Emiratos Árabes Unidos utilizó la agencia de detectives suiza Alp Services para intentar influir en la opinión pública actuando como fuente –tóxica– de algunos periodistas de toda Europa. También españoles. Pero, además, encargó a los suizos que investigaran a los que consideraba informadores hostiles a su causa. Uno de ellos fue el corresponsal de El Mundo en Egipto, Francisco Carrión. Hubo sólo un periodista más entre sus objetivos: Aram Roston, quien ahora trabaja para Reuters, pero antes lo hizo para Buzzfeed o Newsweek, entre otros medios estadounidenses. Ambos fueron sometidos a una completa investigación personal, financiera y profesional, según los documentos obtenidos por Mediapart y compartidos con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. También han formado parte de la investigación los medios suizos Heidi News y RSI Television, así como Domani (Italia) y Daraj Media (Líbano).

Carrión mereció un proyecto para sí solo, que Alp bautizó como Noatak, el nombre de una reserva natural en Alaska y del personaje de una serie de animación estadounidense. El encargo lo hizo Ariaf Studies and Research, la tapadera de la agencia de inteligencia emiratí, al igual que el resto de las investigaciones, y el informe se terminó enseguida: fue ordenado el 1 de agosto y entregado sólo siete días más tarde.

Como en el resto de los trabajos relacionados con España, Alp Services subcontrató la investigación con la agencia barcelonesa Castor & Polux. Los suizos cobraron a Emiratos 10.000 euros por el informe, de apenas ocho páginas; a los detectives españoles, Alp sólo les pagó 2.000 euros por el suyo, de la misma extensión.

Por qué interesaba a la inteligencia emiratí el periodista español no se precisa, pero en la documentación a la que ha tenido acceso EIC hay dos buenas pistas. La primera, el encargo para investigar a Aram Roston –también incluyó un informe adicional sobre su esposa–, que buscaba “información sobre sus antecedentes, cualquier señal de alarma, rumor o información negativa”. Emiratos quería averiguar si el periodista estadounidense tenía “vínculos con servicios de seguridad o gobiernos extranjeros (es decir, si es un periodista independiente de verdad o no)”.

La segunda se halla en las actas de una reunión que mantuvieron el dueño de Alp, Mario Brero, y otras dos personas más con su interlocutor emiratí, el agente Matar, en el hotel Baur au Lac de Zürich los días 9 y 10 de agosto de 2018, cuando Alp entrega a su cliente en un USB varios informes, entre ellos el realizado sobre el periodista español. Uno de los asuntos que se comentan en el lujoso hotel es el reportaje que Francisco Carrión había publicado el 27 de julio en La Otra Crónica (LOC), el suplemento rosa de El Mundo, sobre Matar Suhail al Yabhuni Al Dhaheri, de quien dice que es la “mano derecha” del príncipe heredero de Abu Dabi.

La información no versaba precisamente sobre alta política internacional. Pero despertó las suspicacias de Emiratos. Carrión explicaba que Matar Suhail era el dueño de un equipo ciclista italiano, el Lampre, al que había rebautizado como UAE Team Emirates. También detallaba que había hecho una fortuna con proyectos inmobiliarios en Serbia y que su nombre y el de su hermano aparecían en los Papeles de Panamá como titulares de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los más generosos paraísos fiscales del mundo. Y destacaba que el emiratí, propietario de una gran constructora en su país con el nombre serbio Kopaonik, había conseguido la nacionalidad del país eslavo “en agradecimiento por sus esfuerzos para desarrollar las relaciones comerciales” entre ambos estados.

Esos datos ya habían sido publicados por un periodista serbio, Milivoje Panotiv, en mayo de 2016. Aparecieron en Middle East Eye, un medio online con sede en Londres al que Emiratos acusa de ser financiado por el Gobierno de Catar. “¿Por qué escribir sobre ello dos años más tarde?”, se lee en las actas. “El periodista es claramente un simpatizante de los Hermanos Musulmanes”, se da como única respuesta.

“No me sorprende en absoluto”, responde Carrión al saber del interés de Emiratos por su trabajo. El corresponsal regresó de Egipto en 2021 y desde entonces trabaja en Madrid para El Independiente. Francisco Carrión explica que su regreso a España tuvo que ver precisamente con el “acoso continuado” al que le sometió el Gobierno del general Al Sisi tras el golpe que en 2013 derrocó a Mohamed Mursi, elegido tras la primavera árabe y miembro de los Hermanos Musulmanes. “Mis informaciones eran muy críticas con el régimen de Al Sisi, que llegó a publicar comunicados oficiales acusándome de mentir y de amenazar la seguridad nacional”. Incluso tuvo que intervenir la Embajada española en El Cairo porque las autoridades egipcias le amenazaron con retirarle las credenciales y deportarlo, tras enviar el Servicio de Información del Estado un comunicado de cuatro páginas a los medios nacionales e internacionales donde repasaba las supuestas “opiniones parciales”, “errores profesionales” y “vergonzosas contradicciones ”de sus informaciones. Carrión asegura, no obstante, que no fue el único periodista extranjero que sufrió el mismo trato: Bel Trew, corresponsal de The Times, y Ruth Michaelson, de The Guardian, fueron expulsados. Y Reuters recibió un “toque de atención”.

Algunas de esas informaciones se utilizaron en los juicios a los que se sometió a cientos de Hermanos Musulmanes tras la caída de Mursi. En concreto, Carrión cita la entrevista que le hizo al portavoz internacional de la hermandad, que se usó como prueba de cargo en la sentencia a cadena perpetua que recibió.

A Francisco Carrión tampoco le sorprende la campaña que Emiratos ha desplegado en Europa a través de la agencia Alp Services. “Pretenden fomentar las sospechas hacia los Hermanos Musulmanes y han presionado en Reino Unido y otros países para que se les considere una organización terrorista”, apunta. En España, por ejemplo, “se llevaron a cabo deportaciones exprés de ciudadanos egipcios vinculados con la hermandad que fueron denunciadas por organizaciones internacionales de derechos humanos”.

A su juicio, el motivo de esa animadversión es claro: para las autocracias del Golfo, los Hermanos Musulmanes, que abogan “a través de la religión por el aperturismo” en esos regímenes, representan todo un “desafío”.

El informe que elaboró Alp Services sobre la base del que antes había entregado Castor & Polux se esfuerza por apoyar el argumento de las simpatías de Carrión por la hermandad, aunque las pruebas sobre las que pretenden sostenerlo los detectives suizos son ciertamente débiles. Las seis primeras páginas se limitan a hacer una relación de los datos personales del periodista y de su currículo profesional, desde que fue becario en la agencia Efe hasta sus 10 años como corresponsal de El Mundo en Egipto, donde cubrió “el auge y caída de los Hermanos Musulmanes”: la primavera árabe contra Hosni Mubarak en 2011, la elección de Mohamed Mursi como jefe de Estado en 2012 y el golpe de Estado del general Al Sisi en 2013. También se enumeran todos sus premios de periodismo. Y poco más. Resulta que Carrión no tiene ni coche, ni piso, ni deudas, ni sociedades a su nombre.

Así que las dos últimas páginas del informe sirven para rellenar lo que los datos no proporcionan. Los detectives de Alp Services hacen un rapidísimo examen de los artículos publicados por el corresponsal. En 2012, señalan, presentó a los Hermanos Musulmanes como “la mayor organización islámica del mundo”, cuyo objetivo es “extender las leyes islámicas a todos los aspectos de la vida “de forma pacífica”. Aunque no por ello deja de reconocer que uno de sus ideólogos lo es igualmente de organizaciones terroristas como Gama Al Islamiyah. Y asegura que existen dos corrientes: una reformista y otra conservadora. Presenta a los Hermanos Musulmanes como “pragmáticos moderados”, que aceptan el capitalismo y la democracia, aunque sin abandonar su programa ultraconservador.

Sin embargo, lo que el informe de Alp resalta como acusatorio es el hecho de que en 2017 Carrión escribiera en otra información publicada en la sección de internacional del periódico que los Hermanos Musulmanes habían abandonado la violencia y aceptado el sistema de partidos, que no había pruebas para considerarlos una organización terrorista y que los hombres de negocios que se sitúan en su núcleo han sido objeto de una “represión sangrienta y demonizados por los medios de comunicación”.

El segundo elemento incriminatorio para Alp Services es el artículo de LOC sobre Matar Suhail. De hecho, subrayan que se publicó a los pocos días de acabar el Tour de Francia “para conseguir más lectores”. Aunque, al mismo tiempo, los suizos reconocen que, en otros reportajes, el periodista “no escatima críticas” contra Catar y Turquía, los dos países que apoyan a los Hermanos Musulmanes.

Castor & Polux intentó, además, vestir un poco más un informe que, probablemente, se le había quedado bastante desnudo. Pero se limitó a buscar referencias en una única fuente, “confidencial” y procedente del mismo periódico en el que trabajaba el corresponsal. Aunque tampoco ahí consiguió material peligroso. “Es un buen periodista, analítico y preciso en su trabajo, y muy fiable”, le contestaron. También le dijeron que Carrión estaba “fascinado por el mundo árabe”. “Tiene un poco de síndrome de Estocolmo”, fue la expresión literal, “algo que le ocurre a la mayoría de los periodistas enviados a esa zona y que pasan muchos años allí”, matizó esa fuente confidencial a los detectives de Barcelona.

Semejante contención no debió de satisfacer a los suizos, que en su informe final a los emiratíes eliminaron la segunda parte de la frase y cargaron las tintas: “En otras palabras, Carrión se ha obsesionado un poco con el país”. No fue el único subrayado de Alp. Donde Castor decía que el trabajo del corresponsal había estado “relacionado” con la caída de Mubarak, el golpe de Estado de 2013 y la posterior represión de los Hermanos Musulmanes, los suizos aseguraban que era en esos tres asuntos donde el español había “centrado” sus reportajes.

Los suizos también suprimieron de su informe final otra referencia que no cuadraba con el enfoque pretendido: que el interés de Carrión se centraba más en el “componente social” de los conflictos que cubría. “Ha hecho entrevistas y artículos sobre víctimas de tortura, personas desaparecidas y asesinatos, represión contra las mujeres y los homosexuales, y sobre la libertad de expresión”, describía la fuente de Castor. Finalmente, la misma tijera aplicó Alp a la mención que la fuente de Castor hizo a la postura del corresponsal sobre Israel: Carrión rechaza la política del Estado hebreo, pero –esta parte no llegó al informe final– “cuando hay un ataque terrorista palestino lo cubre con imparcialidad”.

Todo vale para que el cliente quede satisfecho.

Un día de principios de mayo, justo después del amanecer, aviones de combate cruzaron en picado la frontera norte de Jordania con Siria y dispararon cohetes contra una casa de hormigón de dos plantas, arrasándola y matando a todos sus ocupantes. La zona, antaño bastión de los rebeldes que luchaban contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, no es ajena a los ataques aéreos y bombardeos. Pero la víctima de la explosión, un sirio llamado Marai Al-Ramthan, no era un combatiente revolucionario, sino un destacado traficante de drogas especializado en un estimulante sintético ilícito llamado Captagon.

¿Qué es el Captagon? Se trata del nombre comercial de la fenetilina, un fármaco inventado en los 60 en Alemania Occidental para tratar el trastorno por déficit de atención, la narcolepsia y la depresión. Prohibido en la mayoría de los países en 1986, ha encontrado una segunda vida como droga recreativa en Oriente Próximo, especialmente en Estados del Golfo como Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y también se ha hecho popular entre los combatientes durante la guerra civil de Siria.

Siria se ha convertido en la última década en un centro de producción y tráfico de Captagon a escala industrial. Esta droga, relativamente desconocida fuera de Oriente Próximo, es muy popular en algunas zonas de la región, donde cada pastillas puede alcanzar los 20 dólares. Como la guerra civil ha devastado la economía formal de Siria, la producción de Captagon se ha disparado. Los expertos calculan que el valor en la calle de las ventas oscila entre más de 5.000 y más de 50.000 millones de dólares al año. Incluso la cifra más pequeña supera los ingresos anuales del Estado sirio.

Las redadas antidroga en Europa y Oriente Próximo han aportado pruebas de que las autoridades sirias están ayudando a facilitar el comercio. Las investigaciones llevadas a cabo en Líbano muestran que un traficante convicto de Captagon tenía vínculos con la formación de élite de la Cuarta División del ejército sirio, dirigida por el hermano de Assad, Maher. La Unión Europea sancionó recientemente a tres primos de Assad por su implicación en el tráfico.

El OCCRP y la BBC dedicaron más de un año a investigar el comercio de Captagon. Los periodistas consiguieron un acceso excepcional a las operaciones antidroga jordanas y libanesas, entrevistando a contrabandistas, agentes de seguridad, estrategas militares, diplomáticos y soldados sirios en activo y retirados. También revisaron los expedientes judiciales de casos de drogas en Líbano, Jordania y Alemania, incluidas las actas de los interrogatorios tras la detención en 2021 del "rey del Captagon" libanés, Hassan Daqqou.

Todo ello permite presentar esta crónica del descenso de Siria a lo que los expertos llaman un "narcoestado", donde los límites entre las autoridades y las bandas criminales son a menudo borrosos. La investigación, que infoLibre publica en exclusiva en España como medio colaborador de OCCRP, muestra cómo la avalancha de drogas salidas de Siria ha abierto una nueva y sombría fase en el conflicto del país, enfrentando a milicias y narcotraficantes –a menudo con el aparente apoyo de las autoridades sirias– contra las fuerzas de seguridad de los países vecinos.

"El régimen de Assad está librando una guerra de drogas contra sus vecinos regionales", afirma en una entrevista Joel Rayburn, ex enviado especial de Estados Unidos a Siria. "Jordania está teniendo que usar las herramientas que puede para contraatacar", añade. El Gobierno y las fuerzas armadas sirias no respondieron a las solicitudes de comentarios. Públicamente han negado cualquier papel en la producción y el contrabando de Captagon, contra el que dicen estar luchando.

La frontera de Jordania con Siria se extiende a lo largo de más de 200 millas, que abarcan desde los tramos verdes de la frontera israelí hasta las zonas desérticas que tocan Irak. Reporteros del OCCRP y de la BBC recorrieron en varias ocasiones esta zona de alto riesgo, una región de contrabando acordonada con alambre de espino. Desde que el régimen de Assad y las milicias aliadas recuperaron el control del sur de Siria hace unos cinco años, la zona se ha convertido en la principal ruta de tránsito terrestre para los traficantes de Captagon, que introducen la droga a escondidas hacia los mercados del Golfo, en particular Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. El ejército jordano afirma haber frustrado más de 1.700 intentos de contrabando desde 2020.

Las tácticas de los contrabandistas han evolucionado. Antes llegaban en grupos más pequeños y desarmados. En los últimos dos años, han elegido cuatro o cinco puntos de entrada diferentes para distraer a las patrullas del ejército. Aprovechando las tormentas de arena, la niebla y el terreno accidentado, transportan la droga en mochilas o dentro de neumáticos hasta el lado jordano. Se enfrentan a oficiales jordanos en tiroteos y vienen equipados con ametralladoras, gafas de visión nocturna y drones. En las imágenes de una operación frustrada tomadas por las fuerzas de seguridad jordanas, un grupo de casi 70 hombres se acerca a la frontera. Llega un vehículo militar jordano y dos soldados abren fuego. Los hombres se dispersan hacia Siria.

Ramthan, de 45 años, el traficante abatido junto con su esposa y sus seis hijos en el ataque aéreo de mayo, a menudo reclutaba a familiares y amigos para traficar con drogas a través de esta zona fronteriza, pagando más de 10.000 dólares por trabajo realizado con éxito, según los expedientes judiciales revisados por el OCCRP. Apodado en los medios el "Escobar" de la región, en honor al tristemente célebre barón colombiano de la droga Pablo Escobar, Ramthan era buscado en relación con 57 casos de tráfico en Jordania, incluidos algunos en los que fue condenado en rebeldía y otros que seguían pendientes en el momento de su muerte, según Hassan Al-Qudah, director del Departamento Antidroga de Jordania.

Un hombre que afirmó haber trabajado como traficante de drogas desde la ciudad fronteriza jordana de Al-Mafraq dijo que la menor seguridad desde la guerra civil siria había permitido a las tribus locales, cuyos miembros viven a ambos lados de la frontera, moverse con más facilidad. El narcotraficante, que pidió no ser identificado para evitar problemas legales, dijo que entró en el negocio por dinero, aunque a veces sólo sacaba unos 15 dólares al día. Abandonó el negocio cuando la presión se hizo demasiado fuerte; por ejemplo, se había escandalizado al oír hablar de dos jóvenes adictos que se arañaban los ojos en un arrebato de locura. "Lo dejé para siempre, gracias a Dios", dice. "Pero para los jóvenes, para la gente en general, es la destrucción total".

Las fuerzas de seguridad jordanas redoblaron sus esfuerzos contra los traficantes en enero del año pasado, después de que unos contrabandistas tendieran una emboscada a una patrulla del ejército en medio de una espesa niebla cerca de la ciudad de Kom Al-Raf y mataran a un capitán del ejército e hirieran a tres oficiales. Una semana después, soldados jordanos mataron a tiros al menos a 27 contrabandistas cuando intentaban cruzar la frontera, según informó el ejército en un comunicado en abril. A principios de mayo de este año, el ministro de Asuntos Exteriores jordano declaró a la CNN que el país utilizaría la fuerza dentro de Siria para eliminar la droga que pueda cruzar la frontera. Días después, Ramthan murió en el ataque aéreo.

Aunque Jordania nunca ha confirmado que llevara a cabo el ataque, sus militares enviaron mensajes de texto a presuntos contrabandistas sirios tras la muerte de Ramthan. Rendíos, decían, o los soldados "volarán como águilas para daros caza, un criminal tras otro". Qudah, director del Departamento Antidroga de Jordania, calcula que hay unas 160 bandas de narcotraficantes trabajando dentro de Siria, fabricando Captagon, así como otras drogas como hachís y metanfetamina.

Justo al otro lado de la frontera jordana se encuentran las provincias meridionales sirias de Daraa y Suweida, focos de contrabando de Captagon. Muchos de los contrabandistas implicados en casos judiciales jordanos operaban desde estas dos provincias, según muestran los registros judiciales.

Hasta el pasado mes de julio, la zona era también el hogar de un conocido traficante de Captagon, Raji Falhout, sancionado por Estados Unidos y Reino Unido por su implicación en el tráfico de drogas. Falhout dirigía una milicia desde la ciudad fronteriza de Atil, hasta que una milicia local conocida como los Hombres de la Dignidad atacó su cuartel general, al parecer enfurecida por la afluencia de drogas y delincuencia a la zona. Tras un tiroteo, Falhout huyó. Cuando los combatientes registraron su base encontraron numerosas pruebas de su implicación en el tráfico de Captagon. Las imágenes de la operación obtenidas por los periodistas muestran una pequeña máquina para prensar Captagon y bolsas de pastillas apiladas unas encima de otras.

Las imágenes de un documento de identidad que los combatientes dijeron haber encontrado parecían demostrar que el propio Falhout –cuyo paradero actual se desconoce– había sido miembro de la inteligencia militar siria. Las autoridades sirias no respondieron a las peticiones de comentarios sobre su relación con Falhout.

Los periodistas también tuvieron acceso al teléfono móvil personal desbloqueado de Falhout, que parecía mostrar amplias interacciones con las autoridades sirias. En una conversación, Falhout recibe órdenes del jefe de la rama de inteligencia siria en Suweida de organizar un mitin para Assad tras las elecciones presidenciales. Las comunicaciones de Falhout también muestran que parece organizar transferencias de material para la fabricación de Captagon desde Líbano, otro país que se ha convertido en un importante campo de batalla en el conflicto regional por el floreciente tráfico de drogas.

En abril de 2021, la policía libanesa detuvo a Hassan Daqqou, de 36 años, en relación con una investigación en curso sobre dos narcotraficantes libaneses. Daqqou, que tiene doble nacionalidad libanesa y siria, fue acusado de dirigir un imperio de la droga desde el valle libanés de la Bekaa, que discurre a lo largo de la frontera con Siria. A finales del año pasado fue condenado a siete años de prisión.

El OCCRP obtuvo las actas de los interrogatorios de Daqqou: un tomo manuscrito de 651 páginas recopilado por una unidad de inteligencia libanesa, que contiene transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas de Daqqou con contrabandistas de Líbano y Siria, así como sus comunicaciones con las autoridades sirias, y otra documentación. En el registro de la casa de Daqqou, la policía encontró casi 2 millones de dólares en efectivo, mientras que otros 1,1 millones estaban en una caja fuerte de una empresa de construcción registrada a nombre de su esposa. Daqqou negó estar implicado en el tráfico de drogas y mostró a los investigadores una tarjeta de identificación oficial de la Cuarta División, para la que afirmó haber estado trabajando. Afirmó que había recibido el encargo de rastrear el contrabando de drogas dentro de Siria.

El juez libanés que impuso la condena a Daqqou afirmó que el tribunal había llegado a la conclusión de que no había pruebas que implicaran a funcionarios sirios en el tráfico. Pero el registro del interrogatorio de Daqqou sugiere lo contrario: los registros del interrogatorio del "rey del Captagon" libanés muestran conversaciones con una persona que parece ser un alto funcionario de la Cuarta División

Uno de los números, guardado bajo el nombre de "al-moallem" –un coloquialismo árabe que se traduce aproximadamente como "el jefe"–, estaba formado casi en su totalidad por el número tres. Al parecer, estos números, conocidos en Siria como "números de oro", se asignan a altos cargos. Tres fuentes dijeron a los periodistas que el número pertenecía a un alto mando de la Cuarta División, Ghassan Bilal. Las bases de datos de identificación telefónica de terceros también relacionan el número con el nombre de Bilal, que no respondió a los intentos de ponerse en contacto con él a través de su teléfono móvil y correo electrónico.

Una conversación interceptada de marzo de 2021 parece mostrar a Daqqou hablando de autorizaciones de seguridad con "el jefe". En otro chat, Daqqou escribe al "jefe" sobre un almacén en la localidad siria de Al-Saboura, a las afueras de Damasco, una zona bajo el control de la Cuarta División donde planeaban almacenar "mercancías" procedentes del Líbano. Unas semanas antes de la detención de Daqqou, la policía aduanera de Malasia anunció que se había incautado de casi 95 millones de pastillas de Captagon ocultas en ruedas industriales. El cargamento –con un valor estimado en la calle de al menos 1.200 millones de dólares– se dirigía a Arabia Saudí, según una fuente de seguridad libanesa.

En una conversación mantenida unas tres semanas antes de la redada de Malasia, Daqqou y otra persona a la que sólo se nombraba por teléfono como "M" aparecen hablando de la logística de un envío cuyas especificaciones parecían coincidir con el que fue interceptado. Luego, el día de la redada, Daqqou y "M" parecen tratar de averiguar si era su envío el que los malasios habían incautado. Los investigadores libaneses también encontraron una factura de ruedas industriales procedentes de la República Checa en uno de los teléfonos de Daqqou.

Daqqou dijo a los investigadores que sólo había intentado ayudar a rastrear el cargamento a un funcionario de la Cuarta División que trataba de tomar medidas enérgicas contra la evasión aduanera. También insistió en que sólo había hablado con narcotraficantes libaneses y sirios porque los contactos le ayudaban a vigilar el sector para la Cuarta División y otros organismos de seguridad árabes. El abogado de Daqqou, Ali Musawi, dijo que su cliente era víctima de una "campaña mediática y política inventada" y afirmó que no se había encontrado ni una sola pastilla de Captagon en poder de Daqqou ni en ninguna de sus propiedades. Musawi también negó que Daqqou estuviera implicado en el envío a Malasia. Afirmó que la factura de ruedas industriales que aparecía en el teléfono de Daqqou no estaba a su nombre ni a nombre de ninguna de sus empresas y que sólo estaba en su teléfono porque estaba recopilando información para ayudar a las autoridades sirias y libanesas a desenmascarar el contrabando.

Daqqou también era buscado en Jordania, donde un tribunal lo condenó en rebeldía a 20 años de prisión en noviembre de 2022. Las autoridades lo habían relacionado con una fábrica a las afueras de Ammán, que importaba de China productos químicos que pueden utilizarse como materia prima para fabricar Captagon y los exportaba a Siria. Estados Unidos sancionó a Daqqou este año por su implicación en operaciones de narcotráfico que, según dijo, fueron llevadas a cabo por la Cuarta División, con la cobertura de Hezbolá.

El contrabandista Arsal

Los oficiales del ejército libanés afirman que están ganando la lucha contra los traficantes de Captagon. Pero un contrabandista del valle de la Bekaa cuenta una historia diferente. Hablando por videoconferencia, el contrabandista –que utilizó el seudónimo de "Ali"– dijo que la pobreza en su región natal, alrededor del norte de Baalbek, una zona de contrabando en la frontera montañosa de Líbano con Siria, empujó a muchos a unirse al comercio de Captagon. "Todos los funcionarios del Estado hacen la vista gorda", afirma. Cuando los contrabandistas tenían un cargamento, decía, simplemente iban al comandante de la zona en Líbano y le pedían un día y una hora para cruzar. El comandante les decía entonces cuánto tenían que pagar a cambio de dejar pasar el cargamento. "Si puedo obtener un beneficio, ¿por qué no?", dijo el contrabandista.

El ejército libanés niega cualquier implicación en el tráfico de Captagon. Dicen que muchos soldados han muerto luchando contra el tráfico de drogas. Un portavoz declaró que "el ejército no se verá afectado por las mentiras, calumnias e intentos de distorsionar la imagen del ejército con el objetivo de socavar el prestigio de la institución militar" por parte de delincuentes y narcotraficantes.

Siria promete cooperación

El 1 de mayo, pocos días antes de que el contrabandista Ramthan muriera en el ataque aéreo, el ministro de Asuntos Exteriores sirio se reunió con sus homólogos árabes en Ammán. En la reunión, acordó ayudar a acabar con el narcotráfico y trabajar para identificar a quienes producían y traficaban con Captagon. La reunión se produjo después de dos años en los que funcionarios jordanos se reunieron con funcionarios de seguridad sirios, mostrándoles pruebas de que los guardias fronterizos ayudaban a los contrabandistas. Cuando este intento fracasó, Jordania empezó a trabajar para que Siria volviera a formar parte de la Liga Árabe, de la que había estado suspendida durante 12 años. Finalmente, Siria se reincorporó a la Liga y Assad acudió a una reunión en Yeda (Arabia Saudí) el 7 de mayo.

El ex enviado de Estados Unidos a Siria, dijo que intentar trabajar con el régimen de Assad para frenar los flujos de Captagon era como "intentar contratar al pirómano para apagar el fuego". Dada la precaria posición económica del régimen de Assad, también se mostró escéptico de que estuvieran dispuestos a renunciar a lo que ha demostrado ser un comercio lucrativo: "Si los ingresos de Captagon se detuvieran o se vieran seriamente interrumpidos, no creo que el régimen de Assad pudiera sobrevivir a eso", dijo. Un soldado sirio, que trabajó a menudo con la Cuarta División antes de desertar a Europa en 2013, se mostró de acuerdo. Pidió el anonimato por motivos de seguridad. "Si Bashar detiene los narcóticos durante más de 20 días, la economía se derrumbará", dijo.

Comienza la cosecha del trigo en Andalucía, pero los precios de los cereales, contraviniendo la lógica capitalista que debería bajarlos al crecer la oferta, siguen en máximos históricos. La escalada en la que están inmersos desde hace dos años, y que se recrudeció con la guerra en Ucrania, no frena. Este último mes, la cotización del trigo blando –el utilizado para hacer pan y alimentar al ganado– en España subió casi un 6% y llegó a alcanzar un máximo esta misma semana de 406,35 euros la tonelada, según los registros de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). La cebada se apreció casi un 5% –386,5 euros– y la avena, un 4,4%. El maíz rozó los 384 euros la tonelada tras encarecerse casi un 2,5%.

La salida de las cosechadoras en el hemisferio norte no consigue sosegar un mercado “muy nervioso” y abonado al miedo, pero también “muy dispuesto a utilizar cada noticia [sobre la guerra y los problemas de producción] como razón, o excusa, para mantener los precios altos”, advierte Jorge de Saja, director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac). Hay confusión, subraya, pero también especulación.

Ambos factores explican que desde julio 2019 los precios del trigo, el maíz, la cebada y la avena se hayan duplicado en España. Desde julio de 2021, han aumentado más de un 77%. Y casi la mitad de esa subida se ha producido desde enero.

El 24 de febrero, Rusia bloqueó las exportaciones de cereales de Ucrania en los puertos del Mar Negro, hasta ahora uno de los principales productores y exportadores mundiales: el quinto de trigo, el cuarto de maíz, el primero de girasol… La mitad del maíz que exporta el país eslavo se lo compra la Unión Europea. Junto con Rusia, Ucrania suministra el 38% de las exportaciones mundiales de trigo.

El temor a la falta de materia prima y a la consiguiente subida de los precios forzó la búsqueda de proveedores alternativos. España, que consume más cereales de los que produce, empezó enseguida a comprar maíz en Estados Unidos, un millón de toneladas, y un poco menos en Argentina y Brasil. El Gobierno también permitió la siembra de girasol, necesario para la alimentación del ganado, en terrenos hasta ahora obligados al barbecho por las normas de la UE. Los precios empezaron entonces a relajarse “un poco”, admite Jorge de Saja, pero no todo lo que debían, en parte por culpa de la huelga del transporte en marzo. Finalmente, con la cosecha a las puertas, irrumpió una prematura ola de calor que mermará la producción. “Perderemos entre un 10% y un 15% de la cosecha”, lamenta José Manuel Álvarez, secretario general de Accoe. Ahora el mercado está pendiente de los termómetros en Castilla y León, la principal región productora española, que no debería sacar las cosechadoras al campo hasta julio, pero que ya piensa en adelantar la siega por las altas temperaturas. “La cosecha de cereal en España va a ser mala, y en Castilla y León también, y no va a cubrir los elevadísimos costes de producción que tenemos, especialmente en las provincias más castigadas y que peor cosecha tienen como León, Zamora y Salamanca”, alertó este viernes el responsable de la patronal agraria Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, informa Europa Press. “La sequía de mayo”, abundó, “se ha llevado por delante las expectativas”.

Con todo, el escenario puede oscurecerse aún más. Francia sufre la peor sequía de su historia, advierte José Manuel Álvarez. En Marruecos se ha perdido el 70% de la cosecha de trigo. El Gobierno de EEUU prevé que la producción nacional de trigo caiga por primera vez en cuatro años. Mientras, en Ucrania, la guerra echará a perder el 35% de la suya. Según el Consejo Internacional de Cereales (IGC), la de China también va a recortarse un 1,4%. En resumen, la producción mundial de cereales va a caer un 1,75% este año: un 1,54% la de trigo y un 2,47% la de maíz. Con una menor oferta, los precios seguirán subiendo. Y el consumo se reducirá. El IGC calcula que sufrirá su primer descenso desde 2015. Las exportaciones se recortarán casi un 3%.

En cualquier caso, España, apunta Jorge de Saja, no va a dejar de fabricar alimentos ni de alimentar al ganado. “Pero, ¿a qué precios?”, se pregunta. El problema, y muy serio, lo tendrán en el norte de África. Egipto, el mayor comprador de cereales del mundo, depende al 100% del trigo que les suministraban Ucrania y Rusia, resalta José Manuel Álvarez. A Marruecos también le vendía Francia, pero la sequía gala puede mermar su capacidad exportadora a la antigua colonia. “La crisis alimentaria que se avecina, y que en algunos países africanos ya está presente, tendrá proporciones gigantescas y unas consecuencias humanitarias terribles”, advirtió el presidente italiano, Mario Draghi, tras llamar al líder ruso, Vladímir Putin, este jueves. Le pidió que liberara el cereal bloqueado en Ucrania. Putin contestó que lo hará si Occidente levanta las sanciones a Rusia. En ese país, las condiciones meteorológicas han sido buenas y la cosecha será excelente, de acuerdo con las previsiones de la FAO. Los intentos de Ucrania para exportar parte de su grano a través de Polonia, por ferrocarril, no le han permitido más que sacar cantidades pequeñas.

Draghi, dice Jorge de Saja, está mirando con el rabillo del ojo hacia Libia, que vive instalada en el caos político desde la caída de Muamar el Gadafi en 2011. Y nadie olvida que el alza de los precios de los alimentos fue uno de los detonantes de la primavera árabe, las protestas que entre 2010 y 2012 se extendieron por el norte de África y Oriente Próximo y expulsaron del poder a los dirigentes de Túnez, Libia, Egipto y Yemen.

En España, pese a los suministradores alternativos, los precios de los cereales no han dado tregua. “La situación no justifica unos precios tan altos”, protesta Jorge de Saja. Javier Alejandre, técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), concede que las medidas se tomaron quizá “demasiado tarde” y que el efecto de las siembras adicionales permitidas no se verá hasta la próxima campaña. De forma que sólo en abril el pan y los cereales han subido un 4,4%. Un 7,9% desde enero. Y un 12,1% en los últimos 12 meses, según las estadísticas con las que el INE elabora el Índice de Precios al Consumo. Desglosado ese aumento de precio, resulta que la harina ha subido mucho más: un 9,12% en abril y un 17,2% desde enero. En un año, nada menos que el 23,2%. En abril, se han encarecido más los bollos, un 6,5%, que el humilde pan, un 3,8%. Pero la pasta, que se elabora con trigo duro, más escaso y más caro, ha aumentado un 25% en el último año.

El director general de la asociación que agrupa a los fabricantes de piensos reconoce que no les ha quedado más remedio que trasladar el alza del precio de los cereales a sus productos. “No todo, pero sí una buena parte, lo que se puede”, apunta sin precisar más. La subida del alimento para los animales es un coste más para el ganadero que éste, a su vez, repercute en la leche o la carne. Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura, los piensos compuestos se han encarecido entre un 19% y un 25% en lo que va de año. Así que, en abril, la carne de vacuno ha subido un 3,6% de precio, la de cerdo y pollo –consumidores intensivos de pienso–, aún más, un 5,9% y un 6,7%, respectivamente, mientras que la leche se ha encarecido un 2,4%.

Cómo evolucionen los precios dependerá no sólo de la meteorología y la inminente cosecha, sino también de si Putin desbloquea el cereal ucranio. Aunque parece poco probable que Occidente acceda a aflojar las sanciones mientras intenta liberarse de su dependencia de la energía rusa. “Los consumidores hemos dado por sentado que la cadena alimentaria funciona a precios razonables y es inmune a todo, pero deberíamos reflexionar si no hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades alimentarias y si podemos permitirnos un sistema de alimentación maravilloso, que responda a las más altas exigencias de sostenibilidad y, además, barato”, se plantea Jorge de Saja.

José Manuel Álvarez cree que la capacidad de acción de España y Europa es limitada porque no tienen muchas posibilidades de producción. “No hay más tierra, a diferencia de Brasil, que está extendiendo los cultivos por la Amazonia”, explica. A su juicio, la única solución es investigar en producciones transgénicas para conseguir variedades de cereal con mayores rendimientos. Una dura pugna, pues, entre soberanía y calidad alimentarias.

En los últimos años del régimen de su padre en Egipto, Gamal y Alaa Mubarak eran dueños de su mundo, lleno de foros de inversión, reuniones políticas y chalés de lujo en Egipto y en el extranjero. La economía liberalizada bajo el mandato del presidente Hosni Mubarak estaba en auge y los hermanos tenían los contactos necesarios para sacar provecho.

Se privatizaron empresas estatales y el Gobierno vendía a bajo precio suelo de su propiedad, todo ello para que se lucrasen las personas adecuadas. Los hermanos acumularon cientos de millones de dólares en villas, coches de lujo y acciones en importantes empresas egipcias, una riqueza llamativa en un país en el que una cuarta parte de la población vivía con menos de 3,20 dólares al día.

Sus familiares y socios empresariales también prosperaron. Los tratos de favor dispararon los beneficios de las compañías propiedad de la familia política y de los aliados de Mubarak. Y la situación sólo iba a mejorar: Gamal, que había encabezado las reformas económicas, era el favorito para suceder a su padre como presidente.

Todo ese mundo se derrumbó en tres semanas de 2011, cuando millones de personas protestaron en el mundo árabe, exigiendo responsabilidades a una clase dirigente que había acaparado la riqueza y la había enviado al extranjero durante décadas. Mubarak dimitió en febrero, y en media hora las autoridades suizas habían congelado cientos de millones de dólares de activos vinculados a él y a los miembros de su gobierno.

Comenzó entonces una caza mundial en busca de los millones de Mubarak. En los meses y años siguientes también se congelaron activos vinculados a otros funcionarios en Yemen, Siria y Libia. Pero el inventario completo del dinero escondido en el extranjero ha seguido siendo difícil, especialmente en las jurisdicciones donde predomina el secreto.

Ahora, los datos filtrados de Credit Suisse ofrecen una nueva perspectiva de la riqueza que los Mubarak y otras élites tenían en el banco con sede en Zúrich en los años anteriores a la Primavera Árabe, y después de que ésta empezara a poner en peligro su control del poder.

Esta información sobre las cuentas en Suiza de líderes y empresarios árabes forma parte de la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con los medios que participan en Suisse Secrets y las claves del proyecto, leer aquí las motivaciones que llevaron a la fuente a realizar la filtración y consultar aquí la versión oficial del banco].

Los datos muestran que los hermanos Mubarak tenían seis cuentas en Credit Suisse. Una de ellas a nombre de Alaa se abrió ya en 1987, cuando tenía 27 años. Otra cuenta conjunta de los dos tuvo un saldo máximo de 277 millones de francos suizos, cantidad sugerida en su día por declaraciones de las autoridades egipcias, pero que nunca fue confirmada.

Los activos de los hermanos en el banco sí parecen haber sido congelados tras la Primavera Árabe, aunque nadie lo ha reconocido expresamente. A través de sus abogados, los Mubarak aseguraron que todos sus activos "fueron plenamente declarados y adquiridos a partir de sus actividades empresariales profesionales" y "se originaron a partir de fuentes totalmente legítimas y legales".

La información de Suisse Secrets también descubre cuentas no declaradas anteriormente a nombre de los suegros de ambos hermanos, Mohamed Magdy Rassekh y Mahmoud Yehia El-Gammal, algunas con millones de francos suizos. Otras cuentas estaban a nombre de algunos de los socios empresariales de la familia, incluidos algunos implicados en juicios por corrupción tanto antes como después de la Primavera Árabe.

Los datos filtrados tenían más cuentas de Egipto que de cualquier otro país árabe. Pero muchos personajes ricos y poderosos de la región también aparecen en los datos: presidentes, familias reales, ministros, espías y magnates con estrechos vínculos gubernamentales. Los titulares de las cuentas proceden de más de media docena de países donde prendieron las protestas de la Primavera Árabe, como Siria, Yemen, Libia, Argelia, Marruecos y Jordania. Estas cuentas, que ofrecen una visión de la riqueza que las élites árabes poseían en el extranjero en la década anterior a la revuelta, tenían en conjunto un valor de al menos 1.000 millones de dólares.

Los datos también revelan el rol que Credit Suisse desempeñó durante años, permitiendo que las élites árabes ocultaran su riqueza en el extranjero, incluso cuando ellos y sus gobiernos eran acusados de perjudicar a toda una región a través de corrupción y nepotismo. Quejas que se encuentran en el corazón de las protestas de la Primavera Árabe.

Algunos clientes tuvieron cuentas a pesar de años de escándalos, como ocurre con Hussein Salem, un estrecho colaborador de Mubarak cuyo nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y amiguismo. Otros, entre ellos algún jefe de los servicios secretos, se vieron implicados en violaciones de los derechos humanos, como la tortura y las entregas extralegales de prisioneros patrocinadas por Estados Unidos.

Expertos afirman que los bancos suizos y otras entidades financieras internacionales participaron en el movimiento de los mismos fondos que los manifestantes de la Primavera Árabe querían recuperar. Waleed Nassar, un abogado que trabajó en la recuperación de activos de Egipto, denuncia que los bancos extranjeros construyen regularmente relaciones personales con los clientes ricos de Egipto, a menudo ayudando a enviar dinero fuera del país de manera que no saltasen las alarmas.

"Usted y yo no podemos ir a un banco ahora mismo y salirnos con la nuestra en algunas cuestiones básicas que son atípicas desde el punto de vista del protocolo, pero estos tipos sí pueden", destaca Nassar. "De no ser por su conducta, para empezar gran parte del dinero nunca habría podido ser transferido fuera de Egipto".

En un comunicado, Credit Suisse rechazó "las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco" y aseguró que estaba trabajando continuamente "para reforzar su marco de cumplimiento y control". El banco añadió que las cuentas de la investigación periodística eran "predominantemente históricas" y "basadas en información parcial y selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco".

"Aunque Credit Suisse no puede hacer comentarios sobre las posibles relaciones con los clientes, podemos confirmar que se han tomado medidas en línea con las políticas aplicables y los requisitos regulatorios en los momentos pertinentes, y que las cuestiones relacionadas ya se han abordado", afirmó la entidad financiera suiza.

Durante los años que estuvo abierta su cuenta en Credit Suisse, el ex vicepresidente sirio Abdul Halim Khaddam consiguió acumular decenas de millones de dólares en efectivo, acciones de empresas y mansiones palaciegas, una fortuna sorprendente para alguien que fue funcionario público toda la vida.

Khaddam ocupó cargos gubernamentales de alto nivel entre 1970 y 2005, primero como ministro de Asuntos Exteriores y luego como vicepresidente bajo el mandato de Hafez Al-Assad. Saltó a la fama en la década de 1980, cuando ayudó a diseñar la participación de Siria en la guerra civil del vecino Líbano y su posterior ocupación del país.

Con el objetivo de respaldar a los políticos libaneses pro-Damasco, Khaddam entabló una amistad con el rico empresario Rafik Hariri, apoyando su exitosa candidatura a primer ministro de Líbano en 1992. Hariri era conocido por engrasar sus relaciones con dinero, y su amistad con Khaddam no fue una excepción.

Un antiguo funcionario sirio de alto nivel confesó a OCCRP que Khaddam había "dominado el Líbano a través de Hariri", quien a su vez le pagó con favores. Recordó haber conocido a Khaddam en Damasco, donde el vicepresidente "llevaba una vida de leyenda". El nivel de corrupción de Khaddam era tan evidente que "no necesita documentos" para ser probado, señaló el exfuncionario.

Nuevas acusaciones contra Khaddam surgieron después de que Hariri fuera asesinado durante su segundo mandato como primer ministro en 2005, un asesinato del que se culpó ampliamente al régimen de Damasco.

Al año siguiente, Khaddam desertó del gobierno sirio dirigido por su actual presidente, Bashar Al-Assad, y huyó a París. Como represalia, los funcionarios sirios comenzaron a filtrar detalles de sus negocios previos.

En una sesión informativa con periodistas, los funcionarios dijeron que Khaddam había recibido unos 500 millones de dólares de Hariri a lo largo de dos décadas, parte de ellos en forma de casas, yates y fondos depositados en cuentas bancarias francesas, libanesas y suizas. Los medios de comunicación sirios también informaron de que Khaddam había aceptado sobornos en la década de 1980 para permitir que Francia y Alemania enterraran residuos radiactivos en el desierto.

Los detalles de la cuenta en Credit Suisse de Khaddam, de la que era titular junto con su esposa y sus tres hijos, confirman que la familia efectivamente acumuló una riqueza sustancial mientras Khaddam estaba en el cargo. La cuenta fue abierta en 1994 y alcanzó su mayor saldo, de casi 90 millones de francos suizos, en septiembre de 2003.

Khaddam murió en 2020. Sus hijos no respondieron a las llamadas telefónicas ni a las repetidas solicitudes para conocer su versión enviadas por correo electrónico y mensajes telefónicos de texto.

El exvicepresidente fue sólo uno de los muchos miembros de la élite árabe que utilizó Suiza para acumular su riqueza. Durante años, el secreto financiero y la relativa estabilidad del país lo convirtieron en un destino popular para fondos legales e ilegales.

"La percepción de que era un refugio seguro para ocultar la riqueza de una manera que proporcionaba altos niveles de confidencialidad convirtió a Suiza en un destino atractivo para muchos individuos", explica a OCCRP Jackson Oldfield, un investigador del Foro Civil para la Recuperación de Activos.

Suiza y otros países europeos también se consideraban "estables en el sentido de que el dinero no iba a desaparecer por culpa de las fluctuaciones monetarias, a causa de potenciales gobiernos inestables en el futuro".

Al menos cinco jefes de Estado o de gobierno árabes disponían de cuentas en Credit Suisse, según muestran los datos filtrados del banco suizo.

El rey Abdullah II de Jordania, receptor de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense y europea, tenía cuentas con cientos de millones de francos suizos. Su esposa y el máximo responsable económico del palacio real también eran clientes del banco.

Los abogados que representan a la familia real jordana confirmaron a The Guardian –uno de los medios que participa en Suisse Secrets– que el rey había tenido múltiples cuentas en Credit Suisse y que seguía operativa una de ellas, abierta en 2014 y con un saldo máximo superior a 15 millones de francos suizos en 2016.

Dichos abogados indicaron que las "cuentas se utilizan para la adquisición de activos, inversiones, gastos operativos y personales y desembolsos generales, incluida la financiación de ciertas iniciativas reales". Además, señalaron que el rey y la reina "nunca han desviado fondos del Tesoro, de los activos públicos, de la ayuda internacional o del presupuesto gubernamental hacia cuentas situadas en el extranjero o para su enriquecimiento personal".

El antiguo sultán de Omán, Qaboos bin Said, tenía dos cuentas, entre ellas una abierta en 1971 cuyo valor máximo llegó a superar los 177 millones de francos suizos. Las autoridades omaníes no respondieron a las reiteradas peticiones de comentarios sobre la cuenta.

El empresario y político iraquí Ayad Allawi tuvo cuentas a partir de la década de 1980, coincidiendo con el tiempo en que dirigió un partido de exiliados iraquíes apoyado por Occidente y como primer ministro de Irak tras la invasión estadounidense. El saldo máximo de una de las cuentas superó los cinco millones de francos suizos. Allawi no respondió a las solicitudes por correo electrónico para conocer su versión.

El hombre fuerte de Argelia, Abdelaziz Buteflika, que se vio obligado a dimitir tras las protestas masivas contra su candidatura a un quinto mandato en 2019, mantuvo una cuenta junto a otros miembros de su familia que se solapó temporalmente con gran parte de su mandato como presidente. El saldo máximo alcanzó más de 1,4 millones de francos suizos. Buteflika murió en 2021.

Samir Rifai, el ex primer ministro de Jordania, que dimitió en 2011 en medio de manifestaciones populares, también tenía varias cuentas. Rifai aseguró a los periodistas de Suisse Secrets que los fondos procedían de fuentes legítimas, como la venta de propiedades familiares, y que habían sido declarados a las autoridades competentes. Descartó "total, inequívoca y absolutamente" cualquier sospecha de que esos fondos tuvieran un origen ilícito.

El ex vicepresidente de Yemen Ali Salim Al-Bidh también tuvo una cuenta con un saldo máximo que superó los siete millones de francos suizos. Su hijo, contactado por el OCCRP, no respondió a las preguntas planteadas.

Junto a jefes de Estado o de gobierno, los datos filtrados también incluyen nombres de jefes de espionaje o personas conectadas con los servicios de inteligencia.

En Siria, estos clientes del banco incluían a Mohammad Makhlouf, el hermano de la esposa del ex presidente Hafez Al-Assad, que actuó durante años como testaferro de su cuñado mientras aprovechaba sus vínculos políticos para crear un imperio comercial que abarcaba el tabaco, los inmuebles, la banca y el petróleo.

El magnate egipcio Hussein Salem, un viejo aliado de Mubarak con vínculos en las agencias de inteligencia del país, fue cliente de Credit Suisse durante más de tres décadas. Era titular de al menos doce cuentas con saldos que a menudo ascendían a decenas de millones, a pesar de haber sido vinculado públicamente con escándalos de corrupción durante años, tanto antes como después de la Primavera Árabe.

Incluso Libia –sancionada por Naciones Unidas en 1992 para obligar a Muammar Gaddafi a cooperar con las investigaciones sobre el atentado contra un avión en Lockerbie (Escocia)– le proporcionó numerosos clientes, incluyendo un grupo de individuos acusados de saquear un fondo público de desarrollo durante dos décadas.

Salem murió en 2019 y Makhlouf en 2020. El OCCRP envió mensajes al abogado de Salem por correo electrónico y al hijo de Makhlouf, Rami, a través de sus cuentas en las redes sociales, pero no recibió respuesta.

Desde su posición de alto nivel en el gobernante Partido Nacional Democrático de Egipto, Gamal Mubarak supervisó muchas de las reformas económicas de su padre en los años anteriores a la Primavera Árabe. La liberalización fue muy popular entre los inversores, pero apenas mejoró las condiciones de vida de la mayoría de egipcios: las tasas de pobreza aumentaron desde el 17 al 25 por ciento en los tres lustros anteriores a 2011.

Al mismo tiempo, élites vinculadas a los Mubarak se beneficiaron del nuevo entorno empresarial, comprando propiedades estatales y otros activos a bajo precio y familiares, y que habían sido declarados a las autoridades competentes. Descartó "total, inequívoca y absolutamente" cualquier sospecha de que esos fondos tuvieran un origen ilícito.

El ex vicepresidente de Yemen Ali Salim Al-Bidh también tuvo una cuenta con un saldo máximo que superó los siete millones de francos suizos. Su hijo, contactado por el OCCRP, no respondió a las preguntas planteadas.

Desde su posición de alto nivel en el gobernante Partido Nacional Democrático de Egipto, Gamal Mubarak supervisó muchas de las reformas económicas de su padre en los años anteriores a la Primavera Árabe. La liberalización fue muy popular entre los inversores, pero apenas mejoró las condiciones de vida de la mayoría de egipcios: las tasas de pobreza aumentaron desde el 17 al 25 por ciento en los tres lustros anteriores a 2011.

Al mismo tiempo, élites vinculadas a los Mubarak se beneficiaron del nuevo entorno empresarial, comprando propiedades estatales y otros activos a bajo precio y Ø procedía "de su trabajo y de los ingresos por las participaciones que tenía en las empresas en las que asumió un papel directivo".

Los juicios por corrupción celebrados tras la Primavera Árabe demostraron que, además de los vínculos familiares y la copropiedad de algunas de las mayores empresas del país, muchas de estas élites también estaban conectadas entre sí a través de acuerdos sospechosos entre bastidores.

Uno de los beneficiados fue Mohamed Magdy Rassekh, cuya hija Heddy estaba casada con Alaa, el hermano de Gamal. A lo largo de la década de 1990, Rassekh acumuló numerosos activos, incluso en el sector del gas. También invirtió en el sector inmobiliario, siendo presidente no ejecutivo del promotora egipcia SODIC.

Después de la Primavera Árabe, un tribunal determinó que Rassekh había conspirado con un antiguo ministro de Vivienda para obtener parcelas en las afueras de El Cairo a precios inferiores a los de mercado. En 2012, Rassekh fue condenado a cinco años de prisión, aunque el año pasado consiguió llegar a un acuerdo de "reconciliación" con las autoridades egipcias por el que él y el ministro pagaron uno 80 millones de dólares a cambio de que se les retiraran los cargos. 

Los datos de Suisse Secrets muestran que Rassekh fue cliente de Credit Suisse ya años antes de la Primavera Árabe. Una cuenta abierta en 2005 tenía más de tres millones de francos suizos al año siguiente. Fue cerrada en 2015, más de cuatro años después de que su nombre apareciera por primera vez en las listas de personalidades cuyos activos fueron congelados tras el levantamiento en Egipto. Credit Suisse declinó hacer comentarios sobre la cuenta, pero destacó que siempre se adhirió a las políticas y leyes aplicables y abordó cualquier problema que surgiera.

El rastreo de los activos de Rassekh y de otros miembros de la familia Mubarak muestra lo profundamente entrelazados que estaban los vínculos familiares, empresariales y políticos en vísperas de la Primavera Árabe, y cómo muchas de las figuras clave del sistema disponían de cuentas en Credit Suisse. 

¿Cómo terminaron todos estos personajes, conectados entre sí, en la misma entidad financiera de Suiza? Un antiguo ejecutivo de alto nivel de Credit Suisse explicó a OCCRP que en los mercados emergentes el banco solía centrarse en la contratación de personal de "buenas familias" que "tuvieran acceso a familias ricas" y pudieran proporcionar referencias para otros clientes de posición similar.

A menudo, añadió ese exdirectivo, el acceso a las conocidas como PEP –persona expuesta políticamente– se producía a un nivel directivo “muy alto" y permitían al cliente "saltarse el procedimiento normal", mientras que los encargados de gestionar las cuentas eran "burócratas o funcionarios del banco" que "no hacían preguntas, no tenían conocimiento de la región ni de la banca".

"De cara al exterior, el banco se ajusta a la letra de sus normas y leyes, pero en realidad lo que importa es el tamaño de su chequera del cliente. En ese caso, mirarán en otra dirección", concluyó el ex ejecutivo.

Credit Suisse rechaza esta descripción del funcionamiento del banco: "Como institución financiera líder a nivel mundial, Credit Suisse es profundamente consciente de su responsabilidad, ante los clientes y ante el sistema financiero en su conjunto, para garantizar que se mantengan los más altos estándares de conducta". Además, en referencia a las preguntas planteadas por los periodistas de Suisse Secrets, sostiene que "estas acusaciones de los medios de comunicación parecen ser un esfuerzo concertado para desacreditar al banco y al mercado financiero suizo, que ha experimentado cambios significativos en los últimos años".

Hay evidencia de que muchas de esas élites de Oriente Medio enviaron dinero a Suiza y a otros lugares de Europa para ponerlo a salvo mientras los manifestantes golpeaban en sus países los muros de sus privilegios.

Las autoridades suizas informaron de un aumento de las "transacciones sospechosas" –aquellas potencialmente asociadas a sobornos, blanqueo de capitales u otros delitos– procedentes de países árabes hasta superar los 600 millones de francos suizos en 2011. Atribuyeron el aumento tanto a unos requisitos de información más estrictos como a los disturbios de la Primavera Árabe.

En septiembre de 2011, el Banco de Pagos Internacionales, una institución financiera con sede en Suiza que es propiedad de los bancos centrales, señaló que en los tres meses anteriores las entidades financieras internacionales habían comunicado un aumento de los pasivos con los residentes egipcios de más de 6.000 millones de dólares y con los residentes libios de más de 2.000 millones de dólares. Ello reflejaba muy probablemente, según señaló, que "fondos nacionales se trasladan fuera de los dos países como resultado de los elevados niveles de incertidumbre política y económica".

Los datos de Suisse Secrets no muestran cuántas de estas transacciones, si es que hay alguna, involucraron al banco suizo. Pero al menos un cliente de élite movía dinero al extranjero a través de Credit Suisse. Los documentos de una investigación judicial en España muestran que la familia de Hussein Salem, el viejo socio de Mubarak, transfirió 3,5 millones de euros desde Egipto a una cuenta en Credit Suisse el 24 y el 26 de enero de 2011, justo cuando las protestas comenzaban en Egipto.

A medida que avanzaba la Primavera Árabe, quedaba cada vez más claro que las demandas de los manifestantes para acabar con la corrupción sólo se cumplirían con medidas parciales, si es que se cumplían.

En Libia, Siria y Yemen, las revueltas se convirtieron en guerras civiles, lo que acabó con cualquier esperanza de reforma. Las monarquías de Jordania, Marruecos y los Estados del Golfo se mantuvieron firmes mientras instauraban reformas cosméticas.

El experimento democrático de Egipto terminó abruptamente en el verano de 2013, cuando un militar llamado Abdelfatah El-Sisi derrocó al primer presidente elegido libremente en el país, Mohamed Morsi. El optimismo dio paso a la constatación de que la mayoría de los activos suizos congelados tras el levantamiento no serían devueltos.

En Egipto, una serie de acuerdos de "reconciliación" provocó que se retiraran muchos cargos de corrupción. En 2017, las autoridades suizas anunciaron que ponían fin a su programa de asistencia legal con El Cairo y descongelaban los activos relacionados, aunque unos 430 millones de francos suizos bajo investigación criminal en Suiza –la mayor parte aparentemente relacionados con los hermanos Mubarak– permanecieron congelados.

En noviembre del año pasado, un tribunal egipcio emitió una resolución que anulaba la congelación de activos de los hermanos Mubarak. A través de su abogado, los hermanos dijeron que en diciembre el fiscal federal suizo "notificó a las partes la inminente conclusión y cierre del caso".

Jackson Oldfield, del Foro Civil para la Recuperación de Activos, denuncia que aunque la Primavera Árabe trajo una nueva atención a los flujos financieros ilícitos entre Europa y el norte de África, "nada ha cambiado demasiado sustancialmente".

"El tema subyacente sigue siendo que es relativamente fácil ocultar la riqueza ilícita en Europa, que es un lugar relativamente acogedor para hacerlo. No es un problema que haya terminado. Todavía está muy presente", mantiene el activista.

Nassar, el abogado que trabajó en la recuperación de activos en Egipto, cree que los esfuerzos comenzaron a perder fuerza a medida que la voluntad política de encontrar y devolver los activos retrocedía. Y recuerda que incluso bajo el mandato de Morsi muchos funcionarios cuestionaban el éxito del programa.

"Siempre se mostraron escépticos sobre si podríamos recuperar algún dinero. En retrospectiva, creo que fueron clarividentes", se lamenta Nassar. 

El Gobierno de España debe atender una urgencia humanitaria sin precedentes y dejar de vender armamento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Han pasado seis años y las peticiones de las organizaciones humanitarias y en defensa de los derechos humanos siguen sin ser atendidas. Apenas queda tiempo para evitar una de las mayores hambrunas de los últimos tiempos.

La guerra de Yemen entra en su séptimo año este 25 de marzo. Una guerra que se ha mostrado devastadora para una población que ya enfrentaba grandes problemas económicos. A pesar de que Yemen era vecino de los países más ricos del mundo, la población era sumamente pobre. Yemen no tiene tantos recursos petrolíferos como sus vecinos y siempre ha sido el patio trasero de Arabia Saudí. A esto hay que sumarle que durante más de tres décadas estuvo dirigido por el gobierno corrupto de Ali Abdullah Saleh que instauró un modelo clientelar que ayudaba a perpetuar la miseria de los yemeníes.

La inmolación del vendedor de frutas Mohamed Bouazizi en Túnez, en diciembre de 2010, desencadenó protestas multitudinarias que produjeron un efecto contrario en otros países de Oriente Próximo y que conocemos normalmente como primavera árabe. Fuertes movilizaciones que buscaban justicia ante líderes corruptos y autoritarios que despreciaban las demandas de pueblos enteros. En Yemen, el pueblo tuvo éxito y a finales del año 2011 consiguió que Saleh se comprometiera a dejar el poder en un proceso político controlado siempre desde fuera. El poder pasó al que fue durante muchos años su vicepresidente, Abd Rabbo Mansur Hadi. Aunque había señales desde el principio de que el proceso hacia la democracia estaba en cierta manera viciado, había grandes esperanzas de que esta nueva etapa solucionase gran parte de los problemas de los yemeníes, consiguiendo construir una democracia más fuerte e inclusiva que se saldaría con la redacción de una Constitución en un tiempo récord. Tal como dice la experta Leyla Hamad Zahonero, “se trataba de un proyecto ambicioso que pretendía aglutinar a todas las fuerzas políticas y sociales en un Diálogo Nacional que no sólo debía conducir a la reconciliación sino también a la configuración estatal del nuevo Yemen”.

Tal como apunta Hamad Zahonero, la comunidad internacional no supo solucionar “el bloqueo” que hubo en la transición. Dos años más tarde, se produjo una alianza sorprendente entre los hutíes y el expresidente Saleh para dar un golpe de Estado que no tuvo apenas oposición. Era una alianza contra natura y que cuesta trabajo entender para un observador exterior que había visto años atrás varias guerras interminables entre el gobierno de Saleh y los hutíes. Evidentemente, era una alianza estratégica que estaba destinada al fracaso, tal como pudimos comprobar cuando los hutíes asesinaron a Saleh en diciembre de 2017.

Como en todo conflicto, existen razones internas muy potentes que explican el fracaso del gobierno de transición. Quizá uno de los mejores estudios que se han realizado es el de Helen Lackner. Sin embargo, las razones externas son también muy fuertes. El centrarse más en los asuntos de fuera no responde (o no debería hacerlo) a una lógica eurocéntrica, sino que es el resultado de intentar mostrar al público la responsabilidad que han tenido nuestros líderes políticos en esta grave tragedia humanitaria. Hay que empezar a pensar que la crisis humanitaria en Yemen ha sido en muchos sentidos fabricada por Occidente. En estas líneas solo comentaremos lo hechos más importantes:

La guerra contra el terrorismo es un gran factor que hay que tener siempre en cuenta. La nefasta invasión de Irak en el año 2003, perpetrada por George W. Bush y Tony Blair y apoyada por el expresidente Aznar, tuvo muchas consecuencias para el futuro de la región. El más evidente fue darle alas al terrorismo islámico. Es difícil de defender que el ISIS hubiera podido conseguir victorias espectaculares en Siria y en Irak y declarar el Califato Islámico en el año 2014. Después de la campaña sangrienta en Irak, la estrategia de Occidente de seguir con una guerra absurda en Afganistán y de iniciar una campaña de asesinatos con drones fue verdaderamente torpe para los intereses occidentales. Esto último fue conocido como la Drone Campaign y empezó con Bush hijo, se intensificó con Obama y llegó a su punto más alto en los primeros años de Trump. Durante muchos años, la Drone Campaign tuvo consecuencias traumáticas en YemenDrone Campaign que poca gente discutía. Cientos de muertos que se debían a los “daños colaterales” que todos asumíamos con resignación. Bastaba con que la inteligencia estadounidense dijera quién se merecía morir para que el expresidente Obama confirmara con su pulgar, como si de repente se hubiera convertido en un emperador romano. Si quieres paz, prepara la guerra. Estas son las conclusiones que se sacan si atendemos cuidadosamente a informes muy valiosos como el realizado por la Escuela de Derecho de Standford en el año 2012 o a las labores de investigación periodísticas que dieron como resultado el célebre documental Dirty Wars, de Jeremy Scahill.

Es difícil medir hasta qué punto esto condujo a la desestabilización de Yemen y dio alas a las milicias hutíes que, con un discurso radical, sectario e intransigente, vieron aumentada su popularidad con eslóganes como “Dios es grande”, “Muerte a América” o “Muerte a Israel”. Creo que se puede trazar un paralelismo, no demasiado descabellado, cuando pensamos en la revolución islámica de 1979 y las consecuencias que tiene el apoyar desde Occidente a un tirano tan despiadado como el Shah. No me parece injusto concluir que los crímenes de la administración Obama solo reforzaban estos discursos dañinos. No verlo así creo que es un error.

De todas formas, la transición podría haber funcionado si de verdad Occidente hubiese realizado esfuerzos significativos para solucionar los grandes problemas que afrontaba una población desesperada. En este sentido, la responsabilidad es doble. Para ayudar al pueblo yemení, tenía que haberse enfrentado a esa ideología que las élites han impuesto a todo el mundo sin consultar a nadie. Es el neoliberalismo. Una plaga que lleva más de 40 años en funcionamiento y que ha destrozado las sociedades del bienestar en los países más ricos y condena a los pueblos más pobres a vivir situaciones de guerra y de absoluta miseria.

Al Gobierno de transición de Hadi se le prometió ayuda económica, pero a cambio tenía que aplicar medidas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y subir el precio del combustible, dado que es una herejía que el gobierno intervenga en la economía. Conocer la historia de Yemen implicaba saber que eso iba a generar gran malestar entre la población, ya que en tiempos de Saleh se desencadenaron fuertes protestas por una subida del combustible.

Es comprensible que un gobierno corrupto, que cada vez tenía menos legitimidad, despertase una oleada de indignación masiva, sin que dejara de ser cierta la fuerte corrupción que había también con el tema del combustible. Pero como suele pasar en los países más ricos, la solución nunca puede pasar por el desmantelamiento de las ayudas, sino por una mejora y una reforma adecuada, ya que mientras esto se lleva a cabo la gente tiene que comer y sobrevivir. Los problemas no se solucionan gracias a la acción de una mano invisible. Ni tampoco la democracia llega gracias a ella.

El golpe de Estado de los hutíes fue rápidamente interpretado por las monarquías fundamentalistas del Golfo Pérsico como un golpe por parte de una milicia que prácticamente seguía órdenes de Irán. Se exageraba el rol que había tenido la teocracia iraní en el ascenso de los hutíes y fue, justamente, el pretexto que utilizaron para intervenir militarmente, tal como podemos comprobar si prestamos atención a la retórica qatarí en el año 2015. Según Al Jazeera, los países del Golfo Pérsico debían defenderse de la influencia maligna iraní y estaban en su derecho, ya que Estados Unidos no les había protegido después de que Irán utilizara la invasión de 2003 para expandir su influencia en la región.

Era un discurso disparatado, pero que respondía a la lógica de la guerra fría que existe entre Irán y Arabia Saudí/Israel. Tan disparatado que ni los Estados Unidos lo tomaban en serio. Sin embargo, las relaciones históricas que han mantenido con Arabia Saudí desde tiempos de Roosevelt y el tímido acercamiento de Obama hacia Irán, que culminó con un acuerdo nuclear con la teocracia iraní, llevó a los Estados Unidos a apoyar la intervención militar de la Coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, a pesar de las consecuencias traumáticas previstas desde un principio, tal como lo reconoció Robert Malley, uno de los hombres claves de Obama en Oriente Próximo.

Quiero hacer un breve inciso —para que no se malinterprete mi anterior comentario—. El acuerdo nuclear con Irán fue una decisión acertada (aunque insuficiente) de la administración Obama y la dirección adecuada para desatascar un conflicto que es peligroso para la paz mundial. Es también un pequeño paso para un Oriente Próximo sin armas nucleares, aunque para eso haga falta que Israel desmantele todo el arsenal nuclear que siempre ha ocultado al mundo. Sin embargo, esto no quita que a continuación la administración estadounidense actuara de una forma absolutamente inmoral. Obama tiene a sus espaldas el haber apoyado una de las guerras más devastadoras y más olvidadas del siglo XXI. No vuelve a sorprender que los Estados Unidos y Reino Unido sean los países que tienen más responsabilidad en esta guerra, al apoyar sobre el terreno la campaña de bombardeos de la Coalición saudí contra la población civil yemení que empezó aquel fatídico 26 de marzo del año 2015.

Las restantes potencias occidentales no se quedan atrás. Países como España aprovecharon la ocasión para aumentar las exportaciones de armas a Arabia Saudí y EAU. No olvidemos que son países donde no tiene mucho sentido hablar de derechos humanos y donde periodistas que se atreven a levantar un poco la voz son salvajemente asesinados, como fue el caso del periodista Jamal Khashoggi en el año 2018. Si poco se discute que el Gobierno de Mariano Rajoy apoyó desde un primer momento la intervención militar vendiendo armas como apoyo diplomático, menos aún se discute el rol que sigue teniendo el Gobierno actual. Desgraciadamente, poco ha cambiado con Pedro Sánchez. Sabemos muy bien que los lazos entre la monarquía española y la Casa Real Saudí sigue siendo muy fuertes (no es casualidad que Juan Carlos se haya mudado a EAU), pero poco se debate que los affaires de Juan Carlos y Felipe nos han conseguido gigantescos contratos en armas e infraestructuras. Ya saben eso de que “los negocios son los negocios”.

En los cálculos de los negocios no están las pérdidas humanas ni el sufrimiento de familias enteras que ven con horror cómo su país ha quedado reducido a cenizas. Como ciudadanos, somos muchas veces incapaces de entender una palabra de los negocios que nuestras élites llevan a cabo. No obstante, sí que entendemos que, si se bloquea económicamente a Yemen, cuando importa el 90% de su comida, significa que se está intentando matar de hambre a la población. La ex ministra sueca Margot Wallström calificó de “medieval” a Arabia Saudí en el año 2015. Creo que es un adjetivo que describe muy bien lo que la Coalición ha realizado durante estos años.

El cinismo del Gobierno de España de apoyar estas atrocidades y al mismo tiempo lavarse las manos es muy significativo. Apenas se ha inmutado cuando las organizaciones en defensa de los derechos humanos probaron que niños y niñas estaban siendo aniquilados. Atrás quedó la excusa de que las armas suministradas por Occidente no iban a ser nunca utilizadas para matar.

Seis años después de que empezara la guerra, seguimos comprobando que es cierto. El reciente informe de la CNN de la periodista Nima Elbagir confirma nuestros peores temores. La población está absolutamente devastada. Cada vez, las imágenes son más difíciles de digerir. Llevamos seis años de una guerra devastadora, pero estamos llegando a límites que son imposibles de imaginar para un cerebro humano.

Dice Elbagir que “los números no mienten, pero no reflejan la tragedia completa”. Es “el infierno en la tierra”, tal como ha manifestado David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos. Intenten imaginar lo que significa que un niño muera cada 12 minutos de hambre o de enfermedades derivadas de la catástrofe humanitaria. No se entiende. Tampoco se explica cómo es posible que el actual Gobierno siga dispuesto a vender buques de guerra a Arabia Saudí. ¿Hay dinero que justifique esta falta de decencia? Es sorprendente descubrir que, en la tercera década del siglo XXI, los derechos humanos todavía se pueden comprar.

En la guerra han muerto ya cientos de miles de personas. A finales del año 2019 esta cifra se estimó en 233 mil, aunque probablemente sea bastante mayor ahora y supere las 300 mil. Sin embargo, lo peor está por llegar si nuestros gobiernos siguen apoyando esta guerra. El año 2020 ha sido catastrófico para Yemen debido a la llegada del coronavirus al país y al deterioro económico que cada vez es más agudo. A todo esto, hay que sumar que la guerra no da señales de acabar. La batalla por Marib y los otros frentes activos dibujan un escenario muy preocupante.

Por esta y por muchas otras razones, las Naciones Unidas han advertido con especial insistencia desde el pasado verano que Yemen se está moviendo hacia una crisis humanitaria gigantesca. Declaraciones como que Yemen puede vivir la peor hambruna que el mundo ha visto en cuatro décadas son realmente espeluznantes. Esto significa que Yemen podría correr el peligro de vivir algo parecido a lo que se vivió en Etiopía en el año 84 o lo que vivió Irak en los años 90.

No se entiende cómo es posible que el Gobierno de España esté siendo tan irresponsable. En el año 2019, España autorizó armamento por 392 millones de euros a Arabia Saudí, mientras que en el 2020 ha enviado poco más de 300 mil euros en ayuda humanitaria. Pero eso no es todo, tal como decíamos antes, el contrato de los buques de guerra supone 1.800 millones de euros y los contratos de infraestructuras han sido aún mayores. Por ejemplo, el AVE a la Meca supone cerca de 7.000 millones de euros.

La reciente advertencia de la Naciones Unidas de que pueden morir 400 mil niños si seguimos de brazos cruzados tampoco parece que haga reflexionar mucho a nuestro Gobierno. Tal como ha dicho Mark Lowcock, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, estos niños están en sus últimas semanas de vida.

Seis años después de que empezara la guerra, se pide por enésima vez al Gobierno que atienda esta urgencia humanitaria y que deje de enviar armamento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Es muy simple: España no puede seguir patrocinando esta tragedia humanitaria. Por principios, porque es ilegal y porque no podemos seguir permitiéndolo.

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Isa Ferrero es activista de derechos humanos especializado en la crisis humanitaria que se vive en Yemen y autor del libro 'Negociar con asesinos. Guerra y crisis en Yemen'.

Rostros, figuras, momentos, objetos, lemas... componen la obra dirigida por la historiadora Leyla Dakhli L'Esprit de la révolte. Archives et actualité des révolutions arabes [El espíritu de la revuelta. Archivos y actualidad de las revoluciones árabes] (Editions du Seuil).

Fruto de un trabajo colectivo y compilatorio, este libro propone diferentes episodios, dedicados tanto a los “zapatos” que se lanzan a la cara visible del poder, a los “pistoleros solitarios” y a la “infancia rebelde”, como al “Zenga Zenga”, término que significa literalmente “callejón por callejón” y que adquirió otro sentido después que Gaddafi emplease el término en un discurso febril pronunciado en febrero de 2011. Junto a los pasajes obligatorios sobre la “caída del dictador”, el hecho de “ocupar las plazas” o los “cánticos revolucionarios”, la obra da prioridad a elementos menos conocidos o raramente estudiados de manera concreta.

Así, los “Comités de la revolución” en Siria, cuya significación política queda plasmada en los escritos de Omar Aziz, uno de sus fundadores, torturado hasta la muerte en 2013, cuando aboga por “la asociación de la vida y la revolución hasta su victoria, lo que implica que la sociedad debe organizarse de manera flexible, basada en la activación de un proceso que coordine revolución y vida cotidiana de la población, mediante lo que se llamará aquí el comité local".

La experiencia no duró mucho tiempo, pero forjó un imaginario político y se inscribe en una historia, que se inspira en particular en la “primavera cabilia” de 2001, durante la cual el movimiento de protesta se basó en una organización tradicional y local de la sociedad, los âarsh.

Otro pasaje edificante del libro está dedicado a los “nombres de los viernes”. La mayoría de las protestas comienzan después de la gran oración de ese día. Sin embargo, los autores subrayan que no se trata de “inscribir la movilización en un contexto religioso. En efecto, con las dictaduras, que han erradicado cualquier espacio de encuentro real, la mezquita representa un lugar de convergencia natural”. Por lo tanto, se bautiza a los viernes, primero en Egipto, como el día de la “ira” o de la “salida”, pero también en Yemen y Argelia, donde son numerados para contar las semanas del levantamiento.

En Siria, los primeros viernes no llevan un nombre especial, sino que se les pone nombre a posteriori. La elección del nombre de cada viernes se hace mediante una votación semanal en la página de Facebook de “La revolución siria contra Bashar al-Assad”. El paso a la lucha armada es particularmente notable, como cuando el viernes 2 de marzo de 2012 se pasa a denominar “Debemos armar a la ASL”. El 14 de septiembre de 2018, se dan dos nombres diferentes: “No hay alternativa a la caída del régimen” o “La revolución es nuestra esperanza y los turcos, nuestros hermanos”. Una divergencia que cuenta la historia de la desunión de los revolucionarios.

También descubrimos las metamorfosis del dabkeh, un baile on line donde los pies llevan un ritmo complejo en sincronía. Esta danza popular había sido muy controlada por los poderes nacionalistas que la habían convertido en una herramienta de propaganda popular. Los regímenes baasistas la habían codificado y puesto en escena en espectáculos de tipo “socialista-realista”, haciendo con ello que esta danza perdiera no sólo su carácter iniciático sino también su lado solidario: "Los bailarines y las bailarinas hacen gala de un gran virtuosismo individual, sin que se encuentre en él el colectivo”.

Sin embargo, esta danza adquiere otra dimensión durante la revolución contra el dictador. En este contexto, “la formación on line en dabkeh refuerza la solidaridad dentro de la manifestación y permite mantener unidos a los participantes que no se quedan con los brazos cruzados”. También puede proteger a un grupo particular, ya sean “líderes” o menores.

Una de las entradas más conmovedoras es la dedicada a Kafranbel, una pequeña ciudad del norte de Siria en la gobernación de Idlib, que ha adquirido “la dimensión icónica de la conciencia de la revolución” por su intransigencia hacia el régimen y el hecho de que todos los viernes sus habitantes exhibían pancartas que se destacaban por su franqueza y creatividad.

En enero de 2012, se podía leer: “Pedimos la construcción de hoteles de cinco estrellas para atraer a una misión de observación de Naciones Unidas” y, más tarde, “pedimos una nave espacial que venga a salvarnos”. Más tarde, la ciudad se dirigió a Obama acusándolo de crimen premeditado en Siria y escribió el 2 de diciembre de 2012, en inglés: “Esto no es una guerra civil. Esto es un genocidio. Déjanos morir, pero sin mentir”.

El mérito del libro es que parte de archivos, pero no sólo para exhibirlos. Si Kafranbel es singular, puesto que es casi toda la ciudad la que se moviliza, es porque sólo una minoría de la población está involucrada en la policía o la administración, porque varios habitantes trabajan en las artes visuales y escénicas y porque una gran parte de ellos son titulados y hablan inglés, lo que les empuja a dirigirse al mundo directamente en el idioma de su elección.

Siguiendo los pasos de las revoluciones día a día, el libro también permite restituir la volatilidad e incertidumbre de estos días revolucionarios, evitando cualquier lectura lineal o teleológica que llevaría desde el primer post de Facebook a la salida del dictador. Entrevista con Leyla Dakhli, historiadora y coordinadora del libro.

PREGUNTA: Este libro sobre las revoluciones árabes comienza con una reflexión sobre la guerra civil. ¿Por qué?

RESPUESTA: Empezar evocando la posibilidad de una guerra civil nos permite resituar el gesto de la gente que, al salir a la calle, sabe que se arriesga a la guerra, al caos. Esto es quizás, incluso en parte, lo que hace a un pueblo en revolución. Hoy escuchamos muchos discursos que lamentan que las revueltas hayan derivado en guerra civil en Siria o Libia, pero los levantamientos siempre levantan más de un déspota. Todo un sistema, toda una sociedad se pone patas arriba, incluso cuando las viejas élites recuperan todo o parte de su lugar después del momento revolucionario. Cuando te unes a movimientos que se oponen a dictadores que llevan décadas en el poder, sabes que corres el riesgo de la violencia política, incluso de la guerra civil. Empezar recordando esto es también una forma de cambiar el discurso sobre las revoluciones que habrían “triunfado”, como en Túnez, o “fracasado”, como en Siria.

P: ¿En qué sentido, a pesar de las contrarrevoluciones, no hay vuelta atrás, como usted escribe?

R: Por la misma razón que cada uno se ha visto desplazado. Obviamente hay cosas que se lograron con la revolución que se perdieron a causa de la contrarrevolución, como ciertos logros políticos en Egipto. Pero cualesquiera que sean los dramas personales, las revoluciones han abierto potencialidades que no están cerradas y explican en parte la violencia con la que las autoridades están reaccionando hoy en día, por ejemplo en Egipto. Incluso para la gente que no participó directamente en las revoluciones, incluso para los poderes fácticos, todo cambió. En Siria, el régimen de Bashar ya no es el mismo que antes de 2011, ya no se basa en los mismos fundamentos. El poder del Shabbiha –estos milicianos al servicio del poder reclutados de entre lo peor de lo peor –se ha fortalecido considerablemente mientras que el del partido Baas se ha volatilizado. La reorganización de la sociedad ha afectado a todo el mundo, especialmente en Siria, al fortalecer las identidades confesionales, permitiendo a todos, y especialmente a la mayoría suní, definirse más fácilmente por su pertenencia a la comunidad que antes.

P: ¿Se ha sobreestimado la cuestión tecnológica en el análisis de estas revoluciones?

R: Ha producido muchos discursos, uno de cuyos emblemas sería el libro del egipcio Wael Ghonim sobre la Revolución 2.0 [título del libro escrito por el ciberdisidente y publicado en abril de 2012 por Steinkis, que se subtitula Le pouvoir des gens plus fort que les gens au pouvoir (El poder de la gente, más fuerte que las gentes en el poder)], que no son falsos en sí mismos, pero tienen la desventaja de haber borrado o hecho invisibles muchos otros aspectos de estas revoluciones. Al insistir en el aspecto “juvenil” y en el lado innovador, mientras que toda revolución está marcada por la presencia de las generaciones más jóvenes en las calles y el uso de los medios de comunicación del momento, este discurso ignora muchas otras formas de movilización. También reduce la realidad social, dando la impresión de que los revolucionarios son todos de la clase media. Esto no quiere decir que la idea de revoluciones marcadas y catalizadas por nuevos usos tecnológicos no tenga sentido. En Egipto, esto da forma a la revolución, probablemente más que en otros lugares. Sin embargo, cuando se hizo una recopilación sobre este tema en Túnez, se comprobó que seguía siendo muy rudimentaria y que no iba mucho más allá de los vídeos grabados por las pocas personas que poseían teléfonos móviles con cámara y los publicaban de inmediato en las redes, a menudo desde cibercafés. El riesgo es que semejante lectura centrada en los medios tecnológicos, que dejan más huellas que otros, desencarne lo que es una revolución, es decir, sobre todo, cuerpos que salen a la calle.

“Si se miran las estadísticas, no sucede nada específico en el invierno de 2010/2011”

P: También matiza los análisis que se centran en la cuestión social y de subsistencia, haciendo de las revueltas en el mundo árabe una prolongación de la subida de los precios de los alimentos a partir de 2008 y un efecto de las políticas neoliberales. ¿Por qué?

R: En las revoluciones de 2011, hay poca evidencia de un vínculo con las “revueltas del pan” de las décadas de 1970 y 1980. Incluso si la cuestión del pan –también hay un capítulo “pan” en el libro– es claramente visible y recuerda que estas revoluciones no son sólo revoluciones por la libertad y la democracia, contienen más que la cuestión de la subsistencia. Las causas sociales tampoco explican el momento de la revolución, porque una gran parte de los jóvenes no había tenido trabajo durante mucho tiempo. Sin embargo, esto no supone contestar un enfoque social, que es esencial. Pero dicho enfoque ya implica una mejor comprensión de lo que ocurrió durante los famosos “disturbios del pan”. En 1984 en Túnez, donde los disturbios contra el FMI se redujeron a disturbios de subsistencia, lo que estaba en juego en 1984, al igual que en 2011, era algo que giraba en torno a la humillación y la dignidad, con importantes efectos de umbral, por ejemplo cuando las exigencias de “ajustes estructurales” llegaban a laminar servicios escolares u hospitalarios que ya estaban en mal estado. La pobreza puede tolerarse si no va acompañada de humillación. Existe la idea de que el contrato social debe permitir a las personas salir adelante, sobrevivir, incluso cuando no tienen un trabajo estable. La protesta suele derivar del hecho de que se rompe el contrato que permite a la gente vivir vendiendo unas cuantas cosas en la calle o dedicándose a un pequeño mercadeo. Si sólo hablamos de la tasa de desempleo y partimos de un análisis en términos de macroestructuras, se pierde esta dimensión esencial, que es tanto política como económica.

P: ¿Cómo se convirtieron los pueblos árabes en revolucionarios? ¿Es posible identificar lo que hace que las personas se conviertan en disidentes?

R: Esta sigue siendo la pregunta más difícil de responder. Sabemos por otras revoluciones en la historia que el causalismo estricto es inoperante, que los mismos ingredientes desencadenarán o no un momento revolucionario. Así que lo que los archivos que hemos estudiado dicen es el momento del cambio, cuando nos quedamos con metáforas como “la gota que colma el vaso”, sino cómo va a más, cómo prende la mecha. Si miramos las estadísticas, no ocurre nada concreto en el invierno de 2010/2011, aunque podemos observar los sentimientos de la gente, por ejemplo, cuando Ben Ali hace un discurso en árabe dialectal –algo que no había hecho nunca– para decir a los tunecinos que los ha entendido, cuando por supuesto es todo lo contrario. Esto puede provocar cierto hastío que puede llevar a algunos a hacer la revolución, pero tampoco se puede establecer a través de los archivos. Por lo tanto, el libro no responde a la cuestión de ese paso a la acción, sino a la pregunta de cómo se llega a ser revolucionario, siguiendo las huellas de los acontecimientos que todos recordamos, como la muerte de Mohamed Buazizi, o a elementos aparentemente de menor talla y menos conocidos que también constituyen la inteligencia política del momento.

P: ¿Qué es lo que hace visible un gesto revolucionario o, por el contrario, qué lleva a que los demás pasen desapercibidos? ¿Por qué la muerte de Mohamed Bouazizi se convierte en emblemática mientras que la muerte en enero de 2016 del joven desempleado Ridha Yahyaoui, que muere electrocutado tras subir a un poste de la luz, frente a la sede de la gobernación, después de que su nombre fuera eliminado de una lista de contratación de la administración pública, pasa casi desapercibida?

R: Hay una parte de azar, pero lo que marca la diferencia es que bastantes personas, y bastantes personas diferentes, lo hagan suyo. En sí mismo, ningún gesto es un símbolo. A veces el símbolo se construye sobre el sentimiento de que esa vez fue peor, de que ya había habido suicidios en el sur de Túnez, pero que el de Bouazizi fue la derivada de una humillación flagrante. Pero el contexto por sí solo, o el hecho de que sea excepcional, no es suficiente para explicar por qué algunos eventos son recordados y otros no. Lo que es seguro es que no podemos reproducir exactamente un momento o un símbolo, como nos recordó el gesto de Yahyaoui y, lamentablemente, tantos otros después de él, en Túnez y en otros lugares.

“Es demasiado pronto para pretender hacer ‘balance’ de las revoluciones árabes”

P: Mientras que los lugares emblemáticos de las revoluciones árabes fueron las plazas, el libro evoca otros, en particular las manifestaciones en casa en Siria donde las mujeres se fotografiaron con lemas...

R: El pragmatismo y los imperativos de seguridad han desempeñado un papel importante en la invención de esta práctica de protesta, lo que demuestra que la distinción entre el espacio privado y el público ya no es válida en el momento revolucionario. Hemos optado por centrarnos en las manifestaciones en casa para mostrar que la revolución es un desplazamiento, pero que no sólo se lleva a cabo mediante la ocupación del espacio público, que también puede llevarse a cabo en el lugar. También permite ver, aunque tenemos en mente muchas imágenes de plazas llenas principalmente de hombres, que las mujeres retenidas en casa por los niños también se organizan, aunque de manera menos visible. Las mujeres que se ve en estos vídeos [bajo estas líneas] no son ni amas de casa tradicionales ni mujeres comprometidas políticamente en la arena pública.

Protesta de salón, en imágenes grabadas en un apartamento privado en Damasco (Siria), el 30 de mayo de 2011.

P: ¿Se puede aprender la revolución? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo?

R: Creo que sí. Esa es una de las cosas que ha salido a la luz en el curso de este trabajo. Pero estamos hablando menos de lecciones que de una experiencia que permite aprender. Hay transmisiones de conocimientos o de prácticas, como cuando los sindicatos organizan campamentos o cuando los geeks transmiten sus conocimientos informáticos. Pero también se aprende a hacer la revolución, ya sea para ocupar posiciones o para escapar de los esbirros del régimen. La conclusión del libro está totalmente orientada hacia esta idea de la revolución como una experiencia.

P: La obra no sólo abarca el año 2011 sino que se extiende a los movimientos que comenzaron en 2019 en Argelia, Sudán, Irak y el Líbano. ¿Por qué esta elección?

R: Porque estas revueltas de 2019 se inscriben explícitamente en la filiación de 2011, sobre todo porque tienen lugar en países en que no hubo protestas o apenas las hubo en 2011. Hay tanto términos comunes como temas compartidos, incluyendo la idea de que el Estado no se preocupa por sus ciudadanos. También hay prácticas que se están extendiendo y a veces mejorando. El nivel de elaboración de las tácticas insurgentes de los manifestantes iraquíes de 2019 es sorprendente, y la organización de la convivencia –alimentarse, defenderse, curarse– forma parte de la capacidad de resistencia a la represión. Más allá del hecho de que los levantamientos de 2019 hacen suyos los logros de 2011, arrojan luz sobre ciertos elementos de 2011, por ejemplo la cuestión feminista, que no surge directamente después de que se desencadenan las revoluciones, sino más bien de manera escalonada, mientras que fue inmediatamente central en las revueltas del año pasado.

P: ¿Puede hablarnos del uso del takbir, es decir, del canto “Alá Akbar” durante las manifestaciones? ¿Cómo hay que entenderlo durante las revueltas árabes, sabiendo que causó división incluso en la marcha contra la islamofobia celebrada en París el año pasado?takbir

R: Este grito está muy presente en la banda sonora de las revoluciones árabes, así que no podíamos dejarlo fuera. Intentamos mostrar que no siempre significa lo mismo y que puede cantarse incluso cuando no hay islamistas en la calle. Por lo tanto, es una interjección mucho más presente en el Mediterráneo oriental, en Egipto o en Siria, que en cualquier otro lugar. También es algo que oímos mucho en los funerales, que a menudo se han vinculado a las manifestaciones. También se canta cuando oímos disparos, porque puede haber muertes, como una especie de advertencia para tener cuidado. Hay una dimensión religiosa, pero puede ser secundaria, como cuando decimos “Dios mío” o, por el contrario, puede referirse directamente a la revolución iraní o a las manifestaciones de Hamas en Palestina, dependiendo del contexto y de las personas que la canten.

P: ¿Cómo explica el hecho de que las revoluciones árabes hayan creado "pocas instituciones y textos de referencia", como se dice en la conclusión?

R: En primer lugar, porque es necesario ganar a largo plazo para inscribir en las instituciones los logros de las revoluciones. Por eso lamento no haber incluido la Constitución de Túnez en el libro, porque es sin duda el texto más significativo salido de 2011. Pero decir esto es también una manera de invitarnos a leer todos estos rastros más impresionistas que las revoluciones de 2011 han dibujado como horizonte, aunque no se encarnen en monumentos de piedra o papel. También es una forma de decir que los efectos de las revoluciones árabes y, en particular, todas las cuestiones que plantearon sobre el contrato entre los gobernados y los gobernantes, no deben leerse necesariamente sólo en los países donde tuvieron lugar, sino también en otras partes del mundo donde la cuestión de la justicia social y la “economía moral” del poder se ha visto sacudida, ya sea en Chile o en Francia con los chalecos amarillos. Es demasiado pronto, incluso diez años después de su estallido, para pretender hacer “balance” de las revoluciones árabes.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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Los tunecinos acuden a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Beyi Caib Essebsi, fallecido en julio, en unos comicios que se consideran cruciales para la consolidación de la transición democrática en el país que vio nacer la Primavera Árabe Primavera Árabey en el que la inestabilidad social y el declive económico están haciendo mella, informa Europa Press.

La muerte de Essebsi, justo el Día de la Independencia el 25 de julio, obligó a un adelanto electoral de los comicios que estaban previstos para noviembre, alterando el calendario electoral y pillando a contrapié a los partidos, que tenían su vista puesta primero en las elecciones parlamentarias de octubre.

Unos 7,2 millones de tunecinos están registrados para votar en esta ocasión, pero desde que se produjo la caída del régimen de Zine el Abidine Ben Alí en enero de 2011, la participación electoral ha ido en declive en medio de la desconfianza de los ciudadanos en el sistema político.

Un sondeo de 2016 publicado por Arab Barometer mostró que solo un tercio de los tunecinos confía en el Gobierno. La pérdida de confianza ha quedado reflejada en una serie de protestas y huelgas en los últimos años, con los trabajadores de distintos sectores reclamando mejores salarios y condiciones laborales.

Los jóvenes en la ciudad de Sidi Bouzid, la cuna de las protestas que dieron el pistoletazo a la Primavera Árabe, no tienen esperanzas en el resultado de las elecciones. "Las elecciones no tienen sentido (...) no va a cambiar nada", afirma Hafez al Hidori, un joven de 27 años desempleado. "Hemos perdido la esperanza por la mala actuación del Gobierno. Los políticos no tienen una voluntad real de reforma", se queja.

La tasa de desempleo en Túnez se mantiene en el 15,3 por ciento. Karim Fadel, un portavoz de los desempleados en Sidi Bouzid, afirma que "desde las elecciones de 2014, no se nos ha tenido en cuenta en el proceso político. Los políticos vienen a la ciudad y hacen promesas durante las campañas, luego se van y sus promesas se olvidan por completo", denuncia.

El país norteafricano está también bajo presión de los acreedores internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que adopte drásticas medidas que permitan recuperar su economía. El FMI, que en 2016 aprobó un préstamo a cuatro años por unos 2.800 millones de dólares, ha dicho este año que la economía tunecina ha mejorado desde 2017. Sin embargo, Túnez aún necesita reducir su déficit fiscal y exterior y reducir la inflación.

26 candidatos se disputan la jefatura del Estado

En total, 26 candidatos concurrirán este domingo en los comicios, después de que la Comisión Electoral rechazara las candidaturas de otros 71 potenciales candidatos. Entre ellos, solo hay dos mujeres.

El movimiento islamista Ennahda presenta candidato a la Presidencia por primera vez. El elegido es su vicepresidente, Abdelfatá Morou, cuya designación se produjo tras un fuerte debate en las filas del partido, otrora prohibido bajo Ben Alí y actualmente muy influyente.

Una victoria de Morou, de 71 años y que actualmente es presidente interino del Parlamento -su titular Mohamed Ennaceur tuvo que ser nombrado presidente a la muerte de Essebsi-, generaría preocupación en otros partidos y podría generar alianzas de cara a las elecciones parlamentarias de octubre con el fin de evitar que Ennahda controle tanto la jefatura del Estado como el Legislativo.

El primer ministro, Youssef Chahed, en el cargo desde agosto de 2016, también es candidato. A sus 43 años es uno de los más jóvenes y cuenta con el respaldo del partido Tahya Tounes, que fundó en 2018 tras desertar del partido del presidente a raíz de disputas con Essebsi y altos cargos de la formación. La disputa política y la mala situación económica del país han provocado una caída en la popularidad de Chahed.

Por su parte, el partido de Essebsi, Nidaa Tounes, apoya al ministro de Defensa, Abdelkarim Zbidi, si bien este concurre como candidato independiente. Zbidi es visto como el responsable de mantener la estabilidad en los últimos meses del mandato de Essebsi, cuando el presidente fue hospitalizado varias veces, según destaca Laryssa Chomiak, experta de Chatham House.

La principal candidata femenina es leal al dictador Ben Alí

La candidata femenina más destacada es Abir Moussi, que ha depositado su esperanza en lo que calificado de "una mayoría silenciosa" que comparte sus puntos de vista anti-islamistas. Considerada como leal a Ben Alí, Moussi busca cambiar el sistema político para dar al presidente más poderes.

Otro de los principales candidatos es el empresario y magnate mediático Nabil Karoui, detenido la semana pasada por blanqueo de dinero y evasión fiscal y que el jueves inició una huelga de hambre para protestar por su arresto, que ratificó a la espera del juicio el viernes un tribunal. La comisión electoral ha aclarado que aún puede ser elegido pese a que permanece en prisión. También figuran entre los candidatos el expresidente Moncef Marzouki, quien ocupó la Presidencia del país tras la caída de Ben Alí, y el antiguo primer ministro Mehdi Jomaa.

Túnez es considerada como la única historia de éxito democrático tras la ola de levantamientos de la Primavera ÁrabePrimavera Árabe de ahí que estas elecciones sean vistas como una prueba de la capacidad de los candidatos para convencer a los tunecinos de que acudan a las urnas en lugar de salir a las calles a manifestarse.

Las autoridades de Arabia Saudi informaron este martes de la ejecución a 37 personas de nacionalidad saudí, la mayoría de ellos chiítas, por presuntos delitos de "terrorismo"  y "por adoptar ideas extremistas" y formar células criminales para "corromper y desestabilizar la seguridad", según informó la agencia de noticias saudí SPA. Las decapitaciones tuvieron lugar en cinco regiones: la capital, Riad; las ciudades santas de La Meca y Medina; la región sunita de Al Qasim y la Provincia Oriental, donde se concentra la minoría chiíta del país.

El Ministerio del Interior de Arabia Saudí anunció en un comunicado que el cuerpo de uno de los hombres ejecutados, Khaled bin Abdel Karim al-Tuwaijri, un presunto militante sunita, fue crucificado públicamente en un poste. Según reza el comunicado, los ejecutados "adoptaron la ideología terrorista extremista y formaron células terroristas" para difundir "corrupción, inseguridad, caos, sedición y sectarismo", amenazando con ello "la paz pública y el bienestar social". Además, señala que atacaron oficinas centrales de seguridad con bombas explosivas, donde asesinaron "a varios hombres de seguridad" y "violaron la confianza en cooperación con partidos hostiles", recoge la agencia de noticias oficial SPA.

Los ajusticiamientos, ratificados por el rey Salmán bin Abdelaziz, se produjeron dos días después de que las autoridades saudíes informaran de un intento de atentado cuyo objetivo era un centro de inteligencia en Zulfi –a unos 200 kilómetros de Riad–, en el que presuntamente fallecieron cuatro atacantes identificados como miembros del Daesh. Ésta última ejecución sucede tres años después de la ejecución en 2016 de otras 47 personas, también condenadas por terrorismo, que supuso la ruptura de las relaciones diplomáticas de Arabia Saudí con Irán.

Según ha informado Amnistía Internacional, 11 hombres fueron declarados culpables de espiar para Irán. Y al menos 14 de los 37 habían sido condenados en relación a las protestas antigubernamentales que acontecieron entre 2011 y 2012, cuando la primavera árabe atravesaba la Provincia Oriental. Además, Amnistía ha denunciado que las autoridades se basaron en confesiones "obtenidas bajo tortura" y que los ejecutados fueron declarados culpables en "simulacros de juicio", violando así las normas internacionales de imparcialidad procesal. 

El disidente saudí Ali al-Ahmed y actual dirigente del Instituto del Golfo en Washington identificó a 34 de los 37 ejecutados como chiítas, basándose en los nombres publicados por el Ministerio del Interior. Al-Ahmed la ha considerado como "la mayor ejecución masiva de chiítas en la historia del reino" y ha indicado que se trata de un "mensaje políticamente motivado para Irán", según informa ABC News.

La UE cuestiona que Arabia Saudí respete el derecho a un juicio justo 

La Unión Europea ha censurado la ejecución de 37 personas por terrorismo en Arabia Saudí este domingo, algo que arroja dudas "serias" de que respete el derecho a un juicio "justo" y ha avisado de que puedan "alentar" todavía más las tensiones sectarias en la región. "Esto supone el mayor número de ejecuciones en un único día en Arabia Saudí desde 2016 y confirma una tendencia negativa en este país", ha denunciado el servicio diplomático europeo que dirige la alta representante Federica Mogherini.

El Servicio Europeo de Acción Exterior ha avisado de que "estas ejecuciones en masa arrojan dudas serias sobre el respeto por el derecho a un juicio justo", un estándar "mínimo fundamental internacional de la justicia", y ha denunciado que la ejecución de personas que eran menores cuando se cometieron los presuntos delitos "constituye una violación grave adicional". También ha alertado de que las últimas ejecuciones, teniendo en cuenta "la identidad de la mayoría" de los ejecutados y "las dudas sobre la gravedad de los delitos contra algunos de ellos", tienen "el potencial de alentar las tensiones sectarias, que ya dominan en la región".

La Unión ha vuelto a expresar su rechazo "inequívoco" a la pena de muerte "en todos los casos y sin excepción", un castigo que considera "cruel e inhumano", que no sirve para disuadir el crimen y supone un rechazo "inaceptable" de la dignidad e integridad humana, y ha dejado claro que seguirá defendiendo su abolición en todos los países donde todavía se aplica la ejecución.

Alrededor de 5,4 millones de tunecinos fueron llamados a las urnas este domingo para participar en las primeras elecciones municipales en ocho años y las primeras desde el levantamiento de 2011 que culminó con la caída del presidente Zine el Abidine ben Alí, informa Europa Press.

En disputa en estas elecciones están un total de 7.212 escaños en consejos locales en 350 distritos electorales en el país, en un proceso que es visto con esperanza por los activistas ante la posibilidad de que suponga un impulso al proceso de democratización.

Los soldados y los miembros de las fuerzas de seguridad votaron el 29 de abril, haciendo uso por primera vez de este derecho tras la aprobación en 2017 de una enmienda a la ley electoral de 2014.

En total, cerca de 36.000 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad estaban llamados a votar, si bien la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones (ISIE) señaló el 30 de abril que sólo el 12% había acudido a depositar su papeleta.

El presidente del organismo, Mohamed Tlili Mansri, reconoció que la tasa de participación era "pobre" y dijo que era consecuencia de "los llamamientos de algunos sindicatos de las fuerzas de seguridad a boicotear las elecciones", según informó la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.

La votación fue aplazada varias veces, planteando el temor entre los activistas de que figuras del antiguo régimen estuvieran intentando frenar los avances prometidos tras la revolución.

En los comicios concurren un total de 2.074 listas y 53.668 candidatos a los consejos locales, que son el primer nivel de gobierno en el país árabe según el sistema descentralizado contemplado en la Constitución Constitución aprobada en 2014.

Esta Carta Magna recoge que los partidos deben garantizar la paridad vertical y horizontal en sus listas de candidatos, por lo que en las mismas hay hombres y mujeres candidatos de forma alterna para permitir esta representación. Un total de siete listas fueron descartadas por no cumplir con esta norma.

Los miembros de los consejos locales serán elegidos a través de un sistema de representación proporcional de lista cerrada en una única vuelta.

Asimismo, el proceso contempla normas estrictas para los medios de comunicación, a los que se exige "neutralidad" durante la campaña electoral y se les prohíbe emitir espacios electorales. Además, los candidatos tienen prohibido dar declaraciones a la prensa extranjera.

El proceso de descentralización

Estas elecciones, las primeras municipales desde 2010, permitirán avanzar en el proceso de descentralización del país, que antes de la revolución estaba marcado por la falta de decisión de las autoridades locales, que dependían de lo que decidiera Túnez.

Para poner fin a esta situación y aumentar la autonomía y la capacidad de respuesta, la Constitución de 2014 consagró esta descentralización y reclamó un aumento de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno central.

De hecho, el Parlamento está debatiendo en la actualidad una nueva ley sobre municipalidades que podría ser aprobada este mismo domingo, coincidiendo con las elecciones.

Sin embargo, estos avances chocan con la desafección de parte de la población con el proceso de democratización debido a su ralentización en los últimos años, las involuciones registradas en algunos campos desde 2011 y la falta de avances a nivel económico.

El pasado septiembre, el Parlamento aprobó una ley que garantizaba la amnistía a responsables vinculados con el antiguo régimen acusados de corrupción, y ese mismo mes el primer ministro, Yusef Chahed, anunció un nuevo gabinete en el que hay antiguos cargos que sirvieron con Ben Alí.

Las condiciones de seguridad

Una de las principales preocupaciones durante la jornada electoral será la seguridad de los votantes y los centros de votación, en un país que vive bajo estado de emergencia desde noviembre de 2015.

El estado de emergencia fue declarado después de un atentado contra un autobús de la Guardia Presidencial en la capital y desde entonces ha sido extendido en numerosas ocasiones.

La medida da poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad, permitiendo, entre otras cosas, limitar el movimiento de la población o prohibir manifestaciones o huelgas susceptibles de derivar en desórdenes.

Una de las principales amenazas es el grupo yihadista Estado Islámico, que cuenta con una presencia reducida en el país pero que ha estado detrás de varios atentados, por lo que se sospecha que pueda intentar perpetrar ataques durante la jornada electoral.

Desde el levantamiento de 2011 contra Ben Alí, la democracia tunecina ha sido vista como un modelo para la región, pero los milicianos islamistas son uno de los mayores retos para las autoridades del país.

La sentencia determina que la carta de despido “adolece de una total inconcreción”. El Chaabi Bank adujo un supuesto bajo rendimiento de Hanane Bijbij, encargada de las cuentas y transferencias en la sucursal, que incluso había causado quejas de algunos clientes. Pero la juez asegura que la entidad no precisa en ningún momento “en qué ha consistido el bajo rendimiento ni tampoco las quejas de los clientes”. Además, durante la vista oral del juicio, Bijbij había presentado como prueba el bonus que el banco le había pagado tras cumplir el 100% de los objetivos previstos.

En su demanda, la trabajadora alegaba que el despido obedeció a la voluntad de la entidad financiera de “discriminarla” y “castigarla por ejercer sus derechos fundamentales”, por lo que reclamaba que fuera declarado nulo. En concreto, argumentaba que su cese atentó contra tres artículos de la Constitución: los que garantizan la libertad ideológica, el derecho a expresar y difundir pensamientos e ideas y el derecho de opinión.

Tanto Hanane Bijbij como su jefe, Jauad Ballahsan, director de la sucursal del Chaabi Bank en Madrid, acudieron el pasado 2 de junio a una manifestación convocada por la Comisión del Movimiento Rifeño frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ambos nacieron en Alhucemas, en la región que lleva año y medio reclamando en la calle mejoras económicas y sociales y protestando por la represión con que el Gobierno marroquí responde a sus reivindicaciones. La misma noche de la protesta, un periódico digital marroquí, Hibapress, publicó una noticia sobre la manifestación con una foto en la que se señalaba con dos círculos azules los rostros de Hanane y y Jauad, se citaban las iniciales de sus nombres y, tras tacharles de “traidores”, se pedía su despido. Dos días más tarde, Hanane fue despedida y Jauad, que además ejercía como delegado sindical de CCOO, fue destituido de su puesto. Se le despidió un mes más tarde.

La jueza, sin embargo, no ha apreciado que la manifestación y la noticia publicada en Hibapress estén detrás del despido de la trabajadora. Según la sentencia, Bijbij no ha “acreditado ni existe indicio racional de una relación causa efecto entre las manifestaciones que la parte actora alega que tuvieron lugar en un periódico y la decisión del banco de despedirla”. Para sustentar este argumento, la jueza niega “valor probatorio” a la prueba documental que presentó el abogado de la trabajadora, ya que, según dice, la traducción jurada de la noticia publicada en Hibapress no aparece firmada. “No puede conocerse, por tanto, quién la ha redactado ni tampoco ha quedado probado a qué puede pertenecer”, explica. La jueza pone en duda incluso que se trate de un “artículo de prensa de un medio de comunicación”. La validez de esos documentos, sin embargo, no fue impugnada por el abogado del banco durante la vista. Sobre la entidad financiera, según la ley española, recae en caso de despido la carga de la prueba; es decir, le corresponde a ella demostrar al juez que el despido no tuvo nada que ver con que su empleada acudiera a una manifestación legal.

Al reconocer como improcedente el despido de Hanane Bijbij, el banco está obligado a readmitirla en su puesto de trabajo o a indemnizarla con 33 días de salario por año trabajado. La sentencia, en cualquier caso, no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juicio por el despido de su superior iba a celebrarse el pasado 31 de enero, pero fue aplazado al mes de marzo.

Por qué protesta el Rif

Las manifestaciones comenzaron en el Rif en octubre de 2016, cuando Mohcin Fikri, un vendedor de pescado de 31 años, murió aplastado dentro de un camión de la basura. Protestaba junto con otras tres personas porque la policía le ha había confiscado su mercancía, pez espada. Su muerte fue la espoleta que ha vuelto a sacar a la calle la indignación en esta zona del norte marroquí, azotada por el desempleo y la pobreza. Cientos de personas han sido detenidas por participar en las protestas.

No es la primera vez que estallan revueltas en el Rif, que acumula un largo historial de represión primero por parte de la potencia colonial española y luego por el régimen marroquí: desde la histórica sublevación de Abdelkrim y la derrota de los españoles en Annual en 1921, pasando por la rebelión de 1959, violentamente sofocada por Hassan II, e incluyendo también la primavera árabe en 2011.

Fue entonces, la noche del 20 de febrero de ese año, durante una protesta, cuando cinco jóvenes murieron carbonizados en un cajero automático del Banque Populaire –la matriz del Chaabi Bank– en circunstancias que no fueron aclaradas.

Ahora los rifeños reclaman desarrollo económico y social. Empleo, una universidad, un hospital oncológico –la zona tiene una incidencia de cáncer insualmente elevada, que se asocia al uso de gas mostaza por el Ejército español en los años 20– y el fin de la desmilitarización de la zona, resultado de la represión de 1959.

Pero también piden respeto a los derechos humanos, cuya violación denuncian los activistas. Hablan de asaltos nocturnos a viviendas, detenidos torturados en las comisaríasdetenidos torturados y arrestos masivos. Pese a que el rey Mohamed VI ha anunciado proyectos de infraestructuras turísticas y sociales para la región, a fin de acabar con el descontento, las vías de progreso en el Rif siguen dependiendo de la emigración a Europa y del cultivo de hachís.

Un informe confidencial de la Inteligencia de la Unión Europea alertó en 2007 a las autoridades comunitarias del riesgo de que la región de Oriente Próximo registrara una serie de crisis locales que se extenderían de unos países a otros poniendo en vilo a los regímenes autoritarios, como sucedió a partir de 2011 con el fenómeno de la llamada Primavera Árabe.

El documento en cuestión, que ha sido desclasificado por la Unión Europea a petición de dos investigadores españoles, advirtió de que podrían registrarse "crisis locales" que se contagiarían por varios países hasta convertirse en un fenómeno "regional".

"Las crisis locales" en Oriente Próximo "pueden fácilmente extenderse de un país a otro y adoptar rápidamente una naturaleza regional", señaló la Inteligencia de la Unión Europea en su informe confidencial entregado a las autoridades comunitarias en julio de 2007, cuatro años antes de que comenzara la llamada 'Primavera Árabe' con las primeras manifestaciones contra los dictadores de Túnez y Egipto.

Bajo el título Los peores escenarios para Oriente Próximo, el informe confidencial de la UE, al que ha tenido acceso Europa Press, concluía que la influencia de Occidente "se vería probablemente dañada" en el caso de una "grave crisis" que afectara a la región, con las "probables consecuencias" de "un auge del terrorismo antieuropeo" y "un aumento del número de refugiados que intentan entrar en la Unión Europea".

En el capítulo de "amenazas", el documento de la Inteligencia comunitaria dejaba claro que en el caso del "peor escenario" en Oriente Próximo, las consecuencias podrían ser una "interrupción del suministro energético", la posibilidad de que la región se convirtiera en "un refugio seguro para terroristas" que quieran atentar en Europa y la llegada de "grandes cifras de refugiados o migrantes" que quieren llegar a territorio europeo.

En su análisis de perspectivas, el informe confidencial hacía hincapié en que los conflictos en la zona muestran "una tendencia a contagiarse mas allá de las fronteras y afectar a varias, si no a la mayoría, de las potencias regionales". "Pueden originarse futuros conflictos en diferentes países pero probablemente tendrán un efecto bastante más allá de sus fronteras. La caída de uno de los regímenes tradicionales podría precipitar una reacción en cadena que haría a otros más vulnerables", vaticinó.

La Inteligencia comunitaria también dejaba claro en su análisis que la mayoría de los regímenes de Oriente Próximo estaban "políticamente obsoletos". "Tanto los regímenes tradicionales, en su mayoría monarquías, como los restantes representantes del 'socialismo árabe' han vivido mucho más tiempo que su eficacia", consideró el informe de los analistas de Inteligencia comunitario.

El informe de la Inteligencia comunitaria ciñe su análisis sobre los posibles escenarios futuros en un sentido reducido de la región de Oriente Próximo, abarcando desde Egipto hasta Irán, sin incluir a Israel y Turquía.

Este documento confidencial, redactado por el Centro de Situación Conjunto de la Unión Europea (SITCEN), ha sido desclasificado por las autoridades comunitarias a solicitud de dos investigadores españoles y es el primer análisis de este calibre que las autoridades comunitarias aceptan hacer público.

Los dos investigadores que han conseguido la desclasificación son el profesor Rubén Arcos, investigador de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos, y José Miguel Palacios, que fue jefe de la División de Análisis del Centro de Inteligencia de la Unión Europea (INTCEN) entre 2011 y 2015.

Los dos expertos han analizado a fondo todas las claves del informe de la Inteligencia de la Unión Europea y han plasmado sus conclusiones en un artículo de investigación titulado El impacto de la Inteligencia en la toma de decisiones: la Unión Europea y la primavera árabe, publicado en la revista especializada Intelligence and National Security.

En su análisis, los dos investigadores se plantean, entre otras cuestiones, por qué las autoridades de la Unión Europea no adoptaron decisiones teniendo en cuenta que sus expertos de Inteligencia les estaban anticipando el riesgo de la llegada de la primavera árabe y la crisis de los refugiados.  

Las autoridades de Marruecos realizan arrestos "todos los días" en la zona norte del país para contener la ola de protestas desatada en los últimos meses, hasta el punto de que alrededor de un centenar de personas habrían sido detenidas desde finales de mayo por su implicación con el Movimiento Popular o Hirak al Shaabi.

La ciudad de Alhucemas ha sido el epicentro de la frustración social en las mayores protestas contra el Gobierno desde la Primavera Árabe. La movilización estalló tras la muerte en octubre de un pescador, Mouhcine Fikri, que fue arrollado cuando intentaba recuperar la mercancía confiscada por la Policía.

Uno de los abogados del movimiento, Abdessadak Elbouchattaoui, ha cifrado en torno al centenar el número de personas detenidas desde finales de mayo, con arrestos "de forma diaria". "De media, hay unos cuatro arrestos al día y a veces se llega a diez", ha denunciado.

El ministro de Justicia, Mohamed Aujjar, defendió la semana pasada ante el Parlamento que el Gobierno estaba actuando con "madurez, responsabilidad, inteligencia y conforme a la legalidad" en su respuesta a las protestas.

Un tribunal de Alhucemas ya ha condenado a 25 miembros de Hirak a 18 meses de cárcel, si bien el Ejecutivo apenas informa de los casos abiertos desde que anunció el 6 de junio los cargos contra el líder del movimiento social, Nasser Zefzafi, acusado de perjudicar la "integridad territorial" de Marruecos y de participar en reuniones "ilegales".

Los activistas han amenazado con seguir con las movilizaciones y ha comenzado a circular un llamamiento para una "marcha histórica" en Alhucemas el próximo fin de semana, bajo la premisa de que se llevará a cabo "si los manifestante se Hirak no son liberados" antes.

La protesta coincidiría con el final del Ramadán, una festividad en la que, según el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) -afín a Palacio-, el rey Mohamed VI podría firmar un indulto para los manifestantes detenidos en las últimas semanas.

El pasado 20 de enero, tres hombres fueron ejecutados. Tres hombres hacia cuyo destino había comenzado a sentir cierto apego desde una pequeña oficina de comunicación en el norte de Londres. Casi un año antes había empezado a investigar y documentar la vida de estos tres hombres en el corredor de la muerte de Baréin: Ali al-Singace, de 21 años; Abbas al-Samea, de 27; y Sami Mushaima, de 42. Por aquel entonces se encontraban en el centro de una historia que pedía a gritos una intervención diplomática, pues las pruebas del caso apuntaban a que su arresto no se había efectuado por la muerte de tres policías en una explosión de bomba en marzo de 2014 sino por el crimen de oponerse a la monarquía de su nación.

Los acusados alegaban haber sido señalados por las autoridades por pertenecer a familias conocidas por su oposición al gobierno, y habían presentado en su defensa coartadas que les absolvían de responsabilidad por los atentados de Daih en 2014. Sin embargo, su defensa nunca fue considerada en el juicio ni resultó en una investigación independiente. Los oficiales apelaron a confesiones que, según los abogados defensores, habían sido obtenidas mediante torturas. Era difícil no sobrecogerse ante las imágenes de las heridas supuestamente infligidas en ellos por sus guardas. Uno de los acusados tuvo que acudir al juicio en silla de ruedas debido a la severidad de sus lesiones. En una conversación telefónica, la madre de Abbas al-Samea nos explicó que la última vez que había podido visitar brevemente a su hijo pudo ver —a través de los barrotes— cómo este tenía el cuerpo lleno de moratones y le faltaban varios dientes. Pero la gravedad de los fallos judiciales en Baréin y su absoluta incapacidad de proporcionar algo parecido a un juicio justo alcanzó su límite el día en el que los tres condenados fueron puestos ante un pelotón de fusilamiento.

La pena de muerte es un suceso que ocurre casi diariamente en algún lugar del mundo, pero este caso va más allá de la injusticia sufrida por estos tres individuos. No es solo otro ejemplo más de lejanas persecuciones políticas a las que ya estamos acostumbrados y sobre las que Europa puede mantener su conciencia tranquila. Estas ejecuciones, con la dudosa culpa de los imputados y las cuales marcan el retorno de la pena capital en Baréin después de media década, son un símbolo del sutil pero peligroso retorno del control autoritario a Oriente Medio. Lejos de la fuerza revolucionaria que la Primavera Árabe auguraba ser, Baréin ha utilizado el desconcierto social resultante para cementar violentamente el poder del gobierno minoritario suní. A pesar de la relativa estabilidad que durante los últimos años ha mantenido este pequeño país con inmensa riqueza petrolífera, el régimen ha utilizado esta oportunidad para asegurar el status quo, ignorar la petición de inclusión política y económica de la comunidad chií y silenciar a la oposición. Las recientes ejecuciones ilustran la decisión de Baréin de dejar de aparentar su adhesión a los acuerdos internacionales de derechos humanos. Acuerdos que prometió incorporar a su código legal doméstico y a su constitución en 2012 tras el descontento generalizado. Otras naciones ya han seguido esta trayectoria y otras muchas parece que irán por el mismo camino.

En efecto, Baréin no está sola en la fuerte reacción a las inesperadas protestas que conformaron la Primavera Árabe hace ya seis años. Tras ayudar a aplastar las protestas chiíes en el Golfo Pérsico, Qatar y los Emiratos ÁrabesEmiratos Árabes se han unido a Baréin al extender sus leyes antiterroristas para permitir el encarcelamiento sin juicio de aquellos sospechosos de formar una oposición al gobierno. Egipto ya hizo lo propio un mes atrás. Los medios egipcios, además, se han visto objeto de una mayor censura, todo mientras incrementan los informes externos sobre desapariciones repentinas de disidentes al régimen. Túnez, aún inmerso en su particular conflicto interno, no consigue erigirse como el modelo democrático local que brevemente representó en 2011. Y mientras la crisis siria urge una solución política, no queda claro si esta puede desembocar en un régimen con la fuerza y cooperación suficiente como para alcanzar un modelo menos opresivo.

Hasta ahora, las señas de este creciente autoritarismo en la región han sido eclipsadas por la dureza del enfrentamiento y la crisis sistémica en los países vecinos. Sin embargo, la naturaleza de las ejecuciones del 20 de enero es un llamamiento para prestar una mayor atención al resquebrajamiento judicial y político llevado a cabo en estos países. Estamos viendo los primeros indicios de una ola vengativa en los países que, hace solo seis años, vieron sus calles repletas de protestas y demandas. El silencio sepulcral por parte de los líderes internacionales también debe ser desafiado, pues demuestra cómo sus agendas nacionales de seguridad y comercio suelen solaparse de manera flagrante.

Evidentemente, es difícil no preguntarse: ¿qué puede hacer Occidente? ¿Tiene las manos atadas? ¿Puede realísticamente lanzar un misil diplomático en un contexto político ya de por sí inestable y con unas relaciones interestatales de poder tan complejas? Francamente —si su objetivo es mantener su posición como modelo liberal, proveer estabilidad y mantener un terreno político común con Oriente Medio—, sí. Europa bien puede estar empezando a buscar aliados frente a la incertidumbre política en EE. UU., y desde luego no está falta de retos internos en su intento de permanecer unida. Pero el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, no debería ser invitado al «club» hasta que tanto él como sus aliados árabes se adhieran activamente a los tratados de derechos humanos que dicen defender. Hay mucho más en juego que el mantenimiento en el largo plazo de las bases militares en el Golfo Pérsico.

En esencia, la situación en Baréin demuestra que el oscuro y desapercibido legado de la Primavera Árabe empeora por momentos. El país fue un foco de atención global entonces, y debería serlo de nuevo —esta vez poniendo la atención sobre su gobierno y la brutalidad de su respuesta a la oposición—. Durante las próximas semanas y años, no debemos mirar hacia otro lado mientras se erigen estos mecanismos autoritarios y se violan sistemáticamente los derechos humanos en países aliados. La naturaleza de estas ejecuciones no será una anomalía y sin una respuesta más dinámica y dogmática de la diplomacia europea, la primavera difícilmente llegará.

El documental Guilty Till Proven Innocent fue dirigido y producido por Isabel Woodford en 2015. Este sigue el caso de tres hombres en el Corredor de la Muerte en Baréin, los cuales fueron finalmente ejecutados el 20 de enero de 2017.

*Isabel Woodford estudia políticas públicas en la Universidad de Oxford.

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El endurecimiento de las leyes y su aplicación por los gobiernos del PP dibujan el desolador panorama de la libertad de expresión en nuestro país. En un reportaje general titulado Je suis Charlie (menos en España), Ramón Lobo aborda la cuestión hablando con jueces, sociólogos y creadores. Por su parte, el humorista Darío Adanti, miembro de la revista MongoliaMongolia, analiza en La sátira o el arte de la destrucción el papel subversivo del humor; mientras la escritora Rosa Regàs responde a la pregunta ¿Qué fue de la libertad de expresión? Para completar el bloque de portada de tintaLibre el experto en televisión Jaime Olmo escribe una crónica titulada TVE, cinco años de mordaza informativa. La ilustración de la portada es obra del dibujante Malagón.

En clave política y con el título de Murcia, la política al estilo siciliano, el periodista José Antequera describe en un reportaje las razones de la enorme corrupción que sufre esta región desde hace años. Dentro del bloque político, Patrycia Centeno, una especialista en política y moda, analiza la estética y la ética a raíz de recientes polémicas parlamentarias en su artículo En el fondo, las formas. La autora de la Página Abierta de este mes, Edurne Portela, se ocupa de la entrega de las armas por parte de ETA en una columna titulada Desarmar el silencio.

Dos reportajes de contenido social sobre el terreno ocupan también una parte de la revista. Se trata de Las cooperativas extienden sus redes, de Ruth Zauner, sobre el auge de este fenómeno de economía social; y Los irreductibles de la comarca fantasma, a cargo de María José Carmona, sobre el repoblamiento de un pueblo de Soria y el drama del éxodo rural. En el apartado de historia reciente de España, tintaLibre ofrece una crónica del periodista Ángel Munárriz sobre uno de los mejores periodistas del siglo XX titulada El legado escondido de Chaves Nogales; y un artículo de la profesora Paloma Aguilar sobre un episodio poco conocido, Las desconocidas fosas abiertas en la Transición.

Dos periodistas especializados en política internacional firman otras tantas historias candentes: Julia Tena escribe Escocia: nueva ruta hacia la independencia, donde aborda los nuevos conflictos que se abren en el Reino Unido; y Javier Martín hace balance de los fracasos en la democratización del mundo musulmán en El espejismo de las Primaveras Árabes. Un artículo del profesor Manuel Hidalgo, Venezuela en la cuerda floja; y una entrevista en cómic a cargo de Francisco de Zárate y Fernando Calvi con el líder opositor Henrique Capriles repasan la complicada encrucijada que vive Venezuela en los últimos tiempos.

La literatura ocupa un doble espacio en tintaLibre. Por un lado, con el cuento de Los Diablos Azules, el suplemento de libros de infoLibre, a cargo en esta ocasión de Ramón Cote, Ioana Gruia, Luis Bagé Quílez y Yolanda Reyes. Por otro lado, con la prepublicación de Triple juego en Cuba, una novela histórica de Bernar Freiría ambientada en aquella guerra de la independencia y que aparecerá en mayo en la editorial Libros.com. La contraportada está cargo de Karmentxu Marín que entrevista al dirigente ecologista y secretario para España de WWF, Juan Carlos del Olmo.

La revista está a la venta a partir del 5 de mayo en quioscos y librerías de toda España. También está disponible para su descarga en teléfonos y tabletas de Apple y Android. Si eres socio de infoLibre, ya puedes leer tintaLibre de mayo y todos los números anteriores de la revista en la sección especial aquí.

"¿Sabes lo que realmente me sorprendió de todo aquello?". Hedi (Majd Mastoura), un joven tunecino, pasea junto a Rym (Rym Ben Messaoud), con quien está viviendo una especie de primer amor tardío, hasta un cementerio. Hace sol y las tumbas relucen. Con "aquello" se refiere a la Revolución de los Jazmines, las revueltas pacíficas que entre 2010 y 2011 derrocaron al dictador Ben Ali, en el poder durante 23 años. "Estuvimos tres días sin trabajar. Cuando volvimos, había algo distinto. Era como si todo el mundo se quisiera". 

Es el único momento de la película Hedi: un viento de libertad (este viernes en los cines), ópera prima de Mohamed Ben Attia, en el que se habla explícitamente de la Primavera Árabe. Sin embargo, esta historia en torno al despertar de un joven que lleva 25 años viviendo según el dictado de la tradición y la inercia es una referencia clara a los cambios experimentados por Túnez y sus ciudadanos en los últimos seis años. Ben Attia se encuentra en Madrid en una parada más de la larga promoción del filme, que en 2016 se convirtió en la primera película tunecina que competía en la Berlinale en 20 años. Allí, el actor protagonista se hizo con el Oso de Plata por su interpretación y Attia inauguró oficialmente una nueva etapa para el cine tunecino.

"Quería contar una historia de amor, pero no podía establecer un paralelismo frontal y directo", dice el cineasta, "porque era incapaz en ese momento de escribir sobre la revolución de manera directa. Encontré que escribir sobre Hedi era una manera de retraducir todo lo que habíamos vivido de manera íntima y humana, no a escala política y social". La historia del joven es sencilla: tiene 25 años, trabaja como comercial en un concesionario Renault y vive en casa de su madre mientras espera a casarse con su novia. Cuando nadie le ve, dibuja tebeos surrealistas en blanco y negro. Parece no tener voluntad alguna y consume los días con pereza y cierta inquietud, como los cigarros que fuma a escondidas. Su vida, a priori, no parece distinta de la que llevaba antes de la Revolución, en la que participó como otros miles de personas en todo el país. 

Pero algo cambia cuando conoce a Rym. Entonces, algo que estaba dormido se despierta. "El amor es capaz de todo", dice Ben Attia con una sonrisa mientras se incorpora en el sofá de la librería Ocho y medio, como para dar énfasis a sus palabras. "En ese paréntesis, durante tres días [se refiere a los que precedieron al 14 de enero de 2011, cuando Ben Ali abandona el país], nos sentíamos eufóricos, invencibles, sentíamos que todo era posible. Es el mismo estado en el que uno cae cuando se enamora: te sientes fuerte, libre". Como elaboró el sociólogo italiano Francesco Alberoni en los setenta, el director defiende que las emociones que generan un flechazo y una nueva filiación política son similares: "La revolución fue tan emotiva que podríamos, en una interpretación mucho más íntima, acercarla a una historia de amor". Silencio. Sonríe: "Quizás sea ingenuo". Risas. 

Aunque no cree que Hedi sea una historia generacional, o al menos no completamente, sí ve que parte de la juventud tunecina "tiene difícil encontrarse, asumir una elección que tiene de una parte la estabilidad y la familia y de la otra lo desconocido". Él mismo, confiesa, tuvo que escoger. Después de hacer el bachillerato, se licenció en una escuela de comercio pese a que tenía muy claro que quería hacer cine. Estuvo —como su personaje— 12 años trabajando para Renault. Eso, dice, retrasó el comienzo de su carrera en el cine hasta el punto de tener cuatro cortometrajes a sus espaldas pero haber estrenado su primer largo a los 41 años.

"Tuve unos padres muy abiertos, que siempre me han animado", señala, para subrayar que los lazos de la tradición son complejos. Su "pereza, dudas y miedo" no estaban ligadas solo a su familia, sino a un entramado de lealtades y expectativas creadas por la sociedad. Por eso no se trataba solo de deshacerse del poder autoritario —Túnez es el único país en que la Primavera Árabe ha desembocado en una clara transición hacia la democracia—, sino de lo que él llama la "revolución de las mentes", que "lleva mucho más tiempo que los cambios políticos". Vuelve a la comparación: "Uno no se puede colgar de un primer amor. En Túnez prendió una chispa que tardará en tomar cuerpo". 

Por eso ha decidido no impacientarse por la lenta marcha de la transición, que en 2014 logró la aprobación de una Constitución que reconoce derechos y libertades, pero también el Islam como religión oficial y la familia como "célula esencial de la sociedad", y que no prohíbe, por ejemplo, la pena de muerte. "En la vida de un ser humano", argumenta el cineasta, "seis o siete años pueden parecer muchos, y por eso hay allí esta desilusión; pero para la vida de una sociedad o de una revolución, seis o siete años no son nada". Toma como ejemplo la normativa conocida como artículo 52, heredada de Ben ali, que impone el mínimo de un año de prisión para quien consuma cualquier droga ilegal —incluida la marihuana— y que está siendo debatida con pasión en la actualidad. Lo mismo ocurre con la persecución de la homosexualidad o el "concubinato", "todavía no revisadas, pero sí discutidas", y la ley que permite al violador escapar de la pena impuesta si se casa con su víctima, para la que se habla ya de abolición.

Ben Attia resume la encrucijada en la que se encuentra tanto Hedi como el pueblo tunecino: "No hay reglas". Ni la legislación ni las costumbres impuestas o elegidas durante décadas son ya válidas. Solo hay una pregunta: "¿Qué quieres hacer con tu vida?". Cada uno, dice el cineasta, lidia con estas cuestiones como puede: "Intentamos hacer cosas y tenemos miedo de parar y preguntarnos qué hacer o si estamos en la buena dirección o no". Su película, dentro de la nueva etapa que parece vivir en el cine del país, que ha eclosionado en los últimos años —con toda una nueva generación de documentalistas para un pueblo "ávido de realidad"—, parece atestiguar que, efectivamente, sopla un viento de libertad. 

Hubo entonces cierto consenso en los observadores del levantamiento ciudadano de la primavera árabe que lo que impulsó a las masas a ocupar las calles fue una demanda de dignidad y el rechazo a aceptar que las dictaduras familiares locales fuesen los propietarios de sus países. Hubo quienes, como Tahar Ben Jelloun, se apresuraron a asegurar que "esta primavera rubrica la derrota del islamismo", el cual habría quedado superado en capacidad de movilización por las reivindicaciones políticas y sociales de los jóvenes revolucionarios. A la luz de los hechos sobrevenidos, se trataba más de un pronóstico hijo del deseo que del conocimiento de la realidad. Ésta ha evidenciado el éxito del islamismo en Túnez, Marruecos, Libia y Egipto. El Islam triunfa, la democracia pierde, donde las formas parecían las de la rebelión del pueblo y, por tanto, se daba por supuesto el advenimiento más pronto que tarde de los regímenes de gobierno sometidos al imperio de los derechos y las libertades ciudadanas. Como escribió Josep Fontana un par de años después en su desasosegante libro El futuro es un país extraño: "el islamismo, que cosecha ahora el prestigio que le han dado décadas de enfrentamiento a los autócratas derrotados, ha resultado ser quien dominaba el lenguaje en que el conjunto de la población estaba acostumbrada a formular su condena de los regímenes supuestamente avanzados que había estado sufriendo en Túnez y Egipto, y que sigue sufriendo en Siria, Argel, Bahrein..., aunque sea problemática su compatibilidad con la democracia, comenzando por la práctica de marginar a la mujer".

Sin embargo –como destaca el autor recién citado–, no parece incompatible ese mismo islamismo con los modos del capitalismo globalizado de libre mercado (es interesante a este respecto echar una ojeada a las vías de financiación de los distintos grupos terroristas asociados, de una manera u otra a la yihad, lo que se puede hacer leyendo el inquietante libro de Eduardo Martín de Pozuelo y otros titulado Objetivo: califato universal. Claves para comprender el yihadismo). Lo que añade a la fuerza ideológica de las organizaciones terroristas islamistas el recio soporte que otorga el entramado de intereses que da vida a los negocios –armamento, petróleo, diamantes...– a escala global.

Nos dejamos entusiasmar por los cantos de libertad de la plaza de Tahrir, las publicaciones en Facebook y otras manifestaciones de la protesta que se televisaba al mundo. ¿Cómo no iban a ser los partidos laicos los que lideraran esa transición árabe a la democracia? Desde nuestra perspectiva de europeos que aún disfrutamos del Estado de Bienestar que por el momento nos tolera la voracidad financiera, no paramos mientes en lo valioso que puede ser para quien no tiene garantizados cuidado médico y educación aquello que se los da como un precioso regalo. Los islamistas hacía ya años que eran los únicos que mantenían los centros de sanidad que podían encontrarse en las zonas más míseras, y que ayudaban a las familias pobres que mandaban a sus hijos a la escuela. Eran, pues, más importantes para los egipcios sin recursos que los cantos de libertad en la plaza de Tahrir.

Con el tiempo, y tras la elaboración de una Constitución a trancas y barrancas siempre con la tutela del todopoderoso ejército, se demostró la fuerza del islamismo egipcio con la victoria en las elecciones presidenciales de Mohamed Morsi de la Hermandad Musulmana. Pero con el nuevo presidente la democracia no avanzaría, como pudo verse en sus primeros cien días de gobierno, plazo en el que se contabilizaron 247 casos de brutalidad policiaca, con 88 denuncias por tortura y 34 muertos; al mismo tiempo, y para garantizarse el apoyo económico de los Estados Unidos de Norteamérica, el jefe de gobierno mantenía la política proamericana iniciada por Sadat en el escenario internacional de lucha de poder . En noviembre de 2012 Morsi daba un impulso a una constitución que debía someterse a referéndum, pero que llevaba al país de la primavera árabe de la democracia al invierno del islamismo. No acabó siendo así porque de nuevo el ejército, el otro gran poder fáctico en pugna con la Hermandad Musulmana, hizo valer su fuerza un año después mediante un golpe de Estado encabezado por el general Abdel Fatah Al Sisi, quien por esta vía tan poco democrática nos trae al Egipto actual, no muy diferente del que era antes de la primavera. Menudo desengaño.

Ahora bien, es en Siria donde ese desengaño –que, como en Egipto, se constató en Bahrein, Yemen y Libia– ha alcanzado la categoría de escarnio. Allí también fue la primavera árabe hace ya cinco años, cuando una oposición democrática empezó a movilizarse, manifestándose y protestando contra un régimen dictatorial con el que quería negociar una transición. Ahora ese país es un infierno en el que se libra una sangrienta guerra santa suní contra los chíies, a donde van a morir o a convertirse en fanáticos de la yihad jóvenes de medio mundo. Conflicto endiabladamente complejo donde los haya, en el que se da una secuencia de luchas entre tribus, sectas y vecindades que ha seguido una escalada progresiva de horror ante la mezquina actitud del llamado "occidente", y del que es su directo efecto el patético éxodo de seres humanos, los que ahora pierden a jirones su dignidad en las fronteras del edén europeo, en la misma medida en que los ciudadanos europeos nos desprendemos de nuestra humanidad.

Cuando los atentados de París, que tuvieron por uno de sus objetivos la revista satírica Charlie Hebdo, escribí un texto –que titulé La ilustración desvalida– en el que, entre otras ideas, me refería a la necesidad de hacer de la integración de los musulmanes en las sociedades de los países europeos una realidad humana palpable y no una abstracta declaración política. Para las personas que huyen de la guerra, que llaman a las puertas de la democrática y laica Europa, debe de ser un dolorosísimo desengaño la cruda comprobación de que los ideales de la ilustración no son auténticos valores sentidos. Ven así que las democracias europeas carecen de corazón, del cual –para lo bueno y para lo malo– ha demostrado estar sobrado el Islam, de lo que es exponente lo contado aquí sobre Egipto en los últimos años. ¿Alguien puede creer que esta es la forma de ganarse al mundo musulmán para la democracia?

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José María Agüera Lorente es catedrático de Filosofía de Bachillerato y socio de infoLibre

Amnistía Internacional (AI) denunció las torturas y las muertes bajo custodia policial que se han producido en Túnez en los últimos años y aseguró que podrían hacer retroceder los logros que se han conseguido en materia de Derechos Humanos cinco años después de la caída del régimen de Zine al Abidine Ben Alí.

La ONG defensora de los Derechos Humanos visitó el país en diciembre de 2015 y recogió varios testimonios sobre muertes bajo custodia policial al igual que las denuncias de algunas víctimas que fueron torturadas mientras estaban siendo interrogadas por la Policía.

"La tortura y la represión eran características del régimen del expresidente Ben Alí; no se debe permitir que se conviertan en rasgos del Túnez posterior al levantamiento", afirmó el director adjunto del Programa Regional para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía Internacional, Said Boumedouha.

Según esta ONG, se han producido al menos seis muertes bajo custodia policial desde el año 2011. Pero además, AI aseguró que o bien estos casos "no se han investigado efectivamente" o las investigaciones no han hecho que los casos se resuelvan. "Demasiado poco se ha hecho para reformar las fuerzas de seguridad y exigir cuentas a los responsables de este tipo de actos", añadió Boumedouha.

AI también explicó que recibió información sobre "torturas y malos tratos a detenidos y detenidas" mientras permanecían en prisión tras haber sido arrestados por terrorismo. Según algunos testimonios, las víctimas fueron sometidas a descargas eléctricas, sufrieron bofetadas y fueron obligadas a desnudarse.

"Aunque es comprensible que, tras los sangrientos atentados que han sacudido Túnez en los últimos doce meses, la seguridad sea una prioridad para el Gobierno, ésta no puede ser el pretexto para hacer retroceder los modestos avances en materia de Derechos Humanos alcanzados desde el levantamiento", aseguró Boumedouha.

Desde la ONG creen que debido a la amenaza terrorista que sufre el país, el Gobierno aprobó una serie de "preocupantes medidas" que podrían poner en peligro los logros que se han conseguido en los últimos años en materia de Derechos Humanos.

Además, aseguró que varias personas afirmaron que los agentes les paraban reiteradamente en la calle y que algunas personas fueron interrogadas sobre "sus creencias y prácticas religiosas" debido a su apariencia. "Existe el riesgo real de que esta mal planteada reacción adversa lleve de nuevo a Túnez al oscuro lugar en el que estaba hace cinco años", explicó Boumedouha.

Agresiones en prisión

Uno de los casos que AI menciona en el comunicado es el de Sofiene Dridi, que fue detenido en el aeropuerto de Túnez en septiembre de 2015, ya que la Policía tenía una orden judicial de detención contra él por cargos de agresión con violencia.

Tras la detención, Dridi fue enviado a prisión y tres días después las autoridades avisaron a su familia de que había sido trasladado a un hospital. Al llegar allí, el personal negó a sus familiares que tuvieran conocimiento sobre Dridi y al preguntar en el tribunal les informaron de que había fallecido. Después de ver el cadáver en la morgue, su familia denunció que Dridi tenía hematomas en la cara y en el cuerpo.

La plataforma pidió que todas estas denuncias sean "investigadas de forma independiente y que toda persona contra la que existan pruebas admisibles suficientes sea enjuiciada". También reclamó que la investigación debe incluir una autopsia adecuada realizada por un "patólogo forense independiente e imparcial".

La falta de cobertura legal, la ineficacia política y unos "arraigados estereotipos" de género permiten que en Túnez, el país árabe teóricamente más avanzado en materia de igualdad, las mujeres víctimas de agresiones y abusos terminen convirtiéndose en "delincuentes" a ojos de las autoridades, denunció Amnistía Internacional.

La ONG publicó el informe Agredida y acusada: la violencia sexual y de género en Túnez para advertir de que, cinco años después de la Primavera Árabe, el país magrebí sigue sin proteger a las mujeres víctimas de la violencia. "El informe pone al descubierto la escalofriante subversión de la idea de delito y castigo en Túnez", resumió el director adjunto para Oriente Próximo y el norte de África, Said Boumedouha.

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Amnistía recordó que "la combinación de unas leyes arcaicas, una actuación policial ineficaz y unos arraigados estereotipos de género hace difícil que las mujeres acudan a la justicia por delitos cometidos contra ellas". La situación llegó a tal punto que "en ocasiones (las víctimas) son procesadas como si fueran las delincuentes".

Boumedouha consideró "perturbador" que las personas que sobreviven a la violencia "deben enfrentarse a enormes obstáculos para conseguir justicia y en la práctica son abandonadas por las autoridades". De hecho, en el Túnez actual, los violadores y secuestradores pueden quedar impunes si se casan con su víctima y las personas homosexuales tienen más probabilidades de ser procesadas que sus agresores.

La Constitución supuso un avance en materia de igualdad, aunque se estancaron los trabajos para la redacción de una nueva ley que combata específicamente la violencia contra mujeres y niñas y que despenalice las relaciones entre personas del mismo sexo.

"Espeluznantes" abusos

El 47% de las mujeres tunecinas reconoció que en algún momento de su vida sufrieron violencia, según la única encuesta nacional realizada hasta la fecha –elaborada en el año 2010–. La ONG entrevistó a decenas de personas para elaborar un retrato de los "espeluznantes abusos".

"Mi marido me pegaba todos los días (...). Cuando lo denuncié en 2009, después de que me rompiera la nariz y me cortara la cara, la Policía me culpó a mí", contó una de estas víctimas. En 2014, esta mujer volvió a denunciar y, entonces, el marido sólo tuvo que firmar un compromiso de que no volvería a golpearla, algo que no cumplió.

Uno de los testimonios cuenta la primera relación sexual con su marido: "Fue como una violación. Empleó la fuerza y me dejó cortes que se infectaron". El marido dejó claro después su posición dominante: "Eres mi mujer y tengo derecho a hacer contigo lo que quiera".

Otra de las mujeres entrevistadas contó a Amnistía que a los 17 sufrió una violación tras escaparse de la violencia que ya sufría en su hogar. Se quedó embarazada y se vio presionada a casarse con su violador para salvar el "honor" y evitar la vergüenza de ser madre soltera, lo que también permitió a su agresor esquivar cualquier castigo.

Grupos vulnerables

A la comunidad LGTBI se suma una doble discriminación, como constató Sarky, una lesbiana de 25 años que sufrió al menos ocho agresiones homófobas en nueve años, entre ellas apuñalamientos y palizas. Cuando denunció, los policías advirtieron de que podría ser condenada a tres años de cárcel por su orientación sexual.

Las ofensas contra la "moral pública" y las leyes sobre adulterio e "indecencia" siguen pesando y pueden ser utilizadas para castigar a las víctimas. En septiembre de 2012, Meriem Ben Mohamed fue acusada de "indecencia" tras denunciar a dos agentes por violación.

Esta situación deja en una condición de especial vulnerabilidad a los trabajadores del sexo. Una prostituta denunció reiterados abusos por parte de un policía sólo por su condición, mientras que otra aseguró que, tras ser arrestada, el agente le dijo que "no tenía derecho" a defenderse por ser "puta".

Retos pendientes 

Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Túnez que garanticen a los supervivientes de violencia sexual y de género un mayor acceso a la salud y la justicia, sin que por ello tengan que enfrentarse a "prejuicios sociales y legales".

Además, reclamó una "ley integral" contra la violencia y una revisión de las actuales normativas, de tal forma que se reconozca como delito la violación conyugal, que el matrimonio tras una violación no sea eximente, que no se criminalice las relaciones sexuales consentidas entre adultos no casados ni aquellas entre personas del mismo sexo.

Boumedouha subrayó que "Túnez tiene la obligación de proteger los derechos de personas que han sufrido violación y horribles abusos, en lugar de considerarlas como fuente de vergüenza y culpa". En este sentido, pidió "señalares claras" de que la violencia sexual y por motivos de género "ya no podrá esconderse más bajo la alfombra".

Un tribunal de Baréin condenó este miércoles al opositor Majeed Milad a dos años de prisión por incitar a la desobediencia pública, afirmó la agencia estatal de noticias de Baréin, BNA, y recogió Europa Press.

El fiscal, Ahmed al Qurashi, aseguró que Milad tiene la posibilidad de recurrir la sentencia del juez. Su abogado, Abdulá al Shamlawi, informó de la resolución del tribunal a través de la red social Twitter. Las autoridades arrestaron a Milad, un miembro del partido de la oposición, Al Wefaq, en junio.

En julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que la detención y la acusación de Milad y de otros miembros de la oposición, como el líder Ali Slaman, planteó "serias preocupaciones sobre las restricciones de la libertad de expresión en Baréin". Baréin respondió a las acusaciones afirmando que todas sus acciones se apoyan en procesos legales.

Salman, que fue condenado en junio a cuatro años de prisión después de ser sentenciado por incitar el malestar de la población, acudirá este jueves al juzgado tras haber apelado el fallo del juez que lleva su caso.

El reino insular de minoría suní, que acoge a la quinta flota de Estados Unidos, ha vivido manifestaciones desde que en 2011 tuvieran lugar unas protestas masivas lideradas por la mayoría chií que demandaba la puesta en marcha de reformas y un papel más importante en el Gobierno.

El Ejecutivo niega que esté discriminando a los chiíes tal y como afirma la oposición, a la cual acusa de estar apoyada por Irán.