El papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que había presentado hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación de los prelados, si bien la decisión llega después de las acusaciones de abusos sexuales a un menor cuando estaba en el seminario de Getafe.

En su boletín del sábado, el Vaticano ha comunicado la aceptación de la renuncia por parte del papa, sin explicar los motivos de la decisión.

Rafael Zornoza ha asegurado que acoge la decisión del papa "con paz y fe", mientras afronta "con serenidad y confianza en Dios" la defensa ante una acusación de abusos sexuales que, insiste, considera "injusta y falsa".

El ya exobispo, en un mensaje de audio dirigido a los fieles y publicado en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta, ha expresado su profundo "agradecimiento al Santo Padre por su comprensión y cercanía paternal", que le permitirán dedicarse plenamente a los tratamientos médicos que requiere su estado de salud, así como atender con serenidad la investigación sobre la acusación que se está estudiando en la Iglesia, que define "como injusta y falsa".

Zornoza ha insistido también en que la renuncia se produce conforme al canon 401 del Código de Derecho Canónico, que establece la obligación de que un obispo diocesano presente su renuncia al Papa una vez cumpla los 75 años de edad. Por tanto, pasa a ser obispo emérito de Cádiz por lo que no podrá ejercer ningún cargo de dirección dentro de la Iglesia católica y no tendrá derecho a voto en las asambleas de la Conferencia Episcopal, aunque sí podrá tomar la palabra.

Bien es cierto, que la aceptación de la renuncia por parte de León XIV podría haberse visto acelerada -ya había presentado su renuncia en dos ocasiones anteriores- por la publicación del diario El País de la denuncia de abusos a un menor entre 1994 y principios de los años 2000 -prescrito en los tribunales-, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid).

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó que el Papa estaba informado del caso después de una reunión con él antes de la Asamblea Plenaria y recordó que la renuncia era potestad del pontífice.

Por su parte, León XIV dijo al responder a una pregunta de los medios el pasado martes que "hay que permitir que siga la investigación" en el Vaticano y después, según concluya, llegarán "la consecuencias".

En su mensaje, Zornoza anunciaba lo que más tarde la Conferencia Episcopal ha hecho oficial y es que el obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia Jiménez, a quien define como un "valioso pastor y apreciado amigo" gobernará la diócesis hasta el nombramiento de un nuevo obispo.

Valdivia nació en Osuna (Sevilla) el 16 de diciembre de 1974. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y bachiller en Teología en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003. También es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, así como doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, según la nota de la CEE.

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Sevilla, de la que es obispo auxiliar desde 2023.

Así, alguna autoridad, cuyo reino no es de este mundo, llama al respeto a los tribunales tras la condena al fiscal general. García Magán, secretario de la Conferencia Episcopal, amparado bajo no sabemos qué palio, reclama que el ejecutivo cumpla la Constitución, ¿Desconoce el artículo 124 de la CE, el fiscal lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno? ¿Cuál es su duda? Y también respetar lo señalado por los tribunales, en este caso el Supremo; los ciudadanos conocemos la sentencia, pero no los fundamentos, ¿exigen fe ciega? 

Todos los ciudadanos podemos y debemos ejercer el derecho a crítica de instituciones y políticos. Incluso las críticas que se hacen entre los tres pilares del Estado son legítimas, aunque puedan llevar a cierta tensión. 

Defiende la separación de poderes del Estado; nosotros sabemos que esos poderes del Estado emanan de los ciudadanos. Está recogida en los artículos 68, 99, 117 y 122. 

¿Desde qué norma ejercen otras instituciones la crítica? ¿Desde la norma constitucional de todos o desde la suya propia? La libertad de culto se respeta en la Constitución, pero ninguna confesión tiene carácter estatal; algunos políticos lo pretenden. Esas instituciones, cuyo reino no es de este mundo (Juan 18:36), no dijeron ni pío cuando la ley Aznar de inmatriculaciones. A la chita callando lograron un emporio inmobiliario, como la Mezquita de Córdoba y ermitas de algún pueblo. Como escribió Quevedo: “A los paganos te llegas, a los quitanos te vas”.

Están a lo suyo; siquiera a sus líderes hacen caso. El Vaticano apartó al obispo de Cádiz de su cargo, el 21 de noviembre; tres días después, el arzobispo de Oviedo apela a la presunción de inocencia. Veamos, en el caso del fiscal se pide respetar la resolución de los jueces; en el caso del obispo gaditano se pide respeto porque es un asunto en investigación. ¿Alguna palabra para la víctima?... ¿Y para la ciudadanía?

El 21 de noviembre, el secretario de la Conferencia Episcopal, García Magán, destacó el papel de algunos políticos de la Transición, como Suárez y Fernández Miranda. Y resaltó el protagonismo del emérito Juan Carlos I. ¿Han leído, al menos, el avance de sus memorias en la prensa y su blanqueamiento de Franco, único político que salió bajo palio? ¿Olvidó Magán al verdadero protagonista del advenimiento de la democracia: el pueblo?

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Mariano de la Puente es socio de infoLibre.

El Vaticano ha abierto una investigación al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, por presuntos abusos sexuales continuados a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid), según publica El País y recoge EFE.

El diario detalla que la denuncia fue remitida este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ha admitido a trámite la investigación canónica, lo que convierte al obispo de Cádiz y Ceuta en el primer prelado en España conocido públicamente bajo investigación del Vaticano por presunta pederastia.

Por su parte, el Obispado de Cádiz y Ceuta ha negado las acusaciones de abusos sexuales contra el obispo y ha anunciado la suspensión temporal de su agenda "para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo".

En un comunicado remitido a los medios, el obispado ha afirmado que "las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas", y ha señalado que el caso ha sido introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España.

La diócesis ha expresado su "plena confianza en la justicia" y ha asegurado que colaborará "en todo lo que sea requerido", al tiempo que ha recordado "el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas". También ha indicado que no hará "posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico".

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha manifestado su confianza en la justicia y su "respeto" al trabajo del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, que lleva a cabo la investigación.

Por su parte, la Diócesis de Getafe, en la cual se habrían producido los presuntos delitos, ha asegurado "no tener constancia" de la acusación, aunque ha trasladado que se pone "a disposición" de los tribunales para cualquier colaboración requerida.

En un breve comunicado, la diócesis ha querido manifestar que "hasta el día de hoy ninguna instancia oficial de la Diócesis ha recibido alguna acusación formal sobre los hechos publicados" y que "se pone a disposición de los tribunales competentes para cualquier colaboración" que les sea requerida.

"La Diócesis manifiesta una vez más su firme condena de todo tipo de abuso y su compromiso en la lucha contra estos, poniendo todos los medios posibles que eviten factores de riesgo y aumenten la prevención", ha añadido en el comunicado.

A comienzos del año 2012, Patrick Buisson tiene la cabeza en las nubes. Este asesor cercano a Nicolas Sarkozy ha recibido aquel el 6 de enero una carta firmada por el obispo de Luçon (Vendée), Alain Castet, conocido por ser uno de los más conservadores de su generación. El prelado le escribe para “felicitarle vivamente”, ya que viene a anunciarle una noticia divina: el “Santo Padre”, el papa Benedicto XVI, ha decidido nombrar a Buisson comendador de la Orden de San Gregorio Magno, una de las distinciones más prestigiosas del Vaticano.

En su carta, monseñor Castet precisa a Patrick Buisson –quien fue director del periódico de extrema derecha Minute y especialista en sondeos– que el gobierno “de Su Santidad” quiere, con este gesto contundente, consagrar su “papel determinante junto al presidente de la República para promover los grandes principios del derecho natural [en oposición al derecho positivo aplicable por la justicia humana] y el papel esencial de la Iglesia católica en el país”.

Patrick Buisson, inspirador en diciembre de 2007 del discurso de Letrán de Nicolas Sarkozy, según el cual “el maestro nunca podrá sustituir al cura o al pastor”, sabía desde hacía varias semanas que la partida estaba ganada. Otro obispo influyente, también conservador, monseñor Thévenin, ya se había movilizado activamente ante el primer círculo papal para convencer al sumo pontífice de los buenos oficios católicos de Patrick Buisson en el Elíseo.

“Parece evidente que, en opinión de muchos, gracias a su profundo conocimiento de la realidad francesa, su acción junto a Sarkozy ha impedido que influencias más hostiles al mensaje de la Iglesia pudieran ejercer presión sobre la política francesa”, se lee en una carta enviada por monseñor Thévenin al Gobierno del Vaticano.

¿Es Patrick Buisson un mensajero de dios en la cúspide del Estado? Cuando la cuestión del “entrismo islamista” de los Hermanos Musulmanes en la sociedad francesa está dando mucho que hablar desde la reciente publicación de un informe oficial cuanto menos controvertido, Mediapart ha reunido numerosos elementos inéditos que dan testimonio de la implantación de otra forma de entrismo, en este caso católico tradicionalista, en el corazón mismo del poder público.

Los documentos obtenidos por Mediapart proceden precisamente de los archivos personales de Patrick Buisson, un spin doctor tan metódico como paranoico, que lo anotaba y grababa todo. “Entre 2010 y 2012, Patrick Buisson está en su apogeo, es el más poderoso”, confirma su exdiscípulo Nicolas Diat, hoy editor de Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (RN), en la editorial Fayard, adquirida por el grupo Bolloré.

Los actores y las estrategias que se pusieron en marcha hace unos quince años revelan los nombres de aquellos que, formados en la escuela Buisson, continúan hoy de diferentes maneras su empresa político-religiosa en la cumbre del Estado y en los medios de comunicación.

Discreto y solitario, Patrick Buisson no aparece en ningún organigrama; trabaja en la sombra, apoyándose en un puñado de asesores políticos o eclesiásticos. Todos comparten la misma visión de Francia y de sus “raíces cristianas”, de la “familia” y de la Iglesia, en sus formas más tradicionalistas.

Además de Nicolas Diat, asesor especial de Laurent Wauquiez en el ministerio de Asuntos Europeos (2010-2011) y luego en el de Educación Superior (2011-2012), se ganó la confianza del “plumilla” de Nicolas Sarkozy en el Elíseo, Camille Pascal, con quien se coordina para radicalizar la línea política del presidente contra “los tecnócratas” del Elíseo, en palabras de Patrick Buisson. 

El 1 de marzo de 2011 se inicia así un pulso con los asesores del jefe del Estado, que quieren eliminar el discurso “sobre los orígenes cristianos de Francia”, escrito por Camille Pascal, catedrático de Historia al que "Benedicto XVI devolvió la fe".

Nicolas Sarkozy debía pronunciarlo dos días después en Le Puy-en-Velay, la ciudad de Laurent Wauquiez y punto de partida de la peregrinación a Santiago de Compostela, para allanar el terreno de una campaña presidencial identitaria. “Le he dicho al PR [presidente de la República] esta mañana que había leído tu discurso y que me había parecido excelente”, le dice en un mensaje Patrick Buisson a Camille Pascal.

Para evitar los obstáculos y las luchas de influencias en el Elíseo, ambos hombres han desarrollado sus propias artimañas. “Mi querido Patrick, aquí tienes a ‘mi’ Juana, te la entrego...”, escribe Camille Pascal a Patrick Buisson el 4 de enero de 2012, enviándole la primera versión de otro discurso que Nicolas Sarkozy debe pronunciar en homenaje a Juana de Arco, encarnación de las “raíces cristianas de Francia”.

“Te dejo que juzgues y espero con impaciencia y ansiedad tu opinión y tus propuestas de enmiendas”, precisaba el autor, que se tomaba su tiempo en transmitir su versión al resto de miembros del gabinete del presidente. “Aquí me acosan para que entregue mi copia lo antes posible, incluso esta misma tarde. Ya te imaginas por qué...".

Aparte de Patrick Buisson, que es su “segundo lector”, solo ha dejado leer el proyecto a otra persona: su esposa, Caroline Pascal, alta funcionaria de Educación Nacional. Ahora convertida en la número dos del ministerio dirigido por Élisabeth Borne, Caroline Pascal está actualmente imputada por querer proteger el colegio católico Stanislas o por haber impedido el encargo de una versión revisada en cómic de La Bella y la Bestia.

La lucha entre Patrick Buisson y Camille Pascal llega a veces a los más mínimos detalles. Como cuando el primero coló un símbolo católico durante una gran concentración de la UMP en Marsella, en septiembre de 2011.

“¿Te has fijado en la gran foto de Marsella que servía de telón de fondo a la tribuna? Todos los oradores hablaron bajo la protección de Notre-Dame-de-la-Garde sin que nadie le prestara realmente atención. Creo que esta presencia no debió de pasar desapercibida para nuestros amigos de las logias [masónicas], cuyo ojo es más agudo que el de los medios de comunicación. Oh, Madre Santa...”, se regocijaba.

“Me di cuenta”, le respondía Camille Pascal, igualmente encantado: “Esas imágenes, casi subliminales, tienen más fuerza que muchos despachos de agencias :-).”

Preguntado por Mediapart sobre su relación con Patrick Buisson, el alto funcionario explica que lo conoció en el Elíseo. “Siempre intervenía como analista y no como polemista”, precisa Camille Pascal, recordando “que no era el único y que otros asesores externos aportaban al presidente sus reflexiones sobre el estado de la opinión y la sociedad” (su respuesta se puede encontrar íntegra en estos anexos).

Patrick Buisson, miembro del movimiento de extrema derecha Occident en su juventud, teorizó desde mediados de los años setenta sobre la importancia de esta batalla cultural que, según él, debía inspirarse en las estrategias de la extrema izquierda tan apreciadas por el filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, como cuenta su hijo, Georges Buisson, en un libro, L'Ennemi (edit. Grasset), publicado en 2019. 

Tener a un hombre como Patrick Buisson al lado del presidente de la República fue, por tanto, una verdadera bendición para los católicos tradicionalistas. Empezando por la comunidad Saint-Martin, una de las guaridas de los “tradis” en Francia, cuyos representantes recurren al asesor de Nicolas Sarkozy para los favores.

Patrick Buisson aprecia mucho a un prelado de la comunidad Saint-Martin: el obispo Marc Aillet, convertido en un icono de la extrema derecha católica. Fue párroco de la diócesis de Fréjus-Toulon (Var), donde oficiaba a las órdenes de monseñor Rey —otro obispo tradicionalista valorado por Patrick Buisson, que acabó siendo apartado por el papa Francisco en enero de 2025—, y fue nombrado en 2008, para sorpresa general, obispo de la diócesis de Bayona (Pirineos Atlánticos).

Desde su nombramiento, el obispo ha protagonizado provocaciones, desde la organización de una reunión internacional “provida” con integristas rusos y estadounidenses, hasta la proyección de un vídeo contra el aborto en una catedral de la diócesis, pasando por la creación de un movimiento radical, el Printemps français (la primavera francesa), contra el matrimonio igualitario, a pesar de la oposición del clero local.

Marc Aillet no ha denunciado claramente la invasión de Ucrania por parte de Rusia. También es el único obispo de Francia que se ha negado a abrir sus archivos a la comisión Sauvé sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Esto no deja de llamar la atención en un departamento afectado por varios casos sonados, entre ellos el escándalo de Notre-Dame-de-Bétharram.

El nombramiento de este obispo tradicionalista era hasta ahora un enigma. Se entiende que fue puramente político al leer una nota de Nicolas Diat, dirigida el 18 de abril de 2010 a Patrick Buisson. Según cuenta el asesor en este documento, sería incluso “obra personal” del arzobispo Nicolas Thévenin, también miembro de Saint-Martin.

Nicolas Diat, que en aquel momento era asesor ministerial, también es conocido por haber sido, paralelamente a sus actividades políticas, el “plumilla” del cardenal integrista Robert Sarah, quien cuenta entre sus fervientes fieles con Vincent Bolloré, magnate de los medios de comunicación de extrema derecha. En particular, impuso que su foto apareciera en la portada de Paris Match en 2022, en contra de la opinión de la redacción, y llevó a cabo una intensa campaña para que sucediera al papa Francisco.

La nota en la que Nicolas Diat cita a monseñor Aillet tiene un objetivo mucho más amplio: pretende reflexionar sobre “el uso de la embajada ante la Santa Sede” para llevar a cabo una agenda política. Según explica a Patrick Buisson, habría sido redactada tras “consultar” a Nicolas Thévenin, nombrado nuncio apostólico (“embajador” del Vaticano) por Benedicto XVI, según explica a Patrick Buisson. Al ser consultado, el arzobispo, actualmente en funciones diplomáticas en Egipto, no ha querido responder a nuestras preguntas. 

Nicolas Diat, por su parte, asume ante Mediapart la autoría de este documento, que “expone el punto de vista de un hombre de derechas”, según relativiza. Pero su alcance va más allá, ya que propone, en particular, garantizar el “control” de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) anticipando los futuros nombramientos. “Hay que realizar un trabajo minucioso con respecto al episcopado, cuyas declaraciones pueden resultar delicadas”, precisa Nicolas Diat, abogando por la “neutralización de la inquietante politización hacia la izquierda de una parte cada vez mayor del episcopado”.

El consejero basa su argumentación en el terreno ideológico, sugiriendo, por ejemplo, la organización de un gran simposio sobre el islam. El objetivo sería reflexionar sobre “cómo proteger el legado histórico y social de Occidente cristiano frente al avance constante del mundo musulmán”.

Pero, de manera más prosaica, Nicolas Diat también piensa en la campaña presidencial que se avecina, una oportunidad para mezclar cuestiones políticas y clericales. Por ello, propone a Patrick Buisson “organizar reuniones bilaterales con cada uno de los obispos de Francia para pacificar toda la Conferencia de aquí a 2012”, asumiendo que esa iniciativa se inscribe en el “marco de una verdadera estrategia de influencia”.

En efecto, considera además que “será importante conseguir organizar intervenciones públicas a favor del presidente, que necesitará respaldos morales y espirituales”. El asesor toma como “buen ejemplo” el de monseñor Aillet, que en 2010 concedió una entrevista al periódico de extrema derecha Valeurs actuelles para apoyar al jefe del Estado.

“Teníamos una Iglesia de Francia que no seguía en absoluto el juego de Benedicto XVI”, justifica hoy Nicolas Diat ante Mediapart.

En otras notas enviadas a Patrick Buisson en noviembre y diciembre de 2010, transmite las preocupaciones del Vaticano sobre los textos legales relativos a la ayuda activa a la muerte o sobre la evolución de la ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado. “Como le he dicho a menudo, las cuestiones morales que afectan a la ética, la familia y el equilibrio de valores son temas en los que la Santa Sede no transige. Por lo tanto, la Santa Sede es susceptible de reaccionar con severidad ante esas cuestiones”, explicaba entonces.

El 9 de noviembre de 2011, también recomendó posponer el nombramiento de un nuevo embajador en Roma. En efecto, le preocupaba que “el gabinete de Alain Juppé [entonces ministro de Asuntos Exteriores] propondrá un único candidato, René Roudaut, actual embajador de Francia en Hungría”. Este último está ciertamente “dotado de auténticas cualidades humanas” —incluso se comprometió personalmente a ayudar a Nicolas Diat en su carrera—, pero “puede calificarse de centrista, cercano a los viejos principios de la democracia cristiana”.

No obstante, René Roudaut es todo menos un enemigo de la derecha. “Lo conozco bien. Es un católico profundo que ama verdaderamente a la Iglesia, con un sincero deseo de servirla —sin renunciar a su rigor profesional— y que siente una gran admiración por Benedicto XVI”, defendía, por ejemplo, el periodista Guillaume Tabard, actual redactor jefe de Le Figaro, en un correo electrónico dirigido a Patrick Buisson en marzo de 2011.

Patrick Buisson, mientras intrigaba en el Elíseo y se enriquecía facturando 2,7 millones de euros en honorarios por encuestas, también se dedicó a elaborar una lista de unos treinta sacerdotes y obispos franceses a los que “promocionar”, basándose, una vez más, en criterios ideológicos.

El 13 de marzo de 2011, tal y como relataron las periodistas de Le Monde Ariane Chemin y Vanessa Schneider en el libro Le Mauvais Génie (edit. Fayard), “hacía de maestro de ceremonias, saboreando su triunfo con deleite” en la ceremonia de condecoración de la Legión de Honor de Nicolas Thévenin. Una ceremonia cuyo discurso fue preparado por Camille Pascal y a la que fueron invitados los obispos Marc Aillet, Dominique Rey y Alain Castet, así como el asesor Nicolas Diat.

Este último ve hoy en el lugar que ocupa Patrick Buisson en la cúspide del Estado un “caso de estudio impresionante”, que da testimonio de un “sistema institucionalmente muy cuestionable”. “Estaba obsesionado por demostrar a Nicolas Sarkozy que era el gran interlocutor en materia religiosa, del Vaticano y de los obispos de Roma”, recuerda, reconociendo el lado “fascinante” de sus métodos, cuyo espíritu critica hoy en día.

En retrospectiva, Nicolas Diat lamenta que Patrick Buisson adoptara una “postura maurrasiana de instrumentalización de la Iglesia, en la que solo prima la política”, en beneficio de intereses puramente electoralistas.

Esa “instrumentalización” se acentuó a medida que avanzaba la campaña de 2012 y aumentaban las dificultades para Nicolas Sarkozy. El 22 de abril, el presidente saliente quedó segundo en la primera vuelta, un punto por detrás de François Hollande. Al día siguiente, un colaborador de Claude Guéant en el ministerio del Interior, Louis de Raguenel, se reunió con Camille Pascal y un destacado sacerdote parisino, el padre Matthieu Rougé, hoy obispo de Nanterre (Hauts-de-Seine).

Por la tarde, Louis de Raguenel, convertido en un pilar de Europe 1 (emisora del grupo Bolloré) y director de redacción de JDNews, el semanario del Journal du dimanche (también del grupo Bolloré), les envía desde su buzón de correo electrónico del ministerio del Interior un mensaje, según él, de “alta” importancia.

“En lo que respecta a los católicos reaccionarios, el PR [presidente de la República, Nicolas Sarkozy], en su profesión de fe, evoca muy claramente su rechazo a la eutanasia, al matrimonio y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo”, insiste Louis de Raguenel. Camille Pascal y Matthieu Rougé son los encargados de tranquilizar a los más reacios.

“He podido mantener una larga conversación con Vincent Montagne [director de la publicación Famille chrétienne]. El mensaje ha calado. Quiere una movilización total”, explica Camille Pascal. El alto funcionario también indica que Patrick Buisson está recogiendo firmas para un “artículo del tipo: Somos católicos, creemos en una serie de valores que solo Nicolas Sarkozy se compromete a defender”. Por su parte, el padre Rougé se encarga de tranquilizar a los “partidarios de Frigide” (Frigide Barjot, portavoz del colectivo La Manif pour tous, actualmente Sindicato de la familia, que reagrupa a asociaciones contrarias al matrimonio homosexual) y de redactar un artículo de opinión. “El objetivo son los católicos que quieren votar a FH [François Hollande] a pesar de sus ‘pequeñas’ transgresiones...”, explica el sacerdote.

Cuando se le pregunta por su iniciativa, Matthieu Rougé explica hoy que su “artículo no era partidista, sino ético”. “No formaba parte de ningún equipo electoral, sino que dialogaba con todos aquellos que lo deseaban, en virtud de la misión pastoral que se me había encomendado”, añade el obispo de Nanterre, que se declara “totalmente contrario a cualquier tipo de entrismo”.

“Que yo sepa, nada prohíbe dirigirse directamente al electorado católico a través de mensajes de alcance político”, responde Camille Pascal, antes de preguntarse: “En un país que, según una reciente encuesta del Ifop, cuenta hoy con un 76% de bautizados y un 46% de franceses que se declaran católicos, ¿se puede realmente hablar de posicionamiento comunitario?”.

En su correo electrónico del 23 de abril de 2012, Louis de Raguenel —que no atendió a Mediapart— también explica a sus dos interlocutores la necesidad de “reconquistar el electorado católico en el oeste de Francia”. Y para ello, señala, hay que “impulsar a B. Retailleau”. Apenas dos semanas después, el diputado por Vendée subió a la tribuna para inaugurar el último mitin de campaña de Nicolas Sarkozy en Les Sables-d'Olonne, un acto en el que el presidente insistió en “el largo manto de catedrales e iglesias” que cubre el territorio francés.

Como recordaba una reciente encuesta de Le Nouvel Obs sobre “el muy católico” ministro del Interior, Bruno Retailleau nunca ha ocultado su fervor. No es ningún secreto: antiguo escenógrafo jefe del espectáculo del Puy-du-Fou, se inició en la política junto al soberanista católico Philippe de Villiers, al que le gustaba soltar que “la República es una mierda” alrededor de la mesa familiar, según uno de sus hijos (en Tais-toi et pardonne!, Cállate y perdona, edit. Flammarion, 2011). 

Tras una larga ausencia mediática, Philippe de Villiers se ha convertido desde hace algún tiempo en una estrella de la cadena CNews gracias a Vincent Bolloré, para gran alegría de la extrema derecha. “Philippe de Villiers es una importante personalidad intelectual en el país. Desde la muerte de Patrick Buisson, es él quien ocupa el papel de figura tutelar de la derecha: tiene una gran influencia”, escribía a principios de junio en Libération la eurodiputada Sarah Knafo, compañera sentimental de Éric Zemmour (político polemista ubicado a la derecha de Le Pen) .

La fe de Bruno Retailleau, también mimado por todos los medios de comunicación del grupo Bolloré, parece concordar con muchos de sus compromisos políticos, desde sus primeros años en la Asamblea Nacional (1994-1997) y luego en el Senado (2004-2024).

Muchos de los temas que ha defendido en el Parlamento han sido los de la extrema derecha católica integrista y su prensa, como el diario Présent: contra el matrimonio igualitario y a favor de la libertad de los alcaldes para no celebrarlo; ataques contra la asociación Act Up-Paris, que supuestamente “promueve conductas desviadas” en su lucha contra la propagación del sida; rechazo a que la Seguridad Social reembolse la amniocentesis que, en caso de detectarse una trisomía —Bruno Retailleau habla de “mongoloide”—, podría dar lugar a un aborto; rechazo a la creación de una comisión de investigación senatorial sobre la pederastia en la Iglesia, etc.

Aún hoy, sigue “opuesto a la inclusión del aborto en la Constitución, se ha negado a prohibir las terapias de conversión para los homosexuales y, diez años después, sigue oponiéndose al matrimonio igualitario”, alertaba el 26 de junio el ex primer ministro Gabriel Attal en una entrevista en Le Monde.

Y hay lealtades que no engañan. Uno de los principales colaboradores actuales de Bruno Retailleau en el ministerio del Interior se llama Jean-Baptiste Doat, responsable de comunicación. Muy politizado en la derecha de la derecha (fue responsable de las juventudes del Movimiento por Francia, el partido de Philippe de Villiers), Doat fue también protegido de monseñor Castet, uno de los obispos de la galaxia Buisson, que causó polémica en 2009 al nombrarlo secretario general adjunto de su arzobispado en Vendée.

“Hay una verdadera diferencia ideológica entre Patrick Buisson y Bruno Retailleau”, afirma sin embargo Jean-Baptiste Doat. El asesor explica que “Patrick Buisson ha dividido Francia en estratos, prevé la confrontación de dos bloques. Un bloque formado por aquellos que han comprendido la historia de Francia, sus raíces cristianas, y otro bloque, aquellos que no han comprendido nada y a los que hay que combatir”.

Mientras que “Bruno Retailleau siempre se ha mostrado hermético a ese enfoque positivista, contrario al enfoque gaullista. Esta visión maurrasiana conlleva una percepción del mundo bastante contradictoria con una visión cristiana de la política, lo que supone un problema cuando se quiere, como hacía Patrick Buisson, defender el legado cristiano de Francia. No se puede considerar el país como un campo de divisiones ineludibles”, precisa.

El asesor del ministro del Interior ve aquí un punto de división entre la derecha conservadora, incluida la “muy conservadora”, y la derecha denominada “extramuros”, al tiempo que reconoce el valor de las contribuciones del ideólogo a la derecha francesa.

Con ocasión de la muerte de Patrick Buisson en 2023, Bruno Retailleau publicó un largo homenaje en la red social X, en el que elogiaba la fuerza espiritual del exasesor del Elíseo: “Patrick Buisson había comprendido y analizado una causa esencial de la vida colectiva: que son los elementos inmateriales, más que los hechos materiales, los que animan a los individuos y a las naciones […]. Patrick Buisson demostró muy bien que el ser sustituía al tener en el corazón del hombre. Teorizó a la perfección lo esencial de una política de civilización”.

Bruno Retailleau es ahora ministro del Interior y de Cultos, garante del respeto a la laicidad.

Traducción de Miguel López

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha sido nombrado comisario Pontificio de los monasterios de las clarisas de Belorado, Orduña y Derio. Además, se ha prohibido el acceso y permanencia en el convento burgalés y en todos sus inmuebles "a los señores Pablo de Rojas y José Ceacero" y a cualquier persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol, según informa Europa Press.

Así lo ha anunciado el prelado burgalés, quien ha estado acompañado en la rueda de prensa que se ha convocado este mismo miércoles, por la madre María Javier Soto, presidenta federal de la Federación de Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aranzazu, a la que pertenecen los monasterios de Belorado, Orduña y de Derio; la hermana Carmen Ruiz, secretaria federal de la misma federación; Donato Miguel Gómez, vicario judicial de la Archidiócesis, y Rodrigo Saíd García, director del departamento Jurídico.

El arzobispo ha leído un comunicado en el que explica que este 29 de mayo ha expirado el nombramiento de sor Isabel como abadesa del monasterio de Belorado y Derio. Este era el día previsto para la elección de la nueva responsable, pero después de que el pasado 13 de mayo la abadesa proclamase la decisión de abandonar la Iglesia Católica para situarse "bajo la jurisdicción del señor Pablo de Rojas", la Federación a la que pertenecen los tres conventos solicitó ayuda a la Santa Sede.

La Santa Sede ha decidido nombrar al arzobispo de Burgos comisario Pontificio de los tres conventos, por lo que se le han otorgado "todos los derechos y deberes", y se ha designado una comisión gestora para coordinar las acciones en el ámbito canónigo y en el ámbito civil, para lo que se contará con la colaboración de un despacho profesional.

Al respecto, Mario Iceta ha apuntado que un profesional podrá supervisar toda la gestión económica de los monasterios "y también se encargará de la realización de una auditoría y de un inventario de bienes". Si fuera necesario, se contará con la ayuda de despachos jurídicos profesionales "en materia civil, fiscal y penal, porque a veces hay declaraciones que pueden entrar en el terreno del ofensivo con respecto al honor de las personas".

Asimismo, el prelado de Burgos ha aseverado que este martes por la tarde se remitió un burofax a sor Isabel –del que aún no hay respuesta– "para comunicarle la finalización de su mandato y el nombramiento del comisario pontificio con efectos inmediatos". También se ha prohibido "expresamente el acceso y permanencia en los monasterios y en sus inmuebles y recintos a los señores Pablo de Rojas y José Ciacero y a cualquier otra persona vinculada a la Capilla Unión de San Pablo Apóstol".

Sobre esta cuestión, Iceta espera que la salida del autoproclamado Ilustrísimo y reverendísimo señor doctor Pablo De Rojas y de Fran Ceacero, que se hace llamar don José, "sea siempre de acuerdo, de consenso y con sentido común", al tiempo que ha apuntado que "no hay prisa" y que el Arzobispado quiere actuar "con delicadeza y con prudencia".

El arzobispo de Burgos ha insistido en que no hay un calendario establecido y habrá que esperar a la respuesta de De Rojas y Ceacero, ya que si no entienden que están en un lugar dónde no pueden están habrá que recurrir a la vía judicial.

Asimismo, la pretensión del Arzobispado, según el comunicado emitido por la Archidiócesis, es que, "una vez pasado un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá a cada una de las hermanas que expresen su voluntad de continuar o no en la Iglesia Católica", ya que la renuncia expresa "las situaría por decisión libre y personal al margen de la comunión eclesial".

En el caso de que las hermanas del convento de Belorado no deponga su decisión, serían excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada.

El prelado burgalés ha aseverado que lo que más le "ocupa y preocupa" es la situación de las monjas, con las que quisiera ser "muy delicado", al tiempo que ha defendido una interlocución con ellas para que vean que es "una situación que es muy importante para la vida de ellas y para todos", al tiempo que ha insistido en que se irán tomando las decisiones "que sean lo menos lesivas para todos".

La Conferencia Episcopal Española (CEE) lamenta "profundamente la declaración de ruptura de la comunión con la Iglesia Católica" recogida en la carta de la abadesa del Monasterio de Hermanas Pobres de Santa Clara de Belorado (Burgos) del 13 de mayo y en el Manifiesto católico del 8 de mayo. Así lo ha expresado este jueves la Iglesia española, que respalda el comunicado del arzobispado de Burgos y del obispado de Vitoria y reafirma "la adhesión de la Iglesia que peregrina en España al papa Francisco, con la mano tendida a estas hermanas", según ha informado Europa Press.

De esta forma, los obispos han manifestado que, al mismo tiempo que aprecian y agradecen "el don de tantas hermanas clarisas que viven en comunión con la Iglesia y la enriquecen en muchas diócesis de España", lamentan "profundamente la declaración de ruptura de la comunión con la Iglesia Católica" realizada por las clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Vizcaya).

Respecto al denominado manifiesto católico de las clarisas, la CEE considera que "se corresponde con el que propugnan aquellos que niegan la validez del Concilio Vaticano II y son denominados sedevacantistas" y sostiene que "el texto parece inspirarse en los principios básicos de esta corriente y, concretamente, entronca con un grupo que es considerado una secta por varios expertos".

"El tono ofensivo y recriminatorio del manifiesto y de la carta, así como algunos términos —por ejemplo, el de la "sumisión" a un falso obispo y supuesto líder de una secta—, no son propios del modo habitual de comunicarse de estas hermanas, las cuales se manifiestan ahora públicamente no sólo en las palabras escritas de la abadesa, sino también en medios de comunicación abundando en expresiones confusas que parecen fruto de engaños", han detallado los obispos.

A su juicio, los motivos de descontento aducidos en la carta "tienen vías de solución distintas de la determinación que en ella se expresa". Además, la CEE no encuentra "relación proporcionada ente las causas expuestas y la conclusión a la que se llega". En este escenario, los obispos solicitan que "cada hermana del Monasterio de Belorado y Orduña, en el ejercicio de su libertad de conciencia, pueda expresar su postura ante la decisión que comunica la abadesa" ya que, según añaden, "de hecho, el desarrollo de los acontecimientos sugiere que no todas las hermanas suscriben la carta de la abadesa".

Igualmente, piden "la apertura de todas las hermanas de la comunidad al diálogo con obispos, sacerdotes, personas consagradas, hermanos y hermanas de la Iglesia Católica que, fieles a la verdad y en comunión con el papa Francisco, buscan el bien para este Monasterio y para cada hermana clarisa".

Finalmente, desean "poner estos acontecimientos ante el Señor Jesús, esperanza que no defrauda, como afirma el papa Francisco en la bula de convocación del Jubileo Ordinario del Año 2025". "En virtud de nuestra misión de velar por y acompañar a la vida consagrada en España, nos comprometemos a seguir esforzándonos en trabajar por la comunión fraterna en la Iglesia; evitar posturas extremas y polarizaciones; incrementar el discernimiento espiritual en la vida cotidiana, personal y comunitariamente; crecer en la escucha a los hermanos a la luz del Espíritu Santo, como el camino sinodal indica, y cuidar las relaciones fraternas entre todos los miembros de la Iglesia", han subrayado.

Hay un dicho que es viejo y que reza: “No hay nada más parecido a un obispo que otro obispo”. Y así andan ahora mismo, la eximia patulea de nuestros obispos patrios, reuniéndose para nombrar al nuevo dirigente de la Conferencia Episcopal, es decir al obispo jefe, referente, de gran obispo entre los obispos españolazos, es decir, al obispo referente del sector más conservador, un tal Luis Argüello.

Y así, ahora andan votando por sondeo para ver quién saldrá elegido, para certificar al nombrado, pura esencia de una iglesia muy alejada de los nuevos tiempos. Y así será natural que la tendencia vaya en dirección inequívoca, justo hacia el ultracatolicismo "de toda la vida”, por supuesto, de aquel nacional-catolicismo, falsario aggiornamento hacia el actual movimiento eclesial de ser “más papistas que el papa”, de aquellos curas de olla y misa para beatas, orondos y arrimados al poder, a los actuales mitrados de pomposa misa y ritual oscurantista, adoctrinamiento alineado con la ultraderecha y refectorio conservador de vuelta atrás, siempre que se aseguren sus privilegios instalados en el acervo del manteo de brillos, dobles morales y procesiones de seguimiento multitudinario.

Y que vivan las “caenas” de la fe tridentina y la obediencia ciega a los preceptos, relajados, según para quiénes, perseguidos con saña, según para cuántos infieles con ínfulas. Habrase visto descaro, vuélvanse a las calderas de Pedro Botero y a los anteojos que avisen del pecado intrínseco de tanta mujer queriendo ocupar posiciones que no les correspondan. Valiente cuadrilla de “hombrecitos misóginos y rijosos”, por mucho que junten las palmas de las manos en actitud sumisa.

Así que ya se sabe, que apunta favorito el representante más carpetovetónico, elegido ya, contra cualquier apertura soñada por los más lelos e ingenuos de la tribu, porque la sintonía con la derecha del “arrodillaos y arrepentíos, pecadores” es superior a cualquier otra evolución humanitaria, incluso diría algún teólogo descarriado, más cercana al espíritu del Evangelio, como para que se tenga en cuenta cualquier avance humanitario. Dios se salve, entonces, de sus propios espíritus blanqueados, de los obispos acérrimos a su poder, en pose de orantes y orates muy piadosos. Sin clemencia, sin piedad, sin bondad, sin amor.

Dios guarde o no guarde, da igual, al nuevo prelado nombrado Eminencia superior de los obispos españoles, negacionista de los abusos pederastas en el seno de la Iglesia que, como siempre, volverá a disimular, callar y errar el tiro y la culpa. Dios, a imagen y semejanza de tales tipos, entre melifluos e implacables, desde sus negrísimos uniformes de mal agüero, por mucho que, de vez en cuando, sepan enfundarse en carísimas vestimentas que expliquen por qué ellos hace siglos que se hicieron con el timón, el poder y la santa ira de su militante fe, tan celosa de sus preeminencias, “sus Eminencias” reverendísimas.

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Antonio García Gómez es socio de infoLibre.

La cúpula de la Iglesia española oscila a la derecha. No es un giro drástico, porque no viene de la izquierda, pero sí una reafirmación del carácter netamente conservador de la mayoría del alto clero. Sale Juan José Omella, un moderado alérgico a polémicas que no ha podido, no ha sabido o no ha querido cumplir con la expectativa que había generado en los sectores progresistas de empujar hacia un alineamiento con el reformismo del papa Francisco. En su lugar entra Luis Argüello, del ala conservadora, más dado a entrar al trapo político, a criticar al Gobierno de izquierdas, un hombre cuya trayectoria está marcada por el intento de rebajar las dimensiones cuantitaivas de la pederastia en la Iglesia y por la oposición a una investigación oficial, si bien con el tiempo ha ido mostrando un discurso más concienciado con el problema y su impacto social.

La elección como presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) de Argüello, jurista, licenciado en derecho civil, muestra la debilidad comparada del sector progresista, que tiene como principal referente a José Cobo, arzobispo de Madrid, la figura del episcopado español más nítidamente en sintonía con Francisco. No obstante, y fiel a su regla de buscar siempre contrapesos internos y evitar rupturas, los obispos han convertido a Cobo en vicepresidente. Así se evita que el vicepresidenta sea Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, en posiciones ultraconservadoras. Ambos, Argüello y Cobo, comparecieron juntos esta misma mañana de martes, subrayando la "comunión" entre los obispos. "Somos de un único bando, el bando del Evangelio, afirmó Argüello.

Argüello no será, como muchos creen, el jefe de los obispos. No le corresponde tal misión. El presidente de la CEE es un coordinador, no un superior jerárquico. El superior de todos ellos, ante el que todos rinden cuentas, es el papa. Pero Argüello, elegido este mismo martes en votación, sí se convierte en rostro de la institución católica en España, como lo han sido antes Vicente Enrique y Tarancón (1971-1981), Gabino Díaz (1981-1987), Ángel Suquía (1987-1993), Elías Yanes (1993-1999), Antonio María Rouco Varela (1999-2005; 2008-2014), Ricardo Blázquez (2005-2008; 2014-2020) y Juan José Omella (2020-2024).

En el balance de este último debe anotarse la resistencia de la CEE a las presiones de los sectores católicos más fanatizados durante la pandemia para que convirtiera a la Iglesia en un foco de resistencia a las medidas de confinamiento del Gobierno. No sucumbió. Omella siempre defendió que lo primero era la salud. También ha hecho una eficaz defensa de los intereses materiales de la Iglesia, salvando su ventajosa posición en los ámbitos educativo, fiscal y patrimonial. Cuando arrancó el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pareció abrirse la puerta a una revisión de las relaciones Iglesia-Estado y al papel de la institución católica en el espacio público. Pero no ha sido así. Mientras avanza el proceso de secularización en la sociedad española y la Iglesia sigue perdiendo fieles y vocaciones, la institución ha logrado aferrarse a la concertada –su gran bastión de influencia–, a sus inmatriculaciones y a sus beneficios fiscales.

A Argüello le tocará todavía lidiar con las exigencias de esclarecimiento de la pederastia, aceptación de responsabilidades y reparación de las víctimas. También tendrá que esforzarse en mantener unida a una institución donde la polarización ideológica también hace mella, sobre todo por la base, una parte de la cual ha oscilado a posiciones reaccionarias y preconciliares, arrastrada por un aparato mediático que ha puesto al reformismo de Francisco en el punto de mira. Es posible que con Argüello al frente de la CEE llegue el relevo en Roma: Francisco, que en 2026 cumplirá 90 años, tiene ya firmada su renuncia para caso de problema médico invalidante y no parece tener la voluntad de pasar una agonía en la silla de Pedro. El nuevo presidente de la CEE también tendrá que seguir, como todos, protegiendo los intereses materiales de la Iglesia. Y no parece, por la actual correlación de fuerzas políticas, que vaya a tener demasiadas dificultades. Así lo ha explicado el propio Argüello en Eldiario.es: "Con el Gobierno de la Nación siempre ha sido más fácil llegar a acuerdos en cuestiones económico-patrimoniales que en temas que tengan que ver con nuestra visión de la vida, la antropología, la educación y demás".

Tanto este lunes como este martes víctimas de abusos protestaron a las puertas de la sede de la CEE, dejando claro a sus nuevos máximos responsables que la herida no está cerrada. Argüello y Cobo, tras su elección, tuvieron el gesto de salir a saludarlos.

Es frecuente un dicho para hablar del episcopado español: no hay nada que se parezca más a un obispo que otro obispo. En efecto, mirados en relación al conjunto de la sociedad, todos son conservadores en lo que afecta al sexo, la familia, los roles de género y tantas cosas más. Ahora bien, ahí dentro hay matices. Que la corriente mayoritaria se incline a un lado u otro influye en el rumbo de una institución que mantiene aún una significativa influencia en la sociedad española a través de la educación, los medios de comunicación, las fiestas populares y –pese al avance de la secularización– también en el púlpito, sobre todo entre los mayores.

El arzobispo de Barcelona, Omella (Cretas, Teruel, 1946), llegó en 2020 a la presidencia de la CEE con la vitola de moderado, dialogante y aperturista. Con sus actos se ha hecho más merecedor de los dos primeros adjetivos que del tercero. Ahora deja su sitio a Argüello (Meneses de Campos, Palencia, 1953), arzobispo de Valladolid. ¿Quién es? No es un émulo de Antonio María Rouco Varela, ni de lejos. No seria exacto encuadrarlo entre los obispos más extremistas, donde sí estarían Jesús Sanz, de Oviedo; José Ignacio Munilla, de Orihuela-Alicante; o Demetrio Fernández, de Córdoba. Ahora bien, todos los observadores coinciden en adscribirlo a la línea conservadora. A diferencia de Omella, Argüello no es cardenal. Su elección tiene una clave generacional. En un intento de rejuvenecer la imagen de la Iglesia, desde 2022 no se permite que sean elegidos para el cargo de presidente ni vicepresidente de la CEE obispos mayores de 75 años. Eso reducía el arco de elegibles a 49 de los más de 70 obispos.

A quienes siguen los pronunciamientos públicos de la Iglesia les sonará Argüello, con sus gafas de montura negra y su voz rugosa. Aquí se puede leer su biografía en la web de la CEE, donde fue secretario general entre 2018 y 2022. Ese currículo hace de él alguien bregado en lanzar mensajes a la arena pública y en tratar con los medios. Ha hecho varias manifestaciones controvertidas. La que más repercusión tuvo fue en noviembre de 2021, cuando tras una asamblea plenaria de la CEE afirmó que la pederastia en la Iglesia se reduce a "pequeños casos". "Incluso sumando todos los casos que han salido en todos los medios", dijo, "seguramente no pasen de mil" en "ochenta años". Argüello no negaba –jamás lo ha hecho– la "gravísima dimensión cualitativa" de los abusos, pero calificaba de "pequeña" la cuantitativa. Al mismo tiempo, rechazó en aquella rueda de prensa hacer una investigación "de carácter sociológico, estadístico". "No estamos por la labor", dijo. Y protestó por el trato que se daba a la Iglesia en este tema: “¿Por qué el foco solo en la Iglesia católica? Hay casos por ejemplo en federaciones deportivas, ¿se ha pedido una investigación general al Comité Olímpico o a la FIFA o a la federación deportiva de turno?”.

Menos de tres meses después, en marzo de 2022, la propia CEE anunciaba 506 casos en ochenta años. Argüello insistiría en la idea de la escasez de casos. "El número de clérigos acusados en relación a la problemática general de los abusos es mínima", declaró a El Mundo en noviembre de aquel año.

También en 2022 comenzó una serie de duras declaraciones contra la investigación oficial de la pederastia en la Iglesia. Primero afirmó que la aprobación en el Congreso de una comisión situaba a los obispos ante una "trampa saducea". Después fue el encargado de anunciar que la institución no abriría sus archivos para la comisión del Defensor del Pueblo. Por último, ya en noviembre de 2023, la institución que dirige Ángel Gabilondo presentó su informe. A partir de sus resultados, se estima que ha habido más de 400.000 víctimas de entre 18 y 90 años. Argüello, que ya había dejado al secretaría general de la CEE, afirmó que el informe era "discutible". Así cerraba un círculo abierto en 2019, cuando fue quien puso voz al anuncio de que el protocolo antiabusos de la Iglesia no contemplaba indemnizaciones para las víctimas.

Como portavoz y secretario general de la CEE tuvo un problema: provocaba titulares que generaban polémicas, cosa que la Iglesia normalmente suele evitar. Es un hombre con cierta tendencia a pisar charcos, aunque con el tiempo fue aprendiendo a sortearlos y a medir más las palabras. No lo hizo en 2018, cuando dijo que la Iglesia quería curas "enteramente varones y, por tanto, heterosexuales". Es decir, que los gays serían medio hombres. Luego rectificó. No es hombre que tenga excesivo empacho en enmendarse si cree que se ha equivocado.

El nuevo presidente de la CEE ha sido abiertamente crítico con medidas del Gobierno en la pasada legislatura –la que le tocó como secretario general– como la "ley trans", un "absurdo" por su "afán de despatologización". Por supuesto, es firme en el rechazo al aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo. En realidad todos los obispos lo son, la diferencia es de grado. Y Argüello es de los que se encargan de dejar constancia siempre que tienen oportunidad, aunque sin emplear una retórica tan tremendista como la de sus colegas más exaltados. Argüello recibió con "esperanza" el surgimiento en 2021 de NEOS, la red de organizaciones contra el aborto, la eutanasia y la "ideología de género" impulsada por Jaime Mayor Oreja.

Argüello es contrario a la legislación sobre "memoria histórica", que persigue "volver a abrir todo lo que es una España en blanco y negro", con la idea de que "los franquistas [eran] todos horribles, la sociedad española en tiempos de Franco [no tenía] nada bueno" mientras que en la República era "todo bueno". También es contrario a la Agenda 2030, una obsesión de la extrema derecha y especialmente de Vox. "El Qatargate –manifestó en 2022– ha puesto de manifiesto la relación entre lobbies, mafias y poder económico y político. La burocracia de la Unión Europea y de la ONU favorecen esta relación. La Agenda 2030 es terreno abonado para este tipo de hechos con la coartada de la buena voluntad de muchos".

Eso sí, no siempre concuerda con Vox. Su discurso sobre inmigración es compasivo, nada parecido al de Santiago Abascal y los suyos. En asuntos de máxima actualidad, recientemente se ha pronunciado así sobre la amnistía al independentismo.

Veintidós meses después del inicio de los trabajos, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho pública este jueves la auditoría que encargó a Cremades & Calvo Sotelo sobre los abusos sexuales contra menores en el seno de la Iglesia. El estudio contabiliza un total de 1.383 denuncias. Y sitúa la cifra de víctimas en "un mínimo" de 2.056 en las últimas siete décadas. Pero no solo eso. También habla de destrucción de expedientes, de falta de control, de encubrimiento. Cerca de un millar de páginas en las que se propone la creación de una comisión independiente para establecer las reparaciones a las víctimas y la puesta en marcha de un fondo por parte de la Iglesia para hacer frente a las mismas. Un mecanismo que, dice, no debería nutrirse ni con aportaciones de fieles ni a través de las donaciones que la institución recibe por el IRPF.

El órgano de gobierno de los obispos encargó este trabajo a comienzos de 2022. El plan inicial era que estuviera listo en un año. Sin embargo, se fue alargando. Desde Cremades & Calvo Sotelo se achacaron los últimos retrasos a la falta de respuesta del Vaticano en relación a unos tres centenares de casos denunciados ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Una demora que no gustó nada en la Conferencia Episcopal Española, que llegó a dar un ultimátum al bufete. Al final, el despacho envió el pasado viernes el documento definitivo a los obispos. Y este martes se hizo la entrega pública. A la izquierda de la foto, Javier Cremades, socio fundador del bufete de abogados. A la derecha, el cardenal Juan José Omella, presidente de la CEE. Y en el centro, el tan ansiado archivo.

El resultado de la auditoría [se puede consultar aquí] es contundente. "Hay una conclusión clara del análisis de las denuncias: la dimensión del fenómeno. No se trata de casos aislados, de unas 'pocas manzanas podridas'. Si un solo abuso ya era demasiado, el análisis nos habla de miles de abusos. No sabemos, ni creemos que pueda nunca saberse, si se trata de unos pocos miles o de muchos miles. Pero, sin duda, son varios miles", recoge el informe. Cremades & Calvo Sotelo rechaza hablar de "violaciones sistémicas": "La abrumadora mayoría de los miembros de la Iglesia mantienen una actitud de cumplimiento de sus fines". Ahora bien, destaca que "la pasividad ante las víctimas" pone en evidencia "graves defectos estructurales que atrofian la propuesta evangélica".

El informe reconoce como "positiva" la "actitud y cooperación" de los obispos y responsables de instituciones de vida consagrada, quienes mostraron todos aquellos archivos de los que disponían. Ahora bien, el bufete destaca que en los mismos "no hay mucha información". "Un número indeterminado de expedientes han sido destruidos, de conformidad con la normativa canónica, tras el fallecimiento del acusado", continúa el documento. El despacho de abogados destaca que en la institución no se tenía constancia de muchos casos conocidos por fuentes externas a la Iglesia, ni siquiera aquellos en los que los denunciantes lo pusieron en conocimiento de los responsables de las diócesis o la orden religiosa.

"De esta realidad es fácil deducir que muy posiblemente se actuó, cuando se hizo, de forma verbal, sin abrir ningún tipo de expediente. Si a ello se le añade la competencia discrecional del Obispo para decidir si tiene o no verosimilitud una denuncia, puede también deducirse que, en muchas ocasiones, las denuncias, bien fueron consideradas no verosímiles o bien, simplemente, se decidió encubrir u ocultar la situación. No decimos que así fuera necesariamente, pero el hecho de que no conste ningún registro facilita esa interpretación y ha sido, sin duda, un grave error por parte de la autoridad eclesiástica no dejar constancia escrita de la denuncia y de la decisión adoptada", completa Cremades & Calvo Sotelo.

Sobre los archivos habló también el Defensor del Pueblo en su amplia investigación sobre los abusos en el seno de la Iglesia. "La constancia de información en los archivos diocesanos, incluso en los expedientes personales de los clérigos, sobre abusos o sospecha de abusos sexuales ha resultado ser excepcional y casi inexistente, incluso en casos de agresores señalados por varias víctimas. De las respuestas de las diócesis debe deducirse que no ha sido práctica habitual guardar esta información. El archivo de la información sobre abusos ha sido algo dependiente de las decisiones de cada obispo, de su interés en que se guardaran datos y de la gravedad percibida del caso", apuntaba el organismo presidido por Ángel Gabilondo en su extenso informe.

Esta es "una de las muchas causas" por las que, señala Cremades & Calvo Sotelo, no es posible conocer un número exacto de casos. Tras meses de investigación, el despacho de abogados ha puesto una cifra sobre la mesa: 1.383 denuncias de abusos sexuales. De ellas, 619 se corresponden con congregaciones y órdenes religiosas, 322 proceden de las diócesis y una veintena en el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. El resto se han extraído del Defensor del Pueblo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y del canal de denuncia abierto por el despacho de abogados tras recibir el encargo de la Conferencia Episcopal Española.

La auditoría tampoco ofrece una cantidad cerrada de víctimas durante las últimas siete décadas. Habla, como mínimo, de 2.056, aunque señala que "es objetivamente evidente que el número es superior". De hecho, el documento resalta que a todas esas habría que sumar "aquellas pertenecientes a grupos que no han podido denunciar". También "indeterminada" es la cifra de victimarios. En este sentido, además, el estudio señala que aunque como tal deben considerarse a los abusadores, no debe perderse de vista la "eventual responsabilidad" de quienes los "han ocultado" o "encubierto", incluso, "forzando a la víctima a silenciar su denuncia". "Ni la Iglesia ni ninguna institución puede argumentar hoy en día que desconoce la magnitud de la tragedia", apunta el informe.

Estas cifras contrastan con las que la propia Iglesia ha aportado este mismo jueves en la última versión de su informe Para dar luz, que ha difundido a bombo y platillo a través de los canales oficiales mientras la auditoría de Cremades & Calvo Sotelo quedaba en un segundo plano. En este estudio, la Conferencia Episcopal Española sitúa la cifra global de casos de abusos registrados en 806, de los cuales asegura que solo 205, un cuarto, están "probados", bien por haber sido así declarado en virtud de resolución dictada en el seno de una investigación canónica o en "sentencia judicial recaída" en un proceso penal. Una distinción que, sin embargo, la Iglesia no había llevado a cabo en la última edición publicada de este mismo estudio.

Desde ámbitos eclesiásticos se ha puesto en cuestión en los últimos meses la calidad del trabajo llevado a cabo por el despacho de abogados. Algo que también ha hecho la Conferencia Episcopal Española en este último informe. "[La auditoría] realiza básicamente una recopilación de casos aparecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos y comete errores de concepto como el de considerar como denuncias distintas las realizadas en las diócesis y las del Dicasterio que tienen su origen en las anteriores", señalan los obispos en su propio estudio, en el que realizan un breve resumen de las principales conclusiones extraídas de la investigación llevada a cabo por Cremades & Calvo Sotelo.

Pero la auditoría del bufete va mucho más allá de la decena de páginas que le dedica el informe Para dar luz de la Conferencia Episcopal Española. A lo largo de un millar de folios, el despacho de abogados ahonda en cuestiones como la experiencia comparada –aborda cómo se han enfrentado a este tipo de abusos en más de una veintena de países–, el impacto que estas agresiones han tenido en las víctimas –la mayor parte de ellas hombres– o los factores que han propiciado estas agresiones, que se han producido en la mayor parte de casos en "colegios e internados" y por parte de sacerdotes u otros religiosos. Abusos que se han cometido en todo el territorio nacional, aunque siendo "especialmente llamativos" los casos atribuidos a Madrid, Barcelona y Navarra.

El documento, además, dedica un espacio importante a la "responsabilidad moral" de la Iglesia. Para el bufete, la respuesta de la institución ante los abusos ha sido, durante décadas, "deficiente, inexistente o incluso de activa negación", lo que ha "incrementado" el daño ocasionado a las víctimas y ha generado "una percepción de impunidad de los agresores" que "abona el terreno para favorecer que se sigan perpetrando las agresiones". "En muchas ocasiones, duele comprobar que se priorizó la protección de la institución y el posible escándalo sobre la protección del niño, niña o adolescente víctima de abusos", recoge el documento, que también afea que en muchas ocasiones la Iglesia haya trasladado a abusadores, poniendo en riesgo a más pequeños.

Con estos mimbres, Cremades & Calvo Sotelo sostiene que "es necesario contemplar una reparación integral" a las víctimas. En primer lugar, el despacho señala que es de "especial relevancia" que la Iglesia "reconozca la verdad de lo sucedido". "Dicha acción dejaría clara la condena explícita de los hechos, la superación de la cultura del silencio e indicaría su voluntad de abordar esta realidad de los abusos", apunta el documento. Además, el informe recomienda a la Conferencia Episcopal Española que en aquellos casos en los que el victimario esté vivo solicite a la Congregación de la Doctrina de la Fe el alzamiento de la "prescripción del delito" para que éste "pueda ser juzgado canónicamente". Y pide que se establezca "un registro de víctimas".

Otro de los elementos clave en los que entra de lleno el estudio es en la reparación económica de las víctimas. En este sentido, el bufete de abogados propone que sea una comisión independiente y externa a la Iglesia la que fije, en función de las circunstancias del caso y a instancia de la víctima o sus familiares, "las vías posibles de reparación" y concrete la indemnización que corresponde a cada caso, una fórmula ya utilizada en algunos países de nuestro entorno. En este sentido, la auditoría plantea que las indemnizaciones oscilen, en función del tipo de abuso y del impacto producido, desde los 6.000 hasta los 100.000 euros, pudiendo superarse esta cifra en los “casos de especial gravedad”. Entre las reparaciones posibles, además, la comisión podrá plantear una posible Renta Mínima Vital para víctimas a quienes, como consecuencia de los abusos, “les resulte impedido incorporarse a la vida laboral”.

En definitiva, lo que plantea Cremades & Calvo Sotelo es que la reparación patrimonial "sea reservada para las víctimas directas" y que la indemnización, que "no puede ser simbólica", sea cuantificada caso por caso. Además, las mismas deben ser sufragadas "con cargo a un patrimonio separado adscrito a este fin que creará la Iglesia Católica y que debe constituirse y nutrirse "con sus propios recursos". "Las aportaciones económicas a dicho patrimonio no debieran provenir de aportaciones realizadas por los feligreses, ni de las donaciones recibidas vía impuesto del IRPF, por ser atribuciones con carácter finalista que van destinadas a los servicios pastorales de la Iglesia, el sostenimiento de sus trabajadores y a su amplia labor social", completa el documento, que establece que el fondo financiado por la CEE y la CONFER debe estar dotado inicialmente con un patrimonio de 50 millones de euros.

El despacho de abogados, además, considera que las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la institución religiosa "no deben" ser "indemnizadas" con cargo al Fondo del Estado que propone el Defensor del Pueblo. Más que nada, dice, porque la "responsabilidad" de tales agresiones "les es imputable directamente a la Iglesia Católica". En caso de que existan situaciones de "corresponsabilidad", continúa, se deberá "establecer un mecanismo de coordinación" de modo que ambas, en el porcentaje que se estime oportuno, reparen integralmente a la víctima. Y en aquellas situaciones en que sea el Estado "el responsable objetivamente" de reparar "en exclusiva", será éste solamente quien asuma dicha responsabilidad.

Aquí puedes leer la auditoría de Cremades & Calvo Sotelo:

Ignorando las conclusiones del Tribunal de Cuentas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) vuelve a anotarse un superávit millonario gracias al dinero público recibido vía IRPF de todos los contribuyentes, marquen o no la casilla. La última memoria presentada por la jerarquía católica, explicando el destino del dinero llegado por la llamada "casilla de la Iglesia", cifra en 320,89 millones la asignación tributaria en 2022. De ese montante, la Iglesia no lo utilizó todo. Lo empleado se quedó por debajo de los 300 millones. Concretamente, en 298,4 millones, según los datos de su última memoria. Ello implica un resultado favorable de 22,48 millones de euros.

La obtención de superávit eclesial se mantiene pese al cuestionamiento del Tribunal de Cuentas, que en su informe de fiscalización de 2020 expresó serias reservas sobre esta práctica. El cosechado por la jerarquía católica es un superávit logrado gracias a fondos puramente públicos, y no –como a menudo se piensa– obtenido sólo por la liquidación de los que marcan la equis. No, no funciona así. La cantidad que cada año paga el Estado a la Iglesia se calcula en función del número de equis, pero es detraída del monto total recaudado. Es decir, de los impuestos pagados por todos, marquen o no la equis.

"El importe de la aportación debería ajustarse al valor de las necesidades a cuyo sostenimiento se ayuda", señala el informe del Tribunal de Cuentas en su auditoría sobre la relación económica del Estado con las confesiones religiosas, en la que también alertaba de "una posible divergencia entre el compromiso de colaboración adquirido por el Estado y las necesidades efectivas de financiación de la Iglesia". Por ello el órgano fiscalizador señalaba que sería "conveniente" que el Gobierno acordase con la Santa Sede qué destino dar a los superávits. En cuanto a la autofinanciación de la Iglesia prevista por los acuerdos con la Santa Sede de 1976-1979, ni está ni hay visos de que llegue.

La acumulación de superávits es una práctica habitual de la cúpula católica con el dinero recogido gracias a las equis en el IRPF. En plena época dorada de ingresos públicos a pesar de la pérdida de fieles y vocaciones, las memorias de la CEE muestran que la institución católica ha obtenido colchones económicos en los últimos nueve ejercicios: 22,48 millones en 2022; 38,8 en 2021; 32,09 en 2020; 12,74 en 2019; 3,76 en 2018; 15,9 en 2017; 19,3 en 2016; 7.000 euros en 2015 [aquí no hay millones de euros, como en el resto de casos, sino euros]; 4,88 millones en 2014.

La cantidad sumada en superávit durante esta década se acerca a los 150 millones de euros. El último ejercicio con déficit fue 2013, cuando el dinero empleado superó en 1,43 millones al recibido. Los datos de 2022, es decir, de lo recaudado por las equis marcadas en la campaña de 2023, llevan lo recibido por la Iglesia a un nuevo récord de 358,79 millones de euros, lo cual hace verosímil la posibilidad de un décimo ejercicio seguido con superávit.

La presentación este martes, en noviembre de 2023, de la memoria de 2022 supone una mejora en la praxis de la CEE, que antes actuaba con más demora. Por ejemplo, la memoria de 2021 se presentó en mayo de 2023. Ahora se rompe esa cadencia. Lo previsto es que la memoria de 2023 la conozcamos a finales de 2024. Otra mejora de la CEE es que no ha destinado fondos a Trece TV, que era otra práctica que había suscitado críticas del Tribunal de Cuentas, al considerar que podía incurrir en ayudas de Estado, prohibidas por la UE.

Las seis memorias anteriores del episcopado recogían envíos a la televisión de más de 42 millones de euros, que salían precisamente del superávit. En esta memoria ya no aparece partida para Trece TV. Concretamente, este es el reparto de dinero de la "casilla de la Iglesia", tal y como lo recoge la memoria.

La principal partida son los 244,09 millones para "sostenimiento" de las diócesis, dinero dedicado fundamentalmente a salarios. Si a esto se le suma seguridad social del clero, funcionamiento de la CEE y sueldo de los obispos, son 273,79, un 91,75% de lo gastado con origen en la casilla. En el desglose no figura partida para Cáritas, el brazo más social de la Iglesia católica.

infoLibre preguntó expresamente a la Conferencia Episcopal si, como parece por la lectura de la memoria, no había partida ninguna con el dinero del IRPF ni para Trece TV ni para Cáritas, sin respuesta. Tampoco respondió sobre la desatención a las objeciones sobre el superávit del Tribunal de Cuentas.

La presentación de la memoria a cargo del secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, y de la directora de la Oficina de Transparencia, Ester Martín, permitió ofrecer a la opinión pública algunos datos alentadores para la Iglesia, como un incremento interanual de bautizos, confirmaciones, matrimonios y unciones de enfermos.

No obstante, mirando la curva con algo de amplitud, la institución católica sigue describiendo una trayectoria declinante, sobre todo en el terreno evangelizador. Veamos una comparando entre 2022 con 2012, sólo diez años atrás. Los sacerdotes han pasado de 19.347 a 15.669 (-19%). Los catequistas, de 109.334 a 83.435 (-23,68%). Los misioneros, de 13.000 a 10.147 (-21,94%).

Ahora bien, no todo va para abajo. Si hace una década había 8.135 centros asistenciales que atendían a 3,49 millones de personas, ahora son –siempre con los datos de la memoria de la CEE– 8.796 centros que atienden a 3,77 millones. Es decir, la Iglesia ha ganado peso como institución caritativa, si bien ello puede llevar a interrogarse hasta qué punto es positivo subvencionarla para encargarse de la atención a necesitados en vez de fortalecer el músculo propio del Estado del bienestar.

Los otros dos frentes donde la Iglesia exhibe vigor son la religiosidad popular y la escuela. En cuanto a la primera, la memoria contabiliza más de un millón de cofrades. En cuanto a la escuela, suma 2.536 colegios católicos, 2.402 de ellos concertados, con más de 1,5 millones de alumnos en total. En 2012 eran 1,43 millones de alumnos. Esa flecha sube. La CEE afirma que su red concertada ahorra al Estado más de 4.200 millones de euros al año, cálculo que se basa en una metodología que ha sido criticada por especialistas.

He aquí una paradoja: tendría sentido que la jerarquía católica española se sintiera hoy más amenazada por las decisiones que puedan adoptarse en los salones vaticanos por los que se pasea el papa de Roma que por las que se tomen en los despachos del Gobierno de su país, por más que el Ejecutivo esté integrado por ministros de izquierdas y en su toma de posesión no se viera un crucifijo. ¿Los motivos? El primero –que no es el objeto de este artículo– es la falta de sintonía entre Francisco y buena parte del alto clero español. El segundo motivo es que el PSOE y Sumar han rebajado la ambición laicista del Gobierno progresista si se compara con la pasada legislatura, cuando la coalición de socialistas y Unidas Podemos ya decepcionó al movimiento contrario a los privilegios de la Iglesia.

La escasa atención a las medidas laicistas en el acuerdo del PSOE y Sumar, que ya era observable en los programas de ambos partidos para las generales del 23 de julio, es la continuación de un retroceso de los compromisos en este terreno por parte de la izquierda que comienza con su llegada al gobierno en 2018. Al igual que el anterior Gobierno, el del PSOE y Sumar prevé múltiples medidas de inspiración laica y feminista que inciden sobre la familia y sociedad –sea por el derecho al aborto o por inclusión de las personas Lgtbi–, pero hay poco entre lo programado que amenace el estatus de la Iglesia católica.

Este sábado 9 de diciembre se celebra el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, en conmemoración la Ley de separación Iglesia-Estado de Francia. El 9D es también el día de la promulgación de la Constitución española de 1931, la que más lejos llegó en el intento de desgajar lo religioso de lo civil.

El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos cosechó la pasada legislatura algunos avances en este campo, pero dejó incumplidos compromisos incluso después de haber renunciado a las propuestas de máximos que el propio Pedro Sánchez defendía hasta su llegada a La Moncloa en 2018. Ahora el programa de gobierno del PSOE y Sumar directamente orilla casi todas las cuestiones relativas a la separación Iglesia-Estado y a los privilegios de la institución católica ante una legislatura en la que las mayorías dependerán previsiblemente no sólo del PNV, sino también de Junts, donde anida parte de la derecha nacionalista catalana. Si el mandato pasado ya era difícil aprobar medidas que molestasen a la Iglesia, ahora lo será más aún. Y lo será tanto por las matemáticas –el reparto de escaños es más favorable a la Iglesia– como por el programa de gobierno.

Igual que la inclusión de un punto en un acuerdo político no garantiza su cumplimiento, su exclusión tampoco significa que haya que descartarlo. Eso sí, lo que aparece y lo que no aparece es indicativo del grado de compromiso que a priori se quiere fijar sobre algo. ¿Y qué dice y no dice el acuerdo del PSOE y Sumar? No hay referencia a la supresión de los privilegios de la Iglesia en temas como la fiscalidad, financiación o educación. Tampoco hay previstos cambios legales para facilitar la reversión de inmatriculaciones, punto que estaba en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos y que quedó incumplido. Lo mismo ocurre con la Ley de Libertad de Conciencia, que estaba en el pacto del pasado mandato, no se aprobó y ahora no está.

El punto que más claramente afecta a las relaciones Iglesia-Estado establece la promoción de un modelo educativo basado "en la tolerancia y el laicismo", lo cual se concreta en que las notas de Religión seguirán sin computar para la media. Ese "seguirán" desvela que en realidad no hay novedad. Porque esa medida ya está en la Lomloe, la ley educativa aprobada en la legislatura pasada. Por otra parte, podría adentrarse en el terreno de la Iglesia la acordada reforma o supresión de los artículos del Código Penal que limitan la libertad de expresión, siempre y cuando dicha reforma incluyera el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. No obstante, esto no está especificado en el acuerdo PSOE-Sumar. En 2021 el Gobierno ya anunció que estaba estudiando una posible reforma que finalmente no se materializó. También podría tocar a la Iglesia –aunque está por ver– la acordada ley de "bebés robados".

Europa Laica acusa al Gobierno de excluir de su programa los "atropellos" derivados de los "grandes privilegios" de la Iglesia, que mantienen en España "residuos del nacionalcatolicismo". En un documento de balance del acuerdo de gobierno, la organización de referencia del movimiento laicista alerta de varias tareas no abordadas hasta ahora y no recogidas en el acuerdo PSOE-Sumar, entre ellas las citadas dos párrafos atrás y otras como la reducción del peso de la concertada, con fuerte influencia de la Iglesia; la exclusión de la Religión del horario lectivo; la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede; y la regulación de la separación de las esferas civil y religiosa en actos como las procesiones de Semana Santa. "En la pasada legislatura al menos hacían un propósito, ahora ni eso. Ya se da por hecho. Que un gobierno que se dice progresista permita esto es impresentable", afirma el portavoz de Europa Laica, Juan Antonio Aguilera, que ve sus reivindicaciones "excluidas de la agenda política".

Andrés Valentín, coordinador de Recuperando, organización para recobrar bienes inmatriculados por la Iglesia, afirma sobre cómo enfocan ahora este problema el PSOE y Sumar: "No sólo han olvidado el tema, lo han matado". A su juicio, durante la pasada legislatura hubo "un cambio de postura" sobre las inmatriculaciones, que fue desde la pretensión de recuperar los bienes registrados indebidamente mediante una reforma legal –recogida en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos– hasta la renuncia a dicho propósito. "Vamos a seguir insistiendo, porque esto no puede quedar así", concluye.

infoLibre preguntó al PSOE qué iniciativas tenía previstas en el campo de la laicidad y, concretamente, si descartaba una Ley de Libertad de Conciencia dado que no estaba en al acuerdo de gobierno. El partido respondió que es pronto para contestar porque la actividad parlamentaria propiamente dicha no ha comenzado. Sumar no respondió a las preguntas de este periódico. El Ministerio de Presidencia, del que dependen las relaciones con las confesiones religiosas, tampoco contestó.

Lejos queda ya el pico laicista del PSOE, que se prolongó entre 2016 y 2018, época en la que el partido de Pedro Sánchez se alineó con las posturas históricas de IU. El programa para las elecciones de 2016 llegaba hasta donde nadie había llegado en el PSOE, con medidas como "suprimir la referencia a la Iglesia" en la Constitución; "denunciar los Acuerdos con la Santa Sede"; quitar las exenciones para los bienes sin "uso de culto o social"; "avanzar en la autofinanciación" de la Iglesia; o "reclamar la titularidad" de los bienes inmatriculados sin título. Las resoluciones del 39º Congreso del PSOE –en línea con el documento de la candidatura interna de Sánchez en las primarias de 2017– defendían "consolidar" el "Estado laico" con la denuncia de los Acuerdos con el Vaticano. "Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar", añadía.

En octubre de 2018, ya con el PSOE en el Gobierno y en lo que la perspectiva nos muestra como los coletazos de aquella inercia laicista, la entonces vicepresidenta Carmen Calvo comunicó al Vaticano que el Gobierno deseaba que la Iglesia pagase el IBI en los edificios ajenos al culto y a la actividad asistencial. Calvo llegaría a invitar a una "reflexión" sobre el modelo de casilla de la Iglesia del IRPF, abriendo un nuevo melón.

¿En qué quedaron aquellas pretensiones? Hubo avances, pero a distancia sideral de lo que planteaba el primer Sánchez y dejando también incumplidos puntos del ya muy rebajado pacto del PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones de noviembre de 2019.

En realidad, el listón había empezó a bajar antes de los comicios de 2019, cuando el programa del PSOE ya no recogía medidas como el pago del IBI de la Iglesia, que se cayó también de las resoluciones del 40º Congreso. Sí lo mantenían Podemos e IU, pero no entró en el acuerdo de gobierno. También en 2019 el PSOE borró la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, que los socialistas ahora sólo quieren revisar en "diálogo con la Iglesia" y "buscando el consenso". Lo que estaba ocurriendo no era más que la reposición de un clásico: la bandera laicista es más fácil de llevar desde la oposición.

Así que la etapa 2018-2023 arroja un balance ambivalente. Por un lado, los obispos salvaron sus privilegios esenciales, ya que el Gobierno avaló el grueso de las inmatriculaciones, mantuvo la inmensa mayoría de las exenciones fiscales y no tocó la financiación vía casilla de la Iglesia –más de 300 millones públicos al año–, ni lo fundamental de su posición en la concertada, ni los Acuerdos con el Vaticano. Lo mollar, pues, a salvo. Además, la Ley de Libertad de Conciencia se quedó en el cajón, el cambio legal sobre inmatriculaciones no llegó a llevarse a cabo y se quedó sin completar la reforma de los delitos de expresión, que a priori iba a incluir la derogación de la ofensa contra los sentimientos religiosos.

Pero lo anterior es la parte en la que ponen énfasis los que ven el vaso de los avances laicistas medio vacío. También puede verse medio lleno. Sánchez puede presumir de haber sido el primer presidente en democracia con el que la Iglesia no aumentó sus privilegios ni conquistó otros nuevos, al mismo tiempo que extremaba la neutralidad de ceremonias civiles como las tomas de posesión y el funeral por las víctimas del covid.

Es más, el Gobierno completó un puñado de medidas: una mayor transparencia sobre los bienes inmatriculados; la pérdida de estatus académico de la asignatura de Religión; la retirada de unos 16 millones al año en exenciones fiscales; la supresión –establecida por ley, pero aún no culminada– de la financiación pública de educación que segrega por sexos, en su mayoría del Opus Dei... A todo ello hay que sumar el impulso desde la izquierda de la investigación del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia.

Valorada la anterior legislatura cuando Sánchez la dio por terminada, el portavoz de Europa Laica, Juan Antonio Aguilera, la consideraba "totalmente insuficiente". Ahora bien, vista con el acuerdo del PSOE y Sumar por delante, teme que sea mejor que lo que está por venir. "Lo que hizo el anterior gobierno fue incompleto e insatisfactorio, pero ahora nos sentimos ya defraudados desde el principio. Se han olvidado del tema", dice Aguilera, para quien la "falta de voluntad política" queda "claramente" expuesta con la ausencia de un compromiso de aprobación la Ley de Libertad de Conciencia, una asignatura pendiente del PSOE, donde hace años cunde el convencimiento de que la Ley de Libertad Religiosa de 1980 está obsoleta.

José Luis Rodríguez Zapatero ya intentó sacar adelante una Ley de Libertad de Conciencia, pero la acabó metiendo en un cajón en una segunda legislatura (2008-2011) marcada por la crisis. Sánchez y Pablo Iglesias la rescataron en el acuerdo del PSOE y UP, pero no se aprobó ni como proyecto de ley. Ahora no figura en el programa PSOE-Sumar. Un dato revelador sobre el retroceso del protagonismo de esta materia: la norma tampoco estaba en los programas del PSOE ni de Sumar para el 23J. En el caso del PSOE, promete "políticas" por la "diversidad religiosa y de conciencia", sin aclarar más.

Tampoco está detallada en el programa del PSOE la referencia a la autofinanciación de la Iglesia, consistente en expresar el compromiso de seguir "trabajando" con la Conferencia Episcopal dentro del Acuerdo de Asuntos Económicos con el Vaticano para que la institución alcance "por sí misma" los "recursos suficientes" para sostenerse. Una formulación que no obliga a nada.

Sumar no dice nada de autofinanciación de la Iglesia en su programa, ni el tema aparece en el acuerdo de ambos partidos. Lo que sí está en el programa de Sumar es la exclusión de la asignatura de Religión del horario escolar, una de las medidas más radicales de las que aún sobreviven, aunque sea como propuesta de la fuerza menor del bloque progresista. Es sí, parece imposible que salga. No está en el programa del PSOE, que ya aparcó esta idea que sí defendía antes de llegar al Gobierno. Como es lógico, tampoco está en el acuerdo de ambos partidos para guiar la acción del Ejecutivo, cuya lectura no habrá inquietado demasiado a los altos dignatarios de la Iglesia.

El presidente y el secretario general de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha vuelto a pedir "perdón a todas las personas", especialmente a las víctimas y sus familias, que han sufrido abusos sexuales y ha recordado que, "desde hace ya tiempo", están "endureciendo y revisando" todos sus protocolos de seguridad y formación. Durante su discurso inaugural en la CXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebra del 20 al 24 de noviembre en la sede de la CEE, Omella ha afirmado que el informe, elaborado por el Defensor del Pueblo, sobre casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia que les "ha llenado de tristeza", según informa Europa Press.

"De ninguna manera, pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Institución. Con franqueza y sin rodeos, manifestamos que entendemos y valoramos completamente el daño causado. Como en otras ocasiones, queremos expresar sin ambages la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio", ha manifestado, para nuevamente pedir "perdón a todas las personas que han sufrido debido a estas execrables acciones".

En este sentido, ha añadido que "no hay palabras suficientes" para expresar cuánto lamentan "su dolor, así como la traición cometida por parte de algunos miembros" de sus comunidades. No obstante, ha destacado que, "permanentemente, y desde hace ya tiempo", están "endureciendo y revisando todos" sus protocolos de seguridad y formación, así como "colaborando estrechamente con las autoridades civiles para garantizar que los responsables de esta clase de actos sean llevados ante la justicia". "Instamos a cualquier persona que haya sufrido abusos a que se acerque a los organismos correspondientes en cada diócesis", ha subrayado.

"Nos mostramos plenamente dispuestos a escuchar, apoyar, reparar y ofrecer la ayuda que necesiten para sanar las heridas. Observamos con mucha esperanza el camino que está haciendo la Iglesia para evitar que puedan producirse nuevos abusos sexuales en el futuro. Y, en el caso de que alguno se pudiera producir, sepamos reaccionar con rapidez y eficacia", ha dicho.

Al mismo tiempo, Omella ha manifestado "el dolor y el malestar" que han sufrido ante la "difamación publica causada por una intencionada y errónea extrapolación" de los datos de la encuesta llevada a cabo por GAD3 y publicada en el Informe del Defensor del Pueblo. "¿Qué finalidad hay detrás de este disparate? Es especialmente preocupante para nosotros que esto haya generado una imagen perjudicial de nuestra misión en general. Es injusto que se les atribuya el mal causado por una minoría. Dicha situación es inaceptable y exige una revisión exhaustiva e imparcial de los datos, para corregir cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa", considera.

Además, el presidente y el secretario general de la Conferencia Episcopal han asegurado que han revisado la información sobre la referida encuesta que aporta el Defensor del Pueblo en su informe y les "resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad de tales resultados".

Omella ha destacado en su intervención que, para la elaboración del citado informe del Defensor del Pueblo, "la Iglesia ha colaborado aportando toda la información de la que disponía". "En la reunión extraordinaria de la Asamblea Plenaria del pasado 30 de octubre, los obispos valoramos de manera especial el doloroso testimonio recogido de las víctimas. También consideramos valiosas las recomendaciones propuestas", ha recordado.

Según ha indicado el presidente de la CEE, el "drama" de los abusos "afecta a uno de cada cinco niños en Europa" y "la mayoría de los abusadores son familiares o personas cercanas a la víctima", lo que provoca que "apenas se produzcan denuncias ante el miedo a que un pariente pueda acabar en la cárcel". "Nuestra lucha contra toda clase de abusos debe continuar sin cesar, pero al mismo tiempo afirmamos que permanecen intactas nuestra estima y confianza a los sacerdotes y religiosos de nuestra Iglesia", ha asegurado.

Respecto a la educación y formación, Omella ha explicado que "ya no es un lujo de unos pocos", pero observan "con tristeza que en el ámbito educativo hay todavía muchas sombras". "Crecen los problemas de disciplina ya en edades tempranas. Muchos educadores han perdido autoridad en el aula. El abandono escolar pone de relieve que una parte de la juventud se está quedando al margen. Pierde el ánimo por el futuro. Renuncia a la cultura del esfuerzo y sucumbe a un hedonismo que les va esclavizando", ha manifestado.

"Hoy nuestros niños, adolescentes y jóvenes viven en una sociedad hipersexualizada, enganchada a las redes y con brotes de violencia, bullying y abusos sexuales que responden a una apatía, desánimo y falta de sentido", ha expresado, al tiempo que ha añadido que pese a las "facilidades" para el estudio y el acceso a las nuevas tecnologías, "se detecta a menudo un descenso en el nivel de conocimientos de los alumnos". "¿Son las pantallas la panacea de la educación o, más bien, la están perjudicando?", ha planteado.

En su opinión, "algo falla" en el sistema educativo cuando el número de universitarios en paro (8,6%), es el doble de la media de la Unión Europea y hay "récord de licenciados y graduados empleados en puestos de baja cualificación (36%), y todo ello coronado por las tasas de paro juvenil más elevadas de la OCDE".

En este escenario, el presidente de la Conferencia Episcopal considera que existe "un inmenso reto" con la educación afectiva y sexual de los niños adolescentes y jóvenes. "Ante el incremento de los embarazos no deseados, del número de conductas sexuales inapropiadas y agresiones entre menores en colegios e instituto, así como la adicción y el acceso a la pornografía cada vez a una edad más infantil, parece evidente que nuestro país no ha acertado en el modelo educativo en materia afectivo-sexual", ha señalado.

La Iglesia, según ha detallado, apuesta por una educación afectivo-sexual "que enseñe que la sexualidad es bella y no violenta, pero que necesita cumplir unas condiciones para que edifique a la persona y no la destruya". "Es necesario enseñar a vivir todo con responsabilidad, también la sexualidad", ha resaltado. "Es necesario educar a los jóvenes a actuar por amor y teniendo en cuenta si pueden o no asumir la responsabilidad de sus actos, esto es de si pueden o no acoger dignamente a un bebé", ha apuntado.

Por otro lado, Omella ha expresado la "preocupación" de los obispos ante "el incremento de personas que llegan a las costas canarias procedentes de Senegal y otros países africanos" y ha criticado "las respuestas cortoplacistas de las administraciones públicas española y europea"; y se ofrece a colaborar con las autoridades políticas "en la resolución del drama de la inmigración irregular".

Según ha indicado el cardenal, la ruta atlántica y mediterránea por la que llegan muchos migrantes en situación irregular, es "una ruta trágica que acaba tantas veces en la muerte" y advierte de que "resulta un destino deplorable" cuando el país no es capaz de "ofrecer posibilidades humanamente aceptables de acogida y posterior integración".

Finalmente, respecto al derecho a migrar, el presidente de la CEE apunta que este pasa por "hacerlo de forma segura, salvaguardando la dignidad de las personas en movilidad, frenando la acción de las mafias". "Actualmente, este derecho no está garantizado y, en consecuencia, son muchas las vidas que se pierden y el sufrimiento que se genera a migrantes y refugiados", ha subrayado.

La primera gran investigación oficial sobre pederastia en el seno de la Iglesia española no arroja ninguna cifra concluyente de abusos o agresiones sexuales. Al fin y al cabo, no formaba parte del cometido del Defensor del Pueblo realizar un cálculo cerrado sobre el número de casos durante las últimas décadas. Pero eso no quita que el estudio no sea muy revelador en muchos aspectos. Así, habla de las "dinámicas de encubrimiento y ocultación" de esta lacra por parte de la jerarquía eclesiástica. Y de la falta de reparación a las víctimas que sufrieron este infierno. Por eso plantea, entre otras medidas, poner en marcha procedimientos de compensación económica. Una factura que la Iglesia ya ha tenido que afrontar en algunos países.

La Conferencia Episcopal Española emitió este jueves, un día después de hacerse público el informe del Defensor, un comunicado en el que únicamente señalaba que trabajará “conjuntamente en la reparación integral de las víctimas” y profundizará “en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos”.

La institución religiosa rara vez ha puesto dinero sobre la mesa para reparar el daño causado. O, al menos, eso es lo que se desprende de la información facilitada al Defensor del Pueblo. Pocas diócesis u órdenes religiosas, al contrario de lo que señalaron las víctimas, afirmaron haber pagado indemnizaciones. "La posibilidad de obtenerla por la vía judicial, se ve obstaculizada por una serie de dificultades, entre las cuales se encuentran las de poder seguir un procedimiento contra la persona abusadora o contra una entidad que pueda ser declarada como responsable civil subsidiario, el riesgo de no obtener una sentencia condenatoria, la muerte del perpetrador o la prescripción", señala el informe del órgano constitucional.

Este último elemento, la prescripción, es uno de los principales muros con los que se encuentran las víctimas cuando acuden a los tribunales. Los colectivos llevan años reclamando una reforma normativa que fije la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que eso "no podría dar respuesta" a las demandas de justicia de las víctimas de delitos cometidos hasta el momento del cambio legal: "No podría aplicarse con efectos retroactivos". A pesar de ello, Miguel Hurtado, miembro de la Plataforma Tolerancia 0, insiste en la necesidad de dar ese paso. "Si hemos roto el silencio es para que lo que nos ha sucedido a nosotros no le vuelva a pasar a las nuevas generaciones", apunta en conversación con infoLibre.

La compensación es, por tanto, uno de los pilares sobre los que se apoya el trabajo del Defensor del Pueblo. Para ello, plantea la creación de un organismo "de carácter temporal" en el que el Estado y la Iglesia "colaborasen en el reconocimiento y reparación" de las víctimas de delitos prescritos, "con recursos económicos y procedimientos específicos". Mediante ese organismo, la Iglesia "podría asumir la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones" y el Estado "podría aportar recursos materiales y económicos para los gastos operativos del organismo e incluso para sufragar una parte de las compensaciones". Un organismo que, desliza el informe, estaría regido por un "patronato mixto" Estado-Iglesia, quien sería el encargado de elegir a los expertos.

Para el órgano constitucional esa vía ofrece "muchas ventajas". Por un lado, la Iglesia asumiría la "responsabilidad principal" del "reconocimiento y reparación", contribuyendo a ello las distintas diócesis y congregaciones en función del número de casos. Mientras, el Estado "garantizaría" con su "apoyo jurídico y económico" que la tarea concluyese "satisfactoriamente". Además, "las víctimas tendrían una ventanilla única a la que acudir, en lugar de cientos" –existen setenta diócesis y más de cuatrocientos institutos de vida consagrada–. Y la respuesta "sería uniforme y con arreglos a estándares transparentes y profesionales". Para la fijación de la reclamación se usarían "procedimientos de mediación". Y si no hay acuerdo entre las partes, "procedimientos arbitrales".

En caso de que la Iglesia se negara a colaborar, el estudio plantea el establecimiento de un "procedimiento declarativo específico" en el que, tras escuchar a la víctima, se dictase "un pronunciamiento expreso" que otorgue a la misma "un reconocimiento y las medidas reparadoras que sean adecuadas", como pueden ser las compensaciones económicas o la fijación de prestaciones de asistencia terapéutica "que correrían a cargo de las instituciones públicas". Una posibilidad que rechaza de forma categórica Hurtado, primer denunciante del caso de abusos en Montserrat. "Es de traca. No tuvimos bastante con el rescate de los banqueros que ahora tenemos que pagar la factura de la pederastia clerical", dice.

La comisión mixta de la que habla el Defensor del Pueblo está inspirada en la respuesta que se dio en Bélgica a los abusos. Allí, el Parlamento creó hace más de una década un centro de arbitraje con la idea de dar una respuesta a los casos de abusos ya prescritos. La Iglesia asumió dos tercios de los costes de la institución, además de las indemnizaciones acordadas por el órgano. La mayor parte de los casos que fueron llegando a ese centro de arbitraje se resolvieron mediante un procedimiento de mediación entre la víctima y una fundación vinculada a la institución eclesiástica, la Fundación Dignidad, que luego intenta recuperar el dinero del organismo responsable y éste, si es posible, del autor del delito.

Para otorgar las compensaciones se requería que los hechos fueran probados o presentasen "un alto grado de verosimilitud". Además, se estableció un baremo que fijaba unas determinadas cantidades en función de la gravedad de los hechos. Para los casos más leves se estableció un máximo de 2.500 euros. Para los más graves, de 25.000 euros. Una cifra "insultante" para Hurtado. Hasta 2017, la Iglesia belga, según un informe oficial, había pagado 4,57 millones de euros a las víctimas: 2,99 millones en relación a denuncias llegadas al centro de arbitraje y 1,58 millones a través de las reclamaciones recibidas en los puntos de contacto creados paralelamente por la institución religiosa. En la actualidad, medios como De Morgen hablan ya de unos seis millones.

Algo más generoso es el baremo francés, que oscila entre los 5.000 y 60.000 euros en función de la gravedad del abuso y el impacto que tuvo para la víctima. En el país vecino, la Conferencia Episcopal decidió en noviembre de 2021, poco después de conocerse el informe de la Comisión sobre Abusos en la Iglesia Católica (Ciese), poner en marcha la Institución Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (INIRR, por sus siglas en francés). Hasta el pasado mes de marzo, el INIRR había dictado 190 decisiones de compensación económica. Para hacer frente a la factura, la Iglesia gala creó un fondo de 20 millones de euros, el Fonds Selam, que se nutre fundamentalmente de las diócesis. Hasta el pasado mes de junio, ya se habían desembolsado 6,9 millones.

En Países Bajos se establecieron cinco niveles de compensación. El más bajo fija, como máximo, 5.000 euros. Y de ahí, la cantidad va aumentando progresivamente. Un tocamiento de partes íntimas se indemniza con 7.500 euros. Si éste, además, se extiende en el tiempo, la horquilla se mueve entre los 10.000 y los 20.000 euros. En el caso de violación, la indemnización se sitúa en los 25.000 euros. Y, por último, si esa agresión sexual ha provocado en el reclamante una pérdida financiera "sustancial", el baremo contempla un último escalón de hasta 100.000 euros.

Tras el informe de la Comisión Deetman, una investigación encargada por la Iglesia holandesa que sacó a la luz entre 10.000 y 20.000 víctimas de agresiones por parte de unos ocho centenares de religiosos, se creó un centro de denuncias que, gestionado por una fundación independiente, tenía entre sus tareas establecer las compensaciones económicas para las víctimas. Hasta su disolución a finales de 2017, según el balance oficial, 860 víctimas solicitaron una indemnización. En total, el montante pagado ascendió a 27,7 millones de euros.

Algo más ha tenido que rascarse el bolsillo la jerarquía eclesiástica germana. En Alemania, el procedimiento compensatorio se realiza en dos pasos. En primer lugar, las víctimas deben presentar solicitudes ante personas de contacto de la Iglesia, quienes las tramitan y realizan una "comprobación de plausabilidad" de los hechos. Una vez hecho esto, el caso se envía a una institución independiente, presidida por la expresidenta del Tribunal Superior de Colonia, para que fije la compensación que corresponde. Lo hace, de nuevo, en función de un baremo establecido, que prevé prestaciones de hasta 50.000 euros, si bien en los casos excepcionales se puede superar dicha cifra. En 2021 y 2022, este órgano dio el visto bueno a 1.809 solicitudes, lo que supuso un pago de 40,07 millones de euros.

La factura a la que ha tenido que hacer frente la jerarquía eclesiástica por los casos de agresiones varía enormemente en función del país. En Australia, por ejemplo, la Iglesia había pagado hasta 2017 a las víctimas unos 200 millones de euros. En Estados Unidos, por otra parte, se han combinado investigaciones judiciales, académicas, de varias diócesis y del propio Vaticano. La Iglesia de EEUU había pagado en 2015 más de 3.500 millones de euros, según una recopilación de datos del National Catholic Reporter. El pasado mes de agosto, la archidiócesis de San Francisco se declaró en bancarrota tras acumular en los tribunales medio millar de denuncias. Antes, habían hecho lo mismo la de Ogdensburg, Buffalo, Rochester, Syracusa, Albany o Rockville. Una lista a la que, en septiembre, se unió la de Baltimore.

En Irlanda el avispero comenzó a agitarse a finales de la década de los noventa, cuando la RTE emitió una serie de documentales en televisión denunciando el abuso físico y sexual al que eran sometidos los muchachos en las instituciones de la Iglesia. Entonces, el Gobierno irlandés puso en marcha una investigación. Y en 2002 acordó con el Estado pagar unos 120 millones. Una cantidad irrisoria si se tiene en cuenta que la factura en suelo irlandés podría oscilar entre 828 y 1.300 millones de euros. En resumen, que el grueso de la compensación recaería sobre los hombros de los contribuyentes.

Para Hurtado sería intolerable que recayera sobre el Estado parte de la factura. Igual que lo sería, añade, que se acordasen unas compensaciones ridículas. "Por tanto, habrá que ver dos cosas. La primera, si colabora o no. Y la segunda, si se fijan indemnizaciones dignas o solo simbólicas", resalta. En caso de que la jerarquía eclesiástica se cierre en banda, el miembro de la Plataforma Tolerancia 0 recuerda que el Estado cuenta con mecanismos de presión. Por ejemplo, a través de los ingresos públicos que le llegan a la Iglesia anualmente a través del IRPF. En el ejercicio fiscal de 2021, más de 8,5 millones de españoles marcaron el año pasado la "casilla de la Iglesia" en la declaración de la renta, lo que le supuso un ingreso de más de 320 millones de euros.

Y eso al margen de otras muchas vías de apoyo público del Estado: educación concertada, profesores de Religión en la pública, rehabilitación de templos, exenciones fiscales, capellanes en hospitales... "Y si no, que vendan propiedades, como planteó en su día la Iglesia francesa. Si han inmatriculado media España. La Iglesia es la mayor inmobiliaria del país", asevera Hurtado.

La Conferencia Episcopal Española (CEE), por el momento, ha abierto la puerta a arrimar el hombro para reparar, también económicamente, a las víctimas. Ahora bien, poniendo ciertas condiciones. "Si se constituye un fondo para reparar por parte de las autoridades públicas, estaremos dispuestos a colaborar en el mismo si hay una integración también de los otros ámbitos donde hay abusos. Si eso no fuera así, la Iglesia, como de hecho ya está haciendo, tendría su proceso de reparación integral para las propias víctimas", ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior a la Asamblea General extraordinaria de los obispos el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.

En torno a dios, como idea equívoca, se generan otras muchas equivocaciones. Todas las religiones se apoyan en creencias, dogmas, veneración, temor, normas para la conducta individual y colectiva, condenas, castigos, perdón y rituales como la oración y el sacrificio. Este constructo ideológico no es más que un mecanismo de dominación de un grupúsculo de humanos sobre la sociedad en su conjunto apelando al elemento menos racional del individuo. El engranaje permite que, a lo largo de la historia, se sucedan unas religiones a otras y que unos dioses ocupen el lugar de otros.

El grupúsculo de hombres (las religiones son misóginas) que dictan las normas se arrogan la capacidad de interpretarlas y la potestad de imponer premios y castigos por el grado de su cumplimiento. Se establece así una jerarquía de dominio que va desde el Papa hasta el último hereje y cada escalafón comete sus propios errores que se transmiten en sentido descendente. Habiendo quedado claro que dios es un error humano, se da la paradoja de que en su nombre justifican papas, obispos, arzobispos, cardenales y sacerdotes toda una serie de errores que claman al cielo.

Oímos a Munilla en el mitin urbi et orbi de Lisboa cargar contra el progreso social y contra los derechos cívicos individuales y colectivos. Nada raro en la Iglesia Católica y menos aún en un obispo reincidente y militante de la más extrema de las derechas, como muchos otros miembros de la Conferencia Episcopal que conspiran contra el Papa Francisco sin renunciar a sus treinta monedas de plata. Atila mitrado, donde mete la pata Munilla no vuelve a crecer la hierba. Munilla es de la estirpe del cardenal trabucaire Gomá (“Paz, sí. Pero cuando no quede un adversario vivo”), del cura Vendrell (llevaba un crucifijo del 9 largo al cinto) y del retratado en el poema:

Muy de mañana, aún de noche,

antes de tocar diana,

como presagio funesto

cruza el patio la sotana.

¡Más negro, más, que la noche,

menos negro que su alma

el cura verdugo de Ocaña!

Munilla y su dios se equivocan. Cambia este obispo la doctrina católica por la de Vox, ideologías ambas no cristianas. ¿Qué sabe el señor obispo de sexo y de placer?, ¿cómo se atreve? ¿Qué sabe su santidad de cuerpos equivocados?, ¿qué de mascotas?, ¿de familia?, ¿cómo osa su eminencia? ¿Qué sabe de derechos en su universo privilegiado?, ¿de austeridad en su abundancia mundana? La vida de Munilla es un catálogo de equivocaciones. ¿Acaso no es error contra natura el celibato, más grave que empastillarse, que priva de nacer a tantas niñas y tantos niños? ¿Acaso no es dicho estado contrario a formar familia? Se equivoca dios con sus siervos que persisten en su error humano.

El obispo, ante la aberrante práctica pederasta en sacristías, ¿derrama lágrimas? Conocedor de quienes la ocultan amparados en las sotanas, ¿por qué calla? Se equivoca dios con sus ministros: son errores de naturaleza insana. Niega derechos Munilla, los critica con odio y rabia: derechos de las mujeres, de los emigrantes, de quien de forma diferente ama. Desprecia el obispo el aire, los ríos, los mares, las montañas, no le preocupan los peces, las aves, los perros, las plantas. Se equivocan dios y Munilla, seres de otro planeta, de otra galaxia.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

“Santiago Abascal ficha al obispo José Ignacio Munilla para restaurar la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos”. Circulan contenidos en redes sociales que aseguran que Vox encarga al obispo José Ignacio Munilla la tarea de otorgar a cada película una calificación moral. Según estos contenidos, restauraría la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos. Pero es un bulo: es un mensaje de humor publicado por un usuario de Twitter que se ha viralizado como real.

El 5 de julio de 2023, un usuario de Twitter (Rafael_Narbona) publicó un mensaje en el que aseguraba que Vox ficha a José Ignacio Munilla Aguirre, actual obispo de Orihuela (Alicante), para “restaurar” la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos. Según explica en este texto, “otorgará a cada película una calificación moral” y aquellas clasificadas como “gravemente peligrosas serán vetadas en las salas”. 

La Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos fue una institución creada en España en 1950 como organismo dependiente de la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad, cuya función era clasificar las producciones cinematográficas según sus criterios morales.

Estos contenidos se están difundiendo como reales, pese a que el usuario haya reconocido que se trata de un contenido en tono humorístico. “Ay, que es una broma. Pero las cosas van de tal modo que muchos se lo han creído”, escribe. Son varias las personas que han preguntado al autor por la veracidad de estos contenidos y en todo momento indica que no son reales. Cuando le han preguntado por la fuente también ha respondido, en clave de humor, que era El Mundo Today (web de contenidos satíricos).

En Maldita.es ya hemos contado en varias ocasiones bromas y contenidos satíricos que se han difundido como reales y que provocan desinformación. Como esta publicación de El Mundo Today que aseguraba que Ramón Tamames dijo que lideraba la moción de censura a Pedro Sánchez del 22 de marzo de 2023 “porque Rajoy no puede seguir ni un solo día más al frente del Gobierno”

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

La Iglesia católica ha logrado en los últimos cinco años un superávit de más de 100 millones de euros gracias al dinero público que le llega del IRPF de todos los contribuyentes. Esta práctica, la acumulación de un remanente que la Conferencia Episcopal Española (CEE) utiliza para engordar la caja y financiar a la televisión Trece, fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas en su informe sobre los fondos públicos que recibe la institución católica gracias a la llamada "casilla de la Iglesia".

Los 38,8 millones de superávit de 2021, último ejercicio del que la CEE ha presentado memoria justificativa de los fondos estatales recibidos, son un cifra récord, según se desprende del examen de las memorias de la Iglesia desde 2007, el primero del que CEE tuvo la obligación de publicar a qué asignaba los recursos obtenidos vía IRPF. De esos 38,8 millones, la CEE envió 6 a la televisión Trece, integrante su grupo mediático Ábside. Los números de la Iglesia evidencian que la autofinanciación prevista en los acuerdos entre el Estado y la Iglesia de 1976-1979 sigue siendo una quimera.

La publicación de la memoria –que este año corrió a cargo del secretario general de la CEE, Francisco César García Magán– es una contrapartida aceptada por la jerarquía católica en 2006 ante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de disfrutar de una subida de la asignación por cada equis marcada del 0,5239% al 0,7%.

Se trata de una subida que hoy permite a la Iglesia recibir más de 300 millones de euros al año. Y eso al margen de otras muchas vías de apoyo público del Estado: educación concertada, profesores de Religión en la pública, rehabilitación de templos, exenciones fiscales, capellanes en hospitales...

La memoria permite saber que la asignación tributaria recibida en el último ejercicio cerrado por la Iglesia fue de 321,31 millones, cifra que incluye el pago a cuenta de 2021 y la liquidación de la declaración de la renta presentada en 2020, es decir, correspondiente al IRPF de 2019, según detalla el documento. Estos 321,31 millones son el máximo histórico recibido por la Iglesia católica en España en un solo año, un hito alcanzado precisamente en medio de un galopante proceso de secularización de la sociedad.

Aunque sin gran detalle, la memoria de 2021 muestra a qué conceptos dedicaron los obispos esos más de 320 millones. La mayor parte, casi 230 millones, fueron al "sostenimiento" de las 70 diócesis, fundamentalmente para pagar los salarios de los religiosos y el personal. Además, emplearon 23,65 millones la seguridad social del clero. Estas dos partidas, que suman 253,65 millones, suponen cerca del 80% del total.

Las siguientes partidas por cuantía fueron para Cáritas (6,49 millones, si bien esta ONG recibe la mayoría de los fondos públicos a través de la "casilla de fines sociales"), centros de formación (5,32 millones), comunicación (5,1 millones, partida en la que destaca la campaña Xtantos para alentar a los contribuyentes a marcar la "casilla de la Iglesia") y rehabilitación de templos (4,12 millones). La Iglesia dedicó 2,33 millones a pagar a sus obispos y envió medio millón de euros a la Santa Sede, entre otros gastos.

Pero la jerarquía católica no gastó todo lo que recibió. El resultado del ejercicio arroja un superávit de 38,8 millones, que se suma a los ya obtenidos desde 2017 para sumar 103,4.

La acumulación de superávit es un asunto polémico que ya hizo enarcar las cejas a los auditores del Tribunal de Cuentas que pusieron la lupa a las memorias de 2016 y 2017. La primera noticia sobre el resultado de aquellos trabajos la publicó infoLibre cuando desveló que el informe preliminar alertaba del descontrol del dinero público entregado a la Iglesia. Tras esta información, el sector más conservador del Tribunal de Cuentas se alineó con la jerarquía católica para limitar el alcance de las conclusiones.

La versión final del informe, de 2020, mantenía en esencia el diagnóstico general, pero suavizado. Eso sí, la referencia a los superávits era crítica. Este excedente de dinero gracias a una inyección pública "podría plantear una posible divergencia entre el compromiso de colaboración adquirido por el Estado y las necesidades efectivas de financiación de la Iglesia católica". La auditoría también señalaba que la existencia de "eventuales desajustes", fueran déficits o superávits, no estaba regulada por un acuerdo Iglesia-Estado.

infoLibre preguntó a la CEE por los motivos del superávit en los últimos cinco años, sobre las observaciones del Tribunal de Cuentas y sobre la cuantía actual del fondo de reserva de la Iglesia, entre otras cuestiones. No hubo respuesta.

La presentación de la memoria anual de la CEE, que tuvo lugar este miércoles, volvió a ser más una ceremonia publicitaria de la Iglesia en plena campaña de la renta que un ejercicio de rendición de cuentas. El documento, de 98 páginas, no recoge a qué ha dedicado la Iglesia el dinero público recibido hasta la 74.

La memoria está dominada por un balance de actividades de la Iglesia, que presume de múltiples números como sus 16.126 sacerdotes, 35.507 religiosos, 1.028 seminaristas, 87.923 catequistas, 8.326 monjas y monjes de clausura, 36.911 profesores de religión, 11.457 parroquias en poblaciones rurales, 8.864 centros sociales y asistenciales, 2.412 colegios católicos concertados y más de un millón de cofrades.

La imagen global que ofrece la Iglesia a través de su memoria es la de una institución que se debilita en el terreno vocacional mientras mantiene una significativa actividad de atención social y conserva sus mayores espacios de influencia en la educación y la religiosidad popular.

Además de la subida del dinero público recibido, en 2021 aumentaron las colectas. Lógico, 2020 había sido un mal año, por el confinamiento. Así que las aportaciones de los fieles se elevaron de 310,8 a 343,1 millones, casi un 10,4%.

El papa ha aceptado la renuncia del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, y ha nombrado administrador apostólico de esta diócesis al hasta ahora obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE) tras la comunicación de la Nunciatura apostólica. según ha informado Europa Press.

Reig Pla, de 75 años, fue nombrado obispo de Alcalá de Henares el 7 de marzo de 2009 y tomó posesión de la diócesis el 25 de abril de ese año. Nació el 7 de julio de 1947 en Cocentaina (Alicante), diócesis de Valencia. Cursó estudios eclesiásticos en el seminario mayor de Valencia, donde obtuvo el bachillerato en Teología en 1970. Es licenciado en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca (1973) y doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (1978). Fue ordenado sacerdote en Valencia el 8 de julio de 1971, según ha informado Europa Press.

El 22 de febrero de 1996 fue nombrado obispo de Segorbe-Castellón. Recibió la ordenación episcopal el 14 de abril del mismo año. El 24 de septiembre de 2005 se hacía público su nombramiento como obispo de Cartagena, diócesis de la que tomó posesión el 19 de noviembre. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida.

Por su parte, el nuevo administrador apostólico, Vidal Chamorro nació el 6 de mayo de 1974 en Madrid. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, en 1997. Este mismo año ingresó en el seminario conciliar de La Inmaculada y San Dámaso, en Madrid. Fue ordenado sacerdote el 8 de mayo de 2004. En 2007 obtuvo la licenciatura en Teología, en la especialidad de Teología Moral, por la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

El 29 de diciembre de 2017 se hacía público su nombramiento como obispo auxiliar de Madrid, asignándole la sede titular de Elepla, que tenía como metropolitana a Sevilla. Recibe la ordenación episcopal el 17 de febrero de 2018. En la Conferencia Episcopal Española es presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios desde marzo de 2020.

El ya obispo emérito de Alcalá de Hernares (Madrid), Juan Antonio Reig Pla, ha pedido perdón por los "errorres cometidos a lo largo de estos años" en un comunicado hecho público tras conocerse que el Papa ha aceptado su renuncia.

Reig Pla manifiesta su gratitud a San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, bajo cuyos pontificados ha estado al frente de las diócesis de Segorbe-Castellón, Cartagena y Alcalá. "En las tres diócesis he contado con el afecto de los sacerdotes, de los miembros de la vida consagrada y de los fieles cristianos laicos. Para todos ellos mi inmensa gratitud y mi petición de perdón por los errores cometidos a lo largo de estos años", afirma.

El prelado emérito pide la bendición sobre la diócesis de Alcalá de Henares y su provincia eclesiástica, y suplica a todos los fieles que acojan a su sucesor con el afecto y la fidelidad que les caracteriza. "Para todas las familias, los jóvenes y las personas que sufren de la diócesis, a los que he amado con amor de predilección, a los sacerdotes y seminaristas, y a los miembros de la vida consagrada, les ruego que oren por mí para que, hasta el último aliento, pueda ser testigo del amor de Dios", añade.

El mandato de Reig Pla ha estado marcado por algunas polémicas como la que causaron sus declaraciones sobre las personas homosexuales, en la homilía del Viernes Santo de 2012, que fue retransmitida por La 2. "Piensan desde niños que tienen atracción hacia personas de su mismo sexo y, a veces, para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubes de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno", manifestó entonces el prelado.

Estas palabras, además de provocar las críticas de partidos políticos y colectivos LGTBI, fueron llevadas ante la justicia, pero los jueces no vieron delito en ellas. Así, el Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá archivó la querella presentada contra el prelado al entender que ejerció su "libertad de expresión" y la Audiencia Provincial de Madrid desestimó, posteriormente, un recurso de apelación interpuesto contra aquella decisión.

También fueron objeto de polémica las terapias para la homosexualidad que, según publicó en 2019 eldiario.es, estaban siendo realizadas en el marco del Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servicio perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares.

En abril de ese mismo año, la Comunidad de Madrid decidió abrir una investigación al obispado en base a la ley LGTBI aprobada en 2016 en la Asamblea. Finalmente, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Juventud y Política Social estimó no sancionar al obispo de Alcalá de Henares por sus cursos sobre terapias para la homosexualidad, a la vista de que la principal prueba de cargo consistía en los registros de llamadas y correos aportados por un periodista, obtenidos sin el consentimiento de uno de los interlocutores, argumento que también esgrimió, posteriormente, el Defensor del Pueblo, tras investigar un posible incumplimiento de la ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia por parte de la diócesis.

Por otro lado, durante la pandemia del covid-19, Reig Pla también recibió críticas por seguir celebrando misas en medio de la emergencia sanitaria. El obispo defendió su decisión porque el decreto por el que se declaró el Estado de Alarma no ponía "ninguna dificultad", a su juicio, para celebrar culto y dijo que tuvo "precaución" e hizo pruebas PCR a sus sacerdotes.

Los obispos españoles no están dispuestos a la "apertura generalizada" de los archivos canónicos para la investigación de los casos de abusos sexuales a menores sino solo para casos concretos, según ha precisado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo electo de Valladolid, Luis Argüello, informa Europa Press.

"Si de verdad hubiera encubrimiento ¿se va a dejar por escrito el encubrimiento? Hay una expectativa sobre los archivos desorbitada. Nosotros no estamos dispuestos a una apertura generalizada de los archivos porque no lo haría ninguna institución, pero sí estamos dispuestos ante personas concretas que aparecen en acusaciones, si es necesario conocer su historial eclesial, eso se podrá poner a disposición. Insisto: no a una apertura generaliza", ha subrayado el portavoz de los obispos este jueves en la rueda de prensa final de la Comisión Permanente.

A su juicio, sobre la apertura de los archivos se ha generado "una expectativa desorbitada". "Parece el relato de una película medieval en la que uno va a entrar en un archivo y se va a encontrar algo de El nombre de la rosa, un libro oculto", ha comentado.

Además, ha puntualizado que, si suman los casos que han recibido a través de los dosieres de El País y sus datos propios, el 80% de los casos de abusos a menores dentro de la Iglesia son "anteriores a 1980", es decir, que tienen "más de 40 años" por lo que "desde el punto de vista civil-penal están prescritos" y, aunque desde el punto de vista canónico se puede levantar la prescripción, "muchas personas acusadas están fallecidas y todos los obispos, provinciales y superiores mayores que estaban entonces, ya no están".

Sobre la negativa de la Iglesia como institución a formar parte de la comisión asesora del Defensor del Pueblo para investigar los abusos, Argüello ha explicado que el motivo es, por un lado, que consideran que "es bueno que este tipo de comisiones tengan su ámbito propio de independencia" y, sobre todo, porque no les parece "muy correcto" que esta investigación se centre únicamente en los casos de abusos acaecidos dentro de la Iglesia católica y no se extienda a otros ámbitos de la sociedad.

"Que una institución tan importante como el Congreso se dirija al Defensor del Pueblo solicitando una mirada solo en la Iglesia no nos ha parecido oportuno, institucionalmente, confirmar con nuestra presencia, estar en algo sobre lo que tenemos esta reserva", ha matizado.

En todo caso, ha asegurado que, en función de lo que se vaya a hacer y en función de lo que se pida a la Conferencia Episcopal, así actuarán. "Como quiera que nosotros tenemos nuestros propios datos, el conocimiento de personas y situaciones, colaboraremos en aquello que se nos pida y que corresponda a las reglas del juego establecidas tanto en el ámbito civil como canónico", ha subrayado.

Respecto al segundo dosier remitido la semana pasada por El País a la Conferencia Episcopal Española, el portavoz de los obispos ha recordado que ya han enviado los casos correspondientes a las diócesis y congregaciones, así como al Vaticano y a la Fiscalía.

Además, ha anunciado que este mismo jueves han escrito al diario El País solicitando el contacto de los denunciantes de dichos casos de abusos para hacer de "mediadores" y facilitar los encuentros con las congregaciones o diócesis. Según ha puntualizado, del último informe remitido por el periódico, "195 casos son nuevos" y sumados a los del primer dosier suman "casi 450 casos".

Si bien, el arzobispo considera que "las cosas no se están haciendo muy mal" cuando "del siglo XXI, en esta nueva información, solo hay nueve casos --uno que afecte a diócesis--, y de los nueve casos nuevos, seis de ellos están juzgados y en el asunto penal está resuelto la absolución de los acusados por prescripción y, en el único caso de diócesis, el asunto está encauzado en los tribunales".

Además, ha precisado que desde la CEE siguen trabajando para escuchar a las víctimas, reparar y prevenir y, en este sentido, para el mes de octubre, van a convocar una reunión de las oficinas diocesanas y de congregaciones religiosas y están "perfilando" un "protocolo marco" para la prevención de abusos contra menores y el modo de actuación si estos se producen.

Por otro lado, preguntado por la visita del ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Papa Francisco, el portavoz de los obispos ha dicho que se alegran de que Bolaños dijera que comparten "los mismos valores" pero ha advertido de que los valores "no son globos".

"Nos alegra que se diga que se comparten valores pero los valores no son globos, los valores tienen que ver con la defensa de la vida, la regularización de migrantes, con una promoción de la familia que en una situación de supercrisis económica como la que nos adentramos es un colchón social. No es cualquier cosa los valores", ha puntualizado el arzobispo electo de Valladolid.

En todo caso, ha indicado que ellos dialogan con el Estado y que sus encuentros personales son "cordiales" pero los prelados piden "lealtad", no como ocurrió en la última visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la CEE, cuando "se filtraron algunas cosas de manera interesada", según ha lamentado Argüello.

Por otro lado, sobre la Asamblea del Sínodo celebrada hace dos semanas en Madrid, en la que se presentó el documento final de la fase diocesana, que el cardenal Juan José Omella, entregará en Roma estos días, Argüello ha puntualizado que una de las mayores preocupaciones que se puso de relieve fue la necesidad de "superar el clericalismo bilateral", frente al sacerdocio femenino, un tema que, según ha precisado, salió "en 18 de las 70 diócesis" pero que "solo en 5 se ha pedido".

Además, durante la reunión de la Comisión Permanente, los obispos han conocido los resultados de una encuesta que revela que en España hay 1.508 sacerdotes extranjeros con una encomienda pastoral en España, algunos de ellos ya con doble nacionalidad. Del total, en unos 500 casos, el motivo de su presencia en España es la realización de estudios y además colaboran en las diócesis en las que viven.

Igualmente, Argüello ha destacado un incremento de bautismos de adultos, bien porque van a contraer matrimonio o bien porque "descubren que Jesucristo es una buena propuesta". Si bien, ha apuntado que, frente a estos, "año tras año" van constatando una disminución de los bautismos de niños. También ha destacado el "significativo" acercamiento al bautismo y a la confirmación dentro del ámbito militar.

De cara a la Cumbre de la OTAN, que se celebra la semana que viene en Madrid, el secretario general de la CEE ha precisado que los obispos no están "directamente invitados". "Formalmente la OTAN es lo que es y son convocados sus miembros, lo consideramos normal no haber sido convocados", ha señalado.

El Arzobispado de Barcelona ha enviado este jueves a la secretaría general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) un documento entregado este miércoles por el diario El País bajo el título Segundo informe sobre casos de abusos de menores en la Iglesia española que recoge relatos de abusos sexuales a menores, informa Europa Press.

Según ha informado la CEE, este documento se ha enviado ya a la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), con los casos de abusos de relativos a congregaciones religiosas, y a las diócesis a las que corresponden a sus competencias, "para su conocimiento y análisis".

La Conferencia Episcopal añade que corresponde a El País facilitar ahora "los datos que permitan conocer los elementos imprescindibles y los contactos para comenzar una posible investigación en cada caso".

Por su parte, fuentes de 'El País' han precisado a Europa Press que han entregado nueva información sobre casos de abusos en la Iglesia española a la Conferencia Episcopal, "dentro del trabajo de investigación que desarrolla desde hace más de tres años", y que publicarán información al respecto "próximamente".

El pasado 23 de diciembre de 2021, el secretario general de la CEE, Luis Argüello, ya envió a los obispos, las oficinas de protección del menor y la CONFER los casos de abusos recogidos en un primer informe de El País correspondientes a sus territorios o congregaciones.

Se trataba, en aquella ocasión, de la investigación que el diario El País entregó durante el viaje del Papa a Chipre y Grecia y que recogía 251 casos de abusos en el seno de la Iglesia española.

El Vaticano confirmó que había remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe un informe sobre la situación de los abusos sexuales de la Iglesia en España para que se proceda según la "normativa canónica vigente", según reveló el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El informe también fue remitido a la diócesis de Barcelona, que dirige el presidente de la CEE, Juan José Omella. De la misma manera, los obispos indicaron en un comunicado que era necesario remitir a todas las diócesis españolas este informe de abusos sexuales a menores para poder realizar "la investigación que fuera procedente".

El obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, se hizo pasar en su día por capellán de una residencia de ancianos para saltarse la lista de la vacunación contra el coronavirus en febrero de 2021. En una entrevista en Onda Cero, con motivo de su próximo nombramiento como Hijo Predilecto de Murcia, ha señalado este martes que "le duele en el alma haber pasado por toda aquella historia aunque esta no tuviese fundamento", llegando a afirmar que "lo llevo como una cruz en mi carné de identidad, pero ya es agua pasada".

En su día, el prelado pidió perdón, y declaró que no supo calcular las consecuencias de vulnerar los protocolos establecidos por la Consejería de Salud para la vacunación. Junto a Lorca Planes se vacunó indebidamente su secretario personal, el arzobispo emérito de Burgos, el obispo auxiliar y el canónigo de la catedral.

El Gobierno de Murcia nombrará ahora Hijo Predilecto el próximo 9 de junio, coincidiendo con el día de la región. Recibe este galardón con motivo de ser el primer obispo de la Diócesis de Cartagena nacido en la Región de Murcia. El anuncio ha derivado en una recogida de firmas en change.org en contra del reconocimiento que le concede el Gobierno regional.