España cerró 2025 con un déficit público de 40.330 millones de euros, un 2,39 % del PIB (incluido el impacto de la dana), con lo que cumple con el objetivo comprometido con Bruselas (2,5% del PIB) y marca el nivel más bajo desde el estallido de la crisis financiera.

De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria publicados este martes por el Ministerio de Hacienda, el déficit público se redujo en 2025 en 10.937 millones de euros, un 21,3%, con respecto a 2024. Esto supone un descenso de 0,83 puntos con respecto al dato global de 2024 (3,22% del PIB).

Si se descuenta el impacto de la dana (3.550 millones), el déficit público habría cerrado en 36.780 millones, un 2,18% del PIB, 0,68 puntos menos que el dato de 2024 que incluía el gasto asociado a la catástrofe.

La ejecución presupuestaria ha sufrido fuertes oscilaciones en las últimas dos décadas, al pasar de los superávits del 'boom' inmobiliario (2005, 2006 y 2007) a los abultados déficits de la crisis financiera (superó el 11% del PIB en 2009 y 2011) y la pandemia (9,9% del PIB en 2020), con correcciones posteriores que, hasta ahora, no habían ido más allá del déficit del 2,6% del PIB anotado en 2018.

"Hemos mejorado las previsiones y hemos demostrado que España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable", ha señalado el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en un comunicado.

El Ministerio de Hacienda ha explicado que esta corrección del déficit ha sido posible gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria, que aumentó un 10,4% en 2025, hasta los 325.356 millones de euros.

Según Hacienda, la mayor recaudación está relacionada con el crecimiento de la economía y las cifras récord de empleo, ya que la inflación explica solo 1,3 puntos de ese crecimiento.

La recaudación por IRPF ascendió a 142.466 millones, un 10,1% más, gracias al "dinamismo laboral"; la de IVA a 99.532 millones, un 9,9% más, por el impulso del consumo; y la del impuesto de sociedades a 42.266 millones, un 8,1% más, por los "altos beneficios obtenidos por las empresas".

El nuevo impuesto sobre las transacciones financieras recaudó 339 millones de euros.

En 2025, la administración central acumuló un déficit de 33.168 millones, un 29,26% menos y un 1,97% del PIB, a pesar del impacto de la dana.

Las comunidades autónomas, en cambio, duplicaron su déficit hasta los 6.650 millones (0,39% del PIB) debido a que la liquidación del ejercicio 2023, realizada en 2025, fue menos positiva que la del año anterior.

Ocho comunidades autónomas cerraron 2025 con superávit, encabezadas por Navarra (2,04% de su PIB) y Asturias (0,51%); mientras que los déficits más abultados se concentraron en Murcia (1,56%) y Comunitat Valenciana (1,54%).

La Seguridad Social registró un déficit de 5.580 millones (un 32,1% menos y un 0,33 % del PIB), una reducción que fue posible gracias a la buena evolución de las cotizaciones sociales.

Las corporaciones locales, en cambio, lograron un superávit de 5.068 millones (0,3% del PIB), un 28,4% inferior al de 2024.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reunido este lunes con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para presentarles la senda de estabilidad para los próximos años. Esta reunión es un primer paso para iniciar el intento de aprobación de los presupuestos generales del Estado, el gran escollo que enfrenta el Gobierno y que le ha llevado a operar con unas cuentas prorrogadas desde 2023. 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia fiscal, está liderado por Hacienda e integrado por los consejeros autonómicos del ramo. Su papel es clave antes de aprobar los presupuestos, ya que el Gobierno, antes de elaborar las cuentas públicas, debe fijar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad. Estos se presentan primero al CPFF para informar y recabar la posición de las comunidades, y después se someten a votación en el Congreso y el Senado. Solo una vez fijados, el Ejecutivo puede preparar los presupuestos, por lo que el paso por este organismo es un trámite fundamental.

Esta reunión fue el punto en el que se dinamitó, hace nueve meses, el anterior intento de negociación. En este nuevo encuentro, Hacienda propuso unos objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para el conjunto del sector público en el periodo 2026-2028 que no han tenido buena acogida desde la parte del Partido Popular. Pero en un debate fiscal tan repleto de tecnicismos, ¿a qué hacen referencia estos términos?

El concepto más amplio es la denominada senda de estabilidad. Se trata de un documento que recoge los objetivos de déficit público, deuda pública y la regla de gasto para los siguientes tres años. Por un lado, el déficit público hace referencia a la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que ingresa: cuando la primera variable supera a la segunda, se habla de déficit. Por otro lado, está la deuda pública, que hace referencia al acumulado, es decir, al dinero que el Estado o una comunidad concreta debe en total. 

“Quien propone siempre esta senda es el Gobierno y su margen no es absoluto porque debe casar sus propuestas con el marco europeo y su disciplina fiscal”, explica Elena Costas, economista y socia de la consultora KSNET. En cuanto al déficit, las políticas a izquierda y derecha también hacen variar las estrategias. “Estos objetivos pueden variar muchas veces en función del color ideológico, tradicionalmente los gobiernos de izquierdas suelen tener una política de déficit más elevada y los de derechas tienden al déficit cero”, concluye la profesora.

En lo que se ha conocido hasta ahora, el Ministerio de Hacienda habría sugerido este lunes a las comunidades un objetivo de déficit del 0,1% del PIB, para el ejercicio 2026-2028. Así, al permitir un aumento en el déficit, también se elevaría el margen de gasto con el que pueden operar los Gobiernos autonómicos, en este caso, hasta unos 5.500 millones. Este objetivo de déficit lo que hace es limitar el desajuste anual entre ingresos y gastos, es decir, determina cuánto puede gastar de más una administración. En este caso, serán esos 5.500 millones, de acuerdo a la última oferta del Ejecutivo a las comunidades. Pero si la propuesta no sale adelante, se aplicaría el objetivo de déficit anterior. Además, la oferta incluye un aumento del 7% con respecto a 2025 en las entregas a cuenta, hasta los 157.731 millones. 

“La senda de estabilidad es el mapa fiscal que marca los objetivos de déficit y deuda pública para los próximos años. Es el marco macroeconómico que condiciona todo lo demás: cuánto puede gastar el Estado, cuánto pueden gastar las comunidades autónomas y cuánta deuda adicional pueden emitir”, explica Albert Guivernau, profesor de OBS Business School y director de Fundación Civismo. “Se dice que es el primer paso para aprobar los presupuestos porque sin este marco no hay límites claros. La senda determina el espacio fiscal disponible”, concluye. De acuerdo con el procedimiento, aunque esta senda no saliese adelante, el Gobierno podría tratar de aprobar los presupuestos igualmente.

En cuanto a la regla de gasto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la define como “uno de los instrumentos utilizados para promover la sostenibilidad de las finanzas públicas”, ya que pone límites sobre cuánto puede crecer el gasto de las administraciones públicas teniendo en cuenta sus ingresos estables y sus gastos fijos. Así, si los ingresos estables aumentan, por ejemplo, con una subida de impuestos, el gasto se puede revisar al alza en esa proporción. 

“Es un mecanismo anticíclico”, explica Guivernau. La idea es limitar la velocidad a la que puede gastar una administración. “Incluso si una administración tiene superávit, no puede disparar su gasto sin más. La lógica es evitar ciclos políticos de gasto excesivo en épocas de bonanza que luego se traducen en recortes o subidas fiscales en cuanto la economía se desacelera”, concluye.

En España ahora mismo conviven dos reglas de gasto, una nacional (que está en vigor desde 2012) y otra, introducida en 2024, que viene de Europa. La diferencia sustancial está en la forma en que se calculan y en los compromisos que establecen. Por ejemplo, la regla europea obliga a bajar la deuda poco a poco hasta el límite del 60% del PIB. La española, en cambio, se calcula de forma diferente y se liga al crecimiento estimado de la economía. 

Otro término que sale al paso en este debate de forma recurrente es el denominado techo de gasto. Otro concepto fiscal, diferente de la regla de gasto, y que hace referencia al límite de gasto no financiero —es decir, el que corresponde al pago de partidas presupuestarias y no de deudas o créditos— del que no se puede pasar. Así, si la regla de gasto se ocupa de limitar la progresión del gasto público, el techo de gasto calcula dónde está el límite hasta el que se puede gastar sin comprometer la estabilidad.

“Es el paso imprescindible para empezar a elaborar las cuentas. Determina el volumen global del presupuesto: si el techo es más alto, el Gobierno tendrá más margen para gastar; si es más bajo, deberá priorizar o recortar”, explica el profesor. Quién señala también una función más política de este indicador: “Es un instrumento de credibilidad porque suele acompasar las aspiraciones políticas con las restricciones económicas”, sentencia.

Si se echa la vista atrás, desde 2016 no se han presentado los presupuestos en los plazos que corresponderían y las cuentas públicas no llegaron a Congreso ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, de ahí que operen prorrogados los de 2023, que se presentaron en 2022. En los últimos años, el Ejecutivo no ha logrado cerrar una senda de déficit, de ahí que los presupuestos quedasen también en el camino.

Si bien el Gobierno siempre ha insistido en que su intención es presentarlos, no terminan de poner plazos a esa afirmación. En lo que se refiere a la tramitación, estos objetivos de déficit, junto al techo de gasto (que no se vota), deben ser aprobados por el Consejo de Ministros este mismo martes, y posteriormente serían remitidos a las Cortes. Si el Congreso los rechaza, como ya ocurrió cuando Junts tumbó la senda de estabilidad 2025-2027, el Gobierno tendrá que volver a aprobar la senda en el plazo de un mes, con o sin cambios, y reiniciar todo el proceso.

“Todos estos conceptos previos son imprescindibles porque ofrecen las reglas para que Hacienda pueda saber como hacer los Presupuestos. El techo de gasto, el déficit, la deuda y las previsiones económicas tienen que estar en coordinadas y ser coherentes unas con otras”, concluye la profesora. Una senda compleja que, desde el punto de vista político, tampoco se presenta nada apacible.

La historia parece haber pegado un súbito acelerón en virtud del cual parece que estuviéramos abandonando algunos de los rasgos más característicos del orden global que ha regido los destinos de la especie los últimos cuarenta años. Algunos hablan abiertamente de "desglobalización" y vuelta a un orden internacional westfaliano con la recuperación de la soberanía de los Estados y la merma del papel de las instituciones globales como el FMI, la OMC, etc.

Aquel tan característico doble proceso de pérdida de competencias estatales hacia arriba (la UE) y hacia abajo (las CCAA en el caso de España) parece estar deteniéndose; por un lado, ante la dificultad de las instituciones supraestatales de mantener un papel de relevancia con la vuelta a las políticas proteccionistas. Y por otro, ante la dificultad de las entidades subestatales con competencias de elevadas exigencias financieras como son las que corresponden en nuestro país a las CCAA en materias tan relevantes como la educación, la sanidad, la dependencia o el medioambiente. Acabamos de ver cómo varias CCAA debían enfrentarse este verano a la plaga de los incendios forestales con unas dotaciones de recursos presupuestarios según los responsables políticos de las mismas insuficientes para la magnitud del problema.

Es por ello que la financiación de los presupuestos autonómicos vía endeudamiento, si en algún momento ha podido tener alguna lógica, en este momento está llamada a reducirse, especialmente ante la previsión generalizada de encarecimiento de la deuda en los mercados, especialmente la de medio y largo plazo.  

Incluso Estados Unidos, que ha operado como asegurador universal durante décadas con una deuda sostenida por los inversores y los Estados de otros países, ahora cambia de guión a través de una política proteccionista orientada –otra cosa será el resultado real de tales políticas– a reducir su cuantiosos déficits y deuda.

Francia por su parte afronta una situación tan grave, derivada entre otros factores de lo elevado de su deuda pública, que aparece amenazado el régimen de la V República.

La deuda pública, pues, cabalga cual jinete del apocalipsis y los Estados se preparan para sortearla en las mejores condiciones posibles de forma que altere lo mínimo posible las perspectivas de mantenimiento del bienestar y atención a las rentas más desfavorecidas en sus sociedades.

La propuesta de quita del Gobierno de coalición corresponde a una concepción (federal) del Estado según la cual las CCAA se dedican a gestionar la competencias sustantivas mientras el Estado garantiza la financiación complementaria de la obtenida por los tributos de las CCAA.

Acudir al mercado de la deuda exige garantías difíciles de cumplir para los deudores pequeños como son las CCAA. No parece necesario explicitar razones por las que los Estados están en mejores condiciones de acudir al mercado que las administraciones subestatales: la hacienda estatal presenta más y mejores garantías para los inversores, por lo que los rendimientos exigidos pueden ser menores. Además, y como se ha demostrado con el NGEU, el Estado puede acudir a obtener una deuda mutualizada de la UE mucho más barata en proporción a sus superiores garantías.

Al día de hoy el Estado se financia en el mercado a un coste más bajo que las CCAA. Las letras del Tesoro se están financiando entre un 3,5% y un 3,9%. Los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han supuesto un notable ahorro en el pago de intereses a las CCAA beneficiarias. Aquellas que, como la Comunidad de Madrid, han rechazado acogerse a esta vía de financiación y han acudido directamente al mercado soportan un sobrecoste significativo en lo que al pago de intereses se refiere, disponiendo de menores recursos para financiar políticas sustantivas. CCAA como Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha o Cataluña dedican más del 20% al pago de intereses de la deuda.

Aligerar el peso de la deuda, habida cuenta del adverso escenario más arriba descrito, parece una política sensata si se quiere aumentar y mejorar la calidad de los servicios públicos cuya prestación es competencia de las CCAA; reducir la carga de intereses facilitaría aumentar la prestación de servicios y las inversiones públicas (p.ej. ayudas a familias de rentas bajas, incremento de las dotaciones para dependencia, mejora de infraestructuras educativas, construcción de refugios climáticos,  planes de prevención de incendios, etc).

Una política de solidaridad como la postulada requeriría del establecimiento de algunas condiciones. Es evidente que la asunción por el Estado de una parte de las deudas autonómicas no puede ser compatible con las prácticas de desfiscalización de rentas altas que algunas practican; condicionar la quita al aumento de las dotaciones para servicios e inversiones públicas y para garantizar el incremento de la recaudación fiscal parece una razonable medida de justicia equitativa. Esta política solidaria en absoluto podría considerarse atentatoria de la autonomía política sino expresión de un acuerdo favorable a los ciudadanos de la CA afectada que verían así aumentar la cantidad y la calidad de los servicios públicos recibidos de su administración autonómica. Un acuerdo que podría servir de soporte para la definición de un nuevo modelo de financiación de las CCAA en el que estas implementan las políticas públicas de sus competencias y la prestación de servicios públicos y el Estado se ocupa de garantizar el acceso al endeudamiento minorando la carga onerosa que dificulta la primera función.

El fortalecimiento de las políticas públicas y la mejora de los servicios públicos ha demostrado ser una forma eficaz de acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, al fin una de las justificaciones centrales del Estado de las autonomías.

Porque es de esto de lo que se trata en última instancia, de garantizar el predominio de los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses de los acreedores.

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José Antonio Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.

El Consejo de Ministros dio este martes un paso más en la estrategia del Gobierno para legitimar la condonación de deuda a Cataluña haciéndola extensible al resto de las comunidades del régimen común (el País Vasco y Navarra tienen su propio modelo de financiación), aprobando el anteproyecto de ley que pretende regularla.

Sin embargo, la decisión de Alberto Núñez Feijóo de llevar su oposición a esta norma al extremo de prohibir a sus barones la posibilidad de acogerse a la quita, a pesar de las enormes dificultades que atraviesan las finanzas de varios de ellos, ha brindado a Pedro Sánchez una oportunidad de oro para poner a prueba la autoridad del líder del PP dentro de su propia organización.

Los presidentes de Andalucía, Comunitat Valenciana y Murcia llevan años clamando por más ingresos con los que hacer frente a sus obligaciones a pesar de defender —y practicar— reducciones fiscales que les han privado de recursos que ellos mismos consideran imprescindibles. Y ahora que tienen la oportunidad no solo de reducir significativamente y de un plumazo parte de su deuda, sino de deshacerse de los enormes intereses que pagan cada año por ella y mejorar su credibilidad financiera en los mercados, Feijóo les ha prohibido acogerse al procedimiento.

De momento, ninguno de ellos se ha salido de la foto y se mantienen firmes, aunque varios han especulado en el pasado con acogerse a la condonación de deuda una vez se conociese su cuantía.

El Gobierno cuenta con que todas acabarán desmarcándose de Feijóo. “¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda?”, se preguntó este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “¿Qué familia española en su sano juicio, si se le plantea una condonación de parte de su hipoteca, va a decir que no?”. “Esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades del Partido Popular que han dicho que no están de acuerdo y que van a votar en contra cuando la quita llegue al Congreso”, concluyó.

Lo cierto es que los barones del PP tienen todavía margen para mantenerse del lado de Feijóo y no acogerse a la condonación. A la ley reguladora le queda todavía un largo trámite por delante. No saldrá del Consejo de Ministros rumbo a la Cámara Baja hasta finales de año, como muy pronto. Y después tendrá que hacer frente a una tramitación de meses que ni siquiera está asegurada: Sumar ya ha anunciado que presentará enmiendas y uno de sus socios, Compromís, ya ha dicho que está en contra del modelo.

Lo que es seguro es que la norma no estará lista a tiempo para las elecciones en Castilla y León (marzo) ni, casi con toda seguridad, para las andaluzas de junio, lo que no impedirá que vaya a ser un ingrediente importante del debate electoral entre candidatos. Como mínimo, habrá tiempo para decidir hasta 2027.

De momento, las comunidades del PP están rechazando la quita con un abanico de argumentos que van desde decir que penalizará a los territorios que menos deben hasta insinuar, contra toda evidencia, que solo servirá para mutualizar las deudas de Cataluña. Galicia ha anunciado ya que estudiará si recurrir judicialmente la condonación, a pesar de que está todavía lejos de llegar al Boletín Oficial del Estado.

La mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, llegó a afirmar que “es una irresponsabilidad política sin precedentes que beneficia a aquellos que peor han gestionado y pretende mancomunar la deuda que han provocado los independentistas catalanes”, obviando que las más beneficiadas serán precisamente comunidades con presidentes del PP. De hecho, de los 83.252 millones de deuda que el Estado se ofrece a asumir, casi 60.000 corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Es decir, siete de cada diez euros.

“¿Dónde está el agravio?”, se preguntó la ministra Montero. “¿Dónde está el perjuicio que esta medida supone para otras comunidades que está denunciando el señor Feijóo y que repiten a coro los presidentes autonómicos a sabiendas de que esto beneficia a sus territorios?”. “Ya les digo yo”, añadió, “que por mucho que digan de cara a la galería, al final todos terminan firmando, porque saben que esto es bueno para el conjunto del territorio”.

En su formato actual, el proyecto del Gobierno –siempre y cuando todas las comunidades beneficiarias se acogiesen al sistema– liberaría a las comunidades de tener que devolver 83.252 millones de euros de deuda, lo que permitiría un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros que ya no tendrán que destinarse al pago de intereses y podrían ir a otras partidas presupuestarias autonómicas como las de sanidad, educación o dependencia. Supondrá, según los cálculos de Hacienda, que el Estado asuma casi el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas.

El modelo de reparto se conoce desde hace tiempo y se basa, sobre todo, en el criterio de población ajustada, un indicador que corrige la población real de cada comunidad según factores como edad, dispersión geográfica, superficie o insularidad, para repartir los recursos de manera más equitativa en función de sus necesidades de gasto. Pero tiene en cuenta otros factores: todas las comunidades deben beneficiarse de una reducción mínima de su deuda del 19% y compensar a las que tuvieron durante el periodo 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.

En términos absolutos, las que más recibirán son Andalucía y Cataluña, con quitas de 18.791 y 17.104 millones, respectivamente. Pero en términos per cápita, la quita más cuantiosa será para la Comunitat Valenciana, con 2.284 euros por habitante ajustado. El mayor porcentaje de deuda perdonado será para Canarias con un 50% del total. Pero para beneficiarse de esa reducción deben aceptar la propuesta del Gobierno; de otro modo perderán la oportunidad.

Del criterio de población ajustada sale una condonación de 60.232 millones, a los que hay que sumar otros 11.514 millones al aplicar el mínimo del 19%. 10.590 millones más se calculan de elevar la asignación por habitante ajustado a las autonomías que entre 2010 y 2022 recibieron menos que la media, y a las que se les dará lo mismo por habitante ajustado que a la Comunitat Valenciana (2.284 euros).

A esta cifra hay que añadir un ajuste adicional: las comunidades que hayan usado sus competencias para aumentar la recaudación del IRPF tendrán derecho a una condonación extra del 10%, si subieron el impuesto por encima de la media, y de un 5% para el resto. En total, 917 millones más. En la práctica, un castigo a las comunidades que, como es el caso de las gobernadas por el PP, redujeron impuestos.

Pedro Sánchez quiere demostrar que tiene la iniciativa. El lunes por la mañana lo hizo presentando las grandes líneas del pacto de Estado para la emergencia climática —que anunció en plena ola de incendios— y este martes dará continuidad a esta estrategia en un Consejo de Ministros en el que está previsto aprobar las quitas de deuda que, si ellas quieren, beneficiarán a todas las comunidades autónomas del régimen común. En medio de esas dos citas, una entrevista en horario de máxima audiencia en RTVE —emitida a través de todos sus canales y de sus emisoras de radio—, en la que sostuvo con rotundidad que no existe corrupción en el PSOE, acusó a determinados jueces de hacer política y desligó el futuro de su Gobierno de cualquier decisión judicial que pueda producirse en el futuro.

Interrogado por la periodista Pepa Bueno, exdirectora de El País y nueva presentadora de la segunda edición del Telediario en La 1 de TVE, volvió a asegurar que no supo nada de las supuestas actividades ilegales de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. “No tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción. Tengo que decirle a la ciudadanía que este Gobierno, y yo como secretario general del Partido Socialista, no he tolerado en ningún momento ningún caso de corrupción. Ninguno”.

El presidente volvió a asegurar que da por cerrada su responsabilidad destituyendo y poniendo distancia con los investigados, pese a que no existe todavía sentencia judicial alguna, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a diferencia de lo que hacía el PP, y poniendo en marcha propuestas de regeneración democrática y de mejora de los controles para evitar esos casos de corrupción.

Por primera vez, sostuvo con contundencia que “por supuesto que no hay corrupción en el PSOE. No hay financiación irregular del Partido Socialista, no la hay. Soy absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción”, subrayó.

¿Por qué no dimitió? “Mi responsabilidad no es abandonar el barco. Es tomar decisiones, por duras que sean, desde el plano político, desde el plano de la organización, y por supuesto ofrecer al país una agenda de mejora de la calidad democrática, que es lo que está haciendo este Gobierno”, explicó.

Sánchez defendió que el fiscal general no dimita, pese a haber sido procesado, con el argumento de que “es inocente. Creo en su inocencia”. Y cuando Bueno le recordó que son los jueces los que deciden eso, añadió: “Por supuesto, pero en todo caso me podrá dar a mí el beneficio de confiar en una persona como Álvaro Ortiz, el fiscal general del Estado”.

“Siempre voy a estar con aquellos fiscales y jueces que luchan contra la corrupción, que persigan al delincuente”, prosiguió el presidente. “Pero no en un caso que a mí me parece que falta consistencia en cuanto a la carga probatoria para abrir un juicio oral”.

En relación con su hermano y su esposa, sometidos también a sendas imputaciones judiciales, acudió al mismo argumento. “Por supuesto que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre. Porque es la verdad”.

Aun pensando que “la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley”, añadió: “Con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Estos son casos palmarios de que eso no es así. De que hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos”, se quejó.

“Hay jueces haciendo política y hay políticos que tratan de hacer justicia”, sentenció en una nueva respuesta. “Sin duda alguna. Afortunadamente, es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia y al Poder Judicial”.

En todo caso, insistió en asegurar que “la corrupción sistemática acabó con la moción de censura en el año 2018. He pedido perdón, estoy dispuesto a aprender, a reconocer también mis errores, pero lo que no voy a hacer es aceptar lecciones de organizaciones políticas (en referencia al PP) que no asumen esa responsabilidad, que tienen más de 30 causas abiertas y que tienen a más de 100 personas siendo investigadas por casos de corrupción muy graves”.

“¿Su Gobierno, la continuidad de su Ejecutivo, depende más de los tribunales en este momento que de su acción de Gobierno?”, le preguntó la periodista. “De la acción de Gobierno. Sin duda alguna”, respondió Sánchez, desvinculando el futuro de su Ejecutivo de cualquier decisión judicial.

Preguntado acerca de lo que no funcionó durante los incendios, Sánchez recordó que ya sabemos “lo que no funciona. No funciona la deslealtad institucional, la precariedad de los trabajadores de las comunidades autónomas que están combatiendo contra el fuego, los recortes, ni la privatización ni el debilitamiento de las políticas públicas”. Hay recursos, defendió, y evidencias científicas. “Lo que falta es voluntad política por parte de determinadas administraciones territoriales para trabajar todos a una”, precisó, culpando a las comunidades autónomas del PP.

Sánchez pidió unidad para sacar adelante su propuesta de un pacto de Estado para la emergencia climática, pero al mismo tiempo calificó de “enorme error” ver a dirigentes políticos, a través de instituciones y partidos políticos —de nuevo en alusión directa al PP—, “no hacer ni una mínima referencia a la emergencia climática”.

Defendió también la quita de deuda que aprobará este martes el Consejo de Ministros, no solo en cumplimiento de sus compromisos con Esquerra, sino porque dará “margen fiscal a las comunidades autónomas para que hagan políticas sociales, porque dejarán de pagar intereses de la deuda y, por tanto, podrán destinarlo a educación, a becas, a sanidad, a dependencia, a servicios sociales, a políticas de vivienda”.

Es una decisión asumible, recalcó, gracias a la buena gestión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se va a llevar a cabo al mismo tiempo que se reducen la deuda del Estado y el déficit público.

El presidente reafirmó también que su Gobierno presentará un proyecto de presupuestos al Congreso por primera vez en lo que va de legislatura. Y esta vez reveló que no anticipará elecciones si no consigue sacarlos adelante como él mismo exigió en 2017 a Mariano Rajoy.

“Voy a presentar los presupuestos, pero también le digo una cosa. Y quiero ser muy claro con los grupos parlamentarios. Los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin es crecer, crear empleo, como lo está haciendo la economía española. Reducir la desigualdad y hacer la agenda de transformaciones económicas. Poder vehicular y gestionar los fondos europeos, que acaban el 31 de diciembre del año 2026”. Y no tiene intención de renunciar a este fin si no logra sacar adelante “el instrumento” que, según él, es la ley de presupuestos.

“Vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales” y, si no logra que salgan adelante, seguirá gobernando con los presupuestos que tiene. “Tengo unos presupuestos que me permiten cumplir con los dos principales objetivos que antes le he dicho: hacer frente a mi agenda social, a la agenda social del Gobierno de coalición progresista, y también el poder vehicular todos los fondos europeos que tenemos de aquí al año 2026”.

Convocar elecciones, aseguró, supondría “meter al país en una parálisis: dos meses de campaña, más luego el debate de investidura. Y mientras tanto, perdiendo la gran oportunidad de transformar nuestro país con esos fondos europeos”.

“Voy a ofrecer ese acuerdo de unos nuevos Presupuestos Generales”, pero si no salen, concluyó, “tenemos todas las herramientas para poder cumplir con nuestros objetivos”.

Alberto Núñez Feijóo lleva pronosticando el apocalipsis económico desde que llegó al cargo, anticipando una recesión económica que no ha llegado y situando el foco en los indicadores económicos más negativos, a veces tergiversándolos, y pasando por alto cualquiera que pudiera ser interpretado como positivo para anticipar, en tono solemne, que España va camino de convertirse en un "Estado fallido". Así lo aseguró el líder del PP en el balance de la legislatura que realizó ante la prensa el jueves, en el que incurrió en manifiestas falsedades para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Cuando Sánchez dice que somos la economía que más crece, quiero decirles que estamos exactamente en la mitad de la tabla: 14 países de la Unión han crecido más que nosotros y nosotros estamos en el medio de los 27", señaló el jefe de la oposición. Se trata de una afirmación falsa, ya que España es uno de los países con mayor crecimiento económico de la Unión Europea en 2025 según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional y la OCDE.

Ante el relato de Feijóo, los datos. En 2024 nuestro país se situó a la cabeza de la zona euro, con un crecimiento del 3,1%, lo que el llevó al diario británico The Economist a determinar que España fue la mejor economía del mundo el pasado año. Triplicó la media de la eurozona, que fue de apenas 0,9%, superando a países como Alemania, Francia e Italia. Por ejemplo, el pasado año la economía alemana se contrajo un 0,2%, mientras que Francia e Italia registraron un crecimiento del 1,1% y el 0,7%, respectivamente. En lo que llevamos de 2025, España volvió a destacar con el mayor crecimiento trimestral, un 0,7%. Eso sí, el medio británico publicaba hace tan solo unos días un artículo en el que achacaba los buenos resultados económicos al gobierno de Rajoy y pedía a Sánchez que cediera el liderazgo o que adelantase las elecciones.

Mientras España es la gran economía avanzada que más crece pese al entorno de ralentización global, para Feijóo el mandato de Sánchez es un "bienio negro". En la citada comparecencia del jueves, trató de desmentir lo que denominó como el "triunfalismo del Gobierno" —tras el balance del socialista—alegando que "España lidera la tasa de paro general, femenino y juvenil de la Unión Europea" y que cuenta con "700.000 fijos discontinuos inactivos".

Hace solo unos meses el PP pidió a Bruselas que estos fijos discontinuos contasen como parados, algo que no sucede en España ni tampoco en las estadísticas de Eurostat, el principal indicador de la Unión Europea. Y, aunque los conservadores siguen insistiendo en que el Gobierno trata de “maquillar" las cifras, los fijos discontinuos no cuentan como parados registrados ni ahora ni cuando el PP gobernaba, por lo que no ha habido ningún cambio estadístico por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

A esto se le suma que España ha superado recientemente a los 22 millones de trabajadores, según se desprende de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre, difundida la pasada semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, hay 22,27 millones de ocupados gracias a la creación de 503.300 puestos de trabajo de abril a junio. En junio, se alcanzó además el récord histórico de mujeres afiliadas, con más de 10,3 millones, y la cifra de autónomos se situó por encima de los alcanzados en 2008, hasta los 3.421.659.

Si nos fijamos en el paro —un dato que el PP no reconoce, porque según este partido está manipulado por el Gobierno—, la situación en estos momentos (2.405.963 desempleados) es la mejor de los últimos 17 años, situándose en un 10,26%. En junio, el paro registrado bajó en 48.920 personas respecto al mes anterior (un 2% menos) y en 155.104 en términos interanuales (un 6% menos). Una bajada que se produjo, según datos del ministerio de Trabajo, en todos los sectores, en todas las franjas de edad y en todas las comunidades autónomas.

Pese a las cifras positivas, Feijóo tiene razón al situar a España como el país con mayor tasa de paro —el general y el femenino— de Europa. Sin embargo, el conservador obvia deliberadamente su caída en los últimos años desde el 27% que llegó a marcar en 2013, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y el 16,3% de la pandemia. Tampoco acierta cuando asegura que es el país que lidera la tasa de paro juvenil, una posición que ocupa Estonia, con un 25,4%.

Feijóo también aseguró que la deuda pública ha aumentado 460.000 millones de euros desde 2018, una afirmación que no se corresponde con la realidad ya que lo sitúa casi 100.000 euros por encima de la cifra real. La deuda pública además, crece a un ritmo ligeramente inferior a lo que lo hacía con Mariano Rajoy en Moncloa, pese al catastrofismo que trató de vender. A eso se le suma que en el primer trimestre de 2025, la ratio del PIB descendió en casi tres puntos, hasta el 103,5% del PIB frente al 106,3% registrado hace un año.

En relación al máximo alcanzado durante la pandemia —con el gasto totalmente disparado y la economía ralentizada—, la reducción supera los 20 puntos, aunque sí ha supuesto un repunte de 1,7 puntos respecto a 2024. A cierre de 2024, Grecia (153,6%), Italia (135,3%), Francia (113%) y Bélgica (104,7%) registraron las tasas más elevadas a cierre de 2024, con España en quinta posición. El objetivo que se ha marcado el Gobierno para 2031 es situar la deuda pública en el entorno del 90% del PIB.

El líder del PP afirmó, a su vez, que el gasto público "crece más de cuatro veces por encima de lo que crece el consumo privado", pero la realidad es que creció cuatro veces más rápido, no "cuatro veces por encima"—un 38,5% frente a un 9,2% de los hogares según datos del INE—. El conservador también obvia que la mayoría de ese gasto se debe a los ERTEs, las ayudas a empresas, los subsidios, las vacunas, y el refuerzo sanitario, el aumento de la pensiones y los salarios públicos y la subida de los tipos de interés.

El jefe de la oposición habló de "infierno fiscal" y de "97 subidas de impuestos" en la legislatura lo que ha hecho que "el 90% de los españoles declare haber perdido poder adquisitivo". Una lista en la que el PP incluye impuestos  que se aplican a grandes corporaciones y no afectan directamente a los ciudadanos como la tasa Google, que grava a grandes tecnológicas con un 3% sobre los ingresos derivados de publicidad; la tasa Tobin, que se aplica a la compra de acciones, o impuestos a las grandes fortunas, a la banca o a las energéticas.

Génova hace gala de un discurso "anti impuestos" pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó más de cincuenta subidas fiscales: aumentó el IVA —del 18% al 21%—, el IBI —del 10% para el 50% de viviendas—, Sucesiones, Patrimonio e incluso las tasas universitarias. También aumentó en cinco ocasiones el IRPF, recaudando solo con ello 10.600 millones de euros. Para el líder del PP, además, la "presión fiscal" española, que hace referencia a la recaudación de un Estado en proporción a su riqueza, es insostenible. Si se compara con la Unión Europea, es tres puntos más baja que la media.

Feijóo tampoco dijo la verdad cuando afirmó que “la inversión extranjera bruta es un 50% menor que cuando Sánchez llegó al Gobierno”. En 2018, cuando el socialista llegó a La Moncloa fue de 54.785 millones de euros, dato récord desde 1993, según DataInvex. El pasado año fue de 36.813 millones de euros, es decir, la segunda mejor cifra desde 1993, aunque un 33% inferior a la de 2018.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó este jueves a los países de la eurozona con espacio fiscal "limitado" y elevada deuda, entre los que se encuentra España, a adoptar "ajustes significativos" en sus presupuestos, al tiempo que afrontan "presiones de gasto" asociadas a los compromisos en seguridad y defensa y al envejecimiento de la población.

"Para los países con deuda alta y espacio fiscal limitado, son necesarios ajustes fiscales significativos para mitigar riesgos, mientras que los países con espacio fiscal pueden postergar el ajuste fiscal", señala el organismo global en su informe sobre el estado de la economía de la zona euro, presentado a los ministros de Finanzas de la moneda común durante su reunión en Luxemburgo.

En el texto, el FMI subraya "garantizar una consolidación fiscal ordenada y favorable al crecimiento para abordar los riesgos específicos de cada país que es vital para preservar la sostenibilidad fiscal y gestionar las presiones de gasto asociadas con el envejecimiento (de la población) y el mayor gasto en seguridad".

En cifras, recomienda a todos los países del euro, excepto a Alemania, conseguir un superávit estructural primario del 1,4 % del PIB en 2030, lo que exige "una reducción acumulada adicional del déficit de cerca de dos puntos porcentuales durante el periodo 2024-2030 en comparación con el escenario base".

No obstante, el FMI reconoce que la "necesaria" consolidación fiscal obliga a hacer elecciones "complejas" porque, "al mismo tiempo, Europa se enfrenta a presiones crecientes de gasto que están cristalizando más rápido de lo previsto".

En concreto, el organismo calcula que estas "presiones" procedentes de los mayores costes de los intereses, el envejecimiento de la población, la transición climática y la seguridad energética y la defensa "alcanzarán un 4,4 % del PIB al año para las economías del euro en 2050".

Respecto a la intención de muchos gobiernos europeos de aumentar el gasto en defensa, el informe del FMI insta a Bruselas y a los socios comunitarios a analizar su impacto en la sostenibilidad de la deuda pública y a "desarrollar planes para situar la deuda en una senda estable o a la baja en el medio plazo".

"El uso de las cláusulas de escape para apoyar el aumento del gasto en defensa de los Estados miembros debe restringirse a la fase inicial", señala el FMI, cuya directora gerente, Kristalina Georgieva, defendió en una rueda de prensa que la zona euro "debe avanzar con políticas coherentes y efectivas para aumentar su crecimiento potencial".

"Y es importante asegurar que las nuevas prioridades de gasto público se satisfagan sin poner en riesgo la sostenibilidad", apostilló.

En todo caso, el informe advierte de que los países con "bajos riesgos fiscales" que quieran aumentar su gasto para impulsar el crecimiento económico y "reforzar la resiliencia" deberían poder hacerlo y no verse limitados por las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.

De hecho, el Fondo llama a invertir de manera coordinada en aquellos ámbitos prioritarios del bloque, de forma que se afronten estos "desafíos" de forma efectiva y, al mismo tiempo, se alivie la carga sobre los presupuestos nacionales.

"Identificar las lagunas de inversión y las áreas en las que iniciativas de la UE aporten soluciones efectivas en costes puede aportar un modelo para actuaciones prioritarias, por ejemplo en inversiones en bienes públicos como la innovación, la transición a una energía limpia o la defensa colectiva", enfatiza el informe.

A tal efecto, el FMI considera que el presupuesto de la UE "tendrá que aumentar al menos un 50 % si se quieren mantener los programas actuales".

El Banco de España (BdE) ha publicado este martes el Informe de Estabilidad Financiera, donde evalúa la situación de los sectores más relevantes para la economía e identifica los principales elementos desestabilizadores. Entre los principales riesgos está la incertidumbre geopolítica y el riesgo de que una escalada en los conflictos militares abiertos en Ucrania y Oriente Medio desemboquen en trabas comerciales que vuelvan a tensionar las cadenas de suministros.

La guerra arancelaria desatada por Donald Trump también se ha convertido en un componente de incertidumbre para los mercados y el BdE señala que las políticas "de la nueva Administración de Estados Unidos, sobre las que persiste una elevada incertidumbre, han comenzado a mostrar un impacto adverso sobre la actividad y las condiciones financieras a nivel global". En este sentido el organismo también advierte de que si la inflación permaneciese alta en Estados Unidos, perjudicaría a las condiciones financieras globales y a los tipos de cambio. Finalmente, el banco se centra en la ciberseguridad como otro de los puntos a tener en cuenta y se refiere a este aspecto como un elemento "de importancia creciente para el correcto desarrollo del negocio financiero", concluyen.

En lo que se refiere a la economía nacional, las conclusiones señalan que los hogares y las familias "mejoran su situación financiera", con niveles de endeudamiento más bajos. En el caso de las familias se sitúa en el 67,9%, el nivel más bajo desde 2000 y en las empresas su proporción en relación a los beneficios se mantuvo en el 323%, por debajo de la media europea (428%). La renta de los hogares aumentó un 3,2% interanual, impulsada por "el avance del empleo y de la remuneración".

En cuanto al sector bancario, el análisis señala "una evolución favorable", con aumento en la rentabilidad y en los márgenes de intereses. Sus resultados netos consolidados en 2024 crecieron un 21% y su rentabilidad creció un 9%, pese a que los tipos de interés llevan meses a la baja. El análisis también limita el efecto negativo del impuesto a la banca: "Sin el impacto del gravamen extraordinario a la banca, aplicable tanto a los beneficios de 2023 como a los de 2024, el crecimiento interanual del resultado neto habría sido muy similar (21,7%)", es decir 0,7 puntos porcentuales superior.

La deuda pública sigue siendo uno de los escollos de la economía nacional. La situación de la ratio de endeudamiento, según el BdE, sigue "en niveles elevados", con un 101,8% del PIB, aunque es 3,3 puntos menor que en 2020. Por otro lado, en 2024, el déficit público se redujo en tres décimas, hasta el 3,2% del PIB, que según el banco sigue siendo "un valor todavía elevado". Esta cifra de déficit incluye una contribución de los gastos asociados a la dana de otoño de 2024 de 0,4 puntos porcentuales.

"El previsible incremento del gasto militar" aparece en este apartado como uno de los factores a tener en cuenta, ya que "eleva el riesgo de que el endeudamiento público español se desvíe por encima de las previsiones". Además, el envejecimiento de la población —que requiere de más recursos públicos por ejemplo en pensiones o sanidad— y la "financiación pública de parte de las transiciones digital y climática", son dos elementos que pueden contribuir a impulsar la deuda.

El organismo también advierte que esta situación complica el cumplimiento de la política fiscal y los compromisos de deuda con la Unión Europea: "El Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028 (PFEMP) presentado por el Gobierno de España y aprobado por el Consejo de la UE en enero carece de medidas concretas para su cumplimiento", concluye el documento. Sin embargo, el BdE señala que hay margen para que la ratio de déficit continúe "reduciéndose moderadamente en los próximos años".

El contexto internacional puede ser determinante para la evolución de la economía nacional. "El elevado nivel de endeudamiento público español contribuye a un crecimiento más frágil e implica mayor sensibilidad a los cambios en las condiciones de financiación por el viraje de las políticas económicas globales", advierte el informe.

De hecho, a nivel macroeconómico la política comercial norteamericana está en el centro del análisis. El análisis del Banco identifica "el viraje hacia una política comercial más proteccionista" de Estados Unidos como un elemento que podrá impactar negativamente en Europa. Lo haría, por un lado, presionando los precios al alza por las alteraciones en las compraventas internacionales; y por otro, erosionando la seguridad y provocando una caída en el gasto "como consecuencia de la menor confianza de hogares y empresas", concluyen.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo récord en 1.667.443 millones de euros a cierre de marzo, equivalentes al 103,5% del PIB, lo que supone 1,7 puntos más respecto al cierre de 2024 (101,8%) pero 2,8 puntos menos en comparación con el mismo periodo de 2024 (106,3%).

La ratio de deuda está 20,7 puntos porcentuales por debajo del máximo registrado en marzo de 2021 (124,2 % del PIB), según destaca el Banco de España en una nota de prensa recogida por EFE.

De acuerdo con los datos actualizados este lunes, la administración central acumula el grueso de la deuda pública con 1.518.333 millones, 20.600 millones más respecto al cierre de 2024.

Las comunidades autónomas aumentaron su endeudamiento en 1.989 millones, hasta un total de 338.040 millones, y las corporaciones locales incrementaron el suyo en 334 millones, hasta 22.897 millones. Las administraciones de la Seguridad Social elevaron su deuda en un millón, hasta un total de 126.174 millones.

La suma de todas las administraciones da una cifra superior al endeudamiento público total, porque hay 373.687 millones contabilizados por partida doble, dado que la administración central es la principal acreedora de las autonomías.

Trump dice que todos llegarán a un acuerdo porque “tenemos lo que todos quieren”. ¿Qué es eso que todos quieren? La democracia, ser la primera potencia… No, a lo que se refiere el mandatario norteamericano es al dólar. 

El dólar como moneda de reserva mundial  permite a Estados Unidos ser la primera potencia financiera del mundo. “El estatus de moneda de reserva del dólar produce a Estados Unidos tres principales beneficios”, explica Stephen Miran, asesor de Trump y autor de la Guía para la Reestructuración del Sistema Global de Comercio, uno de los fundamentos teóricos de la política de aranceles y de la creación de un nuevo sistema monetario, el Mar-A-Lago. 

"Ese estatus permite a Estados Unidos obtener préstamos más baratos, tener una moneda más fuerte y la extraterritorialidad financiera, lo que significa que Estados Unidos puede ejercer un control sobre las transacciones comerciales y financieras e imponer su voluntad en política exterior, destinada a debilitar a los enemigos, sin tener que movilizar un solo soldado. El estatus de moneda de reserva está íntimamente ligado a la seguridad nacional" sigue explicando Miran.

“Por cada dólar que mueven las transacciones de comercio exterior sobre las que recaen los aranceles, hay siete dólares de transacciones financieras y el billete verde es el protagonista del 80 por ciento de ellas”, comenta José Juan Ruiz en un artículo publicado en  Negocios de El País, el 13 de abril pasado, titulado “Impuestos del siglo XIX para billonarios del siglo XXI” . 

Un promedio diario de 2,9 billones de dólares es el volumen de transacciones internacionales realizadas en esa moneda, según el Banco de Pagos Internacionales. La mitad del comercio internacional se factura en dólares. Sin embargo, la ventaja más importante para Estados Unidos es que ser la potencia financiera mundial le permite tener una deuda exorbitante cifrada en 30 billones de dólares, en 2023, con una deuda por habitante que se ha doblado desde 2013, cuando era de 41.941 dólares por habitante; en 2023 fue de 90.797 dólares. 

La deuda, cuyo valor en 2025 es de 30,7 billones de dólares, se financia principalmente con los bonos del tesoro norteamericano. El valor mercado de bonos está  estimado en 46 billones de dólares. Japón es el mayor tenedor extranjero de bonos norteamericanos con más de un billón de dólares, seguido de China, con 759.000 millones de dólares, y el Reino Unido, con 723 millones de dólares. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la deuda total de ese país en manos extranjeras era en 2024 de 7,9 billones de dólares, es decir el 22,9 por ciento del total. Aunque se desconoce la cantidad exacta de bonos poseída por españoles, se cree que es una cantidad significativa. La inversión financiera española en Estados Unidos en 2024  fue de 116.800 millones de euros.

Los datos aportados indican que buena parte del excedente mundial, en parte ganado con sus exportaciones a Estados Unidos, se invierte en ese país, sosteniendo así su enorme deuda y su ejército. Además, Trump quiere que los norteamericanos, sobre todo los ricos, paguen menos impuestos, que pagaríamos el resto del mundo, entre otros mecanismos con unos aranceles elevados, como se explicará más adelante. 

Trump quiere que el dólar siga siendo moneda de reserva, pero –como señala Stephen Miran–, “recuperando parte de los beneficios que nuestras reservas aportan a nuestros socios comerciales", lo que equivale a disminuir la rentabilidad de los bonos, o a alargar su periodo, compartir más gastos de defensa y comprar nuevo armamento a Estados Unidos. Todos estos elementos, entre otros, son los que Trump pondrá encima de la mesa en la negociación con la Unión Europea. 

En 2017, el gobierno de Trump aprobó una ley de rebajas fiscales llamada Ley de Recortes e Impuestos y Empleo (TCJA por sus siglas en inglés) cuyos efectos terminan en 2025, pero que el mandatario quiere prorrogar además de añadir otra serie de rebajas fiscales. 

Según un artículo publicado por Lori Robertson en Factcheck.org, titulado “La agenda de Trump: Impuestos”,  la reforma de 2017 costará al erario público estadounidense un total de 1,5 billones de dólares en diez años. El impacto de dicha reforma en los contribuyentes fue desigual. La institución Tax Policy Center ha calculado que si la reforma se extiende en 2025, alrededor del 75 por ciento de los hogares obtendrán un recorte en sus impuestos, y el 10 por ciento pagará más. Casi la mitad de los beneficios serán obtenidos por hogares que  ganan 450.000 dólares o más en 2027. 

Las reformas fiscales en Estados Unidos desde 1980 no han hecho sino aumentar las desigualdades como se demuestra en el libro de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman titulado El Triunfo de la Injusticia. Basta con indicar que en 2019, después de la primera reforma impositiva de Trump, la renta media en el país fue de 75.000 dólares. El sector  inferior de los contribuyentes, un total de 122 millones de adultos trabajadores percibía de media 18.500 dólares, es decir cuatro veces menos que la media general. La clase media percibía 75.000 dólares (el 40 por ciento de la población adulta). La clase media alta, 22 millones de adultos, una media de 220.000 dólares y el 1% más ricos un media de 1,5 millones de dólares con grandes diferencias en ese sector compuesto por 2,4 millones de personas. 

Trump quiere prorrogar la TCJA en 2025, lo que supondrá un coste entre 4  y 4,6 billones de dólares en diez años; pero si la rebaja se extiende a otros impuestos como eliminar los impuestos a los beneficios del seguro social (un coste entre 1,2  y 1,8 billones de dólares), eliminar los impuestos a las propinas y a las horas extras entre otros, el coste total en una década puede llegar a entre 8 y 10 billones de dólares, según diversas estimaciones realizadas por el Committee for a Responsible Federal Budget, Tax Foundation, Tax Policy Center, Pen Wharton Budget Model, Congressional Budget Office, y Yale Budget Model. 

¿Quien pagará esos billones?  En buena parte los aranceles que Trump nos quiere imponer. 

En la escalada de mentiras con la que Trump acompaña sus amenazas, llegó a decir que el déficit comercial  de Estados Unidos con Europa era de 370.000 millones de dólares, cifra falsa, incluso si se considera solo el comercio de bienes, y mucho más falsa si se tiene en cuenta el intercambio de servicios. 

En 2023, con datos de la Unión Europea (UE), esta tuvo un excedente a su favor de 157.000 millones de euros en bienes, pero en intercambio de servicios (cargas por el uso de propiedad intelectual, profesionales, técnicos, científicos, de telecomunicaciones e informáticos), la UE fue deficitaria en 109.000 millones de dólares respecto a Estados Unidos, es decir el excedente comercial favorable a la UE se redujo a 48.000 millones de dólares en 2023, una cantidad que será rápidamente absorbida por los aranceles. 

Todo ello sin considerar que buena parte de ese excedente puede haber acabado en Estados Unidos en forma de inversiones financieras, productivas o en bonos del Tesoro.  

Según un análisis de Tax Policy Center publicado en el mismo artículo comentado de Factchecq, la propuesta de Trump de un arancel universal del 10 por ciento y un arancel del 60 por ciento en los productos chinos aumentaría los ingresos federales en un neto de 2,8 billones de dólares en 10 años, cantidad que aumentaría a 4,5 billones de dólares en 10 años si el arancel base es del 20 por ciento. No sabemos cuáles son los objetivos que se ha marcado el presidente en esta materia, pero hay que entender que estas cantidades son un mínimo. 

Trump lo quiere todo, o como dice Claudi Pérez en un artículo titulado ‘El cisne naranja’, “pretende usar una única flecha para múltiples dianas: reducir su multimillonario déficit fiscal, reindustrializar, recaudar miles de millones para no subir impuestos, devaluar el dólar sin elevar los tipos de interés y sin perder el estatus de divisa de referencia, la cuadratura del círculo”.

Todo ello a nuestra costa, la población del resto del mundo. No sólo quiere acabar con la democracia, no voy a recordar las múltiples muestras de ese objetivo, sino que quiere que seamos más pobres y más desiguales para que América sea más grande de nuevo. 

Ante este panorama, la respuesta de Europa, sus dirigentes y sus ciudadanos, es muy tibia en mi opinión. Parecemos más asustados que preparados para un enfrentamiento, cuando sólo una acción decidida de los gobiernos y un gran movimiento cívico ciudadano puede terminar con la dictadura que se nos quiere imponer. En Estados Unidos ya se está organizando ese movimiento cívico; ¿para cuándo en Europa y en España en particular?

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

La financiación autonómica y la deuda de las comunidades autónomas está en el centro del debate desde que el Gobierno anunció que pondría en marcha la condonación de deuda que pactó con Esquerra Republicana al comienzo de la legislatura. El importe de la medida, a la que se podrán acoger todas las comunidades autónomas, asciende a 83.252 millones de euros, un 25% del total agregado. Si sale adelante en el Congreso, algunas comunidades, como Canarias, verán condonado hasta el 45% de su deuda y otras como Valencia, la que menos porcentaje de deuda verá perdonada en la primera fase, se quedarán en un 11,5%.

La maquinaria de acuerdos parlamentarios para que se apruebe parece que seguirá en marcha hasta el último momento, ya que Junts no ha aclarado si votará a favor, aunque ERC sí que lo hará. Con la negativa del partido de Puigdemont, que pretende un perdón de la deuda restringido a Cataluña y no a todas las comunidades, el Gobierno necesitaría el apoyo del Partido Popular (PP) y se replica la situación que hace meses hizo decaer el denominado decreto ómnibus. Los populares vuelven a estar en la tesitura de dar una negativa a una medida que beneficiaría a las comunidades en las que gobiernan.

Ante la propuesta, Alberto Núñez Feijóo ha reiterado este martes su rechazo a la condonación de la deuda, pero no aclaró si las comunidades gobernadas por el PP aceptarán la oferta de Hacienda en caso de que la medida se ratifique en el Congreso. Los populares justifican la negativa alegando que es una medida que premiará a las comunidades que peor han gestionado su deuda y que se ha diseñado pensando en Cataluña. “La deuda no se condona, se trasvasa de un lugar a otro. La deuda que tenían como madrileños la tendrán también como españoles. La deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat, ahora la va a tener como español”, ha detallado. Por su parte, desde el Ejecutivo, Pilar Alegría señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el PP estaba poniendo “excusas peregrinas” y que la negativa significaba “votar en contra de los intereses de sus comunidades y de los intereses de sus ciudadanos”.

El dilema de los barones populares es si acogerse como representantes autonómicos a una medida a la que se han opuesto como partido. Por ejemplo, entre Andalucía, Valencia y Madrid, las comunidades del PP que más se beneficiarían de la condonación, suman una quita de más de 38.500 millones en deuda. Para poder acogerse, tendrían que realizar la petición formal de manera individual dentro de unos meses, cuando se apruebe en el Congreso y se concreten los detalles de la tramitación.

Ninguna de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ha aclarado si renunciará a acogerse a la condonación en caso de que saliese adelante. Aunque algunos representantes autonómicos han dejado algunas pistas. El presidente Andaluz, Juanma Moreno Bonilla, no rechazó abiertamente la fórmula, aunque sí puso el acento en que habría que conocer “la letra pequeña”. Desde Valencia, una de las regiones con más deuda, la consejera de Hacienda, Ruth Merino, señaló que votarían que no, aunque no quiso aclarar si de salir adelante la propuesta, pedirían una quita para su comunidad. Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso también se mostraba en contra de “asumir la deuda en lugar de quienes la han provocado en Cataluña”. En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, seguía la misma línea argumental acusando al gobierno de “socializar” la deuda.

El diseño del proceso tendrá tres fases de aplicación. En el primero se calcula el grado de endeudamiento de cada comunidad en las crisis financieras. En concreto, se comparan los periodos 2010-2013 (relativo a la crisis financiera y donde el gasto de las regiones creció en 109.582 millones) con 2020-2023 (aquí la crisis provocada por el coronavirus y la inflación posterior apuraron de nuevo las cuentas de las comunidades hasta una deuda de 29.272 millones). En la segunda crisis el pasivo avanzó menos que en la primera, algo que la ministra de Hacienda atribuyó al diferente abordaje que habían hecho, con respecto a las políticas de Mariano Rajoy en la primera crisis. Así, con la diferencia entre las dos cifras, se obtienen los 80.310 millones de sobrendeudamiento que calcula el Gobierno.

Una vez establecido esto, cada comunidad recibirá un porcentaje de ayuda en función de sus datos de población ajustada, teniendo en cuenta, por ejemplo, factores como las edades medias o la distribución geográfica. En una segunda fase, y con el fin de asegurar de que ninguna región quede por debajo de un 19% de condonación, Hacienda introduce correcciones para elevar la aportación a aquellas que se quedaban por debajo de esta cifra. Además, se establece una compensación adicional para las áreas territoriales que hayan mantenido al alza el IRPF entre 2010 y 2022, con el fin de “reconocer el esfuerzo fiscal”, señalan en el documento oficial.

Así, las comunidades que más dinero se llevan en este reparto serían Andalucía (18.791 millones), Cataluña (17.104 millones), Valencia (11.210 millones), Madrid (8.644) y Castilla la Mancha (4.927 millones). La deuda de las comunidades puede ser con entidades privadas o con el Fondo de Liquidez Autonómico, una línea de crédito creada por el Gobierno en 2012 y que da soporte a las regiones que no puedan o no quieran acudir a los mercados. En cualquier caso, el mecanismo cubrirá la deuda tanto si es con entidades privadas como si es con el fondo de liquidez. “Se trata de un esfuerzo sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, tengan o no deuda con el Estado”, puntualizó María Jesús Montero.

En los datos sobre deuda autonómica que elabora el Banco de España, las comunidades con mayores déficits a septiembre de 2024 eran Cataluña, Valencia, Andalucía o Madrid. Aunque las que más porcentaje de deuda sobre su producto interior bruto sufren son Valencia (40,8%), Murcia (30,3%), Cataluña (30,1%) y Castilla la Mancha (29,2%). Entre las que menos tienen están Navarra, Canarias y País Vasco, que rondan el 11%.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el total de deuda de las comunidades autónomas se incrementó hasta los 333.000 millones de euros en septiembre de 2024, un 2,4% más que un año anterior y equivalente al 21,3% del PIB. Las cifras son enormes y la gestión siempre ha planteado desafíos. Según un informe del think tank Funcas, uno de ellos es la gran diferencia de endeudamiento entre unas regiones y otras. Una brecha que va desde los 88.000 millones de Cataluña, hasta los 1.600 de La Rioja, la menos endeudada. Otro punto, son los problemas de acceso al crédito privado de comunidades muy endeudadas —que no tienen más remedio que financiarse con sobrecostes— y el alto importe de los intereses que dificulta la reducción efectiva de las deudas.

El Ministerio de Hacienda ha presentado este lunes una propuesta para que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda de todas las comunidades autónomas, una iniciativa que parte del acuerdo de investidura alcanzado con ERC y a la que se opone frontalmente el PP, que gobierna en la mayoría de las regiones, según informa EFE.

Con esta condonación, el Gobierno pretende compensar a las comunidades autónomas por el sobreendeudamiento al que se vieron sometidas durante la crisis financiera debido a los recortes en financiación, ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Hacienda ha remitido esta propuesta, junto con la metodología "objetiva y transparente" del cálculo de cuánta deuda asumirá de cada región, a todas las comunidades autónomas, que abordarán y votarán esta cuestión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles.

La vicepresidenta ha subrayado que todas las comunidades autónomas del régimen común se verán beneficiadas, incluidas las que no tengan deuda con el Estado, para no penalizar a las regiones "que pudieron y quisieron salir a los mercados", lo que implicará la asunción de deuda con terceros.

El primer escollo de la propuesta será la votación en el CPFF, que previsiblemente se salvará gracias a que Hacienda tiene la mitad de los votos, ya que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que los presidentes autonómicos de su partido la rechazarán por entender que es un "pago" a los independentistas catalanes.

La propia Montero ha admitido en la presentación que esta iniciativa parte del acuerdo de investidura con ERC y, de hecho, ha sido la formación independentista la que ha avanzado esta mañana, horas antes de la rueda de prensa, que se condonaría 17.104 millones de euros de la deuda de Cataluña.

Una vez superado el CPFF se celebrarán reuniones bilaterales técnicas con cada comunidad autónoma y, posteriormente, la propuesta se plasmará en una ley orgánica, lo que implica que necesitará una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para resultar aprobada.

La vicepresidenta confía en que la ley esté en vigor antes de final de año y a partir de entonces comenzará la cancelación de la deuda de las comunidades que se adhieran al programa -es "voluntario", ha insistido-, acompasada a los vencimientos (principal e intereses), en un proceso que se podría alargar casi una década.

Esto permitirá aliviar la carga de intereses de las regiones e impulsará su autonomía financiera, facilitando su salida a los mercados, ha apuntado Montero, que ha dicho que vería "marciano" el voto en contra de las regiones del PP, por lo que espera que velen por sus intereses en lugar de "seguir a pies juntillas" las indicaciones de Génova.

La metodología planteada por Hacienda para calcular la deuda que se condona a cada comunidad pretende hacer un reparto objetivo, que no penalice ni a las regiones que se endeudaron menos, ni a las que son más eficientes en su gasto ni a las que han subido impuestos para paliar la falta de financiación.

Así, en una primera fase Hacienda calcula que las regiones se vieron obligadas a sobreendeudarse en unos 80.310 millones entre 2009 y 2013 por la falta de financiación y reparte el 75 % de este desfase (60.232 millones) en función de la población ajustada, lo que se traduce en la condonación media del 19,3 % de la deuda.

En una segunda fase corrige estos datos para garantizar que todas las comunidades autónomas ven condonada al menos el 19,3 % de su deuda, para lo que asigna 11.514 millones adicionales a las cinco comunidades que quedan por debajo de ese porcentaje: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.

En la tercera fase se hacen dos ajustes adicionales, uno de ellos para elevar la asignación hasta el máximo por habitante ajustado (el de Comunidad Valenciana, con 2.284 euros) a todas las comunidades autónomas que entre 2010 y 2022 recibieron una financiación por debajo de la media, lo que eleva la cifra total en 10.590 millones.

El segundo ajuste premia con 917 millones a las comunidades autónomas que hayan usado sus competencias para aumentar la recaudación del IRPF -contribuyendo así, explica Hacienda, a devolver su propia deuda-, con una condonación extra del 10 % para quienes lo hayan subido por encima de la media y un 5 % para el resto.

La aplicación de estos criterios situaría a Andalucía como la región más beneficiada, con 18.791 millones condonados, seguida de Cataluña (17.104 millones) y Comunidad de Madrid (8.644 millones).

El Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, una medida que beneficiará a "todas" las regiones del régimen común, ha subrayado este lunes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En rueda de prensa, ha señalado que esta medida, que permitirá aliviar los pasivos regionales y facilitar su acceso a los mercados, se llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el próximo miércoles, según informa EFE.

La medida se conoce se produce después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, haya anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno del Estado para la condonación de un 22% de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros. Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la sede del partido, en la que ha recordado que fue uno de los acuerdos suscritos entre ambas formaciones en el marco de la investidura de Pedro Sánchez.

"Es fácil constatar que hemos ido más allá de lo inicialmente previsto", ha reivindicado Junqueras, puesto que el acuerdo entre republicanos y socialistas preveía la quita del 20% de la deuda con el FLA, frente al 22% finalmente pactado.

La medida, según Montero, va a "beneficiar a todas las comunidades autónomas", ha insistido, "tengan o no tengan deuda con el Estado", lo que implica que el Estado asumirá en ciertos casos deuda regional con terceros. "No se penaliza a las comunidades autónomas que pudieron y quisieron salir a los mercados", ha resumido.

Hacienda también ha remitido a las comunidades autónomas información sobre la metodología con la que se ha calculado esta condonación y que es "objetiva y transparente", por lo que ha confiado en que hagan "un análisis serio y riguroso" y acudan al Consejo "con afán constructivo".

Esta metodología consiste en tres fases, ha explicado Montero, partiendo de una primera en la que se calcula el sobreendeudamiento asumido por las regiones entre 2009 y 2013, que se cifra en 80.310 millones de euros. El 75 % de ese importe se reparte en función de la población ajustada, lo que se traduce en una condonación media del 19 %. En la segunda fase se fija una condonación adicional para las regiones que quedan por debajo de ese 19%.

En la tercera se hacen dos ajustes adicionales: uno para elevar la condonación de las regiones por debajo de la media a la cifra de la región con mayor condonación por habitante ajustado (Comunidad Valenciana, 2.284 euros) y otro para ofrecer condonación adicional a las comunidades que han subido el IRPF entre 2010 y 2022 (un 10 % para las que lo hayan subido por encima de la media un 5 % para las que no).

Montero ha defendido que esta propuesta está "en coherencia" con la hoja de ruta del Gobierno con las comunidades autónomas, que han visto reforzada su financiación y a las que ahora se va a compensar por el sobreendeudamiento al que se vieron obligadas durante la crisis financiera, lo que se va a traducir en menos carga de intereses y "más autonomía financiera".

"Pretendemos corregir el castigo de Mariano Rajoy a las comunidades autónomas", ha insistido Montero, que ha dejado claro que la condonación "es voluntaria" y que no tendrán que hacerlo las autonomías que no quieran sumarse "por lo que sea, que tendrán que explicar".

Montero confía en que antes de final de año pueda entrar en vigor la ley orgánica que regulará la condonación de deuda autonómica, aunque previamente la propuesta del Ministerio de Hacienda tendrá que ser aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Después habrá reuniones bilaterales técnicas con cada comunidad autónoma previas a la aprobación de la ley orgánica en primera vuelta en el Consejo de Ministros y en segunda vuelta tras el trámite consultivo preceptivo.

El Gobierno remitirá entonces el texto al Congreso "y, a partir de ahí, deciden los grupos políticos", ha dicho Montero. Una vez en vigor la ley, la cancelación de la deuda se irá acompasando a cada uno de los vencimientos (principal e intereses), con lo que Hacienda prevé que el proceso dure cerca de una década, que es el plazo máximo de vencimiento actual en el FLA.

El presidente de ERC ha subrayado que este montante de 17.104 millones equivale al total de las inversiones que la Generalitat prevé acometer en los próximos cuatro años y supone también un 19,9% de la deuda global de la administración catalana y unos 2.300 euros por cada catalán. "Para garantizar que esto no vuelva a pasar nunca más, lo que hace falta es garantizar un sistema de financiación justo para Cataluña, sabiendo que el más justo es el de una Cataluña independiente", ha aseverado.

En materia de intereses, la administración catalana se ahorrará 1.500 millones de euros totales, lo que supone entre 250 y 300 millones al año en función de cada crédito y del tipo de interés asociado.

La condonación de la deuda asociada al FLA se aprobará este miércoles en el CPFF, donde Junqueras ha explicado que, desde ERC, se "entiende" que el Gobierno central presentará una "propuesta adecuada" a cada territorio. "Es un acuerdo bueno para todas aquellas administraciones que han sufrido de forma más flagrante la injusticia de recibir en forma de crédito aquello que ya era suyo", ha señalado Junqueras, con la mirada puesta, sobre todo, en la Comunidad Valenciana.

Posteriormente, la medida se debatirá en el Congreso de los Diputados, donde Junqueras ha dado por sentado que PP y Vox votarán en contra.

Por otra parte, el dirigente republicano ha reiterado que "no habrá negociación presupuestaria para 2025", ni con el Govern de Salvador Illa ni con el Ejecutivo central. "Tiene que quedar claro que la prioridad de ERC es servir a Cataluña con la máxima ambición posible y unos Presupuestos, en el caso de la Generalitat, no serían tan ambiciosos como Cataluña necesita y merece", ha argumentado.

Sin embargo, ha tendido la mano a ambos gobiernos para negociar una ampliación de crédito asociada a la prórroga presupuestaria que sea "útil" para la sociedad catalana.

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se redujo al 101,8% del PIB al cierre de 2024, lo que supone 3,3 puntos menos respecto al cierre de 2023, de acuerdo con los datos avanzados este lunes por el Banco de España y recogidos por EFE. No obstante, en términos absolutos, el importe de la deuda ha crecido en 46.143 millones de euros en 2024, hasta un total de 1.621.515 millones de euros, máximo para un cierre de año, aunque por debajo del récord mensual alcanzado el pasado septiembre en 1.636.116 millones.

La mejora de la ratio de deuda pública tiene mucho que ver con la revisión al alza del PIB de los últimos cinco años, tanto en tasa de crecimiento como en volumen, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato mejora en 0,7 puntos la previsión del Gobierno, que calculaba que la deuda pública terminaría el año en el 102,5 % del PIB, según incluyó en el plan fiscal estructural 2025-2028 remitido a Bruselas en octubre.

El cierre de 2024 sitúa a España en una posición cómoda para cumplir con el objetivo comprometido para 2025, fijado en el 101,4 % del PIB.Y el Ministerio de Economía atribuye la mejoría no solo al mayor crecimiento económico, sino también al compromiso con la responsabilidad fiscal, y destaca que España ha reducido el nivel de deuda sobre el PIB en 22,4 puntos desde el pico alcanzado en la pandemia de covid en 2020.

"Esta importante y sostenida reducción está siendo compatible con la adopción y mantenimiento de medidas para hacer frente a las diferentes necesidades de familias y empresas en los últimos años, y especialmente para la reconstrucción y el relanzamiento de la zona afectada por la dana", añade el Ministerio en un comunicado a los medios.

La administración central asume el grueso de la deuda con 1.473.817 millones, 58.846 millones más que al cierre de 2023. Las comunidades autónomas, por su parte, sumaron un endeudamiento de 11.182 millones, hasta 336.424 millones, mientras que las administraciones de la Seguridad Social añadieron 10.000 millones a su deuda, hasta los 126.173 millones. Las corporaciones locales, por el contrario, disminuyeron su deuda en 352 millones, hasta 22.958 millones.

La deuda de las diferentes administraciones suman más de la deuda pública total, puesto que hasta 374.626 millones se contabilizan por partida doble, fundamentalmente porque el Estado central es el acreedor de la deuda de las autonomías.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en noviembre 1.622.259 millones de euros, lo que supone una leve caída de 5.984 millones de euros respecto a la cifra de octubre, de acuerdo con los datos avanzados este viernes por el Banco de España y que recoge EFE.

En tasa interanual, la deuda de las administraciones públicas aumentó en noviembre un 2,9 %, ya que en el mismo mes del año 2023 la deuda ascendía a 1.577.052 millones de euros.

El Estado asume la mayor cifra con 1.474.643 millones de euros, en tanto que las comunidades autónomas suman una deuda de 334.890 millones, las corporaciones locales de 22.884 millones y las administraciones de la Seguridad Social de 126.177 millones.

Este avance mensual no incluye el cálculo de lo que supone el importe de la deuda pública sobre el PIB, una ratio que se proporciona trimestralmente.

La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

La deuda pública española marcó un nuevo récord en el tercer trimestre al alcanzar los 1.636.116 millones de euros, 10.053 millones más que en el segundo trimestre y 57.304 millones más que en el mismo periodo de 2023, según los datos actualizados este viernes por el Banco de España y recogidos por EFE.

A pesar de este máximo histórico, el crecimiento económico permitió que la ratio de deuda sobre el PIB cayera hasta el 104,4 %, nueve décimas menos que en el trimestre anterior y tres puntos menos que hace un año. La administración central acumulaba al cierre del tercer trimestre una deuda récord de 1,5 billones de euros, un 96% del PIB, tras sumar 19.293 millones con respecto al trimestre anterior.

En cambio, redujeron su endeudamiento las comunidades autónomas -en 4.297 millones, hasta los 333.177 millones, el 21,3% del PIB- y las corporaciones locales -en 412 millones, hasta los 23.111, un 1,5% del PIB-.

La Seguridad Social mantuvo sin cambios su endeudamiento, en 116.171 millones, un 7,4 % del PIB.

En el tercer trimestre, la Comunitat Valenciana se mantuvo como la comunidad autónoma más endeudada, con el 40,4% de su PIB, seguida de Murcia (30,7%), Castilla-La Mancha (30,3%), Cataluña (29,9%), Baleares (21%) y Extremadura (20,8%). Por el contrario, las menores deudas estaban en Navarra (10,7% de su PIB), Canarias (11,3%) y País Vasco (11,7%).

En términos nominales, las deudas más abultadas se registraron en Cataluña (88.917 millones), Comunitat Valenciana (59.498 millones), Andalucía (39.842 millones) y Madrid (36.915 millones).

Por lo que respecta a los trece ayuntamientos con más de 300.000 habitantes, Madrid se mantuvo como el que registraba mayor deuda (2.047 millones), seguido de Barcelona (1.316 millones) y Zaragoza (572 millones). 

La deuda del conjunto de las administraciones públicas se disparó en 24.769 millones de euros en junio respecto a mayo, lo que supone un incremento del 1,5% en un solo mes, hasta rebasar la cifra de 1,624 billones de euros, nuevo máximo histórico, según los datos publicados este lunes por el Banco de España, según informa la agencia de noticias Europa Press.

Utilizando el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, la ratio deuda/PIB se situó en el 108,2% en el segundo trimestre de 2024, según la autoridad monetaria.

La deuda pública en junio rompe el descenso registrado el pasado mes de mayo y supera con creces el máximo alcanzado en el mes de marzo de este año (1,613 billones).

En el último año, la deuda ha crecido un 3,6%, con 56.239 millones de euros más, como consecuencia de los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y por la guerra en Ucrania y la subida de precios.

“No existe tal cosa como un buen impuesto”, dicen que dijo el primer ministro británico Winston Churchill. A nadie le gusta pagar impuestos, ese mal necesario –también lo dijo Churchill– que no sólo es la fuente principal de ingresos de los Estados sino además materia habitual de violenta controversia política. Véase si no cómo, en un último intento desesperado por evitar la derrota que anticipaban todas las encuestas, Rishi Sunak recurría al miedo a los impuestos que los laboristas supuestamente iban a subir en cuanto entraran en Downing Street.

Tras aumentar en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y recortarse desde la década de los 80 con el ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en EEUU y Reino Unido, las políticas de austeridad utilizadas como cura para la Gran Recesión pusieron de nuevo la política fiscal en el centro del debate político. A los recortes en el Estado del Bienestar desde 2008 les sucedió una lluvia europea de fondos públicos para sostener la economía tras el parón del covid. Y las llamadas de los organizaciones internacionales para tapar los agujeros que los paraísos fiscales perforan en las maltrechas arcas de los Estados y para aplicar tipos impositivos mínimos tanto a las multinacionales como a los milmillionarios.

Un estudio de dos investigadores de las universidades de Viena y Zurich, Björn Bremer y Reto Bürgisser, confirman que, en efecto, los impuestos no son muy populares: hasta un 65% de los europeos apoyan las bajadas fiscales. Al menos los españoles, alemanes, británicos e italianos. Una encuesta a 1.200 contribuyentes de esos cuatro países en 2018 arrojó una respuesta que no sorprende a nadie. Pero Bremer y Bürgisser fueron un poco más allá en sus preguntas. Primero, quisieron saber si estaban a favor de que les bajaran el impuesto sobre la renta, el tipo máximo a los que más ingresan y el IVA. Después indagaron si creían que el Gobierno debería reducir esos impuestos aunque esa medida implicara un recorte del gasto público o un aumento de la deuda pública.

La respuesta fue que el apoyo a una rebaja de impuestos, cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias y se les enfrenta a lo que los autores llaman “disyuntivas fiscales”, disminuye de forma significativa. Hasta 15 puntos porcentuales.

En el caso de los españoles, pasa del 65% inicial al 54% si la rebaja fiscal en el IRPF se traduce en un recorte del gasto público, al 45% si resulta en un aumento de la deuda pública y cae hasta el 40% si va a suponer un alza del IVA. Cuando se les plantea un recorte del IVA, el 70% inicial que se muestra a favor cae hasta el 45% si va a suponer menos gasto público y al 49% si aumenta la deuda del Estado.

Porque subir los impuestos es una medida antipática, pero el Estado del bienestar incluye beneficios también muy valorados por la ciudadanía. Incluso en Estados Unidos, recuerdan los autores, las encuestas señalan que los ciudadanos se muestran “orgullosos de cumplir con sus obligaciones fiscales, que perciben como un deber moral y una responsabilidad cívica”, y en Reino Unido respaldan aumentos de su factura fiscal de hasta un 7% para sostener el gasto gubernamental. En otro estudio, Bremer y Bürgisser subrayan que los ciudadanos quieren que los gobiernos “proporcionen una red de seguridad a las personas cuando enferman, envejecen o se quedan sin empleo”, también que las apoyen para conseguir una mejor educación y un puesto de trabajo si pierden el suyo. Esa “inversión social”, dicen, atrae a “una amplia coalición de votantes de clase media con un buen nivel educativo”, además de estar muy bien valorada.

Y, para hacer todo eso, son necesarios los impuestos.

En los cuatro países analizados, el 63% apoya que se baje el IRPF, y aún más, el 67%, que se reduzca el IVA. Pero sólo un 20% quiere que se recorte el tipo máximo de la renta; el respaldo a que paguen menos impuestos los más ricos se ve como un cambio regresivo y es mínimo. Ahí no hay grandes diferencias entre unos países y otros. Sí son un poco más pronunciadas respecto al IRPF y al IVA. Los italianos son los que más apoyan los recortes fiscales: un 83% está a favor de que se baje el impuesto sobre la renta y un 80% el IVA. Los británicos, que tienen impuestos relativamente más bajos que el resto, son los menos entusiastas de las reducciones, sólo el 48% se muestra a favor de que se recorte el IRPF y el 58% de que se suavice el IVA. Si aumentara la deuda pública, sólo el 42% de los alemanes aceptaría una bajada del IRPF y únicamente el 40% la del IVA.

Es decir, cuando se les pregunta a todos ellos si les parecerían bien esas mermas de la factura fiscal aun cuando implicaran un recorte del gasto público, un aumento de la deuda del Estado o una subida de otros impuestos, el respaldo ciudadano cae por debajo del 50% en todos los países. En el caso del Reino Unido, apenas supera el 30% si la bajada del IRPF o del IVA se convierte en más deuda pública o tiene que compensarse con la subida de otro impuesto.

Bremer y Bürgisser también han analizado el papel que tienen el interés propio y la ideología en la escala de prioridades fiscales de los europeos. Y concluyen que la segunda predomina sobre el interés material, al menos entre los contribuyentes de izquierdas.

Aun así, destacan que los individuos con más ingresos son “ligeramente más partidarios” de las rebajas fiscales “regresivas” que los menos pudientes. Y los contribuyentes de derechas y los de ingresos más bajos –tanto de derechas como de izquierdas– son menos partidarios de rebajas en el IRPF si la contrapartida es una subida del IVA –un impuesto indirecto cuyo aumento se considera regresivo pues se aplica a todos los consumidores independientemente de su renta– o un aumento de la deuda pública. En Italia, Alemania y Reino Unido a los ciudadanos más pobres no les importa que les suban el IRPF si les bajan el IVA, pero en España no quieren ni oír hablar de más impuestos sobre la renta por mucho IVA que les perdonen.

Cruzando ideología y renta personal, los autores han descubierto también que los encuestados de izquierda con altos ingresos son más partidarios de subir los impuestos –o al menos de no recortarlos– que los encuestados de izquierda más pobres.

A juicio de Bremer y Bürgisser, estas sorpresas se explican por cómo los ciudadanos perciben subjetivamente los efectos distributivos de los impuestos y en qué medida están alineados con sus efectos distributivos objetivos. “El apoyo a impuestos más bajos es condicional y no absoluto”, concluyen.

A su juicio, estudiar cómo interpretan los contribuyentes los efectos distributivos de los impuestos, así como las disyuntivas fiscales, servirán para conseguir los recursos necesarios con los que abordar el cambio climático y las desigualdades, el próximo –y costoso– reto.

No es sólo un trámite. Los Presupuestos están atravesados por las políticas a las que los gobiernos que los elaboran quieren dar vuelo para dejar su huella. El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a las cuentas para 2025 con la orden del Ministerio de Hacienda que concede a los centros gestores de las administraciones hasta el 8 de julio para que informen de sus necesidades publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para uno de los socios del Ejecutivo de coalición, Sumar, estos Presupuestos Generales del Estado (PGE) son “claves y centrales”, para “poder seguir mejorando la vida de las personas”, resume el portavoz de Economía y Hacienda de la formación en el Congreso, Carlos Martín Urriza. Por ello han empezado ya a definir sus prioridades, que están ligadas a tres grandes bloques: derechos sociales, en los que buscan “seguir avanzando”; poder de compra, área en la que incluyen “el tema de los salarios” o la vivienda; y fiscalidad, donde pretenden impulsar que “se repartan cargas fiscales”.

En relación a los derechos sociales, Martín Urriza considera “lacerante” que “en la cuarta economía de la Unión Europea (UE)" y con "el nivel de desarrollo que tiene" el país, "haya unos niveles de pobreza infantil tan altos”. El 33% de los niños y los adolescentes españoles se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, según el Consejo Económico y Social (CES), y la posición que ocupa España en informes de organizaciones nacionales e internacionales en ese ámbito parece indicar que algo no se está haciendo del todo bien.

En ese sentido, Sumar va a defender que la solución que ha puesto encima de la mesa Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo a cargo, ha de estar reflejada en las cuentas. Con todo, van a hacer bandera de otro asunto que les “preocupa”: “Ya estamos pagando una multa de la Unión Europea (UE) por no cumplir la directiva de permisos de nacimiento y de cuidados, por eso para nosotros esto en una prioridad absoluta”, anota Martín Urriza. En concreto la sanción supone el pago de “9.760 euros al día”. “No entendemos como estamos cumpliendo y vamos a cumplir con las reglas fiscales europeas, que llevan un componente de austeridad, y en cambio no lo hagamos con la regulación de las directivas comunitarias en las áreas de permisos de nacimientos y de cuidados”, plantea el portavoz económico de Sumar. E incide: “Es incomprensible. Si acatamos las normas de austeridad, que vuelve a marcar la UE, y los vamos a hacer de manera religiosa y diligente; lo otro, que tiene que ver con la ampliación de derechos sociales, pero que también es normativa europea, tendremos que hacerlo igual. No puede ser que prefiramos pagar una sanción”, afea.

Sobre lo que rotulan como poder de compra de las familias, asevera que, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “diga que la economía va como un cohete”, en Sumar piensan que “ese crecimiento económico no está llegando a todas las personas ni a todos los hogares”, con lo que habrá que incidir ahí con más medidas. Y respecto a la fiscalidad, los socios de gobierno “no comparten” con el PSOE que “no haga falta llevar a cabo una reforma fiscal”. “Nos lo ha pedido Europa y entendemos que es fundamental hacerla porque a los retos antiguos que tenemos que financiar con esfuerzo presupuestario distribuido de manera equitativa y progresiva como el envejecimiento de la población, la presión sobre la sanidad o el gasto en pensiones; se añaden otros nuevos que tienen que ver con la transición verde y con la digital que, de momento, tenemos cofinanciados, pero que en el futuro no será así”, argumenta. Y apostilla rotundo: “El espacio fiscal necesita ser más amplio”. En ese sentido, intentarán forzar que se mantenga “el impuesto a la banca y a las energéticas que vence este año”.

En relación al déficit y a la deuda, el portavoz de Economía y Hacienda señala “dos hitos” que ya se han producido: “El primero el que ha conseguido el ministro Carlos Cuerpo, dejarnos fuera del procedimiento de déficit excesivo -la Comisión Europea no ha incluido a España entre los países a los que abrirá expediente tras años de gasto expansivo para superar la pandemia y la guerra en Ucrania-; y el otro, la eliminación del veto que la ley de estabilidad otorgaba al Senado a la hora de aprobar una senda de ajuste”. Se ha hecho, vía enmienda en el texto de la Ley de Paridad, a la que previsiblemente se dará vía libre antes del periodo estival, lo que ha provocado críticas airadas del PP.

Desde el ala de Sumar aseguran que ya tienen “prácticamente sedimentados los elementos” de su apuesta presupuestaria y arrancan las negociaciones con el PSOE con optimismo. En paralelo a esas conversaciones, los siguientes pasos en la carrera para la aprobación de los PGE de 2025 serán la fijación del techo de gasto, que el Ministerio de Hacienda ya está elaborando, y de una senda de déficit y de deuda alienada con las actuales normas fiscales europeas. La intención de la titular de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, es llevarlos a las Cortes "lo antes posible". Esto es, a finales de julio o, de no ser posible, a principios de septiembre. El objetivo último es que el proyecto de Presupuestos como tal pueda presentarse en el Congreso en torno a principios de octubre, para que el 31 de diciembre España pueda contar con unas nuevas cuentas públicas estatales aprobadas, tras el intento fallido de este año, debido a la convocatoria anticipada de las elecciones catalanas el pasado mayo y antes al proceso de investidura de Sánchez.

Aunque la “variable catalana”, comunidad que continúa sin presidente, sigue sobrevolando las cuentas. De hecho, los socialistas tienen claro que “el verdadero desafío está en las conversaciones con los grupos parlamentarios” y dan por hecho que el Gobierno no llevará el proyecto de PGE al Congreso hasta “no tener bien atados los apoyos suficientes para que puedan salir adelante”, según fuentes del partido. Por ahora, Montero ha avanzado que se sentarán a dialogar con el PNV después del verano, así como con ERC y con Junts. Acudirán a las citas "con el ánimo de pactar". Habrá que ver la voluntad con la que va el resto. La ministra ha pedido que se desvinculen las conversaciones sobre las cuentas de los otros "muchísimos debates" que inundan la "la actualidad política".