La mayoría que suman el PP, Vox y Junts volverá a echar abajo en el pleno del Congreso, el próximo jueves, salvo sorpresa de última hora, el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, informa EFE.

Fuentes del Gobierno dan por hecho que el decreto caerá, pero aseguran que lo volverán a llevar al Consejo de Ministros y confían en que "a la tercera vaya la vencida".

La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que saliera adelante, pero el grupo que dirige Miriam Nogueras ha asegurado que volverá a votar en contra -como ya hizo el pasado 27 de enero-, por considerar que protege "okupaciones" e impagos que afectan a pequeños propietarios catalanes.

El decreto-ley "ómnibus" derogado el 27 de enero incluía la revalorización de las pensiones, que ahora el Ejecutivo ha separado en otro decreto.

Este también se votará el jueves y previsiblemente se convalidará por unanimidad, ya que el PP, Vox y Junts se comprometieron a apoyar la subida de las pensiones si iba en una norma distinta a la moratoria de los desahucios.

La revalorización de las pensiones para 2026 supone un alza general del 2,7 % (unos 50 euros mensuales), que llega al 7 % en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4 % en el de las no contributivas y del ingreso mínimo vital.

Esta subida ya la cobraron en enero los casi 13 millones de pensionistas, pero sin la convalidación del decreto no sería efectiva durante todo el año.

El decreto-ley de subida de las pensiones incluye otras medidas sociolaborales, como la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos y la exención a los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta, pero ya no contempla la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), dado que el Gobierno ha acordado una nueva subida con los sindicatos.

El decreto-ley que amplía la suspensión de los desahucios y lanzamientos de familia vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026 introduce como novedad, respecto a las prórrogas acordadas con anterioridad, que la suspensión no se aplicará a aquellos arrendadores que sean propietarios de dos o menos viviendas.

También refuerza el sistema de compensaciones a los pequeños propietarios afectados por la moratoria.

El Ministerio de Vivienda hizo estas concesiones al PNV y a Junts a cambio de su apoyo, pero el grupo catalán volvió a anunciar su voto en contra tras leer la "letra pequeña".

Este decreto, que afecta a unas 60.000 familias desahuciadas, incluye otras medidas del llamado "escudo social", como la prórroga también hasta el 31 de diciembre del corte de suministros básicos y de los descuentos del bono social eléctrico.

También incluye los incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Asimismo prorroga la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales, de manera que no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.

Es habitual escuchar el relato oficial que ensalza las supuestas bondades del emprendimiento, del trabajo autónomo como expresión de lo mejor de cada casa. Sin embargo, más de 3,4 millones de personas autónomas que trabajan cada día en nuestro país saben que esa historia épica de éxito sobre individuos hechos a sí mismos, que empezaron en un garaje hasta alcanzar el éxito, no se corresponde con la realidad. Lo mismo ocurre con el mantra del “sé tu propio jefe”, que oculta las aristas y no muestra la precariedad que reflejan las cifras.

Basta recordar que el 57% del colectivo obtiene ingresos que oscilan en el entorno del salario mínimo o menos; que la pensión media de jubilación de un autónomo alcanza un 40% menos que la del régimen general, y es hasta un 55% inferior en el caso de las mujeres autónomas respecto a los hombres asalariados; o que, en esta radiografía, la edad desempeña un papel fundamental en la configuración del trabajo autónomo. El grupo más numeroso se concentra entre los 46 y los 55 años (31,7%), seguido por el de 56 a 65 años (24%), lo cual confirma que el trabajo autónomo sigue funcionando como una especie de ‘refugio’ para quienes atraviesan una etapa de vulnerabilidad, en un contexto en el que las empresas continúan priorizando a las personas jóvenes y desprotegiendo a las mayores. Por ello, es imprescindible reformar nuestro sistema de cotización a la Seguridad Social para poner fin a la incomprensible situación de desprotección que arrastramos desde hace décadas y al desequilibrio entre lo que cotizan quienes pueden hacerlo con holgura y quienes no llegan.

Por estas circunstancias las organizaciones de autónomos firmamos un acuerdo en 2022 que se transformó en ley y que pretendía ir acercando las cotizaciones a los ingresos reales y aumentar la protección en tantos aspectos en que aún hoy no nos alcanza. Lo hicimos señalando una senda de nueve años, demasiado larga para alguna de nosotras, pero en aras de transformar el sistema y de producir un evidente cambio cultural accedimos a tal reforma.

Este año que se anuncia es el indicado para hacer una primera revisión. Lo razonable sería avanzar hacia un sistema basado en la capacidad económica de cada cotizante y traducido en cuotas justas. Sin embargo, los planes actuales proponen un esquema de tramos de ingresos que mantiene una elevada barrera de entrada para las y los autónomos más precarios. En la práctica, se sigue castigando a quienes menos ganan y beneficiando a quienes más ingresan. Con la propuesta actual, una persona autónoma que gana menos de 670 euros pagará un 30% de sus ingresos, mientras que otra que gana 6.000 euros o más abonará solo el 8,8%. Las rentas más altas ni siquiera actualizan sus cuotas conforme al IPC. No podemos seguir avanzando en esa dirección. El horizonte debe fijarse en un sistema de cotización por ingresos reales que, al menos de forma transitoria, reduzca las cuotas de los tramos bajos, mantenga las de los tramos medios y aumente las de los más altos. Se llama progresividad, se llama solidaridad y se llama política útil.

Es ineludible además abordar la protección social. Esta cuestión es clave para reducir la precariedad del colectivo. Urge reformar el cese de actividad y facilitar su acceso: hoy se rechazan más del 60% de las solicitudes porque se exige acreditar una disminución significativa de ingresos, pérdidas y deudas. Estas condiciones carecen de sentido para un colectivo formado mayoritariamente por personas físicas sin trabajadores asalariados y menos aun tratándose de prestaciones contributivas, que son rentas sustitutivas por un periodo determinado hasta retomar la actividad. A las y los asalariados no se les exige estar en la ruina para cobrar el paro, ¿por qué sí a las y los autónomos? ¿Por qué aún no se ha implantado el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuando sí existe para las y los asalariados? En aras de que cada palo sujete su vela, recordemos que los subsidios dependen del ministerio de Trabajo, extremadamente rápido para exigir a otros departamentos, y ciego y sordo a las demandas de los trabajadores por cuenta propia.

El Gobierno tiene ante sí una oportunidad histórica para que más de 3,4 millones de trabajadoras y trabajadores autónomos en España dejen de situarse en los márgenes del Estado del bienestar. Es posible cambiar el rumbo de los planteamientos iniciales y atender el hartazgo de un colectivo que ya no representa una realidad periférica, sino estructural, en el mundo del trabajo. Porque hay demasiadas cosas que no son como nos contaron. Porque queremos cuotas justas y más derechos y no vamos a ceder en el esfuerzo.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

El Ministerio de Inclusión ha retirado la propuesta de subida trianual de las cuotas para los autónomos y ha planteado un alza "prudente" y sólo para 2026 que parte de la congelación para los tramos más bajos y subidas simbólicas de entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para el resto, informa EFE.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha explicado este lunes que, a la vista de las críticas generadas dentro y fuera del diálogo social, se propone dar un "paso más prudente en 2026" con subidas que oscilan entre el 1% y el 2,5% para los rendimientos superiores a los 1.166,7 euros y hasta los 6.000 euros mensuales.

Estos incrementos de cuotas equivalen a subidas de entre 2,5 y 14,75 euros al mes, muy por debajo de los entre 11 y 207 euros que la anterior propuesta recogía para el próximo año, según cálculos de la asociación de autónomos UPTA.

Junto a esto, se congelan las cuotas de la tabla reducida, la de aquellos con rendimientos de hasta 1.166,7 euros mensuales, que abonarán entre 200 y 260 euros.

El nuevo planteamiento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que debía buscar un acuerdo para las cuotas de los autónomos de los tres próximos años, trata de lograr un consenso al menos para 2026 "a la vista de las valoraciones que han hecho los miembros de la mesa y otros actores".

La propuesta presentada la semana pasada había generado multitud de críticas, no sólo entre los agentes sociales y asociaciones de autónomos sino también entre los grupos políticos a un lado y otro del arco parlamentario.

Además de esta nueva propuesta de cuotas, Suárez ha dicho que se trabaja en modificar algunos problemas detectados en la regularización de cuotas del 2023 así como en la protección social.

Así, se quiere actuar sobre el cese de actividad favoreciendo el reconocimiento "rápido y homogéneo" de la prestación así como mejorar la prestación por nacimiento y para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. La previsión es volver a reunión la mesa de diálogo social la próxima semana.

Desde las asociaciones de autónomos hay disparidad de opiniones y, mientras algunos como ATA parece relativamente satisfecho con las nuevas cuotas, otros como UPTA piden elevarlas más a los que más ganen, algo que en lo que coincide UATAE, que además reclama una rebaja para los de menores ingresos.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, que la semana pasada cargó con dureza contra la propuesta, ha advertido a Inclusión de que, si quiere que las apoye, debe mejorar avanzar en la equiparación de la protección social del colectivo con la de los asalariados.

"Los que dicen que hay que cotizar más para tener más protección social se equivocan" porque "la protección social es un derecho", ha añadido Amor que ha reclamado subsidio para mayores de 52 años o permisos por lactancia, entre otras mejoras.

Por su parte, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha valorado la congelación de los tramos de cotización con menores ingresos pero ha considerado que el Gobierno "ha perdido una gran ocasión para que los tramos de cotización altos (..) tuvieran una subida mayor".

La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, ha pedido al Ministerio de Inclusión que baje y no congele las cuotas a los autónomos que menores ingresos tienen, en tanto que las mantenga en los tramos medios y las aumente en los superiores.

Los sindicatos UGT y CCOO también han cuestionado la nueva propuesta porque se ciñe solo a 2026 y es poco ambiciosa, sobre todo para los que tienen rendimientos superiores.

En el ámbito político, Sumar ha celebrado que sus socios de Gobierno del PSOE les hayan "escuchado" y hayan "rectificado" su propuesta sobre las cuotas de autónomos y presentado una nueva. "Bienvenido el cambio de posición del ministerio de Inclusión", ha celebrado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Podemos ha sido ido más allá y ha dicho que si el Gobierno quiere contar con los votos de los cuatro diputados de la formación morada no puede haber "nada de congelación".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que el dinero de los autónomos "no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas" y se ha comprometido a poner en marcha un plan integral para este colectivo que bajará los impuestos, reducirá burocracia y facilitará el relevo generacional.

En un acto con autónomos y empresarios en Soria junto al presidente de la Junta de Castilla y León y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP provincial, Benito Serrano, Feijóo se ha referido a la subida de la cuota de autónomos anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado que se trata de la décima en la legislatura.

"Entiendo la rabia de quien paga para que otro se lo lleve", ha indicado el líder del PP por esta subida, que ha considerado un "atropello", y ha explicado que su partido lleva trabajando meses en un plan integral para los autónomos, que en la actualidad están "perfeccionando", y que implementarán cuando lleguen al Gobierno.

Un plan que se une, ha dicho, a las medidas que el PP ha presentado ya en el Senado y sobre las que el resto de partidos tendrán que decir "si están con los autónomos o están con los sablazos del Gobierno".

Un gobierno al que ha pedido que "deje de tratar a la gente trabajadora y honrada como un cajero automático o como delincuentes cuando consiguen prosperar" ya que los delincuentes son "los que viven a costa de los trabajadores llevándose el dinero público a sus casas".

Su plan integral, ha explicado, contempla bajar los impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación y el relevo generacional para este colectivo de más de tres millones de trabajadores autónomos que ha considerado que son prioritarios.

"Bajar los impuestos no es una opción, es una obligación", ha incidido Feijóo, que ha anunciado que su plan eximirá del pago de IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales.

Una medida -ha señalado- sobre la que el autónomo podrá decidir si rebaja el importe del IVA al cliente o bien si ese importe se lo queda manteniendo los gastos corrientes de su negocio.

También ha dicho que los autónomos no pueden pasar más tiempo gestionando su papeleo que haciendo su trabajo y por eso su plan incluye una sola declaración de IVA al año, en lugar de una trimestral como en la actualidad.

Sobre el relevo generacional, ha recalcado que ampliarán la figura del autónomo colaborador a los no familiares en caso de sucesión, de tal forma que pagarán una cotización conjunta en los 5 años previos a la jubilación.

También se ha referido al plan de inmigración presentado por el PP: "Para venir a España has de venir a trabajar, has de venir a cotizar, has de venir a aportar, has de cumplir las leyes que cumplimos los españoles y si eso es así, serás bienvenido. Pero si vienes a vivir de los impuestos de los que trabajan, si vienes a incumplir las leyes que nosotros estamos obligados a cumplir, y si vienes a delinquir te tienes que ir", ha recalcado.

En su intervención, ha dado la enhorabuena al presidente de la Junta de Castilla y León por presentar el presupuesto para 2026 frente, ha señalado, a un Gobierno central que no lo ha hecho en toda la legislatura.

¡Albricias! ¡Sapristi! Camaradas, hinchad el pecho: crecemos como nadie. El premio nos lo ha dado el Fondo Monetario Internacional. Casi un tres por ciento, válgame el señor. «Soy español, ¿a qué quieres que te gane?». Por los corrillos no se mienta otra cosa: toca amarrar a los perros con longanizas. Suma y sigue: ¿han leído el último informe de recaudación tributaria? La prosa, amenísima. Resulta que las arcas del fisco han engordado este agosto un diez por ciento más que el pasado. Veintisiete mil cuatrocientos noventa y siete millones. Calderilla.

Nuestro benéfico Gobierno, queriendo hacernos partícipes del regocijo macroeconómico, ha anunciado una nueva subida de la cuota de autónomos. La medida es reconfortante: por un módico tercio de sus impuestos, los que facturen menos de seiscientos setenta euros al mes podrán contribuir al despegue económico patrio. ¡Que nadie se sienta excluido de la bonanza!

Puede que las decisiones del gobierno más progresista de la historia requieran —para comprenderse— que uno se encarame a la atalaya de la historia; pero temiendo que el porvenir me pille cadáver, rogaría que alguien me explicase por qué la misma gente que asegura que los asalariados merecen un jornal de mil euros quiere convencernos de que los más menesterosos de nuestro gremio pueden apañárselas tranquilamente con los cuatrocientos eurillos que les quedarán tras ponerse en paz con la seguridad social.

Uno tiene que haber hecho algo terrible en alguna vida pretérita para terminar en este purgatorio de trimestrales y devengos. Terrible, digo, cuando hasta el fulano que comanda la UGT (derechita a la irrelevancia) aplaude nuestra desgracia. «Es por las pensiones», nos aseguran. Imagino que mi casero, el que compró seis pisos en los ochenta, estará pasando una jubilación estrechísima. No sé cómo se sostiene un país en el que el pensionista medio ingresa más que el trabajador mediocre, pero supongo que quien miente esa bicha palma en las elecciones.

Esta semana leíamos que el censo de trabajadores por cuenta propia registra mínimos históricos. Increíble, ¿verdad? Con lo apetecible que está ser tu propio jefe. Dan ganas de convocar una huelga de desgraciados: estamos bien repartidos aunque no seamos muchos. Tengo la consigna: no pararemos el país, ¡pero lo entorpeceremos muchísimo! Una heroica jornada de mercerías cerradas y de ultramarinos a media asta. Los periódicos, donde el que nos es becario ni está en plantilla, saldrían delgadísimos esa mañana. Los artistas, en la espera eterna de su estatuto, dejarían descansar las gubias y los pinceles. Los taxis reposarían en sus cocheras y los fontaneros caminarían con las manos caídas.

Como soy gilipollas, llevo un quinquenio sin saltarme una cuota aunque haya meses en que declare pérdidas. Pienso que redundará en el bien común que todos aportemos nuestra parte (¿les he dicho ya que soy imbécil?). Hace unos años, la benemérita agencia tributaria me armó una inspección por haber pagado el IVA cuando tocaba: la factura, dirigida a una administración, me fue abonada tras medio año de retraso y, de paso, contabilizada en el trimestre incorrecto. El día que terminaron las pesquisas dijeron en el telediario que los mangoneos pecuniarios del rey Juan Carlos habían prescrito. Mis trescientos diez euros (¡pagados, insisto!) hicieron saltar un centinela al que se le pasaron nosecuantos milloncejos eméritos. Sé que una cosa no tiene relación con la otra, pero manda narices que el anuncio del último giro de tuerca venga en medio de las disquisiciones ministeriales sobre si es buena o mala idea que los partidos suelten a sus acólitos sobres llenos de billetes.

El Ministerio de Seguridad Social anunció este lunes una nueva escala de cotización para los trabajadores autónomos. La propuesta, que abarca 2026, 2027 y 2028, modifica los tramos mínimos de cotización elevando las cuotas entre 11 y 206 euros anuales para el próximo año. La medida ha provocado las críticas de la oposición y también la de los propios socios del Gobierno.

Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que “no compartían” la medida e insistió en que “esta propuesta, si es cierta la que he conocido por los medios de comunicación, penaliza a las rentas inferiores”. Tanto Junts como Esquerra Republicana se han alineado en este rechazo y el Partido Popular ha hecho lo propio, como suele ocurrir cuando se abordan reformas fiscales. De un lado, los socios de Gobierno apelan a la progresividad fiscal y piden impuestos a las rentas altas. Del otro, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, acusaba al Ejecutivo de dar un “sablazo fiscal”. 

“Hay que crear una fiscalidad para los ricos y no tanto machacar a los trabajadores autónomos”, deslizaba Gabriel Rufián (ERC) en la sesión de control al Gobierno de este martes. Por su parte, Miriam Nogueras, de Junts, publicó en sus redes sociales un post en el que afirmaba: “Ni un voto de Junts irá a apretar más a los autónomos”.

Desde el Gobierno mantienen la posición y defienden que estas nuevas tablas responden a una reforma acordada hace tres años, cuando los agentes sociales firmaron un despliegue progresivo hasta 2032 del modelo de cotización por ingresos reales. “En 2022, autónomos, sindicatos y patronal firmaron un acuerdo para cotizar por ingresos reales, es decir, por lo que cobran. Un acuerdo que se ratificó en una ley, que por cierto salió gracias a los votos a favor el PP”, señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. 

En la práctica, la medida eleva las cotizaciones en todos los tramos. Para 2026, por ejemplo, un trabajador con ingresos de entre 900 y 1.166 euros –menos del salario mínimo– tendría una cuota de 271,2 euros al mes, con una subida de 11 euros. En tramos superiores, por ejemplo, entre 1.700 y 1.850 euros, la cuota sería de 403 euros mensuales, con una subida de 33 euros. Y así hasta llegar a un aumento de 206 euros en los tramos con ingresos superiores a 6.000 euros, que pagarían una cuota de cerca de 800 euros. En los dos años sucesivos, estos tramos volverán a cambiar.

Desde el Ejecutivo se defienden señalando que este acuerdo se instauró atendiendo a que las pensiones y las prestaciones por baja o desempleo de este colectivo eran muy inferiores a la media y esta era la forma de elevar el importe de las mismas. En el fondo del debate, además de las pensiones, ha surgido el dilema de la progresividad fiscal y si el sistema exige realmente más a quienes más tienen o, por el contrario, es injusto con las rentas más bajas. 

Este es uno de los puntos que atacan desde Sumar. De hecho, señalan que las microempresas (con menos de diez trabajadores) pagan un tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 16,5%, las pequeñas (con entre 10 y 49 empleados) pagan un 18,1%, las medianas abonan un 15,9% y las grandes, tan solo un 5%. “Ya hemos conseguido el mínimo 15% para multinacionales; ahora hay que reformar el Impuesto de Sociedades para acabar con esta injusticia”, señalan desde el ministerio de Trabajo. 

“Es un reflejo de cómo las personas con grandes patrimonios —que no son los autónomos— o personas con grandes fortunas, no tributan lo que corresponde a su renta o a su patrimonio, conforme dice la Constitución: con progresividad”, señala José María Mollinedo, economista del Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha). “No se puede decir que el sistema no sea progresivo, pero no lo es con toda la potencia con la que debería”, señala en referencia a las diferencias tributarias que se dan con las grandes empresas. “Esa progresividad queda partida”, concluye.

Mollinedo explica que el diseño del Impuesto de Sociedades favorece a las grandes compañías frente a los de menor tamaño. El experto apunta que el tipo efectivo de los grandes grupos societarios fue en 2023, último dato disponible, de un 7,24%, mientras que las empresas de menor tamaño que no forman parte de grandes conglomerados rondan el 18%. Y es este punto el que ha suscitado más quejas desde los socios del Gobierno.

En España hay un total de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, según el último dato oficial disponible, relativo a agosto. Por sector de actividad son los servicios los que más autónomos agrupan (2,5 millones), seguidos de la construcción con 421.000 y de agricultura (264.400) e industria (207.700). Según las mismas estadísticas, en agosto de 2025, 2,1 millones de trabajadores autónomos (61,6%) cotizaron por una base de cotización entre 1 y 1,5 la base mínima, seguidos de los que cotizan por la base mínima: 721.599 trabajadores (21,1%). Es decir, la gran mayoría se agrupan en la parte baja de la tabla, donde las rentas son menores. 

Sobre las pensiones y las prestaciones que recibe este grupo de trabajadores, los datos son reveladores de sus niveles de renta. El importe medio de las pensiones por jubilación en España ascendió a 1.508 euros al mes, pero si se observa lo que cobran los autónomos, la pensión se desploma en casi 600 euros, hasta una mensualidad de 910 euros en septiembre.

“Era de esperar que esta reforma se produjera, porque se aprobó en 2022, pero el debate está en si tiene que ser en los porcentajes y en las cantidades que se han expresado. Sobre todo, porque probablemente sería necesario en estos momentos apostar más por una mayor progresividad”, señala Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de la confederación de pequeñas empresas catalanas, Pimec.  

En el fondo del debate está la justicia del sistema fiscal y cómo pueden salvarse estos aumentos que, si bien están destinados a engordar las pensiones, pueden comprometer el poder adquisitivo de los trabajadores en el presente. Otro punto que han propuesto desde el ministerio de Trabajo es un cambio en la forma de abonar el IVA, de manera que los autónomos y microempresas no tengan que pagar este impuesto hasta que no cobren ellos mismos la factura. “No tiene sentido que un autónomo pague el IVA de una factura antes de cobrarla. No es justo”, señaló Díaz durante un desayuno informativo a Europa Press. Además, también proponen que, en caso de pequeños autónomos y microempresas con facturaciones por debajo de 85.000 euros, solo tengan que hacer una declaración informativa anual.

Por el momento la medida está en la mesa de diálogo social, donde también se sientan los sindicatos y la patronal. La ministra Saiz, que ha recibido críticas a izquierda y derecha durante la sesión de control de este miércoles, ha pedido “tranquilidad” y “sosiego”, aunque por el momento no ha movido su postura.

PP, Vox y Junts han dejado claro este martes su rechazo a la propuesta de subida de cuotas para 2026 para los autónomos planteada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la que también se ha desmarcado Sumar.

"Ni un solo voto de Junts irá a apretar más a los autónomos. Lo que hace falta es rebajar la presión fiscal en las clases medias y trabajadoras de Catalunya", ha dejado claro la diputada de Junts Miriam Nogueras en X.

Un rechazo que ayer también avanzó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que comparte Vox.

"Se ve que todavía no es suficiente y quieren subirle todavía más la cuota a los autónomos, que son los que sostienen este país, porque España se sostiene gracias a la gente que levanta la persiana", ha subrayado esta mañana la diputada de Vox, Pepa Millán.

Y el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2026 incluye una ayuda de al menos 300 euros por cotizante para paliar una posible subida de las cuotas de los trabajadores autónomos.

La propuesta también ha generado dudas en el seno del Gobierno de coalición y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha desmarcado de la propuesta planteada por el Ministerio de la socialista Elma Saiz.

"Si la propuesta es la que ha transcendido (...) desde Sumar no la compartimos (...) la progresividad empieza por abajo", ha declarado Díaz en La Sexta.

La propuesta que el Gobierno puso ayer en la mesa de negociación supone elevar en 17 euros la cuota más baja, hasta los 217,37 euros mensuales, y subir la más alta en 206 euros, hasta los 796,24 euros.

El planteamiento se enmarca en las negociaciones para pactar las cuotas de los autónomos para los próximos tres años en lo que supone el desarrollo de un acuerdo que todas las partes (Gobierno, patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos) cerraron para ir avanzando hacia un sistema en el que se cotice según ingresos.

El presidente de la asociación de autónomos (ATA), Lorenzo Amor, había asegurado esta mañana que está manteniendo reuniones con grupos parlamentarios para que rechacen el decreto de subida de las cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia que les presentó ayer el Gobierno.

"El decreto no va a llevar nuestro aval y espero que tampoco el del Congreso", ha añadido.

ATA, que considera la propuesta como un "sablazo", ha sido la asociación más crítica, mientras que UPTA ha señalado que la estudiarán para hacer más propuestas, entre ellas establecer un tramo inferior al más bajo, y UATAE ha apuntado que "no va en la línea adecuada" al interrumpir la reducción de cuotas para los de menores ingresos.

Por su parte, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) ha expresado "su rotundo rechazo a la propuesta".

Las negociaciones de esta mesa seguirán en las próximas semanas en aras de pactar ese nuevo esquema de cotización para los próximos tres años, así como las mejoras en la protección social del sistema.

Estos días muchos autónomos preparan todo el papeleo para presentar el IVA del trimestre. En julio hay de nuevo que ponerse al día con Hacienda. Así que ahí andan, viendo qué gastos se pueden deducir, qué pueden pelear para que no les sangren más de lo que ya lo hacen, cómo pueden seguir manteniendo a flote sus negocios a base de pelear y pelear sin que nadie les regale nada. 

Y me imagino que, a muchos, les habrá escocido la noticia que conocíamos esta semana. El número tres de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tenido que dimitir tras descubrirse los supuestos tejemanejes que se traía. Aceptaba presuntamente dinero a cambio de hacer una llamadita a Hacienda para que a tal o cual empresario se le cerrara la inspección y su consiguiente multa. ¡Boom! O sea, que esa Hacienda que mira con lupa cada ticket que le presenta un autónomo y que no le pasa ni una, también es arbitraria en sus decisiones y en sus inspecciones. En fin. 

Todo esto no hace más que ahondar en la sensación de hartazgo que se ha extendido esta semana. Esto de que un grupo de tipejos se ande enriqueciendo a cambio de hacer favores a los empresarios de siempre, a los que se lo pueden permitir, a los que devuelven favores, rompe el principio más básico de nuestra democracia: el de que todos somos iguales ante la ley (y, en este caso, ante Hacienda).

Estamos en un momento en el que la confianza es clave. Y, en esto, el Gobierno ahora mismo anda bastante cojo. Sus socios desconfían. La oposición ni te digo; siempre sembró la sombra de la duda, ha sido su arma política todos estos años (eso de que este Gobierno no era legítimo se ha repetido demasiadas veces). Y, lo más importante, la sociedad tampoco se fía. Pero ni de éstos ni de ninguno. Y aquí es donde deberíamos encender todas las alertas. Este pensamiento extendido de que todos son iguales abre el camino a que los populismos siembren a sus anchas en esa desconfianza. 

Es difícil con todo lo que vamos conociendo que esa idea no cuaje. Políticos como Íñigo Errejón, que hablaban de creer a las víctimas por encima de todo y que, después, en las horas oscuras de la noche, hacían justo lo contrario. Políticos que se rifaban las mujeres casi por catálogo y que en el hemiciclo hacían discursos elocuentes contra la prostitución. Y políticos como Cerdán, que minutos antes de conocerse ese informe demoledor de la UCO negaba la mayor. 

Mientras, miles de autónomos ahí siguen. Recabando estos días facturas y poniéndose al día, que toca cerrar trimestre mientras calculan cómo sobrevivir en ese mar de impuestos y pagos retrasados a los que les someten. Suerte. 

Hace años que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) pone "en cuestión" el fomento del empleo autónomo por parte de la Xunta debido a la excesiva rigurosidad y a los errores con los que gestiona sus subvenciones en ese ámbito. Ahora vuelve a hacerlo con una nueva sentencia que censura la "actitud" alejada de la "buena fe" de la Consellería de Emprego por exigir la devolución de una ayuda de cerca de 2.000 euros del denominado Bono de las personas autónomas por no invertirlos antes de la fecha límite, a pesar de que la propia institución no había pagado al afectado el supuesto "anticipo" de la subvención hasta después de esa fecha.

Según el relato de los hechos que hace la sentencia del TSXG, hecha pública en los últimos días, el solicitante pidió el Bono de las personas autónomas de 2022 el primer día en que se abrió la convocatoria, el 14 de enero, para invertir en mejoras estéticas en un local y en la compra de un ordenador. No fue hasta 10 meses más tarde, el 10 de noviembre, cuando le concedieron la ayuda, que aceptó apenas una semana después, el día 18.

La convocatoria de las ayudas contemplaba que los beneficiarios debían pagar las inversiones realizadas antes del 5 de diciembre. Y también incluía que "con la aceptación de la subvención se realizará el pago anticipado". Sin embargo, a pesar de aceptar la subvención el 18 de noviembre, apenas una semana después de que la Xunta la concediera y 10 meses después de solicitarla, el pago supuestamente "anticipado" no se realizó hasta el 15 de diciembre, diez días después del límite para hacer la inversión y solo cinco días antes del límite para entregar toda la documentación justificativa, fijado en el 20 de diciembre.

Con plazos tan ajustados, el beneficiario presentó el día antes de que finalizara el plazo de justificación, el 19 de diciembre, la factura y el certificado de pago de las inversiones realizadas con fecha del 7 de diciembre, antes incluso de recibir el "anticipo" de la Xunta, pero dos días después del límite fijado por esta para hacer las inversiones. Aún sería más de un año después, en enero de 2024, cuando la Consellería de Emprego le requirió que devolviera los 2.000 euros de la subvención por no haberlos gastado a tiempo.

Ante estos hechos, el tribunal destaca "el silencio, o la demora de la Administración en cumplir con el pago anticipado, que termina teniendo lugar en una fecha en la que ya ha concluido el plazo previsto para la justificación del gasto". "Es la propia Administración la que, con su actitud a la hora de cumplir con un pago anticipado, lo hace de forma tardía", critica el tribunal, que también califica la convocatoria de "confusa" al fijar el 20 de diciembre como límite "en todo caso" para la justificación de los gastos, abriendo la puerta a que los beneficiarios pudieran entender que podían realizarlos hasta esa fecha.

El TSXG también destaca que "nunca se puso en duda el buen fin de la subvención ni la correspondencia entre el gasto facturado y abonado con el objeto subvencionado". Así que acaba estableciendo el derecho del beneficiario a quedarse con los 2.000 euros de la ayuda "después de que la Administración actuase con un tono poco diligente, demorando el abono de lo que cualificara como 'pago anticipado'".

La sentencia ahora conocida es una más de las diversas que vienen condenando al Gobierno gallego por denegar o restringir subvenciones vinculadas al empleo a personas o empresas que tenían derecho a ellas. "Arbitrariedad", "falta de transparencia" o "extremo rigor formalista" son algunas de las expresiones con las que los tribunales han calificado las actuaciones del Gobierno gallego, llegando incluso a cuestionar el fomento del empleo autónomo "que tanto pregona" la Xunta.

Un rigor formalista con el que el Gobierno gallego dejó, por ejemplo, sin ayuda a un autónomo porque hizo un ingreso en un banco y no una transferencia, denegó una ayuda a otro autónomo con el argumento de que tenía deudas con Hacienda y, al mismo tiempo, le concedió otra subvención porque no las tenía, o impidió que una autónoma pudiera elegir la más favorable de entre dos subvenciones a las que tenía derecho.

El pasado 28 de abril se produjo un apagón de la energía eléctrica en nuestro país que ya todos conocemos, aunque aún no sepamos las causas. Puede que tardemos un tiempo en saber con exactitud el origen técnico o las razones humanas que estuvieron en la raíz de la crisis que nos dejó a oscuras unas horas, y las responsabilidades de carácter económico y político que de ellas se derivan en función de los evidentes daños causados. Sin embargo, a las pocas horas empezaron las declaraciones cargadas de cifras dibujando un drama colectivo que no deja de causar sonrojo. Cifras expuestas a modo de subasta en una lonja de pescado donde cada cual se aventuraba a lanzar al viento un cálculo de gastos ocasionados, aumentando en algunos miles de millones lo que hubiera dicho el anterior emisor.

Parece que la legitimidad de las cifras aportadas se basara en la muy científica formula de: y un huevo duro, más. Singularmente con relación a las perdidas en el trabajo autónomo, el espectáculo ha sido dantesco: unos valoraron el perjuicio en 1.300 millones, otros en 1.600, hay quien llegó a los 4.000, y todos ellos recurrieron con simpleza a un dato tan complejo como el PIB. ¿Cómo es posible que los autónomos —un colectivo que representa cerca del 15% del PIB— concentren más del 80% de las pérdidas estimadas por el apagón, o hasta el 100% de las mismas? ¿Qué modelo matemático permite esa alquimia?

Como representante del colectivo en un país que funciona gracias al trabajo autónomo, sé perfectamente que el corte eléctrico ha tenido consecuencias: comercios cerrados, alimentos echados a perder, citas médicas y talleres cancelados, repartidores parados, trabajadores digitales desconectados. Pero inflar cifras no nos hace más visibles, nos hace menos creíbles.

Atribuir a los autónomos unas pérdidas de 1.300 millones de euros en un solo día —en realidad, en unas pocas horas de apagón parcial— implica aceptar que una sola jornada del trabajo autónomo genera un tercio del PIB diario nacional. Y eso, con toda la simpatía y el reconocimiento del mundo por la épica de nuestro colectivo, simplemente no es cierto.

Tampoco fue un apagón uniforme. Cataluña y Andalucía recuperaron el servicio en menos de una hora, y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla ni siquiera lo sufrieron. Otras regiones estuvieron más tiempo sin suministro, pero ni siquiera en los peores casos se llegó al colapso. Y lo que no se facturó esa mañana, en muchos casos se reprogramó para la tarde o el día siguiente. Es lo que hacemos los autónomos siempre: cuando la vida se interrumpe, hay que remangarse y atender las necesidades.

Pensemos en los taxistas, por ejemplo, atendiendo sin cobrar las carreras a aquellos que no pudieran desplazarse mientras las VTC incrementaban desconsideradamente los precios –Cabify en Barcelona aumentó sus tarifas hasta un 300%–, iluminándonos sobre las diferencias en la respuesta de los distintos servicios de transporte ante situaciones de crisis.

¿Significa eso que no debemos alzar la voz? En absoluto. Pero nuestro grito debe ir acompañado de argumentos sólidos, datos contrastables y demandas realistas. No podemos construir política pública sobre titulares inflamables, a menos que nuestro objetivo sea generar alarma y contribuir al populismo colectivo.

Lo verdaderamente relevante de este apagón no es cuánto costó en euros, sino lo que evidenció: que el sistema eléctrico tiene fallos estructurales, que los planes de contingencia aún no están pensados para el autónomo y que el Estado no puede seguir tratándonos como una nota al pie de la economía, que necesitamos red. Porque mientras el discurso económico dominante mide la producción por horas de funcionamiento industrial, la vida por cuenta propia se mide en imprevistos superados.

No todo son sombras. Este incidente podría haber sido mucho peor. El suministro se restableció en unas horas en casi todo el país. No colapsaron los hospitales. España demostró que tiene infraestructuras capaces, técnicos formados y redes de respuesta más fuertes de lo que a veces creemos, por más que no nos resignemos y busquemos responsabilidades y formas de corrección. Y el colectivo de autónomos, una vez más, demostró que ni la oscuridad nos para.

Quizá esta sea la enseñanza de fondo: que no necesitamos inflar las cifras para reclamar lo que nos corresponde, y que la próxima vez que venga un apagón —eléctrico o económico— nos encuentre con un sistema que reconozca nuestra labor, respalde nuestras pérdidas y no nos obligue a exagerar para que nos escuchen. Quizás se evidencie así que quien pone su vida, su tranquilidad, su riesgo al servicio de lo común debe ser considerado también un trabajador con todos los derechos, toda la protección y todo el reconocimiento que merece desde lo público. Ojalá así sea.

Las mujeres autónomas ingresan un 30 % menos que los hombres y sufren una brecha en las pensiones del 41%, según Autónomas por la Igualdad, que denuncia que la falta de políticas específicas, el peso de los cuidados y el menor acceso a la financiación "condenan" a miles de ellas a la precariedad, recoge EFE.

El trabajo autónomo femenino está así más precarizado, tiene menor rentabilidad y continúa siendo invisible en las políticas públicas orientadas a acabar con este tipo de brecha, de acuerdo con el estudio publicado este sábado por el Día Europeo de la Igualdad Salarial, iniciativa a la que se ha sumado la patronal UATAE.

En un comunicado, tanto UATAE como Autónomas por la Igualdad ponen de relieve que las mujeres autónomas asumen una mayor carga de cuidados no remunerados, lo que reduce su capacidad de generación de ingresos y limita su crecimiento profesional.

Además, añaden, siguen encontrando más obstáculos en el acceso al crédito y la financiación, lo que las relega a sectores de menor rentabilidad y dificulta su desarrollo.

Para la secretaria general de UATAE, María José Landaburu, "es inadmisible que el discurso de la igualdad salarial siga dejando fuera a las autónomas, porque las políticas no pueden limitarse al trabajo asalariado".

Por ello, ambas organizaciones exigen la puesta en marcha de un subsidio por corresponsabilidad real, la implementación de criterios de igualdad en el acceso a financiación y ayudas públicas, y la incorporación del trabajo autónomo en las políticas de reducción de la brecha salarial.

La plataforma de entregas a domicilio Glovo cambiará su modelo de relaciones con los trabajadores en España, basado hasta ahora en contar con repartidores autónomos, y realizará contratos laborales. La compañía ha tomado esta decisión después de que una jueza de Barcelona comenzara a investigar si habían vulnerado los derechos de sus trabajadores. La jueza ha citado a declarar este martes como investigado al cofundador y consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre.

En un comunicado recogido por EFE, Glovo ha asegurado este lunes que ha dado este paso "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado" y ha anunciado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo.

La firma tecnológica ha apuntado que el cambio de modelo se llevará a cabo en todas las ciudades en las que realiza entregas, que superan las 900, y en todos las verticales de la aplicación, aunque no ha concretado ni cuándo tendrá lugar ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo. La compañía, además, ha subrayado que la nueva manera de operar no producirá cambios en la disponibilidad de repartidores, que garantiza que seguirá siendo "en cualquier momento del día", ni en los tiempos de entrega.

La mesa de diálogo con los agentes sociales estará abierta al resto de operadores del sector "para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados", ha señalado la compañía tecnológica.

Fundada en 2015, en Barcelona, Glovo ha afirmado que está comprometida "con el desarrollo de la economía digital" en España, y que este nuevo paso "refuerza y consolida" su proyecto en España.

La vicepresidenta segunda y ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, celebró este lunes como una victoria para la "democracia" el anuncio de Glovo. "Ninguna empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores", dijo a la prensa a su llegada a un consejo de Empleo a Bruselas.

Díaz recordó que España, además de aprobar la ley Rider a nivel nacional, impulsó la negociación en la Unión Europea de una directiva en ese sentido, y subrayó que un joven que transita "en bicicleta con un teléfono en la mano, en una ciudad cualquiera del mundo, en Nueva York, en Madrid, en Vigo, en Bruselas, en Berlín o donde fuera, no era un emprendedor".

"El principio de legalidad se impone y por fin, insisto, esta empresa va a regularizar y cumplir con sus obligaciones. Va a ser una regularización, una recaudación por un importe de 267 millones de euros y aparte el coste de las sanciones. Pero lo importante, insisto, es que por fin van a ser laborales estas personas en nuestro país", añadió.

La ministra de Empleo añadió que si ese cambio es posible en España también lo es en el conjunto de Europa y para otras empresas tecnológicas. "Vale la pena gobernar para hacer esto", dijo.

En cuanto al proceso penal abierto contra los directivos de Glovo, Díaz señaló que este sigue su curso y lo "resolverán los tribunales".

La investigación judicial contra Glovo se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó el pasado junio contra el responsable de la compañía de reparto por considerar que la compañía "suprime" los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos. Según el relato de la fiscalía, los repartidores "se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa".

La diligencias de investigación ordenadas por el ministerio público se produjeron a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió a su vez a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de octubre.

El ministerio público recuerda que es "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social".

Pasa de tanto en tanto y, normalmente, con el mismo patrón. Hacia el final de una comida opípara (la muerte no me pillará con el estómago vacío), a punto de enfilar los postres, alguno de los comensales se envalentona y me pregunta: «Oye, Joaquín, con lo que te gusta comer, ¿por qué no escribes sobre gastronomía?».

La cosa tiene su gracia: como me interesaba el arte, me hice crítico y mi afición a la ópera me ha costeado una década de pases de prensa. Antes, cuando era feliz, leía novelas y poesía; desde que empecé en el oficio, solo me trago ensayos. No recuerdo la última vez que, de paso por alguna ciudad, no me pegué un atracón de exposiciones para ver si de alguna terminaba sacando una paginita para alguna de mis colaboraciones. Ahora, mientras leen esta columna, me pillan disfrutando de un sábado de inauguraciones (a razón de quince exposiciones en una mañana); para las seis de la tarde, calculo, estaré odiando el arte.

Cobrando los jornales que nos pagan, que apenas dan para el alquiler y la cuota de autónomos, la autoexplotación no es un lujo del que uno pueda prescindir. Lo escribo para que conste: pienso domiciliarle mis recibos al próximo que me venga, oh revelación, con lo bien que me sentaría un descanso. No quiero entretenerme en lo mal que está la cosa, ni en la precariedad, la vivienda y si tiene sentido que, factures lo que factures, termines el mes palmando trescientos euros (porque, si miro mis números, prefiero que vuelva el diezmo). Todo eso se ha dicho mil veces, en artículos detalladísimos y requetebién argumentados que no le han importado a nadie. Prefiero detenerme en la consecuencia, patéticamente irónica, de este nuestro empleo: el asco que le estoy cogiendo a todo lo que me gustaba.

No recuerdo la última vez que me acerqué a un teatro, sala de conciertos o museo con la mera intención de disfrutar de lo que me encontrase. Conste: no voy al Prado con la intención de criticar a Rubens (estoy chalado, pero no tanto) pero la costumbre es una fuerza geológica y a poco que uno se relaja le salta el automático y se pone a buscar temas para algún articulillo, ensayito o conferencia. ¿Creen que exagero? Ni una micra: una vez terminé escribiendo sobre el nuevo marco de Las hilanderas, sin ser yo nada de eso.

Con esta que leen, esta semana llevo dos columnas, una hoja de sala, el remate de un ensayo para el catálogo de una exposición y una crítica de ópera; en los «descansos», corrijo el manuscrito de un libro que debí haber enviado hace un mes. ¿Vacaciones? Me han hablado muy bien de ellas, pero aún no he tenido el gusto. Y sí, no se me olvida la suerte que es tener faena, ni que estaría peor picando carbón en la mina; también quiero mandar mi más afectuoso saludo al abuelo de alguien que, en los comentarios, me contará que trabajaba dieciséis horas al día por dos cazos de lentejas al mes y jamás se quejó. Como dijo el diestro, tiene que haber gente pa’ tó, pero a ver si me cae el Euromillón y no vuelvo a juntar un sujeto con un predicado. Porque, ahora mismo, si me preguntan, detesto la totalidad de la literatura universal, el canon completo de las artes visuales, sonoras y etéreas, la filmografía de todos cuanto se han puesto tras una cámara empezando por los Lumière, el cómic, la música culta, la popular y la subsónica. Me queda, eso sí, el placer por los garbanzos, a los que, Dios mediante, espero no tener que dedicar nunca una línea.

Comunidades como Madrid y Andalucía presumen a menudo de ser líderes en autónomos. En concreto el presidente de la segunda, el popular Juanma Moreno, destacó el pasado noviembre el papel clave que, a su juicio, juega ese grupo de trabajadores en la creación de empleo y su contribución a una economía más ágil, más competitiva y que genere mayor prosperidad, al recoger en Madrid el Premio a la Iniciativa Institucional otorgado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la patronal de empleados por cuenta propia integrada en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

Los afiliados medios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) han sido en diciembre de 2023 un total de 3.344.368 en el conjunto del país -15.965 más que en 2022-, de los que 573.178 están radicados en Andalucía, donde ese mes hubo 7.698 altas, pero también 6.813 bajas, según se desprende del informe “Afiliados medios por Comunidades Autónomas Actividad Económica y Regímenes” del Ministerio de Inclusión. 

Pero los datos no avalan que tener más autónomos sea sinónimo de contar con la mejor economía. De hecho, la última actualización de la Contabilidad Regional de España llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) refleja que las regiones con menor Producto Interior Bruto (PIB) per cápita fueron Andalucía, con 21.091 euros, y Extremadura, con 21.343. La media nacional se situó en 28.162 euros por habitante y la de la Unión Europea (UE) en 35.440, es decir, la comunidad andaluza se desvió de ellas en 7.071 euros y 14.349, respectivamente.

Los autónomos son un colectivo que con frecuencia opera en una zona ambigua y con sombras. Un informe del Observatorio de la Fundación La Caixa, publicado en 2021, cifra en un 21,7% el "autoempleo involuntario" en España, lo que supone 4,8 puntos más de la media europea, colocada en el 16,9%. De acuerdo a este análisis, la incidencia de ese fenómeno es mayor entre los jóvenes, las personas con un bajo nivel educativo, los trabajadores del sector de la construcción y quienes tienen trabajos poco cualificados. Y es que ser autónomo no siempre es fácil. Durante la pandemia, que puso a hervir la esperanzas de muchos, la tasa de riesgo de pobreza asociada a esos empleados por cuenta propia se disparó un 40%. Según datos de la Oficina de Estadística de la UE, más conocida como Eurostat, tres de cada diez de estos trabajadores sufrieron esa situación precaria. España fue reseñada como el cuarto país con peor indicador de la Unión, tras Rumanía, Portugal y Estonia.

En la actualidad, los autónomos tampoco son optimistas respecto a su futuro inmediato. Solo uno de cada cinco, el 23,7%, afirma que su facturación aumentó en 2023. El 68,9% cree que su negocio se mantendrá igual o disminuirá en 2024 y el 16,2% augura que su actividad crecerá en el año que acaba de comenzar. El 57,1%, uno de cada dos, considera además que tendrá que subir precios los próximos meses para hacer frente al alza de los gastos. Son algunas de las conclusiones del barómetro de ATA y tal vez basadas en ellas hay otra: la mayoría anticipa que no ampliará su plantilla, únicamente el 8,2% baraja la posibilidad de contratar a lo largo de 2024.  

“Cualquier persona con sentido común, se preguntará si no es mejor tener empresas que autónomos”, dice el responsable de Economía del PSOE andaluz y diputado autonómico, Gaspar Llanes. Con los números que maneja en la mano dice que “Andalucía pierde más empresas que autónomos gana”. Advierte de que, desde 2018 han desaparecido “más de 16.000 empresas que tienen trabajadores y cotizan a la Seguridad Social”, mientras “los autónomos son una alternativa a la reforma laboral que están utilizando aún muchas empresas en ámbitos como la comunicación y el periodismo, los trabajos informáticos, la cultura, la dirección de áreas…”, enumera. Y encadena: “Incluso en restaurantes los hay porque no hay que indemnizarlos y tienen un régimen de prestaciones sociales prácticamente equiparado ya al Régimen General. En Andalucía, tristemente, se utiliza esta figura más que en otros sitios”, lamenta. Lo achaca en parte a que el Ejecutivo regional está favoreciéndolo “al hablar con tanta fuerza de esto”, de forma que “lo que está diciendo es ‘empresarios, usad el tema del autónomo y no los contratos laborales indefinidos que obliga la legislación’”.

Llanes desliza luego otra idea: “Es curioso que Andalucía tenga el doble de empresas por habitante que los países centrales de Europa, pero menos Producto Interior Bruto y menos riqueza”, asevera, en línea con lo que indica la información del INE. ¿Por qué? “Son microempresas y dentro del mundo empresarial, los autónomos son el 60 o el 70%”, responde. “En Marruecos también hay muchos autónomos y en la época de Franco los hubo y sólo 20.000 empresas. Ahora hay más de 500.000. Ese es el camino, el objetivo debe ser que los autónomos dejen de serlo para convertirse en empresas potentes”, apostilla.  

La alusión que el diputado hace a Marruecos no es baladí. Datos de la Organización Internacional del Trabajo, difundidos vía Banco Mundial, muestran que existe una correlación inversa entre la proporción de trabajadores autónomos y la renta de los países. En las economías con altos ingresos, solo el 12,4% de los empleados son independientes de media, mientras que en las de bajos, esta cifra asciende al 81,9%. Así mientras en Somalia o Camerún, el porcentaje de autónomos sobre el total de la población supera el 76%, con información ligada a 2018, en Japón o Alemania ronda el 10% y en Estados Unidos es del 6%.

“Andalucía”, dice el diputado, “es la tercera por la cola en autónomos en relación a la población -más de 8,4 millones de personas, según el INE- , es decir, el liderazgo no es tanto, sigue estando en el furgón de cola en términos relativos en relación al peso de los autónomos dentro de lo que es la estructura poblacional”, recalca. Reconoce que “es verdad que se ha avanzado”, pero incide en que “sigue estando ahí”. Otras fuentes de la órbita estadística confirman que, “si Andalucía es la comunidad autónoma con mayor población, es lógico que cuente en totales con la cantidad más elevada de autónomos. Para hacer comparaciones reales entre comunidades, hay que tener en cuenta la población de cada una de ellas”.

Llanes aporta otra referencia a su entender significativa: “La mayor parte de los nuevos autónomos declarantes, el 80%, no llega siquiera ni al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)". Insiste en que los guarismos a veces esconden “una reforma laboral encubierta y precaria” ligada a “buena parte de esos autónomos que están primándose por un Gobierno que es irresponsable porque realmente lo que tendría que hacer es incentivar el tamaño empresarial y la creación de empresas”, remata.

Otras fuentes de la oposición en Andalucía anotan que además “Moreno no siempre dice la verdad cuando habla de autónomos, en ocasiones exagera, como cuando dijo que Andalucía había superado a Cataluña en autónomos desde 2020. Y habría que preguntarse cuántos de ellos sobreviven como tal y cuánto tiempo”. Las estadísticas les dan la razón otra vez. Hay un cálculo simple: comparar los datos de la Seguridad Social con los de población del INE. Según el relativo a octubre de 2023, Cataluña tenía 70,1 autónomos por 1.000 habitantes, mientras que Andalucía tenía 66,5 y la primera ha superado a la segunda en términos relativos desde 2020. Aunque, en el mencionado mes de octubre, el territorio que registró una mayor tasa de esos trabajadores por habitante fue Baleares, que se elevó por encima del 82%. Y sobre la continuidad en el tiempo, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) han hecho notar que la realidad no es igual para todos y en 2023, "con casi 14.000 activos menos, se han cerrado 39 comercios al día", mientras "se han incorporado 22 profesionales cualificados, casi 8.000 más que en el ejercicio anterior".

María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), constata que “dos de cada tres autónomos lo son por necesidad más que por emprendimiento”. En su opinión hay una asociación ineludible: “El trabajo autónomo baja si sube el empleo y, cuando sube, es porque hay desempleo. Es un último recurso al que se recurre" a menudo "cuando no se encuentra otra opción”. Y esto sucede “en nuestro país, en toda Europa y en el mundo, por eso en los países en vías de desarrollo y en los más pobres, la proporción de ellos es mucho mayor”, explica. En Uatae han bautizado esta tendencia, que afecta en especial a las mujeres, como “trabajo refugio”, aunque también haya “personas que sí quieren desarrollar un proyecto propio”, precisa su secretaria general. Landaburu remacha que, “cuando se produce un repunte en una comunidad o en el conjunto del Estado" de este grupo de trabajadores "es porque el empleo falla” y hay otro “elemento a tener en cuenta” en torno a este asunto: la existencia de los llamados “falsos autónomos”.

"Realmente no lo son, las empresas los externalizan y, en cuanto pueden, abandonan esta situación o bien los saca la Inspección de Trabajo en sectores como las cárnicas, en falsas cooperativas, Glovo…”, ejemplifica. En cuanto a la precariedad que padece este colectivo, para Uatae es relevante "la infra protección en términos de pensiones". La pensión media por jubilación de los trabajadores por cuenta propia es de 703,4 euros, un 41,2% inferior a la media de los empleados por cuenta ajena y, dentro del espacio de los autónomos, la de las mujeres es un 26,5% menor a la de los hombres.

Sea su auge positivo o no, de lo que no hay duda es de que el Gobierno andaluz seguirá apostando por estos empleados. La consejería con competencias en la materia ha puesto ya a disposición de los autónomos que se dieron de alta en 2023 el trámite de solicitud online de la denominada 'Cuota Cero', que consiste en el "reintegro" de las cantidades pagadas durante el primer año de actividad, desde que se acogieran a la Tarifa Plana estatal, para quienes hayan cumplido los doce meses de alta. Por tanto, en este enero podrán pedirla quienes cursaron el alta en enero de 2023 y se hayan acogido a las reducciones especiales contempladas por la Seguridad Social.

La abogada María José Landaburu (Madrid, 1967) es la secretaria general de la Unión de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). Como representante de su sector es habitual verla participar en diferentes medios de comunicación, donde, además de plantear las reivindicaciones de su organización, defiende con firmeza posiciones progresistas a la hora de abordar los grandes retos de la política actual. En esta línea, ha publicado recientemente un libro, Derechos fundamentales, estado social y trabajo autónomo, "dirigido a cualquiera que quiera reflexionar sobre el hecho social del trabajo, el régimen jurídico que le afecta, la importancia de que mantengamos los derechos de los trabajadores como eje del proyecto político que tenemos del estado social y, luego, impedir que toda esa red de protección que nos dimos se deteriore, dejando en el vacío a tantos y tantos, a la mayoría social que somos personas trabajadoras".

"Los sindicatos hacen lo que deben: intentar que la inflación no se lleve por delante, no arrolle, a los trabajadores como está pasando hasta ahora. Y la postura de la CEOE, en mi opinión, está alejada de sus obligaciones constitucionales, porque debe representar a las personas empresarias, pero también acordar y conformar el diálogo social, que ha sido una de las estrategias más importantes para alcanzar el bienestar económico y social y la pacificación del conjunto de este país. Por lo tanto, entiendo que a veces los acuerdos son difíciles, pero no sentarse no es ninguna opción. Tienen un mandato constitucional de ejercer el diálogo social y de acordar, y también tienen la responsabilidad ética de no dejar a la gente atrás porque mientras ellos acumulan beneficios, otros no puedan llegar a fin de mes".

"La decisión que ha tomado Ferrovial tiene varias aristas. La argumentación de que en este país no existe seguridad jurídica es completamente falaz. A lo mejor lo que quieren es impunidad jurídica, una impunidad en la que han vivido décadas. Tenemos que saber que, en este país, se ha establecido una política de bonificaciones permanentes. Se ha hecho de todo: se les ha dado financiación pública o la política de los ERES y de los ERTES. Esta empresa en concreto, Ferrovial, ha vivido y crecido en buena parte gracias al esfuerzo de sus trabajadores, pero también a las ayudas públicas. Y luego se deslocalizan y no pasa nada. Y esto es lo que no puede ser. Deberíamos establecer una legislación mucho más potente en términos de no consentir este tipo de actitudes. La actuación de Ferrovial ha sido injusta en términos sociales y falaz en términos jurídicos".

"Con respecto al caso de corrupción más reciente que acabamos de conocer de un diputado del PSOE, es como una broma dentro de toda la mancha de corrupción que en este país se ha producido durante Gobiernos anteriores, en el cual partidos políticos enteros se han convertido en una máquina para hacer dinero, de autofinanciación y de ir a elecciones dopados. Ahora bien, cualquier partido tiene que ser absolutamente depurado porque la corrupción existe desde las primeras democracias griegas. Lo importante no es que se produzca, lo importante es que, cuando se conozca, se ataje. Cualquier atisbo de corrupción tiene que ser sancionado política, jurídica y socialmente. Me parece muy bien que se hayan adoptado medidas decididas para combatirlo, pero los partidos de la oposición también tienen todo el derecho y toda la legitimidad para pedir explicaciones. Ojo, y tienen el deber de actuar con la misma contundencia cuando les afecta".

"La verdad es que si uno se pone a pensar en la tormenta perfecta seguramente sea lo que ha pasado esta legislatura. En el futuro, se estudiará en los libros de historia porque es difícil que coincidan una pandemia mundial, una guerra y unas consecuencias económicas brutales. El escenario ha sido muy complicado para este Gobierno de coalición progresista. Lo importante es cómo se han abordado todas estas situaciones y se ha hecho protegiendo a la mayoría social, intentando establecer un escudo de protección que no dejara a nadie atrás. Y eso es lo importante en política: tener un programa claro, pero saber abordar las situaciones complejas que se puedan producir, sabiendo cuál es el objetivo, que es la sociedad. Considero que es el logro conjunto de un Gobierno que ha entendido que ese era su objetivo: mantener el máximo bienestar posible de la mayoría social".

"En nuestro país no tenemos cultura de coalición. Este es el primer Gobierno así que se produce en la democracia y tendemos a maximizar diferencias que son evidentes, reales y que, en mi opinión, también son necesarias. En este Ejecutivo hay distintas sensibilidades que obedecen a eso, a distintas maneras de ver el mundo, la sociedad y la política. y aun así son capaces de entender un objetivo que es común y que tiene que ser este: el progreso. Una mayoría progresista tiene que entender el progreso de la sociedad y creo que esto se ha hecho. A mí no me preocupan las diferencias, me preocuparía que no las hubiera porque eso significaría que uno mantiene su posición hasta que entra en coalición con otro y de repente la pierde. Y hay que saber que habrá cosas que se han hecho mejor o peor, pero este Gobierno ha contribuido de manera notable a transformar el país, especialmente en una situación tan crítica como la que hemos vivido en los últimos años".

"Es una obligación de toda la izquierda a la izquierda del PSOE llegar a acuerdos, no sólo de Yolanda Díaz. Es responsabilidad de los distintos espacios y sensibilidades, y creo, además, que lo van a hacer. Estoy segura de que Díaz es capaz de liderar ese proceso con generosidad y compromiso, y también los otros liderazgos que existen en ese espacio, porque son feministas. Al ser mujeres, honestamente, creo que serán capaces de llegar a acuerdos en beneficio de todos. A veces, en política y en la vida hay que saber ceder en determinados momentos en un objetivo común que es superior y, en este caso, es la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE y la conformación de un futuro Gobierno que también sea progresista y que esté dispuesto a seguir incidiendo en la mejora de las condiciones de vida de esta sociedad".

"No sé cómo Feijóo va a hacer para convencer a nadie de una moderación que no veo por ningún sitio. Más bien parece una permanente competición por pasarse y adelantarse por la derecha, tanto de las otras sensibilidades de su partido, la que representa Isabel Díaz Ayuso, como las del propio Vox. En términos de relato, las expresiones que vemos, las iniciativas legislativas que también analizamos y los acuerdos de coalición con la extrema derecha nos indican que la moderación no es la brújula que dirige el camino de Feijóo. Y esto nos tiene que preocupar porque cuando hablamos de derecha extrema o de extrema derecha, que es el camino que vamos viendo, nos estamos jugando cosas muy serias, no solamente en términos económicos, de bienestar, de las personas trabajadoras, sino de derechos sociales básicos".

"Este intento de moción de censura de Vox supone la expresión de algo que ellos alimentan: la falta de crédito y de respeto a las instituciones. La moción de censura, que es un instrumento constitucional, no sirve para hacer chanza, para competir entre partidos a ver quién es más de derechas o de izquierdas. Es un instrumento de censura de una acción del Gobierno y, además, nos tiene que enseñar cuál es la alternativa, porque se trata de una moción constructiva. Estos señores de Vox se lo han tomado como un acto meramente electoral para competir con el otro partido que está en su espacio, que es el PP. Honestamente, es un descrédito y una instrumentalización del Parlamento, que es la expresión de la voluntad popular que dice mucho de ellos como partido".

"Hasta ahora, los trabajadores autónomos elegían la base de cotización y, por lo tanto, su protección. Para muchos y muchas, pagar la cuota mínima era un enorme esfuerzo, en muchas ocasiones imposible. Para otros suponía pagar mucho menos de lo que era obligado. La diferencia entre un autónomo y un asalariado en términos de protección es enorme. En el ámbito de la jubilación, de la conciliación, de los despidos, de todos los ámbitos de la vida, la protección social del autónomo ha sido mínima. El cambio en el sistema de cotización, y también en el de protección, es que todas y todos vamos a poder acceder a prestaciones mejores y vamos a poder pagar menos cuando lo necesitemos y más cuando lo podamos hacer. Ha sido un logro muy importante. Hemos dado los primeros pasos y gasta que lleguemos al sistema de cotización por ingresos reales puro, pasarán años".

"En este momento estamos en un contexto de guerra y eso nos afecta muchísimo como actores económicos y sociales. Esa es la inmediatez. Ahora bien, a largo plazo tenemos otras cosas que deseamos y por las que estamos trabajando. Una, es la protección social: es muy importante que las personas cuando trabajen, cuando desarrollen su actividad, sea por cuenta ajena o por cuenta propia, estén protegidas. Los derechos de ciudadanía no los queremos perder. Es importante poder elegir a nuestros representantes, que hasta ahora nunca se ha podido llevar a efecto. Y, en el futuro, el mayor reto que abordamos junto con los trabajadores asalariados es exigir la dignidad en el trabajo. La dignidad supone que, en términos de salud, de conciliación, de protección, todos estos elementos que nos ampara la Constitución a todas y a todos, tenemos que pelear juntos por mantenerlos, por conquistar los que no hemos llegado y por impedir que no sean hurtados por otros grandes poderes".

"El 8 de marzo es una fecha clave para la mitad de este país que somos las mujeres. Y también para las trabajadoras autónomas porque tenemos un déficit histórico con respecto a las asalariadas y con respecto a los autónomos. Mientras las asalariadas tienen apenas cuatro puntos de diferencia de participación en el conjunto del mercado por cuenta ajena, las autónomas sólo somos una de cada tres. Nuestra presencia en el trabajo autónomo no se ha producido en condiciones de igualdad. Mayoritariamente, somos mujeres de más de 40 años, expulsadas del mercado laboral que ya han pasado la época de cuidados y que se incorporan a un proyecto por cuenta propia, pero por necesidad. Iniciar cualquier cosa a la desesperada no suele ser el mejor de los planes y ello conlleva todo tipo de dificultades. La lucha es un reto y una obligación. Hablo de la lucha por la igualdad en el trabajo y, por supuesto, también en el trabajo autónomo".

Avalmadrid vivió entre 2016 y 2021 unos años turbulentos. La sociedad de garantía recíproca madrileña pasó de ser una empresa dedicada a un trabajo muy técnico y poco conocido, proporcionar avales a pymes y autónomos para que los bancos les prestasen dinero, a situarse en el centro de una tormenta de escándalos que abrió el Banco de España, con un expediente sancionador por incumplir el control de riesgos, y culminó cuando se supo que había perdonado una deuda a los padres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como reveló infoLibre [Aquí puede leer las informaciones exclusivas publicadas].

En 2020, el Banco de España sancionó a Avalmadrid y a una quincena de sus consejeros y altos ejecutivos con multas que sumaron más de medio millón de euros por infracciones graves, algunas de ellas aún en fase de recurso. Mientras, la Asamblea de Madrid abría una comisión de investigación sobre las irregularidades y el trato de favor en los préstamos y avales que había concedido la sociedad de garantías entre 2007 y 2018.

Tras un año de comparecencias, la comisión concluyó que Avalmadrid había dado “un trato personalizado y preferente” a la empresa de los padres de la presidenta madrileña y que había llevado a cabo “una gestión negligente en el seguimiento y recobro” del aval de 400.000 euros que le otorgó. También estableció que la sociedad había sido utilizada como “una herramienta de salvamento y socorro de empresas y empresarios vinculados con el Partido Popular, “saltándose a tal efecto las normas internas, los requerimientos del Banco de España y una mínima conducta ética”.

A resultas de tanta agitación, desde 2018 Avalmadrid ha tenido cuatro presidentes y cuatro directores generales.

Pero la falta de diligencia se extendía más allá de la operativa financiera. También afectó a asuntos elementales como la protección de datos. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, Avalmadrid proporcionó a uno de sus directores generales, Jorge Morán Santor, para fines particulares, la base de datos de sus clientes, con registros de 3.564 pymes y autónomos a los que había concedido avales entre 2008 y 2015, así como la base SABI, que tiene contratada con la empresa Informa para uso interno. Lo hizo en dos ocasiones, en 2017 y en 2019, para que elaborara su tesis doctoral. Además, Morán Santor facilitó los datos a un profesor de la UNED, con quien firmó un artículo en una revista de economía, y a algunos de sus alumnos en Cunef –una institución universitaria de la patronal de banca que depende de la Complutense y donde imparte clases– para que redactaran dos Trabajos de Fin de Máster (TFM). Cuando Morán Santor solicitó por primera vez acceso a ambas bases de datos aún era director general de Avalmadrid; cuando repitió la petición, llevaba fuera de la sociedad poco más de un año.

La base SABI es un software con información de más de 2,9 millones de empresas españolas y 900.000 portuguesas que permite hacer análisis financieros, según describe Informa en su página web. En el caso de la base contratada por Avalmadrid, contenía 161.000 registros de empresas y autónomos de la Comunidad de Madrid. El objeto de la cesión al director general era cruzar la base de datos de clientes de Avalmadrid con la base SABI.

Entre la primera operación y la segunda, en diciembre de 2018, se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos, que incorporó al ordenamiento español el Reglamento de la UE de 2016 sobre la misma materia. Hasta entonces se aplicaba la ley de 1999, con un régimen muy similar de protección. Las dos diferencias básicas: en 2018 se eliminó el consentimiento tácito de los usuarios, que permitía el tratamiento de datos personales si no mediaba una autorización expresa, y se incorporó a los autónomos al ámbito de protección de la ley.

De acuerdo con el contenido de los correos a los que ha tenido acceso infoLibre, la información facilitada sobre los clientes de Avalmadrid incluía datos financieros, desde el importe del aval solicitado y el finalmente concedido hasta las cuotas pagadas, los fallidos, su periodo medio de pago a proveedores, el circulante, la plantilla o su deuda, entre otros. Y datos personales como el NIF o la fecha de nacimiento en el caso de los autónomos. Los Excel con toda esa información fueron suministrados por correo electrónico en varias ocasiones y con correcciones sucesivas según las iba pidiendo Jorge Morán. El 16 de enero de 2017 recibió un Excel con miles de registros, desglosados entre pymes y autónomos. Ninguno de ellos estaba anonimizado o seudonimizado, las dos técnicas que pudieron haberse utilizado para ocultar la identidad de los clientes de Avalmadrid. Con la primera, se elimina de forma irreversible la identificación del propietario del dato. Con la segunda, se sustituye su identidad por un alias o un seudónimo y es un proceso reversible.

Además, los datos de SABI fueron proporcionados al director general con una justificación falsa. Para analizarlos y elaborar un artículo que debía servir, a su vez, para sustentar la tesis doctoral de Jorge Morán, éste contrató a Rodrigo Martín García, un profesor de Economía de la UNED, donde el director general iba a presentar su trabajo de investigación. “Le he pasado la base de datos que tú me has generado y él tiene dudas que necesita ver contigo”, le dice Morán Santor al responsable de informática de Avalmadrid cuando pone a ambos en contacto el 22 de marzo de 2017. Un mes más tarde, el 27 de abril, el informático advierte a Morán y Martín de que la exportación que le permite hacer Informa de la base SABI es “limitada”. “Me han dicho que como algo excepcional pueden autorizarnos un usuario que permitiría realizar la extracción completa si justificamos el motivo de la extracción, les decimos exactamente qué campos queremos y nos comprometemos a no utilizar esos datos más que para uso interno”, les explica. “Os agradecería”, añade, “que me ayudarais con la justificación”.

Rodrigo Martín le responde asegurando que BvD –Bureau van Dijk, la matriz belga de Informa– “no funciona nada bien” e incluso “falta a la verdad cuando hace la labor comercial”. “Una vez que contrata, limita el acceso a los datos y cada vez utiliza una justificación o un requisito distinto. En realidad, no deberían pedir más compromiso que el de la no utilización comercial por nuestra parte de los datos”. “Pienso que se les puede justificar diciendo que es para un estudio acerca del impacto de la actividad de la entidad, que es exactamente lo que es”, sugiere, y pregunta al director general: “Jorge, ¿te parece bien?”. A continuación, este le pide al responsable de informática que se ponga en contacto con Informa. “Y si te ponen pegas, me vienes a ver para que veamos otras opciones”, concluye.

En efecto, el paper que publicaron Rodrigo Martín y Jorge Morán en junio de 2019 versa sobre los efectos que los avales públicos concedidos por Avalmadrid tuvieron sobre las inversiones y la actividad de las pymes en 2009 y 2011, cuando las restricciones al crédito por culpa de la crisis financiera eran máximas, y durante la fase de recuperación, entre 2012 y 2015. Los autores concluyen que esas garantías públicas funcionaron como un instrumento contracíclico –contrarrestaron los efectos negativos de la crisis–. Aunque el objeto de estudio era Avalmadrid, el artículo no fue encargado o pagado por la sociedad de garantías; su fin era únicamente servir como apoyo a la tesis doctoral del director general. Es decir, el uso que Martín y Morán dieron a la base SABI estaba lejos de ser “interno”.

infoLibre ha preguntado a Informa por esta cesión de los datos que había contratado con Avalmadrid y de la que niega “tener constancia”. “No hay registrada ninguna incidencia al respecto”, asegura un portavoz de la empresa. No obstante, según ha podido comprobar este periódico, en el contrato de licencia de uso de SABI que Informa suscribe con sus clientes, éstos se obligan a “no efectuar trabajos [con la base de datos], cualquiera que fuese la razón, en beneficio de terceros”, puesto que la información está “exclusivamente destinada al uso interno del cliente y por necesidades propias”. Tampoco pueden “utilizar, directa o indirectamente, la información contenida en SABI Informa para la prestación de servicios a terceros o en beneficio de alguna persona o entidad”. Ni pueden “borrar, modificar, desmontar, descompilar, traducir o crear trabajos derivados de SABI Informa sin el consentimiento por escrito de Informa”. Finalmente, como la base de datos incluye información confidencial, los clientes que la contratan “se comprometen a no divulgarla a ninguna persona física o jurídica ajena al objeto del contrato”.

Por tanto, Avalmadrid no sólo mintió a Informa sobre el destino de la extracción de datos, sino que además incumplió el contrato con el suministrador, tratando los datos, algunos de ellos confidenciales, y cediéndoselos a un tercero para un trabajo externo.

El 20 de octubre de 2020, Jorge Morán compareció en la comisión de investigación sobre Avalmadrid. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó quién le había autorizado a disponer de los datos de los clientes de la sociedad de garantías o si ese permiso se lo había “concedido a sí mismo”. El ex director general contestó que le había autorizado “la sociedad”, pero no precisó qué persona o cargo concreto. “No le puedo facilitar esa información”, repitió.

infoLibre también ha preguntado a Jorge Morán por los detalles de la cesión de las dos bases de datos. “Tanto para los TFM como para la tesis, incluyendo los estudios de investigación obligatorios o papers, fui autorizado por Avalmadrid con anterioridad a recibir la información, firmando un acuerdo de confidencialidad exclusivo y restrictivo relativo tanto al ámbito académico como de investigación”, explica. Avalmadrid, por su parte, se limita a responder que “todo [respecto a la cesión de las bases de datos] se hizo correctamente, está controlado y claro. No hay ninguna irregularidad de ningún empleado”. Este periódico ha pedido a la sociedad de garantías los acuerdos de confidencialidad mencionados por su ex director general, pero esta se ha negado a mostrarlos o a dar detalles sobre la fecha, la finalidad o los requisitos de esos documentos. “No podemos facilitar información interna”, sostienen.

Jorge Morán subraya que la información fue tratada “siempre en el contexto y bajo las exigencias de la autorización y el acuerdo de confidencialidad” que firmaron todos los que dispusieron de ella. Además, precisa que no recibió “remuneración o contraprestación alguna” por la “tutorización y supervisión de los TFM” de sus alumnos: Creación de un modelo de predicción de default para microempresas y emprendedores y Creación de valor a través de la gestión del riesgo: aproximación a un modelo de scoring. “Tanto los TFM como el paper publicados garantizan en todos sus extremos el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos”, zanja.

La tesis doctoral, que fue admitida en el programa de doctorado de la UNED en septiembre de 2014, también estudia la gestión de riesgos, pero en el sistema financiero español. Pese al tiempo transcurrido, Jorge Morán no la ha terminado. Abandonó Avalmadrid en febrero de 2018 y fichó por Aliseda, la gestora inmobiliaria del Banco Santander, como director corporativo de negocio. En abril del año pasado comenzó en Diglo Servicer, también del Santander, como director de formación y procesos de negocio, y de donde salió hace apenas un mes. En Cunef lleva dando clases 13 años. Morán Cantor es uno de los directivos de Avalmadrid que fueron sancionados en 2020 por el Banco de España. Tuvo que pagar una multa de 15.000 euros por una infración grave: incumplir los requirimientos del organismo supervisor en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo.

En abril de 2019, cuando ya trabajaba en Aliseda, pidió a su antigua empresa, Avalmadrid, que le actualizara los datos proporcionados dos años antes. Lo hizo a través del director financiero, Fernando de la Fuente, que es quien se encarga de solicitar la extracción de datos al departamento de informática. Pero en esta ocasión, a diferencia de la anterior, sí se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, o al menos un recibí de los datos de clientes avalados y de la base SABI entre 2016 y diciembre de 2018. En el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, se precisa que la información sólo podrá ser utilizada “con carácter exclusivo” en la investigación de Jorge Morán “en el contexto del doctorado en Economía y Empresa” que cursaba en la UNED. Además, el ex director general se comprometía a entregar a Avalmadrid el resultado de dicha investigación. El recibí está fechado el 9 de abril, pero el acuerdo de confidencialidad aún no está listo un mes después, según el contenido de los correos a los que ha tenido acceso este periódico. Por entonces, la asesora jurídica de Avalmadrid consulta aún con el delegado de protección de datos si pueden cederle los datos a Jorge Morán para su tesis. Este le replica que deben ser seudonimizados. El informático dice que les ha quitado el CIF y el nombre a los autónomos. “Supongo que la fecha de nacimiento sin un nombre o DNI que lo relacione no sería problema”, responde. Tampoco se elimina la fecha de constitución de las empresas.

Entonces también se envía el acuerdo de confidencialidad/recibí a la presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, para que lo firme. Rey García abandonó la sociedad en agosto de 2019. Desde octubre de ese año figura como socia directora de Control Management Solutions, una consultora financiera especializada en “estrategia, riesgos y gobierno corporativo” de la que es administrador único Jorge Morán. Al menos así aparece en su perfil de Linkedin. Sin embargo, Morán Santor asegura que la sociedad no tiene actividad y que sus únicos accionistas son él y su mujer. También dice que Rosario Rey incluyó esa referencia en Linkedin por "posicionamiento", pero que no ha hecho ningún trabajo en Control Management Solutions. Cuando se le pregunta si fue ella, como presidenta de Avalmadrid, quien le autorizó la cesión de las bases de datos, responde que no lo recuerda, pero que, en todo caso, la decisión correspondía a la Asesoría Jurídica. A través de esa sociedad, Morán Santor pagó en 2017 al profesor Rodrigo Martín 500 euros por su trabajo en el paper para el que ambos utilizaron los datos de Avalmadrid y SABI.

El 16 de mayo de 2019 el asunto aún seguía pendiente. Ese día interviene por primera vez Pedro Embid, el sucesor de Jorge Morán en la dirección general, quien pide a Fernando de la Fuente “la carta o email” donde el anterior solicitaba las bases de datos. El director financiero le contesta que la petición la hizo Morán Santor por Whatsapp. El 22 de mayo, Embid avisa a la asesora jurídica de que uno de los archivos que se van a proporcionar a Jorge Morán “no está innominado”. El día siguiente, el director general autoriza finalmente la cesión de las dos bases de datos “circunscribiéndola al trabajo académico (doctorado)”. Y, una hora más tarde, De la Fuente remite a Jorge Morán un enlace para que descargue la información.

Sin embargo, una semana después, la asesora jurídica tiene que hacer una nueva consulta, que esta vez hace extensiva a un experto de PB-Cap Consultores, especializados en compliance. Le dice que Jorge Morán pide que se le pasen los datos de los autónomos con el CIF y el DNI, tanto de la base de Avalmadrid como de SABI “para poder cruzarlas”. Unos datos que se habían suprimido. El experto descarta el cambio, “salvo que en los documentos que os firman vuestros clientes esté incluida la finalidad de la cesión de los datos”. “Sería una contravención del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos”, le advierte también el delegado de protección de datos, “a menos que en el consentimiento prestado [por los clientes] constara específicamente la autorización para ese fin, o se pudiera considerar que existe un interés público o legítimo que prevalece sobre el derecho a la privacidad del interesado”.

Y no es así. La asesora jurídica explica al director general, Pedro Embid, que no hay ningún “consentimiento expreso de los clientes para ceder sus datos con una finalidad académica” en las pólizas de afianzamiento que estos firman. Y que no se les puede pedir ahora a todos y cada uno de ellos esa autorización. De forma que, finalmente, es el informático de Avalmadrid quien cruza las dos bases de datos y así se las entregan a Jorge Morán el 31 de mayo de 2019, aún con las fechas de nacimiento de los autónomos y las fechas de constitución de las empresas.

Jorge Morán asegura a infoLibre que, como ha decidido abandonar la tesis, ha destruido los datos que le fueron proporcionados por su antigua empresa.

El director financiero de Avalmadrid, Fernando de la Fuente, también compareció el 20 de octubre de 2020 en la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Como a Jorge Morán, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si había “autorizado la cesión de datos personales y confidenciales de clientes de Avalmadrid a alguna tercera persona que no formaba parte de Avalmadrid”. “Nunca”, respondió De la Fuente. Mentir en una comisión parlamentaria está penado con entre seis meses y un año de prisión, le recordó el diputado.

[Con posterioridad a la publicación de esta información, Avalmadrid se ha dirigido a infoLibre para precisar que el director financiero “no mintió en su comparecencia del día 20 de octubre 2020 en la comisión de investigación, cuando a la pregunta del diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sobre si había 'autorizado la cesión de datos personales y confidenciales de clientes de Avalmadrid a alguna tercera persona que no formaba parte de Avalmadrid', respondió que 'nunca', dado que él no autorizó, sino que siguió indicaciones de su superior”].

infoLibre ha consultado a expertos en protección de datos sobre la actuación de Avalmadrid en este caso. El tratamiento de datos, incluidos los “corporativamente relevantes”, debe ser siempre notificado a los clientes. Incluso cruzar los datos, como hizo Avalmadrid, es una forma de tratarlos, explican: “Una empresa no puede disponer de los datos de sus clientes como si fuera su propietaria; lo fundamental es la transparencia, por lo que debe notificarles que los ha cedido o los ha tratado de cualquier manera”. Pero la sociedad de garantías madrileña no comunicó en ningún momento a sus clientes que había proporcionado sus datos a un tercero y que antes los había tratado. La Ley de Protección de Datos de 1999, que estaba vigente en 2017 cuando se hizo la primera cesión, ya establecía que el tratamiento por cuenta de terceros de esa información debe estar regulada en un contrato escrito. Y si ese tercero destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza incumpliendo las estipulaciones del contrato, comete una infracción.

Además, las empresas deben asegurarse de que han seguido todos los protocolos éticos “sin generar riesgos”. Porque la anonimización o seudonimización debe ser “robusta y confiable”. Y no siempre es así. Desde 2014 existe un código de buenas prácticas, elaborado por un grupo de trabajo de la Unión Europea, para reducir los riesgos de identificación que se producen al anonimizar y seudonimizar datos confidenciales. Por ejemplo, dejar la fecha de nacimiento, como hizo Avalmadrid, y reemplazar un nombre real por un seudónimo puede ser insuficiente para proteger la identidad de la persona que se pretende anonimizar. “La solución óptima debe adoptarse caso por caso”, recomienda ese dictamen.

Por otra parte, el Reglamento de la UE de 2016 restringe el tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos. Ese tratamiento debe tener en cuenta, entre otras cosas, “las expectativas razonables del interesado”, así como “la naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior y la existencia de garantías adecuadas tanto en la operación de tratamiento original como en la operación de tratamiento ulterior prevista”.

La norma comunitaria, que exige siempre un “tratamiento leal y transparente” de los datos, amplía las cautelas si una empresa pretende tratarlos para un fin que no sea aquel para el que los recogió: debe proporcionar al interesado, “antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y otra información necesaria”. Y esa información debe darse “en el momento en que se obtengan” los datos y antes de que se sometan a ese segundo tratamiento. Como queda dicho más arriba, la asesora jurídica de Avalmadrid reconoció que a sus clientes, en las pólizas, no se les había pedido autorización para un fin como el que dio a sus datos el director general. Tampoco se les informó cuando se cruzaron y cedieron a un tercero.

El reglamento es claro: el consentimiento del propietario de esa información, que debe darse “mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal”, debe cubrir todas las actividades de tratamiento cuando este tenga varios fines.

En definitiva, todas estas cautelas les fueron hurtadas a los clientes de Avalmadrid cuando cedieron sus datos.

Enero ha sido un mes negro para las empresas que mantienen su estructura de negocio sobre la contratación de falsos autónomos. El balance de enero incluye una multa a Glovo de 56,7 millones de euros por emplear falsos autónomos, una sentencia contra Amazon por mantener a repartidores en el mismo régimen y la entrega en vigor de una reforma del Código Penal que ahora contempla penas de cárcel por esta práctica. Febrero arranca en la misma línea: este jueves el Parlamento europeo ha reconocido la “presunción de asalariados” de los repartidores, lo que podría beneficiar a 28 millones de trabajadores de estas plataformas digitales.

“Por fin existe esta lucha contra la figura del falso autónomo”, declara a infoLibre María José Landaburu, portavoz de la Unión de Autónomos UATAE. “Es un cambio que se ha puesto en marcha en esta legislatura. Era una reivindicación histórica que la inspección actuara. Es negativo para los propios falsos autónomos, porque es evidente que les están hurtando derechos. Pero también supone una “competencia desleal" para el resto de trabajadores”, añade Landaburu.

La portavoz estima que aún existen alrededor de 250.000 falsos autónomos en España, aunque reconoce la dificultad de la estimación. Según ha podido conocer infoLibre con otra fuente conocedora de los datos, la mayor parte se concentra en tres sectores: transporte y almacenamiento (que incluye plataformas de reparto), actividades administrativas y servicios auxiliares y, por último, comercio al por mayor y por menor, incluyendo reparación de vehículos y bicicletas (talleres). 

La empresa española Glovo ha vuelto a ser multada en enero por la Inspección de Trabajo. Se le exigen 56,7 millones de euros. Trabajo sanciona a la plataforma tecnológica por emplear a 7.022 falsos autónomos y mantener a 813 trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo. En total, la factura de multas de Trabajo a Glovo asciende a 205,3 millones por incumplimientos de la ley que han afectado a 37.348 trabajadores. La ley rider, que entró en vigor en agosto de 2021 con el acuerdo de patronal y sindicatos, obliga a las plataformas de reparto a contratar a los asalariados.

“Esto es resultado de mucho tiempo, muchas denuncias de trabajadores, de muchas inspecciones, muchas actas… Ha sido un proceso largo hasta llegar a este momento”, celebra María José Landaburu, de la asociación de autónomos. El cambio es que ahora la ley rider reconoce la “presunción de laboralidad” de estos falsos autónomos.

Este martes, el Parlamento Europeo ha dado un paso en esta dirección. El organismo reconoce esta presunción para aquellos que trabajan como repartidores en las plataformas de mensajería, como Uber, Just Eat o Deliveroo. Esta última dejó de operar en España tras la aprobación de la ley rider.

“Esta situación no es exclusiva en este país. Es un fenómeno recurrente en aquellos países y lugares donde el trabajo autónomo es un chollo para las empresas. Si un repartidor no les gusta, basta con decir que mañana no vuelvan. Los autónomos no tenemos los mismos derechos como asalariados, como la sindicación, huelga, participar en comités, disfrute de vacaciones, bajas por enfermedad…”, lamenta la portavoz de UATAE. 

“De las empresas de reparto, la única que se ha puesto en rebeldía es Glovo, el resto ha incorporado a sus trabajadores”, añade Landaburu. Según cifras del Ministerio de Trabajo, en España se han regularizado más de 80.000 autónomos desde el año 2020; la mitad, en 2022, lo que supone una cifra récord para un solo año. 

En los últimos días, el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid ha condenado a Amazon por mantener a 2.166 repartidores como falsos autónomos que, según la mencionada ley rider, también tendrían que haber sido contratados. La tecnológica emplea el método que presenta como Amazon Flex, por el que estos utilizan sus propios vehículos de reparto, lo que, según la tecnológica, les hace ser autónomos con todas las de la ley. 

La tecnológica ha declarado este viernes que va a recurrir la sentencia: “Respetamos la resolución judicial, pero no estamos de acuerdo y vamos a presentar un recurso. En Amazon estamos comprometidos con la creación de oportunidades en las comunidades en las que operamos", han asegurado fuentes de la multinacional a Europa Press.

“Creo que es imprescindible perseguir estas conductas. Consiste en establecer una estructura empresarial y balance de negocios en los que los trabajadores no tengan derechos”, critica María José Landaburu, que ha realizado una tesis doctoral sobre los derechos fundamentales del trabajo autónomo. “Esto no solo ocurre en las grandes tecnológicas. Lo vemos en consultoras, despachos de abogados, de arquitectos, los captadores de socios de ONG… ¡pasa hasta en las clínicas dentales!”, resalta la portavoz de la asociación de autónomos. 

En diciembre, el Gobierno acometió una reforma del Código Penal para dificultar más los reiterados incumplimientos de la ley rider, como ha sentenciado el juez en numerosas ocasiones. El artículo 311 enumera los actos que supondrán penas de prisión de hasta seis años. La reforma ha añadido un nuevo párrafo: “Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

En la filosofía de este endurecimiento, el Gobierno considera que la incorporación de las nuevas tecnologías al mercado del trabajo ha propiciado una forma de esquivar  responsabilidades empresariales mediante el “camuflaje jurídico del trabajo por cuenta ajena bajo otras fórmulas que niegan a las personas trabajadoras los derechos individuales y colectivos”.

Tras la entrada en vigor de este endurecimiento, este jueves, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que, aunque esta nueva legislación penal no se puede aplicar con carácter retroactivo, ha advertido de su aplicación sobre una compañía como Glovo, ante sus reiterados incumplimientos: "No es tan importante cuándo se produjeron los incumplimientos, sino el hecho de que no se reparen, a pesar de que la Inspección insista a la empresa a que lo haga", ha señalado el secretario de Estado. Unos días antes, también se pronunció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: "Ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, se va quedar al margen de la ley", remachó la ministra de Trabajo.

España perdió 1.204 autónomos en 2022, un "mal año para la afiliación" de los trabajadores por cuenta propia, como lamentan desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), y con solo cinco comunidades con crecimiento de afiliados al régimen de autónomos. Las únicas regiones en las que aumentó el empleo por cuenta propia fueron Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Andalucía, según apunta ATA, con datos de la Seguridad Social relativos al pasado año, que recoge Europa Press.

El número de autónomos en España cerró 2022 en 3.324.048, frente a los 3.325.252 de 2021, como recuerda ATA. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, insiste en que se trata del "peor dato desde 2012 y el primero en el que se pierden autónomos en la última década en términos netos de afiliación último día".

La afiliación de autónomos se incrementó un 2,8% en Canarias, que sumó 3.747 trabajadores por cuenta propia en 2022, hasta los 138.067. En Balares, la subida fue del 1,9%, el equivalente a 1.798 cotizantes autónomos, y un total de 95.002 a 31 de diciembre de 2022.

La Comunidad Valenciana ganó 1.988 autónomos, un 0,6% más respecto a 2021, y contabilizó 362.228 al cierre del año. Por su parte, el número de trabajadores por cuenta propia en la Comunidad de Madrid ascendió a 419.594, tras sumar 2.114 afiliados a este régimen entre enero y diciembre de 2022, lo que supone un 0,5% más que 2021. Andalucía completa las comunidades con crecimiento, con un repunte del 0,3% en el año, hasta los 564.797, un 0,3% más, que equivale a 1.958 nuevos autónomos.

Andalucía también es la región con más autónomos, seguida de Cataluña, con 557.537, un 0,2% menos que el año anterior, y Madrid, con esos 419.594 cotizantes por cuenta propia.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla lideran las pérdidas de afiliados al régimen de autónomos. En Ceuta, se perdieron 92 autónomos en 2022, hasta los 3.277, lo que supone una caída del 2,7%, en tanto que en Melilla ese descenso fue del 2,5%, hasta los 4.358 trabajadores por cuenta propia, 111 menos que el año anterior.

En La Rioja, se destruyeron 483 puestos de trabajo autónomos, con un ajuste del 2,7%, hasta los 24.719 trabajadores afiliados al régimen de autónomos. Entre las comunidades autónomas con caídas más acentuadas también se encuentra Castilla y León, donde el trabajo autónomo se redujo en un 1,5%, con 2.806 trabajadores menos y un total de 187.395.

Tanto en Galicia como en Asturias se destruyó un 1,4% del empleo autónomo. En el caso de Galicia, eso supuso la una pérdida de 2.897 trabajadores por cuenta propia entre enero y diciembre, hasta los 205.912, mientras que en Asturias desparecieron 1.000 autónomos en 2022, con un total de 71.333.

En el desglose por provincias, ATA destaca que en Lugo se redujo el número de autónomos un 2,3%, mientras que en Palencia y Teruel esa contracción fue del 2,2%. También se registraron descensos significativos en León, del 2,1%, y en Orense, del 2%. ATA resalta el crecimiento en afiliación de autónomos del 3,3% de Santa Cruz de Tenerife y del 2,2% en Las Palmas. En Málaga, también repuntó el trabajo por cuenta propia, con una subida del 1,1% en los últimos 12 meses, el mismo porcentaje registrado en la provincia de Cádiz.

La cifra de mujeres afiliadas al régimen de autónomos se incrementó un 0,6% y sumó 7.816 trabajadoras por cuenta propia, lo que supone 1.212.832 de esos 3.324.046 del total de España. Por el contrario, la cifra de hombres autónomos se ajustó un 0,4%, con la pérdida de 9.022, que dejaron el dato total en 2.11.214.

En el análisis por sectores, se observa un crecimiento del 4,5% en las actividades artísticas y de entretenimiento, donde se afiliaron 3,415 personas, hasta sumar 79.288 autónomos en este ámbito. Las actividades inmobiliarias se posicionan en segunda lugar, con 2.193 nuevos autónomos, un 4,2% más que en 2021, y un total de 53.968 profesionales. La información y la comunicación ganaron 2.798 autónomos en 2022, un 3,8% más que en 2021, hasta los 76.162 trabajadores por cuenta propia.

No obstante, Amor advierte del comportamiento de "los tres sectores fundamentales", en los que se han registrado "las peores cifras". "Es una debacle en comercio, hostelería e industria con fuerte pérdida de autónomos en el año", ha asegurado el presidente de ATA.

Los datos último día reflejan una "importante caída" del 2,6% en el comercio, con 19.699 autónomos menos en un año, hasta los 752.535. En las actividades financieras, el descenso registrado fue del 1,5%, con 906 autónomos menos y 59.331 en total. En la industria, se destruyeron 2.810 empleos autónomos, con un total de trabajadores en este régimen de 212.820 personas, un 1,3% menos que el año anterior.

La pérdida de empleos en la hostelería y en la agricultura fue del 1,1%, con 3.367 empleos menos en la hostelería y 2.810 autónomos menos en la industria. El sector de los transportes también perdió afiliados al RETA en 2022, con una bajada anual del -0,5%, lo que supone 1.102 transportistas menos en un año.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) dice adiós a un 2022 "que no ha sido un año tan duro como los dos anteriores", en que la pandemia de la COVID-19 también afectó al trabajo periodístico, pero considera "difícil hablar de un buen año para los periodistas en España", según ha informado Europa Press.

Así lo pone de relieve Luis Ayllón, portavoz de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en una entrevista concedida a Europa Press para hacer balance del ejercicio 2022.

En este escenario, Ayllón sostiene que en 2022 la precariedad y los bajos salarios han seguido siendo "los principales problemas de la profesión", según los datos recabados en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2022, de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

En este sentido, el portavoz de la asociación de periodistas indica que esta precarización, unida a los "efectos secundarios" de la pandemia, han propiciado un deterioro de la salud mental de los profesionales de la información. "Más del 30% de los periodistas encuestados para este Informe manifiestan tener un problema grave o algo grave de salud mental", alerta.

No obstante, Luis Ayllón afirma que "afortunadamente", en España, este año no se ha tenido que lamentar "el asesinato de ningún compañero", como sucedió en 2021 con David Beriain y Roberto Fraile, pero añade que la situación sí es "preocupante" en otros países.

"En total, 67 periodistas han sido asesinados este año, según la Federación Internacional de Periodistas, y 533 periodistas han sido encarcelados, según Reporteros Sin Fronteras, cifra esta última que constituye un deshonroso récord", denuncia el portavoz de la APM.

Volviendo a España, Luis Ayllón critica que en 2022 "se han seguido produciendo vetos y señalamientos a medios de comunicación y a periodistas, los cuales no debieran volver a suceder nunca más, y menos en un país democrático" como este. "Por desgracia se mantiene la práctica por parte de algunos políticos de convocar ruedas de prensa en las que no se aceptan preguntas", apostilla.

Por otro lado, el portavoz de la APM apunta que el interés por la información internacional, con coberturas como la de guerra en Ucrania, además de la mencionada precarización en general, "ha conllevado una aceleración del proceso de autonomización del sector; sin que, en muchos casos, los periodistas freelances desempeñen su labor en condiciones dignas".

Preguntado por lo que no ha ocurrido en 2022 y debiera suceder cuanto antes, Luis Ayllón señala "la ruptura del techo de cristal". "Conforme a los datos que manejamos en la APM, solo el 23% de las direcciones de los medios informativos en España están encabezadas por mujeres", pone de manifiesto.

Respecto a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022, el portavoz de la APM cree que "será necesario evaluar con algo de perspectiva las consecuencias de su tramitación", especialmente sus efectos "en materia de financiación de RTVE, de limitación de la publicidad o de protección de los medios españoles frente a multinacionales extranjeras o grandes plataformas".

En cuanto al secreto profesional, la APM considera que su regulación, que es algo apuntado en la Constitución Española, "será positivo, siempre que no suponga una restricción del derecho a no revelar las fuentes".

"Estamos trabajando en esa idea, integrados en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la que formamos parte y estamos abiertos a que se pueda establecer una norma en la que se haga más explícito el derecho al secreto profesional, las garantías para que los periodistas podamos acogernos a él y las situaciones en las que se podrá reclamar a los periodistas la revelación de las fuentes para proteger la vida, la integridad física de las personas", detalla.

En cuanto a otras legislaciones, este año a la APM le preocupó el anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales, por lo que presentó alegaciones, y espera que se subsanen "las limitaciones a la libertad de prensa y al derecho a la información que conllevaban algunos aspectos de la primera redacción".

Igualmente, confía en que se confirmen "las buenas expectativas y promesas" vinculadas a la regulación de la Ley Europea de los Medios de Comunicación, sobre todo en cuanto a independencia editorial y la transparencia.

Respecto a si sienten los efectos de la crisis económica y la guerra de Ucrania, Luis Ayllón confirma que, "por el momento, en el aspecto laboral, no se han dejado sentir fuertemente". En concreto, argumenta que el paro de los periodistas ha caído un 17% en 2022, el dato más bajo desde 2008.

"Pero, tarde o temprano, se terminará notando y habrá que estar muy atentos para que no llueva más sobre mojado. Sería insoportable para los periodistas y nefasto para la sociedad —por la pérdida de calidad informativa que conlleva— volver a vivir la situación de la crisis que comenzó aquel año 2008", alerta.

En este contexto, la APM desea "todo lo mejor" para sus colegas y para la profesión periodística en 2023. "La APM seguirá luchando por dignificar la profesión, respaldando la correcta praxis periodística y defendiendo la labor de los periodistas frente a las trabas a la libertad de prensa con que se encuentren. Y seguirá contribuyendo en todo lo posible al bienestar de sus asociados", concluye Luis Ayllón.

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión ha pasado de ser una medida que “ni ha existido ni va a existir” a ser una realidad en la mesa donde los responsables del Ministerio de Seguridad Social negocian con empresarios y sindicatos la segunda fase de la reforma de las pensiones. El departamento de José Luis Escrivá aún no ha proporcionado a los agentes sociales los números que sustentan su propuesta de aumentar de 25 a 30 el número de años que se utilizarán para calcular la cuantía de la pensión, pero debería facilitarlos antes de la próxima reunión, que está prevista para este jueves, según han explicado a infoLibre fuentes de la negociación.

El ministro siempre ha dicho que el efecto de la medida será “neutro” para las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, que no reducirá el gasto en pensiones. Cuestión distinta es cuál será su efecto sobre la cuantía que percibirán los futuros pensionistas. En sucesivas declaraciones a lo largo de los meses José Luis Escrivá ha vinculado en todo momento cualquier ampliación del número de años sobre los que se calcula la cuantía de la pensión inicial a las “nuevas realidades del mercado de trabajo”, mencionando a quienes perdieron su empleo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar– mucho menos, y prometiendo un mejor tratamiento de las lagunas de cotización o el descarte de los peores años. Según sus cálculos, la medida afectaría a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

En septiembre, cuando prometió presentar su propuesta, el ministerio se limitó a anunciar a sindicatos y patronal una ampliación “suave” del periodo de cálculo. Por tanto, no llegaría a los 35 años, como había aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio y que terminó haciéndose público. Finalmente, la medida que puso encima de la mesa este lunes es una extensión “moderada” del número de años hasta 30, pero permitiendo que el trabajador descarte los dos peores años de cotización. Es decir, una ampliación a 28 años, que además se aplicará “de forma progresiva”. Es el cuarto aumento de este parámetro, después de haber subido de dos a ochos años en 1985, hasta 15 años en 1997 y a 25 años en 2011.

Seguridad Social se ha cuidado de precisar que el planteamiento es sólo “un punto de partida”, abierto a las aportaciones de la mesa de diálogo social, pero tanto CCOO y UGT como la patronal CEOE rechazan la medida. Ni está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo ni tiene posibilidades de obtener apoyo parlamentario suficiente, destacan al unísono los agentes sociales. “El ministerio está empeñado en poner encima de la mesa una medida que no es necesaria”, critica el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, “si no existe la garantía de que es una propuesta de gobierno y con respaldo parlamentario suficiente, no tiene sentido seguir insistiendo”. Bravo se refería así al rechazo manifestado por Unidas Podemos a la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Y al máximo nivel: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que no apoya lo que considera un “endurecimiento del acceso a la jubilación” y una “pérdida de derechos”. Mientras, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo para debatir la propuesta del Ministerio de Seguridad Social. Al mismo tiempo, los sindicatos advierten de que, sin acuerdo en el diálogo social, va a ser muy difícil que la medida, incorporada en un real decreto-ley que necesita ser refrendado en las Cortes, consiga salir adelante.

Además, el Gobierno debería tener aprobada la segunda fase de la reforma de las pensiones antes de que acabe el año. La ampliación del periodo de cálculo es uno de los hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas y que compromete al Ejecutivo a cumplir ese plazo.

A la espera de que el ministerio facilite los números sobre el impacto de la medida, tanto en las cuentas de la Seguridad Social como en las pensiones de quienes se jubilen a partir de ahora, UGT desconfía de que sea neutra para los trabajadores “si no se añaden medidas correctoras”, subraya la secretaria de Política Institucional, Cristina Estévez. El sindicato, continúa, ha encargado sus propios informes, que cifran entre un 7,8% y un 9,2% el recorte que sufrirían las nuevas pensiones de ampliarse el periodo de cómputo a 30 y 35 años.

Carlos Bravo explica que cualquier ampliación del periodo de cálculo beneficia a los trabajadores cuyo salario ha descendido o han perdido el empleo en sus últimos años carrera profesional. Pero no afecta a quienes mantengan su empleo y tengan un salario que haya subido con el IPC. Y perjudica a los que cobren sueldos que hayan mejorado más que la inflación. Lo normal, con esta distribución, por tanto, es que se reduzca el gasto agregado en pensiones.

Sin embargo, el responsable de CCOO concede que, tal y como lo ha planteado el ministro Escrivá, en este caso el impacto en las cuentas de la Seguridad Social será neutro. “Pero afectación individual siempre hay”, precisa. Aunque también admite que el recorte en las pensiones iniciales será pequeño. “Ahora los hombres tienen una media de 40 años de cotización, y las mujeres, que estaban en 28 años, han subido hasta 34”, indica.

También el Banco de España ha hecho sus propias estimaciones. Y antes incluso publicaron las suyas los profesores de la Universidad de Valencia José Enrique Devesa, Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu. El Banco de España calculó el efecto sobre la pensión inicial del aumento de 15 a 25 años que se aprobó en la reforma de 2011 y que se ha aplicado de forma gradual hasta completarse este mismo ejercicio. Según sus estimaciones, el 66% de las nuevas pensiones sufrieron un recorte, mientras que el 19% aumentaron su cuantía y el 15% no se modificaron. Las que bajaron lo hicieron en un 5% de media. Después, calculó el efecto de una ampliación de 25 a 35 años: el 80% de las pensiones iniciales serían más bajas, un 10% serían más altas y otro 10% se mantendrían en el mismo importe. En este caso, el recorte medio sería mayor, un 8,2%.

Ahora bien, si el aumento a 35 años fuera acompañado del descarte de los seis años más desfavorables –por lo que el periodo de cálculo quedaría en 29 años, casi los 28 años de la propuesta de Escrivá– el recorte en las nuevas pensiones se “suavizaría” y equivaldría a la que resulta de considerar 25 años de cotizaciones. Aun así, más de la mitad de los pensionistas verían reducida su prestación. En cambio, eliminar los años con peor cotización elevaría las pensiones iniciales de los trabajadores con lagunas en sus carreras laborales, de quienes han sufrido etapas de desempleo y de quienes cobran las pensiones más bajas.

Las cifras del estudio de la Universidad de Valencia son distintas y señalan una disminución de la cuantía inicial de la pensión de un 9% si se aumenta el periodo de cómputo de 25 a 35 años. Pero un alza del 5,6% si se permite elegir los 25 mejores años del total de 35. En este caso, destacan sus autores, los más beneficiados serían los trabajadores con salarios más bajos, los de carreras de cotización más cortas, los hombres y los autónomos.

En cualquier caso, el impacto de una ampliación del periodo de cómputo siempre es dispar dependiendo del tipo y sexo del trabajador, del tipo de empleo o de la carrera de cotización. En general, incorporar los años más antiguos de cualquier vida laboral supone incluir en el cálculo de la base reguladora –el promedio de las bases de cotización actualizadas con la inflación excepto los últimos 24 meses antes de la jubilación– los años con menores salarios. Y, por tanto, bajar la cuantía de la pensión inicial.

Por ejemplo, el Banco de España calcula que, excluyendo los seis peores años del total de 35, los hombres aumentarían su pensión un 1,4%, mientras que la de las mujeres no experimentaría cambio alguno. Quienes sufrieran más de un año de laguna de cotización mejorarían un 2,8%; quienes hubieran estado desempleados, un 2,5%. Los de menores salarios aumentarían su pensión un 2,3%, mientras que los de sueldos más altos la reducirían un 1,7%.

El estudio de la Universidad de Valencia apunta además hacia otras posibles disparidades. Aumentar a 35 años el periodo de cálculo, pero eligiendo sólo los 25 mejores tendrá mayor impacto sobre las jubilaciones demoradas, cuyas pensiones mejorarán un 6,9%, mientras que las anticipadas subirán un 4,8%. Para los autónomos, el alza de la pensión inicial sería de un 8,7%, por encima del 5% de los asalariados del Régimen General.

“Los más afectados serán los trabajadores con carreras de cotización más cortas”, corrobora Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad. A su juicio, no obstante, el recorte que sufrirán las pensiones no será muy grande. Tampoco el efecto sobre las cuentas de la Seguridad Social. “Incluso el ahorro que se calculaba para la ampliación de 15 a 25 años, entre un 0,2% y un 0,3% del PIB, me parece excesivo”, advierte. En el mismo sentido se pronuncian otras fuentes académicas consultadas por infoLibre, que preferirían que se considerara toda la vida laboral para calcular el importe de la pensión. Así se hace en toda Europa, concede por su parte Cristina Estévez, excepto en Francia y España. Y esa extensión sí que se traduciría en un recorte considerable de la cuantía de la prestación inicial.

Pero ampliar el periodo de cálculo a 30 años “de forma gradual” no lo considera “tan grave” Santos Ruesga. Otras fuentes apuntan a que, para quienes se vayan a jubilar ahora, incorporar al cómputo de la base reguladora las cotizaciones de los años 90 no les resultará perjudicial. “Fueron buenos años”, recuerdan.

De todos modos, para cubrir las lagunas de cotización de mujeres y autónomos, el ministerio ya ha comunicado a sindicatos y patronal un esquema más generoso que el ya existente. Así, ahora se concede un 100% de la base mínima para los 48 primeros meses sin cotización y un 50% a partir de entonces. Escrivá propone aumentar a un 60% entre el 49º y el 72º mes, y reconocer un 50% en adelante. Para los autónomos, ofrece cobertura durante los seis meses siguientes al fin de la prestación por cese de actividad.

Carlos Bravo recalca que CCOO no va a apoyar la ampliación del periodo de cálculo, “el elemento que está más en el aire” de toda la propuesta de Escrivá. En cambio, pone la lupa en otros elementos que considera mucho más relevantes: la subida de las pensiones en función del promedio del IPC y la de las bases máximas de cotización también según ese parámetro. Pero también destaca lo que echa en falta en la oferta del ministerio: cómo aumentar aún más los ingresos del sistema, cómo reducir la brecha de género en las pensiones, la mejora de las pensiones mínimas y de los mecanismos de jubilación parcial o la extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta 2050. Todas ellas cuestiones que prioriza frente a la “innecesaria" ampliación del periodo de cálculo.