Un misil lanzado desde Irán impactó este sábado en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando al menos dos heridos moderados, entre ellos un niño de diez años. Las sirenas antiaéreas sonaron a las 19.07 hora local (17.07 GMT), tras lo cual se registraron varios impactos en la zona.

De acuerdo con el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), sus equipos atendieron a unas 20 víctimas con heridas por metralla, lesiones sufridas mientras se dirigían a zonas protegidas y cuadros de pánico.

Entre los heridos figuran un niño de diez años y una en estado moderado, según MDA, que indicó que continúa prestando asistencia a otras personas en el lugar.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos y Servicios de Rescate de Israel informó del colapso de un edificio tras uno de los impactos, lo que provocó un incendio en la zona.

Según el Comando del Frente Interno, la unidad del Ejército israelí encargada de garantizar la seguridad de la población civil en Israel, desde la medianoche se han registrado al menos siete oleadas de ataques iraníes dirigidas contra Dimona y otras áreas del sur del país.

En paralelo, el servicio de bomberos informó de varios incidentes en el norte de Israel atribuidos a impactos de cohetes lanzados por Hizbulá, con daños en algunos edificios.

En total, 15 personas han muerto en Israel por los ataques iraníes. Además, cuatro mujeres perdieron la vida tras el impacto de un explosivo durante un bombardeo de Irán en la localidad palestina de Beit Awwa (sur de Cisjordania).

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la condición para poner fin a la guerra en Oriente Medio pasa por el “cese inmediato de las agresiones” de Estados Unidos y de Israel, así como por garantías de que esos ataques no se repetirán en el futuro, mientras denuncia un ataque de ambos países contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.

“La condición para poner fin a la guerra y al conflicto en la región es el cese inmediato de las agresiones de Estados Unidos y del régimen sionista, así como la garantía de que no se repitan en el futuro”, sostuvo Pezeshkian en una conversación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, según informó la agencia IRNA.

El mandatario iraní subrayó que Irán “no inició la guerra” y acusó a Estados Unidos e Israel de haber lanzado ataques “sin justificación ni base legal”, en medio de negociaciones nucleares, lo que, según dijo, ha causado la muerte de altos mandos militares y de civiles, y pidió el fin de lo que calificó como acciones “inhumanas e inmorales”.

Asimismo, rechazó los argumentos esgrimidos por Washington para justificar la ofensiva militar, en particular la supuesta intención de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, y reiteró que el país mantiene un programa con fines pacíficos y está dispuesto a someter sus actividades nucleares a supervisión internacional.

El presidente iraní también insistió en la necesidad de reforzar la unidad entre los países de la región y propuso la creación de un mecanismo de seguridad regional que garantice la estabilidad sin la intervención de actores externos.

Dentro de esta narrativa de las armas nucleares, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha denunciado el ataque al "complejo de enriquecimiento Shahid Ahmadi Roshan de Natanz" aunque, por el momento han descartado fugas de material radiactivo "y no existe ningún peligro para los residentes de las zonas cercanas a este sitio”.

La OEAI iraní recordó que esta acción “es contraria a las leyes y compromisos internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación (TNP)”, así como a otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear.

Irán ha culpado del ataque tanto a Israel como a Estados Unidos, pero, fuentes consultadas por EFE en Jerusalén aseguran "no estar al tanto de un ataque" sobre Natanz que ya fue atacado hace quince días y que tampoco sufrió daños considerables.

Asimismo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pidió "contención para evitar cualquier peligro de accidente nuclear", señala la agencia nuclear de la ONU en un mensaje en X.

El organismo indicó que ha sido informado por Irán de lo ocurrido e insiste en que cualquier acción militar contra instalaciones nucleares conlleva riesgos y debe evitarse.

Irán ha entregado una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear a Estados Unidos a través del intermediario omaní, informó este jueves la agencia oficial IRNA y recoge EFE.

“La delegación de la República Islámica de Irán presentó propuestas a la parte estadounidense que eliminarían todos los pretextos de Estados Unidos con respecto al programa nuclear pacífico de Irán”, informó el medio estatal iraní.

IRNA sostuvo que si esa propuesta es rechazada “confirmaría la sospecha de la falta de seriedad de Estados Unidos en materia diplomática y el carácter simbólico de su postura diplomática”. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí se reunió durante la noche del miércoles al jueves con su homólogo omaní, que ejerce de intermediario en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Irán y Estados Unidos mantienen este jueves una tercera ronda de negociaciones en Ginebra en busca de un acuerdo nuclear en medio de las amenazas de una intervención armada del presidente estadounidense, Donald Trump. Las dos partes llegan a la negociación indirecta distanciados en sus posturas, con un Washington que insiste en la suspensión del enriquecimiento de uranio iraní y la limitación del alcance de sus misiles, mientras Teherán sostiene que solo está dispuesto a una reducción de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones.

Las negociaciones se producen cuando Estados Unidos ha realizado el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica para forzarla a aceptar sus condiciones. Pero Irán no cede ante esas amenazas y ha advertido de que si es atacado responderá con dureza y el conflicto se extenderá por la región.

Si se atiende a la agenda política y diplomática de la semana –discurso de Donald Trump en el Congreso sobre el Estado de la Unión (día 24), nueva ronda de negociaciones en Ginebra entre Washington y Teherán (día 26) y visita a Tel Aviv del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (día 28)– parecería que aún hay espacio para evitar que la actual crisis en torno a Irán derive en una confrontación militar a gran escala. Pero si se vuelve la mirada hacia los movimientos militares en estos últimos días, tanto de Estados Unidos e Israel –acumulación de medios aeronavales en la zona, desalojo de personal no esencial y activación de alertas–, como de Irán –realización de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Ormuz– cabría imaginar que el estallido bélico es inminente.

Lo que pretenden Washington y Tel Aviv es obligar a Teherán a claudicar, aceptando no solo la desactivación de su programa nuclear –incluyendo el enriquecimiento de uranio–, sino también la limitación de su programa de desarrollo de misiles balísticos y de crucero, así como el abandono del apoyo que desde hace años le viene prestando a sus peones regionales (“el eje de resistencia” en el que figuran Hizbulah, Hamás, Ansar Allah y diversas milicias en Siria e Irak). Eso –que para Tel Aviv es más perentorio que para Washington– sería ya mucho más que lo que se logró en julio de 2015, circunscrito a la limitación de dicho programa nuclear, con Irán cumpliendo concienzudamente lo pactado —a cambio de conseguir el levantamiento de sanciones internacionales— hasta que Trump decidió, en mayo de 2018, echar por tierra el acuerdo, reactivando una estrategia de “máxima presión” que incorpora duras sanciones y ataques como los desencadenados en junio del pasado año en colaboración con Israel.

Por su parte, lo que procura el régimen iraní es sobrevivir a esa presión, tratando de evitar tanto el colapso interno (por el malestar de su población) como una derrota que lo deje postrado ante quienes buscan sin disimulos su ruina. Consciente de su inferioridad de fuerzas en términos convencionales, el tándem Ali Jamenei-Masoud Pezeshkian, al tiempo que reprimen las protestas ciudadanas, se debaten entre aceptar algún nuevo acuerdo si de ese modo se alivian las sanciones contra Irán, lo que calculan que les permitiría mantener la paz social; o mantenerse inflexibles en el rechazo a las condiciones que Washington-Tel Aviv quieren imponer, amenazando con una represalia insoportable para ambos. Preparándose para cualquier eventualidad, el régimen iraní ha procurado acumular más uranio enriquecido, hasta el punto de que se estima que posee en torno a unos 440 kilogramos de U235, enriquecido a más del 60%, así como otros 180 al 20% y hasta unas 8 toneladas a un nivel menor de enriquecimiento. Ese material le permite contar con una importante baza de negociación —como ya hizo en 2015 (renunciando a gran parte de ese material a cambio del levantamiento de sanciones)—; pero también puede servirle para dotarse de armas nucleares (hasta una decena de bombas con ese material) si finalmente decide dar ese trascendental paso.

Lo que cabe entender racionalmente es que ni Washington ni Teherán pueden desear un choque frontal en toda regla. Para Irán supondría un riesgo que, junto a la inestabilidad interna reinante, podría terminar provocando la caída del régimen. Tras el golpe recibido en junio de 2025, y por mucho que haya sido el esfuerzo por recuperar su capacidad de combate (más la ayuda que pueda haberle prestado Rusia), ni sus fuerzas armadas ni los pasdarán están en condiciones de salir airosos de una guerra contra la principal maquinaria militar del planeta. Pero tampoco para EEUU resulta racional empantanarse en un conflicto prolongado en el Golfo, lo que le obligaría a detraer buena parte de los recursos que cree necesitar para contener a China.

En todo caso, son muchos los factores no racionales que están haciendo aumentar inquietantemente la tensión sin que sea posible determinar en qué puede desembocar a corto plazo. Irán sostiene que si es atacado llevará a cabo una represalia que afectaría no solo a los intereses estadounidenses en la región, sino también a todos aquellos que colaboren con sus acciones (Israel y países árabes del Golfo). Por su parte, Estados Unidos ya está a punto de completar el despliegue de un contingente basado en dos grupos de combate naval, con más de un centenar de aviones muy diversos, lo que le permite a Trump contemplar un gran número de alternativas, desde una operación especial similar a la realizada para capturar a Nicolás Maduro hasta una campaña generalizada y sostenida a lo largo de semanas.

El punto crítico —acuerdo o golpe— está, por tanto, a la vuelta de la esquina. Ni Trump puede mantener indefinidamente desplegada una fuerza tan abrumadora como simple elemento de presión para logar lo que busca en la mesa de negociaciones, ni Jamenei-Pezeshkian pueden soportar ilimitadamente la presión, mientras en las calles iraníes la inestabilidad apunta a una explosión interna de consecuencias impredecibles.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear.

"Supongo que puedo decir que lo estoy considerando", respondió a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un posible ataque en menor escala en territorio iraní, cerca del que EEUU ha ordenado un gran despliegue de navíos de guerra.

Sus declaraciones llegan después de que este jueves, durante la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, marcara un plazo de diez días para decidir si interviene militarmente en Irán o no.

Tanto la cadena CNN como el diario The New York Times (NYT) han publicado esta semana que el Ejército de Estados Unidos está preparado para atacar Irán de manera inminente, a la espera de la autorización presidencial definitiva. De hecho, el despliegue militar estadounidense en torno a Irán ha aumentado en las últimas semanas.

El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford, que formó parte de la flota del Caribe durante la operación contra el ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, se acercaba este miércoles al estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, ya estacionado en aguas de Oriente Medio, según el NYT.

El refuerzo militar estadounidense incluye decenas de aviones cisterna de reabastecimiento, más de 50 aviones de combate adicionales y dos grupos de ataque de portaaviones, junto con sus destructores, cruceros y submarinos, informaron funcionarios estadounidenses al diario.

De manera paralela a la actividad militar, las conversaciones de Estados Unidos con Irán se mantienen por parte del enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump Jared Kushner.

Israel también se estaría preparando para un posible ataque conjunto con Estados Unidos, según The New York Times, que cita a dos fuentes de la Defensa israelí.

La irrupción disruptiva en el panorama internacional de las políticas y comportamientos de la administración Trump ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de que la Unión Europea refuerce su autonomía estratégica en los ámbitos político, económico y militar. La utilización de los aranceles como amenaza, como relato, como castigo; las imposiciones en el seno de la OTAN de porcentajes de compra de armas, de petróleo y de gas; la ruptura de las normas aceptadas en las relaciones internacionales como ha sido puesto de manifiesto —y con violencia— en Venezuela, también con Groenlandia; el sostenimiento del Gobierno de Netanyahu en sus acciones genocidas en Palestina; la complicidad con Rusia en la guerra de Ucrania; el recurso a la represión con "camisas pardas" como instrumento de su política interna… han derrumbado la credibilidad de Estados Unidos ante Europa como socio y aliado confiable. Ante esta situación, Europa está obligada a replantear los fundamentos de su seguridad.

Con independencia del signo de sus futuras administraciones, es difícil imaginar qué podría pasar y durante cuánto tiempo para que fuera posible que Europa pudiera recuperar la confianza perdida en los Estados Unidos de América del Norte. Avanzar hacia una auténtica autonomía estratégica es una condición imprescindible para reducir la vulnerabilidad estructural de Europa frente a la volatilidad política y económica de Estados Unidos.

Desde la perspectiva de los valores democráticos compartidos por los Estados miembros de la UE, la seguridad no puede limitarse, de ninguna manera, sólo a la defensa militar. Implica, de manera muy principal también, la preservación y el fortalecimiento del Estado del Bienestar; la defensa de reglas previsibles en las relaciones internacionales; la independencia industrial basada en una mayor competitividad en la producción y el suministro de bienes y servicios esenciales; y la puesta en común de las capacidades que en todos los órdenes tengan los Estados de la Unión Europea, desde luego la militar, pero no sólo.

Uno de los elementos centrales de la autonomía estratégica es el acceso y la disponibilidad de energía con costes competitivos. La energía impregna todas las actividades de la sociedad: la economía de las familias, la competitividad de las empresas de los tres sectores y afecta a variables básicas de la estabilidad y del crecimiento de la riqueza de las naciones. Baste con mencionar su impacto en la inflación.  

Y en el centro de la energía está la electricidad.

La electricidad es un vector energético al que pueden transformarse las principales fuentes primarias de energía: biomasa, carbón, gas, petróleo, nuclear, hidráulica, eólica, geotermia, solar térmica, fotovoltaica… No hay ninguna energía primaria relevante que no pueda transformarse en electricidad mediante una central eléctrica con la tecnología apropiada. Y si convenimos en que uno de los elementos centrales de la autonomía estratégica es el acceso seguro a la disponibilidad de energía con costes competitivos, tenemos que concluir que la electricidad es un vector fundamental para impulsar la autonomía estratégica de la UE.

Dependiente de las importaciones de gas natural y petróleo en porcentajes que se sitúan en torno al 90% de su consumo —EEUU y Rusia entre sus más importantes suministradores de combustibles fósiles— la UE está obligada, para mitigar su vulnerabilidad y su dependencia, a explotar fuentes energéticas primarias autóctonas que le permitan afianzar su propia autonomía. La energía hidroeléctrica, la energía eólica y la energía fotovoltaica, son recursos inagotables y autóctonos.

No sólo razones medioambientales están detrás de la transición energética, también razones económicas de primer orden y también, por consiguiente, razones geoestratégicas.

En fin, la electricidad es un insumo sistémico de la economía moderna y condiciona directamente la capacidad productiva, el bienestar social y la independencia.

Durante las últimas décadas, el mercado eléctrico europeo ha experimentado múltiples reformas regulatorias orientadas a fomentar la competencia y facilitar la integración de energías renovables. Sin embargo, estos cambios no siempre han producido los resultados esperados. La liberalización ha derivado, en muchos casos, en un mercado más complejo y opaco, con precios elevados y comportamientos extractivos por parte de los grandes operadores eléctricos, en detrimento de familias y empresas.

El diseño marginalista del mercado eléctrico europeo ha demostrado ser especialmente problemático en contextos de crisis. Entre 2021 y 2023, el encarecimiento del gas derivado de la guerra en Ucrania se trasladó al precio de la electricidad, al fijarse este en función de la tecnología de mayor coste variable y marginal necesaria para cubrir la demanda, habitualmente los ciclos combinados de gas natural. Los precios llegaron a subir durante un largo periodo de tres años un 300% sobre los precios de la década anterior. El resultado ha sido pérdida de competitividad industrial, el deterioro del poder adquisitivo de los hogares y el aumento de la pobreza energética. Y no sólo en situaciones alteradas de los mercados de gas, también en situaciones más estables porque las centrales de gas —siempre y en cualquier circunstancia la de mayores costes— siguen fijando los precios que retribuyen a todas las centrales que concurren y completan el abastecimiento de la demanda. En definitiva, el diseño del mercado de electricidad, tal y como está regulado por la UE, deja a merced de los precios del gas ruso y estadounidense una parte nada despreciable de la competitividad de las economías de los Estados miembros. Y esto es dependencia y vulnerabilidad.

Las medidas paliativas adoptadas, como la denominada "Excepción Ibérica" (en el caso de España que fijaba un precio de referencia del gas —para el precio de la electricidad— por debajo de su precio en el mercado spot), y el mecanismo ARENH (Accès Régulé à l’Énergie Nucleare Historique) en el caso francés, sustituido desde el 1 de enero de 2026 por un nuevo mecanismo VNU (Versement Nucléaire Universel), han sido ejemplos que han aliviado parcialmente los efectos perturbadores del diseño europeo del mercado de la electricidad, pero no han corregido sus problemas estructurales dejando a Europa expuesta a futuras crisis con impactos similares y a una continua pérdida de competitividad.

Y si es así, ¿cuál es la razón que ha empujado a las autoridades reguladoras europeas y nacionales a diseñar un mercado de efectos tan perturbadores?

Uno de los principios que han estado presentes en la regulación eléctrica europea es la llamada "neutralidad tecnológica" —también llamado "energy only market"—, basada en la idea de que todos los kWh son equivalentes, que prestan el mismo servicio a los consumidores y que, por consiguiente, deben recibir el mismo tratamiento en el mercado. Lo contrario sería "discriminar" unas tecnologías frente a otras… y la "neutralidad" parece un valor positivo, un valor que se alza por encima de ideologías e intereses particulares… y la discriminación arrastra connotaciones negativas, resultado de prejuicios y de posiciones de dominio.

Sin embargo, esta premisa regulatoria —la neutralidad tecnológica— es profundamente engañosa. Aunque todos los kWh permitan su conversión en fuerza, luz, frio, calor, trabajo… la tecnología de las centrales eléctricas y las materias primas energéticas —carbón, uranio, gas, viento, sol…— que las diferentes centrales consumen para producir electricidad, tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales muy distintas frente a las cuales no somos indiferentes. Ante la dependencia de combustibles fósiles importados, ante la creación de empleo de calidad, ante el impulso a la innovación, ante los diferentes costes de producción de electricidad entre unas centrales y otras, ante la concentración de poder económico en oligopolios que detentan tecnologías de generación eléctrica en las que no hay libertad de entrada (hidroelectricidad y centrales nucleares), ante las emisiones de gases de efecto invernadero, Europa no puede ser neutral. Las razones: la ecología, la economía y la independencia. En definitiva, la necesaria autonomía estratégica frente a un entorno internacional hostil.

Y la UE no puede ser neutral por una razón muy sencilla: los kWh producidos por las distintas centrales eléctricas no son iguales ante el Sistema Eléctrico, aunque lo parezcan. Y no son iguales porque:

Y al mismo tiempo, la electricidad es el vector más eficiente en la lucha contra el calentamiento global, el instrumento básico de la transición energética por su capacidad de suministrar energía a las actividades de nuestra sociedad minimizando el uso de fuentes primarias energéticas fósiles que pasan a ser sustituidas crecientemente por fuentes renovables. No. No podemos ser neutrales. El cambio climático constituye el mayor desafío sistémico de nuestro tiempo. Si no se reducen drásticamente las emisiones de CO₂ —al menos un 50% a nivel mundial y más del 80% en Europa para 2050—, los impactos sociales y económicos serán devastadores, con aumento de la pobreza y la desigualdad. Eficiencia económica y eficiencia ambiental son inseparables. No hay economía eficiente sin considerar los equilibrios ecológicos cuya desestabilización acarrearía costes inasumibles.

La transición energética no se producirá de forma espontánea. Requiere incentivos públicos claros —fiscales, regulatorios…— y, dada la excepcionalidad del reto, mecanismos de control frente a las resistencias corporativas, especialmente intensas en el sector energético. La naturaleza de la electricidad como bien esencial con efectos sistémicos sobre la sociedad, no puede abandonarse al juego de mercados diseñados bajo principios regulatorios, como el de la neutralidad tecnológica, que en su caso no aplican.

La aceleración de la transición hacia un modelo basado en energías renovables responde tanto a la urgencia climática como a la necesidad de reforzar la seguridad energética. No obstante, esta transformación plantea desafíos relevantes, especialmente en lo relativo a la estabilidad del suministro y a la gestión de la variabilidad propia de tecnologías como la eólica y la solar. Y aquí entra en juego el almacenamiento de la electricidad.

En un sistema eléctrico con más del 50% de generación eólica y fotovoltaica, el almacenamiento se convierte en un elemento clave para garantizar la estabilidad y la seguridad del suministro. Las baterías, el bombeo hidroeléctrico y otras tecnologías de almacenamiento (hidrógeno verde) permiten gestionar excedentes, cubrir déficits temporales y reducir la dependencia del gas.

A diferencia de las centrales nucleares, cuya operación es rígida y poco adaptable a la demanda, el almacenamiento aporta flexibilidad, evita vertidos de renovables, maximiza el aprovechamiento de la generación limpia y contribuye, más que ningún otro activo, a la estabilidad del Sistema Eléctrico, es decir, a la seguridad del suministro. Para ello, es imprescindible un marco regulatorio que incentive su despliegue a gran escala, incluyendo subastas específicas y un reconocimiento explícito de su valor sistémico. Un valor sistémico para la autonomía estratégica de la UE porque permitirá aumentar el abastecimiento renovable y autóctono —no dependiente del petróleo y del gas— de sus necesidades energéticas.

Las centrales nucleares no son una alternativa. El envejecimiento del parque nuclear plantea riesgos crecientes en términos de seguridad, gestión de sus residuos, costes de mantenimiento e incertidumbre regulatoria. Además, la prolongación de la vida útil de estas centrales puede desincentivar la inversión en centrales renovables y en almacenamiento, al reducir el espacio disponible para su integración en el sistema y, por consiguiente, contribuir en el medio y largo plazo, a mayores precios de la electricidad (The Price and Emissions Effects of Extending Nuclear Lifetimes: Evidence from Spain. Natalia Fabra14-I-2026)

Para garantizar una transición energética sostenible y competitiva, resulta imprescindible:

El actual diseño del mercado eléctrico europeo está socavando la competitividad industrial y el bienestar de los consumidores, con especial intensidad en países como España. La transición energética debe abordarse de manera estratégica, alineando los precios de la electricidad con los costes reales de su generación y los objetivos climáticos. Si Europa no adopta reformas ambiciosas y coherentes en el complejo y amplio sector de la energía, corre el riesgo de quedar rezagada en la descarbonización, perder autonomía estratégica y comprometer su modelo social. Reformas ambiciosas que, si siempre han sido necesarias, lo son ahora más que nunca ante el entorno internacional hostil generado con la irrupción disruptiva de las políticas y comportamientos de la administración Trump.

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Jorge Fabra Utray es economista y Doctor en Derecho, presidente de Economistas Frente a la Crisis.

“Estoy un poco de luto. Se nos ha ido Robe. Era una figura muy importante para Extremadura y para mi generación”. Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) se pone estos días La vereda de la puerta de atrás en plena vorágine de campaña. Mira ya directamente al 21D, donde los sondeos vaticinan que la lista de las izquierdas transformadoras aumentará su representación en un contexto de auge de las derechas.

De Miguel ha logrado armar una candidatura de unidad y lejos del ruido que domina ese espacio en el resto de España. ¿Su receta? Pensar en Extremadura y llevar años pateándose la comunidad. Su apuesta es clara por la sanidad y la educación públicas, además de por el futuro del medio rural más allá “de la caza y de los toros”, frente a una María Guardiola (PP) “que no tiene palabra” y un Miguel Ángel Gallardo (PSOE) que “no genera ilusión ni entre su militancia”.

Si fuera presidenta de Extremadura, ¿qué haría primero al llegar al despacho?

Establecer una carga impositiva a las grandes eléctricas.

La gran favorita para ganar las elecciones es María Guardiola, ¿cómo la definiría? 

No la conozco personalmente. Políticamente no ha sabido gestionar su minoría parlamentaria ni entender que hay que llegar a consensos. Ha actuado con mucha soberbia. Ha antepuesto los intereses de su partido a los de nuestra tierra. No ha estado a la altura de Extremadura.

A la izquierda alternativa al PSOE le están sentando bien las encuestas, que dicen que va a subir su representación. ¿Cómo lo interpreta?

Tiene varias claves. Por un lado, es evidente la debilidad del Partido Socialista en Extremadura, lo que hace que mucha gente mire a nuestro espacio. Pero también llevamos mucho tiempo trabajando y recorriendo esta tierra de cabo a rabo mostrando que somos un espacio político solvente, coherente y con ideas claras. Defendemos ante todo los intereses de nuestra tierra. Eso hace que la gente nos vea como la alternativa real a las políticas de derechas.

¿Cómo es la Extremadura de diciembre de 2025?

Pues es una Extremadura donde los servicios públicos están cada vez más deteriorados y donde cada vez hay menos oportunidades en el medio rural. Porque no se trata de caza y toros. Hay cada vez más obstáculos para la sanidad, la educación y el modelo productivo en el medio rural. Es una tierra muy rica y con muchas oportunidades y fortalezas, pero hemos tenido políticos que no han confiado en ella y que han pensado siempre que la solución está fuera. Pero la solución está en confiar en los extremeños.

¿Qué balance hace de los dos años y medio de Gobierno de María Guardiola?

Han sido dos años sólo y ya nos ha enseñado la patita de por dónde va a ir. Se trata de seguir el modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid: precarización de la sanidad y la educación para la privatización. Se ha abierto la puerta a la universidad privada sin los informes necesarios y cómo se ha permitido que los jefes del Servicio Extremeño de Salud puedan compatibilizar su labor con la privada. Eso es hacer que trabajen para el enemigo directamente. Además, hemos visto cómo la señora Guardiola no tiene palabra. Prometió, por ejemplo, un plan de igualdad en la Administración pública y se ha quedado muy lejos. Ahora nos manda a un adelanto electoral con muy pocas medallas que colgarse. Sólo se puede poner la de bajar los impuestos a los más ricos y la de derogar la ley de memoria democrática junto a Vox. 

El PP sube en las encuestas y también Vox. ¿Se ha derechizado Extremadura?

Quiero pensar que no y que hay mucha gente indecisa y desilusionada con el PSOE que no sabe a quién votar. Extremadura es una tierra de gente trabajadora y de gente que ha visto a sus familiares tener que emigrar. Queremos una tierra de acogida y que no discrimine por su origen o color de piel. Es una tierra que necesita como la que más el estado del bienestar. No creo que haya gente que quiera que se destruya la sanidad pública o que la universidad sólo sea para quien se la pueda pagar. Pero también es verdad que la extrema derecha nos lanza bulos y desinformaciones que generan miedo. Y la derecha lo que hace es montañas de propaganda. Vender el producto se le da muy bien, aunque no haga nada.

Hay una presencia constante de Santiago Abascal desde hace semanas en Extremadura, ¿cómo lo interpreta?

Es que la convocatoria de las elecciones no tiene nada que ver con Extremadura. Miguel Ángel Gallardo (PSOE) le habría incluso aprobado los presupuestos a Guardiola porque era el último interesado en ir a las urnas. Esto es una pugna entre el PP y Vox a nivel estatal. Estas elecciones obedecen más al juego de poder entre Feijóo y Abascal por la hegemonía de la derecha. Los dos están aquí ya permanentemente, hasta el punto de que nadie conoce al candidato de Vox. 

¿Se cree el órdago de Vox de que podría no apoyar a Guardiola en la investidura?

Sí. Guardiola lanzó el órdago de que iba a gobernar en solitario, pero si se cumplen las encuestas y para ser presidenta necesita a Vox, pues debería dimitir. No sólo ha demostrado que su palabra no vale nada, ya que dijo que no gobernaría con la extrema derecha, sino que además nos ha obligado a unas elecciones autonómicas, con el coste que conllevan, para que todo quede igual o peor. A Feijóo y a Abascal Extremadura no les importa. Por lo que creo que podemos ir de nuevo a unas elecciones repetidas en abril o mayo sólo por el pulso entre el PP y Vox. Cuando terminen las elecciones, Abascal no va a volver por aquí. Ha venido con un discurso que no tiene que ver con nuestra tierra: dice que hay problemas de seguridad, pero somos la región con el menor índice de criminalidad. 

¿Tiene la sensación de que el PSOE está de brazos caídos?

Sí, tienen un líder que no genera ilusión ni entre su propia militancia. No sólo por estar imputado, que es algo bastante incompatible con ser candidato, sino también por ser una persona que no tiene el suficiente carisma y cuenta con una mochila detrás importante. Entiendo que el electorado socialista esté desilusionado.

Si se fija en los datos pormenorizados del CIS en la encuesta preelectoral de Extremadura, PP y Vox suman el 41% de apoyos entre menores de 24 años, mientras que las izquierdas solo logran el 20% (con un 18% de indecisos). ¿Qué le parece esta radiografía?

Es fruto sinceramente de un déficit en el sistema de no educar en valores y sí en el individualismo y en el sálvese quien pueda. Y también evidencia que las derechas tienen mucho dinero para introducir sus mensajes en las redes sociales, que van dirigidos a los jóvenes. 

Lidera una candidatura de las izquierdas sin el ruido que domina ese espacio en el resto de España, principalmente en Madrid. ¿Cómo se consigue la cuadratura del círculo? 

Teniendo muy claro cuál es la receta para nuestra tierra. Yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer en su comunidad, pero en Extremadura nuestro espacio lleva siete años trabajando bien. No hemos trabajado sólo como una coalición que se une para el interés electoral, sino como una confluencia real reconocible por el ciudadano y que se ha pateado Extremadura. Ha llegado el momento de cosechar lo que hemos sembrado.

La energía nuclear se ha convertido en uno de los temas de la campaña. ¿Qué opinión le merece la postura de las derechas de prorrogar la vida de la central de Almaraz?

La postura de las derechas y del PSOE es la de pensar en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Plantear una prórroga es continuar con la agonía. Creemos que Almaraz ha sido un fraude, ya que no ha generado ni diez veces el empleo que debería haber generado. El norte de Cáceres tendría que ser un polo industrial de nuestro país. Y la energía se ha ido a crear industria fuera de nuestra tierra, a Madrid, y los impuestos también. Nos parece un insulto que el PP quiera ahora perdonar impuestos a estas empresas. Es una vergüenza. Y nadie habla de los riesgos que corremos con una central nuclear. Un Gobierno responsable estaría exigiendo un plan de jubilaciones y empujando un plan de empleo, además de plantear una hoja de ruta de desmantelamiento con personal de Almaraz.

Comenta la importancia de centrarse en los temas extremeños, el panorama nacional es vertiginoso. ¿No cree que influirá en las elecciones?

Seguramente nos atraviese porque hay muchos partidos a los que no les interesa hablar de emergencia climática, de políticas de vivienda o de las listas de espera. Prefieren hacer política tiktok y lanzar mensajes vacíos con eslóganes. 

Y en este ecuador de la campaña, ¿con qué canción se queda de Robe Iniesta?

Me quedo con La vereda de la puerta de atrás. 

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles que su política energética es un "referente internacional" y ha lamentado que el PP quiera "volver atrás" con una propuesta energética "basada en negar el cambio climático y en el antieuropeísmo". Aagesen ha desvelado en el Congreso una carta que ha recibido su ministerio del Govern valenciano en la que "garantizar que la política energética nacional quede exenta de toda imposición climática" de Bruselas, fechada a 30 de octubre de 2025, un día después de cumplirse un año de la dana que acabó con la vida de 229 habitantes de esa Comunidad.

La resolución, firmada por María Ángela Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, también fue convalidada cuatro días antes de la dimisión del president Carlos Mazón, cuyo sucesor –Juan Francisco Pérez Llorca– necesitará el apoyo de Vox para ser investido este jueves.

"Me preocupa mucho que quieran volver atrás y me preocupa todavía más que quieran ir aún más lejos ¿votarán con la ultraderecha en contra de la ley del clima en Europa? ¿Pactar con ellos? ¿Pactar en Valencia contra la Agenda Verde? ¿En serio eso es lo que me están pidiendo?", le ha dicho Aagesen al diputado del PP Guillermo Mariscal en la sesión de control del Congreso.

La carta se dirige directamente a la ministra para pedirle "promover" en Europa la cancelación del programa que graba las emisiones de CO₂ en la industria y otros sectores, una medida destinada a que las compañías que contaminen, sufraguen el coste de reparar ese daño. Ese dinero también se destina a inversiones para descarbonizar la industria. Por otra parte, el Govern reclama en la misiva prorrogar el cierre de la central nuclear valenciana de Cofrentes, una solicitud que deben hacer primero los dueños de la planta.

La ministra ha asegurado que esta semana ha recibido una carta de la Generalitat valenciana en la que pide al Ejecutivo "un plan energético libre de las imposiciones climáticas de Bruselas".

Por su parte, Mariscal ha dicho que Aagesen es la que está "desconectada de la realidad" y le ha reprochado que "siga sin reconocer las causas del gran apagón" del pasado 28 de abril, que según el PP fueron la "falta de programación de control de tensión y la falta de tecnologías síncronas como la nuclear, que llevó al colapso por sobretensión".

"Por su planificación vamos a pagar 1.500 millones de euros extras y además están marginando la integración de renovables. Han convertido un sistema robusto en frágil", ha espetado el representante del PP a Aagesen.

Mariscal también ha afirmado que la "estrategia antinuclear" del Gobierno de Pedro Sánchez es "proapagón" y ha sostenido que, si el 28 abril Almaraz I no hubiera funcionado al 65 % y Almaraz II no hubiera estado desconectado y ambos equipos hubieran funcionado al cien por cien, hubiera sido "más fácil evitar el apagón".

La ministra ha hecho hincapié en que el PP mira a "políticas del pasado" y a "ocurrencias regulatorias que paralizaron en España el despliegue de las renovables, mermaron la competitividad, perpetuaron la dependencia energética del exterior y dañaron nuestra credibilidad con arbitrajes".

A ese respecto ha incidido en que la "factura en diferido" de la política energética del PP son los más de 10.000 millones de euros en arbitrajes internacionales que se encontraron los socialistas cuando accedieron al gobierno.

En España solemos reducir el debate nuclear a una consigna binaria: prórroga sí o prórroga no. Ese marco es insuficiente. Lo que se dirime no es solo un mix eléctrico, sino la continuidad económica y social de comarcas donde la central estructura empleo, comercio y servicios públicos, al tiempo que el sistema eléctrico encara una década de transición con interconexiones limitadas y con el almacenamiento eléctrico todavía insuficiente y en expansión. En este contexto, la opción más razonable no es un sí incondicional ni un no abrupto, sino un sí con fecha de caducidad y condiciones exigibles.

Ese “sí condicionado” no pretende detener la transición, sino darle seguridad mientras madura. Su legitimidad descansa en unos pocos compromisos claros. Primero, que parte de los ingresos dependa de estabilizar la red —inercia, control de tensión, reservas— y no solo de producir energía. No se trata de pagar por existir, sino por prestar un servicio medible que reduzca vulnerabilidades en momentos críticos (¿les suena?). Segundo, que la prórroga sea corta y revisable: tres a cinco años como máximo, con hitos anuales que permitan recortarla si los sustitutos —almacenamiento, refuerzos de red, proyectos industriales— llegan a tiempo. El tiempo extra es un puente, no un derecho adquirido.

El territorio exige además resultados visibles. No bastan las declaraciones; se necesitan entregables con calendario: un canon anual pactado y actualizado, obras concretas cada año que refuercen servicios (salud, movilidad, vivienda), empleo local protegido en la transición y un programa de formación con inserción para jóvenes. Podría resumirse en un acuerdo breve, sin letra pequeña, que incorporase penalizaciones automáticas si no se cumplen los compromisos. El éxito no será retórico: se medirá cada trimestre en un tablero público con pocos indicadores, pero comprensibles.

Hay, asimismo, una condición que no admite eufemismos: prorrogar añade residuos. Un acuerdo serio lo reconoce con una cuenta separada destinada específicamente a cubrir el coste adicional de gestión y con un plan de mejora de los almacenes temporales allí donde sea necesario. Conviene explicitar, de manera sencilla, el “residuo marginal” asociado a cada año adicional: cuánto es, cuánto cuesta y dónde se guarda. Poner ese número sobre la mesa aportaría transparencia y credibilidad.

La transición solo merece ese nombre si deja una actividad nueva. Por eso el acuerdo debería incluir, en un plazo breve, un proyecto ancla no nuclear apoyado en el valor del nudo eléctrico de la central: almacenamiento, formación, mantenimiento industrial o un pequeño parque empresarial. Uno solo, bien definido —parcela, promotor, financiación, cronograma— bastaría para que el “día después” no empiece con un vacío.

El procedimiento de decisión también importa. Los referendos binarios tienden a simplificar en exceso. Es preferible una deliberación ciudadana informada que se pronuncie sobre paquetes condicionados: apoyo si se cumplen las cláusulas; retirada si no. La seguridad técnica no es materia de voto; sí lo es la licencia social vinculada a los beneficios pactados. Y, en la negociación, la coordinación comarcal y el apoyo de las asociaciones de municipios del entorno nuclear permiten ordenar peticiones y evitar asimetrías: una sola lista, un formato de acuerdo homogéneo, menos ruido y más control.

Este enfoque evitaría dos riesgos simétricos: el populismo del “todo o nada” y la opacidad tecnocrática que pide confianza sin ofrecer verificaciones. No promete milagros ni abre cheques en blanco. Propone un contrato con fecha, métricas y salidas. Si, al cabo de un año, no hay obras iniciadas, becas con inserción, canon pagado en tiempo, un proyecto ancla en marcha y la cuenta de residuos dotada, el propio diseño permite concluir —sin dramatismos— que ese sí ha caducado.

La decisión nuclear no resolverá por sí sola los desafíos del sistema ni los de los territorios; pero puede contribuir a que la transición sea ordenada. Para eso, el país necesita menos consignas y más reglas. Un sí que caduca, condicionado y verificable, podría ser una de ellas.

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Anna Garcia Hom es analista y socióloga.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este martes que la única central nuclear que ha solicitado la prórroga de su funcionamiento es la de Almaraz (Cáceres).

Aagesen, que ha hablado con EFE en la ciudad brasileña de Belém al margen de la cumbre climática COP30, ha recordado que los propietarios de las centrales nucleares pactaron el calendario de cierre en el año 2019 y son ellos a los que corresponde tomar decisiones sobre si quieren o no plantear una ampliación.

"La única ampliación de la que hemos recibido solicitud es Almaraz y por lo tanto estamos en ese proceso, donde primero hemos tenido muy claro que no íbamos a permitir que el coste de cualquier ampliación repercutiera sobre los consumidores o sobre los ciudadanos, y ahora estamos en esa fase en la cual queremos ver si la seguridad nuclear está ahí", ha comentado.

El director general de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), Paulo Santos, ha declarado este martes que las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona) están “preparadas” para alargar su vida útil, si el Gobierno abre esa posibilidad.

La central nuclear de Ascó I tiene permiso de explotación hasta 2030; Ascó II, hasta 2032; y Vandellòs II, hasta 2035. En relación con el caso de Almaraz, Aagesen ha señalado que el Gobierno esperará el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes de opinar.

"Ayer mismo realizamos el envío preceptivo al Consejo de Seguridad Nuclear. Es fundamental tener ese garante desde el punto de vista de seguridad nuclear y radiológica", ha dicho la vicepresidenta.

Aagesen ha recalcado que el informe técnico "merece el mayor respeto" y por ello el Gobierno no quiere "invadir" sus competencias "ni hacer ninguna valoración directa al respecto".

El CSN tiene de plazo hasta el 1 de septiembre de 2027 para remitir al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) el informe sobre la solicitud de prórroga de explotación de la central nuclear de Almaraz.

El Ministerio de Transición Ecológica quita peso a la votación de este viernes en el Senado de la ratificación de la Ley de Movilidad Sostenible, en la que el PP ha colado una enmienda que modifica la legislación sobre el cierre nuclear. En apariencia, este cambio de última hora amenaza una de las principales iniciativas de la exministra Teresa Ribera, el progresivo cierre de los siete reactores que funcionan en España, pero los técnicos de este ministerio consideran que la enmienda "no introduce cambios relevantes" ni garantiza la supervivencia de las centrales.

Las tres centrales nucleares españolas que deben cerrar antes de 2031 –Almaraz (unidades I y II), Asco I y Cofrentes– recibieron en los últimos años una última prolongación de su vida útil en la que queda por escrito que, una vez caducado este permiso, se procederá al "cese definitivo de explotación". Sin embargo, aprovechando su mayoría en el Senado, el PP introdujo la semana pasada una enmienda sobre la Ley de Movilidad Sostenible que elimina del texto esa coletilla final. De esta manera, se abre la puerta a que ninguno de los reactores tenga que cerrar, pero el Gobierno cree que se trata simplemente de un cambio semántico.

Los técnicos del ministerio inciden en que en las últimas semanas ha quedado patente que el Gobierno no tiene problema en renegociar el cierre de las centrales si así lo solicitan las eléctricas, por lo que ese "cierre definitivo" está supeditado a los planes de negocio de las energéticas y a la valoración final del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). "Los titulares [de las centrales] han presentado su solicitud hace varias semanas, sin necesidad de que se modificara la orden ministerial. La enmienda intenta generar la falsa idea de que se ha conseguido revertir el carácter definitivo de cierre de las centrales al quitarlo de las órdenes ministeriales, pero no es así", explican fuentes de Transición Ecológica.

En concreto, la enmienda permite a las compañías (Iberdrola, Endesa y Naturgy) solicitar una nueva renovación de funcionamiento 18 meses antes de que caduque el permiso de operación de esas tres centrales, y concreta la documentación que deberán aportar en la petición. Estos cambios reescribirán las órdenes ministeriales que regulan la explotación de cada una de las tres centrales.

"En definitiva, lo único que se consigue con esta enmienda es crear inseguridad jurídica e introducir ruido y confusión en unos procedimientos que tienen como único objetivo garantizar la seguridad nuclear frente a las radiaciones", subrayan desde el ministerio. También recuerdan que hace apenas dos semanas han recibido una carta de las tres propietarias de la central de Almaraz (Cáceres) para posponer su clausura hasta 2030, y la decisión está ahora en manos del CSN.

Aunque el fondo de las órdenes ministeriales no varían con la propuesta, las enmiendas populares sí que introducen algunos cambios técnicos. Por ejemplo, que la petición de extensión de vida debe llegar 18 meses antes de que caduque el permiso de operación, mientras que en la actualidad no hay plazos concretos. Simplemente tiene que mandarse la carta y la documentación con el tiempo suficiente para que el CSN pueda elaborar un informe de respuesta y lo publique dos meses antes de la fecha de cierre del reactor.

La Ley de Movilidad Sostenible está garantizada, pero este jueves se votan en el Senado las enmiendas introducidas en la Cámara Alta, entre ellas la del cierre nuclear, y todo apunta que esta saldrá adelante con el apoyo de Junts y ERC. Estos dos partidos son en principio favorables a posponer la vida de las centrales para garantizar la fortaleza de su polo industrial de Tarragona, donde se ubican los reactores Ascó (I y II) y Vandellós II, que en teoría se apagarán en 2030, 2032 y 2035. En febrero, ya apoyaron una propuesta no de ley del Congreso que pedía revisar el calendario nuclear.

Los populares aprovecharon la semana pasada su mayoría en la Cámara Alta para introducir estos cambios en una ley centrada en el transporte que regula sus emisiones, impulsa los primeros planes de movilidad sostenible para las empresas y abre la puerta a abordar la pobreza del transporte y a rehacer el sistema de etiquetas de vehículos. El argumento del PP es que si la normativa habla de reducir la contaminación en las carreteras, "continuar con la contribución de la energía nuclear en el mix energético que facilite la movilidad y transporte sostenible, parece lo más adecuado".

Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), han acordado solicitar formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una 'miniprórroga' para los dos grupos de la instalación extremeña hasta junio de 2030.

En un comunicado remitido este jueves tras su asamblea extraordinaria, la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) reitera su compromiso para seguir operando Almaraz de forma "segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo".

De obtener el visto bueno, la prórroga supondría ampliar en tres años la vida útil del primer reactor de Almaraz, cuyo cese de actividad está previsto para el 1 de noviembre de 2027, y en dos años la de la segunda unidad, que, de acuerdo con el calendario actual, tendría que echar el cierre el 31 de octubre de 2028.

En una breve nota, CNAT se refiere a esta central como una "infraestructura esencial que suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a 4 millones de hogares".

Al mismo tiempo, señala, la instalación es el "principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura, generando puestos de trabajo de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias".

CNAT, que agrupa a las compañías titulares de Almaraz, sostiene además que la planta cacereña "cumple con todos los requisitos" de la revisión periódica de seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en 2020 y que está vigente, precisamente, hasta 2030.

Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz --Iberdrola, Endesa y Naturgy-- han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica una carta abogando por ampliar la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027, según ha avanzado El País y han confirmado este viernes a EFE fuentes del sector.

Fuentes de Transición Ecológica aseguran hoy que ya han recibido la misiva, si bien aclaran que en ella las tres compañías "exclusivamente trasladan su 'disposición' para ampliar el calendario de cierre" de Almaraz, pero que "no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación".

Las mismas fuentes insisten en que el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, "no ha cambiado su posición" de que para estudiar cualquier posible prórroga, ésta debe garantizar la seguridad desde una perspectiva radiológica, no suponer un mayor coste para los ciudadanos y ser conveniente para la seguridad del suministro.

Este martes, en el marco de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), ya se conoció que las titulares trabajaban en la "gobernanza" para elevar al Gobierno una petición conjunta de prórroga para esta planta.

Con motivo de esta cita, Iberdrola reiteró su compromiso con la extensión de la vida útil de esta central, en la misma línea de las posiciones manifestadas públicamente por Endesa y Naturgy. Esta última compañía insistió a comienzos de esta semana en plantear una 'miniprórroga' hasta 2030.

Desde el sector se valoró positivamente que Iberdrola diera un paso adelante y se posicionara a favor de una prórroga para Almaraz, de la que es el primer accionista con una participación cercana al 53%, por delante de Endesa (36%) y Naturgy (11, %).

Desde hace meses, especialmente después del inédito apagón peninsular del pasado 28 de abril, el debate sobre la vida útil de las nucleares se ha intensificado.

Fuentes de Iberdrola consultadas tras la reunión de la Junta de CNAT defendieron que la energía nuclear "es clave para la seguridad de suministro, la estabilidad de precios y la descarbonización".

La central de Almaraz cubre el 7% de la demanda eléctrica anual de España y genera, cada año, el equivalente al consumo de cuatro millones de hogares nacionales.

A tenor del documento de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), hasta el 31 de diciembre de 2024 la planta extremeña tenía una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde origen de cerca de 630.000 gigavatios hora (GWh), siendo la instalación de "mayor aportación al sistema eléctrico nacional".

El cierre de su primer reactor está previsto para el 1 de noviembre de 2027, mientras que el del segundo, para el 31 de octubre de 2028.

En 2019, las compañías propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) acordaron un calendario de cierre en el que se prevé el cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en España en el horizonte temporal 2027-2035.

Si no se modifica, la primera en cerrar será Almaraz. Ya en 2030 se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II y Trillo. 

La politización de asuntos de interés general todo lo enturbia. Ahora estamos en plena campaña de la derecha en apoyo de la energía nuclear y, en consecuencia, de la izquierda en contra. El despliegue del lobby atómico estos días es tan arrollador que impide un debate argumentado sobre si es conveniente, o no, alargar la vida útil de las centrales nucleares hasta que se logre el almacenamiento de la energía.

"¡Que viene el apagón!", amenazan, como si atemorizas a un niño con el lobo. Mientras, está en marcha una estrategia dirigida a crear confusión con un tema muy técnico que tiene al Gobierno atrapado entre Sumar y PP-Vox. Resulta que el 1 de noviembre comenzaría el predesmantelamiento de las centrales nucleares con Almaraz al frente previsto para el 2035, según el plan que ellas mismas firmaron con Enresa. Lo que ha provocado el renacer de una polémica que, como el aborto, parece de otra época. 

Si la energía nuclear es tan genial y no está prohibido construir una central, Feijóo y Abascal deberían animar a las eléctricas a levantar una al lado de su casa. Lo que se llama educar con el ejemplo. Ya lo hizo Celia Villalobos con los huesos durante la crisis de las vacas locas o Arias Cañete con los yogures caducados. El problema es que los inversores no quieren meterse en un negocio que no es rentable si hay que partir de cero y que conlleva un alto coste de almacenamiento y gestión de residuos radiactivos.

No veas qué marrón. Porque un molino eólico se desmonta en un día pero en donde ha habido una central nuclear hay que custodiar durante siglos algunos residuos. En 2009, el Congreso planteó montar un cementerio nuclear (ATC) en un municipio de Guadalajara pero la oposición social y política fue tal que se abandonó el asunto. Así que cada una de las siete centrales que hay en España tiene que asumir sus residuos.

Las eléctricas carecen de interés en construir nuevas centrales, pero les conviene mucho que las actuales sigan funcionando ahora que ya están amortizadas. Y a cambio de pedir permiso para seguir funcionando chantajean al Gobierno para que les quite los impuestos que el nuevo gurú económico del PP, Alberto Nadal, aprobó en 2013 cuando era secretario de Estado de Energía y que enfureció al sector. Tranquilos, que para eso ha vuelto ahora, para prometer eliminarlos en cuanto regresen al poder. Lo de siempre. Cuando gobiernan suben impuestos y crean otros nuevos, pero en la oposición se quejan de los que ellos mismos se inventaron. 

Ahí está la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que acaba de renunciar a 40 de los 80 millones que la central de Almaraz ingresaba a su comunidad gracias a su tasa ambiental autonómica. Le ha obligado Vox como condición para apoyar los presupuestos. El pasado mayo ya lo había hecho Mazón, perdonó la ecotasa a la central de Cofrentes a pesar de los más de 5.000 millones que había ganado en 2024. Los presidentes del PP exigirán luego al Gobierno más ingresos porque les faltan para garantizar los servicios públicos a valencianos y extremeños.

En estas, reaparece Red Eléctrica, que cuenta con más redes y más energía que nunca, a pedir auxilio a la CNMC, dando un golpe de gracia a las renovables, que tendrán menos protagonismo en el sistema frente al aumento en el mix de las centrales de ciclo combinado de gas porque no es capaz de gestionar el tráfico y busca cubrirse las espaldas. Un contexto perfecto para polarizar y entonar ‘Nucleares, sí. Por supuesto’, la irónica canción de Aviador Dro en los años 80, en respuesta al lema de la izquierda 'Nucleares, no. Gracias', cuando el debate sobre la energía nuclear estaba en su apogeo.

A finales de junio, una misión científica francesa analizó el estado de algunos de los miles de bidones con residuos nucleares vertidos por varios países entre 1949 y 1982 en el Atlántico, en aguas internacionales, que no están siendo supervisados ​​periódicamente por España ni por ningún organismo internacional. Tres meses después, el Gobierno español ha respondido oficialmente al Senado, a preguntas del BNG, que las competencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se limitan al control de la radiactividad en territorio español o en sus aguas territoriales. Una respuesta que ignora las diversas preguntas expresas formuladas al Gobierno sobre si ha llegado a algún acuerdo con Francia u otros organismos internacionales para conocer el estado de los residuos o qué medidas adoptará al respecto.

La respuesta que el Gobierno español da ahora al Senado por las preguntas del BNG es similar a la que, durante el Gobierno del PP, dieron varios ministerios y organismos estatales en 2017 como parte de una amplia investigación de Praza.gal que reveló que nadie supervisaba regularmente los bidones nucleares. En esa respuesta coincidieron, entre otros, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que dependían de los entonces ministerios de Agricultura y Medio Ambiente o de Economía, Industria y Competitividad.

Ahora, como entonces, el Gobierno insiste en que España analiza la radiactividad que llega a la costa, sin detectar hasta la fecha ninguna señal de alerta. Estos análisis están supervisados ​​por la Unión Europea, la última vez en 2021, como informó entonces Praza.gal, con conclusiones favorables para España, aunque con recomendaciones de mejora respecto a la periodicidad de los análisis de los alimentos marinos.

Pero más allá de eximir al CSN de la responsabilidad de analizar los residuos vertidos en aguas internacionales, el Gobierno español no ha respondido a las diversas preguntas específicas que se le formularon. Entre otras cuestiones, la senadora del BNG, Carme da Silva, preguntó qué información tiene el Gobierno sobre el estado de los depósitos nucleares, si ha tomado alguna medida para conocer la situación actual, si ha solicitado seguimiento a la Unión Europea o al Organismo Internacional de Energía Atómica, si ha establecido canales de comunicación con el Gobierno francés para conocer los detalles de su misión y, en general, qué medidas prevé tomar el Gobierno en este asunto.

El Gobierno no responde a ninguna de estas preguntas en el Senado, ignorando en su respuesta oficial a la Cámara Alta los bidones en aguas internacionales y la reciente misión francesa. Incluso llega a afirmar que "cualquier información de la cual pudiera disponer este organismo, sería informada y comunicada", algo que no hace en su respuesta oficial. Esta postura la adopta no solo en respuesta a la pregunta de la senadora del BNG, sino también después de que el Parlamento gallego exigiera por unanimidad en 2018, tras la investigación de Praza.gal, un mayor interés por los residuos nucleares.

En cuanto a la misión francesa, de la que nada dice ahora el Gobierno español, sus primeras evaluaciones de los residuos revisados ​​—3.355 barriles a unos 650 kilómetros de Galicia, una fracción muy pequeña de todos los residuos vertidos al Atlántico durante décadas— indican que no hay radiactividad significativa en las proximidades de los bidones, algunos de ellos "prácticamente intactos" y otros "extremadamente degradados". Los análisis continuarán en el laboratorio y se realizará una segunda campaña en la zona de los vertederos en uno o dos años.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea cancelar dos parques eólicos marinos en Massachusetts (EE.UU.) de una filial de Iberdrola en el país, según el Departamento de Interior y Justicia de Estados Unidos, según informa EFE. 

El Departamento de Justicia estaría preparándose para revocar los permisos otorgados por la Administración del expresidente Joe Biden a Avangrid, subsidiaria de la empresa española. 

El proyecto, conocido como New England Wind 1 y 2, iba a ser instalado frente a las costas de estado de Massachusetts, al noreste del país, y estaba previsto que abasteciera a unas 400.000 viviendas. 

Este es un nuevo ataque de la cruzada de la Administración de EE.UU. contra las energías limpias. 

El pasado viernes retiraron 679 millones de dólares en fondos federales para doce proyectos eólicos marítimos. 

El mayor de ellos, llamado Humboldt Bay Offshore Wind, iba a estar situado en el norte de California y estaba presupuestado en 427 millones de dólares. 

Unos días antes, el Gobierno ordenó también suspender la construcción de un parque eólico frente a la costa de Rhode Island completado en un 70 % y aprobado por el Gobierno de Biden, argumentando que debía ser revisado por "intereses de seguridad nacional".

En su última reunión de gabinete, celebrada el 26 de agosto, el mandatario aseguró que no permitirá "la construcción de ningún molino de viento" por ser poco estéticos y supuestamente tener un gran impacto ambiental, mientras que defendió el carbón y la energía nuclear. 

Según explicó Avangrid en un comunicado cuando se le adjudicó la licitación, el proyecto iba a crear miles de empleos en la zona. 

"Reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, equivalente a retirar 300.000 automóviles de gasolina cada año. El proyecto creará más de 4.400 empleos a tiempo completo y traerá 3.000 millones de dólares en inversión local", apuntó la compañía.

Una vez finalizada la crisis derivada de la Covid-19, la implicación de la industria energética con las energías renovables se está perdiendo. La cruda realidad económica y política está haciendo que las grandes petroleras pierdan el apetito por la transición verde. Por ejemplo, la petrolera BP, que en su día se esperaba que fuese el abanderado del cambio dentro de la industria, ha echado por tierra todos los avances realizados en pro de la producción masiva de petróleo y gas. Su director ejecutivo, Murray Auchincloss, ahora nos deja algunas perlas como “hacer crecer la inversión en upstream [extracción]” o producir “energía con un alto margen de beneficio en los próximos años”. Lo bonito que tenía el discurso de la transición energética, desaparece de un plumazo cuando el esfuerzo por el cambio no compensa económicamente.

El porqué de este cambio es sencillo de entender. Problemas en el suministro, la subida de los tipos de interés, y la inflación ha hecho que los costes de las energías renovables y los proyectos asociados se disparen. Además, la invasión rusa de Ucrania hizo que los precios de los combustibles se disparasen, ocasionando beneficios récords para las petroleras. Y como no, los inversores son conscientes de ello. El valor de BP cayó más de un 25% en dos años, debido a su apuesta por las renovables. Mientras tanto, al otro lado del charco, ExxonMobil disfruta de un repunte sin precedentes en su valor debido a su apuesta centrada en petróleo y gas.

El cambio no es aislado, ni mucho menos. Gigantes como Shell, Equinor, TotalEnergies y Enel han recortado considerablemente sus esfuerzos en energía renovable, reduciendo así sus objetivos de emisiones cero e invirtiendo más en combustibles fósiles. Wael Sawan, director ejecutivo de Shell, califica la reducción en la producción de combustibles fósiles como “peligrosa e irresponsable” (link). Por su parte, Equinor ha retirado formalmente su objetivo de invertir la mitad del CAPEX anual en proyectos con bajas emisiones. TotalEnergies ha recortado en 500 millones de dólares su prepuesto en tecnología verde. Enel no se queda atrás, con una reducción de 5.000 millones de euros en sus esfuerzos por las renovables.

Lo más gracioso de todo esto es que los inversores agradecen y aplauden esta decisión. El precio de ExxonMobil ha crecido más de un 70% desde 2019. Debido a las presiones por parte de los inversores, ahora BP va a invertir 10.000 millones de dólares anuales en petroleo y gas, mientras que recorta en 5.000 millones su compromiso con las renovables. No solo el apoyo viene de Wall Street, sino también de los gobiernos. Con la entrada de Trump y su “drill, baby drill”, las políticas climáticas brillan por su ausencia, haciendo que las petroleras tengan luz verde para seguir apostando por la energía convencional. Con estas políticas cada vez más extendidas, la ciencia y el cambio climático quedan en un segundo o tercer plano.

Activistas climáticos califican esta postura de imprudente y muy peligrosa. Greenpeace advierte de que esto es una prueba para ver que las petroleras no pueden ser parte de la solución a la crisis climática (link). El grupo 350.org argumenta también que las ganancias a corto plazo para los accionistas son incompatibles con los objetivos a largo plazo de la transición verde. Paradójicamente y de forma paralela, algunas voces dentro de la industria petrolera sostienen que los combustibles fósiles jugarán “un papen crucial en la transición durante mucho tiempo”.

El panorama actual es claro: si la transición no es rentable, no se va a hacer. Las empresas (no solo las petroleras) se dedican a ganar dinero, no a salvar el planeta. Siendo conscientes de ello, y hasta que el cambio no empiece a ser rentable, debemos de aceptar (aunque no guste) esta realidad.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Diferentes amigos me han preguntado si no resulta contradictorio o hasta confuso que exista la denominación de “Transición Ecológica”, ejemplificada en un Ministerio dedicado a este fin, y que al mismo tiempo la “Transición Justa” sea una secretaría clave en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. ¿No suenan ambos términos como algo separado o incluso opuesto? La respuesta es que no, lejos de ser excluyentes o antagónicos son conceptos que se complementan y se necesitan mutuamente para afrontar uno de los mayores retos de nuestra sociedad: cambiar el modelo productivo hacia un futuro sostenible sin dejar atrás a nadie.

La Transición Ecológica es un proceso amplio y urgente: adaptar nuestra economía, sociedad y sistemas energéticos para reducir el impacto ambiental, mitigar el cambio climático y preservar los recursos naturales. Consiste en impulsar el uso de energías renovables, la eficiencia energética, la conservación de la biodiversidad, la movilidad sostenible y la economía circular. Es una transformación profunda hacia un modelo que, en el fondo, busca la supervivencia y el bienestar de las próximas generaciones y la salud del planeta.

Pero este proceso de cambio puede tener impactos sociales y económicos difíciles de manejar. Ahí entra la Transición Justa, un concepto clave que tiene su propia estrategia y políticas concretas. La Transición Justa se focaliza en que la transformación ecológica no deje a nadie rezagado, especialmente a los trabajadores, territorios y sectores económicos que más pueden sufrir las consecuencias de este cambio. Por eso, busca maximizar las oportunidades de empleo que genera la economía verde, proteger las condiciones laborales, dar apoyo a la formación profesional y asegurar una redistribución equitativa de los beneficios.

En España, la Estrategia de Transición Justa incluye planes específicos para comarcas donde la transición energética puede generar dificultades, por ejemplo, en regiones cuya economía depende de sectores vinculados al uso de combustibles fósiles. Esta estrategia sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y está alineada con el Acuerdo de París. Su objetivo es que los procesos de descarbonización y modernización industrial no solo sean efectivos desde el punto de vista ecológico, sino también justos y socialmente beneficiosos para todos.

Podemos entenderlo así: la Transición Ecológica marca el camino hacia un futuro sostenible y bajo en emisiones, pero la Transición Justa garantiza que ese camino se recorra con solidaridad, equidad y cuidado social. Son, en definitiva, dos caras de una misma moneda. La transición ecológica no alcanza su pleno sentido si no es una transición también justa, inclusiva y con oportunidades reales para quienes más lo necesitan.

Este enfoque integral también está presente en la legislación española, como en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021, que incluye mandatos para garantizar estrategias de Transición Justa paralelas a las políticas ecológicas. Además, la Unión Europea impulsa el Mecanismo para una Transición Justa con financiación dedicada a apoyar a regiones, empresas y trabajadores en este proceso, fortaleciendo la cohesión social y territorial en el marco del Pacto Verde Europeo.

En resumen, hablar de Transición Ecológica y Transición Justa no es hacerlo de términos separados, sino visibilizar que la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente solo pueden y deben ir acompañadas de políticas que garanticen la justicia social, la creación de empleo de calidad y la igualdad de oportunidades. Son conceptos que se complementan, que simplemente enfatizan enfoques distintos pero perfectamente alineados de un desafío común.

Así que cuando escuches sobre el Ministerio de Transición Ecológica y, al mismo tiempo, sobre la Secretaría de Transición Justa en el PSOE, piensa en que se está trabajando en equipo para configurar un futuro sostenible, moderno y, sobre todo, justo para todas las personas y territorios. Porque avanzar hacia una sociedad respetuosa con el planeta, es una tarea que debe hacerse considerando tanto la urgencia ambiental como la necesidad de justicia social. Solo así la transformación tendrá sentido, legitimidad y fuerza real para perdurar.

José González Arenas es secretario de Medioambiente del PSOE de Córdoba

El cero absoluto que experimentamos el lunes 28 de abril, hace ya casi cuatro meses, fue un cisne negro de libro, con toda su improbabilidad. Llevan cruzándosenos unos cuantos de ellos en la última década, inaugurada por las decepciones del brexit y el primer triunfo de Trump en 2016, un año muy duro de asimilar.

Un cisne negro es un evento muy improbable, pero de efectos catastróficos. Aunque el origen de la catástrofe pueda ser un evento natural, la magnitud e impacto de sus efectos son en gran medida consecuencia directa de decisiones humanas con autoridad. A la DANA, a las 7291 muertes de las residencias madrileñas y a los incendios que nos asolan me remito.

Volviendo al apagón, mi recuerdo de la experiencia, salvo las lamentables cinco muertes a él atribuidas de forma directa, no fue catastrófico. Con toda seguridad, podría haberlo sido si su duración hubiera sido mayor, si hubiera sucedido en otra época del año más fría, o más calurosa, o con menos horas de luz natural. Recuerdo estar más dedicada a fijarme en lo que estaba sucediendo y cómo reaccionábamos que en prepararme para un eventual confinamiento incomunicado. Siempre tengo víveres y esenciales en casa; viví tres años convulsos en La Paz donde aprendí y adopté prácticas domésticas que no he abandonado. Y mantengo mis fogones de gas natural —incoherencia que asumo— y un transistor a pilas en la cocina.

Una vez comprobado que mi entorno más cercano estaba bien y a resguardo, me dio bastante igual quedarme incomunicada. Me pilló además en casa teletrabajando y a mis hijos en el instituto, a 15 minutos andando. Solo tenía dos preocupaciones personales: mantener la temperatura de mi congelador abarrotado y comunicarme con mi equipo, a quien quería pedir que al día siguiente teletrabajara, lo que conseguí pasada la medianoche.

No tuve la preocupación que tuvieron, por ejemplo, las personas electrodependientes, sus familiares, amigos y personas cuidadoras. Personas que requieren respiración asistida o dispositivos eléctricos, ya sea por discapacidad o por lo avanzado de su edad. Miles y miles de las que, a diario, y sin apagones, no nos acordamos.

Me entusiasmé incluso imaginando que se nos había presentado una oportunidad en modo “contrafactual”, esa situación inédita, difícilmente replicable, incluso éticamente cuestionable que nos permite asomarnos a un “qué hubiera pasado si”, de la que extraer aprendizajes, conclusiones y recomendaciones.

Procuro desde ese día entender mejor las implicaciones de la transición energética y por qué es tan aparentemente inasumible en plazos razonables. Leí y creo que entendí, con ayuda de muchas personas a las que sigo en redes sociales, el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprobaron medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico y que decayó a los treinta días por decisión del Congreso de los Diputados; un despropósito difícil de entender. He asistido a seminarios, conferencias y encuentros sobre cambio climático organizados por partes interesadas muy diversas, desde la academia hasta inversores, pasando por movimientos ecologistas y gentes pioneras en el autoconsumo, incluidos regidores municipales valientes. He leído unos cuantos libros que explican muy bien, y con el optimismo que brinda identificar oportunidades, el reto de la transición.

Con todo ello, he conseguido actualizar mi fondo de armario sobre el tema y concretar algunas reflexiones, que comparto:

Una, que los combustibles fósiles en todas sus formas, incluido los plásticos, son el enemigo que batir, la rémora de la que independizarnos, un modelo caduco que nos venden como inevitable.

Dos, que el debate energías renovables vs energía nuclear es tan espurio que se desvanece una vez se ponen sobre la mesa, sin engaños ni desinformaciones, todos los costes, los riesgos y las externalidades presentes y futuras. Y cuando se desvela quiénes, en realidad, se espera que carguen con ellas. La nuclear no es barata, ni limpia, ni segura; las renovables sí.

Tres, que el autoconsumo es una parte importantísima de la solución, una condición necesaria, aunque no suficiente, que nos libre de combustionar. Sin embargo, está resultando una tarea absurdamente complicada, lenta e imprevisible por cómo está diseñada la gobernanza del asunto, por los incentivos perversos y las ansias de acaparar de las grandes energéticas de alma fósil.

Cuatro, que quien invierte en nuestra salud energética, sea grande o pequeño, persona jurídica o natural, pública o privada, necesita que las variables con las que se toman decisiones, como los incentivos y las reglas de juego, sean previsibles, comprensibles, transparentes y justas. Muchas, si no todas, esas variables que son condiciones necesarias son resultado de decisiones políticas, jurisdiccionales y administrativas. A la mano invisible del mercado se le puede y debe orientar.

Cinco, que necesitamos un Pacto de Estado y, para ello, elegir decisores políticos solventes y competentes en la materia, que velen por el interés general y no solo por el suyo familiar y patrimonial. Y demandar que juezas y jueces estén debidamente formados en sostenibilidad, como lo han necesitado estar, por ejemplo, en igualdad (de género).

En definitiva, que necesitamos urgentemente pasar de pantalla, de una sucia, subyugante, ardiente y fósil, a una limpia, emancipadora, fresca y solar. ¿Quién da la vez?

Cuando se critica, con los datos en la mano, el desproporcionado coste de construir nuevos reactores nucleares en el mundo, los defensores de la energía nuclear siempre oponen el mismo caso. Es el de la central nuclear de Barakah, en los Emiratos Árabes, una central con cuatro reactores coreanos APR-1400 que suman 5.600 MW de potencia total. El coste de construcción de esta central acabó alcanzando los 32.000 millones de dólares, lo que implica un coste de 5,7 millones de dólares por MW instalado, un coste bastante más bajo del que vemos en Occidente. Sin ser ni mucho menos barato, se suele usar como ejemplo de la viabilidad económica de ofrecer electricidad descarbonizada de origen nuclear 24 horas, siete días a la semana.

En enero de 2025, en el mismo país, se anunció un proyecto de energía solar con baterías para proveer de electricidad “las 24 horas del día”. Es un proyecto de 5,2 GW de potencia fotovoltaica y 19 GWh de capacidad de almacenamiento en baterías, que se ha comprometido a ofrecer 1 GW de potencia en base, como si fuese una central nuclear. En mi opinión, hacer esto no tiene ningún sentido para un sistema eléctrico moderno, donde ni la demanda es plana ni las necesidades de electricidad son iguales cada hora. Pretender que la generación solar funcione como una central nuclear es como pedirle a un coche que vuele, es forzar a una tecnología a trabajar de la forma más desfavorable para ella y, por tanto, sobredimensionar los costes y las inversiones para que pueda hacerlo.

Pues bien, a pesar de eso los promotores del proyecto hicieron lo que le pidieron y ese proyecto de 5,2 GW/19 GWh costará 6.000 millones de dólares. Como este proyecto simula una generación de 1 GW en plano, comparativamente cuesta lo mismo que un “GW nuclear” de la central nuclear de Barakah. Y ojo, esos 5,2 GW solares pueden generar un 30% más de electricidad que un GW nuclear. Pero lo más curioso es que, si atendemos a los costes de instalar energía solar y estimamos cuánto podrían costar esas baterías, salen cifras bastante superiores a 120.000 $/MWh de almacenamiento. Y eso, para un proyecto de estas dimensiones, es bastante caro.

Tan solo tres meses después, la empresa Power China hizo una licitación para 16 GWh de almacenamiento en su país. El coste medio de la licitación quedó en 66.000 $/MWh… No me estoy equivocando, ese fue el coste, y con garantía de mantenimiento durante 20 años. Podemos añadirle un 10% más por la obra civil y otros costes de instalación, pero el coste es aún así mucho más bajo que el proyecto de Emiratos. Es verdad que China es especialmente barata en cuanto a instalación de baterías, pero lo que estamos viendo es que los costes que hay en China se trasladan al resto del mundo alrededor de un año o año y medio después. Vamos a ver costes de almacenamiento por debajo de 100 $/kWh en muy poco tiempo en nuestros países. Ya estamos viendo proyectos en los 100€/kWh en Europa. Y con esos costes, una generación en base con solar y baterías será sustancialmente más barata que el mejor proyecto nuclear posible.

Las energías renovables hace tiempo que son mucho más baratas que la energía nuclear. Un MW fotovoltaico cuesta 700.000$. La central nuclear más barata, Barakah, 6 millones por MW. La más cara, la británica Hinkley Point C, está en 15 millones el MW. A nivel de coste de generación, el coste de un MWh solar está entre 4 y 8 veces por debajo de la nueva nuclear. A pesar de esto, el sector nuclear siempre ha apelado a la necesidad de generación en base para intentar minusvalorar esta realidad, pero proyectos como los de Emiratos Árabes demuestran que la tecnología de almacenamiento ya ha desmontado esa excusa.

Que ya seamos capaces de poner a una planta solar a funcionar como una central nuclear sin coste de combustible, sin costes de desmantelamiento y gestión de residuos ni remotamente comparables, y lo podamos hacer a un coste de inversión menor, es sin duda la certificación de que las nuevas tecnologías renovables han superado a la nuclear en todos los aspectos. Y cada día que pasa la diferencia a favor de las renovables se acrecienta.  

A pesar de esto, muchos países siguen empecinados en desarrollar nuevas nucleares. El Reino Unido, después del enorme fiasco económico y en tiempos de Hinkley Point C, ha decidido perseverar en el error y va a construir Sizewell C, una central esencialmente gemela a la anterior. Se hizo creer durante años que el coste sería mucho menor, pero hace unas semanas se confesó que la cifra había escalado un 90% y ya se habla de 50.000 millones de dólares de inversión. De nuevo, 15 millones de dólares el MW, y eso que el gobierno tendrá casi la mitad de la propiedad de la planta y ofrecerá préstamos públicos.

Más países siguen empeñados en esta línea. Algunos por ideología (la energía nuclear se ha convertido en un fetiche de las derechas radicales), otros porque están condicionados por sus industrias nucleares nacionales y los menos por ausencia de recurso renovable. Algunos países parecen querer dejarse liar por promesas y burbujas sobre baratos pequeños reactores modulares, que todo apunta a que no solo no serán más baratos, sino que de entrada pueden ser todavía más caros. Llevamos décadas de promesas sobre una energía nuclear “demasiado barata para medirla” y, 70 años después, no solo no hemos visto nada ni remotamente parecido, es que vemos una energía más cara de lo que era hace medio siglo. Quienes no hacen caso a las lecciones de la historia están condenados a repetirla. Los que además se autoengañan, proyectan Sizewell C. 

Estamos en medio de una revolución sin parangón de las energías renovables y el almacenamiento. Si hay una energía que verdaderamente es demasiado barata para medirla, esa es la energía solar. Viendo las tendencias tecnológicas y de rápido desarrollo de las baterías, en breve tendremos posibilidad de almacenar energía con muy poco coste adicional. Que se siga apostando por la energía nuclear como estrategia de descarbonización es sencillamente de una miopía estratégica pavorosa.

Pedro Fresco es exdirector general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana.