La tasa de ahorro de los hogares se situó en el conjunto de 2025 en el 12% de su renta disponible bruta, tras caer 0,7 puntos respecto a la tasa registrada en 2024.

Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, la renta disponible de los hogares aumentó un 5,3%, hasta 1.064.458 millones de euros, mientras que el gasto en consumo creció un 6,2%, hasta 937.447 millones.

De esta forma, el ahorro resultante fue de 128.126 millones, suficientes para financiar una inversión que alcanzó 79.685 millones y creció un 10,1% interanual.

El valor añadido generado por los hogares aumentó un 5,2% y su excedente de explotación y renta mixta bruta creció un 5,1 %.

De esta manera, los hogares presentaron una capacidad de financiación de 48.664 millones de euros en 2025, 13.981 millones inferior a la registrada en 2024, lo que supone un 22,3% inferior, según detalla el INE.

Sumado el resultado de los hogares al del resto de sectores institucionales (sociedades no financieras, administraciones públicas e instituciones financieras), la economía nacional registró en 2025 una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 66.741 millones de euros, equivalentes al 4% del PIB frente al 4,3% del PIB de 2024.

Las sociedades no financieras registraron una capacidad de financiación menor, de 20.487 millones de euros en 2025 frente a 25.504 millones en 2024.

Diferente tendencia marcaron las instituciones financieras, cuya capacidad de financiación aumentó a 37.920 millones de euros, frente a los 31.830 millones de 2024.

La necesidad de financiación de las administraciones públicas se redujo un 21,34% en 2025, hasta 40.330 millones (frente a la necesidad de 51.267 millones en 2024).

La renta nacional bruta supuso 1.686.024 millones, un 6% superior a la de 2024.

El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros ha quedado ratificado esta semana en un acuerdo entre Gobierno y sindicatos, aunque sin el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme. En los últimos años el SMI ha subido en España un 66%, desde los 735,9 euros en 2018, hasta los 1.221 euros mensuales en 2026. La subida más acentuada de la serie tuvo lugar entre 2018 y 2019, cuando este importe aumentó un 22,3%, desde los 735,90 euros, hasta los 900. Sin embargo, pese a que se ha evolucionado, esta remuneración se considera un salario base de subsistencia, por debajo del cual un trabajador no estaría ganando lo suficiente para vivir. 

Con respecto a nuestros vecinos europeos, España ha progresado puestos en la lista. Si observamos las retribuciones mínimas de otras regiones, se encuentra ahora en la parte media de la tabla. Tomando como referencia los 27, esta nómina mínima va desde los 620 euros en Bulgaria (el país que menos paga), hasta los 2.704 fijados en Luxemburgo, de acuerdo con los datos publicados por Eurostat este enero. El organismo europeo divide en tres bloques a los países. Por debajo de 1.000 euros se encuentran ocho regiones (Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Eslovaquia, República Checa y Malta). Otros ocho, entre los que está España, oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros: son Grecia, Croacia, Portugal, Chipre, Polonia, Lituania y Eslovenia. Por encima de los 1.500 se sitúan Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Luxemburgo.

Al recorrer el porcentaje de crecimiento en estos últimos años, donde más ha aumentado el SMI desde 2016 ha sido en Rumanía (13%) y Lituania (12%); donde menos, en Bélgica y Luxemburgo, ambos con un incremento del 3,2%. Aunque estos dos países están ya en la parte de la tabla, donde el SMI ahora mismo es más alto.

Además de estos, hay otros países en los que la ley no estipula un salario base por ley. Son Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Italia. En estos casos, la referencia suele estar en los convenios sectoriales y depende de cada ámbito profesional. En Suecia, por ejemplo, los convenios llegan a cubrir al 90% de los trabajadores y la potencia sindical permite que la negociación se haga entre las partes, sin participación del Estado, de forma que cada sector tiene un SMI propio. 

Vivir con una retribución base no resulta sencillo en ningún país, ya que en general este monto está ligado a un mínimo de subsistencia en relación al coste de la vida de cada país. En España, por ejemplo, hacer frente al pago de un alquiler o ahorrar para la entrada de una casa en propiedad con un SMI resulta más que complicado. Por ejemplo, en Madrid el precio mediano de alquiler de un piso de dos habitaciones se situaba en el cuarto trimestre de 2025 en 1.650 euros mensuales, según Idealista. Eso son 429 euros más que el SMI. Si suponemos que es una pareja quien alquila, pagarían 825 euros cada uno, lo que supone un 67% de cada nómina sin incluir gastos de ningún tipo.

Los precios de la vivienda, uno de los bienes básicos que más afectan al poder adquisitivo de los europeos, han subido en los 27 países de la UE y algunos partían ya de cifras considerables. En España, según los datos publicados este mes de enero por Eurostat, y relativos al tercer trimestre de 2025, el precio de la vivienda creció un 2,9% respecto al segundo trimestre y un 12,8% si se compara con el mismo periodo de 2024. Es la sexta variación más elevada de toda la UE, tanto en la comparación interanual como en la trimestral. La media de los 27 se quedó en el 5,5% interanual. Hungría (21,1%), Portugal (17,7%), Bulgaria (15,4%), Croacia (13,8%) y Eslovaquia (13,4%) encabezaron los aumentos interanuales de precios.

Las estadísticas de Eurostat no ofrecen cifras absolutas en euros sobre el precio de la vivienda, pero si por ejemplo revisamos Luxemburgo, la región con el SMI más alto, vemos que el precio de la vivienda también lo es, llegando a rondar los 600.000 euros euros un piso de segunda mano de 70 metros cuadrados en la Ciudad de Luxemburgo (la más grande del Estado) y los 1.900 euros/mes un piso de las mismas características en alquiler, según un estudio de su observatorio nacional.

Y es que la vivienda es un factor de incertidumbre económica. Un estudio reciente elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), ha preguntado a los europeos si consideran que van a tener que abandonar su casa en los próximos tres meses por motivos económicos. Entre los 27 países, un 12,4% respondió afirmativamente, pero en España ese porcentaje se situó en el 19,4%. En cambio, en Luxemburgo, esa sensación de incertidumbre solo la experimentaba el 5,7% y en Alemania el 5%.

La cesta de la compra es otro de los elementos determinantes, y mucho más cuando la renta es baja, ya que se lleva la mayor parte del dinero disponible. De hecho, según el INE, los hogares en el quintil de renta más bajo dedicaron en 2024 el 63,5% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólicas. Si se toma el dato que hace referencia a vivienda y combustibles, sin contar alimentos, lo que se dejan es un 42,5% de su presupuesto. Es decir, a menores ingresos, más sensibilidad a las subidas de precios en los bienes imprescindibles y menos margen de ahorro.

En España, el índice de precios del consumo (IPC) se ha moderado en las primeras semanas de 2026, pero cerró 2025 con un incremento del 3%, por encima del 2% de media de la UE. Este indicador, que no incluye el gasto en vivienda, es la estadística de referencia para ponderar el coste de la vida que afronta la población. España se situó en octavo lugar, por detrás de Estonia, Eslovaquia, Austria, Croacia, Letonia, Luxemburgo y Lituania, todas ellas con un aumento del coste de la vida por encima del 3%.

A los buenos datos de la macroeconomía se les viene atragantando el fenómeno de la desigualdad. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística daba algunas buenas noticias. En España el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha descendido una décima con respecto a 2024, hasta el 25,7%, el mejor dato desde 2008. Además, el volumen de personas en situación de carencia material y social severa se reduce desde del 9,1%, hasta el 8,5%. Sin embargo, pese a la mejora, hay un indicador que no tiende a la baja: el porcentaje de ciudadanos que no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos aumentó un 0,6%, hasta alcanzar al 36,4% de la población en 2025. 

Este equilibrio inestable es algo de lo que ya venían advirtiendo otros estudios como el IX Informe FOESSA Sobre Exclusión y desarrollo social, vinculado a Cáritas, que habla de una “contracción de la clase media”. En otro informe, en este caso de Oxfam, recogen que hasta “un 40% de las personas encuestadas no cuenta con margen para afrontar un gasto imprevisto superior a 600 euros”.

Un gasto inesperado que requiera de un desembolso extraordinario es la peor pesadilla de muchas familias de clase media y exacerba el riesgo de pobreza. Como se observa en el gráfico, la línea que representa a quienes no tienen capacidad de afrontar un imprevisto sube, mientras la de quienes tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes, baja.

La definición de clase media es muy difusa y, más que a parámetros económicos, tiende a hacer referencia a un colectivo dentro del que se identifican la mayoría de los españoles. Si lo definimos por el salario, la media en España en 2023 fue de 28.049 euros por trabajador, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el INE. Por otra parte, la mediana o salario más frecuente, se queda por debajo: en 15.574 euros brutos al año, un importe que aumentó un 8% con respecto a 2022 precisamente por la subida del SMI.

“Lo que estamos viendo es que la gente más vulnerable está mejorando un poco, aunque sin salir de la pobreza, pero los que están justo por encima están igual o peor que hace dos o tres años. De hecho, los ingresos salariales que más crecen son los del decil más bajo —por efecto de las subidas de SMI—, mientras que los deciles tres, cuatro y cinco son los que menos suben”, señala Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo en Oxfam Intermón. “Los sueldos que se regulan por convenio están subiendo, pero no tanto como el coste de la vida y eso lo que provoca es que empeore el indicador de pobreza sobrevenida”, explica.

“Todo indicador es relativo y, aunque es muy buena noticia que la tasa de pobreza mejore, este indicador hay cosas que no captura, como el hecho de que algunos bienes aumenten muchísimo su precio, como le ocurre a la vivienda”, explica la economista Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá. “Esto hace que el umbral de pobreza que estamos considerando no capte bien la subida de precios de la vivienda”. La profesora explica que si los bienes imprescindibles cambian mucho de precio —desde un alquiler hasta ir al dentista— el indicador se queda obsoleto y aunque la renta disponible de la gente aumente sobre el papel, puede haber personas en situación de pobreza porque esos bienes suben más. “Al dedicar mucho dinero a bienes que han incrementado el precio de manera brutal en poco tiempo, como la vivienda, eso hace que no quede demasiado para destinar a lo demás y por eso la dificultad para afrontar gastos sobrevenidos”, concluye.

Una avería en el coche, una derrama de la comunidad o una reforma en casa pueden suponer un problema muy serio. “Esta dualidad se da desde el momento en que se supera el umbral para recibir ayudas, pero el salario no es lo suficientemente alto y coloca a las personas en riesgo de sufrir carencias materiales”, coincide García-Gil.

Otro elemento a considerar es la forma en que se erosionan los ahorros, el famoso “colchón”. “Venimos observando desde hace unos años una pérdida de activos, como el ahorro en la cuenta corriente o en activos inmobiliarios, porque si no puedes comprar vivienda, no puedes acumular patrimonio”, explica Cantó. Esto se debe, abunda, a que la gente no está pudiendo afrontar cierto tipo de gastos y tira de sus ahorros para compensar la pérdida de poder adquisitivo. “Aunque yo tenga más ingresos que el año pasado, si se produce un shock puntual en mis cuentas, no puedo cubrirlo porque cada vez hay menos activos de los que tirar”. De nuevo, el resultado es una mayor inestabilidad económica y una mayor desigualdad de riqueza.

“Esta percepción de inseguridad económica es lo que creemos que está impulsando a muchas clases medias a votar opciones de extrema derecha que tratan de vender un discurso de estabilidad”, remarca la profesora. Porque lo que hacen es explotar el sentimiento de incertidumbre.

Hay muchos factores que erosionan el poder adquisitivo de las familias y vuelven más frágil su situación, pero la vivienda es determinante. Un estudio reciente elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), ha preguntado a los europeos si consideran que van a tener que abandonar su vivienda en los próximos tres meses por motivos económicos. Entre los 27 países, un 12,4% respondió afirmativamente, pero en España ese porcentaje se situó en el 19,4%. El quinto país que más incertidumbre les genera a los inquilinos, después de Grecia (29,2%), Eslovaquia (21,8%), Letonia (21,2%) y Bulgaria (20,8%). Además, apuntan que la situación es peor, recogen, si tu casero es un particular y si no existe un mediador de vivienda social.

Volviendo al terreno de las cuentas familiares, el INE también recoge una tendencia positiva en la evolución de la tasa de pobreza entre quienes viven en una vivienda protegida. Aunque en ese grupo un 40,5% está en riesgo, ese indicador ha descendido más de un 4% en dos años, mientras que quienes viven en pisos a precios de mercado han visto subir la tasa de riesgo desde un 31,8% el año pasado a un 32,6%. Si miramos las viviendas en propiedad, la tasa cae hasta el 14,5%. “Vemos que la tasa de pobreza y la tasa de riesgo de exclusión empeora entre la gente que vive de alquiler. Y de hecho empeora más en quienes viven en un piso a precio de mercado”, puntualiza el responsable de Oxfam.

De hecho, entre quienes menos ganan, el bocado de la vivienda a sus presupuestos es considerable. Revisando el INE, los hogares que menos pueden gastar dedicaron en 2024 el 60,2% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólicas. De media, incluyendo todos los niveles de renta, el gasto en este ámbito se lleva el 32% del presupuesto total del hogar.

“El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza”, alerta el informe de Foessa. En sus estimaciones, los altos precios de los alquileres han supuesto que entre 2015 y 2023, alrededor del 45% de la población que vive bajo este régimen se encontrase en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la Unión Europea. 

“Aquí hay una cosa primordial, que es que hay que avanzar hacia un sistema de protección social más universal”, insiste García-Gil. “Hay medidas que sabemos que funcionan en otros países, como la prestación universal a la infancia; solo con que esto se aplicara, se resolvería parte del problema de las clases medias, que tendrían unos ingresos extra”. Y, en su opinión, se atenuaría también parte de ese descontento social que enfoca hacia la gente que recibe ayudas y que muchos grupos ultras quieren aprovechar en su favor.

El impuesto a las grandes fortunas, la tasa Zucman, la escasa factura fiscal de las grandes tecnológicas… El debate sobre la contribución a las arcas comunes de quienes más tienen está revestido de números, pero también de un diálogo político y social que tiene mucho que ver con la desigualdad. Ya sea como horizonte deseado, como gancho político, como utopía o como amenaza, la fiscalidad es un tema recurrente a izquierda y derecha del arco político. A nivel nacional, según las estimaciones de Fedea, el 1% más rico soporta una presión tributaria total del 24,1%, inferior a la que paga el 10% con menos ingresos (un 27,5%) y muy por debajo de los grupos intermedios, que abonan un 39%.

En España, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF) se planteó para corregir parte de este desfase, aunque los datos aún indican desigualdad en las contribuciones. “El impuesto a las grandes fortunas cumple un papel importante, aunque es relativamente modesto, porque no tiene un tipo elevado y lo que se ha buscado es, sobre todo, corregir las bonificaciones de las comunidades autónomas”, explica Juan A. Gimeno, catedrático emérito de Economía y coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Para él, cuando se dice que este tipo de medidas no tendrán un efecto recaudatorio fuerte, se está cometiendo un error: "Primero, porque las rentas altas son las que más pueden aportar; y segundo, porque es una cuestión de justicia social que así sea", independientemente del monto recaudatorio.

“Las tasas medias efectivas de todas las prestaciones (pensiones, prestaciones por desempleo, asistencia social, etc.) disminuyen a medida que aumenta la renta, lo que quiere decir que benefician proporcionalmente más a los hogares con menos renta. Este resultado está indicando que las prestaciones son, individualmente y en conjunto, progresivas”, señala un estudio del think tank económico Funcas. Aunque hay una salvedad que sigue rompiendo con la progresividad: “Llamativamente, los hogares pertenecientes al 1% más rico soportan la carga tributaria relativa más reducida de toda la escala de renta”, recoge en un artículo publicado por Julio López Laborda, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Además, señala, “las rentas del capital tienen un trato de favor frente a las del trabajo”.

En el análisis reconocen la importancia de la fiscalidad en el reparto de la riqueza, de forma que, según Funcas, los impuestos reducen en un tercio la desigualdad de renta en España “aunque el saldo neto de la intervención pública en España deja de ser progresivo en la parte superior de la escala de rentas brutas”. ¿Por qué ocurre esto?

En los hogares más ricos, las rentas del capital, es decir, las que proceden de activos invertidos, tienen gran peso en la composición de su riqueza, y la fiscalidad reducida que disfrutan estas inversiones es lo que produce esa variación en el tramo más alto de la tabla. 

En la tabla que se muestra abajo, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el último quintil (Q5) se descompone en tres partes más pequeñas (decil 9, centil 91-99 y centil 100) para ver cómo es la fiscalidad de los que más tienen.

Si se observa la composición porcentual en cada grupo, vemos que en el escalón más bajo (Q1) las prestaciones sociales y las rentas del trabajo son los elementos que más peso tienen. En cambio, en el centil con más dinero, son las rentas del capital las que más aportan a sus carteras (un 62%). “Si tú tienes una vivienda y no declaras alquiler, se te imputa un 2% en renta, pero si tienes una gran fortuna en finanzas no pagas nada”, señala Gimeno.

En España se han dado algunos pasos para corregir este efecto. El Gobierno de coalición aprobó a finales de 2022 el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF), aunque de acuerdo con el Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha), no ha tenido un efecto corrector suficiente. Y esto es así porque de los más de 934.000 millones de euros declarados como patrimonio por los 228.000 ciudadanos más ricos, casi la mitad (un 44,3%), no se tiene en cuenta para el cálculo del impuesto de patrimonio. La razón es que muchas participaciones empresariales de las grandes fortunas están exentas, como también ocurre con las acciones.

“Las rentas del capital tienen un trato privilegiado en el impuesto sobre la renta porque gozan de un tipo máximo del 28%, mientras que las del trabajo pueden llegar al 48%. Ahí lo lógico sería que las rentas del capital tuvieran el mismo trato que las rentas del trabajo. El objetivo es solo que los ricos paguen como si trabajaran”, explica el economista.

En Francia se ha abierto un debate sobre si es posible un impuesto efectivo sobre los grandes patrimonios. Algo que vaya más allá de los horizontes o de los discursos políticos. “Estamos asustando a una parte del país con impuestos que nunca se implementarán”, señaló hace unas semanas el primer ministro francés Sébastien Lecornu en un foro empresarial.

Gimeno remarca que sí hay formas realistas de hacer más justo el sistema. “Una de las cuestiones fundamentales es revisar todas las bonificaciones y beneficios fiscales que existen en los impuestos: en renta, pero sobre todo en sociedades”, explica. Sobre todo, remarca, si esas bonificaciones van destinadas a rentas altas, como por ejemplo la que atañe en Madrid a la compra de uniformes escolares “más habituales en colegios concertados y privados” o a la compra de bicicletas eléctricas “que por su precio, no están al alcance de las rentas bajas”, concluye.

Otro punto, explica el experto, sería intervenir fiscalmente en las grandes herencias a través del impuesto de sucesiones, ya que también se ha dado una competencia la baja entre comunidades autónomas. “Las grandes herencias, que son las que explican el 70% de la desigualdad en España, deben tener un impuesto, como vía para avanzar un poco más hacia la igualdad de oportunidades”, explica. Y propone un mecanismo que compense la baja fiscalidad que se da en algunas de ellas.

Sobre la dificultad de poner sobre la mesa medidas efectivas, el coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal señala que las presiones desde “lobbies potentísimos” o la retórica de que la fiscalidad atenta contra la capacidad de crecimiento del país, son algunas de las cuestiones que enturbian el debate.

Esta semana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, planteaba una estrategia para batallar con el Gobierno en el plano económico. Un tema, la economía, que había estado orillado durante meses después de que varios organismos internacionales destacasen el buen comportamiento macroeconómico de España. Incluso el ministro del ramo, Carlos Cuerpo, se había quejado de que la oposición no le hacía preguntas en las sesiones de control. Para poner en marcha esa estrategia, la formación popular se ha propuesto dirigirse a las clases medias y a los trabajadores que cobran anualmente entre 30.000 y 40.000 euros. “Aspiramos a rescatar emocional y económicamente a la clase media”, señalaban desde el equipo de Feijóo. Sin embargo, este marco de rentas no parece agrupar a la mayoría de trabajadores.

El salario medio anual en España en 2023 fue de 28.049 euros por trabajador, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el INE en mayo. Las mujeres cobraron 25.591 euros y los hombres 30.372 euros. Sin embargo, si rebuscamos en los datos, el salario más frecuente, se quedó en 15.574 euros brutos al año, un importe que aumentó con respecto a 2022 un 8% por la subida del salario mínimo interprofesional. En el gráfico, que muestra el porcentaje de trabajadores en cada categoría salarial, el colectivo entre los 30.000 y los 40.000 euros no es el que más gente ampara, aunque sea el rango que ofrece el PP para hablar de clase media. Pero si se miran las encuestas de autopercepción, la mayoría de ciudadanos se sitúan a sí mismos como clase media.

Entonces, ¿qué hay dentro de este conjunto? “Clase media es un término algo ambiguo y 'atrapalotodo': da mucha flexibilidad a los partidos para dirigirse a una audiencia amplia y a la ciudadanía para reconocerse en ella”, resume Berta Caihuelas, investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Hablar de clases medias es mucho más que hablar de rentas y salarios. “Definir solo por ingresos omite factores clave: no es lo mismo ganar 35.000 euros siendo inquilino que propietario, especialmente en el contexto actual del mercado de vivienda en España”, explica Caihuelas. Y además, aunque la denominada clase media habitualmente es la diana de los discursos políticos, tampoco es demasiado evidente para los expertos que este colectivo funcione como catalizador electoral. “Por mucho que se empeñen los marxistas, el interés objetivo del ‘salariado’ no es una posición autoevidente en cuanto se disipan las nieblas ideológicas”, advierte el sociólogo César Rendueles en su libro Contra la igualdad de oportunidades.

“Cuando se habla de clase media suele usarse una definición por ingresos o riqueza, a la que conviene añadir factores como la estabilidad laboral”, explica la investigadora. “Por ejemplo, el tramo entre los 30.000 y 40.000 euros anuales agrupa perfiles diversos y políticamente heterogéneos: los profesionales socioculturales (como los maestros) tienden más a la izquierda, mientras que los propietarios de pequeños negocios suelen inclinarse a la derecha”.

Si observamos los datos que da el CIS, en su último barómetro un 38% de los encuestados se consideran de clase media, siendo esta la opción más elegida. La siguiente categoría con más porcentaje es la “clase baja/pobre”, que agrupa a un 17%, seguida de la “clase trabajadora/ obrera/ propietaria”, con un 15,8% y de la “clase media/baja”, con un 13%.  Para la investigadora esto se debe, no a que tendamos a sobrestimar nuestra posición social, sino a que el concepto de clase media no se define únicamente por los salarios. “Vemos que el cruce entre ingresos del hogar y autoubicación de clase sigue un patrón bastante razonable: a mayor renta, mayor probabilidad de situarse en estratos medios y altos”, concluye Coihuelas.

“Sentirse clase media suele reflejar cierta seguridad material, algo así como ‘me podría ir mejor, pero no me va nada mal’”, explica la investigadora. “Eso puede favorecer opciones más conservadoras o menos transformadoras o radicales entre las personas que se identifican como clase media, ya que el status quo no se percibe como problemático”, concluye. De ahí que el PP haya redirigido su discurso a este conjunto.

Otra definición que explica Rendueles en su libro amplía los parámetros económicos y demuestra también la popularidad del término entre la gente y su atractivo para el relato político. Esta asume que la clase media serían el 40% de personas que se ubican a ambos lados de la mediana de rentas, de forma que por encima solo quedaría el 30% más rico y por debajo el 30% más pobre. Esto que recoge el sociólogo es lo que ha hecho que muchos partidos se ocupen directamente de interpelarlos a ellos olvidando el concepto de la mayoría. Y aventura una definición: "No son ricos, sino asalariados con una posición económica desahogada: unos doce millones de personas que no viven una orgía de lujos decadentes, como los superricos, pero sí tienen acceso a niveles relativamente altos de consumo, alto nivel educativo, empleos de calidad y capital cultural". Lo que los ha llevado, concluye, a tener una cierta sobrerrepresentación en los programas de los partidos políticos.

“En el desarrollismo franquista, básicamente en los años 60 y 70, empieza a permear una idea de clase media que gira en torno al nivel de vida, a comprarte un coche, ir de vacaciones y poder aspirar a una vivienda propia”, explica Miguel Artola, profesor de Historia Económica de la Universidad Carlos III de Madrid. Esta idea, aunque ha calado en la forma en que concebimos nuestra posición de clase, “ya no es un horizonte tan claro” para las generaciones actuales, apunta. Por un lado, las prioridades se han ido redefiniendo y, por otro, los altos precios del mercado inmobiliario han desplazado este factor de la ecuación.

“En España siempre se ha puesto énfasis en un elemento como la casa en propiedad, pero en otros países esto no ha sido tan importante”. Ahora, matiza el profesor, “puede haber ciudades donde la vivienda es tan cara que mucha gente puede considerarse clase media sin ser propietario de su vivienda”. O puede darse la situación contraria, que el precio de la vivienda genere un malestar que haga que menos personas se reconozcan como clase media. Son las paradojas de la sociología entre las que debe navegar el discurso político, y más, cuando trata de capitalizar los malestares. “En el fondo, cuando un partido dice que apela a la clase media, trata de apelar a un colectivo en el que se identifican el grueso de los españoles”, concluye el profesor.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en junio de este año a 2,5 millones de personas que componen 736.867 hogares vulnerables, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta prestación, que se concretó en 2020 como una medida para atajar el riesgo de pobreza y la exclusión social, aporta, de media, 522 euros mensuales a los hogares que la disfrutan. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que un 55% de potenciales beneficiarios se quedan fuera. En su actualización, el organismo que dirige Cristina Herrero concluyó que esa cifra asciende al 75% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Sobre esto, fuentes de Vivienda señalan que más de un 40% de estos potenciales beneficiarios tendrían otros ingresos, como la prestación por desempleo. “Esto puede derivar en una menor motivación para solicitar el IMV o en que consideren que no son elegibles”, concluyen.

El IMV trata de atajar, principalmente, las tasas de pobreza infantil, pero los datos apuntan a que el alcance de la prestación no es suficiente. De hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa aceptó recientemente una denuncia, propuesta por varios colectivos sociales, que pone en cuestión la regulación por la que se orienta, debido a las dificultades que encuentran los ciudadanos para solicitarla.

En concreto, la ONG ATD Cuarto Mundo, que encabeza la denuncia, pedía corregir algunos puntos que, en su opinión, vulneran la Carta Social Europea. Entre ellos está la compatibilidad con las rentas autonómicas para evitar tener que devolver cobros indebidos —un problema que ha afectado a muchos beneficiarios— o rentas procedentes del trabajo. También expone la necesidad de corregir unas condiciones que excluyen a una parte de la población necesitada (por cuestiones de residencia o de edad) y la disparidad de criterios entre autonomías con respecto a otras prestaciones que vienen de las comunidades.

El informe presentado por AIReF, incluye por primera vez la forma en que esta prestación interactúa con el mercado laboral y señalan que el IMV disminuye la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales. Esta prestación es compatible con un contrato de trabajo y en enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, un mecanismo que no reduce el importe de la ayuda si los ingresos laborales son inferiores al 60% de la renta garantizada para la unidad de convivencia. Hasta entonces, la ayuda disminuía o desaparecía, aunque los beneficiarios no tuvieran ingresos suficientes para vivir. Sin embargo, para muchas familias esto termina siendo una madeja burocrática: “Prestaciones extinguidas por el nacimiento de un bebé en la familia, por traer a la casa familiar a la abuela, por emancipación de un hijo…”, denuncia la ONG Cuarto Mundo.

Sobre esta integración de las ayudas con el empleo, fuentes del ministerio señalan que “la evaluación del incentivo al empleo es temprana” y que “sería conveniente esperar a contar con más datos, a que el mecanismo esté más consolidado y sea más conocido por los beneficiarios”, concluyen. 

En relación con el proceso que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha abierto a España, el Gobierno tiene hasta el 14 de agosto para presentar sus alegaciones por escrito. Pero precisamente una de las medidas que han motivado la demanda tiene que ver con la compatibilidad de la prestación con un contrato laboral, aun en casos donde persista la situación de vulnerabilidad a pesar de tener un sueldo. La ONG también recalca que el proceso de concesión es largo, que las legislaciones autonómica y nacional se solapan o que la forma de corregir los pagos indebidos es inadecuada.

Otro de los puntos que toca la AIReF es crear un procedimiento automático para que el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) llegue a los hogares potenciales desde el momento del nacimiento de los menores, es decir, sin que tengan que pasar por el largo proceso de solicitud. En este punto, desde Seguridad Social señalan que las peticiones de ayuda siempre deben ser mediadas por una solicitud del interesado y que carecen de información para actuar de oficio.

Desde el Gobierno asumen parte de las críticas. “Compartimos el objetivo de seguir avanzando hacia un mayor automatismo que minimice los trámites que tienen que hacer los ciudadanos”, señalan desde Seguridad Social. Aunque mantienen que el alcance de la ayuda se ha ido ampliando. “Las tasas de cobertura suben del 36% hasta el 42% en el IMV y del 19% al 23% en el CAPI” y concluyen señalando que el tiempo de espera “se ha reducido en 45 días desde 2023”, si bien se mantiene en torno a los seis meses.

También la Autoridad Fiscal ha destacado algunos puntos positivos en el IMV. Por un lado, apuntó que aumenta en un 3% la posibilidad de tener un empleo indefinido y ayuda a que los ciudadanos acepten menos empleos precarios. Además, favorece los procesos de formación que repercuten después en la calidad del empleo que las personas pueden conseguir. Pese a esto, Herrero insistió en la necesidad de reformar esta prestación, un análisis en el que coincide con las organizaciones sociales.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha devuelto ya 9.100 millones de euros a 12.577.000 contribuyentes al término de la campaña de la declaración del IRPF correspondiente a 2024, lo que supone un crecimiento del 5,8% respecto al importe devuelto al cierre de la campaña de hace un año, según ha informado EFE.

Estas cifras suponen que ya se han abonado el 78,9 % de las devoluciones solicitadas en número y el 66,5% de los importes reclamados, según explica la AEAT este miércoles en un comunicado.

A la conclusión de la campaña se han presentado 24.570.000 declaraciones, un 2,3% más que el año pasado, de las cuales 15.932.000 son con resultado a devolver y 6.934.000, a ingresar.

El plan "Le Llamamos" de asistencia telefónica personalizada ha sumado 1.188.000 declaraciones presentadas, un 5,3% más que el año anterior, y un año más ha sido el principal sistema de presentación.

La asistencia en oficinas ha crecido a un ritmo similar, con 873.000 declaraciones presentadas, un 5,1% más que el año pasado.

A través del servicio web "Renta directa", más ágil para rentas simples que no requieren modificación del borrador, se han presentado 1.019.000 declaraciones, mientras que a través de la aplicación móvil se han registrado 696.000 declaraciones, un 7,6% más.

Hasta el momento, se han presentado 44.900 declaraciones complementarias de contribuyentes que han rectificado su declaración a partir de la carta remitida por la Agencia, evitando de esa forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.

Este año se ha mantenido la campaña de envío de cartas -además de los avisos en la web y en la aplicación- a los contribuyentes que presentaron su declaración modificando información aportada por la AEAT, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información.

En paralelo a la campaña de renta se ha desarrollado también la correspondiente al impuesto sobre el patrimonio, a cuyo término se han contabilizado más de 226.000 declaraciones. El importe a ingresar ha alcanzado los 2.133 millones de euros.

La declaración la tienen que hacer los contribuyentes con cuota a ingresar, tras deducciones y bonificaciones, así como aquellos sin cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros.

El precio medio del alquiler en Cataluña cayó un 4,67% en los contratos firmados de enero a marzo de 2025 con respecto a un año antes y en Barcelona ciudad retrocedió un 8,9% en el primer año de aplicación de la contención de rentas, aunque los contratos de temporada se dispararon un 52%, según informa EFE.

Así lo ponen de manifiesto los datos de las fianzas de los contratos de alquiler depositadas ante el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) y las cifras por el departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, ambos divulgados este martes.

En la ciudad de Barcelona, el epicentro de la crisis de la vivienda en Cataluña, el precio medio de los contratos se situó en 1.087,23 euros, lo que supone un 8,9% menos que hace un año, cuando tocó techo con 1.193 euros.

En Cataluña, la única comunidad autónoma que aplica el tope de precios en los municipios considerados tensionados -en los que vive el 90 % de la población-, el precio medio del alquiler cayó un 4,67 %, al pasar de 868,85 euros de media a 828,23 euros en los tres primeros meses de 2025.

El descenso del precio medio fue más intenso en los 140 municipios de la primera declaración de zona tensionada, con un retroceso del 4,9%.

Al igual que en el conjunto de Cataluña y en la ciudad de Barcelona, también se redujo el precio medio del alquiler en la provincia de Barcelona. En concreto, pasó de 957,64 euros de media a 912,44 euros, un 4,7% menos.

Los datos de los precios se obtienen a partir de las fianzas que los propietarios depositan ante el Incasòl, por lo que reflejan el precio realmente pactado entre propietarios e inquilinos en los contratos formalizados en enero, febrero y marzo.

Pese a la reducción de las rentas, el número de contratos de alquiler registrados en el primer trimestre en el Incasòl se redujo un 19,67% en Cataluña, al pasar de 34.503 a un total de 27.716.

Lo mismo sucedió en la provincia de Barcelona, la que acumula mayor población, donde los contratos se redujeron un 21,59%, al situarse en 20.259, frente a los 25.839 del año anterior.

Sin embargo, la Generalitat ha destacado en un comunicado que el número de contratos "vigentes" ha crecido en 3.112 durante el primer trimestre de 2025 en toda Cataluña, lo que indica que "el parque de vivienda de alquiler aumenta".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, la consellera de Territorio y Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que los datos divulgados hoy son "buenos", pero ha añadido: "No estamos al final del camino".

Paneque ha afirmado que estos datos son importantes porque "marcan una tendencia de contención y estabilización de los precios de alquiler" y ha detallado que en estos momentos "hay 11.807 hogares más en alquiler que hace un año".

De estos 11.897 hogares en alquiler, 7.865 se encuentran en municipios de la primera declaración de mercado tensa.

En la ciudad de Barcelona, el número total de viviendas de alquiler ha crecido en 423 unidades y hay 1.202 hogares más en alquiler que hace un año, ha señalado la consellera, que ha puesto el acento en que una gran parte de los contratos en vigencia están alargando su duración, lo que estabiliza la situación de alquiler.

Pese a los buenos datos de reducción del precio del alquiler de vivienda habitual, Paneque ha señalado que los contratos de temporada (que algunos propietarios utilizan para evadir la aplicación de la contención de rentas) se han disparado un 52% con respecto a un año antes.

Así, esta tipología ha pasado de los 2.242 contratos del primer trimestre de 2024 a 3.417 en el primer trimestre de 2025. En porcentaje, los alquileres de temporada pasan de suponer un 6,1% del total hace un año y a un 11% ahora.

"Este incremento justifica la regulación que se está tramitando en el Parlament", ha dicho Paneque, en referencia a la norma que pretende limitar también el incremento de los precios en este tipo de contratos.

Las personas mayores de 65 años son la única franja de población de España que cuenta con una renta mediana superior a la media de la Unión Europea (UE), en concreto un 6,4% más alta, frente a lo que ocurre con los menores de esa edad, cuya renta es un 7,3% inferior a la media europea, según recoge EFE. Los mayores de 65 años son además los únicos que han mejorado su renta en términos reales respecto a 2009, de acuerdo con un estudio publicado este miércoles por la Fundación BBVA y el Ivie, que toma la mediana (valor central entre la mitad superior y la mitad inferior) para evitar la distorsión de la media por el efecto de los extremos.

En términos intergeneracionales, informa EFE, los datos colocan a España en una de las primeras posiciones de la UE por renta relativa de los mayores respecto a la población de 25 a 54 años, una situación que tiene mucho que ver con el sistema de pensiones, según el informe Formación, transición digital y calidad de vida de los mayores en España, ya que el 90% de su renta procede de estas prestaciones.

En términos económicos, los mayores están en una posición más favorable porque cuentan con rentas más elevadas, están menos expuestos al riesgo de pobreza o exclusión social, se enfrentan a menos carencias económicas y poseen más riqueza neta y mayor seguridad económica respecto a posibles eventualidades adversas.

El estudio señala que una parte sustancial del colectivo supera con claridad los niveles de renta habituales del país, puesto que más de un 30% de los mayores de 65 años tiene rentas al menos un 30% por encima de la renta mediana de España.

La ventaja se amplía conforme aumenta su nivel de formación, una variable que determina las desigualdades dentro del grupo de los mayores de 65 años, según explica el investigador del Ivie y catedrático de la Universitat de Valencia, Lorenzo Serrano. En general, dice Serrano, los mayores más formados participan más en el mercado laboral, son más productivos, encuentran más fácilmente un puesto de trabajo, su empleo es de más calidad, está más ajustado a su formación y conlleva un mejor salario.

El trabajo y los ingresos influyen asimismo en un mejor estado de salud, una mayor participación cultural y política, un mayor aprovechamiento de la tecnología y una mayor interacción con amigos y familiares, según destaca el investigador del Ivie y profesor de la Universitat de Valencia, Ángel Soler. Las diferencias en el colectivo derivadas del nivel de formación implican que la renta mediana pasa de los 16.807 euros de los que solo tienen estudios básicos a 23.134 euros (37,6 % más) para los que tienen estudios medios y hasta los 30.864 euros (83,6 % más) de los que cuentan con formación superior.

La riqueza neta de los hogares también varía en función de los niveles educativos, ya que la riqueza mediana es de 226.000 euros para la cohorte de personas entre 65 y 74 años, pero cae a los 140.000 euros para quienes cuentan con estudios básicos y se eleva a 243.000 para aquellos con estudios medios y a 503.000 para los que tienen estudios superiores. Entre otros indicadores asociados a la formación está la salud, aspecto en el que el estudio destaca que los mayores más formados muestran un 9% menos de sobrepeso y obesidad y practican más deporte que el grupo con educación básica e inferior.

Hay expresiones que, con el tiempo, a fuerza de repetirlas una y otra vez, se han colado como parte del sentido común económico, como si fueran evidentes, indiscutibles. Hay un sinfín de ejemplos al respecto. Me centraré en estas líneas en el término “moderación salarial”, preguntándome qué implicaciones analíticas y en términos de política económica tiene moverse en estas coordenadas.

En primer lugar, hay que ser conscientes de que cuando se habla de salarios se hace referencia a los valores promedio. Es una información sin duda útil, pero al mismo tiempo sesgada, pues oculta la dispersión retributiva existente dentro de las empresas y entre ellas, lo que podemos denominar “abanico salarial”. Las diferencias entre los que más y menos ganan, diferencias que no han dejado de aumentar o, en el mejor de los casos, se han mantenido en niveles muy elevados. 

En segundo lugar, la expresión “moderación salarial” pone el foco en las retribuciones de las personas trabajadoras, quedando de esta manera al margen de la reflexión y por supuesto de la acción política, las rentas no salariales y la acumulación de riqueza, que pasan a ocupar una posición periférica en los análisis y también en la acción política y sindical. Y en el colmo del cinismo se habla, en términos retóricos, de la necesidad y de las bondades de las políticas de rentas, cuando en realidad sólo se pone sobre la mesa las de naturaleza salarial.

En tercer lugar, se habla de manera insistente de moderar los salarios cuando en realidad las últimas décadas han visto, en el mejor de los casos, incrementos moderados de los mismos, siempre por debajo de los aumentos de los beneficios y las rentas del capital, o directamente su estancamiento o retroceso. En el colmo de la impostura, se utiliza el término moderación salarial cuando la inflación ha supuesto una sustancial pérdida de capacidad adquisitiva y cuando un elevado porcentaje de los trabajadores se mantiene en situación de pobreza o de extrema precariedad.

En cuarto lugar, se apela a la contención de los salarios como si su aumento hubiera estado en el origen de las tensiones inflacionarias recientes, ignorando de este modo, opino que deliberadamente, que, como acabo de señalar, han registrado en el mejor de los casos un leve crecimiento, nada que ver con el rápido aumento de los precios. Encontramos un claro ejemplo de esta disparidad de trayectorias en los alimentos y la vivienda, que se han disparado, traduciéndose en una sustancial pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores, especialmente de los de menos ingresos.

En quinto lugar y relacionado con lo anterior, se desliza el diagnóstico, francamente tendencioso, de que existe una relación positiva, de causa efecto, entre salarios e inflación. No sólo se oculta que ha sido el poder oligopólico de las corporaciones el que, en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, ha permitido la obtención de beneficios extraordinarios presionando a la baja los precios de sus proveedores y/o subiendo los de los bienes y servicios que colocan en los mercados. También se pasa por alto que los costes laborales representan una parte menor de los costes totales –dependiendo, en todo caso, del tamaño de la empresa, sector de la actividad donde se desempeña…–, siendo los más destacados los de naturaleza no salarial.

En sexto y último lugar, se relaciona la “deseable” moderación salarial por el efecto positivo que dicha moderación tiene sobre los beneficios empresariales, el aumento de la inversión productiva, la mejora de la productividad y el fortalecimiento de la competitividad externa. “Pensar en la empresa, sentiros empresa”, se exige a los trabajadores, mientras que en la práctica una parte sustancial de los beneficios pasa a manos de los directivos y accionistas de las firmas. Se pasa en todo caso por alto que son otros los factores que determinan ese supuesto círculo virtuoso y que unos salarios decentes, además de tener un impacto positivo sobre la demanda agregada, serían una pieza esencial de otra cultura empresarial, alejada de las actuales prácticas depredadoras en materia salarial y social.

En resumen, el término “moderación salarial”, no es inofensivo ni neutro. Coloca la reflexión y las políticas a realizar en un espacio donde el pensamiento económico conservador y las elites empresariales y financieras se sienten cómodas y fuertes, hablando de los salarios de los trabajadores y de su necesaria moderación.

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Fernando Luengo Escalonilla es economista.

La campaña para liquidar el IRPF y el impuesto de patrimonio correspondientes al ejercicio 2024 arrancará el próximo 2 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, de acuerdo al calendario del contribuyente disponible en la página web de la Agencia Tributaria, ha informado EFE.

El plazo de presentación de las declaraciones de la renta comenzará el 2 de abril para los contribuyentes que lo hagan por internet, ya sea a través del programa Renta Web o a través de la aplicación móvil de la Agencia tributaria.

Los contribuyentes que opten por presentar su liquidación por teléfono podrán hacerlo a partir del 6 de mayo y quienes prefieran hacerlo de manera presencial en oficinas tendrán que esperar hasta el 2 de junio.

El plazo de presentación de las declaraciones finaliza en todos los casos el 30 de junio, salvo para aquellas cuyo resultado sea a ingresar y quieran domiciliarse, que tendrán que estar entregadas el 25 de junio.

En la campaña de la renta de 2024 estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores, así como aquellos que hayan estado dados de alta como autónomos o que hayan percibido prestación de desempleo, entre otros supuestos. EFE

La consejera de Territorio y Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha adelantado en el marco de la reciente Conferencia Sectorial estatal que los precios del alquiler podrían haber caído en Cataluña entre un 3% y un 5% durante los dos primeros trimestres de 2024, tras la entrada en vigor el pasado marzo de la regulación de las rentas que posibilita la actual Ley de Vivienda. A la espera de conocer los datos "con exactitud", infoLibre ha hablado con Mariona Segú, profesora de Economía, especializada en el mercado de la Vivienda, de la CY Cergy Paris Université, sobre un estudio científico centrado en ese mismo territorio, Cataluña, en el que se concluyó que las medidas de control sobre el alquiler inciden en las rentas para abaratarlas, además sin que la oferta se vea significativamente recortada.

Mariona Segú es autora, junto a los profesores Jordi Jofre-Monseny y Rodrigo Martínez-Mazza, de una investigación en torno a los efectos del sistema de control de alquileres que la ley catalana de vivienda de 2020 permitía en zonas tensionadas o con precios altos generalizados, hasta que fue declarada inconstitucional en marzo de 2022, que detallaron en el artículo científico Effectiveness and supply effects of high-coverage rent control policies, accesible en la plataforma ScienceDirect. Se centraron en 60 municipios de más de 20.000 habitantes con un mercado de alquiler ajustado. En las localidades con costes controlados, los anuncios y los contratos de arrendamiento tenían que incluir el límite de la renta aplicable y se estipularon multas para garantizar una mayor aplicación.

Segú, Jofre-Monseny y Martínez-Mazza usaron los contratos de alquiler firmados y finalizados en Cataluña entre 2016 y 2022 para comparar municipios regulados con un grupo de otros que no lo estaban y concluyeron, entre otras cuestiones, que “los alquileres disminuyeron entre un 4% y un 6%” en las ciudades donde se aplicaba la normativa. En cambio, no encontraron evidencia de que “la regulación redujera el número de contratos de alquiler firmados, lo que sugiere que la escasez de oferta en el corto plazo no es necesariamente sustancial”, se recoge en el artículo.

“Ningún científico pone en duda que el control de alquileres es eficaz bajando el precio”, asevera la profesora de Economía, para apostillar: “El debate viene con qué pasa con la oferta, con si, al caer los precios, la gente se va del mercado. Y ahí es donde la evidencia es más variable, porque cuesta mucho medir esa oferta”, explica. En ese sentido, sostiene que en el caso del trabajo centrado en Cataluña, los datos sí son “muy fiables”, al tratarse de contratos reales registrados, que no están disponibles en todas las comunidades. “En otros contextos como Alemania, por ejemplo, lo miden con los anuncios en portales de internet, y es una aproximación, pero al no ser exactamente la oferta, es una medida más volátil”, dice.

Junto a la constatación de la reducción de los precios, su análisis permite hacer otra afirmación: “El número de unidades alquiladas no se redujo como consecuencia de la regulación”. Tampoco varió “el tamaño” de las viviendas arrendadas, de acuerdo a lo reflejado en la investigación.

“No pudimos determinar que disminuyera la oferta”, confirma Segú. Y hay más: “En lugares como Berlín encontraron un efecto que se detecta a menudo, que es que bajan los alquileres donde se aplica la ley, pero justo después de la frontera donde no, suben. Esto tampoco lo encontramos en Cataluña, al revés, lo que vimos fue un contagio. Descendieron en esos sitios”. Preguntada por los motivos que podría haber detrás de esas circunstancias, anota que, “seguramente la zona contralada era ya bastante extensa en Cataluña y la parte del mercado que no lo estaba, quedaba muy lejos y no era un sustituto tan perfecto de las viviendas” que se hallaban en las áreas topadas.  

La profesora de la CY Cergy Paris Université admite que el resultado de su investigación, a la que no se puede despojar de seriedad científica, “es bastante sorprendente”, al ir “en contra de lo que diría la teoría económica”. Consideran que se debe a un combinado de factores: “Para empezar, el mercado de la vivienda no es perfectamente competitivo, por tanto, la teoría básica de la teoría económica no se aplica en este caso”. Asimismo, mantienen que, “cuando se pone un control”, los propietarios “se ven obligados a bajar el precio” de su inmueble, “pero no lo suficientemente como para que les cambie por completo su decisión de eficacia”. Dicho de otro modo, la reducción del alquiler no es tanta “como para que decidan hacer otra cosa” con esa fuente de ingresos declara.

Y esto porque: ¿cuáles son las alternativas? “Se puede vender la vivienda y luego invertir ese dinero en otra parte que te dé un rendimiento superior a esto”, apunta Segú, pero estima, como sus colegas de estudio, que en el momento en el que realizaron su trabajo, “el activo de la vivienda daba tanto rendimiento que aunque te cortaran un poco el margen, no había un sustituto que te diera más”. “La opción de vender -apostilla- no era lo suficientemente atractiva”.

En la actualidad, en cambio, sí atisba una tercera alternativa que podría tener influencia en los datos que finalmente haga públicos la Generalitat sobre las consecuencias de la aplicación de la nueva Ley de Vivienda, en esta ocasión estatal: el alquiler de temporada. Esa opción existía cuando los profesores hicieron su análisis. ¿Por qué no se activó entonces? Segú baraja un par de teorías al respecto: “O bien porque es un tema de hecha la ley, hecha la trampa; o por el covid”. En relación al primer punto, hace notar que como la ley catalana “duró un año y medio solo”, quizás no dio tiempo a que la gente explorase la vía del alquiler temporal, mientras en el último tramo de 2024 “ha tenido más tiempo para entender y ver cómo evitar la ley”, desliza. En relación a la pandemia, indica que, al desarrollarse aquella primera normativa “justo después” de la sacudida mundial que supuso el coronavirus, “no había tanta demanda de ese tipo de contrato, porque el turismo y el movimiento internacional en general se había parado”.

De vuelta al hoy: “Sí que podría imaginar que la oferta de viviendas en alquiler baje un poco a causa de esta tercera alternativa. Pero va a ser muy difícil de evaluar, porque es pronto, no hay registro de los contratos temporales y no se pueden medir igual que nosotros lo hicimos, y los municipios impactados por la regulación son muchos más, lo que implica que no tienes con qué comparar”, al haber mermado el territorio a usar “como grupo de control”. “Los estudios van a ser mucho más difíciles”, augura.

Los resultados del trabajo de los tres investigadores, por el contrario, son “fiables y robustos”, incluso incluyendo a  Barcelona en la muestra o excluyendo a municipios turísticos. Y el fin del control de alquileres en marzo de 2022 “proporciona un ejercicio adicional de solidez”. “Observamos –se plasma en el artículo diseccionado– que los efectos de la política sobre los precios fueron aproximadamente constantes entre el primer y el último trimestre de la regulación, pero, una vez que la regulación terminó, la diferencia de precios entre los municipios regulados y no regulados volvió a los niveles previos a la regulación”.

En resumen: “Las políticas de control de alquileres pueden aplicarse y, por lo tanto, son efectivas para reducir el crecimiento de los alquileres en las ciudades”, finalizan los investigadores, para contrarrestar opiniones como las manifestadas por varios líderes del PP. La receta de los populares para solucionar el problema de acceso a la vivienda cada vez más visible pasa por modificar la ley nacional en vigor en asuntos como declarar zonas  tensionadas y el “intervencionismo”, para sustituirlo por acciones que “promuevan el incremento de la oferta de viviendas” o la lucha contra la ocupación. 

“Debemos evitar que el futuro nos coja desprevenidos”. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió este martes al terreno de la economía para, sin abandonar sus negros pronósticos acerca de las consecuencias que tendrá la aprobación de una amnistía, alertar a los ciudadanos sobre las malas perspectivas económicas que, según él, tiene España.

“Lejos del triunfalismo del Gobierno”, advirtió en un acto organizado por la corporación mediática Atresmedia precisamente para especular en torno a lo que está por venir: “La situación española no es buena. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho bien en el último lustro”, aseguró.

Para apoyar su teoría, y “no traer muchos datos económicos”, se justificó haciendo referencia únicamente a la evolución de la renta per cápita y a la población en riesgo de pobreza.

Sobre el primer indicador, el líder del PP dijo que “en los últimos cinco años hemos retrocedido en la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo”, pasando “del 91% de la media de los 27 países de la Unión” al “85%” actual. “Hemos retrocedido, por tanto, seis puntos”, concluyó.

Los datos reales, sin embargo, difieren significativamente de los que utiliza el líder del PP. Es verdad que la renta per cápita española en 2018, cuando gobernaba todavía Mariano Rajoy, era el 91% de la media de la UE. Lo que no dice es que un año después, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, esa cifra se mantuvo en un 90,9% y que no fue hasta 2020, en plena pandemia del coronavirus, cuando se redujo a un 83%, coincidiendo con una caída de más de diez puntos del PIB causada por el confinamiento. Desde entonces está creciendo, recortando distancia pero sin haber conseguido todavía recuperar el terreno perdido con la media de los 27. 

Lo que Feijóo no explica, con el objetivo de ceñirse únicamente los datos que apuntalan su discurso, es que aun así, según el Instituto Nacional de Estadística, la renta per cápita de España no se ha reducido en estos cuatro años, sino que ha crecido. En 2019 fue de 11.680 euros, mientras que 2022 cerró con una renta media por habitante de 13.008 euros, un 11,4% más. Una evolución que confirma Eurostat. La renta por hogar ha aumentado en todos los países de la UE y en España lo ha hecho un 10,8%, por delante de otros 10 países, entre ellos Alemania (9,6%), Italia (9,2%) o Francia (0,8%) y situándose por encima de la media europea (10,4%).

El líder del PP siempre achaca el retraso de España en recuperar su PIB y el hecho de que aún no haya recortado la diferencia con la renta per cápita media de Europa a la supuesta mala gestión que el Gobierno ha hecho de la profunda crisis económica causada por la pandemia. Deliberadamente, olvida que si la economía española cayó un 11,2% en 2020, la cifra más elevada del continente, no fue por la mala gestión del Gobierno, sino como consecuencia de la dependencia del PIB de actividades como el turismo y la hostelería, las más afectadas por el confinamiento obligado. El mismo efecto sobre la renta por habitante se observa, y de manera aún más intensa, en países como Italia y Grecia, cuyas economías también se hundieron en el año de la covid.

El segundo dato que citó Feijóo en su conferencia para intentar retratar negativamente la situación de la economía española es el de personas en riesgo de pobreza. “Somos el cuarto país de la Unión Europea con mayor población en riesgo de pobreza. Tan solo nos ganan Grecia, Bulgaria y Rumanía. Y es que el 26% de la población española está en riesgo de pobreza, más de 12 millones de ciudadanos”, enfatizó. 

Ese porcentaje, en realidad, era peor en la España de Mariano Rajoy de 2018 (27,3%). Y eso que todavía no habíamos sufrido una pandemia ni la crisis económica derivada de la invasión rusa de Ucrania. La población en riesgo de pobreza cayó al 26,2% al año siguiente, ya con Pedro Sánchez, y volvió a crecer por culpa del coronavirus hasta alcanzar, en 2021, la cifra récord del 27,8%.

Es verdad, como dice Feijóo, que en estos momentos España es el cuarto país de la Unión Europea con la mayor proporción de ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social (26%), al mismo nivel que Letonia, solo superada por Rumania (34,4%), Bulgaria (32,2%) y Grecia (26,3%) y 4,4 puntos por encima de la media de la UE. Lo que el líder del PP, de nuevo, no dice es que la evolución es positiva: la actual es la menor diferencia respecto al promedio de la UE desde 2015, año en el que Eurostat comenzó a registrar estos datos.

Porque el año pasado España mejoró su indicador por encima del promedio europeo. En la UE la tasa disminuyó apenas 0,1 puntos y 11 de los 27 países miembros empeoraron sus cifras, mientras España registraba una reducción notable de casi 1,8 puntos, volviendo a cifras previas a la pandemia. 

Entre dato y dato, Feijóo sigue defendiendo una repetición electoral que le dé una segunda oportunidad para gobernar España con ayuda de la extrema derecha de Vox, aunque, reconoce, hay “un alto grado de probabilidad” de que Pedro Sánchez consigue ser reelegido presidente. Lo que, desde su punto de vista, aplazará la puesta en marcha de una política económica diferente y prolongará “a política que nos ha traído hasta aquí: mucho gasto improductivo, mucho déficit público, mucha deuda pública”, más impuestos, “muchas trabas, mucho intervencionismo, una política energética ideológica, menos confianza, menos inversión extranjera y menos capacidad para atraer talento”. 

¿Qué propone el líder del PP? “Devolver la confianza en nuestro país buscando un equilibrio presupuestario, porque si gastas de forma constante y continua más de lo que ingresas, habrás de pagar la diferencia. Hemos de reducir, por tanto, la deuda pública”, advirtió sin precisar si planea hacerlo recortando gasto y en qué partidas. “Necesitamos, pues, corregir nuestras cuentas desviadas”, fue todo lo que dijo.

“Dicen los marinos que no hay buen viento para el que no sabe a dónde va. Pero, además, difícilmente vamos a mantener un rumbo si el capitán de ese barco cambia constantemente de opinión. Y es absolutamente imposible que seamos capaces de llegar a buen puerto si la tripulación que configura el barco no es una tripulación avezada. Es más, es una tripulación dividida”, criticó.

Feijóo quiere elecciones, pero, entretanto, sigue defendiendo un gobierno basado en un pacto PP-PSOE en el que nadie cree. “El futuro, en mi opinión, sigue pasando por la centralidad. Por los grandes consensos políticos y dentro de los políticos por los grandes consensos económicos”. “La buena noticia” para “los españoles sería que el Partido Popular y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo en una legislatura para hacer reformas estructurales, para acometer la modernización de nuestra economía, para asegurar los servicios públicos de calidad y para construir una economía competitiva. Automáticamente, la reputación de España en el mundo hoy sería distinta”, predijo. 

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2022 arrancará el próximo 11 de abril con la presentación de las declaraciones por internet, de acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria recogido por Europa Press.

La Campaña de la Renta de este año, que se corresponde con los ingresos obtenidos en 2022, se prolongará entre el 1 y el 30 de junio de manera ordinaria, pero previamente, desde el próximo 11 de abril se podrán presentar ya las primeras declaraciones del IRPF y de Patrimonio a través de internet, un medio que ya utilizan nueve de cada diez contribuyentes.

Asimismo, desde el próximo 5 de mayo y hasta el 30 de junio la declaración del IRPF se podrá presentar también por teléfono, y entre el 1 y el 30 de junio, coincidiendo con el periodo ordinario de la Campaña, los contribuyentes podrán presentar su declaración en las oficinas de la Agencia Tributaria. Con resultado a ingresar y con domiciliación bancaria, el plazo concluye el 27 de junio.

La Agencia Tributaria ya ha habilitado la descarga de los datos fiscales y parte de los contenidos informativos de la próxima Campaña de Renta 2022, con el objetivo de adelantar las gestiones en las declaraciones.

Entre las novedades de esta Campaña destaca que la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF se reduce hasta 1.500 euros anuales.

Por el contrario, las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción suben a los 8.500 euros para 2022. Entre ambas, la aportación total con beneficios fiscales se mantiene en 10.000 euros anuales.

En el caso de actividades económicas en estimación objetiva, se aumenta la reducción general sobre el rendimiento neto de módulos del 5% al 15% para el período impositivo 2022, medida aplicable a todos los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo a este método.

Adicionalmente, para las actividades agrícolas y ganaderas, con la finalidad de compensar el incremento del coste de determinados insumos, el rendimiento neto previo podrá minorarse en el 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola y en el 15% del precio de adquisición de los fertilizantes, en ambos casos, necesarios para el desarrollo de dichas actividades.

Asimismo, también se van aplicar en el período impositivo 2022, los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica.

Debido a las consecuencias de las erupciones volcánicas ocurridas en la isla de La Palma, los contribuyentes que desarrollen sus actividades económicas en esta isla podrán reducir su rendimiento neto de módulos en un 20%, reducción que se aplicará tanto en 2022 como en 2023.

También habrá de tenerse en cuenta, de cara a la presentación de la declaración, las modificaciones de las escalas del gravamen del IRPF aprobadas con efectos retroactivos para 2022 por algunas comunidades autónomas, con el objetivo de paliar la subida de precios registrada a lo largo del año.

Además, en esta Campaña la Agencia Tributaria ha habilitado una casilla dentro de la presentación del modelo de declaración para registrar las ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales.

En las modificaciones más destacables dentro de las ganancias y pérdidas patrimoniales, se recoge, asimismo, el desglose en tres subapartados del apartado denominado Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales.

Uno, para declarar las derivadas de la transmisión de inmuebles y derechos reales sobre bienes inmuebles; otro para declarar las transmisiones o permutas de monedas virtuales y un apartado de carácter residual para 'Otros elementos patrimoniales'.

Todo ello, según explica Hacienda, con la finalidad de facilitar la cumplimentación de estos apartados, ya que en modelos anteriores se debía cumplimentar un código para identificar el tipo de elemento patrimonial que se transmitía. Además, la separación en subapartados específicos, permite individualizar las casillas específicas de determinados elementos patrimoniales para el cálculo de la ganancia patrimonial.

Los gestores administrativos piden a los ciudadanos que revisen sus borradores de la renta, ya que el 35% de ellos contiene errores.

Todos los contribuyentes que lo deseen podrán obtener el borrador de la declaración a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración (Renta Web), tras aportar determinada información que la Administración les solicitará.

Un año más se mantiene el mecanismo de obtención del número de referencia para acceder al borrador y/o a los datos fiscales, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, o bien utilizando certificados electrónicos reconocidos y el sistema Cl@ve PIN, y mediante la aplicación app para dispositivos móviles.

La confirmación de los borradores o la presentación de las declaraciones debe realizarse obligatoriamente por internet: ya no es posible obtener la declaración en papel impreso, ni siquiera en el formato generado a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la AEAT. Lo que sí puede obtenerse en formato papel es, en su caso, el documento para el ingreso de la deuda tributaria directamente en una entidad financiera.

Los gestores administrativos recuerdan la importancia de revisar los datos del borrador, ya que los declarantes son los "únicos responsables" de haber presentado mal la declaración. En caso de tener dudas recomiendan acudir a un profesional.

"Si su empresa se ha olvidado de incluir algún pago, no crea que está liberado de declararlo; si posteriormente su empresa lo declara, será usted el único responsable de haber hecho mal la declaración. Asimismo, se puede encontrar que le han calculado mal las deducciones. Paciencia, lea con detalle, haga sus cálculos correctamente y dele al botón cuando esté seguro, y si tiene dudas, acuda a un profesional", aconseja Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente de los gestores administrativos.

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2022 arrancará el próximo 11 de abril con la presentación de las declaraciones por internet, de acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria recogido por Europa Press.

La Campaña de la Renta de este año, que se corresponde con los ingresos obtenidos en 2022, se prolongará entre el 1 y el 30 de junio de manera ordinaria, pero previamente, desde el próximo 11 de abril se podrán presentar ya las primeras declaraciones del IRPF y de Patrimonio a través de internet, un medio que ya utilizan nueve de cada diez contribuyentes.

Asimismo, desde el próximo 5 de mayo y hasta el 30 de junio la declaración del IRPF se podrá presentar también por teléfono, y entre el 1 y el 30 de junio, coincidiendo con el periodo ordinario de la Campaña, los contribuyentes podrán presentar su declaración en las oficinas de la Agencia Tributaria. Con resultado a ingresar y con domiciliación bancaria, el plazo concluye el 27 de junio.

La Agencia Tributaria ya ha habilitado la descarga de los datos fiscales y parte de los contenidos informativos de la próxima Campaña de Renta 2022, con el objetivo de adelantar las gestiones en las declaraciones.

Entre las novedades de esta Campaña destaca que la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF se reduce hasta 1.500 euros anuales.

Por el contrario, las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción suben a los 8.500 euros para 2022. Entre ambas, la aportación total con beneficios fiscales se mantiene en 10.000 euros anuales.

En el caso de actividades económicas en estimación objetiva, se aumenta la reducción general sobre el rendimiento neto de módulos del 5% al 15% para el período impositivo 2022, medida aplicable a todos los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo a este método.

Adicionalmente, para las actividades agrícolas y ganaderas, con la finalidad de compensar el incremento del coste de determinados insumos, el rendimiento neto previo podrá minorarse en el 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola y en el 15% del precio de adquisición de los fertilizantes, en ambos casos, necesarios para el desarrollo de dichas actividades.

Asimismo, también se van aplicar en el período impositivo 2022, los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica.

Debido a las consecuencias de las erupciones volcánicas ocurridas en la isla de La Palma, los contribuyentes que desarrollen sus actividades económicas en esta isla podrán reducir su rendimiento neto de módulos en un 20%, reducción que se aplicará tanto en 2022 como en 2023.

También habrá de tenerse en cuenta, de cara a la presentación de la declaración, las modificaciones de las escalas del gravamen del IRPF aprobadas con efectos retroactivos para 2022 por algunas comunidades autónomas, con el objetivo de paliar la subida de precios registrada a lo largo del año.

Además, en esta Campaña la Agencia Tributaria ha habilitado una casilla dentro de la presentación del modelo de declaración para registrar las ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales.

En las modificaciones más destacables dentro de las ganancias y pérdidas patrimoniales, se recoge, asimismo, el desglose en tres subapartados del apartado denominado Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales.

Uno, para declarar las derivadas de la transmisión de inmuebles y derechos reales sobre bienes inmuebles; otro para declarar las transmisiones o permutas de monedas virtuales y un apartado de carácter residual para Otros elementos patrimoniales.

Todo ello, según explica Hacienda, con la finalidad de facilitar la cumplimentación de estos apartados, ya que en modelos anteriores se debía cumplimentar un código para identificar el tipo de elemento patrimonial que se transmitía. Además, la separación en subapartados específicos, permite individualizar las casillas específicas de determinados elementos patrimoniales para el cálculo de la ganancia patrimonial.

El 75,2% de los hogares españoles residía en una vivienda en propiedad en 2021, 3,7 puntos porcentuales por debajo del 78,9% registrado en 2011, según los datos definitivos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas, publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, según ha informado Europa Press.

El 38,1% de los españoles que posee una vivienda en propiedad por compra la tenía completamente pagada en 2021, cifra similar al 38,9% de 2011.

El número de hogares en propiedad con una hipoteca pendiente ha descendido en 6,5 puntos porcentuales entre 2011 y 2021, al pasar del 32,9% al 26,4% en ese periodo. En términos absolutos, 14,2 millones de personas residían en 2021 en una vivienda de su propiedad que todavía no habían terminado de pagar.

Al tiempo que el porcentaje de hogares con una vivienda en propiedad se contrajo, el de hogares en alquiler pasó del 13,5% de 2011 al 15,9% de 2021, lo que supone un aumento de 2,4 puntos porcentuales en una década.

En esa década, también se incrementó el porcentaje de hogares con vivienda propia por herencia o donación, hasta el 10,7% del total, 3,5 puntos porcentuales más.

Las viviendas cedidas gratis o a bajo precio se mantienen estables, en el 2,8%, frente al 2,4% de 2011, mientras que en el apartado de otras formas de tenencia se observa un repunte de 0,9 puntos porcentuales, hasta el 6,1% en 2021.

El tamaño del municipio también determina el régimen de tenencia de la vivienda, que se mantiene con la misma tendencia que en 2011. Así, en las localidades más pobladas, existe un mayor porcentaje de hogares que residen en alquiler y menor porcentaje de propietarios de su vivienda habitual.

Otra de las variables que influye en el régimen de tenencia es la nacionalidad. El alquiler es la opción más repetida entre los hogares integrados exclusivamente por extranjeros, con un 56,4%, frente al 10,5% de los hogares compuestos solo por españoles. Por su parte, en los hogares mixtos, con españoles y extranjeros, el porcentaje era del 43,3%.

La situación se invierte en el caso de las viviendas en propiedad totalmente pagadas. En este caso, el 41,3% de los hogares con este régimen de tenencia están formados por familias españolas, frente a un 19% de extranjeros en esta situación. En los hogares mixtos, ese porcentaje se situó en el 17,2% en 2021.

En las viviendas propias pero con pagos pendientes, el 27,3% de los casos se corresponden con hogares españoles, seguidos de un 25,4% de hogares mixtos y de un 16,8% de hogares exclusivamente extranjeros.

Por ingresos, los datos del INE reflejan que a mayores ganancias, mayor porcentaje de hogares propietarios y menor de los que residen en alquiler.

En aquellos hogares con rentas mensuales netas de 5.000 euros o más, el 40,8% reside en una vivienda en propiedad totalmente pagada, seguidos de un 32% que vive en una casa propia, pero con hipoteca pendiente, y solo un 10,6% en alquiler.

En la franja más baja del análisis, con ingresos mensuales netos inferiores a 1.000 euros, el 20,4% reside en alquiler, un 10% cuenta con vivienda propia con pagos pendientes, y un 39,3% en una vivienda propia totalmente pagada.

El 15,5% de los hogares disponía en el año 2021 de una segunda residencia. Sin embargo, en los hogares con ingresos de 5.000 euros o más, este porcentaje se disparaba hasta el 31,2%, mientras que en aquellos con rentas inferiores a los 1.000 euros mensuales se situaba en el 10%.

Las segundas residencias predominan entre los hogares con todos sus miembros nacionales, un 94,2%, y también entre aquellos en los que ningún miembro del hogar tenía estudios, un 46,2%.

El 80,6% de las viviendas principales tenía en 2021 algún sistema de calefacción. El más frecuente es el gas natural, en un 40,3% de los hogares, seguido de la electricidad, un 31,1%, y en menor medida el petróleo o los derivados, un 13,4%, y otros, con un 12,1%.

Además, un 49,6% de las viviendas principales contaba con algún sistema de refrigeración. Este equipamiento es más frecuente en los hogares con rentas más altas. Así, el 60,8% de los hogares con ingresos de 3.000 euros o más tenía sistema de refrigeración, frente al 38,3% de los hogares con ganancias mensuales por debajo de los 1.000 euros.

El abastecimiento público de agua corriente está presente en un 93,5% de los hogares y es privado en el 6,3% de los casos. Por su parte, un 0,1% de los hogares encuestados declaró no tener agua corriente.

El 99,8% de las viviendas principales en España tenían en 2021 cuarto de aseo con inodoro y un 99,5% contaba con bañera o ducha.

En cuanto al equipamiento, el electrodoméstico más predominante era la lavadora, presente en el 98,9% de las viviendas, seguido del horno y el microondas, en un 91,8% en ambos casos.

La vitrocerámica es parte de las cocinas del 70,7% de los hogares españoles, en los que resulta menos frecuente el lavavajillas, con un 57,1%, y la secadora, con un 26,3%.

En cuanto a la accesibilidad, para uno de cada tres hogares el edificio en el que se ubicaba su vivienda principal no era de fácil acceso para cualquier tipo de persona.

El 45,2% de los hogares españoles tenía un vehículo en 2021, y un 25,8% contaba con dos. Por su parte, un 21,8% carecía de coche.

Entre los hogares con vehículo, solo un 4% poseía un coche ecológico, ya fuera eléctrico o híbrido.

Los porcentajes de hogares con un vehículo son parecidos entre españoles y extranjeros. Así, el 45% de las viviendas íntegramante de españoles tenía un coche, porcentaje que subía al 46,2% en los hogares mixtos y al 46,5% en los extranjeros.

Sin embargo, los porcentajes se invertían en el caso de los dos coches, algo que se podían permitir el 27% de los hogares españoles, frente al 13,6% de los extranjeros. Por su parte, entre los hogares mixtos ese porcentaje era del 23% en 2021.

Asimismo, el 36,7% de los hogares extranjeros no tenían coche, algo que solo ocurría en el 20,3% de los hogares nacionales, y en el 25% de los mixtos.

A medida que se incrementan los ingresos mensuales netos de los hogares, aumenta el número de vehículos de los que disponen, en general. Y, en particular, de los ecológicos (eléctricos o híbridos).

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha lanzado este sábado en Madrid una de las principales propuestas de la formación para el nuevo ciclo electoral, como es el despliegue de una renta garantizada de entre 700 y 1.400 euros mensuales desde los 18 años. Según han explicado a Europa Press fuentes de Podemos, Belarra defiende que esta nueva prestación por la que apuesta Podemos debe "trascender" el actual Ingreso Mínimo Vital (IMV), con una cuantía notablemente superior a la actual ayuda para así "acabar con la pobreza y reducir las situaciones de desigualdad" en España.

Los cálculos que maneja la formación es que la prestación base alcanzaría a 2,4 millones de hogares, es decir, a 6 millones de personas como beneficiarios. Se trata de una propuesta icónica de la formación que busca garantizar "un suelo de ingresos a toda la ciudadanía de forma ágil ante situaciones de escasez de ingresos" y que ya trasladó en 2019. Entonces, el planteamiento de Podemos hace cuatro años se movía entre 600 y 1.200 euros, pero ahora Belarra eleva ese importe tanto en el tramo mínimo como en el máximo.

Así, la ministra ha presentado públicamente la actualización de esta medida, que se incluirá en el programa marco para las elecciones municipales y que abanderarán también para las generales, en un acto con el secretario de Estado de Derecho Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, y la candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto.

Durante el acto, Belarra ha defendido su viabilidad para la próxima legislatura porque se financiaría con una reforma fiscal a las grandes rentas, porque no es decente que haya gente pobre en el país mientras que la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, "nada en billetes de 500 euros" o su homólogo en el grupo ACS, Florentino Pérez, se hace "más rico".

"No es decente que haya gente como Ana Patricia Botín que nada en billetes de 500 euros cuando hay gente que duermen en la calle; no es decente que Florentino Pérez sea más rico cuando hay mujeres que no se pueden ir de sus casa de su maltratador por no tener independencia económica; no es decente que Juan Roig (Mercadona) gane millones cuando hay gente que no puede llenar la nevera por el alto precio de alimentos. Esto tiene solución y se llama renta garantizada y reforma fiscal ambiciosa", ha criticado.

Concretamente, la titular de Derechos Sociales ha explicado que esta renta quiere superar el marco del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un avance que "peleó" Podemos pero que no es suficiente porque se ha "convertido en un laberinto burocrático". Las citadas fuentes detallan que dicha renta garantizada sería de 700 euros para una única persona, mientras que un hogar con dos adultos y dos niños percibirían ese tope de 1.400 euros mensuales.

Además, los morados apuestan por la sencillez para su tramitación y recepción por parte de los beneficiarios. Para ello, plantea que se pueda solicitar desde los 18 años si se ingresa menos de 2.100 eros en los tres meses anteriores. De esta forma, el objetivo de Podemos es que sea una medida "ágil capaz de atender situaciones urgentes".

También concibe esta renta garantizada como un apoyo a los trabajadores, pues se concibe también como un incentivo que se añadiría al salario de empleados con menos ingresos. Por ejemplo, el planteamiento de Podemos es que una persona sola que se encuentre con empleo parcial y con un salario medio de 600 euros, seguiría percibiendo 400 euros de la renta garantizada, con lo que sus ingresos totales serían de 1.000 euros.

A su vez, la idea de Podemos es que favorezca especialmente a la autonomía de jóvenes y mujeres, dado que el pago de la renta correspondiente a un hogar se dividirá entre todos los adultos por igual, en lugar de asignarse sólo a un titular. Otro enfoque de esta prestación es que sirva como un complemento a la infancia, dado que cada menor de 18 años se entregarán 100 euros adicionales.

Ya en 2019, el propio Álvarez explicó en una entrevista con Europa Press que una renta básica garantizada de entre 600 y 1.200 euros tendría un coste de entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Y para poder hacer frente a estos pagos, proponía medidas fiscales para financiarlo como un impuesto a los grandes fortunas de entre el 2 y el 3%. Precisamente a finales del año pasado entraron en vigor los nuevos impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas, entidades financieras y grandes fortunas, lo que permitirá gravar ya el ejercicio 2022 y empezar a recaudar en 2023.

Durante su intervención, la líder de Podemos ha denunciado que, desde la investidura del Ejecutivo de coalición, una élite "judicial, política y económica" ha desplegado "todos sus recursos" para impedirles gobernar, con incluso un "golpe blando" a la democracia por parte del ala conservadora del Tribunal Constitucional, ahora "por fin renovado".

Por tanto y al grito de "sí se puede" por parte de los asistentes, Belarra ha prometido que Podemos va a seguir gobernando la próxima legislatura e incluso con "más fuerza", dado que hasta ahora el PSOE ha puesto una "retahíla de excusas" a los avances como el tope del gas o la Ley Trans, alegando primero que eran "imposibles", que no daban "seguridad jurídica" o que "Europa no dejaba" para luego ser asumidos por su socio.

En este punto, ha lanzado que esto ocurre porque el PSOE es una fuerza "conservadora", no desde el sentido "peyorativo", dentro del plano progresista, que solo quiere pequeños cambios en el país y "no quiere enfrentarse a quienes mandan sin presentarse a las elecciones". Mientras, los tres años de mandato han demostrado que Podemos impulsa las políticas "valientes y ambiciosas" en la coalición.

Ante esa deriva, Belarra ha subrayado que Podemos protagoniza los principales avances y, por tanto, presentan una renta garantizada con un enfoque que garantizaría su recepción "rápida" para acabar con la pobreza, porque su objetivo de futuro es que sea "universal".

También ha avanzado, ante posibles detractores de esta ayuda, que el "fraude" en España está en los ricos, que "no pagan los impuestos" que deberían, y que la renta garantizada se dirige a amplios sectores populares humildes, la gente que "solo hereda deudas", con "un curro precario" o que monta "un negocio y le va mal". En definitiva, blindar que todo el mundo tenga "derecho de poder caerse y levantarse".

Pozuelo de Alarcón (Madrid) fue en 2020 el municipio con más de 2.000 habitantes con mayor renta media anual por persona, un total de 26.009 euros, mientras que el municipio sevillano de El Palmar de Troya presentó la cifra más baja, con 6.785 euros, según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del año 2020 publicado este viernes 7 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recoge Europa Press.

De acuerdo con los datos de Estadística, Matadepera, en Barcelona, es el segundo municipio más rico, con una renta media anual por habitante de 22.806 euros, seguido de Boadilla del Monte (Madrid), con 22.224 euros, y de otros dos municipios barceloneses, los de Sant Just Desvern y Sant Cugat del Vallés, con rentas medias anuales superiores a los 21.300 euros por habitante.

En el lado contrario, los cinco municipios con más de 2.000 habitantes que presentaban en 2020 las menores cifras de renta media anual por habitante se ubican todos en Andalucía: El Palmar de Troya, en Sevilla (6.785 euros); Iralloz y Albuñol, ambos en Granada, con 7.036 y 7.061 euros, respectivamente; Huesa, en Jaén, con 7.080 euros, y Pruna, en Sevilla, con 7.219 euros.

Por localización geográfica, los datos de 2020 publicados hoy por el INE relevan que el 88,8% de los municipios de País Vasco se encuentran entre el 25% de los de mayor renta de España, por encima de los 13.637 euros, seguidos de Cataluña, con el 49,1%.

En el otro extremo figura Andalucía, donde el 83,3% de sus municipios se sitúan entre el 25% con menor renta, por debajo de los 10.393 euros, seguida de Extremadura, con un 83%.

Según el INE, las capitales de provincia con un mayor porcentaje de secciones censales con la renta neta anual media por habitante más elevada están lideradas por San Sebastián (57,6%), Girona (41%) y Madrid (39,8%). Por el contrario, Guadalajara (3,4%), Huelva (2,8%) y Pontevedra (1,6%) presentan los porcentajes más bajos de secciones censales muy ricas.

Por su parte, las capitales de provincias que tienen mayor porcentaje de secciones con renta neta anual media por habitante más baja, por debajo del primer decil de rentas, son Melilla (31,8%), Ceuta (25%) y Alicante (22,9%).

Estadística destaca que once capitales de provincia no tienen ninguna sección censal en el extremo bajo de renta media por habitante. En conjunto, el 62,2% de la población en el País Vasco vive en secciones censales de renta alta, mientras en el caso de Extremadura este porcentaje es sólo del 7,6%.

Por el contrario, el 59,5% de la población en Andalucía vive en secciones censales de renta baja. En País Vasco ese porcentaje se sitúa en el 1,1%.

Por provincias, Gipuzkoa encabeza la lista de ingresos anuales, con 16.399 euros de renta neta anual media por habitante. Le siguen Madrid, con 15.579 euros; Bizkaia (15.555 euros); Barcelona (14.676 euros) y Álava (14.962 euros).

Las provincias con menos ingresos anuales per cápita son Almería (9.709 euros de renta neta); Jaén (9.958); Badajoz (10.001 euros); Huelva (10.112 euros) y Cádiz (10.113).

Lo advirtió Rajoy en el Foro de La Toja, ese espacio de debate anual cuya foto oficial se olvidó de la mitad del talento de la humanidad, el de las mujeres. Lo advertía con una mezcla de apatía y aburrimiento: “Resucitar el debate ricos-pobres es muy peligroso”. Como si el debate alguna vez hubiera dejado de existir. El que mejor lo expresó fue el multimillonario Warren Buffet hace una década, cuando sentenció: “Existe una guerra de clases y la estamos ganando nosotros (los ricos)”. Y es que no hace falta ser un ortodoxo marxista para advertir cómo la distribución de recursos es el eje sobre el que se construyen las sociedades. 

Durante años ha ayudado notablemente a esconder este debate el polémico concepto de “clase media”, cuya definición no acaba de alcanzar un consenso claro. En algunas ocasiones esta noción de clase media, en cuanto estabilizadora de las democracias occidentales, ha dificultado que se pudieran abordar con claridad los problemas de desigualdad y distribución de recursos. En cierta medida, ese es el pacto social: los que más tienen aceptaban contribuir al común a cambio de paz social. Y no le has ido nada mal a la vista de los números.

Para los economistas, la clase media es una cuestión de renta y sitúan en ella a aquellos cuyos ingresos alcanzan entre el 75% y el 200% de la mediana de la renta nacional. En España esto equivale a ingresos entre 12.000 y 32.000 euros. Con horquillas tan amplias cabe mucha variedad, así que se optó por segmentar entre clase media-baja, media-media y media-alta. Para la sociología la idea de clase media incorpora también lo referente a un modo de vida ligado al consumo, el conocimiento, la estabilidad y la idea de progreso.

Cosa distinta es la percepción. Los estudios del CIS llevan años mostrando cómo más de la mitad de la población se sitúa entre la clase “media-media”, entrando a operar de formar clara el sesgo de percepción. Todos pensamos que los otros son como nosotros, y nadie quiere destacar ni por encima ni por debajo. Sin embargo, las diferencias son notables, y la desigualdad en España no ha dejado de crecer desde la crisis de 2008. ¿De verdad somos todos clase media?

Esta idea balsámica de la clase media es uno de los elementos que dificulta el debate fiscal y lo vuelve, si cabe, más peligroso; sobre todo si se aborda de forma parcial e interesada en periodo preelectoral. Hace unos días Kiko Llaneras recordaba unos datos que habrán sorprendido: si cobras más de 20.500 euros anuales estás en la mitad más rica de España. Si la cuantía asciende a 44.000, subes al 10% con más ingresos.

Estas cifras no deberían olvidarse a la hora de valorar las reformas fiscales planteadas por el Gobierno. Por ejemplo, las rebajas del IRPF a los contribuyentes de ingresos hasta 21.000 euros afectarán a entre 4 y 5 millones de trabajadores. Es decir, se huye de medidas generalizadas para focalizar las ventajas en torno a las clases medias y trabajadoras, tomando como referencia el salario mediano que ronda los 21.000 euros. Para compensar esta pérdida de ingresos, se crea un Impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, entendiendo por tales aquellas a partir de 3 millones de euros, durante los años 2023 y 2024, que afectará a unas 23.000 personas. 

Las medidas planteadas, ya conocidas, deben valorarse en su conjunto. Independientemente del juicio que merezca cada una de ellas y el paquete en su totalidad, esta reforma, frente a la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio que planteaba el presidente andaluz Moreno Bonilla u otras iniciativas similares en el carrusel de rebajas fiscales que hemos vivido la última semana, son una prueba clara de que, en efecto, pese a que a Rajoy le disguste, vuelve el viejo debate entre ricos y pobres. 

En realidad nunca se fue. Y en una sociedad democrática sería un sinsentido que lo hiciera. Por eso no tiene razón de ser plantear la política fiscal como si de un asunto técnico de economistas incomprensibles se tratara. Este ha sido y seguirá siendo uno de los mayores debates ideológicos. ¿Llegará el día en que los ricos entiendan que el pacto social alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial, que consistía en el pago de impuestos progresivos a cambio de que la sociedad no cuestionara sus privilegios y garantizara la paz social, ha sido un buen negocio también para ellos? Si no, que prueben a vivir en sociedades más desiguales como Sudáfrica, Surinam o Namibia, que ocupan los primeros puestos en los rankings de desigualdad. ¿A que no les renta?

La Comunidad de Madrid acaba de convertirse en la única región que ofrece ayudas públicas a las rentas altas para enseñanzas no obligatorias en centros privados. De la noche a la mañana, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido flexibilizar los criterios de acceso a este tipo de becas abriendo la barrera de la renta hacia arriba, permitiendo que puedan optar a las mismas, por ejemplo, parejas con un niño y unos ingresos anuales de hasta 107.339 euros –antes el límite se situaba en los 30.000 euros para Bachillerato y en 60.000 euros para FP–. Un movimiento que el Gobierno madrileño se está esforzando en vender como un respaldo decidido a unas clases medias asfixiadas. "Somos conscientes de las dificultades de la clase media por la mala política económica del Gobierno social comunista", aseguró esta semana el consejero de Educación, Enrique Ossorio.

El Ejecutivo conservador lleva meses hilvanando un particular discurso alrededor de este concepto, tan empleado como difuso. En la última semana, la presidenta madrileña ha repetido una y otra vez que esos niveles de renta pueden encuadrarse perfectamente en la región dentro de lo que se denomina clase media. Por eso no es de extrañar que ella misma, con una retribución anual de 103.090,32 euros, se incluya dentro de la misma. Lo hizo hace un par de semanas en una entrevista en Yo Dona, la revista de El Mundo, cuando hablaba de la posibilidad de comprarse una casa en una ciudad donde el precio de la vivienda "se ha disparado". "Lo digo como un ciudadano más de clase media que vive en Madrid y que ha sorteado los mismos obstáculos", decía, al tiempo que expresaba su preocupación por el hecho de que la evolución de precios esté expulsando a sectores como el suyo del centro de la capital.

Para el politólogo Eduardo Bayón, lo que se busca martilleando con este discurso es "desvirtuar" el "concepto" de clase media, "ensanchándolo" y "estirándolo". En definitiva, ampliar los márgenes para incluir en ellos tanto al mileurista como a grandes directivos. "Al final, si todo es media, nadie tiene una clase social asignada", señala el sociólogo e historiador Emmanuel Rodríguez. Y, de esta manera, se niega la lucha de clases. Lo explica muy bien en su última obra, El efecto clase media (Traficantes de Sueños, 2022): "El triunfo de la clase media se asienta sobre la desarticulación de la política de clases –de la lucha de clases, de la división de clases– que marcó los siglos XIX y XX y, por tanto, sobre la asimilación de la clase obrera a la clase media. Por eso los pobres en estas sociedades no aparecen como tales, sino simplemente como aquellos que no están integrados o, aún peor, que no son integrables".

La presidenta madrileña, de hecho, ha rechazado recientemente la idea de una sociedad estructurada en clases. Lo hizo, por ejemplo, a comienzos de mayo durante el lanzamiento de su campaña para presidir el PP regional: "En Madrid no hay clasismo, no estamos pendientes de cuánto gana cada uno. No hay clases sociales como nos intenta vender la izquierda, no hay ciudadanos que valgan más o menos por su poder adquisitivo. En Madrid ganas con el respeto, con la ilusión y con los proyectos comunes. Nos han intentado vender que por el origen y por el bolsillo nos tenemos que enfrentar entre nosotros". Un discurso, el que da por superado el conflicto entre ricos y pobres, que, según expone Rodríguez, es el que abraza y en el que quiere creer una "parte de la sociedad".

Insistir en estos argumentos lleva implícito responsabilizar de su situación a cada persona. Es decir, sembrar esa idea de que si alguien sufre económicamente y no prospera no es, en resumen, porque la pobreza o la falta de conexiones le impidan salir del pozo, sino porque no se esfuerza lo suficiente. Una fe en la meritocracia que es mayor en las sociedades más desiguales y que encubre eso, las brechas existentes entre clases. Justo en esto, los datos de la Comunidad de Madrid llevan años siendo preocupantes. Solo entre 2018 y 2021, según el último informe Exclusión Social y Pobreza de la Fundación Foessa, los más pobres de la región han visto reducidas sus rentas un 22%, mientras que los más ricos han visto cómo las suyas crecían un 18%.

La llamada clase media es un concepto ampliamente utilizado, sobre todo por una clase política que, a izquierdas y derechas, se disputa con uñas y dientes su representatividad. Pero también excesivamente difuso. "No hay una definición clara", apunta Rodríguez, que considera que el concepto está "muy desdibujado". Los economistas sitúan el foco, principalmente, en el nivel de ingresos. Sin embargo, los sociólogos tratan de hilar más fino, poniendo sobre la mesa otras variables como el nivel educativo, la estabilidad laboral, el nivel cultural, la percepción subjetiva, el patrimonio, los ahorros o la disposición de una red de apoyo familiar. Una gran cantidad de elementos que complican más si cabe la construcción de una definición clara y concisa de este término que tantos debates y discursos ocupa.

Bayón pone el foco en la vertiente económica. Y, en base a la misma, resalta que el "marco" de clase media que trata de vender Ayuso está completamente "alejado" de la realidad: "Incluye rentas desorbitantes en un país en el que son relativamente bajas". En relación con las becas, desde el Ejecutivo autonómico han asegurado que han puesto el límite de renta de las familias perceptoras tomando como referencia el PIB per cápita de la Comunidad de Madrid en el año previo a la pandemia: 35.913 euros. De ahí, los 107.339 euros como barrera máxima para una pareja con dos hijos. Sin embargo, la realidad económica de la región que muestran los datos se aleja mucho de esas cifras. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta neta media por persona se sitúa en suelo madrileño en los 14.836 euros. Y la renta media por hogar es de 37.687 euros, casi tres veces menor que el límite fijado.

Luchar por abanderar, por presentarse como la principal defensora de la clase media, tiene su razón de ser en la Comunidad de Madrid –y prácticamente en toda España–. Al fin y al cabo, una amplia mayoría de la población se autoubica dentro de ese segmento. Así, en el sondeo postelectoral de los comicios autonómicos del 4M elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 74,4% de los encuestados se situaba dentro de la clase media –el 15,7% como media-baja, el 51,6% como media-media y el 7,1% como media-alta–, frente al 10,6% que se definía entonces como clase trabajadora/obrera y el 5,9% como baja. Una cifra ligeramente por encima de la media nacional. En ese mismo mes de junio, en el barómetro general del CIS un 70,1% de los preguntados se autoubicaban dentro de la clase media.

Dice Bayón que suele ser habitual que se incluyan en este segmento personas que, en realidad, pertenecen a clases humildes. De hecho, resulta curioso que menos de un 10% se sitúe en la "baja" en una región donde un 22% de la población está en riesgo de exclusión social y un 13,9% sufre exclusión severa.

En su análisis, el politólogo también recuerda que en la comunidad autónoma se ha conseguido del mismo modo que rentas familiares de, por ejemplo, 40.000 euros anuales lleguen a compartir "elementos sociales comunes" con aquellas que puedan estar superando ampliamente los 100.000 euros. "En la comunidad hay, por ejemplo, altas posibilidades de que ambos casos compartan el mismo tipo de educación o de sanidad", explica. Es el resultado de potenciar la enseñanza concertada y privada –casi el 45,4% de los niños estudian en colegios de este tipo, una cifra solo superada por la del País Vasco–. O la explosión de los seguros privados al calor de una sanidad pública cada vez más deteriorada. De hecho, Madrid es el territorio con mayor penetración respecto al total de la población: un 39%.