La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido este jueves que retrasará la presentación de los presupuestos de 2026 "unas semanas" más allá de marzo, que era la fecha a la que se había comprometido.

Montero ha participado en la primera edición del evento 'Los desayunos' organizado por RTVE y EFE, donde también ha avanzado que España cumplió con el objetivo de déficit en 2025, ha anunciado que el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) será considerado accidente laboral y ha advertido de que la crisis derivada de la guerra en Irán es "mucho más profunda en términos políticos" que otras anteriores.

La vicepresidenta ha insistido en que la actualidad está marcada por el conflicto en Irán y el paquete de medidas que el Gobierno aprobará el viernes para paliar sus efectos, cuyo contenido no ha detallado más allá de que serán políticas de "consenso" porque todavía lo está negociando con sus socios parlamentarios.

Precisamente la negociación de este paquete es lo que ha obligado a "retrasar" los presupuestos de 2026, previstos para este trimestre, aunque la ministra ha insistido en que presentará un proyecto de cuentas cuando "haya una ventana de oportunidad" porque un presupuesto actualizado "es un bien muy valioso".

"No contemplo que podamos entrar en el año 2027 sin presupuesto", ha señalado, sin aclarar si serían las cuentas prorrogadas de 2026 o un nuevo presupuesto ya para 2027 las que sustituirían a los actualmente vigentes, que son los de 2023.

En su intervención en este nuevo formato, la vicepresidenta ha avanzado que España cumplió el objetivo de déficit público pactado con la Comisión Europea para 2025, que era de no superar el 2,5% del PIB, una meta que se ha cumplido "sin aplicar ningún recorte".

A falta de conocer el dato de déficit el próximo 31 de marzo, Montero ha defendido que el saneamiento de las cuentas públicas es fundamental para reaccionar ante los imprevistos, como sucede ahora con el conflicto en Oriente Próximo, ya que las medidas de alivio tienen que ser compatibles con el cumplimiento de los objetivos fiscales porque Bruselas no los ha flexibilizado.

En su análisis del contexto internacional, ha advertido de que la actual "crisis" abierta tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán es "mucho más profunda en términos políticos" que otras anteriores.

Ha defendido la posición de España que, según ha dicho, "tiene voz propia y reconocida" por la comunidad internacional, donde aporta "soluciones a desafíos globales", y ha recriminado al PP su "preocupante seguidismo" hacia la administración estadounidense.

Ha negado, por otra parte, que el movimiento del presidente catalán, Salvador Illa, al retirar el proyecto de presupuestos haya sido para facilitarle su campaña como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas.

Preguntada por si Illa ha dado este paso para que la posibles medidas acordadas con ERC no generen recelos en Andalucía y afecten a su candidatura ha contestado con un no rotundo.

Se ha mostrado además convencida de que se acabará firmando el nuevo modelo de financiación autonómica y ha tildado de "postureo" las críticas al mismo y a la condonación de la deuda del presidente andaluz, Juanma Moreno, comunidad que será la más beneficiada en ambos casos, ha recordado.

Fuentes de su departamento han señalado a este respecto que el objetivo es que el modelo de financiación entre en el Congreso para su tramitación antes de que acabe el actual periodo de sesiones.

También ha negado que el nuevo modelo de financiación autonómica vaya a tener un impacto negativo en su electorado en Andalucía ya que, según ha recordado, de aprobarse, esa comunidad recibiría 5.700 millones de euros anuales.

Otro de los anuncios de la vicepresidenta está relacionado con las víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), ya que se va a aprobar una modificación legal para que tenga consideración de accidente laboral, lo que implicará prestaciones más elevadas para los afectados, desde heridos a pensiones, viudedad u orfandad.

También ha avanzado que desde este jueves se han empezado a pagar las ayudas autónomos y a empresas afectados por las inundaciones de febrero en Andalucía y Extremadura.

Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que existe un gran déficit de plazas residenciales en España y que, año a año, este es mayor. El estudio destaca que "atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales" entre las personas con dependencia severa, grado II, o gran dependencia, grado III.

El análisis también remarca que entre 2021 y 2025, los años posteriores a la pandemia de covid, apenas han aumentado en 23.000 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años en España se ha incrementado en 800.000 personas.

Desde esta asociación se exige al Estado y a las comunidades que cumplan con la ratio del 5%, la recomendación de tener cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años. Esta ratio, lejos de cumplirse, cada vez se aleja más. Según el informe, en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzarla y ahora, en el último año, esta cifra casi se duplica hasta llegar a las 96.916.

La ocupación total de las plazas en centros residenciales para mayores es del 82,4%. El análisis señala que esto "pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país". Casi 340.000 personas viven actualmente en residencias en España, 62.000 más que en el año 2024.

El informe también trata las diferencias entre comunidades autónomas. Andalucía, Comunitat Valenciana y Cataluña son las tres donde más déficit existe respecto a la ratio del 5%. Entre la comunidad andaluza y la valenciana suman tres cuartas partes del déficit total español. En el otro lado se sitúan Castilla y León y Castilla-La Mancha. Son las dos comunidades con mayor superávit en plazas.

También exponen datos respecto al porcentaje de ocupación de las plazas residenciales en las comunidades. En Extremadura (100%), Canarias (99,9%), Castilla-La Mancha (98,9%) y Baleares (98,8%) no hay plazas libres. Esto choca con las cifras en el norte cantábrico, especialmente en Asturias (58,9%) y Euskadi (60,9%).

En España, el 71,1% del total de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública. Esto supone 292.986 plazas frente a las 119.123 de carácter privado.

Desde 2015 el porcentaje de plazas públicas ha aumentado hasta llegar al más elevado hasta la fecha. Actualmente 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años son financiadas de manera pública.

El informe señala la necesidad de una estrategia de desinstitucionalización, como la que planteó el Ministerio de Derechos Sociales en 2023. Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lamentan que "no se han dado pasos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio".

"Estos datos tan pobres y la escasa evolución que registran en los últimos años impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización", señalan.

El Congreso ha rechazado este jueves la senda de estabilidad 2026-2028, un paso previo fundamental para la elaboración de los presupuestos del próximo año, lo que obligará al Gobierno a aprobar unos nuevos objetivos de déficit y deuda en el plazo de un mes.

La senda de estabilidad ha sido rechazada con 178 votos en contra -PP, Vox, Junts y UPN-, 164 a favor y 5 abstenciones -Podemos y la diputada de Compromís Àgueda Micó-, a pesar de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había pedido el apoyo de la Cámara por "sensatez y sentido común".

La senda de estabilidad define los objetivos de déficit y deuda que las distintas administraciones tienen que respetar en sus presupuestos y va acompañada del techo de gasto para el próximo año, que no se somete a votación.

Tras su rechazo, el Gobierno tiene un plazo de un mes para presentar una nueva -con los mismos objetivos o unos diferentes- y, si también es rechazada, se aplicarán las metas del plan fiscal estructural, que tiene la misma cifra global de déficit (2,1 % del PIB para 2026), pero obligará a las comunidades autónomas a cerrar en equilibrio en lugar de con una décima del PIB de déficit.

El diputado popular Juan Bravo ha reprochado a Montero que plantee unos objetivos de estabilidad que "no van a servir para nada" y haga "perder el tiempo a los españoles".

"Usted no puede presentar objetivos de estabilidad porque no es un Gobierno estable, porque usted solo incumple", ha criticado Bravo, que ha dejado claro el rechazo del PP evitar "un gasto descontrolado" que se va a pagar "con más impuestos y más deuda".

"Más impuestos y más deuda (...) no hace usted más que mentir y engañar", ha reprochado también el diputado de Vox José María Figaredo, que ha llegado a calificar de "mierdas" las partidas de gasto que aprueba el Gobierno.

"Cada martes ustedes reparten el dinero de los españoles en infinitas mierdas", ha zanjado tras leer algunas subvenciones aprobadas en el Consejo de Ministros.

Por su parte, el diputado de Junts Josep María Cruset ha defendido la negativa de su formación porque es "exactamente la misma (senda) que le tumbamos el año pasado" y se encuentra lejos de su exigencia de que las comunidades autónomas asuman un tercio del déficit total.

"Todo el mundo sabe que no tendrá presupuestos", ha advertido, al tiempo que ha apuntado que la "intención" de la ministra es "que el PP le tumbe los presupuestos para poder hacer su campaña en Andalucía".

"Estos presupuestos no son otra cosa que la campaña electoral del PSOE", ha coincidido la diputada de Podemos Ione Belarra, que ha defendido la abstención de su formación porque el Gobierno "planea gastarse el dinero de la vivienda pública", de la sanidad y la dependencia "en armas y tanques".

En cambio, ERC ha apoyado la senda "para permitir negociar los presupuestos", aunque, ha advertido la diputada Teresa Jordà, "primero" tienen que cumplir con todo lo pactado.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha incidido en que su grupo seguirá actuando "con responsabilidad y con ánimo constructivo para ser útiles", en línea con la diputada del PNV Idoia Sagastizábal, que ha señalado la necesidad de contar con una senda "adaptada a la coyuntura económica".

También han mostrado su apoyo el BNG y Coalición Canaria, que aunque han criticado los objetivos de déficit, han defendido la necesidad de avanzar hacia los presupuestos.

La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presentará este miércoles su propuesta de Presupuesto con el doble reto de reducir el déficit y la deuda y aliviar el coste de la vida, sin romper la promesa electoral laborista de no subir los impuestos a la "gente que trabaja", informa EFE.

En una reunión el lunes, la ministra pidió a los diputados de su partido, preocupados por posibles recortes del gasto público, que respalden su plan, que resumió en tres prioridades: "aliviar el coste de la vida, reducir las listas de espera en el NHS (servicio nacional de salud) y recortar el coste de la deuda", en alusión al aumento de los intereses sobre los bonos soberanos.

Tras semanas de especulación sobre una posible ruptura del programa electoral laborista, Reeves -sujeta a una estricta disciplina fiscal autoimpuesta- descartó recientemente subir el impuesto sobre la renta, si bien se espera que congele, en lugar de aumentar, el umbral de ingresos a partir del cual se empieza a pagar.

También se prevén ajustes en impuestos indirectos, como una posible rebaja del IVA aplicado a la factura energética o una ampliación de la tasa sobre bebidas azucaradas. Según la prensa, podría asimismo introducir un gravamen sobre viviendas de más de dos millones de libras (2,3 millones de euros).

Antes de detallar sus cuentas ante la Cámara de los Comunes, la ministra divulgará las previsiones actualizadas de crecimiento, inflación y deuda elaboradas por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), el organismo independiente que supervisa las finanzas públicas.

En marzo, la OBR rebajó al 1% la previsión de crecimiento del PIB para 2025, que subiría al 1,9% en 2026 y en porcentajes muy parecidos en los tres años siguientes. La inflación interanual, actualmente en el 3,8%, alcanzaría el objetivo oficial del 2% en 2027, mientras que la deuda acumulada se situaría en torno al 83% del PIB hasta 2027.

Reeves, primera mujer en ocupar la Cancillería del Exchequer, afronta una gran presión para acertar con su segundo presupuesto, después de que el presentado en noviembre de 2024, tras la llegada al poder de los laboristas en julio, despertara críticas tanto del sector empresarial como de su propio partido, por recortes en prestaciones sociales que luego tuvo que rectificar.

En aquel primer presupuesto, la ministra anunció un incremento de la carga fiscal, principalmente mediante el aumento de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, con el que esperaba recaudar 40.000 millones de libras (45.600 millones de euros, al cambio de hoy).

Con el plan que presentará mañana, Reeves abordará el déficit actual, que volvió a ampliarse por el alza del coste de la deuda y se estima que ronda los 20.000 millones de libras (22.800 millones de euros).

La titular de Economía sostiene que los ajustes impositivos son necesarios para cumplir las reglas fiscales que ella misma se ha marcado para tranquilizar a los mercados, y que obligan a alcanzar un superávit en 2029/30 y a que la deuda neta caiga respecto al año anterior.

Tras la victoria del Partido Laborista en las elecciones del año pasado, su valoración entre el electorado ha ido cayendo en picado. A las polémicas medidas como los recortes a las subvenciones para personas con discapacidad para incrementar el gasto militar, se le suma el escándalo de los regalos de donantes valorados en miles de euros. Además, la política de austeridad defendida por algunos laboristas como Rachel Reeves, también han perjudicado a la imagen del partido.

El pasado mes de abril, el partido de extrema derecha Reform UK superó en intención de voto al partido gobernante y, actualmente le saca más de 10 puntos de ventaja, según el medio Politico, convirtiéndose en la formación ganadora de unas hipotéticas elecciones. Estos resultados han propiciado que Starmer adopte una postura europeísta.

El descenso de aprobación a los laboristas se ha materializado en las elecciones parciales de este octubre al Parlamento galés en la circunscripción de Caerphilly. En dicha circunscripción, históricamente vinculada a los laboristas, se impuso Lindsay Whittle, líder de los nacionalistas galeses.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reunido este lunes con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para presentarles la senda de estabilidad para los próximos años. Esta reunión es un primer paso para iniciar el intento de aprobación de los presupuestos generales del Estado, el gran escollo que enfrenta el Gobierno y que le ha llevado a operar con unas cuentas prorrogadas desde 2023. 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia fiscal, está liderado por Hacienda e integrado por los consejeros autonómicos del ramo. Su papel es clave antes de aprobar los presupuestos, ya que el Gobierno, antes de elaborar las cuentas públicas, debe fijar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad. Estos se presentan primero al CPFF para informar y recabar la posición de las comunidades, y después se someten a votación en el Congreso y el Senado. Solo una vez fijados, el Ejecutivo puede preparar los presupuestos, por lo que el paso por este organismo es un trámite fundamental.

Esta reunión fue el punto en el que se dinamitó, hace nueve meses, el anterior intento de negociación. En este nuevo encuentro, Hacienda propuso unos objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para el conjunto del sector público en el periodo 2026-2028 que no han tenido buena acogida desde la parte del Partido Popular. Pero en un debate fiscal tan repleto de tecnicismos, ¿a qué hacen referencia estos términos?

El concepto más amplio es la denominada senda de estabilidad. Se trata de un documento que recoge los objetivos de déficit público, deuda pública y la regla de gasto para los siguientes tres años. Por un lado, el déficit público hace referencia a la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que ingresa: cuando la primera variable supera a la segunda, se habla de déficit. Por otro lado, está la deuda pública, que hace referencia al acumulado, es decir, al dinero que el Estado o una comunidad concreta debe en total. 

“Quien propone siempre esta senda es el Gobierno y su margen no es absoluto porque debe casar sus propuestas con el marco europeo y su disciplina fiscal”, explica Elena Costas, economista y socia de la consultora KSNET. En cuanto al déficit, las políticas a izquierda y derecha también hacen variar las estrategias. “Estos objetivos pueden variar muchas veces en función del color ideológico, tradicionalmente los gobiernos de izquierdas suelen tener una política de déficit más elevada y los de derechas tienden al déficit cero”, concluye la profesora.

En lo que se ha conocido hasta ahora, el Ministerio de Hacienda habría sugerido este lunes a las comunidades un objetivo de déficit del 0,1% del PIB, para el ejercicio 2026-2028. Así, al permitir un aumento en el déficit, también se elevaría el margen de gasto con el que pueden operar los Gobiernos autonómicos, en este caso, hasta unos 5.500 millones. Este objetivo de déficit lo que hace es limitar el desajuste anual entre ingresos y gastos, es decir, determina cuánto puede gastar de más una administración. En este caso, serán esos 5.500 millones, de acuerdo a la última oferta del Ejecutivo a las comunidades. Pero si la propuesta no sale adelante, se aplicaría el objetivo de déficit anterior. Además, la oferta incluye un aumento del 7% con respecto a 2025 en las entregas a cuenta, hasta los 157.731 millones. 

“La senda de estabilidad es el mapa fiscal que marca los objetivos de déficit y deuda pública para los próximos años. Es el marco macroeconómico que condiciona todo lo demás: cuánto puede gastar el Estado, cuánto pueden gastar las comunidades autónomas y cuánta deuda adicional pueden emitir”, explica Albert Guivernau, profesor de OBS Business School y director de Fundación Civismo. “Se dice que es el primer paso para aprobar los presupuestos porque sin este marco no hay límites claros. La senda determina el espacio fiscal disponible”, concluye. De acuerdo con el procedimiento, aunque esta senda no saliese adelante, el Gobierno podría tratar de aprobar los presupuestos igualmente.

En cuanto a la regla de gasto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la define como “uno de los instrumentos utilizados para promover la sostenibilidad de las finanzas públicas”, ya que pone límites sobre cuánto puede crecer el gasto de las administraciones públicas teniendo en cuenta sus ingresos estables y sus gastos fijos. Así, si los ingresos estables aumentan, por ejemplo, con una subida de impuestos, el gasto se puede revisar al alza en esa proporción. 

“Es un mecanismo anticíclico”, explica Guivernau. La idea es limitar la velocidad a la que puede gastar una administración. “Incluso si una administración tiene superávit, no puede disparar su gasto sin más. La lógica es evitar ciclos políticos de gasto excesivo en épocas de bonanza que luego se traducen en recortes o subidas fiscales en cuanto la economía se desacelera”, concluye.

En España ahora mismo conviven dos reglas de gasto, una nacional (que está en vigor desde 2012) y otra, introducida en 2024, que viene de Europa. La diferencia sustancial está en la forma en que se calculan y en los compromisos que establecen. Por ejemplo, la regla europea obliga a bajar la deuda poco a poco hasta el límite del 60% del PIB. La española, en cambio, se calcula de forma diferente y se liga al crecimiento estimado de la economía. 

Otro término que sale al paso en este debate de forma recurrente es el denominado techo de gasto. Otro concepto fiscal, diferente de la regla de gasto, y que hace referencia al límite de gasto no financiero —es decir, el que corresponde al pago de partidas presupuestarias y no de deudas o créditos— del que no se puede pasar. Así, si la regla de gasto se ocupa de limitar la progresión del gasto público, el techo de gasto calcula dónde está el límite hasta el que se puede gastar sin comprometer la estabilidad.

“Es el paso imprescindible para empezar a elaborar las cuentas. Determina el volumen global del presupuesto: si el techo es más alto, el Gobierno tendrá más margen para gastar; si es más bajo, deberá priorizar o recortar”, explica el profesor. Quién señala también una función más política de este indicador: “Es un instrumento de credibilidad porque suele acompasar las aspiraciones políticas con las restricciones económicas”, sentencia.

Si se echa la vista atrás, desde 2016 no se han presentado los presupuestos en los plazos que corresponderían y las cuentas públicas no llegaron a Congreso ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, de ahí que operen prorrogados los de 2023, que se presentaron en 2022. En los últimos años, el Ejecutivo no ha logrado cerrar una senda de déficit, de ahí que los presupuestos quedasen también en el camino.

Si bien el Gobierno siempre ha insistido en que su intención es presentarlos, no terminan de poner plazos a esa afirmación. En lo que se refiere a la tramitación, estos objetivos de déficit, junto al techo de gasto (que no se vota), deben ser aprobados por el Consejo de Ministros este mismo martes, y posteriormente serían remitidos a las Cortes. Si el Congreso los rechaza, como ya ocurrió cuando Junts tumbó la senda de estabilidad 2025-2027, el Gobierno tendrá que volver a aprobar la senda en el plazo de un mes, con o sin cambios, y reiniciar todo el proceso.

“Todos estos conceptos previos son imprescindibles porque ofrecen las reglas para que Hacienda pueda saber como hacer los Presupuestos. El techo de gasto, el déficit, la deuda y las previsiones económicas tienen que estar en coordinadas y ser coherentes unas con otras”, concluye la profesora. Una senda compleja que, desde el punto de vista político, tampoco se presenta nada apacible.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado sus previsiones de déficit y deuda pública para España hasta 2030 y calcula que el desfase de las cuentas públicas cerrará 2025 en el 2,7% del PIB, una décima menos respecto al anterior pronóstico, mientras que el endeudamiento bajará al 100,6% del PIB, también una décima menos.

De acuerdo con la base de datos por países actualizada por el fondo tras publicar sus previsiones macroeconómicas, consultada por EFE, España reducirá el déficit público al 2,4% del PIB en 2026 y partir de ahí lo recortará una décima cada año hasta terminar 2030 en un 2%. Esta estimación es superior a la del Gobierno de España, que calcula que el déficit se situará en el 2,5% del PIB en 2025 y en el 2,1% en 2026.

En cuanto a la deuda pública, el FMI pronostica una senda decreciente con una disminución al 99% del PIB en 2026, que llegará al 93% en 2030. En este caso, mejora la senda del Gobierno, que prevé recortar la deuda al 101,4% del PIB en 2025 y al 100,1% en 2026.

El FMI considera que estos niveles de deuda son aún muy elevados y ha sugerido a España anticipar el ajuste fiscal previsto para los próximos años, según señalaba el organismo en su declaración de hace dos semanas al término de la evaluación económica anual del país (Artículo IV).

En opinión del fondo, las autoridades españolas deberían aprovechar el fuerte impulso económico para recomponer más rápidamente el espacio fiscal y reducir los riesgos de deuda soberana. Para ello, recomendaba fortalecer el marco fiscal nacional para garantizar que las regiones contribuyan al esfuerzo de consolidación y adoptar medidas favorables al empleo para solventar la creciente brecha proyectada entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social consecuencia del envejecimiento de la población.

El jueves iba a ser un día muy complicado para el Gobierno. No estaban atados los votos para aprobar la senda de déficit. Muchos miembros del Ejecutivo daban por hecho que habría una derrota parlamentaria. La presión al PP y a Junts no había dado sus frutos para dar luz verde al primer paso de los Presupuestos y permitir un balón de oxígeno de 12.000 millones de euros más para autonomías y ayuntamientos.

Pero el tablero, como suele suceder en la política española de los últimos años, ha vuelto a cambiar en unas horas. El movimiento táctico del Gobierno ha sido retirar del orden del día esa votación para ganar tiempo. Y es que se abre una rendija para darle la vuelta a ese no del Congreso, que ya se materializó por primera vez en julio a esos objetivos por la pinza del PP, Vox y Junts. “Cuando vemos una grieta, entramos. Están dispuestos a hablar”, dice una de las personas con más poder de la coalición.

Se abre camino la posibilidad de un acuerdo con los de Carles Puigdemont, que ahora emiten señales distintas a las de la reunión del fin de semana con los socialistas en Suiza. Los independentistas ya no se enrocan en el no, sino que se abren a acordar con La Moncloa. Fuentes del núcleo duro de Junts consultadas por infoLibre indican que van a negociar tras constatar que los socialistas “han entendido que no hay un sí gratis”. Por lo tanto, se plantean ahora permitir una nueva senda: “Depende de lo que se mueva el PSOE”.

Arranca una nueva negociación, en la que las dos partes no se ponen un límite temporal, que puede modificar la senda diseñada por el Gobierno. En el plan retirado se fijaba un déficit del 0,1% para 2025 y 2026 para la administración autonómica (lo que ya suponía una flexibilidad de dos décimas respecto al anterior cuadro que marcaba un superávit del 0,1% del PIB). Uno de los asuntos que estará sobre la mesa será el reparto de los objetivos de estabilidad dentro de las propias administraciones, a pesar de que es el Gobierno central el que asume en el acuerdo inicial la mayor parte del esfuerzo fiscal.

Desde Junts se quiere partir en la negociación de un cálculo hecho en una moción del año 2014, que aprobó el Parlament a instancias de ERC con el apoyo del PSC y de ICV que pedía una “modificación del objetivo de déficit que otorgue a las comunidades un tercio, como mínimo, del objetivo total, que, de acuerdo con los compromisos adquiridos con las instituciones comunitarias, sea del 1,9% del PIB, que en el caso de la Generalitat de Cataluña incremente en 1.800 millones de euros de su capacidad de endeudamiento”.

Por el momento en el Gobierno señalan que parece “imposible” dar cumplimiento a este texto en su literalidad y señalan que la hoja de ruta ya estipula un mayos esfuerzo por la administración general. El análisis que hacen es que ahora no sería viable hacer un reparto de un tercio de la consolidación fiscal por administración, ya que la UE puede no permitirlo y no sería coherente con la evolución de estos años de reducción de déficit para las comunidades. Pero no se desvela cuál puede ser la oferta de Moncloa para que Junts entre en el acuerdo. “Paso a paso”, indican fuentes del Ejecutivo, que desligan que se vaya a buscar un pacto global también para los Presupuestos Generales. No obstante, fuentes de Ferraz sí indican que querrían negociar de manera conjunta tanto la senda del déficit como las cuentas públicas.

Lo que sí han supuesto estas horas es un giro de guion y se expande cierto optimismo entre los miembros del Gobierno. Algunos hablan de “magnífica noticia”, mientras otros son mucho más prudentes. Como reconoce otra persona conocedora de las conversaciones: “Siempre pasa igual con las negociaciones con Junts. Ahora toca bajar de la montaña al mar”. Nadie se atreve a dar una fecha ni se quiere poner un calendario para no frustrar el diálogo. En el horizonte está la celebración del congreso de Junts a finales del mes de octubre, pero las negociaciones no estarán vinculadas directamente con esa fecha.

Flotando sobre la negociación está también el cambio en las previsiones del Gobierno al alza tras las revisiones del PIB. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentó este martes el nuevo cuadro que eleva tres décimas el crecimiento para 2024 (situándose en el 2,7%). En 2025 y 2026, la economía crecerá el 2,4% y el 2,2%, respectivamente, dos décimas más de lo estimado por el Ejecutivo hasta ahora. Esto hace que La Moncloa tenga algo de margen para las autonomías, especialmente para el endeudamiento.

La senda de déficit supone el primer paso para aprobar los Presupuestos, aunque no es vinculante para presentar las cuentas públicas. De hecho, el Ejecutivo tiene pensado llevar a las Cortes estas cuentas aunque no tenga atados los apoyos. En los últimos días sobrevolaba en las declaraciones de los ministros que el escenario era el de prórroga presupuestaria, restándose importancia al entender que las actuales cuentas son los suficientemente expansivas para hacer frente a la situación.

Pero el Ejecutivo no se resigna ahora a ello y ve algo de luz en el camino respecto a Junts, que en las últimas semanas ha estado muy duro con la coalición tumbando medidas como la proposición de ley para regular el alquiler de temporada impulsada por Sumar. Asimismo, en julio rechazó los propios objetivos de estabilidad abocando otra vez al PSOE a negociar a la vuelta de vacaciones. En Ferraz y La Moncloa se ha achacado esta posición a que los posconvergentes estaban “digiriendo” la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Si se abre una puerta con Junts, el Gobierno entiende que está cerrada la del PP para que les apoyen en la senda de déficit. A pesar de la presión en público de Moncloa a Génova 13, nadie imagina un voto afirmativo. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió sin éxito a Alfonso Rueda (Galicia) y Juanma Moreno (Andalucía) el pasado viernes que los populares aprobasen los objetivos. Pero no ha surtido efecto y los barones conservadores incluso ahora se plantean salir a la calle para protestar contra la financiación singular a Cataluña acordada por el PSC y Esquerra.

Desde el Gobierno se insiste en la necesidad de que salga la senda porque puede llegar a suponer 11.962 millones de euros más para las autonomías, según la hoja de ruta planeada hasta este martes. De hecho, las comunidades que se verían más perjudicadas por un no del Congreso serían Cataluña, Madrid y Andalucía. “Eso equivale al gasto en vivienda de las autonomías en seis años o el anual de las comunidades en medicamentos y productos farmacéuticos", aducen en La Moncloa.

No es sólo un trámite. Los Presupuestos están atravesados por las políticas a las que los gobiernos que los elaboran quieren dar vuelo para dejar su huella. El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a las cuentas para 2025 con la orden del Ministerio de Hacienda que concede a los centros gestores de las administraciones hasta el 8 de julio para que informen de sus necesidades publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para uno de los socios del Ejecutivo de coalición, Sumar, estos Presupuestos Generales del Estado (PGE) son “claves y centrales”, para “poder seguir mejorando la vida de las personas”, resume el portavoz de Economía y Hacienda de la formación en el Congreso, Carlos Martín Urriza. Por ello han empezado ya a definir sus prioridades, que están ligadas a tres grandes bloques: derechos sociales, en los que buscan “seguir avanzando”; poder de compra, área en la que incluyen “el tema de los salarios” o la vivienda; y fiscalidad, donde pretenden impulsar que “se repartan cargas fiscales”.

En relación a los derechos sociales, Martín Urriza considera “lacerante” que “en la cuarta economía de la Unión Europea (UE)" y con "el nivel de desarrollo que tiene" el país, "haya unos niveles de pobreza infantil tan altos”. El 33% de los niños y los adolescentes españoles se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, según el Consejo Económico y Social (CES), y la posición que ocupa España en informes de organizaciones nacionales e internacionales en ese ámbito parece indicar que algo no se está haciendo del todo bien.

En ese sentido, Sumar va a defender que la solución que ha puesto encima de la mesa Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo a cargo, ha de estar reflejada en las cuentas. Con todo, van a hacer bandera de otro asunto que les “preocupa”: “Ya estamos pagando una multa de la Unión Europea (UE) por no cumplir la directiva de permisos de nacimiento y de cuidados, por eso para nosotros esto en una prioridad absoluta”, anota Martín Urriza. En concreto la sanción supone el pago de “9.760 euros al día”. “No entendemos como estamos cumpliendo y vamos a cumplir con las reglas fiscales europeas, que llevan un componente de austeridad, y en cambio no lo hagamos con la regulación de las directivas comunitarias en las áreas de permisos de nacimientos y de cuidados”, plantea el portavoz económico de Sumar. E incide: “Es incomprensible. Si acatamos las normas de austeridad, que vuelve a marcar la UE, y los vamos a hacer de manera religiosa y diligente; lo otro, que tiene que ver con la ampliación de derechos sociales, pero que también es normativa europea, tendremos que hacerlo igual. No puede ser que prefiramos pagar una sanción”, afea.

Sobre lo que rotulan como poder de compra de las familias, asevera que, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “diga que la economía va como un cohete”, en Sumar piensan que “ese crecimiento económico no está llegando a todas las personas ni a todos los hogares”, con lo que habrá que incidir ahí con más medidas. Y respecto a la fiscalidad, los socios de gobierno “no comparten” con el PSOE que “no haga falta llevar a cabo una reforma fiscal”. “Nos lo ha pedido Europa y entendemos que es fundamental hacerla porque a los retos antiguos que tenemos que financiar con esfuerzo presupuestario distribuido de manera equitativa y progresiva como el envejecimiento de la población, la presión sobre la sanidad o el gasto en pensiones; se añaden otros nuevos que tienen que ver con la transición verde y con la digital que, de momento, tenemos cofinanciados, pero que en el futuro no será así”, argumenta. Y apostilla rotundo: “El espacio fiscal necesita ser más amplio”. En ese sentido, intentarán forzar que se mantenga “el impuesto a la banca y a las energéticas que vence este año”.

En relación al déficit y a la deuda, el portavoz de Economía y Hacienda señala “dos hitos” que ya se han producido: “El primero el que ha conseguido el ministro Carlos Cuerpo, dejarnos fuera del procedimiento de déficit excesivo -la Comisión Europea no ha incluido a España entre los países a los que abrirá expediente tras años de gasto expansivo para superar la pandemia y la guerra en Ucrania-; y el otro, la eliminación del veto que la ley de estabilidad otorgaba al Senado a la hora de aprobar una senda de ajuste”. Se ha hecho, vía enmienda en el texto de la Ley de Paridad, a la que previsiblemente se dará vía libre antes del periodo estival, lo que ha provocado críticas airadas del PP.

Desde el ala de Sumar aseguran que ya tienen “prácticamente sedimentados los elementos” de su apuesta presupuestaria y arrancan las negociaciones con el PSOE con optimismo. En paralelo a esas conversaciones, los siguientes pasos en la carrera para la aprobación de los PGE de 2025 serán la fijación del techo de gasto, que el Ministerio de Hacienda ya está elaborando, y de una senda de déficit y de deuda alienada con las actuales normas fiscales europeas. La intención de la titular de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, es llevarlos a las Cortes "lo antes posible". Esto es, a finales de julio o, de no ser posible, a principios de septiembre. El objetivo último es que el proyecto de Presupuestos como tal pueda presentarse en el Congreso en torno a principios de octubre, para que el 31 de diciembre España pueda contar con unas nuevas cuentas públicas estatales aprobadas, tras el intento fallido de este año, debido a la convocatoria anticipada de las elecciones catalanas el pasado mayo y antes al proceso de investidura de Sánchez.

Aunque la “variable catalana”, comunidad que continúa sin presidente, sigue sobrevolando las cuentas. De hecho, los socialistas tienen claro que “el verdadero desafío está en las conversaciones con los grupos parlamentarios” y dan por hecho que el Gobierno no llevará el proyecto de PGE al Congreso hasta “no tener bien atados los apoyos suficientes para que puedan salir adelante”, según fuentes del partido. Por ahora, Montero ha avanzado que se sentarán a dialogar con el PNV después del verano, así como con ERC y con Junts. Acudirán a las citas "con el ánimo de pactar". Habrá que ver la voluntad con la que va el resto. La ministra ha pedido que se desvinculen las conversaciones sobre las cuentas de los otros "muchísimos debates" que inundan la "la actualidad política".

El Banco de España ha confirmado recientemente que la deuda de las administraciones públicas cayó en 2023 al 107,7% del Producto Interior Bruto (PIB), 3,9 puntos menos que la tasa registrada el año anterior. Si bien, aunque descendió ese porcentaje, el débito público se incrementó en 71.878 millones, lo que supuso un alza del 4,8% respecto a 2022, superando los 1.574 billones de euros, cerca del máximo histórico de 1.577 al que se llegó en septiembre del pasado ejercicio. Desde el Gobierno se celebró que habían vuelto “a demostrar que la justicia social es compatible con la reducción del déficit y la deuda”, en palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero.

Pero se ha avanzado de pantalla y en 2024 desde el ámbito económico hay quienes abogan por desenredar la maraña “que tenemos en España con las reglas fiscales”. Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) e investigador de Fedea, explica que aquéllas “están suspendidas en Europa, pero no” en territorio español. Mientras en la eurozona “se alcanzó un acuerdo político en la primavera de 2020, con la pandemia, para que quedaran congeladas y se ha ido renovando hasta el día de hoy”, a la espera de que se dé luz verde a la reforma de esas normas –el Parlamento europeo y el Consejo de la Unión han llegado a un principio de acuerdo, pero queda camino hasta que se publique en el boletín oficial de la UE–; “en España no lo están”, plantea. Y apostilla: “Lo estuvieron en 2020, 2021, 2022 y en 2023, pero en cada una de esas ocasiones se fueron suspendiendo porque el Congreso de los Diputados, según marca la Constitución y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, iba indicando que se daban las circunstancias excepcionales que justificaban el que no se tuviesen en cuenta las reglas fiscales. Eso no se ha vuelto a producir para 2024 y, en principio, las reglas fiscales en España este año están vigentes en toda su extensión”, asevera.

¿Qué supone eso? El profesor de la UPO anota que “hay una parte que se está haciendo y otra que no”. A la primera responde el que “el Gobierno haya empezado a tramitar los objetivos de déficit y de deuda en el Congreso y en el Senado”, si bien el PP tumbó la senda de déficit en la cámara alta y es probable que lo haga de nuevo, dado que el Ejecutivo volverá a enviar la misma. Pero a eso hay que sumar “que el Gobierno publique la regla de gasto, que va a ser más importante que aquellos objetivos que se están negociando”, apunta Martínez López, quien detalla que “la Ley Orgánica de Estabilidad marca que en el momento en el que se mandan los objetivos de déficit y deuda a las Cortes Generales hay que remitir también un informe sobre la situación de la economía española donde conste la tercera regla fiscal, que es esta regla de gasto, y esto no se ha hecho”, advierte.

Con todo, en la documentación remitida al Congreso y al Senado “sí aparece en la última página, en un cuadrito, una regla de gasto y dice el 2,6%. Pero eso hay que explicarlo, decir cómo se ha calculado en ese informe que la ley orgánica mandata que se debe publicar y no se ha hecho”, recalca. En el Boletín Oficial de las Cortes Generales se puede comprobar que en el anexo tercero del “Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024” se refleja la Regla de gasto para el periodo 2024-2026 y la tasa de referencia nominal para este año se fija en el 2,6%. Es un porcentaje de variación anual que determina en cuánto se puede elevar el gasto definido a efectos de la regla de éste en todas las administraciones públicas y sobre el que gravitan algunas dudas. “No es el que nos sale a algunos cuando lo hacemos con la metodología española de la regla de gasto, es la europea, porque si se hacen los números con la regla de gasto española, sale más de un 3%”, indica Martínez López.

En definitiva, ¿se están aplicando las reglas fiscales en España? “Pues algunas se están tramitando, los objetivos de déficit y de deuda, pero la de la regla de gasto, que es el vinculante y lo que van a exigir en Europa, nadie sabe muy bien lo que va a ser”, avisa. A su juicio: “Estamos en un limbo jurídico-político-institucional. No se está aplicando la ley orgánica de estabilidad, ni tampoco la Constitución, si me apuras, que dice que si se suspenden las reglas fiscales tiene que decirlo el Congreso de los Diputados, como ocurrió en la pandemia, pero no están suspensas, y dónde está la regla de gasto, que no hay que votarla”, demanda. En ese punto enlaza que, si la oposición “tira para atrás” los objetivos de déficit y de deuda, “siempre nos quedará París, esa regla de gasto, que se aplica sin más”, desliza.

El investigador de Fedea vincula el mencionado 2,6% a “las recomendaciones de  Europa de hace unos meses cuando adelantó que nos fuéramos apretando el cinturón”, esto es, el Ejecutivo “no publica la regla de gasto española y se ha acomodado a la europea”. Y añade que, si la tasa se calcula “como se viene haciendo” en el país, ésta “debería ser del 3,3%”, lo que no es baladí, dado que “son unos cuantos de miles de millones más”. En el entorno de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la sitúan en torno al 3%.

Para Martínez López, “la ley de estabilidad presupuestaria hace aguas por varios sitios y ésta es una vía de agua más”. A su entender, “los objetivos de déficit que se están intentando sacar adelante y votar son muy generosos para las comunidades autónomas, que según la AIReF van a terminar este año con superávit” y, “quizás, por la puerta de atrás se les va a poner el freno de la regla de gasto”, sostiene. “Son miles de millones de euros los que están en juego del 2,6 al 3,3% y si va a ser la forma de poner el cinturón a las comunidades, que se diga y se cumpla en la medida de lo posible la ley, que te permite sacar una regla de gasto que no tiene que votarse, es una fórmula, mientras lo de ahora es un lío”, concluye.

De su lado, Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas expone que “entre cada Gobierno y la Comisión europea ha habido ya una interacción para determinar la regla de gasto que ha dado lugar en el caso de España al 2,6%, pero es verdad que todo esto, a su vez, depende de unas reglas fiscales que se tienen que reformar”, ratifica. Y arroja otro dato: “En el Plan Presupuestario del Ejecutivo, el crecimiento del gasto primario fuera de medidas discrecionales crece una décima menos y lo presentaron como una estimación prudente. Pero es que, además, por otra parte, no hay Presupuestos y, si no se aprobaran este año, es posible que crezca incluso menos” porque al prorrogarse las cuentas “se congelan las partidas presupuestarias menos algunas como las pensiones o los pagos de intereses”. Torres está de acuerdo en que la situación actual “complica mucho” el panorama económico de las administraciones, “tanto el hecho de que no se hayan aprobado todavía las nuevas reglas fiscales, como el que no dispongamos de un Presupuesto, que por muy pronto que se apruebe, estaremos hablando de junio o julio”.

En opinión del director de Coyuntura de Funcas, “habrá que ir hacia un ajuste”, porque cree que las reglas europeas saldrán adelante, e “intentar reducir el déficit”, lo que “se podrá hacer de varias maneras, por ejemplo, aumentando recaudación y no necesariamente recortando gasto”. “Y hay otro elemento de flexibilidad –cose– que tiene que ver con si se hacen una serie de reformas y se va siguiendo el plan de recuperación. En ese caso, los ajustes pueden repartirse en un periodo más largo que puede ir hasta siete años en vez de cuatro”, cierra.  

Preguntado al Ministerio de Economía cómo se ha calculado el 2,6% de la regla de gasto que trasladaron a las Cortes Generales, remiten al Plan Presupuestario 2024, en el que se refleja que la Comisión Europea publicó un documento “de recomendaciones específicas por país (CSR), donde detalló los requisitos fiscales exigidos a España en 2024, entre ellos, garantizar una política fiscal prudente limitando el crecimiento del gasto primario neto nacional en 2024 al 2,6%”. Es decir, como señalaban Martínez y Torres, se han seguido las directrices de la UE, aunque aún estén en discusión las reglas fiscales en dicho marco. En ese sentido, otras fuentes del ámbito académico consideran que “se ha producido un cierto agujero judicial, al quedar superado lo nacional por lo europeo, que habría que intentar revisar de cara al futuro”.

Las comunidades del PP, coordinadas desde la calle Génova, acudieron este lunes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con un único objetivo: denunciar la supuesta supeditación del Gobierno a los deseos de financiación y necesidades presupuestarias de Cataluña. Salieron, sin embargo, defendiendo posiciones contradictorias. Y sin nada que alegar al planteamiento del Gobierno: un objetivo de déficit para las comunidades autónomas en 2024 del 0,1% del PIB y un incremento sustancial de recursos para todos, el mayor de la historia: 154.467 millones de euros, un 14,9% más respecto a 2023.

El propio Alberto Núñez Feijóo tuvo que insistir en el comodín catalán para, a falta de algo mejor, criticar la reunión. “¿Por qué Cataluña no acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera?”, se preguntó en una anotación en redes sociales. “Primero porque a Pedro Sánchez no le queda más remedio que aceptarlo. Segundo porque Puigdemont, Aragonès y Junqueras prefieren a un gobierno débil aceptando sus exigencias en Ginebra”, se respondió a sí mismo.

La verdad es que Cataluña sí estuvo en la reunión, aunque no envió a su consellera de Economía, Natàlia Mas, sino al secretario general del departamento, Josep Maria Vilarrúbia, y a la directora general de Presupuestos, Esther Pallarols. Una práctica que no es de ahora, sino que se viene produciendo desde hace años, también con gobiernos del PP.

El objetivo de déficit del 0,1% comunicado a las comunidades autónomas supone una décima más respecto al fijado en el Programa de Estabilidad de abril remitido a la Comisión Europea, pero es el mismo porcentaje que el recogido en el plan presupuestario de 2024, enviado a Bruselas en octubre. Esa décima de más de margen para las comunidades autónomas será asumida por la Administración Central el próximo año, un ejercicio marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas, suspendidas desde 2020 por la pandemia y posteriormente por el impacto de la guerra de Ucrania.

El Ministerio de Hacienda también ha comunicado a las comunidades autónomas que en 2024 recibirán los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros. Es un incremento del 14,9% respecto a 2023, lo que supone que recibirán casi 20.000 millones de euros más que el año pasado para fortalecer sus políticas públicas. Esa cifra incluye los 134.658 millones de las entregas a cuenta, un 8,3% más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones, según fuentes del ministerio.

Comunicadas las cifras a las comunidades, el Consejo de Ministros aprobará este martes los objetivos de estabilidad y el techo de gasto, paso previo a la elaboración de los presupuestos para 2024.

Sobre la posibilidad de que el PP bloquee estas cifras en el Senado, Montero, reveló contar con un informe jurídico, elaborado por la Abogacía del Estado, que les permite sortear un hipotético bloqueo. El informe establece que el Gobierno podrá acudir, según la ley orgánica, en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años —no el techo de gasto, que no se vota—. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes. En caso de que en dos ocasiones no se apruebe por alguna de las Cámaras esos objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en el mes de abril, el Programa de Estabilidad.

Y es ahí donde las comunidades del PP se la juegan. Si Feijóo impide los objetivos de estabilidades planteados este lunes a las comunidades, estaría “tirándose piedras en su propio tejado porque tanto ayuntamientos como comunidades autónomas tendrían unos objetivos más exigentes”, advirtió.

La razón es que los objetivos de estabilidad propuestos por Hacienda y que van hoy al Consejo de Ministros fijan el déficit de las comunidades en el 0,1% del PIB y estipulan para los ayuntamientos un objetivo de estabilidad presupuestaria. Los anteriores, que se aplicarían si el PP rechaza en el Senado la senda del Gobierno, fijan la estabilidad presupuestaria para CCAA y un superávit del 0,2% para ayuntamientos, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.

Tras la reunión de este lunes, y con más dinero encima de la mesa, los consejeros del PP optaron por quejarse de lo que no era objeto de la reunión, entre otras cosas porque ni siquiera estaba en el orden del día: la discusión de un nuevo modelo de financiación autonómica. Siguiendo instrucciones de Génova, las comunidades gobernadas por el PP y por el PP y Vox intentaron utilizar la cita para denunciar que el Gobierno planea rehacer el modelo a la medida de los intereses de Cataluña y sin contar con el resto.

La ministra les respondió taxativamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está negociando la financiación autonómica de manera bilateral con Cataluña. “La consejera (de Hacienda de Cataluña) habrá expresado su pretensión de que quiere que haya esas reuniones, pero desde luego no ha podido decir que haya habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda”, argumentó Montero.

La consejera madrileña de Hacienda, Rocío Albert López-Ibor, explicó al término de la reunión, que se prolongó durante más de cuatro horas, que varias comunidades habían pedido explicaciones sobre esta supuesta negociación bilateral y fue la ministra quien quiso que constara en acta “que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña”. “Creo que podemos estar muy tranquilos”, admitió la representante de Isabel Díaz Ayuso en el CPFF, que no dudó en mostrarse “favorablemente sorprendida”.

En parecidos términos se ha pronunciado el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, que, sin embargo, consideró “sorprendentes” las afirmaciones de la ministra. La consejera de Andalucía, Carolina España, fue aún más lejos, poniendo en duda la palabra de Montero: “La vicepresidenta ha dicho que eso no es cierto y yo no sé si es cierto o no, yo sé lo que veo en la prensa”. En cambio, el consejero de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz-Molina, sí cree a la ministra.

La que más disgusto mostró fue la representante andaluza. “Nos vamos decepcionados” de este encuentro porque esperaba, dijo, que Hacienda se pronunciase sobre el fondo extraordinario de 1.000 millones que el presidente Juanma Moreno reclama para su comunidad.

La ministra sí anunció a las comunidades que las irá reuniendo de manera bilateral en el mes de enero para explicarles la metodología que se seguirá en la condonación de deuda pactada entre PSOE y ERC. No obstante, Montero ha evitado poner una fecha para el inicio de las negociaciones sobre la financiación autonómica, que el Gobierno quiere pactar entre partidos y el PP desea dejar en manos de las comunidades.

¿Aceptarán las comunidades del PP quitas de deuda? El consejero murciano declaró que “no hablarán de la condonación de deuda en tanto en cuanto no se reforme el sistema de financiación autonómica”. “Es una decisión clara, intuitiva, unívoca y en la que estamos todos absolutamente de acuerdo”, aseveró.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado sus previsiones de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) en 2023 desde el 1,5% estimado en otoño hasta el 1,9% y prevé que la evolución de la economía española será similar en 2024, según ha informado Europa Press.

En su Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026, el organismo independiente considera "factible" el escenario macroeconómico que el Gobierno remitió a Bruselas hace unas semanas, en el que se proyecta un crecimiento del del PIB de 2,1% en 2023 y del 2,4% en 2024. En 2025, el Ejecutivo estima que la economía crecerá un 1,8% y en 2026, un 1,7%.

Aunque en línea con estas estimaciones, las proyecciones de la AIReF sobre la evolución de la economía son menos optimistas, ya que proyecta un avance del PIB próximo al 2% en 2023 y 2024, que se reduce al entorno del 1,7% en 2025 y 2026.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha advertido en rueda de prensa este jueves de que el Programa de Estabilidad se enmarca en un contexto de "incertidumbre en el ámbito institucional", debido a la transición hacia las nuevas reglas fiscales, que todavía están pendiente de aprobación.

Sobre las previsiones de déficit, la AIReF constata que el Gobierno cumple con el compromiso de reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB en el horizonte de proyección, con una estimación del 2,5% en 2026, aunque en opinión del organismo independiente, esta variable se estabilizará en el 3% desde el año 2024.

La deuda, por su parte, se reducirá impulsada principalmente por el crecimiento nominal del PIB, tanto en el escenario del Gobierno como en el de la AIReF. Sin embargo, según la institución, volverá a iniciar una senda ascendente a partir de 2030 en ausencia de medidas adicionales.

Así, el organismo considera factible la proyección de deuda del Gobierno incluida en la Programa de Estabilidad para 2026 (106,8%), ya que tanto la reducción de la ratio como la composición de los factores que determinan su evolución son similares a los estimados por la AIReF.

Sin embargo, según la institución, volverá a iniciar una senda ascendente a partir de 2030 en ausencia de medidas adicionales. De hecho, el organismo independiente estima que cuando entre en vigor el nuevo marco de reglas fiscales, serán necesarias medidas de ajuste adicionales para situar la senda de deuda en una trayectoria descendente en los próximos años con "suficiente plausibidad", tal y como previsiblemente exigirá la nueva norma.

"El análisis a largo plazo evidencia que la estabilización del déficit es insuficiente para situar la deuda en una trayectoria descendente y reducir la vulnerabilidad", ha advertido la presidenta de la institución independiente.

Según las estimaciones de la AIReF, un ajuste adicional de 0,46 puntos anuales respecto a su escenario fiscal situaría la deuda en una dinámica claramente descendente, incluso en el escenario más desfavorable, siendo compatible con las orientaciones de la Comisión Europea y con la propuesta de reforma del marco fiscal.

Las previsiones de crecimiento de empleo del Gobierno y la AIReF no presentan grandes discrepancias. El organismo independiente, al contrario que el Gobierno, no prevé que la tasa de desempleo baje del 10% en 2026. En concreto, el organismo estima que ese año la tasa se situará en el 11%, mientras que el Gobierno lo sitúa en el 9,8%. Además, la AIReF espera un mayor crecimiento salarial respecto a lo que desprende la actualización del programa de estabilidad, en línea también con el reciente acuerdo entre patronal y sindicatos.

Sobre los precios, las proyecciones de inflación de la AIReF resultan superiores a las del Gobierno, particularmente en 2023. En concreto, el organismo independiente espera que la inflación general se sitúe de media en el 4% en 2023, para después bajar hasta el 2,8% en 2024, el 2,1% en 2025 y el 1,8% en 2026. Pese a esta senda descendente, la AIReF ha advertido sobre el impacto en 2024 de la previsible retirada de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania y la subida de precios.

Según detalla el organismo, la aceleración de las demandas salariales que se proyecta en 2023 para recuperar de manera parcial la capacidad de compra perdida en 2022 contribuye a ralentizar el descenso de la inflación a corto plazo. En cambio, a medio plazo, la desaparición de las tensiones de oferta y la paulatina traslación de las condiciones financieras a la demanda permitirá contener los precios.

La AIReF estima que el déficit de las Administraciones Públicas (AAPP) se situará en el 3% del PIB en 2026, 5 décimas por encima del previsto en la APE. En 2023, la AIReF considera que el déficit se situará en el 4,1%, dos décimas por encima de la tasa de referencia del Gobierno, mientras que en 2024 tanto la AIReF como el Ejecutivo esperan una reducción de en torno a 1 punto del déficit, fruto principalmente de la retirada de las medidas temporales. Sin embargo, el Gobierno recoge una reducción gradual del déficit entre 2024 y 2026, mientras que la AIReF prevé una estabilización en el entorno del 3% a partir de 2024.

La AIReF prevé que el peso de los recursos sobre el PIB, sin incluir el Plan de Recuperación, se sitúe en el 43,2% en 2026, 6 décimas por debajo del nivel proyectado por el Gobierno. En el escenario de la AIReF, la evolución de los ingresos viene fuertemente condicionada por el calendario de retirada de las medidas temporales, aunque también se observan diferencias por componentes. En concreto, el Gobierno proyecta un mayor nivel de impuestos y de cotizaciones sociales, mientras que la AIReF estima mayores ingresos en el resto de recursos.

Según su aproximación, los ingresos tributarios crecerán en 2023 un 7,3%, de los que 3,3 puntos estarían ligados a los precios. En conjunto, los precios y los tipos efectivos justificarían un 64% del crecimiento previsto por la AIReF en ingresos tributarios para 2023 —46% precios y 18% tipos—, superior al 52% de 2022.

De su lado, los gastos, sin incluir el Plan, reducen su peso en el escenario central de la AIReF hasta el 46,2% del PIB en 2026, una décima por debajo de lo recogido en la APE. La reducción se concentra en 2023 y 2024 por la retirada progresiva de las medidas, posteriormente crecerán en promedio cerca del 4% siguiendo su evolución inercial.

Por subsectores, el perfil del saldo se ve fuertemente condicionado por el impacto de las liquidaciones del sistema de financiación y las transferencias entre subsectores. En 2024, la liquidación será elevada, lo que impulsa la mejora del saldo de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales (CCLL) y el deterioro en la Administración Central (AC) a pesar de la retirada de las medidas.

Esta liquidación será menor en 2025 ejerciendo el efecto contrario y tenderá a normalizarse en 2026. En consecuencia, en 2026 el déficit de la Administración Central se verá parcialmente compensado por el superávit en comunidades y CCLL. Aunque el perfil es distinto, el Programa de Estabilidad contempla también en 2026 un superávit de las administraciones territoriales y un menor déficit que el previsto por la AIReF en la Administración Central.

Por su parte, los Fondos de Seguridad Social (FSS), incorporando las nuevas medidas, estabilizarán su déficit en torno al 0,3% del PIB a partir de 2024 llegando a un 0,2% en 2026.

El Gobierno prevé la creación de 1,1 millones de puestos de trabajo en el periodo de 2023 a 2026, reduciéndose la tasa de paro hasta quedar por debajo del 10% en 2026, en paralelo a una mejora en la calidad del empleo, aseguran desde el Ejecutivo, informa Europa Press. También ha mantenido en el 2,1% su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto español este año y estima un avance de la economía del 2,4% en 2024, pese al contexto internacional marcado por el rápido endurecimiento de las políticas monetarias, los episodios de tensión financiera y la incertidumbre en el plano geopolítico y energético.

El Ejecutivo español ha remitido a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas con las perspectivas macroeconómicas y fiscales para el periodo 2023-2026.

Pese al contexto internacional, el Gobierno asegura que en 2023 España liderará por tercer año consecutivo el crecimiento entre los principales países de la zona euro, impulsado por el dinamismo del empleo, la demanda interna, la inversión y el crecimiento de las exportaciones.

El nuevo cuadro macroeconómico prevé que la demanda interna sea el principal motor de crecimiento durante este año, y especialmente el consumo privado, con una previsión de crecimiento estimada del 2,1%, sostenido principalmente por la evolución del empleo.

El Programa de Estabilidad incluye también las perspectivas fiscales para el periodo 2023-2026. El déficit público se reducirá al 3% en 2024, un año antes de lo previsto, cumpliendo con el pacto de estabilidad. En todo caso, la senda de reducción de déficit para el conjunto de las administraciones públicas será del 3,9% en 2023, del 3% en 2024, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. Con esta senda, se alcanza un superávit primario ya en el año 2025, aseguran desde Hacienda.

Asimismo, la deuda mantendrá su senda de reducción tras la disminución de cinco puntos el pasado año para absorber cuanto antes el impacto de la pandemia, hasta situarse por debajo del 110% en 2024, un año antes de lo previsto.

El colosalismo y las infraestructuras faraónicas son compañeros históricos de la política y la economía españolas. El populismo de la obra pública posee tal arraigo que incluso cuenta con una anécdota apócrifa: "¡Os construiré un puente!", promete el candidato en un mitin en la plaza del pueblo. Alguien, desde el auditorio, le advierte: "¡Pero si aquí no hay río!". "¡¡Os construiré un río!!", sube la apuesta el candidato.

Ahora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pretende poner freno a la desmesura.

La Ley de Movilidad Sostenible, que el Ejecutivo prevé aprobar como proyecto este mismo mes, recoge toda una serie de nuevos requisitos que pretenden garantizar que cuando se lleva a cabo una nueva infraestructura estatal es porque es realmente necesaria y la demanda de movilidad que va a atender no puede resolverse con una inversión menor e inferior coste ecológico.

En palabras de la ministra responsable del texto, Raquel Sánchez (PSOE): "Nunca más se construirán aeropuertos sin aviones o estaciones sin usuarios y en medio de la nada”.

La norma se enfrenta a una "asentada cultura" de "sobredotación" de infraestructuras, señala el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla Leandro del Moral, que ha estudiado el fenómeno del despilfarro. Del Moral recuerda que España es el segundo país con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria del mundo, sólo tras China, y tiene más kilómetros de autopista y autovías que Alemania, algo "sorprendente" cuando el país germano es "eje central de Europa" y España un país en la periferia del continente.

"Ocurre igual con la iluminación pública o las infraestructuras hidráulicas", añade Del Moral, que rescata una expresión de su colega Ramón Llamas Madurga, fallecido en 2021, ingeniero y geólogo, todo un referente en hidrología, que afirmaba que en España tenía un excesivo poder la "cofradía del hormigón". "Numerario del Opus, no era precisamente sospechoso de comunismo", afirma Del Moral sobre el autor de aquella expresión, al que considera una eminencia. Y añade el geógrafo: "Si en Estados Unidos acumula un gran poder el complejo tecnológico-militar, en España lo hace la cofradía del hormigón".

España es el país del rescate de las autopistas radiales en quiebra, del bluf del proyecto Castor, del tranvía sin estrenar de Jaén, de los sobrecostes y la ineficiencia de la red AVE, del superávit de aeropuertos... Se trata de fenómenos vinculados a la corrupción, al crony capitalism o capitalismo de amiguetes, al clientelismo y al mencionado populismo de la obra pública. Atendiendo a un informe de la Asociación de Geógrafos de 2018, se diría que llevamos el colosalismo en el ADN. El trabajo cifraba en casi 100.000 millones lo invertido o comprometido en infraestructuras mal programadas. No todas eran estatales; tampoco, dentro de las estatales, todas eran del Ministerio de Transportes, que son las afectadas por la nuev aley. Pero sí dan idea de una propensión al exceso.

Al retrato de España como museo de la desmesura, el informe de los geógrafos añadía una exhaustiva crítica, apoyada en el Tribunal de Cuentas Europeo, a la ineficiencia de la red de alta velocidad, con más de 3.400 kilómetros. La trama se desarrolló "sin un correcto análisis coste-beneficio" y "con estimaciones de usuarios o ingresos influidas por una coyuntura de euforia", señala el informe, que cifra el despilfarro en más de 25.000 millones.

Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad, considera "de gran interés" la introducción de nuevas exigencias para la eficiencia de las infraestructuras, pero cree que la clave reside en si existirán o no recursos para hacerlas cumplir "con seriedad" y una verdadera voluntad política de evaluación de políticas públicas que hasta ahora el Gobierno –a su juicio– no ha acreditado. "La ley de evaluación se ha aprobado sin tiempo ya para desarrollarla esta legislatura", señala. Prieto recuerda que el Ejecutivo "todavía no ha cambiado la distribución modal" del transporte en España y el coche eléctrico "sigue sin despegar", lo cual deberían ser "prioridades del Ejecutivo" si su deseo es demostrar una voluntad política que haga creíbles los informes.

La previsión del departamento de Raquel Sánchez es que la nueva norma, cuyas obligaciones sólo podrán ser sorteadas por "razones de interés general" declaradas por el Consejo de Ministros, sea enviada al Congreso antes de que finalice el año. La ley no anda sobrada de plazos, teniendo en cuenta que es previsible que la legislatura termine a finales de 2023 o principios de 2024, y eso si no hay adelanto electoral.

Si es aprobada por las Cortes, la decisión de ejecutar inversiones públicas con financiación estatal, sean carreteras, vías férreas o puertos, "estará sometida al resultado de una evaluación ex ante [previa] de sus efectos". Dicho análisis tiene dos fases. La primera consiste en un estudio preliminar de "rentabilidad socioambiental", que deberá tener un resultado positivo de acuerdo a unos "umbrales de rentabilidad mínima". Estos umbrales serán establecidos en una metodología que el Gobierno deberá elaborar en un plazo de dos años "prestando especial atención a las emisiones de gases de efecto invernadero". El análisis de esta primera fase contemplará las diversas alternativas existentes a dicha intervención –si el mismo objetivo se puede cubrir con otros medios–, previsiones de demanda y "efectos económicos, sociales y medioambientales".

La segunda fase es el llamado "estudio de rentabilidad económica, social y ambiental y, en su caso, financiera". Su objetivo es evitar que una determinada demanda de movilidad sea atendida mediante una infraestructura sobredimensionada. La ejecución de cualquier infraestructura financiada total o parcialmente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o sus entidades dependientes –incluidas aquellas acordadas mediante convenio– queda supeditada a la superación de los "umbrales de rentabilidad mínima".

Cinco años después de la puesta en servicio de cualquier infraestructura de competencia estatal para la que se haya realizado un estudio de rentabilidad, será obligatoria la realización de una evaluación ex post, cuyas características también deberán ser reglamentadas por el Gobierno.

Los resultados de las dos evaluaciones, la preliminar y la posterior, serán públicos y se incorporarán a un llamado Espacio de Datos Integrado de Movilidad, que pretende mejorar las políticas mediante la acumulación y análisis de evidencias. El registro tiene por objeto conocer las "desviaciones" con respecto a la inversión y la demanda previstas.

Cada cinco años el Consejo de Ministros encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) un estudio para la evaluación de los análisis ex post "con objeto de analizar la eficacia y eficiencia" de las inversiones en obra pública realizadas.

En respuesta por escrito a infoLibre, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explica la filosofía que inspira su actuación en esta materia: "La construcción de infraestructuras no es un fin, sino un medio". "Al priorizar actuaciones [...] es necesario preguntarse qué objetivos se persiguen y qué beneficios supondrán [...], y si gran parte de esos objetivos y beneficios se podrían alcanzar con actuaciones más eficientes por su menor coste", señala. Y añade: "Hay que seleccionar adecuadamente los proyectos [...], dirigiendo los recursos a aquellas actuaciones con mayor rentabilidad socioeconómica, que son aquellos que obtienen mayores beneficios sociales por cada euro invertido".

El ministerio, sin mencionar infraestructuras concretas, no rehúye la crítica a la forma tradicional de acometer obras públicas. "Históricamente –señala– la planificación de las infraestructuras se ha concebido mediante planes que agrupaban el conjunto de todas las demandas de inversión, de acuerdo con la suposición de que cualquier infraestructura crea riqueza para el país, y que mayor será esta cuanto más elevado sea su presupuesto". A juicio del ministerio, este enfoque "contradice el propósito de la ingeniería de optimizar los costes y obvia que los recursos son limitados, especialmente teniendo en cuenta los compromisos fiscales de España con la UE". El resultado es que "se detraen recursos escasos no sólo de otros usos más necesarios en el ámbito de la movilidad –la conservación de la red, la movilidad cotidiana, la innovación o la seguridad–, sino de otras necesidades de gasto público más acuciantes, como son las pensiones, la sanidad y la dependencia", entre otras.

Algunas de las inercias que el ministerio quiere corregir son estas: prevalencia del criterio de que "prácticamente ninguna actuación quedara fuera"; frecuente falta de concreción de "objetivos cuantificables, costes y plazos de cada una de las actuaciones previstas", con el resultado de la imposibilidad de evaluación; debilidad de los estudios de sostenibilidad económica a lo largo del ciclo de vida de las infraestructuras.

El ministerio señala que los estudios de rentabilidad que se realizan ahora tienden a "sobreestimar la demanda y a subestimar los costes" –aunque hay excepciones– y es usual que "no se realicen análisis de sensibilidad y riesgo", ni actualizaciones cuando existe un desfase temporal importante entre la planificación y la licitación. Todo lo anterior "puede venir alentado porque la decisión sobre la construcción y características de la nueva infraestructura haya sido tomada de antemano y no es el resultado del análisis coste-beneficio", señala el ministerio. A esto se suma "apenas se hacen análisis" tras la puesta en servicio de las infraestructuras "que permitan una comparativa con los análisis ex-ante y permitan la mejora de la planificación".

Las nuevas obligaciones tienen excepciones. Quedan excluidas de las evaluaciones ex-ante las obras que formen parte de los planes de defensa y las recogidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria vigente, que prevé 450 millones de inversión media anual hasta 2026.

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

El impacto económico de la pandemia de Covid-19 y de las medidas implementadas para su contención disparó en 2020 el desequilibrio presupuestario y el endeudamiento público de los países de la UE, con especial incidencia en España, donde el déficit alcanzó el 11% del PIB, el mayor entre los Veintisiete, mientras la deuda subió al 120% del PIB, la cuarta mayor ratio, según datos de Eurostat recogido por Europa Press.

En el conjunto de la UE, el déficit se elevó el año pasado hasta los 922.548 millones de euros desde los 76.499 millones de 2019, lo que supone una ratio del 6,9% del PIB, frente al 0,5% del año anterior a la pandemia, mientras que la deuda pública de los Veintisiete subió a 12,06 billones, frente a los 10,8 billones de 2019, alcanzando el 90,1% del PIB de la UE desde el 77,2% del año anterior. 

Entre los países del euro, el déficit presupuestario de 2020 fue del 7,2% del PIB, lo que equivale a un desequilibrio negativo de 821.739 millones, frente al déficit del 0,6% del PIB o 77.141 millones, correspondiente a 2019.

A su vez, la deuda de los Diecinueve ascendió en 2020 a 11,09 billones de euros, frente a los 10 billones de 2019, lo que representa una ratio del 97,3% en vez del 83,6% del PIB registrado en 2019

Según los datos de Eurostat, todos los países de la UE registraron déficit en 2020, correspondiendo los mayores desequilibrios negativos a España (-11%), Grecia (-10,1%), Malta (-9,7%), Italia (-9,6%), Rumanía (-9,4%), Bélgica y Francia (ambos -9,1%), Austria (-8,3%), Hungría (8%), Eslovenia (-7,7%), Croacia (-7,4%), Lituania (-7,2%) y Polonia (-7,1%).

"Todos los países, excepto Dinamarca (-0,2%) y Suecia (-2,8%), registraron déficits mayores del 3% del PIB", señaló la oficina estadística comunitaria.

En cuanto a los niveles de deuda, al cierre de 2020 los menores ratios se observaron en Estonia (19%), Bulgaria (24,7%), Luxemburgo (24,8%), República Checa (37,7%) y Suecia (39,7%).

Un total de 13 países de la UE contabilizaban ratios de endeudamiento por encima del umbral del 60% del PIB al cerrar 2020, siendo los más elevados los registrados en Grecia (206,3%), Italia (155,6%), Portugal

(135,2%), España (120%), Chipre (115,3%), Francia (115%) y Bélgica (112,8%).

El déficit del conjunto de las administraciones públicas (AAPP) cerró 2020 en el 10,09% del PIB como consecuencia del mayor gasto para hacer frente a la pandemia, tras situarse en 113.172 millones de euros, lo que supone un incremento de 77.557 millones respecto al ejercicio anterior. Incluyendo la Sareb, el déficit público se situó en el 10,97% del PIB.

Así se desprende de los datos de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2020 expuestos este lunes en rueda de prensa por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y recogidos por Europa Press.

El dato final se sitúa más de un punto por debajo de la estimación del Gobierno (11,3%) y es la segunda cifra más alta de la historia, después de que en 2012, el peor año de la crisis financiera, el déficit se situara en el 10,6% del PIB, incluyendo el rescate a la banca.

En concreto, en 2020 se produjo un aumento del gasto en 53.070 millones de euros respecto al año anterior, y el 85% de esta cifra corresponde a medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia.

Por su parte, los ingresos reflejan una caída en 24.487 millones, un 5% menos, registrándose un descenso de la recaudación fiscal en 21.674 millones, un 7,8% inferior. En concreto, los impuestos indirectos han caído un 11% y los directos, un 3%. En cambio, las cotizaciones sociales han crecido un 0,8%.

El déficit del Estado alcanzó en el primer semestre del año los 48.767 millones de euros como consecuencia de la crisis del covid-19, una cifra que casi multiplica por cinco la del mismo periodo del año pasado (10.346 millones) y que equivale al 4,36% del PIB, frente al 0,83% del año pasado, según informa Europa Press. 

Por su parte, el déficit de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, se situó hasta mayo en el 4,2% del PIB, con 47.009 millones de euros, frente al 1,31% del PIB del año pasado (16.349 millones de euros).

Así se desprende de los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, que señala que todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno para la gestión de la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de la crisis.

Las cifras reflejan que, en términos del PIB, el déficit del Estado se sitúa en una ratio del 4,36%, que pasa a ser del 3,35% (déficit primario) si se deduce el efecto del gasto en intereses, que contrasta con el superávit primario del 0,20% de 2019.

La evolución del déficit del Estado se explica por una bajada de los recursos del 14,4%, hasta 81.018 millones de euros, debido a la menor actividad económica como consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas para combatir el virus, en paralelo a un alza del gasto del 23,7%, hasta 129.785 millones de euros, por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias corrientes a Seguridad Social y comunidades autónomas.

Además, desde el pasado 1 de enero se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

Las CC.AA. moderan su déficit por la financiación recibida 

De su lado, las comunidades autónomas moderaron su déficit al 0,08% del PIB hasta mayo por la financiación del Estado, frente al desajuste del 0,36% del PIB de hace un año, debido a las medidas de financiación del Gobierno para garantizar los recursos regionales y dar respuesta a la emergencia sanitaria.

Aquí se incluye el adelanto de la financiación del Estado vía anticipos a cuenta del sistema de financiación, el avance de hasta el 50% de la liquidación de 2018, la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda y los ingresos recibidos del fondo extraordinario de prestaciones básicas, con un total de unos 6.900 millones de euros. Además, los ingresos han subido un 9,7%, frente al alza del 4,2% del gasto no financiero.

Todas las CC.AA. (salvo Madrid y Navarra) registran en mayo un comportamiento más positivo que hace un año. De hecho, nueve regiones logran superávit: Andalucía (0,01% del PIB), Aragón (0,08%), Asturias (0,19%), Canarias (0,77%), Castilla y León (0,04%), Extremadura (0,38%), Murcia (0,04%), La Rioja (0,37%) y País Vasco (0,51%), a las que se suma Cantabria, con equilibrio presupuestario.

El resto siguen presentando déficit: Baleares (-0,02% del PIB), Castilla-La Mancha (-0,17%), Cataluña (-0,05%), Madrid (-0,46%), Navarra (-1,41%) y Comunidad Valenciana (-0,32%).

En cuanto al impacto asociado al coste sanitario, las CC.AA. han informado de un impacto de 2.876 millones, el 0,26% del PIB, encabezado por Madrid (695 millones) y Cataluña (603 millones).

Por su parte, los fondos de la Seguridad Social marcaron un déficit del 1,15%, por el mayor gasto en prestaciones debido a la crisis. Los recursos se han reducido un 0,8% frente a los gastos no financieros que aumentan un 24,2%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la covid-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en torno a 11.600 millones, un 72,4% de todo el incremento registrado.

Los ingresos caen un 7,2%

En cuanto a los ingresos del Estado, los recursos no financieros se sitúan en 81.018 millones, lo que supone un descenso del 14,4% respecto a 2019 por la crisis del covid.

En términos de caja, los ingresos registraron una caída del 7,2%, hasta los 91.376 millones, de los que 77.278 millones se corresponden a ingresos por impuestos y cotizaciones sociales, un 10,7% menos, y 14.098 millones al resto de ingresos (+17,9%). Solo en junio, los ingresos totales fueron de 9.234 millones, un 11,6% inferiores.

Dentro de la recaudación por impuestos directos y cotizaciones sociales (-9,8%), la del IRPF alcanzó hasta junio los 35.442 millones de euros, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades registraron una cifra negativa de 2.321 millones debido a las devoluciones realizadas.

En la imposición indirecta, que cedió un 11,4%, hasta 42.182 millones, la recaudación por IVA cayó un 11,1%, hasta los 31.484 millones de euros; al tiempo que los ingresos por impuestos especiales sumaron 9.020 millones de euros, un 13% menos.

Dentro de estos tributos, el impuesto del alcohol y bebidas derivadas alcanzó los 316 millones (-8,7%), el de cerveza los 138 millones (+5,3%) y labores del tabaco 2.996 millones (-0,2%).

Los gastos se disparan un 26,7%

En lo que respecta a los gastos, estos ascendieron en la primera mitad del año a 129.785 millones, cifra superior en un 23,7% a hace un año. En detalle, crecieron un 26,7% en términos de caja, hasta 89.195 millones en la primera mitad del año.

Los referidos al personal alcanzaron los 8.880 millones hasta junio, un 4,7% más, principalmente por el alza de los sueldos (+1,8%), hasta 7.244 millones y las cotizaciones (+21,3%), hasta 1.503 millones.

Mientras, los gastos corrientes se elevaron un 33%, hasta los 2.302 millones de euros. De su lado, las transferencias corrientes crecieron un 39,2%, hasta los 461.614 millones, y las de capital subieron un 10,5%, hasta 3.160 millones.

Por último, las inversiones reales bajaron un 4,5%, hasta los 1.535 millones de euros, como consecuencia del descenso del 27% en el Ministerio de Defensa, hasta 547 millones, frente al alza del 15% en inversión civil, con 988 millones, por el alza del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (+17,8% y 662 millones).

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) prevé una caída del PIB del 11% este año si no hay rebrotes significativos como consecuencia de la crisis del coronavirus, elevando la tasa de paro al 20% y el déficit público al 11,5% del PIB, al tiempo que prevé una recuperación parcial en 2021, cuando la economía crecerá un 5,5%, aunque la tasa de paro será del 22% y el déficit del 7,5% del PIB.

Así se desprende del último informe de Coyuntura Económica del IEE, recogido por Europa Press, correspondiente al primer semestre, presentado este miércoles por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, quien ha explicado que el mayor impacto en España se debe a una estructura económica con sectores más afectados por el menor tamaño empresarial, el mayor confinamiento y restricciones y por la menor libertad económica (mayores rigideces).

Fernández de Mesa ha indicado que tiene un componente "muy significativo" desde el punto de vista de la oferta por el cierre por causas sanitarias, y también de demanda por el cierre de empresas y la incertidumbre generada por el covid, por lo que lo que cree que los gobiernos deben atender esta situación, ya que han actuado de forma "muy contundente" a nivel oferta, pero no de demanda.

La previsión del IEE es que la economía caiga entre un 17% y 20% en el segundo trimestre, con un paro del 19%, por lo que el informe prevé una caída del PIB del 11% para este año, dentro de la horquilla de la última previsión del IEE de junio que pronosticaba una merma económica de entre el 8,4% y el 13,1%, debido principalmente a la contracción de la demanda nacional (-11,3%), en particular la liderada por el consumo privado (-11,3%) y por la inversión en capital fijo (-29,5%), compensada ligeramente solo por el sector exterior (+0,3%).

Fernández de Mesa ha explicado que el perfil de crecimiento de la actividad será en forma de "V asimétrica", ya que la caída durante los dos primeros trimestres de 2020 (-5,12% y -17,5%), no será compensada por el repunte en la segunda parte del año, al estimar un crecimiento del 14,5% y del 2,3% en el tercer y cuarto trimestre. De esta forma, el PIB se mantendrá un 5,3% por debajo de su nivel a comienzos de año.

Para 2021, sin incluir el impacto de los fondos europeos ni las consecuentes reformas, el IEE pronostica un avance económico del 5,5% por el efecto base sobre el crecimiento en el primer semestre y la recuperación gradual de la demanda de consumo y de inversión. La demanda nacional crecerá un 4,1%, con un avance del 5,4% del consumo final y del 8,9% de la formación bruta de capital fijo.

Déficit del 11,5% este año y del 7,5% en 2021

En cuanto a la consolidación fiscal, el IEE apunta que el aumento del gasto público motivado por los efectos de la crisis, debido al aumento del gasto sanitario y por el mantenimiento de las rentas de los hogares a través de las prestaciones por desempleo, así como por el aumento del gasto estructural, derivados de los compromisos presupuestarios procedentes de la aprobación del ingreso mínimo vital, generarán unas "cuantiosas necesidades de financiación que se verán, asimismo, amplificadas por la caída de los ingresos públicos procedentes de la pérdida de rentas y de empleo".

En este ámbito, el IEE prevé que, dada la caída del PIB estimada para 2020, el porcentaje de gasto sobre PIB se eleve en algo más de diez puntos porcentuales y aumente, en menor medida (1,4 puntos porcentuales), la ratio de ingresos sobre el PIB, de forma que el déficit público se sitúe en el 11,5% en 2020, reduciéndose este hasta el 7,5% en 2021.

Paro de hasta el 22% en 2021

A pesar de que Fernández de Mesa ha valorado que los ERTE han permitido aminorar la incidencia de la crisis en el mercado de trabajo, el IEE augura un aumento de la tasa de paro hasta el 20,5% este año y aún mayor, hasta el 22%, el próximo año, por la destrucción de parte del tejido productivo.

En detalle, el empleo retrocederá un 6,4% este año, mientras que la caída se moderará al 1,4% el próximo ejercicio, en paralelo a un aumento del 1,8% y del 0,5% de los costes laborales por asalariado, respectivamente.

Según el IEE, la debilidad de la demanda, el bajo nivel de utilización de la capacidad productiva, así como la evolución del componente de los precios de la energía determinarán la evolución de la inflación durante los dos próximos años.

El IPC total se verá afectado fundamentalmente por el precio del petróleo, que mantendrá nula la variación anual en este año, repuntando en cambio hasta el 1,2% en 2021. La tasa subyacente crecerá en media anual un 1% en ambos ejercicios.

Pide no subir impuestos y consolidación fiscal a medio plazo

En cuanto a la respuesta fiscal, ha indicado que España está a la cola a nivel de respuesta fiscal, con un 13%, frente al 40% de Alemania. En todo caso, ve una "gran noticia" el acuerdo europeo por su "gran impacto" al ser buena parte en forma de transferencias, si bien cree que hay que dar relevancia a las reformas.

Entre las recomendaciones, el IEE insta a profundizar en las medidas adoptadas, como los avales del ICO, que cifra en un 3,2% del PIB y los ERTE, que han salvado a 3,5 millones de empleos y añade un punto de PIB, y mantenerlas durante la reactivación; tener un marco regulatorio "predecible y estable" con un clima favorable a la actividad empresarial como motor de prosperidad.

También insta a no olvidar la consolidación fiscal para dar "confianza", algo que no quita para que 2020 sea un año "excepcional" de un déficit elevado para evitar una "catástrofe" social, pero si aboga por un programa de estabilidad presupuestario a medio plazo.

A su vez, ve "muy importante" no subir impuestos, porque tendría un impacto "muy negativo" en el crecimiento al considerar que el margen recaudatorio es "muy poco", así como que ve preciso generar un marco "eficiente y favorable" para el desarrollo empresarial.

Sobre el estudio de la AIReF sobre beneficios fiscales, cree que hay que mejorar el sistema para que no haya "desincentivos fiscales".

El presidente del IEE también ha remarcado la necesidad de confianza y no lanzar "globos sonda", y mejorar la competitividad, disminuyendo la burocracia y gastos administrativos.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han ofrecido una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa para el nuevo cuadro macroeconómico y el Plan de Estabilidad 2020 remitido este jueves por la noche a Bruselas. Las previsiones del Gobierno son las siguientes:

Previsión del PIB y de la tasa de paro

El Gobierno prevé un desplome del PIB del 9,2% este año y una tasa de paro que se elevará al 19%, mientras que para 2021 estima un repunte del 6,8% en 2021 y un descenso de la tasa de paro al 17,2%, como consecuencia de la crisis del coronavirus, ha informado Europa Press.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en rueda de prensa en Moncloa para presentar el nuevo cuadro macroeconómico y el Plan de Estabilidad 2020, donde ha destacado que la recuperación será en forma "de 'V' asimétrica", con un descenso muy pronunciado y una recuperación más gradual.

Calviño ha indicado que se trata de unas estimaciones "prudentes", en un contexto "muy complejo", donde el Gobierno espera una caída "muy intensa" del PIB a corto plazo y con una pendiente "muy negativa y muy pronunciada", con el mayor impacto en el segundo trimestre y una recuperación posterior.

En cambio, dicha recuperación será "más gradual y con una pendiente más suave", con una "paulatina recuperación" en la segunda parte del año y un "fuerte crecimiento" en 2021, con una aumento de la actividad del 6,8%.

En concreto, el PIB registrará una caída del 9,2% este año para repuntar un 6,8% en 2021, mientras que el empleo caerá un 9,7% en 2020 y se crecerá un 5,7% al año siguiente, con lo que la tasa de paro escalará al 19% en 2020 y descenderá al 17,2% en 2021.

El nuevo cuadro macroeconómico que España ha enviado a Bruselas contempla un descenso del consumo privado del 8,8% este año, pero un alza del 4,7% el año que viene, mientras que el consumo público aumentará un 2,5% en 2020 y un 1,8% en 2021.

La inversión este año se desplomará un 25,5%, pero se recuperará con un crecimiento del 11,6% el próximo año; al tiempo que tanto las exportaciones como las importaciones retrocederán en 2020, con una caída del 27,1% y del 31%, respectivamente. En cambio, en 2021 las exportaciones crecerán un 11,6% y las importaciones, un 9,3%.

Como consecuencia de todo ello, el PIB nominal caerá un 10,1% este año, pero avanzará un 8,7% el próximo año.

Calviño indicó que se trata de unas previsiones "avaladas" por la AIReF y han tenido en cuenta la "brusca contracción" del PIB mundial y el de la zona euro, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La economía española estaba creciendo por encima de la media de la zona euro (...), pero el shock inesperado de la pandemia ha supuesto un fin abrupto a este positivo crecimiento y el escenario ha cambiado por completo", reiteró Calviño.

Previsión del déficit 

El Gobierno prevé que el déficit público alcance el 10,34% del PIB este año, hasta los 115.671 millones de euros, el mayor déficit desde el año 2012, cuando alcanzó el 10,7%, como consecuencia del impacto de la crisis del covid-19, con una caída de los ingresos de 25.700 millones respecto al año pasado y un aumento del gasto público de 10 puntos porcentuales de PIB, hasta el 51,5% del PIB.

Montero ha explicado que el impacto "enorme" del covid-19 en la economía mundial y española tienen unos "efectos adversos" que impactan "de lleno" en la evolución de las cuentas públicas, ante "una realidad complicada sin precedentes", por lo que las previsiones son "prudentes" pero "no ocultan la difícil situación".

Asimismo, ha indicado que la irrupción del Ccvid-19 ha modificado "totalmente" el escenario previsto y ha llevado al Gobierno a adoptar medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a las familias y dotar de liquidez a las empresas y autónomos, lo que ha elevado la previsión de déficit público y de deuda pública para el ejercicio actual.

En concreto, el Ejecutivo prevé que el déficit suba hasta los 115.671 millones de euros este año, el 10,34% del PIB, frente al 2,82% del año pasado, lo que supone el mayor déficit desde 2012, cuando se alcanzó el 10,7%.

Previsión de la deuda pública

En paralelo al aumento del déficit, el Programa Presupuestario prevé un incremento de la ratio de deuda pública desde el 95,5% del PIB registrado en 2019 hasta el 115,5% este año, debido a la "velocidad y profundidad inédita" de las medidas de gasto para ayudar a proteger a las familias y reactivar la economía, según Montero.

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos ha explicado que el Tesoro está abordando las necesidades de financiación mediante emisiones, algunas sindicadas con una "recepción extraordinaria" ante la cifra récord de una demanda de 96.000 millones, y con costes de financiación "relativamente reducidos" y "alineados" con los de la primera parte del año pasado, pudiendo financiarse "en condiciones muy beneficiosas en los mercados".

Senda de reducción en 2021: "No habrá subida masiva de impuestos"

El Ejecutivo considera que las previsiones muestran que a partir de 2021 se producirá un rebote de la economía con un "fuerte incremento del PIB" que permitirá volver a la senda de reducción del déficit y la deuda pública, así como "cumplir con los compromisos adquiridos a nivel comunitario", según el Programa Presupuestario.

"Estoy convencida de que la (recuperación en forma de) 'V asimétrica' es un motivo de esperanza y confío en la capacidad del conjunto del país, del sector privado y público, para ser capaces de avanzar lo antes posible", ha dicho Montero.

Se mantienen las tasas Google y Tobin

La portavoz del Gobierno ha aclarado que "no está previsto hacer ningún tipo de ajuste en materia del sector público", como una posible bajada del salario de los empleados públicos, y ha descartado que se vaya a aprobar "ni subidas masivas de impuestos ni bajadas masivas", pero sí que entren en vigor a final de año las tasas Google y Tobin, se inicie la tramitación de la Ley de lucha contra el fraude y se avance en fiscalidad verde.

Por último, sobre las comunidades autónomas ha indicado que actualmente precisan del dinero de las entregas a cuenta y ha explicado que en fases anteriores en las que no había recursos había que hacer ajustes añadidos a las liquidaciones que se realizan a los dos años, si bien en esta ocasión "probablemente serán absorbidas por el volumen tan importante que hay de liquidaciones positivas fruto de ejercicios anteriores".

Con una previsión de un mayor gasto de las CCAA de unos 12.000 millones para hacer frente al covid-19, Montero ha indicado que se reunirá el lunes con los consejeros de Hacienda y dará lugar a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "en días sucesivos", para hablar del impacto y de la reprogramación de fondos europeos.

"Estamos intentando dotar de liquidez y capacidad de gasto para que presten los servicios", ha dicho.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido este domingo una "renta mínima de emergencia" durante la crisis del coronavirus.

"Tiene que actuar el Estado en este período transitorio para que después de la crisis sanitaria, con un impacto económico intenso y profundo, no se produzca una crisis social", ha explicado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha insistido que es "favorable" a la renta mínima durante el coronavirus. "Que todos nos hagamos cargo de las necesidades básicas de la población más vulnerable", ha añadido.

El vicepresidente del BCE da por hecho una "recesión" económica en este trimestre del año, aunque ha insistido en un "rebote" para finales del año. "La esperanza es que tras unos meses negativos tengamos un rebote en la segunda parte del año (...) Que no se destruya tejido empresarial y, una vez superada la crisis, tengamos normalización de la actividad económica y recuperemos lo que hemos dejado de producir", ha asegurado.

Pese a la recesión, Guindos ha destacado de que se trata la crisis es "diferente a la de 2008", que tendrá un impacto muy intenso en la economía europea, pero ha incidido en que se trata de una circunstancia temporal. "La temporalidad de este golpe tenemos que tenerla en consideración", ha subrayado.

Por otra parte, el exministro de Economía durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha señalado que falta "una respuesta de la política fiscal" y ha defendido los eurobonos para paliar el impacto del coronavirus. "La pandemia afecta a todos los países europeos. Una respuesta panaeuropea es fundamental, por la señal del mensaje de que unidos podemos hacer cosas muy importantes", ha resaltado