Sobre el papel, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene como misión velar de forma independiente por el correcto funcionamiento de los mercados y sectores económicos en España, garantizar la libre competencia y proteger los intereses de los consumidores.

Pero en sus manos se acumulan cada vez más funciones. Supervisa y regula ocho grandes sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones y audiovisual, transporte ferroviario y aéreo, servicios postales, agua y saneamiento, competencia económica general, mercados digitales y contratación pública.

En energía, por ejemplo, tiene que controlar los precios y la transparencia de la electricidad y el gas; en telecomunicaciones y audiovisual, vigilar la competencia entre operadoras y el cumplimiento de las obligaciones de servicio público de RTVE; en transporte, garantizar el acceso no discriminatorio a las infraestructuras y la libre competencia en ferrocarril y aviación; y en mercados digitales y competencia, investiga y sanciona conductas anticompetitivas, como cárteles o abusos de posición dominante.

Pronto tendrá que ocuparse, además, de la supervisión prevista en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) y de la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales.

La agenda de reuniones de la CNMC, que el organismo hace pública a través de sus páginas web, es muy reveladora acerca de cuáles son los sectores que consumen de verdad su tiempo y sus recursos. Son las empresas energéticas, y en particular las eléctricas, las que más veces se han reunido con altos cargos de la Comisión en lo que va de año. Entre las que tienen hilo directo con el órgano regulador están Red Eléctrica, Endesa, Naturgy e Iberdrola. Pero también Repsol, con presencia en petróleo, gas, generación eléctrica y energías renovables, o Enagás, el principal gestor técnico del sistema gasista español, que ha participado en tres reuniones.

¿De qué hablan en sus reuniones, casi cinco al mes? El portal de transparencia de la CNMC, en el que se anotan estas citas, no lo dice, más allá de reseñar quiénes participan por parte de la Comisión —en este caso son habituales la presidenta, Cani Fernández, y la directora de Energía, Rocío Prieto, entre otros responsables— y señalar que el asunto consiste en abordar de “temas del sector”.

En total, el registro público de la Comisión reseña 26 reuniones con compañías eléctricas y 21 con empresas energéticas, casi todas gasistas: 47 de las 109 que el regulador ha celebrado desde el 10 de enero hasta hoy.

No han sido solo empresas. También asociaciones y organizaciones que trabajan como lobbies de determinados sectores, como la Unión Española Fotovoltaica o la Asociación de Empresas de Energías Renovables.

La CNMC desempeña un papel central en la supervisión del sector energético, por lo que las grandes eléctricas y compañías de gas dependen de ella en múltiples asuntos críticos. Entre sus funciones destacan la fijación y supervisión de tarifas, el control de los precios mayoristas de electricidad y gas, y la garantía de que se cumpla la competencia en el mercado, evitando cárteles o abusos de posición dominante. Sin embargo, poco o nada se sabe acerca de los temas abordados en esas reuniones.

Otro ámbito clave es la transición energética: la CNMC regula las subastas de energías renovables, los incentivos a nuevas tecnologías y evalúa cómo estas políticas afectan la competencia y el equilibrio del sistema eléctrico. En conjunto, cualquier decisión estratégica de las grandes eléctricas —desde fijación de precios hasta inversiones en redes o renovables— está condicionada por la supervisión de la CNMC, que tiene la capacidad de autorizar, sancionar o condicionar sus operaciones para asegurar un mercado competitivo, seguro y transparente.

El segundo grupo más numeroso de reuniones de la CNMC tiene que ver con el sector de las telecomunicaciones. A este ámbito corresponden hasta 16 citas, con un especial protagonismo de Telefónica, la empresa más importante que opera en nuestro país. El diálogo del regulador se ha extendido también a compañías como Masorange, Cellnex, Euskaltel o Amazon Web Services (AWS), la división del gigante norteamericano que ofrece servicios en la nube y cuya reciente caída afectó a numerosas empresas en todo el mundo.

En el sector de telecomunicaciones, la CNMC supervisa a las principales operadoras españolas para garantizar la competencia efectiva y la protección de los consumidores. Regula precios y tarifas, evita prácticas anticompetitivas, autoriza y controla el despliegue de infraestructuras como fibra óptica y 5G, y establece niveles de calidad de servicio mediante acuerdos de nivel de servicio (ANS). Además, asegura el acceso no discriminatorio a redes y servicios, condicionando las decisiones estratégicas de las compañías en precios, fusiones, inversiones y lanzamiento de nuevos servicios.

La patronal completa el podio de los que más veces se han reunido con directivos de la CNMC en lo que va de año. El registro oficial reseña reuniones con la CEOE, que dirige Antonio Garamendi y representa sobre todo los intereses del gran capital español, pero también con otras organizaciones especializadas en marcas, comercio exterior, tecnología digital, electrónica, comercio de cereales o fabricantes y distribuidores de latas.

En lo que va de año, los responsables de la CNMC se han reunido también con organizaciones relacionadas con el sector mediático. Entran ahí el Observatorio de Medios, una organización financiada por donaciones privadas, o el Club Abierto de Editores (CLABE), la principal asociación del sector de medios de comunicación en España, que representa a más de 190 grupos editoriales con cerca de 1.500 cabeceras en diversos formatos, temáticas y periodicidades.

También han acudido a la CNMC representantes del sector de la publicidad, como la Asociación Española de Anunciantes o Autocontrol; la Asociación de Revistas Independientes (ARI); la Unión Española de Creadores; empresas de medición de audiencias como OJD o Comscore; la Asociación Española de Influencers (Apide) y hasta la Autoridad de Medios de Comunicación del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.

En el sector audiovisual, constan dos reuniones con RTVE y dos más con gigantes del streaming: Netflix y Amazon, además de otra con Meta, la tecnológica que controla WhatsApp, Facebook o Instagram. Como en el resto de citas, la CNMC se limita a apuntar que hablaron de “temas del sector”.

No consta que durante 2025, el año clave para la implementación en España del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, la Comisión se haya reunido con ninguna organización profesional de periodistas, ni de carácter privado ni de las corporaciones de derecho público que los representan a través de los colegios profesionales en numerosas comunidades autónomas.

En la lista de quienes sí se reunieron con directivos del regulador están tres consultoras: PwC España (dos veces), FEV Consulting Iberia (especializado en movilidad, automoción y transición energética), y BFE+, un despacho especializado en resolución de conflictos, regulación y competencia.

La cúpula de la CNMC se ha reunido también con Adif, dos operadores ferroviarios privados (Ouigo e Iryo) y una plataforma de venta de billetes (Trainline), además del operador de autobuses de bajo coste europeo Flixbus.

La lista completa incluye una decena más de reuniones con actores muy variados. Desde la Red de Oficinas y Agencias Anticorrupción, a la multinacional de medicina nuclear Curium, pasando por el banco holandés ING, el Comité de Energía y Comercio del Senado de EEUU, la tabacalera Comet y hasta la compañía de alimentación Mars, muy conocida por fabricar y distribuir la marca M&Ms.

Red Eléctrica ha detectado en las dos últimas semanas "variaciones bruscas de tensión" en el sistema eléctrico español que pueden tener "impacto en la seguridad del suministro si no existen cambios" y, por ello, urge a aprobar modificaciones para reforzar el sistema, informa EFE.

Red Eléctrica ha remitido un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que pide elevar a audiencia pública estas modificaciones, pues estas variaciones, "aun estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, pueden desencadenar potencialmente desconexiones de demanda y generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico".

"El operador relaciona estas variaciones con cambios bruscos de programa, en particular de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión", subraya el documento remitido a la CNMC.

Así, incide en que estos cambios "pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos", por lo que solicita la aprobación urgente, "de manera temporal y excepcional", de varios procedimientos de operación del sistema.

Esta propuesta tendría implicaciones en los procesos de programación, en las restricciones técnicas, en la regulación secundaria y en el control de tensión. El operador contempla modificar las restricciones técnicas del sistema para reducir el desequilibrio de energía en tiempo real.

Así, busca obligar a los grupos programados a reservar toda su capacidad para ofrecerla en los mercados de balance, es decir, que las instalaciones no puedan reducir su reserva de potencia en los mercados intradiarios.

También contempla medidas de control e introduce ajustes en el proceso de validación del cumplimiento del servicio de control de tensión.

De esta manera, se incrementa al 90% el requisito de muestras en situación de cumplimiento, además de aumentar a 60 valores el muestreo en cada periodo.

Esta modificación sería durante un periodo de treinta días naturales, prorrogables a petición del operador por periodos adicionales de como máximo quince días naturales.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han destacado que tras ser informados por Red Eléctrica, han pedido al operador que actúe según sus funciones y a la CNMC que refuerce la supervisión y tome las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones.

Por ello, insisten en la tramitación por parte de la CNMC de estas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, "mientras se termina de desplegar el nuevo procedimiento operativo que permitirá a todas las tecnologías aportar control de tensión".

El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) fue en septiembre un 15,4% más caro que hace un año, ya que ha pasado de los 70,62 euros de 2024 a los 81,49 euros del mes de pasado, según un análisis de Facua dado a conocer este martes y recogido por EFE.

La factura de septiembre es la tercera factura más cara del año, aunque muy por debajo de los 95,70 euros de enero, ha explicado en un comunicado. El recibo mensual se ha incrementado en septiembre un 1% frente a los 80,71 euros de agosto para el usuario medio, esto es, un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

En los últimos años, la factura del usuario medio del mes de septiembre fue de 70,62 euros en 2024, de 76,37 euros en 2023, de 137,93 euros en 2022, de 102,71 euros en 2021 y de 66,78 euros en 2020. Para abaratar la factura, Facua reivindica modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada.

Reclama desde 2021 que la nuclear y la hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo, ha recordado en la nota.

De esta forma, se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora, ha explicado.

Asimismo, demanda medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas, ya que, según Facua, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.

El último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo semestre del año pasado, indica que siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.

Hace exactamente un año el coche eléctrico estaba en caída libre en España, registrando el mayor desplome de las ventas desde que comenzaron a popularizarse. Sin embargo, en cuestión de doce meses el panorama se ha invertido. Si en agosto de 2024 las ventas fueron un 25% inferiores a las del año anterior, en 2025 las matriculaciones de turismos eléctricos han crecido un 160%, hasta alcanzar los 7.032 vehículos, frente a los 2.696 de 2024. En los ocho primeros meses del año ya se han vendido casi el mismo número que en todo el año pasado, 61.959, según los datos de la patronal Anfac. De cada 100 coches vendidos en agosto, 9 fueron eléctricos y 13 híbridos enchufables.

Se trata del boom que el sector lleva años esperando, puesto que en España el coche eléctrico no había terminado de despegar, a diferencia de Portugal y numerosos países del centro de Europa. Las ayudas siguen siendo las mismas que en 2024, pero los expertos subrayan que el mercado ha cambiado sustancialmente con la entrada de modelos asiáticos más asequibles y la bajada de precio de los modelos europeos.

"El mercado es muy diferente al de 2024", opina Óscar Pulido, analista de la organización Transport & Envirnoment, especializada en la descarbonización de las carreteras. "La tecnología ha madurado y han entrado modelos de entre 14.000 y 22.000 euros con una autonomía decente", añade Pulido.

Miguel Ángel Jiménez, portavoz de la patronal de vehículos eléctricos Aedive también subraya el precio como el gran factor de cambio. "Lo que ha cambiado en el último año es la llegada de nuevos modelos de numerosas marcas, cada vez más atractivos en precio y prestaciones", señala. Remarca, además, el papel de las redes sociales, donde la publicidad de los eléctricos ayuda a resolver las dudas de los conductores que no están del todo convencidos.

El Tesla Model 3 sigue siendo el líder indiscutible en la venta de turismos 100% eléctricos en España, pero el segundo y tercer modelo más vendido no se comercializaban hace un año: el KIA EV3 y el BYD Dolphin Surf. El primero parte de los 23.000 euros y el segundo de los 11.800, una vez aplicado el descuento del Gobierno de 7.000 euros y entregando un coche antiguo. La mayoría de los modelos que rivalizan con estos coches también rondan ya los 18.000 euros, a la altura de un coche de combustión.

También ha ayudado el fin de la incertidumbre que rodeaba las ayudas del Plan Moves III, que caducó el 31 de diciembre porque el Gobierno no fue capaz de sacar adelante el famoso decreto ómnibus que peleó en el Congreso en enero. En abril, no obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica consiguió recuperarlo de manera retroactiva y hasta final de 2025, por ahora.

La llegada de los coches fabricados en China ha tenido un efecto clave en el mercado español para avivar las matriculaciones de eléctricos. Dos de los seis modelos más vendidos en agosto son de la marca BYD (Dolphin Surf y Atto 2) y cuatro de los siete modelos híbridos enchufables más vendidos también son chinos (MG, Jaecoo, BYD y Omoda).

Los fabricantes del gigante asiático siguen en el podio pese al drástico incremento de los aranceles que la Unión Europea impuso el año pasado a los coches completamente eléctricos que llegan de ese país: un gravamen del 27% para BYD, un 28,8% para Geely (Polestar, Smart) y un 45,3% para SAIC (MG), aunque el resto de marcas de ese país también están afectadas. Estos aranceles solo se aplican sobre los turismos 100% eléctricos, no sobre los híbridos.

Matthias Schmidt, director de la consultora automovilística Schmidt Automotive, explica a infoLibre que, incluso con esos duros gravámenes, los productores chinos siguen vendiendo en Europa miles de vehículos porque su fabricación es tan rentable que pueden mantener los precios por los suelos. "Los aranceles no han provocado una inflación de los precios, ya que los fabricantes chinos los han absorbido en sus abultados márgenes de beneficio europeos". Aunque sí es cierto, añade, que han tratado de centrarse en la venta de coches con motor de combustión, principalmente en los híbridos enchufables, hasta el punto de que el modelo más vendido en Europa es el BYD Seal U.

El analista también explica que los fabricantes chinos no son los únicos que están reduciendo márgenes para mantener las ventas. También los europeos. Y lo hacen porque la UE ha endurecido este año los límites de emisiones de las marcas —su flota vendida este año no puede superar de media los 93,60 gramos/kilómetro de CO₂—, de manera que tienen que apretar en las ventas de eléctricos para compensar sus matriculaciones de combustión.

"El principal motivo motor del crecimiento de las ventas de eléctricos son los descuentos de fabricantes como Volkswagen, que se ven obligados a reducir los precios para aumentar la proporción de BEV que entregarán en 2025 con el fin de cumplir los objetivos reglamentarios de CO2 de la UE", opina Schmidt.

Los expertos llevan años señalando que el problema de España era el coste de los coches eléctricos, que podían rondar los 30.000 y 40.000 euros, pero que a medida que entrasen nuevos modelos enfocados al público general, los precios bajarían y el mercado empezaría a despegar. También ha mejorado sustancialmente el número de cargadores en la red peninsular. Según Anfac, a finales de junio había en España 47.892 puntos de recarga públicos funcionando, casi un 50% más que a finales del primer trimestre de 2024. 

Los turismos híbridos enchufables (con motor de combustión y eléctrico) también se están vendiendo muy bien este año, con una subida de las matriculaciones de casi el 100% respecto a 2024. Si bien no reciben la misma ayuda con el plan Moves (5.000 euros con achatarramiento), convencen a quienes siguen sufriendo la llamada "ansiedad de la autonomía" y que temen no llegar a tiempo a una electrolinera.

El Gobierno ha realizado este jueves "nuevos requerimientos de información" a las empresas eléctricas para continuar con su investigación para esclarecer las causas del apagón del pasado lunes. Fuentes del ministerio para la Transición Ecológica aseguran a lo largo de la mañana se han hecho nuevas peticiones "para completar la reconstrucción del incidente, pidiendo también información sobre las horas previas y las referidas al proceso de reposición".

Además, el Ejecutivo también ha anunciado una nueva reunión del comité de análisis sobre el apagón el sábado en la sede de Red Eléctrica.

Con respecto a los requerimientos anteriores, el ministerio ha comunicado que se ha recibido "gran parte de la información solicitada inicialmente a los agentes del sistema", pero que "dada la complejidad técnica para la obtención de ciertos datos" hay algunos que aún están siendo recopilados por las empresas.

Por otra parte, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen se ha reunido este jueves con la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, y se mañana viernes lo hará con su homóloga de Portugal.

La comisión está integrada por representantes de Presidencia del Gobierno (a través del Departamento de Seguridad Nacional), del ministerio de Defensa (a través del CNI y el Estado Mayor), del de Interior (a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y de la Oficina de Coordinación Cibernética) y del de Transformación Digital (a través de Seguridad Digital). Participan también organismos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Además, se prevé incorporar a la CNMC e incluso a operadores privados y representantes internacionales

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado un ambicioso plan para “democratizar” el coche eléctrico. Con una inversión de 1.400 millones de euros en cinco años, el Govern quiere “triplicar el ritmo de penetración del vehículo eléctrico”, para llegar al objetivo europeo de un 40% de automóviles de batería en 2030. El plan incluye multiplicar la infraestructura de carga en todo el territorio, bonificaciones fiscales y ayudas para la compra de vehículos, incluidos 440 millones en préstamos a pymes y autónomos para adquirir coches o furgonetas eléctricas. Además, la Generalitat quiere atraer inversión extranjera para reforzar la industria automovilística catalana.

El plan ha recibido valoraciones diferentes desde los ámbitos sindical y ecologista, divididos sobre cómo descarbonizar el sector del transporte, responsable de casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Cristina Torres, responsable de Transiciones Justas de Comisiones Obreras (CCOO) de Cataluña, celebra el anuncio de Illa: “Son medidas importantes, en un escenario geopolítico muy complejo” por los aranceles anunciados por Donald Trump a las exportaciones europeas. “Es importante que los gobiernos den mensajes claros, este cambio de modelo productivo requiere seguridad”. La sombra de la pérdida de empleos, que ya se está produciendo en países europeos como Alemania, planea sobre la industria automovilística catalana. Para evitarlo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió en una reciente visita a la planta de ensamblaje de baterías de Seat en Martorell atractivos fiscales para “que el coche eléctrico sea de utilización masiva” y superar el estancamiento de la producción.

Sin embargo, no todos los sindicatos ven con buenos ojos el plan del Govern socialista. José Domínguez, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el comité de empresa de la fábrica de Seat, denuncia que “se está socializando la inversión. Las empresas quieren que la inversión para infraestructura y para instalar la tecnología eléctrica sea a base de subvenciones”. Además, Domínguez denuncia que “desde que empezó el coche eléctrico, la patronal dice que necesita menos horas de trabajo. Nosotros lo cuestionamos. Los coches eléctricos tienen ruedas, tapicería, pintura, absolutamente igual”, argumenta.

También muestran recelos, por razones ambientales, organizaciones como Ecologistas en Acción: “Es inviable sustituir la actual flota de vehículos de combustión por coches eléctricos. En la fabricación del coche eléctrico se consumen grandes cantidades de agua, materiales y energía”, explica Laia Serra, que recuerda que, aunque los vehículos eléctricos no produzcan emisiones directamente, “la industria que extrae estos materiales funciona con combustibles fósiles”. El Banco Mundial ha estimado que, para el año 2050, crecerá drásticamente la demanda de minerales como el litio (965%), el cobalto (585%) o el níquel (209%), empujados por la fabricación masiva de baterías para vehículos.

La ONG Medicus Mundi Mediterrània ha analizado en un informe las consecuencias socioambientales de este incremento de la demanda: “Muchos de estos minerales son importades de fuera de la Unión Europea, presentan riesgos en su suministro y se extraen de zonas en conflicto”, señala el documento. Por ejemplo, la República Democrática del Congo concentra el 68% de la extracción mundial de cobalto, una actividad que alimenta el conflicto armado interno que sufre el país. El informe de la ONG advierte además de que “no hay suficientes reservas de algunos minerales críticos para hacer la transición”, teniendo en cuenta el rápido crecimiento de las energías renovables –que también demandan gran cantidad de minerales– y los planes de expansión del vehículo eléctrico. En 2024, por primera vez se superaron los 10 millones de ventas a escala mundial.

La alternativa de Ecologistas en Acción al plan de la Generalitat es “reducir el vehículo privado y desarrollar el transporte público, también en el medio rural. El dinero público tiene que servir para mejorar la movilidad colectiva”, defiende Serra. En el informe Empleo y transición ecosocial, la ONG ecologista propone reducir la jornada laboral en el sector de la automoción, reorientar parte de la industria hacia la fabricación de vehículos compartidos y reconvertir empleos “en otras ramas de actividad sostenible”.

Un horizonte alejado de los planes del Govern catalán y del ejecutivo de Pedro Sánchez, que apuestan por el coche eléctrico para mantener este sector industrial estratégico: Sánchez quiere que en nuestro país se fabriquen cinco millones de vehículos de batería antes de 2030, una cifra difícil de alcanzar al ritmo actual: en 2024, más del 94% de los vehículos nuevos vendidos en España todavía eran de combustión.

El PP sigue perdonando el pago de impuestos a los más ricos, incluidos sus propios dirigentes (que no os engañe la autobajada de tributos), y recortando los servicios públicos y desmontando los servicios sociales que ayudan a las personas y familias que menos tienen o peor lo están pasando.

Si la política que está desarrollando el gobierno central funciona y la presión fiscal en España es de las más bajas de la Unión Europea, no se puede entender ese apoyo del PNV y Junts al PP/ Vox, perdonando el pago de tributos a las eléctricas que se están forrando gracias a las buenas políticas fiscales y económicas en España.

Además es irracional apoyar a la ultraderecha españolista, que no madruga y dice que quiere eliminar las propias Comunidades Autónomas e ilegalizar al nacionalismo vasco y al catalán o acusa de golpe de Estado por los sucesos de 2017, de terrorismo la proclamación de la república catalana durante ocho segundos y otras perlas contra el independentismo catalán. A pesar de ello, ahora el nacionalismo catalán y vasco se echan en brazos de las derechas y ultraderechas para que la deuda que deben pagar las eléctricas que nos dejó el expresidente Aznar la paguemos las personas más humildes de la patria y, sin embargo, los accionistas de las eléctricas revienten las billeteras y sus cuentas corrientes a costa de no pagar impuestos. Ellos son a quienes el PP y los ultras les están bajando los tributos en las Comunidades Autónomas que gobiernan la derechas y las ultraderechas.

La incoherencia política de las alianzas entre las derechas independentistas, la derechas españolistas y la ultraderecha que no madruga para beneficiar a quienes más dinero tienen, más patrimonio y menos vergüenza solidaria para que no paguen impuestos las grandes empresas que han obtenido supremos beneficios a costa del pueblo español y de la clase media y trabajadora. Han demostrado que no son de fiar y, además, suscitan con este hecho de incoherencia política la siguiente cuestión: ¿Habrá algo superior entre las derechas (el antiespañolismo se camufla) y la ultraderecha con las grandes empresas españolas? No es compresible que ayer apoyaran el pago de impuestos y hoy promuevan el perdón del pago de tributos.

Pactantes del perdón de pagos de impuestos a las eléctricas, primero de todo, deberían decir la verdad sobre tanta incoherencia política. Segundo: ¿Cómo se fortalece España para poder acometer sus inversiones como Estado y mantener el sector público, construir viviendas públicas...? ¿Cómo se contratan profesionales para la sanidad y educación pública si se niegan a pagar impuestos o se los perdonan a quienes más tienen? ¿Es esto lo que les importa el pueblo español? No olviden que quienes viven en Euskadi y en Cataluña también son españoles y sufren sus egoísmos e insolidaridad.

El Gobierno de España debe hacer el reparto justo de la riqueza y una redistribución social justa. Si la macroeconomía funciona, la microeconomía debe empezar también a marchar bien. Para ello, la riqueza que produce España debe llegar a las personas y familias que menos tienen, es de justicia social.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

El coche eléctrico continúa sin despegar en España, y la red de cargadores suele ser uno de los protagonistas del debate. Un nuevo estudio sobre los enchufes para vehículos en España arroja datos sobre un sector poco conocido, y revela que el sistema de recarga está fuertemente concentrado en cinco empresas que controlan el 81,3% del mercado, pese a que hay más de 80 operadores trabajando en el país. Iberdrola es la empresa líder del mercado español y controla el 33% de estos puntos, con datos hasta junio de 2024, y es el principal proveedor en 37 de las 50 provincias. Junto a ella destacan Endesa (15%), Repsol (15%), Wenea (10%) y Etnic (9%).

May López, profesora de OBS Business School y autora del informe, señala que este oligopolio provoca que recargar el coche en un punto público, como una gasolinera o un centro comercial, sea más caro que en otros países, haciendo menos atractivo el vehículo eléctrico. En concreto, muestra que en enero de 2024 —el último dato disponible en el comparador de la Comisión Europea— el precio de la recarga en España era un 56% superior a Portugal en electrolineras, y también estaba por encima de Francia, Reino Unido o Grecia, entre otros tantos. "Estos precios no tienen sentido en un país con un coste energético menor por las energías renovables", opina López. La experta es también portavoz de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible.

Cuatro de las cinco empresas que dominan el mercado español de recarga son energéticas, y su tamaño y conocimiento del sector les han permitido expandirse rápidamente, pero también es clave su dominio de la infraestructura necesaria para crecer, que no tiene la competencia. Iberdrola y Endesa son las dos mayores eléctricas y controlan la red de distribución de más la mitad del país, mientras que Repsol tiene la mayor red de gasolineras. Juntos tienen el 63% de los 30.352 puntos de recarga públicos de España que había a cierre de 2023.

Además de copar el mercado, la fórmula de fidelización que utilizan las compañías ayuda a concentrar a los clientes y evitar que se vayan a la competencia. La inmensa mayoría de los cargadores de las ciudades o carreteras están ligados a la aplicación móvil de la marca que los ha instalado, y pagar con una aplicación de la competencia tiene un recargo sobre el precio, lo que automáticamente las expulsa. También son muy comunes las promociones dentro de las apps para atraer a nuevos conductores o los modelos de suscripción, en los que se paga una cuota mensual a cambio de recargas más baratas para fidelizar al cliente.

La Directiva europea de Infraestructura de Combustibles Alternativos, aprobada en 2023, corrige esta situación, pero a largo plazo. Recoge que en los cargadores públicos instalados desde el pasado abril no se podrá obligar al cliente a "firmar un contrato con el operador" para pagar. O lo que es lo mismo, cualquier conductor podrá visitar puntualmente una instalación y recargar su vehículo pagando con la tarjeta de crédito sin necesidad de descargarse una app. Los puntos de recarga instalados previamente a esa fecha no tendrán que modernizarse hasta enero de 2027, y solo aquellos con una potencia superior a 50kW, los llamados cargadores rápidos. Esta medida no impedirá que las energéticas sigan dando promociones a través de sus aplicaciones, como hacen ahora las gasolineras, pero ayudará a abrir el sector. 

Otro de los problemas que provocan la concentración del mercado es el retraso de varios años que tienen muchos puntos de recarga en poder instalarse desde que piden el permiso. Por una parte, hay una lentitud burocrática y algunos ayuntamientos llegan a tardar hasta un año en dar los permisos de instalación. Por otra, el instalador debe comunicar a la compañía eléctrica distribuidora la potencia de los cargadores que quiere operar, y esta contestar si hay capacidad o no para conectarlos a la red. En este punto, May López acusa a las grandes eléctricas de alargar los plazos para entorpecer la entrada de competidores en el mercado. "Iberdrola tiene los tres papeles: produce energía, la comercializa y es la distribuidora que da la información a su competencia. Es curioso que una empresa que no tiene el espacio físico para poner cargadores, como sí tiene Repsol o Cepsa, sea la número uno", acusa.

Cristian Quílez, responsable de Políticas Públicas Climáticas en Ecodes, cree sin embargo que el dominio de Iberdrola viene dado porque fue una de las primeras en entrar, por su tamaño y su papel en el mercado. "Parece que la compañía no solo ha apostado por la infraestructura en puntos interurbanos sino también urbanos y, además, es una distribuidora, con lo que el camino le es quizás más sencillo", afirma. Quílez también señala que el tiempo medio para instalar un cargador es de entre 24 y 48 meses, aunque el retraso lo relaciona con la complejidad burocrática, no con las trabas que puedan poner las distribuidoras a su competencia.

El informe también aborda otra de las polémicas más comunes en el debate de los coches eléctricos: la espera para recargar el vehículo. La autora desmiente que haya por ahora una escasez de cargadores, como algunos defensores del motor de combustión difunden en internet. "La red pública que hay en España es suficiente para abastecer la recarga de turismos porque el dato de uso medio es del 6,3%, están prácticamente vacíos siempre y hay un problema de información con esto", incide.

Xavier Cugat, experto en energías renovables, es dueño de un coche eléctrico y afirma que está acostumbrado a hacer viajes de hasta 3.000 kilómetros por España, y confirma que en la gran mayoría de puntos de recarga "no hay nadie cuando llegas ni nadie cuando te vas". "Solo hay algunos puntos de mucho tránsito que en fechas muy concretas pueden generar algún atasco, pero yo creo que la gran mayoría de puntos incluso dan pérdidas".

Según el portal de precios de la Comisión Europea, recargar en España el Tesla Model Y, el eléctrico más vendido, cuesta unos 51€/1.000km, más que en otros países del entorno. Sin embargo, los dueños de eléctricos suelen recargarlo en su casa, donde el coste de la energía es menor frente a otros países por el despliegue de las renovables. De esta manera, el usuario tampoco sufre la concentración del mercado de cargadores, ya que paga en función de su tarifa contratada.

Por ejemplo, Francisco Valverde, ingeniero y divulgador de energía, tiene en su casa un sistema de autoconsumo con paneles solares, y este fin de semana pagó 2,10€/1.000km de recarga. También calcula que una vivienda sin autoconsumo —que paga la luz a precio PVPC- habría recargado su turismo a 9,70€/1.000km, una quinta parte de lo que cuesta de media en puntos públicos. Estos precios varían en función de la semana del año, ya que el viento y el sol abaratan la energía.

El cobro por parte del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, de un bono térmico pensado para los hogares más castigados ha puesto de relieve una doble realidad. Por un lado, que los subsidios públicos acaban en ocasiones en manos de quienes menos los necesitan. Y, por otro, que la normativa que regula el acceso a las ayudas energéticas presenta un importante agujero alrededor de las familias numerosas. El marco legal que regula el acceso a dichos bonos para la luz, la calefacción o el agua caliente no impone barrera económica alguna a la hora de considerar "consumidores vulnerables" a aquellos que pertenezcan a dicho colectivo. Una laguna que permite que cualquier gran patrimonio que ostente esa condición pueda beneficiarse de esas ayudas.

El Gobierno ya ha abierto la puerta a taponar el agujero. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles, tras la exclusiva de infoLibre, su intención de cambiar la "regulación" para corregir esta situación. Fuentes consultadas por este diario explican que los cambios deberían llevarse a cabo a través de un real decreto que pondría un tope a los ingresos máximos que puede percibir una familia numerosa para poder acceder a este tipo de ayudas. En septiembre de 2022, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), percibían el bono social eléctrico como "consumidores vulnerables" por la vía de la familia numerosa 244.141 hogares.

Estas ayudas energéticas no son nuevas. En 2009, en un contexto de creciente déficit tarifario del sistema y de crisis financiera internacional, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio luz verde a un real decreto que aprobaba el bono social para ayudar a aquellos consumidores de electricidad acogidos a la tarifa de último recurso que cumpliesen con una serie de "características sociales, de consumo y de poder adquisitivo". Pero hasta que esto último se desarrollase, la Secretaría de Estado de Energía determinó que podían acogerse a este mecanismo de ayuda con carácter general aquellos pertenecientes a tres grandes grupos: pensionistas mayores de 60, unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo y familias numerosas.

Aquel sistema, pensado en un primer momento para ser transitorio, se mantuvo durante años. Y algunas instituciones advirtieron de la necesidad de vincular de una vez dicho bono social a criterios de renta, algo que entonces no determinaba el acceso a la ayuda. Lo hizo la ya extinta Comisión Nacional de Energía. "La definición de consumidor vulnerable debería estar ligada a criterios de renta del beneficiario, y debería abarcar a la población que realmente necesite medidas de apoyo, lo que constituye un grupo de población más reducido que el que tiene derecho al bono social", sostenía el organismo en un informe en el que se pronunciaba, a petición de la propia Secretaría de Estado de Energía, sobre un proyecto de real decreto vinculado al sector eléctrico.

Tres años después, fue el Defensor del Pueblo el que volvió a poner este asunto sobre la mesa. El Ejecutivo de Mariano Rajoy acababa de aprobar entonces la nueva Ley del Sector Eléctrico, que introducía la figura del consumidor vulnerable. Fue en este contexto cuando el órgano constitucional insistió vía recomendación en la necesidad de definir umbrales económicos: "La desvinculación entre el bono social y el nivel de renta engendra una evidente situación de discriminación. Por una parte, determinados consumidores con bajo nivel de renta no tienen derecho al bono social por no estar incluidos en los colectivos identificados, mientras que otros sí pueden beneficiarse con total independencia de su nivel de renta solo por su mera pertenencia a alguno de los tres grupos".

Ya en 2017, el Ejecutivo reguló vía real decreto la figura del consumidor vulnerable, que es quien puede tener acceso al bono social eléctrico y, con este, a la nueva ayuda térmica. Desde entonces, ese texto ha sufrido varias modificaciones. En su redacción actual, se establece que para ser considerado como consumidor vulnerable debe cumplirse con alguno de los cuatro requisitos fijados. Primero, que su renta o la conjunta de la unidad de convivencia no supere ciertos límites. Segundo, que el consumidor o todos los miembros con ingresos de la unidad sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social y perciban la cuantía mínima vigente. Tercero, que alguno sea beneficiario del Ingreso Mínimo Vital. Y, por último, que se esté en posesión del título de familia numerosa.

Este último requisito no se ha ligado a ningún límite máximo de renta, lo que en la práctica permite que grandes fortunas puedan ser consideradas "consumidores vulnerables" solo ostentando ese título reservado a familias con tres o más hijos, calificación que les da acceso a un descuento mínimo del 25% en la factura eléctrica –del 65% hasta finales de 2023– y a la ayuda térmica. Una barrera económica que, sin embargo, sí se estableció para la consideración de "consumidor vulnerable severo", una categoría de protección reforzada con descuento del 40% en la factura eléctrica –80% con carácter excepcional– y mayor apoyo para calefacción. En ese caso, no solo vale el título de familia numerosa, sino que la renta anual de la unidad de convivencia no puede superar los 16.800 euros.

Civio también pidió en 2018 y 2019 que se fijaran criterios de renta para el acceso de las familias vulnerables a los bonos energéticos. "Por desgracia, por el momento, la norma sigue siendo igual: las familias numerosas, aunque cobren millones, pueden recibir si lo piden el bono social del 65% de descuento en la factura (si tienen renta baja el descuento sube al 80%) y el bono térmico", han explicado este miércoles en un hilo de Twitter.

Ese agujero en la regulación es, justamente, el que permitió que el vicepresidente madrileño, que percibe anualmente 104.928,60 euros por el cargo público y que tiene activos financieros por 1,4 millones de euros, pudiese ser beneficiario de 195,82 euros del bono térmico. Ossorio tiene cuatro hijos. De ellos, dos tienen ahora mismo menos de 26 años y continúan estudiando y a su cargo. Hasta 2015, el título de familia numerosa se perdía en el momento en el que menos de tres hijos cumplían los requisitos fijados. Sin embargo, eso cambió con una modificación normativa del Gobierno de Rajoy. Ahora, se puede mantener mientras al menos uno de los hijos reúna las condiciones previstas en la Ley de Protección a las Familias Numerosas.

El coste de los dos bonos energéticos lo cubre el grueso de los españoles. El bono social eléctrico lo financian las comercializadoras a través de los recargos que pagan los consumidores en la factura de la luz, a medias con las aportaciones que hacen los otros operadores del mercado, como los generadores o los distribuidores. Mientras, el bono social térmico va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y su partida ascendió en 2022 a los 453 millones de euros, cuantía que repetirá en 2023.

Tanto la líder del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, como el propio vicepresidente madrileño han defendido este miércoles que haber percibido dicha ayuda es, además de legal, ético y moral. "Pertenezco a una familia numerosa, tengo cuatro hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Mis hijos, por el bono transporte, pagan tres euros menos", ha señalado Ossorio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha invitado a todos aquellos que tienen "envidia" de las familias numerosas "por tener estos recursos" a conformar una de ellas. Y ha insistido en que mientras la suya lo siga siendo, recibirá y aceptará "todas las ayudas" que se ofrezcan para este colectivo.

La Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar de la orden del Ministerio de Hacienda que desarrolla la ley que recoge el gravamen temporal para las empresas energéticas y bancos, según recoge Europa Press.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha resuelto en un auto la primera petición de medidas cautelares solicitada en el recurso de Repsol contra los modelos 795, 796, 797 y 798 sobre el pago anticipado del gravamen temporal establecido por la mencionada ley.

El Tribunal considera que rechazar la suspensión no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos.

Así señala que en este caso "los perjuicios derivados de la no suspensión solo supondrán someterse a la obligación de efectuar la declaración en la forma prevista por la Orden Ministerial".

Y añade que "obviamente se trata de una situación perfectamente reversible y de perjuicios reparables en el caso de que se estimasen las pretensiones sostenidas en la demanda que deberá formularse por la empresa recurrente".

Es más, la Sala dice que, muy al contrario, en caso de suspender la Orden y con ella la ley, sí que se ocasionaría "un grave perjuicio al interés general al hacerse imposible la recaudación del gravamen".

Señala que si acogiera la medida cautelar interesada, se dejaría sin cumplir "una de las exigencias de la ley, que en su exposición de motivos habla de que tiene una primera finalidad recaudatoria, a fin de exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas".

Así, el tribunal considera que la medida cautelar que interesa Repsol supondría "la petrificación del ordenamiento jurídico", puesto que, por medio de la obtención de la medida cautelar respecto de la Orden Ministerial de desarrollo, "se estaría paralizando la aplicación de una ley que tiene una justificación detallada en su exposición de motivos y respecto de la que esta Sala no tiene nada que decir por carecer totalmente de competencia para anular normas con rango de ley".

Por otro lado, advierte de que, si bien Repsol apunta que en ningún caso pretende la suspensión vía justicia cautelar de la ley, "la realidad es que tal efecto iría inescindiblemente unido a la adopción de la medida cautelar solicitada".

Asimismo, la Sala incide que las razones para la implantación de ese impuesto temporal, recogidos en la propia ley, hacen referencia al aumento de la inflación, la influencia de la Guerra de Ucrania, los problemas de suministros derivados de la pandemia, o el insuficiente incremento de los salarios.

E insiste en que el tribunal no debe valorar esos argumentos porque los órganos jurisdiccionales no pueden "determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados".

La Audiencia Nacional recoge además en su auto que el pasado 10 de febrero ya rechazó la pretensión inicial de Repsol de suspender la Orden Ministerial por la vía de la adopción de medidas cautelarísimas, es decir, sin pedir informe a la Administración.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden de 2 de febrero en la que se recoge el gravamen extraordinario al sector, al considerarlo "discriminatorio e injustificado", ha informado la patronal eléctrica, informa Europa Press.

De esta forma, la asociación que agrupa a las principales eléctricas en España ha optado por recurrir directamente la orden ministerial HFP/94/2023 por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a las compañías energéticas.

Desde Aelec consideran que este gravamen es "discriminatorio e injustificado" por varios motivos, el primero de ellos porque se trata de un gravamen único en Europa. Así, explica que la Unión Europa ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, en el que nada se dice sobre el sector eléctrico. "Por tanto, el gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español. Es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia energética del exterior", indica.

El segundo motivo es porque el tributo grava los ingresos de las compañías, en concreto, el 1,2%, mientras que en Europa es sobre beneficios. "Somos el único país de Europa que grava los ingresos", denuncia.

El tercer motivo es por "discriminación", porque solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas, y el cuarto es por "incoherencia fiscal", al gravar ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 euros/MWh y por gravar incluso los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las compañías eléctricas, explica Aelec.

De este modo, la patronal eléctrica secunda los pasos de las patronales financieras CECA y AEB, que también han recurrido el gravamen impuesto a la banca por sus supuestos beneficios extraordinarios.

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha avanzado este martes que la ley con la que se crearán los nuevos impuestos a la banca y las empresas energéticas dará facultades a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para sancionar, en su caso, a las empresas que intenten repercutirlos en los clientes, según informa Europa Press.

Así lo ha señalado Alegría en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede federal del partido y con la se ha estrenado como nueva portavoz de la dirección del PSOE. Esos nuevos impuestos, anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Debate sobre el estado de la Nación, se crearán a través de una proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos registrarán esta semana en el Congreso.

Alegría no ha detallado cuándo tendrá lugar el registro, limitándose a comentar que se está trabajando en el texto y que se presentará "en próximas fechas y horas". Sí ha remarcado que "en ningún caso" esos impuestos podrán "gravar a los ciudadanos" y que será la "propia CNMC la que podrá en su momento aplicar algún tipo de sanción si así se produjese".

"Ha llegado el momento de redistribuir y de que las clases medias trabajadoras no sean las que soporten los efectos tan complicados de la crisis provocada por la guerra de Putin", ha enfatizado la también ministra de Educación.

Según ha recordado, tras la crisis de 2008 "hubo una inyección muy importante de fondos públicos al sector financiero" y ahora les toca contribuir a esas grandes empresas y a las eléctricas y gasistas "que están recibiendo grandes ingresos".

Sindicatos y patronal han salido este miércoles de la reunión con el Gobierno sin conocer ni una sola propuesta sobre el pacto de rentas que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quería resucitar para frenar la inflación desbordada y dar “confianza y estabilidad” a los trabajadores y las empresas. “No tenemos ningún indicio de por dónde quiere el Gobierno abordar el pacto de rentas”, resumió la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, tras sentarse durante una hora con las ministras del área económica del Ejecutivo, a excepción de Yolanda Díaz, que se encontraba en Roma.

Poco antes, la propia Nadia Calviño había eludido responder a las preguntas de los periodistas que querían saber qué va a contener el pacto de rentas: pensiones, salarios de funcionarios, modificaciones en el impuesto sobre sociedades, otra subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de que acabe el año… Todas son medidas que le reclaman los sindicatos y la patronal, así como el Banco de España.

De forma que tanto Mari Cruz Vicente como su homólogo en UGT, Mariano Hoya, coincidieron en asegurar que las posibilidades de alcanzar un pacto de rentas, al menos tras esa primera reunión tan difusa, son “las mismas” que hace dos meses, cuando el pasado mayo se rompieron las negociaciones entre los sindicatos y la CEOE para firmar el acuerdo marco de salarios de los próximos tres años. La patronal, que también asistió a la convocatoria del Gobierno este miércoles, no compareció ante los medios tras la reunión.

Calviño se limitó a calificar la cita de “productiva” y a indicar que veía a los agentes sociales “abiertos a trabajar” para cerrar el pacto de rentas. Sólo dijo que el Gobierno quería un acuerdo de tres años, hasta 2025, “de moderación de rentas empresariales y salariales”. Cuando se le preguntó por posibles cambios en el impuesto de sociedades para gravar los beneficios de las empresas, la vicepresidenta primera mencionó únicamente el impuesto a las compañías energéticas ya anunciado por el Gobierno. Y cuando se le inquirió sobre la segunda subida del SMI para este año que ha reclamado UGT sólo recordó el “compromiso” del Ejecutivo para que al final de la legislatura el salario mínimo iguale el 60% del salario medio. Tampoco dio ningún detalle sobre si, como le ha pedido la CEOE, el acuerdo de rentas incluirá las pensiones y los salarios de los funcionarios. Apenas adelantó que el Gobierno empezará a trabajar “desde mañana mismo” con los agentes sociales “en distintas composiciones” y “de forma discreta”, sobre la base de la experiencia de cuatro años de Diálogo Social.

Por su parte, CCOO y UGT se reafirmaron en su objetivo de que el pacto de rentas no se edifique sobre la contención salarial. “Los salarios no son los causantes de la inflación”, subrayó Mariano Hoya. Mari Cruz Vicente puso en valor la necesidad de incluir cláusulas de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo al final de cada año. Y ambos se mostraron dispuestos a volver a sentarse con la patronal en septiembre para resucitar el acuerdo salarial malogrado en mayo.

Desde que el otoño pasado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, propusiera un pacto de rentas para atajar la inflación, que entonces estaba en el 5,5% –y la subyacente, sin energía ni alimentos, sólo en el 1,7%–, el alza de los precios ha dejado de ser una perturbación temporal y se ha convertido en la principal preocupación de ciudadanos, gobiernos y bancos centrales. Hoy, sólo la inflación subyacente ha igualado ese 5,5% en que estaba el IPC general hace siete meses y el IPC general supera ya el 10%. Pero del pacto de rentas que primero planteó De Cos y, tras estallar la guerra en Ucrania, reclamó también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada se ha sabido hasta ahora. El fracaso de las negociaciones entre los sindicatos y la patronal para firmar un acuerdo marco que fije las subidas salariales de los próximos tres años dinamitó finalmente una iniciativa que no había suscitado entusiasmo cuando el gobernador del Banco de España la expuso. Ahora, la persistencia de la inflación y la perspectiva de un otoño e invierno aún en guerra y con graves carencias energéticas en toda Europa ha devuelto el pacto de rentas a la agenda política.

Los sindicatos siempre han dicho que el pacto de rentas debe ir más allá del acuerdo salarial. Y lo han repetido este miércoles antes de sentarse con Nadia Calviño. El Gobierno tiene que convertirse en “actor principalísimo” y precisar “qué pone encima de la mesa”. En concreto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, reclama “medidas fiscales ofensivas y valientes”. Si hay que redistribuir las pérdidas que ocasiona la inflación, como pidió Hernández de Cos, también deben recortarse los “miles de millones en excedentes” que están consiguiendo las empresas. Es decir, “hay que tocar el impuesto sobre sociedades”, instó Sordo, a quien no le basta el impuesto a los beneficios extraordinarios de eléctricas y petroleras anunciado por el Ejecutivo. Además de aplicar medidas “eficaces” para contener los precios, añadió, hace falta un pacto fiscal “más ambicioso” vinculado a la protección de quienes lo están pasando peor.

En parecidos términos se ha expresado también el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien calificó de “razonables” las subidas salariales que los sindicatos están reclamando en las mesas donde negocian convenios colectivos. “El 3,5% para este año, 2,5% para 2023 y 2% para 2024, incluyendo cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo”, resumió. Los dos sindicatos mayoritarios convocaron para este miércoles concentraciones de protesta ante la sede de las principales patronales para exigir aumentos salariales y para pedir a la CEOE que vuelva a sentarse a negociar un acuerdo marco de salarios que no sólo garantice el poder de compra de los trabajadores sino también “pacifique” la negociación de los convenios. Sordo destacó que se están firmando convenios con subidas salariales por encima del 4%, pero sólo tras alcanzarse “altos niveles de conflictividad social”. Puso el ejemplo del sector del metal en Cantabria, donde se firmó ese aumento y se consiguió la cláusula de revisión salarial después de 20 días de huelga, y en A Coruña, donde la huelga duró cuatro días. En otoño, advirtió, continuará el “tensionamiento” de la negociación colectiva que ambos sindicatos anunciaron tras romperse el diálogo con la patronal el pasado mayo.

La CEOE, por su parte, rechaza reducir unos márgenes que considera aún muy tocados por efecto de la pandemia. Tampoco quiere oír hablar de cláusulas de revisión salarial, que se convirtieron en el elemento que dio al traste con el acuerdo marco salarial en mayo. En diciembre de 2021, el 15,8% de los trabajadores disfrutaban de una de estas cláusulas de garantía en sus convenios; en mayo de este año son ya el 25,7%.

El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, precisó este mismo miércoles que no se opone a subir los salarios, aunque sí a que éstos suban tanto como la inflación. De momento, la media de mejora salarial firmada en convenio no supera el 2,4%, según la estadística del Ministerio de Trabajo.

La patronal prefiere poner el foco en las pensiones y el salario de los funcionarios, que a su juicio deberían incluirse en el pacto de rentas. “Cada punto [que se suban las] las pensiones son 1.700 millones y en la reposición del próximo año del baby-boom son 4.000 millones de euros más. Podemos estar hablando de 17.700 millones más de coste en pensiones”, ha destacado en declaraciones a Onda Cero. “Todos queremos”, continuó, “que los pensionistas cobren y los salarios suban, pero lo que no queremos es que quiebre el sistema”. También culpó al Estado de “influir” para que la inflación se dispare, al recaudar “más de 20.000 millones de euros” gracias al alza de los precios. Una cantidad, dijo, que debería dedicarse a atender las necesidades básicas de los ciudadanos.

Garamendi rechaza igualmente una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ya ha avanzado Pepe Álvarez y apoyado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Según la ley, el SMI debe revisarse cada seis meses, estamos en nuestro derecho de pedir al Gobierno que lo haga antes de que termine el año”, anunció el líder de UGT. En enero el salario mínimo alcanzó los 1.000 euros mensuales. El presidente de los empresarios ha descalificado “los mensajes de la vicepresidenta”: “Son en pura clave electoral, no es realista lo que plantea”, ha zanjado.

Unidas Podemos insiste en exigir la reforma fiscal que el Gobierno quiere aplazar para el año próximo, en vista de las grises perspectivas económicas para el fin de este ejercicio. “Las empresas del Ibex-35 están ganando más que nunca y las eléctricas y petroleras se están forrando”, ha denunciado el portavoz del grupo, Pablo Echenique. Sin esa reforma, abundó, el pacto de rentas “quedará desvirtuado”.

Es decir, en ese reparto “ineludible” –el adjetivo que utilizó el gobernador del Banco de España– de la pérdida de riqueza que supone la inflación, el pacto de rentas debería añadir al acuerdo salarial un pacto fiscal para moderar los márgenes empresariales y medidas de ayuda a los ciudadanos más perjudicados por las subidas desbocadas de los precios. Al menos es lo que piden las partes convocadas y los tres elementos que dibujó Hernández de Cos cuando presentó su propuesta. Pero de momento, el Gobierno no ha revelado ni un solo detalle de cómo quiere diseñarlo.

“Creo que ahora entendemos mejor lo poco que entendemos sobre la inflación”. La frase es del presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, el hombre cuya misión es precisamente frenar la venenosa subida de precios que sufre su país. Lo dijo hace sólo unos días en Sintra (Portugal), donde el Banco Central Europeo (BCE) celebró su foro anual. Allí se conjuraron los guardianes de la inflación, además de Christine Lagarde, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, para actuar contra la escalada de precios con toda la contundencia de que son capaces. Tanto Powell como Bailey han comenzado ya a subir los tipos de interés tras una década de congelación, mientras que Lagarde lo hará este mismo mes y de nuevo en septiembre. Aun así, la batalla no ha hecho más que comenzar y el resultado no sólo es incierto: el presidente de la Fed advirtió también de que el enfriamiento de la economía derivado del encarecimiento del dinero no va a estar exento de “dolor”.

Pero Powell sabe, y lo dijo, que Estados Unidos puede resistir el envite mejor que Europa. En ambos lados del Atlántico la inflación se ha disparado a una velocidad que no se recordaba desde hace 40 años. Pero las causas no son exactamente las mismas, ni las economías a las que daña comparten el mismo estado de salud. EEUU no depende del gas y el petróleo rusos y, aunque sí ha subido la gasolina, sobre todo se han desatado la vivienda, los servicios… y los salarios. Además, su tasa de paro es sólo del 3,6% –¡del 2% en Minnesota y Utah! –, técnicamente se trata de pleno empleo. En la Unión Europea, por el contrario, el cierre del grifo ruso amenaza con poner al borde del colapso a un buen número de países completamente dependientes de la energía de Vladimir Putin. En otros, la recuperación económica de la pandemia, con un aumento de la demanda, por un lado, y los elevados déficit y deuda públicos, por otro, conspiran con unas tasas de paro que casi cuadriplican la estadounidense.

La inflación en la zona euro alcanzó en junio el 8,6%, al menos a tenor de los indicadores adelantados y armonizados que utiliza Eurostat, la oficina estadística de la UE. Estados Unidos aún no ha hecho público el dato de junio, pero en mayo ya se situaba también en ese mismo 8,6%. De los 20 países europeos que han revelado la cifra del último mes, nueve tienen un IPC superior al 10%. Uno de ellos es España, con un 10,2% –dos décimas menos el armonizado–. La superan los países bálticos, totalmente supeditados a la energía rusa y con IPC de pesadilla: Estonia alcanza el 22%, Lituania está en el 20,5% y Letonia en el 19%. Con dos dígitos aparecen también dos países del Este, Eslovaquia –12,5%– y Eslovenia –10,8%–, y Grecia –12%–. Al igual que Bélgica –10,5%– y Luxemburgo –10,3%–.

Tampoco van muy a la zaga Países Bajos –9,99%–, Irlanda –9,6%– y Portugal –9%–.

Alemania, que antes de la invasión de Ucrania importaba de Rusia el 55% del gas que consume, ha conseguido reducirlo a un 35%. También compraba en el gigante eslavo un 35% del petróleo, que ahora es sólo el 12%. Así, es casi el único país europeo que ha conseguido rebajar en algo su inflación en junio, hasta el 8,2% desde el 8,7% –IPC armonizado– de mayo. También Países Bajos, otro país con una fuerte dependencia energética de Rusia, ha recortado su IPC, del 10,2% de mayo al 9,9% de junio. En cualquier caso, son cifras estratosféricas. En Alemania el precio de la energía se ha disparado un 38% en el último año.

Italia ha llegado en junio al 8,5% armonizado, tras una subida de 1,2 puntos porcentuales en un mes. En el país de Mario Draghi la energía se ha encarecido aún más que en Alemania, un 48,7%. Sólo Francia parece escapar, hasta cierto punto, de la escalada. Aun así, en junio ha alcanzado el 5,8%, la cifra más alta desde 1985 –un 6,5% armonizado–. Los precios de la energía también están en niveles de escándalo, un 33,1% por encima de hace un año, pese a que hasta ahora el mayor recurso a sus centrales nucleares parecía haber librado a Francia de la carestía que atenaza al resto de los europeos. Finalmente, el Reino Unido, que aún no ha publicado el dato de junio, dejó la inflación en el 9,1% en mayo. Y el Banco de Inglaterra avisa de que, en octubre, cuando en teoría está previsto que se levante el tope de precios a las facturas domésticas de la luz, el IPC puede llegar al 11%. Únicamente Suiza vive a salvo de la ola de precios, con un IPC que en mayo sólo era del 2,7%. El motivo es su moneda. El franco suizo es considerado una divisa refugio en momentos de crisis y su fortaleza permite a la confederación importar barato.

Hace sólo dos meses, España y el resto de Europa aún podían decir que la principal causa de su elevada inflación era la energía. Pero a las puertas del verano, y pese a las medidas de los gobiernos, la subida de los precios de la luz, el gas y los combustibles ha contagiado ya a toda la economía. Lo desvelan las cifras de la inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos. Y ahí España lidera en Europa. En junio se ha encaramado en el 5,5%, lo que la convierte, de momento, en la más alta de la UE a excepción de Grecia, un 6%, y Malta, que alcanza el 5,9%, la misma que ya en mayo sufre el Reino Unido. Sólo se le acerca Bélgica, con un 5,07%. La de Estados Unidos también es superior, un 6% en mayo: sólo un tercio de su inflación se debe a los precios de la energía –la mitad en el caso europeo–, pero su economía se ha recalentado más la de la zona euro, que en junio tiene una inflación subyacente del 3,7% de media. En Italia, Francia y Alemania están entre el 3,2% y el 3,8%. Sólo Países Bajos toca el 4%.

Ese contagio indica ya a las claras que la inflación desatada no va a ser un fenómeno transitorio como se preveía en un principio y, al quedarse más tiempo, se corre el peligro de que parte de ella se convierta en estructural. No sólo por la guerra en Ucrania y el precio de la energía. “La desglobalización de la economía que ya se está produciendo va a aumentar el precio de los bienes y servicios, que serán más cercanos, pero también más caros”, explica José García Montalvo, profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, “No podemos depender de un solo suministrador, necesitaremos varios, y eso encarece el producto final; si aumenta el riesgo de que se rompa la cadena de suministro, como ya ha ocurrido, ese mayor riesgo también encarece el producto, y luego hay que tener en cuenta la volatilidad de los fletes”, enumera.

En este nuevo escenario inflacionista, impensable hace un año, España cuenta además con una desventaja. Por culpa de su menor productividad y competitividad, el impacto de los precios desbocados es mayor, resalta García Montalvo. “España siempre ha sido más vulnerable a la inflación que otros países”, apunta igualmente el economista Javier Santacruz. También ha generado mayor conflictividad social, recuerda, porque el encarecimiento de los alimentos y otros bienes o servicios básicos perjudica más a las rentas más bajas. Y el daño económico de la pandemia, cuando los salarios aún no se habían recuperado de la anterior crisis, ha dejado en España un reguero de damnificados. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida el INE, el 7,3% de los ciudadanos sufre carencias materiales severas, tres décimas más que hace un año.

A juicio de Santacruz, el riesgo ahora es que esa contestación social se traduzca en un aumento de los salarios y las pensiones que retroalimente la subida de los precios. Los temidos efectos de segunda ronda. Sin embargo, ni en España ni en el resto de la UE han mejorado aún los salarios. Y sólo en el Reino Unido han empezado a bullir las protestas, con huelgas en los ferrocarriles y el metro y convocatorias en la educación y la sanidad públicas, así como en Correos.

Como ventaja española, el catedrático de la Universidad de Granada Santiago Carbó menciona el pico de actividad que este verano proporcionará el turismo, un tirón que puede ayudar a evitar la recesión si la subida de tipos de interés enfría demasiado la economía. Estar más lejos de Rusia, depender menos de sus exportaciones energéticas gracias al suministro alternativo de gas por barco y por el tubo argelino, también cuenta a favor de España, indica Carbó.

Cuestión distinta es la eficacia de las medidas que han adoptado los gobiernos para hacer frente a la espiral de precios. El abanico de ayudas y descuentos es muy parecido entre los países. Rebajas de impuestos, ayudas a las familias y empresas más vulnerables a la subida de precios, reformas de los mercados energéticos y medidas de ahorro.

Tanto España como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal, además de algunos Estados americanos, han aprobado subvenciones a los carburantes: desde 15 céntimos el litro en Francia hasta 30 céntimos la gasolina en Alemania e Italia. El descuento de Boris Johnson son cinco peniques el litro reduciendo impuestos sobre los combustibles.

Reino Unido e Italia ya han puesto en marcha un impuesto del 25% a las compañías eléctricas, mientras que Bélgica y España lo están preparando. Al mismo tiempo, los gobiernos están rebajando impuestos a los consumidores de energía. Reduciendo el IVA de la electricidad –Reino Unido, España, Bélgica– y del gas –Italia– o eliminando ciertos recargos, como el gravamen especial con que alemanes y austriacos financiaban hasta ahora la transición hacia las renovables. En Francia, Emmanuel Macron ha limitado al 4% la subida del precio de la electricidad que pagan los consumidores.

Como se sabe, en España y Portugal lo que se ha topado ha sido el precio del gas para producir electricidad, un mecanismo complejo que hasta el momento ha rebajado la factura de la luz un 14%, por debajo de las previsiones del Gobierno.

También han sido generalizadas las compensaciones a empresas y familias. En Alemania el Gobierno paga cheques a los hogares con rentas más bajas de 300 euros, de 100 euros para los desempleados –200 euros para los de larga duración–, 135 euros para los estudiantes. En Francia se pagaba ya antes de la guerra un chèque energie de 100 euros y a partir de septiembre habrá otro chèque alimentaire para familias de bajos ingresos. Además, las pensiones subirán un 4% a partir de este mes de julio, un poco menos de lo que hasta ahora ha aumentado la inflación. En Italia el cheque para quienes ingresen menos de 35.000 euros al año, tanto trabajadores como pensionistas, asciende a los 200 euros. A las empresas con mayor consumo de electricidad el Gobierno de Mario Draghi les otorga créditos fiscales del 20% si su factura crece por encima del 30%.

Alemania también ha elevado hasta los 10.347 euros anuales el mínimo por encima del cual el contribuyente está obligado a pagar el IRPF. Y ha dejado en nueve euros el precio del abono mensual de transporte, en un intento por incentivar el uso de autobuses, trenes y metro para ahorrar combustible. Algo similar pondrá en marcha a partir de septiembre el Gobierno español, reduciendo en un 50% el abono mensual de Renfe y de las líneas de autobuses con concesiones del Estado, así como un 30% los abonos emitidos por las comunidades autónomas y ayuntamientos.

¿Cuánto cuestan estas armas contra la inflación? Unos 22.000 millones a los alemanes, 27.000 millones a los franceses, 26.500 millones más a los italianos y 25.000 millones a los españoles. Otra costosa factura.

La primera víctima política del IPC desbocado ha sido el mensajero: el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, presentó este lunes su dimisión “por motivos personales”, pero su renuncia se produce después de meses de debate sobre la fiabilidad de los datos de inflación y PIB que elabora el organismo. Un IPC en niveles desconocidos desde hace 40 años que excluye los recibos de luz del mercado libre y un crecimiento económico que, tal como lo mide la Contabilidad Nacional, no refleja las boyantes cifras de empleo y de recaudación fiscal, suscitaron las críticas de algunos ministros y han terminado por llevarse por delante al responsable de esos cálculos, que fue nombrado por este mismo Gobierno en 2018.

“Ver cómo se cesa al director del INE porque el Gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales en materia de crecimiento económico y de inflación es, sin duda alguna, un error que afecta a la credibilidad, la fiabilidad y la reputación del reino de España”, reaccionó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la dimisión de Rodríguez Poo. También la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) ha censurado el “ataque a la independencia” del INE que supone el cese de su presidente porque algunas estadísticas relevantes, dice, no estén “en sintonía con las previsiones del Gobierno”. “No puedo entrar en por qué o cómo es la dimisión del presidente del INE, pero en cualquier caso sí reclamo y defiendo la independencia del organismo. Creo que es fundamental, es un organismo de mucho prestigio, siempre lo ha sido”, ha terciado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El Ejecutivo, por su parte, ha enmarcado la renuncia del catedrático de Econometría en una reforma para “reforzar y modernizar el sistema estadístico nacional”, con la aprobación de un nuevo estatuto para el INE y la modificación de la Ley de la Función Estadística Pública. El actual estatuto data de 2001 y la ley, de 1989.

Lo que el Ejecutivo no detalla es que esa modificación de la norma se incluyó casi de tapadillo como una disposición final en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en el Senado el pasado día 21. Esa actualización de la Ley de la Función Estadística Pública debería haber incluido el acceso del INE a los registros tributarios, uno de los objetivos de Juan Manuel Rodríguez Poo, así como establecer en seis años el mandato de los presidentes del organismo, homologándole con el resto de sus pares europeos y poniéndole a salvo de los cambios de gobierno –como ya ocurre con el gobernador del Banco de España o el presidente de la AIReF, por ejemplo–. Sin embargo, según explican a infoLibre fuentes estadísticas, ambas cuestiones, impulsadas por el ya expresidente del INE, se “cayeron” del proyecto final por el rechazo de los ministerios de Hacienda –la primera– y de Economía –la segunda–. En la ley recién aprobada, no se modifican los límites de acceso a los datos tributarios ya existentes.

Precisamente una de las críticas que se han hecho a los cálculos del INE se refiere al uso de encuestas, en lugar de datos reales. Ahora el Gobierno quiere incorporar “nuevas fuentes de información” para mejorar la calidad de las estadísticas del INE y habla de “registros administrativos” y “big data”. Cuando a principios de este año Caixabank publicó un par de estudios sobre la subida del recibo de la luz en 2021 y concluyó que el INE había sobreestimado en casi un punto el IPC de ese año por haber excluido de la medición los precios del mercado libre, el organismo no sólo defendió su metodología, sino que, además, aseguró que le había sido imposible conseguir la información sobre esos precios de las principales empresas eléctricas, pese a haber mantenido “diversas reuniones” con ellas. La vicepresidenta Nadia Calviño también reprendió a las compañías del sector por su renuencia a entregar los datos. Aun así, el INE insistía en que su índice es “absolutamente correcto” y “goza de todas las garantías nacionales e internacionales de precisión y fiabilidad”.

Las mismas fuentes defienden la gestión llevada a cabo por Juan Manuel Rodríguez Poo, que es catedrático de Econometría. Alaban que haya creado una tercera dirección general en el INE, de Planificación Estadística y Procesos, y que haya conseguido recursos adicionales para un organismo que ha perdido más de 1.000 trabajadores en la última década. Los estadísticos están muy solicitados en el sector privado, donde se pagan sueldos más elevados, y los que trabajan en el sector público prefieren la Agencia Tributaria o la AIReF, donde las retribuciones son también mejores que el INE. Después de años sin oposiciones, por las políticas de recorte del gasto público impuestas por la crisis, a las primeras que se convocaron para estadísticos casi no acudían candidatos, aseguran las fuentes.

Al mismo tiempo, reconocen que Rodríguez Poo ha cometido errores, principalmente no haber sido lo bastante “ágil” para corregir los desacoples en los cálculos del IPC y el PIB. Le achacan un exceso de lentitud y de rigor para adaptar los cálculos a una situación de emergencia como fue la pandemia, que produjo cambios “abruptos y extraordinarios”.

“No creo que haya errores deliberados [en los cálculos del INE], lo que vemos es un desacople entre el PIB y las cifras de empleo a las que no encontramos explicación, pero que puede tener muchas causas”, apunta José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Según precisa, la pandemia está detrás de esos datos anómalos, que aún no se atreve a atribuir a, por ejemplo, la economía sumergida, que no se contabiliza en el PIB.

Además, según las fuentes estadísticas consultadas, el INE hace una interpretación “demasiado estricta” del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), y contabiliza “a un ritmo más lento que el resto de la UE” la construcción de inmuebles. El INE estaba en proceso de cambiar este criterio, pero no iba a hacerlo hasta septiembre, por lo que “pecó de inflexible”, resaltan. Tampoco ha modificado los índices de variación estacional en el PIB que se utilizan para suavizar ciertos datos y que estos dos últimos años de vuelco brusco en la economía han pesado de más. Es otro cambio que estaba en marcha antes de la renuncia de Rodríguez Poo, pero que no se ha hecho realidad aún. España ha superado los 20 millones de ocupados, contados como cotizantes a la Seguridad Social, la mayor cifra de su historia y superando, por tanto, los datos de antes de la pandemia. También registra récords de recaudación fiscal sin haber subido los impuestos. Sin embargo, esos números no se reflejan en la contabilidad nacional y el crecimiento del PIB. El INE acaba de revisar a la baja –del 0,3% al 0,2%– el crecimiento de la economía española en el primer trimestre.

En lo que coinciden las fuentes consultadas, la oposición y los estadísticos es en el daño que el cese de su presidente puede infligir a la reputación del INE. Es la primera vez que el máximo responsable de este organismo, con patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, tal y como reza su estatuto, es destituido sin que medie un cambio de gobierno. Además, subrayan las fuentes estadísticas, saltándose el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. De acuerdo con su punto 1.8, las razones por las que se puede poner fin a su cargo “no pueden ser razones que comprometan la independencia profesional o científica”. Y ésa es precisamente la imagen que puede darse ahora con la salida de Rodríguez Poo. Su sustituto, según se ha publicado, será el ex secretario de Estado de Seguridad Social Israel Arroyo, que dimitió la semana pasada y es miembro del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas. La crisis de reputación puede tener incluso proyección internacional, teniendo en cuenta que el expresidente del INE también era desde el pasado enero el presidente del Partnership Group del Sistema Estadístico Europeo, que atiende con estadísticas las decisiones del Consejo de la UE.

Conde-Ruiz dice que, como economista, su misión es interpretar los datos, y que no los pone en duda. Otros economistas, preguntados por infoLibre, sí creen que en el cálculo del IPC faltan los precios de la vivienda en propiedad, que por el contrario se incluyen en el deflactor del consumo privado de la Contabilidad Nacional. O también el coste del dinero. Al mismo tiempo recuerdan la divergencia entre la cifra de ocupados que proporciona la EPA y los datos de afiliación a la Seguridad Social: unos 400.000 trabajadores que pueden situarse en la economía sumergida.

Habría que recordar igualmente que las controversias sobre los datos no son nuevas. En 2002 saltó el cambio de la definición de parado en la EPA: de bastar con estar registrado en una oficina de desempleo a exigirse, además, la búsqueda activa de empleo. Entonces el enfrentamiento fue con los sindicatos. Once años después, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, criticó la cifra de parados de la EPA descalificándola como una mera encuesta “que no es la realidad". En 2013, en lo peor de la crisis financiera, España rozaba los seis millones de desempleados y Rosell creía que el dato estaba hinchado. Consideraba más fiable y “solvente” la cifra de parados registrados en las oficinas del SEPE, que era un millón inferior. Sin embargo, Eurostat utiliza la EPA, y no el paro registrado, para medir el paro en toda la UE. Los sindicatos le afearon entonces no sólo que negara la existencia de millones de parados, sino también que creara una “fuerte inestabilidad y desprestigio” sobre el INE.

España es muy vulnerable al cambio climático debido a su situación geográfica y sus características socioeconómicas. Lo confirman la subida de 1,7ºC que ha sufrido la temperatura media desde la época preindustrial y el aumento en más de 30.000 km2 de la extensión de climas semiáridos (alrededor de un 6% de la superficie de nuestro país). Así lo advierte el Análisis de las emisiones de GEI de la economía Española y propuestas para su descarbonización. En este informe, fruto de la colaboración entre Talento para la Sostenibilidad y el Observatorio de la Sostenibilidad, se asegura que para frenar esta situación es imprescindible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para ello, han analizado la emisión por sectores y han evaluado las políticas que se han llevado a cabo en esta materia.  

Determinan que el sector energía es el que más gases emite, pues supuso el 72% del total de las emisiones en 2020, seguido por la agricultura (14%), los procesos industriales (9%) y finalmente la gestión de residuos (5%). Dentro del sector energía, los subsectores que más emiten son el sector transporte, el sector industrial y el sector eléctrico. 

En cuanto a las empresas que se dedican a la refinación del petróleo, denuncian un “nulo compromiso con la transición energética”. Las compañías de transporte que más contaminan son Repsol, CEPSA o BP; todas ellas han aumentado hasta un 30% sus emisiones frente al año 2008. Denuncian cómo el sector de transporte, a pesar de la mejora de la eficiencia energética de los motores de combustión, ha incrementado sus emisiones.

Por otro lado, recalcan que el sector eléctrico, siendo la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, tiene el potencial de convertirse en 100% renovable, con emisiones cero. Mientras que “no todas las empresas eléctricas han realizado los mismos esfuerzos de cara a la descarbonización”, es el sector en el que más se han reducido las emisiones. Iberdrola lidera esta reducción, seguida por EDP, Naturgy y Endesa.

Como se puede observar, mientras que en 2007 la generación era dependiente del carbón, el ciclo combinado y la energía nuclear, 2021 está marcado por una producción sostenida por energías renovables, donde la importancia del carbón es insignificante. Según comentan en el informe, “la generación de energía renovable en España alcanzó en 2020 un máximo histórico, correspondiendo a un 43,6% de la producción final de energía eléctrica” y 17,26% del consumo final de la energía en España.

La guerra en Ucrania ha evidenciado la elevada dependencia que tiene Europa de los combustibles fósiles de otros países, y por ello el Observatorio de la Sostenibilidad resalta la “necesidad de desvincularse en la mayor medida posible de las fuentes energéticas contaminantes de otros países”. Esta dependencia no solo conlleva un aumento de precios, sin que también entorpece y retrasa las medidas de transición ecológica. 

En el estudio se asegura que apostar por la transición energética ya no es solo una “cuestión de ecologismo”, sino que se ha convertido en “una necesidad económica y geopolítica”.  

Para lograr esta transformación de las fuentes de energía hacia energías limpias, consideran necesario apostar por la electrificación de la industria, el transporte y los consumos energéticos en servicios y hogares. Además, es esencial que esta electrificación se base en la generación de electricidad con fuentes renovables, a la vez que se fomenta el consumo directo de renovables en lo máximo posible. 

También resaltan la importancia de primar acciones que favorezcan el almacenamiento y la eficiencia energética para que sea posible reducir el consumo. Por otro lado, la planificación energética y la ordenación del territorio son claves para que el despliegue de las renovables no afecte a la biodiversidad y el paisaje. 

Además, el informe enfatiza que esta transición energética debe beneficiar al conjunto de la ciudadanía, “permitiendo que la energía sea asequible para todos, solucionando así problemas tales como la pobreza energética”. 

Para lograr todas estas cuestiones, recogen varios instrumentos económicos. En primer lugar destacan el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE), instrumento que busca que las empresas inviertan en una producción más limpia mediante los “derechos de emisión” (derechos transferibles otorgados a determinadas instalaciones para emitir gases a la atmósfera que encarecen los procesos de producción). 

Por otra parte se encuentra la fiscalidad, también en revisión por la Comisión Europea, que gravaría aquellos productos más contaminantes y eliminaría sus subvenciones. Además, consideran eficaces las políticas de mejora de la eficiencia energética, la rehabilitación de viviendas, la servitización de la economía, el fomento del transporte público y colectivo o la economía circular, entre otras. 

Las empresas españolas pueden presumir de haber superado 2021 con cifras históricas de beneficios. La recuperación se tradujo en 57.797 millones de euros de ganancias para las 35 marcas punteras del Íbex, lo que equivale a un tirón del 83,5% respecto a las cifras previas al covid. Las 20 que les siguen en tamaño y liquidez, integradas en el Íbex Medium Cap, dispararon sus resultados respecto a 2019 incluso con mayor intensidad, un 99,2%, hasta los 3.736 millones. Por tanto, las 55 empresas más importantes del país ganaron 61.533 millones de euros mientras dejaban atrás la pandemia, un 88,4% más que en 2019, por tanto.

La vigorosa reanimación empresarial la confirma la Central de Balances Trimestrales del Banco de España, cuyos datos se basan en una muestra de 1.000 empresas que representan a un 12% de las no financieras. Según sus cuentas, los beneficios de las sociedades no financieras y no cotizadas repuntaron un 141,3% en 2021 respecto a 2020, aunque todavía continúan un 51,7% por debajo de 2019.

Estos datos los ha recopilado Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores y financieros de España, en un artículo donde destaca el buen estado de salud con que cerraron las empresas el ejercicio de 2021, antes de tropezarse con la guerra de Ucrania. Además, BME resalta que el récord histórico de beneficios en el Íbex 35 se ha producido pese a que su facturación aún se encuentra un 8,8% por debajo de los ingresos obtenidos en 2019. El volumen de negocio de las principales compañías en 2021 ascendió a 477.778 millones de euros, por lo que creció un 17,4% respecto del registrado en el año del covid y las restricciones a la actividad.

BME atribuye la discrepancia entre ingresos y beneficios al hecho de que las empresas redujeron en 2021 el deterioro de sus activos y corrigieron a la baja las fuertes provisiones del terrible ejercicio anterior, y lo hicieron en un porcentaje significativo, el 56,1%. Si se mide sólo el Ebitda, que recoge el resultado de la operativa habitual de la empresa, el de las compañías del Íbex 35 creció un 66,1% en 2021, por un 28,2% el de las empresas de mediana capitalización y un 23,6% el del millar de firmas incluidas en la Central de Balances del Banco de España.

Según BME, además, la estructura sectorial del Íbex 35 resulta apropiada para defenderse de la inflación y de la inminente subida de tipos de interés. Las empresas energéticas, inmobiliarias, de bienes de consumo y de suministros públicos, con una fuerte representación en el selectivo de la Bolsa española, “generan rentabilidad real positiva frente a situaciones inflacionistas”, además de ejecutar políticas de dividendo “muy generosas”. De hecho, la rentabilidad por dividendo del Íbex 35, del 2,8% al cierre del primer trimestre de este año, destaca entre otros índices internacionales, asegura BME. Está por encima de la rentabilidad por dividendo del Dow Jones –1,86%–, del 2,65% del DAX alemán y del 2,03% del CAC francés. Sólo la superan el 3,15% del Stoxx 50, el 3,18% del FTS-100 británico o el 2,9 del Mibtel italiano.

De acuerdo con las estadísticas de BME, la Bolsa española retribuyó en 2021 a sus accionistas con 20.474,73 millones de euros, el 35,4% de los beneficios conseguidos ese año.

También muestra el buen músculo de las empresas su rentabilidad sobre recursos propios, que en las del Íbex 35 se situó en 2021 en el 25,4%, después de caer a números negativos en 2020. La del Íbex Medium Cap casi se duplicó el año pasado respecto del anterior, hasta alcanzar el 21,4%. En las no cotizadas incluidas en la Central de Balances del Banco de España la rentabilidad sobre recursos propios ha crecido dos puntos, hasta el 7,1%.

Por sectores, las energéticas fueron las únicas empresas del Íbex que aumentaron su facturación en 2021 respecto a la prepandemia, rozando los 129.000 millones de euros y sumando unos beneficios de 10.166 millones, cifras históricas que más que cuadriplican los resultados de 2019 y 2020. Aún más dinero ganaron las empresas de industria y construcción, 17.782 millones, multiplicando por 4,5 los beneficios de 2019. En ingresos, el aumento fue del 26% en el ejercicio, pero ArcelorMittal y Acerinox dispararon su cifra de negocio casi en un 50%.

El sector que sigue luchando por recuperar la vitalidad anterior al covid es el turismo y la hostelería. Aunque su facturación creció un 12,6% el año pasado, todavía permanece un 64% por debajo de la que acostumbraba antes de la pandemia. Suma unas pérdidas de 3.186 millones, aunque son la mitad de las registradas en 2020.

Bancos e inmobiliarias son los líderes en beneficios del Íbex, 21.618 millones de euros, un 43,6% más que en 2019. Sus ingresos mejoraron el año pasado un 5%, hasta facturar 134.000 millones, pero aún no han recuperado el nivel precovid.

Finalmente, las empresas de tecnología y telecomunicaciones ganaron 7.786 millones, el triple que en 2019, pese a que sus ingresos descendieron un 4,2% por culpa de Telefónica, cuya facturación se resintió un 8,8%. Pero no por culpa del negocio, sino por el impacto en las cuentas de operaciones extraordinarias.

Los esfuerzos del Gobierno durante toda la crisis energética, con subidas en el precio del gas, de la electricidad y del petróleo, han estado encaminados, en parte, a evitar que las grandes empresas del sector se aprovecharan del episodio para maximizar sus ganancias mientras los más vulnerables sufrían los encarecimientos de los suministros básicos. No ha sido fácil: como se explica aquí, el principal mecanismo ha sufrido de dos modificaciones, fruto de la complejidad para intervenir en el rendimiento económico de las empresas en un sector privatizado, aunque los bienes sean esenciales. La minoración del gas tiene sus inconvenientes, como la dificultad de determinar, exactamente, qué es un "beneficio extraordinario". Otras vías, como la explorada por Italia, se libran de esa traba, aunque cuentan con otros peros. ¿Y si, simplemente, se grava a las compañías energéticas en base a lo que ganan, sin complicadas fórmulas?

"Es un debate pertinente", consideran los expertos consultados, aunque ninguna solución está exenta de riesgos. En vez de un mecanismo de minoración, el Gobierno italiano optó por tasar, primero con el 10% y luego con el 25%, los beneficios de las empresas energéticas. La finalidad es la misma –que paguen los que más tienen–, pero el diseño y la justificación política de la medida tienen poco que ver. Ribera intenta corregir lo que considera una consecuencia injusta de las leyes del mercado eléctrico: tecnologías que no tienen que quemar gas para generar electricidad reciben ingresos como si tuvieran que pagar por ese combustible. Italia, sin embargo, no entra, en realidad, en si los beneficios son "extraordinarios" o no: aunque la prensa lo venda así, el decreto del Gobierno transalpino habla de un impuesto "solidario" para que las compañías arrimen el hombro, que va más allá de las peculiares normas que rigen el precio de la luz.

La principal ventaja con respecto al enfoque español es que el impuesto no solo afecta a compañías eléctricas, también a petroleras y gasistas que, con diferentes circunstancias, se aprovechan para sus negocios del coste disparado del barril de Brent y del gas natural. Iberdrola, en campaña desde hace meses contra las políticas del Gobierno, dispara no solo contra el Ejecutivo sino contra potenciales empresas aliadas: los "beneficios extraordinarios" no son los de las eléctricas, aseguran, sino los que perciben las que se dedican al crudo o al metano.

Son dos realidades distintas y complementarias. Por un lado, los conocidos como "beneficios caídos del cielo", derivados del funcionamiento de la subasta mayorista de electricidad. Por otro lado, los "beneficios extraordinarios", que pueden englobar a los primeros, pero también pueden servir para explicar el enriquecimiento súbito de las energéticas por la situación en los mercados internacionales. Repsol, por ejemplo, ganó 1.392 millones de euros en el primer trimestre de 2022, el doble de los beneficios del mismo periodo del año anterior. El alza del crudo jugó a su favor, pero es lógico: la multinacional dirigida por Antonio Brufau es productora. Sufrió con la caída por la pandemia y ahora disfruta del contexto, aunque esa coyuntura complique la vida a millones de personas de todo el mundo.

Otras empresas más centradas en el negocio del gas y cuya cartera de producción de combustibles fósiles es discreta, como Endesa y Naturgy, también están registrando aumentos de ingresos en partidas concretas por la situación del mercado. Los Verdes italianos lo señalaron justo antes de que el Ejecutivo de Mario Draghi se decidiera a imponer el impuesto: muchas de estas empresas comercian con el combustible, comprándolo a un precio más bajo en base a contratos de largo plazo firmados antes de la escalada, y revendiéndolos en base a lo que marcan los indicadores internacionales. Se pueden considerar "beneficios extraordinarios" derivados de la crisis. Pero en eso consiste el negocio, recuerda el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y experto en mercados energéticos Diego Rodríguez: "Lo que hace un comercializador es comprarlo lo más barato posible y venderlo lo más caro posible. En eso consiste la actividad empresarial". Por eso el decreto italiano habla de "solidaridad" de las compañías, no de corrección de una distorsión.

Endesa ingresó 1.596 millones en el primer trimestre con la venta de gas, un 138,6% más que en el mismo periodo de 2021, según se muestra en sus resultados. El año pasado, Naturgy reconocía en sus cuentas que "el actual escenario energético" hizo aumentar sus beneficios, en parcelas como la comercialización con Gas Natural Licuado (GNL) en los mercados internacionales, que mejoró su rendimiento un 80% de un año a otro. Aun defendiendo que esta actividad es legítima, Rodríguez es favorable a aplicar impuestos sobre beneficios a estas compañías como gran alternativa a la intervención en el mercado eléctrico que ha aplicado Ribera. "Es una discusión completamente pertinente. Un mecanismo fiscal bien diseñado es mucho más sencillo" de aplicar, defiende.

Sin embargo, como se ha comprobado con otros impuestos energéticos, como el que tasa la generación, las empresas suelen esquivar el impacto, simplemente, trasladando lo extraído a los consumidores finales. Y que paguen ellos el gravamen. Para evitarlo, el decreto italiano fija que el regulador de los mercados energéticos obligará a las empresas a comunicar sus costes, para evitar que inflen la factura. ¿Puede hacer esto en España la CNMC? Rodríguez duda de que una vigilancia así sea compatible con el derecho comunitario: en un mercado liberalizado, las compañías son libres de vender sus productos al precio que quieran. Fuentes del organismo español consultadas por infoLibre están de acuerdo. "Prohibir la internalización de un coste fiscal es complicado. Si quieres evitar que suban los precios, tienes que regularlos, y la regulación de precios está prohibida por Europa", resumen.

"El precio es libre", resumen. "Todas las opciones tienen sus inconvenientes. Nada es sencillo". Como se percibe también en otras reformas, como la del tope al gas en el mercado eléctrico, las intervenciones sobre el mercado liberalizado son parches que tienen muchas limitaciones a la hora de evitar que los que tienen más ganen más en épocas de crisis y que los que tienen menos sean los que sufran. Ribera, por ahora, ha dejado tranquilas a petroleras y gasistas. La privatización de los suministros básicos se interpone entre la ministra y la salida justa de la crisis.

Cuando el Gobierno anunció en septiembre de 2021 la extracción de los "beneficios extraordinarios" que estaban percibiendo centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas o fotovoltaicas del diseño del mercado, al cobrar por un gas que no tenían que quemar, comunicó una cifra de ingresos estimados para el Estado: 2.600 millones de euros hasta marzo de 2022. Sin embargo, un mes después modificó la norma de la llamada "minoración del gas" para dejar fuera a los contratos bilaterales que, esgrimían las empresas, no se estaban beneficiando de los altos precios de la subasta marginalista, porque fueron firmados a precios mucho más bajos antes de la crisis. Y en ese momento, el Ministerio para la Transición Ecológica se negó a actualizar un cálculo: ¿cuánto dinero se extraería de las ganancias de las compañías energéticas? El número, meses después, es público: 131,8 millones de euros de septiembre a diciembre de 2021, un 10% de los 1.300 millones que corresponderían en base al plan original.

La cifra proviene de la liquidación del sector eléctrico que ejecuta rutinariamente la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC), y que se puede consultar aquí. Era de esperar que la recaudación del Estado bajaría en picado tras la modificación normativa, pero no se conocía exactamente cuánto había descendido, ya que solo se contaba con la palabra de las grandes empresas eléctricas, que aseguraban que la mayoría de la energía estaba ya vendida a plazo y que solo una pequeña parte se había beneficiado de la crisis de precios. Fuentes cercanas a la CNMC explica que, efectivamente, tenían razón. Y que el Ejecutivo, opinan, no tenía otra que rectificar: si el Estado extraía más de lo que se cobraba, se obligaba a las instalaciones a producir a pérdidas y el mecanismo se convertía en una "confiscación".

El Gobierno no admitió abiertamente el error, sino que creó un relato mediante el cual la modificación se aplicaba para fomentar esos contratos bilaterales en vez de desincentivándolos, sobre todo con la mira puesta en la industria, que se podría beneficiar de la estabilidad en un escenario tan cambiante. De puertas para adentro, cambió su actitud: como relatan varias organizaciones patronales de la energía, en los siguientes meses se sucedieron las reuniones y las conversaciones con los principales actores, sobre todo de cara a la modificación de la tarifa regulada para evitar los vaivenes y su contagio de los altos precios del mercado spot. No siempre fueron fructíferas: el diseño del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) se mantiene inalterado.

Como respuesta a la guerra de Ucrania, el Ministerio para la Transición Ecológica volvió a modificar el mecanismo de minoración, volviendo a incluir a esos contratos bilaterales. Los acuerdos de las eléctricas para comprar o suministrar la energía a largo plazo marcaban precios por debajo de la subasta diaria, pero mucho más elevados que lo que se marcaba antes de la crisis, por el encarecimiento de los mercados a futuro –usados habitualmente como referencia–. Por encima de los 67 euros el MWh, el Estado detraería las ganancias extra, en principio hasta junio de 2022. Pero el Gobierno se volvió a negar a ofrecer una estimación de cuánto entrará a las arcas con esta nueva modificación, argumentando que el decreto podría servir como estímulo a las compañías para bajar sus ofertas, por lo que el cálculo se complicaba.

La liquidación de la CNMC muestra que los ingresos del Estado por otros conceptos, al margen de la minoración, han sido mucho mayores en 2021, y han permitido al Ejecutivo bajar al mínimo los peajes y las cargas, conteniendo el golpe en la tarifa regulada y, junto a la bajada y supresión de impuestos, bajar el precio de algunas tarifas del mercado libre que aún no habían internalizado las tensiones del mercado. Por ejemplo, el regulador calcula que las arcas públicas recibieron 1.924 millones de euros fruto del mercado europeo de CO2, también en máximos, en el que las empresas emisoras tienen que pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten a la atmósfera.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, despertó este jueves la polémica y la indignación al llamar "tontos" a los usuarios de la tarifa regulada de electricidad, también conocida como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), porque, asegura, es la que más está sufriendo la subida del mercado mayorista desde el pasado verano. Las grandes eléctricas siempre han animado, con métodos admitidos por Competencia y con otros fuera de la legalidad, a pasarse al mercado libre, donde tienen más margen de beneficio y posibilidad de imponer sus condiciones. Pero nunca habían sido tan claros, por descuido o por intención política de frenar la intervención del Ejecutivo en las reglas de la luz. Este viernes, a última hora de la tarde, Sánchez Galán mostró sus "sinceras disculpas" en el caso de que "alguien se sintiera ofendido" por sus afirmaciones que, subrayó, se desarrollaron "en un ambiente coloquial". Y remarcó su "máximo respeto" hacia los consumidores.

A continuación, se muestran los cuatro motivos por los cuales no es de "tontos" acogerse al PVPC e, incluso, puede ser una opción más competitiva que las ofertas de Iberdrola y de decenas de comercializadoras de electricidad.

Ha sido uno de los argumentos más utilizados para oponerse a las palabras de Sánchez Galán. Aproximadamente el 40% de los consumidores, unos 10 millones de personas en cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, están en el PVPC. Pero al menos 1.168.542 suministros están acogidos al bono social de electricidad, que ofrece descuentos de hasta el 70% en el recibo, según el grado de vulnerabilidad. Es obligatorio acogerse a la tarifa regulada para disfrutar de la rebaja. Es decir: en ese sentido, el presidente de Iberdrola calificaba de "tontos" a los "más débiles", en palabras de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz; para ese sector de usuarios, la tarifa regulada no es una opción de consumo, sino una necesidad. "Debería rectificar de inmediato. Es una vergüenza", aseguró la ministra unas horas antes de que Sánchez Galán rectificase.

Justo este viernes, Iberdrola ha iniciado una campaña para, según explica su dirección de comunicación, "animar a los consumidores a suscribir contratos de suministro eléctrico a través de contratos libres por ser más baratos que la tarifa regulada por el Gobierno". Sin embargo, esto no es del todo cierto. El PVPC sube o baja en base al resultado de la subasta mayorista, que se ha encarecido en los últimos meses: esta tarifa intervenida ha sufrido el rally de precios, provocado por el alza del coste del gas en los mercados internacionales.

Según las organizaciones de consumidores, la tarifa regulada ha sido históricamente, antes de este episodio, la opción a largo plazo más competitiva, ya que no se fija en base a las estrategias comerciales de cada compañía sino en base a un mercado cuyas reglas son públicas y contrastables, independientemente de su justicia. Pero es que además, según el comparador de tarifas de la CNMC, sigue siendo más barata que el 80% de las ofertas analizadas por el regulador, tomando la media de lo abonado entre mayo de 2021 y mayo de 2022.

Un consumidor con una potencia estándar y un consumo medio en Madrid ha pagado, de media, 995 euros por su tarifa regulada de electricidad en el último año. Hay ofertas más baratas en el mercado libre, sobre todo de las grandes eléctricas, que pueden permitirse generar luz a bajo coste en sus instalaciones de renovables, hidráulicas o nucleares y venderla a través de las comercializadoras del mismo grupo. Las pequeñas empresas independientes no tienen ese margen.

Aun así, hay compañías mastodónticas cuyo coste del KWh es más elevado que el que ha registrado de media en el último año el PVPC: Por ejemplo, la "tarifa online" de Repsol o la "tempo 24 horas" de Endesa. Prometen más estabilidad, dado que en muchas de estas ofertas el precio por cada kilovatio hora no cambia dependiendo del resultado diario del mercado spot. Pero la aseveración de que el mercado libre es siempre y bajo toda circunstancia más barato que el regulado es falsa. Tampoco es cierto que estos contratos no se hayan contagiado de la crisis: muchas comercializadoras tienen que acudir al pool a comprar la energía o firman suministros en base a los mercados a futuro, que también se han disparado.

Si el Gobierno aprueba el próximo martes, como tiene previsto, la intervención en el mercado mayorista eléctrico español para poner un tope al gas, la tarifa regulada bajará automáticamente entre un 30% y un 40%, según los cálculos. Una medida a la que se oponen Iberdrola y otras grandes eléctricas. Las centrales de ciclo combinado, obligadas a quemar un gas natural que sigue caro, son las que marcan el precio del pool: al limitar el precio de las ofertas que pueden hacer, con la correspondiente compensación, se logrará bajar el resultado medio de la subasta hasta los 140 euros el MWh, aproximadamente.

Gracias al diseño de la tarifa regulada, este descuento se podrá traducir de manera inmediata a los recibos de los acogidos a la modalidad regulada. Sin embargo, no pasará lo mismo en el mercado libre; y de hecho, Iberdrola, junto a Endesa y EDP, ha amenazado con subir las tarifas unilateralmente y sin previo aviso, en vez de bajarlas, si el Gobierno cambia las reglas.

¿Cómo pueden cambiar las eléctricas las tarifas unilateralmente y sin previo aviso? Porque muchas compañías, entre ellas Iberdrola, se reservan el derecho a subir los precios sin negociación con el cliente si se producen cambios regulatorios que ellos consideran que les afectan o ponen en riesgo el negocio. Las ofertas del mercado libre que son para "listos", en base al esquema de Sánchez Galán, están repletas de cláusulas en sus condiciones, como se explica aquí. No pasa lo mismo en el PVPC: el precio del KWh puede ser más alto que en algunas tarifas libres, cuando el gas logra imponerse y tira para arriba de la subasta, pero no hay letras pequeñas, ni trampa, ni cartón, al ser una modalidad garantizada por el poder público y respaldada por la Comisión Europea para bajar la electricidad.