La tarifa regulada de la luz es el precio de la electricidad fijado por el Gobierno bajo un sistema controlado, en lugar de depender completamente del mercado libre. Actualmente se conoce como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y bajo su paraguas se encuentran el 29% de los hogares en España. La intención de esta tarifa es dar más estabilidad a lo que cada usuario debe pagar a fin de mes, pero la Comisión Europea considera que este escudo socava la competencia a largo plazo y reduce los incentivos para que los usuarios adopten comportamientos que favorezcan la eficiencia energética. Por ello pide a España y a otros cinco países con la misma regulación (Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia), una hoja de ruta para su extinción con plazos definidos.

Además, para Europa la intervención en los precios puede actuar como un freno para la participación de los consumidores, ya que se observa que las tasas de cambio de suministrador suelen ser inferiores en los Estados miembros donde este tipo de intervenciones benefician a un mayor porcentaje de clientes. Otra de las razones que esgrime es el riesgo de crear ventajas indebidas para algunos suministradores. “Todas las empresas eléctricas deben disfrutar de igualdad de acceso a los clientes y la carga financiera de las intervenciones debe distribuirse de manera equitativa”, recoge el documento. Pero para las asociaciones de consumidores esta medida solo beneficiaría a las grandes empresas del sector.

Desde Facua critican la posición de Bruselas, ya que actualmente no existe una alternativa a la que los consumidores puedan acogerse. “Es ponerse del lado de las empresas que inflan precios y beneficios. Sería dejar a los consumidores sin una tarifa que les protege y que provocará un encarecimiento generalizado, porque la PVPC está, generalmente, por debajo de la tarifa del mercado libre”, señala su portavoz, Rubén Sánchez. 

Actualmente la factura eléctrica de un usuario medio con la tarifa regulada registró una caída del 14,5% en abril con respecto a marzo, tras la entrada en vigor de la rebaja del IVA al 10% y del impuesto especial de la electricidad al 0,5% dentro de las medidas del Gobierno para combatir el impacto del conflicto en Oriente Próximo. La guerra en Irán no afecta solo al petróleo y al gas, sino que llega al precio que pagamos por encender el interruptor, por ejemplo, a través de las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas), que trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. 

En España, los consumidores pueden elegir entre una tarifa PVPC, una de libre mercado, una tarifa plana o un bono social. Mientras que este último es un descuento de entre un 25% y un 60% (dependiendo del caso) destinado a familias numerosas, pensionistas o personas con rentas bajas, las otras tres modalidades son contratos con diferentes condiciones de cálculo de precio. El importe del mercado libre depende de las comercializadoras y estas pueden aplicar promociones o descuentos al precio de subasta diario. La tarifa plana, por su parte, supone pagar una cuota estable al mes, aunque a riesgo de que, si los precios bajan o su consumo es bajo, el usuario pueda estar pagando de más. 

Para Sánchez la cruzada de la Comisión Europea contra la tarifa regulada es un error, ya que quienes se vean expulsados de ella no necesariamente podrían acogerse al bono social y terminarían pagando más por la luz. "Seguramente habría un nuevo modelo, pero la inmensa mayoría terminaría en el mercado libre", concluye el portavoz de Facua.

No es la primera vez que Bruselas recomienda a España diluir la tarifa regulada. En 2024 ya había reclamado que se limitase su acceso solo a personas “vulnerables”. En 2025 la polémica continuó y en febrero de ese año la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, salió en defensa de mantener la medida. Aagesen señalaba entonces que el PVPC es una tarifa dinámica que se basa en precios de mercado, pero protege a los consumidores. Insistía además en que no se trata de una tasa fija que perjudique la competencia, sino que está sujeta al mercado mayorista. Además puntualizaba que los consumidores podían elegirla o no, ya que hay otras opciones a nivel nacional. 

En el informe conocido este martes, Bruselas vuelve sobre estos puntos. Señala que una tarifa controlada desdibuja los cambios de precio que pueden percibir los consumidores, por lo que desincentiva el cambio de compañía y también la competencia entre empresas. Aunque paradójicamente el mismo informe señala que en España el cambio de suministrador para mejorar la tarifa es algo habitual, con una tasa de rotación cercana al 20%. Además, señalan que los mercados regulados son menos atractivos para la aparición de nuevos operadores y no favorecen las ofertas.

En España, son cinco grandes compañías las que se reparten el mercado, con un 90% de los clientes domésticos adheridos a alguna de ellas. Son Iberdrola (33%), Endesa (32%), Naturgy (14%), Repsol (7%) y TotalEnergies (4%), por este orden, las eléctricas con mayor tamaño del mercado de hogares, de acuerdo con los datos de la CNMC.

Otro de los argumentos de la Comisión tiene que ver con la eficiencia energética, ya que una tarifa estable no incentiva a los usuarios a desplazar su consumo hacia las horas de menos coste, algo que ayuda, según ellos, a equilibrar el sistema.

Bruselas pide a España una hoja de ruta y plazos concretos para la finalización de esta tarifa que ahora beneficia a los hogares, pero también a las microempresas. Por el momento, el Ministerio de Transición Ecológica no se ha manifestado, aunque en el paquete de medidas para abordar la crisis derivada del conflicto de Irán apuntaba en la dirección contraria. Aagesen no descartaba en ese momento incrementar el bono social eléctrico, como ocurrió en los primeros momentos de la guerra de Ucrania.

La guerra de Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ha provocado fuertes caídas en las bolsas e importantes incrementos en los precios del petróleo y del gas, incrementando casi de inmediato lo que los consumidores finales deben pagar por los combustibles de automoción, como la gasolina 95 o el gasóleo A, con subidas que esta semana ya superan el 17% en la gasolina y el 30% en el gasóleo.

Sin embargo, aún mayor es la subida que en los últimos 18 días experimentó el precio del gasóleo B, conocido popularmente como gasóleo agrícola, pues es el más empleado en la maquinaria del campo. Mientras que el 28 de febrero el litro se adquiría a un precio medio de 1,2 euros en Galicia, en la actualidad esa cifra ya se acerca a los 1,6 euros, un ascenso del 32%. El precio medio en Galicia se sitúa seis céntimos por litro por encima de la media española.

El precio del gasóleo B se sitúa ya cerca del máximo alcanzado en las semanas posteriores al inicio de la guerra de Ucrania (1,66 euros por litro) y el ritmo de encarecimiento es muy similar al que se produjo en ese momento.

Productores agrícolas y ganaderos, al igual que los sindicatos del sector, vienen alertando de estas subidas y exigiendo a las distintas administraciones medidas que ayuden a paliar este encarecimiento, que se suma a las subidas que en los últimos años vienen experimentando otros costes de producción, como los piensos, reduciendo así su margen de beneficios. Además, advierten de otro efecto derivado de la guerra en Irán que también puede tener graves consecuencias para el sector en los próximos meses: el encarecimiento de los fertilizantes. Cerca del 30% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados pasa cada año por el estrecho de Ormuz.

Uno de los sindicatos que viene denunciando esta situación es el Sindicato Labrego Galego, que alerta del componente “especulativo” que se añade a la subida de los precios del petróleo. Las personas agricultoras que llaman para encargar el gasóleo agrícola se encuentran “con enormes diferencias” y precios que cambian “de hora en hora o de lugar en lugar”, señalaba el sindicato hace unos días.

El SLG denuncia que “las subidas realizadas hasta este momento responden a una anticipación especulativa por parte de los distribuidores, realizando esas subidas sobre stocks comprados a bajo precio que ya tienen en los almacenes”.

En paralelo, denuncia el SLG, los productores gallegos ya están sufriendo un descenso en la nueva renovación de contratos en el precio al que les compran la leche. “En vísperas de renovaciones de contratos de la leche, pedimos que en los nuevos contratos que se renueven se tenga en cuenta esta crisis del gasóleo y lo que supone y va a suponer la subida de los costes en las granjas gallegas”, dice el sindicato.

Sobre la subida de los fertilizantes, el SLG denuncia igualmente que una parte del encarecimiento no tiene justificación. “Las importaciones de fertilizantes nitrogenados proceden esencialmente de Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia y ninguno de esos orígenes depende del estrecho de Ormuz”, explica el sindicato. “Estamos hablando de una amenaza para las personas agricultoras y ganaderas”, dice el SLG, que, al final, advierte, estas subidas también van a repercutir en el coste final de la alimentación para las personas consumidoras.

El SLG reclama la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del Gobierno del Estado y de los gobiernos autonómicos, entre ellos la Xunta, “en un momento de crisis excepcional como esta”. “Hay fondos financieros y capital especulativo comprando contratos de futuros para obtener ganancias millonarias”, denuncia el sindicato, que recuerda que “los carburantes y fertilizantes que se están distribuyendo en este momento llegaron al Estado español con contratos previos a la guerra de Irán”.

Este martes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, demandó al Gobierno de la Xunta ayudas directas al sector agroganadero para afrontar el aumento de los costes de combustibles, fertilizantes y alimentación animal. Lo hizo desde Mazaricos, en una visita a una de las granjas afectadas por la crisis inflacionista consecuencia de la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos e Israel.

Pontón reclamó a Alfonso Rueda que deje de “arrastrar los pies” y comience a tomar medidas para hacer frente a la escalada de precios que sufre un “sector estratégico” para la economía de muchas comarcas. Galicia cuenta con un “enorme potencial” para producir alimentos y, sin embargo, tiene “un gobierno que no está a la altura y no está apoyando como debería al sector”, denunció la líder del BNG.

Desde la Granxa Pazos de Mazaricos, Pontón abogó también por la “estricta aplicación de la ley de cadena alimentaria” para garantizar un precio justo para que los productores “no tengan que producir a pérdidas” y apostó igualmente por que no entre en vigor “un acuerdo con Mercosur que va a afectar a una parte del sector gallego”.

También la portavoz de Industrias Alimentarias del BNG en el Parlamento, Ariadna Fernández, acusa a la Xunta de tener el sector ganadero “abandonado frente a la bajada que se prevé en el precio de la leche y el aumento de costes por la guerra”. Un escenario que, advierte, anticipa una bajada “drástica” en el margen de beneficios que hará que cierren aún más explotaciones ganaderas. “Pese al escenario que se avecina, la Consellería do Medio Rural sigue en posición de espectadora y no actúa con responsabilidad para defender al sector”, critica.

El ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán domina la conversación en redes. Las consecuencias económicas empiezan a notarse en el bolsillo de los ciudadanos, que no le quitan ojo al precio de los carburantes, que se mueve como si fuera una montaña rusa. Y aunque todavía no ha cundido el pánico, las colas en las gasolineras para llenar el depósito cada vez son más frecuentes. Los usuarios de X y Bluesky se han hecho eco de la situación tratando de hacerla más llevadera a golpe de meme. "Dan ganas de prenderle fuego a todo. Por eso está la gasolina al precio que está. Ley de la oferta y la demanda", ironiza @prendente.bsky.social‬, "Desayuno con carburantes". se cachondea @Delnilorobert ilustrando su tuit con la mítica imagen de Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes' contemplando el escaparate de Tiffany's.

Las elecciones en Castilla y León están a la vuelta de la esquina —por cierto, en infoLibre te contaremos el minuto a minuto de lo que pase el domingo— y por eso Alberto Núñez Feijóo hacía campaña en la provincia de Segovia. Y allí, se producía una de las imágenes más compartidas entre los tuiteros. El líder del PP rememoraba su juventud jugando al balonmano en el que fue su colegio. Su tiro a portería se ha hecho viral, aunque con alguna que otra modificación llena de ironía: "Seguramente en el colegio le conocían bajo el pseudónimo de At y cuando marcaba gol decían: "¡Anotó At!", se mofa @LegoLlorchs

La cancelación del concierto de Morrissey en Valencia porque "el ruido" le impidió dormir se ha convertido en diana de los memes y las mofas en redes. El cantante argumentó que la fiesta cerca del hotel le había dejado "en estado catatónico" y estas palabras han sido mágicas para los tuiteros: "¿Podemos usar la expresión “me he quedado Morrissey” como sinónimo de catacroquer?", reclama @Mariagonzalezga.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio va a provocar un hundimiento de la oferta de petróleo en el mundo de 8 millones de barriles al día (mb/d) en marzo, y le obliga a revisar sustancialmente sus previsiones para todo el año, según informa EFE.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este jueves, la AIE destaca que con ese conflicto estamos viviendo la mayor interrupción de suministro de la historia, y precisa que con 98,8 mb/d de media este mes, la salida de petróleo al mercado va a caer al nivel que tenía en el primer trimestre de 2022.

Precisamente este miércoles, la AIE anunció que 400 millones de barriles de petróleo saldrán al mercado con el objetivo de reducir los precios del crudo, disparados por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Es la mayor liberación de activos de este tipo de la historia.

Después del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los ayatolas contratacaron utilizando su mayor amenaza contra la economía mundial: el estrecho de Ormuz. A través de él se mueve la quinta parte del flujo de petróleo mundial y, con su cierre, las consecuencias no han tardado en llegar.

El precio del petróleo ha sido el mayor exponente. El pasado martes, se disparó hasta 29%, hasta situarse cerca de los 120 dólares, un máximo en 4 años. Es cierto que después bajó y cerró en un ascenso del 6,76%, una tendencia que ha continuado en la jornada de este miércoles, en la que ha caído alrededor alrededor del 6%. Esta bajada supondría una caída del 7,5% respecto a la oferta que hubo en el mes de febrero.

Según los elementos de que dispone la agencia, los flujos que normalmente pasaban por el estrecho de Ormuz (15 mb/d de crudo y 5 mb/d de derivados del petróleo) han quedado reducidos a menos del 10%.

Esas pérdidas sólo van a poder ser compensadas a corto plazo, y únicamente de forma muy parcial, con un aumento de producción de algunos productores que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), esencialmente Estados Unidos, Canadá, así como Rusia y Kazajistán, que recuperarán una parte del retroceso que sufrieron en febrero.

Ante la falta de estabilidad, la AIE también pretende compensar con esos 400 millones de barriles inyectados al mercado a lo largo de, por lo menos, dos meses, la quinta parte del petróleo perdida en bloqueo de Ormuz para evitar una escalada masiva en los precios que pueda provocar una crisis económica.

A falta de una resolución rápida del conflicto, la agencia advierte que esa liberación parcial de un tercio del total de sus reservas estratégicas "sigue siendo una medida provisional" y que el impacto final del conflicto en el mercado del petróleo y el gas dependerá de los daños en las infraestructuras energéticas y de la duración del bloqueo de ese paso marítimo fundamental.

La AIE estima que para el conjunto de este año la oferta de petróleo subirá de media en 1,1 mb/d respecto a 2025 hasta 107,2 mb/d, lo que significa una revisión a la baja muy significativa respecto al incremento de 2,4 mb/d que anticipaba hace sólo un mes, antes de que Oriente Medio se incendiara con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Serán los productores que no pertenecen al cártel formado por la OPEP y sus socios los que aportarán íntegramente ese crecimiento, y muy particularmente Estados Unidos y Brasil.

Por lo que respecta a la demanda, los autores del informe también han corregido a la baja y de forma importante sus expectativas, ya que de entrada prevén que en marzo y en abril disminuirá en alrededor de un millón de barriles diarios respecto a lo que calculaban en su precedente informe hace sólo un mes.

La razón fundamental es que se está consumiendo menos queroseno porque el tráfico aéreo en Oriente Medio se ha visto en gran medida paralizado, con implicaciones también para el resto del mundo, y porque la paralización de los flujos de gas natural licuado (GNL) por el estrecho de Ormuz ha provocado fuertes interrupciones en la cadena de suministro para la producción de gas licuado de petróleo. Además, a medio plazo la AIE anticipa un cambio de comportamientos de los consumidores en todo el mundo por el encarecimiento de los carburantes.

Al final, la demanda mundial de petróleo aumentará sólo en 644.000 barriles diarios de media en el conjunto de 2026 (un 0,6%, tras haber subido un 0,8% en 2025) hasta 104,77 mb/d. Eso supone 210.000 barriles diarios menos de lo que esperaba en febrero.

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, la industria del petróleo y el gas en Rusia se ha convertido en objeto de multitud de sanciones, poniendo en el punto de mira de organismos y gobiernos internacionales la principal fuente de ingresos para las arcas públicas de Putin. Con el fin de reducir al máximo posible los ingresos provenientes de esta industria, la Unión Europea, Estados Unidos, y miembros del G7 han puesto todos sus esfuerzos en luchar por que estos beneficios no fueran a parar a la financiación de la invasión en Ucrania. Las dos vías de actuación por la cual los gobiernos occidentales han afrontado esta grave crisis han sido: introducir un techo de precio (“cap oil price") para el crudo y derivados del petróleo que fueran exportados desde Rusia a terceros países; y por otro lado, prohibir la recepción de petróleo y gas ruso por vía marítima a países aliados. De esta forma, los países, que hasta el momento eran los principales consumidores de petróleo y gas ruso, dejaron de serlo con el fin de ayudar a Ucrania, reduciendo la financiación por parte de Rusia. No obstante, lejos de dañar las arcas públicas del gobierno ruso, las medidas tomadas han sido poco resolutivas respecto al objetivo inicial, pero han reformulado el comercio de exportación del gigante petrolero y gasístico.

Según datos recogidos de DataStream, en el 2022 Rusia exportó 2.370 millones de barriles. En el 2023, este dato aumentó a los 2.445 millones de barriles. Teniendo en cuenta que las primeras medidas por parte de la Unión Europea acerca del techo del precio en los 60$ el barril de Urales se oficializó el pasado 5 de diciembre de 2022, la cantidad exportada, lejos de reducirse, aumentó ligeramente. La tendencia en 2024 se mantuvo constante, con un nivel de exportación en torno a los 2.330 millones de barriles. Pero, si Europa ha reducido su exposición al petróleo, gas y derivados provenientes de Rusia, ¿cuáles son los principales destinos de estas exportaciones tras las sanciones?

India, China y Turquía se postulan como los tres mercados principales que en la actualidad se están beneficiando de este cambio en el panorama internacional del comercio petrolero. Con más de 625 millones de barriles, India es el mayor consumidor de petróleo y gas ruso. El gigante asiático consume en la actualidad más petróleo y gas que su contendiente en esta batalla, China. Su alto crecimiento económico y de población hacen de la India uno de los mercados más atractivos para la venta y la exportación de petróleo y gas a nivel mundial, jugando un papel fundamental en los futuros flujos de comercio que reformularán el mercado del petróleo y gas global. Volviendo a los principales consumidores de petróleo ruso, China (362 millones de barriles) y Turquía (283 millones de barriles) le siguen a India como los principales mercados de destino que Rusia ha seleccionado para mantener los altos niveles de exportación que tenía previos a las sanciones impuestas. Sorprendentemente, y teniendo en cuenta que las exportaciones de petróleo y derivados rusos están terminantemente prohibidas en la Unión Europea, países como Italia, Grecia, Holanda, Francia o España se encuentran entre los principales países de destino en 2024. En la Figura 1, se puede observar el destino de las exportaciones rusas (periodo 2015-2024), teniendo en cuenta el antes y el después de las sanciones impuestas por la Unión Europea y el G7.

Otra de las técnicas que los países occidentales han llevado a cabo para reducir las exportaciones rusas son las sanciones a todo tipo de compañías, personas físicas y buques que se vieran involucrados en posibles acciones que tuvieran por objetivo esquivar las sanciones impuestas o contribuir a la financiación de la guerra. A raíz de poner el foco en los buques con los que Rusia comercializa sus productos, surgió el concepto de “shadow fleet” (flota en la sombra). Si bien es cierto que es un concepto que se aplica desde que Estados Unidos impuso sanciones al petróleo de Venezuela e Irán, la opinión pública ha comenzado a escuchar mucho más este concepto a raíz de su aplicación al caso ruso. Se entiende por flota en la sombra aquella cuya propiedad no se encuentra localizada en países de la Unión Europea o el G7. Adicionalmente, si el buque no está cubierto por aseguradoras occidentales, también puede ser considerado como flota en la sombra. Tratar de extraer un dato exacto de estos buques resulta prácticamente imposible, pues su carácter “en la sombra” hace que no sea fácil tener un control de esta problemática. No obstante, la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos han impuesto sanciones a estos buques, lo que podría darnos una ligera idea acerca del número de buques en la sombra que está utilizando Rusia. Tras las duras sanciones impuestas por el gobierno saliente de Biden, 290 buques han sido sancionados desde el comienzo de la invasión hasta hoy. Según el análisis realizado (Figura 2), los buques sancionados han exportado en torno a los 1.300 millones de barriles en los años posteriores a las sanciones, suponiendo el 28% del total exportado. Lejos de suponer un problema grave a nivel económico y geopolítico, no debemos pasar por alto el problema medioambiental.

A partir de los 15 años, un buque comienza a ser poco fiable para el comercio internacional, pudiendo dar fallos técnicos que lleven a resultados catastróficos como desbordamientos de petróleo, por ejemplo. A través del análisis de los buques sancionados, damos cuenta de qué 128 buques de los 290 sancionados se encuentran en el rango de los 16-20 años desde su construcción. 66 de ellos se encuentran entre los 21-25 años, habiendo incluso 11 buques que tienen más de 26 años. Si a esta antigüedad se le suma la ausencia de seguros durante el trayecto, estamos ante un peligro constante de que se produzca una catástrofe natural sin precedentes, sin poder rendir cuentas a nadie.

Estos datos están lejos de sentar una base para el optimismo. Es más, se estima que la financiación que Rusia ha presupuestado para la guerra en 2025 se encuentra por encima de la esperada. Tal y como se ha comprobado, las medidas no han surtido efecto. Se necesita más cooperación internacional y mucha más severidad en las sanciones. Sin ello, millones de barriles de petróleo, gas y derivados rusos seguirán navegando por océanos y mares con las graves consecuencias geopolíticas, económicas y medioambientales que puedan ocasionar.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

El precio máximo de la bombona de butano subirá un 0,18% a partir de mañana martes y se situará en 16,64 euros, debido al leve encarecimiento del 0,43% de las materias primas y de los fletes (1,18%) y también a la depreciación del euro frente al dólar (-4,1%), según publica este lunes el BOE y recoge EFE.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre ocho y 20 kilogramos, es decir, la tradicional bombona de butano, no está liberalizado y su valor se revisa cada dos meses, el tercer martes del mes, por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, la evolución del precio, bien sea al alza o a la baja, está limitada al 5%, y el exceso o defecto de precio se acumula para su aplicación en posteriores revisiones.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural. Cada año se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades, cifra que se redujo más de un 25% entre 2010 y 2021.

El pasado 5 de noviembre el MITECO, entendiendo que en los últimos años han existido diversas situaciones que han ocasionado un impacto económico relevante, como el covid-19 o la invasión de Ucrania, inició la revisión de la fórmula que calcula los costes de comercialización de la bombona. Para ello, en junio lanzó una consulta pública previa para recabar aportaciones de todos los interesados, y en la citada fecha lanzó a información pública una propuesta de orden ministerial que se puede consultar en su web.

Por otra parte, la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) ha convocado una asamblea extraordinaria en febrero en la que se propondrán medidas como la suspensión indefinida del reparto domiciliario de bombonas de butano, ante los problemas que arrastra el sector desde hace una década, ya que algunas distribuidoras se quejan de tener que trabajar "a pérdidas".

Las petroleras españolas aprovechan la Semana Santa para recortar las famosas promociones en el litro de combustible, una guerra de precios que ha durado un año y ha costado cientos de millones de euros a las principales compañías a cambio de ganar cuota de mercado. La gasolina llega a la operación salida a 1,62 euros el litro de media, y el gasoil a 1,53 euros. A estos precios pueden añadirse descuentos de entre 3 y 20 céntimos, pero que requieren una gran fidelización del cliente para aplicarse. 

Repsol, la primera en comunicar la actualización de sus ofertas, sustituyó este sábado el descuento de 10 céntimos por litro por uno de 5 céntimos para los clientes que paguen con su aplicación Waylet, y que se rebajarán en el siguiente repostaje. Cepsa pasará de 10 céntimos a 6 durante las próximas dos semanas. Galp reducirá de los 10 céntimos por litro a los 5 para los abonados a Mundo Galp, y los nuevos usuarios de esta app tendrán 10 céntimos, frente a los 25 que tenían hasta ahora. BP, por su parte, mantiene hasta el domingo su descuento general de 10 céntimos para clientes Mi BP, pero a partir del lunes se rebajará a 3 céntimos por litro.

Suscribirse a una tarjeta de fidelización no es nuevo, pero Repsol y Galp han anunciado dos estrategias más agresivas para estas fiestas que consisten en atar al comprador más allá del combustible. Los clientes de Repsol que tengan contratada la luz se llevan otros 5 céntimos por litro, 5 céntimos más por la calefacción de la casa y otros 5 quien tenga paneles solares con esta compañía, hasta un máximo de 20 céntimos de descuento. Galp sigue esta senda, como anunció este jueves, y rebajará 15 céntimos en total por litro a quien instale sus paneles solares. 

Los dueños de las gasolineras –que en su mayoría son clientes de las petroleras, es decir, no comparten los mismos intereses– entienden que el fin de los grandes descuentos era cuestión de tiempo y que las estrategias de amarrar a los clientes son el siguiente capítulo de la guerra de precios entre grandes energéticas. 

"El descuento no podía durar para siempre porque se come los márgenes de venta, por eso ahora el que pueda va a tratar de fidelizar al consumidor, aunque no todos pueden permitírselo", opina Víctor García, secretario general de Aevecar, una de las patronales de estaciones de servicio. 

De hecho, Repsol comenzó hace un año a descontar 10 céntimos por litro a sus clientes y eso supuso un golpe en las cuentas de la compañía de unos 500 millones hasta diciembre, aunque logró beneficios récord gracias al encarecimiento global de los carburantes. Cepsa también se ha dejado en el último año 122 millones en descuentos para incentivar las ventas. 

El pasado 1 de enero el Gobierno acabó con el descuento de los 20 céntimos que costó a los españoles unos 6.000 millones de euros, tras constatarse que la medida beneficiaba especialmente a las rentas altas. Los representantes de las gasolineras destacan que el fin de la ayuda supuso un bajón de las ventas en enero, que unido al encarecimiento de la cesta de la compra, supone que las ventas de combustible "no son especialmente boyantes", según Víctor García. 

Los datos de la Agencia Tributaria desprenden que las ventas de carburantes cayeron en enero y febrero alrededor de un 3% frente al año pasado, pero los vendedores esperan remontar las cifras con la operación salida de Semana Santa. El representante de Aevecar cree que el precio de la gasolina y el diésel se mantendrá alrededor de los 1,60 euros y 1,50 euros, respectivamente, durante la próxima semana y que no habrá sorpresas para los conductores.

En comparación con las pascuas de 2022, la gasolina costó entonces 1,85 euros por litro, y restados los 20 céntimos de la promoción del Gobierno, se quedaron en 1,65 euros, es decir, fue un 3% más cara que este año. Por su parte, el diésel estuco en 1,82 euros en estas fechas, que con la rebaja se quedó en 1,62 euros por litro: un 5,56% más caro que hoy. 

Las grandes petroleras españolas con capacidad para refinar el crudo que reciben del exterior son las que han podido permitirse estas estrategias agresivas de descuentos, mientras que las estaciones independientes compran directamente la gasolina y el diésel a las grandes, por lo que su capacidad para hacer ofertas es muy limitada. No solo entre las pequeñas, también entre las llamadas low cost, que en el pasado ganaron rápidamente cuota de mercado por sus ofertas, pero que han salido dañadas de la guerra de precios de 2022, según cuentan desde el sector. 

"Está claro que la guerra ahora está en asegurarse el negocio en el futuro, no tanto en el presente, y quienes no tienen instalaciones para refinar tienen un problema", apunta un analista del negocio de las estaciones de servicio, que prefiere no dar su nombre. 

Este experto afirma que la competencia de precios entre petroleras ha supuesto la venta o el alquiler a terceros de decenas de gasolineras en España que no han podido seguir el ritmo del mercado durante el último año, aunque el número total de estaciones ha crecido frente a 2021.

Casi ocho años después de que se destapase el dieselgate liderado por Volkswagen, los ciudadanos europeos siguen sufriendo las consecuencias. La organización que destapó el caso desvela ahora que prácticamente toda la industria del automóvil en Europa usó mecanismos para falsear las emisiones y sortear los estándares medioambientales en al menos 40 millones de vehículos y 19 millones contaminan todavía hoy mucho más de lo permitido. 

Diferentes test en carretera a más de 200 modelos de coches recopilados por el Consorcio Internacional del Transporte Limpio (ICCT) demuestran que al menos el 77% de los diésel vendidos entre 2009 y 2019 falseó "probablemente" las pruebas de los reguladores, según un informe publicado este miércoles. A raíz de esos amaños, el 42% de los coches diésel expulsan hoy tres o cuatro veces más de óxidos de nitrógeno (NOx) del límite permitido, un gas que abunda en las ciudades y que es perjudicial para quien lo respira. 

Estos porcentajes de coches manipulados deliberadamente por los fabricantes son incluso conservadores, ya que corresponden a estudios realizados por los gobiernos de la UE y que se han enviado al Consorcio para la elaboración del informe. Los autores afirman que si se tienen en cuenta los análisis de emisiones que han llevado a cabo organizaciones independientes y estudios de teledetección por radar a gran escala, el 100% de los 53 millones de diésel que entraron a circular la pasada década en Europa tienen niveles "sospechosos" de contaminación. Es decir, que expulsan más gases de lo registrado en los test oficiales, por lo que probablemente engañaron a los funcionarios durante las pruebas. 

Pese a que los registros son claros, los analistas del ICCT recuerdan que solo se ha demostrado la existencia de esta manipulación en Volkswagen, aunque "existen pruebas sustanciales de un exceso de emisiones de NOx de vehículos de todos los fabricantes". 

El mecanismo para falsear los test –ilegal en la Unión Europea– consiste en unos filtros que reducen drásticamente las emisiones de óxidos de nitrógeno, pero que solo se activan si el coche detecta que está en un entorno de pruebas. Esto ocurre porque los exámenes de homologación se realizan a una temperatura ambiente fija con ciclos de conducción predefinidos que el motor es capaz de reconocer mediante sensores. Cuando comienzan los exámenes, los filtros se accionan para reducir la contaminación, pero luego se desactivan porque empeoran el rendimiento del vehículo y la eficiencia del combustible en carretera. 

Para demostrar su existencia a gran escala, los gobiernos europeos y el Reino Unido han realizado más de 1.500 pruebas a más de 200 modelos diésel con parámetros diferentes a los oficiales. Por ejemplo, con exámenes en carretera y subiendo la velocidad un 10% frente a los test habituales. Los resultados muestran que la inmensa mayoría de coches de todas las grandes marcas (Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Citroën...) contaminan mucho más de lo registrado durante su homologación. 

"Todavía hay millones de coches diésel en las carreteras europeas cuyas emisiones en condiciones reales de conducción superan con creces los límites de emisiones reglamentarios oficiales. Este exceso de emisiones sigue contribuyendo a la contaminación atmosférica en las ciudades europeas y repercute negativamente en la salud pública", comenta a infoLibre, Tim Dallmann, investigador del ICCT. 

Los óxidos de nitrógeno se generan cuando el diésel se quema en el motor de los vehículos y se expulsa por el tubo de escape. De hecho, las grandes ciudades como Madrid o Barcelona superan a menudo los límites máximos de concentración de NOx, y si se respira de manera continua durante años provoca problemas respiratorios y a la larga también cardiacos, según un análisis de Julio Díaz, de la Unidad de Salud y Medioambiente del Instituto de Salud Carlos III. En Europa, las emisiones de los diésel fueron responsables de la muerte de 35.400 personas en 2015. 

Jaime Doreste, abogado especializado en contaminación atmosférica y profesor de Derecho Ambiental, afirma que durante años los fabricantes de coches han tratado de mostrar al diésel como una versión limpia de la gasolina, nada más lejos de la realidad. "El tiempo ha demostrado que esas promesas eran falsas. Genera menos CO₂ que la gasolina, pero es más sucio porque emite más hollín, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre", explica. 

La ONG ClientEarth junto con otras organizaciones ecologistas han demandado este miércoles a los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido a raíz del informe del ICCT. "Más de siete años después del primer escándalo dieselgate, es asombroso ver que ha cambiado poco. Ha sido una traición a la confianza de los consumidores y de los ciudadanos, y las autoridades no pueden seguir permitiendo que los fabricantes de automóviles salgan indemnes", señala Katie Nield, abogada de ClientEarth. 

Los ecologistas exigen que las compañías reparen los millones de coches vendidos con estos mecanismos y creen un fondo para reparar parte del daño que han causado. Ese dinero se usaría para mejorar el transporte público en las ciudades o ayudar a familias con menos recursos a comprar coches eléctricos para descongestionar las ciudades. Los demandantes recuerdan que en Estados Unidos Volkswagen tuvo que recomprar parte de los vehículos trucados vendidos y pagó 3.000 millones de dólares a un fondo nacional para reducir la contaminación del transporte.

Un bloque de siete países liderado por Alemania ha remitido este jueves una carta a la Comisión Europea en la que reclama una reforma del mercado eléctrico limitada que mantenga los beneficios reportados por el sistema en la última década y que no comprometa los objetivos climáticos y energéticos de la UE, un planteamiento contrario al de países como España, que aboga por una revisión estructural, según informa Europa Press.

La carta, también suscrita por Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Estonia, destaca la resistencia del mercado eléctrico ante la crisis derivada del ataque de Rusia a Ucrania y recuerda que su integración ha reportado "enormes beneficios" a la UE que ascienden a 34.000 millones de euros anuales en la última década.

Entre esos "beneficios", los países subrayan "precios mayoristas más bajos, mayor seguridad de suministro y la posibilidad de integrar a gran escala las energías renovables", por lo que piden que la reforma del mercado de la electricidad se evalúe en función de su contribución a estos tres objetivos clave.

"Es crucial que los intentos de abordar el reto de los precios asequibles de la electricidad y la seguridad del suministro no pongan en peligro los esfuerzos de descarbonización y el buen funcionamiento del mercado de la electricidad", señala la carta, que incide también en que "cualquier cambio en el diseño del mercado de la electricidad de la UE debe ser selectivo, basarse en una evaluación de los impactos y guiarse por una serie de principios clave".

Para alcanzar los objetivos climáticos, el bloque señala que la UE necesita 487.000 millones de euros anuales de inversión en energías renovables entre 2021 y 2030 y que su ejecución requiere un marco de mercado "fiable, predecible y sólido que garantice la confianza de los inversores y que aborde tanto la capacidad renovable como la capacidad segura", dado que "los retos geopolíticos han dejado aún más clara la importancia de un entorno de inversión competitivo en la UE".

Por esta razón, el bloque se muestra "escéptico" a la hora de convertir las limitaciones generales de ingresos introducidas por el marco temporal de emergencia en una función permanente del mercado regular, ya que advierten de que esto podría "comprometer" la confianza de los inversores en las inversiones necesarias.

La Comisión Europea deberá presentar en marzo una propuesta para rediseñar el mercado de energía del bloque después de que la invasión rusa de Ucrania haya disparado los precios del gas, un debate al que países como España o Francia han hecho sus propias aportaciones y al que ahora, con esta carta, se suman otros seis.

Por su parte, la propuesta española sugiere la compra de energía a plazo para reducir la volatilidad y el precio de la electricidad con el objetivo desvincular el coste de la energía renovable de los precios del gas pero mientras se diseña un nuevo sistema —España ha sido el primer país en trasladar una propuesta a Europa—, el Gobierno también ha pedido a Bruselas una prórroga del mecanismo ibérico del tope al gas para poder seguir abaratando los precios finales al consumidor ante el encarecimiento del gas natural.

La Comisión Europea ha trasladado a España y Portugal que la prórroga de la excepción ibérica no puede ir más allá de diciembre de 2023, fecha en la que expira el marco temporal de las medidas de apoyo por la guerra de Ucrania, por lo que mientras la Unión Europea (UE) no lo modifique, la prórroga del mecanismo debe atenerse a él.

Así se lo trasladó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, Duarte Cordeiro, en su reunión de este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas.

Aunque el pasado 9 de enero la ministra Ribera anunciase su intención de solicitar una prórroga de la solución ibérica hasta mayo de 2024, las mismas fuentes aseguran que España asume la propuesta de Bruselas como "muy razonable" y, de igual modo, Portugal reconoce que también funcionaría para ellos.

La excepción ibérica, que se aplica en España y Portugal desde el pasado 15 de junio, es un mecanismo que topa el precio del gas para la generación de electricidad con el fin de abaratar el precio de la luz. Durante los seis primeros meses de vigencia de esta medida, el precio del gas se topó a 40 euros megavatio hora y a partir de ahí, se incrementa en cinco euros/MWh al mes hasta mayo, cuando finaliza su vigencia.

La inflación termina el año en el 5,8%, tras una desescalada desde el 10,8% histórico en que se encaramaron los precios en julio. Es el IPC más bajo de la Unión Europea, a falta aún de que publiquen sus respectivos índices de diciembre el resto de los países miembros –sólo Portugal lo ha hecho ya: un 9,6%–. Pero ya lo era en noviembre, cuando estaba en el 6,8%. La media europea se sitúa en el 11,1%, que superan Italia –12,6%– Alemania y Países Bajos –11,3%– y roza Bélgica –10,5%–. Estados Unidos y Francia llegan al 7,1%, mientras que el Reino Unido está en el 10,7%.

Sin embargo, la frenada que ha pegado el índice general viene acompañada de una mala señal, el repunte de la inflación subyacente, la que excluye tanto los alimentos como la energía –los componentes más volátiles–, que sube hasta el 6,9%. Por tanto, supera por primera vez desde febrero de 2021 el IPC general. Sólo que entonces la brecha era de sólo tres décimas y el índice general dormía en el cero.

La bajada de la inflación en la segunda parte del año se explica por los precios de la electricidad, que no han dejado de moderarse en los últimos meses, y por el descenso de los carburantes. En el primer caso, la luz cayó este sábado hasta los 1,82 euros el megavatio hora, el precio más bajo desde enero de 2021. Basta con recordar que el 8 de marzo el precio había escalado hasta los 544,98 euros para valorar la magnitud de la desescalada. La guerra en Ucrania había estallado apenas dos semanas antes. El mecanismo ibérico, que topa el gas usado para generar electricidad, es el principal responsable del desplome del precio de la luz en España. Empezó a aplicarse el 15 de junio. Sin él, el megavatio hora costaría hoy 50,53 euros.

Pero durante estos meses también ha caído la demanda de gas natural, un 3,7% comparada con la de 2021, según los datos de Enagás, el gestor del sistema. En realidad, el descenso es mucho mayor, del 21,4%, que es lo que se ha reducido el consumo de hogares, comercios e industrias este año. La diferencia entre ambas cifras se debe al aumento experimentado por el consumo de gas para generar electricidad, en un año marcado también por la sequía, así como por las mayores exportaciones a Francia y Portugal.

La influencia capital de la energía en los precios ha llevado a Funcas, el gabinete de estudios de las cajas de ahorro, a elegir el IPC energético como “dato del año”. Según sus cálculos, ese índice ha aumentado un 28,7% hasta noviembre. Un alza que no se veía desde la crisis del petróleo de los años 70. En marzo, nada más estallar la guerra en Ucrania, el IPC energético se disparó un 61%, para moderarse a partir del otoño. El tope al gas, acompañado de la caída de la demanda y la entrada en el mix de nuevas fuentes de suministro –renovables– son las causas de la frenada.

Por lo que se refiere a los carburantes, la gasolina encadena ya su sexta semana consecutiva de descenso –1,565 euros el litro– mientras que el diésel suma nueve –1,643 euros–, según el Boletín Petrolero de la UE. Los precios han retrocedido al nivel previo a la invasión rusa de Ucrania y se encuentran lejos de los máximos de este verano: 2,141 euros la gasolina y 2,1 euros el diésel.

Aun así, sólo el IPC energético explica casi el 41% de la inflación total de 2022, subraya Funcas. Y pese al alivio que proporcionan estas bajadas de precios al bolsillo del consumidor, y de las empresas, el Banco de España alerta de que ha crecido el contagio de los precios energéticos al resto de la cesta de consumo y subraya el riesgo para 2023 de ese mayor impacto.

De hecho, el comportamiento de la inflación el próximo año dependerá no sólo de los precios de la energía, sino también del índice subyacente –los componentes contagiados de los que habla el Banco de España: 100 de los 192 productos que componen el IPC han subido por encima del 6%– y de los alimentos, que hasta noviembre se encarecieron un 15,3%. La carne de pollo, un 14,4%. La cerveza, un 10,2%. El aceite de oliva, un 24,8%. La harina, aún más: un 34,7%. La leche es un 29,6% más cara. Los huevos, un 26,1%.

El precio de los fertilizantes, que han subido un 54% por culpa de la guerra en Ucrania, de las semillas –un 30% más caras–, además del gasóleo, se suma a la sequía para explicar buena parte del alza de los alimentos. Factores a los que hay que sumar los márgenes aplicados por la distribución. Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que engloba a las mayores marcas, como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, el aumento de los precios de la distribución ha subido un 7% este año, por debajo del 12,6% que atribuyen a la industria, por ejemplo. No obstante, el Banco de España destaca el creciente aumento de márgenes sobre ventas en el comercio y la hostelería, que partían en desventaja tras sufrir más las restricciones de la pandemia.

Sea como fuere, la inflación se ha comido ya los ahorros acumulados durante el año largo de coronavirus. Según los más recientes datos del INE, la tasa de ahorro de los hogares españoles es un 3,2% inferior a la de hace un año, cuando aún creció un 6,4% interanual. En el tercer trimestre de este ejercicio, los españoles gastaron 192.034 millones de euros, un 12% más que un año antes, mientras que su renta disponible bruta mejoró sólo un 1,6%. También se redujo su inversión, un 2,9%. En consecuencia, acudieron a financiarse por importe de 19.453 millones, la mayor cuantía desde 2007, lo que multiplica nada menos que por 20 la cifra del año pasado, 954 millones de euros.

Ese dato se explica también por la cicatera subida de los salarios. Los aumentos firmados en convenios se han quedado en una media del 2,69%, menos de la mitad en que ha terminado la inflación, pero a enorme distancia del máximo anual, ese 10,8% de julio. Los sindicatos no cesan de reclamar que se mejoren los sueldos para evitar la ya inevitable pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores, así como el alza del salario mínimo, que se actualizará el próximo enero en una cuantía aún desconocida. La patronal, en cambio, ofrece subida pero siempre por debajo de la inflación. Para el SMI accede hasta el 4%. Para el acuerdo de negociación colectiva general, rechaza la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen subidas iguales al IPC.

¿Cómo se comportará la inflación el año próximo: seguirá la misma tendencia que los últimos seis meses o son esperables nuevos sustos –resurge el covid en China, la guerra se alarga…–? “Lo que pase con el IPC dependerá de la persistencia del tirón de los alimentos y, sobre todo, del comportamiento de la inflación subyacente; es decir, de los llamados efectos de segunda ronda”, avanza el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, preguntado por Europa Press. Esos temidos efectos, que la subida de precios empuje a subidas de salarios y éstas retroalimenten los precios, no se están produciendo de momento, según reconoce el Banco de España. Pero la escalada de la inflación subyacente no es un buen presagio. Habrá que ver también cómo funciona la bajada del IVA en los alimentos de primera necesidad que entrará en vigor a partir del 1 de enero. Y cuánto suben los carburantes una vez que se haya retirado la subvención general de los 20 céntimos. Aunque ya algunas grandes petroleras –Repsol, Cepsa, BP, Shell, DISA– han anunciado que mantendrán sus descuentos hasta marzo.

Además, el BCE seguirá subiendo los tipos de interés –“a un ritmo de 50 puntos básicos durante un periodo de tiempo", ha advertido su presidenta, Christine Lagarde– y parando las compras de deuda. Lo que agranda el fantasma de la recesión que hasta ahora España ha esquivado: la actividad económica y el empleo siguen con el motor en marcha. Raymond Torres, no obstante, apunta la caída del volumen de nuevos préstamos hipotecarios, un 22% en los últimos dos meses, y de los préstamos a empresas, un 17% como síntoma de un posible enfriamiento de la economía.

Las previsiones de los analistas e instituciones económicas para 2023 coinciden en pronosticar que la inflación se mantendrá por encima del 4%. Credit Suisse llega al 4,6%, Bankinter al 4,9%. Funcas se queda en el 4,7%. La Comisión Europea habla del 4,8%, al igual que la OCDE. El Banco de España prevé un 4,9%. Pero es que las avances para la eurozona son peores: una media del 6,3%. También están de acuerdo en vaticinar que España no volverá a índices en torno a la cifra mágica del 2% hasta acabar 2024.

De momento, en enero van a subir un 4% los peajes en 11 autopistas, mientras que quedan congelados los de las ocho rescatadas por el Estado en 2017. También se encarecerá la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, un 8,67%. Los sellos, un 4%. Movistar aumentará sus cotas un 6,8%, mientras que Vodafone lo hará un 6,5%. Sin olvidar que el euríbor ya está en el 3%, el nivel que no tenía desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria.

Los ministros de Energía de la Unión Europea han fracasado este martes en su intento de cerrar un acuerdo sobre el techo al precio de las compras de gas, por lo que las negociaciones siguen abiertas y dejan abierta la vía para que sean los líderes quienes desbloqueen la situación en la cumbre de este jueves, según informa Europa Press.

Las distancias han sido insalvables entre los países que, liderados por España, ven "inasumible" un tope demasiado alto y los que rechazan revisar a la baja el límite por miedo a que dañe la seguridad de suministro.

Las dos partes han mantenido al menos tres reuniones para reconciliar posiciones en paralelo al encuentro formal en Bruselas, a fin de acercar, en los márgenes, unas posturas que finalmente no han sido lo suficientemente flexibles para facilitar el acuerdo para esta medida.

Según han señalado fuentes diplomáticas la delegación alemana, que se había mostrado abierta a consultas, ha acabado replegándose ante la llamada al orden de Berlín, que entiende que el canciller alemán, Olaf Scholz, tendrá mejores opciones para lograr un acuerdo que beneficie a los intereses de su industria.

Esto ha provocado que Alemania haya vuelto enrocarse en su postura inicial, desde la que rechaza cualquier techo a los precios del gas que se fije por debajo de los 200 euros el megavatio hora (MWh), algo "inasumible" para el bloque de países que lidera España.

De este modo, el desbloqueo de la medida se eleva a una negociación de los líderes de la Unión Europa en la cumbre de este miércoles y jueves, donde las mismas fuentes prevén que Berlín defienda una posición "dura" respecto a un tope elevado.

A pesar de los esfuerzos tanto de la presidencia checa como de los ministros, las diferencias se han revelado insalvables, por el momento, de cara a aprobar el mecanismo de corrección del mercado, como lo llama Bruselas, para limitar la excesiva subida de los precios del gas motivada por la agresión rusa a Ucrania.

Aunque el último texto de compromiso presentado por la presidencia checa había rebajado el tope inicial planteado por la Comisión de 275 euros el megavatio hora (MWh), hasta los 200 euros, una cifra en torno la que, en un principio, alemanes y holandeses estaban abiertos a negociar, el cierre de filas desde Berlín ha truncado la vía común.

Además de este bloqueo están parados otros dos reglamentos que la delegación española condiciona a un paquete conjunto con el tope al precio del gas: las compras conjuntas y la aceleración de los permisos de renovables.

El gasoducto Nord Stream 1, clave para el suministro de gas hacia el centro de Europa, no funcionará entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, según la compañía Gazprom, que ha justificado esta parada por razones de "mantenimiento", según informa Europa Press.

El gigante ruso ha explicado que la única estación de bombeo que sigue activa se paralizará temporalmente y que, una vez concluidos los trabajos, el flujo de gas se retomará a un nivel de 33 millones de metros cúbicos diarios, informa la agencia Interfax.

Alemania confía en este gasoducto para cubrir la demanda interna, después de que otro proyecto alternativo, el Nord Stream 2, haya quedado aparcado por el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania el pasado mes de febrero.

El Gobierno de Olaf Scholz ha rechazado este viernes que se pueda aprobar una exención temporal para revivir el Nord Stream 2, apenas unas horas después de que lo sugiriese un líder de los liberales, Wolfgang Kubicki.

Francia no ha acogido con entusiasmo las aspiraciones de sus vecinos de construir un gasoducto atravesando los Pirineos para unir España con Europa y ha valorado que el proyecto, conocido como MidCat, "tardaría mucho en estar operativo" y "por tanto, no respondería a la crisis actual", según informa Europa Press.

La reacción de Francia, que sería la encargada de transportar este gas al centro del continente, se produce después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseverara que llevaban "mucho tiempo" pidiendo reactivar un proyecto con el que se pretende transportar gas argelino a través de España al resto de Europa.

Sin embargo, las relaciones de Argelia y España no pasan por su mejor momento, después de la crisis desatada en junio por el apoyo de Madrid al plan de Marruecos sobre Sáhara Occidental, por lo que el suministro al país europeo se ha reducido significativamente.

Las palabras de Sánchez fueron a su vez una reacción a unas del canciller alemán, Olaf Scholz, quien aseguró que el MidCat "contribuiría en gran medida" a facilitar el suministro de energía, en cuestión tras la guerra de Ucrania.

Scholz es uno de los más interesados en que se reactive este proyecto debido a que Alemania es uno de los países europeos más dependientes de las importaciones de gas ruso, para el que se busca alternativas como medida de presión por la guerra iniciada por Moscú en Ucrania.

Era imperativo llegar a un acuerdo. Cuando la guerra en Ucrania dura ya 100 días y la destrucción y la pérdida de vidas en el país van en aumento, los 27 miembros de la Unión Europea no podían seguir haciendo alarde de sus divisiones. "Hay que acabar con las discusiones en Europa. Hay que aprobar las sanciones", instó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la apertura de la cumbre de la UE en Bruselas el 30 de mayo. Durante la noche, los 27 líderes europeos llegaron a un acuerdo sobre el sexto paquete de sanciones contra Rusia que se lleva debatiendo desde hace un mes. 

Pero es un acuerdo con agujeros. Europa adopta un embargo parcial sobre las compras de petróleo y productos petrolíferos a Rusia. Los envíos de petróleo por mar estarán prohibidos de aquí a finales de año. Los suministros de oleoductos rusos a Hungría, Eslovaquia y la República Checa continuarán. Al menos temporalmente.

Este embargo "afecta inmediatamente a más de dos tercios de las importaciones rusas de petróleo, eliminando una importante fuente de financiación de su maquinaria bélica. Máxima presión sobre Rusia para que detenga la guerra", se congratuló el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en un tuit en el que anunciaba la firma del acuerdo. Antes de la guerra de Ucrania, Rusia proporcionaba casi el 50% de las importaciones de petróleo de Europa.

Asumiendo sin complejos el papel de bestia negra del club europeo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, también acabó aplaudiendo el acuerdo, que amenazó con desbaratar haciendo uso de su poder de veto: los términos le convienen perfectamente. "Hungría queda exenta del embargo de petróleo. La gasolina se mantendrá en 480 forintos [1,22 euros]", se apresuró a señalar.

Algunos en las filas europeas no dudan en hablar de la capitulación de la UE ante el presidente húngaro para obtener luz verde. "Si se observa la evolución del último mes, ha conseguido mucho y ha tenido a todo el mundo como rehén", confiaba un diplomático de la UE a Politico.

En cuanto se planteó la posibilidad de un embargo a los hidrocarburos importados de Rusia a Europa, Viktor Orbán hizo pública su oposición al proyecto: Hungría depende en un 80% del petróleo ruso transportado por el oleoducto Druzhba ("el oleoducto de la amistad"), heredero del antiguo Comecom (siglas de Consejo de Ayuda Mutua Económica, en español) comunista que daba servicio a Europa Central, Polonia y Alemania oriental. Todas sus refinerías e instalaciones de producción están adaptadas a las cualidades del petróleo de los Urales.

Como país sin salida al mar, no tiene ninguna posibilidad inmediata de encontrar fuentes de energía alternativas. Según las estimaciones del Gobierno húngaro, se necesitan al menos 800 millones de euros de inversión para adaptar sus instalaciones de refinado. Hungría calcula que se necesitan más de 18.000 millones de euros para abandonar los combustibles fósiles. Mientras que Hungría, en conflicto con la Comisión Europea por la cuestión del respeto del Estado de Derecho (libertad de prensa, libertad de justicia, derechos de las mujeres y del colectivo LGBT, derecho de asilo, predominio de la legislación europea sobre la húngara), ha visto congelados 7.200 millones de euros de créditos asignados en el marco del plan de recuperación europeo, Viktor Orbán ha hecho de esta cuestión uno de los puntos centrales para levantar su veto al sexto paquete de sanciones europeas.

En su pulso con la Comisión Europea, ha encontrado el apoyo de la República Checa y Eslovaquia, cuyas economías también dependen casi exclusivamente del petróleo ruso.

Por su parte, Polonia y los Países Bálticos, que llevan reclamando un embargo total de la UE sobre el petróleo y el gas rusos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, se opusieron firmemente a cualquier exención. De forma más discreta, algunos miembros de la UE, encabezados por los Países Bajos, también se opusieron a cualquier exención en nombre de la integridad de las normas del mercado único de la UE.

Permitir que algunos países compren a Rusia podría, según ellos, distorsionar la competencia: Rusia, que ha aceptado hacer importantes descuentos para vender su petróleo, lo vende a 93 dólares el barril cuando el Brent supera los 120 dólares. Algunas refinerías húngaras ya han admitido haber obtenido beneficios récord en los últimos tres meses al reexportar al resto de Europa productos de refino elaborados con crudo ruso.

Al final, se alcanzó un compromiso que permitió a Europa mostrar un frente unido contra Rusia y, de paso, reforzar las posiciones del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se habían visto sacudidas por las divisiones internas de los Estados miembros. Hungría, la República Checa y Eslovaquia podrán seguir importando petróleo ruso, distribuido por oleoducto. También se aseguró a Hungría que, en caso de que se interrumpiera el suministro del oleoducto, podría importar petróleo ruso desde los puertos del Adriático, que luego se transportaría por el oleoducto a través de Croacia. Pero todas estas importaciones deben ser exclusivamente para el consumo de cada país, estando prohibidas todas las reexportaciones.

Los demás países se han comprometido a dejar de comprar petróleo ruso de aquí a finales de año. Polonia y Alemania también han confirmado que dejarán de utilizar el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto de Druzhba.

Quedan por aclarar muchos de los detalles del acuerdo, como el cumplimiento de las normas del mercado único. Preguntada por la duración de estas exenciones, Ursula von der Leyen admitió que los países europeos "tendrán que volver a abordar el asunto". Es partidaria de suprimirlas "lo antes posible". Esto deja cierto margen de apreciación. Un silencio total rodea la segunda demanda de Hungría: el fin de la congelación de los créditos previstos en el plan de recuperación europeo. Oficialmente, la cuestión no parece haber sido discutida.

La protesta de Hungría ha permitido a varios países aprovechar la brecha. Grecia, Malta y Chipre, que protestaban contra la prohibición de recibir en sus puertos a los barcos rusos con destino a terceros países, han conseguido que esta medida deje de estar incluida en el sexto paquete de sanciones. Del mismo modo, Chipre obtuvo la eliminación de la prohibición de compra de propiedades por parte de residentes rusos, que también formaba parte de las sanciones.

Además del embargo de las compras de petróleo, los Estados miembros acordaron excluir del sistema Swift (el sistema por el que pasan todas las transacciones interbancarias) a varios nuevos bancos rusos, entre ellos el Sberbank, la mayor entidad bancaria de Rusia. También decidieron reforzar el embargo sobre determinados servicios y exportaciones de productos químicos. Se prohibió a tres cadenas de televisión rusas emitir en el continente. Y la lista de sancionados aumenta, incluyendo a los responsables de las masacres en Ucrania y al patriarca Cirilo de la iglesia ortodoxa rusa.

Según las estimaciones de la Comisión Europea, el embargo de la UE al petróleo ruso privaría a Rusia de unos 300 millones de dólares diarios. Sin embargo, hay que relativizar los efectos de esta sanción. La caída de los volúmenes de exportación rusos se ve compensada en gran medida por la subida de los precios. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, los precios del petróleo casi se han duplicado. Los descuentos –del orden del 30%– que Rusia concede a los países asiáticos, sobre todo a la India, para deshacerse de su producción se ven compensados en gran medida por la subida de los precios. Y las tensiones en el mercado del petróleo no van a desaparecer.

¿Se debe a dificultades técnicas o comerciales o es una estrategia? Rusia ha reducido ampliamente su producción de petróleo en las últimas semanas. Mientras que a finales de 2021 producía unos 10 millones de barriles diarios, ahora sólo produce 6,7 millones. Esta caída empieza a notarse en los mercados del petróleo, sobre todo porque los demás países miembros de la OPEP, empezando por Arabia Saudí, se niegan a aumentar su producción. Mientras que Europa tendrá que encontrar otras fuentes de suministro, aparte de Rusia, los mercados anticipan una nueva subida de precios. Algunos traders hablan de un precio de 150 dólares por barril en verano. Tras el anuncio del embargo de la UE, el precio del barril ya ha subido casi un 2%, hasta los 124 dólares.

Aunque no lo mencionaron oficialmente en la cumbre, las consecuencias económicas de este choque energético empiezan a preocupar seriamente a los dirigentes europeos. La inflación, debida a la subida de los precios de la energía, se sitúa en mayo en el 8,1% en la eurozona. La actividad económica se estanca y a veces incluso cae. La sombra de la recesión se cierne sobre toda Europa.

Esto no impidió que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablara de un séptimo paquete de sanciones, esta vez incluyendo un embargo al gas ruso, nada más terminar la cumbre el lunes por la noche. Es probable que las conversaciones entre los Estados miembros corren el riesgo de que sean aún más difíciles. Las posiciones están aún más dispersas y los intereses en juego son aún mayores.

Polonia, Finlandia, Bulgaria y, desde el 31 de mayo, los Países Bajos y Dinamarca, han interrumpido todas sus compras de gas a Rusia, negándose, como pedía la Comisión Europea, a plegarse a las exigencias de Moscú de pagar sus compras en rublos, antes de eludir las sanciones occidentales. Pero otros países han decidido ignorar las advertencias europeas y han permitido a sus empresas abrir cuentas en Gazprombank, el brazo financiero de Gazprom que centraliza los pagos y convierte las divisas en rublos.

En los últimos días, al menos diez grandes grupos europeos han abierto cuentas en rublos, entre ellos las alemanas RWE, VNG y Uniper, la francesa Engie y la italiana Eni. Decididos a llenar lo antes posible unas capacidades de almacenamiento que no llegan ni al 40% en previsión de un invierno que promete ser terrible, están comprando en grandes cantidades. Cada día, pagan más de mil millones de euros a Rusia.

Anticipándose a los obstáculos que se avecinan, el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha pedido un cambio de método en las negociaciones sobre el séptimo paquete de sanciones. Dijo que todas las cuestiones técnicas, en el sentido más amplio, deberían negociarse y decidirse antes de anunciar un acuerdo político.

La cuestión corre el riesgo de superar este marco. A medida que la guerra en Ucrania se prolonga, el debate sobre la eficacia de la respuesta del bloque atlántico está destinado a intensificarse. A pesar de las durísimas sanciones, los estadounidenses y los europeos aún no han conseguido aislar a Rusia y "provocar el colapso de su economía", según la expresión del ministro francés de Finanzas Bruno Le Maire, para obligar a Vladimir Putin a poner fin a su invasión. La ofensiva rusa en Ucrania se intensifica, las perspectivas de paz son más escasas que nunca. Moscú ha encontrado otros relevos en el mundo que le permiten limitar el efecto de las sanciones, aunque siga siendo importante. Pero el precio de estas sanciones se está volviendo exorbitante para las poblaciones europeas, sin salvar a Ucrania.

Texto original en francés:

Nunca ha sido tan cierta la metáfora del aleteo de la mariposa y su efecto huracanado en la otra punta del planeta como con la globalización. La guerra en Ucrania, un conflicto en principio local, en una nación cuyo PIB es sólo la novena parte del español, ha hecho saltar los precios en todo el mundo hasta niveles desconocidos desde los años 80 y 90, además de provocar crisis en mercados sin conexión aparente con la débil economía de la nación gobernada por Volodímir Zelenski. Además, el ataque inicial lo recibió la economía mundial en su misma base –las materias primas y la energía–, lo que ha obligado a volver la mirada al eslabón más elemental de la cadena, en un mundo cada vez más pendiente de la sofisticación financiera y tecnológica.

Los primeros en sufrir el encarecimiento desorbitado de las materias primas y los combustibles, las víctimas adelantadas de la inflación, fueron los agricultores y los ganaderos. Aunque llovía sobre mojado, precisa Javier Alejandre, técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Ya en el otoño de 2021 habían empezado a sentir el terremoto de unos precios que se han terminado de convertir en insoportables. “Entonces desconocíamos las razones de la tensión que se sentía en los mercados de fertilizantes y de cereales, pero ahora la guerra lo ha dinamitado todo”, se queja.

Las consecuencias de aquellas extrañas vibraciones tras el verano han tardado un tiempo en llegar hasta el consumidor, explotaron al mismo tiempo que la guerra: los precios de los alimentos se han multiplicado por ocho desde el campo a la mesa sólo en marzo. Según revela el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora otro sindicato agrario, COAG, las naranjas las vende el agricultor a 0,18 euros, pero el cliente las compra a 1,46 euros en el supermercado: un 711% más. Las patatas se pagan a 0,15 euros el kilo en origen, pero se compran a 11,9 euros en destino, casi ocho veces más. Los limones multiplican su precio por 7,71 desde el árbol hasta la tienda. La carne de cerdo se vende un 333% más cara, a 6,15 euros el kilo, al consumidor final, cuando al ganadero le han pagado sólo 1,42 euros.

Y no sólo en España. La FAO, la organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, alerta de que su índice de precios estaba en marzo en 159,3 puntos, el nivel más alto desde 1990, tras aumentar un 12,6% con respecto a febrero y un 33,6% en comparación con un año antes. El motivo de este “salto de gigante”, como lo califica la FAO, no es otro que los máximos alcanzados por los aceites vegetales, los cereales y la carne. Rusia y Ucrania son dos de los mayores graneros del planeta. Lo que para España y el resto de Europa es, sobre todo, una crisis de precios, para el norte de África y otras zonas vulnerables puede convertirse en una crisis alimentaria. Países como Burkina Faso, Egipto, Congo, Libia, Líbano, Somalia y Yemen importaban el 50% del trigo que consumen de Ucrania o Rusia, por lo que les amenaza un “huracán de hambre”, ha advertido el secretario general de la ONU, António Guterres.

En España, los ganaderos dependen de los cereales para dar de comer a sus animales. El 70% de sus gastos lo constituyen los piensos. Según los datos del Ministerio de Agricultura, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, antes de que comenzara la guerra, por tanto, el precio de la cebada había subido un 48,33%, el del trigo un 34,45% y el del maíz un 31%. Pero si la comparación se hace con el mes de marzo, tras la invasión rusa de Ucrania, el alza interanual del trigo alcanza el 70%, el del maíz el 60% y el de la cebada supera el 90%.

Y si a esas subidas de los piensos se suman las de los combustibles, la electricidad, los fertilizantes, los fitosanitarios, los plásticos… se desata “la tormenta perfecta”, repite el tópico Javier Alejandre. Para una explotación de 100 hectáreas de cereal, los costes se dispararon este año un 208%. Para una de 25 hectáreas de maíz han subido un 195%. Para otra de 100 vacas de ordeño, el alza es del 144%. Todos son cálculos realizados por UPA, basándose a su vez en los aumentos de precio del gasóleo –un 45%–, de los fitosanitarios –entre un 5% y un 70%– y los plásticos –entre un 161% y un 200%–. Los fertilizantes han duplicado su precio. También la luz: una explotación moderna, con placas solares y eficiencia energética, pagaba unos 3.265 euros de electricidad en enero de 2021; en enero de 2022 –antes de la guerra– su recibo alcanzaba los 6.344 euros. Igualmente son grandes consumidores de electricidad los regadíos, que han quintuplicado sus costes.

Con estos sobreprecios inasumibles se hacen más patentes aún las asfixiantes condiciones en que desarrolla su actividad este pilar fundamental de la economía. Porque, en la mayoría de los casos, agricultores y ganaderos no pueden repercutir el aumento de precios de los suministros en sus clientes. Que no son los consumidores que compran sus productos en los supermercados, sino la industria alimentaria y la gran distribución. De ahí que haya sido necesario aprobar una ley, la de la Cadena Alimentaria, para impedir que se pague a los productores agrarios por debajo de costes. Por ejemplo, el 85% de los ganaderos gallegos malvenden la leche a las industrias. El coste de producir un litro es de 40 céntimos. Un precio que “nunca” han cobrado las explotaciones lácteas de Galicia, responde tajante el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García cuando se le pregunta. “Nos están pagando cinco o seis céntimos por debajo de la media de la UE, en la cola de los precios europeos, pese a que España es deficitaria en leche”, protesta. En el supermercado, un litro de leche entera roza, y a veces supera, el euro.

El motivo de esa venta a pérdida, continúa, es que las industrias lácteas “siguen imponiendo unilateralmente los precios”. La CNMC ha multado dos veces –88 millones en 2015 y 80,6 millones en 2019– a las mayores empresas lácteas, desde Nestlé y Danone hasta Lactalis y Puleva, por formar un cartel y pactar precios. Las sanciones fueron recurridas y la Audiencia Nacional está a punto de dictaminar si las grandes industrias violaron las normas de la competencia.  La patronal del sector, Fenil, admiten que la cadena del sector lácteo español es “realmente ineficiente”, pero también aseguran que el precio pagado por la industria a los ganaderos no ha dejado de crecer desde 2017, al tiempo que subrayan su compromiso con “la creación y el posterior reparto justo del valor a lo largo de la cadena láctea”.

Los contratos que los ganaderos firman ahora –durante décadas fueron verbales– “son de adhesión, no negociados”, asegura Roberto García, ante la amenaza permanente de las empresas lácteas de no recoger la leche a quien no acepte sus condiciones. Los paros del transporte de mediados de marzo les dieron después la puntilla. Entre 100 y 200 ganaderos gallegos, calcula Roberto García, terminaron tirando la leche que los camioneros no les recogían. “No puedo decir a mis vacas que dejen de producir”, hace ver Marta, una ganadera ecológica gallega, en un vídeo que grabó el 22 de marzo, antes de abrir la espita de un tanque de frío. “Aunque no hay nada más injusto y horrible que tirar un producto de primera necesidad como es la leche, no me queda más remedio”, lamenta.

Incluso la prestigiada ternera gallega sufre el mismo desajuste. El coste de producción de un kilo supera los seis euros, pero el ganadero está cobrando sólo 4,80 euros, mientras que el consumidor paga entre 11 y 15 euros en la tienda, denuncia Roberto García. El secretario general de Unións Agrarias confía en que dé resultado inmediato, en 15 o 20 días, la puesta en marcha de un Observatorio de Costes y una Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), nacidos al amparo del protocolo que acaba de firmar su organización con mataderos, ganaderos y cadenas de distribución. Sólo para Galicia. Se trata, destaca, de establecer cotizaciones de referencia para la carne de ternera gallega que todas las partes deben aceptar como vinculantes. Quien las incumpla, se enfrentará a sanciones de hasta 100.000 euros.

Parecido patrón de dependencia se repite en otro tipo de explotaciones. “No vendemos directamente al consumidor final ni podemos subir el precio sin acuerdo con la distribución”, aclara un portavoz de Coren, la principal cooperativa agroalimentaria de España. Sus 4.800 cooperativistas producen desde Galicia huevos y carne de pollo, pavo, conejo y cerdo hasta superar una facturación de 827,4 millones de euros en 2020. “El sector agroalimentario español ya estaba afectado antes [de la guerra] por una situación de low cost, con escasos márgenes para los productores o incluso a veces trabajando por debajo de costes de producción”, sostiene Coren, una precariedad que se ha agravado con la invasión de Ucrania y terminó estallando con los paros de los transportistas. “Necesitamos precios justos en toda la cadena, sin tener que depender de la importación de alimentos del extranjero”, reclama el portavoz de la macrocooperativa.

En marzo, Coren tuvo que implantar servicios mínimos en varias secciones de sus fábricas, aunque no llegaron al cierre que temían aun antes de que los piquetes impidieran el trabajo de sus camioneros, ni les llegara pienso porque los transportistas no permitieron descargar algunos barcos en el puerto de A Coruña.

Fertilizantes disparados

En cambio, sí suspendió, durante dos semanas el pasado marzo, Fertiberia la producción de urea en su planta en Palos de la Frontera (Huelva). El principal fabricante español de fertilizantes se vio obligado por el aumento del precio del gas natural, esencial en la producción de este abono y de amoniaco, que a su vez sirve como materia prima para fabricar otros nutrientes agrícolas. Fertiberia, que no ha respondido a las preguntas de infoLibre, ya tuvo que detener la actividad de esta factoría durante todo el mes de octubre del año pasado. Un mes antes, también habían parado dos fábricas de fertilizantes en Reino Unido propiedad de la estadounidense CF Industries por el mismo motivo: el gas natural había emprendido una escalada inasumible cuando Rusia aún no había atacado Ucrania. Igualmente la noruega Yara, el mayor fabricante mundial de fertilizantes, redujo de forma temporal su producción. En marzo de este año, anunció que ampliaba la medida a sus instalaciones de Le Havre (Francia) y Ferrara (Italia).

La amenaza para ellos es doble. Por un lado, el gas natural representa el 90% del coste de producción de los abonos minerales. Por otro, Rusia suministra el 30% de los fertilizantes nitrogenados que necesita la agricultura europea. Además, el Gobierno de Putin ha pedido a los productores rusos que suspendan sus exportaciones y tres de ellos han sido sancionados por Occidente. Es decir, la oferta de fertilizantes se ha restringido notablemente, disparando los precios.

Según los cálculos de Javier Alejandre, España debería importar entre 300.000 y 400.000 toneladas de fertilizantes para cubrir el aumento de la demanda que se produce en primavera y se centra en los productos nitrogenados. En el otoño precedente, para la siembra, se utilizan las potasas –de las que existe una gran mina en Barcelona– y fosfatos. Pero ya entonces se empezaron a disparar los precios. “No sabemos en qué medida [los fertilizantes] se encarecen por el recorte en la producción y por la guerra, y en qué medida por el acopio, en previsión de futuras carencias, o por la especulación”, apunta el técnico de UPA.

Fuentes del sector atribuyen el alza de precios del otoño pasado al desequilibrio entre oferta y demanda causado porque China dejó de exportar, Rusia redujo sus ventas el exterior para satisfacer su demanda interna y la India aumentó su consumo. “Éste es un mercado global”, resumen.

Por si fuera poco, la meteorología tampoco ha ayudado al sector primario en este comienzo de año. A las sequías que azotaron los cultivos del Guadiana y el Guadalquivir en 2021 –el peor año hidrológico de la serie histórica, según las confederaciones hidrográficas afectadas--, se añadieron en abril las heladas, las peores en 42 años. Más de 37.000 hectáreas resultaron afectadas. El hielo dio al traste con los frutales justo cuando se encontraban en flor. Agroseguro, la entidad que gestiona los seguros agrarios, cifra en 150 millones de euros las indemnizaciones que habrá que pagar por las heladas de este mes.

En definitiva, para semejantes catálogo de catastróficas desdichas, Javier Alejandre cree necesarias no sólo “medidas de choque”, sino también cambios estructurales para que los mercados actúen de forma eficaz. Las ayudas directas, como las que se han puesto en marcha para los precios del combustible y la electricidad, “se las come el mercado en dos días”, recalca, por eso “hacen falta vías para atar el mercado”.

La inflación ha escalado hasta el 9,8% en marzo, rompiendo de nuevo su récord temporal y regresando a un nivel que no se recordaba desde mayo de 1985. El dato se ha dado a conocer el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el Plan de Choque del Gobierno contra el impacto económico de la guerra en Ucrania, diseñado para contener los precios desbocados del gas y la electricidad, a los que el Ejecutivo atribuye el 73% del aumento de la inflación. El objetivo reconocido del Ejecutivo no es otro que reducirlos “lo más posible” para así “cortar de raíz” su efecto inflacionista.

La guerra ha convertido lo que en principio expertos y organismos internacionales consideraban un fenómeno temporal, derivado del rebote de actividad tras la pandemia y de los problemas en las cadenas de suministro globales, en una amenaza letal para el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. Funcas, el instituto de estudios de las cajas de ahorro, acaba de revisar su previsión de inflación para este año, aumentándola hasta el 6,8% de media anual. Al mismo tiempo, rebaja su cálculo de crecimiento de la economía española este año del 5,6% al 4,2%. Traducido en efectos reales: la subida de precios “reducirá la renta disponible de los hogares, frenando el crecimiento del consumo y la inversión residencial y en bienes de equipo”, además de recortar las exportaciones debido al contexto internacional. El empleo, por tanto, crecerá a menor ritmo que el año pasado, con 473.000 nuevos puestos de trabajo –en 2021 se crearon 840.600– y una tasa de paro aún en el 13,8%.

Estas previsiones no incluyen el plan de choque del Gobierno, cuyos efectos, según Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, podrían sentirse enseguida, en abril o mayo. Funcas, no obstante, cree que las medidas recién aprobadas pueden reducir en un punto la inflación. Y el economista Javier Santacruz prevé que incluso más. “Pero dudo que ese efecto sea duradero, a medio plazo”, precisa.

Para Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de CCOO, desenganchar los precios de la electricidad de los del gas puede rebajar dos puntos el IPC. A su juicio, que Portugal y España presenten a Bruselas en un mes el plan para hacer realidad la “excepción ibérica” que ya les ha reconocido la Comisión Europea “es la prioridad”.

Javier Santacruz añade otra posible medida para contener los precios de la electricidad que tendría un efecto inmediato: crear “puentes” para que los consumidores con tarifa regulada pasaran al mercado libre con contratos a largo plazo. “No tiene sentido que el 40% de los consumidores estén en el mercado regulado”, explica, “antes de arreglar el mercado mayorista, se debería arreglar el minorista”.

Josep Oliver advierte de que España no tiene mucho margen para combatir la inflación, carece de las armas con que cuentan otros países europeos. “Todas las ayudas del Gobierno son a cuenta del déficit público y el país no puede ir mucho más allá [de las medidas que ha tomado] porque está atrapado entre la deuda y el déficit públicos”, detalla. En la misma dirección apunta Santiago Carbó. “Poco se puede hacer, porque la inflación es un coste que viene de fuera, los precios de la energía importada nos los imponen del extranjero”. De todas maneras, Oliver cree que habrá que esperar hasta junio para ver cómo evolucionan la guerra y los precios. “Si el gas y el petróleo se mantienen en los niveles actuales, con el plan de choque puedes moderar la subida de la energía, pero la presión de fondo no la contienes”, advierte. Porque, como se está viendo, los precios disparados de la luz, el gas y los combustibles se transmiten a todo el tejido productivo y se comen los márgenes de las empresas. “¿Cuánto tiempo pueden aguantar?”, se pregunta, “en realidad, aún no hemos visto los efectos inflacionistas de verdad”.

Por eso Oliver, como también Javier Santacruz, Carlos Martín y Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, coinciden en que un instrumento fundamental contra los llamados “efectos de segunda ronda” de la inflación es el pacto de rentas. Sindicatos y patronal negocian estos días el acuerdo marco que debe determinar las subidas salariales en los próximos tres años y que sentará las bases para ese pacto más amplio que también busca el Gobierno y al que insta el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

CCOO y UGT proponen diferir el aumento de los salarios mediante las cláusulas de revisión salarial. Es decir, subidas de sueldos moderadas pero actualizadas al final de los tres años para minimizar la pérdida de poder adquisitivo. Para Josep Oliver, esa concertación social, que debería incluir contrapartidas por parte de trabajadores y empresas, es “crítica”. Pero hasta el momento –lleva dos semanas interrumpida–, la negociación ha sido difícil y con el IPC rozando el 10% se hará aún más problemática.

Josep Oliver se remite a las más recientes proyecciones del BCE, que prevén que la inflación europea se modere en la segunda mitad del año y termine en el 5,1%, para recuperar el buen tono, un 2,1%, en 2023. “A diferencia de Estados Unidos”, sostiene, “en la Unión Europea no tenemos un problema de inflación salarial”. En febrero –aún no se ha publicado el de marzo– el IPC alcanzó en EEUU el 7,9%. En Alemania ha llegado en marzo al 7,3%, la más elevada desde 1991. Lo que está claro es que la inflación está haciendo a europeos y estadounidenses más pobres. “Es una detracción de la renta del país que se va al extranjero para pagar materias primas más caras”, define Josep Oliver. Aun lejos de la temida estanflación –inflación sin crecimiento económico--, los precios disparados reducirán el alza del PIB, avisa.

En cualquier caso, el supervisor europeo avanza que las presiones sobre los precios “serán más duraderas de lo previsto” y que “sólo se verán compensadas, en parte, por los efectos moderadores sobre el crecimiento derivados del deterioro de la confianza y por un menor crecimiento del comercio relacionado con el conflicto [en Ucrania]”, lo que no suena muy halagüeño. Pero también defiende que “la inflación de la energía descenderá de forma significativa en los dos próximos años”.

Javier Santacruz sugiere otras herramientas para rebajar los precios, como un mecanismo de coordinación de los mercados agrícolas. España, explica, tiene producción agroalimentaria suficiente, pero no se aprovechan sus excedentes. El Ministerio de Agricultura podría coordinar –más que intervenir, puntualiza– una producción demasiado “atomizada”. También se atreve con una revisión del régimen de módulos, que impida que los precios se “coman” parte de los márgenes de los autónomos.

Carlos Martín apunta que al pacto energético y al de rentas se le añada uno fiscal. Las ayudas que ha movilizado el Gobierno para los sectores empresariales más afectados, desde el agrícola y pesquero hasta el transporte o las industrias electro y gasintensivas, son insuficientes, en su opinión. “Echo en falta más esfuerzo con los más vulnerables”, apunta. Por eso CCOO propone que se cree un bono de emergencia de 300 euros, a imitación de la ayuda que se ha concedido en Alemania o las que se aplicaron en EEUU durante la pandemia. Que sería automático, a través de la nómina o la prestación de paro o la pensión de quienes perciban menos ingresos. Según los cálculos del sindicato, el bono llegaría a casi 9,6 millones de personas, el 64% de ellos mujeres. Costaría 2.870 millones de euros, pero según Carlos Martín, se puede financiar con el aumento de recaudación fiscal de 2021 y con los mayores ingresos del IVA sobre las energías, disparados gracias a los elevados precios de luz, gas y petróleo.

Para Santiago Carbó, otra opción es reducir la demanda, moderar el consumo. Carlos Martín habla de incentivar el uso del transporte público, imitando a Alemania, que ha rebajado el precio del abono transporte, para recortar el uso de hidrocarburos.

Más improbable sería imitar la peculiaridad japonesa. En el país nipón, las empresas prefieren reducir sus márgenes antes que subir precios y perder clientes.

Finalmente, hay otra arma más, pero es controvertida. El control de precios. Lo resucitó el pasado diciembre –antes de la guerra– Isabella Weber, economista de la Universidad de Massachusetts-Amherst, en un artículo publicado en The Guardian. Poniendo como ejemplo los controles impuestos tras la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, cuando los impuso el presidente Roosevelt, proponía que el aumento de los precios fuera asumido de alguna manera por las empresas, que ahora cuentan con suficiente colchón por las ayudas públicas recibidas durante la pandemia y su elevada rentabilidad en la recuperación posterior.

La reacción de otros economistas fue inmediata y contundente en el rechazo. También descartan los controles de precios Santacruz y Oliver. “No forma parte de los instrumentos de política monetaria actuales ni de la disciplina del BCE”, argumenta el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Santacruz desecha los controles de precios, porque crearían “mercados negros” y aumentaría la inseguridad económica. Carlos Martín, por el contrario, resalta que es precisamente un control de los precios de la energía lo que se pretende con los cambios en el mercado mayorista y aplaude el control de los alquileres aprobado por el Gobierno.

Los grandes operadores petroleros, aquéllos que facturen más de 750 millones de euros, deberán pagar cinco céntimos por cada litro de combustible que vendan entre el 1 de abril y el 30 de junio. Sólo si anuncian enseguida una oferta propia de descuento en el precio del carburante se librarán de pagar lo que el Gobierno ha configurado como una “prestación patrimonial de carácter público no tributaria”. De momento, ni Repsol ni Cepsa ni BP España tendrán que abonar esa carga parafiscal porque ya han hecho público que descontarán entre 10 y 14 céntimos, aunque sólo a sus clientes fidelizados. Pese a tratarse de una oferta restringida, al Ejecutivo le vale para eximirles del pago, explican fuentes del Ministerio de Hacienda.

Se trata de la misma figura que el Gobierno ha utilizado para crear el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el que se costearán las energías renovables –unos 7.000 millones de euros anuales– y, al tiempo, se pretende abaratar la luz un 13% en un plazo de cinco años.

Aún no han anunciado ningún descuento ni la portuguesa Galp ni la italiana Eni, los otros dos grandes operadores del mercado español. Tienen hasta este viernes para hacerlo si quieren quedar exentas del pago de los cinco céntimos. Distinto es el caso de las empresas más pequeñas de la distribución de hidrocarburos. Como sus cifras de negocio quedan por debajo de los 750 millones de euros, no tienen que hacer esa aportación. Pero deberán aplicar igualmente la rebaja de 20 céntimos a todos los clientes. Estas compañías ya han advertido de que no tienen capacidad para asumir más reducciones de precio. Alegan que ellos también resultan afectados por la subida récord de precios de los hidrocarburos. Si finalmente deciden no reducir esos cinco céntimos, serán las arcas públicas las que asuman el importe total de 20 céntimos el litro al que se ha comprometido el Gobierno tanto para transportistas como para particulares.

En todo caso, estas gasolineras podrán pedir a la Agencia Tributaria que les anticipe los 15 céntimos por litro de descuento que asume el Estado. Tendrán que hacerlo antes del 15 de abril y el importe del anticipo no podrá ser superior al 90% del volumen medio mensual del combustible que hayan vendido en 2021. El adelanto deberá estar en una horquilla de entre 1.000 euros y dos millones de euros.

También podrán solicitar a la Agencia Tributaria que les devuelva los descuentos efectuados. Para ello, tendrán que presentar cada mes, en los primeros 15 días naturales siguientes, de abril a julio, una solicitud de reintegro de las rebajas aplicadas a sus clientes.

Al Estado esta medida le costará 1.423 millones de euros. Los descuentos se aplicarán a todos los tipos de combustibles, desde la gasolina y el gasóleo hasta el gas licuado para vehículos, el bioetanol, el biodiesel y el aditivo AdBlue. En el recibo de cada repostaje, la gasolinera debe distinguir el precio antes y después del descuento, además de indicar el importe de la bonificación. Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de vigilar que las distribuidoras de petróleo aplican las rebajas y no las absorben en sus márgenes.

Finalmente, las reducciones en el precio de los carburantes beneficiarán no sólo a los transportistas sino también al resto de los ciudadanos. En total, el sector del transporte por carretera recibirá 1.000 millones de euros entre ayudas directas y descuentos en los combustibles. También las empresas armadoras de buques de pesca percibirán 18,18 millones de euros para compensarles por el alza de los precios del gasóleo. Las ayudas oscilarán entre 1.550 euros para barcos de menos de 25 toneladas brutas y 35.000 euros para los que superen las 2.500 toneladas. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Agricultura y Pesca, el descuento de 20 céntimos por litro de carburante se traducirá en un ahorro de 10 millones de euros para los pescadores.

Según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que se ha aprobado el Plan de Choque contra la guerra en Ucrania, las rebajas en el precio de los combustibles beneficiarán “especialmente a las clases medias y al transporte”. Y ha negado que se trate de una “rebaja fiscal general”. “El plan actúa sobre los sectores más afectados [por la subida de los precios de la energía] y está absolutamente alineado con las recomendaciones de los bancos centrales y organismos internacionales", ha defendido Calviño.

La vicepresidenta respondía así a las declaraciones realizadas por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que poco antes había instado a evitar un “impulso fiscal generalizado” para hacer frente a la crisis y defendido respuestas “focalizadas” en los hogares, empresas y sectores “más vulnerables”.

El Consejo de Mnistros tiene previsto aprobar este martes el descuento mínimo de 20 céntimos en el precio de los combustibles que se aplicará a todos los ciudadanos a partir del 1 de abril. El Gobierno ha ampliado a todos los consumidores la bonificación anunciada en principio sólo para los transportistas. Y quiere, explican fuentes del Ministerio de Hacienda, que se haga el descuento “en el surtidor”. Quince céntimos serán sufragados con dinero público y “un mínimo de cinco” céntimos más corre de cuenta de las petroleras. Éstas, sin embargo, no saben aún cómo se va a aplicar ese descuento.

Las tres mayores compañías del sector, Repsol, Cepsa y BP España, no tardaron en hacer públicos entre el jueves y el viernes pasados los descuentos que están dispuestas a conceder a sus clientes fidelizados. Las dos primeras, 10 céntimos para quienes posean sus tarjetas Solred –transportistas– y la app Waylet –particulares–, por un lado, y adheridos al programa de fidelización Porque Tú Vuelves, por otro –tanto profesionales como particulares–. BP España eleva sus rebajas hasta 12 para los particulares y 14 céntimos el litro para los transportistas. La portuguesa Galp, por el momento, no ha hecho pública ninguna oferta. Tampoco la italiana Eni.

Pero los operadores de menor tamaño, agrupados en la Unión de Petroleros Independientes (UPI), aún no han anunciado si participarán en el esquema de descuentos previsto por el Gobierno. Las grandes poseen un total de 6.180 estaciones de servicio, mientras que las pequeñas suman otras 4.560, según los datos de las memorias de las patronales de ambas.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró el domingo en una entrevista publicada por El País que “otros ministerios” han “hablado con las petroleras” y sólo adelantó que el sistema será “efectivo e inmediato”. Pero éstas aún no conocen el detalle de cómo se va a aplicar el descuento “en surtidor” a todos los ciudadanos. Ni las grandes ni las pequeñas, según han explicado a este periódico. “Estamos esperando a que el Gobierno concrete de forma definitiva y oficial la medida de los cinco céntimos”, indica un portavoz de BonArea, que cuenta con una red de 57 gasolineras. “Nosotros llevamos ya muchos años aplicando precios para todos los usuarios con importantes diferenciales de precio, hasta 20 céntimos el litro respecto a las grandes petroleras, y eso lo conseguimos, entre otras acciones, ajustando al máximo nuestros márgenes, que son muy reducidos”, sostiene.

Fuentes de otra petrolera independiente aseguran que están “perdidos”, porque aún no saben cómo actuar. Dicen que han recibido una carta del ministerio, pero con indicaciones no muy precisas. Los responsables de las estaciones de servicio les están llamando para preguntarles, pero no saben qué contestarles, lamentan. Los miembros de UPI se citaron el pasado viernes para discutir el asunto, y las reuniones en cada una de las empresas continuaron este lunes, a la espera de lo que apruebe el Consejo de Ministros. En parecidos términos se han expresado Avia –169 gasolineras– y Disa –583–, consultadas por infoLibre al respecto. “Desconocemos cómo va a implementar el Gobierno estas medidas”, indica Dyneff.

En la misma dirección ha apuntado la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). Según denuncia, las pequeñas y medianas gasolineras carecen de capacidad financiera para adelantar los descuentos universales anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por ese motivo, le piden que “aclare con la mayor celeridad posible cuál será el mecanismo de ejecución del descuento generalizado en los carburantes”. La patronal critica que, pese a haber solicitado en reiteradas ocasiones al Gobierno que le detallara cómo se va a efectuar la rebaja de precio, a día de hoy aún desconoce el procedimiento elegido. Además, advierte de que la medida será “absolutamente ineficaz”, si no se crean mecanismos que garanticen que la rebaja llega a los bolsillos de los consumidores. A su juicio, serían preferibles las reducciones fiscales, tanto del IVA como del Impuesto Especial de Hidrocarburos, y nuevas líneas de crédito y avales del ICO para las pymes de la distribución de combustibles.

El Ministerio de Transición Ecológica, que dice mantener una “conversación” con las petroleras, remite a su vez al Ministerio de Hacienda como interlocutor en esta materia. Y éste se limita a detallar que el consumidor percibirá la rebaja “en el momento de repostar”. En la tarde de este lunes aún se estaba redactando el real decreto-ley. En total, las ayudas directas y las rebajas de impuestos del plan de choque de respuesta a la guerra en Ucrania ascenderán a 6.000 millones de euros, pero el Gobierno no ha desglosado cuánto costarán las bonificaciones. Cuando se hicieron públicas las rebajas para transportistas, se mencionó la cifra de 600 millones de euros. Pero ahora tampoco se sabe si se ampliará el “mínimo de cinco céntimos” de las petroleras más allá de los descuentos de 10 a 14 céntimos ofrecidos para los clientes fidelizados. Esos 6.000 millones se pagarán con una ampliación de crédito, apunta Hacienda. En principio, las rebajas en los combustibles se prolongarán hasta el 30 de junio, durante tres meses.

La gasolina de 95 octanos se vendía este lunes en España a un precio medio de 1,841 euros el litro, mientras que el gasóleo llegaba a los 1,867 euros. Desde abril de 2021, el gasóleo ha aumentado su precio un 57,4%, mientras que la gasolina lo ha hecho un 38,5%. Desde el pasado día 23, además, el gasóleo cuesta unos céntimos más que la gasolina. Los 20 céntimos de rebaja dejarían ambos carburantes en el precio que tenían durante la primera semana de marzo, antes de que empezaran los paros de los transportistas, el día 14.

El precio de los carburantes se asoma ya a sus máximos históricos tras encadenar esta semana su cuarta subida consecutiva y encarecerse en lo que va de 2022 hasta un 4,4%.

En concreto, el precio medio de la gasolina se ha situado esta semana en los 1,520 euros, lo que supone un incremento del 1,19% con respecto a hace una semana, alcanzando su nivel máximo desde septiembre de 2012, cuando alcanzó su récord histórico con 1,522 euros, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,403 euros, encareciéndose un 1,66% frente a la semana pasada. Este combustible no superaba la cota de los 1,4 euros el litro desde finales de octubre de 2012 y se acerca así también al máximo histórico de 1,444 euros que marcó en septiembre de ese mismo año.

De esta manera, el precio de los carburantes, tras la tregua dada en el final de 2021, cuando encadenó hasta cinco semanas de caídas, prosigue con la escalada iniciada con el arranque de 2022.

Este nuevo encarecimiento en el precio de los combustibles se produce a rebufo de la escalada en el precio del crudo ante la incertidumbre geopolítica alimentada por las tensiones en Ucrania y un bajo nivel de oferta global, que llevó este miércoles al barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, a superar el umbral de los 90 dólares por primera vez desde octubre de 2014.

Este jueves, el barril de Brent se intercambiaba a 88,58 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba por encima de los 87 dólares. Con esta nueva subida, el llenado del depósito esta semana es un 24,18% más caro que hace un año para el caso de la gasolina y un 26,16% superior en el caso del gasóleo.

Así, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta ahora en torno a 83,6 euros, unos 16,3 euros más que hace un año, mientras que en el caso de repostar con gasóleo asciende a casi 77,16 euros, 16 euros más que en la última semana de enero 2021.

A pesar de estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 está en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,660 euros el litro, y de la zona euro, con un precio medio de 1,724 euros. En el caso del diésel ocurre algo similar, ya que el precio en la UE es de 1,547 y de 1,585 en la zona euro. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.