Irán ha logrado contener los incendios provocados por ataques israelíes en varias zonas de las instalaciones gasísticas Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo, y asegura que la situación está bajo control.

El gobernador de Asaluyeh, en declaraciones a la agencia semioficial Tasnim, dijo que los bombardeos provocaron incendios en varias partes de la instalación, pero que los bomberos y las fuerzas de rescate consiguieron contener el fuego "lo más rápidamente posible" y "la situación en la zona está ahora completamente bajo control", sin que el ataque haya dejado víctimas. Pocas horas antes, el gobernador había alertado de "humo negro" en la zona, pero aseguró que no había riesgo de fuga de gases y que el fuego y el humo que queda actualmente se extinguirá automáticamente.

Sin embargo, las autoridades no detallaron si estos ataques han provocado una suspensión de la producción o del suministro de gas de este yacimiento, que junto con el adyacente de North Field (que llega hasta Catar) es el mayor de gas natural condensado del mundo, con una superficie de 9.700 kilómetros cuadrados.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, condenó el ataque israelí a este yacimiento asegurando que se trata de un "paso peligroso e irresponsable de la actual escalada militar en la región". "Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética mundial, así como para los pueblos de la región y su medio ambiente", dijo el portavoz.

Por su parte, el Ejército iraní amenazó este miércoles con atacar "a la primera oportunidad" infraestructura de energía, gas y combustible vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región si son atacadas sus infraestructuras. "Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo", dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya a través de la agencia de noticias Fars. El Ejército apuntó que considera "legítimo" atacar "la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen" y subrayó que tomará "represalias contundentes a la primera oportunidad".

El episodio más relevante de ataques a infraestructuras energéticas se produjo el pasado 14 de marzo, cuando Estados Unidos bombardeó objetivos militares en la isla iraní de Jarg, considerada el corazón de la industria petrolera del país y punto donde se almacena el 90% del crudo que Irán exporta al mundo.

Tras aquellos ataques, Irán amenazó entonces con destruir "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si sus propias instalaciones energéticas vuelven a ser atacadas.

Las principales aerolíneas continúan este domingo con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región, según informa EFE. 

Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad Tel Aviv hasta el 3 de marzo y prevé evaluar la operativa a partir de esa fecha. 

La compañía ha señalado que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación". Ambas aerolíneas han flexibilizado su política de cambios para facilitar alternativas a los personas afectadas. Además, el vuelo diario a la ciudad de Doha, en Catar, operado por Iberia, sigue cancelado.

La compañía francesa Air France ha prolongado hasta el martes 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad. 

Las aerolíneas turcas Turkish Airlines y Pegasus han cancelado más de un centenar de vuelos a Catar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes, Omán, Irán, Irak, Líbano y Jordania. 

Por su parte, Emirates ha suspendido temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta el lunes 2 de marzo y ha ofrecido distintas opciones para las personas que tengan un vuelo reservado antes o hasta el 5 de marzo, según ha señalado en la red social X.

El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país, informa EFE.

Entre ellos se encuentran cinco españoles, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad, y ya se disponen a viajar a España asistidos por la embajada en Caracas. Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que "este proceso de excarcelación" está "ocurriendo desde este mismo momento" y agradeció al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.También al Reino de Catar y "especialmente" a las instituciones del Estado, que -añadió- "atendieron al llamado" de la presidenta encargada de Venezuela, quien ocupa el cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", afirmó Rodríguez, en una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Ademas, aseguró que no se habló con "ningún sector extremista", como suele llamar a los líderes del mayor bloque opositor, al señalar que "ellos son la negación de la política".

"Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución", precisó el jefe del Parlamento, quien reiteró que las excarcelaciones son un "gesto unilateral" del Gobierno.Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos.

Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado en un comunicado la puesta en libertad de estos españoles dentro del "número importante" de personas encarceladas cuya puesta en libertad ha sido anunciada este jueves por las autoridades venezolanas. "El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos", añade la nota de Exteriores, que revela además que el titular del Departamento, José Manuel Albares, ha podido hablar con todos ellos "personalmente". Más tarde, Albares ha confirmado en declaraciones a RNE las identidades de los cinco liberados.

El Ministerio, en contacto con la embajada de España en Caracas, está preparado para prestar toda la asistencia necesaria a los españoles liberados, han añadido estas fuentes, a la espera de la difusión de un comunicado oficial. Entre catorce y veinte españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025. El comunicado remitido por Exteriores recuerda que España mantiene "relaciones fraternales con el pueblo venezolano" y hace hincapié en que "recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".

El pasado mes de mayo el Gobierno confirmó que catorce personas con nacionalidad española permanecían detenidas “arbitrariamente” en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país. En septiembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

El pasado 23 de diciembre, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa a familiares de tres de los españoles presos en Venezuela "sin base legal". Eran las familias de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, dos vascos que fueron arrestados y acusados de planear actos "terroristas" en septiembre de 2024, en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor exiliado Edmundo González. Y también familiares del periodista canario Miguel Moreno Lapena, detenido el pasado junio al interceptar Venezuela el barco de exploración marina en el que viajaba, alegando un comportamiento "muy sospechoso" del mismo. 

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, afirmó este domingo que el principal objetivo de los mediadores en la guerra de la Franja de Gaza, entre los que también se encuentran EE.UU., Egipto y Turquía, es lograr que Washington "impulse a Israel" hacia la segunda fase de la tregua.

"En este momento, nuestro principal objetivo es lograr que Estados Unidos impulse a Israel hacia la fase dos y apoyar el diseño de dicho proceso", dijo Al Ansari en un encuentro con periodistas en los márgenes del Foro de Doha, que terminó este domingo con la participación de numerosos altos cargos internacionales.

El portavoz catarí hizo referencia así a la implementación del plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, cuando Israel y Hamás pactaron un frágil alto el fuego que está siendo violado, especialmente por el Estado judío con ataques recurrentes en Gaza.

Al Ansari denunció que "toda violación del alto el fuego constituye una amenaza para el mismo", en un momento en el que no hay perspectivas para el inicio de la segunda fase del plan, que estipula el desarme del grupo islamista, el despliegue de una fuerza de estabilización internacional o la formación de un gobierno tecnócrata.

"La falta de decisión sobre muchos de estos temas da tiempo para que el alto el fuego se derrumbe. Estamos bastante preocupados, pero creemos en el proceso y en la colaboración con Estados Unidos", aseveró el portavoz, que apuntó que Catar y el resto de los mediadores trabajan "muy de cerca con la Administración Trump para empujar el inicio de la segunda fase".

Al Ansari reconoció que Catar ya suponía que el plan de paz "necesitaría un segundo impulso" tras la implementación de la primera fase, que estipulaba la excarcelación de presos palestinos, la liberación de los rehenes vivos en manos de Hamás y la devolución de los cuerpos de los cautivos muertos, entre otros puntos.

Ya solo queda el cuerpo de un rehén por devolver, algo que el oficial catarí calificó de "milagro" ya que se creía que era algo "casi imposible".

No obstante, afirmó que la preocupación se centra en "las garantías de seguridad" y otros aspectos sobre el terreno, donde se producen "violaciones del alto el fuego casi a diario" y que la ayuda humanitaria "no está llegando según lo acordado".

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 70.354 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.030 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, mientras que 367 han muerto tras la entrada en vigor de la tregua, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

A estas alturas, casi todo el mundo ha oído hablar de la megainversión que los Estados del mundo árabe-musulmán ―especialmente los del Golfo― están destinando a proyectos de enorme envergadura. Desde ciudades futuristas surgidas de la nada hasta estadios y mundiales de fútbol, esta apuesta por los megaproyectos ―entendidos como iniciativas de gran escala y elevada inversión que transforman paisajes urbanos, economías y sociedades― responde a la necesidad de diversificar unas economías altamente dependientes del petróleo. 

Las monarquías y gobiernos regionales buscan, además, atraer inversión extranjera y ganar legitimidad internacional. Y, en buena medida, lo están consiguiendo. A través de la monumentalidad arquitectónica, estos Estados pretenden redefinir su lugar en el sistema internacional. Ya no se presentan como meros exportadores de petróleo, sino como exportadores de modernidad e innovación. 

Arabia Saudí es quizá el ejemplo más paradigmático de esta tendencia regional. El reino lanzó en 2016 la estrategia Visión 2030, un plan que buscaba diversificar su economía ―en 2024, el petróleo representó alrededor del 62% de los ingresos estatales― y reforzar su legitimidad internacional. El megaproyecto urbano NEOM es uno de sus ejemplos más ambiciosos, un complejo futurista donde se encuentran modernidad, lujo y energías renovables. Dentro de NEOM, The Line ―una ciudad lineal de hasta 170 kilómetros sin calles ni coches― concentra la mayor atención mediática, aunque también está Trojena, un complejo de montaña con treinta kilómetros de pistas de esquí, lagos artificiales y residencias exclusivas.

Trojena fue anunciada oficialmente en marzo de 2022, y apenas unos meses después, en octubre, Arabia Saudí ―donde cerca del 95% del territorio es desértico― obtuvo la adjudicación de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. El proyecto y su elección como sede no solo transforman la geografía, sino también la narrativa en torno al papel de Arabia Saudí en el escenario internacional: de ser un país percibido como aislado y socialmente restrictivo, a uno que busca situarse en la vanguardia de la innovación, atrayendo inversión extranjera y posicionándose como un actor internacional confiable. 

No obstante, algunos de estos megaproyectos han comenzado a mostrar signos de agotamiento. El Fondo de Inversión Pública saudí registró en 2024 una depreciación de 8.000 millones de dólares en este tipo de desarrollos, mientras que un informe interno de NEOM revela que el coste estimado del proyecto podría elevarse hasta los casi nueve billones de dólares y su finalización prolongarse más de medio siglo. En Trojena, los costes se habrían duplicado en dos años.

Aun así, la fiebre de los megaproyectos no ha dejado de extenderse por el Golfo, donde Emiratos Árabes Unidos y Catar, entre otros, siguen los pasos del gigante wahabí. En los Emiratos, el Louvre Abu Dhabi —inaugurado en 2017 junto a otros proyectos culturales como el Guggenheim Abu Dhabi— se ha consolidado como símbolo de la apuesta del país por el sector cultural y turístico. Su acuerdo de colaboración con Francia, de treinta años, refuerza una estrategia diplomática orientada a proyectar modernidad, tolerancia y apertura al mundo.

Catar, por su parte, destinó cerca de 200.000 millones de dólares a las obras vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2022​, el torneo más costoso de la historia. La inversión incluyó la construcción de estadios, un sistema de metro, una nueva terminal aeroportuaria y el desarrollo íntegro de la ciudad de Lusail, sede de la final. El evento se concibió como eje de la Qatar National Vision 2030, una estrategia orientada a reducir la dependencia del gas y a reforzar la posición del país como polo regional de innovación y diplomacia deportiva.

Sin embargo, Doha fue objeto de intensas críticas internacionales que revelaron la cara B de los megaproyectos. Informes de Amnesty International, Human Rights Watch y la Organización Internacional del Trabajo documentaron las duras condiciones y la falta de derechos de los trabajadores migrantes encargados de levantar estadios, hoteles y grandes avenidas de mármol. Y aunque las críticas al modelo persisten, el retorno positivo ha sido mayor: contratos millonarios, grandes eventos deportivos y una proyección internacional sin precedentes, razones por las que otros países han decidido seguir el mismo camino. 

En Jordania, el National Water Carrier Project —que incluye una planta para desalinizar agua del Mar Rojo en Aqaba y un acueducto de 450 kilómetros hasta Ammán— producirá cerca de 300 millones de metros cúbicos anuales, con un coste estimado de 3.500 millones de dólares. Irak, por su parte, aspira a consolidarse como corredor estratégico entre Oriente Próximo y Europa con el Gran Puerto de Al-Faw, valorado en unos 17.000 millones de dólares, mientras que Argelia ha anunciado un plan energético y minero de 60.000 millones de dólares hasta 2029 para modernizar su infraestructura y expandir su capacidad de energías renovables.

También en Egipto, la Nueva Capital Administrativa (NAC) está en construcción. Se trata de un megaproyecto urbano que aspira a descongestionar El Cairo. Con torres que rememoran obeliscos y avenidas monumentales, se erige también como la manifestación contemporánea de las ambiciones faraónicas del presidente al-Sisi. Sin embargo, desde el inicio de las obras, la deuda externa de Egipto se ha triplicado, diezmando aún más la ya aquejada economía egipcia. Se estima que el coste de la NAC ronda los más de 58.000 millones de dólares.

Pero si hay un país donde comienzan a verse las grietas en el plan de diversificación y desarrollo económico basado en megaproyectos, ese es Marruecos. Allí, la línea de alta velocidad Al Boraq ha hecho de Marruecos el único país del continente africano con un tren de alta velocidad. A esto se suma la expansión del puerto de Tánger Med, ya consolidado como uno de los mayores núcleos logísticos de África y del Mediterráneo. Además, con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2030, avanzan las obras de renovación de infraestructuras y la construcción de estadios en Casablanca, Rabat, Tánger, Agadir, Fez y Marrakech.

Estas iniciativas reflejan el impulso modernizador que Mohamed VI ha querido imprimir al país, pero también evidencian el contraste con la realidad social de la mayoría. Mientras se renuevan aeropuertos y se construyen estadios, crece el malestar ciudadano ante el deterioro de los servicios públicos, la desigualdad y el desempleo juvenil, que roza el 36%. Como resultado, en los últimos meses miles de jóvenes han salido a las calles de Casablanca, Rabat, Tetuán o Agadir bajo el movimiento Gen Z 212, que denuncia la falta de oportunidades, el aumento del coste de vida y la brecha entre la prosperidad que prometen los grandes proyectos y la precariedad del día a día.

En definitiva, los megaproyectos se han convertido en apuestas para diversificar economías agotadas por la dependencia del petróleo y el gas, pero también en escenarios donde se refuerzan narrativas de modernización, se legitiman los regímenes en el poder y se proyecta una imagen de fuerza hacia el exterior. Países como Catar o Emiratos Árabes Unidos los utilizan como instrumentos diplomáticos, ejerciendo como mediadores en conflictos internacionales, anfitriones de cumbres globales y patrocinadores de iniciativas culturales y deportivas que buscan presentarlos como referentes de un “nuevo Oriente Próximo” moderno, sostenible y confiable.

En buena parte del mundo árabe-musulmán, esa ecuación —grandes obras a cambio de legitimidad— se ha extendido con fuerza, y en este contexto, los megaproyectos ya no son solo inversiones económicas, sino también laboratorios políticos donde se ensaya un nuevo contrato social. El desarrollo urbano y la narrativa visual del progreso se convierten en estrategias para proyectar estabilidad y cohesión, sustituyendo la participación política.

Pero ese nuevo contrato social se sostiene sobre bases frágiles. Tras la monumentalidad persisten desigualdades profundas, modelos laborales precarios y sistemas de gobernanza centralizados que dificultan la redistribución económica. Casos como los de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, los sobrecostes en Arabia Saudí o las recientes protestas en Marruecos han puesto de relieve los límites financieros y humanos de este modelo, que enfrenta desafíos estructurales que amenazan su sostenibilidad.

Los megaproyectos condensan, en última instancia, el paso de la economía del recurso a la del espectáculo. Y aunque aún es pronto para medir su alcance real, algo ya está ocurriendo. La pregunta ahora es qué papel desempeñarán en el futuro económico y político de la región: ¿lograrán sostener las expectativas que han despertado o terminarán revelando sus propias limitaciones? ¿Serán capaces de generar cohesión social o profundizarán las desigualdades que pretenden superar? El tiempo dirá si se consiguen consolidar como motores reales de transformación o si, por el contrario, terminan siendo símbolos de una modernidad tan espectacular como efímera.

__________________

Nahia Varela Molina es especialista en el mundo árabe-musulmán y colaboradora de la Fundación Alternativas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Israel no se anexionará Cisjordania y advirtió de que el país hebreo "perdería el apoyo de EE.UU." si tomase esta decisión, porque el mandatario dio "su palabra a los países árabes" de que esto no sucedería.

"Esto no sucederá", repitió hasta tres veces en una entrevista con la revista Time publicada este jueves, en la que dijo que "eso no puede hacerse ahora", un día después de que el Parlamento israelí aprobase en una primera lectura un proyecto para anexionar Cisjordania.

Trump aseguró también que quiere visitar Gaza "pronto" y adelantó que prevé un inminente relanzamiento de los lazos de Israel con el mundo árabe, a cuyo a liderazgo presionó para aceptar su plan de paz en la Franja, según cuenta en la entrevista. "Bibi, no puedes luchar contra el mundo. Puedes librar batallas individuales, pero el mundo está en tu contra", recordó así el propio Trump sus palabras para convencer al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que respaldara la propuesta, al final de lo que Time describió como un "monólogo repleto de improperios".

El mandatario llegó a sugerir que si Netanyahu no aceptaba el plan y el alto el fuego con Hamás, su alianza histórica terminaría. "Fue una declaración muy directa y contundente a Bibi", confirmó el enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, testigo de la conversación.

El presidente estadounidense también narró cómo el ataque de Israel a los negociadores de Hamás en Catar, a principios de septiembre, complicó los esfuerzos por negociar el fin al conflicto en el enclave palestino. Enfurecido, Trump calificó al bombardeo en Doha de "terrible" y a la decisión de Netanyahu como un "error táctico" que violó la soberanía de la nación catarí, aliado de EE.UU. y mediador junto a Washington de las conversaciones. Sin embargo, para el magnate neoyorquino, esto también presentó una oportunidad para demostrar a los países árabes que la guerra de Gaza podría convertirse en un conflicto regional y asegurar el respaldo a su propuesta de paz.

Su intención de visitar "pronto" el enclave palestino impulsaría los esfuerzos por revitalizar y desarrollar la devastada Franja. El mandatario sugirió que evalúa pedir a Israel la liberación del líder palestino Marwan Barghouti, visto como una figura unificadora que podría sustituir a Mahmud Abás al frente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Después del apoyo masivo a su plan en la Franja, Trump espera lograr para fines de este año su objetivo de ampliar los Acuerdos de Abraham, dirigidos a normalizar las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes y, sobre todo, a lograr la adhesión de Arabia Saudí, actor principal en la región.

La "visión optimista" - según Time- del mandatario se traduce en una mayor integración económica entre los israelíes y los países árabes, que incluya acuerdos de libre comercio, una red energética en Israel y líneas ferroviarias desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, con Trump como centro "esencial" para su cumplimiento.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, aseguró este jueves que la propuesta de ley aprobada por la Knéset sobre anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania es "una maniobra política estúpida" y afirmó tajante: "Cisjordania no va a ser anexionada por Israel".

"Es una maniobra política, es una maniobra política estúpida, y personalmente me siento insultado. Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, la política de la Administración Trump es que Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, esa va a seguir siendo nuestra política", dijo Vance a los periodistas antes de subirse al avión en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv.

El vicepresidente, que aterrizó el martes en Israel para supervisar el plan del alto el fuego en Gaza, aseguró además que se siente ofendido por la decisión de la Knéset: "si quieren hacer votos simbólicos, pueden hacerlo, pero nosotros definitivamente no estamos felices con ello".

El Parlamento israelí aprobó este miércoles en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionar la Cisjordania ocupada, en el primer paso que precede a otras tres votaciones que serán necesarias en la Knéset para convertir este proyecto en ley. La propuesta, que ha sido rechazada por España, Catar, Turquía y otros países, dice: "el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel". Palestina no cuenta con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la ANP, encabezada por Abás.

Si bien en la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60% del territorio) Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo. Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades, prohibiendo a muchos la entrada a Jerusalén (entre otras urbes).

 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij el acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza, informa EFE.

Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo -entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez-, los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

"Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad", dijo Trump acompañado de sus homólogos de Egipto, Catar y Turquía y con el resto de líderes mundiales sentados en butacas ejerciendo de testigos de fondo.

El estadounidense afirmó que ha cerrado numerosos acuerdos antes, pero afirmó que "este ha despegado como un cohete, y lo hizo desde el principio", al tiempo que afirmó: "He escuchado durante años que este es el acuerdo más importante".

"Es el acuerdo más grande y complejo, y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio, y eso no va a ocurrir. De hecho, no queremos que comience en ningún lugar, pero no va a ocurrir. Así que solo quería darles las gracias a todos", dijo.

Poco antes de la firma, Trump aseguró que el documento detalla "muchas normas y regulaciones, y mucho más, es muy completo", al tiempo que recordó que en el pasado se han rubricado numerosos acuerdos en Oriente Medio relacionados con Israel y el grupo palestino Hamás.

"Lo que no se dice es que finalmente, después de, supongo, 3000 años -he oído hablar de 3000 a 500 años-, pero sea lo que sea, es mucho. Pero este fue el único. Fue el más grande de todos, y francamente, pensé que probablemente sería el más difícil, y quizás en muchos sentidos lo fue, pero teníamos mucho talento", añadió.

Trump, que se deshizo en elogios con Al Sisi, Al Thani y Erdogan, afirmó que los mandatarios que le respaldan "son los líderes más grandes, los más poderosos, los más ricos".

"Y esto sucedió porque todos se unieron y querían resolver la situación en Gaza. Querían resolver todo el asunto. Llegó a un punto en que era una locura. Y una vez que se reunieron y empezamos a hablar, todo salió bien", aseguró.

Equipos cataríes continúan este miércoles las "investigaciones de campo" en busca de posibles desaparecidos en el lugar atacado el martes por Israel contra líderes del grupo islamista Hamás en Doha, mientras prepara una respuesta legal a lo que califica como "violación traidora" de su soberanía, según informa EFE.

"Las investigaciones de campo y las operaciones de verificación aún continúan para identificar restos de (posibles) desaparecidos, utilizando técnicas de Identificación de Víctimas de Desastres", dijo el ministerio de Interior catarí esta madrugada en un comunicado.

Indicó que esas operaciones se llevan a cabo por equipos especializados de departamentos como "Evidencia e Información Criminal, Laboratorio Criminal, del Centro de Medicina Forense", y apuntó que "cualquier novedad será anunciada tan pronto como esté disponible".

Las autoridades cataríes y Hamás habían anunciado la muerte de seis personas, cinco de ellas del grupo islamista, incluido el hijo del jefe negociador de la formación palestina, así como un policía catarí, y otros varios resultaron heridos.

El ataque tuvo lugar hacia las 16.00 hora local (11.00 GMT) del martes cuando se escucharon varias explosiones en Doha y se elevó una columna de humo sobre la ciudad, antes de que el Gobierno del país del golfo confirmara se trataba de un ataque israelí contra una reunión de "varios miembros del buró político" de Hamás en un edificio residencial.

El Gobierno de Catar, que media junto con Egipto y Estados Unidos en la guerra de Gaza, calificó el ataque de "traidor" y "terrorismo de Estado", considerando que "no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral", y advirtió que se reserva el derecho de responder con firmeza a esta "agresión flagrante".

El primer ministro del país árabe, Mohamed bin Abdulrahman, en unas declaraciones horas después del ataque aseveró que su país velará por la seguridad de sus habitantes, y que "comenzará una revisión exhaustiva de las políticas y procedimientos para garantizar que estas acciones se disuadan y se evite su repetición".

Anunció, asimismo, que el Gobierno catarí ha formado un "equipo legal (...) para iniciar todas las medidas legales para responder a este ataque deshonesto".

Al Thani, también jefe de la diplomacia catarí, acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "sabotear" los esfuerzos para un acuerdo que permita liberar a los rehenes en manos de Hamás y poner fin a la guerra en Gaza.

En este contexto, destacó que el ataque se produjo mientras la delegación de Hamás debatía "la reciente propuesta estadounidense" para el alto el fuego en Gaza, algo que "la parte israelí sabía", por lo que "lo sucedido (el ataque) es una acción de sabotaje de todos los intentos de lograr la paz en la región".

Abdulrahman aseguró que "ahora, por el ataque, no hay ningún tipo de negociación", si bien enfatizó que su país, pese a todo, no abandonará su papel mediador puesto que "la mediación es parte integral de la política catarí".

"El Estado de Catar continuará desempeñando este papel con firmeza, preocupado por la estabilidad regional y por garantizar la seguridad y el bienestar de su pueblo", afirmó el primer ministro de Catar.

Las Fuerzas Armadas iraníes confirmaron que han lanzado un ataque con misiles contra la base aérea Al Udeid en Catar como represalia por los bombardeos de este domingo contra tres instalaciones nucleares del país persa, recoge EFE.

“La base aérea Al Udeid en Catar ha sido objeto de un fuerte y devastador ataque con misiles”, indicaron las Fuerzas Armadas un comunicado.

El Ejército iraní consideró esta base estadounidense como “su activo más valioso en la región”.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní afirmó que el ataque es “una respuesta al acto agresivo y descarado de los Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán”.

“El número de misiles utilizados en esta exitosa operación fue equivalente al número de bombas que Estados Unidos utilizó en su ataque a las instalaciones nucleares de Irán”, aseguró en un comunicado.

El máximo organismo de seguridad nacional aseguró que el ataque se produjo lejos de “áreas residenciales en Catar” y que no supone un acto peligroso para nuestro país amigo y fraternal, Catar, y su noble pueblo. Además, según la televisión estatal iraní también se han registrado ataques iraníes en bases estadounidenses en Irak.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que Irán no dejará sin respuesta ningún ataque contra su integridad territorial. "La República Islámica de Irán no dejará sin respuesta bajo ninguna circunstancia ningún ataque a su integridad territorial, soberanía y seguridad nacional", dijo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán en un comunicado.

La respuesta iraní llega horas después de que la embajada estadounidense en Catar recomendara a los ciudadanos estadounidenses residentes en el país que se resguardasen en sus hogares "hasta nuevo aviso".

En Irak, el ejército estadounidense cuenta con importantes instalaciones como la base aérea de Erbil, en el Kurdistán iraquí, o la de Al Asad, en la provincia de Anbar, en el centro del país.

Irán había prometido represalias por la operación 'Midnight Hammer', el bombardeo estadounidense sobre sus instalaciones de enriquecimiento de uranio y producción de combustible nuclear en Isfahán, Natanz y Fordó ejecutado el fin de semana.

A su vez, el Parlamento iraní ya pidió el domingo el cierre del estrecho de Ormuz, paso clave para el tránsito de petróleo en Oriente Medio, aunque la decisión final depende del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán

La Casa Blanca está monitoreando los ataques lanzados por Irán sobre la base aérea según dicen los funcionarios de la oficina presidencial de EEUU.

El Pentágono afirmó que no se registraron bajas estadounidenses en el ataque iraní sobre la base aérea estadounidense de Al Udeid.

"Puedo confirmar que la Base Aérea Al Udeid fue atacada hoy con misiles balísticos de corto y medio alcance procedentes de Irán. Hasta el momento no hay informes de bajas estadounidenses. Estamos monitoreando la situación de cerca y proporcionaremos más información a medida que esté disponible", dijo a la prensa un funcionario del Departamento de Defensa.

Otra fuente oficial de seguridad añadió que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) "se defendió con éxito del ataque".

"Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para proteger y defender al personal, socios y aliados de Estados Unidos en la región", recalcó ese segundo representante.

Varias explosiones y ráfagas de proyectiles sacudieron Doha, la capital de Catar, en medio de la respuesta por parte de Irán al ataque estadounidense de la madrugada del domingo contra varias instalaciones del programa nuclear iraní, informó la televisión privada catarí Al Jazeera.

La cadena indicó que hay ráfagas "visibles" sobre Doha, aunque indicó que se desconoce hasta el momento si se trata del sistema de defensa aérea o de misiles apuntando hacia su objetivo, que sería la base aérea de Al Udeid, la base estadounidense más grande de todo Oriente Medio.

El Ministerio de Defensa de Catar afirmó que las defensas aéreas cataríes "interceptaron con éxito" el ataque con misiles dirigido contra la base aérea estadounidense, la mayor de Estados Unidos en Oriente Medio.

"Las defensas aéreas de Catar interceptaron con éxito un ataque con misiles contra la base aérea de Al Udeid", indicó el ministerio en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, en el que añadió que no se han producido muertos ni heridos en el incidente.

Asimismo, el departamento afirmó que el espacio aéreo y el territorio del Estado de Catar "son seguros", y que sus Fuerzas Armadas "están siempre preparadas para hacer frente a cualquier amenaza", al tiempo que recomendó a los ciudadanos y residentes que se informen de lo sucedido a través de fuentes oficiales.

El Ministerio de Exteriores de Catar condenó el ataque con misiles efectuado por la Guardia Revolucionaria de Irán contra la base aérea estadounidense de Al Udeid y afirmó que se reserva el derecho a "responder directamente, de forma proporcional" a esta "flagrante agresión".

"Expresamos la enérgica condena del Estado de Catar al ataque a la base aérea de Al Udeid por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, considerándolo una flagrante violación de la soberanía y el espacio aéreo de Catar", dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari.

"El Ministerio de Defensa emitirá próximamente un comunicado para aclarar las circunstancias del ataque", dijo.

Asimismo, indicó que Al Udeid había sido "evacuada previamente, de acuerdo con las medidas de seguridad y precaución aprobadas, dadas las tensiones en la región".

Estas medidas fueron tomadas para garantizar la seguridad del personal de la base, donde también se encuentran miembros de las Fuerzas Armadas de Catar, "fuerzas aliadas y otros", al tiempo que confirmó que "no se produjeron heridos ni pérdidas humanas como consecuencia del ataque".

"Afirmamos que la continuación de estas acciones militares en escalada socavará la seguridad y la estabilidad en la región y tendrá consecuencias catastróficas para la paz y la seguridad internacionales. Exigimos el cese inmediato de todas las acciones militares y un serio retorno a la mesa de negociaciones y al diálogo", añadió Al Ansari.

El portavoz recordó que Catar fue de los primeros países en advertir de las consecuencias de la "escalada israelí" en Oriente Medio y que siempre ha promovido el diálogo como "única vía para superar las crisis actuales y preservar la seguridad de la región y la paz de sus pueblos".

España ha condenado "tajantemente" el bombardeo de Irán contra bases estadounidenses en Qatar e Irak y el Ministerio de Asuntos Exteriores español recalca que "pone en peligro a toda la región".

En un comunicado difundido por la red social X, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha señalado que este ataque es "un paso más en la escalada militar" y ha hecho una llamada de "contención y de respeto al derecho internacional".

"España reitera su llamada al cese inmediato de la violencia y al retorno a las negociaciones diplomáticas", recalca Exteriores al tiempo que indica que el Gobierno español se mantiene en contacto permanente con los efectivos militares y con los españoles en la región.

El Ejecutivo reitera su compromiso con la estabilidad en Oriente Próximo y afirma que "seguirá trabajando con sus socios por la estabilidad regional".

En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió que termine "la espiral del caos", tras conocerse el ataque iraní contra la base aérea estadounidense de Al Udeid.

"Hago un llamamiento a todas las partes para que se calmen los ánimos, se emprenda una desescalada y se vuelva a la mesa de negociaciones. La espiral del caos debe terminar", aseguró Macron en un mensaje en X.

Un poco antes, durante su visita oficial a Noruega, el presidente francés había denunciado que "no hay un marco de legalidad" para los ataques aéreos estadounidenses del fin de semana, endureciendo así su posición respecto a la administración de Donald Trump.

En su mensaje en las redes, Macron también mostró su solidaridad a Catar, por haber sido "atacado por Irán en su propio suelo", aunque no mencionó Estados Unidos. Al Udeid, en las afueras de Doha, es la mayor base de EEUU en todo Oriente Medio, y alberga a unos 10.000 soldados, que habían sido evacuados previamente.

"Estoy en contacto estrecho con las autoridades del país (Catar) y nuestros socios de la región", agregó el presidente francés, quien detalló este lunes desde Oslo cuál es la posición de su país, tras el bombardeo de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes.

"No hay marco de legalidad para esos ataques, incluso cuando Francia comparte el objetivo de no ver a Irán dotarse del arma nuclear", dijo Macron en una rueda de prensa junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

"Desde el principio, con constancia, hemos considerado que es por la vía diplomática y técnica que se puede lograr" una solución al desafío nuclear iraní, abundó Macron.

En la misma línea,  Marruecos condenó "enérgicamente" el bombardeo de Irán contra la base y manifestó su "plena solidaridad" con Doha.

"El reino de Marruecos condenó enérgicamente el atroz bombardeo que atentó contra la soberanía del hermano Estado de Catar y su espacio aéreo", se lee en un comunicado del Ministerio marroquí de Exteriores.

La misma fuente añadió que Marruecos expresó su "plena solidaridad" con Catar "ante cualquier acto que pueda socavar su seguridad y la tranquilidad de sus ciudadanos".

Por otro lado, varios países árabes de Oriente Medio como, Arabia Saudí, Baréin, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Kuwait condenaron el ataque de Irán y lo calificaron como "inaceptable" y que "no puede justificarse bajo ninguna circunstancia".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles que su Gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Catar a Hamás en Gaza para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina (que administra Cisjordania) divididas, en una rueda de prensa nacional retransmitida en internet, según informa EFE.

"La política que condujo a permitir a Catar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el gabinete de seguridad", dijo sobre la decisión adoptada en 2018. "¿Por qué se hizo? Porque queríamos mantener divididos a Hamás y la ANP", añadió.

Una investigación del servicio interior de inteligencia israelí (Shin Bet) destapó que Catar envió unos 30 millones de dólares mensuales a Gaza y que acababan en manos del brazo armado de Hamás, con el beneplácito de los gobiernos de Netanyahu, que llegó a decir en noviembre de 2023 que las acusaciones de que estaba permitiendo la financiación de los islamistas eran "ridículas".

El taxi espera a Luis Moreno Ocampo con el motor ya en marcha. “¿Conoce el Des Indes?”, le pregunta al conductor. Es un cinco estrellas de La Haya donde se alojó en 2022. El aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, desaparece a sus espaldas. Llama a su antigua asistente. “Joanna, he vuelto”, le dice. “Tuvisteis que prescindir de mí durante un tiempo, pero creo que es hora de volver”.

El taxista mira por el retrovisor. “¿Puedo hacerle una pregunta, señor? ¿Es usted de la Corte Penal Internacional?”. Ocampo responde que durante 10 años fue el fiscal jefe de la Corte Penal de La Haya. “Quería combatir crímenes”. El prestigioso trabajo, procesar a criminales de guerra, convirtió al argentino en uno de los abogados más famosos del mundo. Lo dejó en 2012, pero cuando se trata de la Corte Penal Ocampo todavía usa la forma “nosotros”, según un documental sobre él emitido hace dos años. “Protegemos a la gente», le dice al taxista. “Estoy orgulloso de ello”.

El exfiscal, que ahora tiene 72 años, sigue involucrado al más alto nivel en el ámbito de los derechos humanos. Sólo que ahora entre bastidores, como consultor, para clientes que no quiere revelar.

Desde los Países Bajos, Ocampo se disponía entonces a presentar una demanda contra Qatar por apoyar el terrorismo. Iba a ser la primera vez que se considerara responsable a un país de ello. Países Bajos es el escenario ideal para un proceso internacional, opina. Aquí tiene su red del Tribunal Penal, aquí tiene un nombre. Allí donde Ocampo llama, las puertas se abren. Activistas de derechos humanos, abogados, todos están interesados, incluso honrados cuando se acerca a ellos para defender su causa.

También lo hizo Liesbeth Zegveld. En 2018, Ocampo le pidió una reunión a la famosa abogada de derechos humanos y profesora de reparaciones de guerra en la Universidad de Amsterdam. Zegveld es conocida por haber conseguido numerosas indemnizaciones para víctimas de las guerras.

Poco después, ambos se estrechaban en Ámsterdam.Allí le contó más sobre su plan. Quiere probar en una demanda civil que Qatar transfirió dinero a terroristas de Jabhat Al-Nusra, una organización que causó numerosas víctimas sobre todo al principio de la guerra en Siria. Las transacciones de fondos son demostrables, cree. Una condena supondría una indemnización de decenas de millones que se repartirían entre las víctimas y el financiador que pagara el caso. Quién es, nunca se sabrá. El financiador quiere ocultar su nombre. En los Países Bajos, Ocampo es el único que conoce su identidad.

Para los inversores, estos pleitos son una forma de consegur ingresos. Se llama “financiación de litigios de terceros”. Está en auge en los Países Bajos y el resto de Europa. Por regla general, funciona así: un inversor paga los costes legales de una reclamación. En caso de ganar, el financiador recibe una parte de la indemnización. El modelo más conocido es el de las reclamaciones de daños y perjuicios en casos de consumo. Por ejemplo, los automovilistas que demandaron a Volkswagen en el caso del software manipulado por la compañía automovilística o los propietarios de paneles solares que quieren llevar al Gobierno a los tribunales para cambiar la ley holandesa. Estos financiadores también están apareciendo en casos de derechos humanos. El dinero hace posibles procesos judiciales que de otro modo nunca habrían despegado. El inconveniente es que no siempre está claro qué intereses están detrás de un caso. ¿Se trata de justicia para las víctimas o son un medio para ganar dinero?

Tras conocer a Luis Moreno Ocampo, Liesbeth Zegveld se pone manos a la obra. Para iniciar una causa civil, hay que encontrar vícitmas que puedan actuar como demandantes. Para ello, se contrata a Lourans Issa. Es un intérprete sirio y activista de derechos humanos con una amplia red detrás. Sabe dónde puede encontrar a las personas que son el objetivo: entre los solicitantes de asilo.

En 2018, los sirios de los Países Bajos leen un anuncio en Facebook. Dice que las víctimas de Al-Nusra que quieran una “compensación” pueden presentar una denuncia por correo electrónico. Un empresario sirio de Róterdam lee el mensaje. Apenas puede dormir. Su negocio en Alepo fue saqueado por los rebeldes de Al-Nusra. “Antes de la guerra en Siria, teníamos una casa”, cuenta en una cafetería al periódico holandés NRC, socio de infoLibre en la red de medios EIC (European Investigative Collaborations). “Lo hemos perdido todo”. Aún lleva consigo su tarjeta de visita después de todos estos años. Está amarillenta, pero intacta.

Un sirio de Zoetermeer también ve el mensaje y envía su testimonio por correo electrónico. Escribe que fue torturado por combatientes de Al-Nusra. Tras escapar, luchó por su vida en un hospital turco durante mes y medio. Después de recibir sus correos, los sirios fueron invitados enseguida a entrevistarse con Lourans Issa, dicen. El intérprete sería su único contacto en el caso. “Lourans Issa me dijo que podría recuperar millones de euros”, recuerda el empresario sirio. “Todos mis daños serían compensados”.

Cuando las víctimas sirias oyen hablar de millones, ya no dudan. Aunque, desde el momento en que deciden sumarse al caso, corren peligro. El equipo de Ocampo teme que agentes secretos de Qatar chantajeen o amenacen a los denunciantes sirios. Así que contrata a una empresa de seguridad. “Nos dieron un número de teléfono de contacto”, continúa el empresario sirio. “Si ocurría algo, podíamos llamar. En cinco minutos alguien estaría aquí”.

Ahora que ha encontrado las primeras víctimas, Zegveld está publicitando el caso con una ofensiva mediática internacional. Envía una carta pública al emir de Qatar. En ella le pide que deje de patrocinar el terrorismo y que indemnice a las víctimas. Si el emir no responde en unas semanas, amenaza con presentar una demanda civil contra él en los Países Bajos en nombre de los sirios.

Las amenazas de Zegveld también atraen la atención fuera de los Países Bajos. En abril de 2018, concedió una entrevista de 20 minutos en la cadena estatal saudí Al Arabiya, que fue emitida en todo el mundo árabe. El periodista le pregunta a Zegveld si tiene pruebas de lo que dice. “Sabe, ante todo nos esforzamos por llegar a un acuerdo en este caso", responde Zegveld. "Un proceso judicial prolongado obviamente tampoco beneficia a Qatar".

Así, incluso antes de que se presente la demanda, Zegveld ya está ocupándose de la reputación internacional de Qatar. Lo hace en un momento en que el emirato se está esforzando en ofrecer una imagen más positiva al mundo. Dentro de cuatro años, en 2022, Qatar acogerá la Copa del Mundo de Fútbol, lo que debería aumentar el perfil internacional del Estado del Golfo. Y este caso de financiación del terrorismo amenazaba con atraer la atención internacional.

Para llevar el caso a los tribunales, se necesitan pruebas de que Qatar dio dinero a los terroristas de Al-Nusra. Alguien debe ser capaz de hacer la conexión. Y entonces un sirio da un paso adelante y dice exactamente lo que el equipo de Ocampo quiere oír.

En febrero de 2019, se sienta en primera fila en las oficinas de Amnistía Internacional en Ámsterdam. Vestido con un traje negro clásico con corbata rosa, Majed Al Saleh escucha una conferencia organizada por la Syria Legal Network, un grupo de abogados sirio que trabajan por la justicia internacional. Lourans Issa, el intérprete que está buscando víctimas para Ocampo, habla sobre el escenario sobre la búsqueda de personas desaparecidas. Un tema sobre el que Al Saleh también tiene algo que decir.

“Dijo que era un coronel sirio y que tenía una lista de un millón de nombres de sirios desaparecidos”, explica Hussameddin Shehadeh, presidente de Syria Legal Network (Red Legal Siria). “Lo dijo bastante alto”. Shehadeh no se creyó la historia de Al Saleh. “En la guerra, la gente desaparecía de muchas maneras y de golpe, ¿por qué iba a tener una sola lista?”. Después de la reunión, Al Saleh llama a la junta directiva de la Syria Legal Network y dice que le han ofrecido dinero por la lista de nombres. ¿Qué quiere?, piensa Shehadeh, ¿vender su sospechosa lista? Lourans Issa está interesado en la historia de Majed Al Saleh y le informa sobre la demanda contra Qatar. Y entonces Al Saleh cuenta una historia increíble. Dice que no era un coronel cualquiera, sino que trabajaba para el servicio de inteligencia y, por tanto, tiene información sensible sobre los flujos de dinero de Qatar al grupo terrorista Al-Nusra. Dice incluso que ha participado en las negociaciones y que estaba al tanto de todo.

Issa le presenta entonces a Ocampo, que se convence de que el “ex oficial de inteligencia sirio” puede tener pruebas de “la transferencia de fondos al Frente Al-Nusra”. Al Saleh se convertirá en el testigo clave del caso contra Qatar.

¿Qué hace un fiscal que ha actuado contra los mayores criminales del mundo después de jubilarse? “Ganar dinero”, tal y como le dice Ocampo al entonces jefe de la ONU, Ban KI Moon, en un correo electrónico al despedirse de la Corte Penal Internacional en 2012. El argentino comienza entonces a trabajar en Nueva York como abogado y consultor. En todo el mundo, hay clientes dispuestos a pagar generosamente por su asesoramiento y su red de contactos.

En 2017, correos electrónicos filtrados revelaron cómo operaba Ocampo. Por ejemplo, en una investigación sobre crímenes de guerra en Libia para llevar a sus responsables ante la justicia. Su investigación debería marcar el comienzo de la paz en Libia, dijo en una entrevista con CNN. “Sin justicia, habrá más represalias en Libia y más sangre”. Pero Ocampo es contratado para su trabajo por un multimillonario libio que es parte en el conflicto. Cuando el multimillonario corre el peligro de acabar en el punto de mira del Tribunal Penal, Ocampo intenta protegerlo.

El asunto parece ya olvidado. Cuando la Corte Penal celebra su vigésimo aniversario, en 2022, Ocampo se dirige a los asistentes al acto. Sus sucesores se sientan entre el público, al igual que los expresidentes del tribunal. Ocampo es recibido con aplausos. Jelle Postma también está deseando colaborar con Ocampo. Cuando el argentino le pidió a este antiguo empleado del servicio de inteligencia holandés en 2021 que creara una fundación para ayudar a las víctimas sirias a conseguir una indemnización, a Postma le pareció una buena idea, dice ahora: “Quería hacer algo por las víctimas del terrorismo”. Ocampo firmó una carta de intenciones y pagó el primer mes de alquiler de la oficina de la fundación de Ámsterdam. Pero Jelle Postma oyó hablar tan poco de las víctimas, que al cabo de un tiempo empezó a sospechar. “Tuvimos que pagar a las víctimas, pero en realidad no sabíamos nada sobre el caso”.

En los Países Bajos, la reclamación de daños y perjuicios no acaba de despegar. Poco después de su ofensiva mediática en 2018, Liesbeth Zegveld ya se había retirado del caso. “Desde entonces, he cortado todo contacto con Ocampo”, revela por correo electrónico. “El deber de confidencialidad de los abogados me impide dar más información”. El expediente pasa entonces de abogado en abogado. Ninguno de ellos lleva el caso a los tribunales porque creen que faltan pruebas, explican a NRC bajo condición de anonimato, obligados por su deber de confidencialidad. Según añaden, ni siqueira desde los Países Bajos pueden demandar a Qatar. Los países gozan de inmunidad.

En Londres, en cambio, unos abogados británicos ven una oportunidad. Allí se encuentra una sucursal del Doha Bank, vinculada a la familia real catarí, que podría ser demandada. Ocho refugiados sirios que solicitado asilo en los Países Bajos serán representados por un bufete internacional británico. Su caso se llevará en Londres. Pero para el financiador de la operación eso no es suficiente. También “facilita pruebas” para un caso en Estados Unidos a cambio de una “participación en los beneficios”, revelará más tarde el abogado de los sirios. No dice de qué caso se trata, pero casi simultáneamente en Estados Unidos se inicia un procedimiento contra otro banco catarí que supuestamente hizo un pago a un terrorista del Estado Islámico que decapitó a un periodista estadounidense en Siria.

Pero, según el banco, la declaración en la que se basan los abogados contiene errores ortográficos, el lugar desde el que se transfirió el dinero parece que no existe y falta el número IBAN, que ya era obligatorio entonces. Una falsificación, argumenta el banco. Los abogados retiran sus pruebas y abandonan el caso.

También aparece un extracto bancario en Londres. La defensa del banco catarí empieza a hablar de ello en una de las vistas: se trata de un supuesto recibo de una transferencia a sorprendentemente el mismo terrorista del Estado Islámico que protagoniza el caso fallido en EEUU. Sólo que, esta vez, al terrorista se le había pagado a través del Doha Bank. Pero los abogados de los sirios en Londres tienen más material entre las manos: el testimonio de Majed Al Saleh, quien afirma que dos empresarios qataríes financiaron actividades terroristas a través del banco. Debido a su explosiva declaración, incluso llega a ser amenazado. “Porque sé la verdad sobre su financiación y apoyo ideológico al Frente Al-Nusra en Siria”, informó al tribunal.

En un barrio obrero de Helmond, los vecinos ven de repente a un holandés muy conocido. "Es un tipo realmente agradable", le elogia uno de ellos. Se trata de Ray Klaassens, antiguo mercenario y famoso por aparecer como despiadado instructor jefe en el programa de televisión Kamp Van Koningsbrugge. Klaassens dijo a los residentes locales que se encarga de la seguridad del hombre que vive al final de la calle, Majed Al Saleh. Tiene cámaras de seguridad en la fachada de la casa. Al Saleh ha empezado a conducir recientemente un Mercedes. “Uno de esos grandes”, precisan los vecinos. No les les sorprende; les aseguró que era un coronel importante.

Al Saleh, coronel desertor, así es como se presenta en otros sitios. Al hacerlo, suele enseñar documentos importantes que supuestamente posee. A Ahmad Al Hosain, un profesor fugitivo de Damasco, Al Saleh le ofreció documentos del catastro sirio. “Le pregunté cómo los había conseguido”, cuenta Al Hosain por teléfono. “Porque, que yo sepa, un coronel tiene poco que ver con el registro de la propiedad. Luego me dijo que tenía un contacto en el ministerio en Siria". Al Hosain lo considera “una historia poco creíble”.

Al excomandante sirio Qassem Saadeddine Al Saleh le hizo una propuesta sorprendente. “Majed me envió un mensaje en el que decía que quería sacar a la luz archivos secretos”, explica Saadeddine, que luchó para el Ejército Libre Sirio. “El contenido iba a persuadir a Estados Unidos de atacar a Asad”. Cuando el excomandante viajó a Helmond para ver los archivos, resultó que no estaban allí. Al Saleh le dijo que le habían dado otro importante puesto: se había convertido en el asesor de comunicación de un conocido general desertor, Mohammed Haj Ali.

Haj Ali conoció a Al Saleh en una manifestación en Gemert, en la provincia holandesa de Brabante, donde reside. El antiguo general guarda una sensación extraña del encuentro. “Majed confundió los términos coronel y teniente. Una señal de que miente”, recuerda. Haj Ali también descubrió que Al Saleh se presentaba con diferentes apellidos. En su red del Ejército Libre Sirio, nadie conocía a Majed Al Saleh, asegura. El general rompió el contacto con él.

Un día, aparecieron unas furgonetas de mudanzas en la puerta de la casa de Al Saleh en Helmond. Se mudaba a una espaciosa villa blanca en Maarssen, situada cerca de un lago con 12 casas similares. Los vecinos apenas ven a Al Saleh, algunos ni siquiera saben qué aspecto tiene. Actualmente está montando un lujoso restaurante en el centro de Róterdam. Su socio, que no quiere que su nombre aparezca en los periódicos, está impresionado: Al Saleh lo paga todo de su bolsillo. El alquiler, la reforma. “Al principio, como refugiado, vivía de subsidios. Pero fue como si de repente hubiera abierto un grifo de dinero”.

Desde que Majed al Saleh se convirtió en testigo, miles de euros han sido transferidos a su cuenta, según documentos en posesión de NRC. El principal remitente de esos pagos es una pequeña y desconocida consultora de Ámsterdam-Zuid. El propietario de la agencia está dispuesto a reunirse con los periodistas, a condición de que su nombre no sea mencionado.

En una soleada mañana de febrero, llega a la hora acordada, entra en el restaurante de un centro de negocios de Ámsterdam-Zuid. “Todavía estoy en un chat”, dice el consultor. “Pídeme algo”. Cuando vuelve unos 15 minutos más tarde, deja el teléfono sobre la mesa frente a él y se queda con un auricular puesto. “Todavía tengo que seguir con esta llamada durante un tiempo”.

Dice que conoce a Ocampo de la Corte Penal. Hizo trabajos ocasionales para él. Así es cómo Ocampo llegó a él para pagar a Majed Al Saleh. El consultor redactó un contrato que establecía que Al Saleh se encargaría del “desarrollo de negocios” para él durante tres años en Líbano, Siria y Qatar: “Así es como lo vestí”. El contrato es principalmente una “tapadera”, admite el consultor, para pagar a Al Saleh por su “declaración para la demanda”. “No directamente, sino a través de intermediarios. Ése era mi cometido", continúa. El consultor y otro intermediario le pagan 17.000 euros al mes, según las cuentas a las que ha tenido acceso NCR. No se puede rastrear el origen del dinero, destaca el consultor: “Se transfiere sin que se pueda rastrear a nadie”.

“Quizá hubiera algo moralmente incorrecto en el caso”, reconoce. “Pero también he trabajado para el príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salman", se explaya, "¿es moral todo lo que hago? También conduzco un coche de gasolina”.

Al cabo de un tiempo, según el consultor, Al Saleh empezó a pedir más dinero. “No estaba satisfecho. Así que también le pagué el coche”. ¿El reluciente Mercedes? “Era de segunda mano, eso tampoco le gustó”.

Según Stuart Sime, profesor de la City St George's University de Londres, es obvio que no se debe pagar a los testigos para que declaren. “Sólo pueden recibir una asignación para gastos. Cualquier cosa más allá de eso puede afectar a la veracidad de su testimonio”, sostiene Sime.

Ocampo no respondió a las preguntas de la NRC sobre los pagos. En el juicio contra Qatar, en noviembre de 2024, sí habló de “pagos de seguridad” a Al Saleh, de los que él sería responsable.

“Algo así parece completamente erróneo”, dice Sime. “No hay autorización para pagar a un testigo a través de una estructura opaca. Esto suena más bien a 'te pagamos para que prestes la declaración que necesitamos”.

Si los pagos se hubieran interrumpido al cabo de de dos años, habría recibido medio millón de euros en cumplimiento de su contrato. El consultor no lo considera una “cantidad anormal”. “En el juicio, su declaración podría suponer decenas de millones”. El propósito de la demanda estaba claro para el consultor: “Obtener la mayor compensación posible”. 

El caso contra Qatar estaba diseñado para que no fueran las víctimas, sino el financiador anónimo, quien se beneficiaran más con la reclamación de daños y perjuicios. En un contrato que las víctimas tenían que firmar y al que ha podido acceder NRC, se establece que el financiador se llevará entre el 40% y el 45% de la indemnización final.

La tensión entre los intereses del financiador y los de las víctimas es común en este tipo de casos, revela Stefaan Voet, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Los financiadores de litigios hacen posible que se persigan casos de interés público. “Pero ya se trate de política climática, productos defectuosos o derechos humanos”, dice Voet, “al financiador le preocupa sobre todo una cosa: los beneficios. Es una industria multimillonaria”. A Voet eso no parece importarle. ”Un financiador de litigios asume el riesgo por completo y puede haber algo a cambio”, añade. Pero en las estructuras de financiación, advierte Voet, puede haber riesgo de abuso. En en ese caso, el patrón es: “El financiador crea un caso, recluta a víctimas y encarga el procedimiento a un abogado. La parte contraria se ve presionada y, temiendo por su reputación, estará tentada de poner dinero para cerrar el caso”. De esta forma, las víctimas son utizadas simplemente como llave de acceso a la sala del tribunal, para presionar a la otra parte a llegar a un acuerdo. “Y entonces parece más bien un chantaje”, concluye.

Para evitar estos abusos, Voet establece algunas normas básicas que deben cumplir los financiadores de litigios. “Para que al menos haya transparencia sobre la financiación”.

En el caso de Qatar, el financiador se esconde detrás de empresas interpuestas y terceros. Uno de los contratos al que ha tenido acceso NRC, establece que es Swiss Coleridge quien paga, pero no hay ninguna organización con ese nombre en Suiza. En otros contratos figuran como financiadores pequeñas empresas de Uruguay y del paraíso fiscal de islas Nevis, en el Caribe. Algo inadmisible, critica el profesor Voet, porque así no se puede comprobar qué intereses hay detrás de un caso. “En el de Qatar, por ejemplo, el financiador puede tener vínculos con un Estado rival”. Entre 2017 y 2021 Qatar se vio envuelto en una guerra diplomática con los países árabes vecinos, que se acusan mutuamente de connivencia con los terroristas. “Entonces infligir daños de imagen sería el verdadero objetivo”.

En el otoño de 2022, Qatar tenía previsto albergar la Copa del Mundo de la FIFA. En Londres, el tribunal aún no había juzgado el fondo del caso. La nueva actuación de Ocampo se produjo en junio. Di el paso informando al Relator Especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo. Ocampo explicó que representaba a 17 víctimas. Pregunta al relator si la ONU puede exigir responsabilidades a Qatar. El relator contestó que lo estudiaría.

Cuando comenzó el campeonato el 20 de noviembre, voló hasta el emirato un invitado especial, Luis Moreno Ocampo. Había recibido la invitación de un representante catarí, justo después de acudir a la ONU. En Doha, Ocampo se reúne con abogados que trabajan para Qatar y con los que firmó un contrato. “Fui contratado por Qatar como mediador”, escribe Ocampo en un comunicado en respuesta a preguntas de NRC. Ocampo se compromete contractualmente a resolver todos los casos pendientes contra Qatar.

El contrato, según admitió Ocampo más tarde en su declaración en el juicio de Londres, incluye “pagos mensuales” para sí mismo. También contiene una “gratificación”, que se cobra si se resuelven los casos. Sobre las cantidades, Ocampo no quiso decir nada. Pero un abogado de su equipo sí lo hace: seis millones de dólares (más de 5,5 millones de euros). Lo que da a Ocampo un doble papel. Representa a las víctimas sirias, pero al mismo tiempo tiene un interés financiero personal en un acuerdo con Qatar.

Parece un claro caso de conflicto de interés, mantiene el profesor Stuart Sime. “Un representante no puede actuar para dos partes al mismo tiempo. Cualquier profesional sabe que no puede hacerse. Vayas por donde vayas, siempre perjudicas a una de las dos”.

Tras los acuerdos con Qatar, es imperativo que Ocampo actúe lo más rápidamente posible. Al regresar de su viaje, vuelve a contactar con el relator de la ONU sobre terrorismo. “Dijo que los problemas con el gobierno en cuestión se habían resuelto”, recuerda la entonces relatora Fionnuala Ní Aoláin. “Eso significaba que la denuncia fue eliminada de nuestro sistema de registro de información”, continúa. La ONU retiró la causa contra Qatar.

El testigo clave también se marchó. Al Saleh informó a los abogados de Londres que ya no participaría en el caso. Su testimonio, que de todos modos era deficiente, según dijo a sus abogados, ya no puede utilizarse como prueba. No especifica el motivo de su motivo de su marcha. Ante el tribunal, Ocampo sugirió que Al Saleh se había retirado por motivos económicos. Había oído que Al Saleh había ido a “negociar” con representantes de Qatar para “dar por terminado su testimonio en el proceso”.

Según los abogados del equipo sirio, Al Saleh sucumbió a una “campaña de intimidación”. Citaron ejemplos de supuestas amenazas contra Al Saleh. Con ello los abogados intentaron convencer al tribunal de que Qatar había interferido ilegalmente en el proceso judicial y, por tanto, debía pagar.

Si Al Saleh temía por su vida, su asesor de seguridad debería saberlo. Pero éste se presentó ante el tribunal de Londres con una explicación muy diferente. “No siguió ninguna instrucción de seguridad”, dijo Ray Klaassens por teléfono a NRC. El guardaespaldas comenzó a dudar del caso en plena misión. Una sensación que se reforzó cuando escuchó a Al Saleh hacer “una declaración falsa” a la policía sobre un teléfono supuestamente robado. “En un momento dado dije: estamos tratando con un chiflado. También se lo hice saber al juez en Londres”.

En enero de 2023, cinco años después de que se abriera el caso, las víctimas sirias tienen más noticias. Reciben una invitación de una abogada del equipo de Ocampo y se reúnen en un hotel NH de Ámsterdam. Allí arranca una hoja de un bloc de notas con el logotipo de NH y dibuja cómo será el acuerdo con Qatar. Cada uno recibirá una parte. El financiador. El intermediario. Y las víctimas también, que deben firmar rápido, ahora, inmediatamente, un documento que la abogada trae consigo.

El empresario sirio mira preocupado a su hijo, que habla mucho mejor inglés que él. ¿Lo ha entendido bien? ¿Seguro que esto era lo prometido? Porque recibe una oferta que es sólo una fraccion de los millones que le habían prometido. El empresario piensa en Lourans Issa, que le había advertido de antemano de que podía ser un acuerdo mísero. Así que el empresario, como algunos otros sirios, se negó a firmar.

Lourans Issa hizo a las víctimas una oferta alternativa, cuentan a NRC. “Me dijo: dadme vuestras firmas y me aseguraré de que recibáis vuestros millones”, detalla el empresario sirio. Pero hay una condición: tienen que retirar la demanda contra Qatar.

Los sirios de la provincia holandesa de Drente también recibieron una visita. El 26 de febrero de 2023, Lourans Issa camina con las manos en los bolsillos de sus vaqueros hasta la puerta principal de una vivienda social donde se han reunido cuatro víctimas. Toca el timbre, mira un momento por encima de sus gafas directamente a la cámara del portal. “Pensamos que podría ayudarnos», dice una de las víctimas: “Lourans nos prometió más de dos millones de euros por persona”.

Lourans les aconsejó que fueran rápidos, explican ahora los sirios, porque sus nombres ya se habían filtrado a Qatar. Así que firmaron, al igual que el empresario y el hombre de Zoetermeer. Momentos después, su abogado en Londres recibe una carta de dimisión.

Pero, ¿dónde está el dinero?

Unas semanas después, las víctimas llaman a Issa. “Me dijo: 'Estoy ocupado, no tengo tiempo para ti”, cuenta uno de los sirios de Drente. Cuando meses después seguían sin recibir el dinero, empezaron a darse cuenta. “Issa nos ha estafado”, protesta el empresario sirio. “Él mismo hizo un trato con Qatar y se aseguró de que abandonáramos el caso”.

En 2024, las víctimas enviaron por correo una petición colectiva de ayuda a a su antiguo abogado. En el correo, que se leyó en el tribunal de Londres, escriben que han sido engañados. Explican que cancelaron sus procedimientos por consejo de Issa, porque él les dijo que era necesario para llegar a un acuerdo. “Pero el resultado es muy decepcionante. Seguimos sin tener noticias suyas”.

Issa cuenta a los sirios que tiene cáncer. Ya no contesta al teléfono.

Mientras, Ocampo sigue negociando con Qatar. El estado de esas conversaciones no está claro, ya que se llevan a cabo al margen de los procedimientos judiciales. Ocampo y un abogado, según sus propias declaraciones, dicen que están ofreciendo a Qatar retirar las demandas del financiador a cambio de decenas de millones. Según Ocampo, no se llegará a ningún acuerdo pero la demanda quedará fuera de la discusión. El financiador se retiró en 2024, explica uno de los abogados del caso. El juez cerró el caso. Las víctimas sirias se quedaron sin indemnización.

“Ocampo jugó con nosotros”, acusa una mujer joven con velo sentada en el sofá de un salón de Drente junto a su cuñado, que también es uno de los demandantes en el proceso. “Él sólo ha utilizado nuestras historias en beneficio propio”. El caso le devolvió el trauma a la mujer, que era todavía una adolescente cuando Al-Nusra la secuestró. Desde entonces se despierta con pesadillas “dos o tres veces” a la semana: “Estoy reviviendo la historia”.

Jelle Postma, que debía pagar a los sirios, confirmó que su fundación nunca desembolsó dinero: “El suspendió el dispositivo de seguridad, se retiró el dinero y se cortaron todas las líneas telefónicas. Ocampo dejó a las víctimas con las manos vacías”.

En febrero de 2025, Lourans Issa espera detrás de un gasolinera en un polígono industrial del distrito Bijlmer de Ámsterdam. Pantalones de chándal, el pelo gris peinado hacia atrás. Hace frío, pero Issa quiere pasear. “Necesito fumar”. Está curado. El tumor ha desaparecido sin tratamiento, según los médicos. “Lo llaman un milagro médico”, asegura.

Apenas puede decir nada sobre el caso. “Acuerdos de confidencialidad”. Pero Issa dice que está decepcionado. “Esto empezó como un caso de derechos humanos”, explica. “Y se convirtió en un negocio en el que sólo se trataba de dinero”.

Lourans Issa se echa a reír cuando escucha que las víctimas le acusan de haber sido sobornado por Qatar. “Que lo lo demuestren”. Nada es cierto, dice. Sobre sus contactos con Qatar no quiere hablar en el polígono industrial de Bijlmer. Pero antes, por teléfono, fue más sincero. Que contactase con Qatar como intérprete, lo calificó por teléfono de “normal”. “Todos estábamos en contacto con Qatar. Los abogados estaban en contacto con Qatar, Ocampo estaba en contacto con Qatar, Majed estaba en contacto con Qatar”, enumeró Issa. “Y ahora soy el chico malo que hizo que todo estallara”.

“¡Milord!”, resuena en la lujosa sala del tribunal londinense con paredes recubiertas de roble la mañana del 3 de febrero de 2025. Caros abogados británicos se enfrentan en el Tribunal Real de Justicia en el “caso terrorista de Qatar”, como lo ha bautizado la prensa británica. Han acudido al tribunal en equipos y con carpetas llenas de pruebas.

En la sala se discute quién debe pagar los costes del demanda fallida. Los abogados de los sirios dicen que Qatar ha frustrado el caso, pero los abogados del banco argumentan en sentido contrario. Dicen que el equipo de abogados de lo sirios se equivocó. Llegaron con un testigo clave “poco fiable”, asegura la abogada del banco, que repite su nombre: Majed Al Saleh. También llama a Ocampo el “cerebro” detrás de los procedimientos y advierte de que “todavía tiene muchas preguntas que responder, pero no lo hace”.

A finales de febrero, el juez dictaminó que el equipo legal de las víctimas debía pagar por costas varios millones de dólares. Majed Al Saleh no compareció ante el tribunal de Londres. Tampoco parece sentirse a gusto en el barrio obrero de Helmond donde mantiene su vivienda de alquiler. “Hola”, suena una voz desde el portero automático con vídeo digital. “¡Estoy en el extranjero!”. Sobre el caso judicial, no quiere responder a más preguntas. “¿El problema con Qatar? Eso ya se ha resuelto”.

Israel y Hezbolá han protagonizado este domingo uno de los episodios más intensos de combates desde el comienzo de la guerra de Gaza tras una serie de "ataques preventivos" del Ejército israelí contra el sur de Líbano que no han podido impedir, poco después, el lanzamiento de más de 300 cohetes de las milicias chiíes libanesas contra territorio de Israel, ahora mismo bajo un estado de emergencia militar que se prolongará durante las próximas 48 horas por orden del ministro de Defensa, Yoav Gallant.

El intercambio, que ha dejado al menos un fallecido en Líbano, ha sido prácticamente simultáneo y ha comenzado en torno a las 05.00 de la madrugada (una hora menos en la España peninsular y Balares) cuando más de un centenar de aviones de combate israelíes han atacado varios puntos del sur de Líbano en una operación para destruir centros de lanzamiento de cohetes de Hezbolá que, de acuerdo con el Ejército, iban a ser empleados en un ataque a gran escala contra el centro y el norte de Israel.

Hezbolá lanzó su ataque prácticamente al mismo tiempo que comenzaron los bombardeos israelíes con el despegue de, según el grupo, al menos de 320 cohetes y aviones no tripulados en una operación que la milicia ha descrito como una "primera fase" de represalia en respuesta a la muerte del comandante Fuad Sukr el mes pasado en un ataque aéreo atribuido a Israel en la capital del país, Beirut.

La ofensiva, según Hezbolá, ha ido dirigida contra al menos una docena de posiciones y bases militares israelíes repartidas por la frontera norte de Israel, que ha confirmado en sus radares al menos 210 cohetes y una veintena de aviones no tripulados. Entre sus objetivos principales se encontraba la base de Glilot, cerca de Herzliya, donde tienen su base varias unidades de inteligencia del Ejército y el cuartel general del Mossad, el servicio de Inteligencia exterior de Israel, según evaluaciones israelíes.

En el apartado de víctimas y daños materiales, el Ministerio de Salud libanés ha confirmado hasta ahora al menos un fallecido, identificado como Ayman Kamel Idriss, combatiente del movimiento chií Amal, aliado de Hezbolá, muerto en un bombardeo contra su vehículo en la localidad de Jiam. La organización ha verificado la identidad del fallecido. Quedan pendientes por confirmar otros dos fallecidos en la población de At Tiri.

Por parte israelí, el portavoz internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel, el coronel Nadav Shoshani, ha declarado que el bombardeo de Hezbolá se ha saldado por el momento con "daños mínimos".

Ya en pleno intercambio de disparos, el ministro de Defensa de Israel ha declarado el estado de emergencia militar que concede al Ejército la potestad "dar instrucciones a los ciudadanos de Israel, como limitar las reuniones y cerrar lugares cuando sea relevante".

El aeropuerto internacional Ben Gurion, el más importante del país y ubicado a las afueras de Tel Aviv, ha permanecido cerrado durante unas horas en una medida para proteger el espacio aéreo nacional.

En pleno "ataque preventivo", el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha mantenido una reunión de emergencia con su cúpula de seguridad donde han trazado las líneas maestras de este estado de Emergencia, acompañado de un serio aviso del mandatario: "Estamos decididos a hacer todo lo posible para proteger nuestro país, devolver a los habitantes del norte sanos y salvos a sus hogares y a seguir una regla sencilla: a quien nos haga daño, también se lo haremos nosotros".

Líderes de las comunidades del norte de Israel han vuelto a protestar una vez más por la marginación de la que, denuncian, están siendo objeto por parte del Gobierno israelí. "Israel solo lanza ataques preventivos cuando ve que van a por Tel Aviv", ha lamentado el representante de la comunidad de Shlomi, Matan Davidian. "Mientras, nosotros llevamos diez meses evacuados lejos del hogar, y todavía amenazados por estos ataques", añade en declaraciones recogidas por el 'Times of Israel'.

Por su parte, el primer ministro libanés, Nayib Mikati, ha convocado a las 10.30 horas (hora de Líbano, una menos en España peninsular y Baleares) en su domicilio de Beirut una reunión de urgencia del pleno de su gabinete "tras los acontecimientos de las últimas horas" en una reunión "abierta a todos los ministros que puedan asistir".

Hezbolá, poco después, ha anunciado que su líder y secretario general, Hasán Nasralá, pronunciará un discurso en torno a las 18.00, hora local, en el que presentará sus conclusiones sobre el ataque a Israel.

En una primera reacción internacional, Estados Unidos ha asegurado que "seguirá apoyando el derecho de Israel a defenderse", en palabras del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Sean Savett. Ahora mismo, y "por orden del presidente Joe Biden, altos responsables estadounidenses están en constante comunicación con sus homólogos israelíes" para seguir los acontecimientos mientras Washington mantiene sus esfuerzos para "preservar la estabilidad regional".

Por su parte, la misión de paz de la ONU en Líbano, la FINUL, ha denunciado estos "preocupantes acontecimientos" e instado una vez más a Israel y Hezbolá que cesen las hostilidades y se abstengan "de nuevas acciones que provoquen una escalada de la violencia".

"El único camino sostenible para avanzar es volver a la cesación de las hostilidades, seguida de la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", añade la FINUL, que reitera su compromiso de "mantener los contactos para instar firmemente a que se reduzca" esta mencionada escalada.

Egipto, por su parte, ha vuelto a avisar del enorme peligro que representa la apertura de este frente en Líbano y llama al retorno de la estabilidad en un día importante para las negociaciones de paz en Gaza porque El Cairo está acogiendo una reunión con Estados Unidos, Israel y Qatar, y a la que acudirá una delegación de Hamás aunque sin participar en la conversación, para intentar concretar de una vez por todas un alto el fuego en el enclave palestino.

La insurgencia hutí de Yemen, aliada de Hamás, ha celebrado igualmente un ataque como prolegómeno al que los yemeníes "también lanzarán de manera inevitable" tras esta "operación valiente" contra Israel, informó el canal de televisión portavoz de la milicia yemení, Al Masirah.

El movimiento islamista palestino Hamás ha anunciado este sábado el envío de una delegación a la capital de Egipto, El Cairo, escenario de un momento crítico en las conversaciones para un alto el fuego en Gaza, aunque ha matizado que no tiene intención de participar en el encuentro y se limitará a recibir las conclusiones de las conversaciones, según informa Europa Press.

El anuncio ha sido realizado por el portavoz del politburó del movimiento palestino, Izzat Al Rishq, quien ha concretado que la delegación, encabezada por el vicepresidente del brazo político del movimiento, Jalil al Haya, llegará esta noche a la ciudad para "escuchar los resultados" de las negociaciones.

En las conversaciones están participando Estados Unidos (a través del director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, y del enviado del Consejo de Seguridad Nacional para Oriente Próximo, Brett McGurk) así como Qatar y Egipto, como país anfitrión.

El portavoz de Hamás ha insistido en que el grupo "está preparado para aceptar un acuerdo de paz" basado en las condiciones que anunció el 2 de julio y que se corresponden con la propuesta formulada en público a finales del mes anterior por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastin', próximo al movimiento.

El plan anunciado por Biden para una tregua se desarrolla en torno a tres frases, la primera de las cuales se prolongaría durante seis semanas. En este plazo, las fuerzas israelíes se retirarían de las zonas pobladas de Gaza y se produciría la liberación de varios presos palestinos a cambio de la entrega de rehenes vulnerables.

En una segunda etapa, serían liberados el resto de rehenes, en el marco de un final ya permanente de las hostilidades, mientras que la tercera y última fase consistiría en el inicio de la reconstrucción de la Franja y en la entrega de los cuerpos de los secuestrados ya fallecidos.

No obstante, la presencia futura de Israel en Gaza se ha convertido en un extraordinario obstáculo para las negociaciones, en particular en el llamado corredor Filadelfia de la ciudad de Rafá, situado en el lado palestino de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.

El corredor es el nombre con el que es conocida la franja de tierra de unos 14 kilómetros de largo que recorre la frontera, cuyo lado palestino quedó bajo control de la Autoridad Palestina a partir del 'Plan de desconexión' de 2005 y cuyo lado egipcio quedó bajo control de El Cairo.

El Ministerio de Exteriores de Catar ha confirmado este martes que Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han logrado un acuerdo, gracias a su papel de mediadores, para el suministro de medicamentos a rehenes retenidos en la Franja de Gaza. El portavoz del ministro de Exteriores del país árabe, Majed bin Mohamed al Ansari, ha resaltado en un comunicado que el acuerdo permitirá la entrega de ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza a cambio del suministro de medicamentos para rehenes, según informa Europa Press.

En este sentido, ha explicado que el cargamento con ayuda y medicamentos despegará desde Doha y aterrizará en el aeropuerto de El Arish, en Egipto. Asimismo, ha indicado que Catar continuará con los esfuerzos "con socios regionales e internacionales" para impulsar "asuntos humanitarios" y traslado de material sanitario.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también ha confirmado este martes que Israel ha llegado a un acuerdo con Hamás. "Se espera que dos aviones de la Fuerza Aérea de Catar despeguen hacia Egipto con medicamentos incluidos, comprados en Francia, según una lista elaborada en Israel de acuerdo a las necesidades médicas de los secuestrados", ha indicado en la red social X.

Asimismo, ha detallado que a su llegada el cargamento será trasladado por representantes de Catar al enclave palestino. "El primer ministro Netanyahu quiere transmitir su agradecimiento a todos aquellos que ayudaron durante el proceso", ha agregado.

Eva Kaili, la vicepresidenta del Parlamento Europeo acusada de cobrar sobornos de terceros países, desplegó una frenética actividad de lobby en la sombra durante el mes de noviembre de 2022. El 1 de diciembre estaba previsto que se votara en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) la exención de visados de entrada en el espacio Schengen para los ciudadanos de cuatro países: Qatar, Kuwait, Omán, y Ecuador. Los mensajes de Whatsapp que Kaili envió aquellos días revelan que estaba especialmente interesada en conseguir esa ventaja para Qatar. Para ello aprovechó todos los contactos a su alcance. Según revela la investigación de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre y que se ha basado en documentos confidenciales obtenidos por el diario belga Le Soir, la exvicepresidenta del Parlamento Europeo incluyó en su agenda al menos a cinco eurodiputados españoles, además de a Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores.

El motivo de su elección estriba en que el presidente de la Comisión LIBE es el socialista Juan Fernando López Aguilar y dos de los “ponentes alternativos” de la propuesta eran Javier Zarzalejos, por el grupo de los los populares europeos (PPE), y José Ramón Bauzá, del grupo Renew Europe –liberales, PNV, Ciudadanos, el partido de Macron, entre otros–. Estos son nombrados por cada grupo para hacer el seguimiento de los informes que elabora el ponente principal sobre cada proyecto sometido a debate. Según explica la propia Eurocámara, los ponentes alternativos son “piezas cruciales para fraguar consensos” que permitan aprobar las propuestas. Los informes de la Policía belga a los que ha tenido acceso EIC desvelan que Eva Kaili se reunió el 9 de noviembre de 2022 también con otros dos eurodiputados españoles, los socialistas Javi López y Javier Moreno Sánchez, compañeros de su mismo grupo.

Además, en las investigaciones policiales ha aparecido un sexto español: el asistente de otro eurodiputado socialista, Juan José López Gómez, que viajó a Doha en febrero de 2020 con casi todos los que luego han resultado implicados en el Qatargate para participar en una conferencia sobre redes sociales financiada por el ministro de Trabajo del emirato, Alí Al Marri.

infoLibre ha preguntado a todos ellos por sus contactos con Eva Kaili. Y todos niegan que la eurodiputada griega ejerciera ningún tipo de presión sobre ellos o les influyera sobre la exención de los visados. “La propuesta no lo requería, ya que contaba con una amplia mayoría para salir adelante, como se puso de manifiesto en la votación”, explica Juan Fernando López Aguilar.

En efecto, la exención de visados para Qatar y Kuwait se aprobó en la Comisión LIBE con 42 votos a favor y 16 en contra. Pero hasta ese momento habían surgido algunos obstáculos que inquietaban tanto al Gobierno catarí como a Antonio Panzeri, a Francesco Giorgi, pareja de Eva Kaili, y a la propia vicepresidenta de la Eurocámara, los tres principales integrantes de la “organización criminal” que, según la Policía belga, cobraba sobornos a cambio de hacer lobby en la sombra en Bruselas.

La ejecución de siete personas en Kuwait el 16 de noviembre y la propuesta del grupo Renew de que se concediera la exención a Qatar sólo cuando estuviera operativo el sistema informático Etias –una plataforma informática que permite controles automáticos de antecedentes penales– activan el cabildeo del trío. “Su apoyo [el de Juan Fernando López Aguilar] es necesario, querida, por favor”, suplica a Kaili el embajador de Qatar en Bruselas, Abdulaziz Ahmed Al Malki, en un whatsapp el 29 de noviembre. Al Malki le dice que ha hablado con el eurodiputado español. “Me ha dicho que votarán a favor de nuestros visados el jueves 1 de diciembre”, le cuenta.

Fernández Aguilar niega a este periódico que compartiera con el embajador catarí cuál iba a ser el voto del grupo de los socialistas europeos en la comisión. También que Al Maliki le pidiera su apoyo. Y enmarca su conversación con el catarí en la normalidad parlamentaria. “Es común que los embajadores de estos países [los candidatos a la exención de visados] se interesen por el estado de las negociaciones y soliciten reuniones con el equipo negociador y con el presidente [de la comisión]”, detalla el eurodiputado socialista, quien asegura que esas reuniones son “debidamente incluidas en el Registro de Transparencia y son abiertas en una sala de protocolo". "Los servicios del Parlamento son también informados”, añade.

A Fernández Aguilar también le parece “normal” que Eva Kaili se interesara por las negociaciones para eximir de visados a Kuwait y Qatar, ya que era la encargada de las relaciones con la Península Arábiga. La víspera de que Al Maliki pidiera a Kaili el apoyo del presidente de la Comisión LIBE, ella envía a este último un mensaje que quiere que le haga llegar al ponente alternativo de los socialistas, el italiano Pietro Bartolo. Eva Kaili pretende que éste convenza a su vez a la socialista alemana Birgit Sippel para que incluya una moratoria sobre la pena de muerte en Kuwait e impedir así que las ejecuciones en ese emirato contagien a Qatar. “Sé que él [Bartolo] te respeta (mucho más que a Sippel)”, elogia al español.

Fernández Aguilar niega a infoLibre que le reenviara a Bartolo el mensaje tal y como ella quería. “Aparentemente”, precisa sobre la intermediación solicitada por Eva Kaili, “era una expresión de interés en el seguimiento del procedimiento legislativo de la exención de visados”.

Aunque al eurodiputado español el interés de su compañera griega no le resultó, según dice, inusual ni insistente, sí apunta que Eva Kaili votó el 1 de diciembre en la comisión, sustituyendo a otros parlamentarios ausentes, sin haberlo comunicado previamente al portavoz del grupo socialista. Es una práctica habitual que unos eurodiputados sustituyan a otros de su mismo grupo en estas votaciones, aunque no pertenezcan a la comisión encargada. Pero deben comunicarlo antes. De hecho, hubo un voto de más en el grupo socialista: el de Eva Kaili, por lo que uno de los eurodiputados tuvo que retirar su papeleta para que el recuento fuera correcto. 

Kaili no comunicó su asistencia, pese a que debía de conocer perfectamente el procedimiento: el mismo día 1 de diciembre le pidió a otro español, José Ramón Bauzá, que acudiera a la comisión ese día. Cuando el eurodiputado de Ciudadanos le recuerda que él no es miembro de LIBE, Kaili le insiste: “Aun así puedes votar. Si alguien se ausenta”. “Sí, estoy en ello”, le responde Bauzá, que fue presidente del Gobierno de Baleares por el PP entre 2011 y 2015 antes de pasar al partido naranja.

Pero, finalmente, Bauzá no fue a la votación. A preguntas de infoLibre, responde que se encontraba en el Foro Mundial de Turismo, en Riad, la capital saudí. Una información que no dio a Eva Kaili. En la misma conversación de Whatsapp, la exvicepresidenta le recuerda que Renew, el grupo de Bauzá, va a votar en contra de conceder la exención de visados. Y el español le indica que Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión LIBE y también de Ciudadanos, votará a favor. “He hablado con ella”, le dice. Bauzá asegura que no lo hizo “para incidir en su voto”. “Y nunca tuve intención de hacerlo ni de sustituirla […] Además, ya conocía previamente su posición porque la había anunciado con anterioridad”, añade. Si mencionó a Pagazaurtundúa, fue “debido a la insistencia” de Kaili –le pregunta dos veces si va a reemplazar a otro diputado en la votación–, “pero no se produjo ninguna gestión”.

También para Bauzá, no obstante, las conversaciones de esos días con la eurodiputada griega forman parte de la “práctica parlamentaria habitual”. “En ningún momento me resultó extraño que me escribiera a mí para comentar un asunto de Qatar o Kuwait”, destaca. José Ramón Bauzá pertenece a la Comisión de Relaciones con la Península Arábiga y preside el Grupo de Amistad de Qatar y la UE, que el propio eurodiputado suspendió en cuanto estalló el escándalo hace un año. Dice que en ese momento también rompió relaciones con el emirato.

En cualquier caso, los mensajes de Bauzá con Kaili traslucen su apoyo sin fisuras a la exención de los visados para Qatar. Cuando la parlamentaria griega le expone que Renew va a votar a favor de una resolución de condena al emirato por la violación de los derechos humanos con motivo del Mundial de Fútbol –“Tu grupo ha destruido nuestras relaciones con el Golfo”, le recrimina–, Bauzá le responde: “¡¡¡¡Es terrible!!!”. Le asegura que está en plena “batalla interna” con su propio grupo.

Y cuando, finalmente, el 1 de diciembre se aprueba la exención de visados y Kaili le guasapea un “lo conseguimos”, el español no disimula su satisfacción: “¡¡¡¡Sí!!!! ¡¡¡Por fin lo conseguimos!!!”. Bauzá explica que ésa es su forma habitual de expresarse por escrito, “con muchos signos de exclamación”, no una muestra de entusiasmo por el resultado de la votación.

Eva Kaili también tuvo en el alcance de su radar al eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, a quien pide que “movilice” a los populares europeos para asegurarse el rechazo a la propuesta de condena a Qatar que ha presentado el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE). Zarzalejos le da la razón: “Lo haremos, no debería salir adelante esa resolución. Algunos van a poner en el mismo saco a Kuwait, Qatar, la Copa del Mundo y las ejecuciones”, protesta. En su informe, la Policía belga llama la atención sobre el hecho de que el eurodiputado popular mantenga informada a Kaili de la postura de su grupo durante los días previos a la votación sobre los visados, pese a que Zarzalejos pertenece a otro partido y no comparte ninguna comisión ni delegación con la vicepresidenta griega.

El 30 de noviembre, Kaili le dice al eurodiputado del PP que “necesita” que las enmiendas de Renew sean rechazadas para conseguir que la exención de visas a Qatar sea concedida “lo más pronto posible” –exigir la implantación del sistema Etias podía suponer un retraso de años para disfrutar de esa ventaja–. Ella lo presenta como una sugerencia: “En caso de que quieras enviar un correo o hacer recomendaciones claras a tu grupo…”. Zarzalejos le contesta que el PPE rechazará todas las enmiendas y se lo garantiza con el argumento de que es él quien está “al cargo de la lista de votación” de su grupo: “Lo haré”. 

infoLibre ha preguntado al eurodiputado del PP por estas conversaciones y si Kaili intentó influir en él sobre este asunto, pero Javier Zarzalejos no ha contestado a ninguna cuestión relacionada con Qatar. El político popular fue quien presentó una iniciativa para incluir a Ecuador en el “paquete” de países candidatos a la exención de visados, junto con Kuwait y Omán. Tanto el país latinoamericano como el sultanato quedaron finalmente fuera del documento aprobado.

No obstante, el PP, y Zarzalejos en particular, siguen “trabajando” a favor de la eliminación de los visados para los ecuatorianos. De hecho, el expresidente del país Guillermo Lasso se reunió el pasado julio en Bruselas con el eurodiputado popular para impulsar la hasta ahora fallida propuesta. Al poco de estallar el escándalo del Qatargate, Zarzalejos salió al rescate de Ecuador cuando la comisaria de Interior, la socialista sueca Ylva Johansson, advirtió de que el país latinoamericano no estaba “aún preparado” para beneficiarse de la exención de visados. El español tildó de “desafortunadas” las declaraciones de Johansson. “Ecuador no tiene nada que ver con países donde no existe pluralismo político y elecciones libres”, señaló en una entrevista con el periódico ecuatoriano Expreso.

La exoneración de visados es una vieja demanda de Ecuador, que no la consiguió al tiempo que sus vecinos Colombia y Perú, en 2016. Las relaciones entre el PP y Guillermo Lasso también son antiguas, anteriores incluso a la llegada del conservador a la presidencia en 2021. De hecho, forma parte desde hace más de una década de la red de influencias que el expresidente José María Aznar ha tejido en América Latina en torno a la Fundación FAES. Javier Zarzalejos lleva vinculado a ella desde 2004 y es su director desde 2017.

Según explica el eurodiputado, la inclusión de Ecuador en la propuesta sobre los visados fue fruto de un acuerdo con los socialistas y de un compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el Ejecutivo ecuatoriano. Zarzalejos, que niega cualquier relación con Francesco Giorgi y Antonio Panzeri, coincide con sus compañeros de escaño en que el intercambio de opiniones e información sobre estos asuntos es “perfectamente normal”.

Tal y como muestran los informes policiales, Eva Kaili habló con los eurodiputados socialistas Javi López y Javier Moreno Sánchez el 9 de noviembre de 2022. Son algunas de las personas que menciona Francesco Giorgi a su jefe, Antonio Panzeri, como parte de la agenda que Eva Kaili va a poner en marcha ese día. Pero antes de que los contacte, Panzeri quiere dictarle a su asistente lo que la exvicepresidenta debe decirles no sólo a los dos españoles, sino también al presidente de LIBE, Juan Fernando López Aguilar, y al eurodiputado conservador alemán David McAllister. Tanto en sus respuestas a la Policía como a EIC, Eva Kaili siempre ha negado que fuera “teledirigida” por su pareja o por Panzeri. Giorgi, precisa, sólo le daba “consejos”.

Javi López indica a infoLibre que, en efecto, Kaili le preguntó sobre su postura sobre la exoneración de visados para Qatar, un debate que el español dijo desconocer porque no formaba parte de la Comisión LIBE. Por el contrario, Javier Moreno asegura que en su conversación Kaili no le habló en ningún momento de Qatar y que, si votó a favor de la exención, fue porque ésa era la posición de su grupo.

Juan José López Gómez es el asistente del eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos. López Gómez formó parte de un grupo de Whatsapp bautizado como “Doha” que incluía además de a Eva Kaili y a su pareja, Francesco Giorgi, a los eurodiputados Marc Tarabella y Alessandra Moretti, así como a la asistente de esta última, Francesca Garbagnati, todos ellos implicados en el Qatargate, y a los asesores griegos Ionnis Dalmas y Dimitris Zacharias.

Ese grupo se formó con ocasión del viaje que todos ellos hicieron en febrero de 2020 a la capital catarí para participar en una Conferencia Internacional sobre Redes Sociales. Cuando los investigadores belgas preguntaron a Eva Kaili por “Juanjo Spain”, el nombre con el que Juan José López aparecía en el grupo de Whatsapp, la eurodiputada griega aseguró que había “colaborado personalmente” con él en el pasado y que era amigo de Francesco Giorgi. “Prefiero no responder a cuestiones de carácter estrictamente personal”, responde a infoLibre Juan José López, quien con Kaili dice mantener “en lo profesional la relación habitual con una diputada que era compañera del mismo grupo político” y conocer a Panzeri de su tiempo en el Parlamento Europeo.

Sobre el viaje a Doha, explica que fue invitado por el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, que entonces presidía Alí Al Marri, el actual ministro de Trabajo. Fue ese comité el que pagó el viaje y la estancia de la misión europea, explica.

Pero las maniobras de Eva Kaili en favor de Qatar comenzaron muchos meses antes y picaron mucho más alto. El 20 de abril envió una carta a Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, sobre la exención de visados para Kuwait y Qatar. En ella, tras enumerar los argumentos por los que, a su juicio, debería concederse tal beneficio a esas dos autocracias del Golfo, Kaili le solicita “una actualización oficial sobre este asunto” e incluso le “insta” a “acelerar los procedimientos necesarios” para otorgárselo “lo antes posible”.

“La celebración de un acuerdo de exención de visado con Kuwait y Qatar en estos tiempos difíciles no sólo mostraría coherencia con la intención de la UE de reforzar su cooperación con la región del Golfo, sino que también permitiría a esos países aumentar aún más su apertura e interconexión con la UE y sus Estados miembros”, sostiene. Eva Kaili envió la misma carta, el mismo día, al vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas, responsable de los asuntos de migración, y a Ylva Johansson, comisaria de Asuntos de Interior. Siete días después, la Comisión Europea aprobó la exención propuesta para Kuwait y Qatar.

Sin embargo, los tres comisarios niegan que la carta “influyera en modo alguno en la decisión del Ejecutivo europeo”. “En ese momento, la propuesta ya se encontraba concluida y en proceso de adopción estándar", sostiene el portavoz de Josep Borrell en su respuesta a infoLibre.

Una de las líneas de defensa de Eva Kaili subraya que ella no hacía más que cumplir con un plan de cooperación con Kuwait y Omán que habían puesto en marcha Borrell y Johansson en 2019. También mantiene que su posición sobre Qatar estaba alineada con la política oficial de la UE en esta materia. “No entendemos a qué plan de cooperación se refiere”, responde el portavoz de Borrell.

En un mensaje de Whatsapp del 17 de noviembre de 2022, Kaili le advierted a Javier Zarzalejos de que, si se aprueba la propuesta de resolución del Grupo de la Izquierda Europea contra Qatar, será “un desastre para Borrell”. El portavoz del alto representante de la UE ha rechazado “comentar conversaciones privadas” ni quiere ”especular sobre las interpretaciones o motivaciones de sus autores”. Y recalca que ni la Comisión Europea ni el Servicio Europeo de Acción Exterior (EAAS) ni el alto representante para Asuntos Exteriores ”tienen voz ni voto en los procesos del Parlamento Europeo, que es una institución completamente independiente”.

Parte del dinero sospechoso que la exvicepresidenta del Parlamento europeo Eva Kaili y su pareja, Francesco Giorgi, recibieron de Qatar, Marruecos y Mauritania lo blanquearon invirtiéndolo en efectivo para comprar un piso en el número 6 de la calle Wiertzstraat, en Ixelles (Bruselas). Eso es lo que ha revelado la investigación judicial. Aún no está del todo claro cuál fue la cantidad exacta. Durante un registro efectuado el pasado 31 de mayo en Gante a la vendedora del piso, los investigadores encontraron 80.000 euros en efectivo. Así consta en la información a los que ha tenido acceso el periódico flamenco De Standaard, en colaboración con la red European Investigative Collaborations (EIC), a partir de documentos compartidos por el diario belga Le Soir. infoLibre publica este trabajo en exclusiva en España.

Pero quizás los 80.000 euros sólo eran una parte del dinero recibido. Según los cálculos de la Policía belga, Giorgi pagó al menos 100.000 euros en dinero negro por la compra del apartamento. Esa sería la mayor cantidad de dinero que los investigadores han podido rastrear procedente de Qatar, Marruecos y Mauritania y que el matrimonio Kaili-Giorgi invirtió ilegalmente. Ambos están acusados de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal por el escándalo conocido como Qatargate, que provocó una conmoción sin precedentes en la Unión Europea.

Francesco Giorgi tenía un problema de liquidez. Pero no como los que suelen padecer los ciudadanos de a pie. El del asistente parlamentario italiano era blanquear el dinero en efectivo que había recibido a lo largo de los años por su trabajo para el exeurodiputado Antonio Panzeri. Cuando durante el interrogatorio al que fue sometido el 13 de diciembre de 2022 confesó haber recibido dinero de Qatar y Marruecos, lo detalló: “Había 600.000 euros en mi casa. Los he estado ahorrando desde 2019. Pero no he podido utilizarlos porque la norma europea [para pagos en efectivo] marca un límite de 3.000 euros. Me encuentro en una situación paradójica. Tengo mucho dinero, pero no sé qué hacer con él”.

Giorgi se equivocó sobre la cantidad que había acumulado, porque guardaba más de 600.000 euros en su piso, según la investigación. Cuando la Policía detuvo al padre de Eva Kaili en un hotel de Bruselas el 9 de diciembre de 2022, llevaba 720.800 euros en una maleta, que había sacado del piso de su hija una hora antes. Kaili le había hecho salir de la vivienda con la maleta al enterarse de que su marido había sido detenido.

En ese piso, donde Kaili y Giorgi vivían con su hija pequeña, los investigadores encontraron entonces otros 157.555 euros. Por tanto, el total en el piso de Eva Kaili y Francesco Giorgi sumba 878.355 euros en efectivo.

En el momento de la detención, el matrimonio Kaili aún no vivía en el dúplex que habían comprado a una mujer de Gante el 13 de octubre de 2022, poco menos de dos meses antes de que estallara el Qatargate. El nuevo piso estaba situado en el número 6 de la calle Wiertz, en el mismo edificio que otro piso más pequeño, en el portal número 4, donde vivían Giorgi y Kaili en el momento de la detención.

El precio de venta del dúplex era de 650.000 euros. Los investigadores descubrieron que Giorgi depositó 65.000 euros de fianza en la cuenta del notario antes de la compra, el 31 de agosto. El resto se pagó mediante transferencias de dinero procedentes de la cuenta separada de Eva Kaili y Francesco Giorgi, y de un préstamo bancario. Pero todo parece indicar que, además de esa cantidad, se pagó un mínimo de 80.000 euros en efectivo. Así, Kaili y Giorgi abonaron un mínimo de 730.000 euros a la vendedora.

Durante su interrogatorio del 13 de diciembre de 2022, en el que se le preguntó por la compra, Giorgi no habló del dinero en efectivo utilizado para adquirir el piso. Según explicó, todo se pagó legalmente con facturas y con un préstamo. Eva Kaili, sin embargo, había contado a la policía una versión diferente tres días antes. Según ella, parte del dinero en efectivo que los investigadores habían encontrado en el piso era dinero que su marido había pedido prestado para comprar el apartamento. Cuando le preguntaron de dónde procedía ese dinero, Eva Kaili respondió: “Yo no puedo explicarlo, pero mi marido sí”.

De que Giorgi pagó parte de la compra en efectivo no hay ninguna duda. Porque lo que el asistente parlamentario no sabía es que en el momento en que estaba gestionando la compra del dúplex, en septiembre de 2022, su teléfono ya había sido pinchado por el VSSE, el servicio secreto belga. Y en esas conversaciones telefónicas se escucha claramente cómo Francesco Giorgi presiona para que parte de la compra se abone en metálico.

El 2 de septiembre, entre las 8.20 y las 9.15, Francesco Giorgi llama a la propietaria del dúplex. “Entonces, K., podemos vernos mañana en mi casa. Podemos hablar en persona a las nueve, tomando un buen café. Solucionamos todas estas cosas y luego vamos juntos al notario, a las 9.30, está al lado. Creo que en la plaza de Luxemburgo”. El VSSE concluye: “Es más que probable que Giorgi pagara al contado una parte del dinero para comprar un piso. Probablemente serán unos 100.000 euros. El 70% lo pagará al firmar la escritura”.

Cuando habla con Giorgi, la vendedora duda de que vaya a cumplir su palabra. Pero el asistente parlamentario la tranquiliza: “¿Puedo decirle otra cosa? También [hay que tener en cuenta] la posición de Eva, que es una persona políticamente expuesta. No podemos meter la pata, entrando en un caso judicial o cosas así. Preferimos hacer las cosas bien. Y creo que contigo han ido muy bien hasta ahora”.

No está claro si Eva Kaili estaba presente en la reunión en la que su marido y la vendedora hablaron del pago del dinero negro ese 3 de septiembre. Tampoco se sabe con certeza si Giorgi y Kaili fueron interrogados más a fondo por la policía sobre la venta. Lo que sí es cierto es que 80.000 euros de la venta del piso el 31 de mayo se encontraron en casa de la vendedora. A día de hoy, esa cantidad parece ser el elemento más evidente de cómo Giorgi –¿y Kaili?– blanquearon el dinero de los sobornos.

En la entrevista que Eva Kaili concedió a EIC, dio la siguiente respuesta a las preguntas sobre la compra del apartamento: “La Policía no me ha preguntado al respecto y no lo he visto en el expediente, por lo que no puedo hacer ningún comentario al respecto. Pago todo desde mi cuenta bancaria. Pago todo con mi salario. No tengo cuentas bancarias en Panamá, Chipre o Suiza. La Policía controla todo tres veces”. Además, aseguró que no estuvo presente en la primera firma del dúplex. “Pedí un préstamo para la casa. Francesco tenía dinero en nuestra casa y tenía su salario […] Pero no hablaré sobre la defensa de otra persona”.

Esa persona es su pareja, Francesco Giorgi, que no ha querido responder a las preguntas que le ha hecho llegar EIC. Cuando la red de medios de investigación se puso en contacto con K. S., la mujer que vendió el apartamento, respondió únicamente que “prefería no reaccionar”.

Las fotos de los fajos de billetes dieron la vuelta al mundo. Hace un año, el 9 de diciembre de 2022, agentes de la policía belga de la oficina central anticorrupción se incautaron de 878.355 euros en efectivo en el domicilio de la vicepresidenta socialdemócrata del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili, y del asistente parlamentario italiano Francesco Giorgi. Tras la detención de Giorgi por la mañana, su pareja hizo un intento desesperado por ocultar la mayor parte del dinero: Eva Kaili metió 720.000 euros en billetes de 50 euros en una maleta, con pañales y un biberón, y luego confió el paquete a su padre, que estaba de visita en Bruselas para pasar tiempo con su nieta de 21 meses. La policía descubrió el plan, se incautó de la maleta y registró el apartamento de la pareja en Bruselas. Los agentes encontraron otros 157.555 euros en efectivo, en su mayor parte guardados en dos bolsas de viaje. Eva Kaili fue detenida, así como Antonio Panzeri, exeurodiputado socialista italiano, de quien Giorgi ha sido ayudante. Los agentes descubrieron 669.950 euros en metálico en casa de Panzeri.

Poco después, los tres fueron acusados de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Había estallado el Qatargate, que provocó una conmoción sin precedentes en la Unión Europea.

Antonio Panzeri –que obtuvo la condición de arrepentido al colaborar a cambio de una reducción de pena– y Francesco Giorgi confesaron enseguida que estaban implicados en operaciones de lobby en la sombra, e incluso de corrupción, en las instituciones europeas por cuenta de Qatar, Marruecos y Mauritania, que les habían pagado varios millones de euros, principalmente en metálico. Panzeri acusó a Eva Kaili de haber recibido 250.000 euros en efectivo tras supuestamente llegar a acuerdo con funcionarios cataríes a principios de 2019 para cobrar sobornos. Ella lo niega rotundamente.

La eurodiputada, despojada de su vicepresidencia y vetada por su grupo político, pasó cuatro meses en prisión preventiva. Desde su liberación, Eva Kaili ha proclamado su inocencia en la prensa. Declaró a la policía anticorrupción belga que no sabía nada: ni del origen extranjero del dinero en efectivo almacenado en su domicilio, ni del tráfico de influencias llevadas a cabo por su pareja junto con Panzeri. Pero tras un año de investigación, la justicia belga ha reunido numerosas pruebas que contradicen la defensa de Eva Kaili y “confirman su pertenencia en la organización criminal Panzeri/Giorgi/Kaili”, según consta en un informe policial. Es lo que revela una investigación de la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en documentos confidenciales obtenidos por el diario belga Le Soir.

Por ejemplo, un mensaje de Eva Kaili de noviembre de 2020 describe a Francesco Giorgi como “asesor de confianza de varios gobiernos”, señal de que Eva Kaili estaba informada de las actividades paralelas de su pareja. “Que yo sepa, su única actividad es el Parlamento Europeo”, replicó a EIC.

Uno de los antiguos asistentes de la exvicepresidenta del Parlamento europeo declaró a la policía que, cuando se trataba de Oriente Próximo, Eva Kaili se dejaba guiar a distancia por su compañero: “Para todo lo que se refería a la política de los países del Golfo, me pedía que solicitara la opinión de Francesco Giorgi, y teníamos que seguir [sus] instrucciones. [...] Giorgi venía al despacho hasta tres o cuatro veces al día. [...] A veces, cuando Giorgi no estaba, Kaili le telefoneaba en mi presencia para saber qué debía decir, hacer o votar”. “No sigo las instrucciones de nadie”, rechaza ella. 

La justicia belga ha podido rastrear una impresionante operación de lobby: la exención de visados para Qatar, en la que Kaili trabajó con ahínco. Los mensajes del teléfono de Eva Kaili muestran que seguía las instrucciones del dúo Panzeri/Giorgi, en estrecha relación con funcionarios cataríes de muy alto nivel, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores –y actual primer ministro– Mohamed Al Thani, y el titular de Trabajo, Alí Al Marri. Estos mensajes revelan también el turbio papel desempeñado por otras personalidades europeas. También por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët.

Durante dos interrogatorios, en marzo y abril, Kaili negó a la policía haber sido teledirigida. Dijo que se había limitado a seguir “la línea política oficial de la UE” y que había actuado únicamente en función de sus convicciones políticas y de los intereses de los ciudadanos europeos.

La exvicepresidenta concedió una entrevista en vídeo a EIC, pero en el último momento no dio su aprobación definitiva para publicarla. Por su parte, Marc Uyttendaele y Laurent Kennes, abogados de Antonio Panzeri, han rechazado hacer ningún comentario alegando que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. El abogado de Francesco Giorgi no ha respondido a las preguntas que le ha enviado EIC.

La historia arranca en 2018, cuando comenzó la colaboración entre Antonio Panzeri, entonces presidente de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, su asistente parlamentario Francesco Giorgi y su nuevo cliente: el doctor Alí Al Marri, actual ministro de Trabajo de Qatar, que en aquel momento era presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos y el cerebro de la presunta corrupción y de los pagos en efectivo.

A finales de 2018, Al Marri hizo un primer encargo a Panzeri: conseguir que la Unión Europea concediera a los nacionales cataríes el derecho a entrar en el espacio Schengen sin visado. Para Qatar, es una cuestión de prestigio y honor: el único país del Golfo que se beneficia de esa ventaja es uno de sus grandes enemigos, Emiratos Árabes Unidos, que desde 2017 orquestó junto a Arabia Saudí un bloqueo contra los cataríes. Qatar quiere corregir ese inconveniente.

En varios informes a su cliente catarí, Francesco Giorgi describió los detalles de la operación, incluidas las reuniones celebradas con las personalidades a las que querían influir. Un “plan de acción” elaborado en 2020 indica que el “objetivo” es obtener la exención de visados “antes del Mundial de 2022”.

En otro documento, Giorgi explica que había que apuntar hacia Grecia, porque en materia de visados, “principalmente los griegos ocupan puestos clave” en “el proceso de toma de decisiones de la UE”. Para lograr su misión, el dúo Panzeri/Giorgi pudo haber recurrido, según detalla la policía, a una “conexión griega” formada por Eva Kaili, el actual vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, así como un hombre clave: Dimitris Avramopoulos, quien fue hasta 2019 comisario de Migración y, por tanto, responsable de los visados.

En aquel momento, la solicitud de Qatar ni siquiera podía ser examinada por la Comisión Europea: debido en particular a la situación de los derechos humanos en el emirato.

El problema se resuelve rápidamente. El dúo de lobistas organiza una primera reunión entre Dimitris Avramopoulos y Ali Al Marri el 12 de marzo de 2019 en Estrasburgo, y luego una segunda con el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed Al Thani, el 26 de septiembre de 2019 en Nueva York. Según un informe escrito por Giorgi, “Qatar fue retirado de la lista negra” por la Comisión unas semanas más tarde, gracias a un “informe positivo” elaborado por Dimitris Avramopoulos. Preguntada al respecto por EIC, la Comisión Europa se niega a comentar sobre el informe positivo supuestamente escrito por Avramopoulos.  “No existe una lista negra de países que no pueden ser considerados para la exención de visa”, añadió un portavoz. 

El 29 de octubre de 2019, el ministro de Asuntos Exteriores catarí envió al comisario griego una carta efusiva: “Me gustaría reiterar mi sincero agradecimiento por su comprensión de los retos de Qatar y su disposición a asesorar a nuestro gobierno, especialmente en lo que respecta a la inclusión de Qatar en la lista Schengen de exención de visados”.

En diciembre de 2019, Dimitris Avramopoulos dejó la Comisión. Antonio Panzeri, que acababa de perder su mandato como eurodiputado, parece que le convenció inmediatamente para que trabajara para él. Eva Kaili declaró a la policía que, desde principios de 2020, “Panzeri quería colocar a Avramopoulos en Fight Impunity”, la ONG que había creado el italiano para servir de fachada a sus actividades de lobby y sospechosa de haber sido financiada de forma encubierta por Qatar.

El fichaje bien pudo haberse producido en febrero de 2020, durante un viaje con todos los gastos pagados a Doha, la capital de Qatar, para participar en una conferencia sobre redes sociales financiada por Alí Al Marri. Entre los invitados del doctor están Kaili y Avramopoulos, el eurodiputado belga Marc Tarabella –ahora imputado por corrupción en el Qatargate–, así como el dúo Panzeri/Giorgi. Es el asistente parlamentario italiano quien gestiona la logística, desde las visitas a los estadios hasta las cenas en el lujoso restaurante Yasmine Palace. Otro de los invitados es un español, Juan José López Gómez, asistente del eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor.

Poco después de regresar de Doha, Dimitris Avramopoulos comienza sus gestiones sobre los visados. El objetivo: convencer a su sucesora sueca, la nueva comisaria de Migración, Ylva Johansson. Para aumentar las posibilidades de éxito de Qatar, el dúo Panzeri/Giorgi sugiere presentar un “paquete” de solicitantes con otros dos países del Golfo, Kuwait y Omán”.

El 20 de febrero de 2020, Mohamed Al Thani, ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, escribe a Avramopoulos que tiene problemas con “la sueca”. “Tengo algunas ideas. Tenemos que hablar”, respondió el excomisario, quien transmite el intercambio a Eva Kaili.

El 3 de marzo de 2020, Avramopoulos informa a la eurodiputada de que se reunirá con Ylva Johansson 48 horas después. El día de la cita, Eva Kaili le recuerda lo que debe pedir: “Paquete Kuwait Omán Qatar”. “Hecho”, responde Avramopoulos. “No es lobby, es política”, rebate Eva Kaili sobre este intercambio, a preguntas de EIC. “Cuando estamos convencidos de que algo es beneficioso para los ciudadanos, debemos hacerlo”, añade.

Este episodio es tanto más problemático para Avramopoulos cuanto que, como a todos los antiguos comisarios, se le había prohibido hacer tareas de lobby sobre la Comisión durante dos años.

¿Fue recompensado por ello? En febrero de 2021, en cuanto la Comisión Europea validó su fichaje por Fight Impunity, Avramopoulos se convirtió en el único miembro remunerado del consejo de administración de la ONG fundada por Antonio Panzeri. Recibió unos 5.000 euros al mes antes de impuestos, desde febrero de 2021 hasta febrero de 2022, aunque “no hacía mucho” trabajo para la ONG, según declaró el secretario de Fight Impunity a la Policía belga.

Preguntado al respecto por EIC, Avramopoulos se ha negado a comentar los hechos e incluso amenazó con emprender acciones legales. Responde que no tiene “nada que ver” con esta historia y que siempre ha “actuado en estricto cumplimiento de las normas de la Unión Europea, siguiendo la línea y los procedimientos europeos”. El portavoz de Ylva Johansson, por su parte, precisa que la reunión que mantuvo con el excomisario griego fue sólo un “encuentro de cortesía”, donde no se habló del “paquete Kuwait Omán Qatar” y Avramopoulos “no proporcionó tal información”.

A principios de octubre de 2020, Francesco Giorgi escribió un documento a la atención del eurodiputado belga Marc Tarabella. Se trata de un plan de acción para la próxima reunión de la Delegación del Parlamento Europeo con los países de la Península Arábiga (DARP): “Durante el debate, Eva propondrá nombrar a un eurodiputado que se encargue de seguir la cuestión de los visados en las instituciones [de la UE], y tú ofrecerás tu disponibilidad”.

“No estoy teledirigida”, respondió Eva Kaili cuando la policía le presentó este documento, afirmando que su compañero sólo le daba “consejos”. Por su parte, Francesco Giorgi escribió, en una nota destinada a preparar su defensa legal, que el plan finalmente no se ejecutó, porque el presidente de la DARP atribuyó de forma espontánea la responsabilidad de los visados a Tarabella. Su abogado lo confirma, y añade que el eurodiputado belga “no fue dirigido en modo alguno por el dúo Panzeri/Giorgi” ni recibió dinero o regalos.

Durante 2020 y 2021, el cabildeo continuó. Según los informes de actividad elaborados por Giorgi para Qatar, Kaili presionó sobre los visados al jefe de unidad del Departamento de Asuntos Internos y Migración de la Comisión, el griego Dimitris Giotakos. El dúo Panzeri/Giorgi menciona también reuniones con el vicepresidente de la Comisión Margaritis Schinas, así como con varios miembros del Gobierno griego, entre ellos el primer ministro, Kyriákos Mitsotakis. Lo que habría permitido “eliminar cualquier resistencia de Grecia”.

Pero tras más de tres años de trabajos de lobby, la Comisión aún no había dado la luz verde. El 22 de abril de 2022, Eva Kaili, ahora ya vicepresidenta del Parlamento Europeo, puso toda la carne en el asador. Envió la misma carta a tres hombres clave de la Comisión: el Alto Representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell; la comisaria de Migración, Ylva Johansson, y su superior jerárquico, el vicepresidente Margaritis Schinas. “Les insto a que aceleren los procedimientos necesarios para conceder la exención de visado de la UE a Kuwait y Qatar lo antes posible”, escribió Kaili. En un informe redactado por su compañero Giorgi, se afirma que este triple envío de cartas es una de las actividades llevadas a cabo por el dúo de lobistas a favor de Qatar.

Una semana después de las cartas de Kaili, la propuesta de exención para Kuwait y Qatar fue aprobada por la Comisión Europea. Pero, según ha contestado a EIC el portavoz de Borrell, la carta enviada por Kaili “no influyó en modo alguno en la decisión de la Comisión. En ese momento, la propuesta ya se encontraba concluida y en proceso de adopción estándar”. El Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, le dio la luz verde a finales de junio. Sólo quedaba convencer a los eurodiputados.

En enero de 2022, Eva Kaili fue elegida vicepresidenta del Parlamento. El día 25, pidió por WhatsApp a la presidenta maltesa Roberta Metsola atribuciones –derechos humanos, Oriente Próximo– “vinculadas a las estrategias de la organización Panzeri/Giorgi”, anotó la policía. “No tengo conflictos ni declaraciones controvertidas”, argumenta ante Metsola. Kaili consigue ser la adjunta de la presidenta para las actividades relacionadas con Oriente Próximo, lo que la convierte en una figura clave en la región. Y se lo agradece efusivamente a Roberta Metsola: “Espero no habértelo puesto difícil. ¡Me has dado todo lo que más quería!”.

Según declaró Kaili a la policía, Roberta Metsola también le dio la responsabilidad sobre la regulación de los visados en abril de 2022. Pero el portavoz de la presidenta lo desmiente: “No la nombró para ese puesto”.

La ofensiva de seducción de Eva Kaili aumenta en intensidad cuatro meses después: organiza las vacaciones de la presidenta del Parlamento Europeo en Grecia. “En cuatro días te cuento los detalles para Atenas”, le escribe el 1 de agosto. “Genial, deseando que llegue”, le responde Metsola.

“¿Tú, tu marido y cuatro chicos? ¿O más? Las entradas y un guía os esperan a las 18.00 en el Museo de la Acrópolis”, guasapea Eva Kaili a Metsola el 8 de agosto. También invitó a cenar a la presidenta y a sus siete compañeros de vacaciones en un “restaurante de primera”: “No tienes que encargarte de nada, sólo envíame el número de personas”. “Todo fue increíble. Gracias”, le escribe Roberta Metsola a Kaili unos días después. A preguntas de EIC, el portavoz de la presidenta del Parlamento Europeo asegura que, como su objetivo es mantener “excelentes relaciones” con los eurodiputados, “no es anormal” mantener “conversaciones privadas sobre vacaciones personales”.

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2022, Eva Kaili hace una visita relámpago a Qatar y Kuwait, durante la cual se habla mucho de la propuesta de exención de visados. En Doha se reúne con Alí Al Marri, el ministro de Trabajo, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Al Thani. “El primer ministro me envió un regalo de la FIFA. O se lo agradecemos [ahora], o se lo agradecemos en la próxima votación”, dice Eva Kaili al embajador de la UE en Qatar. Según sus declaraciones a la policía, fue durante este viaje cuando se encontró por primera vez con Gianni Infantino, presidente de la FIFA y organizador de la Copa del Mundo de Fútbol.

Once días después, Eva Kaili ofrece una invitación para el Mundial de Qatar al jefe de gabinete de Roberta Metsola. Éste declina cortésmente: “Hola Eva, Roberta lo ha consultado con el servicio jurídico y tenemos que ser muy prudentes [...]. Así que, sin perjuicio del futuro, de momento no lo haré”. Pero la negativa no disuade a Kaili de hacer la misma propuesta al día siguiente a Roberta Metsola: “¡Mi querida presidenta! Espero que te encuentres bien, tengo que pasarte una invitación para el Mundial, ¿te interesaría a ti o a tu marido e hijos?". Roberta Metsola dice que la rechazó.

Al ser interrogada por la policía, Eva Kaili indicó que fue Gianni Infantino quien le proporcionó esas invitaciones. “La FIFA y su presidente nunca ofrecen regalos a través de terceros”, afirma un portavoz del organismo a EIC.

Tras obtener la luz verde de la Comisión y del Consejo de la UE, el dúo Giorgi/Panzeri debe ahora desplegar su tarea de lobby en el Parlamento Europeo. El 9 de noviembre de 2022, ambos elaboran una lista de cuatro eurodiputados influyentes en la materia, con los que Kaili debe reunirse. Pero, al día siguiente, Antonio Panzeri, que evidentemente ha estado en el Parlamento, se da cuenta de que Kaili ha hablado con una “chica holandesa” que no figuraba en la lista. Llama a Giorgi para darle sus instrucciones: “Tu novia [...] se ha excedido. [...] Sería conveniente decirle que pare”.

Al ser interrogada por la policía, Eva Kaili negó estar bajo las órdenes del dúo. Según les dijo, el comentario de Panzeri no era más que “humor inapropiado”.

Pero hay noticias importantes: el 14 de noviembre, el ministro de Trabajo catarí, Alí Al Marri, cliente del dúo Panzeri/Giorgi, va a dar un discurso ante el Parlamento Europeo. La víspera, Francesco Giorgi y Eva Kaili se reunieron con él en secreto en el Steigenberger Wilcher's, un palacio de Bruselas. Las imágenes de videovigilancia les muestran entrando en la suite 412, con su hija de un año y medio en el cochecito. Un cuarto de hora después de su salida, Giorgi volvió para una segunda entrevista con Al Marri, esta vez acompañado por Antonio Panzeri.

Al día siguiente, el doctor defendió a Qatar ante los eurodiputados de la Comisión de Derechos Humanos, en una sesión que, según la policía, Antonio Panzeri y sus amigos habían preparado en gran medida para que fuera lo más favorable posible a Qatar.

Pero un día después empiezan los problemas. El 15 de noviembre, los eurodiputados proponen votar una resolución condenando, justo antes de la inauguración del Mundial, las violaciones de los derechos humanos en Qatar, en particular la situación de los trabajadores inmigrantes. Y, sólo un día más tarde, Kuwait ejecuta a siete condenados a muerte, lo que amenaza con hacer descarrilar la adopción del texto sobre los visados de entrada en el espacio Schengen.

El 20 de noviembre de 2022, Eva Kaili es invitada a Qatar, con todos los gastos pagados, para asistir al partido inaugural de la Copa del Mundo. No se trata de un viaje oficial: declaró a la policía que había sido invitada, no como vicepresidenta del Parlamento Europeo, sino “a título personal”, por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El organismo lo confirma. Kaili no declaró esta invitación al Parlamento, a pesar de que es obligatorio.

Pero Eva Kaili no está en Qatar para relajarse. El dúo Panzeri/Giorgi le ha encomendado una misión: arreglar la situación con su cliente Alí Al Marri, con quien acaba de surgir un problema. En cualquier caso, la eurodiputada tiene un objetivo más importante: Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión encargado de “promover el modo de vida europeo” y superior jerárquico de la comisaria de Migración, Ylva Johansson. Margaritis Schinas también fue invitado a Doha a ver el partido.

Qatar cuenta con Schinas para resolver un gran problema. Cuando el Consejo de la UE aprobó la exención de visados, introdujo una enmienda para que la medida sólo se aplicara cuando estuviera operativo el sistema Etias. Se trata de una plataforma informática que permitirá realizar controles automáticos –antecedentes penales, por ejemplo– de los nacionales de países exentos de visado que quieran entrar en el espacio Schengen. “El Consejo solicitó esta condicionalidad del Etias por razones de seguridad, ya que se sospecha de la proximidad de Qatar con movimientos islamistas radicales”, explica a EIC una fuente bien informada.

Qatar quiere acabar con esta enmienda, que retrasaría varios años su exención de visado –el Etias aún no está operativo a día de hoy–. Si el texto es votado por el Parlamento, la versión definitiva del reglamento se decide mediante un “trílogo”, la negociación final entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE.

Ese 20 de noviembre en Doha, Eva Kaili habló de los visados con Margaritis Schinas. Después se reunieron con Alí Al Marri y el ministro de Asuntos Exteriores catarí, no está claro si juntos o por separado. A las 5.39 horas, poco antes de estas reuniones, Eva Kaili escribió a un asesor de Al Marri para decirle que “el ministro de Asuntos Exteriores está contento”: “Puede que sea el vicepresidente Schinas quien negocie los visados. Así que pídele que esté presente en los trílogos. Para detener completamente el Etias. [...] En lugar de Ylva Johanson”.

A las 10.30 horas, el compañero de Eva Kaili, Francesco Giorgi transmite exactamente el mismo mensaje, con este detalle adicional: Margaritis Schinas “es el único que puede hacer frente a la fuerte presión del Consejo sobre el Etias”. En otras palabras, el vicepresidente de la Comisión parece haber aceptado sustituir a su subordinado en una negociación crucial, para servir a los intereses de Qatar.

Durante el mismo viaje a Doha, Margaritis Schinas publicó dos tuits entusiastas, elogiando los “considerables avances” de Qatar en materia de legislación laboral y sus “constructivas” reuniones con los dos ministros cataríes. En la primavera de 2022, ya había publicado tres tuits alabando el proyecto de exención de visados.

En sus informes de actividad, Giorgi y Panzeri afirman que consiguieron cabildear con Schninas sobre el asunto tres veces en 2020 y 2021, a través de “asesores de confianza”. Por el contrario, un portavoz del vicepresidente griego niega que ésta conozca o se haya reunido “nunca ni con el señor Panzeri ni con el señor Giorgi“. Y añade tajante que “por tanto, nunca ha discutido ningún tema con ninguno de ellos“.

Esa misma noche del 20 de noviembre de 2022, Eva Kaili asistió al partido inaugural del Mundial en el palco VVIP (Very Very Important People) reservado a las más altas personalidades, según escribió, muy asombrada, en una nota encontrada en su teléfono. Cuenta que pudo charlar, entre otros, con el emir de Qatar Tamim Al Thani y con el príncipe heredero saudí Mohamed Ben Salman, la estrella del fútbol David Beckham y el príncipe de Jordania.

Tras el partido, se organizó una cena en uno de los hoteles donde se alojaba la delegación de la FIFA. Gianni Infantino estaba sentado con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, y dos de sus colaboradores. Eva Kaili se unió a ellos y les pidió que intercedieran ante Emmanuel Macron para pedir a los eurodiputados de su partido que cambiaran de postura y votaran en contra de la resolución de condena a Qatar.

“[Durante el partido en Doha] Me pasé dos horas con Infantino [...], el presidente de la Copa de Francia y dos franceses, intentando parar mañana el discurso y la propuesta de resolución de Loiseau. Les volví locos”, cuenta Eva Kaili en su nota. Según ha podido saber EIC, Noël Le Graët aceptó encargarse de ello y confió la tarea a su director de Relaciones Institucionales, Erwan Le Prevost, también presente en la cena. “Me pidieron que informara al Elíseo de la posición de madame Kaili”, confirma Le Prevost a Mediapart. Pero Noël Le Graet niega haber hablado con Eva Kaili aquella noche.

Al día siguiente, el 21 de noviembre, Kaili vuelve a Estrasburgo para el debate sobre la resolución. En el hemiciclo, aboga a favor de Qatar. “Ya han conseguido lo imposible”, concluye. Pero el Parlamento aprueba votar una resolución sobre el asunto. El siguiente paso es redactar el texto y votarlo el 24 de noviembre. “Renew nos está matando”, se queja Eva Kaili a un eurodiputado.

El 23 de noviembre, a las 12.59, la víspera de la votación, Erwan Le Prevost pide a Eva Kaili el texto de la resolución. A las 16.24, el lobista de la FFF le envía un segundo mensaje: “Voy a mantener una importante llamada telefónica con el secretario general de Macron [Alexis Kohler] dentro de 15 minutos. ¿Qué debo preguntarle sobre el texto?”. Kaili quiere que el Elíseo transmita las siguientes instrucciones: votar la resolución, pero rechazar el apartado A, que denuncia la situación de los “trabajadores migrantes” y el hecho de que Qatar haya obtenido la Copa del Mundo “en un contexto de acusaciones creíbles de soborno y corrupción”.

Erwan le Prevost afirma que no se trataba de un ejercicio de lobby, sino de una simple “transmisión de información”. Explica que no se puso en contacto con el secretario general, sino con el asesor deportivo de Emmanuel Macron, Cyril Mourin. “Me dijo que esa vía no era la adecuada, que la vía diplomática era la normal. Que yo sepa, no se ha tomado ninguna otra medida”, apunta Le Prevost. La táctica de presión sobre el Elíseo no funcionó. “Ni el Elíseo ni ningún ministerio francés se pusieron en contacto conmigo para hablar de Qatar”, confirma Nathalie Loiseau a Mediapart.

Por el contrario, sí recuerda que Eva Kaili le envió “una decena de mensajes de WhatsApp” para criticarla por haber apoyado la resolución. “Básicamente me dijo: ‘Pero qué idea, no lo entiendo, Qatar es ejemplar en la región”, revela Nathalie Loiseau. “Luego me aseguró que el problema en términos de legislación laboral no venía de Qatar, sino de las empresas, y que, si realmente queríamos dar visibilidad al asunto, las empresas francesas podrían verse expuestas. Era un poco como una amenaza”.

Los mensajes del teléfono de Eva Kaili demuestran que seguía instrucciones del embajador de Qatar ante la UE. “Hola Eva. Por favor, haz todo lo posible para eliminar esto [la resolución]. He recibido una llamada de Palacio. Están muy enfadados por esto, la FIFA y Qatar. Cuento contigo para que llames a Roberta Metsola”, le escribe Abdulaziz Al Malki el 23 de noviembre a las 16.02.

En realidad, Eva Kaili se anticipó a los deseos del embajador, escribiendo una hora antes a la presidenta del Parlamento Europeo. Pero más tarde borró todos los mensajes de la conversación, excepto uno: “Con el resto tampoco estoy de acuerdo, pero creo que lo digerirán si conseguimos [la exención de] los visados”, aseguró a Metsola.

El 24 de noviembre, día de la votación de la resolución, el embajador catarí mantuvo la presión. “Hola, Eva. Querida, [...] Mi gobierno no quiere el párrafo A bajo ningún concepto. Por favor, retíralo mediante la votación”, escribe Abdulaziz Al Malki. Kaili borró su respuesta, pero parece estar de acuerdo. “Gracias, excelencia”, responde el embajador.

La vicepresidenta griega se esforzó por convencer a varios eurodiputados. Pero en vano. El Parlamento aprobó la resolución, con el apartado A, y con el apoyo de Renew. Al ser interrogada por la policía, Eva Kaili respondió que votó a favor de la resolución contra Qatar. En realidad, como revela Décoders du Monde , Eva Kaili sólo votó a favor de los párrafos a favor del emirato: se abstuvo o votó en contra de los párrafos más críticos.

Quedaba por librar la principal batalla, la de los visados. El texto debía ser aprobado primero por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) antes de una segunda votación en sesión plenaria. “Esto es lo más importante”, escribe Eva Kaili al director de Relaciones Institucionales de la Federación de Fútbol francesa el 23 de noviembre, pidiéndole que transmita el mensaje a la mano derecha de Emmanuel Macron: debe “apoyar la votación de los visados”.

Al día siguiente, el embajador catarí en Bruselas presiona a la vicepresidenta del Parlamento: “Esto aliviaría la presión sobre nosotros tras la resolución de hoy. Cuento contigo, querida Eva”. El resultado es aún incierto, porque en la recta final han surgido dos grandes problemas.

El 16 de noviembre, Kuwait ejecutó a siete condenados a muerte, justo durante la visita al país de Margaritis Schinas, el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del expediente de los visados. “Sacaremos todas las consecuencias”, reaccionó Schinas en un airado tuit.

Para Qatar, es una catástrofe. Como el reglamento sobre visados es un “paquete” que incluye a varios países, es difícil eliminar a Kuwait sin cargarse todo el texto. Así que el emirato presiona a sus agentes Antonio Panzeri y Francesco Giorgi. Pero Eva Kaili tranquiliza a su compañero: “Qatar debe mantener la calma”, le escribe, precisando que llamará a un eurodiputado influyente. Kaili comienza entonces a presionar al ponente y los “ponentes alternativos” de la propuesta, los eurodiputados responsables del texto en los diferentes grupos políticos. “No debemos castigar a Omán y Qatar por lo que hizo Kuwait”, implora.

Tras muchas discusiones, la vicepresidenta del Parlamento acabó encontrando una solución: Kuwait permanece en el texto, pero sólo tendrá exención de visado si adopta una moratoria sobre la pena de muerte. Esto “salvaguardaría el expediente [para una votación el] 1 de diciembre”, escribió Eva Kaili el 28 de noviembre al presidente de la Comisión LIBE, el socialista español Juan Fernando López Aguilar.

El segundo obstáculo vino, una vez más, del grupo Renew, que presentó enmiendas destinadas a introducir en el texto una modificación ya adoptada por el Consejo de la UE: conceder la exención sólo cuando el sistema informático Etias esté operativo. Lo que equivalía a hacer esperar a Qatar varios años.

De modo que Eva Kaili vuelve a la carga. Solicita una reunión con la eurodiputada sueca Abir Al Sahlani, responsable del texto del grupo Renew, diciéndole que quiere hablarle de los niños víctimas de la represión en Irán. “Durante 25 minutos, Eva Kaili sólo habló de Qatar y de por qué ese país debería disfrutar de la liberalización de los visados. Me molestó mucho. Toda la reunión no fue más que una emboscada”, declaró Abir Al Sahlani a la revista Politico.

El 30 de noviembre, la víspera de la votación, Eva Kaili, que pertenece al grupo socialista, se dirigió al eurodiputado español Javier Zarzalejos, ponente alternativo del grupo de los Populares Europeos (PPE): “Tenemos que ceñirnos a la línea y rechazar definitivamente, como se ha sugerido, las enmiendas de Renew” que introducían la cláusula del Etias. “Las rechazaremos todas. Yo me encargo de la lista de votación del PPE. Lo haré”, acepta Zarzalejos.

El 1 de diciembre, día de la votación en la Comisión LIBE, Eva Kaili insta al grupo de los socialistas europeos a asegurarse de que no falte ni un voto. Ella misma acude, aunque no es miembro de la comisión, por si es necesario sustituir a algún eurodiputado ausente. Al final de la votación hubo un voto de más en el grupo socialista: el de Eva Kaili. Uno de los eurodiputados socialistas tuvo que retirar su papeleta para que el recuento fuera correcto. En cualquier caso, el texto fue aprobado, principalmente gracias a los votos socialistas y conservadores. Todos los eurodiputados de Renew votaron en contra menos uno: la española Maite Pagazaurtundúa.

Antonio Panzeri y Francesco Giorgi se atribuyen el mérito de los esfuerzos de Kaili para conseguir el voto: “[Hemos neutralizado] varios intentos de frenar el proceso, con el Etias y la moratoria sobre la pena de muerte tras las ejecuciones en Kuwait”, presumen en un informe destinado a Qatar .

Cuando fue interrogada por la policía, Eva Kaili negó haber sido dirigida distancia por el dúo Giorgi/Panzeri: “Me pidieron información, pero fui [yo] quien les pidió consejo. […] Tienen un buen conocimiento de la región de Oriente Próximo y el norte de África. […] Mi especialización es la tecnología y no conozco lo suficiente la cartografía de la región”.

Cuatro años antes, los dos italianos habían prometido a su cliente catarí que tendría la exención de visados para la fecha de celebración del Mundial de Fútbol. Y estuvieron a punto de cumplir su palabra: la votación final en el pleno del Europarlamento está prevista para el 13 de diciembre de 2022, cinco días antes de la final.

Pero no contaban con la intervención de la justicia belga. Desde el 9 de diciembre, Panzeri y Giorgi, así como Eva Kaili, fueron detenidos por la policía. Estallaba el escándalo.

El 12 de diciembre, el Parlamento Europeo destituyó a Eva Kaili de su vicepresidencia. Tres días después, los eurodiputados votaron una resolución que suspendía los trabajos sobre todos los textos susceptibles de haber resultado contaminados por la presunta corrupción, incluido el relativo a los visados. La suspensión sigue aún en vigor.

Eva Kaili fue interrogada durante horas por la policía en la primavera de este año sobre el episodio de los visados. La eurodiputada griega aseguró que apoyaba a Qatar y a los demás países afectados porque ésa era “la línea política oficial de la UE” y de la presidenta del Parlamento. Según Kaili, Metsola prometió a los países interesados que el texto se aprobaría rápidamente. “No fue Panzeri quien diseñó esa política”, añadió. Kaili cree que lo ocurrido con los visados fue una simple coincidencia: en aquel momento “coincidieron” su “misión, la política europea y lo que le interesaba a Panzeri”.

Eva Kaili ha optado por defenderse atacando a los magistrados encargados del caso, al que rebautizó como “BelgiumGate”. Para Eva Kaili, el verdadero escándalo es el modo en que fue maltratada por la justicia belga, a la que acusa de parcialidad y de haberlos presionado a ella y a su pareja. El pasado mes de septiembre interpuso un recurso para intentar que se anulara el procedimiento, al considerar que se había levantado ilegalmente su inmunidad parlamentaria.

La eurodiputada griega debe defenderse en un segundo frente judicial: el fiscal europeo sospecha que también es culpable de malversación de dinero público en perjuicio del Parlamento. En un informe consultado por Mediapart, la fiscalía sostiene que Eva Kaili pidió a sus asistentes parlamentarios que llevaran a cabo “misiones ficticias [y] que presentaran documentos falsos y solicitudes de reembolso inaceptables”. Según la investigación, también logró que sus asistentes le pagaran parte de sus salarios y reembolsos de gastos.

La Fiscalía Europea solicitó el pasado mes de enero que se le levantara la inmunidad, pero el Parlamento aún no ha tomado una decisión.

Borja Prado dejará la presidencia de Mediaset España antes de acabar 2023, tan sólo año y medio después de ser nombrado para el cargo y tras fracasar en su intento por cambiar la línea editorial de Telecinco y tras salir derrotado en la batalla interna que libraba con los dos consejeros delegados, Alessandro Salem y Massimo Mussolino.

La de Prado, presidente de Endesa durante una década, ha sido una caída en dos fases. Que el pasado junio se le desposeyera de unas funciones ejecutivas que él mismo había anunciado en un comunicado a la CNMV hace ahora poco más de un año presagiaba una tormenta interna que ha terminado con la salida de Prado de la tercera cadena de televisión española. Entonces, el ejecutivo pasó de estar al cargo tanto de los “asuntos jurídicos y regulatorios, auditoría interna, cumplimiento normativo y responsabilidad social”, como de la línea editorial de los informativos, a limitarse a gestionar las “relaciones institucionales” de Mediaset.

Fue precisamente en su intento de virar a Telecinco hacia la derecha donde afloró la pugna entre Borja Prado y Alessandro Salem. Al poco de llegar, el español implantó un código ético que prohibía a los presentadores y colaboradores emitir juicios políticos en programas de entretenimiento. El objetivo claro era Sálvame, la salvaje tertulia del corazón que moderaba Jorge Javier Vázquez. El programa de “rojos y maricones” –siguiendo la definición del propio Jorge Javier– no se adecuaba, al menos por sus continuadas referencias políticas, a la línea editorial buscada por Prado, que ya en 2011 había contratado a José María Aznar como asesor de Endesa y el pasado mayo cenó con él y con el expresidente francés Nicolas Sarkozy en un distinguido restaurante madrileño. Sálvame ya no está en antena, pero Jorge Javier sigue manteniendo su contrato con Telecinco.

Tampoco la contratación al frente de los informativos del director general de la Radio Televisión Canaria (RTVC), Francisco Moreno, y, hace tres semanas, del presentador de TVE Carlos Franganillo para renovar el telediario de la noche apuntaban en la dirección ideológica promovida por Borja Prado. infoLibre ha intentado ponerse en contacto con el expresidente de Mediaset, pero no ha sido posible porque se encuentra “de viaje”, según han explicado en el fondo de inversión Peninsula Capital, del que es fundador.

El ejecutivo deja Mediaset después de sentarse durante 17 años en su consejo de administración y cuando Telecinco atraviesa una grave crisis de audiencia, y de números. Tras hundirse el pasado verano, con sólo un 9% de cuota de pantalla, en noviembre apenas ha crecido siete décimas sobre esa cifra, pese a que la cadena presume este mismo martes del récord de telespectadores conseguido la víspera por Ana Rosa Quintana, tras su paso de las mañanas a las tardes. Aun así, Telecinco no logra abandonar ese tercer puesto, por debajo de TVE, en el que se ha quedado desde que hace un año perdiera el 11% de cuota por primera vez en su historia. A Antena 3 ni la roza.

Además, el resultado operativo de Mediaset en España en los nueve primeros meses del año se ha desplomado un 22% respecto al mismo periodo de 2022. Se ha quedado en 87,9 millones de euros, tras caer sus ingresos netos por publicidad un 2,7%. El grupo al que pertenece, Media For Europe, propiedad en un 49% de los hijos de Silvio Berlusconi, tuvo un beneficio neto de 71 millones de euros hasta septiembre, un 9,5% menos que el ejercicio anterior. La aportación española a los ingresos del grupo ha caído un 6%: de 590,5 a 555,4 millones. Está por ver si la “tendencia de recuperación” que Media For Europe observa en la temporada de otoño en la televisión española, tal y como asegura en su informe financiero del tercer trimestre, se traduce en una mejora de las cuentas anuales.

En cualquier caso, el cierre del capítulo en Mediaset no significa que hayan acabado las turbulencias para Borja Prado, que con 67 años posee un currículo profesional realmente notable. La justicia francesa le investiga por el pago de 3,3 millones de euros a Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría financiera en 2018. Como informó en su día infoLibre, la policía registró a mediados de abril las oficinas en Luxemburgo del fondo de inversión Peninsula Capital, creado por Prado, su excompañero en Mediabanca Javier de la Rica y el italiano Stefano Marsaglia.

La redada fue ordenada por el juez de instrucción Serge Tournaire, que dirige el departamento de delitos financieros del tribunal de París y está al cargo de la investigación penal abierta en 2016 por la adjudicación del Mundial de Fútbol de 2022 a Catar. De forma que Peninsula y Borja Prado se encuentran bajo investigación en la causa penal que abrió la Fiscalía Nacional Financiera a Sarkozy y al expresidente de la UEFA Michel Platini, de los que sospecha que recibieron contrapartidas económicas de los cataríes.

En estos momentos el juez está comprobando si Catar pagó a Sarkozy a cambio de su ayuda para conseguir el Mundial, lo que sería constitutivo de los delitos de corrupción activa y pasiva y blanqueo de capitales, de acuerdo con las leyes francesas. Tournaire también investiga si Peninsula Capital pagó 3,3 millones a Sarzkozy realmente por haber asesorado al fondo en la compraventa de NTV, el operador privado de la alta velocidad italiana. La investigación llevada a cabo por el medio francés Mediapart, infoLibre y el italiano Il Fatto Quotidiano pone en duda el trabajo supuestamente realizado por el expresidente francés en la operación, que le sirvió a Peninsula para ganar 181,5 millones de euros y fue su primer gran éxito financiero. Borja Prado había contratado a Jean Sarkozy, el hijo del expresidente, en marzo de 2017. Desde entonces es su director general, con competencias en Francia y el Benelux.

Siempre en la cima del poder económico y financiero, Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Descendiente de Cristóbal Colón por línea materna, Manuel Prado fue condenado dos veces en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, e incluso pasó dos meses en prisión, en 2004, pero fue puesto en libertad debido a su edad, 72 años. Los tribunales establecieron que había recibido del grupo Torras en una cuenta en Suiza un pago de 11,4 millones de euros.

Además, él mismo es uno de los socios de la guardería Micos, situada en uno de los barrios más ricos de Madrid, El Viso, y donde la infanta Elena dio clases de inglés. También pusieron dinero en la guardería su madre y su esposa, Pilar Benítez Toledano, pero también su socio en Peninsula, Javier de la Rica, sus tres hijos –Borja, Marta y Bruno, a través de una sociedad llamada Consuralia– y su hermana Nieves, según la información que figura en el Registro Mercantil.

Pero quizá el rasgo profesional más destacado del expresidente de Mediaset España es su vínculo con Italia. Tras pasar por los bancos UBS y Rothschild, trabajó para Lazard, donde pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año saltó a la presidencia para Iberia y Latinoamérica del italiano Mediobanca, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y la también italiana Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona. Dos años más tarde, Borja Prado se convirtió en presidente de Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la dirección para España y América Latina de Mediobanca. Su aterrizaje en el grupo de comunicación de Silvio Berlusconi culminaba la trayectoria del hombre de confianza del capital italiano en España.

Aunque la red de contactos de Prado es mucho más extensa e incluye a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. Entre Endesa y Mediaset, Prado fue socio de Key Capital Partners, la firma financiera que asesora tanto a Pérez como al club.

Es más, durante su década en Endesa, no escatimó los beneficios de las puertas giratorias, abiertas a políticos de todo signo. No sólo contrató a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica, a cambio de casi 200.000 euros anuales. El mismo año, el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue elegido para formar parte del consejo de administración de la matriz italiana, Enel, donde se mantuvo durante tres años. En 2012, fichó a Elena Salgado, también exministra de Economía socialista, como consejera de Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile. Ya antes, en 2009, había incorporado al exdiputado de CiU Miquel Roca i Junyent, que permaneció 12 años en el consejo de administración de Endesa, y a quien luego fue ministro de Economía de los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

El martes de la semana pasada, a las 16.36 horas, llegó al Tribunal Penal de Lisboa un escrito de 85 páginas. Fue presentado por el equipo jurídico de Rui Pinto, el cerebro detrás de la plataforma Football Leaks. Se trata de un documento esperado con impaciencia: el recurso demuestra que Pinto se está preparando para dar la batalla en los tribunales europeos.

Pinto, el estudiante de Historia que entregó más de 70 millones de documentos a la revista alemana Der Spiegel y a sus socios de la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre, fue detenido en Budapest en 2019. Sus datos revelaron un fraude fiscal sistemático en el fútbol de élite, que permitieron abrir investigaciones judiciales en varios países. Pero la Justicia también se interesó por cómo Pinto había obtenido los documentos.

Durante unos tres años, el portugués tuvo que responder por ello en un juicio celebrado en Lisboa. Los cargos incluían 90 infracciones penales. Entre ellas, cargos de intento de extorsión, acceso ilegal a datos confidenciales y violación del secreto de la correspondencia. Pinto no recibió su veredicto hasta el pasado mes de septiembre: fue declarado culpable de nueve cargos, entre ellos el intento de extorsión a un controvertido agente deportivo. El juez fijó la condena de Pinto en cuatro años, con suspensión condicional de la pena.

Ahora el portugués se defiende. En el recurso, al que han tenido acceso Der Spiegel y sus socios internacionales, los abogados de Rui Pinto atacan puntos centrales del proceso judicial. También se refieren a la ley de amnistía promulgada en Portugal este verano con motivo de la visita del papa Francisco en virtud de la cual se liberó a jóvenes delincuentes de ciertos delitos menos graves. Pinto también se benefició de la medida de gracia, ya que en virtud de ella se le retiraron 79 cargos. Con el recurso, sus abogados quieren comprobar ahora si otros delitos por los que Pinto fue condenado también deben quedar cubiertos por la amnistía.

Un segundo elemento del contraataque de Pinto se refiere a la acusación de intento de extorsión a Doyen Sports Investments Limited, un fondo creado en Malta y con decenas de millones de euros invertidos en el fútbol europeo, que ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, David Beckham y Usain Bolt. En España, ha sido investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En su recurso, los abogados argumentan que algunas de las pruebas que consideran exculpatorias no fueron suficientemente tenidas en cuenta en la sentencia. Se trata de correos electrónicos que supuestamente demuestran que Pinto desbarató el intento de chantaje por iniciativa propia. Los abogados piden al tribunal que absuelva a Pinto del cargo tras revisar esa prueba. El intento de extorsión constituye por sí solo la mitad de los cuatro años de la pena suspendida.

La defensa de Pinto también pide al tribunal que reconsidere fundamentalmente otros dos aspectos. El primero, que Pinto admitió durante el juicio que había tenido acceso no autorizado a datos personales y buzones de correo de terceros. El segundo, que explicó que muchos de los delitos que se le atribuyen fueron cometidos por otros miembros de la red Football Leaks. Aunque Pinto había recibido de ellos los datos y también había participado en la planificación de los ataques, no se llevó él mismo el material. Sin embargo, Pinto aún no ha revelado la identidad de sus presuntos cómplices.

En su sentencia, el tribunal consideró “inverosímiles” las declaraciones de Pinto, ya que la fiscalía no había encontrado pruebas de la participación de otras personas en el delito. Los abogados de Pinto argumentan ahora, entre otras cosas, que los investigadores no encontraron comunicaciones con periodistas, pero que se ha demostrado que existieron. El análisis técnico de algunos de los soportes de datos encontrados en el apartamento de Pinto también sugiere la implicación de otras personas, explican los abogados.

Además, la orden de detención europea con la que Pinto fue detenido en Budapest en 2019 va a ser reexaminada en el procedimiento de apelación. Los abogados plantean la cuestión de si la orden era suficiente como base para llevar a cabo un proceso judicial tan extenso en Lisboa. La pregunta puede servir de preparación de otros pasos procesales con los que Pinto querría que se aclarara su posición ante los tribunales europeos.

En última instancia, su caso podría dar lugar a sentencias pioneras sobre cómo afrontar la ciberdelincuencia, qué información se considera de interés social y cuál es el ámbito de actuación de los Estados nacionales. Serían fallos importantes que también podrían dar a otros informadores, denunciantes de corrupción y fiscales de Europa un poco más de seguridad jurídica. Pero también sería un largo camino, que plantea una pregunta: ¿puede Pinto permitirse económicamente otra batalla legal que puede durar años?

El portugués, que tiene 35 años, vive en el programa de protección de testigos desde hace unos tres años y no tiene ingresos significativos. Su equipo legal está formado por Francisco Teixeira da Mota, su hija Luisa y el francés William Bourdon, que también ha defendido a Edward Snowden, el filtrador que hizo público el programa de vigilancia masiva de la CIA y la NSA. Ya se han gastado “miles de dólares” en los renombrados abogados, asegura Delphine Halgand-Mishra, directora ejecutiva de The Signals Foundation, la red estadounidense para la protección de whistleblowers que ha sufragado hasta ahora los gastos de la defensa de Pinto. “Los denunciantes de corrupción y quienes, como Rui Pinto, revelan información de interés público son el freno de emergencia de nuestra sociedad. Garantizan que nuestras democracias sigan prosperando y que los poderosos rindan cuentas. Merecen nuestro apoyo”, explica Halgand-Mishra.

La responsable de The Signals Foundation está buscando más donantes para financiar a los abogados de Pinto y también se ha abierto al público una página de donaciones. Porque, además del recurso, Pinto se enfrenta aún a otra acusación: presentada en julio, la fiscalía le acusa de 377 delitos. Sin embargo, el tribunal aún no ha decidido si habrá juicio: primero debe aclarar cuántos de esos cargos ya han sido perdonados por la reciente ley de amnistía.

Al menos Pinto, sus abogados y Halgand-Mishra ya no tienen que preocuparse por uno de ellos: el miércoles, el portugués se declaró culpable ante un tribunal de París de haber tenido acceso no autorizado a los buzones de correo de los directivos del Paris Saint-Germain entre 2015 y 2019. La información filtrada sirvió para destapar los trucos financieros practicados en el club francés, financiado por Qatar, así como su racista sistema de ojeadores. El tribunal parisino ha condenado a Pinto a seis meses de prisión, que ha dejado en suspenso. También deberá pagar los honorarios del abogado y una indemnización al PSG: un euro. Un pago simbólico.

La historia de amor entre el fútbol y las dictaduras no es nueva. Ya en el siglo XX, estados autoritarios europeos y americanos usaron el llamado “deporte rey” para hacer propaganda de sus valores, darse a conocerse al mundo o blanquear su imagen a nivel internacional. La Alemania nazi, la Italia fascista, la España franquista o la Argentina de la Junta Militar son ejemplos de cómo la política y el autoritarismo atraparon con sus tentáculos a un deporte que anualmente llega a millones de personas en todo el mundo. Todas esas dictaduras se aprovecharon del poder masivo del fútbol para, de una forma aparentemente inocua, tener una incidencia en un público masivo y entregado. Ahora, el eje de las dictaduras ha virado desde Europa al Golfo Pérsico, desde donde el dinero del petróleo está regando de millones a los principales clubes españoles. Tanto es así, que incluso la propia La Liga, ha tenido vínculos con Irán, dictadura de la cual cobró dinero por medio de una empresa fantasma china y con múltiples ingresos desde cajeros en Dubai, según reveló una investigación del consorcio OCCRP, del que forma parte infoLibre.

El fútbol no es solo uno de los deportes con más repercusión a nivel mundial, sino también uno de los que mayor impacto económico tiene, también en España. En 2019, un año antes de la pandemia, el impacto del fútbol profesional en España, según la consultora PwC, equivalía al 1,37% del PIB. Este año, tras unos ejercicios complicados derivados del Covid, el fútbol acrecentará sus ingresos en un 7% con respecto a la temporada anterior, hasta alcanzar los 3.900 millones de euros. 

Unas cifras completamente mareantes, pero que esconden un reverso tenebroso: la necesidad de los clubes españoles de recurrir a patrocinios procedentes de dictaduras árabes para conseguir liquidez y seguir moviendo la enorme maquinaria del fútbol. De hecho, el patrocinio es una de las principales vías de ingreso de los clubes de La Liga, que el año pasado obtuvieron más de 950 millones de euros gracias a esta vía de ingresos. A nivel europeo, las cifras que ingresan los clubes equivalen a un 37% de sus ingresos totales, según datos de la consultora Deloitte.

“El dinero de estas dictaduras es muy tentador, al final son una gran fuente de ingresos. Su dinero ha propiciado grandes vuelcos a nivel deportivo en los últimos años, como es el caso del Newcastle, que pasó rápidamente de pelear por el descenso a jugar la Champions, después de que lo comprara un fondo de inversión de Arabia Saudí”, explica Ángel Gonzalo, miembro de Amnistía Internacional, una de las organizaciones que más activamente ha denunciado el sportswashing, es decir, el blanqueamiento de la imagen internacional de las dictaduras por medio del deporte. 

Uno de los equipos que más recientemente han caído en la tentación del dinero de las dictaduras del Golfo Pérsico es el Atlético de Madrid. El equipo del oso y el madroño anunciaba por todo lo alto, el pasado mes de agosto, la incorporación de la aerolínea saudí Riyadh Air como su patrocinador principal en un acuerdo plurianual. Una alianza que se traducirá en unos ingresos para el equipo de unos 40 millones al año durante las próximas 4 temporadas, según el medio digital 2Playbook. A cambio, el club madrileño lucirá el logo de la marca en la parte delantera de la camiseta durante los partidos, además de otras acciones publicitarias. infoLibre no ha tenido respuesta del Atlético de Madrid al pedirle su versión sobre este patrocinio.

Las cifras del acuerdo llaman aún más la atención por la reciente creación de la aerolínea, en marzo de este año, y porque la alianza con el Atlético es el primer patrocinio deportivo que lleva a cabo la marca. Sin embargo, el propietario de Riyadh Air, el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí, no es precisamente un novato a la hora de invertir en el deporte rey. Este poderoso fondo, presidido por el principe heredero del país, Mohammed Bin Salman, ya posee, además del Newcastle, algunos de los clubes más importantes de la liga saudí. Entre ellos se encuentra el Al Nassr, donde juegan estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo o Sadio Mané. De hecho, gracias al dinero del petróleo, la liga árabe ha vivido este año una verdadera revolución incorporando a grandes estrellas del fútbol europeo, como Neymar, Karim Benzema o la joven promesa española Gabri Veiga.

Además, según publicaba el diario británico The Guardian poco después de la fundación de la aerolínea, Riyadh Air sería una pieza clave en la proyección internacional de la dictadura saudí, usándola no solo para diversificar su economía, muy dependiente del petróleo, sino también para fortalecer su poder blando y mejorar su imagen. Una imagen que se halla enormemente ligada a las flagrantes violaciones de derechos humanos denunciadas por Amnistía Internacional, por ejemplo la represión de feministas, latigazos a personas LGTBI o encarcelamientos de periodistas, además de bombardeos sobre la población civil de Yemen.

Caso parecido es el del vecino del Atlético en la capital, el Real Madrid, que lleva años coqueteando con patrocinios provenientes de dictaduras de Oriente Medio. Esta temporada, el equipo blanco tiene como patrocinador principal a otra aerolíena de lujo que sigue unas lógicas parecidas a las de Riyadh Air, pero con muchísima más trayectoria, longevidad y experiencia en el patrocinio deportivo: Emirates Airlines. Las cifras son, una vez más, mareantes: entre 50 y 70 millones de euros, lo que significa el 20% de los ingresos del equipo blanco, según diversos medios.

Esta aerolínea tiene una vinculación muy estrecha, como su propio nombre indica, con los Emiratos Árabes Unidos, una dictadura que, según Amnistía Internacional, no respeta la libertad de expresión, tortura a los activistas proderechos humanos y tiene una “anacrónica desigualdad legal entre hombres y mujeres” . La compañía es propiedad de The Emirates Group, un holding aéreo público cuyo fundador es Ahmed bin Saeed Al Maktoum, miembro de la familia que actualmente rige los designios del emirato de Dubai. 

De hecho, la influencia del reino dubaití en el Real Madrid no termina ahí. Dubai también patrocina al equipo blanco con Visit Dubai, una iniciativa del Departamento de Economía y Turismo de Dubai, una institución que “tiene el mandato de ayudar al Gobierno a posicionar la ciudad como uno de los principales centros de la economía y el turismo mundiales, y a impulsar los indicadores de competitividad económica y turística de la ciudad”, según explica el club blanco en su página web.

Además, en el año 2009, el Real Madrid firmó un acuerdo de patrocinio con Saudí Telecom Company (STC), una compañía de telecomunicaciones de Arabia Saudí que hace poco más de un mes compró el 9,9% de las acciones de Telefónica por un valor de 2.100 millones de euros, convirtiéndose así en su máximo accionista. STC es propiedad también en un 64% del Fondo Soberano Saudí. La compañía telefónica, sin embargo, ya no figura entre la lista de patrocinadores del club blanco en su página web. El Real Madrid tampoco ha querido dar explicaciones a infoLibre sobre estos patrocinios vinculados a dictaduras árabes.

Con los millones sobre la mesa, parece difícil que los clubes se nieguen a corto plazo a aceptar el dinero de las dictaduras, aun a costa del deterioro que pueda sufrir su imagen. "Con toda la repulsa popular derivada con la celebración del mundial en Qatar, nosotros creíamos que los equipos se iban a replantear estas asociaciones. Sin embargo, no está siendo así. De hecho, el Mundial de 2034 probablemente se celebre en Arabia Saudí”, explica Gonzalo (Amnistía Internacional), que cree que actualmente a estos equipos les sigue compensando económicamente aliarse con este tipo de regímenes autoritarios pese al rechazo de la sociedad y, muchas veces, de sus propios aficionados.

“Los clubes al final son empresas privadas y van donde va el dinero. La FIFA en teoría se debería regir por los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Además, ellos mismos se han dotado de una serie de valores, igual que muchas competiciones domésticas y clubes, pero lo cierto es que no los cumplen”, explica el integrante de Amnistía Internacional. 

Uno de los casos más palpables de posible traición a los valores sucedió en el año 2010, cuando el FC Barcelona sustituyó como patrocinador en su camiseta a la agencia de las Naciones Unidas por los derechos de la infancia, Unicef, para poner a Qatar Foundation, una entidad sin ánimo de lucro fundada por el emir de Qatar. Posteriormente, el club blaugrana cambió este patrocinio por el de Qatar Airways, la aerolínea de lujo del emirato, alianza que se mantuvo hasta el año 2017, cuando fue sustituida por Rakuten. 

La otra opción para evitar este tipo de patrocinios es una regulación por parte de las organizaciones promotoras de los torneos. La Premier League ha tratado de avanzar en esta materia, reservándose el derecho a anular o validar los patrocinios vinculados a los propietarios de los equipos. Una medida que tomó la liga inglesa tras la adquisición del Newcastle por parte del Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí, pero que realmente no ha tenido demasiado impacto para frenar la entrada de dinero de las dictaduras árabes en el fútbol inglés. 

Sin embargo, el ente español que podría regular estos comportamientos, LaLiga, también tiene patrocinadores vinculados a regímenes autoritarios. La entidad presidida por Javier Tebas recibe dinero de Visit Saudí, la ya mencionada iniciativa vinculada al Gobierno de Arabia y encargada de promocionar el país como un destino turístico de primer orden. La asociación de clubes anunciaba dicha alianza en un comunicado donde explicaba que la asociación demostraba la “fuerte conexión histórica entre LaLiga y Arabia Saudí: durante más de 15 años los partidos de LaLiga han sido seguidos por millones de aficionados al fútbol en todo el territorio”. 

En el mismo comunicado, Iker Casillas, leyenda del Real Madrid y embajador de La Liga, decía sobre el patrocinio que "el gran desarrollo del deporte y los eventos deportivos en Arabia Saudí suponen una oferta diferencial para el atractivo del destino, sumado a su interés cultural y sus sorprendentes paisajes”. En ningún lugar del comunicado –claro– se hace referencia a la situación política del país o de sus abusos en materia de derechos humanos. Tampoco La Liga ha querido responder a infoLibre sobre estos patrocinios.