Este domingo, el Moll de la Fusta de Barcelona vuelve a ser el epicentro de la acción humanitaria. La Global Sumud Flotilla (GSF) zarpa con destino Gaza compuesta por una flota de 100 embarcaciones y 3.000 participantes de un centenar de países, entre los que se encuentran médicos, educadores, voluntarios e investigadores.

Esta nueva misión supera ampliamente la del año pasado. Desde la organización reconocen que navegan “no a pesar de la guerra, las escaladas, las amenazas y los frágiles y quebrantados alto el fuego, sino debido a ellos” porque para los organizadores “esperar cuesta vidas".

Como novedad con respecto a la misión del pasado septiembre, en esta se incluye un convoy terrestre que salió de Mauritania este viernes. "Vamos a intentar llegar a Gaza, formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no será un impedimento para seguir luchando. Es un acto más en una lucha bastante larga de los pueblos oprimidos para defender los derechos humanos", ha subrayado Saif Abukeshek, coordinador de la Global Sumud Flotilla.

La flotilla está previsto que llegue a Gaza hacia el 20 de abril, con una escala de una semana en el sur de Italia.

La Global Sumud Flotilla surgió en 2025 como una alianza de diferentes ONG como Coalición de la Flotilla de la Libertad, Marcha Mundial hacia Gaza, la Flotilla Magreb Sumud y Sumud Nusantara. La palabra que vertebra todo procede del árabe, Sumud, que significa “firmeza” o “perseverancia constante”.

La propia flotilla se define como un movimiento global integrado por ONG, trabajadores humanitarios, médicos o estudiantes “unidos para defender la dignidad humana y el derecho internacional, independiente de cualquier gobierno y sin afiliación política”, asegura la propia organización. 

Compuesta por un crisol de profesionales que tienen el objetivo de ayudar al pueblo palestino, su Comité Directivo internacional está integrado por figuras como Thiago Ávila, que fue detenido tras la interceptación de la flotilla en 2025; Saif Abukeshek, activista palestino-catalán afincado en Barcelona con más de veinte años de trabajo en la ONG Palestina en Europa; Susan Abdallah, concejala noruego-palestina; la italiana Maria Elena Delia, física y coordinadora de la delegación italiana; y la activista alemano-turca Sümeyra Akdeniz Ordu.

Entre las entidades que participarán en la botadura se encuentran Greenpeace, Open Arms, Urgence Palestine, Samidoun: Palestinian Prisoner Solidarity Network, la Comunitat Palestina de Catalunya, Pallasos en Rebeldía, el Sindicat de Llogateres, la CGT, el USTEC y el Centre Delàs. 

Para esta nueva misión, Greenpeace pone a disposición de la organización como apoyo marítimo, técnico y logístico su Arctic Sunrise, un rompehielos de 50,5 metros de eslora con capacidad para 30 personas que forma parte de la organización desde 1995.

A la flotilla también se suma Open Arms. Gerard Canals, jefe de operaciones de la ONG española de rescate en el mar, explicó en la rueda de prensa celebrada en el Parlament de Catalunya que la organización aportará su buque homónimo como "apoyo técnico, logístico y sanitario". 

No es la primera vez que la ONG intenta romper el bloqueo a Gaza. Ya hubo un primer intento junto a la ONG World Central Kitchen pero la iniciativa se interrumpió tras el bombardeo israelí que mató a siete trabajadores humanitarios. 

Canals justificó la decisión de la ONG de Camps de participar con un barco en que “no posicionarse es permisividad. Nos sumamos para actuar y no solo para mirar". Pero el jefe de operaciones advierte de que “no sería la primera vez que se nos ha imposibilitado” la navegación sin limitaciones y ha pedido a la Dirección General de la Marina Mercante permiso para navegar libremente.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, su alcalde, Jaume Collboni, aseguró que “el consistorio apoya esta misión colaborando tanto en su viabilidad económica como en el acompañamiento institucional y logístico necesario para hacer posible el evento" y, para esta salida hacia Gaza la aportación municipal se incrementará un 60% respecto a la iniciativa del pasado año.

La rama española de la flotilla ha logrado recaudar para esta singladura cerca de 30.000 euros en la plataforma de crowdfunding Chuffed, muy cerca de los 35.000 que ha conseguido la agrupación Global Sumud Arabian Gulf, la delegación que más aporta. El conjunto del proyecto ha conseguido sobrepasar los 450.000 euros.

Ariadna Masmitjà, una de las responsables de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, celebró que Barcelona vuelva a ser el epicentro de la misión, pero denunció el impacto directo en Cataluña de lo que ocurre en Palestina. Cargó contra el aumento del gasto militar en detrimento de las políticas sociales. Señaló al Banco Santander, BBVA y CaixaBank por "financiar la industria militar mientras especulan con la vivienda", y a la multinacional ICL por "proveer el fósforo blanco para las bombas sionistas del genocidio en Gaza mientras contamina las aguas catalanas".

Desde la organización defienden que no se trata de una iniciativa externa de solidaridad, sino de una respuesta a un mandato: "La sociedad civil palestina ha instado a los movimientos de solidaridad internacional a movilizarse. Su voz guía cada decisión que tomamos".

La GSF denuncia que el contexto regional ha empeorado: "A medida que la atención mundial se ha ido desplazando hacia el conflicto regional más amplio, el régimen israelí ha intensificado su agenda genocida, endureciendo el bloqueo, estrangulando la ayuda, ampliando los asentamientos, acelerando el robo de tierras y enterrando sus crímenes de guerra bajo el caos".

La directora ejecutiva de Greenpeace para Oriente Medio y Norte de África, Ghiwa Nakat, destaca el posicionamiento de su organización y el apoyo a la flotilla contra “los crímenes de guerra, la hambruna intencionada, la limpieza étnica, el genocidio y el ecocidio. Esta flotilla es un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que pongan fin a su silencio, protejan la acción humanitaria y actúen con urgencia”.

Además, no se ha querido olvidar de “la devastación que ahora se extiende a Líbano y que ya ha sufrido Gaza a través de una destrucción implacable y un sufrimiento humano cada vez mayor”.

La misión busca establecer una presencia permanente y especializada. A bordo irán personal sanitario, constructores, investigadores y otros miembros de la sociedad civil preparados para trabajar junto al pueblo palestino en la reconstrucción de la Franja.

Las exigencias políticas de la flotilla están fundamentadas en el derecho internacional. Las peticiones van desde la “apertura de un corredor marítimo y terrestre permanente hacia Gaza”, como se pidió en la primera misión, hasta que la reconstrucción de la Franja sea “liderada por palestinos, libre de control extranjero, condiciones políticas y desplazamientos”. 

Tambíen exigen la “rendición de cuentas por genocidio mediante la ejecución de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional (CPI)”, contra Benjamin Netanyahu y otros cargos de su Gobierno.

La primera expedición de la flotilla arrancó el pasado 31 de agosto desde Barcelona. Entre los pasajeros figuraban la activista medioambiental Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o los actores Liam Cunningham y Susan Sarandon. Las embarcaciones transportaban –al igual que ahora– agua potable, alimentos, leche en polvo para bebés, pañales, prótesis y medicamentos.

Una semana más tarde, en Túnez, los barcos Family y Alma fueron abordados mientras estaban fondeados, pero a medida que la flota avanzaba, más de 15 drones llegaron a atacar las embarcaciones.

España e Italia despacharon buques de guerra como gesto de protección: la fragata italiana Virginio Fasan y la española Furor pusieron rumbo a la flotilla hasta que se tuvieron que retirar a escasas millas de la zona de exclusión israelí.

La noche del 1 de octubre, las fuerzas navales israelíes interceptaron la flotilla a unas 120 millas náuticas de la costa de Gaza. Usaron cañones de agua, cortaron comunicaciones, abordaron los barcos a punta de pistola y confiscaron la mayor parte de la flota al amanecer. Israel detuvo a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev. 

La respuesta de la organización fue entonces la misma que ahora: "Vamos con más personas, más barcos y más fuerza frente a la represión", dijo Abukeshek al ser preguntado por una posible detención.

El patronato del Museo Guggenheim Bilbao, en el que participan la dirección americana y las instituciones vascas, ha paralizado el proyecto de expansión del centro a la comarca vizcaína de Busturialdea-Urdaibai, que acoge la única Reserva de la Biosfera de Euskadi. El proyecto ha sido duramente criticado por asociaciones ecologistas desde el inicio del mismo, que lo llegaban a calificar de "atrocidad medioambiental".

Este martes el órgano de gobierno del museo ha comunicado el nuevo estado del proyecto, cuyo planteamiento inicial se remonta a 2009. El Ejecutivo Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, principal impulsora de la ampliación, reactivaron con los años las idea de construir dos nuevas sedes del Guggenheim en Gernika y Murueta. Sin embargo, la fuerte respuesta social ante la invasión de este paraje natural ha paralizado el plan, al menos por el momento.

En 2024, la organización ecologista Greenpeace denunció al Gobierno vasco y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático por modificar la Ley de Costas para beneficiar la ampliación de este museo. La organización denuncia que se modificó esta ley para reducir de 100 a 20 metros la zona costera protegida en Murueta (Vizcaya), uno de los dos emplazamientos elegidos para el proyecto, un hecho que Greenpeace considera ilegal. Desde entonces, han continuado con su campaña de concienciación "Urdaibai no se toca, Urdaibai no se vende".

El proyecto, que abarcaría más de 61.000 m2, se había planteado en una zona integrada en la Red Natura 2000,​ una guía de áreas de conservación diseñadas por la Comisión Europea para la protección de la biodiversidad en la Unión Europea. Además, los ecologistas aseguran que la Diputación Foral de Bizkaia estaba presentando el proyecto "por partes" para evitar tener que realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, una evaluación que tiene como finalidad evaluar la afección al medioambiente de la aplicación de planes y programas.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, y la directora del Museo, Miren Arzalluz, han sido las encargadas de dar a conocer la decisión de los patronos al término de su reunión.

Han tenido que pasar cuarenta años para que, por fin, un documental aborde de forma seria y honesta el caso del Rainbow Warrior, un momento fundacional en la historia del periodismo de investigación y de impacto en Francia. Producido por Mediawan, será emitido en tres episodios en France 2 el próximo 23 de septiembre (a partir del 19 de septiembre en France TV). Ha sido dirigido por Julien Johan y Frédéric Ploquin.

Junto con otros colegas que participaron en nuestra carrera de relevos del verano de 1985 contra la mentira del Estado (Jean Guisnel de Libération, Georges Marion de Le Canard enchaîné y Jean-Marie Pontaut de L'Express), soy uno de los periodistas que dan testimonio en ella, cuando entonces trabajaba en Le Monde (ver caja negra).

Breve resumen de los hechos: el 10 de julio de 1985, el buque insignia de Greenpeace, que se preparaba para llevar a cabo una campaña contra los ensayos nucleares franceses en el Pacífico, fue hundido por la explosión sucesiva de dos minas cuando estaba atracado en el puerto de Auckland, al norte de Nueva Zelanda; un joven fotógrafo del movimiento ecologista, el portugués Fernando Pereira, murió ahogado intentando salvar sus cámaras; aunque todo apuntaba a Francia, sobre todo tras la rápida detención por parte de la policía de Auckland de dos agentes de la DGSE –el falso matrimonio Turenge (Alain Mafart y Dominique Prieur)–, el poder lo negó rotundamente, admitiendo únicamente una misión clandestina de vigilancia.

Dos meses después del atentado, las revelaciones de Le Monde en su edición del 17 de septiembre de 1985 (fechada el 18 de septiembre), difundidas posteriormente por L'Express, obligaron al Gobierno, a través del primer ministro Laurent Fabius, a reconocer la responsabilidad de Francia, mientras que el ministro de Defensa, Charles Hernu, y el jefe de la DGSE, el almirante Pierre Lacoste, se vieron obligados a dimitir.

“Actuaron siguiendo órdenes”: esta frase, pronunciada entonces por Laurent Fabius en referencia a los ejecutores de la misión de sabotaje, en una declaración que validaba la información de Le Monde, ha quedado desde entonces en suspenso. Los guardianes del templo mitterrandiano, ya fueran cínicos o sinceros, y los periodistas del Gobierno, conformistas por función y por costumbre, se encargaron de que esa “orden” nunca se aclarara, identificara o atribuyera a nadie.

François Mitterrand, jefe de las Fuerzas Armadas y, como tal, de los servicios secretos, que siguió siendo presidente durante los diez años siguientes al atentado, nunca fue preguntado por los medios de comunicación sobre este asunto. Por imperativo del presidencialismo, incluso el Parlamento prefirió abstenerse de cualquier curiosidad y no creó ninguna comisión de investigación.

Teniendo como hilo conductor el relato de su misión por parte de los agentes secretos del servicio Action de la DGSE, en particular del oficial de buceo de combate que colocó los explosivos, el coronel Jean-Luc Kister, que salió de la sombra en Mediapart en 2015, el documental ¿Quién hundió el 'Rainbow Warrior'? tiene el mérito de disipar la niebla que desde hace cuatro décadas se esfuerza por proteger al principal responsable de este crimen de Estado: el presidente de la República Francesa, François Mitterrand.

Además de los hechos ya conocidos, entre los que se encuentra el informe escrito en 1986 por el almirante Lacoste, revelado por Le Monde en 2005, añade a esta larga investigación el testimonio inédito de Patrick Careil, en aquel momento director del gabinete del ministro de Defensa, antes de pasarse al sector bancario y financiero.

Convertido en el culebrón del verano de 1985, el caso Greenpeace tuvo como motor periodístico la búsqueda de la verdad: al no poder identificar a los autores del atentado, que, de hecho, no podían ser los dos equipos de agentes secretos ya identificados —los falsos esposos Turenge, encargados de la coordinación, y la tripulación del velero Ouvéa, responsable de transportar el material—, el poder podía mentir como un bellaco, a pesar de todas las sospechas.

De ahí el efecto explosivo de la revelación, en las columnas de Le Monde, de un tercer equipo de nadadores de combate, directamente responsable del atentado. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. O, en otras palabras, la carta que había que jugar para derribar el castillo de naipes de la mentira.

Pero hoy, el testimonio de Patrick Careil confirma que esta mentira no era la de todo el Gobierno, sino la del ministerio de las Fuerzas Armadas y, en particular, de la Presidencia de la República: François Mitterrand, que fue informado de antemano de la operación de la DGSE, también mintió a su primer ministro, Laurent Fabius, explica Careil en esencia.

Comprometido a tope con Charles Hernu, hasta el punto de liderar él mismo la campaña contra los periodistas que investigaban, Patrick Careil no oculta sus remordimientos retrospectivos, ya que esta mentira (en el corazón del poder político) dentro de la mentira (a todo el país y al mundo entero) favoreció el impacto final de las revelaciones periodísticas, ayudadas por las divisiones dentro del aparato estatal.

Porque, en aquella época, lejos de ser un testigo pasivo, Patrick Careil fue un protagonista activo de esta operación clandestina montada contra Greenpeace. Fue él quien, el 19 de marzo de 1985, pidió explícitamente al jefe de los servicios secretos “que utilizara los medios de la DGSE para impedir que el movimiento Greenpeace llevara a cabo sus proyectos de intervención contra la campaña de ensayos nucleares franceses en Mururoa, en el verano de 1985, ya que el ministro estaba firmemente decidido a oponerse a ellos”.

Esas son las primeras líneas del informe del almirante Pierre Lacoste, fechado el 8 de abril de 1986 y redactado a petición del nuevo ministro de Defensa, en el seno del Gobierno de cohabitación del que Jacques Chirac era primer ministro. Revelado veinte años más tarde en Le Monde por el periodista Hervé Gattegno, quien lo retomó en un reciente libro, ese informe no deja lugar a dudas sobre la implicación directa de François Mitterrand en esta operación.

“Nunca me habría embarcado en una operación de este tipo sin la autorización personal del presidente de la República”, escribe el exjefe de la DGSE, que relata con detalle su decisiva entrevista con el jefe del Estado, el 15 de mayo de 1985 a las 18 horas, en el palacio del Elíseo:

“Le pregunté al presidente si me autorizaba a poner en marcha el proyecto de neutralización que había estudiado a petición del Sr. Hernu. Me dio su consentimiento, manifestando la importancia que concedía a los ensayos nucleares. No entré entonces en más detalles sobre el proyecto, ya que la autorización era suficientemente explícita. [...] No me pareció anormal no recibir una orden por escrito para iniciar una acción clandestina. Ya había ocurrido lo mismo anteriormente, y era la norma en este tipo de actividades”.

Luego, examinando de nuevo la debacle final que pagaron los agentes secretos implicados sobre el terreno —encarcelados durante un tiempo en Nueva Zelanda como falsos esposos Turenge, identificados públicamente por la mayoría de los demás—, el almirante Lacoste hizo este comentario: “Nos perdimos en una maraña de mentiras e intrigas que acabó en un auténtico desastre.”

Gracias a este laberinto de mentiras, François Mitterrand logró, mientras vivió, eludir su responsabilidad personal en este crimen de Estado. En materia de ocultación, el poseedor del récord de duración presidencial —catorce años, de 1981 a 1995— fue sin duda alguna incomparable, lo que no dejó de tener repercusiones para la familia política socialista a la que se había unido.

La tardía revelación, a pesar de sus persistentes negativas, de sus compromisos juveniles, maurrasianos y petainistas, no ayudará a la lucidez ante el ascenso electoral e ideológico de la extrema derecha. Lo mismo que su talento para hacer olvidar su compromiso en los años 50 contra la independencia argelina y a favor de la presencia francesa en África no ayudó a afianzar el anticolonialismo en el PS: François Mitterrand fue un feroz defensor del Imperio francés, incluso reducido a la mínima expresión, hasta el punto de haber sido, como ha demostrado recientemente Thomas Deltombe, el precursor del neocolonialismo.

Las otras dos lecciones presentes de este crimen pasado se refieren, evidentemente, al presidencialismo y al periodismo. Además de su talento para despistar, François Mitterrand estaba protegido por el búnker institucional de la V República, que pone al jefe del Estado fuera del alcance de las protestas y las revelaciones, e incluso de las elecciones, como demuestra hoy la práctica antidemocrática de Emmanuel Macron con respecto a la Asamblea Nacional.

En cuanto al periodismo, el caso del Rainbow Warrior recuerda una época en la que, en el seno de un sistema mediático en el que Le Monde era el periódico de referencia, existía una prensa totalmente independiente, tanto económica como políticamente, que podía asumir el riesgo de las revelaciones del 17 de septiembre de 1985.

Un riesgo, por supuesto, porque, al tratarse de operaciones clandestinas de los servicios secretos, no hay documentos, rastros escritos ni testimonios públicos. “Teníamos que proteger a toda costa lo que constituía nuestra última seguridad: la identificación de un tercer equipo”, escribirá el almirante Lacoste en sus memorias, publicadas en 1997.

Solo un periódico sin ataduras, sin vínculos de subordinación ni dependencia, como lo era entonces Le Monde, dirigido por André Fontaine y cuyo accionariado estaba controlado por su redacción, podía arriesgarse, basándose en una investigación cuyas fuentes eran necesariamente confidenciales, a titular en portada la existencia de ese “tercer equipo”, compuesto por dos nadadores de combate de la DGSE, autores materiales del atentado contra el Rainbow Warrior.

Así se logró arrojar luz sobre esta mentira de Estado, demostrando la fuerza del impacto de un periodismo al servicio del interés público y del derecho a saber. El mismo que Mediapart, desde su creación, se esfuerza en defender e ilustrar.

Como protagonista de la investigación sobre el Rainbow Warrior, me solicitaron que participara en el documental emitido por France Télévisions, al igual que en julio, con motivo del cuarenta aniversario del atentado, por el INA. Participé también en una serie de podcasts de Mediapart realizados en 2024, con motivo de mi salida de la presidencia.

Traducción de Miguel López

Las declaraciones de Santiago Abascal sobre la necesidad de “hundir” el barco de rescate de la ONG Open Arms, a cuyos miembros ha calificado de “negreros” han encontrado el rechazo del Gobierno —Yolanda Díaz o Félix Bolaños—, del presidente canario, Fernando Clavijo, y de la propia organización, que ha calificado el exabrupto del líder de Vox de “indecencia” e “insulto a la verdad”. 

La amenaza de Abascal hacía referencia a hundir el barco después de “confiscarlo” y no “con los inmigrantes dentro”, como ha creído oportuno matizar el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta. A pesar de este intento de desligar la violencia física de la amenaza de hundimiento, Abascal pretende que este “sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa”, según su publicación en X. 

La idea de enviar mensajes políticos mediante la destrucción de símbolos —ya sean barcos o edificios institucionales— también fue explorada por Javier Milei en su campaña presidencial cuando habló de su intención de dinamitar el Banco Central de Argentina, aclarando que no se trataba de una metáfora. Una amenaza que, de momento y por suerte, no ha cumplido. 

En esta ocasión, el líder de la ultraderecha va un paso más allá y en su mensaje incluye también una amenaza a sus adversarios políticos sobre “el final que les espera” si apoyan la actividad de organizaciones como 'Open Arms'.

Se trate de una amenaza vacía, como la de Milei, o de un ejemplo más de la retórica provocativa que caracteriza a su partido, lo cierto es que las declaraciones de Abascal evocan a un historial real de violencia marítima estatal contra migrantes y activistas que da una pista de qué políticas querría imponer la ultraderecha si llegase al poder.

El precedente histórico que antes viene a la cabeza cuando uno piensa en un Estado democrático hundiendo una embarcación civil de una ONG contraria a sus intereses es el Rainbow Warrior, buque insignia de la organización ecologista Greenpeace. En 1985, el gobierno socialista francés de François Mitterrand mantenía un pulso con la organización, que se oponía a los ensayos de armas nucleares que Francia llevaba a cabo en el Océano Pacífico. 

El 10 de julio de ese año, en el puerto neozelandés de Auckland, donde el Rainbow Warrior  esperaba atracado para realizar una acción de protesta, un equipo de buceadores de combate de la Armada francesa colocó cargas explosivas en el casco del barco, hundiéndolo con la detonación. Como resultado del atentado, falleció el fotógrafo de Greenpeace Fernando Pereira. 

Tras tres meses negando su implicación, Francia reconoció la autoría del ataque, y acordó pagar compensaciones a la ONG y al Gobierno de Nueva Zelanda, aunque las disculpas tardaron 30 años en llegar y lo hicieron a título personal, no institucional: en 2015, el coronel responsable de la operación pidió perdón a la víctima, a su familia, a Greenpeace y a Nueva Zelanda en una entrevista con Mediapart, socio editorial de infoLibre.

No hace falta remontarse al siglo pasado para ver a un Gobierno atacar embarcaciones humanitarias. Los abordajes militares de flotillas civiles que transportan comida y medicamentos a Palestina son una práctica habitual de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El último tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando Israel interceptó en aguas internacionales las naves de la coalición Flotilla de la Libertad y detuvo a su tripulación, entre la que se encontraba la activista sueca Greta Thunberg y el ingeniero español Sergio Toribio, a pesar de no encontrarse bajo jurisdicción del país hebreo. 

Los tripulantes fueron retenidos brevemente por las FDI y luego puestos en libertad, sin embargo, no todos los activistas interceptados en el mar por Israel han corrido la misma suerte. En 2010, una flotilla con ayuda con ayuda humanitaria para Gaza, similar a la que partirá de Barcelona el 31 de agosto, fue abordada en aguas internacionales por las fuerzas israelíes, que asesinaron a diez activistas a bordo del Mavi Marmara, un buque turco de la organización IHH que encabezaba la llamada Flotilla de la Libertad. 

Las imágenes del asalto, grabadas por los propios tripulantes y difundidas por medios de todo el mundo, mostraron el uso de munición real por parte de los comandos israelíes. El incidente supuso una crisis diplomática con Turquía y abrió una investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que las fuerzas israelíes habían actuado “de manera desproporcionada” y vulnerado el derecho internacional. Sin embargo, la Corte Penal Internacional renunció a llevar a cabo acciones contra Israel por el ataque, al considerar que “no tuvo la gravedad suficiente”. 

A la represión contra barcos de activistas se suman las prácticas violentas y sistemáticas en las rutas migratorias. En el Mediterráneo, diversas organizaciones y periodistas han documentado que guardacostas griegos y libios disparan, embisten o sabotean embarcaciones con personas migrantes para impedir que lleguen a Europa. En 2024, un reportaje de la BBC relató casos en los que las autoridades griegas habrían arrojado inmigrantes al agua tras golpearles y atarles las manos. 

Además de los casos de violencia activa, existen numerosos casos de omisión de socorro, como el naufragio de una embarcación con centenares a bordo en la costa de Grecia en 2023, o el de Calabria en el mismo año, donde murieron al menos 30 personas tras una respuesta tardía de las autoridades, pese a las llamadas de socorro.

Estos antecedentes demuestran que, lejos de ser una simple bravata política, la violencia marítima estatal contra ONG y migrantes no es una hipótesis. Francia voló y hundió un barco ecologista; Israel ha matado activistas en alta mar; y las políticas de control migratorio en Europa han dejado cientos de muertos por agresión directa u omisión. En ese contexto, el discurso de Abascal normaliza una violencia que ya existe —y que tiene víctimas mortales—, reforzando el clima de criminalización hacia quienes rescatan vidas en el mar.

Cinco de los quince activistas de Greenpeace que este jueves por la mañana han participado en una protesta pacífica frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han sido detenidos y llevados a dependencias policiales, según un comunicado de la organización ecologista.

Desde Greenpeace han explicado que los activistas bloquearon la entrada principal del edificio con 300 cajas vacías de alimentos, como símbolo de la amenaza que sufre el sistema alimentario, y fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecen a la espera de declarar y conocer los cargos que se les imputan.

La acción busca exigir al Gobierno una transición alimentaria justa y sostenible, según Greenpeace, que denuncia que la seguridad alimentaria está en riesgo por la crisis climática, la dependencia de insumos internacionales y un contexto geopolítico inestable.

Asimismo, los ecologistas critican al ministro de Agricultura, Luis Planas, por no impulsar medidas urgentes, como el fin de las macrogranjas, la pesca industrial o las prácticas agrícolas intensivas que deterioran el medioambiente.

También reclaman la aprobación, aún pendiente, de la futura Ley de Agricultura Familiar, que consideran clave para garantizar un modelo alimentario más sostenible y justo.

Activistas de Greenpeace han teñido de rojo el agua de la fuente de Neptuno, en Madrid, para pedir un embargo de armas a Israel, en una acción previa a la manifestación estatal de este sábado que discurrirá al mediodía desde Atocha a la Puerta del Sol en solidaridad con el pueblo palestino. Con esta acción, en la que Greenpeace ha usado tinte biodegradable de color sangre para denunciar el genocidio en Gaza, la organización ecologista busca condenar la adjudicación por el Gobierno de 46 contratos a la industria militar israelí, por más de 1.000 millones de euros, desde que estalló el conflicto en octubre de 2023.

"El mensaje es claro: embargo de armas a Israel ya”, indica la organización en un comunicado en el que pide "poner fin a todo comercio de armas con este país y prohibir cualquier actividad que sostenga los crímenes de guerra contra el pueblo palestino”. Más de 60.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva del Ejército israelí, que, tras la ruptura unilateral del alto el fuego el pasado 18 de marzo, ha intensificado su ofensiva militar con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, y la complicidad de la Unión Europea, según sostiene Greenpeace.

Desde esa fecha, Israel mantiene "un nuevo bloqueo ilegal a la entrada de alimentos, medicinas y productos esenciales para la supervivencia en la Franja de Gaza", lo que la organización define como "un crimen de guerra" que está provocando "hambre, desnutrición, enfermedades y muertes". Mientras, varios gobiernos europeos -entre ellos el español- siguen manteniendo relaciones comerciales con Israel, incluyendo la compraventa de armamento, e incluso se está produciendo "una intensificación del comercio militar entre España e Israel".

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez "insiste en que han suspendido dichas operaciones, desde octubre de 2023 las conexiones armamentísticas entre ambos países son más intensas y prolíficas que nunca" desde el inicio de sus relaciones diplomáticas en 1986. Así lo constata el informe Beneficio colateral, elaborado por el Centro Delàs, que analiza el comercio militar entre España e Israel en los últimos 19 meses. EFE

Más de un centenar de embarcaciones, entre balsas, kayaks y piraguas, han descendido esta mañana por el río Ulla hasta Padrón (A Coruña) en una nueva protesta convocada por varias plataformas vecinales y asociaciones ecologistas contra el proyecto de macroplanta de celulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo), según informa EFE.

Este acto reivindicativo, que culmina con una concentración y la lectura de un manifiesto, ha desplegado por el último tramo del Ulla, desde Ponte de Sinde hasta Campo da Ínsua (Padrón), una riada de cientos de personas que han hecho rafting por el río también para protestar por la reapertura de la mina de cobre a cielo abierto de Touro-O Pino.

Según denuncian las asociaciones ecologistas, la mina y la celulosa de Altri afectarán a la cuenca del Ulla, tanto a los ecosistemas como a la calidad de las aguas, por lo que pondrán en peligro también la ría de Arousa, donde desemboca este río y se encuentra uno de los bancos marisqueros más ricos "del mundo".

Así lo ha asegurado en declaraciones a EFE, la presidenta de la Plataforma Ulloa Viva, Pilar Naveira, quien considera que la participación registrada en este tipo de eventos reivindicativos evidencia que la Xunta se va a quedar sola en su posicionamiento a favor de Altri.

Naveira ha asegurado que ha sido "muy importante" el hecho de que el Gobierno haya decidido dejar la macroplanta de Altri fuera del Perte de descabornización, del que la empresa esperaba recibir parte de los fondos necesarios para la financiación del proyecto.

Ha advertido de que este proyecto "amenaza el modo de vida" tanto de la comarca de Ulloa como la de Arousa y toda la cuenca del Ulla por "los vertidos" de la macroplanta, así como por el agua que captará del río y "la contaminación", por lo que "el impacto que va a generar es increíble", ha advertido, tanto a nivel territorial, como social o económico.

Por eso, ha instado a participar en la "gran manifestación" del día 1 de junio en Pontevedra, a las 12:00 horas, una tradicional marcha contra las celulosas en esta ciudad, donde está ubicada la de Ence, que tendrá el lema 'Ni Ence en la ría, ni Altri en la Ulloa'.

Antes está prevista una concentración el 8 de mayo frente al Congreso de los Diputados de Madrid contra este proyecto -que la Xunta ha declarado como estratégico y al que ha dado una declaración ambiental positiva- para exigirle al Gobierno que no le destine ningún tipo de ayuda pública. 

La movilización de este sábado ha sido convocada por Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Plataforma Ulloa Viva, Plataforma Mina Touro-O Pino Non, Adega, Greenpeace Galicia, Ecoloxistas en acción, Sociedade Galega de Historia Natural, Baixo Ulloa Vivo, y los Ayuntamientos de Padrón y Pontecesures, con el apoyo de Caiac extremo Galiza.

El descenso, que se ha iniciado sobre las diez de la mañana y ha terminado después del mediodía, ha transcurrido por el sistema fluvial Ulla-Deza, una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, que según ha indicado Greenpeace, abarca más de 1.600 hectáreas.

Además, incluye una valiosa red hidrográfica entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, que alberga decenas de hábitats de interés comunitario y numerosas especies protegidas, y más de 200.000 habitantes de numerosos municipios dependen de la calidad hídrica del río Ulloa para el suministro de las redes municipales de agua.

Durante la concentración posterior, la Plataforma Ulloa Viva ha criticado que en la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva de la Xunta para el proyecto Gama de Altri, Patrimonio informe favorablemente "por la promesa de la empresa de convertir la fábrica en un elemento arquitectónico atractivo y la chimenea en un icono artístico", entre otras cosas, "pintándola de verde".

"Solo les falta decir que la fábrica va a competir con la catedral de Santiago como reclamo turístico", ha lamentado Naveira, quien ha denunciado este "greenwashing elevado a la enésima potencia" y ha dicho que no se puede consentir que "se regale a una empresa privada un río como el Ulla".

Por su parte, Alfredo Otero, portavoz de la PDRA, ha alertado de que no se puede tratar el río Ulla "como una charquita" en la que verter productos químicos, cuando en realidad es "una cinta transportadora de vida y biodiversidad" que nutre las rías y los bancos marisqueros.

"Galicia sabe a mar y queremos que siga sabiendo a mar, ni a minas ni a celulosas", ha proclamado Otero, recordando el lema "Galicia sabe amar" de una campaña de la Xunta de promoción del consumo de productos pesqueros.

La inmensa mayoría de las ayudas públicas que se dan en España ignoran la emergencia climática. La organización ecologista Greenpeace ha analizado casi 60.000 millones de euros que el Gobierno repartió entre 2023 y 2024 a cientos de empresas del país y a millones de ciudadanos en forma de subvenciones y exenciones fiscales para transporte, agricultura y ganadería. La conclusión es que casi nueve de cada diez euros se consideran "total o parcialmente dañinos" para el medioambiente. Algunos de los grandes beneficiarios fueron Repsol, Ryanair o Fertiberia, que forman parte de las empresas más contaminantes del país.

"Muchas de estas ayudas se activaron con el covid y la crisis energética. En teoría iban a ayudar a hogares y empresas a superar el bache, pero ahora vemos que no fueron eficaces ni desde el punto de vista social ni ambiental", opina Carlos García, coordinador de Incidencia Política de Greenpeace y autor del informe. La ONG también concluye que el 92% de las subvenciones dadas fueron regresivas; es decir, no acabaron en manos de familias o empresas vulnerables.

Del volumen total de ayudas que dio el Estado en 2023 y 2024, Greenpeace ha estudiado las que se destinaron a transporte, vivienda y agricultura porque esos tres sectores generan el 50% de la contaminación del país, y si se hubieran incluido en las subvenciones criterios verdes se habría fomentado la reducción de las emisiones. Estos sectores también son especialmente relevantes porque en 2023 absorbieron el 41% de las subvenciones públicas de España: 32.075 millones de euros, o el 1,7% del PIB. En 2024 recibieron menos apoyo (27.100 millones) porque desaparecieron ayudas muy caras, como la ayuda de 20 céntimos a los carburantes.

En la partida de 2024, las subvenciones verdes solo representaron el 13,9% del total, frente al 35,7% de las marrones y el 50,4% de las naranjas. Esta clasificación por color es la manera en que Greenpeace divide lo que considera subvenciones ambientalmente sostenibles (verdes), ambiguas (naranjas) o contaminantes (marrones). El grupo naranja incluye el apoyo económico a políticas que en principio son negativas, aunque alguno de sus criterios son positivos para el planeta.

Entre las subvenciones naranjas, destaca la Política Agraria Común (PAC), que es de lejos la mayor ayuda pública que recibe la economía española (27,1% del total) y procede de las arcas de Bruselas. Carlos García explica que han incluido la PAC entre las políticas naranjas porque solo el 16% de su presupuesto está condicionado a las buenas prácticas ambientales. También han incluido en ese bloque naranja el bono social eléctrico porque su ayuda no discrimina entre energía renovable y fósil, y al IVA reducido en alimentos porque no incentiva la compra de productos ecológicos.

En el escueto apartado de subvenciones verdes destacan la gratuidad al transporte público y el plan de choque de movilidad sostenible, que ayudan a reducir los coches en las carreteras, o el plan eco vivienda. En el extremo opuesto están las ayudas marrones, como la fiscalidad reducida en la aviación (que tiene un IVA del 10%), las exenciones del combustible aéreo (el queroseno no paga impuesto de hidrocarburos) o la reducción del IRPF del 35% para el combustible agrícola.

El informe también calcula quiénes fueron en 2023 las empresas españolas más beneficiadas por estas ayudas, y señalan que 100 compañías recibieron 4.321 millones de euros en subvenciones, de los que 2.995 millones provenían de los fondos europeos Next Generation. Entre los grandes beneficiarios están gigantes como Iberdrola, ArcelorMittal, Naturgy, EdP, Endesa o Repsol.

"Esas cifras evidencian que quien más se beneficia son las empresas contaminantes. Y estamos hablando de ayudas a fondo perdido, que no se devuelven", recuerda García. "El caso paradigmático es el de Repsol, la empresa con más emisiones de España, que por mucho dinero público que reciba para descarbonizarse, 7 de cada 10 euros de sus inversiones van para su negocio tradicional petrolero. ¿Están las ayudas sirviendo para cambiar la compañía? Evidentemente no", añade el portavoz ecologista.

El Gobierno, y especialmente el Ministerio de Transición Ecológica, está en teoría comprometido con regular estas ayudas para redirigirlas hacia políticas verdes, pero por ahora quedan importantes subvenciones contaminantes activas. El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), actualizado en 2024, recoge la meta de eliminar subvenciones energéticas, como la rebaja de impuestos al carburante agrícola y al gas natural profesional, o la exención del impuesto de hidrocarburos para barcos.

Sin embargo, como destaca Greenpeace, todavía no hay un plan concreto para retirar estas subvenciones, que suponen un agujero en las arcas públicas. Solo las ayudas públicas al transporte cuestan al año a España 10.293 millones (44% en forma de subvenciones directas y el 56% en ayudas indirectas) y el 62,9% de ellas son consideradas marrones, o contaminantes.

La única ayuda que Transición Ecológica planea retirar a corto plazo es la brecha fiscal a favor del diésel (que tiene menos impuestos que la gasolina), un diferencial que cuesta unos 1.000 millones de euros al Estado cada año. La ministra de esta cartera, Sara Aagesen, ha reiterado varias veces en los últimos meses que planea retirar este beneficio lo antes posible porque además forma parte de las promesas del Gobierno a Bruselas a cambio de los Fondos Next Generation. De hecho, según EFE, antes del 11 de abril la medida debería estar implementada para evitar una posible sanción desde la Comisión Europea.

La ONG más reconocida del mundo se enfrenta a la bancarrota. Un jurado de Dakota del Norte, en Estados Unidos, sentenció este miércoles a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares (609 millones de euros) a la energética Energy Transfer por participar en una protesta que paralizó la construcción de un oleoducto. La cuantía ha sido una sorpresa para la organización y supondría la quiebra de Greenpeace si el juez confirma la sentencia, aunque la organización adelanta a infoLibre que la matriz de la ONG estaría blindada porque la sede se encuentra en Países Bajos. Sin embargo, las dos divisiones de la organización en Estados Unidos tendrían que cerrar.

Daniel Simons, abogado de Greenpeace International, explica que se han enfrentado a un juicio desigual donde la compañía tenía todas las de ganar, pero no contaban con que la multa fuese la más alta posible, el doble de lo que reclamaba por daños Energy Transfer. La ONG todavía tiene la opción de apelar a la Corte Suprema de Dakota del Norte y después a la Corte Suprema Federal, en Washington, pero Simons reconoce que las posibilidades son "poco prometedoras".

"En el peor de los casos —que se confirme la sentencia y que no prosperen las apelaciones— Greenpeace International no acataría la sentencia y la energética tendrá que reclamar el embargo a un tribunal de Países Bajos, donde tendrían pocas probabilidades de ganar. Nuestro escenario principal es que no habrá cambios en la matriz de Greenpeace. Sin embargo, Greenpeace Fund y Greenpeace Inc. —las divisiones americanas— tendrían que declararse en bancarrota", explica Simons. Aunque añade que no tirarán la toalla en ese país: "Buscaremos la manera de seguir trabajando, siempre habrá un Greenpeace en Estados Unidos".

El tribunal popular, formado por nueve vecinos del Condado de Morton, ha condenado a la organización a pagar 667 millones de dólares, de los que 300 corresponden a la compensación que reclamaba la energética, y otros 367 millones a una multa coercitiva. Según explica el abogado de la ONG, este castigo añadido es habitual en Estados Unidos, una forma de evitar que un condenado vuelva a causar daño a la sociedad, aunque en este caso es una anomalía porque se dirige contra una organización ambiental. El coste se divide entre las tres organizaciones a las que demandó la compañía: 131 millones y 404 para las organizaciones estadounidenses, y 132 millones para Green Peace International.

La organización verde llevaba meses advirtiendo de que una multa que rondase los 300 millones ya supondría la quiebra de la ONG, pero no esperaban que llegase a rozar los 700 millones, una cantidad inimaginable para los ecologistas. Según sus últimas cuentas de 2023, la organización matriz tiene unos ahorros de 50,02 millones de dólares, por lo que no tiene manera de afrontar esa hipotética deuda.

Por ahora, solo se conoce la propuesta de sanción y el veredicto del jurado, y se espera que la semana que viene el juez que dirige el caso emita la sentencia definitiva, que se espera que sea similar al veredicto popular. Como adelanta Daniel Simons, tienen pocas esperanzas en su apelación a las cortes supremas, porque la de Dakota pertenece a un Estado muy conservador y ligado a los combustibles fósiles, y el tribunal de Washington tiene una mayoría republicana sobre los demócratas de seis a tres, con tres jueces elegidos por Donald Trump. Kelcy Warren, presidente ejecutivo de Energy Transfer, ha sido durante la última década uno de los grandes contribuyentes de la campaña electoral de Trump, y el presidente tiene una guerra abierta contra las organizaciones ambientales.

La injerencia política y social han sido una constante desde el comienzo del juicio contra Greenpeace, que había reclamado sin éxito mover la disputa a otro tribunal alejado de la zona donde se sucedieron las protestas. "No creo que sea un veredicto político, pero creo que no se han tenido en cuenta los hechos", opina Simon. "La empresa ha apelado a los sentimientos de una comunidad rural pequeña, donde viven 30.000 personas que sufrieron protestas durante casi un año y donde llegaron a haber 100.000 manifestantes. Había mucha rabia entre los vecinos, es comprensible. Además, el gas y el petróleo son la piedra angular de la economía local y muchos de los ciudadanos del jurado trabajan en este sector o tienen familiares allí. Era imposible tener un juicio justo", comenta el abogado.

También fue desestimada la petición de la prensa para poder ver el juicio en directo, aunque un colectivo de abogados llamado Trial Monitors ha seguido desde dentro la disputa para apoyar a la ONG. Tras conocer la sentencia, este grupo emitió un comunicado donde calificaba el juicio de "profundamente defectuoso con múltiples violaciones procesales", como "un jurado claramente sesgado a favor de Energy Transfer, con muchos miembros trabajando en la industria de los combustibles fósiles", e incluso algunos de ellos declararon públicamente que no podían ser imparciales.

"En mis seis décadas de práctica legal, nunca he presenciado un juicio tan injusto como el que se ha llevado a cabo contra Greenpeace. Y la ley que se aplique en este caso puede afectar cualquier manifestación, religiosa o política. Va mucho más allá del movimiento ambientalista", declaró Marty Garbus, uno de los abogados que supervisó el juicio.

En vista de que la dificultad del juicio, a comienzos de febrero la ONG decidió emplear por primera vez en la Unión Europea la nueva directiva conocida como Anti-SLAAP, llamada así porque combate las llamadas Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (SLAAP, por sus siglas en inglés). Esta directiva busca proteger a entidades civiles o personas que reciben ataques legales de grandes empresas extranjeras con el objetivo de enterrarlas en litigios y evitar que puedan ejercer el activismo. 

Amparándose en esta legislación, adoptada el año pasado, Greenpeace demandó en febrero desde Ámsterdam a Energy Transfer por prácticas legales abusivas, y reclama a la compañía cubrir todos los costes judiciales del caso de Dakota del Norte, incluyendo la posible multa. Sin embargo, solo pueden reclamar los costes de la matriz, Greenpeace International, que es la que está afincada en Países Bajos, y como mucho recuperarían 132 millones de dólares. Las divisiones americanas no están amparadas por la directiva.

El juicio gira en torno a unas protestas de diferentes grupos activistas en 2016 y 2017 contra la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte que atravesaba la reserva indígena india Standing Rock, sobre la que el Gobierno federal había aprobado un paso de servidumbre. Esta comunidad lideró unas manifestaciones en las que participaron más de 100.000 personas y a las que acudieron Greenpeace o Earth First!, entre otras organizaciones.

La petrolera y gasista tuvo que paralizar temporalmente la construcción y decidió llevar a juicio a Greenpeace, a la que acusó de incitar a la protesta, difamar a la empresa y promover la violencia en las manifestaciones, aunque la gran mayoría de las actuaciones fueron pacíficas. También acusaron a la ONG de financiar a los manifestantes y a la reserva para agitar las protestas. Greenpeace contesta que ellos participaron mínimamente en las concentraciones, pero que la empresa ha utilizado la situación como pretexto para atacar a un referente del activismo.

De hecho, esta no es la primera vez que la ONG se enfrenta a Energy Transfer. En 2019, el Tribunal de Distrito de Dakota del Norte ya desestimó una demanda similar contra Greenpeace y otras organizaciones basándose en la ley de corrupción y crimen organizado.

Un jurado popular dictó este miércoles que la organización Greenpeace debe pagar más de 660 de millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET) por incitar unas protestas contra la construcción de un oleoducto de la compañía que degeneraron en actos de vandalismo, según informa EFE.

El jurado declaró a Greenpeace responsable de difamación y otras demandas presentadas por ET, que le acusó de instigar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte del país, que retrasaron el proyecto y elevaron los costos.

La empresa energética, con sede en Dallas (Texas), reclamaba 300 millones de dólares (unos 287 millones de euros), una cifra que la propia organización ecologista ha declarado que pondría en amenaza su propia existencia. En su demanda, ET incluía a las entidades Greenpeace International, Greenpeace Inc y a Greenpeace Fund.

La organización había negado las acusaciones de ET, alegando que simplemente apoyó esas protestas y no es responsable del desarrollo de las mismas.

El jurado, compuesto por nueve personas, ha tomado su decisión tras dos días de deliberaciones en un tribunal de Dakota del Norte (Estados Unidos) y un juicio que ha durado casi un mes.

El caso se ha denunciado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores o periodistas, entre otros.

Durante las protestas, que tuvieron lugar entre 2016 y 2017, miles de personas acamparon durante meses argumentando que el oleoducto se estaba construyendo en tierras sagradas y que podía suponer un peligro para el suministro de agua.

Según The New York Times, el cofundador y presidente de la junta directiva de Energy Transfer, Kelcy Warren —uno de los mayores donantes en la última campaña presidencial del mandatario, Donald Trump— aseguró en un vídeo proyectado durante los argumentos finales que los manifestantes crearon "una narrativa totalmente falsa".

Por su parte, uno de los abogados de la empresa, Trey Cox, afirmó durante el juicio que "Greenpeace tomó un asunto local pequeño y desorganizado y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta", recoge el medio neoyorquino.

Tras conocerse el veredicto, la consejera general de Greenpeace International, Kristin Casper, expresó en un comunicado que la lucha contra las petroleras "no termina aquí". "Acabamos de empezar con nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de ET a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos (a la empresa) en los tribunales este mes de julio en Amsterdam. No retrocederemos, no nos silenciarán", aseveró.

Mientras, Energy Transfer dijo en un comunicado que esta es una victoria "para los habitantes de todo Dakota del Norte, que tuvieron que vivir el acoso diario" causado por los manifestantes "financiados y entrenados por Greenpeace", así como un triunfo para los estadounidenses "que respetan la ley".

Esta es la pregunta que me hacía el otro día, tras largas jornadas de trabajo junto a un grupo de personas voluntarias de Greenpeace y tras el encuentro y diálogo con las personas que han visto sus vidas rotas por la catástrofe. Entre los desechos flotantes de la contaminada Albufera de València, los colegios y casas llenos de lodo, los pequeños comercios destrozados y los campos agrícolas arrasados, no dejaba de darle vueltas: quién debe ser responsable de pagar toda la ayuda económica necesaria para sostener y restaurar la vida, los servicios públicos, las actividades… Para una organización como Greenpeace, que basa su trabajo de lucha contra el cambio climático desde la ciencia, proponiendo soluciones para las mayorías y, especialmente, acompañando a quienes están sufriendo en primera línea frente a las crisis ecosociales, es fundamental responder a esta pregunta. 

En España, el cambio climático está provocando costes crecientes que se han incrementado en un 53% entre 2022 y 2023, cuando las personas agricultoras recibieron indemnizaciones en un contexto de sequía aguda por valor de 1.241 millones de euros. Recientemente el Banco de España ha señalado que la dana ha afectado al 2% del PIB estatal, lo que equivale aproximadamente a unos 30 mil millones de euros.

Hay una línea recta entre las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles y los daños económicos provocados en las regiones y comunidades más vulnerables al cambio climático. A nivel global 78 compañías son responsables del 72% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero. Además, en el caso de las petroleras, en vez de cambiar sus modelos de negocio, lo que están haciendo es acercarnos más aún al “fin de la humanidad” con inversiones masivas en el negocio fósil tradicional. Son auténticas “bombas climáticas” fuera de control. 

En España, las emisiones de los cuatro principales grupos energéticos suponen el 88% del total de emisiones del IBEX 35, con Repsol a la cabeza con un 62% del total. Varios estudios coinciden en asignar daños económicos a estas emisiones por valor de 170 euros la tonelada de CO2. Según los cálculos de Greenpeace, solo Repsol genera daños anuales por valor de aproximadamente 12.000 millones de euros. Por otro lado, las grandes energéticas están acumulando beneficios históricos —9.000 millones hasta el tercer trimestre de 2024—, a un nivel mayor incluso que en plena crisis energética de 2022 (17,3% más), debido fundamentalmente a su posición dominante en mercados mal diseñados. Y con los bolsillos llenos, se han lanzado a una carrera de reparto histórico de dividendos —8.253 millones en 2023, un 12% de incremento— y de recompra de acciones en favor de sus accionistas principales: el fondo de inversión BlackRock, el Banco Santander, Criteria Caixa, el Estado Noruego, el Estado Italiano, el Reino Qatarí o la República Popular China, entre otros. 

En el contexto actual de costes climáticos crecientes, dependencia geopolítica y deuda acumulada ("Banco Malo", la Covid, la crisis energética…), sin una mayor justicia fiscal, serán las clases trabajadoras y medias las que tendrán que soportar la creciente factura. En este sentido, el resultado del último paquete fiscal aprobado en noviembre deja mucho que desear y queda pendiente de completar una reforma fiscal justa y verde que normalice la capacidad recaudatoria del Estado conforme a la media europea y refuerce las bases de la transición ecológica. A pesar de extender el impuesto a la banca y reforzar la progresividad del IRPF, se seguirá subvencionando masivamente a quien especula con la vivienda, a las compañías aéreas y a los ultrarricos, que el año que viene irán de vacaciones al mediterráneo contaminando con sus jets, yates y lamborghinis como si ninguna dana hubiera sucedido. 

Se nos están acabando las oportunidades, pero esta semana los partidos tienen una nueva para estar a la altura de lo que ha ocurrido en el Mediterráneo y que las grandes compañías energéticas paguen por los beneficios y daños extraordinarios ocasionados por su actividad, principalmente basada en los combustibles fósiles. Es el momento para que el Gobierno y los grupos se retraten y muestren quiénes son los intereses que mandan verdaderamente en el Congreso de los Diputados: los de la ciudadanía o los de las compañías fósiles. Si eluden su responsabilidad, y prevalecen los chantajes de las energéticas, que vayan luego sus señorías a Letur, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Paiporta y Utiel a explicarlo. Ahora más que nunca, es el momento de que los beneficios extraordinarios de los que contaminan vuelvan a la sociedad para compensar daños y reforzar la acción climática, además de lanzar una señal clara e imprescindible de responsabilidad y esperanza a la ciudadanía y a las generaciones futuras.

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Eva Saldaña es la Directora Ejecutiva de Greenpeace España.

Dicen que “sobran los motivos”. Dicen que se ha cercenado “un derecho constitucional como es el de la vivienda”. Por eso, 39 colectivos han unido fuerzas para, más allá de decir, convocar este próximo domingo, 13 de octubre (13O), una manifestación que recorrerá el centro de Madrid, en la que demandar a las distintas administraciones que hagan posible el acceso de la ciudadanía a “un lugar digno para vivir”.

Calientan motores. Bajo el lema La Vivienda es un derecho, no un negocio, sindicatos como el Inquilinas, el de Estudiantes, CCOO y UGT; plataformas como la de Afectadas por la Hipoteca (PAH), por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) o por la Línea 7B de Metro desde donde exigen “soluciones ya”; entidades sociales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o Amnistía Internacional; y organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra, entre otras, marcharán desde las 12:00 horas, con salida en Atocha y hasta Cibeles. Lo harán con un objetivo: "Cambiar el paradigma de la vivienda". Algunos de esos entes forman parte de la Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid, que se constituyó en octubre de 2023, ante "un malestar que empezaba a ser palpable".

Desde la FRAVM animan a “desbordar las calles” para que “las administraciones públicas empiecen a tomarse en serio este problema social porque la vivienda es un derecho, no un negocio, que es en lo que se ha convertido gracias a modalidades como los pisos turísticos", recalcan. Llaman a formar el domingo una “amplia columna vecinal” y confían en que la protesta sea “el arranque de una movilización social” que obligue a “cambiar las políticas de vivienda". “Hay que pasar a la acción”, sintetizan.

La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, explica a infoLibre los motivos que los han llevado a secundar la iniciativa: “La vivienda se ha convertido en una emergencia social impostergable. Saldremos a la calle para exigir que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que siga siendo un derecho y no un privilegio, como lo es ahora, y que no sea una fuente de negocio para los grandes especuladores, los bancos, los fondos buitres y los rentistas, que hacen de algo que es un derecho una forma de vida muy rentable”. Se enfoca en los estudiantes, “en la juventud en general”, para criticar que tengan que “lidiar” a diario “con los precios, las cláusulas abusivas, con lo difícil que es encontrar un piso en las grandes ciudades, o con que la edad de emancipación sea a los 30 años, precisamente porque no hay facilidades para poder irse de casa de los padres”. A lo expuesto suma “el negocio multimillonario que son las residencias universitarias privadas” que les “exprimen hasta el último euro”.

“Salimos a decir que basta ya. El Gobierno tiene que tomar medidas urgentes y radicales para solucionar este tema. Entre las comunidades y el Ejecutivo central se lanzan la pelota, pero no se pueden lavar las manos. Si de verdad se quiere apostar por una vivienda accesible y digna, hace falta un parque público, que los alquileres no se coman más del 10% del salario, o contratos indefinidos para los inquilinos, aunque haya que confrontar con los bancos, los fondos buitre…”, resume. Se muestra convencida de que será “una manifestación multitudinaria” que reflejará “la rabia que hay por debajo. Y ahí estará el Sindicato de Estudiantes”, cierra.

El portavoz de la PAH Vallecas, Diego Sanz, confirma que “la mayoría de PAH” estarán en la protesta del 13O, “con acentos distintos”. Cree que si la manifestación ha de “servir de algo”, debe ser para “señalar el fracaso absoluto de la Ley de Vivienda, un año y medio después de ser aprobada”. Lo argumenta: "Avisamos en su momento de que dejaba fuera el alquiler temporal, el alquiler social obligatorio antes de un desahucio, la prohibición efectiva de éstos, porque el proceso de mediación que incluyeron en la norma es un unicornio que no los está parando… Ayuso no es la única culpable de que suban los alquileres en Madrid, que también, y están empezando a elevarse a máximos históricos, por encima de la burbuja inmobiliaria”, lanza.

Censura que entidades “como Sareb o Caixabank, con participación pública", estén "funcionando para que suban los precios de la vivienda y vuelva a haber un ciclo constructor e hipotecario, que pareciera que es realmente la agenda de los partidos del Gobierno”, proclama. “Con nosotros que no cuenten, si de lo que se trata es de volver a dar hipotecas y de avalar las que no pueden dar los bancos, porque venimos de un drama con el tema hipotecario, como para que nos vuelvan a meter a los bancos en casa”, anticipa. Para terminar poniendo el acento en que se “ha dejado fuera de toda regulación de precios a caseros que tienen tres, cuatro o seis viviendas”, al no considerárseles “grandes tenedores, por no contar con más de diez”.   

¿Qué busca el Sindicato de Inquilinas con la marcha del 13O? "Expresar un gran clamor popular como es el que el tiempo de los políticos se ha terminado en lo que a gestión de vivienda en este país se refiere", verbaliza su portavoz Lucas Vaquero. "Durante los últimos años –enlaza–, los gobiernos de cualquier signo político han fracasado estrepitosamente en adoptar cualquier medida que pudiera solucionar, al menos de forma parcial, el grave problema de vivienda que se vive en España". A su juicio, esto ha tenido una consecuencia: "Que la clase inquilina sea hoy muy numerosa y cada vez más desprotegida frente a los abusos de rentistas y especuladores que de forma parasitaria viven a costa del fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Por eso, basta ya".

Han demandado estos días la dimisión de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, por "su connivencia con la minoría rentista", entre otras razones, y mandan un mensaje claro a la clase política y a las instituciones: "Vamos a ser nosotras las que nos organicemos para conseguir victorias y cambios sostenibles y perdurables en el tiempo. Vamos a comenzar a diseñar estrategias que nos permitan caminar hacia una huelga de alquileres. Si ellos no bajan los precios, nos los vamos a auto regular nosotros”, remata Vaquero.

Alfredo Villafranca, secretario de Política Sectorial de CCOO Madrid, asevera que "la vivienda debería ser un bien de uso, un derecho irrenunciable", sin embargo, "es cada vez más un bien inmobiliario. Se legisla, de hecho, para que lo sea", afea. Relata que desde la Plataforma por el derecho a la vivienda empezaron hace unos meses a plantear la convocatoria de una manifestación, a la que se han adherido más colectivos. "Cada vez carece más de sentido que firmemos un convenio con una subida salarial del 2 o del 3%", expone, en relación a la labor de su organización sindical específicamente, "si luego en tu ciudad la vivienda ese año se eleva el 15%. Al final es como si fuera un salario diferido", lamenta.

Espera que el 13-O sea "un primer paso". “No es el punto de llegada, es el de salida para poner el foco en la calle de que se tiene que legislar de una vez por todas y a nivel de todas las administraciones, aunque no todas tengan la misma culpa", matiza. Y finaliza: "La Comunidad de Madrid la tiene en especial por su modelo inmobiliario".

Desde la esfera ambientalista desean igualmente que los ecos del 13-O retumben con fuerza. Fuentes de Ecologistas en Acción aportan que “sólo en Madrid hay más de 100.000 viviendas vacías” y entienden que la dificultad creciente de que los inmuebles acojan "personas" es “una consecuencia del modelo especulativo y depredador de recursos” que se ha instalado, en el que “la especulación inmobiliaria y la ausencia de políticas decididas de vivienda pública, ha provocado la expansión de los precios hasta unos niveles que resultan inalcanzables para muchos". Y ello, mientras, "paradójicamente, se ha ampliado el suelo urbano a costa de los agrarios o de espacios naturales”.

Por su parte, María Prado, responsable de campaña de Energía, Clima y Movilidad de Greenpeace, traslada a este periódico que son convocantes de la protesta ciudadana al pensar que la vivienda “es un derecho fundamental” y porque reclaman “dignidad en el acceso y dignidad en su habitabilidad”. “La vivienda es una palanca de cambio para tener vidas más dignas, no sólo ha de ser refugio climático, sino que es un elemento de transformación del modelo socioeconómico”, defiende.

La multinacional "verde" apuesta por el impulso a “viviendas descarbonizadas y que sean eficientes energéticamente, porque de nada sirve acceder a ellas, si son agujeros de temperatura donde la gente no puede pagar sus facturas de luz, calefacción o de comida, en un mercado de la energía bastante perverso”, anota. Y abrocha: “La exigencia de entornos, barrios y municipios sostenibles ha de empezar en las casas. Es el primer elemento dentro de la comunidad que construimos para contribuir a vivir en un planeta más sostenible”.   

En general, los convocantes alimentan la ilusión de que "ésta sea la manifestación por la vivienda que marque el punto de inflexión", como lo fue el 15M, conscientes de que "quizás" deberían "haber intentado lograr más movilización ciudadana antes," dado que "hay mucho mar de fondo", reconocen. En cualquier caso, miran al próximo domingo con "optimismo". "Ahora que no llueva", piden algunas de las fuentes sondeadas. El sol no es un requisito imprescindible para manifestarse, pero contribuye a que el recuento de asistentes sea al alza. Aquel "Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo" del 15M volverá, de otra forma, a rugir en las calles.

El Juzgado de lo Penal 1 de Almería ha absuelto a las 28 personas que fueron acusadas, según la propiedad del hotel, de causar daños en la fachada de El Algarrobico en una acción de Greenpeace, con una enorme pintada donde se leía 'Hotel ilegal' que tuvo lugar en mayo de 2014 en el municipio de Carboneras.

"Celebramos que todas las personas hayan sido absueltas. Esta nueva sentencia confirma que El Algarrobico tendría que haber pasado a la historia hace mucho tiempo, los responsables deberían pagar por los daños y restaurar el ecosistema", ha asegurado a raíz de este pronunciamiento judicial Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, en un comunicado. Según Saldaña, ejercer el derecho a la protesta ante los "atentados al territorio" es una herramienta imprescindible para provocar cambios y así seguiremos haciendo: "No nos van a callar".

La acusación ejercida por la propiedad del hotel solicitaba una pena de veinticuatro meses de multa, a razón de una cuota de seis euros diarios, un total de 1.080 euros para cada una de las personas acusadas, y una pena de prisión de un año para cada una por un supuesto delito de desobediencia. Además, pedía 186.703 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños causados en el hotel.

La Fiscalía entendía, al igual que la defensa, que no se había cometido delito dado que no había sido posible identificar a las personas que habían pintado la fachada del hotel, que las personas acusadas habían sido identificadas en la playa, pero no dentro del mismo y, en definitiva, que no se podía atribuir responsabilidad a las acusadas.

La sentencia, en la que prevalece la presunción de inocencia, recoge que no resulta probado que ninguna de las personas acusadas accedieran por la fuerza y tras romper el candado de la puerta al interior del hotel El Algarrobico ni que pintaran de negro la fachada del mismo, ha informado Greenpeace. Señala, además, que tampoco se ha acreditado que los acusados desatendieran la orden de los agentes de la Guardia Civil personados en el lugar debidamente uniformados para que abandonaran el inmueble.

A la espera de ver si la empresa propietaria, Azata, interpone recurso de apelación contra la sentencia, según Greenpeace se cierra un capítulo más en la lucha de esta organización por el derribo del hotel ilegal de El Algarrobico.

Según los ecologistas, esta nueva sentencia se suma a las más de cuarenta resoluciones que le dan la razón a Greenpeace y que han declarado que la construcción del hotel fue 'ilegal'.  El hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en el parque natural Cabo de Gata, ha sido en las últimas dos décadas protagonista de una lucha ecologista para lograr su derribo, un hito que todavía sigue sin fecha.

Tras recorrer todas las instancias judiciales en los tribunales españoles durante dos décadas, las "presuntas irregularidades" del caso del hotel de El Algarrobico, en Almería, serán investigadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según ha anunciado la organización Greenpeace, según informa EFE.

"Es una importante noticia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya admitido nuestra denuncia. Esperamos que, de una vez por todas, se ponga fin a esta historia repleta de sentencias incumplidas y retrasos injustificables por parte de las administraciones”, ha explicado José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace.

Greenpeace solicitó amparo al TEDH tras la sentencia del Tribunal Supremo que, en diciembre de 2022, dictaminó que el hotel almeriense no podía ser demolido, por tener licencia de obras.

El alto tribunal dictaminó que si el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.

El TEDH ha concluido que debe investigarse la legalidad de esta decisión. Es un principio fundamental, en todo Estado de Derecho, que las sentencias firmes que anulan una disposición de carácter general, como es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras, tienen efecto desde el día en que se publica el fallo.

Pero en este caso, el Supremo, incomprensiblemente, otorgó las competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, un hecho "muy grave e inédito" que podría suponer una violación del artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos, ya que priva a la ciudadanía del derecho a tener un juez independiente y una tutela judicial efectiva, ha indicado el letrado

El TEDH también investigará si debe revocarse el nombramiento, como ponente de la magistrada del Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía (TSJA), de María del Mar Jiménez Morera. Greenpeace considera que no puede ser imparcial ya que, junto a Jorge Muñoz Cortés, dictaron sentencia declarando urbanizable el hotel de El Algarrobico en 2014, dando la razón a la promotora del hotel, Azata Patrimonio S.L.

"Precisamente, Muñoz Cortés ha estado prestando sus servicios para el Ayuntamiento de Carboneras desde el despacho Martínez-Echeverría. La magistrada Jiménez Morera, su antigua compañera de Sala en el TSJA, es quien resuelve los escritos sobre la ilegalidad del hotel de El Algarrobico. El TEDH debe decidir ahora sobre la imparcialidad de la magistrada", asegura Greenpeace.

Repsol es la compañía española que más dióxido de carbono (CO2) emite a la atmósfera. En 2023, 11,82 millones de toneladas de CO2 equivalente, según el Observatorio de Sostenibilidad, que mide los derechos del mercado de emisiones de la UE. En realidad, la cantidad es muy superior, porque el mercado de emisiones europeo sólo incluye las de alcance 1, el CO2 que produce directamente la propia actividad de una empresa, pero deja fuera las de alcance 2 –que proceden de la energía consumida por la compañía– y las de alcance 3 –las indirectas que se producen en su cadena de valor–. En 2023 las emisiones de alcance 3 de Repsol ascendieron a 60,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, de acuerdo con las cifras que publica en su página web, por sólo 14,8 millones de alcance 1 y 2. Es decir, el 81% del dióxido de carbono que expulsó a la atmósfera la petrolera queda fuera de ese cálculo inicial.

Repsol lleva desde 2021 liderando el ranking de empresas más contaminantes de España, de acuerdo con las métricas del Observatorio de Sostenibilidad. También fue la tercera compañía que menos redujo sus emisiones de CO2 el año pasado, un 4,85%. Es más, emite ahora un 186% más de dióxido de carbono procedente de la quema combustibles fósiles que hace 15 años.

Otro gigante español, Inditex, además del primer grupo de moda del mundo por facturación, es la multinacional del sector textil que más dióxido de carbono expulsa a la atmósfera.

Según recoge la propia compañía en su último informe anual, el grupo de Amancio Ortega emitió un total de 16,85 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales 16,41 millones eran de alcance 3, el 97,4%. Cierto que ha reducido de forma apreciable las que menos produce –un 34,3% las de alcance 2 y un 40% las de alcance 1–, pero sigue aumentado la parte del león, las de alcance 3, un 2%.

Pese a que la contaminación de la industria petrolera es más evidente, la moda es responsable del 10% de las emisiones mundiales de carbono, más que los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados. Así lo destaca el Parlamento Europeo: las compras de textiles en la UE generaron 270 kilos de CO2 por persona en 2020. Los 26 kilos de ropa que compran los europeos de media y los 11 kilos que tiran cada año explican esas 16,41 millones de toneladas de emisiones reconocidas por Inditex y los 1.000 millones de toneladas que expulsan las empresas del sector de la moda en todo el mundo.

Estos sucios récords, sin embargo, no son obstáculo para que las dos grandes compañías españolas reciban miles de millones de euros procedentes de fondos de inversión que lucen la etiqueta de sostenibles. En concreto, Inditex y Repsol han obtenido un total de 10.823 millones de dólares –10.110 millones de euros– de fondos de inversión verdes europeos, según la investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en datos financieros de la Bolsa de Londres (LSEG). El análisis comprende las inversiones realizadas en el último trimestre de 2023 por 4.324 fondos verdes comercializados en Europa en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías.

Para hacerse una idea del volumen de financiación que reciben ambas empresas españolas, basta recordar que es prácticamente la misma cantidad –10.200 millones de euros– que España gastó en 2023 de los fondos de recuperación de la EU, según publicó El País este sábado, y equivale al 0,7% del PIB nacional.

A Inditex le han llegado 5.266 millones de dólares de fondos de inversión europeos, mientras que la cantidad invertida en Repsol es un poco mayor, 5.557 millones. Sólo de fondos españoles, el grupo textil ha obtenido 230 millones de dólares, más de la mitad de los 446,32 millones que éstos han colocado en empresas de moda de todo el mundo. En Repsol, los fondos españoles han invertido 291 millones. Es decir, se lleva el 62% de los 460,5 millones que los fondos españoles supuestamente verdes colocan en compañías del sector del petróleo y el gas de todo el planeta.

Lógicamente, Inditex hace valer su liderazgo mundial en el sector de la moda cuando bancos y gestores de fondos construyen sus carteras de inversión. Es la empresa que más dinero consigue gracias a estos productos verdes, un tercio de los 15.704 millones que los fondos sostenibles europeos invierten en el sector textil. El grupo de Zara y Massimo Dutti recibe más del doble que su rival sueco, H&M. Pese a que, según los datos de emisiones de LSEG que ha utilizado EIC para su investigación, Inditex duplica las de su rival.

También es Inditex la inversión favorita de las carteras verdes de los fondos españoles. Curiosamente, el segundo grupo que más dinero español recibe es una petrolera, la francesa TotalEnergies, con 181,5 millones de dólares. La tercera es otra textil, la americana TJX, una cadena de tiendas de ropa barata estadounidense, que consigue 102,8 millones de los ahorradores españoles. La cuarta es otra petrolera, la angloholandesa Shell –74,6 millones–, y la siguiente un fabricante de automóviles, la alemana Mercedes Benz –69 millones–.

¿Quiénes son los que más dinero consiguen para el grupo de Arteixo? Los fondos gestionados por Caixabank le reportan 67,3 millones de dólares, más que los del Banco Santander, que rozan los 60 millones, y el BBVA, que apenas supera los 12,2 millones.

Para Repsol, Santander consigue 42 millones, BBVA llega a los 40 y Caixabank se queda en 27.

En el análisis merece la pena poner la lupa sobre los dos tipos de fondos sostenibles según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea. Inicialmente destinado a mejorar la transparencia para los inversores, el SFDR ha creado de facto dos etiquetas ASG. En los fondos del Artículo 8 o verde claro, sólo algunos de sus activos se seleccionan en función de criterios sociales o medioambientales. Y basta con que “promuevan” esos criterios. Los fondos del Artículo 9 o verde oscuro se componen casi exclusivamente de inversiones sostenibles; es decir, de empresas que deben tener “objetivos explícitos de sostenibilidad”.

Pues bien, el 98% de los fondos que se comercializan en Europa son del primer tipo, los que son verdes, pero no demasiado. Lo mismo ocurre en España. De los 5.266 millones colocados en Inditex por fondos europeos, sólo 253,6 corresponden a fondos del artículo 9, los verde oscuro. Apenas el 4,8% de las inversiones canalizadas por estos fondos sostenibles.

En el caso de Repsol, sólo el 0,1% de la financiación que consigue, 5,8 millones de dólares, procede de fondos verde oscuro. Son sólo ocho fondos franceses y británicos –uno de ellos de Blackrock–, así como dos de Caixabank los que se atreven a incluir en sus portfolios más sostenibles a la petrolera española.

Si de esa escasa presencia de Repsol e Inditex en los fondos del artículo 9 se puede inferir que los objetivos de ambas no son lo bastante verdes, pueden aclararlo análisis como el del último Monitor de Responsabilidad Climática Corporativa del New Climate Institute, una organización alemana sin ánimo de lucro creada por científicos. El estudio pone en duda la “suficiencia” de las medidas prometidas por Inditex para reducir sus emisiones hasta llegar al cero neto en 2040.

Por ejemplo, pone bajo sospecha sus “ambiciosas” promesas de reducción de emisiones porque no detalla cómo las va a cumplir. También considera “potencialmente engañoso” que prometa para 2030 un 50% de energías renovables en el suministro eléctrico de sus procesos de fabricación sin definir cómo las adquirirá. Y critica que priorice la biomasa para suplir al carbón en lugar de preferir la electrificación. El monitor considera “razonable” la transparencia de Inditex, pero rebaja su “integridad”, medida como la “calidad y credibilidad” de sus planes, a “moderada”.

“Las cadenas de valor de la industria textil están tan globalizadas que empiezan en China o Bangladesh, donde se fabrican las camisetas, y terminan en el desierto de Atacama o en Ghana, donde se tiran”, explica Miguel Ángel Soto, responsable de Biodiversidad e Incidencia Política y Empresarial de Greenpeace. La huella de la llamada “moda rápida”, que llena los armarios según se suceden, no ya las temporadas, sino las colecciones, con ropa barata que se compra y se tira enseguida, es “brutal”, recalca. Tanto que los esfuerzos por implantar el reciclaje, controlar el origen de las fibras o respetar los derechos humanos de los trabajadores en las fábricas “no van al corazón del problema”. “Es más un relato, cuando el meollo está en la existencia de una cultura de consumo”, critica.

Así que Soto desconfía de las proclamas ecologistas de las empresas, de las textiles y de las petroleras. “Aunque seas más eficiente y reduzcas tus emisiones por tienda, si produces más y abres cada vez más tiendas, emitirás más CO2”, resume. Lo mismo ocurre con Repsol: “Si sigues invirtiendo en investigación y extracción de petróleo, y tu porcentaje de renovables es mínimo, no puedes presentarte como una industria verde”.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU denunciaron el pasado abril a Repsol ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Consumo por hacer “declaraciones ambientales engañosas” sobre sus biocombustibles. Según alegan estas organizaciones, la petrolera confunde a los consumidores e inversores cuando vende su biodiésel, elaborado a base de aceite de palma, como “sostenible”, “neutro en carbono” o incluso como “renovable”. Pero oculta que para producir ese aceite se está deforestando Indonesia: España es el principal exportador de aceite de palma del país asiático y el primer productor de biocombustible de la UE.

Sólo un mes antes Iberdrola también había denunciado a su competidor, en un juzgado de lo Mercantil, por publicidad engañosa, greenwashing y competencia desleal. El año pasado, Reino Unido obligó a Repsol a retirar anuncios en las webs de periódicos donde omitía información “de forma engañosa” sobre su objetivo de emisiones cero y sobre su negocio de renovables. La primera sanción la compartió con otras dos petroleras: Shell y Petronas.

El ecopostureo a alcanzado tales cotas que hasta la CNMV ha incluido la “prevención del greenwashing en toda la cadena de valor” en su plan de acción de 2023. “Estamos esperando a que actúe”, urge el responsable de Greenpeace. Porque “ahora todos son verdes”, ironiza. “Desde Mapfre hasta El Pozo”. Justo cuando el dinero está en lo sostenible, apunta Miguel Ángel Soto. Basta con recordar que el primer fin de los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE es precisamente “impulsar la transición ecológica mediante la promoción de las energías renovables y la movilidad sostenible”.

infoLibre ha preguntado a Inditex por la financiación que obtiene de los fondos verdes, así como por las medidas para cumplir con sus promesas de sostenibilidad. El grupo de Amancio Ortega repite sus últimos objetivos publicados –reducir un 90% las emisiones de alcance 1 y 2 en 2030 y un 50% las de alcance 3– con la intención de alcanzar las cero emisiones netas en 2040. “Hay un 10% de emisiones difíciles de reducir”, asegura, que serán “neutralizadas” con acciones para absorber los gases de efecto invernadero, sin más concreción. Sobre las emisiones de alcance 3, dice que son las más complicadas de recortar y que no existen aún “soluciones concretas que se puedan aplicar”. Pero cifra en unos 2.000 millones de euros el dinero que se va a gastar hasta 2030 en su “hoja de ruta” hacia la sostenibilidad: transformación de la cadena de suministro, plan de fibras, programas de circularidad, protección de ecosistemas…

También contesta al New Climate Institute que sólo sugiere el uso de biomasa “como alternativa a los combustibles fósiles en caso de baja disponibilidad de otras energías renovables”. Y niega que puedan compararse sus emisiones con las de H&M, porque cada empresa selecciona la metodología y los epígrafes que utiliza para calcular su producción de CO2.

Por el contrario, Repsol no ha respondido a ninguna de las preguntas que este periódico le ha formulado sobre los indicadores que utiliza para medir sus emisiones de dióxido de carbono y sobre las denuncias de ecopostureo que ha recibido. Se ha limitado a remitir a infoLibre a los “informes periódicos, públicos y registrados en CNMV” donde revela sus cifras sobre finanzas sostenibles y emisiones contaminantes. 

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU anunciaron este martes una ofensiva contra Repsol por publicidad abusiva y lavado de imagen. Las tres organizaciones civiles entienden que sus anuncios sobre los biocombustibles que monopolizan su web y sus gasolineras confunden al cliente, que no es consciente de que buena parte de ese diésel y gasolina está producido mayoritariamente con aceite de palma que fomenta la deforestación de Indonesia. Según se lee en la argumentación jurídica de las dos denuncias, Repsol ha importado entre enero de 2019 y marzo de 2023 al menos 538.589 toneladas de aceite vegetal de este país. Con este argumento, ecologistas y consumidores presentaron la semana pasada una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia y otra ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo.

El informe pericial ha sido elaborado por el grupo de investigación internacional FIND, que sitúa a Repsol como el mayor productor de hidrobiodiésel de España y el quinto mayor de Europa en 2020. Este biocombustible se produce con grandes cantidades de aceite de palma que procede de plantaciones masivas de planta de palma en el sureste asiático, y es el principal responsable de la tala de bosques en Indonesia, Malasia y otros países de la zona. "Hemos hecho multitud de campañas contra Nestlé y la industria agrícola en Indonesia, pero la realidad es que la mayoría del aceite de palma que importa la Unión Europea va para combustibles", afirma Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques en Greenpeace España.

Por países, España es el mayor importador de aceite de palma de la Unión, y Repsol es la empresa española que más lo consume, debido produce grandes cantidades de biocombustibles para la aviación y, cada vez más, para vender en gasolineras. Para poner en perspectiva el tamaño de las importaciones de aceite de palma de Repsol, entre 2019 y 2022, la Unión Europea importó en total 11,2 millones de toneladas de aceite de palma de Indonesia, según la ONG Transport & Environment.

El negocio de los biocombustibles es la respuesta del sector petrolero a la transición energética, que trata de acabar con el consumo de diésel y gasolina convencional, y la idea de estas multinacionales es sustituir poco a poco la venta de carburantes basados en petróleo por otros basados en fuentes renovables. Sin embargo, la inmensa mayoría de los biocombustibles que se venden ahora se fabrican a partir de aceites o etanol que se extraen de vegetales, como la soja, el maíz, el girasol o la palma, por lo que compiten con la alimentación humana y promueven la deforestación. Además, sustituir ecosistemas de bosques y selvas por estos cultivos reduce la capacidad de la naturaleza de absorber CO₂ de la atmósfera. En resumen, los ecologistas denuncian que un coche que quema un biocombustible hecho de aceite de palma contamina hasta tres veces más que un turismo con un diésel o gasolina estándar.

No hay dudas en el sector petrolero de que los biocombustibles basados en aceites vegetales no son el futuro, por eso en los últimos años han comenzado a vender biocarburantes modernos, los llamados biocombustibles de segunda generación. Estos se elaboran con restos agrícolas que no llegan a los supermercados, con aceites de cocina usados o con desechos urbanos, y tienen una huella de carbono muy inferior a sus predecesores, pero todavía son residuales porque son caros de producir. "Repsol tiene ahora una campaña muy importante que publicita la venta de combustibles 100% renovables, pero el porcentaje que fabrican con aceites de cocina usados debe ser absolutamente mínimo. Denunciamos que no hay una diferenciación entre los biocombustibles de primera y segunda generación, y confunden al consumidor", opina Josep Hurtado, del equipo jurídico de Ecologistas en Acción.

infoLibre ha consultado a Repsol qué porcentaje del biocombustible que vende ahora en España es de segunda generación, pero ha declinado contestar. La petrolera se limita a defender que las demandas de las organizaciones civiles "tratan de desprestigiar una solución que la Unión Europea considera válida" y "de confundir a la sociedad, cuando la materia prima que se emplea está regulada por la normativa, supervisada y certificada". Desde la petrolera también apuntan que este año han puesto en marcha en Cartagena una refinería de combustibles bio que procesa exclusivamente residuos orgánicos para producir al año 250.000 toneladas de biocarburantes. Pese a la transformación que promete Repsol, la investigación realizada por las organizaciones verdes y CECU señala que Repsol "continúa activa en el comercio de aceite de palma con contratos de futuros para la adquisición y venta de miles de toneladas".

En cuanto al propósito de la demanda, las organizaciones creen que la publicidad de Repsol vulnera la Ley General de Consumidores, la Ley General de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal. La investigación no tiene un plazo determinado, según los denunciantes, aunque esperan que la interpuesta por la vía del Ministerio de Consumo tenga una resolución más temprana, en unos pocos meses. Fuentes de este ministerio han afirmado a infoLibre que para la Dirección General de Consumo "se trata de un tema prioritario" y le dedicarán "mucha atención".

La batalla judicial de estas organizaciones contra Repsol llega apenas dos meses después de que Iberdrola, la mayor eléctrica del país, denunciase a Repsol también por lavado verde de imagen, ante un juzgado de Santander. Paralelamente, Iberdrola presentó una reclamación ante Autocontrol, el órgano formado por las empresas del sector que regula la publicidad en España, y precisamente este martes emitió su dictamen, dando la razón a Repsol y desestimando cada una de las alegaciones de la eléctrica. Ángel Soto, de Greenpeace, no teme que la primera victoria de Repsol en este caso afecte al resto, ya que "Autocontrol es lo menos neutral que puede haber". "Se juntan los publicistas con las empresas y deciden qué se puede decir en los anuncios. Es poner al zorro a cuidar de las gallinas", resume.

Una decena de activistas de Greenpeace y del colectivo vecinal No a la Tala han elaborado un ramo de boda para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien contrae matrimonio este sábado, con ramas de árboles talados en la capital en una nueva acción de protesta frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.

Se trata de un regalo que, según han explicado los activistas en un comunicado, quiere simbolizar su compromiso contra "la desaparición de los árboles de la ciudad", y que está hecho con ramas y troncos tanto de podas como de talas recientes.

"La motosierra debe ser un vicio porque ya son más de 55.000 los árboles adultos que se han perdido en Madrid entre 2019 y 2023. Es como ir a la peluquería, que se empieza por las puntas y acabas con corte al cero. Incluso árboles centenarios y protegidos por la propia ley madrileña, como los cedros del Himalaya dentro del Paisaje de la Luz, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, han sucumbido", han censurado los activistas.

En esta línea, han señalado que de poco sirve trasplantar o plantar ejemplares jóvenes en parques de la periferia y han defendido que los árboles "tienen que estar a pie de calle y en todos los barrios, especialmente aquellos donde más calor sufren".

"En Madrid, la diferencia de temperatura entre el centro de la ciudad y las zonas no urbanizadas de la periferia ha llegado a ser de hasta 8ºC. El laberinto de asfalto, hormigón y la altura de los edificios forman un auténtico horno, el fenómeno conocido como isla de calor, que en verano de 2023 llegó a subir la temperatura en el centro hasta los 40ºC", han subrayado.

Consideran que es fundamental trabajar para conseguir que los entornos urbanos se adapten a esta realidad y se conviertan en entornos "resilientes y habitables", que protejan a toda su población. "Y los árboles, espacios verdes y otros elementos de vegetación urbana son esenciales para ello", han añadido.

Por ello, piden a los gobiernos municipales que conserven y aumenten el arbolado, y la cobertura vegetal en sus barrios y ciudades y que aseguren acceso de toda la población, especialmente la más vulnerable, a espacios verdes "cercanos y vivibles".

Varios miembros de la ONG Greenpeace se han encaramado este miércoles a la fachada del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para desplegar una pancarta con el mensaje "Alto el fuego ya", según ha informado Europa Press.

En una de sus habituales acciones de protesta, la ONG ha pedido esta vez un alto el fuego en Gaza. Así, los activistas han escalado la fachada del Museo Reina Sofía para desplegar también una obra gigante del artista Obey.

La imagen, de casi 60 metros cuadrados (m2), adapta una foto tomada en Gaza por el fotorreportero palestino Belal Khaled con un mensaje: "¿Nos estáis oyendo?", ha explicado la organización a través de X, antigua Twitter.

Activistas de Greenpeace han simulado a primera hora de este miércoles, 29 de noviembre, un desastre climático en la madrileña Puerta del Sol, con restos de la Dana que azotó Madrid y Toledo hace unos meses para denunciar que "las empresas de combustibles fósiles destruyen el clima". La acción se produce en la víspera del inicio de la cumbre del clima COP28, según recoge Europa Press.

"Desastre climático patrocinado por la industria fósil", es el mensaje que puede leerse en la pancarta que desplegaron los activistas, en la que podían verse además los logotipos de las principales empresas energéticas españolas. Junto a las pancartas desplegadas, la organización depositó restos de un coche achatarrado, bicicletas y muebles dañados, además de otros residuos que supuestamente dejó a su paso el temporal que afectó a Madrid y Toledo en septiembre.

"A pocas horas del inicio de la Cumbre mundial del Clima en Dubai, estos restos tienen que servir para no olvidar a esas personas, sus familias y todo el sufrimiento que podemos evitar si actuamos frente a la crisis climática provocada por los combustibles fósiles, que ya empieza a afectarnos", ha explicado la organización ecologista en una nota de prensa.

Greenpeace ha advertido que "nunca antes los impactos del cambio climático habían sido tan evidentes en todo el planeta y, al mismo tiempo, los beneficios de las empresas petroleras y gasistas han batido récords históricos". Las empresas energéticas siguen "invirtiendo la mayoría de su dinero en buscar y sacar más gas y petróleo que dañan el clima, el planeta y las personas".

Ante esta situación, la organización invita a "salir a la calle " los días 2 y 3 de diciembre "para demandar al Gobierno mayor ambición climática". Greenpeace reclama a los estados, ante la COP28, "acordar un plan detallado de abandono de los combustibles fósiles rápido y justo, acabar con todas las subvenciones a los combustibles fósiles a más tardar en 2025 y asegurar que los que más contaminan financien la transición en los países empobrecidos que son los que menos han contribuido a la emergencia climática y más sufren sus impactos".

¿Qué organizaciones se enmarcan dentro de la categoría de terrorismo nacional, según la última memoria de Fiscalía General del Estado, presentada hace escasas semanas? En  el epígrafe 4.5.2 del documento se incluyen organizaciones como ETA, los GRAPO, al "Independentismo Violento Radical Gallego", el "Movimiento Violento independentista catalán" y también el llamado “Ecologismo radical”, donde se señalan dos colectivos en concreto: "Extinction Rebelion (XR)" y "Futuro Vegetal", que en los últimos meses han ido adquiriendo cada vez más protagonismo con acciones directas de sabotaje.

Ambas abogan por la desobediencia cívica a modo de protesta ante la crisis climática y en nuestro país han organizado protestas como la de pegarse a algunos cuadros en el Museo del Prado o lanzar líquido contra la puerta del Congreso. "Los colectivos ecologistas, al igual que está ocurriendo a nivel internacional, han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente, pasando de las habituales acciones reivindicativas de desobediencia civil no violenta a realizar acciones de mayor calado que al contrario de las anteriores ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía", precisaba la Fiscalía. 

El Ministerio Público cifró en 26 las detenciones de activistas ecologistas que tuvieron lugar el año pasado, motivadas por acciones de protesta, aunque ninguna de estas causas ha recaído en la Audiencia Nacional, el tribunal que tiene competencia exclusiva para investigar el terrorismo en España. Tras la protesta de cinco asociaciones ecologistas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— la Fiscalía ha rectificado y ha asegurado que no volverá a incluir al activismo climático en ese apartado.

Estas organizaciones enviaron una carta tanto al Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicitando la eliminación del término y la mención expresa de los grupos Extinction Rebellion y Futuro Vegetal. "La mención de estos grupos en este apartado es asistemática y no resulta procedente", señala la Fiscalía en su misiva de respuesta, a la que ha tenido acceso infoLibre. El Ministerio Público también destaca "lo necesario que resulta el activismo ambiental para avanzar en la imprescindible protección del medio ambiente en su sentido más amplio".

Además a las citadas asociaciones, la inclusión del "ecologismo radical" en el epígrafe de terrorismo puso en alerta a las organizaciones políticas que integran Sumar, como Alianza Verde, Podemos e Izquierda Unida, que reclamaron una rectificación inmediata. Un paso más allá dio este lunes el portavoz adjunto de IU, Enrique Santiago, con otra misiva dirigida al Fiscal General, en la que defendía que "no tiene fundamento señalar al movimiento ecologista como una amenaza terrorista": "El derecho a la protesta pacífica o las acciones de desobediencia civil no tienen encaje alguno dentro de la calificación de actos de terrorismo o amenaza terrorista", reza el documento.

A juicio de Santiago, lo que se esconde detrás de esta inclusión, es "un paso más en la criminalización de las personas y organizaciones que luchan contra la crisis ecológica que amenaza nuestra sociedad". El parlamentario de Sumar considera que de esta forma "se sigue la senda de persecución iniciada en algunas instituciones europeas al ecologismo y a los movimientos sociales que defienden la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático" y cita ejemplos como la intención del gobierno francés disolver Lés Soulèvements de la Terre, o las represiones en La Haya.

Una persecución de la que participa la extrema derecha europea y también española. Desde su fundación en 2013, Vox ha coqueteado con el negacionismo sobre el cambio climático. Para la formación dirigida por Santiago Abascal se trata de un fenómeno exagerado por una izquierda que quiere infundir miedo a la población para implantar su agenda totalitaria. "Que se caliente un poquito el planeta, para empezar, reducirá muertes por frío", llegó a afirmar la pasada legislatura el diputado Francisco Contreras, portavoz del partido en la Comisión de Transición Ecológica.

Una deriva en la que el Partido Popular parece estar cada vez más cómodo. En el discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su investidura habló de “dictadura climática" para referirse a las políticas de lucha contra el cambio climático, emulando así los postulados de la ultraderecha negacionista: “Transición ecológica sí. Dictadura activista en ningún caso”, afirmó.

Esta posición contrasta con el sentir mayoritario de la sociedad española. Según una encuesta realizada por el Real Instituto Elcano en 2019 sobre el nivel de preocupación de los españoles con respecto al cambio climático, hay muy pocos ciudadanos que nieguen su existencia. Sólo el 3% de los encuestados afirmaron que el cambio climático no existe y sólo el 15% contestó que el impacto del cambio climático todavía no se nota.

Con la Memoria de la Fiscalía también se ha vuelto a reavivar el debate en torno a las manifestaciones de desobediencia civil, que camina en dirección opuesta al reconocimiento que hace la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como formas legítimas de protesta. Un término que fue acotado en el siglo XIX por el filósofo Henry David Thoreau, quien estuvo preso por negarse a pagar impuestos en señal de protesta por la guerra contra México y la esclavitud en Estados Unidos

Los expertos definen la desobediencia civil como "una acción que busca denunciar o transformar una determinada realidad que se considera injusta recurriendo para ello al incumplimiento de la ley". Una desobediencia civil que puede ser directa –se infringe la ley que se considera injusta– o indirecta –se produce un incumplimiento de una norma para llamar la atención sobre un problema mayor. Las protestas de las organizaciones ecologistas serían, por tanto, indirectas, ya que buscan alertar sobre las consecuencias a largo plazo de los efectos del cambio climático.

Uno de los ejemplos más nombrados para ejemplificar qué es la desobediencia civil es el de Rosa Parks, una mujer negra que en 1955 se negó a ceder su asiento en el autobús y pasar a la parte trasera, lo que se considera un gesto fundacional del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.