La precariedad económica

La tasa de riesgo de pobreza entre los autónomos se dispara un 40% durante la pandemia

Varias personas sostienen pancartas en una manifestación para reivindicar unas cuotas “justas”, en la Puerta del Sol, a 24 de marzo de 2022

Hay un agujero negro en las tablas de Eurostat que detallan la marginalidad económica en España. Y ese agujero está en el trabajo autónomo. Se puede decir, datos en mano, que ser autónomo es un factor de riesgo de pobreza.

Así lo indican los números. En 2021 un 30,1% de los trabajadores por cuenta propia estaban en situación de "riesgo de pobreza o exclusión social", según la última actualización de la Oficina de Estadística de la UE, más conocida como Eurostat. Esto supone un incremento de 8,6 puntos desde 2019, antes de la pandemia, cuando estaba en el 21,5%. La tasa ha subido un 40% en dos años.

En ninguna otra categoría ha aumentado con una fuerza parecida. En los trabajadores por cuenta ajena el incremento entre 2019 y 2021 es sólo del 13,2% al 13,4%; en los parados, del 35,8% al 37,2%. Son subidas de las tasas del 3% y el 3,76%, respectivamente. Lejos del 40%.

Una inversión de la tendencia

En el conjunto de la población española la crisis del coronavirus ha supuesto una interrupción de la dinámica de mejora entre 2016, cuando la tasa de riesgo de pobreza o exclusión tocó el máximo con un 27,7%, y 2019, cuando llegó al mencionado 24,9%. Pero es el caso de los trabajadores por cuenta propia el que marca la más drástica inversión de la tendencia, como muestra esta gráfica.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en España alcanzó en 2021 su máximo desde el inicio de la serie de Eurostat, en 2015. Y ello a pesar de que en 2019 estaba en su mínimo: 21,5. Desde entonces ha subido al 29% en 2020 y al 30,1% en 2021. La superación del umbral del 30% convierte a España en el cuarto país en el que los autónomos presentan peor dato de los 27 de la UE, sólo mejor que Rumanía (70,8%), Portugal (32,4%) y Estonia (32,2%). En el conjunto de la UE la tasa es del 23,6%, sólo un punto más que en 2019. Quedan lejos de España los datos de Alemania (17,4%), Italia (18,9%) o Francia (21,9%).

Un síntoma de fragilidad

Las cifras concuerdan con el mensaje lanzado desde el ámbito sindical alertando la extensión del emprendimiento por necesidad, no por voluntad, por lo que su aumento debe entenderse también como un síntoma de deficiencias en el mercado del trabajo. Un informe del Observatorio de la Fundación La Caixa, publicado el pasado año, cifraba en un 21,7% el "autoempleo involuntario" en España, por encima de la media europea, del 16,9%, con datos de 2017. "La incidencia del autoempleo involuntario es mayor entre los jóvenes, las personas con un bajo nivel educativo, los trabajadores del sector de la construcción y las personas con trabajos poco cualificados", señala el informe.

Esta realidad choca con la consideración del "emprendimiento" como un indicador de éxito de las economías regionales. Por ejemplo, a menudo Juan Manuel Moreno presume de que Andalucía, la comunidad que preside, es la región "con más autónomos", tras adelantar a Cataluña.

Es cierto que lo es: Andalucía acumula 570.827 de lo 3.368.984 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social que hay en España, según la última estadística del Ministerio de Trabajo. Pero, ¿eso es en sí mismo una buena noticia?

Hay pistas que invitan a vincular el autoempleo no tanto con la prosperidad como con la falta de opciones. Y no son sólo las tablas sobre riesgo de pobreza y exclusión social. La Junta tiene publicado un listado de las 19 ciudades andaluzas con más del 20% de autónomos. El resultado muestra que un total de diez, más de la mitad, aparecen en la clasificación de Eurostat de las ciudades con peores indicadores socioeconómicos de España. Están en la lista Níjar, Vícar (Almería) y Los Palacios (Sevilla), las tres con menor renta media por habitante del país. Aparece Linares (Jaén), la ciudad con más paro de España, y La Línea (Cádiz), la segunda con más desempleo y la que tiene menor esperanza de vida.

"Hay demasiado romanticismo con la pequeña y mediana empresa y con el emprendimiento, cuando en realidad implican un tejido empresarial con menos capacidad de inversión, de innovación y de adaptación y por lo tanto más frágil", opina Marcial Sánchez Mosquera, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla. Como ha alertado Manuel Delgado, catedrático de Economía Aplicada y colaborador del grupo Andalucía Post-Covid, el alta como autónomo en economías frágiles puede ser un "refugio" en un mercado laboral corto de opciones.

Autónomos "menosmileuristas"

"En España sufrimos un fenómeno, que es del autónomo 'menosmileurista', con una situación amarga. Hay en torno a un millón que ingresan menos del salario mínimo interprofesional. La mitad tiene unos rendimientos declarados de entre 600 y 800 euros. A estos los podemos denominar autónomos pobres", señala Eduardo Abad, presidente de Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), que tiene confianza en que el nuevo sistema de cotización, que comenzará a aplicarse en 2023, contribuya a paliar este fenómeno. "Algo más de 2 millones de autónomos van hacer un esfuerzo contributivo menor, que será de entre 600 y 1.200 euros menos al año para quienes cobren por debajo del salario mínimo interprofesional, sin perder ninguna protección social", señala.

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"Las cifras de Eurostat coinciden con aquellos autónomos cuyos ingresos una vez descontada la cuota [que deben pagar cada mes] están por debajo de 8.000 euros al año", señala Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que también deposita expectativas en la reforma de la cotización, por el ahorro de en torno a 1.000 euros al año en cotizaciones que supondrá –señala– para los autónomos en los tramos más bajos de ingresos.

"Eso aliviará situaciones muy complejas", afirma Amor, que recalca que los datos de Eurostat también son reflejo de la existencia de autónomos "esporádicos", cuyos ingresos "son sólo de temporada", por ejemplo por trabajo en invierno en estaciones de esquí o en verano en negocios de playa. "Cuentan en la estadística como con menos de 8.000 euros anuales, pero su facturación es sólo de tres o cuatro meses. Esperamos que al cotizar por ingresos reales, se pueda dar un respiro a muchos de ellos", señala.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, la conocida como tasa Arope por sus siglas en inglés (at risk of poverty or exclusion), es un indicador homogéneo que utiliza Eurostat en el que incluye a la población en "situación de privación material y social grave o que vive en un hogar con una intensidad de trabajo muy baja", estándares medidos en función de ingresos, acceso a bienes y servicios básicos y tiempo laboral. Se trata del principal indicador para supervisar el objetivo de la UE para 2030 en materia de pobreza y exclusión social y sirvió para supervisar el objetivo de pobreza de la Estrategia UE 2020.

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