado en el verano de 2024, establece que las empresas de IA generativa deben comunicar un resumen de los datos de entrenamiento utilizados en sus modelos. Un documento que Mistral AI aún no ha publicado.

El 11 de diciembre de 2025, Mediapart envió una serie de preguntas a numerosos interlocutores, entre ellos Mistral AI, Meta y Guillaume Lample. A pesar de nuestros diferentes intentos, a través de las redes sociales, por teléfono y a través del servicio de prensa de Mistral AI, Guillaume Lample no respondió. Meta tampoco.

La coautora de este artículo, Soizic Pénicaud, investiga los efectos de la tecnología digital y la inteligencia artificial. Colabora habitualmente con el colectivo de periodistas Lighthouse Reports. También es cofundadora de l'Observatoire des algorithmes publics y profesora en la facultad de Ciencias Políticas de Paris.

Esta investigación se ha llevado a cabo con el apoyo del Tarbell Center.

Traducción de Miguel López

La plataforma Kick seguirá siendo accesible en Francia, según ha decidido el tribunal judicial de París el viernes 19 de diciembre. Sin embargo, una quincena de canales de streaming asociados al canal JeanPormanove o que reemiten extractos del mismo serán prohibidos (o permanecerán suspendidos en el caso de los que ya lo estaban).

El bloqueo total a nivel nacional de la plataforma de origen australiano habría sido “una medida desproporcionada” que constituiría “una violación injustificada de la libertad de expresión”, ya que los contenidos ilícitos representaban menos del 1% de los vídeos de la plataforma, según indicó el tribunal en un comunicado.

Tal y como había solicitado la fiscalía, los jueces solo obligaron a la plataforma a mantener “la inaccesibilidad” del canal de Jean Pormanove y sus contenidos violentos, independientemente de los canales de difusión.

Kick ha acogido con satisfacción una decisión que indica que la plataforma “no es, de manera sistémica, portadora de contenidos perjudiciales y reconoce las medidas ya adoptadas” por la empresa, según ha declarado. Ha asegurado que mantendrá su “pleno compromiso de cooperar estrechamente con las autoridades francesas”.

Esta decisión se produce tres semanas después del juicio civil del 26 de noviembre de 2025 relativo al procedimiento acelerado iniciado por el Estado, en el que la fiscalía solicitó el cierre de esos canales, pero no el de la plataforma, al considerar esa solicitud “desproporcionada”.

El abogado del Estado, Renaud Le Gunehec, abogó por la suspensión total de Kick durante seis meses en el territorio francés, invocando una “solicitud preventiva para no renovar el daño”.

El canal llamado JeanPormanove, seguido por más de 160.000 suscriptores, era el “producto estrella” de la plataforma de origen australiano, según justificó en la vista, denunciando también su “modelo económico”. “De manera extremadamente impactante, esos maltratos muy graves, morales, físicos y finalmente mortales, se monetizaban. El público podía pedir más. La plataforma lo acogió con pleno conocimiento de causa”.

“Todo lo que se hace hoy es para la galería”, contradijo una de las abogadas de Kick, al considerar que el Estado no “demuestra la existencia de un daño” al mantener la plataforma de streaming. “¿Contenidos potencialmente degradantes, violentos y racistas? Eso es algo totalmente hipotético. No hay pruebas, ni daños actuales que detener”, había añadido.

El caso Kick tuvo repercusión nacional en agosto de 2025, cuando el streamer francés Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, falleció en directo en el canal Kick en el que participaba junto con otros influencers de Niza. Llevaba doce días sufriendo maltratos psicológicos y físicos por parte de sus compañeros, observados por miles de internautas, algunos de los cuales pagaban por ver más.

Se abrió una investigación para determinar las causas de la muerte del influencer de 46 años. Los primeros resultados de la autopsia concluyeron que la muerte del streamer, de salud frágil, “no tuvo un origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero”.

A raíz de ello, Clara Chappaz, la entonces ministra de Economía Digital, denunció a la plataforma basándose en la ley de confianza en la economía digital, que permite al tribunal judicial “tomar medidas para prevenir o poner fin a los daños causados por contenidos en Internet”. Pero la plataforma de streaming Kick ya había suspendido el canal JeanPormanove.

En agosto, la fiscalía de París abrió otra investigación paralela, en colaboración con la de Niza, por suministro organizado de una plataforma ilícita, con el objetivo, en particular, de determinar si Kick “prestaba, a sabiendas, servicios ilícitos, sobre todo con la difusión de vídeos de agresiones voluntarias a la integridad de la persona”.

En diciembre de 2024, Mediapart reveló la existencia de este “negocio de la humillación” creado por los streamers de Niza en la plataforma Kick, conocida por sus condiciones de uso permisivas. Nuestra investigación analizaba el sistema de “donaciones” que permitía a los seguidores del canal fomentar el maltrato hacia Raphaël Graven, pero también hacia Stéphane, apodado Coudoux, un hombre discapacitado bajo tutela.

La fiscalía de Niza abrió inmediatamente una primera investigación por “incitación pública, a través de un medio de comunicación electrónico, al odio o la violencia contra una persona o un grupo de personas por su discapacidad, violencia voluntaria en grupo contra personas vulnerables y difusión de imágenes relativas a la comisión de delitos de atentado voluntario contra la integridad de la persona”.

En el marco de esa investigación, que también sigue en curso, en diciembre de 2024 fueron detenidos dos influencers, Owen C. y Safine H.,  y se incautó su material. En ese momento, las dos víctimas identificadas declararon que habían dado su consentimiento.

Desde la muerte de Raphaël Graven en agosto de 2025, los dos principales responsables del canal le Lokal han mantenido un perfil discreto en la web.

Por el contrario, Gwen C., hermano de Owen C., volvió a conectarse dos meses después, intentando de nuevo recaudar fondos entre los espectadores de su canal, esta vez en la plataforma Twitch. El 10 de octubre de 2025, la justicia abrió una nueva investigación después de que volviera a difundir escenas de actos violentos. Se incautó su material informático.

El 19 de diciembre de 2025, el tribunal de lo penal de París también rechazó la solicitud del Estado de suspender durante tres meses la plataforma de comercio electrónico Shein. Esta solicitud se produjo tras el descubrimiento, a principios de noviembre, de productos ilícitos, entre los que se encontraban muñecas pornográficas, armas de categoría A y medicamentos prohibidos a la venta en la plataforma.

El tribunal reconoció la existencia de un “grave perjuicio al orden público”, pero consideró que la medida era “desproporcionada”, al estimar que esas ventas eran “puntuales” y constatar que la plataforma había retirado los productos ilícitos. No obstante, la justicia “instó” a Shein a que no restableciera la venta de “productos sexuales que pudieran caracterizarse como contenido pornográfico sin la implementación de medidas de verificación de edad”.

El Estado, que en un primer momento había previsto solicitar la suspensión de su web, finalmente exigió que Shein se viera obligada a mantener en suspensión su mercado (marketplace), que alberga los productos comercializados por terceros vendedores, y solicitó la suspensión general de todas las ventas excepto las de ropa.

Traducción de Miguel López

Más solos y más débiles. La decisión de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) de archivar el expediente abierto en su día a Google y dejar al gigante norteamericano sin sanción por no hallar indicios de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deja a los medios españoles —cuyos contenidos son utilizados desde hace años para alimentar el gigantesco negocio publicitario del buscador— a los pies de los caballos. Google pasa a tener la sartén por el mango y será quien decida si paga, a quién y cuánto. Eso sí: cumpliendo los compromisos que trasladó a la CNMC.

La decisión del supervisor de la competencia da por buenas las promesas del buscador de negociar una remuneración para los medios que sea “transparente, equitativa y conforme a la normativa española” a la hora de incluir sus noticias en Google Search, Google News, Google Discover y Google News Showcase. Cedro, la organización que había presentado la demanda, aseguró este viernes a infoLibre que no tenía constancia de que la CNMC hubiese tomado una decisión. Google no atendió nuestras solicitudes de información.

La demanda había sido presentada por Cedro en junio de 2021 para reivindicar que los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de noticias no se viesen perjudicados por las prácticas que consideraban “abusivas y de posición dominante de Google y que deterioran la independencia, pluralidad y libertad de prensa”.

Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) es la entidad de gestión colectiva que representa en España a autores y editores de libros, periódicos y revistas, encargada de proteger sus derechos de propiedad intelectual y de gestionar, en su nombre, las licencias y compensaciones por la reproducción, distribución y uso digital de sus obras, tanto en el ámbito educativo como en el informativo y profesional.

En materia de transparencia, Google se comprometió a informar a los editores sobre la metodología y los parámetros utilizados para calcular la remuneración por el uso de sus contenidos, así como sobre los ingresos publicitarios relevantes asociados a dichos usos. Este compromiso, según la empresa, permitiría a los medios disponer de información clave para evaluar la razonabilidad de las ofertas económicas y verificar que la compensación guarda una relación proporcionada con el valor generado.

La compañía también planteó un procedimiento de negociación estructurado, con plazos y fases claramente definidos para la firma de los acuerdos con los medios. Este esquema incorpora la posibilidad de recurrir a mecanismos de resolución de conflictos previstos en la legislación española.

Otro de los compromisos centrales es la actualización anual de la remuneración. Google aceptó revisar cada año la oferta económica, ofreciendo a los editores la opción de aceptar las nuevas condiciones o mantener las previamente acordadas. A ello se suma la posibilidad de solicitar una remuneración retroactiva por el uso de contenidos desde la entrada en vigor del artículo 129 bis del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el 4 de noviembre de 2021, un punto especialmente sensible para los medios.

Para evitar interferencias entre distintos productos, Google se comprometió a separar las negociaciones y las remuneraciones de su plataforma News Showcase, garantizando su independencia tanto entre sí como respecto a otros servicios y productos de la compañía. Asimismo, precisó el alcance de las licencias, limitándolas exclusivamente a Google Search, Google Discover y Google News, o a la visualización en Google News Showcase, según el caso, descartando usos más amplios de los contenidos.

La empresa incluyó además compromisos destinados a reducir posibles efectos disuasorios. Entre ellos, la eliminación de cláusulas que permitan resolver contratos de Google News Showcase como represalia ante reclamaciones legales de los editores. A esto se añade el compromiso expreso de no adoptar penalizaciones contra aquellos medios que decidan limitar el uso de sus contenidos o que no alcancen un acuerdo económico con la plataforma.

Finalmente, Google ofreció someter los contratos a la ley española y a la jurisdicción de tribunales o a arbitraje en España, estableciendo además la prevalencia de la versión en castellano de los acuerdos.

La decisión de la CNMC de cerrar el expediente sin sanción al no percibir infracción, en la práctica, distancia a España del eje Francia–Alemania, que sí ha tomado medidas punitivas para que Google pague, apoyándose en la Directiva 2019/790 de la Unión Europea sobre derechos de autor en el mercado único digital, que obliga a los intermediarios digitales —como el buscador norteamericano— a negociar de buena fe con los editores por el uso de sus contenidos y que reconoce un derecho específico para los editores de prensa para autorizar o prohibir usos en línea de sus publicaciones y reclamar compensación por ello.

Sin embargo, aunque es un derecho que existe en el plano europeo, su eficacia depende de cómo cada Estado miembro lo incorpore a su derecho interno y de cómo se ejecute realmente la obligación de remunerar. En España, la transposición se realizó flexibilizando la norma europea al permitir negociaciones individuales, una fórmula menos estricta que las aplicadas en países como Alemania o Francia.

Francia, por ejemplo, ha impuesto sanciones económicas a Google por incumplimiento de obligaciones de remuneración y ha forzado negociaciones con los editores, llegando incluso a acuerdos bajo presión regulatoria real. En 2021, la autoridad francesa de competencia impuso una sanción de 500 millones de euros al buscador por no negociar con los editores de prensa en los términos previstos.

Y Alemania, si bien también se ha encontrado con limitaciones prácticas porque Google consiguió autorizaciones firmadas por los editores, ha impulsado un enfoque más riguroso en la exigencia de licencias colectivas y negociaciones estructuradas.

Mientras los dos países que forman el núcleo de la UE apostaban por la defensa de los derechos de autor frente al poder de las plataformas digitales, España tomó el camino de un cumplimiento menos exigente de la directiva europea. Aquí la transposición se hizo mediante el Real Decreto-ley 24/2021, incorporando estas obligaciones al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, pero dejando mucho margen a las negociaciones privadas y evitando establecer mecanismos automáticos de remuneración o de arbitraje obligatorio. Y eso abre la puerta a que Google pueda argumentar que, en ausencia de obligaciones claras y eficaces a nivel nacional, la directiva por sí sola no obliga a pagar remuneraciones automáticas a los editores, dando margen a la interpretación y a la negociación.

La consecuencia práctica es que el derecho existe, sí, pero solo se cumple si la plataforma quiere. Y ese es exactamente el marco narrativo que Google busca consolidar.

En realidad, y a la vista de las decisiones tomadas en Alemania y Francia, España podría hacer mucho más para forzar a Google a pagar por usar contenidos que no son suyos como motor de su gigantesco negocio publicitario. Desde establecer legalmente la presunción de remuneración obligatoria, salvo prueba en contrario, hasta definir con mayor precisión qué es “uso significativo” del contenido, evitando el margen interpretativo que hoy explotan las plataformas. Es exactamente lo que hizo Francia: primero reconoció el derecho y luego forzó su materialización.

Otra posibilidad, que es la que la CNMC acaba de enterrar, es usar la legislación sobre competencia como palanca. La autoridad francesa en la materia no trató esto solo como un problema de propiedad intelectual, sino como un abuso de posición dominante, considerando prácticas como amenazar con retirar contenidos, imponer contratos individuales que fragmentan a los editores o condicionar pagos a cesiones editoriales o de datos.

España también podría, siguiendo al núcleo duro de la UE, reforzar legalmente las entidades de gestión colectiva de derechos de prensa, y establecer que, en ausencia de acuerdo, la negociación se haga obligatoriamente de forma colectiva, como ocurre en otros sectores culturales.

De ese modo, Google no podría limitarse a pactar con grandes grupos y dejar fuera a medios pequeños, locales o digitales independientes. Un asunto que, además, es particularmente relevante desde el punto de vista de la protección del pluralismo informativo, uno de los ejes que inspiran el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que también obliga a España.

La EMFA abre la vía para vincular explícitamente la remuneración a la sostenibilidad del periodismo, el derecho de los ciudadanos a una información plural y la salud del espacio público democrático, reforzando la legitimidad regulatoria y debilitando el relato de Google de que se trata solo de negocios privados.

La ceremonia de entrega de los Óscar se retransmitirá por YouTube, gratis y a todo el mundo, a partir de 2029, según el acuerdo cerrado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma, que tendrá una duración inicial de cinco años.

El acuerdo entrará en vigor con la 101 edición de los premios, la de 2029, y finalizará en 2033, según señaló la academia este miércoles en un comunicado. Lo que supone que la cadena ABC, que se ha ocupado de la retransmisión de la gala desde 1976, lo hará por última vez en la edición de 2028. Y no solo será la ceremonia de los Óscar, sino todo lo relacionado con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento relacionado. Así como entrevistas con miembros y cineastas de la academia, programas educativos sobre cine o podcasts.

De esta manera, la audiencia potencial de los Óscar será de 2.000 millones de personas, que son las que tienen acceso a YouTube, lo que hará que los premios sean más accesibles para una creciente audiencia global, que además dispondrá de subtítulos y pistas de audio en varios idiomas.

Además, la iniciativa Google Arts & Culture facilitará el acceso digital a exposiciones y programas selectos del Museo de la Academia, así como a los elementos digitalizados de la Colección de la Academia, la mayor de tema cinematográfico del mundo, con más de 52 millones de piezas. "Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia", señalaron en el comunicado la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

Mientras que el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, destacó que los Óscar "son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que premia la excelencia narrativa y artística".

La desinformación, como herramienta de influencia geopolítica, ha sido una constante histórica, pero su naturaleza y alcance han sido transformados radicalmente por la emergencia de la inteligencia artificial (IA) generativa.

La irrupción de los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés), como ChatGPT o Gemini, ha redefinido el campo de batalla informativo, desplazando el foco de la manipulación de las audiencias humanas a la contaminación de los propios sistemas algorítmicos.

Este texto aborda esta mutación a través del análisis del fenómeno conocido como LLM grooming, una estrategia de influencia atribuida a actores estatales, notablemente la Federación Rusa, que busca infiltrar narrativas sesgadas directamente en los conjuntos de datos de entrenamiento de la IA.

Esta maniobra consiste en la inundación deliberada de la web con volúmenes masivos de contenido de baja calidad o narrativas manipuladas, diseñados específicamente para ser capturados por los rastreadores (crawlers) de los modelos de IA.

El objetivo primordial es que estos textos, que replican la visión pro-Kremlin, se integren en los conjuntos de datos de entrenamiento de los LLM o en las fuentes de información en tiempo real que estos modelos utilizan para generar respuestas.

El mecanismo de LLM grooming busca alterar la base cognitiva de los sistemas automatizados. Cuando un usuario interactúa con un LLM para obtener información sobre temas sensibles –como la guerra en Ucrania, la expansión de la OTAN o procesos electorales occidentales–, el modelo ofrece respuestas que ya incorporan sutilmente las narrativas diseñadas por Moscú.

Este proceso no solo busca influir en la opinión pública humana, sino que sesga el resultado generado por los sistemas de IA, convirtiéndolos en vectores involuntarios de propaganda.

La efectividad de esta táctica reside en la propia arquitectura de los LLM, que dependen de la abundancia y diversidad de datos para su funcionamiento, haciendo que la saturación intencionada de fuentes sesgadas sea un método de contaminación altamente escalable.

Un ejemplo paradigmático de esta estrategia es la operación Portal Kombat, documentada en febrero de 2024 por la agencia francesa VIGI-NUM/SGDSN.

Este informe reveló una red coordinada de al menos 193 portales web. La característica distintiva de esta red es que no produce contenido original, sino que se dedica a la replicación masiva y automatizada de publicaciones de medios rusos y figuras influyentes favorables al Kremlin. El propósito es claro: influir en países occidentales mediante la amplificación artificial de contenido.

La red Portal Kombat utiliza técnicas avanzadas de optimización para motores de búsqueda (SEO) y difusión multilingüe para asegurar que sus dominios sean indexados por motores de búsqueda, rastreadores y agregadores de noticias que, a su vez, son las fuentes primarias de los LLM.

Esta integración automática convierte a los modelos de IA en un vector de influencia invisible para la mayoría de los usuarios. Además, esta táctica se exporta a regiones geopolíticamente sensibles, como el continente africano, donde las campañas de Manipulación e Interferencia de Información Extranjera (FIMI) de Rusia encuentran ecosistemas informativos con menor resistencia institucional.

En estos contextos, la guerra informativa muta: el objetivo ya no es solo desbordar las redes sociales, sino infectar las infraestructuras algorítmicas que son percibidas erróneamente como neutrales.

Este patrón se extiende al ámbito electoral. Estudios recientes, como el del Center for International Governance Innovation (CIGI) sobre la injerencia rusa en las elecciones de EEUU, indican un desplazamiento del foco: la manipulación se dirige a “contaminar” los LLM en lugar de centrarse exclusivamente en los electores humanos.

En la práctica, cuando un sistema de IA genera resúmenes, predicciones o análisis, la narrativa manipulada ya está integrada, permitiendo que los modelos actúen como generadores de propaganda sin que el usuario final detecte la fuente del sesgo.

La amenaza del LLM grooming presenta una doble dimensión crítica. En primer lugar, el volumen de información: la necesidad insaciable de los LLM por datos de entrenamiento hace que la inyección de contenido prorruso desplace la base del modelo hacia un sesgo estructural.

En segundo lugar, la escalabilidad y automatización: al desplegar redes de replicación optimizadas para crawlers (un programa informático que navega por internet de forma automática, siguiendo enlaces para recopilar y analizar el contenido de las páginas web), Rusia reduce drásticamente los costos de producción de propaganda, multiplicando el alcance de su “fábrica de ruido” informativo y dirigiéndola al algoritmo, no al consumidor final.

Para las democracias y los medios de comunicación, esto plantea desafíos inéditos:

Frente a esta realidad, las líneas de acción deben combinar estrategias clásicas (verificación, alfabetización mediática) con una adaptación regulatoria urgente.

En conclusión, la guerra informativa de Rusia no esperó a que la IA madurara para atacarla: la está moldeando desde su base de datos. La estrategia de LLM grooming abre un frente silencioso pero decisivo, donde el adversario busca contaminar el algoritmo que define lo que la sociedad percibe como verdad.

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Antonio César Moreno Cantano es miembro del Grupo de Investigación Paz y Seguridad Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Los bulos crecen, la desinformación se propaga a gran velocidad y buena parte de la culpa de esto la tienen las redes sociales y las cientos de cuentas que obtienen miles de millones de visualizaciones al difundir contenido generado por inteligencia artificial (IA) como deepfakes o vídeos falsos generados a partir de diferentes instrucciones (prompts). 

Un estudio de AI Forensics asegura que en la actualidad, en TikTok existen 354 cuentas centradas en IA que difundieron 43.000 publicaciones creadas con herramientas generativas y que, a su vez, acumularon 4.500 millones de visualizaciones en un periodo de un mes. El problema es que mucho de ese material es antiinmigración y sexualizado, según relatan los investigadores, y la mayoría de cuentas tienen menos de un año.

Según AI Forensics, una organización sin ánimo de lucro con sede en París, algunas de estas cuentas intentan manipular el algoritmo de TikTok, ese que decide qué contenido ven los usuarios, publicando mucho material con la esperanza de que se vuelva viral.

Esto provoca un aluvión de contenidos, como en una de estas cuentas que llegó a publicar hasta 70 veces al día o siempre a la misma hora, lo que indica que se trataba de una cuenta automatizada. Es lo que popularmente se denomina bot.

En noviembre TikTok reveló que había al menos 1.300 millones de publicaciones generadas por IA en la plataforma. Teniendo en cuenta que al día se suben cerca de 100 millones de vídeos y piezas de contenido, cabe deducir que la IA no inunda el catálogo de la compañía china, pero AI Forensics sí ha alertado de que menos del 2% llevaba la etiqueta ‘Generado con IA’. 

“Este es el problema”, alertan desde la consultora y certificadora Zertia, “que no hay una ley común y fuerte para proteger a la ciudadanía del uso de la IA”. Algo que, como también alerta la ONG que publica el estudio, “puede aumentar el potencial engañoso del material”.

De las cuentas que publicaron contenido con mayor frecuencia, la mitad se centraba en material relacionado con el cuerpo femenino. “Estas mujeres generadas por IA son siempre estereotípicamente atractivas, con atuendos sexualizados o escotes”, señala el informe y, en muchas ocasiones está sin etiquetar. La categoría del cuerpo femenino representaba la mitad de las 10 cuentas más activas, según AI Forensics y, en muchos casos, los cuerpos femeninos parecen de menores de edad. 

Otra parte del contenido adoptaba la forma de falsas noticias en televisión con narrativas antiinmigración o falseaban portales de noticias o pantallazos de portadas de medios como Sky News, The Guardian o ABC.

Uno de esos casos más ilustrativos es el de la política británica Cara Hunter que vio cómo se difundía un vídeo pornográfico falso, generado con IA utilizando su rostro. Es lo que se conoce como deepfake. El vídeo, extremadamente explícito, llegó a hacerse viral y obligó a Hunter a demostrar que ella no era la protagonista real de las imágenes.

Finalmente se comprobó que era falso, pero el caso mostró que la tecnología ha llegado a cotas difíciles de diferenciación entre lo real y lo inventado. También el presentador del Canal 24 Horas de RTVE, Àngel Pons, ha denunciado la utilización de este tipo de vídeos en los que animan a invertir usando su imagen.

Las consecuencias psicológicas, sociales y políticas pueden llegar a ser irreversibles. El contenido sexual no consentido se ha convertido en una forma de agresión digital, como el caso de los jóvenes de Almendralejo, recientemente multados por Protección de Datos con 2.000 euros, al difusor de aquel vídeo generado por IA en el que se veía un falso desnudo de unas compañeras de clase. 

La creación de contenido sexual falso con menores aunque sea generado digitalmente constituye un delito en muchos sistemas jurídicos. Sin embargo, como muestran los estudios legales recientes, e indica José Manuel Mateu de Ros, CEO de Zertia, “no todos los países están preparados para enfrentarse a estas nuevas formas de abuso”.

Algunos gobiernos han comenzado a reaccionar. España, por ejemplo, anunció en marzo una regulación específica que tipifica como delito la fabricación y difusión de deepfakes sexuales, así como el grooming (engaño a una persona menor utilizando una identidad ficticia) mediante herramientas digitales. 

Pero como explica Sara G., abogada, “no hay un delito de deepfake como tal, por ello hay que encuadrar estas conductas dentro de tipos penales que ya existen y están en el marco jurídico español”. 

Acudimos a Tirant Lo Blanch, una editorial especializada en asuntos jurídicos o de Humanidades. Y nos recuerdan que un deepfake puede vulnerar el derecho a la intimidad, lesionar el honor, constituir suplantación de identidad o alterar la prueba en un proceso. Es lo que, señala el periodista Bruno Guerra —especializado en comunicación política, institucional y tecnológica— hemos visto en las “últimas semanas con Cerdán o Leire Díaz asegurando que no se reconocen en los audios que aporta la UCO”.

Los investigadores de AI Forensics añadieron que las cuentas a veces escapan a la moderación de TikTok durante meses, a pesar de publicar contenido prohibido por sus condiciones de servicio y, pese a que son eliminadas posteriormente, en ocasiones ya han “hecho” un daño irreversible. 

La red social calificó las afirmaciones del informe de la ONG de “infundadas” y aseguró que los investigadores se habían centrado exclusivamente en ella cuando el problema afecta a múltiples plataformas o a YouTube.

“En TikTok eliminamos contenido dañino generado por IA, bloqueamos la creación de cientos de millones de cuentas bot, invertimos en tecnologías de etiquetado de IA líderes en la industria y ofrecemos a las personas herramientas y educación para controlar cómo experimentan este contenido en nuestra plataforma”, dijo un portavoz en The Guardian.

Es por esto que, desde la ONG, se acoge con "satisfacción” la decisión de la compañía de permitir a los usuarios limitar la cantidad de contenido de IA que ven, pero insisten en que, pese a que invierta en tecnologías de etiquetado líderes en la industria, "seguimos siendo escépticos respecto al éxito de esta función" por lo que "el etiquetado debe mejorar".

Pero, ante un alud diario de contenidos, cada vez es más difícil que los moderadores puedan trabajar con tal cantidad de vídeos por hora, lo que implica que se usen esas tecnologías autónomas y automáticas para etiquetar contenido.

“Esta investigación muestra cómo el contenido generado por IA ya está integrado en las plataformas y en un ecosistema de viralidad más amplio”, alertan los investigadores que indican cómo “la línea cada vez más difusa entre el contenido humano auténtico y el generado sintéticamente por inteligencia artificial en la plataforma señala un nuevo giro hacia una mayor presencia de contenido de IA en los feeds de los usuarios”.

AI Forensics propone a TikTok considerar la creación de una función exclusiva para contenido generado por IA dentro de la aplicación, con el fin de separar el material creado por máquinas del creado por humanos. “Las plataformas deben ir más allá de las etiquetas débiles u opcionales y considerar segregar el contenido generativo del material creado por personas, o encontrar un sistema justo que imponga un etiquetado sistemático y visible del contenido generado por IA”, dijeron.

Las amenazas de Donald Trump de aprobar nuevos aranceles si la Unión Europea no cesa en su intento de aplicar a los gigantes tecnológicos norteamericanos las normas regulatorias que afectan a los mercados y a los servicios digitales no parecen estar surtiendo efecto. Este jueves, la Comisión ha anunciado la apertura de una investigación para saber si Google está aplicando “condiciones justas, razonables y no discriminatorias de acceso a los sitios web” de los medios europeos, tal y como exige la Ley de Mercados Digitales (DMA).

En el punto de mira está el mercado publicitario y las prácticas, dudosamente compatibles con la buena praxis del periodismo, de introducir contenidos —a menudo con el mismo aspecto que las informaciones que sí han sido elaboradas por periodistas— que han sido confeccionados y pagados por empresas.

Esta práctica, conocida en el sector como branded content (contenido patrocinado), se ha convertido en un recurso vital para conseguir ingresos en muchos medios digitales y en una manera muy eficaz para las empresas de colocar sus mensajes bajo la apariencia de información. La norma dice que estos contenidos deben mostrarse como lo que son, pero a menudo las etiquetas pasan desapercibidas para los lectores, que consumen como información lo que en realidad es publicidad.

A Google, que controla el 45% de la publicidad digital en el mundo, no le preocupa la calidad de los medios. En realidad, el motivo por el que no le gusta nada el branded content es porque no pasa por sus manos. Así que ha decidido incluirlo entre las prácticas que considera “un abuso de reputación” y castigar a los medios que lo utilizan penalizando su aparición en su buscador, lo que representa un grave perjuicio para los medios afectados, que ven reducido notablemente el tráfico que llega hasta ellos. Al menos eso es lo que ha detectado Bruselas.

La Comisión se dispone, por tanto, a examinar la política de abuso de reputación del gigante norteamericano porque sostiene que el branded content es un contenido legítimo e importante para el sostenimiento de los medios.

En caso de hallar pruebas de incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales, informará a Alphabet —la empresa propietaria del buscador— de sus conclusiones preliminares y le comunicará las medidas que considere que debe adoptar. Dispone para ello de doce meses. Pasado ese plazo, en noviembre de 2026, y si Google no ha variado su comportamiento, Bruselas puede aprobar una multa de hasta el 10% del volumen total de negocio de la empresa en todo el mundo, e incluso duplicarla si el buscador se vuelve reincidente. El precio a pagar puede, en teoría, superar la desorbitada cantidad de 30.000 millones de euros.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, presentó la investigación como una medida destinada a que “los guardianes de acceso digital no restrinjan injustamente a las empresas que dependen de ellos”. “Nos preocupa —declaró— que las políticas de Google no permitan que los editores de noticias reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio en sus resultados de búsqueda”.

“Nuestra investigación tiene por objeto proteger la financiación de los editores, su libertad de empresa y, en última instancia, el pluralismo de los medios de comunicación, así como nuestra democracia”, añadió a su vez Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia.

Lo que Google está penalizando, en todo caso, son contenidos que cualquiera puede encontrar en webs de medios serios y que van más allá del branded content convencional al incluir contenidos de terceros que, según la multinacional estadounidense, “no aportan valor al usuario” ni cumplen criterios de calidad y solo pretenden posicionarse en los resultados del buscador beneficiándose de un sitio bien posicionado, sin generar ellos mismos todo el “trabajo” de autoridad. Google alega que esta práctica es injusta para otros sitios que muestran exclusivamente contenido propio y de calidad.

Un ejemplo típico sería el de un diario digital serio que permite que se publiquen “artículos patrocinados” o “reseñas” hechas por terceros, sobre temáticas no relacionadas con su línea editorial, con el objetivo de captar tráfico o enlaces. Google lo considera abusivo si se hace fundamentalmente para beneficiarse del posicionamiento del dominio.

Hace poco más de dos meses, Bruselas multó a Google con 2.950 millones de euros por abusos en el mercado de la publicidad online. Trump se revolvió calificando la decisión de “muy injusta” y advirtiendo que su Administración no permitirá sanciones contra la compañía estadounidense.

“Esto se suma a las muchas otras multas e impuestos que se han impuesto contra Google y otras empresas tecnológicas estadounidenses, en particular. ¡Muy injusto, y el contribuyente estadounidense no lo tolerará! Como he dicho antes, ¡mi Administración NO permitirá que estas acciones discriminatorias continúen!”, escribió Trump en su red social, Truth Social, tras conocer la noticia.

La decisión de la Comisión se produce en un contexto en el que los cambios en Google y la entrada de la inteligencia artificial en los buscadores amenazan con destruir el modelo de negocio de los medios, cuya supervivencia depende del tráfico que reciben.