Los secuestros han existido públicamente desde al menos el siglo XIX. El hecho de raptar a una persona y pedir un rescate económico ha sido una forma muy extendida de ganarse la vida para bandidos de toda índole. Y actualmente, como todo, este fenómeno criminal ha evolucionado. Ese cambio ha provocado que la sofisticación de quienes cometen este tipo de delitos haya llegado a su culmen.

Por ello, la principal preocupación de quien comete un secuestro es cobrar el rescate que solicita y, si es posible, que el pago sea imposible de rastrear por las autoridades policiales. El dinero efectivo es un buen método que lo permite, y ahora, también las criptomonedas. Por eso, organizaciones criminales se están centrando en estos últimos años en los secuestros de empresarios con algún tipo de relación con este último método de pago.

Lo hacen, en primer lugar, porque, según qué cartera de Crypto tenga la víctima, la disponibilidad del dinero en líquido puede ser instantánea, aunque hablemos de millones de euros. Si fueran transferencias bancarias ordinarias, cuando se ordenan ciertas cantidades deben pasarse unos controles extra que pueden bloquear la transacción.

Además, identificar una cuenta bancaria internacional es una tarea más sencilla, aunque se usen testaferros. En cambio, si se cobra un rescate con moneda virtual, el abanico de posibilidades para camuflar el origen del dinero es más amplio. Por eso se pagan ya en Cryptos importantes alijos de cocaína, así como de otras drogas sintéticas.

Desde principios de 2025 han aumentado exponencialmente en todo el mundo los secuestros o los robos a empresarios relacionados con criptomonedas, en los últimos años se han producido 231 hechos registrados: se han dado casos en España, en la mayoría de países Unión Europea, en Estados Unidos y en varios países asiáticos.

El último caso conocido, especialmente grave, ocurrió en la madrugada del 26 de noviembre. Las alarmas saltaron cuando se descubrió el cadáver de un chico ucraniano de 21 años dentro de un Mercedes calcinado en la calle Marlen-Haushofer-Weg en Viena (Austria). La policía austríaca resolvió este crimen indicando que el móvil del asesinato era el robo de criptoactivos.

La víctima era el hijo de un político ucraniano de Jerson y sus supuestos asesinos son también compatriotas. Conforme cometieron el crimen huyeron a su país, donde días después fueron detenidos. La víctima es el hijo del vicealcalde de Járkov. Se sabe por la autopsia que recibió bastantes agresiones antes de morir, por las heridas que le infligieron. Los ejecutores querían saber las contraseñas de las billeteras de criptomonedas. Se detectaron movimientos importantes, de miles de euros, el día del asesinato, y también le incautaron en Ucrania a los dos detenidos otros tantos miles de euros en efectivo.

Este es el último caso relevante europeo, pero ha habido otros llamativos en España. En uno de ellos se activó al GOES de la Policía Nacional. Fue el pasado 1 de febrero, con el objetivo de liberar a un británico que estaba siendo retenido en una vivienda de Estepona, y de detener al que un grupo de criminales que le exigía 30.000 euros para que fuera liberado. Después han llegado otros casos.

El pasado agosto, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Álvaro Romillo, más conocido como Cryptospain, denunció que su casa fue asaltada con él y su familia dentro. Según indicó en la denuncia, un comando armado penetró en su hogar y le robó 1,2 millones de euros en criptomonedas. Le obligaron a transferirlas, junto a relojes de lujo. Aquello parecía un aviso de algunas de las víctimas que habían perdido su dinero, ya que buscaban 40 millones de euros.

Toda la información habría que ponerla en cuarentena, porque ese empresario duerme en prisión por la estafa millonaria piramidal del caso Madeira Invest en la que se esfumaron más de 200 millones de euros, precisamente en todo tipo de criptomonedas. Y precisamente ahora está en prisión provisional porque la Guardia Civil descubrió que sólo por una de las cuentas en Singapur de Álvaro Romillo habían pasado 29 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable.

Donde este tipo de secuestros ha pasado a ser un problema más que serio ha sido en Francia. En los últimos meses, la Gendarmería y la Policía francesa han tenido un duro trabajo para detener a varios comandos que han raptado o que han intentado secuestrar a personas que han logrado ser millonarias gracias a esta tecnología aplicada a los criptos.

Lo más reciente ocurrió el lunes de esta semana, cuando, en un pueblo del Valle del Oise, un comando abordó a un ejecutivo del sector sanitario francés y lo secuestró en plena calle. A las pocas horas lo liberaron. Resulta que su hijo vive en Dubái y es un reconocido inversor de criptomonedas.

A principios de año y en el mismo país sucedió algo similar con otro familiar de un inversor cripto. Por lo visto, son un objetivo más sencillo para las organizaciones criminales. Al último comando se le une el que el pasado 22 de noviembre fue detenido en Chalon-sur-Saône. Eran miembros de una banda que había intentado hasta cuatro veces secuestrar al mismo inversor de criptomonedas.

Hay que remontarse al verano, concretamente al 29 de agosto, para conocer la historia un chico suizo de 22 años que había sido secuestrado en Valence (Francia), lo que motivó la activación del GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional). El equipo de operaciones especiales de la Gendarmería tuvo que intervenir porque se sabía que el comando podría estar fuertemente armado.

El resultado de la intervención fue la detención de siete personas que pretendían con hacerse con cientos de miles de euros que este chico poseía en cryptos. Le tendieron una trampa para que acudiera a un lugar con el pretexto de un negocio, pero el resultado fue fatal. Acabó retenido cuatro días y le realizaron 30 heridas con cúter para que les facilitase las contraseñas de sus monederos virtuales.

Pero aquella no era la primera intervención del GIGN francés en un caso de secuestro por un móvil económico de cryptos. La más importante ocurrió en enero, y se desarrolló para liberar a David Balland, cofundador del desarrollador de billeteras frías de criptomonedas Ledger y a su mujer, de la que no se detalló su identidad.

El objetivo principal de aquel secuestro era Balland, y las mejores unidades del GIGN se desplegaron para que la operación acabara bien. Las víctimas estuvieron retenidas más de 24 horas en dos lugares diferentes. A Balland le cortaron un dedo, y la prueba visual de ello la enviaron a los socios de su empresa para que viesen que iban en serio. Querían millones de euros, aunque acabaron detenidos. No se supo si realmente los secuestradores consiguieron algún botín, aunque la mayoría acabaron en prisión.

Desde agosto han ocurrido secuestros relacionados con el mundo de las criptomonedas en España, Filipinas, Francia, Noruega, Sri Lanka, Tailandia, Canadá, Israel, Estados Unidos, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Austria y Rusia. Y la tendencia no va a cesar, porque muchas organizaciones criminales han puesto su ojo a este mundo crypto que ha generado nuevos millonarios, y sobre todo porque saben que pueden realizarse transferencias millonarias en segundos. Todo esto ya genera un aumento de la seguridad privada de muchos de estos millonarios que actualmente son anónimos.

El hachís marroquí, que es el más famosos y económico, conocido como La Mousse en el entorno criminal, es el que llega en narcolanchas a la península ibérica. El que se introduce en los famosos fardos de arpillera que se incautan todos los días del año en distintos puntos de España y, últimamente, también en origen.

Una vez que la droga se 'enfría' –en el argot, el tiempo preciso para eludir cualquier acción policial o robo por parte de otra banda criminal–, el alijo puede enviarse directamente a su destino, pero muchas veces se transporta a un punto clave en el negocio: la ciudad de Barcelona. Por naves apartadas de la capital catalana pasan miles de kilos de esa droga antes de su envío a otros países de Europa, grandes destinatarios de la misma, tales como Francia, Alemania, los países nórdicos y, por encima del resto, Países Bajos, donde el consumo, como se sabe, es tolerado.

El esquema que siguen los grupos criminales que son dueños de estos alijos se basa en el disfraz y en el engaño. Disfraz, porque se sirven de especialistas en el ocultamiento para preparar los envíos de las tabletas de cannabis hacia los puntos de destino perfectamente camuflados entre cargamentos lícitos. Y engaño, porque utilizan a conductores de camiones que proceden de países de Europa del Este y que acuden a un punto convenido a recoger un encargo sin tener conocimiento de la carga que llevan. Y claro, si el camión es interceptado y las autoridades localizan la droga, esos conductores van a prisión. Son los únicos que acaban pagando. Esta misma práctica se realiza en España con los transportes de cocaína. No hay más que revisar la hemeroteca reciente de Narcodiario.

Pero hay un ejemplo más cercano que ocurrió hace apenas 15 días y del que se informa en estas líneas en exclusiva. Un alijo de hachís con el anagrama '100 x 100 Natural Product' llegó a Barcelona y se envió a uno de esos lugares donde se prepara para su envío. En este caso, los encargados de esa labor colocaron los paquetes de droga en palés que contenían flores de Pascua. Los narcos siempre apuestan por productos voluminosos para tapar bien la droga abaratando costes. Y este fue el caso.

Una vez preparada la droga e introducido un dispositivo GPS –esencial para que la organización tenga conocimiento del punto exacto en el que se encuentra su mercancía– acudió uno de esos conductores de Europa del Este sin apenas recursos que no sabe nada acerca de lo que va a transportar en su camión. Los narcos disponen de una gran red de conductores procedentes de Polonia, Lituania, Rumanía o Moldavia, por poner ejemplos. Son pequeños empresarios que llegan con la documentación legal para el envío para ser cumplimentada.

El encuentro para la carga de la mercancía se produce en un lugar apartado de los ojos de curiosos para no llamar la atención, pero siempre alejado del lugar en el que se trabajó con los palés para esconder la droga, en este caso debajo de las flores de Pascua. Allí, miembros del grupo criminal rellenan la documentación que presenta el transportista con nombres de empresas falsas para dar una apariencia de legalidad a la operación. En cuanto el camionero se va –se le paga muy poco por su trabajo– la copia del documento se destruye.

Siguiendo con este último viaje, acabó siendo interceptado en la frontera de Bélgica. Así lo reportó la Policía de ese país, que señala que aparecieron 107 kilos de hachís en los palés, debajo de las flores de Pascua. En este caso, según la Policía Federal, fue el camionero, de origen polaco, el que llamó la atención de los agentes, que registraron a fondo el vehículo y dieron con el alijo. Las mismas fuentes detallaron que el destino del cargamento era Bélgica. Sin embargo, Narcodiario puede afirmar que la droga iría a parar al mercado de Países Bajos si no hubiese sido intervenida.

En esta ocasión, la pericia de los funcionarios sirvió para detectar la droga, pero eso es una excepción. Todos los días del año salen alijos de hachís -también de marihuana y, en ocasiones, de cocaína- desde el gran centro de distribución de Barcelona hacia distintos puntos de Europa, y muy pocos de ellos son intervenidos. Y cuando caen, el que paga los platos rotos es un transportista que, en la mayoría de los casos, no tiene ni idea de lo que lleva en su remolque. Así operan los narcos en la actualidad.

La peste porcina africana (PPA) ha llevado a los países de la Unión Europea (UE) afectados a imponer estrictas medidas para contener la enfermedad, que aún así ya ha supuesto el sacrificio de miles de cerdos y pérdidas millonarias para el sector, según informa EFE.

La legislación comunitaria establece la aplicación de medidas de control y vigilancia en caso de brotes de la PPA, actualmente presente en trece países de la UE. Esta es la situación en la mayoría de ellos: 

La peste porcina africana es endémica en Polonia desde 2014, donde la población de jabalíes (con miles de positivos cada año) es considerada la principal causa de infección. 

En 2025, se han confirmado 18 focos en granjas porcinas, lo que ha llevado al sacrificio de casi 8.000 animales, con los casos más graves detectados en el norte y el este.

Para cada foco detectado las autoridades polacas implementan un estricto protocolo que incluye el sacrificio y la eliminación de todos los animales de la granja afectada, restricciones al movimiento de ganado y vigilancia de vehículos de transporte y productos en la zona.

En el último año, han aumentado los veterinarios destinados a paliar el problema, que ha provocado más de 5.000 millones de euros en pérdidas en la última década y ha frenado las exportaciones, además de causar el cierre del 80% de las explotaciones porcinas desde 2013 y el aumento del precio local de la carne de porcino.

La PPA llegó a Alemania en 2020, cuando se registró el primer caso en un jabalí en Brandeburgo (este). Entre 2021 y 2023 hubo, además, brotes en granjas de cerdos domésticos, con algunos casos aislados en 2024.

En lo que va de año, no se ha detectado ninguna infección en explotaciones porcinas, pero sí 1.948 nuevos casos en jabalíes, según el Instituto Friedrich Loeffler de sanidad animal, que da la "máxima prioridad" a la lucha contra el virus.  

Más allá de algunos brotes cerca de la frontera con Polonia, una buena parte se concentra al sur de Fráncfort (suroeste).

Aparte de la búsqueda intensiva de cadáveres de jabalíes, se insta a los cazadores, personal forestal y agricultores a informar de los hallazgos de animales muertos y de cualquier otra anomalía. 

Entretanto, las explotaciones porcinas deben recurrir a un máximo de medidas de bioseguridad y se recomienda a su personal no viajar a zonas afectadas por la peste porcina.

Desde 2022, Italia ha detectado 580 focos (casi siempre de jabalíes), la mayoría ya extintos y sobre todo en regiones del norte como Emilia-Romagna, Lombardía, Liguria, Toscana o Piamonte, actualmente sujetas a restricciones.

El Gobierno sigue con atención la evolución del virus y cuenta desde 2022 con un comisario especial para la PPA, el veterinario Giovanni Filippini, y con un plan extraordinario para su erradicación coordinado con la UE.

Este programa prevé la contención de las poblaciones de jabalíes salvajes, también con la creación de barreras territoriales; la organización de zonas de control y el sacrificio de los animales enfermos, unos 117.000 desde 2022, según estiman medios especializados.

En este tiempo Italia ha logrado erradicar la PPA en las explotaciones de regiones como la isla de Cerdeña, por donde la enfermedad entró al país en 1978; así como en Basilicata, Calabria (sur) y las inmediaciones de Roma, según el Ministerio de Salud.

En cuanto a su impacto en el sector ganadero, las granjas porcinas están a la baja: en 2024 los cerdos eran 7,82 millones, un 14,7% menos respecto a 2023, según la Asociación de Productores de Carnes y Embutidos (Assica).

Por el contrario, la exportación porcina ha crecido: los embutidos vendidos al exterior fueron un 13% más que en 2023 y los animales vivos o su carne fresca o congelada aumentaron un 3%.

Desde 2022, algunos países como China, Japón, México, Perú, Indonesia, Malasia o Uruguay han bloqueado la importación de esta carne italiana, causando un daño estimado en más de 600 millones de euros al sector, según Assica. 

Las autoridades checas han confirmado la "situación favorable de la enfermedad", después de confirmarse el último caso de contagio en agosto pasado en un jabalí salvaje cazado en el norte del país, donde se mantienen medidas de control. Desde entonces, no ha habido más focos de contagio.

En Eslovaquia se confirmó en mayo un foco de contagio en una granja de 18.000 cerdos al sureste del país y todos ellos fueron sacrificados.

Ante los focos de los países vecinos, se mantiene la zona de restricción en doce provincias orientales del país, donde se seguirán aplicando medidas de bioseguridad en los terrenos de caza, las granjas de cerdos domésticos y el seguimiento de todos los jabalíes muertos y capturados.

Entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2025 se confirmaron 453 nuevos brotes de peste porcina africana y actualmente hay 47 brotes activos.

Los inspectores han realizado 28.405 controles en explotaciones ganaderas y han impuesto 2.700 sanciones por diversas infracciones de normas sanitarias.

Rumanía sigue siendo un foco de la enfermedad, con un 66% de todos los brotes registrados en la UE en 2024, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).

Se han detectado casos en 53 explotaciones ganaderas en los condados de Osijek-Baranja y Vukovar-Sirmia, donde se han contabilizado 372 jabalíes con la enfermedad.

Las autoridades afirman que Croacia continúa aplicando estrictas medidas de control según la normativa de la UE; solo en pasado septiembre se sacrificaron unos 10.000 cerdos.

Desde la aparición de la enfermedad en 2023 hasta octubre de 2025, los sacrificios han sumado 55.000 animales, el 5% de la cabaña porcina.

Según la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria, en 2025 se ha detectado la presencia de la peste porcina en 852 jabalíes, el último a mediados de noviembre, pero no en cerdos de granja.

Las zonas más afectadas están en el norte, cerca de la frontera con Eslovaquia; y en el este, próximas a Rumanía y Ucrania.

Casi un tercio del territorio del país ha sido declarado como "zona infectada", mientras que el resto se mantiene como área de riesgo medio o alto.

Hasta el pasado 3 de noviembre se han identificado 409 brotes de peste en jabalíes en Bulgaria.

La semana pasada, el ministro de Agricultura, Rumen Porozhanov, declaró que no hay brotes activos y que la valla instalada a lo largo de la frontera con Rumanía impide la entrada de jabalíes potencialmente contagiados de ese país.

La peste porcina africana está presente en Letonia desde 2014. El brote más reciente de la enfermedad ocurrió a principios de septiembre, afectando a una gran granja porcina y provocando la destrucción de alrededor de 23.000 cerdos.

El miembro de la junta de la Asociación Letona de Productores de Cerdos (LCAA), Dzintra Lejniece, ha explicado que el impacto económico en los criadores de cerdos ha sido "enorme".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló este martes que Polonia está obligada a reconocer el matrimonio de dos ciudadanos con nacionalidad polaca que contrajeron matrimonio en Alemania. El fallo indica que los Estados miembros de la UE están obligados a reconocer el matrimonio homosexual celebrado en otro país comunitario, aunque no acepten los enlaces del mismo género en su legislación interna. La negativa, según el fallo de la corte con sede en Luxemburgo, viola "la libertad de circulación y de residencia" y "vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar", indicó el TJUE en una nota de prensa.

El caso se refiere a dos ciudadanos polacos -uno también con nacionalidad germana- casados en Berlín en 2018 que solicitaron la transcripción de su certificado de matrimonio en el Registro Civil polaco para que su matrimonio fuera reconocido en Polonia. Las autoridades competentes denegaron la solicitud basándose en que el Derecho polaco no autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Polonia es uno de los once estados de la UE que no ha legalizado el matrimonio homosexual.

El caso llegó al Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo polaco y este trasladó al TJUE una cuestión prejudicial para interpretar la normativa europea.

La corte comunitaria consideró en su respuesta que "denegar el reconocimiento del matrimonio contraído legalmente por dos ciudadanos de la Unión en otro Estado miembro, en el que estos han ejercido su libertad de circulación y de residencia, es contrario al Derecho de la Unión, ya que viola dicha libertad y vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar".

Los Estados miembros "están obligados a reconocer, a efectos del ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere, el estatuto marital adquirido legalmente en otro Estado miembro", agrega el TJUE. No obstante, la corte precisa que esto no supone que sea obligatorio introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Derecho interno. Pero cuando un Estado miembro opta por establecer un único medio para el reconocimiento de los matrimonios contraídos en otro Estado miembro, como la transcripción del certificado de matrimonio en el Registro Civil, debe aplicar dicho medio también a los matrimonios entre personas del mismo género.

"Los cónyuges de que se trata, en su condición de ciudadanos de la Unión, tienen la libertad de circular y residir en el territorio de los Estados miembros y el derecho a llevar una vida familiar normal tanto cuando ejerzan dicha libertad como cuando regresen a su Estado miembro de origen", argumenta el tribunal.

Negarse a ello puede provocar "graves inconvenientes administrativos, profesionales y privados, obligando a los cónyuges a vivir como solteros en el Estado miembro del que son originarios", matizó el TJUE, que considera que ese rechazo "no solo viola la libertad de circulación y de residencia, sino que también vulnera el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar". 

En la actualidad, los países que declaran el matrimonio homosexual como un derecho de sus ciudadanos no son mayoría. Dentro de la Unión Europea, son once los que aún conservan estas leyes homófobas. Además de la ya mencionada Polonia, también se incluyen Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, República Checa y Rumanía. Algunos de estos estados sí que reconocen la unión civil entre personas del mismo género, lo que no garantiza los mismos derechos civiles que el matrimonio.

España fue el tercer país del mundo en legalizar esta práctica, en 2005, tras Países Bajos y Bélgica, que lo hicieron en 2001 y 2003 respectivamente. En Europa, Liechtenstein ha sido el último en incorporar esta legislación este mismo año 2025, al igual que Tailandia.

El matrimonio igualitario es legal en tan sólo 39 países de todo el mundo. Por el contario, la actividad sexual entre personas del mismo género es un delito en 67 estados miembro de la ONU, según el informe de la ILGA de 2020 sobre Homofobia de Estado, y en siete de ellos se castiga con la pena de muerte. Entre los países que aplican este castigo se encuentran Arabia Saudí, Irán y Yemen.

La Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como "Guerra de las Galaxias", fue el vasto programa militar anunciado en 1983 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, destinado a proteger a su país de un eventual ataque nuclear. El escudo antibalístico basado en la investigación en láseres, nuevos misiles interceptores o satélites y radares de última generación invirtió en pocos años unos 30.000 millones de dólares de entonces y provocó una nueva carrera armamentística que la Unión Soviética no pudo seguir.

Hoy, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Estados miembros de Polonia, Suecia, Rumanía o Dinamarca evitan hablar de una guerra espacial pero apuestan decididamente por un escudo aéreo antidrones con el que la Unión Europea parece querer emular al Reagan de los 80, en una iniciativa europea cuyo coste está todavía por determinar pero que sumará miles de millones de euros.

La Comisión Europea y sus Estados miembros en la frontera oriental quieren desarrollar el muro antidrones en un par de años para su funcionamiento a pleno rendimiento a finales de 2028. Estaría compuesto de una red de sensores, radares y sistemas de interceptación distribuidos en diferentes países capaces de proteger el espacio aéreo del continente frente a drones externos considerados hostiles. Primero, en 2027, estaría operativo el muro para derribar las aeronaves no tripuladas y un año después todo el sistema de vigilancia integral.

Bruselas sostiene que “es necesario actuar con rapidez” para defender y disuadir en todos los dominios, sean tierra, mar, aire o ciberespacio, incluidas las carencias el sector de los drones y antidrones. Las necesidades totales de financiación, según cálculos de la Comisión Europea, ascenderían a 800.000 millones de euros, de ahí la cifra del programa ReArm.

Recientemente, el comisario europeo de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, cifró un primigenio escudo antidrones solo para Polonia y los países bálticos que reforzase las baterías antiaéreas y radares ya existentes en 1.000 millones de euros. El monto para todo el continente, incluida Noruega o los Balcanes, sería muy superior. Bruselas recoge así los llamamientos desde los estamentos militares de diferentes Estados miembros. En Alemania, el jefe del Estado Mayor, el general Breuer, ha insistido en que “no hay alternativa” a la construcción en los próximos cinco a ochos años de una defensa antimisiles contra una “Rusia más agresiva”.

La visión en Bruselas es concebir el escudo antimisiles europeo como una iniciativa militar y también una afirmación estratégica de la autonomía de los 27 frente a los Estados Unidos, para garantizar que la disuasión en el espectro aéreo se sostiene con capacidades propias producidas dentro del ecosistema industrial del continente.

La italiana Leonardo, la francesa Thales, la alemana Rheinmetall, la española Indra o el consorcio aeronáutico Airbus, propiedad de Alemania, España y Francia, serían algunas de las grandes corporaciones beneficiadas, tractoras del ecosistema de empresas medias y pequeñas distribuidas por el continente. Los cálculos del Parlamento Europeo señalan que el ecosistema de la industria de defensa engloba a unas 2.000 multinacionales, compañías de medio tamaño y pequeñas empresas cuya facturación anual asciende a 70.000 millones de euros. 

Parte del pastel del escudo antimisiles europeo también recaería en empresas fuera de la UE como la británica BAE Systems o la noruega Kongsberg. De esta última recientemente Bélgica y Países Bajos anunciaron la compra de diez sistemas avanzados de defensa contra misiles Nasams por 2.500 millones de euros. La española SMS modernizará, según el contrato firmado en marzo, ese mismo tipo de baterías antiaéreas en servicio dentro de las Fuerzas Armadas españolas por cerca de 500 millones de euros.

SMS es el consorcio Sistema de Misiles de España que engloba a las empresas de defensa Sener, GMV, Instalaza y Escribano. Esta última es un fabricante de sistemas de artillería que está diseñando torres contra drones que serán equipadas en barcos de la armada o instalaciones militares. Instalaza es el fabricante aragonés especializado en lanzacohetes con productos suministrados a las tropas, por ejemplo, de Ucrania contra la invasión rusa.

Existe a nivel europeo otro consorcio liderado por la francesa Thales que confirma este jugoso negocio para las armamentísticas europeas. Bajo las siglas EISNET, con la participación de 23 socios industriales, centros de investigación e instituciones académicas de doce Estados miembros, inició su andadura hace casi un año frente a las amenazas de enjambres de drones o misiles hipersónicos, con financiación del Fondo Europeo de Defensa de la UE. Su aspiración es ganar contratos públicos nacionales o comunitarios para el desarrollo de radares, sistemas de sensores, centros de comunicación y datos, además de los misiles, torres de artillería o láseres de interceptación.

“Sería irresponsable si el escudo aéreo europeo no se construye rápidamente, especialmente para los países que no cuentan con la disuasión nuclear”, escribe Guntram Wolff, director durante una década del think tank bruselense Bruegel. Sin embargo, los obstáculos de un proyecto de tal magnitud, reconoce Wolff, son “el coste y la conjunción entre la velocidad de despliegue y los objetivos de política industrial en el sector de la defensa”. “La emisión de deuda de la Unión Europea podría superar estas cuestiones”, propone el economista alemán.

Financiar con deuda conjunta un proyecto semejante choca con la política tradicional de numerosos gobiernos europeos, los halcones de la austeridad como Alemania, Austria o Países Bajos, reacios a financiar conjuntamente con dinero de sus haciendas iniciativas continentales. La solución a la guerra de las galaxias europea llegará desde los presupuestos de la UE a costa del gasto regional, en la lucha contra el cambio climático o a la agricultura. Y se sustentará en partidas como el Programa Europeo de la Industria de la Defensa, EDIP, pactado el 15 de octubre entre la Comisión, los 27 y el Parlamento Europeo. 

Dentro de la Eurocámara pocas las voces se han alzado contra este escudo. El grupo de La Izquierda considera que “es una iniciativa que pretende lanzar la creciente carrera armamentística que vive en su seno Europa a costa del gasto social y climático”, mientras parte de Los Verdes se han puesto de perfil y, como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, miembro del Comité de Defensa y Seguridad, hablan de que “un muro antidrones no nos protegerá de los ciberataques ni ayudará a la defensa aérea o a la producción de municiones”.

La militarización de la UE sí está en el epicentro de las críticas de la bancada de La Izquierda. Así lo señala el eurodiputado alemán de Die Linke, Özlem Demirel al denunciar que “con el EDIP la política industrial de la UE se va a convertir en la extensión de la industria militar”. Con la experiencia de su país, que sólo tras la invasión rusa de Ucrania aparcó las décadas de apaciguamiento que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Demirel señala que “el armamento y las capacidades militares son lo contrario a la seguridad, como la historia europea nos ha enseñado”. 

Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, advierte que el EDIP es “un programa industrial que ata nuestras futuras economías a la guerra sacrificando las inversiones sociales al dirigir dinero público hacia los fabricantes de armas”. Mientras, las críticas en algunos Estados miembros al muro antidrones no son a su concepción por el ingente desembolso de fondos europeos. En la reciente Cumbre de Copenhage las voces discrepantes, como la italiana Giorgia Meloni o el griego Kyriakos Mitsotakis, ambos en la bancada de la derecha o ultraderecha, se centraron en exigir que beneficie al conjunto de la UE, también la frontera sur mediterránea. Una postura compartida por el Gobierno español, porque así lo emplearían para el control de la migración irregular.

Las comparaciones con la Polonia ultraderechista del PiS, que trató de poner el Poder Judicial de ese país al servicio del Gobierno de Varsovia, han desaparecido. La versión final del informe de la Comisión de Venecia sobre las propuestas del CGPJ sobre la renovación de 12 de sus 20 vocales no contiene en su texto definitivo ningún parangón con la reforma judicial del ex primer ministro Mateusz Morawiecki (del ultranacionalista PiS) que, en 2017, provocó la intervención de la Comisión Europea al considerarla un "riesgo sistémico" para el Estado de derecho. El Gobierno quita peso a las referencias a ese país y subraya que el órgano consultivo del Consejo de Europa ha advertido sobre el riesgo de politización del CGPJ a través de las asociaciones judiciales en caso de que fueran los jueces los que eligieran a los 12 vocales procedentes de la carrera judicial, como defiende el dictamen. El Ejecutivo sigue apostando porque el Parlamento tenga la última palabra.

El borrador previo al informe definitivo contenía al menos tres referencias a la Polonia del anterior Gobierno de extrema derecha y ultracatólico, que puso en marcha una serie de reformas judiciales sin precedentes que buscaban la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. La gravedad de la iniciativa fue tal que la propia UE decidió actuar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para paralizarlas, lo que logró en una decisión histórica. La crisis creció tanto que el Ejecutivo europeo de Ursula von der Leyen amenazó, además, a Varsovia con la congelación de las ayudas millonarias a la recuperación tras la pandemia de covid. Las asociaciones judiciales españolas más conservadoras y corporativas reclamaron al unísono a Bruselas que actuara de la misma forma contra el Gobierno de Sánchez por "poner en riesgo la independencia judicial". El organismo comunitario jamás las creyó ni tomó una decisión semejante hacia España.

El documento final de la Comisión de Venecia sobre el sistema de renovación del Consejo, hecho público este lunes, omite en su texto cualquier referencia a Polonia. Sí contiene, sin embargo, las sentencias y dictámenes previos que citaba textualmente el anterior borrador, pero los traslada a referencias a pie de página. La comparación con uno de los mayores ataques a la separación de poderes en un Estado miembro de la UE había causado sorpresa y asombro en el sector progresista del CGPJ. Porque la Comisión Europea jamás ha mostrado con España una preocupación semejante por un método de nombramiento de vocales que, con algunas modificaciones puntuales, está vigente desde 1985. Las únicas observaciones se produjeron gracias al bloqueo de más de cinco años y medio que provocó el PP al negarse a sentarse a negociar con el PSOE y el resto de partidos que apoyan al Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo quitaron importancia a la comparación que incluía el borrador y aseguraron que estaba completamente "fuera de lugar". Para el Gobierno, lo importante es que la Comisión de Venecia reconoce que "no existe un modelo estándar que un país democrático esté obligado a seguir al establecer su Consejo". No existe una norma que imponga un modelo y, en democracias consolidadas como Alemania y Austria, por ejemplo, ni siquiera existe un órgano de gobierno de los jueces. El dictamen, recoge la posición tradicional de ese órgano, que prefiere que sean los propios jueces los que elijan a los 12 vocales procedentes de la magistratura, pero fuentes del Ministerio de Presidencia y Justicia, recalcan que introduce, por primera vez, "los grandes riesgos de interferencia política a través de las asociaciones judiciales" que tiene ese modelo, el preferido también por la derecha judicial.

"El riesgo de politización interna no debería pasarse por alto, especialmente cuando las asociaciones judiciales pueden ejercer una influencia significativa sobre las nominaciones y las campañas electorales", sostiene la Comisión de Venecia sobre la propuesta conservadora que defiende que sean los jueces los que elijan y no el Parlamento, como ahora. "El proceso de elección debe ser protegido no solo de interferencias [políticas] externas sino también de las politización interna ya que las dos pueden socavar la independencia judicial". El informe también advierte del riesgo de corporativismo.

Los foros en los que todo el cuerpo judicial puede ejercer su voto en España –esencialmente las elecciones a Salas de Gobierno y las que sirven para seleccionar a los miembros de la Comisión de Ética del Consejo– muestran, convocatoria tras convocatoria, que las asociaciones más de derechas y más críticas con el Ejecutivo actual, copan casi hegemónicamente los puestos en liza. Sin embargo, la Comisión de Venecia sostiene que carece de elementos fácticos para sostener que la judicatura española es un estamento conservador.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces recuerdan que fueron precisamente los vocales de esa sensibilidad los que impusieron al CGPJ que reclamara la opinión del órgano consultivo del Consejo de Europa porque sabían que defendería su propuesta frente a la de los progresistas, que quieren que la última palabra sobre los 12 vocales jueces la siga teniendo el Parlamento "para garantizar el pluralismo de la sociedad". La reforma legal que acompañó a la última renovación del órgano de gobierno de los jueces, en junio de 2025, obligó al Consejo a redactar una propuesta de reforma que pudiera ser valorada positivamente por el informe sobre el Estado de derecho de la UE, que redacta cada año la Comisión Europea. La opinión del Ejecutivo europeo –y no la de la Comisión de Venecia– es la realmente vinculante en este proceso.

Con Polonia o sin ella, el dictamen de la Comisión de Venecia no ha hecho cambiar de opinión al Ejecutivo, que sigue defendiendo el modelo actual de elección Parlamentaria. Consideran que el sistema vigente desde hace cuatro décadas ha asegurado la independencia judicial y ha evitado "que una sensibilidad corporativa o partidista pueda capturar el CGPJ". Fuentes del Gobierno recuerdan, además que en 2001, durante el segundo mandato de José María Aznar, los principales partidos con representación en el Congreso revalidaron su apuesta por el sistema actual en el Pacto de Estado por la Justicia firmado ese año. Las fuentes consultadas advierten, además, del riesgo de que, en caso de que el Gobierno pasara en un futuro al PP y a Vox y estas formaciones decidieran modificar unilateralmente el sistema de renovación de los vocales, se abriera la vía a que, con cada nuevo gabinete se modificara el sistema de elección de vocales judiciales, lo que supondría "un enorme riesgo para la estabilidad del Poder Judicial".

Mientras la ofensiva militar de Moscú continúa en el extremo oriental de Europa, las tensiones se disparan en el continente debido a las repetidas y descaradas violaciones del espacio aéreo europeo orquestadas deliberadamente por Rusia. La Unión Europea ha anunciado contramedidas, en forma de un “muro antidrones”, para combatir esta nueva amenaza.

Entre el 9 y el 10 de septiembre, se avistaron 19 drones entrando en el espacio aéreo polaco. Se activó inmediatamente una respuesta de defensa aérea liderada por la OTAN, con F-16 polacos y F-35 holandeses despegando en una misión de alerta de reacción rápida. Tres de los drones fueron derribados, mientras que al menos otros ocho se estrellaron en territorio polaco. Otro dron penetró hasta 260 km en Polonia, más allá de la capital, Varsovia, lo que obligó al cierre temporal de cuatro aeropuertos.

Un incidente aún más grave se produjo el 13 de septiembre, cuando tres cazas rusos MiG-31 violaron el espacio aéreo de Estonia durante más de 10 minutos. Los aviones volaron en paralelo a la frontera, penetrando menos de 10 km en territorio estonio antes de ser escoltados de vuelta por cazas de la OTAN.

Polonia y Estonia invocaron el artículo 4 del Tratado de Washington, un mecanismo de consulta colectiva que se activa cuando “la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes se ve amenazada”. La OTAN respondió condenando “las acciones imprudentes de Rusia” y prometiendo reforzar la “postura de disuasión y defensa de la Alianza, incluso mediante una defensa aérea eficaz”.

Se han producido otras presuntas violaciones en Dinamarca (que acababa de anunciar la compra de “armas de precisión de largo alcance”), Finlandia, Francia, Alemania, Letonia, Noruega y Rumanía. El 3 de octubre, los avistamientos de drones provocaron el cierre del aeropuerto de Múnich durante unas horas y la cancelación de casi 20 vuelos.

A través de estas intrusiones, Rusia quiere poner a prueba la preparación de los mecanismos de defensa colectiva de la OTAN. Putin quiere saber hasta dónde está dispuesta a llegar Europa para defender a Ucrania ante la ambivalente política exterior de Estados Unidos. En otras palabras: ¿sigue siendo el artículo 5 de la OTAN un elemento disuasorio creíble contra los planes imperialistas del Kremlin?

La estrategia de Rusia ha tomado claramente esa dirección tras el fracaso de la Cumbre de Alaska entre Trump y Putin el 15 de agosto de 2025. La reunión no dio lugar a medidas concretas y, para empeorar las cosas, Trump reconoció abiertamente la imposibilidad de alcanzar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

La política arriesgada de Putin –la práctica de llevar una negociación al borde del conflicto abierto para lograr el resultado deseado– debe interpretarse como una señal hostil. El Kremlin está diciendo que no quiere detener los combates (todavía), ya que percibe una ventaja en prolongar la guerra. Es más, están pisando el acelerador.

El objetivo de esta escalada calculada se ve confirmado por el arma elegida por el Kremlin. La mayoría de los dispositivos derribados o recuperados han resultado ser drones kamikaze de fabricación rusa Geran-2 (Geranium-2), una versión simplificada y más barata del Shahed-136 iraní, ampliamente utilizado en Ucrania.

Estos drones se emplean principalmente como señuelos para saturar y distraer a las defensas aéreas, aunque también pueden realizar reconocimientos y ataques oportunistas con pequeñas cargas explosivas.

Las imprudentes acciones de Rusia también tienen un segundo objetivo en mente: evaluar la cohesión general de la opinión pública occidental, y de los europeos en particular. Las dimensiones informativas y psicológicas de la guerra son fundamentales en este tipo de operaciones y están profundamente arraigadas en el pensamiento estratégico de Rusia, especialmente en sus últimas iteraciones.

Esto incluye la difusión de información errónea a través de las redes sociales o el empoderamiento de partidos políticos antieuropeístas y prorrusos, pero ahora ha ido más allá: Rusia está operando deliberadamente en la “zona gris”. Se trata del espacio entre la guerra y la paz en el que se llevan a cabo acciones coercitivas no militares con el fin de alcanzar objetivos estratégicos por debajo del umbral de los conflictos armados convencionales.

Sin embargo, sus recientes provocaciones pueden correr el riesgo de escalar a una guerra abierta que, al menos oficialmente, nadie desea y que sería devastadora para todas las partes.

Rusia está poniendo a prueba la determinación colectiva de Europa mediante un peligroso juego de “divide y vencerás” con las diferentes percepciones de amenaza del continente. Puede que esté funcionando. El canciller alemán Friedrich Merz ha afirmado que “Europa ya no está en paz con Rusia”, y la primera ministra danesa Mette Fredriksen ha argumentado que “Europa se encuentra en la situación más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial”, pero otros responsables políticos europeos parecen reacios a adoptar una postura tan firme.

Además, las protestas propalestinas generalizadas que estallaron a raíz de la interceptación por parte de Israel de la flotilla de ayuda a Gaza han puesto de relieve las persistentes diferencias en la percepción de la amenaza dentro de las sociedades europeas.

Estas divisiones no solo están determinadas por factores geográficos o físicos, sino también por alineamientos ideológicos: las posiciones pro-Palestina se asocian en gran medida con los sentimientos de izquierda, mientras que las actitudes pro-Ucrania se vinculan con opiniones centristas o de derecha. La debilidad de Europa, reforzada por las inconsistencias de la política exterior estadounidense, explica en gran medida la fortaleza de Rusia.

A pesar de estas diferencias, la reciente reunión de la Comunidad Política Europea (EPC) en Copenhague vio a los líderes europeos proyectar una imagen de unidad, cohesión y resiliencia al aprobar una nueva iniciativa emblemática denominada “muro antidrones”.

No se trataría de una barrera física, sino de una red por capas de sistemas de detección e interceptación. Se basaría en las capacidades antidrones existentes en cada uno de los países europeos.

A día de hoy, se sabe poco sobre cómo será realmente este “muro” y cuánto tiempo llevará ejecutarlo (el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que podría ser cuestión de tres o cuatro años), y quién se encargará de su implementación: ¿la Comisión Europea o los Estados miembros?

Lo que está totalmente claro es que los países de la UE y la OTAN tienen que adaptar sus sistemas de defensa aérea a un panorama estratégico cambiante. La amenaza que representa Rusia ya no proviene únicamente de dispositivos de movimiento rápido –aviones, misiles balísticos, de crucero o incluso hipersónicos–, sino también de la tecnología en rápida evolución de los drones no tripulados. Esta nueva amenaza debe contrarrestarse incorporando métodos de guerra electrónica más baratos, como el bloqueo, la suplantación o la interrupción de las señales electrónicas de las que dependen los drones.

La guerra en Ucrania ya ha demostrado que los drones son un elemento revolucionario en la estrategia militar del siglo XXI. Son baratos, pequeños (lo que significa que son difíciles de detectar con la tecnología existente), capaces de infligir daños importantes y, en general, capaces de suponer una amenaza desproporcionada. Los drones están haciendo que la seguridad internacional se enfrente a nuevos peligros y sea más inestable, ya que desplazan el equilibrio militar de la defensa hacia el ataque.

Por esta razón, la racionalización de los sistemas de defensa contra los drones es una necesidad estratégica para Europa. La respuesta de los Estados miembros de la UE y la OTAN debe ser decisiva, rápida y eficaz, ya que en este momento no se puede descartar una acción mucho más agresiva por parte de Rusia, como una invasión terrestre de los Estados bálticos.

Michele Testoni es profesor de Relaciones Internacionales en la IE University. Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation.

Que la Comisión de Venecia acabaría decantándose por la propuesta de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defendida por el sector conservador de ese órgano era más que previsible. De hecho fueron los 10 vocales a propuesta del PP los que exigieron a la presidenta, Isabel Perelló, que reclamara un informe a ese órgano consultivo del Consejo de Europa sabiendo que ratificaría su iniciativa –que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales procedentes de la carrera– frente a la de los vocales a propuesta del PSOE y Sumar –que siga siendo el Parlamento quien tenga la última palabra para garantizar la pluralidad ante un cuerpo muy escorado a la derecha–. Esa ha sido la posición tradicional de este organismo, pero lo verdaderamente relevante es la que asuma la Comisión Europea cuando la modificación legal salga adelante.

A la espera de que este lunes 13 de octubre ese organismo envíe su informe definitivo, el borrador adelantado a las autoridades españolas ha causado indignación en el sector progresista del Poder Judicial. La razón no es que prefieran el sistema de renovación propuesto por los conservadores, algo que se daba por descontado, sino el hecho de que el único país con el que la Comisión de Venecia compara a España es la Polonia ultraderechista y populista del PiS que, al tratar de dar la vuelta como un calcetín al sistema judicial para ponerlo al servicio del Gobierno en 2017, provocó la intervención de la Comisión Europea, al apreciar que estaba en riesgo el Estado de derecho en ese país. Su presidenta, Ursula von der Leyen, llegó a amenazar a Varsovia con la congelación de las ayudas millonarias europeas a la recuperación postcovid si no se revertían las reformas.

No hay duda de que el anterior Gobierno polaco del PiS puso en peligro la democracia, de la misma forma que ha hecho el prorruso Viktor Orbán, que denomina "iliberal" el sistema impuesto por él y su partido, el Fidesz, lo que le ha provocado la apertura de un procedimiento de sanción por parte de Bruselas. Ambas situaciones fueron consideradas en Europa como un "riesgo sistémico" para el sistema democrático, un temor que jamás se ha planteado en la UE respecto a España. Entre las múltiples medidas regresivas que aprobó Varsovia, una de ellas fue dar al Parlamento la elección de los vocales jueces de su Consejo, algo que hasta entonces hacían los propios jueces.

El España, el sistema parlamentario de elección de todos los miembros del Consejo –los 12 procedentes de la magistratura y los ocho juristas– es el mismo desde hace 40 años. En todo ese tiempo apenas ha suscitado críticas desde organismos internacionales, que solo se fijaron en él cuando el PP decidió bloquear unilateralmente la renovación del órgano durante más de cinco años provocando una crisis judicial sin precedentes. Desde la creación del CGPJ en 1980, todos los retrasos en el nombramiento de nuevos vocales se han debido a los cálculos estratégicos sobre intereses políticos del partido que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo.

El borrador de informe de la Comisión de Venecia –cuyo texto no es definitivo– recuerda que ese organismo ya advirtió contra la politización del proceso de elección de los miembros jueces de carrera de los consejos judiciales. Es ahí donde compara por primera vez el caso español con el polaco. "Cuando se produjeron las reformas judiciales de 2017 en Polonia, se transfirió la facultad de elegir a los miembros judiciales del Consejo General al Parlamento", dice el documento provisional. "La Comisión [de Venecia] consideró que este cambio, sumado a la sustitución inmediata de los miembros en ejercicio, conduciría a una profunda politización del órgano. La Comisión recomendó volver a la elección de los miembros judiciales por sus pares", prosigue.

El informe provisional también se refiere a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2019 (caso A. K.) que concluyó que la elección de los miembros judiciales por el Parlamento que introdujo la reforma del anterior Gobierno populista polaco "era uno de los factores que ponían en cuestión la independencia del Consejo" de ese país. Se trata de un caso muy menor, porque el retroceso democrático del Gobierno del PíS fue tan grave que provocó que fuera la propia Comisión Europea la que, un año antes, instara ante el TJUE para que la máxima instancia judicial europea frenara todas estas reformas judiciales involutivas. El TJUE dio la razón al Ejecutivo comunitario en un fallo histórico sobre la autonomía de un Estado miembro para modelar sus instituciones. Algo tan grave jamás se ha planteado respecto a España, y mucho menos respecto del sistema de renovación de su CGPJ.

El órgano consultivo del Consejo de Europa también pone como ejemplo de la falta de adecuación a los estándares de esa organización internacional del Consejo español un caso seguido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también contra Polonia (Reczkowicz contra Polonia). En esa ocasión, el tribunal de Estrasburgo concluyó que gracias a la reforma del Consejo polaco, "los poderes Legislativo y Ejecutivo lograron una influencia decisiva en su composición. La ley prácticamente eliminó no solo el sistema representativo anterior, sino también las garantías de independencia del Poder Judicial". El CGPJ español es el órgano administrativo de gobierno de los jueces y, como tal, no juzga ni ejerce ningún tipo de función judicial, y sus decisiones, en última instancia, pueden ser objeto de recurso ante los tribunales. Además, su sistema de elección no es fruto de una reforma reciente, sorpresiva y regresiva en derechos, como la polaca, sino que lleva en vigor cuatro décadas.

Una de las razones del Gobierno español y del sector progresista del Poder Judicial para defender que a los 12 vocales judiciales los elija el Parlamento es el conservadurismo generalizado del cuerpo. Si los eligieran sus propios compañeros, el Consejo no reflejaría el pluralismo político y estaría perpetuamente dominado por la derecha. Las dos elecciones en las que participa toda la plantilla judicial –la relativa a los puestos electivos de las Salas de gobierno de los principales tribunales y la que selecciona a los miembros de la Comisión de Ética– dan sistemáticamente la victoria a los candidatos más conservadores. La Comisión de Venecia, sin embargo, desdeña ese argumento en su informe al sostener que "no puede discernir la base sobre la que se podría caracterizar al sistema judicial español en su conjunto como conservador".

El borrador ha generado malestar en el sector progresista del Consejo, que ha visto cómo el organismo del Consejo de Europa apuesta por la propuesta de reforma de los conservadores. Sin embargo, nueve de los diez vocales a propuesta del PSOE y Sumar recordaron este jueves que el organismo que debe evaluar el sistema que finalmente se adopte no es la Comisión de Venecia, sino la UE en su informe sobre el Estado de derecho (elaborado por la Comisión Europea). Señalan también que, pese a su posición, el texto provisional identifica un doble riesgo en la propuesta de los conservadores de que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales procedentes de la carrera: por un lado, el corporativismo y, por otro, la politización a través de las asociaciones judiciales.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre creen que las comparaciones con Polonia están "fuera de lugar". En cualquier caso, recuerdan, se trata únicamente de un órgano asesor; "lo importante es lo que sostenga la Comisión Europea, que no ha planteado ninguna objeción", afirman. Como los vocales progresistas, esas mismas fuentes consideran que el documento también advierte de la posible "politización interna" y el corporativismo a través de las asociaciones en el caso de que sean los jueces los que elijan. Pese a los riesgos de "politización externa" por parte de los partidos que la Comisión de Venecia ve en la actual elección parlamentaria, el Gobierno defiende que esa opción es la única "con enganche constitucional y democrático". Las fuentes consultadas recuerdan además que "no hay estándares obligatorios" porque hay países como Alemania, por ejemplo, que ni siquiera tienen Consejo. "Cada Estado elige una manera de garantizar la independencia de los jueces", recuerdan desde el Gobierno.

El Kremlin avisó este viernes de que las advertencias de varios países de la OTAN sobre el posible derribo de aviones rusos son "peligrosas por sus consecuencias".

"Las declaraciones sobre el derribo de aviones rusos son, como mínimo, imprudentes e irresponsables, y, por supuesto, peligrosas por sus consecuencias", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.

Horas antes, Peskov ya había calificado de "irresponsables" las palabras de políticos europeos y asegurado que no quería "ni hablar de eso".

Según el Kremlin, "las acusaciones contra Rusia de que sus aviones violaron un espacio aéreo y penetraron en algún cielo son infundadas".

"Y, por supuesto, en el contexto de tanta imprudencia, hacer declaraciones tan agresivas (sobre el derribo de aviones) supone otra escalada muy significativa de tensiones cerca de nuestras fronteras", concluyó.

Anteriormente, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que los países aliados no permitirán que se sigan produciendo violaciones del espacio aéreo con aviones y con drones rusos, que han sido denunciadas por Polonia, Rumanía y los países bálticos. El Secretario General Mark Rutte confirmó el "compromiso de defensa", pero sin detallar acciones específicas a tomar.

Estas aparentes violaciones del espacio aéreo activaron consultas bajo el Artículo 4 del Tratado de la OTAN, diseñado para abordar amenazas percibidas sin activar la defensa colectiva plena del Artículo 5.

Estados Unidos, Polonia y los países bálticos abogan por "medidas firmes", inclusive la autorización para derribar aeronaves rusas que "infrinjan" el espacio aéreo aliado.

Además, según Bloomberg, representantes occidentales se reunieron recientemente con diplomáticos rusos, a los que advirtieron que estos países responderán con la fuerza a las próximas incursiones aéreas rusas.

Las tensiones fronterizas entre Rusia y los miembros europeos de la OTAN se han disparado desde que a mediados de septiembre una veintena de drones rusos penetraran en territorio de Polonia, que lo consideró "un acto de agresión".

Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron ruso, en un incidente que el Gobierno de Bucarest calificó de agresión, durante otro ataque ruso a instalaciones en territorio ucraniano cerca de la frontera con Rumanía.

"La Fuerza Aérea Rumana interceptó hoy, 13 de septiembre, un dron ruso que invadió el espacio aéreo nacional", anunció el ministro de Defensa, Ionut Mosteanu, minutos después de una primer comunicado en el que no se había identificado el origen del aparato.

El ministro señaló que dos cazas F-16 despegaron "urgentemente" y rastrearon la aeronave no tripulada hasta que desapareció del radar en la región de Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Mosteanu añadió que la población de la zona no corrió peligro y advirtió que "Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa".

El Ministerio de Defensa había informado previamente de que los aviones detectaron el dron sobre las 18.23 (15.23 GMT), unos 15 minutos después de haber despegado.

La misión de los aparatos era vigilar el espacio aéreo ante la presencia del dron tras los ataques aéreos rusos de hoy contra infraestructuras ucranianas en el Danubio, cerca de la frontera rumana.

Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización.

La Fuerza Aérea polaca y sus aliados de la OTAN han sido movilizados este sábado para cubrir el espacio aéreo de Polonia tras recibirse informes de una posible amenaza de drones rusos en las regiones fronterizas con Ucrania, lo que obligó, además, al cierre del aeropuerto de la ciudad de Lublin.

Rumanía ya desplegó dos F-16 el pasado día 10 ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo, la misma noche en la que Polonia derribó varios de esos aparatos que invadieron su territorio.

El flanco oriental de la OTAN está en alerta máxima tras la irrupción de un enjambre de drones rusos en el espacio aéreo polaco este pasado miércoles, un acto calificado por Varsovia como “provocación” y condenado con rotundidad dentro de la Unión Europea por “agresivo y temerario” y “parte de una escalada seria” de Moscú para desestabilizar el continente. Los despliegues militares internacionales en las repúblicas bálticas, Polonia o Rumanía serán reforzados en los próximos días

La UE y la Alianza Atlántica calibran su respuesta bajo la premisa de que Moscú ha puesto a prueba su defensa conjunta, ya que en el incidente tuvieron que participar cazas de combate de Países Bajos, responsables de parte de los derribos, sistemas alemanes de defensa Patriot o las unidades italianas de vigilancia aérea. Indirectamente, por primera vez, la OTAN se ha visto involucrada contra Rusia. Lo que refuerza el temor en gran parte de las cancillerías europeas sobre las futuras intenciones de Vladimir Putin.

Los próximos días serán claves en la Alianza Atlántica, que mantiene abiertas consultas entre sus 32 países siguiendo el artículo 4 de su Tratado, que permite su invocación como ha hecho Varsovia si la “integridad territorial, independencia política o seguridad de cualquiera de las partes está amenazada”. Tras tres años de conflicto bélico total en Ucrania, el derribo de más de una docena de aviones no tripulados rusos supuso también la primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, que el ejército polaco abría fuego contra un vehículo militar extranjero. 

En Bruselas, los principales diplomáticos de los 27 discutieron en privado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la aceleración de los planes de seguridad colectiva aprobados en la pasada Cumbre de La Haya. La defensa contra drones se considera una “capacidad crítica”. Durante las próximas semanas, Polonia y Letonia van a mantener cerrados sus espacios aéreos en las fronteras con Rusia y Bielorrusia, justo cuando este viernes los ejércitos de estos dos países han iniciado unas maniobras militares similares a la operación conjunta realizada en 2021, poco antes de que Moscú lanzase su invasión sobre Ucrania.

Ni la UE ni la OTAN aceptan las excusas rusas de que la irrupción de casi veinte de sus drones en territorio polaco fuese un accidente o una casualidad. Dinamarca, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, considera que supone “una clara ilustración” de la amenaza que pesa “sobre la seguridad de toda Europa en su conjunto”. También el canciller alemán, Friedrich Merz, quien calificó los argumentos de Moscú como “no creíbles”. Esta vez, hasta socios contemporizadores de Vladimir Putin como Hungría o Eslovaquia han respaldado el comunicado conjunto de los 27 donde se asegura que esos drones “amenazan la seguridad de los ciudadanos de la UE, la estabilidad regional y la paz internacional”.

Tampoco el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha puesto del lado de Putin como en anteriores ocasiones, acusando a esos aviones no tripulados de fabricación iraní de violar territorio polaco y confirmando con un “allá vamos” el apoyo de Washington a Varsovia. El embajador estadounidense ante la OTAN ha comprometido la defensa de “cada pulgada” del territorio de la Alianza Atlántica.

Tras el derribo de los drones rusos, el primer ministro polaco, Donald Tusk, mantuvo varias reuniones telemáticas con algunos de los principales socios europeos. Tusk explicó la situación vivida en la frontera este de su país al presidente francés, Emmanuel Macron, al canciller Merz, al primer ministro británico, Keir Starmer, a la de Italia, Giorgia Meloni, el de los Países Bajos, Dick Schoof, o al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Personal militar y equipos de las fuerzas armadas de varios de estos países se vieron involucrados en la respuesta temprana dada contra la amenaza de los drones rusos, presentes en el territorio de ese Estado Miembro al participar en los despliegues que la Alianza Atlántica tiene en su frente oriental. Polonia, como Rumanía o las tres repúblicas bálticas, alberga estas misiones. Y Zelensky se ha ofrecido a aportar sistemas anti drones, personal y entrenamiento de sus fuerzas armadas.

Por el momento, el gobierno polaco no tiene previsto solicitar a Ucrania esa ayuda o colaboración militar ucrania, aunque Tusk sí reconoció que durante las conversaciones con sus homólogos europeos había recibido “no solo muestras de solidaridad con Polonia, sino sobre todo propuestas de apoyo concreto a la defensa aérea de nuestro país”.

El incidente de los drones rusos en Polonia puede acarrear una aceleración de los planes de rearme colectivos. Varios aliados europeos en la OTAN están respondiendo a lo que consideran una provocación rusa deliberada con el envío de más tropas, artillería y sistemas de defensa a su flanco oriental. Países Bajos tiene ya desplegados sus F-35, los cazabombarderos de última generación estadounidense que también utilizó Israel para atacar Irán. República Checa se va a sumar con helicópteros a este operativo y Lituania recibirá adicionalmente una brigada blindada alemana. París y Berlín han anunciado el envío de cazas de combate adicionales a Polonia para reforzar las misiones de policía aérea.

Las llamadas a la creación de un escudo antiaéreo europeo también arrecían de nuevo, y llegan desde países con fuerza política suficiente para imponerse en el debate comunitario. Friedrich Merz ha asegurado que “las defensas aéreas europeas, de la OTAN, funcionaron” pero “no tan bien como deberían haberlo hecho para conseguir prevenir lo suficientemente pronto que un gran número de drones entrasen en el espacio aéreo polaco”. A juicio del canciller alemán, “esto debería activar las discusiones dentro de la OTAN y también dentro de la Unión Europea”.

La llamada a la acción de Berlín está en línea con las peticiones formuladas desde hace meses por la OTAN. Su secretario general, Mark Rutte, ha reiterado en numerosas ocasiones que una prioridad de la Alianza es contar con cinco veces más capacidades de defensa aérea y ante misiles. Capacidades que estarían entre las demandas confidenciales pactadas en la última cumbre de la OTAN donde se aprobó para cada país un gasto en defensa del 3,5% del PIB y otro complementario en seguridad, inteligencia o infraestructuras de doble uso civil y militar del 1,5%, llegando así al 5% exigido por la Administración Trump.

Deliberado o accidental, los drones rusos de fabricación iraní en territorio polaco refuerzan a los halcones europeos en su apuesta por el rearme militar y a las llamadas de la diplomacia comunitaria a Washington para que no imponga en Ucrania una paz favorable a Moscú. A juicio del ultraderechista primer ministro belga, Bart De Wever, “está claro que Putin no está interesado en la paz ni en un alto el fuego. Nos está provocando, se está riendo de nosotros y la única reacción debe ser que apoyemos aún más a Ucrania e intentemos perjudicar lo máximo posible la economía rusa”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles.

"La OTAN está lanzando 'Centinela oriental' para potenciar nuestra postura militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental", declaró Rutte en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas.

Rutte detalló que esta nueva actividad militar comenzará "en los próximos días" e implicará una gama de activos de países aliados como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y "otros".

"Además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones", explicó el secretario general de la OTAN.

Afirmó que 'Centinela oriental' "añadirá flexibilidad y fuerza a nuestra postura (militar) y dejará claro que como alianza defensiva, siempre estamos preparados para defender".

El comandante supremo aliado en Europa de la OTAN (SACEUR), el general Alexus G. Grynkewich, también presente en la rueda de prensa, aseguró que 'Centinela oriental' será "flexible y ágil", y proporcionará una capacidad de disuasión y defensa "incluso más centrada, exactamente cuando y donde se necesite".

"Incluirá capacidades mejoradas adicionales. Integrará defensas aéreas y terrestres, y aumentará el intercambio de información entre las naciones. Ante todo, fortalecerá aún más nuestra postura para proteger a la Alianza", expuso.

Grynkewich apuntó que la nueva iniciativa supondrá "un diseño de defensa completamente nuevo".

"La forma anterior en que nos organizábamos en el flanco oriental consiste en acciones individuales de policía aérea en diferentes ubicaciones y teníamos defensas aéreas terrestres individuales en varias ubicaciones también, y por supuesto, trabajamos con las naciones caso a caso, según detectemos amenazas", comentó.

Sin embargo, recalcó que 'Centinela oriental' supondrá "un enfoque integral e integrado" y que cubrirá todo el flanco oriental de la Alianza, desde el Polo Norte al Mar Negro y el Mediterráneo, "cualquier lugar en el que podamos ver una amenaza de los rusos".

"Con recursos adicionales, seremos capaces de cubrir brechas, de concentrar fuerzas donde necesitemos defender en un momento de una amenaza particular y tendremos mucha mejor comunicación a lo largo de todo el flanco oriental", agregó.

Sobre el incidente del pasado miércoles, Rutte dijo que si bien esa fue "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado".

"La imprudencia de Rusia en el aire a lo largo de nuestro flanco oriental es cada vez más frecuente. Hemos visto drones violar nuestro espacio aéreo en Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Sea intencionado o no, es peligroso e inaceptable", aseveró.

Rutte aseguró que los aliados aún están evaluando lo sucedido el miércoles, pero subrayó que fuera o no intencionado, "Rusia violó el espacio aéreo de la OTAN".

"Por tanto, debemos, como OTAN, dejar clara nuestra determinación y capacidad de defender nuestro territorio. Y para eso está diseñado 'Centinela oriental'", destacó Rutte, quien también afirmó estar "muy contento" con la reacción de Estados Unidos tras la violación del espacio aéreo polaco.

Por su parte, Grynkewich consideró que la intervención el miércoles de Países Bajos y otros aliados con sus recursos militares para interceptar los drones rusos fue "una operación altamente exitosa".

En la noche del martes al miércoles, varios drones rusos fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania.

Polonia decía el miércoles que lo ocurrido horas antes ponía al país más cerca que nunca de un conflicto desde la II Guerra Mundial. Drones rusos habían violado el espacio aéreo del país, espacio aéreo OTAN, y todas las alarmas se encendieron. Era la primera vez que Putin osaba ir tan lejos, amedrentando con drones cargados de explosivos a un país europeo, miembro de la OTAN.

Poco después, desde la Alianza Atlántica y desde la Comisión Europea se lanzaba un mensaje muy parecido. El riesgo de que el conflicto ucraniano escale y se extienda a otros países es hoy más real que nunca. Von der Leyen hablaba de guerras imperiales, de guerras entre imperios.

El miedo a que el conflicto ucraniano se extienda más allá de las fronteras de Ucrania es cada vez más evidente en muchos países de la Unión. Francia pedía hace unos días a los hospitales del país que se prepararan para una situación de guerra a partir de marzo de 2026. En el país galo la conversación en la calle, entre la gente, sobre el riesgo real de poder entrar en guerra con Rusia es habitual. Tienen asumido que, antes o después, el conflicto escalará y no habrá forma de mirar hacia otro lado. Así llevan meses, y, quizás por eso, el aviso del gobierno de Macron no ha sorprendido tanto dentro como fuera. Decirles a los hospitales que el gobierno baraja un horizonte de guerra para dentro de unos meses es muy arriesgado si no cuentas con argumentos de peso para demostrarlo.

Para algunos, que Francia, Alemania, Reino Unido o países más al este centren su agenda en defender a Europa de la amenaza rusa es una forma de distraer a la población con un miedo ficticio sobre algo que es muy improbable que pase.

Puede. En estos tiempos es difícil afirmar que “eso es imposible”, porque lo imposible, demasiadas veces en los últimos años, se ha convertido en posible.

En España, sea por la distancia geográfica o sea porque realmente pensemos que un dron o misil ruso es imposible que llegue hasta aquí, no compartimos ese miedo de los franceses, no planteamos posibilidades hipotéticas ni mucho menos pedimos a los hospitales que se preparen para lo que pueda pasar. Bastante tenemos con gestionar la realidad de hoy como para hacer futuribles con algo que, para muchos, es ciencia ficción.

Puede. Pero no pierdan de vista el mensaje que China envió la semana pasada con ese poderío político que desplegó en su Cumbre de Shanghái y después con el desfile militar en Beijing. Todo ha cambiado. Putin ya no se siente tan aislado. Desde luego, con el ataque del miércoles contra Polonia, sea un error deliberado o no, ha demostrado que nada le frena. Y mucho menos, las sanciones que le impone Europa. En Moscú sienten que hoy hay más margen que hace unas semanas. Hoy tienen a China de su lado. Y eso los hace más fuertes. Militarmente no han podido ganar a Ucrania, no hasta ahora. Y es improbable que, con el desgaste sufrido, se sientan con ganas de ir más allá. Pero envían mensajes. En forma de drones, en forma de “despistes”.

Polonia ha impuesto restricciones de tráfico aéreo en su frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania hasta el 9 de diciembre, según informó este jueves la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA) y recoge EFE, una medida que sigue a las 19 violaciones del espacio aéreo polaco por drones rusos del miércoles.

Las autoridades polacas han prohibido los vuelos nocturnos y la operación de drones civiles a cualquier hora del día en la zona EP R129, que abarca la franja oriental del país que limita con Bielorrusia y Ucrania.

Polonia también implementó el cierre completo del tráfico fronterizo con Bielorrusia. Esta medida, que afecta a transporte por carretera y ferroviario, fue anunciada por el primer ministro polaco, Donald Tusk, debido a los "intensos ejercicios ruso-bielorrusos Zapad-2025", programados del 12 al 16 de septiembre. El cierre busca reforzar la seguridad y se mantendrá hasta el fin de los ejercicios militares.

Mientras tanto, el ministerio del Interior de Polonia ha confirmado el hallazgo de los restos de 16 drones, distribuidos en cinco provincias del este y el centro del país. Al menos tres drones que representaban una amenaza directa fueron derribados por aeronaves polacas y aliadas durante la oleada de incursiones nocturnas que se registró en la madrugada del martes al miércoles por parte de drones rusos.

El general Wiesław Kukuła, jefe del Estado Mayor General del Ejército polaco, reveló en una entrevista emitida anoche por la cadena polaca TVN24 que Polonia recibió advertencias de Bielorrusia sobre drones dirigiéndose al territorio polaco. También calificó la cooperación como sorprendente pero útil, y Polonia respondió compartiendo a su vez información con Bielorrusia.

Según publica este jueves Der Spiegel, la OTAN parte de la base de que varios de los drones supuestamente rusos que violaron en la madrugada del miércoles el espacio aéreo polaco tenían como objetivo un centro logístico para el suministro de armas a Ucrania.

Desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, gran parte de los suministros de armas occidentales para apoyar al país invadido se gestionan a través del aeropuerto de Rzeszów, en el sureste de Polonia. Dada la trayectoria de cinco de los drones, era de esperar un ataque contra el centro logístico, según fuerzas de la OTAN.

Aviones de combate holandeses del tipo F-35, que apoyan la defensa aérea en Polonia por encargo de la OTAN, derribaron a continuación al menos tres de los drones y, según las primeras investigaciones, uno se estrelló, agregaron.

Las fuerzas armadas alemanas, que protegen con dos baterías Patriot el centro de suministro de armas contra ataques aéreos, detectó temprano a través de los radares la incursión de los drones en el espacio aéreo polaco y compartió los datos con la red de defensa aérea de la OTAN. Las unidades de fuego de los sistemas alemanes no se utilizaron en la operación, precisa el semanario.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, tras una conversación telefónica con su homologo estadounidense, Donald Trump, destacó durante la noche del miércoles la "unidad aliada" ante los recientes desafíos a la seguridad de la OTAN.

En un gesto de apoyo, la República Checa enviará tres helicópteros Mi-171Sz de operaciones especiales a Polonia. Estos helicópteros asistirán al Ejército polaco para detectar y, si fuera necesario, interceptar drones a baja altitud. La misión, acordada por los ministros de Defensa de ambos países, podría durar hasta tres meses, con un máximo de 150 soldados checos desplazados a Polonia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, que invocará el artículo 4 del Tratado de la OTAN que contempla que los aliados "se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada.

Tusk dijo ante el Parlamento que la invocación del artículo 4 "es solo el principio" y subrayó que espera un "gran apoyo de los aliados ante "la confrontación que Rusia ha declarado al mundo libre", en referencia a la oleada de drones que este país lanzó contra Polonia

Según el artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN, los países miembros pueden plantear un asunto ante el Consejo del Atlántico Norte y debatirlo con los Aliados. El artículo establece: “Las Partes se consultarán entre sí siempre que, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes se vea amenazada.”

Cualquier país miembro puede invocar formalmente el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte. En cuanto se invoca, el asunto se debate y puede derivar en alguna decisión o acción conjunta en nombre de la alianza. Sea cual sea el escenario, se anima a los miembros presentes en la mesa del Consejo a reaccionar ante cualquier situación que un país miembro les comunique.

Desde la creación de la Alianza en 1949, el Artículo 4 se ha invocado siete veces. El 10 de febrero de 2003, Turquía lo invocó formalmente en caso de amenaza a su población o territorio derivada de un conflicto armado en el vecino Irak. El 22 de junio de 2012, Turquía lo volvió a solicitar después de que uno de sus aviones de combate fuera derribado por las fuerzas de defensa aérea sirias. El 3 de octubre de 2012, de nuevo Turquía solicitó consultas tras la muerte de cinco civiles turcos a causa de proyectiles sirios. Tras estos incidentes, el 21 de noviembre del mismo, Turquía solicitó el despliegue de misiles Patriot.

El 3 de marzo de 2014, Polonia invocó el artículo 4 tras el aumento de las tensiones en Ucrania. El 26 de julio de 2015, Turquía lo volvió a solicitar en vista de la gravedad de la situación tras unos ataques terroristas. El 28 de febrero de 2020, de nuevo Turquía solicitó consultas tras la muerte de soldados turcos en ataques aéreos del régimen sirio y Rusia en la provincia de Idlib.

Y, por último, el 24 de febrero de 2022, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia solicitaron celebrar consultas en virtud del artículo 4 tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Conviene no confundir el artículo 4 con el 5, que establece la obligatoriedad de un Estado miembro a responder a un ataque contra un tercero.

En el caso del artículo 5 se especifica que “las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, en ejercicio de la legítima defensa individual o colectiva, ayudará a la Parte o Parte Atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada”.

El artículo 5 se activó por primera y última vez tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

El jefe de Gobierno confirmó que durante la pasada madrugada se registraron 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y aseguró que se derribaron tres de los aparatos, el último de ellos a las 6:45.

El líder polaco señaló además que "por primera vez durante esta guerra los aparatos no provenían de Ucrania, sino de Bielorrusia", y subrayó que las incursiones "no puede decirse que fueran el resultado de errores, pérdida de control de drones o pequeñas provocaciones rusas". Por primera vez, una parte significativa de estos drones sobrevoló Polonia directamente desde Bielorrusia", señaló Tusk.

El primer ministro señaló que aunque "no hay motivos para afirmar hoy que nos encontramos en estado de guerra no hay duda de que esta provocación es incomparablemente más peligrosa desde el punto de vista de Polonia que las anteriores."

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comenzado su primer debate del estado de la Unión Europea de esta legislatura con contundencia: “Europa está en combate”. La líder europea ha reconocido que su comienzo ha sido “muy duro” pero lo ha justificado por el marco internacional en el que vive Europa.

“Europa está en combate, un combate por un continente completo y en paz, por una Europa libre e independiente, un combate por nuestros valores y nuestras democracias, un combate por nuestra libertad y nuestra capacidad de elegir nuestro destino por nosotros mismos. No se confundan es un combate por nuestro futuro”, ha comenzado la presidenta.

En un discurso belicista, Von der Leyen ha asegurado que en estos momentos “se están trazando las nuevas líneas del orden mundial basado en el poder”. Además, ha remarcado que es necesario un cambio de modelo: “Debe surgir una nueva Europa”. Y ha subrayado: “Este debe ser el momento de la independencia de Europa, hacernos cargo de nuestra defensa y nuestra seguridad”.

La presidenta de la Comisión ha interpelado a los europarlamentarios con una pregunta sobre su posición frente a la situación que ha definido: “La pregunta central que se nos plantea hoy es bien sencilla: ¿tiene Europa estómago para este combate?”.

En las últimas horas Polonia ha denunciado que ha sufrido un ataque con varios drones rusos en una violación "sin precedentes" de su espacio aéreo. Von der Leyen en su discurso ha querido detenerse en este incidente y ha mostrado su solidaridad con Polonia. “El mensaje de Putin es claro y nuestra respuesta tiene que ser clara, tenemos que presionar más a Rusia, necesitamos más acciones”, ha afirmado.

La presidenta ha recalcado su posición belicista asegurando que “esta es la guerra de Rusia y es Rusia la que tiene que pagar”. Y ha continuado reforzando la posición que la UE ha mantenido hasta ahora y que, por ello, se debe seguir con el apoyo a Kiev y “financiar el esfuerzo de guerra de Ucrania”.

Sobre este desembolso en la guerra de Ucrania, la presidenta ha explicado que propondrá un nuevo programa: "Lo llamamos Qualitative Military Edge [Ventaja Militar Cualitativa]. Apoyará la inversión en las capacidades de las fuerzas armadas ucranianas". Y ha puesto como ejemplo los drones, sobre los que ha afirmado que “antes de la guerra, Ucrania apenas tenía drones. Ahora, más de dos tercios de las pérdidas de equipos rusos son atribuibles a drones ucranianos”. Por eso, cree que es en esta vía en la que tiene que invertir Europa. De hecho, Von der Leyen ha asegurado que ante la inestabilidad provocada por Rusia en el este del continente, la UE debe crear “una guardia del frente oriental” y hay que “responder a la llamada de nuestros amigos bálticos y construir un muro de drones”.

Como era de esperar, la presidenta de la Comisión se ha referido a la situación que se está viviendo en Gaza, que ha definido como “inaceptable”. Mientras la presidenta hacía referencia a la guerra de Netanyahu evitando hacer referencia a la palabra genocidio, parte de la bancada del Parlamento Europeo, vestidos de rojo, se han puesto en pie.

Von der Leyen ha dicho que entiende la indignación de muchos ciudadanos europeos por la falta de unidad de la UE en la respuesta a las acciones de Israel en la Franja de Gaza, aunque a la vez se ha declarado amiga de Israel y defensora de la solución de los dos Estados.

En un mensaje directo a Netanyahu, la presidenta de la Comisión ha afirmado que “el hambre provocada por el hombre nunca puede ser un arma de guerra”. Y ha subrayado: “Esto tiene que acabar”.

Pero también ha querido hacer referencia a Hamás antes de pasar a otros asuntos y ha explicado que “no habrá nunca, ahora ni jamás, un lugar para Hamás porque son terroristas”.

En este punto, Von der Leyen ha presentado una batería de propuestas para presionar a Israel. “En primer lugar, la Comisión hará todo lo posible por sí sola. Suspenderemos nuestro apoyo bilateral a Israel. Suspenderemos todos los pagos en estas áreas, sin afectar nuestra colaboración con la sociedad civil israelí ni con Yad Vashem. En segundo lugar, presentaremos dos propuestas más al Consejo: propondremos sanciones a los ministros extremistas y a los colonos violentos; y también una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial. Soy consciente de que será difícil alcanzar la mayoría. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos”.

La presidenta de la Comisión ha hecho referencia a la relación comercial con Estados Unidos y la ha calificado como "la más importante" para Europa. Ha explicado que la UE exporta más de 500 mil millones de euros en bienes a EEUU cada año, y millones de empleos europeos dependen de ello. Pero Von der Leyen ha enfatizado que "nunca jugará con los empleos o el sustento de las personas" y que se hizo un acuerdo para mantener el acceso al mercado para las industrias europeas.

De hecho, en su discurso ha querido enfatizar que Europa consiguió el "mejor acuerdo posible" con EEUU y que las empresas europeas tienen una "ventaja relativa" porque algunos de sus competidores directos enfrentan aranceles estadounidenses mucho más altos. Aunque la base de partida de otros pudo ser más baja, Von der Leyen cree que el acuerdo europeo es "el mejor, sin duda alguna".

Von der Leyen también ha querido expresar un compromiso con la salud global al mismo tiempo que ha reconocido que el mundo se encuentra “al borde, o incluso al inicio, de otra crisis sanitaria mundial”. La presidenta ha reconocido su profunda preocupación por la desinformación que amenaza el progreso global en áreas críticas como la lucha contra el sarampión y la polio. Para hacer frente a estos desafíos, ha anunciado que “la UE encabezará una nueva Iniciativa Global de Resiliencia Sanitaria”.

La presidenta también ha hablado de otra preocupación que afecta a muchos ciudadanos europeos: la vivienda. “Un hogar no son solo cuatro paredes y un techo. Es seguridad, calor, un lugar para la familia y los amigos. Es pertenencia”, ha asegurado. Y ha añadido: “Para demasiados europeos hoy, el hogar se ha convertido en una fuente de ansiedad”. Ante esta situación, la líder europea se ha comprometido ante el Parlamento Europeo a presentar este año el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, con el objetivo de hacer la vivienda más asequible, sostenible y de mejor calidad. Este plan, según sus palabras, implicará una revisión de las normas sobre ayudas estatales para facilitar las medidas de apoyo a la vivienda, simplificar la construcción de nuevas casas y residencias estudiantiles, y una iniciativa legal sobre alquileres a corto plazo. Además, Von der Leyen convocará “la primera Cumbre Europea de la Vivienda para garantizar que [la vivienda] esté en lo más alto de nuestra agenda”.

La presidenta ha subrayado en su discurso que la desinformación y la manipulación de la información se consideran una amenaza directa para las democracias europeas, dividiendo las sociedades y erosionando la confianza en la verdad y en las instituciones democráticas. 

Para combatir esto, la presidenta ha propuesto un Escudo Europeo de la Democracia y la creación de un nuevo Centro Europeo para la Resiliencia Democrática que reunirá la experiencia de los Estados miembros y países vecinos para monitorear y detectar la manipulación de la información. 

Von der Leyen ha recogido en sus palabras las dificultades en las que se encuentran algunos medios de comunicación tradicionales en algunas comunidades, lo que según ella, crea “desiertos de noticias” que propician que la desinformación fluya como un fenómeno “muy peligroso para nuestra democracia”. Además, ha señalado que la independencia de los medios es crucial para la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Por ello, ha anunciado un nuevo Programa de Resiliencia de los Medios para apoyar el periodismo independiente y la alfabetización mediática, aumentando significativamente la financiación para los medios en el próximo presupuesto.

Sobre las redes sociales, la presidenta ha expresado su profunda preocupación por el acceso sin restricción de los menores y ha destacado peligros como “el acoso online, el contenido para adultos, la promoción de autolesiones y algoritmos diseñados para crear adicciones”. 

Ante esta situación, Von der Leyen ha asegurado que está observado lo que está sucediendo en Australia donde se ha puesto en marcha una iniciativa para restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. “Nuestros amigos en Australia están siendo pioneros en una restricción de las redes sociales. Estoy siguiendo de cerca la aplicación de su política para ver qué próximos pasos podemos dar aquí en Europa. Encargaré a un panel de expertos que me asesore antes de que termine este año sobre el mejor enfoque para Europa. Abordaremos esto con cuidado y escucharemos a todos”, ha explicado al Parlamento.

La presidenta de la Comisión ha terminado su discurso con un recuerdo al pasado para dirigir un “larga vida a Europa” a la cámara: “Hace 80 años, nuestro continente era un infierno en la tierra. Hace 40 años, nuestro continente estaba dividido por un muro. Pero en cada ocasión, los europeos decidieron luchar por un futuro mejor. Para recobrar su unidad… y para dar fortaleza a la unidad en su conjunto. Y esto es lo que me esforzaré en conseguir cada día. ¡Viva Europa!”, ha concluido.

Polonia consideró este miércoles que la violación de Rusia de su espacio aéreo constituyó un acto de agresión y en el operativo desplegado contra los drones rusos, que duró toda la madrugada y ya ha concluido, recibió un apoyo unánime de sus aliados, según informa EFE. Rusia empleó en un ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones.

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia.

Para el Ejecutivo de Polonia la reiterada violación de su espacio aéreo por drones rusos durante la madrugada, que no tiene precedentes, constituyó un "acto de agresión". El primer ministro polaco, Donald Tusk, lo ha calificado además de "probable provocación a gran escala". "La situación es grave. Hoy nadie puede dudar de que debemos prepararnos para diversos escenarios", declaró este miércoles al inicio del Consejo extraordinario de Ministros convocado al respecto, donde subrayó que están preparados "para repeler tales provocaciones y ataques".

Además, Tusk anunció que invocará el artículo 4 del Tratado de la OTAN que contempla que los aliados “se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada”. 

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, coincidió este miércoles en que hay "indicaciones que sugieren" que el ataque ruso con drones que afectó a Polonia fue "intencionado".

Pero según Tusk, "esta primera prueba" para el Ejército, los aliados y los procedimientos preparados para tal eventualidad "ha sido superada y dichos procedimientos y planes para una situación de este tipo "están funcionando".

Contra territorio polaco, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed. Según las autoridades polacas se han encontrado restos de un misil de origen desconocido y de siete drones. Los drones se encontraron las localidades de Cześniki. Czosnówka, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wyhalew, Wohyń , Mniszków y Oleśno.

Las autoridades polacas detallaron que uno de los drones rusos cayó en el tejado de un edificio residencial en Wyryki (este), causando daños materiales leves, mientras que según los medios del país los restos de un segundo aparato han sido hallados en la región de Lublin (este) y están siendo examinados por los militares. Según Tusk, no ha habido víctimas.

La población ha sido alertada para que, si encuentran drones derribados o fragmentos, no se acerquen, no los toquen ni los muevan, antes de ser revisados por las patrullas de artificieros.

Tusk asegura que están en constante contacto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con los aliados para poder responder a este tipo de amenaza "con la misma eficacia" que la de la madrugada.

Algunos de esos aliados, como Suecia, Noruega y Letonia, expresaron este miércoles su condena y mostraron su apoyo a Polonia en la defensa de su espacio aéreo. La agresión rusa contra Ucrania, según manifestó por ejemplo el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, "supone una amenaza para la seguridad de toda Europa".

Lo sucedido había obligado a cerrar de forma provisional el tráfico y parte del espacio aéreo polaco, aunque los cuatro aeropuertos del país que tuvieron que ser paralizados han pasado ya a operar con normalidad.

Precisamente el martes, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, había subrayado, a raíz de los incidentes recientes de violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones procedentes de Bielorrusia, que se autorizaría en adelante el derribo de estos aparatos y explicó que las Fuerzas Armadas contaban con su "pleno apoyo" para actuar en consecuencia.

Al derribo de los drones rusos que invadieron de madrugada el espacio aéreo polaco contribuyeron las defensas aéreas de la OTAN, según informó la Alianza Atlántica en redes sociales. Polonia recibió en concreto el apoyo del Mando Aéreo Aliado (AIRCOM, en inglés), así como de la Koninklijke Luchtmacht de Países Bajos, a los que dio las gracias.

El despliegue contra dichos drones duró toda la madrugada. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó en X cerca de las 06.00 GMT de que "las operaciones de la aviación polaca y aliada" relacionadas con dicha violación rusa habían concluido. 

A principios del siglo pasado, durante la Primera Guerra Mundial, el pueblo armenio fue masacrado en un genocidio que existió, aunque no llevara ese nombre. No fue hasta 1944 que se acuñó el término para describir los crímenes cometidos por los nazis, y cuatro años más tarde, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio  estableció su definición jurídica.  

Quizá sepamos más acerca del ocurrido entre 1941 y 1945 gracias al cine o la literatura que a la historia impartida desde los diversos ámbitos educativos. Y precisamente por ello, ¿podríamos no estar considerando la gravedad de estos hechos como se merece? ¿Realmente podemos dimensionar el terror solo con verlo a través de una pantalla? El genocidio armenio existió sin nombrarlo, y ese horror no sirvió para prevenir el siguiente.

Al revisitar la historia, surgen preguntas. A la cuestión de ¿por qué no se rebelaron?, el guía que nos acompañó a través del que fuera gueto de Cracovia respondió que “hubo intentos, pero que las fuerzas eran demasiado asimétricas: débiles por el hambre y el trabajo forzado y sin armas, las posibilidades eran irrisorias”. Y según continuaba con sus explicaciones, otra pregunta, ¿Y por qué nadie hizo nada?, alguien dijo en voz alta “quizá no lo sabían”, pero el guía enseguida apuntó “Sí lo sabían, pero no se lo creían”. 

A nadie se le pueden escapar las similitudes ocho décadas después. Quizá la justificación sirvió en aquella ocasión, pero ni siquiera había acabado el siglo, cuando en 1995 leíamos sobre el genocidio en Srebrenica, donde fueron asesinadas 8 000 personas. Tampoco hicimos nada, aunque creerlo, lo creíamos. Ahora, gracias a los pocos periodistas que aún no han sido asesinados, lo tenemos presente en la pantalla 24 horas al día, pero seguimos sin hacer nada. ¿Es que no nos lo creemos? ¿Acaso la pantalla nos anestesia frente al sufrimiento como si fuese solo una película? Tendremos que esperar a que se pueda visitar una Gaza en ruinas con guía para llevarnos las manos a la cabeza y decir, mientras vemos los zapatos entre los escombros, ¿cómo pudimos dejar que pasase una vez más? 

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Carol García es socia de infoLibre.

La victoria de los ultracatólicos de Ley y Justicia (PiS) en las presidenciales de Polonia ya están provocando el terremoto político que se anunciaba en la noche electoral del domingo. El primer ministro Donakd Tusk se someterá a un voto de confianza en la Cámara Baja porque, aunque asegura que el triunfo ajustado del ultracatólico Karol Nawrocki “no cambió nada” y que no cesará “un instante” en su trabajo, en la sexta economía de la UE se abre un periodo de inestabilidad política.

El mandato de Tusk concluye en 2027 mientras que la victoria de Nawrocki al filo del recuento electoral frente al alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowki, mantiene la Presidencia de Polonia en manos de la extrema derecha del PiS hasta 2030. Las esperanzas de Bruselas de imponer otra derrota a la extrema derecha en un Estado Miembro, tras la reciente en Rumanía, se han esfumado y el candidato de Ley y Justicia promete bloquear las reformas que sigan despolitizando la Justicia, las regulaciones contra el cambio climático impuestas por la UE y, por supuesto, cualquier despenalización del aborto.

Era el escenario de alta incertidumbre política y bloqueo institucional que temían las instituciones de la UE durante la campaña electoral polaca después del 'rescate' protagonizado por Tusk en 2023 cuando regresó a su país tras ocupar la Presidencia del Consejo Europeo para ganar las elecciones generales y frenar la deriva antieuropeísta en que se había sumido bajo los gobiernos de Ley y Justicia. Ahora, Tusk reconoce que “la primera prueba será un voto de confianza” en favor de la “Polonia de nuestros sueños, libre, soberana, segura y próspera”.

Mientras, la extrema derecha europea se regodea con la victoria de su aliado. Giorgia Meloni, Viktor Orbán o el eslovaco Robert Fico ven como sus socios del PiS mantienen su pujanza, aunque Nawrocki no se sentará con ellos en las Cumbres europeas. “¡Qué emoción!, Fantástica victoria”, felicitó Orbán en sus redes sociales, deseando trabajar con el presidente electo polaco “para fortalecer la cooperación de Visegrado”. Hungría, Polonia, Chequia y Eslovaquia utilizaron el nombre de esa ciudad para referirse al grupo con el que hace años dinamitaban los avances en la UE.

Karol Nowrocki también era el candidato preferido por Donald Trump, quien le recibió a principios de mayo en el Despacho Oval y envió durante la campaña electoral a su secretaria de Seguridad Nacional para apoyarlo. El polaco sí participará en las Cumbres de la OTAN, empezando por la importante a finales de junio en La Haya, cuando los aliados tienen previsto aumentar las exigencias del gasto en defensa, desde el 2% del PIB hasta el 3,5%-5%, y escucharán los reproches de Trump. Frente al estadounidense, Nowrocki podrá presumir de que su país sí cumple, aunque otro gobierno realice el trabajo.

El historiador y antiguo boxeador está comprometido con mantener la ayuda militar a Ucrania, pero no es tan favorable a acoger a ciudadanos de ese país en el suyo ni tampoco a abrir las puertas de la UE y de la OTAN a Kiev, otra de las cuestiones clave que también se discutirá en la Cumbre de La Haya. Estas posturas le hacían también el candidato preferido de Vladimir Putin.

El resultado de las elecciones polacas no es el deseado por la Comisión Europea, quien desde 2023 vive un idilio político con Polonia tras la exitosa vuelta a casa de Tusk. La potencia regional del este llevaba años deslizándose por la senda del euroescepticismo mano a mano con Orbán. Polonia y Hungría bloqueaban los acuerdos de distribución de demandantes de asilo y refugiados, las políticas verdes o a favor de una mayor integración política, pero, por encima de todo, desafiaban las normas del Estado de derecho con sus reformas para controlar la Justicia, su persecución a los derechos de las minorías o los intentos de criminalización de organizaciones civiles.

Durante la campaña electoral, el presidente electo de Polonia se mostró contrario a las medidas de lucha contra el cambio climático impulsadas por Bruselas, asegurando que “son una amenaza contra todos, no sólo la gente que vive en el campo y de las granjas” y prometió un referéndum para decidir si su país debe aplicarlas. Como conservador católico, rechaza ampliar los derechos del colectivo LGTBI+ o el matrimonio homosexual y está en contra de despenalizar el aborto, una medida prometida por el gobierno Tusk que confiaba en un cambio en la Presidencia para sortear el veto. El resultado del domingo echa por tierra estos planes.

La Comisión Europea confía en “una buena cooperación” con el presidente electo Nawrocki y en seguir manteniendo “la buena cooperación que tenemos con Polonia”. “Es lo que espera la presidenta Von der Leyen”, explicó este lunes su portavoz jefe, Paula Pinho. Pero la cautela ya está instalada en el mastodóntico Berlaymont, sede de la Comisión. El ejecutivo comunitario asegura que es pronto para fijar una reunión entre Von der Leyen y Nawrocki o para públicamente dudar si Varsovia frenará las reformas judiciales que han permitido en los últimos meses desbloquear cientos de millones de euros en fondos de recuperación, paralizados a costa del expediente por vulneración del Estado de derecho abierto durante el anterior gobierno. “Tenemos que esperar y ver”, reconoció Pinho, pero “confiamos en que las reformas emprendidas por el gobierno polaco se lleven a cabo y continúen”.

La espita de los Next Generation se abrió gracias al cambio de rumbo propiciado por la llegada y las decisiones de Donald Tusk como primer ministro, quien durante el último año y medio ha estado sufriendo los vetos y obstáculos de otro presidente del PiS, Adrzej Duda. Nawrocki no está de retirada como su predecesor y compañero de partido, débil políticamente, y llega con nuevo bríos para desafiar al primer ministro.

El triunfo del candidato presidencial del PiS no sólo fue celebrado por el húngaro Orbán. Desde Francia, la líder del Rassemblement National, Marine Le Pen, aseguró que “frente a una Comisión Europea cuyas políticas autoritarias y objetivos federalistas están brutalizando la soberanía nacional, la victoria de Karol Nawrocki es una buena noticia. Se trata de un rechazo a la oligarquía bruselense”.

Igual que la líder de la extrema derecha francesa, también cargó contra “los burócratas de Bruselas” el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, asegurando que se trataba de una victoria “del voto libre y democrático” y en Países Bajos el islamófobo Geert Wilders destacó que uno de los principios por los que se guía Nawrocki es “Polonia primero, los polacos primero” y calificó su victoria como “patriótica”. Los principios MAGA de la política trumpiana importados desde Estados Unidos son ondeados por los ultras europeos.

Son los principales líderes de la extrema derecha del continente. La otra mandataria que se sienta junto a Orbán en el Consejo Europeo es la primera ministra italiana. Giorgia Meloni deseó un “buen trabajo” y sus “mejores deseos” a Nawrocki para su mandato como presidente de “una nación con la que compartimos valores comunes y sólidas relaciones de colaboración”. Los vínculos entre Meloni, su partido Fratelli d'Italia y el polaco Ley y Justicia son los más estrechos entre los ultras europeos. Ambas formaciones lideran el tercer grupo parlamentario de la Eurocámara, ECR, los Conservadores y Reformistas, el grupo ultraconservador en el que se apoya la Comisión Von der Leyen y el PP europeo cuando sus políticas son contestadas por socialdemócratas y verdes.

El objetivo del PiS y de Nawrocki es frenar las políticas del primer ministro Tusk. Amenazan con llevar al Tribunal Constitucional, donde cuentan con mayoría de jueces afines tras los nombramientos de la pasada década, los presupuestos y con vetar cualquier ley emanada de Bruselas sobre despolitización de la Justicia, lucha contra el cambio climático o acogida de migrantes. La mayoría parlamentaria del antiguo presidente del Consejo Europeo es exigua y se pondrá a prueba en la moción de confianza. Un revés parlamentario precipitaría el adelanto de las elecciones generales, sobre las que las encuestas aventuran un triunfo a Ley y Justicia y a un segundo partido de extrema derecha. Los ultracatolicos polacos recuperarían la jefatura del Gobierno y volverían a las Cumbres de la UE para revitalizar la pinza de Visegrado.

Karol Nawrocki, ganador de la segunda vuelta de las presidenciales en Polonia, es un historiador nacido en 1983 en Gdańsk que llegó recientemente a la política en una trayectoria similar a la de su predecesor, Andrzej Duda, también nacionalista y conservador. Nawrocki creció en una familia trabajadora -su padre era un obrero aficionado a la historia, y su madre, con una inclinación por el arte y la literatura, trabajaba como encuadernadora- y atribuye a estas influencias, junto con la práctica del boxeo y el fútbol, la formación de su personalidad.

Mientras desempeñaba trabajos a tiempo parcial, completó su educación superior y obtuvo un máster en Historia y un doctorado en Humanidades en la Universidad de Gdańsk. También cursó estudios de posgrado en administración y dirección de empresas. Antes de su candidatura presidencial, Nawrocki dirigió el Instituto de la Memoria Nacional (IPN) entre 2009 y 2017 y fue director del Museo de la Segunda Guerra Mundial de Gdańsk de 2017 a 2021.

Durante su gestión en el IPN, promovió activamente la eliminación de monumentos al Ejército Rojo en Polonia, actos que acompañaba con una significativa cobertura mediática y que le valieron ser incluido en la lista de personas buscadas por la Federación Rusa. Está casado y tiene tres hijos, uno de una relación anterior de su esposa. Una de sus grandes pasiones es el boxeo, que practicó en su juventud, y llegó a ganar el campeonato de Pomerania de peso pesado.

Aunque se presentó como candidato independiente, contaba con el respaldo explícito del partido nacional-conservador Ley y Justicia (PiS), que gobernó entre 2015 y 2023, y anteriormente ente 2005 y 2007.

Nawrocki se define como patriota, de ideología conservadora y nacionalista, con hincapié en los valores tradicionales y la soberanía nacional frente a la Unión Europea (UE), lo que concreta en su lema: "primero Polonia, primero los polacos".

En cuanto a temas sociales, defiende la "familia tradicional y la identidad cristiana" en oposición a políticas progresistas como el aborto y los derechos del colectivo LGBTIQ+.

En materia migratoria, aboga por el rechazo total de la inmigración ilegal, denuncia el pacto migratorio de la UE y propone la construcción de centros de deportación.

Y en política exterior, prioriza la alianza estratégica con Estados Unidos, especialmente bajo Donald Trump, a quien considera el gran garante de la seguridad regional europea y cuyo Gobierno le dio su apoyo en las elecciones presidenciales celebradas en segunda vuelta el domingo. El nacionalista mantiene una postura escéptica hacia la integración de Ucrania en la UE y la OTAN hasta que se resuelvan disputas históricas con su país. Nawrocki critica al Gobierno de Donald Tusk por ser demasiado condescendiente con Bruselas y Berlín, y culpa a las "élites europeas" de la guerra en Ucrania.

En el ámbito de la Justicia, plantea un sistema mixto de elección para el Consejo Nacional del Poder Judicial y la posibilidad de convocar un referéndum nacional sobre la reforma judicial si no se alcanza un acuerdo político antes de febrero de 2026.

En la economía, propone la reducción del IVA, la exención fiscal para familias con dos o más hijos e ingresos anuales inferiores a 35.000 euros, mantener el złoty como moneda nacional y la reducción de los precios de la energía doméstica manteniendo el uso del carbón.

La compra de un apartamento en Gdańsk a cambio de cuidados y ayuda económica a un anciano que posteriormente terminó en un hogar de beneficencia es una de las diversas polémicas que han marcado su campaña. También ha enfrentado críticas por presuntas vinculaciones con criminales en su juventud, algo que él achaca a su época de guardia de seguridad y a actividades educativas en prisiones del IPN.

Sus partidarios lo describen como un hombre auténtico, patriota y trabajador, sensible a las necesidades ajenas y destacan su compromiso con la verdad histórica y su fe religiosa. Y su apoyo principal proviene de votantes conservadores y de la Polonia rural, con una base electoral que se solapa con la extrema derecha.

Nawrocki se presentó a las elecciones como un "candidato cívico" y un "fuera del sistema", alguien capaz de poner fin a la "guerra civil" política que, según él, divide al país, que tiene un Gobierno de coalición liberal con una agenda reformista.