Una destructiva bomba social extremadamente peligrosa es que el poder actúe contra la ciudadanía mundial. Lo tenemos muy cerca; lo sentimos muy lejos, si solamente nos asimos a la visible e inmediato. Podemos considerar como axioma global la idea de que la violencia tapa el sentido común; ese que nos inclina a pensar que el diálogo siempre es preferible a un conflicto brutal. Lo son las actuales guerras, aunque aquí vamos a referirnos solamente a la actual en Oriente Medio. Tras el preludio del genocidio de Gaza, viene ahora  el epítome de la guerra iniciada por el señor Netanyahu con el patrocinio del señor Trump. Todas las guerras comportan demasiadas amarguras en forma de bajas civiles, con previsibles daños ambientales y unas vergonzosas violaciones del derecho internacional.

El actual atraco militar que desempeñan Israel, Estados Unidos y el Irán represor de los ayatolás son los principales contaminadores del equilibrio humanitario siempre deseable. Refuerzan los vínculos entre la guerra, el poder y la destrucción ambiental; todo es amargura ética. Otro tanto sucede en Ucrania y en todos esos lugares de los que las grandes agencias no nos sirven noticias. 

Los impactos de la guerra actual del petróleo –nos atrevemos a llamarla así aunque lleva el hiriente contaminador moral del caudillo israelí– son tremendos. Nos tememos que serán perturbadores duraderos de la vida de los más pobres. Escasearán el petróleo, el gas o la energía comunitaria; o serán tan caros que los países pobres se sumirán en el desconsuelo social. La cascada inflacionista la pagarán los más pobres, incluso las clases medias; por todo el mundo.

Parece que la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) ha aconsejado a sus países miembros que adopten  medidas para responder a los posibles amargos efectos de la guerra, y la consiguiente crisis energética. Entre otras, reducir la velocidad en las autopistas y fomentar el teletrabajo. Teme una interrupción del suministro ahora que las dianas de los bombardeos buscan instalaciones petroleras. La AIE también manifestó estar dispuesta a liberar las reservas de los países para mitigar la que declaró la "mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero". Me pregunto las afecciones ambientales, económicas y sociales que la guerra provocará en las poblaciones pobres de las mega ciudades africanas o asiáticas. El estrecho de Ormuz se estrecha mucho más para Asia, a donde va casi el 90 % del GLP (gas licuado del petróleo) que lo atraviesa. 

Todo lo anterior interacciona con la preocupación climática. Estos días hemos leído justificaciones de que la acción climática es demasiado costosa. Ya se encargan la extrema derecha y las grandes empresas de instrumentalizar la inestabilidad social para bloquear el bienestar global. Despliegan sus batallas o guerras contra la protección del medioambiente. Se comenta que la misma Unión Europea se está rearmando con dineros hurtados a la protección ambiental y a la cooperación internacional para reducir desigualdades. 

Se hubieran paliado una parte de los efectos si las energías renovables fuesen el pegamento vivencial de los estados. Se dice que en España –después de tres años de fuertes inversiones en eólica y solar– el gas ha determinado el precio de la electricidad, por ahora, solo en el 15% de las horas en 2026, en comparación con el 89% en Italia. La diferencia viene motivada por los años de inversión en energía solar y eólica, con aciertos y errores, pero generadores de electricidad. Ayudaría reconocer que el gas es un débil eslabón climático y productivo. Cuanta más energía se autogenere un país, en forma de energías renovables respetuosas con el entorno, menos dependerá del exterior. Se suprimen amarguras varias.

En realidad, mucho nos tememos que medidas como las subvenciones, que vendrán, no hagan sino reposicionar a los combustibles fósiles. Ya se encargan de difundir esta solución los mensajes públicos de las grandes petroleras sobre el cambio climático en los últimos años, en los que invierten elevadas sumas de dinero. Los medios de comunicación, complacientes con ellas, difuminan los efectos contaminadores. Se olvidan de que la quema de petróleo, gas y carbón es la principal causa del aumento de la temperatura global y de las olas de calor, sequías, tormentas y subida del nivel del mar que de él se derivan. Una noticia publicada en Reuters estos días informaba de que “en respuesta al conflicto, las compañías eléctricas en Asia están "aumentando la generación de energía a partir del carbón para reducir costos y salvaguardar el suministro energético",

Me impresiona la claridad con la que ve esta amarga guerra bélica y climática un artículo publicado en Social Europe (19/03/2026) titulado libremente como “¿Conflicto armado o supervivencia mutua? Viene a esclarecernos que el militarismo y el colapso ecológico no son emergencias separadas. Sino la misma contingencia, que se retroalimenta en una espiral que la humanidad no puede permitirse ignorar. Copiamos casi textualmente. El mundo se hunde en el militarismo, las confrontaciones múltiples y la guerra que amenaza al mundo entero. Justo cuando la humanidad más necesita una cooperación internacional para afrontar la crisis climática.

Lo podemos comprobar en el compadreo con el que hablan algunos presidentes de países –el señor Trump a la cabeza– que demandan un aumento vertiginoso de los presupuestos militares; no les importa justificar la destrucción. Es más, cargó contra España porque el presidente Sánchez “solo” se comprometió a que apenas alcanzase el 2%. Donald Trump habría declarado que Estados Unidos podría atacar varias veces el mayor centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg, en Irán; "solo por diversión". La bravuconería es moralmente grosera. La cultura política que este señor exhibe, y sus muchos imitadores en países diversos con una incultura políticosocial “en la que la devastación de lugares lejanos se discute con ligereza, como si la matanza de extranjeros apenas importara”.

En ese artículo tan inspirador, anteriormente mencionado, se remarca que la guerra no es solo una catástrofe humanitaria; también es una catástrofe ambiental. Algunas estimaciones sobre las emisiones durante el genocidio de Gaza afirman que las de GEI se acercaron al total anual de 36 pequeños países. La militarización no es inocua para el medioambiente: consume enormes cantidades de combustible, energía, acero, hormigón, materiales escasos, talento científico y recursos públicos. Además, las bombas contra la ética global no hacen sino incrementar el miedo de la población, la rivalidad entre países diversos. En suma, la amenaza de la militarización actual trunca la cooperación internacional de la que depende la construcción de un mundo sostenible; ¡Cuántas reuniones para los llamados “alto el fuego” de Gaza, o la reducción de la supuesta amenaza nuclear iraní han fracasado! La inutilidad de las malas intenciones.

Wislawa Szimborska (Nobel de Literatura 1996) se preguntaba en su poema “Principio y fin”: “Después de cada guerra alguien tiene que limpiar… Aquellos que sabían de qué iba la cosa, tendrán que dejar su lugar a los que saben poco. Y menos que poco. E incluso prácticamente nada.” Recordemos la cordura de Rosa Regàs: “No hay cosa más amarga que la inutilidad.”

El alto el fuego alcanzado en la madrugada del miércoles entre Irán y Estados Unidos hundió inmediatamente el precio del petróleo y el gas con la expectativa de que se recupere el tráfico de materias primas a través del famoso Estrecho de Ormuz, pero 24 horas después el comercio de energía sigue prácticamente congelado. Los transportistas no confían por ahora en la seguridad de la región mientras Irán avisa que todo aquel que quiera cruzar deberá pedir permiso al Ejército iraní. A esta situación se suma que la agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, publicó que el paso está de nuevo cerrado por los intensos bombardeos de Israel sobre el Líbano.

Los registros de metaneros, petroleros y navíos mercantes mostraron este miércoles un incremento de la actividad alrededor de ese estrecho de apenas 50 kilómetros, pero solo cuatro barcos lo cruzaron por completo en las horas siguientes al acuerdo. Los dos primeros fueron el Daytona Beach, de Liberia, a las 8.59 horas del miércoles (hora española), y el carguero griego NJ Earth, a las 10.44 horas.

La cifra no muestra un incremento del tráfico frente a los peores días de conflicto, puesto que desde que comenzó la guerra han atravesado ese tramo 124 cargueros, con una media de 3,36 al día, según datos de Tanker Trackers, una compañía de seguimiento de barcos. De hecho, es la cifra más baja de lo que va de mes de abril. Otra empresa similar, Marine Traffic, también calcula que hay casi 500 portadores de combustible amarrados en el Golfo Pérsico esperando a que se abra el estrecho: 426 petroleros, 34 buques con GLP y 19 metaneros.

El sector marítimo permanece expectante todavía, por mucho que el secretario de Guerra de EEUU dijese el miércoles que Ormuz "está abierto" y que su ejército está supervisando la región. Al escaso flujo de barcos se suman declaraciones poco motivadoras como la del secretario general de la Organización Mundial del Comercio, Arsenio Domínguez, que dijo horas después de dictarse el alto el fuego que estaba trabajando en "mecanismos apropiados" para garantizar el movimiento con diferentes naciones. Una coalición de países de la OCDE, entre ellos Alemania y Japón, dijeron también el miércoles que ayudarán a esa seguridad.

Las primeras reacciones de este miércoles de las grandes compañías transportistas fueron comedidas. El gigante Maersk publicó que por ahora no piensan cruzar el estrecho hasta que no haya más garantías. "En este momento adoptamos una postura prudente y no vamos a realizar ningún cambio en servicios concretos", difundió la naviera.

La realidad es que dos días después del alto el fuego de dos semanas no está claro qué condiciones hay para poder cruzar ese estrecho ni cuál es el acuerdo real que tienen Estados Unidos e Irán. En la madrugada del miércoles, el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi dijo que durante los siguientes 14 días habría un paso "seguro" pero siempre "en coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas". Por otra parte están los diez puntos de Irán sobre los que Trump ha accedido negociar, y donde en teoría está incluido que la república controle un peaje de dos millones de dólares por cada navío que atraviese ese paso.

Sobre este asunto, este miércoles el presidente Donald Trump dejó caer además a la prensa que plantea crear una joint-venture –un acuerdo empresarial– con Irán para dividirse los beneficios de ese peaje. El Financial Times también publicó que Irán pretende además cobrar un peaje de 1 dólar por cada barril de crudo que cruce Ormuz y que se podría pagar mediante criptomonedas, lo que en la práctica equivale a alrededor de un peaje del 1% por barril, según su precio actual. 

Según los analistas de Kpler, una empresa dedicada a analizar el tránsito de materias primas, este peaje iraní –tanto si se cobra por barco como por barril– es por ahora un mecanismo extremadamente arriesgado porque técnicamente el país está sancionado por Estados Unidos, y cualquier compañía que pague por ese tránsito sería técnicamente perseguida por el Tesoro estadounidense.

Como posible solución, los expertos de Kpler creen que Omán podría ser el recolector de ese dinero, en forma de pagos directos o de criptomonedas, y que este país transfiera después el dinero a Irán. El sistema no es perfecto pero podría funcionar si Washington hace la vista gorda. De todas formas, el compromiso alcanzado entre las dos potencias incluye retirar todas las sanciones primarias y secundarias que ahora sufre Irán.

Tampoco invitan al optimismo los numerosos bombardeos realizados por ambas partes en las 24 horas siguientes al alto el fuego. Irán llevó a cabo decenas de ataques con drones sobre los países del Golfo este miércoles, destacando sobre el resto el bombardeos del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, que permite al petroestado desviar el crudo hacia el Mar Rojo y esquivar el bloqueo de Ormuz. Mientras que Irán sufrió un ataque sobre su refinería de Lavan solo horas después de anunciarse la supuesta paz. Al mismo tiempo, Israel bombardeó el Líbano –un aliado de Irán– en lo que la prensa local describió como el mayor ataque desde que comenzó el conflicto, con más de 100 bombardeos en solo 10 minutos, incluidos ataques sobre la capital del país.

En todo caso, el precio de los combustibles ha caído drásticamente este miércoles en los mercados ante la previsión de que Ormuz vuelva a operar en los próximos días. El petróleo Brent se ha abaratado alrededor del 13% y el gas natural en Europa (el TTF) lo ha hecho un 15%, aunque su precio es notablemente superior a antes del conflicto.

Janiv Shah, analista de Rystad Energy, una consultora de energía, advirtió este miércoles que paradójicamente el alto el fuego podría mantener elevados los precios del crudo si las compañías prefieren esperar a que la guerra termine definitivamente dentro de 14 días, confiando en que ese sea el desenlace. "Las refinerías deberían aprovechar esta oportunidad para reanudar las compras. Sin embargo, el propio período de transición podría suponer el siguiente reto. Si las refinerías retrasan sus compras a la espera de nuevas caídas de los precios mientras los flujos físicos siguen siendo limitados, la escasez de productos podría agravarse incluso en un contexto de distensión", valora el experto en una nota.

La noticia se dio a conocer en Marruecos la tarde del 16 de marzo y se extendió como la pólvora: a partir de medianoche, el precio del combustible subiría 2 dirhams (0,2 euros), y el gasóleo —de lejos, el más utilizado— alcanzaría casi los 13 dirhams (1,2 euros) el litro. Ante la inminencia de la subida, en las gasolineras de las grandes ciudades del reino se formaron inmediatamente interminables colas de coches y camiones.

A diferencia de Túnez y Marruecos, cuyas necesidades energéticas se cubren en más de un 94 % mediante importaciones, Argelia y Libia se perfilan como los grandes beneficiarios de la guerra en Oriente Medio, tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Libia, a pesar de contar con importantes reservas de petróleo (49.000 millones de barriles) y sólidos recursos de gas, sigue lastrada por la inestabilidad política y los problemas de seguridad. Eso dificulta las previsiones en materia de cooperación energética con Europa, a pesar de sus ventajas geográficas. No es exactamente el caso de su vecina Argelia.

Miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Argelia, principal productora de gas de África, está a punto de superar a Catar, cuya producción es sin embargo el doble, con 200.000 millones de metros cúbicos al año. Desde el inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, la estrategia diplomática de Argelia se inscribe en la continuidad “realista” desarrollada desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

La crisis con los Emiratos Árabes Unidos, el país árabe más cercano a Israel, que se venía gestando desde hacía varios años y que había llevado al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, a calificarlos de “mini Estado que gesticula mucho”, parece hoy totalmente olvidada.

El ministro de Asuntos Exteriores argelino, Ahmed Attaf, al recibir el 1 de marzo a los embajadores de los Estados árabes atacados por Irán, les sorprendió con esta posición: “la plena y total solidaridad de Argelia con los países árabes hermanos que han sido blanco de agresiones militares, recordando el rechazo categórico de [su] país a cualquier atentado contra su soberanía nacional y su integridad territorial”. Según Ahmed Attaf, Argelia “siempre se mantiene al lado de sus hermanos árabes frente a estas inadmisibles violaciones [iraníes]”.

Los recursos de gas y petróleo, que ya se utilizan como fuente de ingresos para mantener una frágil paz social, están a punto de convertirse en una palanca diplomática, orientada esencialmente hacia la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Desde que el gigante petrolero Qatar Energy, atacado por misiles iraníes, suspendió la producción del complejo de Ras Laffan (el 20 % de la oferta mundial de gas natural licuado, es decir, 77 millones de toneladas al año), las miradas de los dirigentes europeos se han dirigido inmediatamente hacia Argelia.

Durante su última visita a Argel, el 24 de marzo, la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, no se anduvo con rodeos: “Hemos decidido reforzar nuestra ya muy sólida cooperación a través de nuestros líderes nacionales en la materia [la empresa italiana Eni y la argelina Sonatrach – ndr], trabajando en nuevos frentes como el gas de esquisto o la exploración offshore”, declaró junto al presidente Tebboune. “[Argelia es] fiel a sus compromisos, dado que somos un socio estratégico y de confianza de Italia y de Europa en general”, añadió el dirigente argelino.

Desde ese día no ha parado el trasiego diplomático europeo en Argel. Las tensiones en torno al Sáhara Occidental no han cambiado nada al respecto.

En efecto, a Giorgia Meloni le siguió, el 26 de marzo, José Manuel Albares, jefe de la diplomacia española, cuyas declaraciones fueron igual de directas: “Reforzamos la cooperación, incluida la económica y en los ámbitos del gas y la energía. El tratado de amistad, buena vecindad y cooperación [suspendido en junio de 2022 tras la postura de Madrid, favorable a Marruecos, sobre el Sáhara Occidental – ndr] está plenamente en vigor.”

El gas argelino solo representa el 12 % de las importaciones de gas de la UE, que se redujeron entre 2022 y 2025, pasando de 41.000 a 39.000 millones de metros cúbicos. Pero, según un informe citado por RFI, desde el inicio del conflicto se han disparado, alcanzando las 462.000 toneladas durante las dos primeras semanas de marzo, frente a unas 265.000 toneladas durante las dos primeras semanas de febrero, lo que supone un aumento del 74 %. Ante esta situación, los dirigentes argelinos se disponen a impulsar la producción.

Un plan de inversión de cerca de 52.000 millones de euros, anunciado en febrero por Sonatrach, justo antes del inicio de la guerra, tiene como objetivo aumentar su producción de 100.000 a 200.000 millones de metros cúbicos de aquí a 2030. Las reservas argelinas se estiman en 4,5 billones de metros cúbicos de gas natural y 12.200 millones de barriles de petróleo. A esto se suma una ventaja geográfica: Argelia se encuentra en el corazón del Magreb, una región a las puertas de Europa.

Pero la región se encuentra entre las menos integradas económica y políticamente, con rivalidades de liderazgo en las que uno de los motores sigue siendo la cuestión del Sáhara Occidental, que se remonta a medio siglo. “A pesar de los últimos avances bastante prometedores en este asunto, bajo el patrocinio de Estados Unidos, ni Marruecos ni Argelia han mostrado su deseo y su voluntad de avanzar hacia un Magreb más integrado. ¡Qué desperdicio!”, lamenta el economista Fouad Abdelmoumni, contactado por teléfono.

No obstante, las posiciones de Argel y Rabat son prácticamente idénticas en su desaprobación de los ataques iraníes contra “los países árabes hermanos”, evitando cuidadosamente al mismo tiempo denunciar los de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica. Ciertamente, la reacción de Marruecos parece en consonancia con sus alianzas tradicionales y nuevas, tanto con respecto a los países del Golfo como a Israel, que mantiene con el reino unas relaciones privilegiadas desde la firma, a finales de 2020 en Rabat, de los Acuerdos de Abraham.

Por el contrario, la postura argelina cristaliza una forma de ruptura progresiva en su diplomacia y una voluntad de diversificar sus socios económicos. Argel, sin dejar de preservar sus relaciones con la Unión Europea y sin llegar a la normalización con el Estado hebreo, se aferra a su proximidad realista con Washington, que se traduce, en particular, en una cooperación militar creciente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Como recordatorio, gracias a Estados Unidos, Argelia decidió no votar en octubre de 2025 en contra de la resolución de la ONU que reconocía el proyecto de autonomía marroquí como la única opción para resolver el problema del Sáhara Occidental. Y, también bajo presión de Washington, se vio obligada a participar, junto con Mauritania, en las negociaciones secretas entre Marruecos y los independentistas saharauis.

Omar Brouksy es periodista y profesor de ciencias políticas en Marruecos. Fue redactor jefe del Journal hebdomadaire (ahora cerrado) y periodista de la AFP. Es también autor de Mohammed VI derrière les masques. Le fils de “notre ami” (Mohamed VI detrás de las máscaras. El hijo de “nuestro amigo”, edit. Nouveau Monde Éditions, 2014) y de La République de Sa Majesté. France-Maroc, liaisons dangereuses (La República de Su Majestad. Francia-Marruecos, relaciones peligrosas (edit. Nouveau Monde Éditions, 2017).

Traducción de Miguel López

La crisis energética derivada de la guerra de Irán ha llegado en un momento crítico para el sector gasista europeo. Antes del 1 de enero de 2027, los países de la Unión deben cortar por completo sus importaciones de Rusia de todo tipo de combustibles. Como parte de ese compromiso, antes del 1 de marzo todos los gobiernos debían enviar un informe a la Comisión Europea sobre cómo se desharán del gas y el petróleo ruso. Al menos 19 países ya han enviado el suyo, pero España no aclara si está en esa lista.

infoLibre ha preguntado en numerosas ocasiones por este documento, que será clave para la seguridad energética del país durante los próximos años, pero no ha obtenido respuesta. Fuentes de la Comisión Europea dijeron recientemente a este diario que 19 países ya han mandado el suyo, pero sin aclarar el nombre de esos Estados.

España y el resto de socios se comprometieron a elaborar este plan en el que tienen que especificar cómo planean sustituir esa entrada de gas, buscando nuevos socios o comprando más a los aliados actuales. El año pasado, el 13% del gas natural que importó la Unión Europea procedió de Rusia, y en España representó el 11,4% del total, según datos de Enagás. Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2026 esa dependencia ha crecido drásticamente, hasta el 17%, según fuentes del sector basadas en datos de empresas de flujo de metaneros.

El Golfo Pérsico, la región que podría sustituir ese vacío, está ahora en guerra de manera indefinida, de manera que las opciones se reducen. Catar es el segundo mayor exportador de gas del mundo y su planta de Ras Laffan –ahora cerrada por la guerra, y semidestruida– representa el 20% del gas licuado (GNL, el que viaja por barco) que se consume en el mundo.

Esta disrupción es, además, a muy largo plazo. Por una parte, las instalaciones destruidas en Ras Laffan tardarán entre cinco y siete años en repararse, mientras que las naves que no han sido directamente bombardeadas podrían tardar meses en estar operativas. A esto se suma que Catar tiene numerosos proyectos en desarrollo para ampliar aún más sus exportaciones, pero se han paralizado por el conflicto. Este país ya ha anunciado que su nueva planta North Field East, que iba a empezar a operar en el tercer trimestre de 2026, sumando 24.000 millones de metros cúbicos de gas (24 bcm, en la jerga del sector) al mercado global cada año, se pospone al menos hasta 2027.

En medio de este caos, las potencias europeas deben dejar por escrito a quién van a comprar su gas el año que viene. España solo importa de Catar el 2% de su GNL, pero sumado al agujero que dejará Rusia y a que el mercado internacional del gas sufre ahora una competencia internacional enorme por la guerra, no será fácil buscar nuevos vendedores.

En los últimos días, según publicó Bloomberg, el Gobierno español y Naturgy han tenido conversaciones con Argelia, un histórico proveedor de gas, para que aumente sus exportaciones a la península. El gasoducto que une los dos países cruzando el Mediterráneo tiene margen para aumentar su caudal un 14%, hasta los 32 millones de metros cúbicos diarios, aunque siempre está la posibilidad de traer más todavía mediante metaneros.

En el resto del mundo, otros grandes productores de combustibles tienen planeado aumentar también su producción de gas este año, según pronostica Oxford Energy. En 2025 la capacidad mundial de exportación de gas por barco fue de 593 bcm de metros cúbicos de GNL, y en 2026 se estima que se sumarán otros 53 bcm más, principalmente por parte de Estados Unidos, Canadá y Australia, que abrirán nuevas plantas o ampliarán las ya existentes.Según ese análisis, Europa será la región del planeta que más aumentará sus compras de GNL, seguida de China y el Sudeste Asiático.

La otra opción es romper la promesa de los 27 países y posponer el fin del gas ruso, como ya han propuesto algunos países. Estados Unidos ha levantado temporalmente las sanciones al Kremlin para que las compañías rusas puedan vender su petróleo y balancear la ausencia del Golfo. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue el primero en reclamar que Europa haga lo mismo con el gas natural.

El pasado domingo le siguió el primer ministro belga, Bart de Wever, que pidió "normalizar las relaciones con Rusia y recuperar el acceso a energía barata". Sin embargo, tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía, rechazaron tajantemente la idea.

Según ha confirmado la Comisión Europea a infoLibre, son ya 19 países los que han remitido sus planes para abandonar el gas ruso en los próximos nueve meses, y cuatro lo han enviado para deshacerse del petróleo. España no importa crudo ruso desde mayo de 2022 ni productos refinados desde diciembre de ese año, por lo que solo debe enviar el documento correspondiente al gas natural.

El informe que debe remitir cada país es por ahora confidencial porque contiene datos sensibles de las empresas que comercian con Rusia, pero la Comisión publicará en abierto un resumen de la información recopilada un mes después a haber recibido todos los reportes. 

En concreto, estos planes incluyen los datos básicos de importaciones directas o indirectas desde Rusia, el calendario de eliminación, las opciones alternativas y medidas alternativas que puedan ayudar, como la electrificación o el uso de biogás. Asimismo, los Estados tendrán que calcular si las medidas encarecerán la factura del gas, aunque la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, adelantó en diciembre en una entrevista en infoLibre que en el trabajo previo que han realizado garantizan que no habrá repercusión en los precios de la energía.

"Hemos hecho un análisis y preguntado a las empresas qué podía ocurrir, y nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de suministro y que los precios de los consumidores no se distorsionen", dijo la ministra en esa conversación.

Argelia ha sido durante las últimas dos décadas el principal proveedor de gas natural de España, y el Gobierno aspira a que esta relación se estreche para capear la crisis energética. Sin embargo, parece que no va a poder garantizarse un suministro mucho mayor del actual porque la tubería que une los dos países ya funciona prácticamente al 100% de su capacidad. Una segunda opción es incrementar las compras de gas licuado por barco (conocido como GNL), pero Argelia tiene la mayor parte comprometido con otros compradores. A esto se suma que Italia, que ha perdido su suministro de Catar, busca desesperadamente comprar más combustible al país norteafricano.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visitó esta semana el país norteafricano en un encuentro que llevaba meses programado, pero que ha ganado un enorme protagonismo por la crisis energética derivada de la guerra en el Golfo. Tras reunirse con el presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, y con el ministro de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, Albares dijo este jueves que “Argelia es un suministrador de gas fiable y constante con el que tenemos una larga tradición de suministros que queremos profundizar y renovar”.

De la reunión salió el compromiso de llevar a pleno rendimiento la tubería Medgaz, que conecta ambos países a través del Mediterráneo y que tiene capacidad para mover 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año (o 10 bcm, en la jerga del sector), una cuarta parte de las importaciones anuales de gas de España. En realidad, el gasoducto lleva operando prácticamente al 100% de su capacidad desde enero de 2026, un ritmo no visto en la última década y un 10% superior al año pasado.

Por mucho que el Medgaz funcione a pleno rendimiento, España necesita mucho más combustible en los próximos nueve meses. El mercado global de gas licuado acaba de perder el 20% de su suministro diario por el cierre del Estrecho de Ormuz. A esto se suma que el 31 de diciembre de este año, todos los países europeos deben dejar de importar gas ruso. España importó el año pasado de Rusia el 11,4% de su gas, y de Catar, el 3%.

Ese déficit difícilmente se compensará con nuevas importaciones de Argelia. Con la conexión Medgaz ya a pleno rendimiento, la única solución está en los barcos metaneros, un negocio que Argelia explota, pero donde hay poco margen de crecimiento. Fuentes del Ministerio de Exteriores señalan, de hecho, que esta vía comercial no ha estado sobre la mesa en la visita del ministro Albares.

El año pasado España importó por barco 1,9 bcm de gas natural de Argelia, según datos de Kpler, una empresa de seguimiento de metaneros, lo que equivale al 20% de lo que España recibió por tubería de ese país. El problema es que las compras de GNL dependen de acuerdos que hay que negociar continuamente en un mercado abierto y global (el conocido como mercado spot), de manera que cualquier país dispuesto a pagar más por ese combustible se puede hacer con el cargamento. A esto se suma que Argelia ya tiene acuerdos a largo plazo para vender GNL a Turquía, Francia e Italia. Según Gonzalo Escribano, experto en Energía del Real Instituto Elcano, de los 14,5 bcm de GNL que Argelia vendió en 2024, solo 4,5 bcm fueron en spot.

Los expertos tampoco creen que Argelia vaya a incrementar su producción de gas natural a corto plazo, porque es un país que históricamente ha tenido muchos problemas para mejorar su infraestructura gasista, pese a ser una potencia energética global. "El gas argelino lleva muchos años siendo una decepción. No creemos que los flujos de gas argelino vayan a aumentar de forma significativa a corto plazo", opina Andreas Schroeder, director de Análisis Energético de ICIS, una consultora energética.

Alun Davis, investigador principal de gas en Europa de la consultora S&P, también ve otras piedras en el camino. Primero, que la demanda de gas de su propia población está creciendo rápidamente y se ha comido el escueto incremento de producción que ha logrado tener desde 2020, por lo que cada vez tiene más dificultades para exportar. Segundo, que en este momento los precios del GNL en el mercado spot de Asia son más elevados que en Europa, de manera que ahora tiene un incentivo mayor para vender su gas a Asia antes que a España.

A estos problemas se suma la enorme presión y competencia que ejerce Italia. Este país importó el año pasado el 32% de su gas licuado desde Catar, un país que no va a poder exportar GNL en varios meses por los bombardeos de Irán. De hecho, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este miércoles Argelia con el mismo objetivo que Albares.

Italia lleva cuatro años mejor posicionada que España para adquirir gas argelino tras la fuerte disputa diplomática que se produjo entre Argel y Madrid alrededor del Sáhara Occidental. El conflicto ha quedado enterrado esta semana gracias a la visita del ministro español de Exteriores, pero el daño sobre el sector energético se mantiene. Aquel choque supuso el cierre del gasoducto Argelia-Marruecos-España, una segunda conexión entre la Península Ibérica y Argelia que tenía una capacidad de exportación similar a Medgaz.

Tras esa ruptura, parte de los envíos cancelados se redirigieron hacia Italia, que cuenta con una tubería con Argelia (TransMed) cuatro veces mayor que la española, capaz de enviar anualmente 39 bcm de gas natural. A través de ese gasoducto se enviaron el año pasado 20,2 bcm de gas, según Energy Intelligence, de manera que Italia podría incrementar un 100% esas importaciones sin recurrir a barcos metaneros.

Alun Davis opina que esa ventaja es crucial en la carrera entre España e Italia por el gas argelino. "Dado que Italia es, en esencia, el único mercado con capacidad de importación disponible a través del gasoducto desde Argelia, y que los precios del mercado italiano suelen ser más altos que los españoles, cabría esperar que Italia se beneficiara de cualquier posible aumento de las exportaciones que Argelia pudiera generar", valora el experto.

Schroeder, analista de ICIS, advierte también de que aunque Italia y España sean socios, no se puede esperar que los dos países vayan a cooperar en estas conversaciones. "Italia se enfrenta a una escasez de gas porque es el país europeo más dependiente de Catar. Tendrá que asegurarse de garantizar los volúmenes de suministro a corto plazo y su prioridad no será ayudar a sus vecinos ni a otros países de la UE en momentos de crisis", opina.

No obstante, la agencia Bloomberg asegura que la visita de Meloni tuvo un resultado limitado. Sonatrach, la compañía gasista nacional de Argelia, comunicó a Italia que si quiere comprar más GNL tendrá que hacerlo en el mercado spot, pagando el sobreprecio que tiene ese combustible sobre el que se vende en contratos a largo plazo. 

Casi un año después del apagón del 28 de abril, un grupo de medio centenar de expertos europeos ha concluido que el origen del episodio fue un problema de sobretensión de la red, una anomalía que no tiene precedentes en el continente. Los autores achacaron el incidente a una "tormenta perfecta" de diferentes problemas mientras subrayan que las energías renovables son absolutamente seguras, incluso si suponen el 100% de la generación de un país.

Esto no va sobre energías convencionales o renovables, sino sobre control de tensión. Y todos los tipos de generación pueden controlar la tensión", repitió en varias ocasiones este viernes Damian Cortinas, presidente del consejo de administración de ENTSO-E, la Asociación de Gestores Europeos de Redes de Transporte de Electricidad, durante la presentación del informe final sobre las causas del incidente. También han participado en el estudio expertos de todo el continente de ACER, la agencia europea de reguladores eléctricos.

Desde el mismo día del apagón, las renovables han estado en el punto de mira de una parte del sector energético, aunque los expertos en redes eléctricas ya dijeron que la participación ese día de más centrales térmicas no habría cambiado el desenlace. Los críticos subrayaron que ese exceso de solar y eólica redujo la inercia de la red, un parámetro imprescindible para controlar la frecuencia, pero el nuevo informe calcula que un 20% más de inercia no habría ayudado. "Los resultados indican que una inercia adicional habría tenido un impacto mínimo en la evolución del incidente", se lee. De hecho, la frecuencia habría caído incluso más rápido en ese escenario.

Lo que sí avisaron los expertos entonces, y ahora subraya el análisis, es que las renovables deben aportar control de tensión dinámico al sistema, una tarea que en aquel momento solo realizaban las instalaciones tradicionales, principalmente las centrales de gas natural. Esta modificación ya se ha introducido en los procesos de operación de la red eléctrica española y esta misma semana se ha inaugurado con medio centenar de instalaciones, y otras tantas se unirán próximamente.

El problema es que solo las plantas renovables construidas posteriormente a 2020 tienen instalada la tecnología para hacerlo –porque fue entonces cuando se hizo obligatorio en Europa–, y una de las recomendaciones del informe de este viernes es que se obligue también a las renovables más antiguas a adaptarse para realizar ese control de tensión dinámico

Cuando se señala la necesidad de que las renovables controlen la tensión, se apunta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la encargada de fijar los conocidos como procesos de operación del sistema eléctrico, los parámetros que deben cumplirse para garantizar la seguridad. Este organismo llevaba cinco años haciendo pruebas sobre cómo las renovables, principalmente la fotovoltaica, pueden inyectar en la red potencia reactiva –una clase de energía que permite controlar la tensión–, y esperaba introducir este mecanismo en 2026, pero con el apagón aceleró el trabajo y estuvo listo en apenas un mes, el 12 de junio.

Como ya ocurrió en el informe preliminar que presentaron en octubre, en el nuevo análisis los expertos no han señalado a ningún culpable concreto, aunque señalan problemas cuya responsabilidad recae en todos los actores del sistema: las grandes empresas eléctricas, el operador de la red (Red Eléctrica), la CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica

"Tenemos recomendaciones para que esto no vuelva a ocurrir, pero nuestro cometido no es atribuir culpables. Eso depende de la interpretación que hagan las autoridades nacionales", dijo Cortinas el viernes. Preguntado por si Red Eléctrica tenía más responsabilidad que los demás por su papel de gestor de la red, insistió en que no hubo una única causa. "Fue una combinación de todas ellas, una tormenta perfecta".

El estudio de ENTSO-E volvió a destacar conclusiones ya conocidas, como que "algunas" las grandes plantas de ciclo combinado que debían controlar la tensión no cumplieron con su cometido– pese a que reciben una remuneración por ello, que en 2025 ascendió a 1.200 millones de euros– y no absorbieron toda la potencia reactiva que se ordenó.

También explican que muchas instalaciones de generación se desconectaron de la red cuando la tensión era elevada, pero por debajo de lo que la normativa obliga a soportar, lo que agravó la situación de manera drástica porque eso generó un efecto dominó que aumentó aún más la tensión y provocó que otras plantas se desconectasen. La red de transporte tiene una tensión media de 400 kV, pero todos los que se conectan a ella deben soportar picos de hasta 435 kV. De 19 subestaciones que examina el informe, solo seis se desconectaron dentro del rango legal, nueve incumplieron y del resto no se tienen datos concluyentes.

Lo que sí han aportado nuevo en este análisis es el papel que jugaron las desconexiones de paneles solares de pequeño tamaño (inferior a 1 MW) instalados en casas, oficinas o fábricas, un área gris que es extremadamente difícil de controlar. Aunque individualmente son instalaciones pequeñas, ese día se desconectaron por la inestabilidad de la red una cantidad ingente –alrededor de 800 MW– en los minutos e instantes previos al apagón, según ENTSO-E, incrementando aún más la tensión en el sistema.

También es cierto, destacan los autores del trabajo, que España tiene unos baremos legales de tensión demasiado grandes. Mientras que lo normal en Europa es que el límite de tensión en la red de transporte esté en 420kV (también en Portugal), en tope en España es de 435 kV. Dos horas antes del apagón ya se alcanzaron tensiones en algunos puntos superiores a 420 kV, unas cifras que en otros países habrían levantado las alarmas, pero que en España entran dentro de rango. Por eso los expertos de ENTOS-E piden rebajar ese tope al umbral estándar del continente. La CNMC también solicitó este cambio el jueves al Ministerio de Transición Ecológica dentro de su paquete de respuesta al incidente.

Otro de los problemas que destacaron fue el fallo de respuesta de las reactancias, unas máquinas que se instalan en subestaciones eléctricas para controlar la tensión de la red. En España y en muchos otros países se activan y apagan de manera manual, y eso provocó que no se conectaran a tiempo todas las reactancias necesarias aquella mañana. En los minutos previos al apagón, Red Eléctrica las desconectó para incrementar la tensión de la red, que era inusualmente baja en ese momento, pero cuando la tensión comenzó a subir de manera descontrolada, solo se conectó el 58% de la capacidad de reactancia con la que contaba el sistema eléctrico español. Los expertos proponen que ese mecanismo se automatice, como ocurre en Francia.

Los directivos de ENTSO-E insistieron durante la presentación del estudio en que muchos de las correcciones que proponen no solo van destinadas a España, sino que toda Europa, y la propia organización de gestores tienen que aprender de la experiencia ibérica. "Nunca antes había ocurrido algo así. Lo más importante que sabemos ahora es que estos problemas de sobretensión pueden afectar a gran escala y que pueden apagar un país entero. Y que ahora sabemos qué tenemos que hacer para corregirlo", subrayó Damian Cortinas.

El mercado global de energía ha pasado de la tensión al pánico. Irán ha cumplido en las últimas 24 horas su promesa de poner en la diana las mayores instalaciones de gas y petróleo del Golfo Pérsico después de que Israel atacase su campo gasista de South Pars, el mayor yacimiento del mundo. Donald Trump intervino este jueves asegurando que Estados Unidos no estuvo detrás de este bombardeo, pero no disuadió a la república islámica para frenar la escalada.

En la mañana del jueves los mercados asumieron que la guerra se había descontrolado y que Irán estaba dispuesto a dinamitar toda la infraestructura energética de la región, aunque con el paso de las horas la situación se calmó. El barril de petróleo en Europa cotiza ya a su nivel más alto en cuatro años (107 euros), mientras que el gas natural se ha encarecido un 110% en las últimas tres semanas.

Las subidas de precio más recientes se produjeron tras los bombardeos en la noche del miércoles de Irán sobre Ras Laffan, el principal centro catarí de conversión de gas natural a gas natural licuado (GNL), un proceso imprescindible para transportar después ese combustible en barcos a cualquier punto del planeta. Irán también atacó tres refinerías de petróleo en Arabia Saudí y Kuwait.

Sin embargo, a lo largo del jueves los mercados se apaciguaron ante los diferentes mensajes que llamaron a la calma. El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas, dijo en la tarde del jueves que por ahora se han "moderado" en su respuesta y que solo han usado una "fracción" de su arsenal, pero que están listos para ir a por más. "No habrá NINGUNA moderación si nuestras infraestructuras vuelven a ser atacadas", publicó en X.

Los expertos pronostican que tanto el precio del gas como del petróleo pueden subir considerablemente, pero Trump ha pasado a una estrategia basada en lanzar mensajes tranquilizadores sobre el conflicto para frenar la sangría, garantizando que ha dado la orden a Israel de no volver a disparar contra infraestructuras energéticas de Irán. 

Los expertos coinciden en que las primeras víctimas de la guerra energética estarán en Asia, destino del 80% del gas catarí. China e India son sus mayores compradores, pero pueden permitirse adquirir combustible más caro a otros vendedores o sustituir el gas por carbón a la hora de generar electricidad. Mientras, otros países, como Pakistán o Bangladesh, que dependen en un 99% y un 72% del gas natural del Golfo, están al borde del colapso. El primero ha tenido que cancelar las celebraciones de su fiesta nacional este fin de semana por falta de recursos y en Bangladesh han establecido un racionamiento de combustibles.

Jaime Concha, editor en Energy Intelligence, explica a infoLibre que Europa está también empezando a perder los nervios. "Hasta el miércoles, el mercado europeo estaba más o menos contenido, pero los nuevos ataques han cambiado radicalmente la situación. El panorama a futuro ha cambiado porque lo que antes podía recuperarse en semanas, ahora serán meses. No sabemos cuánto puede durar el conflicto y la Unión Europea tiene de aquí a finales de agosto para rellenar sus depósitos de gas para el próximo invierno", subraya.

A esto se suma que el invierno que acaba de terminar ha sido más frío de lo habitual, y los depósitos europeos de gas se encuentran especialmente raquíticos, con el volumen más bajo en estas fechas desde 2022. A partir de ahora habrá que competir con todavía más países para abastecerse en los próximos meses. "Ahora comienza el momento crítico", opina Jaime Concha.

Thierry Bros, experto en gas y profesor de la Universidad Sciences Po, pronostica que los precios del gas, de hecho, subirán más todavía, y este jueves se preguntaba en X cómo es que los mercados no han reaccionado peor a las noticias de las últimas horas. Calcula que si Catar permanece ocho meses sin exportar nada de GNL, el mundo perderá tanto gas natural como Rusia dejó de suministrar a Europa entre 2021 y 2022, una situación que llevó al gas europeo a cotizar a más de 300 €/MWh durante los peores días. Ahora está en 60 €/MWh.

QatarEnergy, la compañía nacional de gas catarí, ya adelantó este jueves que no volverá a exportar por el Estrecho de Ormuz hasta que el tránsito sea seguro, y tras tres semanas de conflicto no se vaticina un final. Esta empresa representa el 20% del GNL del mundo y es el segundo mayor exportador tras Estados Unidos.

A esto se suma que Ras Laffan, el complejo catarí que fue atacado en la noche del miércoles por Irán, ha quedado parcialmente dañado, según confirmó la compañía a la agencia Reuters. Ha perdido el 17% de la capacidad de exportación y esas instalaciones tardarán entre tres y cinco años en repararse, dejando fuera del mercado mundial 12,8 millones de toneladas de GNL al año, algo menos del 2% del consumo global.

La energética catarí dijo también que va a paralizar indefinidamente sus contratos a largo plazo con Italia, Bélgica, Corea del Sur y China. Italia podría sufrir un agujero importante en su suministro, ya que Catar supone un tercio del gas licuado que importa. Según citaba este jueves Bloomberg, el banco Morgan Stanley pronostica que si el Estrecho de Ormuz sigue cerrado durante tres meses, será la mayor interrupción del suministro de GNL en los cincuenta años de historia del sector.

Irán ha logrado contener los incendios provocados por ataques israelíes en varias zonas de las instalaciones gasísticas Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo, y asegura que la situación está bajo control.

El gobernador de Asaluyeh, en declaraciones a la agencia semioficial Tasnim, dijo que los bombardeos provocaron incendios en varias partes de la instalación, pero que los bomberos y las fuerzas de rescate consiguieron contener el fuego "lo más rápidamente posible" y "la situación en la zona está ahora completamente bajo control", sin que el ataque haya dejado víctimas. Pocas horas antes, el gobernador había alertado de "humo negro" en la zona, pero aseguró que no había riesgo de fuga de gases y que el fuego y el humo que queda actualmente se extinguirá automáticamente.

Sin embargo, las autoridades no detallaron si estos ataques han provocado una suspensión de la producción o del suministro de gas de este yacimiento, que junto con el adyacente de North Field (que llega hasta Catar) es el mayor de gas natural condensado del mundo, con una superficie de 9.700 kilómetros cuadrados.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, condenó el ataque israelí a este yacimiento asegurando que se trata de un "paso peligroso e irresponsable de la actual escalada militar en la región". "Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética mundial, así como para los pueblos de la región y su medio ambiente", dijo el portavoz.

Por su parte, el Ejército iraní amenazó este miércoles con atacar "a la primera oportunidad" infraestructura de energía, gas y combustible vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región si son atacadas sus infraestructuras. "Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo", dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya a través de la agencia de noticias Fars. El Ejército apuntó que considera "legítimo" atacar "la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen" y subrayó que tomará "represalias contundentes a la primera oportunidad".

El episodio más relevante de ataques a infraestructuras energéticas se produjo el pasado 14 de marzo, cuando Estados Unidos bombardeó objetivos militares en la isla iraní de Jarg, considerada el corazón de la industria petrolera del país y punto donde se almacena el 90% del crudo que Irán exporta al mundo.

Tras aquellos ataques, Irán amenazó entonces con destruir "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si sus propias instalaciones energéticas vuelven a ser atacadas.

El Ejército iraní calificó el ataque de EE.UU. e Israel contra unas refinerías de gas en el sur del país persa como "un crimen de guerra" y advirtió que "no quedará impune", además de amenazar con atacar "infraestructura enemiga que antes se consideraba segura".

Así lo indicó este miércoles la agencia de noticias Fars, citando a "fuentes relacionadas con el Ejército iraní".

La misma fuente añadió que, con estos ataques, "el péndulo de la guerra" cambiará, "pasando de batallas limitadas a una guerra económica a gran escala".

"A partir de esta noche, las demás líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensó que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para que cediera, se equivocó fatalmente en sus cálculos, pues esta acción le ha dado a Irán una baza crucial: la reciprocidad", advirtió.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) lanzó un nuevo aviso para que se alejen de instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, y advirtió que “se han convertido en blancos legítimos y serán atacados en las próximas horas”, según informó la agencia de noticias Tasnim, vinculada al IRGC.

Según la misma fuente, entre los blancos que amenazó la Guardia Revolucionaria iraní con atacar "en las próximas horas" figuran el complejo petroquímico de Jebel en Arabia Saudí, la refinería Samref en Arabia Saudí, el complejo petroquímico y la empresa Messaieed Holding en Qatar, así como la refinería y plantas industriales de Ras Laffan en Qatar.

El ataque ha enfurecido a Qatar, que apunta a Israel y lo califica como un paso “peligroso e irresponsable”. “Los ataques israelíes contra instalaciones vinculadas al yacimiento Pars Sur de Irán, una extensión del yacimiento North Field de Qatar, constituyen una medida peligrosa e irresponsable en medio de la actual escalada militar en la región”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed Al Ansari , en X.

En el comunicado hace un llamamiento a todas las partes para que actúen “con moderación” y respeten el derecho internacional, y les pide que trabajen para rebajar las tensiones “de manera que se preserve la seguridad y la estabilidad de la región”. “Atacar las infraestructuras energéticas constituye una amenaza para la seguridad energética mundial”, dice. 

Israel y Estados Unidos atacaron este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informó la agencia iraní Tasnim.

El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo que los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declaró un responsable de seguridad de Busher, la ciudad en la que se encuentra la refinería, de quien la agencia no especificó su nombre.

Tras este ataque a estas importantes refinerías, el episodio más relevante de ataques a infraestructuras energéticas se produjo el pasado 14 de marzo, cuando Estados Unidos bombardeó objetivos militares en la isla iraní de Jarg, considerada el corazón de la industria petrolera del país y punto donde se almacena el 90% del crudo que Irán exporta al mundo.

En respuesta a estos ataques, Irán amenazó el 14 de marzo con destruir "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si sus propias instalaciones energéticas vuelven a ser atacadas.

Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem). "Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", explicó en redes sociales en Minem.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EEUU.

La mayoría de las caídas del SEN, de las que la isla ha tardado días en recuperarse, estuvieron asociadas a fallos y averías, principalmente en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales del país, aunque los desastres naturales también jugaron un papel.

No obstante, la crisis energética está en el día a día de los cubanos desde hace años. Los cortes de 15 horas diarias se han normalizado en La Habana, mientras que en provincias se ha llegado a registrar desconexiones de 48 horas.

El 18 de octubre de 2024, una avería tiene lugar en la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas (oeste), una de las dos mayores centrales del país y clave para el suministro eléctrico del occidente de la isla. El gobierno cubano declara un estado de “emergencia energética”, reconociendo la severidad de la crisis.

El 6 de noviembre se produce el segundo colapso del SEN en menos de tres semanas. Este apagón general estuvo asociado al paso del huracán Rafael, de categoría 3, por el oeste de Cuba. La recuperación fue desigual —prolongándose hasta un mes en regiones rurales— porque además de reconectar la red eléctrica y sincronizar las centrales termoeléctricas, se tuvieron que reparar cables e instalaciones eléctricas dañadas por los fuertes vientos.

El 4 de diciembre dio lugar el tercer apagón nacional en apenas tres meses y el segundo en ese mismo período provocado por la salida imprevista, por avería, de la central termoeléctrica Antonio Guiteras. El restablecimiento del SEN era mayoritario para el tercer día.

El 14 de marzo de 2025, un cuarto apagón que deja a Cuba a oscuras en menos de seis meses. Las autoridades explican que una falla por incendio en una subestación de La Habana es la causa. En algunas regiones del país la energía tarda en restablecerse al menos dos días.

10 de septiembre de 2025. Quinto colapso total del SEN en menos de un año y tercero en ese mismo período ligado a problemas en la central Antonio Guiteras, aunque posteriormente se dijo que la instalación no había sufrido daños y estaba lista para entrar en servicio. A las 24 horas del apagón, alrededor de un 40% del país tenía de nuevo corriente.

Este lunes 16 de marzo, el SEN se desconecta de nuevo por completo apenas una semana después de un apagón masivo que dejó a seis millones de cubanos sin corriente. Se trata del primero de carácter nacional bajo el bloqueo petrolero, una condición que puede afectar a la rapidez de la recuperación, según los expertos.

La inflación se mantuvo en el 2,3 % en febrero, la misma tasa que el mes anterior, debido a que el abaratamiento de la electricidad durante ese mes compensó los incrementos de precios en restauración y alimentación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, que reflejan la estabilidad respecto a enero de la tasa de inflación interanual, a la espera de que el dato de marzo ya recoja el impacto en precios de la guerra de Irán.

La inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- se situó en el 2,7%, una décima superior a la del mes anterior y la más elevada en el último año y medio.

La tasa interanual de inflación rompe así con la tendencia a la moderación que había registrado en los tres últimos meses y se coloca cuatro décimas por debajo de la subyacente, una diferencia que no se registraba desde octubre de 2024.

Por componentes, a la baja de la inflación tiró la vivienda, cuyos precios bajaron un 1,9%, ocho puntos menos que el mes pasado, debido al abaratamiento de la electricidad, que se encareció un año antes.

Por el lado contrario, al alza tiraron los restaurantes y servicios de alojamiento, cuyos precios aumentaron un 4,8%, tres décimas más, por un mayor encarecimiento de los restaurantes y de los servicios de alojamiento que el registrado en febrero de 2025.

También influyó la alimentación y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 3,2%, dos décimas más, principalmente por la estabilidad de los aceites y grasas y del pescado y marisco, frente a su abaratamiento de un año antes.

Las mayores subidas de precio en febrero respecto al mismo mes del año anterior las registraron los huevos, un 30,1%; la recogida de basuras, un 28,6%; la joyería y relojes pulsera, un 27,5%; el transporte combinado de pasajeros, un 26,6%; y las hortalizas, un 15,2%.

Por contra, las mayores bajadas de precios fueron las de los aceites vegetales, que cayeron un 14,1%; los combustibles líquidos, un 10,8%; equipos audiovisuales, un 6,4%; el butano y propano, un 6,3%; y la gasolina, un 6,1%.

En comparación mensual, los precios de consumo subieron un 0,4% en febrero, frente al descenso de enero, debido al encarecimiento de los restaurantes y servicios de alojamiento, de los combustibles para vehículos personales y de los alimentos, especialmente, frutas, frutos de cáscara, hortalizas, legumbres y patatas.

Lo que más subió de precio durante febrero fueron las bayas frescas (51,4%), el alquiler de vehículos (21,6%) y las legumbres (12%), mientras que lo que más bajó fue el transporte por avión (–11,6%), el vestido de bebé (–2,6%) y la luz (–2,4%).

El precio de los huevos no varió durante el mes de febrero, aunque en los doce últimos meses ha sufrido un incremento del 30,1%.

El del aceite de oliva también se mantuvo durante febrero y bajó un 16,8% en tasa interanual, aunque acumula una inflación del 64% desde enero de 2021.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en febrero. Las más altas fueron las de Madrid (2,9%), en tanto que las de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja fueron las más bajas (2% en todas).

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la inflación se situó en el 2,5%, una décima por encima de la registrada el mes anterior, y la variación mensual fue del 0,8%.

Medio centenar de plantas solares trabajan ya en España para controlar la tensión de la red, el principal problema que llevó al apagón del pasado 28 de abril. Inmediatamente después de aquel incidente histórico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cambió la regulación para que las instalaciones renovables pudiesen regular este parámetro y diez meses después han comenzado a hacerlo, según señaló este miércoles Red Eléctrica (REE), el operador del sistema eléctrico.

Concha Sánchez, directora general de Operación de REE, dijo que ya hay 50 instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos que aportan tensión a la red, sumando una potencia total de 4,4 GW, de las que la inmensa mayoría son plantas fotovoltaicas. Hay otras 50 plantas que ya han superado las pruebas y se sumarán próximamente a este servicio, y se espera que en los próximos meses se sumen cientos de parques más. Por ahora, ninguna cobra por realizar este control de tensión, pero empezarán a hacerlo el 17 de marzo.

Durante la presentación de las magnitudes del sistema eléctrico de 2025, Sánchez comentó que "ampliar el servicio de control dinámico de tensión a un número más amplio de la generación" permite tener "un número más amplio de unidades que aporten ese recurso". Es decir, cuantas más instalaciones puedan controlar la tensión de la red, más eficiente será el proceso y menor será su coste para los consumidores.

El trabajo del control de tensión es imprescindible para evitar apagones. La tensión es un parámetro muy sensible de la red eléctrica que tiene que mantenerse dentro de un umbral (medido en kV) y si se dispara por arriba o por abajo puede provocar averías en todo el sistema, de manera que productores y consumidores de luz se desconectan automáticamente por seguridad cuando se descontrola. Eso es lo que ocurrió el 28 de abril: una subida salvaje de la tensión provocó una cascada de desconexiones por seguridad de plantas de producción eléctrica –algunas antes de tiempo, que están siendo investigadas– hasta que se produjo el apagón.

El control de tensión dinámico siempre ha formado parte de la programación de la red eléctrica, pero hasta ahora solo podían realizarlo las centrales de ciclo combinado de gas, las nucleares y las plantas de carbón. Esas instalaciones son compensadas económicamente por estar encendidas para ofrecer ese servicio y desde el apagón se ha incrementado el número de unidades que reciben esa orden de REE para garantizar que no se repite ese cero eléctrico.

El problema es que mantener encendidas estas plantas solo para ese proceso encarece notablemente la factura de la luz. En 2025, todos los consumidores pagaron unos 1.200 millones de euros por ese trabajo a las grandes energéticas. Pero como ahora ese control lo pueden realizar también las renovables, la factura de ese servicio será mucho menor. En concreto, la CNMC ha decretado que las plantas solares y eólicas que controlen tensión recibirán un euro por cada megavoltio amperio activo por hora (1 €/MVArh) que absorban o inyecten a la red eléctrica. Los MVArh son unidades de potencia reactiva, un tipo de energía que hay que controlar para evitar subidas y bajadas de tensión en la red.

Las empresas de energía solar se quejan de que ese precio que van a cobrar no es suficiente ni para cubrir sus gastos. Según cálculos de UNEF, la patronal fotovoltaica, un ciclo combinado de gas cobra ahora entre 106 y 110 €/MVArh, y ellos van a recibir 1 €/MVArh, insuficiente para cubrir los gastos de realizar ese servicio por la noche. En cambio, solicitan a la CNMC que incremente su retribución hasta los 5 o 10 €/MVArh, que seguiría siendo entre diez y veinte veces menos del coste actual, subraya Héctor de Lama, director técnico de UNEF.

"Si nos habilitamos para controlar tensión, nos comprometemos a hacerlo también en las horas en las que no hay sol. Y para poder soltar reactiva a esas horas necesitamos comprar electricidad en el mercado y aumentar la potencia contratada, y eso es muy caro. Ahora mismo no sale rentable", opina el experto.

Aunque ahora no sea económicamente viable para las renovables participar en el control de tensión, medio centenar de estas instalaciones están adscritas a esta labor porque –aparte de una pequeña retribución– reciben lo que se conoce como prioridad de despacho. La normativa obliga a que las instalaciones que aporten seguridad a la red, como un control de tensión, sean las últimas a las que se puede ordenar apagarse si hay demasiada producción de electricidad. Ocurre a menudo en las horas de mucho sol y baja demanda, durante las cuales, algunas plantas solares se desconectan de manera forzosa porque no hay demanda suficiente de energía.

El hecho de que más plantas controlen tensión –y lo hagan a menor precio– debería reducir próximamente los costes de los servicios de ajuste de la red, los costes que tiene equilibrar la red eléctrica para que funcione de manera segura. No obstante, De Lama no cree que esto vaya a ocurrir a corto plazo porque todavía son pocas las plantas renovables adscritas al nuevo sistema. "Esto debería hacer que trabajen menos ciclos combinados de gas, pero no se notará hasta que haya muchas más renovables. Como el control de tensión es zonal, puede haber un efecto desborde. Si mucha solar que aporta o absorbe reactiva está en un mismo sitio, solo desplazará a un ciclo combinado, y si está muy dispersa por España, no consigues desplazar a ninguno. Probablemente habrá un impacto mayor sobre las plantas de gas de Castilla-La Mancha o Huelva, donde hay mucha fotovoltaica".

Según dijo también Concha Sánchez este miércoles, esa operación en modo seguro que se activó tras el apagón encareció en 516 millones de euros la gestión del sistema en 2025, una subida de la luz del 2%, o unos 3 euros al mes para un consumidor medio. Otro estudio de la consultora energética Nera cifraba ese coste en 1.100 millones, el número que también han replicado las compañías eléctricas y el doble de lo que afirma Red Eléctrica, pero Sánchez cargó contra esos cálculos argumentando que "tienen otra terminología (sic)". 

Los economistas llevan una semana discutiendo sobre si el mundo está ya sumido en una nueva crisis energética, la cuarta de los últimos cincuenta años. Hasta este fin de semana pesaba más la idea de que este desastre era temporal porque los precios de la energía estaban lejos de los peores días de 2022, pero los acontecimientos del fin de semana llevaron el lunes a un subidón del petróleo y el gas. Sin embargo, tan rápido como se disparó, su precio volvió a desplomarse después de que Donald Trump anunciase en televisión que la guerra "está prácticamente terminada".

El barril de petróleo superó este lunes el umbral psicológico de los 100 dólares por barril y rozó por momentos los 120 dólares, casi el doble de su coste antes de la guerra. Para después caer incluso por debajo del precio del viernes, hasta alrededor de los 90 dólares. Está por ver si la bajada continúa en los próximos días y si se traslada al precio del combustible. Las gasolineras de España marcaban este lunes una subida del diésel de más del 21% y de la gasolina de alrededor de un 10%.

El gas natural también comenzó la jornada descontrolado en los mercados y en Europa superó el lunes los 60 dólares, el doble que hace dos semanas, aunque cerró el día en 55 dólares. Su precio habitual suele estar entre 30 y 35 euros. Trasladar ese pico al recibo del gas es más complicado, pero en la factura eléctrica el golpe se nota entre los hogares con una tarifa regulada (conocida como PVPC). La subasta eléctrica de este martes se ha disparado un 380% respecto a la semana pasada hasta su nivel más alto en un año, aunque el precio que captura el consumidor no ha subido tanto, un 40%.

Gonzalo Escribano, experto en energía y geopolítica del Real Instituto Elcano, participó este lunes en un encuentro de la patronal gasista española y dibujó un futuro enormemente pesimista. "Cuando valoramos los diferentes escenarios posibles, estamos en el peor de los peores. Estamos en una escalada descontrolada, con ataques a infraestructuras energéticas y un recién nombrado líder cercano a la Guardia Revolucionaria que complicará la desescalada", valoró Escribano.

En ese momento ningún analista valoraba lo que el presidente de Estados Unidos anunciaría horas después, que al III Guerra del Golfo está cerca de terminar, o al menos eso es lo que dijo Donald Trump. Según explicó a una periodista del canal CBS por teléfono, Irán "no tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". Y añadió que Estados Unidos está "muy por delante" de su planificación original, que estimaba una campaña de cuatro o cinco semanas.

Hasta ese momento, los expertos valoraban un escenario realmente negro. Irán anunció que Mojtaba Jamenei, hijo del recientemente asesinado Alí Jamenei, será el nuevo líder del país, una decisión que se había interpretado como un desafío a Estados Unidos. Coincidiendo con este nombramiento, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo este domingo que el conflicto entra "en una nueva y peligrosa fase". El sábado, Estados Unidos bombardeó por primera vez una planta desaladora iraní, según denunció este país, y el domingo Irán hizo lo mismo con una desaladora en Bahréin. Esta era otra línea roja que preocupaba a los expertos porque abre la puerta a migraciones masivas en la región si se pone en riesgo el acceso al agua.

Aunque el gas y el petróleo alcanzaron precios extremadamente preocupantes el lunes, a lo largo del día esos números se suavizaron de forma parcial después de que las grandes potencias emitieran un comunicado para calmar la situación. Los ministros de economía del G-7 publicaron, tras una reunión, que están preparados para liberar petróleo de los almacenes de emergencia si la situación empeora. "Estamos preparados para tomar las medidas necesarias, incluyendo el apoyo al suministro mundial de energía con la liberación de reservas", aseguraron. Esas reservas equivalen al menos a 90 días de importaciones.

El optimismo de Trump y la decisión del G-7 fueron indispensables para calmar a los mercados, pero está por ver que eso se traslade a la realidad porque la situación es extremadamente volátil. Por ejemplo, este lunes la OTAN interceptó un misil balístico procedente de Irán que tenía como objetivo a Turquía, un país miembro de la Alianza Atlántica. Baréin también declaró este lunes el cese de sus exportaciones de energía después de sufrir un ataque en una de sus refinerías, mientras que Arabia Saudí logró interceptar un ataque de drones sobre su campo petrolífero de Shaybah.

A medida que pasan los días también se ven afectadas otras ramas de la economía global, no solo la energía. El famoso Estrecho de Ormuz, que lleva una semana prácticamente cerrado, también sirve para que los países del Golfo exporten diferentes materias primas, como fertilizantes, al resto del planeta, y la interrupción de este transporte aumenta todavía más la probabilidad de una recesión económica global por la inflación. 

En una llamada con periodistas este lunes en la que participó infoLibre, Gerard Reid, experto en finanzas y energía, alertó de este problema: "Hablamos del petróleo y del gas, pero también es el el sulfuro de las baterías, el sulfuro de los fertilizantes, el aluminio… Esto es muy serio y cada día que pasa va a peor".

En esa conversación también intervino Janek Steitz, director de Clima y Energía de Dezernat Zukunft, una consultora económica alemana. Según un análisis que acaban de elaborar, si el conflicto se alarga y Ormuz permanece cerrado dos meses, la zona euro sufriría una inflación durante el próximo semestre de entre el 1% y el 2%. En el peor escenario, en el que Ormuz permanece asediado durante seis meses, la inflación superaría el 3%.

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool', una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada, subirá este martes un 15% respecto a los niveles con los que ha comenzado la semana, en la que será su tercera sesión consecutiva al alza.

De acuerdo con el histórico elaborado por EFE a partir de los datos del operador del mercado ibérico OMIE, los 136,86 euros a los que se pagará el megavatio hora (MWh) este martes suponen, además, el precio medio más alto en un año, en concreto, desde los 138,17 euros/MWh que el 'pool' registró el lunes 17 de febrero de 2025. El precio medio más alto de 2026 eran, hasta ahora, los 129,86 euros/MWh del pasado lunes 19 de enero.

Esta evolución alcista se produce en mitad de un escenario convulso a nivel geopolítico, a raíz de la guerra en Irán y la consiguiente escalada de tensión en Oriente Próximo. Para el investigador principal del Real Instituto Elcano Gonzalo Escribano, la situación que ha originado la guerra en Irán "no pinta bien" para los mercados energéticos en Europa, y prevé que las subidas de precio "ya van a ser muy difíciles de contener" visto cómo evolucionan las tensiones.

Los analistas insisten en que el impacto en las facturas de los consumidores dependerá de cuánto más dure el conflicto y del tipo de contrato. De este modo, un hogar con tarifa PVPC se vería afectado si aumenta la generación eléctrica con gas, mientras que uno con precio fijo, de primeras, no se vería perjudicado. Ahora bien, cerca de un 30% de hogares en España revisa su contrato de luz entre enero y marzo, conforme a la plataforma Zonox, que destaca en una nota cómo el mayor pico de vencimientos del año va a coincidir con el momento de mayor tensión en los precios energéticos.

El precio del gas natural sigue disparado este martes y registra una fuerte revalorización del 45%, hasta superar los 63 dólares por megavatio hora (MWh), lo que supone nuevos máximos desde febrero de 2025.

El precio del gas sube con fuerza, por segundo día consecutivo, como consecuencia del aumento de las tensiones en Oriente Medio y después de que Qatar Energy, empresa propiedad del Estado de Catar, haya suspendido la producción de gas natural licuado por cuestiones de seguridad tras el ataque a dos de sus instalaciones.

El pasado sábado, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva conjunta contra Irán, que ha respondido con ataques a otras regiones y ha extendido el conflicto por Oriente Medio, lo que además ha despertado el miedo a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 11:30 horas (10:15 GMT), el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, subió el 45%, hasta los 63,13 dólares.

En la jornada previa, el precio del gas ya llegó a dispararse más del 50%, aunque finalmente cerró la jornada con una subida del 40,81%. 

Por su parte, el barril de petróleo brent para entrega en mayo subía este martes más de un 5% en el mercado de futuros de Londres y rondaba los 82 dólares, impulsado por temores de suministro ante la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, alcanzó los 82,12 dólares a las 9:22 GMT, un avance del 5,63% frente al cierre del lunes, si bien después moderaba su ascenso y se negociaba en torno a 82,05 dólares poco después de las 10 GMT.

El brent llegó a subir más de un 13% en la madrugada del lunes, en su primera reacción a la ofensiva lanzada por EEUU e Israel contra Irán, que respondió a su vez con bombardeos hacia distintos objetivos de sus vecinos árabes de la región del golfo Pérsico.

El índice de precios de consumo (IPC) ha arrancado el año en el 2,4% interanual, cinco décimas menos que la tasa de diciembre, debido fundamentalmente al comportamiento de la electricidad y los carburantes, según informa EFE.

Según el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la evolución de enero ha influido la electricidad, que ha moderado su subida, y el descenso de los precios de los carburantes.

La tasa de inflación de enero es la más moderada desde mediados del año pasado (2,3% de junio de 2025).

Por otro lado, la inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados, se mantuvo en el 2,6% por tercer mes consecutivo.

Según el INE, esta tasa no se situaba por encima del IPC general desde mayo de 2025.

El Ministerio de Economía ha valorado que la inflación "sigue moderándose en línea con el objetivo del BCE de que se mantenga estable cerca del 2% y permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo".

"Los precios se desaceleran a inicios del 2026", han destacado en declaraciones remitidas a los medios.

En tasa mensual, los precios de consumo registran en enero un descenso del 0,4% respecto al mes de diciembre, según este indicador adelantado del IPC.

En cuanto a los precios armonizados (IPCA), el mes de enero la tasa de variación anual estimada del IPCA baja cinco décimas al 2,5%, mientras que la subyacente es del 2,8% y la mensual –0,7%.

El INE ha recordado que los datos de este IPC son los primeros en la nueva base 2025 en la que se pasa de 12 a 13 grandes grupos, se revisa la cesta de la compra, se actualizan ponderaciones y se incluyen novedades metodológicas.

Por ejemplo, han entrado productos como aguacates, arándanos, refrescos de té, cerveza con limón y radiografías y han salido otros en desuso como la corbata y el pañuelo.

El INE publicará el próximo 13 de febrero el dato definitivo de inflación de enero así como el detalle de evolución de todos los grupos.

El tema ya está presente en muchas conversaciones y podría incorporarse rápidamente a los debates de la Casa Blanca. Más que el aumento del precio de los huevos a principios de 2025, la subida de las facturas de electricidad para todos los hogares estadounidenses se está convirtiendo en el símbolo de la crisis del poder adquisitivo en Estados Unidos. Por sí sola, ofrece un resumen de las obsesiones y los puntos muertos de la política económica del segundo mandato de Donald Trump. Está al servicio de los multimillonarios de la alta tecnología, indiferente al destino de las clases medias, obsesionada con las energías fósiles y negando el cambio climático.

Sin embargo, Donald Trump se había comprometido a reducir los precios de la electricidad durante su campaña presidencial de 2024. Cuando el aumento de los precios ya se había convertido en una preocupación, prometió bajarlos en dieciocho meses. Un año después, el megavatio-hora se dispara en todo el país, aumentando en promedio dos veces más rápido que la inflación.

Dado que el mercado eléctrico de Estados Unidos está dividido en once grandes regiones, es difícil dar cifras unificadas. Pero todos los datos apuntan a la misma tendencia: una escalada de precios que parece estar fuera de control y que agrava las desigualdades sociales y territoriales. En cinco años, según un estudio de Bloomberg, han aumentado un 187% en la región de Buffalo (Estado de Nueva York), un 129% en la región de Baltimore, un 108% en Oklahoma, un 78% en Nueva Orleans...

Desde el verano, varios gobernadores y representantes políticos, tanto republicanos como demócratas, se han movilizado para pedir a sus gestores de red, a los productores y al Estado federal que intervengan con urgencia. Con razón o sin ella, la prensa americana considera que el aumento de los precios de la electricidad influyó en el resultado de las elecciones de noviembre en Nueva Jersey (+24% en un año) y Georgia (+10%). En cualquier caso, reforzó la campaña de los demócratas, centrada en el poder adquisitivo (affordability).

Después, la situación se ha deteriorado aún más. Incapaces de pagar sus facturas, cada vez más estadounidenses están desconectados y condenados a vivir sin electricidad, sin luz y sin calefacción. Según el Washington Post, los cortes de suministro eléctrico se han multiplicado por cinco en el último año en Nueva York. De media, el importe de los impagos asciende a 728 dólares por hogar, frente a los 600 dólares de 2022.

Muchos Estados han adoptado normativas que prohíben los cortes de suministro en los hogares durante el periodo invernal. Pero políticos y asociaciones saben que en primavera la crisis puede volver a aparecer en cualquier momento.

La demanda de electricidad bate un récord tras otro. Mientras que durante quince años el consumo se había estancado debido a la desindustrialización, a partir de 2022 todo cambió. El auge de la inteligencia artificial, cada vez más voraz en cuanto a consumo energético, la multiplicación de los centros de datos, pero también la minería de criptoactivos, igualmente consumidora de energía, y la electrificación de los usos están provocando un aumento exponencial de la demanda.

Aunque se pusieron en marcha numerosos programas de producción de energías renovables con la presidencia de Biden, el mercado de la electricidad está en todas partes sobrecargado. Según las estimaciones de la Comisión Federal de Regulación de la Energía, Estados Unidos necesita construir al menos un 20 % más de capacidad de producción para satisfacer la demanda. Y estos cálculos se realizaron antes de que el país se viera envuelto en el frenesí por la IA.

Desde hace un año, el sector se ha visto envuelto en una auténtica locura. Los proyectos se expanden por todo el territorio y no deja de crecer la lista de solicitudes de conexión de nuevos centros de datos y otros centros digitales. Los Estados compiten por atraer inversiones. Solo en Texas hay más de 160 proyectos que se prevé vean la luz en los próximos dos o tres años. Y cada centro necesita cada vez más potencia para hacer funcionar sus chips.

Ante esta explosión, las redes de distribución están al borde de la congestión, sobre todo porque llevan años sufriendo una falta crónica de inversión. Las infraestructuras están envejeciendo y se ven debilitadas por catástrofes cada vez más frecuentes y violentas debido al cambio climático. Las líneas de alta tensión son insuficientes y las conexiones entre las diferentes redes son demasiado escasas.

Los gestores de red se han lanzado a realizar trabajos a marchas forzadas para intentar hacer frente a la situación. Pero esa modernización lleva tiempo y, sobre todo, requiere inversiones colosales. “La renovación de las redes no se llevará a cabo sin ayuda pública”, han advertido varios responsables políticos.

Pero, por ahora, la administración Trump hace oídos sordos. Los costes de financiación repercuten en los usuarios, principalmente en los hogares que pagan por la locura de los gigantes digitales, a los que no se grava en proporción a las inversiones que imponen. De ahí el aumento de las facturas.

Las protestas y los conflictos de uso pueden multiplicarse a medida que se encarece la factura de las obras de modernización. Y los especialistas están descubriendo que el sistema está invadido por cientos de proyectos fantasma: para tener alguna posibilidad de conectarse a la red, las empresas presentan varias solicitudes en diferentes Estados, lo que puede llevar a una sobrevaloración de las necesidades.

Algunos gestores están considerando hacer pagar a los industriales el coste de las inversiones y las conexiones de los proyectos a los que posteriormente renuncien. Pero incluso si se lleva a cabo esta amenaza, según algunos analistas, el mercado no está a salvo de crear sobrecapacidades y sobreinversiones. Todos esos gastos tendrán que ser sufragados por los consumidores finales.

Por temor a romper la dinámica de la inteligencia artificial, cada vez más inversores, empezando por los gigantes digitales, han decidido convertirse en productores de electricidad. Proliferan en todo Estados Unidos las adquisiciones de participaciones en unidades de producción, la compra de centrales eléctricas y los acuerdos con productores.

En los últimos días, Alphabet, la empresa matriz de Google, ha anunciado la compra de la empresa Intersect por 4.750 millones de dólares. Más que su experiencia en el diseño de centros de datos, lo que interesa a este gigante digital es su papel en el desarrollo de unidades de producción de energía.

El movimiento ya se inició hace dos o tres años. Con el fin de presentarse como actores responsables, los gigantes digitales multiplicaron la construcción de parques solares o eólicos para producir energía descarbonizada.

Las promesas virtuosas no resistieron el ataque de la administración Trump, hostil por principio a todas las energías renovables. La supresión de las ayudas directas y la cancelación de la mayoría de los grandes proyectos de energías renovables hicieron el resto.

Algunos productores apuestan por la energía nuclear. El caso más espectacular es el de Microsoft. A principios de diciembre, el grupo anunció la firma de un acuerdo con la empresa energética Constellation. Para hacer funcionar todos sus centros de datos, este gigante digital se compromete a comprar durante veinte años toda la electricidad producida tras la reapertura de uno de los reactores nucleares de Three Mile Island. La puesta en marcha de esta central, cerrada en 1979 tras el accidente nuclear más grave ocurrido en Estados Unidos, se estima en 1.600 millones de dólares. La administración Trump ha prometido aportar 1.000 millones de dólares.

Otros han comenzado a trabajar en el desarrollo y la construcción de minirreactores nucleares, que se supone aportarán la producción necesaria para su consumo. Pero habrá que esperar al menos cinco años antes de que aparezcan los primeros prototipos.

Mientras tanto, todos vuelven a recurrir a las energías fósiles, aplaudidos por la Casa Blanca, que les apoya en este gran retroceso. Dado que el gas ya representa entre el 40 % y el 42 % de la producción eléctrica estadounidense, la mayoría opta por recurrir a centrales de gas.

Algunos planean instalarse cerca de la Cuenca Pérmica (Permian Basin) en Texas, el mayor yacimiento de gas de esquisto de Estados Unidos. Otros han optado por Oklahoma, que, con el descubrimiento de nuevos yacimientos, pretende convertirse en un nuevo Estado gasístico.

Los habitantes de las zonas en las que se concentran estas nuevas instalaciones ya están sintiendo fuertemente las consecuencias: son los territorios en los que más han subido los precios de la electricidad. Además, la subida de los precios tiene todas las posibilidades de continuar, advierten los expertos del mercado. Según ellos, la producción de gas estadounidense, que lleva varios años estancada, podría no ser suficiente para satisfacer la demanda.

Al mismo tiempo, Donald Trump ha impuesto en sus acuerdos aduaneros con la mayoría de los países aliados compras masivas de gas natural licuado estadounidense (GNL). Todo está listo para una subida vertiginosa de los precios del gas que, sin duda, repercutirá en los precios de la electricidad, advierten los expertos.

Haciendo caso omiso de todas las críticas, Donald Trump afirma haber encontrado la solución: volver a abrir las centrales térmicas de carbón. Algunas ya han vuelto a ponerse en funcionamiento. Una vez más, las consecuencias pueden ser devastadoras. El parque de estas centrales tiene una antigüedad media de más de 40 años. La mayoría no se ha modernizado y no cuenta con sistemas que limiten la contaminación y las emisiones de CO2.

A la herejía climática se suma el absurdo económico, ya que esas centrales son cada vez más ineficaces. Según las cifras disponibles, el coste del megavatio-hora asciende a más de 72 dólares, frente a los 42 dólares que costaba aún en 2022. Eso contribuye de nuevo a encarecer el precio de la electricidad.

Por ahora, la Casa Blanca y los gigantes digitales siguen alimentando codo con codo la burbuja de la inteligencia artificial. Pero la realidad podría alcanzarlos rápidamente, dado que las limitaciones físicas, económicas, sociales y medioambientales son cada vez mayores.

Traducción de Miguel López

Tras ocho meses de negociaciones, la Unión Europea pactó a comienzos de diciembre el fin de las compras de gas a Rusia en los próximos meses, poniendo fin a una relación que se remonta al siglo pasado y que ha insuflado durante décadas a la industria europea con energía asequible, especialmente a Alemania. España empezó a disfrutar del gas ruso en 2018 y ahora va a tener que deshacerse de él antes de enero de 2027, un desafío para la economía nacional, pero sobre todo para Naturgy, la única empresa con un contrato a largo plazo ligado a Moscú.

El pasado 3 de diciembre, el Parlamento Europeo y el Consejo pactaron que el 17 de junio de 2026 se cancelarán todos los contratos de compra de gas a corto plazo –que son minoría– para el gas natural que llega en barco (el conocido como GNL, o gas natural licuado). El 1 de enero de 2027, será el turno de los de largo plazo, la medida que realmente marcará un antes y un después. La presión de los países europeos más orientales y dependientes de la energía rusa logró posponer al 1 de diciembre de 2027 el fin de los acuerdos a largo plazos de gas introducido por tubería. Aunque el acuerdo es formal, todavía tiene que ser ratificado, pero no se esperan sorpresas en esas votaciones finales. En el tercer trimestre de 2025, el último dato disponible, el 15% del GNL que importó la UE procedió de Rusia.

Naturgy, la mayor gasista de España, ha construido buena parte de su negocio reciente a través de un acuerdo con la compañía rusa Novatek, aunque la joya de la corona de la energética es el gas que entra por tubería desde Argelia, que no corre peligro. En los seis primeros meses de 2025, el 17% de todas las compras de gas de Naturgy entraron por barco procedentes de Rusia, una cantidad similar a la de 2024, según las cuentas de la empresa.

A nivel nacional, esa vía de entrada es relevante para España, aunque cada vez lo es menos: entre enero y noviembre de 2025, Rusia representó el 10,6% de las importaciones de gas, por detrás de Argelia (35%) y Estados Unidos (31%), según cifras de Enagás. La dependencia española del gas ruso llegó a ser del 21,3% en 2024, un récord.

Desde que comenzó la guerra de Ucrania, Francisco Reynés, presidente de Naturgy, ha negado en varias ocasiones que la energética tuviese motivos para romper su acuerdo con Rusia, y ha defendido que la gasista "cumple con sus compromisos y los lleva a término hasta las últimas consecuencias". Sin embargo, ahora que Bruselas obliga a la compañía a desvincularse de este país, no tiene más remedio que buscar nuevos vendedores para surtir a sus más de 3,3 millones de clientes en España.

Fuentes de la compañía transmiten que, "si bien la contribución del contrato afectado es relevante para Naturgy, se espera que el impacto se mitigue" a través de compras a otros países. El último acuerdo anunciado por la gasista española es de comienzos de noviembre con la compañía estadounidense Venture Global, para traer cada año un millón de toneladas de GNL desde Luisiana, el equivalente a 1.400 millones de metros cúbicos de gas (1,4 bcm, en la jerga del sector), casi la mitad de lo que perderá de Rusia. También ha firmado recientemente un memorando de entendimiento con Omán para explorar acuerdos a partir de 2030.

El contrato con Novatek que Naturgy ahora debe disolver se firmó en 2013 y tiene vigencia entre 2018 y 2041. Incluye importar cada año 3 bcm de gas licuado, el equivalente a 35 TWh (en 2024, España consumió 312 TWh en total). Este combustible que llega a la península, lo exporta la terminal gasista Yamal LNG, un puerto ruso situado en el extremo norte del país que tiene como accionista mayoritario a Novatek, la mayor empresa de gas licuado de Rusia, aunque está participada también por dos compañías chinas y por la francesa TotalEnergies.

El motivo que había esgrimido hasta ahora Naturgy para seguir con ese negocio, al igual que otras gasistas europeas, es que no había obligación desde Europa de romper el acuerdo, ni contaba con cobertura legal para poder disolverlo, exponiéndose a pérdidas milmillonarias. El documento firmado entre Naturgy y Novatek es de formato take or pay, donde el suministrador ruso se compromete a enviar los volúmenes acordados, y el comprador español a pagar por ellos, incluso aunque rechace el producto. De esta manera, una ruptura unilateral por parte de Naturgy iniciaría un arbitraje internacional que probablemente arruinaría a la energética española.

Para resolver este problema, la Comisión Europea se comprometió el pasado mes de mayo a obligar por ley a las compañías europeas a deshacerse de todos sus acuerdos comerciales con gasistas rusas –como ya se hizo con la práctica totalidad del petróleo y sus derivados– y a elaborar una estrategia legal para evadir los futuros arbitrajes. Sin embargo, todavía no ha publicado ese documento, que sigue preparando con apoyo de las firmas afectadas, entre ellas Naturgy. Este mecanismo también blindará a la francesa TotalEnergies –que importa de Rusia cada año 5,6 bcm de GNL en contratos a largo plazo– y a la alemana SEFE –también con compras de 4,2 bcm al año–.

En 2023 y 2024, además de Naturgy, había otras compañías que traían grandes cantidades de gas ruso a España en forma de contratos puntuales a corto plazo debido a su buen precio comparado con otros mercados, pero muchos de esos comerciantes ahora negocian con otros vendedores más asequibles, según Ignacio Urbasos, analista energético del Real Instituto Elcano. "Ha sido por una cuestión de oferta y demanda, más que por política. Los precios del gas del norte de Europa son este año más atractivos, mientras que Novatek ahora tiene muchos problemas con los metaneros y le interesan más los viajes cortos a Dunkerque (Francia)", opina el analista.

Sobre la estrategia legal que prepara Bruselas para evitar disputas legales con Rusia, Urbasos confirma que Bruselas todavía no ha publicado el documento jurídico donde aborda ese tema peliagudo. "Seguimos a la espera del texto específico. Se supone que la Comisión está revisando los contratos de las gasistas para que se aborde de la mejor manera, aunque parece que las empresas se quejan de falta de claridad legal y de un riesgo de arbitraje", responde.

La ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, también confirmó en una reciente entrevista con infoLibre que está en conversaciones con Naturgy para evitar que esa ruptura contractual y ese vacío de suministro –equivalente al 10% del consumo nacional– tenga un impacto en los hogares. "Hemos hecho un análisis y preguntado a las empresas qué podría ocurrir y nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de suministro y que los precios de los consumidores no se distorsionen. Nuestra previsión es que no exista un impacto", señaló la también vicepresidenta del Gobierno.

A medida que Rusia intensifica sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana, algo que amenaza el suministro de electricidad, gas y calefacción en medio de la caída de las temperaturas en Ucrania, las autoridades locales refuerzan las defensas y tratan de mitigar el impacto de los ataques sobre la población. Sumergir a Ucrania en la oscuridad y el frío vuelve a ser el objetivo fundamental de la estrategia de Rusia, que pretende erosionar la resistencia de los ucranianos y presionar a Kiev para que haga concesiones.

Sin embargo, a diferencia de años anteriores, cuando Rusia lanzó ataques con misiles a gran escala contra todo el sistema energético, su enfoque actual se centra en las regiones fronterizas y del frente. Los drones y misiles rusos atacan las infraestructuras de zonas como Cherníguiv, Sumi y Járkov las 24 horas del día, golpeando incluso los componentes más pequeños.

En Cherníguiv, donde gran parte de la región se quedó sin electricidad este martes, los drones rusos sobrevuelan las subestaciones dañadas y amenazan con atacar a los equipos de reparación para obstaculizar los esfuerzos de recuperación, denunció el Ministerio de Energía de Ucrania.

Esta táctica busca convertir estas regiones en lugares "inhabitables", según Vadim Skibitski, subdirector de inteligencia militar de Ucrania. Rusia también apunta a enlaces críticos que canalizan la electricidad desde el oeste y el norte hacia el sur y el este, en un intento por colapsar todo el sistema.

Ante la escasez de sistemas de defensa aérea, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció planes para desplegar helicópteros adicionales para interceptar drones rusos y colaborar con los aliados internacionales para desplegar material para reparaciones. Además, se acelera la construcción de protecciones físicas alrededor de las subestaciones clave.

Según Ukrenergo, la empresa responsable de la red, más del 50% de las subestaciones están ya protegidas con barreras de hormigón diseñadas contra los ataques de drones, aunque esas defensa ofrecen una protección limitada frente a docenas de drones dirigidos contra un solo objetivo.

A diferencia de los prolongados cortes de electricidad de 2022-2023, la incertidumbre también se cierne sobre el suministro de calefacción, debido a los ataques rusos contra la producción ucraniana de gas. Dado que es poco probable que las reparaciones resuelvan la crisis rápidamente, Zelenski confirmó que Ucrania ha conseguido la mitad de los cerca de 2.000 millones de euros necesarios para importar gas adicional.

Las autoridades, ante la incertidumbre, pospusieron la activación de la calefacción centralizada hasta finales de mes, a pesar de que las temperaturas ya han bajado a cero en algunas noches. La temperatura ya ha bajado de los 16 grados en el apartamento de Katerina Ragulina en Shostka, una ciudad de 70.000 habitantes al norte de Ucrania y situada a 50 kilómetros de Rusia.

Además, el suministro eléctrico irregular debido a los repetidos ataques rusos le impide utilizar calefactores eléctricos. "No puedo instalar una estufa de leña porque vivo en un apartamento y, de todos modos, no tengo dinero. Estoy muy preocupada por el invierno, porque puede ser una cuestión de supervivencia", dijo esta mujer de 37 años.

En la ciudad occidental de Leópolis ya se hacen preparativos para hacer frente al peor de los escenarios. Durante un reciente ataque que provocó breves cortes de electricidad en algunas zonas de la ciudad, alrededor de 80 residentes fueron a un refugio antiaéreo del edificio de la administración del distrito de Lichakiv, según su director, Yuri Lukashevski.

Esa edificación podría albergar a cientos de personas si la calefacción funciona de forma irregular en sus hogares. "Tenemos varias estufas, una reserva de leña e internet por satélite para proporcionar calor y comodidad básica", explicó Lukashevski.

En la actualidad se preparan docenas de estas estaciones de calefacción en escuelas, teatros o sótanos de edificios residenciales en función de la gravedad de los cortes de electricidad y si hay dificultades para calentarse. No obstante, las autoridades locales insisten en que sobrevivir a los meses más fríos exigirá un esfuerzo colectivo e instan a los residentes a prepararse y apoyar a los grupos vulnerables, como las personas mayores y discapacitadas.

Mientras que algunas empresas y residentes dependen de dispositivos de almacenamiento de energía o generadores, los que viven en viviendas particulares o edificios antiguos almacenan leña en los patios o balcones para sus estufas y están aislando térmicamente sus apartamentos.

A pesar de la amenaza de un invierno frío y oscuro, Lukashevski está convencido de que los esfuerzos de Rusia para que Ucrania se rinda están destinados al fracaso. "Cualquier presión sólo provoca más resistencia. No podemos traicionar a quienes han dado su vida para que Ucrania pueda existir", concluyó.

Esta semana se han vuelto a revivir los temores a un apagón en España, un capítulo que en teoría quedó cerrado tras el cero eléctrico del 28 de abril. El Gobierno prometió que no volvería a ocurrir, y por ahora no hay indicios de ello, pero todo el mundo está de acuerdo en que el problema no se ha solucionado. Red Eléctrica (REE) ha reconocido que se han repetido en las últimas semanas los picos de tensión de la red que provocaron el apagón peninsular, aunque con menor intensidad, y las alarmas se han vuelto a activar en el sector.

La compañía semipública, que tiene el monopolio de la operación de la red eléctrica, insiste en que en este momento "no existe riesgo de apagón ni inminente ni generalizado". Pero al mismo tiempo, ordenó este martes a la CNMC reescribir de urgencia varios procedimientos de operación –los requisitos que deben cumplir los participantes de la red– para garantizar el suministro y evitar nuevos sustos. El regulador tramitó la petición en menos de 24 horas y abrió un periodo de alegaciones de solo cinco días, a sabiendas de no hay margen para alargar el riesgo en el tiempo.

Los expertos consultados coinciden en que en este momento no hay una probabilidad real de un fundido a negro, pero también están de acuerdo en que REE está tratando de cubrirse las espaldas de cara a la próxima primavera. En esos meses, la red será más vulnerable porque bajará la demanda de energía y subirá la producción de las plantas renovables, dos circunstancias que pueden desajustar la frecuencia y la tensión de la red, abriendo la puerta a desconexiones de plantas que puedan iniciar una caída en cadena, como ocurrió el 28 de abril.

La CNMC publicó este miércoles más detalles sobre las "rápidas variaciones" de tensión registrados a finales de septiembre. "Aun estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, potencialmente pueden desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema", aclara el regulador.

Sin embargo, nadie aclara hasta qué punto llegaron esos picos de tensión. infoLibre ha preguntado tanto a Red Eléctrica como a la patronal de las principales compañías energéticas (Aelec), pero no ha obtenido respuesta. José Luis Domínguez, experto en redes del Instituto de Investigación en Energía de Catalunya (IREC), explica que conocer esa cifra es importante, porque dentro de la operación normal puede haber subidas y bajadas de un 5% de la tensión, o incluso del 10%, que no deberían ser preocupantes. "Creo que los avisos de esta semana han sido alarmistas, probablemente porque REE quiere que la situación suene a urgente y la CNMC desarrolle rápidamente los cambios normativos", opina.

Héctor de Lama, director técnico de Unef, la patronal fotovoltaica, también señala que se ha dado demasiado bombo a las sobretensiones estos días, pero no hay riesgo de cero eléctrico en España. "Creo que REE está en un momento complicado porque estamos en una investigación judicial sobre el apagón y va con pies de plomo. También se ha exagerado mediáticamente el mensaje de los picos de tensión", valora. 

Según De Lama, ni ahora ni en la próxima primavera habrá peligro de apagón en España. Dentro de unos meses, la red será más vulnerable por la meteorología, pero para entonces ya se habrá introducido el que probablemente será el mayor cambio que introdujo el Gobierno tras el cero: que las centrales renovables puedan aportar regulación de tensión al sistema eléctrico.

El problema que hubo el 28 de abril es que las oscilaciones de tensión y de frecuencia –originadas por el mal funcionamiento de alguna instalación– provocaron el apagón de una serie de plantas renovables. La caída en cadena de diferentes instalaciones de generación provocó un pico de tensión, y las once plantas de gas, nuclear y carbón que debían frenar esa subida del voltaje no cumplieron correctamente con su obligación, pese a que reciben millones de euros para actuar en caso de emergencia.

El Ministerio de Transición Ecológica cambió la normativa tras el incidente para que también las plantas solares y eólicas puedan controlar la tensión. Todavía no han comenzado a hacerlo porque están en proceso de pruebas, pero se espera que empiecen a partir de enero. En 2026 también se empezará a multar a las plantas térmicas que incumplan con la obligación de regular la tensión, por lo que las probabilidades de que se descontrole la red será mucho menor.

Francisco Cordón, experto en energía, también subraya el riesgo de tener más de 8.000 MW de autoconsumos en España, equivalentes al 6% del parque total de generación. REE no tiene ninguna información sobre estas miles de instalaciones –solo de las que superan los 100kV de potencia–, ni de cuándo se conectan, ni de cuándo se desconectan, por lo que casar la oferta y la demanda de energía en el país es extremadamente complejo. Y estos desajustes son uno de los motivos que explicarían las oscilaciones de la red.

"El problema que tiene REE es que tiene una enorme zona gris en la que no sabe qué está pasando. Hay autoconsumos industriales de 200kV que ni están registrados. Hace falta auditar masivamente estas instalaciones", opina Cordón. 

Al día siguiente del apagón de abril, Red Eléctrica inició lo que hasta hoy se ha denominado la operación en modo seguro. Consiste en remunerar a más plantas térmicas para que estén preparadas para actuar en caso de desajustes de tensión, porque cuantas más haya y más repartidas estén por el territorio, menor será el riesgo de que los parámetros de la red se descontrolen. Por supuesto, este cambio también encarece ligeramente la factura de la luz. 

Hasta ahora, parecía que este modo seguro había contenido los riesgos de apagón, pero de nuevo se han detectado picos de tensión. Luis Rouco, investigador eléctrico de la Universidad Pontificia Comillas, explica que las dos condiciones pueden convivir, porque no están relacionadas.

Los picos de tensión se producen por la complejidad de trabajar a la vez con cientos de plantas renovables que se conectan y desconectan continuamente por cuestiones técnicas o climáticas. La diferencia respecto a abril, es que ahora hay suficientes plantas térmicas listas para corregir esa sobretensión, por eso los picos se han mantenido hasta ahora en rangos admisibles y el problema no ha ido a más. "La operación reforzada da margen y ayuda a que si hay desconexiones de generación, el sistema aguante", afirma Rouco.