El PSOE y Sumar rebajan el laicismo del Gobierno y apartan el foco de los privilegios de la Iglesia

He aquí una paradoja: tendría sentido que la jerarquía católica española se sintiera hoy más amenazada por las decisiones que puedan adoptarse en los salones vaticanos por los que se pasea el papa de Roma que por las que se tomen en los despachos del Gobierno de su país, por más que el Ejecutivo esté integrado por ministros de izquierdas y en su toma de posesión no se viera un crucifijo. ¿Los motivos? El primero –que no es el objeto de este artículo– es la falta de sintonía entre Francisco y buena parte del alto clero español. El segundo motivo es que el PSOE y Sumar han rebajado la ambición laicista del Gobierno progresista si se compara con la pasada legislatura, cuando la coalición de socialistas y Unidas Podemos ya decepcionó al movimiento contrario a los privilegios de la Iglesia.

La escasa atención a las medidas laicistas en el acuerdo del PSOE y Sumar, que ya era observable en los programas de ambos partidos para las generales del 23 de julio, es la continuación de un retroceso de los compromisos en este terreno por parte de la izquierda que comienza con su llegada al gobierno en 2018. Al igual que el anterior Gobierno, el del PSOE y Sumar prevé múltiples medidas de inspiración laica y feminista que inciden sobre la familia y sociedad –sea por el derecho al aborto o por inclusión de las personas Lgtbi–, pero hay poco entre lo programado que amenace el estatus de la Iglesia católica.

Este sábado 9 de diciembre se celebra el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, en conmemoración la Ley de separación Iglesia-Estado de Francia. El 9D es también el día de la promulgación de la Constitución española de 1931, la que más lejos llegó en el intento de desgajar lo religioso de lo civil.

Matemáticas parlamentarias y programa

El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos cosechó la pasada legislatura algunos avances en este campo, pero dejó incumplidos compromisos incluso después de haber renunciado a las propuestas de máximos que el propio Pedro Sánchez defendía hasta su llegada a La Moncloa en 2018. Ahora el programa de gobierno del PSOE y Sumar directamente orilla casi todas las cuestiones relativas a la separación Iglesia-Estado y a los privilegios de la institución católica ante una legislatura en la que las mayorías dependerán previsiblemente no sólo del PNV, sino también de Junts, donde anida parte de la derecha nacionalista catalana. Si el mandato pasado ya era difícil aprobar medidas que molestasen a la Iglesia, ahora lo será más aún. Y lo será tanto por las matemáticas –el reparto de escaños es más favorable a la Iglesia– como por el programa de gobierno.

Igual que la inclusión de un punto en un acuerdo político no garantiza su cumplimiento, su exclusión tampoco significa que haya que descartarlo. Eso sí, lo que aparece y lo que no aparece es indicativo del grado de compromiso que a priori se quiere fijar sobre algo. ¿Y qué dice y no dice el acuerdo del PSOE y Sumar? No hay referencia a la supresión de los privilegios de la Iglesia en temas como la fiscalidad, financiación o educación. Tampoco hay previstos cambios legales para facilitar la reversión de inmatriculaciones, punto que estaba en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos y que quedó incumplido. Lo mismo ocurre con la Ley de Libertad de Conciencia, que estaba en el pacto del pasado mandato, no se aprobó y ahora no está.

El punto que más claramente afecta a las relaciones Iglesia-Estado establece la promoción de un modelo educativo basado "en la tolerancia y el laicismo", lo cual se concreta en que las notas de Religión seguirán sin computar para la media. Ese "seguirán" desvela que en realidad no hay novedad. Porque esa medida ya está en la Lomloe, la ley educativa aprobada en la legislatura pasada. Por otra parte, podría adentrarse en el terreno de la Iglesia la acordada reforma o supresión de los artículos del Código Penal que limitan la libertad de expresión, siempre y cuando dicha reforma incluyera el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. No obstante, esto no está especificado en el acuerdo PSOE-Sumar. En 2021 el Gobierno ya anunció que estaba estudiando una posible reforma que finalmente no se materializó. También podría tocar a la Iglesia –aunque está por ver– la acordada ley de "bebés robados".

Movimiento laicista, partidos y Gobierno

Europa Laica acusa al Gobierno de excluir de su programa los "atropellos" derivados de los "grandes privilegios" de la Iglesia, que mantienen en España "residuos del nacionalcatolicismo". En un documento de balance del acuerdo de gobierno, la organización de referencia del movimiento laicista alerta de varias tareas no abordadas hasta ahora y no recogidas en el acuerdo PSOE-Sumar, entre ellas las citadas dos párrafos atrás y otras como la reducción del peso de la concertada, con fuerte influencia de la Iglesia; la exclusión de la Religión del horario lectivo; la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede; y la regulación de la separación de las esferas civil y religiosa en actos como las procesiones de Semana Santa. "En la pasada legislatura al menos hacían un propósito, ahora ni eso. Ya se da por hecho. Que un gobierno que se dice progresista permita esto es impresentable", afirma el portavoz de Europa Laica, Juan Antonio Aguilera, que ve sus reivindicaciones "excluidas de la agenda política".

Andrés Valentín, coordinador de Recuperando, organización para recobrar bienes inmatriculados por la Iglesia, afirma sobre cómo enfocan ahora este problema el PSOE y Sumar: "No sólo han olvidado el tema, lo han matado". A su juicio, durante la pasada legislatura hubo "un cambio de postura" sobre las inmatriculaciones, que fue desde la pretensión de recuperar los bienes registrados indebidamente mediante una reforma legal –recogida en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos– hasta la renuncia a dicho propósito. "Vamos a seguir insistiendo, porque esto no puede quedar así", concluye.

infoLibre preguntó al PSOE qué iniciativas tenía previstas en el campo de la laicidad y, concretamente, si descartaba una Ley de Libertad de Conciencia dado que no estaba en al acuerdo de gobierno. El partido respondió que es pronto para contestar porque la actividad parlamentaria propiamente dicha no ha comenzado. Sumar no respondió a las preguntas de este periódico. El Ministerio de Presidencia, del que dependen las relaciones con las confesiones religiosas, tampoco contestó.

El pico laicista de Sánchez

Lejos queda ya el pico laicista del PSOE, que se prolongó entre 2016 y 2018, época en la que el partido de Pedro Sánchez se alineó con las posturas históricas de IU. El programa para las elecciones de 2016 llegaba hasta donde nadie había llegado en el PSOE, con medidas como "suprimir la referencia a la Iglesia" en la Constitución; "denunciar los Acuerdos con la Santa Sede"; quitar las exenciones para los bienes sin "uso de culto o social"; "avanzar en la autofinanciación" de la Iglesia; o "reclamar la titularidad" de los bienes inmatriculados sin título. Las resoluciones del 39º Congreso del PSOE –en línea con el documento de la candidatura interna de Sánchez en las primarias de 2017– defendían "consolidar" el "Estado laico" con la denuncia de los Acuerdos con el Vaticano. "Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar", añadía.

En octubre de 2018, ya con el PSOE en el Gobierno y en lo que la perspectiva nos muestra como los coletazos de aquella inercia laicista, la entonces vicepresidenta Carmen Calvo comunicó al Vaticano que el Gobierno deseaba que la Iglesia pagase el IBI en los edificios ajenos al culto y a la actividad asistencial. Calvo llegaría a invitar a una "reflexión" sobre el modelo de casilla de la Iglesia del IRPF, abriendo un nuevo melón.

Del dicho al hecho en el Gobierno

¿En qué quedaron aquellas pretensiones? Hubo avances, pero a distancia sideral de lo que planteaba el primer Sánchez y dejando también incumplidos puntos del ya muy rebajado pacto del PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones de noviembre de 2019.

En realidad, el listón había empezó a bajar antes de los comicios de 2019, cuando el programa del PSOE ya no recogía medidas como el pago del IBI de la Iglesia, que se cayó también de las resoluciones del 40º Congreso. Sí lo mantenían Podemos e IU, pero no entró en el acuerdo de gobierno. También en 2019 el PSOE borró la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, que los socialistas ahora sólo quieren revisar en "diálogo con la Iglesia" y "buscando el consenso". Lo que estaba ocurriendo no era más que la reposición de un clásico: la bandera laicista es más fácil de llevar desde la oposición.

Así que la etapa 2018-2023 arroja un balance ambivalente. Por un lado, los obispos salvaron sus privilegios esenciales, ya que el Gobierno avaló el grueso de las inmatriculaciones, mantuvo la inmensa mayoría de las exenciones fiscales y no tocó la financiación vía casilla de la Iglesia –más de 300 millones públicos al año–, ni lo fundamental de su posición en la concertada, ni los Acuerdos con el Vaticano. Lo mollar, pues, a salvo. Además, la Ley de Libertad de Conciencia se quedó en el cajón, el cambio legal sobre inmatriculaciones no llegó a llevarse a cabo y se quedó sin completar la reforma de los delitos de expresión, que a priori iba a incluir la derogación de la ofensa contra los sentimientos religiosos.

Pero lo anterior es la parte en la que ponen énfasis los que ven el vaso de los avances laicistas medio vacío. También puede verse medio lleno. Sánchez puede presumir de haber sido el primer presidente en democracia con el que la Iglesia no aumentó sus privilegios ni conquistó otros nuevos, al mismo tiempo que extremaba la neutralidad de ceremonias civiles como las tomas de posesión y el funeral por las víctimas del covid.

Es más, el Gobierno completó un puñado de medidas: una mayor transparencia sobre los bienes inmatriculados; la pérdida de estatus académico de la asignatura de Religión; la retirada de unos 16 millones al año en exenciones fiscales; la supresión –establecida por ley, pero aún no culminada– de la financiación pública de educación que segrega por sexos, en su mayoría del Opus Dei... A todo ello hay que sumar el impulso desde la izquierda de la investigación del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia.

Pérdida de ambición

Valorada la anterior legislatura cuando Sánchez la dio por terminada, el portavoz de Europa Laica, Juan Antonio Aguilera, la consideraba "totalmente insuficiente". Ahora bien, vista con el acuerdo del PSOE y Sumar por delante, teme que sea mejor que lo que está por venir. "Lo que hizo el anterior gobierno fue incompleto e insatisfactorio, pero ahora nos sentimos ya defraudados desde el principio. Se han olvidado del tema", dice Aguilera, para quien la "falta de voluntad política" queda "claramente" expuesta con la ausencia de un compromiso de aprobación la Ley de Libertad de Conciencia, una asignatura pendiente del PSOE, donde hace años cunde el convencimiento de que la Ley de Libertad Religiosa de 1980 está obsoleta.

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José Luis Rodríguez Zapatero ya intentó sacar adelante una Ley de Libertad de Conciencia, pero la acabó metiendo en un cajón en una segunda legislatura (2008-2011) marcada por la crisis. Sánchez y Pablo Iglesias la rescataron en el acuerdo del PSOE y UP, pero no se aprobó ni como proyecto de ley. Ahora no figura en el programa PSOE-Sumar. Un dato revelador sobre el retroceso del protagonismo de esta materia: la norma tampoco estaba en los programas del PSOE ni de Sumar para el 23J. En el caso del PSOE, promete "políticas" por la "diversidad religiosa y de conciencia", sin aclarar más.

Tampoco está detallada en el programa del PSOE la referencia a la autofinanciación de la Iglesia, consistente en expresar el compromiso de seguir "trabajando" con la Conferencia Episcopal dentro del Acuerdo de Asuntos Económicos con el Vaticano para que la institución alcance "por sí misma" los "recursos suficientes" para sostenerse. Una formulación que no obliga a nada.

Sumar no dice nada de autofinanciación de la Iglesia en su programa, ni el tema aparece en el acuerdo de ambos partidos. Lo que sí está en el programa de Sumar es la exclusión de la asignatura de Religión del horario escolar, una de las medidas más radicales de las que aún sobreviven, aunque sea como propuesta de la fuerza menor del bloque progresista. Es sí, parece imposible que salga. No está en el programa del PSOE, que ya aparcó esta idea que sí defendía antes de llegar al Gobierno. Como es lógico, tampoco está en el acuerdo de ambos partidos para guiar la acción del Ejecutivo, cuya lectura no habrá inquietado demasiado a los altos dignatarios de la Iglesia.