El empleo entre los menores de 30 años ha crecido un 37,7% desde la reforma laboral de 2021, periodo en el que la ocupación entre los mayores de 55 años ha aumentado un 30,3%, lo que en ambos casos supone duplicar o casi doblar el incremento medio del 15,7% de la afiliación total al sistema de la Seguridad Social.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un informe sobre "la gran transformación del mercado de trabajo" desde 2018 y, en particular, desde la reforma laboral aprobada por el Gobierno de coalición a finales de 2021.

Un día después de que la Seguridad Social informase del récord de ocupación de marzo en 21,88 millones (22,01 millones en términos desestacionalizados), Saiz ha asegurado que los datos de los últimos ocho años muestran una tendencia de crecimiento "sostenido e imparable" del empleo.

Son 2,2 millones más de afiliados desde la puesta en marcha de la reforma laboral y 3,4 millones desde el año 2018, "absorbiendo incluso el duro impacto de la pandemia", ha subrayado la ministra, que ha defendido el uso de series desestacionalizadas porque "es el que recomiendan expertos y economistas" para analizar la tendencia.

El informe recoge que dos de cada cuatro empleos creados desde 2018 han sido para menores de 30 años y que de los otros dos, uno ha sido para mayores de 55 años y otro, para un trabajador en la franja de los 30 a los 54 años.

En el mismo periodo el empleo autónomo ha sumado 175.456 trabajadores, hasta el récord de 3,43 millones, y el empleo extranjero ha pasado de suponer el 10,1% del empleo total al 14,4%.

El empleo femenino también ha alcanzado su mayor nivel con 10,4 millones afiliadas, el 47,4% del total.

El Gobierno destaca asimismo que la creación de empleo ha estado acompañada de una mejora de la calidad y de una reducción de la precariedad, con la temporalidad en el nivel mínimo del 11,6% (18,7% en los jóvenes y 9% en los mayores de los 55 años).

El aumento de las bajas en España es una dinámica que denuncian tanto los empresarios como los sindicatos, aunque desde posiciones muy diferentes. Desde 2017, el número de incapacidades temporales (IT) casi se ha duplicado y en 2024 se registraron un total de 8,6 millones de partes de baja, según AIReF. Las patronales tienden a hablar de ausencias injustificadas o de abuso, mientras que los sindicatos insisten en factores diversos como el aumento de los riesgos laborales psicosociales, el empeoramiento del tiempo de respuesta de la sanidad pública o el envejecimiento de la población trabajadora. Esta semana el asunto ha acaparado gran parte del debate político, ya que se han anunciado varias medidas que podrían tener incidencia en estos comportamientos.

Por un lado, el Gobierno acaba de anunciar que creará el Observatorio de la Incapacidad Temporal con la intención de “promover una gestión más eficaz de esta prestación del sistema de Seguridad Social” y hacer un seguimiento de estos procesos. El mecanismo se había anunciado en 2024, aunque se activa ahora y en él participarán también representantes del Ministerio de Sanidad y agentes sociales. Por otro, este mismo martes los sindicatos y el Ministerio de Trabajo ratificaban la firma de un acuerdo para modernizar la prevención de riesgos laborales, una norma que databa de 1995, poniendo el foco en los riesgos psicosociales y la salud mental. "Los daños a la salud mental cuando una persona acumula estrés son una responsabilidad colectiva", remarcaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La creación del Observatorio se anunciaba días después de que un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalase que en España existía una “deficiencia estructural” en la gestión de las bajas e insistía en la descoordinación entre médicos de atención primaria y la Seguridad Social. Algo que, según ellos, encarece el coste del proceso y alarga de forma “innecesaria” los procesos. Los sindicatos protestaban por este enfoque y señalaban que el informe obviaba “el hecho de que la principal causa que explica el crecimiento de la prestación radique en causas relacionadas con un problema creciente de tiempos y capacidad de respuesta del sistema sanitario público”. Con estos mimbres, la polémica sobre el absentismo ha vuelto a protagonizar el debate en lo laboral.

“La AIReF ha hecho un informe sobre la evolución del gasto, pero la prestación por incapacidad temporal es más compleja e involucra tanto a los sistemas sanitarios de las comunidades como a las mutuas y al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Dice, por ejemplo, que los procesos de IT se han duplicado y que el gasto ha pasado de 8.000 a 11.000 millones, pero lo que hay que plantearse es si ese gasto es el que tenemos que tener”, explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CC OO).

Bravo señala otros factores que se deben considerar en este análisis: “Hay más trabajadores, lo que se traduce en más bajas potenciales. En segundo lugar, la evolución demográfica hace que la edad media de los trabajadores haya subido, lo cual tiene un impacto en las bajas y en su duración. Y luego está la incidencia de los problemas de la salud mental, porque somos el país líder del mundo en tratamientos farmacológicos con antidepresivos”, concluye. A esto se unen, además, las listas de espera en todo lo relacionado con la salud mental dentro del sistema público. "La clave sobre la incapacidad temporal no es verlo en términos de gasto, sino del tiempo que el trabajador necesita para recuperarse", sentencia el responsable sindical.

Sobre el Observatorio que ha anunciado el Gobierno, Bravo se muestra favorable. "Nosotros queremos que se refuercen los controles públicos, que se hagan los que sean necesarios, pero siempre que sean públicos y no con quienes tienen conflictos de intereses", señala el responsable de CC OO en relación a las mutuas.

Todos estos matices que forman parte del debate tratan de atajar el discurso que vincula las bajas con el fraude. Y es que el absentismo laboral se ha convertido en el indicador que unos y otros esgrimen desde esquinas opuestas para pedir o frenar medidas en materia laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas, pero dejando dentro derechos adquiridos como el permiso por fallecimiento de un familiar. Esas ausencias pueden ser justificadas o no, pero en un 80% de los casos las respalda una baja médica, de acuerdo con Randstad y en el 20% restante hay que considerar además permisos retribuidos, como puede ser una mudanza o el cuidado de un menor.

El indicador se calcula en base a los datos de horas pactadas y horas realmente trabajadas, pero muchas veces se emplea para tratar de sugerir que los trabajadores se comportan de forma negligente o eluden sus obligaciones. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, reforzaba esta idea en diciembre, cuando al criticar el absentismo laboral, aseguraba que las bajas de los empleados tenían lugar los lunes y los viernes.

“Si lo que se quiere decir o sugerir —porque nadie se atreve a decirlo directamente— es que hay una especie de connivencia fraudulenta entre la persona trabajadora y el médico de cabecera, de lo que se está hablando es de un delito penal y las empresas tienen cauces legales para reclamarlo”, señalaba a infoLibre Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Estamos ante un falso debate que lo que trata es de trasladar el coste de las incapacidades temporales, que muchas veces se deriva de las condiciones laborales”, concluye.

Desde los sindicatos venían insistiendo en las deficiencias de una ley de riesgos laborales que databa de 1995 y en la que los problemas de salud mental o los riesgos psicosociales derivados de la hiperconexión no estaban contemplados. Tampoco los riesgos climáticos, que sí figuran en la propuesta que han firmado Trabajo y sindicatos sin la participación de las patronales CEOE y Cepyme.

El texto del acuerdo refuerza la prevención de los riesgos en lo relativo a la salud mental, desconexión digital y los efectos del cambio climático como olas de calor o danas. Unai Sordo, secretario general de CCOO, también puso el foco en la necesidad de ampliar el catálogo de enfermedades profesionales en el que, según él, se da un "infrarregistro". Y se ha referido a este hecho como "el mayor vacío de protección" para los trabajadores. "De las muertes totales por cáncer en España, entre un 4% y un 8% son ocupacionales, causadas por exposición durante el trabajo. Pues bien, en Europa el cáncer es la primera causa de muerte laboral, con una tasa de alrededor del 53%. O somos Superman, o en España el nivel de subregistro es gigantesco", concluyó Sordo.

El acuerdo, que debe pasar por el Congreso, amplía los controles que las empresas deben mantener y las obliga a contemplar criterios ligados a la edad del trabajador o al género y no solamente a las características del puesto como hasta ahora.

El mercado laboral perdió 270.782 afiliados en enero, el mayor descenso para este mes desde 2012, mientras que el paro aumentó en 30.392 personas, hasta dejar el total de desempleados en 2,43 millones.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el descenso de este enero, un mes habitualmente negativo en el mercado laboral, ha influido "un clima especialmente adverso", dejando el total de ocupados en 21,57 millones.

En cuanto al desempleo, el aumento de enero es el menor para un arranque de año desde 2022 y deja el paro registrado en esos 2,43 millones, la menor cifra para un enero en 18 años.

Empecé a trabajar nada más acabar mis estudios y cumplir con el obligatorio servicio a la patria. Desde entonces, no he dejado de cotizar. Crisis, reconversiones, reformas laborales, precariedad, cambios de empresa. Siempre cumpliendo. Siempre aportando.

Hoy, con casi 39 años cotizados, más de lo que exige la ley para cobrar el 100% de la pensión, descubro que, si no aguanto hasta la edad exacta que marca la normativa, seré penalizado de por vida.

No por fraude.

No por incumplir.

No por comodidad.

Por no poder más.

Y esto ocurre bajo un gobierno que se presenta como progresista.

Cumples todo… y aun así pierdes.

La legislación fija que, con unos 38 años y 6 meses de cotización, se alcanza el derecho al 100% de la base reguladora. Muchos trabajadores superamos esa cifra con creces.

Hemos sostenido el sistema durante cuatro décadas.

Hemos financiado pensiones ajenas.

Hemos cumplido nuestra parte del contrato social.

Pero si te jubilas un año o dos antes de cumplir los 65 aunque hayas cotizado más de 40 años, se nos aplican coeficientes reductores permanentes. Eso significa cobrar menos hasta el último día, aunque hayas cumplido todas las reglas. 

¿Dónde está el sentido común?

Incentivos para quien puede o quiere, castigos para quien no.

El sistema premia a quien prolonga su vida laboral más allá de los 65. Me parece razonable: quien quiera y pueda seguir, que lo haga.

El problema es el otro lado.

A quien llega agotado, se le castiga.

A quien no puede más, se le recorta.

A quien necesita parar, se le penaliza.

El mensaje es claro:

“O sigues produciendo, o pagas”.

Eso no es justicia social. Es una lógica empresarial aplicada a la vida.

La política ha puesto el tema sobre la mesa, aunque sin resolverlo.

En mayo de 2024 se registró una Proposición de Ley para eliminar las penalizaciones a quienes acrediten 40 años o más cotizados, promovida por Unidas Podemos junto a colectivos como ASJUBI40. La propuesta plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir esos recortes.

En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a avanzar en esa dirección. Pero no es vinculante. El Ejecutivo mantiene los coeficientes, alegando la sostenibilidad del sistema. Resultado: el Parlamento reconoce la injusticia, pero la ley sigue castigando a los mismos.

El sistema presume falsamente de tratar a todos por igual.

Pero no es lo mismo 40 años en una oficina cómoda que en una obra, una fábrica o un hospital, en una cátedra que en una peluquería. No es lo mismo llegar con 65 estupendo que llegar roto.

Un sistema progresista debería reconocer otros factores como el desgaste. Este no lo hace. Mi generación levantó este país. Pagó impuestos. Pagó cotizaciones. Sostuvo servicios públicos. Y ahora recibe este mensaje: “Aguanta un poco más”. Siempre un esfuerzo más. Siempre un sacrificio más. Nunca basta. Eso no es solidaridad intergeneracional. Es cargar el ajuste sobre los mismos de siempre. No pedimos privilegios. No pedimos regalos. No pedimos más dinero. Pedimos lo que es justo.

¿Es radical exigir jubilarse sin castigo tras cumplir el tiempo exigido?

Lo insostenible es obligar a la gente a trabajar hasta enfermar.

Un error político grave, se está erosionando la confianza de un electorado clave: trabajadores veteranos, futuros pensionistas, clase obrera madura. Personas que votaron esperando protección social. Y reciben recortes. Luego se habla de abstención o voto de castigo. El desencanto nace de decisiones como esta.

Un gobierno que se dice progresista no puede penalizar a quienes más han contribuido. No puede hablar de justicia social mientras recorta pensiones a quienes han trabajado toda su vida. La jubilación debería ser un derecho ganado.

Hoy, para muchos, es un peaje.

Y eso no es progreso. Es fracaso.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La Seguridad Social registró 204.659 afiliados extranjeros más durante 2025, hasta alcanzar los 3.085.477 millones de cotizantes foráneos y alcanzó la mayor cifra a cierre de año, siendo Venezuela y Colombia los países que más trabajadores aportaron al mercado laboral el pasado año, según informa EFE.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que el año anterior.

El número de trabajadores procedentes de Venezuela es el que más ha crecido en el último año, con 40.614 afiliados medios más, seguido por Colombia (28.929 más) y Marruecos (26.839 más).

No obstante, del conjunto de nacionalidades, Marruecos encabeza la lista de países de los que proviene el mayor número de cotizantes, con 373.436 personas, seguido por Rumanía (336.530), Colombia (250.248), Venezuela (215.735), Italia (204.700) y China (128.113).

Del total de trabajadores extranjeros en España, 2.163.156 procedían de países extracomunitarios y 922.321 de la Unión Europea.

"El balance de 2025 demuestra que la aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país", ha señalado en un comunicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En el último año, el número de ocupados extranjeros creció en cinco sectores del régimen general por encima del 10%, encabezados por el transporte y almacenamiento (26% más), seguido por el suministro de agua, construcción y agricultura.

El peso de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores de actividad, como la hostelería, donde representan ya al 28,8% de los afiliados; la agricultura (al 26%), la construcción (al 23,2%) y el transporte o las actividades administrativas (al 17,7%).

Por su parte, el número de autónomos foráneos aumentó por encima del 6,2%, hasta alcanzar los 496.888 y representar al 14,5% del total de trabajadores por cuenta propia.

Este incremento en el régimen de autónomos se ha concentrado en sectores altamente cualificados, según la Seguridad Social, con alzas del 25,9% en información y comunicaciones, del 22% en suministro de energía, del 19,2% en actividades profesionales, científicas y técnicas y del 14,2% en actividades financieras y de seguros.

Por sexo, cerca de 1,8 millones son hombres, mientras que el número de mujeres supera los 1,3 millones, tras crecer cerca de un 6% respecto a 2024 hasta representar ya al 43% del total de trabajadores foráneos.

En el último año, el crecimiento de la afiliación extranjera ha sido especialmente intenso en Asturias, Extremadura y Galicia, comunidades donde el peso de los trabajadores foráneos sobre el total de cotizantes se sitúa aún por debajo de la media nacional. "España es un país que acoge, pero también un país que atrae talento, esfuerzo y emprendimiento", ha subrayado Saiz.

En términos desestacionalizados, la Seguridad Social informó de que cerró 2025 en máximos históricos con más de 3,1 millones de ocupados foráneos, tras sumar 208.000 afiliados en los últimos 12 meses.

Esta cifra supone que 2025 ha finalizado con más de 800.000 afiliados más que antes de la reforma laboral y casi un millón más que en los meses previos al impacto de la pandemia, en diciembre de 2019.

Los Gobiernos central y vasco han acordado aplazar al día 16 de enero la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias inicialmente prevista para el próximo lunes, debido a que persisten desacuerdos vinculados con la financiación y con algunos aspectos de los traspasos del ámbito de la Seguridad Social, según informe Efe.

El Gobierno Vasco ha señalado, en un comunicado este viernes, que, a día de hoy, "no se dan las condiciones necesarias" para celebrar la Comisión Mixta, que tenía previsto firmar el lunes 29 de diciembre el traspaso de cinco transferencias acordadas en el mes de julio.

Se trata de las competencias de prestaciones de desempleo, de prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

Tras constatar que existían problemas para cerrar los acuerdos, el pasado 22 de diciembre la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, mantuvo un encuentro con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, del que la representante vasca afirmó salir "más preocupada de lo que estaba a la entrada" al constatar "resistencias" surgidas en los últimos días en relación al modo de materializar los acuerdos políticos que ya se habían suscrito.

Desde aquella reunión el Gobierno vasco aprecia avances, pero también constata que "persisten obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes que impiden cerrar los traspasos en los términos acordados".

El Ejecutivo autonómico ha detallado que no se han resuelto "cuestiones fundamentales relativas al sistema de financiación", al tiempo que ha explicado que no hay acuerdo sobre las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social.

Tras tachar de "contrariedad" el aplazamiento de la reunión, el Gobierno Vasco ha subrayado que las dos partes coinciden en que "lo más coherente, serio y responsable es continuar trabajando para cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas, de forma que puedan ser certificados en la próxima Comisión Mixta de Transferencias".

Por este motivo, se han emplazado al 16 de enero con el objetivo de disponer del tiempo necesario "para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos alcanzados en la reunión bilateral celebrada el pasado mes de julio".

"El Gobierno Vasco no aceptará traspasos que no se ajusten plenamente a la letra y al espíritu de dichos acuerdos", ha advertido.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Política Territorial han explicado que el aplazamiento se ha acordado conjuntamente entre los dos gobiernos con el fin de disponer "del tiempo necesario para avanzar en los acuerdos políticos y cerrarlos con plenas garantías jurídicas y técnicas"

El Gobierno asegura que es consciente "de la importancia y complejidad de las materias que se están negociando", al tiempo que expresa su confianza en que "el trabajo conjunto tenga un resultado satisfactorio que se pueda certificar en esa cita acordada".

Aparte de estas materias quedan pendientes otras diez transferencias recogidas en el Estatuto de Gernika, aprobado en 1979. El Gobierno de España se había comprometido a acordarlas todas antes del fin de 2025, un objetivo que no se podrá cumplir.

Los diputados franceses adoptaron de forma definitiva los presupuestos de la Seguridad Social para 2026, lo que abre la puerta a la secuencia de adopción de los presupuestos generales para el año próximo que el Ejecutivo cuenta con aprobar antes del 31 de diciembre, informa EFE.

En total, votaron a favor del texto 247 diputados, frente a los 232 que lo hicieron en contra, un margen de quince votos, dos más de los que habían salvado el texto en primera lectura hace una semana. El proyecto había sido masivamente rechazado en el Senado, donde la derecha y el centro-derecha tienen una amplia mayoría.

Hasta el último momento se había mantenido el suspense sobre esta nueva votación, porque la formación La Francia Insumisa había incrementado la presión sobre los ecologistas para que se opusieran al proyecto, tras haberse abstenido en primera lectura. Pero finalmente mantuvieron su primera postura, lo que permitió al primer ministro, Sébastian Lecornu, confirmar un triunfo que le permite seguir en el puesto, pese a que su futuro inmediato sigue sujeto a muchas incertidumbres.

El jefe del Gobierno tuvo que hacer muchas concesiones a los socialistas, en particular la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 que retrasaba dos años la edad mínima de jubilación.

Esas medidas generaron división en el seno de la coalición macronista y elevaron el gasto previsto en unos 5.000 millones de euros, lo que pone en peligro el compromiso de situar el déficit público en el 5% que París había adquirido con Bruselas para retornarlo al 3% en 2029.

Lecornu deberá ahora encontrar acuerdos para adoptar los presupuestos generales del Estado antes de que acabe el año, una tarea que no parece sencilla. Los diputados rechazaron en primera lectura el proyecto inicial, que sin embargo, fue adoptado por el Senado.

Una comisión mixta de ambas cámaras debe reunirse este viernes para acordar un texto que debería ser votado la semana siguiente. Tan difícil parece que se logre un compromiso aceptable, que cada día son más las voces que piden a Lecornu que utilice el mecanismo constitucional que le permite adoptar los presupuestos sin voto parlamentario.

Algo a lo que el primer ministro se comprometió a renunciar para dar carta de naturaleza a la negociación parlamentaria, pero a lo que puede recurrir si de esta no sale un proyecto mayoritario. En caso de adoptar las cuentas sin voto, la oposición puede presentar una moción de censura, cuyo resultado sería muy delicado para un Lecornu que carece de mayoría en la cámara baja.

Podría correr así la misma suerte que sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier, que perdió una moción de censura en diciembre de 2024 tras apenas tres meses en el cargo, y el centrista François Bayrou, que cayó en una moción de confianza en septiembre pasado.

La semana clave que afronta el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se abrió con una previsible victoria, la adopción en el Senado de su proyecto de presupuestos para 2026, con 187 votos a favor y 109 en contra, según ha informado EFE.

Una buena noticia lograda en terreno afín, donde la derecha y el centro cuentan con una amplia mayoría que no presupone nada de lo que sucederá en la Asamblea Nacional, donde hay una mayor dispersión de votos.

En la cámara baja la aritmética volverá a mostrar sus límites este martes, cuando está previsto que los diputados adopten de forma definitiva las cuentas de la Seguridad Social, aprobadas en primera lectura con solo trece votos de margen de 577.

A cambio, tuvieron que hacer concesiones a partidos de la oposición, sobre todo a los socialistas, entre las que destacó la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 y que retrasaba dos años la edad mínima de jubilación.

Además, se incrementaron las partidas sociales y para hospitales, todo lo cual agravó en más de 5.000 millones de euros el déficit de las cuentas.

Una losa que pesa ahora sobre los presupuestos generales para 2026, que antes de llegar al Senado fueron masivamente rechazados por los diputados, con un único voto a favor.

Ese proyecto, que marcará la supervivencia del Gobierno de Lecornu, tiene ahora otra fecha señalada en rojo, el próximo viernes, cuando una comisión mixta de senadores y diputados deberá ponerse de acuerdo sobre un proyecto común que será el que se presentará la semana próxima en ambas cámaras. Esa prueba es esencial para los planes del Ejecutivo de dotarse de un presupuesto de 2026 antes de que acabe este año.

Una tarea que, a día de hoy, parece complicada, ante la distancia sideral que aleja a unos de otros. Si el proyecto final busca atraer votos de los socialistas, amenaza con perder apoyos de la coalición centrista y de los conservadores, mientras que planea sobre el mismo el rechazo de los dos grupos mayoritarios, la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Con la agravación del gasto de la Seguridad Social, las cuentas ven comprometido el objetivo del Ejecutivo de situar el déficit por debajo del 5%, esencial para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas de llevarlo a la senda del 3% en 2029.

Según los últimos cálculos del Ejecutivo, el desvío será ahora del 5,3%, apenas una décima menos que el de 2025, lo que obligará a más recortes en el proyecto que adopte la comisión mixta el viernes. Así lo señaló el ministro de Economía, Roland Lescure, que consideró "inaceptable" un déficit por encima del 5%.

Tan difícil parece que se logre un compromiso aceptable, que cada día son más las voces que piden a Lecornu que utilice el mecanismo constitucional que le permite adoptar los presupuestos sin voto parlamentario. Algo a lo que el primer ministro se comprometió a renunciar para dar carta de naturaleza a la negociación parlamentaria, pero a lo que puede recurrir si de esta no sale un proyecto mayoritario.

En caso de adoptar las cuentas sin voto, la oposición puede presentar una moción de censura, cuyo resultado sería muy delicado para un Lecornu que carece de mayoría en la cámara baja. Podría correr así la misma suerte que sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier, que perdió una moción de censura en diciembre de 2024 tras apenas tres meses en el cargo, y el centrista François Bayrou, que cayó en una moción de confianza en septiembre pasado.

El primer ministro francés, Sébastian Lecornu, tomó este martes oxígeno al conseguir sacar adelante el presupuesto de la Seguridad social, aunque tan solo por trece votos, lo que en cualquier caso allana el camino para que se adopten las cuentas de 2026, informa EFE.

El texto, que todavía tendrá que pasar el trámite en el Senado, fue apoyado por 247 diputados, la mayoría de los macronistas, socialistas y algunos miembros de la derecha moderada, frente a 234 en contra, esencialmente de la extrema derecha de Marine Le Pen y de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Tras semanas de negociaciones, Lecornu logró una importante victoria parlamentaria, aunque tendrá que seguir batallando para conseguir que se aprueben los presupuestos generales del año próximo antes de Nochevieja.

"El combate será más duro, pero no vamos a ceder al nerviosismo ni a las agendas electorales", reaccionó en la red social X el primer ministro tras la adopción del texto.

Hasta el último momento, Lecornu reconocía que el resultado estaría ajustado, lo que mantenía a su Ejecutivo en vilo, porque en caso de derrota habría sido difícil seguir adelante, lo que hubiera puesto a su vez en posición delicada al presidente, Emmanuel Macron, valedor del jefe del Gobierno.

Durante semanas, el primer ministro, que con el fin de esquivar una moción de censura renunció al mecanismo parlamentario que le permitía adoptar el presupuesto sin voto, ha ido haciendo concesiones, sobre todo a los socialistas, que arrancaron la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023.

Los últimos compromisos los concedió esta misma mañana a los ecologistas, cuyos 38 diputados aparecían como claves y que de forma mayoritaria finalmente se abstuvieron. El resultado provocó duras críticas al Partido Socialista de parte de sus antiguos socios de izquierdas.

"Han salvado a Macron", denunció la presidenta del grupo parlamentario de LFI, Mathilde Panot, mientras que la extrema derecha acusó al Gobierno de echarse en brazos de los socialistas y de multiplicar el gasto, lo que ahondará en la deuda del país.

Si la coalición de izquierdas que ganó las legislativas de 2024 sale tocada de muerte, la macronista, que quedó en segundo lugar, también ha sufrido tensiones internas.

El ex primer ministro de Macron Édouard Philippe, al frente de un grupo de 34 diputados, criticó las cuentas y la abstención de sus parlamentarios.

El mercado laboral perdió en noviembre 14.358 afiliados, la mitad que en el mismo mes del año pasado, mientras que el paro bajó en 18.805 personas gracias al sector servicios en el arranque de la campaña de compras navideñas, según informa EFE.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el descenso de la afiliación deja el total de cotizantes en 21,82 millones, la cifra más alta para un noviembre.

En cuanto al paro, el descenso de noviembre, similar al del año pasado, deja el total personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2,42 millones, la cifra más baja para este mes desde 2007.

En el último año la afiliación suma 522.771 ocupados de media (2,5 % más), mientras que el paro se ha reducido en 161.057 personas (6,23 % menos).

En el detalle de la evolución del empleo, por sectores el mayor descenso fue para la hostelería con 116.662 afiliados menos, mientras que los mayores incrementos fueron para comercio, 23.905 afiliados más, y educación, con una subida de 29.483.

Entre los hombres, el empleo se moderó en 5.005 afiliados, hasta 11,5 millones, y entre las mujeres, en 9.354 con un total de 10,33 millones de afiliadas.

Entre los autónomos, subió ligeramente el empleo en 2.045 hasta los 3.424.479.

La Seguridad Social también destaca que la cifra de trabajadores extranjeros se mantiene en máximos y roza los 3,1 millones de afiliados representando el 14,1% del total.

"El empleo en España sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas", destaca en una nota la ministra de Inclusión, Elma Saiz. "Y lo hace de forma continuada en sectores de alto valor añadido como son Información y Comunicación y Actividades Profesionales Científicas y Técnicas", añade.

Por su parte, el paro se redujo en todos los sectores económicos, con mayor fuerza en los servicios (13.013 personas menos), seguido por la industria (1.552 menos), la agricultura (1.332 menos) y la construcción (881 menos), así como entre el colectivo sin empleo anterior (2.027 menos).

El paro cae entre las mujeres tres veces más que entre los hombres, con 14.370 desempleadas menos, y aunque sigue habiendo 1,47 millones de paradas, está en datos de 2008.

Mientras, en noviembre se registraron 4.435 desempleados varones menos, hasta un total de 958.866 personas.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en 5.476 personas, hasta los 188.322, la menor cifra para ese mes de la serie histórica.

El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.296.203, de los que 534.997 fueron de carácter indefinido (41,27% del total) y el resto, temporales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "donde antes había precariedad hoy hay esperanza" y ha destacado "la transformación profunda que está experimentado España impulsada a la reforma laboral".

"Ahora toca repartir los beneficios de una economía que funciona, que va bien", ha dicho, al tiempo que ha apuntado a que seguirá subiendo el salario mínimo, aprobará el registro horario, ampliará los permisos por duelo y actualizará la ley de prevención de riesgos laborales.

El paro descendió el pasado mes de noviembre en 11 comunidades autónomas, más en Andalucía (-6.934), Comunidad de Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119), mientras que subió en las otras seis restantes, especialmente en Baleares (2.534) y Castilla y León (1.035). 

Según los datos que ha hecho públicos el Ministerio de Trabajo, el número total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo en el citado mes en 18.805 personas en relación con el mes anterior (-0,77%).

Respecto a noviembre de 2024, el desempleo ha descendido en 161.057 personas, un 6,23 por ciento, de forma que el paro registrado, según el Ministerio que dirige Yolanda Díaz, se sitúa en 2.424.961, la cifra más baja para este mes desde 2007.

En términos absolutos, el paro bajó más en Andalucía, Madrid y Cataluña, aunque también lo hizo en la Comunidad Valenciana (2.641), Galicia (1.814), País Vasco (1.123), Canarias (1.030), Extremadura (807), Murcia (782), Castilla La Mancha (349) y Aragón (57). También bajo en la ciudad autónoma de Ceuta, concretamente en 374 personas.

Por contra, subió, además de en Baleares y Castilla y León, en Navarra (253), Asturias (107), Cantabria (88) y La Rioja (6), al igual que en la ciudad autónoma de Melilla, donde el desempleo aumentó en 105 personas.

Elma Saiz (Pamplona, 49 años) tiene en sus manos una de las reformas que más revuelo ha suscitado en los últimos meses: la de las cotizaciones por ingresos reales, acordada en 2022, y que atañe a los trabajadores autónomos. Después de una primera propuesta para elevar las cotizaciones hasta un 11% que provocó un fuerte rechazo, ahora el ministerio trata de llegar a un acuerdo con las asociaciones con otra propuesta con alzas más moderadas. La ministra habla con infoLibre sobre el recorrido de esta propuesta, sobre “el debate endemoniado” de la disputa entre boomers y zetas, de las pensiones, la protección social y de la oposición del Partido Popular, quién en su opinión, está “está abonando el terreno para votar en contra una vez más de la revalorización de las pensiones” y al que ha reprochado que se comporte como una “banca privada” al proponer descuentos en las cotizaciones para quienes tengan planes de pensiones privados.

La propuesta de su ministerio para subir las cuotas de los autónomos a partir de 2026 ha suscitado mucha polémica, ¿está en cuestión el modelo de cotización por ingresos reales?

De ninguna manera. Quiero recordar que fue una ley que salió adelante con 260 votos a favor en el 2022 y que recogía una reclamación histórica del colectivo que yo misma defendía cuando era autónoma. Lo que está pasando en este país es que sigue habiendo una brecha de 650 euros al mes en una pensión de jubilación si comparamos un trabajador autónomo con un trabajador por cuenta ajena y la única forma de cerrar esa brecha es con las cotizaciones. Además, obedece al cumplimiento de la ley que fija un camino hasta 2032 para llegar a una cotización por el 100% de los ingresos reales.

Su primera propuesta fue muy cuestionada y después revisaron los incrementos propuestos inicialmente ¿Cómo casa esta realidad con el compromiso de actualizar las cuotas anualmente hasta 2032? ¿Vamos a llegar a cumplir el compromiso con progresividad? 

La primera propuesta nace de una evidencia. No se improvisa, porque este sistema ya está en vigor desde 2022. Tras ese primer proceso de regularización, vimos cómo se ha comportado el colectivo y observamos que en la parte más baja de la tabla el 60% de los autónomos habían decidido sobrecotizar. Desde ahí se lanza la primera propuesta, para comenzar a trazar ese camino de acompañamiento progresivo hasta 2032. Por eso, queriendo buscar un acuerdo y escuchando a los colectivos de autónomos sobre cómo ese acompañamiento puede ser más progresivo, se hace después una segunda propuesta.

Recientemente, usted ha dicho que “estamos en camino de reducir la brecha entre autónomos y asalariados”. ¿Cuáles son los avances concretos que puede citar para ese objetivo?

Por ejemplo, en el cese de actividad. Si comparamos cuánto cobra una ahora persona que tiene que afrontar el cierre de un negocio, con la situación anterior, la diferencia es clara, porque el cese de actividad está vinculado a tu base de cotización. Y lo mismo ocurre con las bajas de maternidad y paternidad, que son del 100% de la base de cotización, y si no se cotiza por ingresos reales, tu protección para hacer frente a la llegada de un hijo es mucho peor.

Una de las medidas que ha propuesto el Partido Popular pasa por reducir las bases de cotización a aquellas personas que dispongan de un plan de pensiones privado, ¿qué opina de esta medida?

El PP se está comportando como una banca privada, ofreciendo descuentos por hacerse un plan de pensiones privado. Está cuestionando la raíz más profunda de nuestro sistema de seguridad social porque esa medida no defiende el interés general y deja desprotegidos a los autónomos. Cuando se desplegó el escudo social en la pandemia o en la dana, es lo público lo que nos ha protegido y eso está vinculado a las cotizaciones. Hay gente a la que no se ha podido proteger porque no estaba en el sistema público.

La nueva regulación tendrá que pasar por el Parlamento ¿Cree que la van a poder sacar adelante pese a haber sido tan polémica?

Estamos trabajando con las asociaciones más representativas y además hay otras cuestiones que están sobre la mesa como el cese de actividad. Yo confío, sobre todo teniendo en cuenta que al otro lado tenemos un Partido Popular que está utilizando a los autónomos y anunciando como propias cuestiones que ya están en marcha, como la pluriactividad, que está recogida desde hace décadas.

Además, sobre esta propuesta quiero recordar que el PP votó a favor en 2022, por lo que este viraje es un intento de erosionar al Gobierno y acercarse a Vox en lo social.

Dentro de sus socios de Gobierno, también Sumar discrepó en un primer momento de la subida de cotizaciones ¿han hablado acerca de la nueva propuesta?

En un primer momento, yo eché en falta una llamada de la vicepresidenta [Yolanda Díaz], pero no estoy preocupada porque hablamos el mismo lenguaje. Es un lenguaje de protección social, de equiparación y de avance en lo que tiene que ver con romper brechas.

La sostenibilidad de las pensiones es el otro gran debate social. Los sindicatos han pedido “dar la batalla ideológica” para defender su viabilidad, pero, por otro lado, el gasto va a aumentar en los próximos años ¿Está en riesgo el sistema?

No. Por un lado, estamos garantizando la revalorización de las pensiones por ley y por otro, desplegando una reforma de pensiones que ha pasado los exámenes. El sistema de pensiones tiene la mirada puesta en 2050, somos muy conscientes de ese reto demográfico y esta reforma así lo contempla.

Hemos pasado con éxito el examen de la AIReF en lo que tiene que ver con esa evolución del gasto en pensiones y todos los indicadores macroeconómicos van mejor de lo que inicialmente estaba previsto. La ratio cotizante pensionista está en 2,46: es la mejor cifra de la serie histórica, quitando los años de burbuja inmobiliaria. Además, el fondo de reserva comenzará la siguiente legislatura con más de 30.000 millones en la hucha de las pensiones, una hucha que nos encontramos prácticamente a cero tras el gobierno del PP.

¿El mantenimiento del sistema de pensiones no va a imponer ajustes a la baja en prestaciones o endurecimiento de requisitos, como sugieren algunas declaraciones de la oposición?

De ninguna manera. La reforma de pensiones tiene un compromiso claro y sabemos que tenemos que hacer frente a la jubilación del baby boom, pero las prestaciones están garantizadas por ley. Además, del lado de los ingresos, la reforma laboral está dando grandes resultados y solucionando fallas del mercado. Han mejorado las carreras de cotización, la temporalidad ha caído y entre los menores de 30 las bases de cotización también han aumentado. Lo que tenemos claro es la posición del Partido Popular en estos últimos días, que con las declaraciones de Feijóo está abonando el terreno para votar en contra una vez más de la revalorización de las pensiones y dejar tirados a nueve millones de pensionistas.

¿Cómo se van a vehicular los incentivos para prolongar la vida laboral?

Somos muy conscientes de que hay un talento senior que se puede aprovechar y que puede compatibilizar su actividad con la pensión. Queremos que quienes decidan prolongar si vida laboral lo hagan desde una decisión personal y libre, no porque las pensiones sean insuficientes.  Pero igual que hemos dado esa posibilidad de que la gente compatibilice la jubilación con el trabajo, somos también conscientes de que hay actividades penosas, especialmente tóxicas, donde la las personas tienen que salir del mercado laboral antes, con cocientes reductores.

Dado que muchas ausencias (incapacidades temporales, permisos) afectan a la financiación de la Seguridad Social, ¿qué medidas contemplan para asegurar que el sistema sea sostenible sin penalizar derechos adquiridos?

Quiero dejar claro que la incapacidad temporal no es en modo alguno culpa del trabajador y tendrán mucho que decir también las comunidades autónomas en lo que tiene que ver con listas de espera en los sistemas sanitarios. Dicho esto, tenemos también encima de la mesa de diálogo social para mejorar esta situación, pero siempre poniendo en el centro la salud de los trabajadores. Me estoy refiriendo, por ejemplo a las altas con reincorporación progresiva 

Aquí los sindicatos se han mostrado en contra o han planteado dudas acerca de cómo garantizar que el trabajador no vaya a trabajar sin estar totalmente recuperado

En España la regulación existente protege de ese supuesto. Además, mi compromiso es que esa reincorporación progresiva se de después del alta. Cuando desde un punto de vista médico, con la supervisión de un medico del sistema publico, la reincorporacion progresiva pueda ayudar al trabajador sin que tenga que pasar de cero a cien.

Al hilo del equilibrio entre cotizantes y pensionistas se ha abierto un debate sobre si existe un enfrentamiento intergeneracional o un agravio en cuanto a la revalorización de las pensiones con respecto a los salarios, ¿qué opina sobre esto?

Ese enfrentamiento intergeneracional es un debate endemoniado que hay quien tiene interés en abonar. El Gobierno está legislando de forma amplia. Quiero recordar que los pensionistas no aparecen de la nada, los pensionistas son personas que llevan años trabajado y aportando al sistema y es de justicia reconocer esa trayectoria. Pero los datos demuestran que también estamos mirando hacia los jóvenes, con tasas de temporalidad de las más bajas en los últimos años o con más de un millón de becarios y becarias que hemos incorporado a la seguridad social.

El papel de los migrantes también está siendo clave. En materia de migraciones, la reciente reforma del reglamento de extranjería ha sido calificada por usted como “la más ambiciosa en años”. ¿Cómo va a asegurar que esa reforma no solo favorezca la afiliación, sino también la integración laboral y social efectiva de esas personas?

El reglamento es una reforma de mucho calado. Tiene que pasar un tiempo para evaluarla, porque aún se está poniendo en marcha. Pero, por ejemplo, desde que se aprobó en 2022 la figura de los arraigos hay más de 640.000 personas que han regularizado su situación. 

Estamos trabajando también en un plan sobre integración, pero aquí las comunidades autónomas y las entidades locales tienen mucho que decir. Es llamativo ver como comunidades del Partido Popular se enorgullecen de las cifras de empleo de sus comunidades —donde tiene un papel muy importante en la afiliación extranjera— y, sin embargo, en lo que tiene que ver con fortalecer los servicios públicos para dar servicio a esa población, dejan morir los servicios educativos, sanitarios o sociales para culpar de ese colapso a la población extranjera.

¿Le está resultando difícil llegar a acuerdos con ellas?

Estamos viendo como el discurso migratorio del PP es similar al de VOX, ahondando en la desinformación y vinculando, por ejemplo, el colapso de los servicios públicos con la población extranjera. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se pueden enorgullecer de los datos de afiliación extranjera pero, sin embargo, luego no adecuar tus servicios públicos para dar esa atención necesaria a las personas.

Y, ya que hemos hablado de cifras ¿manejan algún plazo para presentar los Presupuestos Generales?

Estamos trabajando internamente con el compromiso de presentar los presupuestos y, de hecho, ya se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para este próximo lunes por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

La justicia viene condenando a la Seguridad Social por denegar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a familias gallegas con interpretaciones muy restrictivas de la normativa que regula esa prestación. Una simple discrepancia entre el padrón municipal y la realidad del hogar puede dejar sin la ayuda o llevar a varios años de pleito judicial por cuantías de mera subsistencia. Ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de hacer públicas dos sentencias que revelan otras dos facetas del rigor con que la Seguridad Social deniega o retira el IMV.

Una de las sentencias, del 26 de septiembre y hecha pública en las últimas semanas, analiza el caso de una mujer víctima de violencia de género con un hijo de 5 años a su cargo. Pidió el IMV y la Seguridad Social le respondió indicando diversa documentación que le faltaba, entre ella “DNI en vigor por ambas caras”. La mujer entregó su propio DNI, pero la Seguridad Social le denegó la ayuda por no entregar también copia del DNI de su hijo.

La mujer tuvo que recurrir a la justicia y un juzgado de lo Social de Ourense le dio la razón señalando expresamente que “desconocía que debía aportar además el DNI por ambas caras de su hijo”, de 5 años, documento que presentó el día del juicio. La Seguridad Social recurrió esa sentencia y ahora el TSXG la ratifica y subraya que no existe obligación de tener DNI hasta los 14 años de edad.

“El tema debatido se reduce a una simple cuestión de prueba de la identidad de una de las personas integrantes de la unidad de convivencia”, dice el TSXG, que destaca que la Seguridad Social tenía ya el Libro de Familia e incluso que en el certificado de empadronamiento figuraba el número del DNI del menor, por lo que considera “excesivo” que no se tramitase el IMV por esa falta. La sentencia incluso lanza una crítica velada a la Seguridad Social por recurrir la primera sentencia en su contra al recordar que la madre “presentó el DNI el día del juicio”.

Tres días después de esa sentencia, el 29 de septiembre el TSXG emitía otra en la que el perjudicado fue un hombre que hipotecó su única vivienda para obtener un préstamo que a su vez fue considerado por la Seguridad Social como un ingreso elevado que le impedía tener derecho a la ayuda.

El hombre vivía y tenía como única propiedad una vivienda que heredó. La hipotecó para obtener un préstamo bancario a devolver en 241 meses, unos 20 años, y, cuando pidió el Ingreso Mínimo Vital, le quedaban por devolver 22.000 euros. La Seguridad Social computó esa cuantía como patrimonio del hombre, demasiado elevado para obtener el IMV, y se lo denegó.

Pero la sentencia del TSXG dice que la vivienda habitual hipotecada “a efectos de la prestación solicitada se excluye del cómputo patrimonial, como también ha de ser excluida del patrimonio la suma de 22.000 euros que tiene su origen en un préstamo hipotecario”. “Tal importe no puede ser computado como si se tratase de un ingreso pues no constituye ganancia, sino que se trata de una deuda que ha de ser valorada a los efectos de obtener el patrimonio neto y en la que, en el caso que nos ocupa, consta probada la existencia de una hipoteca y, por lo tanto, deducida dicha carga hipotecaria, el patrimonio neto no supera el límite patrimonial fijado en la norma para el beneficiario a título individual de la prestación solicitada”, dice el tribunal, que reconoce el derecho del hombre a recibir la ayuda.

El empleo avanzó en octubre, con 141.926 afiliados más de media a la Seguridad Social, gracias al tirón de la educación, mientras que el paro registrado subió en 22.101 personas superando los 2,4 millones, según recoge EFE.

Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el registro de octubre, el segundo mejor de la serie para este mes, deja el total en 21,84 millones de afiliados, cerca del récord de verano de 21,86 millones.

En cuanto al paro, la subida de octubre sitúa el total de parados registrados en 2,44 millones que suponen, no obstante, la cifra más baja para este mes desde 2007, según ha destacado el Ministerio de Trabajo.

En el último año, la Seguridad Social ha sumado más de medio millón de trabajadores (507.078), mientras que el paro se ha reducido en 158.288 personas.

Al detalle del empleo, la educación sumó 167.323 afiliados y la construcción 15.347, mientras que la hostelería destruyó 50.594 y actividades sanitarias y servicios sociales 34.341.

El empleo avanzó sobre todo entre las mujeres, con 109.972 ocupadas más, hasta los 10,3 millones de afiliadas; mientras que el número de hombres de alta en la Seguridad Social creció en 31.955, hasta los 11,5 millones.

Las mujeres afiliadas representan ya el 47,4% del total, más cerca de la paridad, destaca Inclusión.

En los autónomos, el avance mensual fue de 9.142, hasta los 3,42 millones, máximos para este régimen.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido en que los datos hablan "de más dinamismo y de mayor calidad en el empleo", ya que "gran parte del nuevo empleo que se crea se centra en actividades de alto valor añadido como la educación, las actividades científico técnicas o a las telecomunicaciones".

Por sectores, el paro registrado bajó solo en la construcción, con 2.121 personas; mientras que aumentó sobre todo en servicios, con 18.496 parados más tras el fin de la temporada de verano.

También subió en la industria, con 1.148 personas y la agricultura, con 1.270 parados más; así como entre el colectivo sin empleo anterior en 3.308 personas.

El paro femenino aumentó en 11.561 mujeres, hasta los 1,48 millones, la cifra más baja en octubre desde 2007; mientras que el desempleo masculino quedó en 963.301 al ascender en 10.540 personas.

Entre los menores de 25 años, el desempleo subió en 10.082 personas dejando el total en 193.798, el más bajo también para un mes de octubre.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en declaraciones remitidas a los medios que estos mínimos de paro femenino y entre los jóvenes, algo que ha sido posible gracias a que la reforma laboral, ha "cambiado el paradigma".

El paro registrado subió en las 17 comunidades autónomas, con las mayores subidas en cifras absolutas por Castilla y León (2.545), Andalucía (2.535) y Cataluña (2.423).

En el mes se firmaron 1.510.580 contratos, de los que 643.183 tienen carácter indefinido y representan el 42,58%.

Por otro lado, la cobertura del sistema de protección por desempleo escaló al 75,9% en septiembre, últimos datos disponibles, la más alta de la serie.

El Ministerio de Seguridad Social anunció este lunes una nueva escala de cotización para los trabajadores autónomos. La propuesta, que abarca 2026, 2027 y 2028, modifica los tramos mínimos de cotización elevando las cuotas entre 11 y 206 euros anuales para el próximo año. La medida ha provocado las críticas de la oposición y también la de los propios socios del Gobierno.

Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que “no compartían” la medida e insistió en que “esta propuesta, si es cierta la que he conocido por los medios de comunicación, penaliza a las rentas inferiores”. Tanto Junts como Esquerra Republicana se han alineado en este rechazo y el Partido Popular ha hecho lo propio, como suele ocurrir cuando se abordan reformas fiscales. De un lado, los socios de Gobierno apelan a la progresividad fiscal y piden impuestos a las rentas altas. Del otro, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, acusaba al Ejecutivo de dar un “sablazo fiscal”. 

“Hay que crear una fiscalidad para los ricos y no tanto machacar a los trabajadores autónomos”, deslizaba Gabriel Rufián (ERC) en la sesión de control al Gobierno de este martes. Por su parte, Miriam Nogueras, de Junts, publicó en sus redes sociales un post en el que afirmaba: “Ni un voto de Junts irá a apretar más a los autónomos”.

Desde el Gobierno mantienen la posición y defienden que estas nuevas tablas responden a una reforma acordada hace tres años, cuando los agentes sociales firmaron un despliegue progresivo hasta 2032 del modelo de cotización por ingresos reales. “En 2022, autónomos, sindicatos y patronal firmaron un acuerdo para cotizar por ingresos reales, es decir, por lo que cobran. Un acuerdo que se ratificó en una ley, que por cierto salió gracias a los votos a favor el PP”, señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. 

En la práctica, la medida eleva las cotizaciones en todos los tramos. Para 2026, por ejemplo, un trabajador con ingresos de entre 900 y 1.166 euros –menos del salario mínimo– tendría una cuota de 271,2 euros al mes, con una subida de 11 euros. En tramos superiores, por ejemplo, entre 1.700 y 1.850 euros, la cuota sería de 403 euros mensuales, con una subida de 33 euros. Y así hasta llegar a un aumento de 206 euros en los tramos con ingresos superiores a 6.000 euros, que pagarían una cuota de cerca de 800 euros. En los dos años sucesivos, estos tramos volverán a cambiar.

Desde el Ejecutivo se defienden señalando que este acuerdo se instauró atendiendo a que las pensiones y las prestaciones por baja o desempleo de este colectivo eran muy inferiores a la media y esta era la forma de elevar el importe de las mismas. En el fondo del debate, además de las pensiones, ha surgido el dilema de la progresividad fiscal y si el sistema exige realmente más a quienes más tienen o, por el contrario, es injusto con las rentas más bajas. 

Este es uno de los puntos que atacan desde Sumar. De hecho, señalan que las microempresas (con menos de diez trabajadores) pagan un tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 16,5%, las pequeñas (con entre 10 y 49 empleados) pagan un 18,1%, las medianas abonan un 15,9% y las grandes, tan solo un 5%. “Ya hemos conseguido el mínimo 15% para multinacionales; ahora hay que reformar el Impuesto de Sociedades para acabar con esta injusticia”, señalan desde el ministerio de Trabajo. 

“Es un reflejo de cómo las personas con grandes patrimonios —que no son los autónomos— o personas con grandes fortunas, no tributan lo que corresponde a su renta o a su patrimonio, conforme dice la Constitución: con progresividad”, señala José María Mollinedo, economista del Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha). “No se puede decir que el sistema no sea progresivo, pero no lo es con toda la potencia con la que debería”, señala en referencia a las diferencias tributarias que se dan con las grandes empresas. “Esa progresividad queda partida”, concluye.

Mollinedo explica que el diseño del Impuesto de Sociedades favorece a las grandes compañías frente a los de menor tamaño. El experto apunta que el tipo efectivo de los grandes grupos societarios fue en 2023, último dato disponible, de un 7,24%, mientras que las empresas de menor tamaño que no forman parte de grandes conglomerados rondan el 18%. Y es este punto el que ha suscitado más quejas desde los socios del Gobierno.

En España hay un total de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, según el último dato oficial disponible, relativo a agosto. Por sector de actividad son los servicios los que más autónomos agrupan (2,5 millones), seguidos de la construcción con 421.000 y de agricultura (264.400) e industria (207.700). Según las mismas estadísticas, en agosto de 2025, 2,1 millones de trabajadores autónomos (61,6%) cotizaron por una base de cotización entre 1 y 1,5 la base mínima, seguidos de los que cotizan por la base mínima: 721.599 trabajadores (21,1%). Es decir, la gran mayoría se agrupan en la parte baja de la tabla, donde las rentas son menores. 

Sobre las pensiones y las prestaciones que recibe este grupo de trabajadores, los datos son reveladores de sus niveles de renta. El importe medio de las pensiones por jubilación en España ascendió a 1.508 euros al mes, pero si se observa lo que cobran los autónomos, la pensión se desploma en casi 600 euros, hasta una mensualidad de 910 euros en septiembre.

“Era de esperar que esta reforma se produjera, porque se aprobó en 2022, pero el debate está en si tiene que ser en los porcentajes y en las cantidades que se han expresado. Sobre todo, porque probablemente sería necesario en estos momentos apostar más por una mayor progresividad”, señala Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de la confederación de pequeñas empresas catalanas, Pimec.  

En el fondo del debate está la justicia del sistema fiscal y cómo pueden salvarse estos aumentos que, si bien están destinados a engordar las pensiones, pueden comprometer el poder adquisitivo de los trabajadores en el presente. Otro punto que han propuesto desde el ministerio de Trabajo es un cambio en la forma de abonar el IVA, de manera que los autónomos y microempresas no tengan que pagar este impuesto hasta que no cobren ellos mismos la factura. “No tiene sentido que un autónomo pague el IVA de una factura antes de cobrarla. No es justo”, señaló Díaz durante un desayuno informativo a Europa Press. Además, también proponen que, en caso de pequeños autónomos y microempresas con facturaciones por debajo de 85.000 euros, solo tengan que hacer una declaración informativa anual.

Por el momento la medida está en la mesa de diálogo social, donde también se sientan los sindicatos y la patronal. La ministra Saiz, que ha recibido críticas a izquierda y derecha durante la sesión de control de este miércoles, ha pedido “tranquilidad” y “sosiego”, aunque por el momento no ha movido su postura.

Boomers contra millennials. Caseros contra inquilinos. Jóvenes contra jubilados. Y así, una retahíla de análisis y de simplificaciones llenan últimamente el debate público. La bronca tiene como trasfondo, no tanto un supuesto conflicto entre generaciones, sino la precariedad salarial y la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda o para acumular un patrimonio propio. Y en el centro de la tormenta está el mercado inmobiliario, que ha detonado la polémica y que determina la principal brecha cuando se analiza la riqueza por cortes de edad. En 2004, el 71% de quienes tenían entre 30 y 44 años eran propietarios, hoy esa cifra es del 55%. Entre los 16 y 29 años, el número de propietarios ha bajado del 48% al 29%, de acuerdo con la Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España. 

La brecha de riqueza se alimenta de la revalorización de los activos inmobiliarios, es decir, quienes poseen una vivienda ven su patrimonio crecer y para quienes tratan de comprar una, los precios del mercado cada vez son más difíciles de perseguir con un salario. Por eso, la brecha se acentúa. La riqueza media de las personas entre 65 y 74 años en 2002 era de 148.000 euros, mientras que la de los jóvenes entre 35 y 44 años era de 132.000 euros. Veinte años más tarde, en 2022, la riqueza de los mayores aumentó hasta 226.000 euros y la de los jóvenes cayó hasta los 75.700 euros. 

Entre los factores que agudizan el problema está la precariedad laboral que se manifiesta, por ejemplo, en factores como la parcialidad. Entre los asalariados de 16 a 29 años, la tasa se sitúa en el 26,9%, 12,7 puntos porcentuales superior a la del total de asalariados, según señalan los datos del Ministerio de Trabajo. Además, señala el documento, las dinámicas de paro “se amplifican” en los cortes de edad más bajos y en el primer trimestre de 2025 la tasa de paro de la población de 16 a 24 años se situó en el 26,5%, seis puntos superior a la del grupo de 16 a 29 años, y 15 puntos más alta que la de la población de 16 a 64 años.

Pero el debate económico tiene un correlato sociológico que muchos tratan de llevar más allá de la constatación de una brecha patrimonial, señalando un choque intergeneracional del que hay pocas evidencias, o deslizando en el debate que la mejora de las pensiones va en detrimento del las políticas para paliar los problemas que enfrenta la juventud. 

Así, el foco se desplaza hacia los pensionistas, quienes, al haber concluido una carrera profesional, acumulan, en general, más patrimonio. Pero, ¿cómo son realmente las pensiones en España? ¿Cuánto mejor vive un jubilado que un trabajador? La respuesta siempre es “depende”, pero los datos ayudan a orientarse en el debate. Y aunque la generación del baby boom suele acaparar la polémica, lo cierto es que muchos de ellos aún no han llegado a la edad de jubilación, ya que esta denominación en España suele hacer referencia a los nacidos entre 1958 (67 años) y 1975 (50 años). 

A uno de septiembre de este año, el importe medio de las pensiones por jubilación en España ascendió a 1.508,70 euros al mes. Quienes menos cobran dentro de este grupo son los cotizantes que aún quedan del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que se usaba durante la dictadura, con un importe medio mensual de 504 euros; les siguen los trabajadores autónomos, con una media de 910 euros al mes. Después, los trabajadores del mar con importes en torno a los 1.300 euros. En la parte alta de las prestaciones están los trabajadores del carbón, con una media mensual de 2.300 euros, y los trabajadores del régimen general, con 1.429 euros. En total, componen un conjunto de 6,6 millones de pensiones que percibe un grupo de 6.498.583 millones de pensionistas con una media de edad de 75 años. En este grupo no están contempladas las pensiones por incapacidad, viudedad, orfandad o enfermedad profesional. 

Pero este conjunto no es uniforme y aquí se dan desigualdades internas. Por ejemplo, por edad, quienes llegan ahora a la jubilación cobran más. Si tomamos los datos de pensiones de jubilación –excluyendo incapacidad, accidentes, orfandad, etc.–, quienes menos cobran son los mayores de 85 años, con unos 1.100 euros al mes. Unos ingresos que, sin un patrimonio que los respalde, son poco ostentosos. En el rango de edad de los mejor parados, es decir, entre los 60 y los 65, el importe medio de la pensión supera los 2.000 euros mensuales y se mueve en los 1.600 entre los 65 y los 74.

Otra brecha significativa se da por género y ellas cobran, en general, pensiones un 31% más bajas que ellos, según datos del Instituto de las Mujeres.

El factor de desigualdad es una brecha que no está cerca de cerrarse. En los últimos datos anuales disponibles, relativos a 2024, la Seguridad Social constata que ellas cobraron de media 1.139 euros mensuales frente a los 1.654 que cobraron ellos. Además, en la riqueza acumulada por género, la vivienda vuelve a tener mucho que decir. En la franja de edad en la que la propiedad inmobiliaria está más extendida –a partir de los 65 años, cuando el 88% de los hogares poseen vivienda en propiedad, según el INE– la casa se convierte en un factor determinante de desigualdad de género. Ellas acumulan menos patrimonio que ellos, y buena parte de esa brecha se explica porque ellas poseen menos casas en propiedad a su nombre. En concreto, en algunos casos, hasta el 62% de este salto en la renta se debe a los activos inmobiliarios, según un informe realizado por Closing Gap. De nuevo, es la vivienda la que se convierte en un factor determinante para la riqueza y esta vez, sin que se de un corte etario.

La viabilidad del sistema de pensiones y la salud de las cuentas de la Seguridad Social son cuestiones que componen una de las principales preocupaciones de los analistas económicos y de los españoles. En marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaba en un informe que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no se requerían medidas adicionales para proteger el sistema, aunque alertaba de que la sostenibilidad de las pensiones no había mejorado, con un gasto que aumentará en 3,4 puntos del PIB hasta 2050.

El análisis no es halagüeño, pero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señalaba el pasado lunes en una entrevista para RNE su preocupación por el hecho de que las visiones más pesimistas terminen por poner en cuestión la importancia del sistema público. “Ahora a los jóvenes se les dice que mejor el dinero en vuestro bolsillo. Todo esto es pura propaganda para conseguir que en España se privatice el sistema de pensiones”, señalaba Álvarez, que también insistía en que las pensiones de los jóvenes “estaban aseguradas”.

El comportamiento del mercado laboral y unas reformas destinadas a aumentar los ingresos, son, para el sindicato, un balón de oxígeno y una ventana de optimismo a tener en cuenta en las valoraciones de la coyuntura.

Para el Banco de España, las tendencias demográficas representan uno de los principales factores que ejercen presión sobre la hucha de las pensiones. Entre los desafíos más importantes para la sostenibilidad del sistema se encuentran la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom —un grupo compuesto por 7,7 millones de personas actualmente entre los 50 y los 66 años—, el incremento en la esperanza de vida y la reducción de las tasas de natalidad. Es decir, las oleadas generacionales que se incorporan al trabajo son menos numerosas que las que llegan a la jubilación, por lo que cada vez habrá menos trabajadores por pensionista y se elevará el gasto. AIReF señala que en España se gastan 206.000 millones de euros cada año en pensiones, un 12,9% del PIB, pero esa factura seguirá creciendo hasta llegar a un gasto del 16,1% en 2050.

Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de la agrupación y vicepresidenta del Consejo Económico y Social, explica que si bien la demografía plantea un reto: “ningún sistema público de pensiones en el mundo se sostiene solo con cotizaciones sociales y es impensable que este solo se sostenga con las aportaciones de trabajador y empresa”. Para Estévez, el hecho de que las transferencias del Estado tengan que aumentar es coyuntural y no supone un desafío insalvable para el sistema.

Las pensiones se financian por tres vías. La primera son las cotizaciones de los trabajadores; la segunda, a través de los presupuestos del Estado y, finalmente, por medio de transferencias del Estado (denominadas gastos impropios), que son partidas para costear, principalmente, las pensiones no contributivas. Además de estos recursos, se destinan las denominadas transferencias implícitas, que se mueven desde otras partidas presupuestarias en caso de ser necesario. Según la AIReF, estas transferencias “cada vez serán mayores” debido a la presión demográfica, y ese es un elemento de preocupación para los analistas. 

Estévez argumenta que, en el cálculo de la sostenibilidad, algunos informes dejan fuera las aportaciones del Estado. "En el informe de la Comisión Europea para evaluar el sistema de pensiones no se contemplaban las partidas que los presupuestos generales del Estado tienen que traspasar a la Seguridad Social para los gastos impropios. Es decir, no los tomaban en consideración y por eso nosotros discrepamos. No se está contando con una parte del balance", y concluye: "Aun sin tener eso en cuenta, las conclusiones del informe de AIReF señalan que no se requiere ajuste".

"Cuando se hacen análisis tan a largo plazo como se ve en estos informes, no se pueden prever todos los parámetros que pueden intervenir en la evolución del gasto", explica la responsable de UGT. De hecho, apunta al efecto positivo que estaría teniendo la evolución de parámetros como el mercado laboral o las reformas llevadas a cabo para aumentar los ingresos. Un ejemplo de esto último sería el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que se aplica desde 2023 a trabajadores y empresas para reforzar los ingresos del sistema hasta 2032. "No estábamos en la media europea en cuando a ingresos y eso es lo que se ha intentado corregir con estas reformas", apunta.

Para UGT la evolución del mercado laboral, que superó los 22 millones de ocupados en el segundo trimestre del año, "es buena" y no había sido prevista por los informes anteriores, por lo que las proyecciones, apunta, pueden cambiar. "Y tampoco se están teniendo en cuenta los flujos migratorios", matiza Estévez, que podrían compensar el descenso en la natalidad y el estrechamiento de la pirámide de personas en edad de trabajar.

Lejos de hablar de recortes, desde UGT señalan que las dificultades del sistema de pensiones no deben leerse desde un puto de vista catastrofista. "Abogamos por aumentar la partida de gasto en pensiones cuando se requiera y, de hacerlo, España lo va a requerir solo en un momento muy puntual. Esto es, cuando llegue el pico de la generación del baby boom", concluye la responsable sindical.

El empleo se resintió en agosto con 199.300 afiliados menos a la Seguridad Social y un incremento del paro de 21.905 personas en un mes habitualmente malo para el mercado laboral.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que recoge EFE, el descenso del empleo, el mayor para este mes desde 2019, deja el total de afiliados en 21,66 millones.

En cuanto al paro, el incremento de agosto, similar al de otros años, deja el total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) en 2,42 millones, su nivel más bajo en este mes desde 2007.

Por sectores, la caída del empleo afectó a varios, con el mayor descenso en el educativo, con 75.869 afiliados menos, por el fin de actividades académicas en julio. Por detrás, actividades administrativas (19.061), industria manufacturera (16.763) o actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (16.055).

En cuanto a los autónomos, el descenso fue de 8.662 en agosto hasta los 3,4 millones.

Por sexo, el empleo cayó en 96.227 personas entre los hombres, con 11,5 millones de afiliados; y en 103.073 entre las mujeres, con 10,1 millones de afiliadas.

En la comparativa anual, la afiliación ha crecido en 476.801 ocupados en los últimos doce meses. "El empleo se mantiene en los niveles más altos de su historia en un mes de agosto, con más de 21,6 millones de afiliados tanto en la serie desestacionalizada como en la serie original", destaca la Seguridad Social.

En cuanto al paro, por sectores económicos, la mayor subida es en servicios, con 21.692 personas más; construcción, en 2.745; e industria, con 2.775. Por el contrario, desciende respecto al mes de julio en el sector de agricultura, en 1.849 personas; y también entre el colectivo sin empleo, en 3.458 personas.

El desempleo femenino aumenta en 11.748 mujeres, hasta los 1,47 millones; y el masculino en 10.157, hasta 954.780; mientras que entre los jóvenes menores de 25 años subió en 3.485 personas respecto al mes anterior.

Por comunidades, el paro registrado en agosto bajó en cinco y subió en el resto con Cataluña (7.942 personas), Madrid (4.214 personas) y País Vasco (4.178 personas) encabezando los incrementos.

En términos interanuales, el paro ha descendido en 145.610 personas. En agosto, se sellaron 1.039.962 contratos, de los que 385.856 tuvieron carácter indefinido, el 37,1% del total.

La Seguridad Social ha abonado en agosto 10,4 millones de pensiones con un gasto que asciende a 13.621 millones de euros, un 6,21% más que en el mismo mes del año pasado. Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recoge EFE, casi las tres cuartas partes de este gasto corresponden a pensiones de jubilación con 9.954 millones.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.197 millones, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.252 millones; la de orfandad, a 178,8 millones y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,5 millones.

La pensión media del sistema se ha situado en 1.312,9 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior con diferencias entre los distintos tipos.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), es ya de 1.507,5 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.666,6 euros mensuales, mientras que para los autónomos es de 1.010,3 euros al mes. Por su parte, la pensión media de viudedad aún no llega a los 1.000 euros, con 935,8 euros mensuales.

En las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.613 euros, según los últimos datos disponibles (julio). En concreto, en el régimen general, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.722 euros al mes.

Junto a los datos del gasto en pensiones, Inclusión destaca en la nota que hasta julio se han registrado 215.971 nuevas altas de jubilación. De ellas, las jubilaciones demoradas representan el 11,4% frente al 4,8% de 2019.

En conjunto, el 72,4% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 12,6 puntos porcentuales más que en 2019.

Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen un 12,4% en seis años y suponen el 27,6 % del total de nuevas jubilaciones.

Como resultado, añaden, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

La Seguridad Social registró en la primera quincena de agosto 21.643.283 afiliados si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, con un aumento de 6.606 notificados en las últimas dos quincenas, sumando a la serie diaria 530.892 afiliados más desde que comenzó el año, informa EFE.

Según una nota emitida este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 14 de agosto se alcanzó la cifra de 21.626.859 afiliados, que suponen 462.357 afiliados más que la misma fecha del año anterior, descontando el efecto calendario.

En el último año la afiliación ha crecido en 478.781 empleos, con un incremento de 279.876 afiliados desde comienzos de 2025, también en términos desestacionalizados.

La titular de Seguridad Social, Elma Saiz, explica que la salud del mercado de trabajo se aprecia "en el número de trabajadores y en la calidad de sus contratos", apoyándose en los datos que muestran que, desde que en 2021 se aprobase la Reforma Laboral, "hay 1,35 millones de afiliados más que antes".

Las comunidades que más afiliados registraron el pasado 14 de agosto fueron Cataluña, 3,84 millones; Madrid, 3,73 millones; y Andalucía, con 3,47 millones.

La afiliación a la Seguridad Social marcó un nuevo máximo histórico en julio al alcanzar los 21.865.503 ocupados, 4.408 más que en junio, impulsada por el comercio y las actividades sanitarias, que han permitido compensar el fuerte retroceso en educación y agricultura.

De acuerdo con los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el empleo aumentó con fuerza en las actividades sanitarias (en 56.264 afiliados más) y el comercio (48.190 más); así como, en menor medida, en actividades administrativas (14.775 más), administración pública (13.366 más) y hostelería (11.199 más).

Estos avances permitieron compensar la destrucción de empleo experimentada por la educación (123.699 empleados menos), lastrada por el final de curso, y el sector agrario (43.191 menos).

En cuanto al paro, el número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo, por sexto mes consecutivo, hasta los 2.404.606 millones, 1.357 menos que en junio y la cifra total más baja desde hace 18 años.

En comparativa anual, el desempleo se ha reducido en 145.631 personas, un 5,7% menos; mientras que la afiliación suma 485.397 ocupados, un avance del 2,26%.

Este aumento del empleo de julio es muy inferior al registrado en junio (cuando creció en 76.720 personas), pero muestra un registro mejor que en el mismo mes de 2024, cuando se destruyeron 9.783 puntos de trabajo.

Así, la Seguridad Social ha destacado que la afiliación diaria ha vuelto a superar los 21,9 millones de ocupados en varios días de julio, con lo que se acerca a la "barrera de los 22 millones".

El empleo creado en julio fue íntegramente masculino (62.285 afiliados más), ya que la ocupación femenina se redujo en 57.877 personas. La afiliación de extranjeros bajó en 4.667 personas, hasta los 3,09 millones.

Por regímenes, en julio creció el empleo en el general (en 9.954 ocupados) y el del mar (en 1.740), pero el número de autónomos retrocedió en 7.286, hasta situarse en una media de 3,41 millones.

Si se descuenta el efecto de la estacionalidad y el calendario, la Seguridad Social cifra el número de afiliados en 21.642.413 personas, 31.085 más en que en junio y 475.623 más que en julio del pasado año

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, ha destacado en un comunicado que "el empleo sigue marcando un ritmo de crecimiento muy dinámico" en julio, en especial entre los jóvenes "que, además, viven un aumento de sus bases de cotización y un descenso de la temporalidad".

Seguridad Social ha destacado que en julio había cuatro millones de trabajadores más con contrato indefinido que antes de la implementación de la reforma laboral, lo que ha permitido reducir la temporalidad al 13,5% de media.

En cuanto al paro, subió especialmente en los servicios, con 2.018 parados más, seguido de la industria (416 más) y la construcción (138 más); mientras que bajó en el colectivo sin empleo anterior, con 3.315 personas menos, y el agrario, con 614 menos.

El desempleo femenino se redujo en julio en 901 mujeres, hasta un total de 1,45 millones; mientras que entre los hombres se recortó en 456 desempleados, hasta los 944.623.

Entre los menores de 25 años el descenso fue de 2.561 personas, hasta los 164.146 jóvenes, tras experimentar bajadas sucesivas durante 51 meses, por lo que se ha alcanzado el nivel más bajo de toda la serie.

Por regiones, el paro cayó en julio en seis comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (8.035 personas menos), Castilla-La Mancha (1.771 menos) y Asturias (1.296 menos); mientras que subió en once, más en Cataluña (4.339), País Vasco (1.600) y Aragón (1.167).

En cuanto a la contratación, se registraron 1.588.983 acuerdos laborales, un 6,17% más que en junio.

De ellos, 609.964 contratos fueron de carácter indefinido, lo que supone el 38,39% del total.